Labor Parlamentaria

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Señoras diputadas y señores diputados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 334 y siguientes del Reglamento de la Corporación, corresponde considerar, hasta su total despacho, la acusación constitucional deducida por diez diputadas y diputados en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Izkia Siches Pastén.

Antecedentes:

-Acusación constitucional deducida en contra de la ministradel Interior y Seguridad Pública, señora Izkia Siches Pastén , sesión 37ª de la presente legislatura, en martes 28 de junio de 2022. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la ministradel Interior y Seguridad Pública, señora Izkia Siches Pastén . Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.

El señor MOREIRA.-

Gracias, señor Presidente.

Por su intermedio, quiero saludar a las ministras, ministros y subsecretarios que están presentes en el día de hoy, y también a los diputados y diputadas y a todos los colaboradores de este hemiciclo.

Tengo una noticia. Esta es una noticia de Emol. Ocurrió desgraciadamente en la madrugada del día de hoy: “Ataque incendiario en La Unión dejó ocho camiones destruidos: Encapuchados -más bien terroristas intimidaron con armas a trabajadores forestales”.

Sigue el terror y la muerte en la macrozona sur.

La acusación constitucional, como mecanismo de control político en nuestra actual Constitución de la República, como ya sabemos, nos faculta como Cámara de Diputados a entablar un juicio político en contra de las autoridades específicas al interior del gobierno para exigirles responsabilidad constitucional respecto de determinadas infracciones en el ejercicio de su función ministerial.

Los diputados acusadores nos imponen analizar las conductas que en el ejercicio del cargo que ha desarrollado la ministradel Interior y Seguridad Pública, doña Izkia Siches . Esta acusación tiene especial relevancia por la autoridad en cuestión. Recordemos que es la segunda autoridad más importante del Ejecutivo, ya que no solo reemplaza al Presidente de la República en determinados casos, sino que también colabora, de manera directa e inmediata, en temas de orden y seguridad pública, concentrada la decisión política en esta materia.

La Constitución de la República es clara: las causales para hacer valer la responsabilidad de un ministro o ministra de Estado tienen una tipificación específica establecida para esos casos, en particular en el artículo 52, número 2), letra b). Y en virtud de este precepto constitucional, se debe verificar si la ministra Izkia Siches ha comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución.

Es por eso que debemos analizar los capítulos a la luz de los hechos que los fundamentan y si se dan o no los presupuestos constitucionales mencionados.

Luego de haber presidido la comisión, después de haber escuchado a expertos y a la defensa de la ministra y de haber estudiado con detención los fundamentos de la acusación, quisiera exponerle a esta honorable Sala los argumentos por los cuales en el caso de la ministradel Interior y Seguridad Pública hay fundamentos suficientes para hacer efectiva la responsabilidad constitucional en esta sede política.

Quiero señalarles, en primer lugar, que del análisis del texto constitucional vigente queda claro que el único ministro de Estado -ministra en este caso respecto del cual procede la causal de comprometer gravemente la seguridad de la nación es el ministro o ministra encargado de la seguridad pública. Esto es evidente, desde el punto de vista de las funciones que de acuerdo al ordenamiento jurídico debe ejercer la ministra del Interior.

Quiero referirme brevemente a los aspectos que, en mi opinión y de acuerdo al análisis realizado, demuestran que esta acusación debe ser acogida.

Capítulo Primero: el retiro de querellas. El retiro o desistimiento de las querellas o denuncias de los delitos contenidos en la ley N° 12.927, de Seguridad del Estado, genera como efecto inmediato la extensión de la acción penal y la pena misma asociada al delito. El origen de esa decisión radica en una facultad administrativa con un fuerte componente discrecional donde se deposita en ciertas autoridades políticas.

En este sentido, si desde la cartera del Interior se retiran 139 querellas en contra de personas que causaron terror, robos, incendios, destrozos y otros delitos graves que han perjudicado a numerosas víctimas, cuyo anuncio se hace el 10 de marzo como primera medida de la nueva autoridad y dichas querellas son por la Ley de Seguridad Interior del Estado, es evidente que estamos en presencia de una decisión política, que tiene como trasfondo la utilización de esta facultad, como el mismo escrito de la acusación lo señala, como un instrumento de conveniencia.

Esta decisión, que fue impulsada bajo la dirección de la ministra Izkia Siches y basada en una promesa -repito: promesa de campaña del entonces candidato presidencial Gabriel Boric , compromete gravemente la seguridad en nuestro país. ¡Ahora hacemos promesas a los delincuentes!

Es evidente que una decisión así debilita la noción de autoridad, compromete el Estado de Derecho y, desde luego, genera una total sensación de impunidad y desconfianza en la población, toda vez que, como facultad administrativa discrecional radicada en la ministra del Interior, fue utilizada de manera totalmente arbitraria, no existiendo un cambio de circunstancias que hayan hecho del retiro de las querellas algo razonable.

¿Alguien en esta Sala puede sostener que no se pone en riesgo la seguridad de la nación cuando la autoridad a cargo del orden público entrega esa señal a la comunidad?

La justificación para el retiro por parte del gobierno fue señalar que las acciones legales impuestas por el gobierno anterior fueron utilizadas para realizar una persecución injusta y desproporcionada. En relación con esta afirmación, me pregunto: ¿es injusto o desproporcionado perseguir a los delincuentes que destruyeron, saquearon, quemaron y robaron, afectando a miles de personas? ¿Qué señal está dando este gobierno frente a la delincuencia? Cuando esta se utiliza como un medio para fines políticos, ¿no debe ser sancionada? ¿Qué sensación le queda a los afectados con estos delitos? Por supuesto, queda una sensación de inseguridad y desconfianza total.

Se pasó por alto, incluso, querellas en las cuales los imputados se encontraban en rebeldía, esto es, que no colaboraron con la justicia, lo que demuestra que hubo un criterio absolutamente arbitrario y carente de fundamentos razonables para tomar las decisiones, por lo que no cabe duda alguna que este actuar por parte de la ministra Izkia Siches afectó gravemente la seguridad de la nación. Por ello, respecto del primer capítulo, hay fundamentos para acusarla.

Omisión de denuncia frente a un atentado con caracteres evidentemente terroristas sufrido por la ministra en su fallida visita a Temucuicui

En segundo lugar, me quiero referir a la omisión de querellarse por el atentado ocurrido durante la visita de la ministra Izkia Siches a La Araucanía.

Es evidente que en el desarrollo de este capítulo se puede llegar a afirmar que existió inejecución de leyes, que pueden configurar el tipo constitucional; por de pronto, el deber de denuncia de los funcionarios públicos concurre siempre que sorprendan en un delito flagrante en ejercicio de sus funciones.

Los hechos constitutivos del ataque a la ministra Siches son de público conocimiento y tienen el potencial de calificar dentro de los tipos penales previstos en la Ley de Seguridad Interior del Estado; sin embargo, no hubo impulso persecutorio por parte del gobierno y de la propia ministra, lo que implica una contingencia seria y grave. En los términos de la referida ley, la omisión del deber de denunciar arrastra la consideración de ser imputado como cómplice del mismo delito. Cabe recordar que el plazo legal para efectuar esta denuncia es de 24 horas.

Esta eventual calificación agrava el problema, pues es la referida ley la que califica como cómplices a quienes omitan su deber de denuncia cuando se trata de este tipo de delitos. En ese sentido, la Contraloría General de la República ha hecho presente que, de conformidad con su jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes números 28.833, de 2016, y 481, de 2018, ha sostenido que la autoridad administrativa que toma conocimiento de una conducta que revista caracteres de delito debe ponderar en cada caso si los antecedentes que tiene a la vista le permiten adquirir el grado de convicción necesario para dar por establecida la efectividad de aquella, para efectuar la denuncia ante la autoridad competente, análisis que, desde luego, requiere un tiempo razonable.

Así, cuando la ministra del Interior omite querellarse por el atentado en su contra, un atentado que a todas luces fue un acto para desafiar a la ministra encargada de la seguridad pública, es evidente que ella misma es la que compromete la seguridad de todos los chilenos al avalar que existan zonas en nuestro país dominadas por terroristas, a las cuales no pueden acceder ni siquiera las policías o autoridades, y, por encima de ello, no reconoce que allí hay terrorismo.

No solo eso, Presidente. Debemos recordar que la ministra Siches ha llegado a tal nivel de negligencia en su gestión y de desconexión con la realidad que en un momento sostuvo una insólita declaración al señalar que, con ocasión del atentado con arma de guerra que sufrió un grupo de trabajadores forestales y que causó la muerte de Segundo Catril, estábamos en presencia de la primera víctima civil, ignorando y despreciando a decenas de civiles, entre los cuales se encuentra el matrimonio Luchsinger Mackay . Segundo Catril era la séptima víctima en la macrozona sur al momento del atentado.

¿Cómo no va a comprometer la seguridad de toda la nación el omitir una querella en contra de quienes resulten responsables por atentar con armas de guerra en contra de la señora ministra del Interior, producto de lo cual tuvo que ser evacuada del lugar?

Los intentos de diálogo, por los que tanto ha abogado la ministra, fracasaron, lo que ha quedado claro no solo en los hechos señalados precedentemente, sino también en el comunicado que emitió el 15 de abril del presente año la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), grupo terrorista, al indicar: “No hay más camino que el weichan”, refiriéndose a la lucha.

Por lo tanto, el desempeño de la ministra Izkia Siches se ha caracterizado casi por la inactividad total, lo que no puede ser desconocido, toda vez que el rol que se encuentra desempeñando es especialmente decisivo al tratarse de la seguridad de las personas de nuestro país. Esto, desde luego, compromete severamente la seguridad de la nación y debilita significativamente su autoridad y el cargo que ejerce.

Respecto de los capítulos tercero y cuarto, esto es, comprometer gravemente el honor de la nación y entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, con ocasión de la entrega de antecedentes equivocados en el contexto de las expulsiones de ciudadanos venezolanos, en ambos casos no se configura la responsabilidad constitucional.

En el caso del Capítulo Tercero, el estándar de gravedad es una condición intrínseca para la configuración de esta causal. Dicha gravedad no concurriría desde el momento en que es la propia ministra la que rápidamente ofreció disculpas por el error, que no pasó más allá de un malentendido diplomático que no hizo eco en autoridades ministeriales de la República Argentina. El malestar fue replicado meramente a nivel local por autoridades menores. El estándar de gravedad, en este caso, se construye políticamente, por lo que la viabilidad de que prospere este capítulo quedará sujeta a la deliberación política.

En el caso del Capítulo Cuarto y las afirmaciones inexactas respecto de que en el anterior gobierno se produjesen retornos ilegales de ciudadanos expulsados, vimos que la ministra del Interior se sometió al escrutinio político y pidió disculpas al exministro del Interior don Rodrigo Delgado, luego de reconocer su error. ¿Fue un error político? Sí. ¿Tuvo consecuencias políticas? Por cierto.

La ministra Siches mostró ante el país una actitud frívola, que mezclaba desinformación, liviandad e ironía, lo que terminó reventándole encima, por cierto, pero no creo que eso signifique una actitud dolosa de infracción constitucional.

El Capítulo Quinto está referido a la crisis migratoria. Presidente, hay pocas cosas más evidentes que el hecho de que este gobierno no tiene la casa ordenada. Ese capítulo se sustenta en la inaplicación de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, por parte de la ministra del Interior, en cuanto encargada superior de la totalidad de los organismos que intervienen en el proceso de expulsión de extranjeros -la Subsecretaría del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones de Chile-, los que dependen o se relacionan con el gobierno a través de su ministerio.

Se reprocha el no ejercicio de las facultades de expulsión por parte de los órganos administrativos involucrados, también la reprochable actuación del gobierno y del ministerio al eliminar el examen formal in limine de solicitudes de refugio, lo que implicaría una distracción de recursos públicos innecesaria y la inejecución rigurosa del concepto de refugiado, de cara a lo dispuesto en la legislación nacional y en tratados internacionales.

Se incluye, también, como reproche, la dictación del decreto supremo N° 177, de 14 de mayo de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que creó la subcategoría migratoria de residencia temporal, donde se incluyó el denominado “turismo laboral”, esto es, el ingreso al país de un extranjero solamente con una oferta de trabajo y no con un contrato ya aceptado. Esa opción no encajaría en el artículo 70, números 2 y 5, de la ley N° 21.325.

Debe tenerse en consideración que la migración en Chile se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. De acuerdo con datos entregados por el Servicio Nacional de Migraciones, en 2020 había 1.462.103 personas extranjeras residentes en Chile, las cuales ya son residentes habituales o solicitaron un permiso de residencia en el país, ello sin contar a quienes ingresan de manera ilegal, toda vez que no se puede tener registro de esa cifra. Ese aumento exponencial de inmigrantes ha afectado no solo a muchas de las personas que ingresan, sino también a varias zonas de nuestro país, especialmente a las regiones Metropolitana, de Arica y Parinacota , de Tarapacá y de Antofagasta. Si bien lo anterior es un asunto que se arrastra desde hace años, este gobierno, y en particular la gestión de la ministra Izkia Siches , no ha contribuido en lo más mínimo en su solución.

La actual Administración ha incurrido en una serie de negligencias que, nuevamente, dan cuenta de su falta de capacidades para gobernar. Desde que asumió el Presidente Gabriel Boric , se demoraron veinte días en nombrar al nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, dejaron sin utilizar seis vuelos destinados a expulsiones de personas ilegales, en virtud de un contrato que caducó en mayo del presente año; no se ha priorizado la puesta en marcha de forma adecuada de la ley de migraciones y no se renovó el estado de excepción en la macrozona norte. No puedo dejar de mencionar el bochornoso episodio que protagonizó la ministra Izkia Siches en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, en relación con una supuesta deportación fallida de ciudadanos venezolanos, con la clara intención de imputar a la administración anterior la comisión de un hecho gravísimo que resultó no ser cierto, tratando de sacar ventajas políticas en relación con el gobierno saliente, con información falsa, en vez de enfocarse en dar continuidad a la buena gestión que este tuvo en la mayoría de las materias y de solucionar los conflictos que acontecen en este asunto en particular. Por esto, creo que este capítulo sí configura causal de acusación constitucional.

Quisiera abordar en conjunto los capítulos sexto y séptimo de la acusación, los cuales están referidos a la violencia en la macrozona sur y a las declaraciones del líder del grupo terrorista Coordinadora Arauco Malleco .

En su momento el gobierno decidió no renovar el estado de excepción en la macrozona sur, a pesar de la eficacia de dicho instrumento y de la legitimación que hicieron de él los habitantes de las zonas afectadas a través de la consulta ciudadana realizada en la Araucanía, donde el 81,56 por ciento de los participantes estuvo a favor de mantener el estado de excepción. Pero la inexperiencia y la soberbia del gobierno pudieron más. ¿Qué pasó? 28 de marzo: ataque incendiario en Tirúa. Primer atentado en la macrozona sur desde que finalizó el estado de excepción. 31 de marzo: ataque incendiario contra tres camiones en Lumaco, hecho ocurrido a cuatro días de que el gobierno decidiera no solicitar una nueva extensión del estado de excepción. 2 de abril: reportan quema de once inmuebles y dos vehículos tras ataque de cerca de cuarenta encapuchados, terroristas, en Contulmo, Región del Biobío. 3 de abril: la CAM, terroristas, descarta diálogo con el gobierno y asegura que mantendrá la lucha. No hay más camino que el weychán. 24 de mayo: asesinan en Lumaco a Juan Segundo Catril Neculqueo , de 66 años de edad, quien recibió un impacto de bala en su cráneo en medio de un ataque armado de terroristas. 10 de junio: se registraron nuevos ataques incendiarios en el sector de Collipulli, donde personas fuertemente armadas quemaron una serie de camionetas en Vilcún. Además, dos construcciones ligadas a la familia Luchsinger fueron quemadas y se encontró un lienzo exigiendo la salida del grupo familiar.

Señor Presidente, podríamos seguir. Esta inacción insólita, que fue revertida con posterioridad gracias al sentido común nacional que llevó al gobierno a proponer y renovar, en sucesivas ocasiones, el estado de excepción constitucional de emergencia, y a la necesidad de proteger eficazmente a la población, significó un aumento de atentados durante su período de ausencia, comprometiendo gravemente la seguridad de una parte importante de país. Sin ir más lejos, al siguiente día de levantarse el estado de excepción constitucional se realizó un ataque incendiario en Tirúa, actos que continuaron con el correr de los días, producto de lo cual el gobierno se vio forzado a establecer nuevamente el estado de excepción constitucional. Su ausencia tuvo un costo altísimo, con innumerables víctimas.

Señor Presidente, durante los cincuenta días de ausencia del estado de emergencia, los hechos de violencia aumentaron en 171 por ciento en relación con el período que va del 5 de febrero al 26 de marzo del presente año. Lo insólito es que, en palabras de la ministra del Interior y Seguridad pública, “hay una evaluación subjetiva en torno a la seguridad”, lo cual no hace más que desconocer los hechos objetivos que ocurren en diferentes zonas afectadas y constituye una clara falta de respeto a las víctimas afectadas por los atentados ocurridos.

Señor Presidente, con todo lo que he señalado, la palabra de un dirigente terrorista, como Héctor Llaitul , pasa a ser casi una anécdota, pero para quienes creemos en la democracia no podemos dejarla pasar. El líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul , llamó a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía para la nación mapuche, lo que constituye el delito contra la seguridad interior del Estado, contemplado en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Cuál fue la reacción de la ministra? Ninguna. La ministra del Interior volvió a pasar por alto el hecho y no se querelló, dejando así de ejercer una facultad que le corresponde exclusivamente a ella como ministra del Interior y Seguridad Pública.

Esa situación dejó en total evidencia no solo la falta de aptitudes de la ministra para liderar la cartera de Estado que dirige, sino también el nivel de improvisación con el que desempeña sus funciones, lo cual constituye una muestra más de cómo se ha visto gravemente afectada la seguridad de nuestra nación. A esto se suma una ineficaz lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.

El subsecretario señor Eduardo Vergara señaló, respecto de la seguridad de nuestro país, lo siguiente: “es el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”. Sin duda, tiene razón, ya que durante los últimos meses ha quedado en evidencia la presencia de organizaciones narcotraficantes en el país. Es un hito relevante el que la Fiscalía, en junio del presente año, confirmara la existencia de bases de operaciones de una peligrosa banda de narcotraficantes denominada Tren de Aragua. Prueba de ello es la detención de miembros de la organización criminal por tráfico de drogas, en las ciudades de Iquique, Alto Hospicio , La Serena, Santiago , Quilpué y Quillota . También se han confirmado nexos de bandas locales con el cartel de Cali, que derivó en la incautación de 1.262 kilos de marihuana en la comuna de La Florida. Por su parte, la detención y formalización de cuatro hombres, en el puerto de San Antonio, confirman la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación en el país, siendo este hito la punta del iceberg.

El 1 de julio, la Policía de Investigaciones informó sobre el aumento de las incautaciones de drogas en 150 por ciento. Se debe tener en cuenta que la falta de presencia del Estado en el territorio y puntos estratégicos, como pasos fronterizos, sumado a la poca flexibilidad ante acontecimientos como la pandemia, ha facilitado la instalación de organizaciones criminales en el país.

Si bien este es un grave problema que se arrastra desde antes del actual gobierno, entre las funciones que la ley encomienda al ministrodel Interior y Seguridad Pública se encuentran el promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, la violencia y la reincidencia delictual; definir y evaluar las medidas orientadas al control de los delitos y aquellas que permitan una adecuada respuesta policial a las infracciones de la ley penal.

En este gobierno existe un claro abandono de esas funciones, puesto que la evidencia demuestra que este año, en relación con el año 2021 a esta fecha, ha aumentado considerablemente el número de delitos cometidos, lo que da cuenta de que, lamentablemente, no hemos visto ningún resultado eficaz en esta materia.

Por todo lo expuesto, creo firmemente que existen todos los presupuestos para afirmar que la ministra Izkia Siches , en su rol de ministra del Interior y Seguridad Pública, sí ha comprometido la seguridad de la nación.

Finalmente, respecto de la cuestión previa planteada por la defensa, no es efectivo que la acusación constitucional sea de ultima ratio, ya que el N° 2) del artículo 52 de la Constitución establece la acusación no solo para ministros de Estado, sino también para el Presidente de la República, ministros de cortes y otros, como tampoco nadie discute que los actos de fiscalización señalados en el N° 1) del mismo artículo 52 no se exigen como requisitos para interponer la acusación constitucional en contra de las demás autoridades. Es decir, no hay requisito alguno para interponer la acusación, salvo contar con al menos diez firmas.

Por tanto, no es efectivo que la acusación sea improcedente, ya que no hay norma que exija acto de fiscalización previo.

Sin perjuicio de lo anterior, varios diputados sí han ejercido su atribución de fiscalizar los actos de la ministra acusada.

Por eso, creo que la acusación constitucional es procedente.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Izkia Siches Pastén , y a todas y todos los presentes en esta honorable Cámara.

Desde hace aproximadamente dos semanas se dio inicio al trabajo de la comisión para analizar la procedencia o improcedencia de la acusación deducida por parte de los diputados del Comité Republicanos y otros que les acompañan en contra de la ministra Siches .

Como sabrán, me ha tocado ser una de las cinco integrantes de la comisión de acusación y me he tomado con seriedad y responsabilidad la tarea de analizar si de los antecedentes que surgieron del debate entregado por las partes acusadora y defensora y de la participación de abogadas y abogados expositores sobre diversos temas de su conocimiento es posible considerar la procedencia de esta acusación tanto en sus aspectos previos como de fondo.

Respecto de la denominada cuestión previa, que nos atañe, es la actual Constitución Política de la República de Chile la que en su artículo 52, N° 2), letra b), señala los requisitos que deben cumplirse para entender si es admisible o no.

Antes de exponer mis argumentos sobre el caso en debate, quiero precisar que en mis convicciones profundamente democráticas…

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Disculpe, señora diputada, por la interrupción. Diputados y diputadas, pido silencio y respeto en la Sala. Hay una diputada miembro de la comisión interviniendo. Por favor, les pido guardar silencio.

Continúe, señora diputada.

La señorita ACEVEDO (doña María Candelaria) .-

Gracias, señor Presidente.

Decía que antes de exponer mis argumentos sobre el caso en debate, quiero precisar que, en mis convicciones profundamente democráticas, estimo que esta acusación necesita ser entendida por todas y todos los habitantes de este país que puedan estar siguiendo esta sesión, por lo cual voy a tratar de exponer de la manera más simple, pero no menos profunda, las razones por las cuales, a juicio de esta diputada, y espero que de la generalidad de este hemiciclo, debe desecharse la acusación por no haberse dado cumplimiento a lo que señala la propia Constitución para, al menos, declarar su admisibilidad.

Entonces, ¿qué dice la Constitución? En los artículos 52, N° 2), y 53, N° 1), se enumeran las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, respectivamente, regulando específicamente en el artículo 52, N° 2), letra b), la facultad que tenemos de declarar si han lugar o no las acusaciones que se formulen en contra de, en este caso, un ministro o ministra de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. En el artículo 53, N° 1), se señala la atribución exclusiva del Senado para conocer las acusaciones que la Cámara de Diputados entable.

Como vemos, la Constitución es muy clara y específica respecto de cuándo, en qué y de qué se puede acusar a un ministro o ministra.

Ahora, yendo al caso concreto de la acusación en contra de la ministra señora Izkia Siches , cabría preguntarse: ¿cumplen los diputados acusadores con señalar expresamente en cuál o cuáles de los casos enumerados en el artículo 52, N° 2), letra b), la ministra podría ser objeto de una acusación constitucional? Es posible sostener que no, que no han sabido identificarlos, porque han hecho un intento forzado de encuadrar algunas situaciones. Además, sin ser abogada, de la sola lectura de la acusación se evidencia una confusión permanente de los conceptos y resulta difícil comprender realmente de qué se acusa a la ministra.

Y todavía más, en ningún caso hay objetividad de los hechos, en el sentido de que se ponen en situaciones catastróficas casos que ni siquiera han ocurrido, y otros en que abiertamente se han zanjado o despejado todas las dudas de los acusadores, que en estos cuatro meses de legislatura han tornado permanentemente los debates de este hemiciclo en un ataque constante a las decisiones tomadas por el gobierno electo democráticamente el 19 de diciembre del año recién pasado.

A menos que alguien en este hemiciclo pensara que seguimos en la época de la Inquisición, nadie debería sostener lo contrario a que toda persona tiene derecho a defenderse. A raíz de lo mismo, hemos avanzado como sociedad en entender que es fundamental garantizar el derecho a la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. En ese sentido, el texto de la acusación hacia la ministra afecta gravemente el derecho de ella a defenderse, de conformidad con lo que la propia Constitución en su artículo 19, N° 3°, señala, por cuanto es imposible que una persona pueda defenderse con claridad cuando no resulta comprensible de qué se le acusa exactamente, sobre todo si de la sola lectura es posible observar que los acusadores no parecen apegarse a lo que la Constitución exige para cuestionar el actuar de un ministro. Más bien, lo que en dicho texto figura son simplemente apreciaciones personales de lo que a los acusadores no les gusta de las decisiones del gobierno y de cómo se implementan y ejecutan el programa y las políticas públicas.

Es por lo anterior que me parece importante traer al debate la discusión que se dio en torno a si las acusaciones constitucionales son o no de ultima ratio, o sea, si son un mecanismo que se deba usar cuando ya se ha hecho uso previamente de todas las herramientas, como última opción, o bien si puede acusarse constitucionalmente a un ministro de Estado en cualquier ocasión, sin haber hecho uso de otras instancias.

Los acusadores han sostenido que las acusaciones constitucionales no son de ultima ratio, lo que me parece una conclusión preocupante porque, entonces, significa que en adelante, cada vez que estén en contra de una acción que realice un ministro o incluso el Presidente, vamos a tener que paralizar todas nuestras labores legislativas para discutir sobre si procede o no una acusación constitucional.

No parece descabellado sostener que quizás en un mes más nos tengan nuevamente en este hemiciclo con una acusación contra la misma ministra u otra. No sería raro, si a cuatro meses del inicio del gobierno ya hicieron uso de este mecanismo. Y creo que sí es grave no dejar que el Presidente y sus ministros y ministras gobiernen con tranquilidad para sacar adelante las tareas que permitan que nuestro país avance en medio de una crisis sanitaria y económica para nadie desconocida.

Creo que no hay que ser jurista ni leguleyo para llegar a la conclusión de que una acusación constitucional debe proceder para casos de gravedad comprobada. Pensar lo contrario sería, incluso, exponer la credibilidad de este Congreso y le quitaría todo valor a este mecanismo.

Es más, es cosa de preguntar a la gente en las calles su apreciación respecto de las acusaciones constitucionales, para darse cuenta de que el uso y abuso de esta herramienta le han quitado toda importancia, primero, porque en muchas ocasiones se acusa sin fundamento, y segundo, porque cuando ha habido fundamentos de peso, no se ha querido hacer valer realmente la responsabilidad para aplicar la consecuente sanción.

Es por eso que acusar a una ministra a cuatro meses de iniciado el gobierno más bien parece un show mediático, en el intento por aparecer en pantalla más que un real interés por garantizar el cumplimiento irrestricto de la Constitución y las leyes. Peor aún, es un acto de mala fe, que busca torpedear los esfuerzos de un gobierno que fue electo democráticamente, con el objeto de mancillar el honor, en este caso, de la ministra Izkia Siches , y de crear una falsa sensación de inestabilidad en la conducción del país.

Dentro de los argumentos que se intentaron sostener por los acusadores, se dijo que hicieron uso de otras acciones previas. Incluso, mencionaron como fase previa el envío de 680 oficios, solo por parte del Comité Republicanos, a la señora ministra del Interior. No voy a entrar en la discusión de este tema, porque creo que no es del todo pertinente en esta cuestión previa, pero con un cálculo simple, desde el 11 de marzo, fecha en que asume este gobierno, al 15 de junio, fecha en que se presentó esta acusación, si consideramos una semana laboral de cinco días, la ministra y su equipo debieran haber destinado setenta y cinco días a responder, en promedio, nueve oficios diarios solo al Comité Republicanos.

Me pregunto si los honorables diputados de dicha bancada no se dan cuenta de que están entorpeciendo gravemente las funciones de la señora ministra, así como de su gabinete, y que están pidiendo que se gobierno exclusivamente para responder sus propias inquietudes, y no las de la ciudadanía, especialmente si ellos consideran que estamos ante un escenario complejo en materia de seguridad y orden público.

A mi parecer, no se hizo uso de instancias previas para agotar recursos antes de llegar a la acusación constitucional como última herramienta, sino más bien hubo un obrar de mala fe tendiente a forzar la presentación de la acusación.

Volviendo al punto de las graves consecuencias que apareja una acusación constitucional, están relacionadas directamente con la gravedad de la falta que se hubiere cometido. En este sentido, para quienes nos están oyendo, cuando se acoge una acusación constitucional es posible destituir a las autoridades e inhabilitarlas de ejercer funciones públicas hasta por cinco años, junto con una cuestión que no está regulada como sanción, que es el cuestionamiento, hasta moral, de la figura de quien es acusado.

No es que no esté a favor de que se sancione así; de hecho, creo que es lo que corresponde para quienes detentan posiciones de autoridad cuando sus acciones u omisiones han sido reprochables, pero, justamente, eso debe ser racional y proporcional al daño que hayan efectuado realmente al país; de lo contrario, termina siendo una herramienta de cuestionamiento a las decisiones políticas, y no a la infracción de las normas que nos rigen.

Ahora, volviendo a la norma del artículo 52, número 2), letra b), de la Carta Magna, es necesario referirnos a si los acusadores lograron sostener su posición.

En este sentido, han manifestado que se incurrió en las siguientes infracciones: Por comprometer gravemente el honor de la nación.

Por comprometer gravemente la seguridad de la nación.

Por infringir la Constitución y las leyes o haber dejado estas sin ejecución.

En el texto acusatorio, así como en las exposiciones que se dieron en la comisión, se evidenció la total desprolijidad en la elaboración de los argumentos y la clara intención de relacionar algunos hechos con supuestas infracciones que darían lugar a la hipótesis del artículo que cité.

A juicio de esta diputada, existió un intento desesperado de acusar por acusar, sin claridad y, sencillamente, sin fundamentos.

Respecto de los capítulos acusatorios propiamente tales, hay que señalar lo siguiente:

En el Capítulo Primero, se cuestiona el retiro de las querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado en el contexto del estallido social.

El capítulo comienza señalando que esa decisión constituye una infracción a la ley y luego agrega que es una inejecución de la ley. No hay que ser perito para notar que están proponiendo que un mismo hecho sea objeto de cuestionamiento por dos causales.

Señores acusadores, creo que es notorio que no determinaron exactamente cuál es la causal infringida en el artículo 52, número 2), letra b). Una acusación constitucional es tan delicada que el legislador estableció las causales donde únicamente podría proceder y, por tanto, no saber identificarlas es una expresión clara de querer meter todo en un saco por si resulta. Pensaron que esto podría pasar desapercibido, pero hay que tomarse el trabajo con seriedad, pues la verdad es que son dos cosas distintas. Y no lo digo yo, sino los expertos y expertas en derecho, y así lo ha sostenido también la defensa con total claridad.

Infringir la Constitución y las leyes es un ilícito específico, que implica que se transgredió lo mandatado por estas, y dejar sin ejecución las leyes significaría que no se dictaron los reglamentos, decretos y las instrucciones que se requieren para ejecutar la ley.

En este sentido, ¿dónde estaría la causal que infringe la señora ministra? El retiro de la querella es una facultad que la propia ley le concede, de modo que, en este caso, no existiría transgresión alguna. Cosa distinta es si a los diputados les parece cuestionable desde su visión política e ideológica. Al respecto, tuvimos como expositor al abogado, doctor en Derecho Penal, Jaime Winter , quien nos ilustró sobre la distinción entre: Uno, el retiro de querellas en aquellos casos en que hay un delito permanente, que no afecta en caso alguno la persecución penal, y, dos, en los casos en que pudiera desaparecer el delito, que, según señala, sería en los casos mínimos, habría que entender cuál es la razón de ser de la Ley de Seguridad del Estado, que es una herramienta que se le entrega a los órganos políticos para resolver un conflicto.

En este último caso, nos encontraríamos -y cabe tenerlo presente con que el gobierno de turno ha entendido que la forma de resolver los conflictos puede ser a través de otras vías, o bien estimar que el conflicto ya se encontraba resuelto, por lo que es claro que hacer uso o no de esta ley es una facultad, y no un deber, porque no existe infracción alguna al artículo 52, número 2), letra b), de la Constitución.

En el Capítulo Segundo, sobre el hecho ocurrido en Temucuicui, se inicia cuestionando que hubo inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos. Aquí ocurre nuevamente lo mismo: hay una falta de comprensión de lo que se entiende por ejecutar las leyes, y sobre ello vayan las mismas reflexiones hechas sobre el primer capítulo.

En el Capítulo Tercero, que trata sobre el uso del concepto Wallmapu, haciéndose un supuesto uso imprudente o inoportuno, que habría comprometido gravemente el honor de la nación, y resalto la palabra “gravemente”, en la que me detendré en breve, no sin antes dejar presente en este hemiciclo que me llamó profundamente la atención que tanto los acusadores como sus invitados pusieran énfasis en este capítulo y señalaron que, incluso, era el más importante de todos los hechos.

Es más, el abogado y profesor de derecho privado, señor Jorge Baraona , señaló expresamente: “A diferencia de lo que piensa el profesor Winter , creo que lo más grave es el tema de Wallmapu. Me parece, en mi criterio, por lejos el capítulo en el que más gravemente se ha caído la señora ministra del Interior.”.

En lo personal, me sorprendió muchísimo que de los siete capítulos, el más grave, a juicio de los acusadores y de sus invitados expositores -que en realidad no debieron emitir juicios, sino solo ilustrarnos sobre materias de derecho, pero igualmente se tomaron el tiempo para hablar sobre sus propias apreciaciones-, sea el que se refiere a que, supuestamente, el uso de esta palabra habría afectado gravemente el honor de la nación, aunque en realidad después no queda claro donde estaría comprometido gravemente el honor de la nación. ¡Qué difícil resulta para una persona defenderse de acusaciones tan ambiguas!

Ahora, cuando el legislador señala la palabra “gravemente”, lo hace en función de que no baste solo con comprometer a la nación o la seguridad de esta, sino que el hecho sea de tal carácter que haga irreversible el daño, o bien que el daño sea tal que resulte manifiesto o, incluso, sea permanente.

No me referiré al fondo de esto, porque estamos viendo la cuestión previa, es decir, estamos determinando si cumplieron con demostrar que el hecho que describen se enmarca en una causal que indica la Constitución. En este sentido, es claro que este hecho no tuvo trascendencia mayor en términos internacionales: no afectó la imagen del país, en cuanto a las relaciones bilaterales, ni ocurrió nada luego de que, inclusive, la señora ministra se pronunciara sobre los hechos, aclarándolos en el contexto usado, por lo cual no se evidencia la gravedad en el texto acusatorio tampoco.

¿Se menciona algún hecho que se pudiera decir? Sí. ¿Esto significó comprometer gravemente el honor de la nación o que esta se viera afectada en su imagen y se haya expuesto al país a una vergüenza pública? La verdad es que no hay gravedad alguna. Ni siquiera estuvo comprometida la nación, menos aún con la gravedad tal que exige la norma o de la forma señalada en la intervención del diputado Cristián Araya en la comisión, quien además es uno de los acusadores, cuando habló del tema de la acusación por el uso de la palabra Wallmapu y se refirió a su preocupación de que esto atentare contra la integridad de la nación, relacionada con el deber de resguardar la soberanía, la integridad del territorio y las fronteras, cosa que jamás se dijo en el libelo, por lo que creo que los acusadores ni siquiera tienen tan claro qué se le reprocha a la ministra.

El Capítulo Cuarto entrega información, inexacta o intencionalmente incompleta a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, incautación de armas a nivel nacional o a las víctimas civiles de la Araucanía.

Aquí, este capítulo también es sumamente confuso. Parten hablando de que hay una infracción al principio de probidad; de repente hablan sobre que se hubiere comprometido el honor de la nación; en otra ocasión señalan que se violó gravemente la ley al no denunciar hechos y, finalmente, terminan diciendo que se dejaron sin ejecución las leyes.

Señores diputados, una vez más, ¿es posible hablar de la existencia de claridad en la acusación? Es imposible, y eso es manifestación de que no se tiene certeza de qué se le acusa exactamente, y no tener certeza de aquello es motivo más que suficiente para no dar lugar siquiera a discutir el fondo, si están o no en lo cierto con la interpretación de los hechos.

En el Capítulo Quinto, dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota , de Tarapacá y de Antofagasta. Sobre este punto creo que es bueno tener en cuenta que la ministra no es quien tiene la autoridad competente en este asunto; le corresponde al subsecretario del Interior o al director del Servicio Nacional de Migraciones, o, en último término, a los tribunales competentes en la materia, por lo que, en definitiva, si la señora ministra se atribuyera competencias en este tema, que no tiene, ahí sí que estaríamos hablando de una infracción, porque estaría extralimitándose en sus funciones.

En el Capítulo Sexto se le acusa reacción tardía, insuficiente y acotada en los acontecimientos de la macrozona sur, lo que afectaría gravemente la seguridad de la nación, e inejecución de la Constitución y las leyes, afectando los derechos fundamentales de las personas.

Una vez más, se hizo una mezcla de causales, pero además se acusa a la ministra por una facultad que ni siquiera le compete, lo que atenta en contra de que la ministra deba responder personalmente por sus hechos y no los de otros. En este caso, además se le requiere incorporar mayor gravedad a una cuestión imposible, y es que quieren atribuirle a la señora ministra la falta de manejo de cuestiones que ocurrieron con anterioridad a que asumiera este gobierno.

En el Capítulo Séptimo, finalmente, se le acusa de dejar sin ejecución las leyes al omitir presentar denuncias contra el señor Héctor Llaitul . Sobre este punto, el debate en comisión fue bajísimo, debido a que las palabras que se usaron por los acusadores fueron en función de expresar sus opiniones personales sobre la situación de la macrozona sur y no se enfocaron en señalar en qué sentido no denunciar era inejecución de la ley, habiendo, una vez más, una falta de claridad en los conceptos que imposibilita la defensa.

En definitiva, para no hacer un debate más extenso, porque debo decir que lo que más me interesa es que no solo en este hemiciclo se entienda por qué es necesario dar por terminada esta acusación, sino que sobre todo lo entiendan quienes nos escuchan, creo que no es necesario extenderse en este sentido.

No me queda más que señalar ante la honorable Cámara que corresponde acoger la cuestión previa planteada por la defensa de la ministra, ya que no ha habido una exposición clara de las causales que deben fundamentar una acusación constitucional y porque además creo que más bien ha habido un intento de figurar en las pantallas por parte de los acusadores del Comité Republicanos, quienes además incluso el día jueves recién pasado trajeron a su propio coordinador como experto, quien primero señaló que “la idea es que la opinión sirva para que ustedes decidan si es que hay mérito o no y voten en Sala de una u otra manera.”. Pero al final de su intervención señaló: “No tengo, y sobre mí no recae una obligación de imparcialidad, ecuanimidad, objetividad; tengo una visión sobre este libelo acusatorio, y esa es la visión que quería entregar y exponer a ustedes para intentar convencerlos”, lo que, en definitiva, deja en claro que la intención de los acusadores fue marcar su punto político sobre las decisiones que se han tomado por el gobierno y no verdaderamente demostrarnos que el texto realmente contiene fundamentos para acusar constitucionalmente a una ministra de Estado o de si se habría dado cumplimiento a las causales que la Constitución establece para acusarla.

Por todo lo anterior es que votaré a favor de que se acoja la cuestión previa deducida por la defensa de la ministra Izkia Siches , por el derecho y el deber que tenemos, que es resguardar la democracia y permitir que se realicen las gestiones que el país espera del gobierno.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado miembro de la Comisión encargada de informar si procede o no esta acusación constitucional señor Fernando Bórquez Montecinos .

El señor BÓRQUEZ.-

Gracias, Presidente.

Saludo por su intermedio a la ministra Izkia Siches , a las demás ministras y ministros que están en la Sala, y a mis estimados colegas diputados.

Me corresponde justificar mi voto frente a este libelo acusatorio presentado en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches , de profesión médica cirujana y cuya especialidad es medicina interna, quien además cuenta en su currículum el haber sido consejera de la Federación de Estudiantes de la FECh, e integró el Senado Universitario entre el 2010 y el 2012. En el año 2017 fue elegida como la primera mujer para presidir el Colegio Médico de Chile.

¿Qué duda cabe de que los méritos académicos de la ministra en materia sanitaria y gremial son destacables? Pero, del mismo modo, ¿qué duda cabe de que no le fueron suficientes para ejercer de manera eficiente el cargo más relevante en materia de seguridad interior del Estado? Es más, estoy convencido de que su ímpetu de protagonismo político o su ego personal no le permitió y no le permite darse cuenta de que su ineptitud técnica ha perjudicado a miles de familias chilenas en un derecho humano esencial, en lo que le compete a ella, que es verse resguardadas en su seguridad física y psíquica ante actos delictuales y terroristas que de algún modo se han visto envalentonados, porque el mundo del hampa, del narcotráfico y del terrorismo entiende que la persona encargada de implementar las políticas públicas para combatirlos definitivamente no tiene ni la competencia, ni el sentido común, ni el peso político necesario para que estas sean idóneas y eficientes.

Y en este sentido, por ejemplo, el haber concurrido a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y señalar ante un poder del Estado, sin ningún tipo de antecedente técnico y serio, que el gobierno anterior habría ocultado un avión repleto de ciudadanos venezolanos expulsados, trayendo de regreso a todos los pasajeros, y lo narra en esa instancia como una anécdota casi graciosa, e incluso expresa elogios al andamiaje comunicacional del ex-Presidente por haber bloqueado o distraído a la prensa nacional, por no haber expuesto este delito por los medios de comunicación en esa oportunidad.

La pregunta es obvia: si ella tomó conocimiento de la existencia de esta verdadera asociación ilícita para el retorno de delincuentes expulsados, ya sea por la vía administrativa o judicial, ¿por qué, en su calidad de máxima autoridad en materia de seguridad, no lo denunció, como correspondía? Las respuestas son múltiples. Carece absolutamente de sentido común, quizás el requisito más importante para ejercer ese cargo y cualquier otro, ya sea en el servicio público y en la vida en general; o su estima personal es tan alta que consideró que esta anécdota para ella la iba a consolidar como una líder política que constataba un ilícito penal, que ella o sus asesores lo descubrieron y que en su mandato jamás pasaría una situación de esta naturaleza.

Sin embargo, este hecho gravísimo, según sus propias palabras, no solo fueron falsas y tuvieron que ser desmentidas a las pocas horas, demostrando ya en ese momento carecer de las más mínimas condiciones jurídicas, políticas y personales para el ejercicio del cargo, ya que nadie entiende cómo la perpetración de un delito no fue puesta en conocimiento en forma inmediata al Ministerio Público, cuando le informaron de esta supuesta asociación ilícita de retorno de expulsados.

Presidente, por favor,…

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Estimados colegas, por favor, orden y silencio en la Sala. Hay un diputado de la comisión interviniendo.

Continúe, diputado.

El señor BÓRQUEZ.-

Ahora, ¿esta falta absoluta de sentido común constituye una infracción constitucional? Hasta el momento tengo mis dudas y reparos. No obstante, y para los efectos de la historia fidedigna del estudio de esta acusación constitucional, tengo el deber de señalar que el modo político de salvar la incompetencia de la ministra por estos falsos hechos fue culpar a un funcionario de carrera por haber informado mal o, a lo menos, en forma confusa al ministerio. Es decir, nuevamente el sentido común está ausente, ya que se busca, en mi concepto en forma cobarde, a un responsable de segundo orden al no reconocer, en forma quizá humilde pero sincera, el bochornoso error cometido.

Entonces, se juntan tres características preocupantes y peligrosas para una ministradel Interior y Seguridad Pública: una falta de sentido común contundente, una falta de humildad y una falta de conocimiento para el cargo evidente y casi pueril, que afecta un desempeño competente y eficiente.

Otro acápite de esta acusación dice relación con el intempestivo viaje de la ministra Siches , en su primer acto oficial, a la zona en conflicto en la macrozona sur de Chile. Ello demuestra que su alter ego pudo más que el consejo de expertos sobre los peligros que una acción de esta naturaleza podría acarrear. Su buenismo y su voluntarismo la llevaron a no escuchar estas prevenciones, y estoy casi seguro de que en su fuero interno ella imaginó que sería recibida, en un territorio manejado por narcoterroristas, como una verdadera heroína que vendría a instalar una paz duradera en la zona, alzándose como la política que consiguió este anhelo prioritario para Chile.

El resultado no solo fue humillante, y quedará en la historia de la República de Chile que la ministra del Interior y Seguridad Pública, la encargada de la seguridad del país, tuvo que salir huyendo al ser recibida en una verdadera emboscada a balazos, los que le impidieron cumplir el objetivo que había planificado en su fuero interno, una vez más, por su voluntarismo, su falta de sentido común, su falta de humildad y su desconocimiento absoluto de los objetivos de su cargo.

Como una reflexión personal, el querido Wallmapu de la ministra Siches la declaró persona non grata, y la próxima vez que se le ocurra intentar ingresar a ese territorio, lo deberá hacer al interior de un vehículo blindado.

No puedo dejar de mencionar que esta irresponsabilidad pudo haber tenido consecuencias trágicas, porque su actuar puso en riesgo no solo la vida de ella, sino la de sus escoltas.

¿Quién en su sano juicio comete un acto tan temerario? La respuesta está en los párrafos precedentes.

La falta de sentido común, el voluntarismo y la falta de conocimiento se repiten, se reiteran y a estas alturas, para mí, no cabe duda, forman parte del ADN de la ministra.

En cuanto al retiro de querellas presentadas por la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el estallido, solo puedo señalar que existió, evidentemente, un compromiso de campaña del Presidente Boric , pero en la versión primera vuelta, ya que esta propuesta desapareció, por un tema de estrategia electoral, en la segunda parte de su campaña.

Por lo tanto, es evidente que quien tenía que llevar a efecto esta decisión judicial era la ministradel Interior y Seguridad Pública, quien, al carecer del análisis político suficiente, cumplió -como debe serlas instrucciones del primer mandatario. Atribuir que ella fue la artífice o la autora intelectual de esta decisión no es verdad, ya que la ministra del Interior y Seguridad Pública, tal como lo he señalado, no tiene los conocimientos necesarios para aquilatar o entender una decisión jurídico-política de tal envergadura.

Ella solo debe asumir, en este caso y en el evento de que lo haya comprendido, que la señal que, desafortunadamente, está dando como autoridad ante los actos de vandalismo de ese tiempo, es que estos no fueron constitutivos de delito, que solo fueron expresiones válidas efectuadas en un contexto social y político álgido; que quemar una iglesia, saquear un supermercado o lanzar bombas molotov a Carabineros no pueden ser perseguidos por el Estado, ya que la movilización social provocada por el abuso de treinta años de democracia lo justificaba.

Por ende, hay que retirar estas querellas. Ellos no son delincuentes; son luchadores sociales oprimidos que actuaron por una justa causa. Esa es la señal que muy desafortunadamente da la ministra.

¿Quién más podría llevar a efecto esta política pública de impunidad? Obviamente, la ministra del Interior y Seguridad Pública, quien no entiende los alcances jurídicos y las señales equívocas que se le dio al mundo de hampa. Acá, por parte de la ministra no hubo voluntarismo, solo siguió instrucciones, que se complementan con su ignorancia en materia de seguridad, ya que es evidente que esos mismos delincuentes que pueden haber sido liberados de la justicia por la inacción del Estado, sin duda volverán a cometer los mismos delitos en razón de su causa política.

A mi juicio, y para los efectos de ir cerrando mi justificación en cuanto al mérito de esta acusación constitucional, tengo la firme convicción de que esta ministra del Interior y Seguridad Pública no tiene las capacidades políticas, ni mucho menos las capacidades técnicas para desempeñarse en el cargo. Para ejemplificar la convicción que me he formado, puedo indicar que podrá ser una gran dirigente gremial, una gran doctora, pero en materia de seguridad carece de los atributos mínimos que debería tener un chileno o una chilena en el ejercicio de ese cargo ministerial.

¿Es culpa de ella? Definitivamente, no. Acá el Presidente de la República tiene gran responsabilidad, ya que él la designó, él la respaldó políticamente y él aún la mantiene, sabiendo, como todo el mundo sabe, que el que lleva a cabo la misión de seguridad pública es el subsecretario Manuel Monsalve , transformando a la ministra Siches en una vocera, no en una ministra, quien muchas veces debe ser flanqueada por otros ministros para evitar o corregir los ya reiterados errores por ella cometidos.

Para finalizar, creo que estamos frente al ejercicio de un cargo ministerial definitivamente algo más que deficiente, con errores imperdonables, tanto en la forma como en el fondo, pero como diputado de la república y tras haber jurado respetar la Constitución Política y las leyes, no caeré en la irresponsabilidad de los diputados opositores de la legislatura pasada que presentaron nueve acusaciones constitucionales, dos de ellas en contra del Presidente Sebastián Piñera , con el propósito evidente de desestabilizar a un primer mandatario elegido democráticamente.

La acusación constitucional es la herramienta de fiscalización más relevante que tenemos los diputados y no la podemos utilizar como instrumento político espurio, como lo utilizaron ellos. Esta acusación, sin duda, contiene fundamentos importantes de hecho, que son descritos adecuadamente y que, insisto, son llevados o consumados por la ministra Siches por su voluntarismo, falta de conocimiento y de sentido común. En mi concepto, son errores graves, pero errores al fin y al cabo. Desde el punto de vista constitucional, no alcanzan a configurarse las causales invocadas por los acusadores para acoger este libelo acusatorio.

Esta acusación tiene defectos legales en su presentación. Por eso, votaré a favor la cuestión previa.

He dicho.

El señor MATHESON.-

Señorita Presidenta, una vez leído el libelo acusatorio, el escrito de la defensa y todas las intervenciones y antecedentes vertidos en la Comisión, está claro que la Cámara no debe hacer un juicio de culpabilidad de la ministra, sino un juicio de plausibilidad de los hechos y fundamentos en los cuales se funda la acusación.

Por otra parte, cabe mencionar que las acusaciones constitucionales no son de ultima ratio; la acusación constitucional tiene causas taxativas expresadas en nuestra Constitución y es una herramienta de gran peso constitucional, pero de ello no se deriva su carácter de ultima ratio. La norma no exige que se agoten las instancias previas, por lo que no corresponde que la Cámara censure una de las atribuciones más importantes, como lo es la actividad fiscalizadora.

A continuación, analizaré cada capítulo de la acusación en forma breve.

Capítulo Primero: el retiro de 139 querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el denominado “estallido social” y el proceso de desarticulación de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Aquí hay antecedentes plausibles de una violación a la ley de seguridad interior del estado, pues la ministra tiene el ejercicio preferente y el deber político de ejercer la acción penal contra dichos delincuentes. El retiro de las querellas significa una promoción negligente de la impunidad. Es evidente que dejar de perseguir responsabilidad por delitos contra el orden público es una inejecución de la ley, aun cuando quedaran otros delitos remanentes.

Capítulo Segundo: inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la propia titular del Interior y su comitiva en la localidad de Temucuicui, que incluyó la utilización de armas y amenazas.

La ministra del Interior y Seguridad Pública fue expulsada a balazos de la comunidad de Temucuicui, en la Región de La Araucanía. Hay antecedentes, pues de ello se desprende que la ministra no ejecutó expresamente la ley al no interponer la denuncia o querella contra los responsables de dichos hechos, amén de haber puesto en riesgo su vida y la del resto de su comitiva.

La comunicación del carabinero, acompañado en el escrito de defensa, no es antecedente suficiente, pues no se desprende que la ministra haya dado la orden -lo insinuó magistralmente el abogado Winter en su exposición-, ni menos que se haya denunciado o querellado por el artículo 26 de la Ley de Seguridad del Estado.

Capítulo Tercero: el haber comprometido gravemente el honor de la nación al utilizar de manera imprudente e inoportuna el concepto Wallmapu para referirse al territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina.

Al respecto, puedo decir que Wallmapu es un término usado por los enemigos de la integridad territorial de la república, como Héctor Llaitul ; que la ministradel Interior y Seguridad Pública use el término Wallmapu denota una ignorancia suprema en relación a los términos a utilizar en un puesto como el que desempeña.

Es cierto lo que dice la defensa de que el libelo no habla de la causal de compromiso grave a la seguridad de la nación. En ese sentido, el libelo acusatorio tiene una deficiencia en esta causal.

Capítulo Cuarto: entregar información inexacta e intencionadamente incompleta a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la incautación de armas a nivel nacional o las víctimas civiles en La Araucanía.

La ministra del Interior acusó negligentemente al Estado de deportaciones masivas e ilegales de ciudadanos. Lo hizo de manera jocosa ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, como si lo estuviera haciendo en un asado de fin de semana, desprestigiando nuevamente su cargo. Lo correcto habría sido denunciar estos hechos ante la fiscalía para su veracidad, y no vertiendo estos dichos de la manera y el lugar donde lo hizo.

Aquí hay antecedentes de responsabilidad constitucional, toda vez que, sucedida una denuncia, tiene carácter penal.

Capítulo Quinto: dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota , Tarapacá y Antofagasta , por no hacerse las expulsiones y por la dictación del decreto supremo Nº 177.

Como todo, aquí es necesario precisar dos cosas. Está claro que todo el sistema migratorio depende por ley de la ministra del Interior, y que el Servicio Nacional de Migraciones responde al Presidente a través de ella.

Es inaceptable que, en lo que va de este año, hayan ingresado más de 20.000 personas en forma clandestina y que se haya expulsado por vía administrativa solo a 3, quienes gestionaron voluntariamente su expulsión.

Segundo, ciertamente, el decreto supremo Nº 177, firmado por la ministra, goza de presunción de legalidad por haber tomado razón la Contraloría, pero eso no impide a la Cámara y al Senado de hacer su propio y nuevo examen legal.

Capítulo Sexto: omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul , por sus declaraciones llamando a la resistencia armada contra el Estado de Chile.

La ministra no se querelló contra Héctor Llaitul , contra opinión expresa del fiscal nacional, contraviniendo con ello gravemente la ley. Esta causal es análoga a la primera y segunda, con la particularidad de una polémica con el Ministerio Público y el fiscal nacional, existiendo antecedentes graves para constituir responsabilidad política por inejecución de la ley.

Capítulo Séptimo: ignorar los resultados y recomendaciones sobre la aplicación del estado de emergencia en las regiones de La Araucanía y Biobío, generando una reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violación en la macrozona sur del país, que implicaron una afectación grave a la seguridad de la nación e inejecución de la Constitución y las leyes, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de las personas.

El estado de excepción constitucional es una herramienta de primer orden dispuesta para la seguridad y la vida de los habitantes de la nación. El no haber renovado dicho estado de excepción de manera contumaz significó una afectación a los derechos fundamentales de los habitantes de la macrozona sur, por los desórdenes graves al orden público en dicha región. Esto está demostrado en sus declaraciones públicas, ahora apoyando dictar dicho estado, pero en forma acotada, cosa que no está considerada en la Constitución y no protege eficientemente a la población.

Para finalizar, Presidenta, debo expresar que el libelo presentado por la parte acusatoria principalmente manifiesta la despreocupación, la inactividad y decisiones inadecuadas en que ha incurrido la parte acusada, llevando al país por la senda de la incertidumbre y la inseguridad, llegando, además, a la utilización de términos que, a la larga, pueden causar riesgo en las relaciones internacionales. Por otra parte, la secretaria de Estado, sin duda, no ha estado a la altura de las circunstancias, demostrando su poca competencia para ejercer el cargo y hacer cumplir la Constitución y las leyes, ya sea por un tema ideológico, por desconocimiento o porque no ha sido capaz de dimensionar la importancia del cargo que ostenta.

Por lo anteriormente dicho y considerando todo lo que he expuesto, invito a esta Sala a votar en conciencia y sin ideologismos.

He dicho.

La señora ROMERO (doña Natalia).-

Señora Presidenta, saludo a las y los ministros presentes en la Sala y a los colegas diputados.

Antes de proceder con mi exposición sobre esta acusación, quiero detenerme un poco y aclarar de forma correcta mi voto y, también, mi convicción política, ya que debido a la especial naturaleza de este procedimiento que exige de nosotros la mayor objetividad posible, es necesario destacar mis convicciones.

Creo que todos sabemos que hoy vivimos una crisis de seguridad y de orden público que ha significado que nuestra ciudadanía se haya transformado en víctima de la delincuencia, con portonazos y encerronas que suceden cada día, en todas partes y a toda hora. Nuestros y nuestras compatriotas ya no saben si al entregar pacíficamente sus bienes, los más preciados, van a salir con vida.

La inmigración ilegal desenfrenada ha significado que los delincuentes asuman nuevas prácticas, cada vez más violentas y mortales en contra de sus víctimas, y el desorden público se ha transformado en pan de cada día.

Pero también hemos sido víctimas del narcotráfico, el cual se ha tomado las poblaciones de nuestro país, e, incluso, ha llegado a controlar nuestras fronteras en el norte.

El narco hoy tiene en completa indefensión y temor a todos nuestros vecinos, los cuales ven a diario cómo sus hijos caen víctimas de las drogas o pasan a formar parte de estas verdaderas empresas del crimen, que crecen cada día más y que introducen su influencia en todas partes, incluso, como lo pudimos ver en el pasado, en la política y, por tanto, en el mismo aparataje del Estado. Esto, cuando no derechamente lo reemplazan, instaurando su poder.

A la vez, somos testigos de un total descontrol en la macrozona sur, donde el terrorismo ha quitado directamente franjas de territorio del control estatal, creciendo el robo de madera, los actos de violencia política y criminal y el temor de todos los habitantes de estas zonas, que ya ni siquiera saben si podrán volver con vida a sus hogares y con sus familias cuando tienen que salir de sus casas o donde ni siquiera saben si el día de mañana tendrán un hogar al cual volver, porque son tomados de manera ilegal, cuya herramienta generalmente consiste en la amenaza de muerte de sus propietarios.

Hoy vivimos una crisis profunda, a la que el gobierno no ha dado ninguna solución. El gobierno de la ministra, jefa de la cartera más importante de nuestro país, ha transitado entre la duda y el mutismo, entre la indiferencia y el partisanismo ideológico.

Quiero hablarle a la ciudadanía, a nuestro Chile profundo y a cada uno de los vecinos y decirles que no es normal que a diario tengamos que escuchar sobre encerronas, motochorros, amenazas, saqueos, turbazos, secuestros, asesinatos y violencia. Honestamente, me preocupa que el día de mañana, por culpa de la falta de firmeza o por culpa de la mal llamada consecuencia ideológica, que pareciera tener atado de manos a este gobierno, el día de mañana todo lo que aquí hemos descrito nos parezca normal, que toda esta criminalidad desenfrenada no nos llame la atención y, como lamentablemente ha pasado en otros países, hayamos perdido nuestro Estado de derecho.

Señora Presidenta, por su intermedio, quiero pedirle al gobierno, aprovechando la presencia de la ministra, que escuche a la gente y a las víctimas, y que entregue a Carabineros de Chile las herramientas necesarias para contener este grave peligro que sufre nuestro país y que haga uso de sus recursos legales y constitucionales para cuidar a nuestra gente. No es posible que, por prejuicios ideológicos, por temor a su electorado más radicalizado y por incompetencia de sus autoridades se lapide nuestro presente y se destruya nuestro futuro.

Gobernar es actuar, es cuidar de nuestra gran familia llamada Chile; no es el discurso fácil ni tampoco la complacencia o la impasibilidad. Gobernar es tomar el timón y guiar este barco a un buen puerto, más allá de las tormentas, más allá de las inclemencias.

No obstante -aquí lo he mencionado-, es importante destacar que estamos ante un procedimiento jurídico constitucional altamente reglado, en el cual, para la determinación de la responsabilidad constitucional de una autoridad, se exige la imputación de causales personales y altamente específicas, además de un debido proceso motivado por los principios de objetividad, proporcionalidad y razonabilidad, que nos exigen, como miembros de la Cámara de Diputados, asumir este rol de acusadores con clara responsabilidad política y el respeto irrestricto a la Constitución.

Por tanto, es necesario marcar la diferencia nítida con el actuar que tuvieron en el pasado nuestras actuales autoridades, quienes, en sus roles de diputados o de líderes sociales, no escatimaron en apuntar con el dedo y criticar cada una de las actuaciones de los gobiernos que no les eran afines y hasta pidieron la renuncia de autoridades. Es decir, usaron esta herramienta constitucional de manera irresponsable y poco republicana.

El artículo 52, numeral 2), letra b), es claro al establecer que para la procedencia de una acusación constitucional se necesita que la autoridad cuestionada haya comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o que haya infringido la Constitución o las leyes o que, por omisión, las haya dejado sin ejecución. Es claro que el libelo acusatorio presentado no logró fundamentar aquello.

Estamos de acuerdo, en parte, con el juicio político existente en el mismo, pero nuestra república presidencialista y nuestro rol histórico y actual exigen de nosotros un juicio jurídico sobre los actos de la ministra, y ella, en la especie, no ha infringido con su actuar la Constitución. Solo ha ejecutado, dentro de sus potestades, un mal programa de gobierno y ha sido consecuente con ideas equivocadas.

Por eso, señor Presidente, mi voto es a favor.

He dicho.