Labor Parlamentaria

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para eliminar restricciones etarias en materia de acceso a la educación especial, correspondiente al boletín N° 14130-35.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad se rindió en la sesión 6ª de la presente legislatura, en lunes 4 de abril de 2022.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes .

El señor CIFUENTES.-

Señor Presidente, estamos asistiendo al análisis de un proyecto de ley muy importante para el país y para un grupo de la población nacional tremendamente significativo. Sin embargo, es necesario señalar que este es un proyecto simbólico, porque no cuenta con los recursos necesarios para su aplicación e implementación.

La iniciativa trata de un derecho inexcusable para las personas con discapacidad, pero su aplicación va a generar mayores costos a los municipios y a las entidades que se hacen cargo de la educación de aquellas sobre los 26 años de edad.

Por tanto, solicito al Ejecutivo que patrocine este proyecto, calcule los costos y los asuma.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero establecer que nadie puede no estar de acuerdo con ofrecer a todos los chilenos acceso a educación especial y a todo tipo de respaldo que sea necesario para que la persona con discapacidad pueda llevar una vida plena.

Ahora, cuando uno escribe una iniciativa de ley, la buena intención no puede reemplazar a la buena ejecución. El artículo único del proyecto dice: “Las personas con discapacidad no podrán sufrir restricciones etarias en materia de acceso a la educación especial”, y eso me parece perfecto. Sin embargo, al tratarse de una disposición tan amplia, permite que se produzcan todo tipo de desórdenes, por ejemplo, que una persona con capacidades especiales postule a un establecimiento para menores de edad.

El desafío de educar a adultos con menores es subestimado -las exigencias al profesorado siguen creciendo, como si el desafío que enfrenta con niños con problemas conductuales y con planes educacionales cada vez más inflados, aunque con contenido menos útil, no fuera suficiente desafío-; la educación de mayores y menores tiene dinámicas y demandas distintas.

Entiendo que este proyecto quiere evitar que personas que requieren asistencia tengan que salir de proyectos por razones de edad. Pero así como está redactado el artículo tiene el déficit de abrir la puerta para cargar la mano al sistema educacional normal.

Nosotros precisamos crear una estructura especial para adultos con necesidades especiales, y también para adultos más allá de los 24 años de edad, sin duda, y para eso es necesario contar también con el financiamiento; no basta solo con un artículo. La inclusión no puede ser un obstáculo para la educación. Repito: la buena intención no puede reemplazar la buena ejecución.

Por ello, propongo incluir la siguiente indicación en el texto:

“Con todo, las personas mayores de edad deberán cumplir su enseñanza en establecimientos para adultos.”. Esto, para impedir cualquier tipo de confusión en la materia.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, en Chile la educación para las personas con necesidades educativas especiales tiene el límite hasta los 24 años de edad, prorrogable hasta los 26 años.

Lo anterior, sin duda, resulta discriminatorio para las personas afectadas por alguna discapacidad y que tienen más de 26 años de edad, lo cual es injusto e inaceptable, pues no hay motivo que justifique negar el derecho a la educación, especialmente a las personas en situación de discapacidad.

De aprobar este proyecto de ley, daríamos cumplimiento al precepto contenido en el artículo 24, número 2, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, acuerdo ratificado por Chile que en la letra b) de dicho artículo dispone que los Estados partes asegurarán que “Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;”.

El hecho de que nuestra Constitución Política de la República reconozca la educación como un derecho fundamental implica que se garantiza a todas las personas el que cuenten con una plataforma educativa que les permita alcanzar su pleno desarrollo.

Es necesario apoyar medidas como esta que permitan a las personas con discapacidad ser cada vez más partícipes de la sociedad, pues, sin duda, su condición no es un impedimento para ser un gran aporte a nuestro país.

Si aprobamos este proyecto estaremos asegurando mayores oportunidades a un grupo de personas que muchas veces ha sido considerado como invisible. Ampliar la cobertura educativa a estas personas les permitirá ser importantes partícipes del mercado laboral.

Les quiero contar que en Ancud, en la isla de Chiloé, existe un centro de rehabilitación administrado por el Club de Leones, que, de forma contraria a las normas que tiene la Teletón, no tiene establecido un tope de edad para que las personas puedan acceder a las atenciones correspondientes. En relación con lo anterior, todos los años, en el mes de noviembre, en dicha comuna y en la provincia de Chiloé, se realiza una minga solidaria, en la cual todos ayudamos, cuyo objetivo es que dicho centro de rehabilitación cuente con los recursos necesarios para realizar su labor. El año pasado se reunieron cerca de 93 millones de pesos en esa minga, solo en Chiloé. Es muy loable lo que hacen los voluntarios, quienes sienten que ese centro de rehabilitación les es propio, está en su terreno y es para su gente. Más de 150 personas de distintas edades reciben atención en ese centro de rehabilitación.

Votaré favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, en primer lugar, lo saludo a usted, a la Mesa y a todos los que en este minuto están siguiendo esta tan interesante y tan anhelada discusión.

Comienzo por hacer un reconocimiento a los exdiputados Sandra Amar , Nora Cuevas , Gonzalo Fuenzalida , Nicolás Noman y Gustavo Sanhueza , a las actuales diputadas Catalina del Real, Carolina Marzán y Claudia Mix , y al diputado Renzo Trisotti por presentarnos este proyecto.

Hago notar que la Cámara de Diputados, que ha sido vilipendiada en forma reiterada por la sociedad, ha hecho algo que la Convención Constitucional no hace. Hoy estamos hablando de discapacidad, hoy estamos hablando de inclusión, hoy nos estamos haciendo cargo de un sector de la población que tradicionalmente ha sido olvidado, a diferencia de lo que estamos viendo en la Convención Constitucional, en donde no se habla de discapacidad; se habla de derechos -legítimospara muchos sectores de la población, para la naturaleza, para los animales, pero no se ha pronunciado palabra alguna ni alguien ha dicho algo en relación con el mundo de la discapacidad.

Dicho lo anterior, me parece fundamental que nosotros demos la libertad, sobre todo a las familias, para que la persona afectada por una discapacidad pueda desarrollarse con la ayuda de un colegio, de una escuela o de un centro de rehabilitación, más allá de una edad determinada.

Muchos discapacitados tenemos la suerte de haber podido incluirnos en la sociedad, pero hay otros discapacitados que, lamentablemente, por su condición no pueden desarrollarse plenamente como seres humanos en esta sociedad.

Aquí no solo se busca instrucción, no solo se busca liberar un lapso a las familias para que puedan desarrollar otras actividades, sino que, por sobre todo, lo que se busca es el desarrollo de la persona que está en situación de discapacidad, de la persona que tiene que vivir día a día, levantarse y acostarse con una limitación, limitación que, por cierto, en el mundo de la discapacidad es una potencia, es una fuerza para seguir adelante.

Agradezco a esta Cámara, a la comisión y a los autores de esta iniciativa el que hoy estemos hablando de este tema, y agradezco, por cierto, el apoyo transversal que tiene el proyecto. Creo que la Cámara y nosotros, los diputados, a quienes hoy nos toca sentenciar la norma y legislar, estamos dando un paso adelante en esta materia.

Hablamos de inclusión, hablamos de respeto, pero siempre se nos queda en la “cola” el mundo de la discapacidad. Hoy, sin embargo, no está sucediendo eso en la Cámara. Muchas gracias por aquello.

Este proyecto contará con nuestro voto favorable, y, espero, con el impulso, tanto del gobierno como de la oposición, para que se pueda implementar de la mejor forma posible. Efectivamente, como dijo el diputado Bianchi , esto irrogará gastos, por lo que para que se pueda materializar se deberá pedir al Ejecutivo, al Presidente Boric , los recursos suficientes para aquello. Espero que en la próxima ley de presupuestos del sector público podamos discutir un ítem para que esto no se transforme en letra muerta, sino que sea letra viva para un sector tan importante de la sociedad.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, si bien es cierto la Constitución Política de la República garantiza la igualdad ante la ley, lo que obviamente incluye a las personas que sufren alguna discapacidad, hay un problema latente, como dijo el diputado Francisco Undurraga , en el sentido de que cuando estos chicos terminan su educación, a los 24 o 26 años de edad, algunos de ellos enfrentan dificultades tan grandes que no les permiten seguir estudiando ni pueden trabajar.

Entonces, tenemos que entender que muchos de esos chicos vuelven a sus casas, con lo que se transforman en una carga muy grande para sus padres y comienzan a vegetar en sus hogares. Lo que más piden los padres de estos jóvenes es que se pueda prolongar la estadía en esos colegios especiales, porque esos jóvenes lo que más ansían cada día es participar en las actividades que desarrollan las escuelas especiales, que, muchas veces, cuentan con muy pocos recursos.

Por eso, es importante otorgar a esas instituciones un financiamiento que sea real que les permita sostener este tipo de educación.

También quiero hablar de la inclusión en el trabajo.

Hoy existe una ley que establece un porcentaje para que las empresas reciban a personas con dificultades especiales, pero esa ley no se cumple. Es importante que haya una voluntad de parte de las empresas para recibir a jóvenes para trabajar, porque aquellos que no tienen inconvenientes graves lo van a hacer bien; sin embargo, ello no se da. Es importante que las empresas den más facilidades, cumplan la ley, lo que de ninguna manera se fiscaliza. Ese es el gran problema. Espero que aquello se cumpla como corresponde y que haya fiscalización.

Obviamente, vamos a aprobar este proyecto, pero lo más importante es que no sea letra muerta.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, en primer lugar, tengo que felicitar a quienes fueron los autores de este lindo y sensible proyecto.

Cuando uno va a terreno y trabaja con organizaciones, con colegios, escuelas especiales, ve lo difícil que es, en el día a día, llevar adelante una tarea que está llena de amor y de entrega para nuestros niños y adultos con cierta discapacidad.

Tuve la oportunidad de ser 10 años sostenedor de la educación en Vallenar, en mi calidad de alcalde, y administrar una escuela especial, la escuela Luis Alberto Iriarte . Año a año, los padres buscaban diferentes alternativas para seguir apoyando a sus hijos.

Era un tremendo dolor para la directora de ese colegio y su equipo de trabajo ver que esos alumnos ya no podían seguir adelante, niños que necesitaban y siguen necesitando una oportunidad para seguir creciendo, una oportunidad a la que muchas veces esta sociedad le ha cerrado las puertas, una oportunidad respecto de la cual han estado invisibilizados por tanto tiempo.

Creo que es un paso importantísimo permitir que esas personas sigan estudiando, pero también debemos abrir el abanico mucho más allá. Me refiero a que muchas de esas personas han salido al mundo del trabajo, muchos con éxito, pero considero que los distintos ministerios deben trabajar en conjunto.

Esos niños, niñas y adultos necesitan personas capacitadas que les hagan practicar deportes; necesitan espacio para la cultura; necesitan el Sence, un sistema de capacitación importante. Todos sabemos que en los últimos meses se han sacado cursos rapidito, para cumplir con las metas del año. Ahí hay una tremenda herramienta para que esas personas puedan capacitarse.

¡Qué lindo es cuando uno ve a una persona con cierta discapacidad en el mundo del trabajo! ¡Qué fortaleza para esa persona y su familia! Cuando se agrupan en torno de actividades deportivas o cuando se juntan en agrupaciones folclóricas, vemos que tienen capacidades.

Considero que debemos apuntar mucho más allá; creo que el Ministerio de Educación no puede estar solo, sino acompañado por el Ministerio del Deporte, por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y, lógicamente, por el Ministerio de Salud.

Aplaudo esta iniciativa. Creo que este Congreso Nacional debe estar mucho más cerca de quienes lo necesitan y de quienes merecen una tremenda oportunidad en esta sociedad.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, la verdad es que nadie puede estar en contra de este proyecto. Si llega a aprobarse -digo “si llega”, porque, claramente, necesita financiamiento-, será una muy buena ley, de esas leyes que uno valora muchísimo.

A todos nos ha tocado ver el sufrimiento de las familias que tienen hijos con capacidades diferentes, unos con mayores y otros con menores posibilidades de integración, pero todos son seres humanos con algún potencial que desarrollar. Es ahí donde debe estar el Estado, porque es justamente en esos casos en los que vemos las mayores vulnerabilidades en la familia y en las personas.

Las personas que contamos con presupuesto podemos meter a nuestros hijos en instituciones especializadas hasta que llegan a ser adultos, pero los que no tienen esa posibilidad, los que no cuentan con apoyo, sencillamente deben volver a sus casas con todo lo que eso conlleva, no solo respecto de su desarrollo, sino también en cuanto a lo que implica el desarrollo de cada uno de los miembros de la familia, especialmente las mamás, que son las que normalmente quedan a su cargo.

Claramente, hoy hemos ido cambiando el tono de la conversación. Me gusta que así sea. Reconocemos que aquí necesitamos sí o sí el patrocinio del Ejecutivo. Si no fuera así, estaríamos solo beneficiando a los que hoy están institucionalizados. ¿Cómo vamos creando una chimenea? Luego el tope ya no será los 26 años, sino los 30 años, los 40 años. Los niños que nacen con capacidades diferentes, ¿cómo entrarán a las instituciones si estas ya estarán copadas?

Tengo el ejemplo de la casa Santa Isabel , de Puente Alto, que es un colegio, por decirlo así, que se creó para recibir a niños después de cumplidos los 26 años. Allí se los alimenta, se desarrollan, hay profesores y existe toda una orgánica especial, justamente para continuar apoyándolos. Por ello, considero que a lo que debemos apuntar es a crear una nueva institucionalidad para recibir a esos niños con capacidades diferentes.

No me gusta lo que he escuchado en los pasillos. Todos reconocemos que a este proyecto le falta desarrollo. Me dicen: “Bueno, en el Senado lo van a arreglar”. Creo que debemos ser capaces de arreglarlo aquí, en nuestra comisión. Debemos sentar al gobierno y ser nosotros, no lo senadores, quienes arreglemos el proyecto. El mismo nació en la Cámara de Diputados y es aquí donde se debe robustecer, para que sea una buena política pública. No enviemos al Senado un proyecto lleno de buenas intenciones, pero que en la práctica sea inviable.

Acabo de escuchar que hay un diputado que va a presentar una indicación. Considero que deberíamos pensarlo más y presentar más indicaciones, porque debemos empezar a pensar en qué va a pasar en aquellos colegios particulares subvencionados cuando asista -pongamos un ejemplo un niño con síndrome de Down que ahora podrá ser acogido por la institucionalidad. La idea es que esa persona, que puede tener ya 30 años, siga compartiendo con adolescentes de 18 años, de 15 años y con niños de 8 años.

Aún tenemos mucho que conversar sobre este proyecto. La invitación es a la misma comisión, para que de inmediato llame al Ejecutivo y pida que lo patrocine, porque la solución es crear una nueva institucionalidad, para que se integren todos, de modo que ningún niño, niña, adolescente y adulto quede fuera. El Estado debe estar con los más vulnerables. Cuando una familia tiene un niño con capacidades diferentes, la vulnerabilidad se hace más patente desde lo emocional, lo psíquico y lo económico.

Creo que nos queda mucho por caminar para que esto sea realmente una realidad y Chile cree una institucionalidad que sea solidaria y empática.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal.

El señor LEAL .-

Señor Presidente, desde ya anuncio mi voto favorable a esta iniciativa, sin perjuicio de que, como han reiterado varios diputados y diputadas, adolece de una dificultad, cual es que esto va a irrogar un gasto fiscal. Tal vez estamos llevando adelante este proyecto de ley vulnerando nuestras facultades; sin embargo, tiene un espíritu constructivo y bueno. ¿Quién podría estar en contra de ello?

Es cierto y efectivo que muchos jóvenes que cumplen 24 o 26 años de edad requieren seguir estudiando. Esa es una carga o un problema muy grande para sus padres y toda su familia. Por tanto, es indispensable que puedan continuar adelante.

Pero, además, esto requiere un análisis más amplio, porque la gran dificultad que hoy existe es cómo hacemos para que esos jóvenes se inserten en el mundo laboral. ¿Qué políticas estamos llevando adelante en ese sentido? Es absolutamente insuficiente el hecho de que se obligue a las empresas a ingresar un porcentaje menor -1 o 2 por ciento de jóvenes con alguna situación de discapacidad. Creo que ahí estamos al debe como sociedad, como país y como mundo político. Tenemos que ser más proactivos en la legislación para fomentar el ingreso al mercado de las personas en situación de discapacidad.

Por eso, creo que es fundamental tener presente experiencias como la de mi distrito, con la escuela Arcoíris , de la comuna de Carahue, en que hay jóvenes con este problema y familias angustiadas. Por eso, vamos a votar a favor.

Pero se requiere que el Presidente de la República y el gobierno patrocinen este proyecto. De lo contrario, va a ser letra muerta. Cuando haya que financiarlo, le vamos a entregar un problema a las municipalidades, que son las sostenedoras, o a los servicios locales de educación. ¿Quién se va a hacer cargo de ese mayor gasto fiscal?

Por eso, creo que es fundamental que se pida al Ejecutivo patrocinar esta iniciativa. Por lo expuesto, aprobaré este proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Marcia Raphael .

La señora RAPHAEL (doña Marcia).-

Señor Presidente, el sueño es que todos, independiente de nuestra condición, tengamos derecho a disfrutar de nuestra sociedad de la misma manera y a acceder al transporte, a la salud y a la educación.

Sin embargo, producto de las trabas que hemos establecido desde el Estado, hemos construido una sociedad que impide que las personas en situación de discapacidad accedan a los beneficios de la misma manera. El hecho de que las personas en situación de discapacidad solo puedan estudiar hasta los 26 años de edad carece de todo sentido cuando sabemos que su proceso educativo es diverso y, por lo mismo, requieren soluciones diversas.

Este proyecto de ley, que busca eliminar la restricción de edad en materia de acceso a la educación especial, no solo da pasos agigantados hacia nuestros sueños de inclusión, sino que, además, tiene un valor particular para todos quienes vivimos de cerca esta realidad.

Yo vivo esa realidad, y créanme que un joven de más de 26 años en situación de discapacidad no es un adulto, sigue siendo un niño o un joven. En la realidad solo las familias que tienen recursos pueden asegurar que sus hijos en situación de discapacidad terminen sus estudios si es que requieren continuar su formación más allá de los 26 años. El resto de las familias están abandonadas a su suerte.

En la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, la falta de oportunidades educacionales para personas con algún tipo de discapacidad se acentúa más. Eso es a raíz de las grandes brechas que mantenemos como zona extrema.

Frente a ello, hay un grupo de personas que no puedo dejar de mencionar en esta Sala, porque levantaron el Taller Laboral Patagonia, taller ubicado en Coyhaique, que fue creado con el esfuerzo de aquellos padres que ven las nulas oportunidades de inserción que tienen sus hijos, una noble organización que, además, debe constantemente buscar su propio financiamiento para ser dotada de profesionales que puedan darle el debido funcionamiento.

Con esta futura ley pienso en ellos y en los miles de personas con capacidades diferentes que luchan día a día contra la injusticia de no contar con un proceso educativo inclusivo y adaptado a sus necesidades.

Chile nos pertenece a todos, independiente de nuestra condición. Por lo mismo, le pido a los parlamentarios y parlamentarias que apoyemos esta futura ley e impulsemos un proceso real de transformación, avanzando hacia un país verdaderamente inclusivo, donde el Estado no ponga barreras, sino que las elimine.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, en la pasada legislatura trabajamos fuertemente para visibilizar una realidad que se constató con la pandemia y que se constató mucho más por el esfuerzo que hacen muchas familias que tienen hijos e hijas, o personas a su cuidado, con discapacidad.

Sin duda que el sector educativo y la educación pública, que es la que más nos corresponde y atañe, están en deuda. El Estado negó educación a muchos niños y jóvenes en situación de discapacidad que tenían sobre los 24 años de edad. Les quitó la educación, porque no pagó la subvención.

Esa situación se la hicimos ver al gobierno con mucha fuerza. El ministro de ese entonces no dio respuestas en 2019 y 2020. Recién el último año empezó a dar respuesta y a pagar una parte de la subvención. Por tanto, muchos niños, jóvenes y adolescentes no pudieron ir a sus establecimientos, con todo lo que ello implica: el retroceso, que es la angustia que se traspasa a una persona en situación de discapacidad.

El fin de semana se realizó la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, de personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA). Créanme que el hecho de haber participado en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y hoy ser integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad hace que sienta orgullo por los padres y los integrantes de esas redes que marcharon.

Más allá de un Chile que está tremendamente polarizado, que está divido, en el que tenemos esperanza en un proceso mejor para todos, están los miles de testimonios de esos hijos y de esas madres, padres y cuidadores que claman al Estado, a este Congreso y al gobierno que hagan una ley integral en materia de discapacidad, en materia de personas con trastorno del espectro autista, que claramente necesitan una atención de parte del Estado.

En ese sentido, hoy hago un llamado a este gobierno, que ha sintonizado con los temas sociales y con el dolor de las familias, porque tenemos un proyecto que esperamos sacar adelante, el cual ha sido fuertemente impulsado por la diputada Carolina Marzán . No permitamos posponer una vez más a quienes llevan años esperando.

Tenemos una ley de inclusión que es poco efectiva. Falta fiscalización y más compromiso de las empresas, pero también del Estado, especialmente con quienes hoy sufren a diario con un Estado que los vulnera.

Aquí quiero hacer un reconocimiento a Eliset, de Yumbel, quien por años ha clamado una atención de parte del Estado, puesto que su hijo Óscar, abusado en el sistema de educación, aún hoy no obtiene justicia. Su hijo, que tiene trastorno del espectro autista, ha tenido que ser cambiado a diferentes espacios de los establecimientos educacionales.

Por ellos y por todos los proyectos que están aquí, pido que nos pongamos de acuerdo y saquemos algo integral. Esta es la posibilidad que tiene este Congreso de hacer aquello. Por lo tanto, vamos a aprobar este proyecto.

No tuvimos la voluntad del anterior gobierno para sumarse con especial dedicación, con recursos y con todo el empeño, para avanzar en esta materia. Sin embargo, tengo la esperanza de que este gobierno lo haga. Hemos ido mejorando en la institucionalidad pública para la niñez, para los derechos de los niños, pero creo que hoy podemos renovar ese esfuerzo.

Desde ya, anuncio que, como bancada, vamos a aprobar este proyecto. Esperamos que el Ejecutivo y este gobierno se sumen a los proyectos que llevamos en las respectivas comisiones.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señor Presidente, no me queda más que adherir a todos los discursos anteriores, sobre lo razonable y solidario que es apoyar, de manera contundente, un proyecto tan bueno, presentado por un grupo transversal de diputados, para quienes, por supuesto, vayan mis felicitaciones.

No obstante, sin el patrocinio del Ejecutivo este proyecto podría ser letra muerta, y no solo letra muerta, toda vez que este intento de eliminar las restricciones etarias podría significar en el futuro, sin el presupuesto adecuado, un retroceso en la ya deficiente calidad de los servicios que entregan muchas escuelas especiales a lo largo y ancho de este país.

Por lo tanto, queda en manos del actual gobierno tomar en consideración, tras la que, espero, será una contundente votación de la Cámara de Diputados, la entrega de los recursos adecuados para que este proyecto se materialice no solo en el papel, sino en lo que todos nosotros queremos: que las personas y las familias alcancen su pleno desarrollo.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de la Corfo y de otras autoridades en relación con su intervención en el proceso de licitación para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias (CEI 62).

Para la discusión de este proyecto se destinará una hora, distribuida en forma proporcional entre las bancadas.

Diputado informante es el señor Tomás Hirsch .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI 62), sesión 99ª de la legislatura 369ª, miércoles 10 de noviembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor HIRSCH (de pie).-

Señor Presidente, estimados colegas, señoras diputadas y señores diputados, en mi calidad de diputado informante de la Comisión Especial Investigadora de los actos de la Corfo y de otras autoridades en relación con su intervención en el proceso de licitación para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias, paso a informar sobre el trabajo y las conclusiones a las que ha arribado esta comisión al terminar su cometido.

La creación del Instituto de Tecnologías Limpias encuentra su origen en el contrato que la Corporación de Fomento de la Producción y la empresa SQM Salar S.A. suscribieron para el proyecto que esta última desarrolla en el salar de Atacama, comprometiéndose a aumentar la capacidad productiva de litio en las pertenencias mineras del salar, incorporando la obligación unilateral e irrevocable de SQM de efectuar aportes anuales para investigación y desarrollo, cuyo propósito fuese principalmente, entre varios otros, el estudio, investigación y desarrollo de tecnología que se centre en el uso y aplicación de energía solar, sales de litio o de las sales y productos de las pertenencias, entre otros objetivos que se plantearon.

El aporte I+D -investigación y desarrollo podría destinarse solo a aquellas entidades I+D en las cuales tuvieran representación, participación o de algún otro modo injerencia en su administración, representantes de universidades y/u órganos de la Administración del Estado.

Para llevar a cabo el cometido, Corfo licitó la conformación y operación del Instituto de Tecnologías Limpias. Al efecto, se recepcionaron las propuestas de Corporación Alta Ley, de Associated Universities INC. (AUI) y de Fundación Chile, agrupando, en la primera, a universidades chilenas, empresas privadas e institutos tecnológicos internacionales; en la segunda, a universidades estadounidenses y universidades chilenas, y, en la tercera, a empresas privadas.

Se adjudicó la licitación el consorcio de universidades estadounidenses y cuatro universidades chilenas, denominado AUI.

La decisión de Corfo -este es el punto central -no estuvo exenta de muchos cuestionamientos por parte de la comunidad científica chilena y del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, los cuales se ven reflejados en las conclusiones de esta comisión.

Para tomar conocimiento y formarse opinión, la comisión contó con la asistencia de una gran cantidad de rectores, autoridades, exgerentes de Corfo, vicepresidentes ejecutivos de Corfo, académicos y de varios otros conocedores de esta materia. Por supuesto, también se escuchó a los distintos grupos que presentaron licitaciones. Así que todos tuvieron la oportunidad de ser escuchados.

De acuerdo con las exposiciones, como de los antecedentes que se presentaron en la comisión, hemos llegado al convencimiento de la ocurrencia de determinados hechos que sirven de base para las siguientes conclusiones, de las cuales leeré las más relevantes, ya que todos y todas tienen en sus pupitres el informe completo, con una gran cantidad de conclusiones que hacen referencia a las irregularidades que se produjeron en esta licitación.

A saber: los aportes que SQM Salar realiza para el proyecto de investigación y desarrollo no responden a la buena voluntad o a la generosidad de dicha sociedad, sino más bien a obligaciones contraídas para mantener bajo su administración y dependencia la explotación de las mineras que son propiedad de Corfo.

El principal objetivo de esta licitación es cambiar parte de nuestra matriz productiva en puntos estratégicos. Para ello se requieren proyectos de investigación e innovación aplicada, como este Instituto, que en sincronía con las propias universidades nacionales realicen las investigaciones y generen conocimientos que se emplacen en las regiones del país y que queden en el país. Es decir, que haya un real traspaso de conocimiento en favor de los habitantes de las regiones mineras y de Chile.

Este es un tema relevante, puesto que el litio es parte del desarrollo futuro del país.

Al igual que Conicyt y su continuadora legal, ANID, el diseño de los procedimientos de licitación se basa en principios comunes. En primer lugar, sus objetivos apuntan a garantizar sistemas de evaluación basados en decisiones técnicas. Ello permite garantizar que se contará con un proceso de evaluación idóneo en este tipo de convocatorias. Una segunda característica es la independencia de los procesos de evaluación.

Con esos principios como ejes centrales, la organización de las convocatorias de los programas públicos se basa en la operación de dos tipos de instancias. La primera corresponde a la unidad técnica administrativa, correspondiente a un departamento, dirección o gerencia, encargada del área de las propuestas de la convocatoria, cuya responsabilidad es la organización y ejecución de todas las actividades del procedimiento de evaluación.

La segunda instancia fundamental corresponde a una instancia colegiada, cuya función principal es la selección de iniciativas o proyectos basada en los resultados de los informes finales de evaluación. Los integrantes deben ser ajenos a los procesos de evaluación y haber sido seleccionados por estas agencias para el desarrollo de estas tareas de manera recurrente, cosa que no ocurrió en el proceso de Corfo ITL.

En cuanto a la investigación que nos convoca, esta comisión tuvo a la vista los documentos de aprobación del procedimiento de etapa de solicitud de propuestas para el ITL, en que se muestran diferencias importantes con los procesos utilizados que hemos descrito. A saber:

Una primera diferencia es que Corfo introdujo una instancia nueva, denominada Comisión Evaluadora, que operó como interfaz entre la gerencia de capacidades tecnológicas, unidad técnica encargada del proceso de evaluación, y la instancia colegiada a cargo de la toma de decisiones del proceso de selección y asignación. Dicha Comisión Evaluadora no estuvo integrada por técnicos o especialistas con competencias en las áreas de las propuestas en evaluación, sino por directivos públicos, lo que constituye una anomalía total, que se aleja de los estándares internacionales en materia de evaluación y licitación.

Esa comisión no realizó interacciones con los evaluadores internacionales seleccionados y contratados por la gerencia de capacidades tecnológicas de Corfo para la evaluación de los proyectos. Muy por el contrario, la Comisión Evaluadora generó nuevos informes de evaluación alterando de manera drástica los resultados principales del proceso.

No obstante los cambios radicales introducidos por dicha comisión, ni esta ni la gerencia encargada solicitaron la realización de nuevas evaluaciones, a lo que debemos sumar la ausencia de justificaciones razonables y plasmadas en documentos oficiales que puedan explicar los cambios introducidos al procedimiento de evaluación y la conveniencia de ellos.

Otro aspecto que llamó la atención a la comisión en este proceso de evaluación fue la duplicación de roles de los directivos públicos participantes en la comisión. Ello se observa en dos situaciones: un miembro de la comisión fue el propio gerente de capacidades tecnológicas a quien le correspondió previamente la contratación de los evaluadores internacionales, mientras el coordinador de la comisión actuó además como vicepresidente ejecutivo suplente de la Corfo en el consejo de la corporación para la decisión final de este proceso. Esta falta de rigurosidad y la improvisación evidente en el proceso de licitación por parte de la Corfo refleja las faltas administrativas, criterios cambiantes y cuestionamientos que tanto las partes licitantes como esta comisión especial investigadora concluyen.

A pesar de que los evaluadores expertos internacionales sostuvieron que la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley como mandataria de las entidades agrupadas en Asdit -las universidades chilenases superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de AUI, se hace caso omiso a dicha evaluación y se modifican los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la primera y se aumentan las obtenidas por la segunda por parte del comité evaluador nacional.

Este punto es de vital importancia, ya que supone una modificación antojadiza y que no respeta criterio técnico alguno, denostando la experticia del proceso evaluativo de los competentes internacionales y aplicando criterios que se acercan más al plano político que técnico, dado que no se dieron razones suficientes por parte de la Corfo sobre el cambio de la evaluación. Así, la actuación que sostuvo dicho comité nacional solo viene a restar mérito al proceso en general, ya que no se les da la importancia a los evaluadores internacionales que tienen completa independencia a los consorcios licitantes.

Esta comisión concluyó que los estándares que se deben seguir son los internacionales, toda vez que estos representan una mirada alejada de las mezquindades propias de la política contingente y que conflictúa constantemente entre los intereses personales y los principios del fin público que debe guiar el actuar de las autoridades.

Junto a lo anterior, se percibe que la Corfo comete un error no subsanado al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (Asdit) en cuanto al financiamiento del proyecto, aminorando el aporte del consorcio chileno en 37 millones de dólares, cuando en realidad este ascendía a la suma de 84 millones de dólares. Este error es informado a la Comisión Evaluadora Nacional, pero no es tomado en cuenta.

A esta comisión especial investigadora le parecen sumamente graves las acusaciones de intervención que pesan sobre el exvicepresidente ejecutivo de la Corfo, don Pablo Terrazas , en razón de las intervenciones que realizó en las sesiones del Consejo de Ministros de la Corfo, teniendo una inhabilidad clara, que él mismo expresa, por ser parte del directorio de Alta Ley. Además, es director de la Fundación Chile, entidad que fue la tercera participante, información que omitió a la comisión.

Esto podría suponer que en su actuar, estando inhabilitado al pertenecer al directorio de una de las partes del consorcio Asdit , habría favorecido a la propuesta de las universidades chilenas, pero como se mencionó en las sesiones de la comisión especial investigadora y se plasma en los documentos que se han hecho llegar, las actuaciones del señor vicepresidente ejecutivo fueron tendientes a limitar los recursos de la propuesta y entregar información falsa a los ministros y subsecretarios que conforman el Consejo de Ministros.

La participación del señor Terrazas en la sesión N° 497 del Consejo de Ministros de la Corfo, celebrada en octubre de 2020, la cual tenía como fin la modificación de la cláusula N° 15 del contrato entre la Corfo y Soquimich referida a los recursos que serían destinados a la licitación que llevaba la institución adelante, fue tendiente en sugerir a los demás consejeros el traspaso de 50 millones de dólares a proyectos de investigación científica temprana, que no formaban parte de este acuerdo, y explica a las distintas consultas que se le hacen que eso no perjudicará a las propuestas de los licitantes.

Esto, que parece un tecnicismo, es de especial interés para la comisión investigadora, toda vez que la propuesta en principio ganadora, AUI, se adjudica 143 millones de dólares, cifra exacta postulada a licitación por este consorcio de universidades extranjeras, mientras que la del consorcio de universidades nacionales, Asdit , fue por el total del monto a licitar, 193 millones de dólares, tal como era la disponibilidad de recursos ofrecida en la convocatoria y establecida en el contrato con Soquimich como aporte de I+D para el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL). La relevancia de esto no solo radica en que fue para modificar el monto a licitar, sino que esta sesión se celebra teniendo desde hace meses la evaluación de los expertos internacionales, y ya se había celebrado la sesión en que el Comité Evaluador Nacional modifica los puntajes obtenidos y termina favoreciendo la opción de AUI -es decir, modificando lo que habían dicho los evaluadores internacionales independientes.

Junto a lo anterior, es menester agregar que las explicaciones al conflicto de intereses que pesa sobre el señor Pablo Terrazas y del señor Felipe Commentz no fueron despejadas durante el transcurso de la investigación de la comisión, ya que, a pesar de las solicitudes de aclaración, no se contestó directamente respecto del fondo del asunto, como tampoco se explicó de manera satisfactoria para las y los diputados que integramos esta instancia la forma en que se notificó la modificación del contrato, especialmente de su cláusula N° 15, a las partes concursantes, lo cual es centro gravitante sobre las propuestas hechas, al ajustarse de manera sospechosa una vez determinado el monto a utilizar por parte del Ministerio de Energía, mediante una convocatoria distinta y especial a través de la misma Corfo.

Así las cosas, la comisión no puede sino concluir, y lo ha hecho de modo unánime, que ha existido una acción concertada por parte de la institucionalidad y, en particular, relativo a la participación y actuación del señor Terrazas , que se han cometido, al menos, faltas al principio de probidad que rige la actuación de los actos de los organismos públicos, entre los que también se encuentran las empresas que reciben, aunque sea parcialmente, financiamiento estatal.

Es más, bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que ha resultado ser clave para la adjudicación del proyecto, lo que a nuestro juicio merece ser investigado en profundidad, tanto por el Ministerio Público como también por parte de la administración. Por ello, esta comisión derivará los antecedentes que posee a las autoridades con competencia en la materia para la determinación de responsabilidades penales y administrativas que fueran procedentes.

Esta comisión, a pesar de solicitar información a distintos actores, especialmente a la Corfo, mediante oficios debidamente tramitados, no tuvo respuesta alguna a ellos, siendo en una sola oportunidad respondida de manera deficitaria y poco concreta, entregando expedientes no singularizados, con los cuales no se pudo establecer ninguna de las alegaciones que sostiene la entidad estatal Corfo .

Esto se suma a la mala disposición que han tenido sus autoridades al momento de tratar las temáticas mandatadas en las sesiones, solo ayudando a fortalecer la convicción de esta comisión sobre las irregularidades que se llevaron adelante en el proceso licitatorio, la falta de pulcritud y seriedad que imperaron en este mencionado proceso, y el claro interés político que existe hoy en la adjudicación a AUI.

El tema, sin duda, no es menor, porque estamos hablando de la licitación más grande en la historia de Chile para recursos que van a ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. Más de 190 millones de dólares, originalmente.

Por último, cabe señalar que las conclusiones y propuestas fueron aprobadas por la comisión en forma unánime, por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Votaron a favor la entonces diputada y actual ministra de Minería, señora Marcela Hernando , y los diputados señores Rubén Moraga , Camilo Morán , Luis Rocafull , Leonidas Romero , Gabriel Silber , Jaime Tohá y quien habla, Tomás Hirsch .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

En discusión el informe. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Luis Alberto Cuello .

El señor CUELLO.-

Señor Presidente, el informe es contundente y claro respecto de las anomalías detectadas bajo la administración de Sebastián Piñera. Hay suficientes elementos para concluir que la adjudicación del proyecto Centro de Tecnologías Limpias a un consorcio de universidades privadas chilenas y extranjeras estuvo mediada por omisiones y acciones que ponen en gris el proceso de adjudicación.

Al revisar el informe se concluye que una cosa es clara: aquí nadie puede afirmar que este proceso estuvo exento de sombras, como las modificaciones intempestivas a las bases de licitación, el cambio en la cláusula en uno de los contratos entre Corfo y SQM Salar, que era una pieza clave.

A esto se agregan elementos que permiten sospechar eventuales conflictos de interés no declarados por parte de algunos miembros de la comisión encargada de evaluar las postulaciones.

En el contexto de la crisis climática y los vaivenes de los combustibles, un proyecto de estas características debe ser tomado como una tarea estratégica para el Estado Chile. Por eso, extraño el papel de las universidades públicas en este proceso y, sobre todo, la falta de seriedad, transparencia y probidad.

Nadie cuestiona la capacidad de este consorcio de universidades, pero la adjudicación debe realizarse nuevamente, buscando siempre la mejor propuesta, que asegure potenciar el desarrollo regional y nacional mediante la generación de energía solar, minería sustentable y tecnologías avanzadas de litio e hidrógeno verde.

El camino hacia energías limpias debe ser mediante mecanismos de adjudicación igualmente limpios, en donde las reglas del juego estén claras y, al menos, se incentive la asociación público-privada y lo regional en la gestión e implementación del conocimiento, la innovación y la tecnología para una misión tan transcendental como es buscar fuentes alternativas que permitan asegurar la sostenibilidad del territorio y del planeta.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, si bien he rendido recién el informe de esta comisión especial investigadora, quiero dar una mirada sobre la experiencia que adquirimos en esta materia.

Cuando pensamos en el futuro de Chile y pensamos en un país desarrollado que pueda dar calidad de vida digna a sus habitantes, pensamos en un país con economía verde, aprovechando los recursos naturales que tenemos de forma sustentable y que genere valor agregado. Ese gran anhelo estaba a la vuelta de la esquina hace unos años, cuando se logró, a través de la licitación de una parte del litio que tenemos, que la empresa adjudicadora cediera más de 190 millones de dólares para la creación del ITL, que iba a revolucionar la manera en que extraemos las sales y las piedras de nuestro desierto y de nuestra cordillera y se transformen en tecnologías que aporten a frenar el calentamiento global.

Ese sueño quedó trunco por la mezquindad, por las malas prácticas que hubo en la Corfo, institución que debería funcionar como el principal brazo del Estado para el desarrollo de todas y de todos y no de unos pocos que se verían beneficiados con ese proceso oscuro de licitación que pudimos conocer en el desarrollo de esta comisión investigadora, que me tocó presidir.

La historia del detalle la expuse recién en el informe, pero creo que hay un par de asuntos que deben ser especialmente mirados para entender la magnitud del mismo. El primero de ellos es que, del comité evaluador de las propuestas llegadas, fueron reemplazados algunos de sus miembros por suplentes, los cuales no tenían ninguna expertise en la materia, haciendo valer sus apreciaciones personales, no expertas, por sobre las de evaluadores internacionales que elaborando informes, cada uno de ellos, habían justificado que la propuesta de las universidades chilenas, representada por Alta Ley, era la mejor en todos los campos.

Esto es bien importante, ya que imagínense qué imagen damos como país si pedimos evaluaciones expertas, del más alto nivel y prestigio internacional y luego estas se cambian por apreciaciones personales que favorecen a nuestros amigos de algunas universidades. Esto es muy grave, pues estamos hablando de un monto gigantesco y de una cuestión estratégica para el futuro de Chile.

Desde ese punto de vista, no podemos dejar el destino nuestra industria verde minera en manos del amiguismo o de la visión de corto plazo, que lamentablemente tuvieron las autoridades de Corfo en el gobierno anterior.

Cabe mencionar que se pidió explicaciones al exvicepresidente ejecutivo de la Corfo y este nunca contestó la interrogante, al menos el último, pues ejecutivos anteriores sí respondieron.

Sumado a lo anterior, cada uno de los rectores invitados señaló que al momento de modificar parte de las bases de licitación, estas no fueron notificadas al consorcio de universidades chilenas, lo que fue en directo perjuicio de la propuesta. Por ejemplo, se bajaron los montos de la licitación sin informarles, quedando sorpresivamente el consorcio de las universidades extranjeras y privadas chilenas en el límite, mientras que las universidades chilenas quedaron sobre el umbral de licitación, sin haber sido informadas, sin saberlo. Claro que es sorprendente y quedaron con una nota menor.

Desgraciadamente, esta exposición es breve y no va a poder abordar otros puntos relevantes, como la negativa de la Corfo de entregar la propuesta de licitación de las universidades extranjeras, que se le pidió en reiteradas oportunidades, o que no haya habido inhabilitación del exvicepresidente de la Corfo en la votación final, cuando este ya había declarado su imposibilidad de votar por ser parte de Alta Ley, lo cual es insólito, votando cuando le convenía a sus intereses y no en todas las votaciones, como debería haber sido.

Invito a todas las diputadas y diputados a aprobar este informe, ojalá por unanimidad, tal como sucedió en la comisión, con diputadas y diputados de distintos sectores políticos, para que en conjunto realmente contribuyamos a que la Corfo sea una mejor institución y a que este tipo de licitaciones en el futuro contribuya al bienestar de la población del país, más allá de cualquier color político, por el valor estratégico que tiene el litio en el desarrollo de la investigación, de la ciencia, de las tecnologías limpias en nuestro país.

Esa va a ser una clara señal de que no permitiremos jamás actos de corrupción dentro de los organismos públicos y que deberemos hacer primar el interés superior del país por sobre cualquier negociado personal que alguna autoridad haya ejercido o quiera ejercer a futuro.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al diputado Tomás Hirsch por la claridad con que ha expuesto este informe.

En segundo término, solicito a esta Cámara la aprobación del mismo, toda vez que se trata de una materia muy sensible para el desarrollo de nuestro país, pero fundamentalmente para la gente que vivimos en el Norte Grande, donde está buena parte de los salares.

También quiero hacer presente que, en materia de la importancia del litio, siempre es bueno tener una buena aproximación desde el punto de vista de lo que significa para las comunidades, sobre todo atacameñas o licanantay, respecto de lo que ocurre en el territorio.

Efectivamente, lo que para algunos puede ser una buena noticia en materia de desarrollo, ingresos, recursos y recaudación fiscal termina siendo, para las comunidades atacameñas, la destrucción de su patrimonio cultural, así como un grave deterioro para lo que hoy día son los ecosistemas que existen en los salares. Naturalmente, se han ido desarrollando investigaciones que dan cuenta de la importancia de la biodiversidad que habita en aquellos lugares.

Por lo tanto, quiero llamar la atención de las señoras diputadas y de los señores diputados respecto de que, como alternativa el litio, tenemos el desarrollo del hidrógeno verde, que debiera ser una buena respuesta en términos de desarrollo, de contribución a eliminar los gases con efecto invernadero en el planeta, pero, además, es más amigable con lo que significa el desarrollo de los territorios.

Comprendo que desde Santiago se vea el litio como la solución a la recaudación fiscal, pero hay que tener en consideración la importancia de los ecosistemas que ahí se desarrollan.

Produce indignación saber que una oportunidad histórica para nuestro país nuevamente se transformó en un negocio para algunos. Quiero valorar especialmente a la gente de derecha que participó en la comisión investigadora, porque no obstante apoyar al gobierno de turno, han tenido la valentía de reconocer que aquí las cosas están mal hechas.

Ahora bien, llama profundamente la atención la conclusión 7, en que se solicita remitir al Ministerio Público copia íntegra del informe, de sus actas de sesiones y de toda la documentación, para efectos de vean la existencia de presuntos delitos.

Entonces, derechamente quiero felicitar a quienes ya no son parlamentarios y a quienes están en esta Sala por haber tenido por delante el bien del país.

En mérito del contenido del informe y, como señalara el colega Tomás Hirsch , la contundencia del mismo permite que las actuales autoridades puedan tomar los recursos legales, básicamente la posibilidad de invalidar administrativamente, establecido en la ley de procedimientos administrativos, que habilita a la actual administración para dejar sin efecto esta licitación, lo que permitirá tomar a tiempo los resguardos y recaudos necesarios para cuidar esta riqueza que puede ser fundamental en el desarrollo de nuestro país.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados, correspondiente al boletín N° 12982-04.

Para la discusión de esta iniciativa, se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Hugo Rey .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 112ª de la legislatura 368ª, en jueves 3 de diciembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 130 de la legislatura 369ª, en jueves 3 de marzo de 2022. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Hugo Rey , rendirá el informe la diputada Érika Olivera .

Tiene la palabra, señora diputada.

La señora OLIVERA, doña Érika (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, me corresponde informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de la senadora Carolina Goic y de los senadores José García, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre y Jaime Quintana , sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados, correspondiente al boletín N° 12982-04.

I. Constancias reglamentarias

1) Idea matriz o fundamental

La idea matriz de la iniciativa consiste en establecer normas que garanticen la inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales de carácter permanente en recintos educacionales particulares pagados, disponiendo la obligación de implementar programas de integración escolar, creando cupos reservados y prioritarios en los distintos cursos y prohibiendo el cobro de matrículas o un aranceles superiores al que se cobra al promedio de los estudiantes.

2) Normas de quorum especial

Los numerales 1), 2), 3) y 4) del artículo único contienen normas de carácter orgánico constitucional, por referirse a las materias que señala el párrafo quinto del N° 11° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda

El artículo único del proyecto de ley aprobado por la comisión no requirió ser conocido por la Comisión de Hacienda.

4) Aprobación general del proyecto de ley

El proyecto se aprobó en general y en particular por unanimidad.

Votaron a favor los diputados Luis Pardo , Hugo Rey , Camila Rojas , Leonidas Romero , Juan Santana , Camila Vallejo y Mario Venegas .

II. Fundamentos del proyecto

Los autores de la iniciativa sostienen que el acceso a la educación de las personas con discapacidad resulta fundamental para resguardar el pleno desarrollo de ellas.

En ese sentido, señalan que la ley N° 20.422 dispone en su artículo 34 que el Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado, excluyendo a los colegios particulares pagados, respecto de los cuales no se determinan obligaciones expresas destinadas a garantizar el acceso de personas con discapacidad a dichas instituciones.

En la misma línea, la ley N° 20.845 estableció un sistema de admisión escolar de carácter inclusivo solo para los establecimientos que reciben aportes del Estado, permitiendo a las escuelas implementar procedimientos especiales para priorizar a tales alumnos, por lo que los establecimientos educacionales particulares pagados no serían sujetos obligados.

Mencionan que, como consecuencia de las omisiones mencionadas, existen casos en que colegios particulares pagados han excluido de sus proyectos educativos a niños, niñas y adolescentes en razón de su discapacidad, razón por la cual se han judicializado por medio de la interposición de acciones de no discriminación arbitraria, siendo sancionadas tales conductas en algunos de ellos.

Sin embargo, añaden, la jurisprudencia no ha sido unánime al respecto y en algunos casos se ha estimado que, a falta de ley que exija a los colegios particulares pagados adecuar sus proyectos educacionales a las necesidades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, los colegios en cuestión han actuado en legítimo ejercicio de sus derechos, a pesar de no considerar a tales alumnos en sus procesos de admisión y matrícula.

La exclusión de estudiantes con discapacidad de los proyectos educativos de ciertos colegios particulares pagados no solo implica una afectación a su derecho a la no discriminación, sino que también trae consigo una vulneración al artículo 19, N° 10°, de la Constitución Política de la República, que dispone el deber del Estado de garantizar el derecho a la educación; al inciso cuarto del numeral 11° del artículo 19, que consagra el derecho de los padres de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, y al inciso tercero del numeral 10° del mismo artículo, que consagra el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos.

En tal sentido, el proyecto considera que es la ley la que debe imponer a los establecimientos educacionales privados las limitaciones que estime justificadas para que el ejercicio del derecho a elegir establecimiento educacional no resulte ilusorio.

III. Aprobación del proyecto en el Senado

En el Senado, la iniciativa fue conocida por la Comisión de Educación y Cultura, y fue aprobada por unanimidad en general y en particular, tanto en la referida instancia como en la Sala.

El proyecto aprobado por el Senado plantea un artículo único, con cuatro numerales, que modifica la Ley General de Educación, estableciendo la obligación para los recintos educacionales particulares pagados de contar con programas de inclusión escolar para estudiantes con necesidades educativas especiales; la creación de cupos prioritarios para esos estudiantes; la priorización de los hermanos de los alumnos matriculados; nuevas exigencias para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales particulares pagados y la prohibición de cobrar aranceles o matrículas diferenciadas a causa de las necesidades educativas especiales.

A su vez, el proyecto en informe cuenta con cuatro artículos transitorios, que establecen que la entrada en vigencia de la ley será a partir del proceso de admisión del año siguiente al de su publicación; una aplicación progresiva de las normas de cupos prioritarios, y una aplicación diferida de la norma relativa a los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales.

IV. Tramitación en la comisión

Durante la tramitación del proyecto, la comisión recibió la opinión de la senadora Carolina Goic , quien explicó que, en virtud de ciertos casos concretos, detectaron que niños, niñas y adolescentes que tienen necesidades educativas especiales sufren un cobro adicional en los establecimientos educacionales pagados, tanto en su matrícula como en su mensualidad e, incluso, en algunos casos se exigen requisitos adicionales, como el acompañamiento del estudiante por una persona, entre otros, cuestión que implica una discriminación.

Agregó que la iniciativa fue mejorada durante la discusión y que contó con el apoyo transversal y unánime del Senado, e incluso con el del Ministerio de Educación.

Señaló que el proyecto busca que todos los establecimientos educacionales cuenten con un programa de integración que permita la creación de las condiciones para que un niño, niña o adolescente con discapacidad pueda participar en el proceso escolar sin que ello signifique una carga mayor para estos estudiantes.

Además, se busca priorizar a los hermanos de alumnos matriculados, dado que en ciertos casos se acepta a uno de aquellos y se rechaza la admisión de quien tiene discapacidad. Con ello se busca una aceptación de la familia, considerando que es ella la que forma parte del proyecto educativo.

Explicó que se estableció un calendario progresivo transitorio de implementación de tres años para la creación de cupos prioritarios, siendo obligatoria en el primer año la creación de un cupo reservado por nivel; luego, al segundo año, de un cupo reservado por curso y, finalmente, al tercer año, la aplicación de la normativa legal en su totalidad.

Añadió que en el proyecto se establece que no se puede cobrar una matrícula o arancel diferenciado a causa de las necesidades educativas especiales, lo que se condice con el concepto de integración en un establecimiento educacional. Además, explicó que se trata de niños, niñas y adolescentes que no solo pueden integrarse el día de hoy en perfectas condiciones, sino que, además, son un gran aporte en la experiencia educativa de los demás compañeros de curso.

En la comisión hubo pleno acuerdo respecto de esta iniciativa y no se presentaron indicaciones, por lo que se aprobó en los mismos términos en que lo hizo el Senado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, los principios que inspiran este proyecto apuntan en la dirección correcta, ya que tanto la inclusión en el ámbito académico como el acceso universal a la educación son materias fundamentales para nuestro ordenamiento jurídico, lo cual queda de manifiesto en la Constitución vigente y en diversos tratados sobre derechos humanos vigentes y ratificados por Chile.

Resulta indispensable avanzar en políticas de inclusión educacional especial que tengan presentes las necesidades especiales de niños, niñas y adolescentes y que se adecuen a las mismas, de manera tal que se les brinde la mejor calidad de educación posible.

Existen normas en este proyecto que sí apuntan en dicha dirección, como los números 1 y 4, referidos a la obligación de los establecimientos particulares de contar con planes y programas de inclusión; a la prohibición de cancelar la matrícula, suspender o expulsar a alumnos por presentar necesidades educativas especiales y a la preferencia de los estudiantes para acceder a una matrícula en un colegio donde ya están insertos sus hermanos.

A mi juicio, la forma en que el proyecto considera algunos aspectos puede originar problemas en la aplicación de la ley. En el proyecto se regulan los cupos especiales desde primer año básico, lo que puede originar una colisión si los estudiantes con necesidades educativas especiales no encuentran cupos en primer año básico, porque la matrícula del colegio ya está cubierta con los alumnos provenientes de los niveles de transición, prekínder y kínder, quienes tienen preferencia para conservar su matrícula, por lo que lo correcto entonces sería implementar esta política desde el primer nivel de transición, es decir, desde prekínder.

El proyecto habla de cupos, en este caso, de dos cupos, guarismo que puede ser adecuado o no, dependiendo del caso. Hay establecimientos para los que dos cupos pueden ser demasiados y otros para los que pueden ser muy pocos.

Los desafíos del proyecto de ley son incorporar a los niveles de transición, prekínder y kínder, y determinar los cupos de los establecimientos educacionales destinados a niños con necesidades educativas especiales en función de porcentaje y no de cupos limitados.

Recomendamos votar a favor este proyecto, porque es una necesidad imperiosa para el desarrollo de todos los jóvenes en nuestro país.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, en temas de educación es clave aspirar a un sistema público, laico, gratuito y de calidad, donde el Estado garantice la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultes, sin ningún tipo de discriminación, con un enfoque de derechos, siendo este un interés preponderante, dando igual protección a todos y todas en integración inclusiva.

Valoramos el esfuerzo de imponer por vía de la ley criterios de justicia y no discriminación para padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales que asisten a establecimientos educacionales particulares pagados.

Es importante destacar estas medidas, porque, además, están en concordancia con lo que queremos proponer para este nuevo Chile: la inclusión escolar.

Todas y todos somos diferentes. El sistema escolar ha avanzado en materia de inclusión educativa, pero aún quedan muchos desafíos para lograr ambientes educativos diversos, inclusivos, estimulantes y libres de discriminación, que protejan y den garantía a las trayectorias educativas de todos y todas. Es un deber prioritario del Estado garantizar la protección de todas las personas en igualdad de derechos.

Ayer y hoy discutimos el proyecto de ley que elimina toda restricción etaria a personas en situación de discapacidad para poder educarse. Este deber comprende además garantizar que estos derechos sean observados en todo el territorio nacional, y, en este caso, por tratarse de derechos humanos, particularmente derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, tienen además una fuerza supranacional, respaldada por diversos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

En virtud de lo expuesto, muy a gusto votaré a favor el presente proyecto, pues establece criterios que implican que los establecimientos particulares pagados eviten discriminar mediante la exclusión y/o cobro adicional a los apoderados y apoderadas de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Cito a reunión de Comités a las 12:00 horas, sin suspensión de Sala.

Tiene la palabra el diputado Gonzalo de la Carrera.

El señor DE LA CARRERA.-

Señor Presidente, en los últimos tiempos se ha incurrido en un uso indiscriminado de las palabras “igualdad” y “reivindicación de derechos”, lo cual no tiene nada de malo si entendemos que la verdadera igualdad y la verdadera reivindicación de derechos comienzan cuando se protege a aquellos que no se pueden defender por sí mismos.

El presente proyecto viene a garantizar de una manera más plena y más justa la educación de niños y niñas que se encuentran en situación de discapacidad. Por lo tanto, adelanto mi apoyo al proyecto, para que todos los establecimientos educacionales otorguen una merecida cabida a todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar si sufren o no una situación de discapacidad.

Finalmente, en esta sesión, dedicada en gran parte a la educación y a la inclusión, quiero recordar que fue justamente en un establecimiento educacional donde hace 31 años un gran profesor y ser humano, el senador Jaime Guzmán , fue asesinado a sangre fría por grupos de extrema izquierda, y aún, 31 años después, no encuentra justicia.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Señor diputado, si bien sé que siempre es importante hacer planteamientos personales, solicito a usted y a todos, en lo posible, referirse a los proyectos que están en discusión.

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señor Presidente, en relación con el proyecto en estudio, no podemos olvidar y debemos tener presente a todos los padres y las madres de niños, niñas y adolescentes que requieren una educación especial de acuerdo a sus necesidades.

Tampoco están ajenos a esta situación aquellos padres y madres que cuentan con los recursos necesarios para elegir un establecimiento particular pagado, porque en la mayoría de los casos no admiten a sus hijos, ya que no cuentan con las adecuaciones curriculares ni con la infraestructura necesaria para recibirlos y recibirlas.

Frente a estas limitantes, he conocido testimonios de amor, lucha y valentía, como, por ejemplo, el del papá y de la mamá de Amanda, una niña con trastorno del espectro autista (TEA), ahora adolescente, que inició su vida escolar en un establecimiento particular pagado, el que, lamentablemente, tuvo que dejar por no sentirse incluida, cómoda y feliz.

Ante esa situación, sus padres tomaron la decisión de buscar un colegio especial, pero a poco andar el establecimiento que encontraron comenzó a tener problemas de funcionamiento, lo cual los llevó nuevamente a buscar otro establecimiento, esta vez sin éxito.

Frente a esto, como dije, el amor, la fuerza y la valentía llevaron a sus padres a crear un colegio, para que tanto Amanda como otros niños, niñas y adolescentes cuenten con una educación inclusiva, que los haga felices y los prepare para enfrentar el futuro.

Por ello, agradezco y valoro la iniciativa de las colegas diputadas y los colegas diputados que presentaron este proyecto que aprobaré y apoyaré.

Claramente, gracias a esta nueva ley, los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales tendrán garantizados los cupos y la adecuación curricular en las materias que estudian. Sin embargo, tan importante como esto es la necesidad de concientizar a toda la comunidad educacional para que tanto mi sobrina Amanda como otros niños, niñas y adolescentes sean felices y se realicen en su vida.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señor Presidente, en lo particular, tengo la oportunidad de conocer muy de cerca el trabajo que se realiza en educación, sobre todo en lo que respecta a la integración de necesidades educativas especiales, por lo que creo que este proyecto es sumamente importante, ya que la educación en establecimientos particulares pagados debe ser emparejada tanto en materia de ley como en materia de herramientas. Por lo anterior, estamos solicitando que el Ejecutivo pueda complementar el proyecto con el apoyo necesario para su correcta y digámoslo claro real implementación.

Necesitamos emparejar la cancha en lo que concierne a integración educativa para obtener mayores oportunidades y cumplir obligaciones, sobre todo respecto de aquellos que muchas veces tienen que enfrentar la vida de una manera dura, con grandes desafíos en su diario vivir. Si a esto también le sumamos las diferencias injustas y contrarias al modelo de sociedad que queremos, les estamos haciendo la vida aún más difícil.

Cuando la educación es un derecho, es impensable que en un colegio pagado un estudiante tenga que pagar más que los demás solo por tener necesidades educativas especiales. Pensemos en el caso más simple: un estudiante que lleva años en su colegio, que tiene un accidente y que ahora tiene necesidades educativas especiales, ¿debe empezar a pagar más porque el colegio no cuenta con las condiciones necesarias para recibirlos? Es deber del Estado, en conjunto con el colegio, aunque sea privado, brindar todo el apoyo a los estudiantes que requieran ayuda para desenvolverse con mayor facilidad y desarrollarse plenamente en su educación.

Otro ejemplo. Si un estudiante con necesidades educativas especiales quiere ingresar a un colegio privado y su familia puede acceder a este, ¿por qué debería pagar más o ser rechazado? Estas son las diferencias que aún combatimos como sociedad chilena.

El derecho a la educación y el apoyo para acceder a ella debe ser responsabilidad de todos como sociedad: del Estado, de los colegios particulares y de los ciudadanos. Todo lo que podamos hacer en favor de que las personas que están entre nosotros en situación de discapacidad puedan desarrollarse plenamente es nuestra responsabilidad y constituye una deuda pendiente. No es un favor, ya que esas personas enriquecen nuestro país, nuestra sociedad, e, incluso, el colegio que las recibe e integra, dado que toda la comunidad educativa se ve positivamente impactada por el testimonio de vida, la perseverancia, el esfuerzo y la entrega de los niños en situación de discapacidad y sus familias.

Finalizo haciendo énfasis en los trastornos del espectro autista y en otras enfermedades que también tienen que ver con esta problemática y requieren atención.

Aún nos queda mucho por recorrer en materia de inclusión respecto de quienes tienen necesidades educativas especiales por situaciones de discapacidad, pero vamos avanzando y eso es importante.

Anuncio que votaré a favor este proyecto de ley, y hago un llamado a apoyarlo.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en primer lugar, felicito a los autores de esta iniciativa, pues creo que recoge el sentir y la necesidad de cientos de familias que no tenían la posibilidad de acceder al Programa de Integración Escolar en los colegios particulares pagados.

Luego de aprobado el proyecto va a dejar de existir esta zona gris, donde solo los colegios municipales o públicos tienen la obligación de brindar acceso al Programa de Integración Escolar. Lamentablemente, esa zona gris era resuelta, prácticamente, solo por la jurisprudencia, la cual incluso no era uniforme.

Quiero recordar un fallo del año 2018, de la Corte Suprema, referido a un colegio particular pagado de la comuna de Puerto Varas. En su parte resolutiva el fallo señala: “…que a la luz de los antecedentes acompañados en autos indicarían que (…) no ha alcanzado un nivel de autonomía, control y lenguaje suficientes para aprobar los requerimientos propios del nivel, o más bien se debe a la decisión de no extender el programa de integración más allá del kínder, por cuanto la demandada ha argumentado en su defensa (…) que los demandantes siempre supieron que dicho plan era sólo hasta ese nivel, así como por el hecho que les hubiere comunicado que en forma excepcional permitiría la permanencia del niño por un año más en kínder,.”.

En simples palabras, colegas, el menor no pudo seguir en el colegio elegido por sus padres, porque dicho establecimiento no tenía ningún interés en extender el programa de educación especial en niveles superiores.

Por tanto, señor Presidente, lo resuelto por la Corte Suprema en forma específica el año 2018 viene a ser solucionado con la aprobación de este proyecto.

Como concejal de la comuna de Puerto Montt fui testigo de cómo niños, niñas y adolescentes eran rechazados de colegios privados y pagados, donde -digámoslo con todas sus letras eran profundamente discriminados, por lo que era la educación pública y municipal la que debía hacerse cargo de ellos. En buena hora que esta iniciativa sea aprobada.

Quiero hacer una pregunta: ¿hasta cuándo seguiremos con el sistema de cupos? ¿Acaso hay cupos para niños o niñas en los colegios? ¿Hay cupos para estudiantes trans? ¿Hay cupos para extranjeros? Creo que el sistema de cupos debe terminar para las personas con capacidades intelectuales diferentes o distintas, en lo público y en lo privado.

Si realmente queremos garantizar el derecho de los padres a elegir el establecimiento donde quieren educar a sus hijos, debemos cambiar el sistema de cupos, terminar con ese vocablo y establecer un verdadero sistema de acceso universal.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en estudio tiene por objeto establecer el deber de los establecimientos educacionales particulares pagados de implementar programas de integración escolar que contemplen las adecuaciones curriculares que requieran los estudiantes de acuerdo a sus necesidades educativas especiales, así como la prohibición a los establecimientos educacionales particulares pagados de cobrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales un arancel o matrícula superior al que se cobra al promedio de los estudiantes de su mismo nivel, estableciendo las sanciones en caso de incumplimiento.

A primera vista, podría parecer que estamos ante una propuesta casi innecesaria o irrelevante, pues cuesta comprender que los establecimientos educacionales particulares no contemplen programas de integración escolar o, aun más, cobren un arancel diferenciado por recibir a alumnos con necesidades educativas especiales. Sin embargo, la realidad da cuenta de que este proyecto de ley no solo es necesario, sino que, además, es indispensable para resguardar los derechos de alumnos que forman parte de una sociedad que los segrega, los discrimina, y, muchas veces, los invisibiliza de manera grosera.

Cada día es más común escuchar casos de familias que desesperadamente buscan que algún establecimiento escolar reciba a sus hijos o hijas, pues les dan con la puerta en la cara cuando informan que el alumno o la alumna tiene necesidades educativas especiales, o bien condicionan la entrada a una serie de factores económicos y de otra índole, abiertamente ilegales. Reitero: abiertamente ilegales.

Pues bien, ¿cómo explicamos esta situación a una niña o a un niño que no es aceptado en un colegio por su condición? ¿Qué argumento les podemos dar a los padres de esos niños o niñas, cuyo único objetivo es que sus hijos vivan en una sociedad inclusiva? ¿Qué enseñanza estamos dejando a sus hermanos, a sus familiares y a la sociedad al decir “no” a la inclusión, simplemente, porque son diferentes?

Estas y tantas otras interrogantes quedan sin respuesta y sin justificación. Nada justifica discriminar, pero lamentablemente la realidad de nuestro país da cuenta de que esto ocurre cada día, aunque sea difícil de asumir.

En mérito de lo expuesto, estoy cierto de que el proyecto de ley que analizamos es muy positivo, ya que el acceso a la educación de las personas con discapacidad resulta fundamental para resguardar su pleno desarrollo.

En efecto, debemos tener presente que la exclusión de estudiantes con discapacidad de los proyectos educativos de ciertos colegios particulares pagados no solo implica una afectación a su derecho a la no discriminación, sino que también trae consigo una vulneración al artículo 19, número 10°, de la Constitución Política de la República, que en su inciso cuarto dispone que el Estado debe garantizar el derecho a la educación, y así podría seguir con varios numerandos de la actual Constitución.

De esta manera, destaco y valoro la propuesta en estudio, pues, además, no cabe duda de que hablamos de niños, niñas y adolescentes que son y serán un gran aporte en la experiencia educativa de los demás. Debemos tener una visión global del proceso educativo, en el sentido de que la diversidad y la integración también son formas de llevar adelante un aprendizaje completo y global que comprenda no solo contenidos formales y de currículum, sino también valores y experiencias de vida que enriquezcan y formen a los adultos conscientes del mundo en que están insertos.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señor Presidente, todo avance en inclusión social no solo es urgente y pertinente, sino que debemos asumirlo como un deber del mandato ciudadano con el que cargamos.

El sábado, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la ciudadanía se manifestó, una vez más, por voces, ideales y anhelos que muchas veces hemos dejado en silencio. Con eso en mente, atendiendo a la igualdad, justicia y reconocimiento de la diversidad, velar por condiciones de no discriminación en toda la educación de cada región de nuestro país, sea pública o privada, debe ser una prioridad para que consigamos una inclusión real.

El pleno desarrollo de cada niño, niña y adolescente es una labor que, como Estado, tenemos que facilitar. Por la igualdad de oportunidades, las necesidades especiales deben ser atendidas en su diferencia. Abrazar la diversidad de los niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA), con síndrome de Down o cualquier necesidad especial es tomarse en serio la diversidad y el reconocimiento, porque no puede ser solo un discurso.

Apoyar esta iniciativa es dar un paso mínimo por la inclusión social. La educación pública ha sido desde hace muchos años una prioridad imperante en la que debemos seguir avanzando día a día; pero la educación particular no puede estar fuera de los estándares de igualdad de oportunidades.

Como varios han comentado, a pesar de los esfuerzos, nos encontramos con casos desafortunados que son un profundo dolor para algunas familias. Uno de esos casos es el de Patito Baluarte, en Arica, un niño con síndrome de Down que ha sido expuesto a discriminación en un establecimiento subvencionado. Patricio lleva semanas sin ir al colegio, porque no hay un profesional adecuado para atender las necesidades especiales que él tiene. El colegio se ha negado a hacer las adecuaciones mínimas para que el estudiante se integre como merece e, incluso, ha insistido en que Patricio se retire. En su caso, la discriminación y la exposición al riesgo son evidentes y no pueden seguir sucediendo.

Tomar acciones de fiscalización y facilitar el cumplimiento de los programas de integración escolar es una urgencia inminente. Las obligaciones están, pero el acceso no se efectúa realmente en todos los casos.

Por eso, llamo a que aprobemos por unanimidad esta iniciativa, pero también a que reforcemos nuestro compromiso con la inclusión, porque se lo debemos a los niños, niñas y adolescentes que merecen las mejores posibilidades y oportunidades para desarrollarse, sin que las arbitrariedades de la vida los perjudiquen ni tampoco que los mismos establecimientos los discriminen injustamente.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, quiero hablarles de Ruby Bridges, una niña que no tenía necesidades educativas especiales, sino un color de piel distinto.

En 1960, esta niña de seis años se convirtió en la primera afrodescendiente en ir a una escuela de blancos, en Nueva Orleans. El Presidente Eisenhower tuvo que enviar a cuatro agentes federales para que la niña pudiese entrar al colegio.

La recibieron con protestas en contra de que entrara a ese colegio. Las profesoras y los profesores se negaron a hacer clases, y los papás y las mamás se negaron a enviar a sus hijos al colegio. Esa niña estaba sola.

Tuvieron que traer profesores de otros estados; solo una profesora que había hecho clases en el ejército se allanó a hacerle clases a ella sola en la sala, tratando de hacerla sentir que no era la única alumna. Esa fue la recepción que tuvo la primera niña afrodescendiente que entró a una escuela de blancos.

¿Qué decían los carteles con los que protestaban las familias? Decían: “Ustedes tienen sus escuelas. ¿Por qué vienen a la nuestra?”. ¿Acaso eso no es lo que les dicen a los papás y a las mamás cuando no quieren recibir a sus hijos o hijas en los colegios? “Ustedes tienen sus escuelas especiales”: eso les dicen.

Falta mucho por hacer, incluso donde hay integración, porque donde esta existe, donde hay Programa de Integración Escolar (PIE), a veces, los profesores y las profesoras dicen: “Estos son mis alumnos y estos son del PIE”, y si el niño de pronto interrumpe un poco la clase, lo manda a otra salita, que es la del PIE. Entonces, falta mucho por integrar.

Este proyecto no se trata de platas ni de obligar a prestar un servicio; esto es un cambio cultural, porque Ruby Bridges , esta valiente persona pequeña -pequeña en tamaño de seis años, que nunca se quejó, sintió el orgullo de su barrio. Le hicieron regalos, pero si cruzaba una cierta calle, a su familia no le vendían verduras y a su papá lo echaban del trabajo; o sea, había una discriminación total.

¿Y qué hizo esta pequeña persona valiente? Rompió el apartheid que existía. ¿Y por qué se los digo de esta forma? Porque ¿qué siente un niño cuando hay un colegio al que no puede ir, es decir, que está prohibido para él y no puede ir? Entonces, no puede haber un colegio en Chile donde los niños no puedan ir. Este proyecto no viene a resolver todos los problemas, no viene a evolucionar el PIE -cosa que es necesaria-. Estoy de acuerdo con que no debiera haber cupos, sino que los colegios que están cerca de sus casas debiesen acogerlos, y que las clases no sean como hace doscientos años, con todos los alumnos sentados en sus pupitres. Es tan así que el Ministerio de Salud piensa que los contactos estrechos son los que están en los pupitres de al lado, porque los niños tienen que estar todos sentaditos e inmóviles.

Hay mucho que cambiar, y aunque este proyecto no lo hace -nos queda mucho trabajo por hacer-, sí establece dos cosas: primero, los colegios pagados que no reciben subvención del Estado -no porque sean privados van a hacer lo que quieran deberán tener integración; segundo, no podrán discriminar cobrando una matrícula o arancel diferenciado excesivo solo porque el alumno presenta una discapacidad.

Por último, solo cabe aprobar este proyecto y espero que lo hagamos por unanimidad.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez .

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señor Presidente, la presente sesión de la Sala ha sido muy importante para revalorizar la dignidad de las personas en situación de discapacidad y con necesidades educativas especiales, primero, con la discusión del proyecto que elimina las restricciones etarias en materia de acceso a la educación especial y, ahora, con este sobre inclusión escolar en establecimientos particulares pagados.

Una de las razones que me motivan para estar en política es mi gran sensibilidad, especialmente en este tipo de materias. Tengo la convicción de que tenemos una gran deuda; siento que se habla mucho, pero es muy poco lo que hacemos por las personas con discapacidad.

Creo firmemente que la educación debe ser una herramienta al servicio de todos, independientemente de si vivimos en la ciudad o en un sector rural; independientemente de nuestro estrato social económico o de nuestras capacidades de aprendizaje. Lamentablemente, existe mucha discriminación.

Está demostrado que la educación juega un rol muy importante en el desarrollo de las personas con necesidades educativas especiales, ya que les permite adquirir mayor autovalencia y potenciar las habilidades que las beneficiarán por el resto de sus vidas. Por ello, es del todo razonable que se persevere en el desafío de incluir a todos en el sistema educativo.

Este es un gran proyecto, ya que incorpora a los colegios particulares pagados a las políticas de inclusión y los obliga a contar con planes y programas de inclusión, lo que es importante. Además, no podrán cancelar la matrícula ni suspender o expulsar a los alumnos por presentar necesidades educativas especiales. Asimismo, establece una preferencia para que un estudiante con necesidades educativas especiales pueda acceder a una matrícula en el colegio en el que estén insertos sus hermanos.

Como dije, se trata de un buen proyecto, pero me encantaría que tuviera algunos cambios, como que los procesos de admisión de los establecimientos educacionales particulares pagados aseguraran los cupos a partir del primer nivel de transición y no desde primero básico.

¿Por qué digo esto? Porque, lamentablemente, que un niño ingrese al colegio en primero básico es muy complejo, y esto podría perjudicar los cupos, término con el que no estoy de acuerdo. Pienso que debiera hablarse de porcentaje; creo que sería lo justo y lo correcto. ¿Y por qué digo que podría perjudicar? Porque ningún colegio es igual a otro; un ejemplo es el número de matrícula.

Aprovecho los minutos que me quedan para decir, como lo hice al inicio de mi intervención, que hoy debemos dar señales claras de compromiso con la discapacidad. Por eso, creo que esta Sala debiera estar ya discutiendo el proyecto de ley de autista. Es más, quienes conocemos lo que viven las familias que tienen un integrante con trastorno del espectro autista (TEA), sabemos de sus complicaciones, por lo que debemos luchar para integrar el TEA al programa de Garantías Explícitas en Salud (GES).

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider .

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señor Presidente, quienes fuimos parte del movimiento social por la educación entendemos la importancia de que el conocimiento y la educación de calidad lleguen a todos los rincones de nuestro país, y hemos trabajado desde distintos espacios para dar pasos concretos hacia ese horizonte que soñamos y que defendimos en las calles. La educación como un derecho, no sexista, democrática e inclusiva es nuestro horizonte y estoy convencida de que con la presente discusión avanzamos en esa dirección.

Esta iniciativa representa un avance importante para la inclusión en materia educativa y una respuesta concreta a la discriminación y a los abusos que han vivido estudiantes con necesidades educativas especiales y sus familias, cuestión que pudimos abordar con vecinos y vecinas durante nuestra semana distrital.

Ejemplos sobran, y duele escuchar que se cobren mayores aranceles, que se exijan pruebas especiales y que se vulneren derechos básicos para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. La inclusión implica una mirada de la educación desde un enfoque participativo, que garantice un acceso igualitario al conocimiento para todas, todos y todes.

Iniciativas como la que se encuentra en discusión buscan superar barreras de diversa índole, que segregan a algunos grupos de la sociedad y generan desigualdad, democratizando, a su vez, los espacios educativos y generando un beneficio para la sociedad en su conjunto al construir aulas y escuelas más integradoras y empáticas con las distintas realidades que son parte de una comunidad.

Actualmente, los derechos y garantías de los estudiantes con necesidades educativas especiales están escasamente regulados en el ámbito privado, dando paso a los abusos que mencioné anteriormente.

Los establecimientos particulares pagados someten a estos estudiantes a requisitos especiales y a un trato arbitrario, generando mayores gastos a las familias o, derechamente, excluyéndolas, pues, mientras exigen más, no cumplen con las condiciones mínimas para ofrecerles una educación de calidad, de acuerdo con sus necesidades.

¿Es esta la libertad de enseñanza que deberíamos defender? Por supuesto que no. Esta es la libertad de los sostenedores de excluir y segregar a sus estudiantes; la libertad de enseñanza en la que creo es la del pluralismo educativo, la posibilidad de innovar y crear nuevas pedagogías; no la de privados que abusan de familias en nuestro país.

¿Dónde está la libertad de quienes no tienen suficiente dinero y tienen un hijo, hija o hije con necesidades educativas especiales? No hay respuesta por el momento.

Sobre la base del principio de no discriminación arbitraria, igualdad e inclusión, todo el sistema educativo debe encaminarse hacia un sistema inclusivo, incluyendo a los colegios particulares pagados, y así cumplir con el derecho a la educación de todos los niños, niñas, niñes y adolescentes, asegurando la accesibilidad y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en todo el sistema escolar.

Votaré favorablemente este proyecto de ley porque creo profundamente que la educación es un derecho y me parece escandaloso que se cobre más a las familias porque sus hijos e hijas requieren una educación adaptada a sus necesidades, cuestión que aborda este proyecto, junto con establecer el deber de los establecimientos educacionales particulares pagados de implementar programas de inclusión en materia curricular, entre otros asuntos.

Hoy, las autoridades y representantes políticas tenemos un mandato claro: terminar con las barreras y las desigualdades que afectan a las mayorías y a los grupos históricamente excluidos en nuestro país.

Por lo tanto, insto a la Cámara a aprobar la moción que nos encontramos discutiendo, la cual fue aprobada de manera unánime en el Senado y en la Comisión de Educación, y espero que corra la misma suerte durante toda su votación y tramitación, para que no miremos más para el lado con las inequidades en la educación chilena.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señora ROMERO (doña Natalia).-

Señor Presidente, estimados colegas diputadas y diputados, para mí es un agrado poder expresar, en esta mi primera intervención como diputada del Distrito N° 15, que en un proyecto de ley tan importante como este se ve la expresión de un espíritu cívico y republicano en pro del bien común, que aúna voluntades diversas con el objetivo claro de mejorar la vida de las personas quienes, muchas veces, se ven en dificultades por la discriminación y segregación, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad.

Debemos reconocer que, a lo largo del tiempo, hemos realizado grandes avances en esta materia, pero pareciera que el camino que nos queda por delante sigue siendo difícil. Lo digo por la realidad que vivimos en las zonas más rurales de nuestro país.

No es necesario viajar muy lejos de la capital para entender que vivir la discapacidad en zonas rurales es mucho más difícil y adverso que vivirla en las ciudades.

Entendemos que el principal soporte de las familias para mejorar las condiciones de vida es justamente el sistema educativo. Por esta razón, al hacer cambios en el sistema educativo, estamos elevando la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, en particular la de los más de 229.000 menores de la Región de O'Higgins, y lo que hoy hacemos con este proyecto no es más que eliminar precisamente aquellas barreras de acceso a la educación creadas arbitrariamente por ciertos establecimientos educacionales pagados, y crear desde hoy un marco regulatorio mínimo que permitirá convivir en un ecosistema más equitativo para todos y todas, situación que sin duda recibirán con alegría los miles de familias de nuestro país.

No podemos dejar de mencionar el impacto que tendrá esta medida en las familias y, particularmente, en la vida de las mujeres de la Región de O'Higgins, considerando que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad corresponde a los primeros quintiles socioeconómicos y que, a la vez, en casi la totalidad de los casos el cuidado corresponde a las mujeres.

Diputadas y diputados, creo importante no olvidar que la discapacidad como concepto es solo un reflejo de los obstáculos sociales y físicos no resueltos por la comunidad en su conjunto respecto de las legítimas diferencias que como seres humanos todos poseemos. Esto quiere decir, en la práctica, que son las limitaciones sociales que nosotros imponemos las que crean la discapacidad, y no las condiciones particulares de cada individuo.

Es por ello que nuestro deber debe ser avanzar hacia una sociedad más libre, con más derechos individuales y con mejor capacidad por los sectores vulnerables para ejercer esa libertad.

Estimados colegas, espero muy sinceramente que este proyecto sea uno de muchos que cimenten las bases de una sociedad más inclusiva, integradora y equitativa, y que el derecho igualitario a la educación no sea solo letra muerta, sino una realidad tangible y una muestra clara de la fraternidad que todos nos debemos entre nosotros.

Es por eso que mi voto es a favor.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señora Presidente, en primer lugar, lo siguiente: aquí se ha hablado mucho de discriminación -esto tiene que ver con el tema en discusión-, por lo que quiero aclarar una cosa. La discriminación arbitraria es aquella que es mala. Fundamentalmente, discriminar entre lo bueno y lo malo, lo útil o inútil, etcétera, es parte de lo que es la ejecución de la libertad, por lo que estaría agradecido si se hablase también de discriminación arbitraria cuando se quiera hablar de una discriminación que no tiene ningún tipo de justificación racional.

El segundo punto que quiero tratar va de la mano de un pequeño comparado que hice.

Nuestro sistema educativo está en bancarrota; el sistema estatal está en bancarrota y el privado está solamente un poco mejor. El 80 por ciento de los chilenos no entiende lo que lee, lo que significa que nosotros estamos probablemente quedando al lado, quedando a la vera del camino, de lo que va a ser la revolución 4.0, que es una revolución del conocimiento.

Cuando se hacen reformas como la que se está proponiendo en este momento, no solamente respecto del sistema privado, sino también del estatal, estamos olvidando que nuestros sistemas no están funcionando bien. Son sistemas que fueron creados para la educación de masas, y nosotros, al mismo sistema que fue creado y diseñado para educar masas, grupos grandes de alumnos, le estamos encargando al mismo tiempo la educación de personas, de jóvenes, de niños con necesidades especiales. El mismo nombre lo dice: son necesidades especiales.

En Alemania, la central federal para la educación política tiene el resultado de lo que ha sido la política de inclusión de Alemania en los últimos diez años. ¿Cuáles han sido, en un país con mucho mejores resultados educativos que los nuestros, los problemas que han tenido? En primer lugar, que el grado de inclusión se reduce con la edad. En segundo lugar, que los niños con necesidades especiales en el sistema normal no reducen la cantidad de cupos que se estaban pidiendo en las escuelas especiales. En tercer lugar, el principal desafío en los colegios alemanes son los problemas conductuales. En cuarto lugar, los profesores se declaran sobreexigidos, lo que significa naturalmente un costo para los alumnos.

El sistema pedagógico de educación de masas -es algo que también se establece en ese informe- es incompatible en la práctica -esta es una cita- con la preocupación por necesidades individuales. Es decir, si nosotros queremos integrar en los colegios, tenemos que empezar a repensar antes la forma de educar.

Saliendo un poco del tema, los padres en Chile, cuanto menos la mayoría, quieren tener a sus niños en un colegio donde les den lo mejor. Discriminar, es decir, darle lo mejor a aquel que lo necesita; no darles a todos lo mismo, sino darle más al que necesita más. Los padres no necesariamente están interesados en tener a su hijo en un sistema promedio, porque va a recibir la atención promedio, y eso es de lógica, porque un profesor se debe a todos sus alumnos.

Ahora, la encuesta Forsa , que se hizo en Alemania hace poco tiempo a los profesores alemanes, estableció los siguientes problemas que habían identificado los profesores: poco personal, poca preparación de los maestros y las clases eran muy grandes. Esto es en Alemania, con muchos más recursos y clases más pequeñas que en Chile.

El sistema de educación tiene un conflicto entre lo que es la inclusión y un sistema que es estructuralmente selectivo, es decir, que va poniendo notas de acuerdo con los rendimientos generales y promedio.

Ahora, el 56 por ciento que apoyaba la inclusión cayó a 27 por ciento, y en cuanto a nota al sistema, de 7 a 6. El 56 por ciento de los alemanes rechaza el nuevo sistema.

Damas y caballeros, creo que nosotros no les podemos pasar la responsabilidad simplemente a los colegios. Tenemos que hacer una mejor…

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señora Presidenta, valoro profundamente el proyecto de ley.

Una temática importante y trascendente como la implementación de los programas de integración escolar, que han sido una política de inclusión que permite contribuir al mejoramiento y desarrollo continuo de la calidad de la educación, favoreciendo el aprendizaje y la participación de miles de niños en la sala de clase de nuestro país, es un imperativo dentro de la educación. Se debe equiparar la enseñanza de los establecimientos públicos y privados.

No podemos tener programas de educación que no sean continuos en las etapas formales educativas de nuestros estudiantes. También creo muy necesario incorporar los programas de integración escolar a la educación preescolar. La importancia de esto radica en que a menor de edad se puede atender de mejor manera las necesidades educativas especiales de los estudiantes en sus primeros pasos, vincular a la familia en este proceso y propender a la mejora del servicio educativo. Se necesita una educación pertinente que tome en cuenta la diversidad cognitiva de los estudiantes, de modo que se les puedan ofrecer las herramientas necesarias para su desarrollo según su ritmo de aprendizaje.

Con este fin se busca implementar prácticas pedagógicas que proporcionen apoyo a los estudiantes dentro y fuera del aula.

Para finalizar, otro punto de este proyecto que me gustaría abordar es la cantidad de cupos que se establecen para estudiantes con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta que solo serán dos cupos por nivel, lo que considero deficiente. A lo menos, debemos homologar los cupos al mismo número de los de la educación pública, como lo establece el decreto Nº 170, del Ministerio de Educación, los cuales hoy son siete: cinco estudiantes transitorios y dos permanentes.

Si bien es importante un número mínimo, también es fundamental lograr introducir un profesional permanente, por ejemplo, un educador diferencial, lo que haría la diferencia, ya que se abocaría en tiempo completo a trabajar con estos estudiantes.

Por eso, votaré a favor el proyecto de ley, pero mantengo mi reparo respecto de lo expresado anteriormente.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señora Presidenta, la idea matriz de esta iniciativa consiste en establecer en la ley el deber de los establecimientos educacionales particulares pagados de implementar programas de integración escolar que contemplen las adecuaciones curriculares que requieren los estudiantes de acuerdo con sus necesidades educativas especiales, no el cobro de aranceles más altos.

Este proyecto -hablo como madre que ha vivido en primera persona este temase hace cargo de un gran dolor. En una familia con varios hijos -en mi caso tengo nueve-, cada hijo es único e irrepetible, pero claramente hay distintas habilidades entre unos y otros. No puede ser que existan establecimientos que estén dispuestos a educar a los que son capaces de seguir el ritmo del colegio, y que, a la vez, de forma sutil, pero a veces no tan sutil, te inviten a sacar de ese colegio al más inquieto, al que tiene déficit atencional, que en la actualidad es muy frecuente, o cualquier otra condición.

En la actualidad, a través de la literatura existente sobre la materia, sabemos que esas condiciones son muy útiles para el desarrollo de la vida futura, pero quienes las tienen durante el período escolar son objeto de un verdadero martirio, especialmente en nuestro país. ¡Es de mucha injusticia! Empieza así el calvario de la estigmatización de los pares, cosa que es casi imposible de borrar en un país tan pequeño como el nuestro, en donde el éxito se mide, por lo menos a nivel escolar, de acuerdo con la nota que tienen sus hijos. No sé si han notado que cada vez que uno habla con una madre, si el niño es aplicado, uno se entera exactamente de eso a los diez minutos, y cuando no dice nada del rendimiento normalmente es porque al niño no le va muy bien. Como sociedad tenemos un problema muy grande en esa materia.

Allí empieza el peregrinaje para encontrar un establecimiento que acepte a ese hijo que tiene habilidades distintas. Lo más notable es que, luego de leer los principios, las misiones y las visiones de los colegios, uno prácticamente saca el pañuelo para llorar de felicidad por la emoción. Eso hace que uno diga: “En este establecimiento encontré el lugar donde mi hijo va a ser feliz”. Pero no; uno se equivoca, porque cuando uno dice que un hijo tiene déficit atencional se acaban las misiones, las visiones; se acaba todo. En ese momento se empiezan a cerrar las puertas y el peregrinaje continúa.

Por lo tanto, ¿qué tanta vocación existe en aquellos colegios que tienen como práctica, de alguna forma, ir limpiando los cursos? ¿Será para tener buenos rankings? ¿Será porque tienen malos profesores que no saben lidiar con él o porque no tienen ninguna intención de atender esas capacidades educacionales diferentes?

En mi calidad de madre y como profesora, siento que un verdadero profesor es capaz de liderar el desarrollo de todos sus alumnos y ayudar al que se va quedando atrás, porque también le hace muy bien al curso saber que no todos son iguales y que siempre en la vida te va s tocar estar apoyando al más débil que está al lado tuyo.

Por lo tanto, considero que lo que propone este proyecto es algo muy lógico y felicito a sus autores. Si vamos a educar, debemos tener la capacidad de educar a todos y poner todos los recursos necesarios, ya sean económicos, ya sean humanos, o lo que se requiera, para atender todas las adecuaciones necesarias. Si así fuera, como espero que ocurra, evitaríamos una serie de injustos sufrimientos que marcan de por vida a muchos niños y los cursos completos se van a ver beneficiados porque habrán aprendido a vivir en diversidad.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señora Presidenta, no nos cabe duda de que la inclusión a nivel escolar es una meta a la que debemos aspirar como sociedad. El proyecto de ley que se somete hoy a nuestra consideración va precisamente en la línea correcta, estableciendo el deber de los establecimientos educacionales particulares pagados de implementar programas de integración y adecuaciones a las necesidades educativas especiales de sus alumnos. A su vez, se establece la prohibición a dichos establecimientos de cobrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales un arancel o matrícula superior al que se cobra al promedio de los estudiantes de su mismo nivel.

Resulta indispensable avanzar en políticas de inclusión y educación especial. Durante años ha sido uno de nuestros anhelos como sociedad. Hoy, tras poco más de tres años de tramitación, estamos dando un paso importante en dicha materia. Se requiere tener presente las necesidades especiales de niños, niñas y adolescentes para brindar la mejor calidad de educación posible, elevando los estándares vigentes.

Si bien vemos un apoyo transversal a este proyecto, señora Presidenta, también existen áreas en las que podemos seguir avanzando y mejorar. El proyecto regula los cupos especiales desde primero básico, lo que puede originar una colisión al momento en que estudiantes con necesidades educativas especiales no encuentren cupos porque la matrícula del colegio ya esté cubierta con los alumnos que ya vienen desde prekínder y kínder o que tengan preferencia para conservar la matrícula, por lo que sería prudente implementar dicha política desde prekínder. A su vez, el proyecto habla en términos de cupos, usando un guarismo que puede ser adecuado o no, dependiendo del caso. Puede ser que el guarismo de los dos cupos para un establecimiento sea demasiado y para otros sea muy poco.

El sábado pasado, en Castro, participé en una cicletada, organizada por una organización de asperger, con ocasión del Día del Autismo. La escuela diferencial Antu-Kau me facilitó la bicicleta, porque no llevaba una en ese momento, y me solicitaron, encarecidamente, que dijera a mis colegas que avancemos con el proyecto del autismo.

En consecuencia, votaremos a favor este proyecto, sin perjuicio de que presentaremos indicaciones para perfeccionarlo.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA.-

Señora Presidenta, seré más breve.

Qué duda cabe de que los establecimientos educacionales, sobre todos los públicos, cumplen un rol fundamental para el desarrollo y el crecimiento de los niños, las niñas y los adolescentes. Es innegable que deben ser lugares para conocer el mundo, para socializar y para conocer al otro y a nosotros mismos. Por eso, el colegio debe ser reflejo de lo que es y de lo que aspiramos a que la sociedad sea. Ese es el horizonte hacia el cual debemos caminar en cada reforma que se haga a nuestro sistema educativo.

Ese es el sentido que tiene este proyecto de ley al establecer que los establecimientos particulares pagados deberán, por una parte, considerar dentro de su matrícula a los alumnos con necesidades educativas especiales y que deberán, por otra, implementar programas de inclusión escolar que contemplen las adecuaciones curriculares que requieran los estudiantes. En Chile, más del 17 por ciento de la población presenta algún tipo de discapacidad y es imprescindible que las instituciones avancen y promuevan su integración plena, eliminando las barreras que discriminen y estigmaticen. En el ámbito escolar, esto se traduce en eliminar las barreras que impiden el acceso a determinados establecimientos educacionales de quienes tienen necesidades educativas especiales y, por tanto, ven condicionado el tipo de enseñanza que esperan recibir.

Ahora bien, garantizar el acceso claramente no es suficiente. Por lo mismo, el objetivo de esta ley en proyecto es más ambicioso aún. Lo que se busca lograr son ambientes educativos flexibles que den respuesta a las distintas necesidades de los estudiantes, tan diversos como ellos mismos. Así no solo estamos educando a niños, niñas y adolescentes de nuestro país en diversidad e inclusión, con respeto y consideración a las características propias que pueda tener el otro, sino que también estamos entregando un mensaje fuerte y claro acerca de la sociedad que queremos construir y que no es otra que aquella en la que todos tengamos los mismos derechos, fomentando y permitiendo que la vida sea más fácil y no más difícil.

Por las razones señaladas, la bancada del Partido Socialista votará a favor este proyecto y entregamos nuestro completo respaldo a esta iniciativa.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

En cuarto lugar, corresponde continuar con la discusión de la modificación del Senado recaída en el proyecto de ley, originado en moción, que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario y terminación de arrendamiento y de comodato, correspondiente al boletín N° 12809-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra a través de su pupitre electrónico.

Antecedentes:

-La modificación del Senado se rindió en la sesión 5ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de marzo de 2022.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señora Presidenta, al discutir en estos momentos este proyecto, no puedo dejar de pensar en todos esos miles de familias y personas mayores que son arrendadoras y se encuentran desesperadas al no poder percibir la renta correspondiente, que constituye un ingreso del que dependen para cubrir sus necesidades.

Es por ello que, recordando también a tantas vecinas y a tantos vecinos que viven en la Región de Los Ríos, que represento, quienes me han expresado lo aquejados que se encuentran por este problema, aprobaré este proyecto, ya que significa un alivio para esos arrendadores que invirtieron en una casa o un departamento con la expectativa de percibir una renta que les permitiera vivir tranquilos, viendo en esta nueva norma la posibilidad cierta de recuperar sus inmuebles y esas rentas tan importantes que les ayudan a subsistir día a día.

Esto será positivo, porque se contará con un procedimiento monitorio que permitirá disminuir los gastos en que incurren en procedimientos judiciales eternos, engorrosos y burocráticos que pueden demorar años para que esas familias y personas mayores puedan recuperar sus viviendas.

Por último, espero que la justicia efectivamente cumpla con los plazos establecidos en esta ley y con celeridad conozca estas causas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señora Presidenta, este proyecto es muy sentido por diversas personas y organizaciones que reclaman desde hace mucho tiempo una moderación dentro de los derechos que tienen los arrendatarios, que se inició bajo la ley de arrendamiento de predios urbanos que dictó la honorable junta de gobierno.

En esa época, se estimaba que la crisis económica establecía ciertas deficiencias a los derechos de los arrendatarios, razón por la cual se empezaron a crear los famosos derechos irrenunciables del arrendatario, como son los desahucios con plazo, entre otros.

Lamentablemente, como muchas cosas que empiezan a ocurrir en la vida, esto se fue degenerando hasta que empezaron a aparecer personas que utilizan torcidamente la ley para destruir las propiedades o, en definitiva, ocuparlas sin pagar.

Este proyecto de ley avanza en una línea sentida por la gente. Sin embargo, lo que más me llama la atención es en qué momento esta iniciativa es para defender a las inmobiliarias como diría Fernando Villegas : “¡las inmobiliarias!”-, que aparecen acá como un actor trascendental en una iniciativa en que lo que se está regulando es el deber ser: el que destruye una propiedad tiene que entregarla; al que no paga, se le tiene que pedir que pague. Otra cosa es que se busquen mecanismos para ayudar a quienes no puedan pagar, pero no podemos nosotros, como Cámara de Diputados, comenzar a legislar en favor de cosas que no son el deber ser. El que no paga debe entregar la propiedad.

Se habla de las inmobiliarias que tienen edificios en arriendo. Al respecto, señalo que cuando era director jurídico de la Municipalidad de Santiago y teníamos un problema de hacinamiento terrible, vine a la Comisión de Vivienda de esta Cámara de Diputados. En ese sentido, preguntemos a las personas que están buscando departamentos en esas inmobiliarias. Esas inmobiliarias no arriendan ningún departamento que vaya más allá de la carga ocupacional que tiene un inmueble. Problemas de hacinamiento no hay; son el mejor vecino que puede tener una comuna, porque mantienen sus edificios impecables, para que puedan ser arrendados.

Entonces, cambiemos el tema: regulemos bien a las inmobiliarias para que haya una buena armonía con el entorno urbano, pues creo que una deuda de política pública que tiene Chile es la de preocuparse de los espacios urbanos.

Por último, la ley en proyecto dice relación con otra cosa: con un sentido de justicia, y por esa razón anuncio mi voto favorable.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señora Presidenta, lo que hace este proyecto es establecer un procedimiento exprés en materia de arrendamiento.

Es muy sabida la demora que tienen los juicios de arriendo y cómo han afectado a veces a simples personas naturales, a viudas que se han quedado con un inmueble y lo arriendan para tener un complemento a sus magras pensiones.

Esas personas, a las que hemos visto en muchos reportajes en televisión, a veces se encuentran con arrendatarios inescrupulosos que permanecen años en esos inmuebles sin pagar arriendo, provocando con ello una tragedia humana y económica gigantesca que se deriva de la demora de los juicios de arriendo, de la burocracia judicial, que muchas veces priva a la gente de tener un sustento mínimo para vivir.

Como señalé, este proyecto establece un procedimiento exprés que facilita la desocupación del inmueble cuando el arrendatario causa un daño permanente a la misma propiedad o la inutiliza.

También establece un procedimiento resumido, llamado “monitorio”, mediante el cual podría, en menos de treinta días, ordenarse la desocupación y la restitución del inmueble cuando el arrendatario no ha pagado oportunamente su renta.

Creo que hay que aprobar este proyecto, porque resuelve algo que tiene que ver con el derecho de propiedad de los arrendadores, pero sobre todo con el drama humano que significa para las personas naturales el no contar con un ingreso por arrendamiento a causa del sistema judicial.

Pero también quiero llamar la atención, en el sentido de que aquí hay un drama social por la industria del arriendo, que se establece en Chile a través de grandes inmobiliarias transnacionales que construyen edificios gigantescos, plagados de departamentos, solo para arrendarlos, denominados “edificios multifamily”. Son empresas que tienen mucho poder y controlan el mercado del arriendo residencial, las cuales se verían beneficiadas con estos procedimientos exprés y en treinta días podrían tener en la calle a sus ocupantes, a sus arrendatarios, a sus clientes simplemente porque atraviesan problemas económicos.

Al respecto, creo que cuando uno se enfrenta a las grandes inmobiliarias, el derecho humano que tienen todos los chilenos a una vivienda digna se ve amenazado. Por eso, esta iniciativa tiene que ser mejorada, tiene que ser intervenida por el Ejecutivo, por el Presidente de la República.

Nos encontramos en la última etapa de este proyecto, pero es necesario un veto presidencial que establezca que este procedimiento beneficiará a las personas naturales que prestan sus viviendas para los fines señalados, pero no a las grandes inmobiliarias.

Por eso pedimos un veto presidencial, para que se corrija el punto y se eviten estos efectos perniciosos, dañinos, que tiene este…

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señora Presidenta, es un gusto tenerla a usted dirigiendo la Sala hoy. Mis felicitaciones por el gran rol que cumple en la Cámara de Diputados.

Efectivamente, estamos frente a un proyecto que espero que respaldemos la gran mayoría de los que estamos hoy en la Sala. Tenemos que ponernos en el lugar de muchas personas que entregan en arriendo una vivienda y que se han visto en una situación extraordinariamente grave y delicada, como es el aprovechamiento que han hecho de ellas quienes las arriendan.

Muchas veces los recursos que obtienen las personas por los arriendos son parte importante de los ingresos que necesitan para enfrentar los gastos del mes. Estamos ante una situación de abuso en el que incurren determinadas personas y donde, lamentablemente, con los instrumentos legales que hoy día existen, los propietarios no pueden llevar a la práctica y en buena forma los desalojos.

Ese aprovechamiento se ha visto favorecido por la coyuntura dada por la situación sanitaria del país, en la que los tribunales han actuado con mucha lentitud. Eso ha afectado rotundamente a los dueños de los inmuebles, por lo que considero importante aprobar esta iniciativa, que busca poner fin a tanto atropello y a tanto abuso de quienes se quieren aprovechar, con fines desconocidos, de una situación muy especial que está viviendo el país.

En consecuencia, hay que apoyar a quienes con mucho esfuerzo arriendan una vivienda para generar ingresos para el mes. Así que daremos todo el apoyo y el respaldo a esta iniciativa.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señora Presidenta, sin duda que en nuestro país la problemática respecto del arriendo de viviendas es una realidad que ha sido creada por el mismo sistema económico, político y social que tenemos y que permite, en definitiva, una alta especulación en torno a los mismos arriendos.

En mi Región de Tarapacá lo vivimos día a día, donde el alza de los cánones de arriendo se ha convertido casi en una situación expropiatoria para quienes muchas veces destinan gran parte de sus ingresos para solventar el pago del arriendo.

Considero que se debe dar una discusión de fondo en torno a la propiedad y a cómo se regulan los contratos de arriendo en nuestro país. A mi juicio, este proyecto en particular no entrega las garantías necesarias para avanzar en que la ley que regula este tipo de procedimientos sea justa y garantice también el acceso a la justicia para el demandado.

Creo que la óptica en torno a la visión del demandante, que en general son grandes conglomerados -pasa en mi región y debe pasar en muchas otras los que se dedican a la especulación con los arriendos, implica que se ve precisamente como óptica del demandante, pero no del demandado.

A mi entender, las modificaciones legales en torno a incorporar esta medida precautoria, este procedimiento monitorio, lo más probable, es que fomente un fraude procesal permanente en perjuicio de las personas que son demandadas. En ese sentido, creo que el proyecto debiese tomar ambas perspectivas: por una parte, el legítimo derecho de quienes son propietarios de una vivienda y desean recuperarla, y, por otra, el punto de vista del demandado, que le permita ejercer sus derechos y su defensa como corresponde.

Un gran desafío para nuestro país es precisamente avanzar en el acceso a la justicia no solamente de los grupos privilegiados, sino para todas y todos. Al respecto, creo que el proyecto no avanza en el camino indicado y que por la vía del veto o de la reformulación se debiese discutir insisto la materia de manera más profunda, con el fin de abordar realidades que han provocado una crisis social producto de situaciones de arriendo. Así, por ejemplo, se debe hablar de los planes reguladores, del rol de las municipalidades, del rol de los tribunales, pero, por sobre todo, de la incapacidad de nuestro sistema judicial de dar respuesta a estas problemáticas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señora Presidenta, simplemente, quiero sumarme a lo que en esta Sala se ha planteado por distintos actores que tienen diferentes visiones políticas. Hay que facilitar los cursos de acción para que aquellas personas que inescrupulosamente no quieren dar cumplimiento a la ley puedan ser objeto de un procedimiento expedito.

Son muchas las personas que hoy día están padeciendo este lamentable flagelo de que en su casa viva alguien que pasó de arrendatario a usurpador.

Por lo tanto, me parece que hay que apoyar este proyecto y, en ese sentido, cuente con el apoyo de la bancada de Renovación Nacional.

He dicho.