Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, correspondiente al boletín N° 14570-05.

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Javier Hernández .

Antecedentes:

Mensaje, sesión 75ª de la presente legislatura, en martes 7 de septiembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 98ª de la presente legislatura, en martes 9 de noviembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor HERNÁNDEZ (don Javier) [de pie].-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros.

En representación del Ejecutivo, concurrió a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda , quien estuvo acompañado del subsecretario de la cartera, señor Alejandro Weber .

La comisión escuchó también al vicepresidente y a la gerente de la División de Política Financiera del Banco Central de Chile, señor Joaquín Vial y señora Solange Berstein , respectivamente, al igual que al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Joaquín Cortez . Asimismo, al director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile A.G., señor Ángel Sierra .

La idea fundamental del proyecto apunta a profundizar en nuestro país la prestación de servicios financieros por medios tecnológicos, observando principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al cliente, preservación de la integridad, estabilidad financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En particular, el proyecto, que establece una nueva normativa y modifica otras 16 leyes vigentes, mediante cuarenta y cinco artículos permanentes y siete transitorios, legisla sobre la prestación de servicios fintech, actualmente desregulados, y define un marco normativo para un sistema de finanzas abiertas, bajos criterios de simetría regulatoria, neutralidad tecnológica y protección al cliente. Para ello, el proyecto incorpora la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los servicios prestados sobre bases tecnológicas, tales como plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción de valores e instrumentos financieros enrutadores de órdenes e intermediarios de instrumentos financieros custodios, de instrumentos financieros y asesores crediticios y de inversión. Todos ellos deberán inscribirse en un registro de prestadores de servicios financieros, que llevará a la CMF declarar un giro exclusivo y acreditar el cumplimiento de requisitos relativos al nivel de riesgo de cada servicio prestado.

En materia de fiscalización se incorpora la industria al perímetro regulatorio de la Unidad de Análisis Financiero, con el fin de prevenir el lavado de activos. Además, se faculta al Banco Central a regular los medios de pago minoristas referidos a criptoactivos emitidos por entidades centralizadas, contra la recepción de dineros conocidos como stablecoins.

Posteriormente, el proyecto establece los principios y reglas para un sistema de finanzas abiertas, orientado a promover la competencia, innovación e inclusión en el sistema financiero, que permitan a los proveedores de servicios financieros intercambiar información financiera de clientes de manera expedita y segura mediante accesos remotos y automatizados con previo conocimiento expreso del cliente y supervisión de la CMF.

También se incorpora a la regulación de la CMF a los proveedores de servicios de iniciación pago, quienes podrán ofrecer productos a titulares de cuentas e instituciones financieras por la ejecución de órdenes de pago o transferencias electrónicas de fondos en favor de terceros beneficiarios que indiquen con cargo a sus respectivas cuentas y medios de pago. Esto permitirá promover transferencias electrónicas como medio de pago electrónico, sin necesidad de usar e incurrir en costos de tarjetas, lo que beneficiará a los clientes titulares de cuentas corrientes, cuentas vista o de prepago, y a los comercios, que podrán ampliar sus alternativas de medios de pago aceptados, reduciendo así el uso del efectivo.

Como una manera de protección a los clientes financieros y para fomentar una adecuada conducta de mercado, se establece la obligación a los prestadores de servicios financieros de efectuar un perfil de riesgo de sus clientes, con el fin de ofrecerles productos y servicios adecuados y evitar prácticas comerciales que favorezcan una toma de riesgo sobre las expectativas del cliente.

También se establece la obligación de informar los motivos asociados a la denegación de cuentas bancarias a instituciones financieras fiscalizadas por la CMF.

En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Prepuestos detalla que el presente proyecto generará un mayor gasto fiscal, en tanto adiciona nuevas entidades a ser reguladas y fiscalizadas por la CMF, lo que implicará reforzar las capacidades de sus unidades y la creación de otras. De esa manera, para gastos de personal, que considera la contratación de 17 funcionarios de bienes y servicios de consumo, que incluyen servicios tecnológicos y de activos no financieros, que comprende la habilitación de oficinas, se estima un gasto total de 1.200 millones de pesos al año de su implementación y 1.045 millones de pesos en régimen.

En materia de financiamiento, el mayor gasto que represente la aplicación de esta futura ley se imputará a los recursos presupuestarios de la CMF, y, en lo que faltare, con cargo al Tesoro Público.

Tras formular diversas consultas técnicas a los invitados sobre valorar la pertinencia de esta nueva normativa, y en razón de no existir indicaciones ni solicitudes de votaciones separadas, las disposiciones de la iniciativa fueron sometidas a votación, en un solo acto, resultando aprobadas por la unanimidad de los cinco diputados presentes, señores Lorenzini , Ortiz , Leopoldo Pérez , Schilling y Von Mühlenbrock .

En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a la honorable Sala aprobar el presente proyecto de ley en los términos expuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, la idea matriz de este proyecto, que tiene por objeto facilitar el ingreso de nuevos competidores al mercado financiero, podrá reducir los precios de productos o servicios financieros y avanzar en mayor inclusión financiera de grupos tradicionalmente desatendidos por el mercado financiero tradicional, como son las pymes, mujeres y migrantes.

Mediante esta extensa iniciativa, que consta de cuarenta y cinco artículos permanentes y siete transitorios, se propone la creación de un marco general de regulación que incentive la prestación de servicios financieros mediante medios tecnológicos, que son conocidos como fintech.

Actualmente, de las 214 empresas fintech que operan en Chile, 179 son de origen nacional. Dicho sector ha crecido rápidamente, y entre 2019 y 2020 tuvo un incremento de 38 por ciento.

La tasa de adopción de los servicios fintech llega a 66 por ciento, entre los que el servicio de medios de pagos es el más importante. Las fintech de financiamiento llegan a segmentos usualmente ignorados. De dichas empresas, el 71 por ciento ofrece financiamiento a pymes de baja o nula bancarización.

El proyecto considera los siguientes servicios financieros: plataforma de financiamiento colectivo, sistema alternativo de transacción, asesorías crediticias y de inversión, custodia de instrumentos financieros y enrutamiento de órdenes de intermediación de instrumentos financieros.

La Comisión para el Mercado Financiero será la encargada de fiscalizar la prestación del servicio mencionado, lo que hasta hoy no estaba establecido en el proyecto. Me parece bien que se incluya, porque, sobre todo, coloca a la fintech dentro del mercado financiero. Esto redunda en una mayor certeza jurídica para ambas partes de la transacción.

Además, se faculta a la Comisión para el Mercado Financiero para fijar estándares comunes para intermediar los datos.

También se obliga a la fintech a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre transacciones sospechosas, como el financiamiento del narcotráfico o del terrorismo.

Esta obligación ya existe para las otras instituciones financieras.

Se busca aplicar una regulación simétrica a la fintech y a las instituciones financieras tradicionales.

Se crea un sistema de finanzas abiertas, poniendo al consumidor como dueño de su información financiera. Se obliga a las instituciones financieras a compartir dicha información, previo consentimiento del cliente.

De igual modo, se obliga a las instituciones financieras a transparentar las razones que las llevan a denegar la apertura de una cuenta corriente.

Se crea un sistema de minibonos para pymes -eso es muy importante mediante un procedimiento simplificado de inscripción de deudas ante la Comisión para el Mercado Financiero. Para esto se realiza un cambio a la Ley del Mercado de Valores, consiguiendo que inversionistas retail puedan invertir en estos instrumentos y que las pymes cuenten con un mecanismo alternativo de financiamiento no bancario.

El artículo 31 del proyecto requiere quorum de ley orgánica para su aprobación. Es importante que se obligue a la fintech a realizar reportes estandarizados y periódicos ante la Comisión para el Mercado Financiero y a mantener exigencias adicionales que aseguren el buen funcionamiento del mercado.

Por último, este proyecto es bueno, va por buen camino, y espero que todos lo aprobemos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, ¿qué puedo opinar yo que soy artista? ¡No tengo idea del tema económico!

Escuché a don Javier Hernández , y me quedé adelante para tratar de cachar qué pasaba. En verdad, no entendí nada.

Pero acá quiero hablar de lo que está pasando en El Salvador. El Presidente de ese país, Bukele , está instalando la criptomoneda, y de acuerdo con lo poco que he leído, esta va eliminando la dependencia respecto de los bancos. Por tanto, creo que este Congreso debería educarse con respecto a ese tema.

Así que dije: “voy a hablar”, porque como no entiendo la materia, y como seguramente un gran porcentaje de diputados tampoco la deben entender -pero, sí, los colegas tienen sus asesores; eso es claro-, quiero dejar esa señal.

Chicos, la criptomoneda es un avance muy interesante. Les sugiero que la estudien un poco, que les digan a sus asesores que lo hagan, porque si hay un par de países que han instalado la criptomoneda, como El Salvador, mediante su Presidente, Bukele , creo que sería interesante que los chilenos también pudieran bajar la absoluta y sufriente dependencia que tenemos con los bancos, porque estos ya se creen Dios y maltratan a la gente, por ejemplo, a jóvenes, a viejos, entre otros.

Desde el Congreso, aparte de mis oraciones, que de repente las voy a hacer acá, cantadas o habladas, señalo: chicos, investiguen, pidan a sus asesores que les digan qué está ocurriendo con la criptomoneda, qué está pasando en El Salvador sobre el particular. Hagan eso. Además se van a entretener.

De la ley en proyecto no entiendo nada. Pero me interesaría enterarme qué pasa con la criptomoneda, y bajar a los chilenos la sufriente dependencia con los malditos bancos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente de nuestra Corporación, Segundo Vicepresidente de la Cámara, Prosecretario , colegas diputadas y diputados presentes en la Sala, el Ejecutivo fundamentó la presentación de este proyecto señalando que en la última década se advierten innovaciones digitales relevantes en la prestación de servicios financieros, dando paso, entre otras cosas, al nacimiento de nuevos proveedores tecnológicos (fintech) con impacto relevante en servicios relacionados a pago, crédito, financiamiento, gestión de finanzas personales, seguros, entre otros.

Sin embargo, una de las principales barreras de entrada al mercado que enfrentan los proveedores de servicios financieros y la fintech son las asimetrías de información existentes respecto de la información financiera de los clientes, por lo que se requiere avanzar en la implementación de un sistema cuyos principios consagren a cada persona como propietaria de su información, y, en consecuencia, pueda disponer de ella, con los agentes que quiera, a través de marcos regulatorios de finanzas abiertas.

Claramente, en este proyecto de ley se consagran los principios de inclusión e innovación financiera, de promoción de la competencia, de protección al cliente financiero, de preservación de la integridad y la estabilidad financiera, y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se regulan temas que, a grandes rasgos, se pasan a indicar.

El diputado informante fue claro en todo lo que significan los 45 artículos permanentes y las 7 disposiciones transitorias contenidos en el proyecto de ley.

Por lo expuesto, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, anuncio que, así como lo hice en la Comisión de Hacienda, vamos a aprobar en general la iniciativa, porque ayuda a aclarar algo tan importante como es la parte financiera en nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, este proyecto busca lograr varios objetivos. En primer lugar, incorporar al perímetro regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero a un grupo de servicios de la fintech. Con esto se exigirán estándares en materia de transparencia, de capacidad operacional, en algunos casos, de capital, y, a su vez, al contar con ese respaldo, los servicios fintech tendrán mayor certeza jurídica y verán facilitados sus procesos de crecimiento e internalización, y podrán fortalecer su reputación ante clientes, inversionistas y entidades financieras.

Tanto o más importante que esto es la creación de un sistema de finanzas abiertas, ratificando a los consumidores como los dueños de su información financiera y estableciendo la obligación a las instituciones financieras de compartir dicha información, previo consentimiento del cliente, de manera expedita, estandarizada, segura, multiplicando las posibilidades de desarrollo de nuevos productos y servicios a la medida de cada persona.

Asimismo, el Sistema de Finanzas Abiertas reconoce la figura de los iniciadores de pago, los cuales facilitarán las transferencias de fondos entre cuentas como una alternativa de pago segura y de bajo costo.

Incluye otras modernizaciones, por ejemplo, la legislación de seguros, permitiendo la oferta de seguros paramétricos y microseguros; se modifica la ley de medios de pago con provisión de fondos, permitiendo que emisores no bancarios puedan abrir cuentas para realizar transferencias de fondos sin la necesidad de emitir tarjetas, y se permite a las sociedades de apoyo al giro bancario prestar servicios a instituciones no bancarias, entre otras.

Sin perjuicio de tales virtudes, es importante tener presente algunas advertencias.

En primer lugar, desde hace unos años se viene hablando de los datos como “el nuevo petróleo”; probablemente, serán la fuente principal de generación de riqueza. Sin embargo, hablando y haciendo gárgaras de esto muy a menudo, aún no tenemos una ley marco de protección de los datos personales ni una institucionalidad que vele por su cumplimiento. Al respecto, quiero recordar que en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se presentó este proyecto a tramitación por el Congreso, que ha estado muy preocupado de cosas muy interesantes, pero tal vez poco importantes.

El punto de partida del proyecto está correcto: los clientes son…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde continuar con el debate del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal, para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación (boletín N° 12038-34).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-El segundo informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género se rindió en la sesión 102ª de la presente legislatura, en miércoles 24 noviembre de 2021.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, cuando se aprobó en general este proyecto, vimos un triste espectáculo. La Sala se dividió en dos: mientras unos saltaban y gritaban de euforia, otros se sintieron derrotados.

Yo he leído unas cuarenta veces el proyecto, y en ninguna parte está escrito que este apruebe el aborto libre. Tampoco en ninguna parte se señala que el Estado o los particulares estarán obligados a prestar la atención de salud para realizar un aborto en las primeras catorce semanas de gestación.

Dicho lo anterior, todos saben cuál fue mi votación y sabrán o deducirán cuál será mi votación hoy.

Me llama la atención que existan mujeres en esta Sala que en su discurso manifiesten su alegría porque será posible realizarse un aborto, en circunstancias de que no es eso lo que se señala en el texto, sino que este se refiere a la despenalización del aborto, vale decir, que ninguna mujer en Chile vaya a la cárcel porque se hizo un aborto teniendo equis cantidad de semanas de embarazo. Podríamos discutir si esas semanas son muchas o son pocas. Esa mujer llegó a un pozo de desesperanza y de angustia que le hace ver el futuro absolutamente negro.

Yo no estoy dispuesto a que una persona a la que le falló su plan de vida, a la que le falló la protección familiar, a la que le falló el Estado y, adicionalmente, le fallaron los credos, y que, en un minuto límite de su vida, se sintió que no era capaz de proyectar su vida con esa otra vida que está en su vientre, la sociedad y el Estado la envíen a la cárcel. Me parece que eso no es cristiano, ni es bueno seguir sancionando a alguien.

A los católicos y a los cristianos les preguntaría de qué lado están: ¿del lado de los que apedreaban a María Magdalena o del lado de Cristo, que protegió a María Magdalena ?

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, la lucha por las libertades se ha visto siempre amenazada; algunos, bajo la justificación de la tradición; otros, a causa de los dogmas. Siempre ha sido una lucha difícil en la historia de la humanidad, pero cuando se trata de la libertad de las mujeres, esa lucha ha sido todavía más difícil.

Por eso, hoy votaremos un proyecto histórico en el Congreso Nacional, un proyecto que durante mucho tiempo fue tabú, imposible de discutir y mucho menos de votar. El año 2017 marcó un hito, pues ese año Chile salió de esa pequeñísima lista de países en el mundo que tenía prohibición total de la interrupción del embarazo. En el planeta eran siete los países que tenían prohibido, en cualquier circunstancia, que las mujeres pudiesen interrumpir su embarazo. Eso cambió el 2017, cuando logramos aprobar un proyecto de muy difícil tramitación, sobre el cual hubo una campaña del terror y de dogmas brutales. Desde ahí en adelante, Chile ha tomado mayor consciencia de que hay ciertos espacios de libertad individual y de soberanía personal en donde no es legítimo que la sociedad, el Estado, el Congreso Nacional, las iglesias o quien sea intervengan en una decisión que es de plena conciencia individual, personal.

Entonces, enfrentada una mujer a la circunstancia de tomar la decisión de interrumpir su embarazo, la pregunta que debemos hacernos es quién tiene que tomar esa decisión. ¿La tomo yo, como diputado? Mi respuesta es no. No tengo ninguna intención de reemplazar la conciencia individual frente a un tema controversial para algunos, y, por eso mismo, es mejor que decida cada quien.

Desde el Partido Liberal y Nuevo Trato siempre hemos apoyado la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación. Se trata de los derechos reproductivos de las mujeres, derechos que ha costado mucho conquistar, y que se han logrado paso a paso. Las democracias más desarrolladas lo han hecho y también los Estados laicos, pero los verdaderos Estados laicos, no como el nuestro, que todavía, lamentablemente, es una aspiración de Estado laico.

Por todas estas razones, debe ser una decisión de las mujeres, porque ellas están en esa circunstancia; no podemos decidir nosotros, los diputados, y menos los hombres.

Votaremos a favor con convicción por el respeto a la libertad individual y al derecho de las mujeres.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, en la discusión sobre el aborto libre hasta las catorce semanas de gestación, nadie ha respondido qué está en el vientre materno.

Para algunos puede ser una pregunta incómoda. Aquí lo único que se ha dicho es que hay que respetar la autonomía de la mujer, que los abortos clandestinos ponen en riesgo la vida de la mujer, que no es posible enviar a la cárcel a una mujer por provocarse un aborto, pero nadie –reitero ha respondido la pregunta esencial de este debate: ¿qué está en el vientre materno? Y esa respuesta condiciona el debate. Para mí, claramente, lo que está en el vientre materno es un ser humano; desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide surge un ser humano distinto de sus padres.

Ese hecho no ha sido desmentido, y aquí no se trata de una cuestión religiosa, porque no está en la Biblia el proceso de la procreación. Es simplemente un hecho científico que hay una vida nueva desde el momento en que se produce la concepción.

De manera que interrumpir, como se dice eufemísticamente, un embarazo, o más bien provocar la muerte de un ser humano que se encuentra en proceso de gestación no solamente es inconstitucional, sino también inmoral.

La sociedad puede buscar muchas otras soluciones para no llegar a esta situación, a la cual muchas mujeres son llevadas e impulsadas. Una sociedad que respeta y que cree en los derechos humanos debe luchar y buscar todos los medios posibles para no llegar a esta situación.

Se ha dado como argumento que el aborto clandestino es riesgoso para la vida de la mujer, y en eso estoy de acuerdo; pero hoy prácticamente no existen mujeres que mueran producto de abortos clandestinos. Respecto del otro argumento que se da, de acuerdo a informes de Gendarmería no existen mujeres encarceladas por haberse provocado un aborto.

El aborto no es una legítima defensa de la mujer contra de una criatura que está por nacer, como se ha planteado. Las consecuencias –existen que produce en la salud mental de las mujeres el provocarse un aborto tampoco han sido evidenciadas en este debate. Existen antecedentes de que una mujer que se provoca un aborto tiene problemas de salud mental en el futuro, puesto que está terminando con la vida de su hijo, con la vida de un ser humano. Queremos una sociedad…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, llama la atención que cuando hablamos de despenalización del aborto pareciera que muchos no entienden de lo que estamos hablando o no quieren entender o se hacen los locos, cuestión que creo peor. Un ejemplo es lo que acaba de decir el diputado Jorge Sabag , quien señaló que no existen mujeres que hayan muerto por abortos clandestinos. Por su intermedio, señor Presidente, invito al diputado a que investigue, porque sí existen mujeres que han muerto por abortos clandestinos. El problema, justamente, es que hay personas como él que no las ven, las hacen invisibles. Eso es lo más grave de todo.

Me alegra mucho que hoy podamos, por fin, discutir este proyecto, pero también pido un poco de altura de miras. Hablamos de despenalizar el aborto, lo que implica que una mujer que se practique un aborto dentro de las primeras catorce semanas de gestación no vaya a la cárcel. No hablamos de aborto libre y, mucho menos, de asesinato: hablamos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Según las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, entre febrero de 2018 y septiembre de 2020 se registraron 2.009 casos de mujeres que ingresaron a centros de salud, evaluando la posibilidad de abortar bajo alguna de las tres causales, lo que implica que esa es una ley sobre la cual hay que seguir avanzando, porque no tenemos cifras de mujeres que pueden acceder a un aborto en situaciones de clandestinidad, la que, por lo demás, está solo relegada para mujeres pobres, porque quienes tenemos recursos perfectamente podemos tomar un avión e ir a practicarnos un aborto absolutamente seguro y legal en otro país del mundo.

El derecho sexual y reproductivo de las mujeres a acceder a un aborto termina siendo, también, una cuestión de clase. Eso es lo más brutal de todo, porque solo se criminaliza a las mujeres pobres, no a todas las mujeres; se criminaliza solo a quienes no pueden pagar un aborto, lo que finalmente constituye la mayor injusticia. No podemos seguir perpetuando diferencias entre las personas de acuerdo a los recursos económicos que tienen.

Debemos entender que la despenalización del aborto no solo implica un derecho para las mujeres, sino también protección para aquellos facultativos que lo realizan, pues hoy ellos arriesgan las mismas penas que las mujeres que se practican un aborto.

Desde la bancada del Partido Liberal y Nuevo Trato vamos a votar favorablemente este proyecto. Despenalizar el aborto es demostrar que Chile y su sistema de salud no van a seguir discriminando y que cualquier mujer, sin importar su estrato socioeconómico, podrá acceder a un procedimiento seguro.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, de pronto se escucha aquí como si fuéramos a votar a favor del aborto o en contra del aborto. Si les preguntaran a las mujeres que se encuentran presentes en la Sala, probablemente ninguna querría estar en la disyuntiva de abortar o continuar su embarazo. Si nos preguntaran a nosotros respecto de nuestras hijas o nuestras mujeres, sería lo mismo: responderíamos que estamos en contra del aborto. Seguramente, todos aquí quieren una sociedad sin aborto o, al menos, con el mínimo número posible de abortos, pero esa no es la pregunta. La pregunta que estamos llamados a responder no es si apoyamos o rechazamos el aborto, sino si la penalización del aborto es la solución eficaz para combatirlo.

Me imagino que ahora hay consenso -el que no tuvimos en el pasado respecto de que los anticonceptivos son una buena herramienta en contra del aborto, que la píldora del día después es una buena herramienta en contra del aborto, que la educación sexual temprana es una buena herramienta en contra del aborto y que, probablemente, la herramienta más productiva en contra del aborto fue la decisión del ex-PresidenteRicardo Lagos, cuando fue ministro de Educación, de prohibir definitivamente la expulsión de las adolescentes embarazadas de los colegios, para que pudieran continuar sus estudios. Así se combate el aborto, no penalizándolo, no obligando a las mujeres a abortar en condiciones sanitarias que ponen en riesgo su vida.

Por eso digo que no votaremos a favor ni en contra del aborto, sino para hacernos cargo de un problema que existe, cual es que miles y miles de mujeres abortan cada año. Probablemente, en este momento, mientras hablo, hay jóvenes que están tomando esa difícil decisión.

Entonces, la pregunta es si forzamos a una mujer a ponerse en riesgo, acudiendo a la partera del barrio, porque esa es la situación de las más pobres, ¿no? Seguramente -así ocurre-, las mujeres de mayores recursos tienen la alternativa de ir a una clínica o viajar al extranjero a interrumpir su embarazo. Por lo tanto, también se trata de una cuestión de igualdad ante la ley.

Simplemente quiero decir que combatamos el aborto con los instrumentos que efectivamente pueden reducir esa práctica, porque la penalización lo único que hace es aumentar las muertes como consecuencia del aborto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señor Presidente, el punto medular de esta discusión, y que se deja a un lado, es el derecho a la vida del que está por nacer, el cual se funda en el innegable argumento científico que nos dice que desde el momento de la concepción nos encontramos frente a otro individuo, con ADN e información genética propia y diferente de la madre que lo lleva en su vientre. En consecuencia, con el aborto se dispone de una vida ajena.

También quiero agregar que despenalizar el aborto dentro de las primeras catorce semanas de gestación es lo mismo que permitir el aborto libre. En esta discusión se trata de decir que son cosas distintas, pero no lo son. Así lo reconocen en sus discursos, abiertamente, los más sinceros, pero, si realmente queremos proteger a las mujeres, empecemos por dejarlas nacer, además de ocuparnos en generar políticas públicas que tengan el derecho a la vida como pilar fundamental, a través de las cuales se les entregue un apoyo a aquellas mujeres que enfrentan embarazos vulnerables, con acompañamiento real y efectivo, y no optar por disponer de la vida del más indefenso.

Defender la vida no se trata de una ideología política de un lado o de otro, sino de defender la vida del hijo o la hija que está por nacer como pilar fundamental de nuestra sociedad, una sociedad moderna que realmente protege al inocente, al indefenso, al bebé que está en el vientre.

Desde ya anuncio mi voto en contra de este proyecto de ley de aborto libre. Quiero hacer expresa reserva de constitucionalidad, ya que vulnera claramente el artículo 19, número 1°, de la Constitución, que establece el mandato legal y constitucional de la protección de la vida del que está por nacer.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-

Señor Presidente, para comenzar, aunque no estén en las tribunas, quiero saludar al movimiento feminista, el que durante años ha luchado por nuestros derechos sexuales y reproductivos.

En mayo de 2014, la entonces Presidenta Michelle Bachelet , anunció que mandaría un proyecto para despenalizar el aborto en tres causales. Nos demoramos varios años en debatirlo. Los discursos eran los mismos: que el país se iba a caer, que muchas mujeres iban a salir a abortar, etcétera. Incluso, hubo diputados que se vieron amenazados por apoyar ese proyecto que fue una gran política pública. Pero ese proyecto, que causó mucho alivio a las mujeres, no fue suficiente. En nuestra actual legislación, una mujer que no aborta por una de las tres causales puede terminar presa.

En ese sentido, quiero contestar algunas de las cosas que se han dicho.

Este no es un proyecto de aborto libre; no mientan: este es un proyecto de despenalización del aborto. Si fuera de aborto libre, todo el servicio de salud tendría que hacer las prestaciones. Ojalá tuviéramos eso. Espero que el próximo gobierno, justamente, dé esas prestaciones a todas las mujeres de Chile.

Además, creo que es importante aclarar que en Chile se criminaliza la pobreza, porque las mujeres que tenemos recursos podemos viajar. Hay muchos países en donde el aborto es libre; se puede tomar un avión y viajar hacia allá, pero las mujeres que no tienen recursos son las que se quedan en nuestro país y se someten a horrorosos abortos clandestinos, sin que nadie les pueda dar ayuda, porque no solo ellas pueden ir a la cárcel, sino cualquier profesional de la salud también puede terminar preso por apoyarlas o ayudarlas.

Entonces, en Chile nos encanta el doble discurso. Esto es lo mismo que ocurría cuando no existía el divorcio, que no lo veíamos. No vemos los abortos clandestinos. Lo que ha dicho el diputado Jorge Sabag respecto de que no existen mujeres que mueren en abortos clandestinos es una falacia. No lo sabemos, porque justamente son abortos clandestinos. Cómo lo vamos a saber si ni siquiera tenemos las cifras de lo que está ocurriendo en Chile. Entonces, como no se ven los abortos, no existen, y las mujeres son las que sufren horrores a la hora de abortar en condiciones inhumanas.

Si queremos prevenir el aborto, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué rechazaron el proyecto de educación sexual integral que presentamos en este Congreso Nacional, que fue rechazado por falta de quorum? Hablan de la educación, pero a la hora de la quiubos se rechazan los proyectos.

Tenemos que promover el uso de anticonceptivos y de políticas públicas en ese sentido, y no solo condenar a las mujeres a la cárcel.

Vamos a apoyar con todo este proyecto de despenalización del aborto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, hoy se enfrentan en este hemiciclo dos posturas evidentemente antagónicas ante un principio fundamental, un derecho humano, un derecho inalienable. ¡Sí, señores! El derecho a la vida del que está por nacer es un derecho humano, un derecho inalienable que la izquierda relativiza: primero, el aborto permitido solo en tres causales y ahora el aborto libre hasta las catorce semanas, y suma y sigue, ya que también se aprobó la eutanasia. Incluso pretendían que ese suicidio asistido lo pudieran llevar adelante menores de edad.

Si ustedes observan, hay una arquitectura de la muerte planificada por la extrema izquierda y apoyada acomplejadamente por algunos de la “Democracia ex-Cristiana”. Le debo recordar a toda la ex-Concertación que, por entregarse ideológicamente al Frente Amplio y al Partido Comunista, ahora son prácticamente inexistentes políticamente.

Humildemente, los llamo a realizar un acto de sobrevivencia política, a votar en contra de este proyecto de muerte y a salvar, en parte, la poca dignidad que les queda.

La sociedad chilena evoluciona rápidamente. En noviembre, millones de chilenos se manifestaron en nuestras ciudades. La izquierda, en forma arrogante, trató de apropiarse de ese malestar, y los chilenos le dijeron que por ningún motivo. Los resultados electorales de la última elección así lo confirman.

Queremos moderación, tranquilidad y cambios graduales. Por lo mismo, no entiendo ese afán de seguir legislando contra uno de los sentimientos más profundos y arraigados de la sociedad, como es la protección al niño que se encuentra en el vientre materno. Se ocupa una falacia, cual es que se habla de un cuerpo, el de la madre. ¿Y qué pasa con el cuerpo del niño? ¿Acaso no es otro cuerpo? Hablamos de dos cuerpos y no de un cuerpo. Resulta paradójico que la izquierda quiera legislar para aprobar este asesinato y, al mismo tiempo, levante una campaña desenfrenada en contra del rodeo. Para ellos, entonces, la vida de un animal vale más que la vida de un ser humano.

Por eso, por la vida, por las madres y por los niños, con Dios, votaré en contra del aborto libre.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, la posibilidad que tenemos las mujeres de tomar decisiones en relación con nuestra salud reproductiva no puede ser un privilegio ni puede estar restringida ni condicionada por la capacidad económica que tengamos cada una de nosotras. Esto debe ser un derecho de cada una de las mujeres en nuestro país.

Lamentablemente, esto se ha convertido en una frase que nos golpea diariamente al encontrarnos criminalizadas en Chile por querer decidir. Nos mantienen engrilladas en diferentes momentos de nuestra vida reproductiva, desde que la dictadura cívico-militar decidió coartar nuestra libertad y nuestros derechos, porque la despenalización del aborto estaba inscrita en la Constitución. El derecho a tomar la decisión de nuestra maternidad es un derecho que nadie -ningún hombreen este país nos puede arrebatar.

La semana pasada conmemoramos un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy muchas personas hacen gárgaras con ese principio. Sin embargo, ¿cómo se explica que el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia siga estancado en el Senado o que las mujeres sigamos criminalizadas por una ley que criminaliza y penaliza la interrupción del embarazo fuera de las tres causales?

Lo digo con todas sus letras: en Chile, las mujeres que deciden abortar de manera clandestina por razones adicionales a las tres causales no lo hacen por gusto. Escuchen bien los señores que han hablado aquí con tanta propiedad sobre nuestros cuerpos y nuestros úteros:

¡Ninguna mujer aborta por gusto! ¡Solo en una mente retorcida cabe una idea como esa!

Los organismos internacionales han planteado la necesidad de avanzar en erradicar todas las formas de violencia. Sin lugar a dudas, seguir criminalizando el aborto constituye una forma de violencia de género en contra de nosotras. Somos nosotras las que hoy estamos criminalizadas si tomamos una decisión respecto del tiempo y del momento de nuestra maternidad. Lo hemos dicho con todas sus letras: la maternidad debe ser deseada o no será. Por eso, hoy avanzamos en este proyecto que, como señalaron algunos colegas, no resuelve el problema de fondo, porque no estamos legalizando; solo estamos evitando la criminalización.

Esperamos el día de mañana tener un Estado y un gobierno que garanticen el pleno derecho a que los servicios de salud entreguen esta prestación. Hoy no es así. Este proyecto tampoco resuelve aquello, pero sí evita la criminalización de aquellas mujeres que toman la decisión de abortar y definir sobre su maternidad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, ¿legalización o despenalización? Las cosas son lo que son y no el nombre que se les dé. Una mesa es una mesa, aunque digamos que es una silla. Y aquí, sencillamente, es una legalización y punto. Es así de sencillo. Respecto de la terminología, reitero: las cosas son lo que son y no el nombre que se les dé.

En nuestro país y, en general, en el mundo, no estamos acostumbrados a colocarnos en el lugar del otro. Nos cuesta mucho colocarnos en el lugar del que sufre alguna injusticia. Por ello, pido que, por un momento, cada uno se coloque en el lugar de la criatura que está en el vientre materno. Nadie recuerda el momento en que fue concebido e, incluso, nadie recuerda el momento de su nacimiento. Creo que son muy pocos los que recuerdan sus primeros meses o su primer año de vida. Hay teorías que señalan que las personas son tales desde el momento en que son reconocidas como seres humanos. El día de mañana puede existir la teoría de que las personas son tales desde el momento en que se reconocen o autorreconocen como seres humanos y, por tanto, mientras no se reconozcan como tales, no son seres humanos.

Por lo tanto, esta es una puerta que se abre a una serie de teorías que circulan y que hoy son minoritarias. Pero hace algunos años existía la convicción de que no había que atentar contra la vida del que está por nacer en cualquier circunstancia. Ya avanzamos en el aborto en tres causales. Creo que eso es absolutamente suficiente, porque se estableció la inviabilidad fetal, el peligro de salud de la madre y la violación.

Creo que se ha avanzado suficiente.

Votaremos en contra esta iniciativa, porque hay que colocarse en el lugar de la criatura que está en el vientre materno, del que está por nacer.

Está claro que pudo haber sido cualquiera de los que estamos en esta Sala, en este Congreso o en este país, pero tuvimos la suerte, la fortuna de que nuestros padres y nuestras madres quisieron darnos a luz y no quitarnos la vida antes de nacer.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro .

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Señor Presidente, estamos debatiendo en un momento muy particular de nuestro país, en que los cambios y las libertades se han venido imponiendo en la ciudadanía.

El problema más grave que enfrentan nuestro país y también los países latinoamericanos es el embarazo no deseado. Son incuantificables los casos que se ignoran por falta de registro, sobre todo cuando se recurre de manera forzada. La interrupción del embarazo no es un acto con el que una mujer o una pareja se sienten felices. Son hechos dolorosos y complejos, pero que son parte de la voluntad de las personas, y afectan principalmente a mujeres jóvenes, vulnerables y pobres. Esas son las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud para Latinoamérica.

En Chile, bajo el cinismo de la venta de misoprotol por internet, miles de mujeres y adolescentes inducen la interrupción del embarazo de manera química, no de la manera tradicional, que era cruenta. Esto, porque la tecnología y los avances lo permiten, pero solo para quienes tienen dinero, entre cuarenta y ochenta mil pesos, para comprar ese producto, que se vende en el mercado de manera irregular. No nos tapemos la vista.

Entonces, si de verdad queremos legislar en favor de todas aquellas mujeres que portan un embarazo no deseado -por distintas razones-, que es el mal principal en Chile, no podemos taparnos la vista ni dejar de escuchar que es necesario avanzar hacia la despenalización, que es lo que se propone derechamente en este proyecto de ley, a partir de una realidad: que se debe permitir que las libertades de las personas resuelvan. Quienes tengan una creencia religiosa o cultural podrán no hacerlo, pero quienes tengan la convicción de que la interrupción de un embarazo no deseado es válida, desde el punto de vista de la proyección de su vida, tendrán la posibilidad de hacerlo, sin ser perseguidas criminalmente, que es lo que la legislación obsoleta de este país mantiene todavía.

Por eso, estamos a favor de este proyecto de ley, que otorga una libertad esencial en la vida, para que las mujeres puedan resolver y no vivir el drama de la desigualdad social, trasladado, en este caso, a la interrupción voluntaria del embarazo, que es lo que está ocurriendo en nuestro país.

Esa es nuestra convicción.

Por eso, estamos a favor de este proyecto, que complementa el que la Presidenta Bachelet envió en su época al Congreso. Me refiero al proyecto de aborto en tres causales, en las primeras doce semanas de gestación, que fue un logro. A esta altura, lo podemos decir para todo el país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Patricia Rubio .

La señora RUBIO (doña Patricia).-

Señor Presidente, no se puede seguir criminalizando a la mujer por la interrupción voluntaria de su embarazo.

Definitivamente, la agenda valórica de algunos y de algunas debe quedar de lado, para ponerse en el lugar de las mujeres de este país, pese a la férrea oposición de la Iglesia, de la derecha, de los sectores conservadores y de los empresarios, que se oponen a cualquier avance en materia de nuestros derechos.

Que el aborto siga siendo un tema penal significa, sin lugar a dudas, que el Estado no está protegiendo a las mujeres y solo atenta contra sus derechos.

Como legisladores y legisladoras tenemos la responsabilidad de dar un gran paso en materia de derechos sexuales y reproductivos de nuestras compatriotas, porque esa es la entrega de seguridad e igualdad de género.

En nuestro país se realiza un número indeterminado de abortos a escondidas, porque las mujeres tienen miedo a ser criminalizadas. Eso es algo que solo sigue contribuyendo a los bolsillos de los médicos de clínicas privadas, porque queda al alcance de quienes pueden pagar cuantiosas sumas de dinero para hacer pasar ese embarazo por alguna enfermedad, sin temor a llegar a la justicia por el procedimiento que se realizó. Esa es una realidad, es algo verídico, pero no todas la pueden contar. Las mujeres trabajadoras, las jóvenes y las más pobres son las que mueren o se arriesgan a morir o a quedar con graves secuelas en su salud.

La despenalización del aborto es una demanda totalmente necesaria. Algunos y algunas deben entender que seguir criminalizando el aborto es una gravísima violación de los derechos humanos de las mujeres. Además, eso reafirma que se desconoce por completo que somos sujetos de derecho, ciudadanas plenas y soberanas de nuestros cuerpos.

Diferentes organizaciones y profesionales de la salud nos han presentado una serie de argumentos, que deben ser considerados para que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos hasta las catorce semanas de gestación.

Del mismo modo, llamo al Estado de Chile a garantizar la entrega de anticonceptivos y a terminar con el cuestionamiento a la esterilización de mujeres en edad de concebir. Asimismo, urge entregar un plan de educación sexual integral a todos los estudiantes y a todas las estudiantes.

Sabemos que no es un tema fácil, pero seguir llevando a la justicia a las mujeres que abortan es seguir impulsando los abortos clandestinos, poniendo en riesgo la salud física y mental de quienes han optado por poner término anticipado a su embarazo.

Por eso, y por los derechos de todas las mujeres chilenas, votaré a favor este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, siento una impotencia muy grande al debatir sobre el aborto. Pero también siento temor por el futuro de nuestro país al saber que, de aprobarse este proyecto de interrupción de la vida en el seno materno, estaremos dejando de lado la vida, que es el valor más importante de cualquier sociedad que se precie de tal. Hoy, lo que estamos haciendo es dejar al arbitrio de los más fuertes la posibilidad de vivir de los más débiles.

Seamos claros y hablemos sin rodeos: el aborto es la eliminación de un ser indefenso. Lo que hace este proyecto es legalizar el aborto. No solo lo despenaliza, sino que lo legaliza, ya que genera derechos y obligaciones, y de paso trata al que está por nacer como una cosa y no como una persona.

A lo largo de la historia han existido grupos y personas que se han impuesto sobre otros, solo por sentirse en condición de superioridad. Lo vimos en la época de la esclavitud, con las personas de color negro; con los judíos en la Alemania nazi; con los pueblos originarios; con las mujeres, y hoy, muchas veces, con los inmigrantes.

El aborto trata al niño que está por nacer como un objeto y no como un ser humano, con una dignidad intrínseca y con derechos que el Estado y la sociedad debiéramos defender.

Muchos de los presentes argumentan el derecho de elección de la mujer y los tratados internacionales que protegen ese derecho. Pero ese ser no es un apéndice del cuerpo materno, no es parte de su cuerpo, ni siquiera tiene la misma configuración genética, sino que es una persona diferente a su madre. Me pregunto, entonces, ¿quién aboga por el derecho de ese ser humano que se encuentra en el vientre de la madre? ¿Por qué no tiene derecho a nacer y a vivir la vida? ¿Qué organización, legislatura o poder humano tiene tal superioridad para definir quién tiene o no la opción de vivir?

En lugar de propiciar leyes proaborto, todos debiéramos estar preocupados de establecer programas de orientación, apoyo y acompañamiento para mujeres o parejas con embarazos no deseados, con alternativas de salida al aborto, como la adopción.

Los humanistas, los marxistas y los ateos, y, en esta Sala, la izquierda chilena, el Frente Amplio y el Partido Comunista, tendrán sus propias concepciones respecto de la vida y respecto del aborto; pero también estamos quienes defenderemos siempre el derecho a la vida del que está por nacer.

Los cristianos creemos que la vida es un don de Dios desde la concepción hasta la muerte natural. Algunos murmurarán que los asuntos de la fe no deben mezclarse con los de la Tierra; pero esas son convicciones personales e íntimas no solo mías, sino de muchos chilenos, y en nombre de ellos hablo en esta Sala. La vida es un don que debe protegerse desde la concepción hasta la muerte natural para muchos chilenos que creemos en esta y para los que creemos…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, sin duda, durante este espacio de tiempo hemos estado escuchando opiniones que son respetables y válidas; de eso se trata el Parlamento. Sin embargo, nuestra obligación es otorgar instrumentos y procedimientos que garanticen derechos, en este caso derechos a las mujeres. Este asunto no tiene que ver solo con lo que cree cada uno. Por cierto, declararse cristiano es una expresión bastante grande e importante, y no debería ser usada como una moda, tal como un candidato presidencial que permanentemente dice que es cristiano.

Respecto de lo que hoy se está tratando, me parece que se debe ir terminando con un conservadurismo hipócrita. Desde hace bastante tiempo que queda muy bien la frase para los medios de comunicación o para la comunidad, pero basta recordar cuando hablábamos de hijos ilegítimos, establecido por ley, y cuando existía la oposición respecto del divorcio o de la entrega de preservativos. Recordemos aquellas campañas por televisión. Hace no mucho tiempo esto ocurrió y los sectores conservadores hipócritas lo propiciaban. Recordemos el cuestionamiento a las Jocas. Muchos lo vivimos en las distintas unidades educativas. Tuvimos que retirar libros y textos. Se había promovido la educación integral en la que se invitaba a los estudiantes a conversar sobre afectividad y sexualidad; pero hubo oposición de sectores conservadores. Probablemente en ellos hay muchos responsables intelectuales de las situaciones que han vivido muchas mujeres.

Hoy el aborto también puede transformarse en un acto hipócrita por aquellas familias adineradas que sí pueden practicárselo; no sé si en alguna clínica en Chile, pero pueden salir del país. Yo diría que una cuestión es la realidad de algunos, de acuerdo con la cual lo ideal en una familia es el padre, la madre, los hijos, la casa, la casa de veraneo; es el sueño idílico probablemente para algunos. Pero hay una realidad en nuestro país, y tenemos que hacernos cargo de ella.

Por lo tanto, cuando se produce la interrupción de un embarazo no deseado, no se tiene que criminalizar la pobreza y a la mujer, porque ello atenta contra una sociedad como la nuestra que entiende que debe dar pasos a la modernidad. Esta sociedad tiene que ser clara y concreta en entregar y garantizar derechos a la mujer, que no los tiene.

Preguntémosle a la mayor parte de las mujeres qué opinan, más que considerar los prejuicios que en algunos casos levantamos los hombres.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, hace algunos años legislar sobre el aborto terapéutico bajo las tres causales fue un gran avance, modernizador para el país, que tristemente estaba entre los pocos alrededor del mundo donde no se garantizaba ese derecho tan básico y tan elemental para las mujeres como es el derecho a decidir y ejercer soberanía sobre nuestros cuerpos en momentos tan difíciles y dolorosos para mujeres que saben que están gestando una vida que es inviable, por ejemplo, o que pone en riesgo la propia vida de ellas, o que cargan en sus vientres el resultado de una violación, diputados.

Con satisfacción podemos decir que gracias al movimiento feminista y a muchas mujeres con conciencia, nuestro país sigue avanzando y traspasando las paredes de este frío Congreso Nacional, donde se legisla sobre este tipo de materias en que se pone en cuestión el tema moral. Si bien esa minoría de doble moral tiene cada vez menos espacio en este país, de lo cual me alegro, tengo muy claro que será nuestra responsabilidad lograr la plena soberanía en el ejercicio de nuestros derechos y dignidad, para que nunca más digan que se nos ha regalado algo, porque a las mujeres no se nos ha regalado nada.

Hoy nuevamente vamos a discutir un proyecto de larga tramitación, que suma una gigantesca cadena de esfuerzos de las mujeres que han dado todo dentro y fuera de este Congreso. Es gracias a esas mujeres luchadoras que hoy -hay que decirlo con fuerza estamos discutiendo la despenalización del aborto dentro de las primeras catorce semanas, no el aborto libre, como se equivocan algunas parlamentarias.

En este segundo informe no se hicieron modificaciones al proyecto de ley, por lo que sigue igual a como lo aprobamos en la Sala. Por tanto, siguen estando presentes nuestros argumentos de sobra para volver a aprobarlo; pero ninguno de ellos será suficiente si no hablamos con honestidad, esa brutal honestidad que a muchos les parece terrible: en Chile el aborto existe y es clandestino; en Chile el aborto existe y es inseguro para la mayoría de las mujeres; en Chile el aborto existe, y en los barrios más acomodados, si es necesario, van a ir al extranjero a operarse de una “apendicitis”. Digamos las cosas por su nombre.

Basta, no nos van a mentir más. El aborto en Chile existe y es un problema de salud pública, no de otro tema. Por lo tanto, legislar en esta materia debe ser una prioridad para avanzar en los derechos fundamentales para las mujeres de este país.

Debemos apoyar este proyecto. Mientras exista la posibilidad de que una mujer que tuvo que tomar la dolorosa decisión de abortar pueda quedar presa, tenemos que aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, estamos claramente frente a un proyecto que es el inicio del aborto libre, libre hasta las catorce semanas. Me extrañan las personas que han leído el proyecto, porque dice que la mujer lo decide libremente; ya no van a existir las tres causales. El proyecto lo dice así de claro. Y cuando las cosas se despenalizan, pasan a ser prestaciones. Así ha sido con el aborto en tres causales. Entonces, me extraña que sean capaces de deducir otra cosa.

Siempre he dicho que agradezco la sinceridad de todas las instituciones que siempre dijeron que esto era parte del camino hacia el aborto libre.

Sobre la disyuntiva de decidir si abortar o no, mi pregunta es si ha cambiado la posición o la argumentación desde hace algunos años a la fecha. La respuesta que yo sostengo es que sí: hoy los argumentos son distintos; basta escuchar al movimiento feminista radicalizado.

Seguimos hablando de los más pobres. En esta Sala ya se ha dicho varias veces: “las mujeres más pobres”. Pero no hemos visto políticas públicas para apoyarlas. Las seguimos utilizando; son un medio para una causa mayor.

¿Cuándo vamos a terminar con esto? Veamos las estadísticas: no hay mujeres presas hoy lo vimos cien veces en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género-, y prácticamente tampoco hay mujeres que mueran por este tema. Cambiemos esos argumentos añejos. Al respecto, agradezco la sinceridad de muchas diputadas en esta Sala.

Tampoco hay lucha de clases. No quiero que nadie aborte, ni ricos ni pobres. ¿Por qué no lo quiero? Porque es la muerte de un niño, por los efectos que produce en la mujer, y por la poca capacidad que tiene el Estado de proteger a esa mujer que se ve muchas veces en la disyuntiva entre abortar o no abortar.

Este no es un tema de creencias. Hay muchas personas que son científicos, médicos o artistas que están en contra del aborto. Estamos hablando de la vida, algo que tuvimos la suerte de tener todos los que estamos presentes en esta Sala, porque tuvimos una madre generosa probablemente.

Nada más neoliberal que lo que estamos discutiendo hoy: yo, mi cuerpo, yo, solo yo; ni siquiera el hombre tiene algo que decir en esta situación.

Como se dijo la vez anterior, ya no estamos votando sobre la idea de legislar. Hoy estamos votando si estamos a favor del más débil que está por nacer o si estamos por la autonomía de la mujer sobre su cuerpo. Hoy no importa que se mate a un hijo o a una hija -digámoslo así, de forma fría-; hoy no importa, al parecer, que estemos eliminando a un miembro de nuestra misma especie. La mujer, la mujer, la mujer; sin embargo, ¿quién es la voz de ese hijo?

Estimada, cuando abortas, eres madre de un hijo muerto y eres madre de alguien a quien no le permitiste nacer. Lamentablemente, eso nos acompaña toda la vida.

Lo que se discute hoy son los derechos sexuales y reproductivos versus el derecho del hijo a nacer.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, como lo hemos dicho antes, en esta discusión no se trata de si las mujeres abortan o no; se trata de si queremos que las mujeres lo hagan en condiciones dignas, salubres, seguras o lo hagan en clandestinidad, exponiéndose a morir o a ser encarceladas por tener la osadía de decidir sobre su propio cuerpo, de decidir sobre su proyecto de vida, de decidir si quieren ser madres o no en un determinado momento.

A mi juicio, aquí se han dicho muchas barbaridades, como que las mujeres no mueren por abortos clandestinos, y también se nos ha interpelado en términos de que respondamos si estamos o no frente a una persona o si estamos a favor de la muerte de un niño. Al respecto, me gustaría ser muy clara: la persona jurídica es una cuestión de derecho, no es una cuestión valórica. No solo las abortistas dicen que no es una persona, lo dice el Tribunal Constitucional.

El tribunal más conservador de este país, al conocer la ley de aborto en tres causales, señaló que no estamos hablando de una persona cuando hablamos de un feto, lo que no obsta para que sea objeto de una protección legal, porque la ley protege la vida del que está por nacer. No obstante, dicha protección no equivale a la de una persona.

A mayor abundamiento, como les gusta decir a mis colegas, en el considerando cuadragésimo dice: “…la Constitución no le otorga al que está por nacer la categoría de persona. Ello no obsta a que sea un bien jurídico de la mayor relevancia.”.

También en el considerando cuadragésimo se plantea que “…el que está por nacer mantiene en el vientre materno una existencia común con la madre, sin vida individual ni autónoma, constituyendo una existencia condicionada al nacimiento…”. Se lo señalo en especial al diputado von Mühlenbrock , por su intermedio, señor Presidente.

Continúa señalando el considerando cuadragésimo: “…parece necesaria y razonable la diferenciación entre una persona y un nasciturus, entre un sujeto jurídico pleno de derechos y deberes y un sujeto que es aún una expectativa de persona, una vida en ciernes, sin duda objeto de valoración por el derecho que lo protege durante el desarrollo gestacional;”.

Considerando septuagesimoséptimo: “El no nacido no tiene las condiciones habilitantes para que se le reconozca su condición de persona y titular de derechos.”.

Considerando centesimocuarto: “…el feto no tiene derecho a la vida, por no ser jurídicamente persona.”.

Considerando centésimo octavo: “…el énfasis no tiene que estar puesto en el embrión o feto, sino que en el sufrimiento de la mujer.”.

No lo digo yo; lo dice el Tribunal Constitucional, el tribunal más conservador de este país. Por lo tanto, se trata de si el Estado de Chile debe o no perseguir a las mujeres pobres por abortar. Hace algunos años, Helia Molina lo dijo y todo el espectro político conservador la atacó y la removieron del cargo de ministra de Salud por decir la verdad: que las mujeres ricas abortan en clínicas del barrio alto y las pobres abortan con miedo a desangrarse.

Esta es una necesidad imperativa; esta es una necesidad urgente; son condiciones de salud mínimas.

Según la corporación Miles, las cifras de abortos clandestinos no es clara dada su penalidad, pero se estima que alcanza a los 180.000 abortos -¡180.000 abortos! clandestinos anuales. De eso estamos hablando.

Las mujeres abortamos, abortaron nuestras abuelas, lo seguirán haciendo nuestras nietas y sus nietas también lo harán.

En consecuencia, votaremos a favor este proyecto, el que espero que hoy se apruebe.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, espero que nunca en este Congreso Nacional se califiquen los argumentos de otros como “barbaridades”. Creo que ello es parte del deterioro que hemos sufrido durante estos cuatro años en el debate público, pero confío que en el Congreso que viene vamos a mejorar.

El tema de la despenalización surge a partir de que existe la penalización, acción que consiste en estimar que una conducta se encuentra reñida con la noción de justicia de una sociedad.

¿Por qué muchas veces se estima que el aborto es penal? Por una razón muy simple: porque está en pugna con un principio básico, que es el respeto a la vida humana.

De alguna manera se ha estimado penalizar el aborto porque en la práctica se traduce en el homicidio de una persona.

A las catorce semanas de gestación, genética o biológicamente, no hay diferencia de ese feto con ustedes o nosotros. Por lo tanto, se trata de una persona con todos sus atributos, y la única diferencia es su nivel de desarrollo. Lo reconoce así, a diferencia de lo que cree la diputada Pérez , quien me antecedió en el uso de la palabra, tanto la Constitución Política de la República como el Pacto de San José de Costa Rica.

Efectivamente, ella hace propia una ideología que ha sido promovida, que se llama “el utilitarismo”, cuyo mentor principal es el señor Peter Singer . Los invito a leer el libro en que se funda esta tesis, que plantea que el embrión es un ser humano que no es persona. El libro se llama “Repensar la vida y la muerte: el derrumbe de nuestra ética tradicional”.

En sus últimas reflexiones justifica el aborto libre hasta en la víspera del nacimiento e, incluso, en algunos de sus planteamientos, ya nacido.

Por lo tanto, cuando se disocia la condición de persona de la condición de ser humano, ese argumento lleva rápidamente hasta el aborto libre en último término.

Entonces, detrás del eufemismo de despenalizar lo que hay es sostener que el aborto es una conducta que no está reñida con la justicia. Eso es algo que no podemos compartir, porque el homicidio de una persona inocente siempre estará reñido con la justicia. De allí que pretender que los servicios públicos lo provean se traducirá, en la práctica, en un aborto libre.

Se han dado algunos argumentos. Se ha dicho que hay un derecho de la mujer sobre su cuerpo. Sin duda es así, pero el niño que está por nacer no constituye parte de su cuerpo.

Se ha dicho que, de todas formas, se va a abortar en el extranjero. Bueno, no porque se cometa un delito en el extranjero me gustaría que se cometa en Chile.

También se ha planteado el concepto de la autonomía. No obstante, dicho concepto viene de autonomos, mediante el que yo creo mis propias normas, lo que corresponde al individualismo más brutal. Ver a la izquierda, no solo en Chile, sino a nivel mundial, sucumbida al individualismo más brutal, constituye su derrota ideológica más profunda.

Después se dice que hay un tema de salud pública. Bueno, el verdadero problema de salud pública es que no hay pediatras, no hay matronas, ni hay ningún tipo de salud reproductiva para las mujeres pobres en Chile. Ese es el verdadero problema de salud pública.

Por las razones señaladas, rechazaremos este proyecto, no solo por los niños, sino también para reorientar el estudio de esta materia hacia lo que realmente deberíamos hacer, que es fortalecer la salud de las mujeres, no a costa del niño, sino que con el niño dentro de la ecuación.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, quiero presentar algunos argumentos que fueron expuestos en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, los que también puse de relieve en el informe que me correspondió rendir, los cuales están basados en una información presentada por la doctora Dominique Truan , de la agrupación Ginecólogas Chile . Quiero reiterarlo porque me parece que este debate está lleno de falta de argumentos.

El entorno legal y político restrictivo es un determinante de la seguridad de un aborto; es decir, los abortos se vuelven más inseguros cuando no tenemos una legislación pertinente.

Muchos han preguntado por qué hasta las catorce semanas, por qué se establece ese plazo. Si bien es cierto que la gran mayoría de los abortos se realizan hasta las ocho semanas y el 25 por ciento entre la semana nueve y la semana trece, sabemos también que hasta las catorce semanas el aborto -quiero que esto se escuche bienes mucho más seguro que un parto.

Así es: el aborto hasta la décimocuarta semana es más seguro que un parto, y sabemos también que hay una serie de condicionantes sociales que hacen que muchas mujeres se demoren un poco más en tomar esta decisión. Por lo tanto, el lapso que se establece de catorce semanas, sin perjuicio de que la mayoría de los abortos se realizan antes, porque eso ocurre aunque algunos no lo quieran ver, es un tiempo que nos parece más que pertinente.

El plazo de las catorce semanas ha pasado a ser la regla para la OMS, entre otras razones, porque las mujeres o personas gestantes en situaciones de violencia, en zonas suburbanas o rurales, así como adolescentes, identifican su embarazo no al inicio, sino cuando está casi al fin del primer trimestre.

Son estas barreras de acceso las que provocan que muchas mujeres aborten un poco más tarde de las doce semanas.

Como dije, esta es información que nos entregó Dominique Truan , doctora de Ginecólogas Chile, y creo que es fundamental que esté sobre la mesa para que quienes votaremos hoy lo hagamos en base a argumentos científicos y a la verdad.

No quiero que haya más clandestinidad; no quiero que haya más inseguridad; no quiero que a las mujeres se les obligue a parir, que se nos obligue a parir.

Sí quiero que haya prevención mediante una educación sexual integral en todo el ciclo educativo, sí quiero que haya autonomía y sí quiero que tengamos el derecho a decidir.

Por eso, votaré a favor este proyecto, para que el derecho a decidir sea ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, para tener una postura clara y fundada sobre este proyecto no hay que ser mujer, no hay que ser abogado ni hay que ser médico experto. A veces, el sentido común es el mejor consejero.

Por supuesto, lo que nos muestra la evidencia científica, los argumentos filosóficos y, fundamentalmente, los argumentos legales, ayuda a tener una oposición más robusta al proyecto, pero toda esa información viene solo a confirmar lo que el sentido común nos dice a gritos: nadie tiene derecho a matar a un inocente.

Como ejemplo de los fundamentos legales a los que hice referencia, me quiero detener hoy en el aclamado derecho internacional de los derechos humanos.

Mucho se habla en el Congreso Nacional sobre estar a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos. Pues bien, recordemos algunos de los tratados internacionales más relevantes ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes, fíjense.

La Declaración de los Derechos del Niño señala en su preámbulo que el niño necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento.

A su turno, la Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 2 que “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, (…) el nacimiento o cualquier otra condición del niño…”.

No solo los tratados internacionales relativos a la infancia reconocen la condición de persona del feto, sino incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo 2 que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, (…) nacimiento o cualquier otra condición.”.

En sentido similar se pronuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 1 dispone que “Los Estados Partes (…) se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, (…) nacimiento o cualquier otra condición social.”.

Del mismo modo, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Cada uno de los Estados Partes (…) se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos…”.

Todos estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocen algo que ya sabíamos: el no nacido es persona, es ser humano, y, por lo tanto, tiene derechos humanos. Este Congreso no posee ninguna facultad para negar esos derechos a los más débiles de la sociedad.

Por lo expuesto, vamos a rechazar este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, el debate sobre la despenalización del aborto se ha dado en muchos países a medida que la sociedad, el conocimiento humano y la ciencia han ido evolucionando y que el principio de separación entre el Estado y la Iglesia no solo es declarativo, sino que se vuelve cada vez más sustantivo; y, además, ha sido objeto de un profundo entrecruzamiento de concepciones filosóficas e, incluso, religiosas. Y el deber del Estado es precisamente abstraerse de esas consideraciones religiosas y asentar sus decisiones -en este caso, en el establecimiento de la ley en juicios objetivos, científicos y de justicia. De eso se trata.

Así, este proyecto dice relación con aquello: con decidir si el Estado se halla en condiciones de imponer o no una sanción penal a quienes interrumpan el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

El diputado Schalper -eso fue lo que me motivó a inscribirme para intervenir en este proyecto, lo cual, por cierto, se le agradece siempre nos invita a leer sobre la materia, pero generalmente nos sugiere los textos más extremos que fundamentan su tesis, olvidando una amplia gama de literatura científica y filosófica que abona la tesis acerca de lo que hoy se está discutiendo en el seno de este hemiciclo.

Entonces, considero que al discutir este asunto debemos definir con claridad cuál es el deber que tiene el Estado al respecto. El deber del Estado y el de nosotros, como Cámara de Diputadas y Diputados, es precisamente establecer legislaciones que se asienten en esas consideraciones y en esos principios: de igualdad, de justicia, de equidad, y no en consideraciones religiosas, por más legítimas que estas sean, porque la separación Estado-Iglesia no se vincula solo con que el Estado no participe en las decisiones que corresponden al rango de lo espiritual, ni que, a su vez, las iglesias influyan en lo que él debe resolver cuando aquellas dicen relación con el bien común, sino con que el Estado revise periódicamente sus decisiones -en este caso, sus normas vigentes-, para garantizar que en ellas no percolan, no se infiltran consideraciones religiosas que nada tienen que ver con el deber de regular el bien común.

Eso es lo que este proyecto hace. Se dejará -si así se aprueba de penalizar, de sancionar penalmente, de castigar punitivamente con la fuerza y el imperio del Estado a la mujer que interrumpa el embarazo dentro de las catorce semanas de gestación.

Por tanto, es un deber de actualización cultural, normativa, filosófica, doctrinaria e, incluso, institucional del Estado de Chile apoyar este proyecto, y por eso lo vamos a respaldar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, en esta Cámara hemos debatido muchísimo sobre el tema del aborto. Tuvimos una larga discusión cuando vimos la despenalización del aborto en las tres causales, iniciativa que finalmente fue aprobada y hoy es ley. Reflexionamos sobre el tema del aborto y vimos que siempre han existido las mismas posturas; no percibo cambios en los discursos.

Esto de “matar al inocente” es como decir que las mujeres somos asesinas, pero, claramente, el aborto es algo distinto: tiene que ver con una experiencia de vida de las mujeres. Les aseguro que ninguna mujer elige, como si se tratara de una decisión anticipada en su vida, decir: “cuando quede embarazada, voy a abortar”, como si se fuera corriendo al aborto, si es que se aprueba un proyecto de ley que lo despenalice.

Esto es lo mismo que ocurrió con el divorcio. Cuando se iba votar el respectivo proyecto, se decía: “No. Todas las parejas se van a separar”, como si las parejas no se hubieran separado.

Entonces, creo que aquí hay un tema sobre comprensión importante tanto para las mujeres como para los hombres. No sé si se han dado cuenta, pero la identidad de ustedes, hombres, y la de nosotras, mujeres, se construye sobre un cuerpo. No es que tengamos un cuerpo, sino que somos nuestro cuerpo, y la identidad tiene que ver con el ser, con el derecho a ser. Si yo no tengo cuerpo, si no soy mi cuerpo, si no tengo derecho a vivir, a ser mi cuerpo, tampoco tengo derecho a ser. Es importante hacer la distinción: esto tiene que ver con la decisión de ser, de ser mujer.

Los hombres efectivamente hacen una elección, como, por ejemplo, cuando abandonan. El abandono es otra forma de muerte. Muchos hombres dejan embarazadas a las mujeres y después se van. Lo he dicho muchas veces en esta Sala: los hombres abortan por la boca, esto es, se van, y dicen “no me hago cargo”, pero, finalmente, eso no se sanciona, no tiene pena de cárcel.

Sin embargo, para las mujeres, su cuerpo sí está penalizado; no tienen derecho a ser en un contexto en que no pueden decidir qué hacen con su cuerpo. Eso es negar la identidad, es negar el derecho a ser, es negar el derecho a tener una identidad y un ser.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, voy a votar en contra del proyecto de ley de aborto porque soy un convencido de que en el vientre de la madre hay un hijo o una hija y no un conjunto de células, como algunos de ustedes nos quieren hacer ver.

Votaré en contra del proyecto de ley de aborto, porque no veo, como algunos dicen, que se trate de una mera interrupción del embarazo. Aquí lo que hay es la muerte de una persona chica, quizás para algunos demasiado chica, que tan chica que no la quieren ver, pero es un hijo o una hija en un vientre materno, y eso no lo puedo aprobar, porque para muchos de quienes somos creyentes, pero también para parte importante de la comunidad científica, la vida comienza en la concepción, y si hay vida en la concepción, no podemos matar a un inocente.

Votaré en contra del proyecto de ley de aborto, porque como creyente tengo la profunda convicción de que hay vida; votaré en contra de la ley de aborto, porque, como fue reconocido en la comisión donde se tramitó el proyecto, hoy no hay mujeres presas en Chile por abortar. Lo que realmente busca este proyecto es que los médicos y sus equipos no tengan sanción por abortar. Esa es la verdad de lo que está en este proyecto. Por lo tanto, cuando se establezca que un médico y su equipo no tienen sanción, inmediatamente van a pedir que el aborto se entregue como una prestación pública y pasará a ser un derecho. ¡Todos sabemos que eso es lo que está detrás de este proyecto!

Votaré en contra, porque esto va más allá, por lejos, de las tres causales, y no solamente porque es evidente que al autorizar el aborto libre se eliminan las causales que hoy lo permiten, sino porque hace tres años, cuando se discutió la iniciativa de ley que establecía las tres causales, votaron a favor de que se permitiese la interrupción del embarazo, como ustedes lo llaman, que no es otra cosa que la muerte de un niño, hasta la semana doce, y hoy desean cambiarlo hasta la semana catorce. ¿Qué pasó? ¿En esas dos semanas dejó de existir vida? Todos sabemos que la hay.

No puedo dejar pasar las palabras de la diputada Camila Rojas , quien en forma reiterativa señaló que abortar hasta antes de la semana catorce es incluso más seguro que parir, cuando lo que hay es una mujer que da a luz.

Votaré en contra, porque no seré cómplice de la muerte de un niño o de una niña que está en el vientre materno. Nosotros los defenderemos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, como evangélico -a mucha honra; me siento honrado, orgulloso de ser evangélico, no como aquí se insinuó de que por moda algunos decimos que somos evangélicos o cristianos-, espero en Dios que el próximo Presidente de Chile sea un cristiano que defienda la vida del que está por nacer desde el momento de la concepción. No quiero que se siga asesinando a pequeñas criaturas que no tienen ninguna responsabilidad de venir al mundo.

Escuché con atención a algunos parlamentarios de oposición que le daban gracias a Sebastián Piñera , igual que la semana pasada cuando se discutió el proyecto de matrimonio igualitario. En esa oportunidad, daban las gracias a Sebastián Piñera porque repuso un proyecto que la Presidenta Michelle Bachelet dejó en tabla. Curiosamente, eran los mismos diputados que hace un mes pedían la cabeza de Sebastián Piñera , que lo acusaron constitucionalmente, que lo querían sacar de su cargo porque lo consideran un delincuente. ¡Qué curioso! Cuando les conviene agradecen a Piñera, y cuando no, realizan ataques arteros en su contra.

También he escuchado en esta Sala que la mujer es dueña de su cuerpo. Yo respeto mucho a la mujer, porque una mujer, mi madre, me trajo a este mundo. Tengo, además, a mi esposa y a una hija. Las respeto mucho y les digo lo mismo que voy a plantear acá: la mujer -¡por Dios que lo comparto! es dueña de su cuerpo y como tal se puede mutilar, cortar un brazo, sacar un ojo, lo que ella quiera. Pero Dios le dio el don de anidar en su cuerpo a una nueva criatura, que –repito no tiene ninguna responsabilidad de venir al mundo. Ella no es dueña de esa criatura, de ese ser humano indefenso, que -repito una vez más no tiene ninguna responsabilidad de venir al mundo, porque quienes sí lo hicieron fueron dos adultos: un hombre y una mujer, porque jamás dos mujeres y menos dos hombres van a poder hacer eso.

Lamento mucho escuchar los argumentos que se han dado. Obviamente, votaré en contra, y espero en Dios que la cordura prime y mayoritariamente votemos en contra el proyecto, porque en catorce semanas ya tenemos un ser humano total y absolutamente formado, un ser humano al que no le falta ninguna parte de su cuerpo. Que una diputada argumente que es más seguro abortar a las catorce semanas que traer al mundo una criatura lo único que ha conseguido es que se me caiga aún más su imagen.

Respeto a las mujeres y considero que el don que Dios les ha dado es traer una criatura al mundo. Comparto que son dueñas de su cuerpo, pero no tienen ninguna autoridad sobre la criatura que está en su vientre, no son dueñas de esa nueva criatura que está por nacer.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, voté a favor la idea de legislar sobre este proyecto; lo voté a favor en general, porque uno no puede cerrarse al debate, entendiendo que lo que persigue este proyecto es despenalizar la interrupción del embarazo por plazo y no legalizar el aborto. De hecho, no puede hacerlo, porque para eso se requeriría del patrocinio del Ejecutivo para garantizar la prestación.

El diputado Víctor Torres , que reemplazó a la diputada Joanna Pérez en la comisión, planteó en la discusión que se dio al interior de ella la posibilidad de modificar el plazo de las catorce semanas, y es lamentable que no se haya logrado.

Existe una incoherencia absoluta en establecer que para el aborto en general, sin causales, puede establecerse la despenalización hasta las catorce semanas de gestación, y en el caso de causales, como la de violación, que es la tercera causal del proyecto que aprobamos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet , se establezca un plazo máximo de doce semanas.

¿Cómo va a ser coherente, desde el punto de vista legislativo, que en un caso tan extremo como la violación de una mujer se despenalice el aborto hasta las doce semanas, pero en el caso del aborto en general, sin causales, se autorice la despenalización hasta las catorce semanas? Es absolutamente incoherente. Me tocó conversarlo con alguna de las autoras del proyecto, y lo planteó el diputado Víctor Torres , tal como lo señalé, en la comisión, pero no tuvo mayor acogida.

Por eso, quiero expresar en forma muy clara que así como aprobé la idea de legislar, hoy no estoy disponible para aprobar un plazo de catorce semanas, que es absolutamente incoherente con el plazo para la despenalización que aprobamos en el proyecto de la entonces Presidente Bachelet , que hoy es una ley que está vigente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, estoy segura de que la interrupción de un embarazo es una decisión difícil para cualquier mujer.

Hoy votaremos el proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo, abordando solamente un aspecto del problema. Con esto quiero decir que me gustaría que este debate se extendiera a otros aspectos relacionados. Puntualmente, me refiero a la insuficiente política de educación sexual y de prevención del embarazo en nuestro país.

Tenemos una educación sexual casi inexistente, y cuando se proporciona se hace de manera sesgada, por creencias religiosas, por políticas o por género.

Hoy la interrupción del embarazo, fuera de las tres causales permitidas por la ley, es una realidad clandestina, caso en el cual la amenaza de una persecución penal por parte del Estado ha sido insuficiente para detenerla.

En esa clandestinidad está la posibilidad de aumento del peligro y del daño; en la clandestinidad no hay acompañamiento psicosocial a la mujer embarazada; en la clandestinidad no hay condiciones sanitarias apropiadas aseguradas; en la clandestinidad abundan los falsos médicos y las clínicas insalubres; en la clandestinidad se asoma una profunda desigualdad social, aquella que distingue entre mujeres que pueden decidir por sí mismas sobre su cuerpo y la formación de su propia familia y otras que solamente hacen frente a las lamentables consecuencias de un embarazo no deseado en la total desprotección.

Yo no abortaría y no creo en el aborto como un método anticonceptivo. Yo opté siempre por la vida, pero eso no significa que por ello me sienta con la autoridad moral para señalar la manera en que otra mujer debe llevar adelante un embarazo o interrumpirlo.

Estoy segura de que la interrupción de un embarazo es una decisión difícil para cualquier mujer y que detrás de ello existen fuertes motivos y cuestionamientos. Creo que esa difícil decisión para la mujer debe ser con acompañamiento tanto familiar como profesional.

Con esto quiero decir que este proyecto de interrupción del embarazo es solo la punta del iceberg y que no por el hecho de que sea aprobado debemos celebrar como si todo lo relacionado con el embarazo no deseado ya estuviera resuelto. Tomar una actitud en ese sentido debería llamarnos a realizar una profunda reflexión. Al contrario, aprobarlo nos impone más tareas y deberes; nos impone la obligación de abordar esta problemática con perspectiva y rigor, de manera integral y sin sesgos.

Una sociedad que aspira a la equidad de género y a la corresponsabilidad parental debe analizar profundamente las diferentes situaciones. Por ello, debemos delimitar el propósito de este proyecto -solo la despenalización de la interrupción del embarazo y dejar bien presente que son muchas las tareas que quedarán pendientes.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Torres .

El señor TORRES.-

Señor Presidente, lo primero que quiero decir es que en la votación en particular, a diferencia de lo ocurrido en la votación en general, que se llevó a cabo hace algunas semanas, nos encontramos con un proyecto que sin duda alguna ha mejorado. Recordemos que originalmente el proyecto establecía la posibilidad de despenalizar a terceros que no tuvieran capacidad técnica para llevar adelante un aborto. Sin embargo, expuesta esta situación en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, dicha instancia, por unanimidad, estableció que era pertinente eliminar aquello. Por tanto, esto queda excluido de la votación. Esta Sala aprobó en general un proyecto que tenía elementos que, a mi juicio, eran peores que los que hoy tiene.

Lo segundo que me parece importante recalcar es que hay diferencias respecto de lo que estamos votando hoy versus aquello que votamos hace algunos años y que hoy constituye la ley de interrupción del embarazo en tres causales. En primer lugar, porque lo que esa ley establece es garantía de acceso a las mujeres que están en las hipótesis que plantea la ley a prestaciones que garantiza el Estado. La discusión que hoy tenemos es distinta: se refiere fundamentalmente a la definición que la sociedad debe tomar respecto de aquellas mujeres que deciden abortar hasta las catorce semanas. En este sentido, no se establece dicha garantía; por lo tanto, el acercamiento al debate es absolutamente distinto.

Es claro que cada mujer se enfrenta a un dilema ético en el momento que tiene que tomar esta decisión. Además, debemos ser capaces de reflexionar sobre cómo la sociedad llega tarde, porque la expresión de abortar o no abortar manifiesta precisamente la tardanza o la ausencia del Estado para que las mujeres tengan acceso a otras alternativas antes de abortar. Por tanto, coincido plenamente con lo que dice la diputada Érika Olivera . El tema es mucho más amplio que tan solo este proyecto de ley.

Dicho eso, el punto que tenemos que poner en discusión es si, entendiendo que hemos llegado tarde, que se trata de un dilema ético que no es fácil de resolver, y que aun así las mujeres toman la decisión de abortar, como sociedad vamos a seguir criminalizándolas.

A mi juicio, este tipo de situaciones, obviamente, afecta las conciencias de las mujeres y hacen que lleguen tarde. No evitan los abortos, pues se los van a practicar igual. Llegan tarde, por ejemplo, cuando hay complicaciones en los servicios de urgencia. ¿Estamos dispuestos como sociedad a seguir poniendo en riesgo a las mujeres por este tipo de cosas? A mi juicio, es un profundo error.

Por esa razón,…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, queda en evidencia que este proyecto de ley está dirigido directamente a las mujeres pobres, a aquellas que no quieren tener hijos no deseados, porque producen un ambiente cada vez más irrespirable en las familias. Esas personas toman una decisión, y lo harán esté penalizada o no. A ese tipo de personas está dedicado este proyecto de ley.

Mi hija me dijo un día: “Papá, estoy decidida a no tener hijos, y como amo a mis gatos, serás abuelo de gatos”. Sucedió que en mayo reciente mi hija quedó embarazada; lo sintió mágico; se enamoró del proceso y me hizo abuelo de un nietito, que cumple seis meses por estos días.

Es una belleza tener hijos; es muy misterioso. No sabía lo que significaba esto; pero, por otro lado, vemos gente pobre que cada vez tiene menos condiciones para vivir. Se hacen irrespirables las familias cuando hay hijos no deseados.

Por lo tanto, cuando una persona no quiere tener hijos porque quiere vivir un poco mejor, lo va a hacer sí o sí. Este proyecto está dedicado a las personas que tienen problemas, que es la gente pobre.

Aquí se ha dicho que la gente rica lo hace igual, en el extranjero o en clínicas donde protege su vida. Las personas pobres se deciden a hacerlo al borde de la muerte.

Voy a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para establecer que el continuador legal del intendente, en la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, como para todos los efectos legales, es el gobernador regional, correspondiente al boletín N° 14469-12.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que quiera hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el señor Luis Rocafull .

Antecedentes:

-Moción, sesión 57ª de la presente legislatura, en jueves 8 de julio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 76ª de la presente legislatura, en martes 7 de septiembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ROCAFULL (de pie).-

Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales viene en informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción del diputado que habla, que interpreta la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para establecer que el continuador legal del intendente, en la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, como para todos los efectos legales, es el gobernador regional.

La idea matriz o fundamental del proyecto es precisar en forma expresa que el continuador legal del intendente es el gobernador regional, tanto en lo que dice relación con la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental como para todos los efectos legales en que se le menciona en la ley N° 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente. Para lograr ese objetivo, esta iniciativa legal consta de un artículo único permanente.

La comisión determinó que el artículo del proyecto de ley es de carácter orgánico constitucional, atendido lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 111 de la Constitución Política de la República, esto es porque establece nuevas funciones o atribuciones al gobernador regional.

Fundamentos del proyecto de ley contenidos en la moción.

Esta iniciativa legal inicia su exposición de motivos señalando que esta tiene su razón de ser a raíz del reciente dictamen N° E-118.757, de la Contraloría General de la República, de 2 de julio de este año (2021), mediante el cual se interpretó que serán los delegados presidenciales los encargados de presidir la Comisión de Evaluación Ambiental, de cada región, que están reguladas en el artículo 86 de la ley Nº 19.300.

Dicho dictamen tuvo su origen cuando hace algunos meses surgieron dudas por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, en atención al alcance en esta materia de la reforma constitucional aprobada mediante la ley Nº 20.990, que dispuso la elección popular del gobernador regional como nueva máxima autoridad regional, y se eliminó el cargo de intendente.

En particular, el artículo 86 de la Ley sobre Bases del Medio Ambiente dispone que los proyectos serán calificados por una comisión presidida por el intendente e integrada por los secretarios regionales ministeriales del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, de Energía, de Obras Publicas, de Minería, de Vivienda, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, de Planificación, y por el director regional del servicio, quien actúa como secretario.

Como sabemos, la ley Nº 20.990, que eliminó el cargo de intendente y lo remplazó por el cargo de gobernador regional, dispone en su número 5) lo siguiente: “Sustitúyese el artículo 111, por el siguiente:

“Artículo 111.- La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.”. Dicho gobierno regional lo conforman el gobernador regional y el Consejo Regional.

Además, dispone que es el gobernador regional el órgano ejecutivo del gobierno regional, “correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine, en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.”.

A su vez, mediante la misma ley de reforma constitucional N° 20.990, se introdujo el artículo 115 bis, mediante el cual se creó la figura del delegado presidencial regional, quien “ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la región, en conformidad a la ley”, y es su representante natural e inmediato en dicho territorio.

Por otra parte, la ley Nº 21.074, sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País, fijó las atribuciones y facultades de los gobernadores regionales y de los delegados presidenciales regionales; no obstante ello, no indicó de forma expresa a cuál de las dos autoridades le corresponde presidir la Comisión de Evaluación Ambiental contemplada en el artículo 86 de la ley Nº 19.300.

Frente a dicho vacío, lo determinante es aclarar si la función de presidir dicha comisión corresponde a las funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente, en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional, o más bien dice relación con las demás funciones que les correspondían a los intendentes, pero no en razón de su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, ello para dar cumplimiento a lo consagrado en la disposición vigésimo octava transitoria de la Constitución Política, que distingue ambas calidades.

En respuesta a esa duda planteada, el órgano contralor (CGR) determinó que “del tenor del referido artículo 86 no aparece que la función de presidir la comisión de evaluación de que se trata la desempeñe el respectivo intendente en la calidad antedicha, por cuanto el gobierno regional no tiene participación en esta instancia del procedimiento de evaluación ambiental”.

Uno de los fundamentos del respectivo dictamen señala que el artículo 8º de la ley N° 19.300 dispone expresamente una participación en una etapa previa a la del órgano regional, la cual es informar sobre la compatibilidad territorial del proyecto que se le presente, mas no su participación en la comisión propiamente tal. En el mismo sentido, recurre a la historia fidedigna de la ley medioambiental y a la existencia de un proyecto de ley, originado en mensaje presidencial, en 2018, que propone una nueva configuración de la comisión evaluadora, con la finalidad de restringir el factor político y preferir la integración del organismo por conocedores y expertos en la materia. Siendo así, concluye que “la participación que el legislador ha entregado en el artículo 86 de la ley Nº 19.300 al intendente, no es en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, sino como representante del Presidente de la República, debiendo ser asumida, en conformidad con la disposición Vigésimo Octava transitoria de la Constitución Política, por los futuros delegados presidenciales regionales”.

El autor de la moción hace presente que los nuevos gobernadores no tardaron en criticar el referido dictamen, el que fue calificado por muchos como atentatorio contra el ejercicio de su cargo, coartando una parte importante de sus funciones políticas, que tienen directa relación con cuáles serán los proyectos económicos y medioambientales que se llevarán a cabo en sus respectivas regiones. Así, se señaló por algunos de ellos que el hecho de que sean los delegados presidenciales los encargados de presidir el organismo ambiental no hace más que dar continuidad a la política de despojo e injusticia ambiental, o que se desestima la figura del gobernador regional frente a atribuciones tan importantes como esta.

El mocionante agrega que dicha interpretación tampoco es compartida por el legislador, toda vez que no se condice con el espíritu de las reformas constitucionales que han permitido escoger por primera vez a los gobernadores regionales por sufragio universal, como tampoco es acorde con las inspiraciones propias de la ley de fortalecimiento de la descentralización.

Menciona que, a su juicio, la comisión evaluadora no solo tiene una importancia medioambiental, sino que también incide en la producción económica de la región, y muchas veces inciden en intereses de ese tipo como también políticos, lo que en una instancia conformada solo por autoridades del gobierno de turno vulneran y boicotean la agenda programática de los gobernadores regionales.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la interpretación dada por la Contraloría responde a una corriente originalista restrictiva que solo pretende darle sentido y alcance a la norma a través del estudio de la norma en su forma, pero que desconoce su sentido material que viene dado por la fuerte corriente descentralizadora, que es impulsora de una decena de proyectos de ley que buscan otorgar más autonomía al gobierno regional.

Estructura del proyecto

El texto de esta iniciativa legal consta de un artículo único permanente.

Exposición de autoridades y gremios

Expusieron el autor del proyecto, diputado Luis Rocafull López ; la ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt Zaldívar ; el contralor general de la República, señor Jorge Bermúdez Soto ; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora María Paz Troncoso Pulgar ; el gobernador regional de Los Lagos y vocero de la Asociación de Gobernadores Regionalistas, señor Patricio Vallespín López ; la gobernadora regional de Coquimbo, señora Krist Naranjo Peñaloza ; el exministro del Medio Ambiente señor Pablo Badenier Martínez ; el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, señor Hernán Brücher Valenzuela ; el abogado y profesor de Derecho Ambiental, exsubsecretario y exdirector del Servicio de Evaluación Ambiental, señor Ricardo Irarrázabal , y el abogado y profesor de Derecho Administrativo señor José Luis Lara .

Todas las personas y autoridades mencionadas expusieron sus puntos de vista en relación con el mérito del proyecto y también en relación con el aspecto jurídico del mismo, haciendo una interpretación que demostraba las razones de por qué estaban a favor o en contra de este.

Discusión general en el seno de la comisión

Algunos miembros de la comisión señalaron que el proyecto de ley tiene estrecha relación con el proceso de descentralización que vive el país, y se manifiesta a través de la participación territorial indirecta, toda vez que el gobernador regional es elegido democráticamente por la ciudanía. En la actualidad, dicho gobernador regional tiene una tarea muy importante respecto de la organización y la planificación territorial, donde el tema ambiental debe estar presente en cualquier decisión que se deba adoptar. A su vez, es relevante que se trate de una autoridad elegida por la ciudadanía, generando una contraparte legítima en la Comisión de Evaluación Ambiental, órgano que solo estaría compuesto, en principio, por autoridades de gobierno. Por consiguiente, la decisión final de todas formas va a recaer sobre el Ejecutivo, pero al menos con una opinión de la entidad regional elegida.

A mayor abundamiento, manifestaron que, de ser efectivo lo manifestado por el contralor general de la República, debe ser resuelto mediante la dictación de una ley. Asimismo, afirmaron que no es incompatible que el gobierno regional sea consultado en forma no vinculante y tenga que emitir un informe específico sobre materias de su competencia, como sería la planificación territorial y la estrategia regional de desarrollo, con la posibilidad de votar en la Comisión de Evaluación Ambiental.

Por su parte, otros diputados manifestaron que el intendente actuaba como representante del Presidente de la Republica y, además, tenía tuición sobre los seremis que pertenecían a la Comisión de Evaluación Ambiental. De esa manera, en las actuales circunstancias, debe mantenerse el delegado presidencial en dicha comisión, atendido que será el representante del Presidente de la República en la región, y quien seguirá teniendo la tuición sobre los seremis. Por lo demás, argumentaron que el gobierno regional, que preside el gobernador regional, también se pronuncia, pero en forma previa.

Por algunos diputados, se agregó que el artículo único que pretende modificar la ley N° 19.300 aborda temáticas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, razón por la cual pidió el pronunciamiento de la Comisión sobre la admisibilidad del proyecto.

Votación general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción, y luego de recibir las explicaciones de los profesores de derecho y de los representantes de las instituciones que intervinieron y que están relacionadas con el tema, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tienen las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por mayoría de los diputados presentes (6 votos a favor y 4 en contra).

Votaron a favor los diputados Ricardo Celis (presidente), Félix González , Catalina Pérez , Gastón Saavedra , Marcela Sandoval y Daniel Verdessi .

Votaron en contra los diputados Sebastián Álvarez , Miguel Mellado , Celso Morales y Hugo Rey .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) está deslegitimado por la ciudadanía. La gente no confía en que los proyectos se evalúan considerando variables ambientales o de salud, porque lo que vemos en las regiones es que los proyectos simplemente se aprueban, aunque sea la ampliación de la central Bocamina II , una central a carbón en Coronel, o el proyecto GNL Penco , más conocido como Octopus, y luego, a veces, las cortes les quitan los permisos; se aprueban proyectos que rellenan humedales y se aprueban proyectos que dañan directamente la salud de las personas; si no lo creen, habría que preguntarle a la gente de Quintero y Puchuncaví .

Entonces, es un sistema deslegitimado, y lo está principalmente porque las decisiones no se toman con criterios técnicos, que es la hipocresía del sistema. Se evalúan técnicamente, se pronuncian organismos técnicos, pero luego la decisión es política, pues la toman los intendentes con los seremis, y aunque sean seremis de carteras técnicas, son personas designadas por el Presidente de la República, son políticos. El director del servicio de salud equis no es el que decide; el director del servicio se pronuncia, pero quién vota es el seremi.

Creada la figura del gobernador regional, lo lógico era que inmediatamente asumiera dentro de…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Disculpe, diputado, que lo interrumpa. Por favor, diputado Miguel Ángel Calisto , el ingreso a la Sala es con mascarilla. Diputado Florcita Alarcón , póngase bien la mascarilla.

Diputada María José Hoffmann , le pido que se ponga la mascarilla. Gracias y disculpe la interrupción.

Puede continuar, diputado González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, en resumen, el sistema da garantías a los empresarios, y así como la ley de pesca la redactaron las pesqueras, enviándoles correos a parlamentarios y parlamentarias, y la ley eléctrica la crearon, en su tiempo, las compañías eléctricas, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tuvieron una incidencia histórica los gremios empresariales. Es un sistema diseñado para los empresarios, y no para dar garantías a las comunidades. Además, es centralista, toda vez que los seremis, que se supone que son de las regiones, responden al Presidente de la República. En esta misma Sala han sido reconocidos los telefonazos de los ministros a los seremis, para que aprueben los proyectos.

Lo que hace este proyecto de ley -agradezco al diputado Rocafull por haberlo puesto en discusión es aportar algo de regionalismo a la evaluación ambiental. De las 13 personas que deben votar, siguen siendo 11, más el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de confianza del Presidente de la República, y es bueno que, por lo menos, haya alguien que sea electo popularmente y que responda políticamente, porque los otros no lo hacen.

Por ello, los invito a votar favorablemente esta iniciativa, porque hacia allá debemos avanzar.

Como ecologistas, presentamos un proyecto de ley para modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y esperamos que genere confianza en la ciudadanía, que proteja la salud y los ecosistemas, porque el actual no lo hace.

Reitero mi invitación a votar a favor, para tener algo de regionalismo y algo de responsabilidad política de quienes toman estas decisiones.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión sigue el camino del perfeccionamiento del proceso de descentralización que hemos venido implementado, el cual, por cierto, no ha estado exento de obstáculos, pues ha pervivido una mirada centralista, especialmente -para decirlo con claridad en este gobierno.

Buscamos poner fin a una controversia suscitada y clarificar que el rol de presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental corresponde al gobernador regional, como representante del órgano ejecutivo regional. Esto, en razón de que la normativa actual deja abierta controversias, pues señala que será el intendente o, mejor dicho, el delegado presidencial quien asuma esa importante tarea, tras la reforma constitucional que dispuso la elección popular del gobernador.

¿Por qué es importante este proyecto? Porque no es baladí que sea el gobernador quien presida la Comisión, ya que quienes somos de regiones hemos visto por décadas que las grandes decisiones siempre han respondido a una mirada centralista; es decir, si bien se toma en consideración la voz de las regiones, finalmente prima el interés foráneo.

En ese sentido, estoy convencido de que son las comunidades las que deben tener injerencia en el desarrollo. Por lo mismo, se deben potenciar y fortalecer las instituciones democráticas. En este caso, el gobernador regional se irá posicionando prontamente, a pesar de sus escasas potestades, como un elemento articulador y representativo de la comunidad, fortaleciendo los gobiernos subnacionales. Esto es algo que comparto plenamente.

Como dije, considero que deben ser las comunidades regionales las que determinen su desarrollo, su matriz productiva, el uso de sus recursos y, en el caso medioambiental, confío en que la cercanía a los territorios determinará un desarrollo que vaya de la mano con el cuidado y respeto por el medio ambiente, pues son las mismas comunidades las que resultarían afectadas por sus acciones, y no como ahora, en que una autoridad, representante del Presidente de la Republica, tiene la capacidad de incidir, presidiendo el consejo, con una visión muchas veces impuesta desde el nivel central.

Para terminar, quiero expresar que respaldo completamente el proyecto de descentralización que hemos impulsado en los últimos años y que, a pesar de los obstáculos, seguiremos profundizando. Dado el carácter centralista del actual gobierno, lo más probable es que la profundización de la descentralización quede para el próximo período, en el que avanzaremos con rentas regionales, de manera de alcanzar una mejor distribución de los recursos y potenciar la vida en las regiones. Solo así lograremos un verdadero y auténtico desarrollo armónico para las regiones y, por supuesto, con efecto directo en el país.

Por todo lo dicho, anuncio mi voto a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, creo que de los temas relevantes que nos va a corresponder asumir durante los próximos años y las próximas décadas, el tema ambiental va a ocupar, sin duda, un lugar prioritario, porque estamos al debe con nuestra institucionalidad ambiental y estamos al debe también con nuestra institucionalidad en materia de descentralización política de las regiones en la toma de decisiones que afectan directamente la vida de los ciudadanos.

El que se modifique la ley N° 19.300, en sus artículos 78 y 86, significa simplemente llenar un vacío, de manera de entender que el sucesor legal del intendente regional -que se establece en esos artículos, que hoy es una autoridad que no existe, que fue reemplazada por los delgados presidenciales es el gobernador regional. Y esto es un avance sustantivo, es el comienzo de un proceso gradual, desde mi punto de vista, que está orientado a transferir cada vez más facultades y recursos a las regiones para que tomen decisiones en el ámbito de sus propias competencias.

Este proceso gradual, que se inicia con la elección de los gobernadores regionales y que hoy continúa con la interpretación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, no ha sido fácil. Recuerdo que en los primeros debates se sostenía que la elección de los gobernadores regionales o la creación de la figura de los gobernadores regionales de alguna manera iba a afectar el carácter unitario del Estado. Esa magnitud de afirmaciones se llegó a sostener durante los debates.

Creo que también es importante que esta facultad de integrar el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente y la Comisión de Evaluación Ambiental recaiga en los gobernadores regionales, porque estamos frente a autoridades que tienen tres tipos de responsabilidades que hoy ha sido tremendamente complejo hacer efectivas. Hay una responsabilidad administrativa por parte de los gobernadores regionales, hay responsabilidad penal por parte de los gobernadores regionales, pero hay una responsabilidad que es muy valiosa en democracia: tienen responsabilidad política. Eso significa que responden ante sus electores por las decisiones que toman.

En consecuencia, no se trata de utilizar el teléfono rojo para que vote en una determinada dirección u otra, sino de que el gobernador resuelva en razón de su real saber y entender los respectivos proyectos que se ponen a conocimiento tanto del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente como de la Comisión de Evaluación Ambiental. Esto, acompañado de una exacerbación del presidencialismo como régimen político en Chile, evidentemente nos pone en un alto riesgo institucional de tomar medidas que afecten nuestros recursos naturales y la utilización del medio ambiente.

Diría que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para encontrar una ecuación que sea virtuosa entre la metodología para la adopción de decisiones vinculadas a proyectos que pudieren afectar el medio ambiente y que ello no signifique frenar las inversiones que el país necesita. Esa ecuación hoy no existe. Esa ecuación hoy simplemente no existe, porque se privilegia y se prioriza exclusivamente la inversión, incluso en detrimento, en daño, en perjuicio de nuestros recursos naturales, que son de propiedad y deben estar al servicio de todos los chilenos.

Votaré favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, no cabe duda de que el tema ambiental, como dijo el diputado Saffirio , va a ser relevante en los próximos años. Lástima que no lo haya sido hacia atrás, porque creo que habríamos evitado gran parte de la destrucción de nuestro país si hubiéramos tenido mayor conciencia.

En todo caso, creo que los procesos de evaluación de impacto ambiental en Chile están absolutamente desacreditados. Ya nadie cree en el sistema. Y no es solo que esté al servicio de los empresarios. Son mecanismos que el Estado pone al servicio de los empresarios, pero que, además, son absolutamente serviles a los intereses de los empresarios.

La idea del Servicio de Evaluación Ambiental es ver cómo hacer para que el proyecto se haga; da lo mismo si finalmente provoca daño; ojalá que provoque el menor daño posible, pero el menor posible muchas veces está matizado por las corrientes de corrupción que hay en el Servicio de Evaluación Ambiental. ¡Y las hay! Hemos tenido comisiones investigadoras, como la de HidroAysén, a la que los propios técnicos que evaluaron el proyecto fueron a declarar que los habían obligado a cambiar los informes, o que se habían cambiado y modificado los informes que ellos habían realizado.

Por lo tanto, claramente el interés por el medio ambiente no es el foco del Servicio de Evaluación Ambiental. Tampoco lo ha sido el de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), pues tampoco tiene interés en el medio ambiente y responde a intereses políticos y económicos. Además, no solo el Servicio de Evaluación Ambiental es servil a los intereses de los empresarios; también los seremis y los gobiernos son serviles a los intereses de los empresarios. Todo el sistema es servil; son esclavos y, obviamente, están mandatados por el poder económico. Lo importante es invertir, da lo mismo cuál sea el daño.

Como dijo el diputado Félix González , la hipocresía respecto de los procesos de evaluación es brutal. Tenemos el caso de Dominga, en el que efectivamente había informes que decían que el proyecto ni siquiera contaba con la información mínima para haber ingresado al sistema de evaluación ambiental. Sin embargo, de todos modos ingresó, en circunstancias de que –reitero no contaba con lo que la ley exige que tenga como información mínima y relevante para, incluso, acceder a un proceso de evaluación. Pero dio lo mismo. Ingresó igual y hoy es un proyecto que si bien fue rechazado en algún minuto, en la actualidad ha sido aprobado.

Así ocurrió con muchos otros proyectos. Este no es un tema de un gobierno. Todos los gobiernos, todos, han hecho exactamente lo mismo: han sido serviles a los intereses económicos y a eso responden.

Creo que la ventaja de un gobernador no exime del problema, pero puede haber una mayor ventaja, pues por lo menos tiene una evaluación ciudadana; es votado, tiene que responder, tiene que dar cuenta. Los seremis no tienen que dar cuenta y, por tanto, claramente hacen lo que se les ordena. El gobernador puede tener una actitud distinta en la medida en que es votado. Esto también tiene que ver con cómo los ciudadanos aprenden a votar en este país, porque a veces votan por corruptos y por vendidos a los empresarios y al sistema económico.

Solamente quiero decir que me hubiese gustado que las instancias de decisión -así lo presentamos a través de una indicación cuando se discutió la reforma al SEA sean con la participación no solo del Estado, no solo de los gobiernos, sino también de las organizaciones ambientales y de las comunidades involucradas. En la medida en que avancemos hacia eso, cuando los afectados sean los que participen en la toma de decisiones, creo que vamos a contar con instancias que volverán a ser confiables para la ciudadanía. Mientras eso no ocurra, encuentro difícil que recuperemos la confianza.

En todo caso, voy a…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, cuánta razón le encuentro a la diputada Girardi cuando dice que el sistema está funcionando mal, que el SEA se vende a las empresas y que son corruptos. Nos acordamos siempre de esas 42 termoeléctricas a carbón que aprobó la Presidenta Bachelet y que nos dejan ese amargo recuerdo de que efectivamente el sistema funciona mal. Estamos de acuerdo en eso. No queremos que eso vuelva a ocurrir. Ojalá nunca más tengamos termoeléctricas a carbón, como se aprobaron masivamente en el gobierno de Bachelet, y podamos avanzar hacia esta energía limpia que ha promovido el Presidente Piñera .

No puedo estar más de acuerdo con la intención de este proyecto, porque claramente quién no quisiera que nuestras autoridades locales, las autoridades elegidas por la gente de nuestras propias regiones, puedan ser las que definan el ordenamiento territorial y dónde deben estar las inversiones importantes que se hacen en nuestras regiones para generar empleo y para generar otras inversiones.

Pero este es uno de los tantos proyectos que son muy bien intencionados, pero que están mal hechos. Cómo no voy a estar de acuerdo, por ejemplo, con que tengamos que reevaluar la instalación de chancheras en Ñuble, que producen un daño ecológico enorme a las comunidades y al medio ambiente.

En estos días estuvimos en el sector de Paredones y Ñiquén, en donde se quiere instalar una chanchera con más de 60.000 cerdos, para criarlos en una comunidad tranquila y apartada, pero que tiene los mismos derechos que nuestros parlamentarios santiaguinos, que ven este tipo de situaciones a distancia.

El mundo del campo sufre muchísimo cuando se toman malas decisiones. A pesar de que siempre se plantea como argumento que las grandes empresas contaminantes están instaladas fuera de los sectores urbanos, de modo que tienen un impacto menor, siempre terminan por emplazarse tanto en los sectores populares como en los sectores rurales, que son los más apartados de nuestras regiones.

Si bien este proyecto está muy bien intencionado, basta con leer su informe para darse cuenta de que en el dictamen de la Contraloría General de la República N° E-118757, de 2 de julio de 2021, solicitado por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente en relación con los alcances de la reforma constitucional aprobada por la ley N° 20.990, que estableció la elección popular del gobernador regional como nueva máxima autoridad regional, se señala que serán los delegados presidenciales, no los gobernadores regionales, los encargados de presidir la Comisión de Evaluación Ambiental de cada región, según las regulaciones establecidas en el artículo 86 de la ley N° 19.300.

Por lo tanto, la propia Constitución Política de la República establece que la administración superior de cada región reside en el gobierno regional en el que se encuentra, a su vez, constituido por un gobernador regional, el órgano ejecutivo y el consejo regional, que es un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador.

La Contraloría General de la República alude también al artículo 115 bis de la Carta Fundamental, que dispone que en cada región existirá una delegación presidencial regional, a cargo de un delegado presidencial regional, que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la región, de conformidad con la ley.

La Contraloría ahonda aún más en esta materia al señalar que los gobernadores regionales electos desde que asuman tendrán las funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente, en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional. Agrega que las restantes funciones y atribuciones que las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que corresponda. Asimismo, señala que las funciones y atribuciones que las leyes entregan al gobernador se entenderán atribuidas al delegado presidencial provincial.

Por lo tanto, lo que hay es una muy buena idea y una muy buena intención, pero todavía falta mucho camino para que nuestros delegados presidenciales se definan en una tarea exacta, tal como ocurre también en el caso de los gobernadores regionales.

Debemos avanzar en dotar de más atribuciones a los gobernadores regionales, pero esta iniciativa es absolutamente insuficiente para entregarles la alta responsabilidad de definir las inversiones, liderar los estudios de impacto ambiental y determinar el ordenamiento territorial en nuestras regiones.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, este proyecto pareciera ser, a primera vista, una mera discusión de carácter orgánico e institucional; pero la moción pretende reemplazar la figura del intendente, que ya no existe en nuestra legislación, por la del gobernador regional, tanto en materia de la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental de cada región como para todos los efectos legales que se deriven de la Ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente.

Esta medida es, en sí misma, una modificación sencilla, pero sin duda su alcance es poderoso en materia de protección medioambiental y de la legitimidad democrática de los organismos que deben velar por esta tarea en el ámbito regional.

El proyecto, al modificar los artículos 78 y 86 de la ley N° 19.300, busca un objetivo dual: por una parte se enmarca en el proceso de descentralización, y, por otra, también significa ampliación de la democracia. Este año se dio un paso importante cuando la ciudadanía concurrió a las urnas para elegir a los gobernadores regionales por primera vez. Ahora no es el intendente designado por el Ejecutivo quien concentra las atribuciones en cada región, sino que existen un gobernador regional y un delegado presidencial.

Sin duda, hay vacíos que dejó la legislación, en el sentido de que la figura del gobernador quedó con escasas atribuciones frente al delegado presidencial, pero es un avance. Esperamos que se establezcan normas para dotar de mayores herramientas a los gobernadores regionales, a fin de que puedan gobernar la región en que fueron elegidos.

La decisión de que el gobernador regional sea quien reemplace al intendente en materias medioambientales es un avance en ese sentido, pues se trata de una autoridad que ha sido elegida democráticamente por los habitantes de su propia región, de manera que la ciudadanía debiera darle mayor confianza respecto de las decisiones que adopte para el cuidado del medio ambiente. Además, si la ciudadanía estimara que las decisiones del gobernador regional no son adecuadas en una materia medioambiental que ha suscitado tantos conflictos, puede incluso retirar su apoyo por la vía electoral o, en caso contrario, reelegirlo si estima que sus decisiones han ido en la dirección correcta de la protección medioambiental.

Se ha hablado bastante sobre la necesidad de descentralización en Chile, tanto por la demanda ciudadana, que en el área medioambiental es creciente, como por la necesidad de romper con lo que muchos habitantes de regiones han sentido por años, ya que todo lo importante se decide, finalmente, desde la capital.

El hecho de que los gobernadores regionales reemplacen a los antiguos intendentes en la evaluación de impacto ambiental es un avance, pues contribuye a reforzar la capacidad de decisión regional sobre el territorio y sus recursos. El rol jugado por el intendente era importante para las comunidades. Por eso, también es fundamental para una democracia efectiva que dicha actuación sea ejecutada por una autoridad dotada de legitimidad democrática, como ocurre hoy en el caso del gobernador regional.

Este pequeño paso, que hoy discutimos -existen otros cambios fundamentales que esperamos puedan avanzar en la dirección requerida, por ejemplo, respecto del cuestionamiento que ha habido por el proyecto minero Dominga , tal como lo hemos discutido-, estimamos que sí es sustantivo, porque viene a dotar, finalmente, de mayor poder a las regiones y de mayor validación a una autoridad que recién ejerce su rol, como es la del gobernador regional.

Por las razones señaladas, anunciamos nuestro voto a favor de este proyecto.

He dicho.