Labor Parlamentaria

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Iniciando el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión de las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje y moción, refundidos, que modifica el Código Penal para agravar e incrementar las penas de los delitos, toda vez que sean cometidos contra niños o estos se encuentren entre los afectados por el delito y sus circunstancias, correspondiente a los boletines Nos 14107-07 y 14123-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Las modificaciones del Senado se rindieron en la sesión 57ª de la presente legislatura, en lunes 8 de agosto de 2022, y su discusión continuó en la sesión 58ª de la misma legislatura, en martes 9 de agosto de 2022.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, espero que hoy terminemos la tramitación de este proyecto de ley tan importante, conocido como “ley Tamara”, que surge del lamentable asesinato de esa niñita que murió baleada cuando intentaban robar el auto a su madre. Es de esas cosas que nos conmueven, que nos remecen y que nos hacen sacar adelante este tipo de proyectos de ley.

Esta iniciativa propone que un delito cometido contra un menor de 18 años sea una agravante de responsabilidad penal.

Me parece que el proyecto lo hemos discutido ampliamente, y ahora tenemos que ver las modificaciones del Senado.

Eso sí, no puedo dejar de mencionar que este proyecto se aprovechó para hacer una corrección -algunos consideran que está bien; otros que está mal-, y eliminar el delito que tipifica las relaciones homosexuales entre un mayor de 18 años y un menor de 18 años.

No voy a hacer un juicio valórico de eso, pero mi pregunta es si esta era la instancia para hacer esa modificación. Personalmente, creo que no lo era, y me imagino la sorpresa que se estarán llevando los padres de Tamara al ver que la discusión más acalorada durante la tramitación este proyecto se dio justamente en torno a esta materia. Sabemos que existen proyectos de ley -creo que uno fue presentado por la diputada Marzán - que apuntan a corregir esto en nuestra legislación. Cabe preguntarse, entonces, por qué tuvimos que hacerlo en este proyecto.

Llama la atención que esta indicación haya pasado en la Comisión de Constitución, que le da este giro al proyecto, porque, desde mi perspectiva, ni siquiera dice relación con la idea matriz del proyecto, que se funda en aumentar las penalidades en delitos cometidos contra menores. Y la indicación hace todo lo contrario: termina con una penalidad.

No logro entender cómo pudo pasar esa indicación, en circunstancias que no decía relación con la idea matriz del proyecto. Lamentablemente, a estas alturas no tenemos nada que hacer; las indicaciones vienen votadas desde el Senado y tendremos que seguir adelante.

Yo, al menos, ofrezco mis disculpas a los padres de Tamara. Si bien este va a ser un muy buen proyecto, la corrección en cuestión fue un agregado que no sabemos por qué se presentó.

Creo que de aquí en adelante es importante, dadas las circunstancias que estamos viviendo, agravar todo lo que sea necesario, para que a nadie en nuestro país se le ocurra tocar a nuestros niños, niñas y adolescentes con actos tan viles como el que sufrió Tamara .

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, respecto de lo que señalaba la diputada Ossandón , muchos se preguntan por qué se elimina el artículo 365 del Código Penal en este proyecto de ley.

Pero la pregunta no debiera esa, porque nosotros somos legisladores. La pregunta es: ¿qué hace el artículo 365 en el Código Penal? Porque, si hablamos de modificar las penas para delitos que afecten a los niños, tenemos que ser consecuentes en nuestra legislación.

Uno de los diputados ha dicho que se estaba aprovechando una mala técnica legislativa para incluir temas que, a su juicio, no tienen nada que ver con el proyecto en discusión. Otro diputado llegó más lejos y dijo que la eliminación de este artículo es el sueño depravado de algunos legisladores.

Más allá de lo anterior, quiero detenerme en un punto trascendental, puesto que el artículo 365 del Código Penal estigmatiza a las personas homosexuales de nuestro país. Es un artículo que, según algunos autores, tiene un resabio medieval y que nada tiene que hacer hoy, en 2022, en nuestro Código Penal.

Dicha modificación tiene un respaldo -como acabo de decir- en la doctrina experta de nuestro país. Ya lo señala el profesor Antonio Bascuñán en la Revista de Estudios de la Justicia, cuando se refiere a la inconstitucionalidad del artículo 365 del Código Penal

¿Es realmente adecuado generar esta diferencia entre las parejas homosexuales y heterosexuales? Analicemos el Código Penal, colegas.

Un diputado, demostrando una ignorancia que no debiera existir en esta Cámara, puesto que además tenemos asesores legislativos, dice: “Entonces, las violaciones a un niño de 14 años, cuando sea homosexual, no van a quedar sancionadas”.

Falso, falso, falso. Toda violación, señores diputados -para quienes que no lo sepan-, todo acceso carnal a una persona menor de 14 años, independientemente de su género, siempre será violación; con o sin consentimiento, con o sin fuerza. ¡Siempre! Artículo 361 del Código Penal.

Entonces, qué pasa después de los 14 y entre 14 y 18 años de edad. Para estos casos, el Código Penal contempla un delito específico, que se llama estupro, que sanciona cuando se abusa de la inexperiencia del otro; cuando se abusa de una situación de desamparo, y mantiene los supuestos. Esos supuestos siempre van a existir entre los 14 y los 18 años de edad. Pero aquí estamos castigando, con el artículo 365 del Código Penal, las relaciones homosexuales.

Colegas, los invito a modernizar nuestra legislación.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, el año recién pasado la pequeña Tamara Moya , de tan solo cinco años, perdió la vida en una encerrona, a manos de delincuentes, un día antes de entrar a kínder. Un caso doloroso para sus padres, quienes valientemente han buscado justicia para su pequeña hija.

La sensación de impunidad ante la poca efectividad en la ejecución de penas en nuestro país, es decir, la sensación de que los delincuentes no reciben el castigo que merecen, no puede seguir siendo normalizada, sino que debemos enfrentarla con medidas concretas que apunten a disuadir a la delincuencia, de manera que los delincuentes lo piensen dos veces antes de actuar.

Una de esas medidas, aunque no la única, es, precisamente, aumentar las penas en aquellos casos en que el reproche social y el daño es más grave por las circunstancias y condiciones de la víctima.

Este proyecto modifica el Código Penal para sancionar, con toda la fuerza de la ley, a quienes cometan delitos contra personas que no tienen todas las capacidades para defenderse frente al ataque de delincuentes, vale decir, niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

En el caso de la violación impropia, es decir, contra menores de catorce años de edad, el proyecto establece una pena que pasa de presidio mayor en cualquiera de sus grados a presidio mayor en su grado medio a máximo. Ello significa que la pena mínima para el delincuente aumenta a diez años de cárcel. Recordemos que actualmente es de cinco años, pudiendo llegar a veinte años.

Además, el proyecto incorpora una nueva agravante de la responsabilidad penal cuando la víctima sea un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad, lo que refleja la intención de sancionar con mayor rigurosidad a quienes no dudan, ni por un minuto, en atacar a personas indefensas.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Ulloa .

ULLOA .-

Señor Presidente, sin duda, la muerte de la niña Tamara y del niño Itan, así como la de muchos otros que han sido víctimas de hechos delictuales, merece toda nuestra atención como parlamentarios para que busquemos las herramientas legislativas que sean correctas para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir, y para que, en el fracaso de estas medidas legislativas o herramientas legislativas, tengamos un reproche penal y social tan grave como el delito cometido.

Sin embargo, esta moción, que extiende una protección a la infancia y a los adultos mayores, me deja algo preocupado, porque se ha entendido como una herramienta un poco tardía en su aplicación práctica: llega recién el castigo de un lamentable hecho muy doloroso. Es tiempo de avanzar en políticas públicas en conjunto con todos los poderes del Estado, para poner coto al clima de inseguridad y de hechos delictuales que tenemos en nuestra sociedad. Hemos sido testigos de que las leyes con nombre y apellido, lamentablemente, no disminuyen los delitos.

Por lo demás, proteger a la infancia y a los adultos mayores no debe quedar solo en castigar más duramente a sus agresores en memoria de aquellos fallecidos. Es necesario promover las políticas públicas que sean necesarias, lamentablemente entrampadas en negocios personales de algunos, para brindarles un mejor país a todos y a todas.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Carla Morales .

La señora MORALES (doña Carla).-

Señor Presidente, siento satisfacción porque en mi primer período como diputada puedo concurrir a apoyar una importante iniciativa, que manifiesta el más contundente reproche social en contra de aquellos que vulneran la situación de indefensión de niños, niñas, personas en situación de discapacidad o adultos mayores.

No obstante, al mismo tiempo, debo ser sincera y reconocer que los antecedentes del proyecto son sucesos muy lamentables, que han afectado a los más vulnerables de nuestra sociedad y que nos enlutan a todos. Así, no solo podemos citar la triste historia de Tamara, que incentivó que se discutiera y tramitara rápidamente este proyecto, sino también decenas de otros casos en los distritos que representamos. Recientemente, en julio pasado, en la comuna de Chimbarongo, una mujer y su hijo fueron baleados mientras se encontraban en su hogar. Es el caso de un lactante de apenas un año. Seguramente, tal como yo, muchos diputados y diputadas podrán citar graves casos de abusos contra menores y personas vulnerables por su condición física.

Sabemos que el delito y la inseguridad son solo uno de los principales problemas sociales que, tal como pasó con la pequeña Tamara , están truncando la vida de cientos de niños, familias y chilenos trabajadores esforzados, que tienen el derecho de vivir en paz y retornar tranquilos a sus hogares.

Por eso, apoyo con decisión la medida de introducir distintas modificaciones al Código Penal y al decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para los penados, para incorporar como agravante general la comisión de delitos contra personas menores de 18 años, discapacitados o adultos mayores, y para efectuar otras modificaciones que agravan la reacción penal ante esos condenables hechos.

Aprovecho de saludar el tesón de la familia y de los padres de Tamara, así como el de las familias de los cientos de niños que han sido víctimas directas o indirectas de la ola de violencia que vive nuestro país.

De seguro, esto no aplaca, ni un poco, la situación humana, trágica e injusta que sufrió la familia de Tamara, pero honra el nombre de esta pequeña en un necesario esfuerzo de justicia por los más vulnerables de nuestro país.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Irarrázaval .

El señor IRARRÁZAVAL.-

Señor Presidente, este proyecto es una nueva muestra de la desconexión entre las urgencias de la clase política y las urgencias sociales de la ciudadanía. Peor aún: mientras la ciudadanía sufría, clamaba por justicia y urgía por medidas para proteger a nuestros niños y a nuestras familias del horror que sufrió la pequeña Tamara y que padecen aún sus padres, la casta política, representada por el diputado Ilabaca y, en particular, por el menor de la familia Walker , estaba preocupada de lo que el lobby de género les decía.

Cuando hay una mancha negra, hay dos posibilidades para arreglarla: pintar el punto de blanco o teñir todo de negro, como han hecho con este proyecto, hasta degenerarlo completamente, a tal punto que no sé si llamarlo “ley Tamara” o “ley Walker”.

En un proyecto de ley que busca proteger penalmente a nuestros niños, se presentó, se aprobó y se hizo parte de este una indicación que no solo no protege, sino que desprotege y vulnera a los niños de pedófilos que los quieren usar y pervertir.

Y es que la perversidad de este activismo no tiene límites. Es tan fría como la mano del asesino que mató a Tamara.

La indicación aprobada permitirá que muchos niños sean abusados, por causa de un proyecto que, por el contrario, buscaba precisamente protegerlos. No han tenido asco, ni pudor ni decencia para manosear la tragedia y la cruzada familiar y ciudadana que corona el proyecto, que nada tiene que ver con sus viles objetivos.

Por lo mismo, para terminar mis palabras, deseo manifestar mi compromiso con Raúl Moya , con quien me identifico como padre de una hija, y también con su familia, quienes son héroes no solo por sobreponerse a lo que les ha tocado vivir y por construir esta causa, que desde hace casi un año me ha tocado acompañar, sino también por resistir y aguantar, incluso, esta maquiavélica intromisión.

Señor Presidente, por su intermedio, a Raúl Moya : Raúl, debes saber que no permitiré que se mancille tu nombre ni el de tu hija. Trabajaremos incansablemente para remediarlo cuanto antes, en pro de todos los niños de Chile.

Que todo Chile sepa que la manzana podrida que dilató y quitó unanimidad al proyecto no viene de la familia Moya, sino de la familia Walker .

He dicho.

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, a los diputados del Partido Republicano nos han llamado homofóbicos, nos han llamado basura y nos han tildado de un cuanto hay, siempre violentándonos públicamente. Los que lo hacen son los mismos que han aplicado y aprobado la derogación del artículo 365 del Código Penal, que no es más que la pedofilia. Lo dije una vez y lo vuelvo a decir, sin miedo a nada ni a nadie, ni a ninguno de ustedes: es pedofilia, con todas sus letras.

Han manchado este proyecto con la infesta ideología, con la miserable ideología, con olor a cloaca, como es la ideología de género.

Lamentablemente, nos veremos en la obligación de rechazar un proyecto que han manchado con todas las barbaridades y brutalidades expuestas por la ideología de género, por el lobby de la ideología de género y sobre todo por el colectivo LGTBIQA+.

Resguardar a los niños no se trata de su lobby ideológico, sino, justamente, de mantenerlos resguardados de ustedes. Mientras nosotros somos atacados por defender a los menores de ustedes, ustedes tratan de arrebatárselos a sus padres. Eso es, simplemente, una especie de hemiplejia mental.

La destrucción que pretenden conseguir a través de la ideología de género es lo más perverso que hemos vivido desde que acordaron reducir el uso de armas, pero siguieron destruyendo a la humanidad mediante su uso. Ahora penetran de manera fuerte con lo que llaman Agenda 2030, con lo que llaman ideología de género.

Sepan que no tenemos miedo y que vamos a defender a todos los niños, a todos los padres, a todas las madres, a todos los homosexuales de nuestro país que realmente creen en la libertad de cada uno de nosotros.

Lo reitero: los defenderemos a todos ellos sin miedo a nada ni a nadie.

He dicho.

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, el Partido Republicano se posiciona nuevamente desde una perspectiva de víctima, en circunstancias de que esa postura se contradice con cada una de las palabras que acaba de pronunciar el diputado Urruticoechea , así como con las intervenciones de quienes lo han precedido en el uso de la palabra, mediante las que, evidentemente, muestran sus rasgos homofóbicos.

Les quiero decir, por su intermedio, señor Presidente, que estamos en el año 2022, no en 1834. Si fuera por ustedes, todavía viviríamos en las cavernas.

Entonces, por favor, elevemos la discusión, pues la indicación a la cual se hace referencia constituye un avance civilizatorio.

Para finalizar, quiero manifestar al país que eso es lo que nos ofrecen desde ese lado: el rechazo con amor, que no es más que la discriminación, la criminalización de la gente por vivir sus propias vidas y la mofa permanente de una realidad que es mucho más cruda de lo que aquí señalan.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Para referirse a un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, pido a los diputados de izquierda que, por favor, dejen de violentar públicamente al Partido Republicano.

Si no tienen argumentos, les pido que dejen de ser tan cobardes y que dejen de hacer eso públicamente. Hay otras instancias para tratar estos asuntos.

Por lo tanto, por favor, dejen de violentar a los diputados del Partido Republicano.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Señor diputado, he escuchado atentamente los discursos.

Si bien se han planteado diferencias políticas, en ningún caso ha sido de manera ofensiva, de manera que considero que no ha lugar su solicitud.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado José Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, como entiendo que hay muchos que tienen gran interés en la tramitación de las modificaciones introducidas por el Senado a este proyecto, solicito que se cumpla con lo que establece el artículo 8 del Reglamento de nuestra Corporación: que para poder sesionar esté presente, por lo menos, la tercera parte de los diputados en ejercicio.

De lo contrario, no se entiende la preocupación que tienen respecto de la tramitación de esta iniciativa.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, de acuerdo con lo que establece el artículo 21 del Reglamento, hago reserva de constitucionalidad respecto del proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje refundidos, que modifica el Código Penal para agravar e incrementar las penas de los delitos, toda vez que sean cometidos contra niños, o estos se encuentren entre los afectados por el delito y sus circunstancias.

Hago expresa reserva de constitucionalidad al presente proyecto de ley por cuanto la derogación del artículo 365 del Código Penal contraviene expresamente las ideas matrices de la moción parlamentaria y es contrario a lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo y la ley N°18.290, de Tránsito, en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa, correspondiente al boletín N° 12256-13.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es la señorita Maite Orsini .

Antecedentes:

-Moción, sesión 105ª de la legislatura 366ª, en jueves 22 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sesión 57ª de la presente legislatura, en lunes 8 de agosto de 2022. Documentos de la Cuenta N° 18.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En reemplazo de la diputada Maite Orsini , rinde el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el diputado Henry Leal . Tiene la palabra, su señoría.

El señor LEAL (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los diputados Boris Barrera y Raúl Soto ; de la entonces diputada Alejandra Sepúlveda , y de los entonces diputados Tucapel Jiménez y Gastón Saavedra , con urgencia calificada de “simple”, que modifica el Código del Trabajo y la ley N° 18.290, de Tránsito, en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa, contenido en el boletín N° 12256-13.

Esta moción, mediante la que su autora y sus autores someten a consideración de esta Cámara el proyecto de ley en informe, tiene por objeto modificar el Código del Trabajo para incorporar, a continuación del artículo 184 bis, los artículos 184 ter y 184 quater, nuevos, con el objeto de brindar protección de la salud e integridad física y psíquica a los trabajadores que sufren violencia laboral externa, lo que les permitirá tener derecho a ser defendidos y a exigir que el empleador persiga la responsabilidad civil o criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma.

Asimismo, el proyecto busca modificar la ley N° 18.290, de Tránsito, al incorporar en el inciso primero del artículo 196 octies a cualquier trabajador o trabajadora, dependiente o independiente, que labore en los servicios de transporte público, indistinto de las funciones que desempeñe, en la figura penal que se establece en ambos incisos de dicho artículo para el que los amenazare o hiriere.

A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora Jeannette Jara Román , y el señor Salvador Orozco Cubillos , asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, asistieron en calidad de invitados el señor Eric Campos Bonta , Presidente de la Federación de Sindicatos de Metro S.A., y el señor Luis Núñez Cartagena , vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile (CCTP Chile) y coordinador de la Mesa Intersindical del Transporte Público.

El proyecto fue aprobado en general por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Ximena Ossandón y Maite Orsini , y los diputados señores Luis Cuello , Eduardo Durán , Andrés Giordano , Diego Ibáñez , Henry Leal , Juan Santana , Frank Sauerbaum , Héctor Ulloa y Alberto Undurraga .

Durante su discusión particular el texto original de la moción fue objeto de las indicaciones de que da cuenta el informe que mis colegas tienen en su poder, las que, una vez aprobadas, dieron origen al texto del proyecto que se somete a consideración de esta Sala.

A juicio de vuestra comisión, en el proyecto que se somete a consideración de la Sala no existen normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni de quorum calificado.

Del mismo modo, no existen en la iniciativa normas que deban ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda, por no incidir ellas en materias presupuestarias o financieras del Estado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señor Presidente, en el Estatuto Administrativo se establece la obligación del Estado, como empleador, de prestar asesoría jurídica a los funcionarios públicos cuando estos son denostados o enfrentan un juicio por acciones que tienen que ver con el ejercicio de sus funciones.

El sentido inicial de este proyecto es establecer ese mismo principio en el Código del Trabajo, para beneficiar a trabajadoras y trabajadores, esto último, sobre la base de las agresiones que sufrieron particularmente distintos trabajadores y trabajadoras del metro y del transporte público.

Sin embargo, en el trabajo de la comisión fuimos más allá, complementando y mejorando el proyecto inicial, y establecimos una serie de obligaciones del empleador en materia de prevención -eso fue a partir de una discusión que generó una indicación del Ejecutivo-, de manera que exista un conjunto de medidas preventivas para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de eventuales agresiones externas. Sin duda, esa fue una mejora significativa que hicimos en la comisión.

En materia penal, fuimos más allá de solo presentar las denuncias y seguimos con la persecución en un sentido más amplio. Sin embargo, la duda que se ha planteado en este proyecto -la iniciativa volverá a la comisión producto de que hay indicaciones en esa materia- es hasta dónde establecer al empleador la obligación de prestar asesoría también ante la responsabilidad civil que pueda haber. ¿Por qué la duda? Básicamente, por la afectación que puede tener en las pymes, en las pequeñas y microempresas. Parece razonable que en una gran empresa se pueda prestar la ayuda, porque tiene los recursos para ello; pero imponer esa obligación a una pequeña y microempresa finalmente puede ser negativo.

Por ello, este proyecto, que es un buen proyecto, que lo aprobamos en general, que también aprobamos buena parte de su normativa en particular, volverá a la comisión, porque ya he visto que hay algunas indicaciones para discutir nuevamente lo que tiene que ver con la responsabilidad civil.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley consta de dos artículos permanentes, que tienen por objeto avanzar en una normativa que se haga cargo de la violencia externa en el lugar de trabajo.

La violencia laboral externa, a partir de lo que establece la OIT, es aquella que se produce entre trabajadores y toda persona presente en el lugar.

Por el primer artículo permanente, se agrega un artículo 184 ter al Código del Trabajo, en el que se establece que los trabajadores van a tener derecho a ser defendidos y a exigir que el empleador persiga la responsabilidad civil y/o criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal. Lo anterior con motivo del desempeño de sus funciones o que por ese motivo los injurien o calumnien en cualquier forma.

El segundo artículo agrega un nuevo inciso tercero al artículo 196 octies de la ley N° 18.290, de Tránsito, disponiendo que aquel que amenace, hiera o maltrate al personal de las empresas operadoras de servicios de transporte público, cuyas relaciones laborales son regidas por el Código del Trabajo, además de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y sus filiales, o de Metro y sus empresas contratistas, en razón del ejercicio de sus funciones, cualquiera sea la función que estos desempeñen, incurrirá en las penas previstas para los delitos de lesiones y de amenaza, aumentadas en un grado, según corresponda.

Este proyecto cumple con la importante misión de otorgar mayor seguridad a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pues los empleadores deben implementar las medidas que sean necesarias para asegurar que la violencia no los afecte mientras se encuentren en su lugar de trabajo.

Igualmente, se busca que los empleadores adopten una política de prevención y mitigación de la violencia externa cuando los trabajadores se vean expuestos a sufrir amenazas, ataques o agresiones de cualquier tipo con motivo del desempeño de sus funciones laborales, todo lo cual deberá estar disponible en caso de que el inspector del trabajo así lo solicite.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, a veces parece incomprensible que tengamos que avanzar en leyes que debieran ser de sentido común, en cuanto a que el empleador adopte todas las medidas necesarias para que los lugares de trabajo se encuentren libres de toda forma de violencia hacia los trabajadores, ya sea de forma psicológica o física.

Por ello, me parece un paso positivo la tramitación de esta iniciativa, mediante la cual se busca que el empleador elabore políticas y programas, es decir, un protocolo claro para prevenir cualquier tipo de violencia contra los trabajadores, y que esto sea conocido también por la Inspección del Trabajo, en caso de solicitarlo.

Este tipo de leyes es un incentivo para que trabajadores de muchas áreas se puedan sentir protegidos de una u otra forma y que sepan que su empleador tomará todas las medidas de mitigación.

En estos dos años de pandemia hemos sido testigos de cómo los trabajadores del área de la salud han sido especialmente atacados por algunos usuarios ante los problemas que han tenido los centros asistenciales para atender todos los requerimientos de las personas que asisten a un cecosf, un cesfam o un hospital.

Varios de ellos han sido agredidos, no solo en forma física, sino también de manera verbal, ya que no dan abasto para satisfacer la alta demanda de la ciudadanía, en que los propios usuarios, ya sea por miedo o simple impaciencia, se descargan con aquellos: enfermeras, asistentes técnicos, doctores o administrativos.

Con la iniciativa en discusión se promueve un accionar del empleador para que adopte medidas para prevenir o mitigar los hechos delictuales que se puedan producir contra sus trabajadores con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones. Todo ello busca proporcionar un lugar seguro y tranquilo en el cual desarrollen sus labores y, en el caso de que vean amenazada o violentada su integridad, puedan contar con el respaldo y apoyo del empleador, quien proporcionará los antecedentes que tenga a su disposición para aclarar los hechos.

Esto se extiende también a ciertos tipos de trabajos en que los trabajadores se encuentren más expuestos a situaciones de violencia o agresiones por parte de los usuarios o de personas externas, como es el caso de los conductores de transporte público y aquellos que se desempeñan en turnos de noche.

Sin embargo -con esto cierro mi alocución-, lamento que no se haya incorporado a los funcionarios de Carabineros, que constantemente están expuestos a grados de violencia a veces inusitada, especialmente en manifestaciones públicas, como las que ocurrieron en el estallido social o las que vemos, cada vez más seguido, en particular en el centro de Santiago

Esos funcionarios también necesitan y merecen programas, acciones y protocolos que prevengan y mitiguen actos de violencia en contra de ellos, que arriesgan sus vidas por proteger nuestras ciudades y comercio, y la integridad física de otros chilenos y chilenas.

Anuncio claramente mi voto a favor.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señor Presidente, la verdad es que más del 80 por ciento de los trabajadores y trabajadoras del Transantiago ha sido objeto de agresiones por parte de pasajeros y pasajeras.

En el caso de los trabajadores y trabajadoras del metro, que son aquellos que impulsaron este proyecto, la situación es igualmente grave, y quienes ocupamos el transporte público, el transporte colectivo de pasajeros, los que de verdad lo hacemos, lo presenciamos a diario.

Esta violencia es la expresión de un problema estructural que se debe enfrentar estratégicamente, porque el transporte público en regiones es muy distinto al de la capital, y los riesgos inherentes de trabajar arriba de una micro, transportando a miles de viajeras y viajeros a diario en condiciones laborales muy precarias hacen que la violencia se normalice.

Como si fuera poco, las condiciones laborales están absolutamente desreguladas, y en la mayoría de los casos se trata de situaciones informales, con jornadas que superan las dieciséis horas, con cotizaciones por el salario mínimo y con mal uso de subsidios del Estado.

Es por esta razón que quiero relevar este proyecto, aprobado en general y de forma unánime en la Comisión de Trabajo, porque incluye, además, un nuevo título en el Libro II del Código del Trabajo, donde hay un nuevo artículo -esa es una indicación nuestra- que mandata la creación de cabinas de segregación para proteger a las conductoras y conductores del transporte colectivo. Es decir, se trata de una medida preventiva, y no solo de sanción, para la seguridad. Y esta es una iniciativa que, además, no viene de nosotros, sino de las propias trabajadoras y trabajadores del transporte, a través de sus dirigentes sindicales, que, como dije, incluimos vía indicación para complementar el proyecto con este enfoque que busca evitar la violencia antes que castigarla, lo cual está en sintonía con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el que esperamos sea ratificado muy pronto por el Congreso Nacional.

Sabemos con absoluta certeza que las causas de la violencia son múltiples y muy complejas, pero escuchar a las trabajadoras y a los trabajadores debería ser siempre el primer paso que se debiese dar para prevenirla y erradicarla. En este caso, fueron los sindicatos de Metro y de los conductores del transporte público, ambos pertenecientes a la Mesa Intersindical del Transporte Público.

Por lo tanto, hago un llamado a los integrantes de esta Cámara a aprobar la propuesta para tener un espacio laboral más seguro, y también llamo al Senado a acelerar la tramitación de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, me congratulo de escuchar aquí a muchos que respaldaron las acciones violentas en contra de nuestro transporte público -incendio de microbuses y del metro-, a las que consideraban una forma absolutamente normal y racional de manifestar el descontento social. Al respecto, en esta discusión descubrí dos cosas: la primera, es que ahora no les gusta esa violencia, y la segunda, es que están a favor del principio de subsidiaridad, pero al revés. Es decir, serán las empresas privadas las que deberán subsidiar al Estado en la entrega de seguridad a sus trabajadores, porque la seguridad que debiera entregar el Estado ha sido absolutamente demolida por aquellos que hoy en día se encuentran en el gobierno. No nos equivoquemos, porque es así.

El respaldo permanente a la violencia, al violentismo y al desmadre que se ha producido en las marchas y en acciones con objetivos políticos ha generado en todo nuestro país una situación en que los trabajadores del transporte público se han transformado en víctimas prioritarias de aquellos que quieren o querían hacer cesar la actividad en nuestras ciudades, y también se transformaron en el objetivo prioritario de aquellos -también respaldados ideológicamente por quienes están al otro lado de este hemiciclo- que quieren alcanzar una especie de independencia en algunas regiones del sur de Chile.

No puedo dejar de reír un poco cuando veo el principio de subsidiaridad utilizado al revés. ¡Les pedimos a los privados que asuman una tarea del Estado! Ya lo vemos con las carreteras concesionadas y ahora se pretende lo mismo con el transporte público.

No puedo votar en contra del proyecto, porque los trabajadores están primero, pero sí me veo en la obligación de representar que esto es el producto de una política permanente de destrucción del orden público que ustedes, las fuerzas del caos, han estado impulsando en nuestro país.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, vale la pena recordar que este proyecto de ley, que brinda protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa, comenzó su tramitación el 21 de noviembre de 2018, por lo que ya han pasado bastantes años.

La violencia laboral externa, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es aquella que tiene lugar entre trabajadores y toda persona presente en el lugar de trabajo. La violencia laboral externa puede provenir de los usuarios de los servicios que ofrece la empresa para la que presta funciones el trabajador afectado.

En el último tiempo se ha registrado un aumento significativo y creciente de la violencia laboral externa de la que son víctimas los trabajadores de todos los sectores, principalmente en el ámbito de los servicios y -lo que es especialmente preocupante- en el del transporte público.

Nuestro ordenamiento jurídico laboral, en el artículo 184 del Código del Trabajo, consagra: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores,…”. Sin embargo, esta norma es una disposición inefectiva para abordar la violencia externa en el sector privado, en contraste con el artículo 90 del Estatuto Administrativo, que dispone lo siguiente: “Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma.”.

La norma anterior también otorga protección jurídica a los fiscalizadores de los buses de las empresas operadoras del Transantiago, los cuales son dependientes del Estado y, a pesar de que no constituye una norma de aplicación general, su establecimiento evidencia la preocupación del legislador por el fenómeno de la violencia laboral externa y, en definitiva, reafirma la necesidad de avanzar hacia una normativa efectiva en la protección de los trabajadores y las trabajadoras del sector del transporte público, en general.

Votaré favorablemente esta moción, sabiendo que avanzamos por un camino justo para los trabajadores y las trabajadoras.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, este es uno de esos proyectos que, modestamente, hay que calificar de obvios, y los proyectos obvios no requieren de mucha argumentación. En mi opinión, debiésemos aprobarlo con total prontitud, pero quiero aprovecharme de él para hacer algunas reflexiones que dicen relación con cómo nos relacionamos en los espacios públicos y, específicamente, en el transporte público.

Se ha escrito poco sobre cuáles fueron las causas que motivaron el denominado estallido social en Chile. Personalmente, creo que hay una dimensión que se ha explorado poco y es la dimensión relacional, esto es, cómo fuimos debilitando nuestra capacidad de relacionarnos y entendernos entre los distintos. Lo anterior, particularmente en el mundo del trabajo, es muy relevante, porque los chilenos y las chilenas viven gran parte de su día a día en el mundo del trabajo y, por lo tanto, las relaciones dentro del mundo laboral son tremendamente importantes.

Soy de los que creen que, partir de 2011, en Chile entramos en una espiral de polarización, donde se buscaba enfrentar a los mundos, como, por ejemplo, enfrentar al mundo del trabajo con el mundo de la empresa o enfrentar al mundo de la ciudadanía con el mundo del orden. Por eso, creo que, en unos días más, se nos presenta una nueva oportunidad para superar este clima de polarización, para ser capaces de volver a construir entre los distintos, y hacerlo con moderación, con encuentro y con diálogo, y eso involucra tareas para todos, incluido, el mundo de las empresas, que tiene una responsabilidad tremendamente relevante con el Chile que viene.

El mundo de la empresa no solo se debe preocupar de generar condiciones que permitan ganancias para sus accionistas, sino que su tarea debe ser cómo generar las condiciones laborales, medioambientales y de relación con su entorno necesarias para que no solo no haya violencia, que es el piso que plantea este proyecto, sino que, en definitiva, favorezca espacios de enriquecimiento, de buenas relaciones y, al final del día, de contribución colectiva al bien común.

Uno de los errores es creer que hay empresarios socialmente responsables y otros que no lo son. La verdad es que el empresario que no es socialmente responsable no es empresario, porque un empresario es aquel que entiende que el desafío de emprender una empresa no se agota en la maximización de las utilidades, sino en generar condiciones para que esa empresa contribuya al bien común.

Sin ánimo de polemizar, quiero marcar un matiz respecto de una expresión que se dijo hace unos minutos. Considero un error seguir polarizando la discusión entre aquellos que están a favor de lo privado y aquellos que están a favor de lo estatal, porque lo que se estila en el mundo actual es el principio de solidaridad, de corresponsabilidad público-privada para sacar estas tareas adelante.

Lamentablemente, en Chile el concepto de subsidiaridad, muchas veces, ha sido secuestrado por una mirada muy individual, una mirada que cree que lo privado solo tiene expresión en la medida en que el Estado se minimiza lo más posible. Esa es una mirada tremendamente abandonada en la discusión mundial, porque el principio de subsidiaridad no se recoge solamente en cuanto se permite la acción al privado, sino también en un Estado que favorece y realiza acciones positivas tendientes a que los privados se organicen para resolver esos problemas.

Mi modesta impresión, desde una mirada social cristiana, es que uno de los problemas que ha tenido Chile es una aproximación individualista del principio de subsidiaridad.

Por lo tanto, la tarea que tenemos para el futuro es comprender cómo construimos, desde nuevos paradigmas intelectuales, cosas que nos permitan confluir. En ese contexto, el principio de solidaridad es aquel que persigue que público y privado, trabajadores y empresa, ciudadanos y grupos del orden, confluyan en objetivos comunes.

Este proyecto plantea un piso, cual es que no haya violencia, pero en ningún caso plantea un techo, porque el objetivo final es que todos seamos capaces de entender que en los meses que vienen tenemos una nueva oportunidad para abandonar la radicalización, abandonar la polarización y abandonar la pelea absurda entre los pueblos radicalizados, de modo de ver cómo vamos construyendo, entre grupos distintos, un camino que le devuelva a Chile esa paz social, ese progreso y ese desarrollo futuro que nos permitía mirar el horizonte con mucha alegría.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, el artículo 77 del Reglamento señala: “Si a la hora fijada para abrir la sesión no existe quórum en la Sala, se esperará a los diputados por diez minutos,”. El timbre ha sonado por alrededor de media hora, por lo que, por favor, pido que se cierren las puertas.

-Aplausos.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Señor diputado, en este caso, se aplica el inciso final del artículo 77, dado que hubo quorum. Los parlamentarios salen de la Sala, lo que provoca que baje el quorum. Por eso hacemos sonar los timbres. Además, es necesario señalar que se encuentran sesionando las comisiones de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo; de Hacienda, y de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, las que se encuentran examinando proyectos calificados con urgencia.

Se ha avisado a los Comités Parlamentarios para que los parlamentarios se hagan presentes; de lo contrario, esta Mesa tomará una determinación en función del artículo 77, inciso final.

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, solicito una copia del video de esta sesión desde que se inició con el toque de timbres hasta ahora, para ver si en algún minuto hubo 52 diputados. La verdad es que nunca los hubo.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, hemos debatido iniciativas que buscan proteger a trabajadores y trabajadoras desde distintos puntos de vista; hemos abordado temas como las remuneraciones, la protección de los puestos de trabajo, etcétera, y, claramente, la violencia es uno de los temas más importantes. Hoy estamos ante una situación que no solo hace necesario proteger a aquellas personas que día a día cumplen las funciones que señala el proyecto, sino a los ciudadanos a nivel país, porque se trata de un tema nacional.

La desprotección no solamente se relaciona con trabajadores y trabajadoras vinculados al transporte, sino también con aquellos que trabajan en hospitales, en cesfam, o con profesores y profesoras. La violencia se produce, incluso, fuera del ámbito laboral. Hemos visto, con mucha pena, asaltos a trabajadores de la locomoción colectiva. Muchos de ellos han sido arrojados al suelo y golpeados hasta provocarles la muerte.

En este tipo de iniciativas, que buscan imponer sanciones y proteger a los trabajadores y trabajadoras, no podemos dejar a un lado organizaciones que, a veces, pasan desapercibidas, como las mutualidades, en particular en lo referido a la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Lamentablemente, las mutualidades quedan fuera de este tipo de proyectos, en circunstancias de que tienen una tremenda responsabilidad en materia de capacitaciones y también en cuanto a hacer un trabajo conjunto con cada empresa para proteger a los trabajadores y trabajadoras.

Establecemos castigos a quienes provocan actos de violencia, pero muchas veces olvidamos enfocarnos en la prevención, de modo de evitar que se produzcan esos hechos de violencia. En ese aspecto, debemos adoptar muchas más medidas, a fin de adelantarnos a los hechos, para que nuestra gente se vea protegida no solo en su puestos de trabajo, sino también en el trayecto a los mismos. En muchas ocasiones, las agresiones se disfrazan como accidentes de trayecto. En esos casos, las mutualidades no cumplen con la ley. Además, queda al descubierto que el rol fiscalizador de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) no es de los mejores.

Lógicamente, apoyaré este proyecto de ley en todo lo que se relaciona con la protección a los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, creo que este es solo el inicio de un tremendo trabajo. En este periodo hemos apoyado proyectos de ley significativos, pero todavía falta mucho. Tenemos que seguir avanzando en materia de violencia no solamente para las y los trabajadores, sino también para sus familias.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, en la actualidad, los profesionales de la salud son la más valiosa respuesta con la que cuenta el país para combatir la pandemia, a la que llevamos enfrentando hace más de dos años. Es en atención a ello que se originó esta moción parlamentaria, por la violencia laboral a que se ven expuestos estos trabajadores debido a las constantes limitantes del sistema de salud, que han originado una sensación de frustración y malestar en la comunidad, la que muchas veces se manifiesta a través de actitudes desafiantes y poco cordiales hacia el personal de salud.

Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a los ataques contra funcionarios de centros de salud familiar. La impotencia es total, más aún cuando situaciones de este tipo se repiten a lo largo de todo el país, dando cuenta de la desconexión que tenemos con quienes han vivido desde la primera línea los estresantes últimos dos años de emergencia sanitaria.

Hace algunas semanas, un cesfam de la comuna de Pedro Aguirre Cerda fue escenario de una balacera; en abril pasado, en el Hospital Sótero del Río, se vivió una situación similar. Otro tanto ocurrió cuando un sujeto le lanzó una botella en la cara a una funcionaria del cesfam de San Bernardo, o lo que sucedió en el Hospital Hanga Roa , donde en junio hubo una manifestación debido a que un paciente provocó lesiones a una doctora. La lista suma y sigue en lo que, vergonzosamente, podríamos llamar el pago de Chile a los funcionarios de la salud.

Es sobre la base de esta experiencia que el objeto del proyecto fue ampliado a otros trabajadores, entre ellos los funcionarios de transporte, pues es un mínimo civilizatorio asegurarles el derecho a desarrollar su función en espacios libres, alejados de toda forma de violencia.

No podemos seguir aguantando esta situación. Por eso me parece lógico que se disponga que los empleadores adopten todas las medidas para prevenir y controlar tales riesgos, y que aporten todos los antecedentes probatorios que obren en su poder para perseguir judicialmente a los responsables de los delitos ejecutados en contra de sus trabajadores.

Con todo, señor Presidente, no me parece que nuevamente el gobierno dé urgencia a un proyecto, pero no ponga nada de su parte. Como se ha vuelto costumbre, se anuncia un proyecto, pero este es financiado con recursos que salen de los bolsillos de las personas y no proporcionados por el Estado. Nos encontramos con un nuevo espejismo de servicialidad estatal que busca el aplauso fácil con cargo al bolsillo de la gente. Si existen oficinas de defensa laboral encargadas de proveer defensa jurídica a los trabajadores, ¿por qué nuevamente el Estado decide restarse y obligar a los particulares a hacerse cargo de la defensa en determinadas situaciones?

No podemos estar de acuerdo con esto, pues ya pasa a ser un tema de fondo el hecho de que un gobierno ponga urgencia a los proyectos, pero no se involucre en ellos. Este gobierno pareciera desconocer la servicialidad del Estado, que no es servirse de los ciudadanos para lograr los propósitos que el gobierno plantea, sino que implica que el aparato público se ponga al servicio de las personas.

Votaremos a favor este proyecto, pero con la intención de que vuelva a la Comisión de Trabajo para que sea perfeccionado y, así, todos los trabajadores puedan contar con reales garantías y una verdadera defensa jurídica, que no sea achacada a las pymes, sino que sea garantizada por un Estado comprometido con sus trabajadores y un gobierno que finalmente asuma con real seriedad su responsabilidad para con los trabajadores chilenos.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Diputado Mauricio Ojeda , diputado José Meza , diputada María Francisca Bello y diputado Henry Leal , les recuerdo que el uso de la mascarilla es obligatorio en la Sala. Este es el último aviso. Vamos a aplicar multas a quienes no estén usando la mascarilla.

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, la covid-19 está golpeando con mucha fuerza. La Cámara de Diputados adoptó reglas respecto de este tema. El uso de la mascarilla es una obligación.

Hay diputados que han estado casi toda la mañana sin mascarilla y después le muestran la tacita para justificarse con el hecho de que supuestamente están tomando té. Esa es una falta de respeto para los demás diputados que usamos la mascarilla y que nos queremos cuidar. Por consiguiente, no corresponde.

Ya basta de seguir llamándoles la atención a los mismos diputados. Aplique las sanciones que correspondan.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Así se hará, señor diputado.

Aprovecho de comunicarles a los señores diputados y a las señoras diputadas que, por acuerdo unánime de los Comités Parlamentarios, a partir de la semana siguiente a la distrital se autorizará, solamente para las intervenciones en Sala -entendiendo que se mantendrán los cubículos-, hablar sin la mascarilla. Reitero: solamente para las intervenciones en Sala, en los debates legislativos. En todo el resto del quehacer parlamentario seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla.

A partir de ese momento vamos a ser mucho más estrictos en el cumplimiento. Por lo tanto, se van a aplicar las multas correspondientes con bastante frecuencia.

Les pedimos comunicar esta información a las distintas bancadas y ser mucho más rigurosos en el uso de la mascarilla y en los protocolos sanitarios.

Para continuar la discusión, tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, el 18 de mayo de este año, nueve trabajadores del metro de Santiago fueron agredidos con fierros en la estación de Ñuñoa. Dos de los funcionarios señalados fueron heridos de gravedad, debiendo ser trasladados a un centro asistencial. Sin ir más lejos, en la estación Baquedano , en pleno centro de la capital, el pasado 22 de junio de 2022, una persona fue agredida con arma de fuego. Estos hechos constatan y confirman el riesgo al que se exponen las trabajadoras y los trabajadores del transporte, en particular los del metro de Santiago.

Por otro lado, las cifras indican que el 81 por ciento de los conductores del Transantiago ha declarado haber sido víctima de agresiones verbales y amenazas por parte de los pasajeros y que el 57 por ciento ha sido víctima de agresiones físicas durante su jornada de trabajo.

Frente a estos sucesos, como Cámara no podemos quedar indiferentes, porque son trabajadores y trabajadoras de nuestra red pública quienes están arriesgando su vida para otorgar un servicio que ha permitido democratizar la ciudad y que las trabajadoras y los trabajadores de otros rubros puedan mejorar su calidad de vida, disminuyendo sus horas de traslado. Pero eso no debe ser a costa de su propia integridad. El Estado y los empleadores públicos o semipúblicos son quienes deben otorgarles esa seguridad.

Por eso, con fecha 18 de mayo, oficié a la ministra del Trabajo, señora Jeannette Jara , para solicitar que se pusiera urgencia a un proyecto de mi autoría, que estaba a punto de cumplir cuatro años en la Comisión de Trabajo, que propone dos cosas: incorporar el derecho a la defensa para las trabajadoras y los trabajadores que sufren agresiones, calumnias o injurias con motivo del desempeño de sus funciones, y agravar las sanciones en el caso de quienes agredan al personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, del metro de Santiago y de sus filiales.

Hoy les traemos una excelente noticia a la ciudadanía y a las trabajadoras y los trabajadores. Fuimos escuchados. Tenemos una ministra del Trabajo comprometida, que a primera hora gestionó la urgencia de este proyecto para acudir con esto en auxilio de las trabajadoras y los trabajadores afectados.

Quiero saludar al gobierno por estar del lado los trabajadores y trabajadoras, y también saludar a los dirigentes de Metro, con quienes trabajé este proyecto en sus inicios. Ellos fueron principalmente los gestores de la idea de este proyecto de ley.

Además, quiero señalar que este proyecto ha sido mejorado durante su tramitación y discusión en la Comisión de Trabajo. A propuesta de la ministra, además de lo señalado, hoy se incorpora la obligación de prevención. Por tanto, las empresas están obligadas a diseñar un plan de prevención de la violencia en el trabajo. Además, se precisa la obligación de otorgar defensa legal pagada por el empleador en todas aquellas empresas que perciban utilidades por encima de las 25.000 UF al año y la obligación de todas las empresas de proporcionar pruebas y antecedentes a la justicia en los casos de agresiones en contra de sus trabajadores y trabajadoras.

Este proyecto cumple con actualizar las recomendaciones que, desde 2003, ha hecho la Organización Internacional del Trabajo para combatir la violencia en el lugar de trabajo en el sector de servicios. Es una deuda con las trabajadoras y los trabajadores que día a día, literalmente, movilizan el país, con quienes se levantan más temprano que todos para producir la riqueza y el desarrollo.

Llamo a los empleadores a tener más compromiso con la vida de quienes emplean, y a los legisladores y legisladoras a votar a favor este proyecto.

Por mi parte, por razones obvias, votaré a favor, porque tengo el corazón y el compromiso puestos en mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Nuevamente, bajó el quorum.

En virtud del inciso final del artículo 77 del Reglamento, voy a llamar a los diputados por cinco minutos. Se cerrarán las puertas de la Sala en caso de que no exista quorum, puesto que hemos advertido esta situación desde hace bastante rato.

A continuación, tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, lamento que usted se vea forzado a convertirse en una suerte de apoderado o profesor de colegio preocupado de que los niños vuelvan a clases. Es muy lamentable que usted tenga que cumplir ese rol, porque muchos colegas no están presentes en la Sala.

Antes de referirme al proyecto que nos convoca, quiero también recoger de una intervención anterior la preocupación de muchos por el uso de la mascarilla. Creo que estas mascarillas se van a convertir en el ícono de la hipocresía, porque los diputados cuando salen de esta Sala, se las sacan; cuando van a las reuniones de Comités, se las sacan, y cuando almuerzan, también se las sacan, pero aquí están muy preocupados de su uso. Aparte de que estamos forzados a hablar en medio de esta “pecera” que nos rodea. Espero un poquito más de sensatez en el futuro.

En relación con el proyecto que modifica el Código del Trabajo y que, finalmente, pone en los empleadores la carga o el peso de la seguridad de los trabajadores en materia de violencia laboral externa, se trata de una buena iniciativa que refleja las consecuencias reales del 18 de octubre.

Este es un proyecto que no hubiera tenido ningún sentido si lo hubiésemos presentado hace diez años, pero que, gracias al “octubrismo”, es necesario. Son las consecuencias de la violencia legitimada por una parte importante de la izquierda y la ultraizquierda; la misma izquierda que legitimó la violencia, que glorificó a los subversivos y que persiguió sistemáticamente a las policías hoy hace gárgaras con la preocupación por los trabajadores, pero ni siquiera está presente en la Sala. Esa es la realidad de la izquierda hipócrita, izquierda que también a la hora de los quiubos inventó centros de tortura, acusó violaciones que no ocurrieron e, incluso, cuestionó hechos tan lamentables como homicidios. Pero nada nuevo bajo el sol, porque la izquierda como siempre está haciendo lo mismo.

Como señaló el diputado Johannes Kaiser , este proyecto invierte las responsabilidades. El empleador tiene que preocuparse de un rol que es propiamente del Estado y hacerse cargo de la incompetencia del Estado, es decir, una subsidiariedad al revés. Quizá, ahora lo empiezan a comprender aquellos que tanto hablaron en contra de ese concepto.

Los privados se tendrán que hacer cargo de esto, porque vivimos la peor crisis de seguridad en la historia de nuestro país. ¿Y qué hacemos con eso? Responsabilizar y cargarle la mata a quien no corresponde. Si realmente nos preocupara la seguridad de los trabajadores, apoyaríamos a nuestras policías, invertiríamos más recursos en la persecución penal, en la Fiscalía; subiríamos las penas, las haríamos más duras y seríamos inflexibles para condenar la violencia. Lamentablemente, nada de eso ocurre, y queda en evidencia una vez más que esto es solo un show, que no les interesan los trabajadores ni el porvenir de nuestro país, de modo que están haciendo teatro.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

EL señor JOUANNET .-

Señora Presidenta, sin lugar a dudas, vamos a aprobar este proyecto, porque favorece la integridad física, psicológica y el espacio laboral de los trabajadores, especialmente de quienes se desempeñan en el transporte público.

Sin embargo, me quiero detener en la violencia, especialmente en la que está afectando a los trabajadores del mundo rural de La Araucanía, y respecto de la cual no he escuchado una sola palabra a la CUT ni la he visto hablar con los trabajadores de La Araucanía, que son gente sencilla, como decía Neruda en su poema Oda a la crítica. Siento que hay trabajadores de primera y segunda, y tengo la impresión de que los de segunda los tenemos en La Araucanía.

Anoche, Weichán Auka Mapu atacó un proyecto de campo eólico que se está construyendo en La Araucanía, uno de los pocos proyectos productivos de energía limpia, y atacaron a los trabajadores. Lo mismo ocurrió el fin de semana con un predio forestal; de nuevo, atacaron a trabajadores.

A los trabajadores de los buses rurales de transporte público, en la región que tiene la mayor red de caminos de Chile, además de lidiar con malos caminos, se les dispara a los buses, a los camioneros, a quienes transportan las cargas.

O sea, tenemos un tema de fondo en materia de violencia instalada en La Araucanía y, en general, en el país. Y esto ocurre porque el Estado ha retrocedido, y alguien ocupa ese espacio. Y, en general, ese espacio lo ocupan las bandas delictuales, los cuatreros, porque ahora, además, la CAM se tituló de cuatrero. Antes, los cuatreros robaban animales; ahora roban madera.

Como digo, esos espacios alguien los ocupa. El problema es que ese alguien se desenvuelve en la impunidad, y la violencia se está instalando en nuestra sociedad, se está normalizando, y cuando esa violencia se legitima y se normaliza, al final, como el mismo poema Oda a la crítica, de Neruda, la que pierde es la gente sencilla.

En La Araucanía tenemos un problema grave de violencia contra los trabajadores. Y la respuesta del Estado es muy débil: estado de excepción acotado o en ciertas vías.

Desde esa perspectiva, le solicito a esta Cámara que a la autoridad de turno le pida que tenga eso que John Rawls llamó autoridad política -algo que le faltó mucho al gobierno anterior- para ir contra el delito.

Toda acción agresiva o con agresión contra los trabajadores es un delito, y nosotros tenemos que tipificarlo e ir tras quienes generan violencia, de cualquier tipo. Y en La Araucanía, la violencia se exacerbó contra los trabajadores y, al respecto, poco o nada hemos hecho

Voy a respaldar este proyecto, en la esperanza de que en los próximos días empecemos a discutir el tema de fondo sobre la violencia que está afectando a los trabajadores en La Araucanía y no quedarnos solo con medidas que venían de antes, porque el estado de excepción viene desde el gobierno de derecha del Presidente Piñera, y ahora el estado de excepción lo ocupa el actual gobierno del Presidente Boric.

Finalmente, los trabajadores son los que sufren. Sin ir más lejos, anoche, en el ataque al proyecto de parque eólico, en Angol, quemaron más de diez maquinarias; sin embargo, los que sufrieron fueron los trabajadores que estaban ahí.

Apoyamos el proyecto, pero la verdad es que, por falta de autoridad política, la violencia ha crecido y está llegando a todos los niveles, incluso al laboral. Ojalá podamos avanzar no solo en este proyecto, sino también en otros, para que terminemos con la violencia en todo ámbito, en toda dimensión de nuestra sociedad.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY.-

Señora Presidenta, este proyecto es de suma importancia, toda vez que protege a los trabajadores de la violencia externa, que lamentablemente está siendo cada vez más recurrente en nuestro país.

Este proyecto es la respuesta a la ineficiencia del Estado de Chile al combatir la violencia. La propuesta legislativa considera mecanismos de prevención ante posibles agresiones a las y los trabajadores, junto con medidas de persecución penal y civil.

Aunque nuestro ordenamiento jurídico laboral -artículo 184 del Código del Trabajo- consagra el deber del empleador de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, sin embargo, esta disposición es inefectiva para abordar la violencia externa en el sector privado.

De ahí la relevancia de este proyecto, toda vez que establece que el empleador debe adoptar las medidas necesarias para procurar lugares de trabajo libres de violencia. Para esto, deberá elaborar una política y un programa actualizado de prevención y mitigación, con el fin de prevenir que, en el ejercicio de sus funciones, las trabajadoras y los trabajadores sean víctimas de amenazas, ataques o agresiones, siempre que tales acciones -según aclara la norma- pongan en riesgo su vida y su salud.

Es importante hacer presente que el proyecto detalla los elementos que debe incorporar el programa. Entre otros, destacan la identificación de los peligros y los eventuales daños físicos y mentales que podrían generar, además de medidas de capacitación, entre otras.

Se señala, además, que el programa deberá estar a disposición de la Inspección del Trabajo respectiva.

Se agrega que el empleador deberá apoyar a sus trabajadores y perseguir la responsabilidad penal correspondiente, poniendo a disposición todos los elementos probatorios de los hechos.

Finalmente, se aumentan las medidas de protección de las trabajadoras y los trabajadores del transporte público. En este ámbito, algunas de las indicaciones son la instalación de cabinas de segregación, para las conductoras y los conductores.

Por estas razones, y con el fin de dar mayor seguridad a nuestros trabajadores y trabajadoras, apruebo el proyecto de ley.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señora Presidenta, anuncio que votaremos favorablemente esta iniciativa. Al respecto, he podido conversar con algunos de sus autores y con parlamentarios que trabajaron en él en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Con todo, este buen proyecto de ley adolece de una transitoriedad que permita, siguiendo las palabras del diputado Undurraga -nobleza obliga-, implementarlo. Promulgando esta legislación, lo que tendríamos es que al día siguiente se verían forzados todos los empresarios de la locomoción colectiva a generar las condiciones de seguridad de forma imprevista. Esto significa parar una máquina para que entre a taller; no es una instalación que se haga en un par de horas. Por esto hablo de transitoriedad, razón por la cual solicitaremos revisar el proyecto. Además, en vista de que modifica la Ley de Tránsito, pediremos que sea visto por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con la celeridad que corresponde a un tema que es importante.

En esta Sala se ha dicho que el Estado rehúye una vez más sus responsabilidades; me parece que eso es falsear la verdad. Se ha dicho que serán los bolsillos de las personas los que tendrán que pagar esta ley. Por favor, estamos hablando de empresas que venden más de 25.000 UF -no pesos- al año, las que deberán proveer defensa jurídica a sus trabajadores, lo que me parece una cuestión básica.

Además, las empresas que venden tal cantidad de unidades de fomento normalmente disponen de equipos de asesoría jurídica para defenderse en un montón de materias. En ese entendido, me parece que encargar una función más, en este caso, la defensa de sus propios trabajadores, es una cuestión absolutamente elemental.

Este es un proyecto que enseña un camino de sensatez y, recogiendo el guante de lo que señaló el diputado Jouannet , pone el foco en una cuestión más integral y en un fenómeno complejo como es la inseguridad que afecta a nuestro país. He hecho llamados en esta Cámara a que la inseguridad y la agenda de seguridad pública sean abordadas de una manera mucho más integral, democrática y participativa, en la que podamos sincerar la conversación y -lo dije anteriormente- podamos homologar lo que entendemos, en términos de conceptos, por seguridad pública, orden público, violencia y otras variables que están incidiendo en el debate y en las que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de otorgar certezas, certidumbres y claridades a toda nuestra población.

Votaré favorablemente este proyecto con la absoluta esperanza de poder mejorarlo en su tramitación.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señora Presidenta, como lo han anunciado algunos colegas de la bancada del Partido Republicano, concurriremos con nuestro voto favorable a esta iniciativa, más allá de algunas cuestiones o críticas particulares que podamos tener sobre algunos aspectos específicos de este proyecto.

A diferencia de lo señalado por los diputados Kaiser y Cristián Araya , creo que está bien que sean los empleadores los que se hagan cargo de proporcionar la seguridad al interior del transporte público. Felicito y celebro a los parlamentarios que concurrirán con su voto favorable a este aspecto, porque, en estricto respeto de la propiedad privada, son los empleadores los llamados a proporcionar los elementos de seguridad.

Ahora, creo que este proyecto deja en evidencia una falla que hoy se ha convertido en estructural en materia de seguridad en nuestro país. Sucede que obligaremos a los empleadores a proporcionar los elementos de seguridad al interior del transporte público, pero qué pasa con ese chofer o con la conductora en el trayecto desde su casa hacia su lugar de trabajo, y en el regreso desde su lugar de trabajo hacia su casa. Lo planteo porque en mi propia familia hay transportistas, quienes, contrariamente a lo que alguno pudiera pensar, no son empresarios del transporte, sino choferes de micros o conductores de taxis colectivos. Es el caso de uno de mis cuñados, y el de un tío, quien hace un par de años falleció, precisamente trabajando, en un accidente automovilístico.

Entiendo que es importante que en los lugares de trabajo se entreguen las herramientas y los elementos de seguridad, pero hay una sequía tremenda en materia de seguridad en todo el resto de los aspectos. La angustia que vive un trabajador cuando sale de su casa y se dirige a su lugar de trabajo es tremenda, porque sale a un mundo hostil en donde cualquier cosa le puede pasar. Lo hemos visto en innumerables ocasiones.

Si se hace un análisis muy breve de la tabla de la sesión de hoy, veremos algo muy decidor: el primer proyecto que analizamos es iniciado en mensaje y moción; el segundo proyecto -que ahora discutimos- es iniciado en moción; el tercer proyecto es iniciado en moción; el cuarto proyecto es iniciado en moción y el quinto proyecto también es iniciado en moción. ¿Por qué lo menciono? Las mociones -lo digo para quienes nos escuchan desde afuera del Congreso- son iniciativas de los parlamentarios. Prácticamente el 90 por ciento de los proyectos que estamos discutiendo provienen desde el interior de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo no ha sido capaz -estamos llegando a los seis meses de su administración- de presentar proyectos circunstanciales, de presentar proyectos importantes en múltiples materias. En la más sensible de todas no ha sido capaz de proponer una estrategia para enfrentar la delincuencia, no ha sido capaz de proponer una estrategia para enfrentar la grave crisis de seguridad que vive nuestro país. El solo hecho de ver la tabla de la sesión de hoy me lleva a preguntar qué están haciendo algunos ministerios de este gobierno. Y me lo pregunto ingenuamente, porque todos sabemos lo que están haciendo: están haciendo campaña para tratar de salvar una de las opciones que no tiene forma de ser salvada.

Por su intermedio, señora Presidenta, pido al Ejecutivo y, en particular, al Presidente Gabriel Boric que revienten la burbuja en la que viven, porque la gran mayoría de los chilenos no cuenta con protección policial las 24 horas del día, la gran mayoría de los chilenos sale a un mundo hostil. Si bien este proyecto es una instancia que mejora las condiciones de los trabajadores -por eso concurriremos con nuestro voto favorable-, deja en evidencia una falencia tremenda.

Se los pido por favor: dejen de hacer campaña, pónganse las pilas, pónganse a trabajar, porque Chile no partirá el 5 de septiembre. Chile hoy está sufriendo los problemas de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo, y hay grandes sectores, por lo menos en las comunas que represento, que hoy están tomados por el narcotráfico.

Qué bueno que los conductores del transporte público se sientan seguros en sus lugares de trabajo, pero qué pésimo es que no hagamos nada respecto de cuando se bajan de la micro y tienen que ir camino a su casa, porque en ese trayecto su vida, hoy, corre peligro.

He dicho.

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señora Presidenta, en la Sala se dicen cosas por las cuales realmente uno se toma la cabeza a dos manos.

Quiero invocar el artículo 90, número 2, del Reglamento, que dispone que un diputado incurre en falta al orden cuando se sale de la cuestión sometida a examen.

Me parece gravísimo el argumento entregado por el diputado señor Araya , quién señaló que la izquierda inventó centros de tortura. Me parece que esa es una actitud negacionista e inaceptable, y creo que para la Mesa eso no puede pasar inadvertido.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señora Presidenta, honorables colegas, el presente proyecto de ley, motivado por las agresiones sufridas por los trabajadores del metro, busca establecer el deber de los empleadores de proteger a sus trabajadores de la violencia laboral de origen externo que puedan sufrir en sus lugares de trabajo. La iniciativa amplía y especifica que aún en esos casos asiste al empleador el deber que consagra el artículo 184 del Código del Trabajo en orden a proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores.

Es una expresión del deber de garante que tiene el empleador en el lugar de trabajo, no en el trayecto hacia y desde el lugar de trabajo, porque solo en condiciones muy excepcionales el empleador es garante de la seguridad en el trayecto.

Con tal propósito, la presente iniciativa incorpora dos medidas, a mi parecer, importantes: la primera, dispone estrictamente que el empleador que tome conocimiento de la ocurrencia de hechos de violencia de esas características debe perseguir la responsabilidad penal correspondiente, y en aquellos casos en que el trabajador inicie acciones para perseguir la responsabilidad civil en contra de los responsables de la violencia, debe dar facilidades, poniendo a disposición del tribunal todos los antecedentes que posea. Son deberes bastante mínimos, pero que van en la dirección correcta.

Por otro lado, y en particular respecto de los trabajadores del transporte público, se establece la obligación del empleador de implementar cabinas de segregación que protejan a los conductores y conductoras en el ejercicio de sus funciones, correspondiendo a la Dirección del Trabajo velar por el cumplimiento de tal disposición. Sabemos que por su particular trabajo, las conductoras y los conductores están especialmente expuestos a hechos de violencia, por lo que se trata de una medida necesaria y conveniente.

Por cierto, debemos ahondar en aquellas condiciones que sirven de caldo de cultivo a la violencia, que es la gran tarea que nos debería ocupar como sociedad. No obstante, las medidas propuestas en el presente proyecto, aunque modestas, sirven para proteger la integridad de los trabajadores que día a día ayudan a que nuestra patria trabaje y progrese, y que, por cierto, colaboran con las empresas en las que trabajan.

Por tal motivo, manifiesto que votaré a favor, por el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile a vivir en un ambiente libre de violencia en sus lugares de trabajo.

He dicho.

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, al igual que mis colegas, quiero señalar que encontramos que este es un buen proyecto de ley, que viene a resolver una necesidad con un criterio de justicia, ya que son los empleadores, al igual que en muchos otros aspectos, los que deben garantizar que existan condiciones de seguridad dentro de los espacios laborales.

Por su intermedio, quiero corregir un pequeño detalle planteado por la diputada Bulnes . Efectivamente, los accidentes de trayecto siempre han estado incluidos dentro de lo que se concibe como accidente laboral, de modo que no estamos innovando en esta materia.

El diputado José Carlos Meza , junto con solicitar que se debe tener mayor consideración por los accidentes laborales en las medidas que se propone establecer, señaló, correctamente, que aquello no representa mayor novedad.

A pesar de ser esta una buena iniciativa, no podemos abstraernos del contexto actual, en que nos encontramos con que, dada la incompetencia del gobierno, dada la incompetencia del Presidente Gabriel Boric , que anda más dedicado a hacer campaña que a hacer su trabajo, el Estado está teniendo que subcontratar la seguridad.

La subcontratación siempre le ha resultado pavorosa a la izquierda, especialmente a la izquierda extrema, pero hoy nos encontramos con un proyecto de ley que subcontrata la seguridad, porque establece que debe ser el empleador el que debe garantizar la defensa legal a quien sufra un hecho de amenaza o violencia dentro del espacio laboral. Eso viene a resolver la incompetencia tanto del gobierno como del Estado, que no puede hacerlo por su cuenta.

Al parecer, el gobierno se está dando cuenta poco a poco de que no se la puede con la seguridad. Lo vimos hace algunos días, cuando un subsecretario dijo que las concesionarias debían hacerse cargo de la seguridad en las autopistas, y un exconvencional señaló que estas cosas son problemas de millonarios. Parece que solo los millonarios usan las autopistas o manejan autos. No sé en qué país viven.

Encuentro muy lamentable que el Estado se dé cuenta que no se la puede con la seguridad, en circunstancias de que es su deber primario, ya que el deber más básico de todo gobierno, del Estado, es preocuparse de garantizar la seguridad de todos los chilenos. No obstante, mientras por un lado piden al sector privado que contrate seguridad, por otro promueven la estatización total de la educación, de la salud, de las pensiones, tal como se dispone en el borrador de la nueva Constitución, en el que se insiste en que haya más empresas estatales, en la necesidad de asentar las bases de una especie de inmobiliaria estatal que se dedique a arrendar viviendas sociales, sin propiedad, por supuesto.

Con iniciativas como esta es evidente que el Presidente no quiere hacerse cargo de la seguridad; el Presidente no quiere enredarse con cosas que no le convienen, porque sabe que a su base de votantes no le gusta la seguridad. A quienes votan por la izquierda extrema, a quienes votan por el Presidente Gabriel Boric , no les gusta esto de la seguridad, lo encuentran un tema incomodo, o, derechamente, muchos de ellos andan promoviendo el desorden de las protestas que han venido sucediendo desde el estallido delictual.

Sin embargo, eso no justifica al Presidente. El hecho de que a sus votantes, de que a su base no les guste la seguridad pública, no les gusten los carabineros, las policías, no justifica al Presidente, ya que él debe seguir dedicándose a garantizar la seguridad de todos los chilenos.

Por eso, nosotros, los republicanos, insistimos en seguir exigiéndole al Presidente de la República que se haga cargo de la seguridad. Vamos a seguir exigiéndole, porque sabemos que por su propia iniciativa no lo va a hacer.

Este proyecto de ley viene a resolver una necesidad. Es correcto que se plantee que sean los empleadores quienes deban resolver los problemas de seguridad o la falta de ella dentro de los espacios laborales.

Se trata de cosas por las que el Estado deberá seguir respondiendo, porque son problemas que ocurren en los consultorios, son problemas que ocurren en la salud pública, son problemas que ocurren en la educación pública. Igualmente, el Estado deberá seguir respondiendo y no podrá chutear la pelota al córner. No estamos hablando aquí solo de empresas privadas.

Creo que es algo correcto y necesario hoy, especialmente en la situación en que nos encontramos, en que tenemos un gobierno que, lamentablemente, no quiere hacerse cargo de la seguridad.

Si el gobierno no está, tendremos que ser otros.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señorita Presidenta, en nuestro país hay aproximadamente ocho millones y medio de trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿no debiera ir todo proyecto en beneficio de mejorar la calidad de vida y el resguardo de los derechos laborales, y, junto con ello, asegurar el desarrollo del país? ¿No debieran ser estas las medidas y proyectos que debieran tener prioridad?

Tenemos un proyecto del 2018, previo al estallido social, que ya daba cuenta de la violencia a la que eran expuestos las y los trabajadores. Hoy, en 2022, ¿cuántos episodios más hemos tenido que lamentar por proyectos que llegan tardíos?

Por eso, me pregunto: ¿estará este Congreso Nacional preparado para dar respuestas a todas las demandas de las y los trabajadores? ¿Cuánto estamos atrasados en materia de derecho laboral?

Por otra parte, al igual como lo planteó un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, me gustaría saber qué pasa con las mutualidades, qué están haciendo para asegurar la salud de los trabajadores, qué están haciendo para prevenir las enfermedades profesionales. Esas entidades hoy son juez y parte y están haciendo un negocio con la salud de los trabajadores.

La pandemia nos vino a develar cuán desprotegidos estaban las y los trabajadores, a pesar de que el artículo 184 bis del Código del Trabajo dispone que los trabajadores pueden abandonar su lugar de trabajo cuando esto implica un riesgo grave e inminente para su vida y su salud.

En plena pandemia, cuando los empresarios no tenían aseguradas estas condiciones, como sindicato decidimos que los trabajadores no subieran a faenas hasta que estuvieran las condiciones de resguardo por la pandemia. ¿Qué pasó? Los trabajadores fueron despedidos y los tribunales, finalmente, no acogieron las demandas, no acogieron los recursos de protección.

Por lo tanto, no solamente debemos mejorar la legislación en materia laboral, sino asegurar que el derecho laboral se cumpla también en los tribunales, para que la justicia laboral y oportuna se pueda hacer realidad y no sea solo una mera declaración.

En cuanto a la responsabilidad social empresarial, que muchos empleadores no tienen, es hora de que la pongamos sobre la mesa. ¿Cuántas empresas dejan a sus trabajadores y trabajadoras con turnos, saliendo a la una o dos de la madrugada, sin tener acceso a locomoción pública, expuestos a su suerte? Eso es lo que debemos corregir. Las empresas no solo son un lugar, sino también un entorno, son un desarrollo para la comunidad y para el país. Por eso, considero que este proyecto va en la línea correcta.

Sin perjuicio de lo señalado, es hora de que se otorgue un subsidio para las pymes, que se establezcan los debidos resguardos y programas de protección, para que estas no sean usadas como excusa para proteger a los grandes capitales. Todos sabemos cómo se definen, cuáles son las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero siempre las pymes son usadas como escudo para no hacer responsables a los grandes capitales. Eso no puede seguir sucediendo. No se debe seguir ocupando a las pymes para no reconocer derechos laborales. Sigo insistiendo en cuánto estamos atrasados en derechos laborales.

Saludo que en el Día del Minero y la Minera este gobierno haya ratificado el Convenio N° 176, sobre seguridad en la minería, un convenio que se estaba solicitando desde hace doce años. Hoy, finalmente, se comienza a escribir un nuevo camino en relaciones laborales.

Junto con ello, espero prontamente la ratificación del Convenio N° 190 y la ratificación del Convenio N° 149, que dice relación con el personal de la salud, en el resguardo de sus condiciones laborales básicas ¿Qué es lo básico? Escuchar a las y los trabajadores, considerarlos en las políticas de prevención y en las políticas de desarrollo. Eso es lo que no hemos podido hacer durante décadas.

Porque el estallido social no fue arbitrario, porque la gente no quiso salir de un día para otro a las calles a reclamar justicia, a reclamar seguridad, a reclamar no más abuso. Eso tuvo una razón de ser, porque cuántas marchas pacíficas esta clase política no escuchó, cuántas leyes atrasadas llegaron: muchísimas.

Es por eso que también saludo la propuesta de la nueva convención en los artículos 47 y 48, de derechos laborales, y me pregunto: si esos derechos laborales tuviéramos que discutirlos en el Congreso, seguramente nos llevaría más de una década ponernos de acuerdo.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Recuerdo a sus señorías que el uso de las mascarillas es sobre la nariz.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mauricio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señora Presidenta, lo primero es celebrar la honestidad, la buena noticia que nos han entregado respecto al uso de las mascarillas al menos al momento de nuestras intervenciones, algo totalmente necesario.

Felicito a los jefes de bancadas por generar esta instancia, que también nos lleva a reflexionar hacia adelante respecto a nuestros hijos.

Estimados colegas parlamentarios, ustedes bien saben que todos podemos ir a un restaurante, a un bar sin mascarilla, pero resulta que tenemos a nuestros niños sufriendo las consecuencias no solo fisiológicas, sino también psicológicas por tener que enfrentar clases durante todo el día con mascarilla.

Dicho esto, quiero referirme al proyecto y manifestar que efectivamente es una buena medida.

Vamos a estar disponibles para apoyar esta iniciativa, que busca mejorar las condiciones de seguridad para los trabajadores de Chile.

Se supone que -celebro que eso siempre sea en igualdad de condiciones, independiente de tu territorio, de tu origen, etcétera- la ley pareja jamás ha sido dura. Eso lo sabemos perfectamente. Pero tengo una preocupación, y no puedo dejar de manifestarla, respecto a que en la Araucanía lamentablemente la ley en proyecto no va a poder aplicarse, porque hemos sido testigos de cómo trabajadores del rubro del transporte no han podido desarrollar con tranquilidad sus funciones, y no bastará, no será suficiente con que los empleadores dispongan medidas de seguridad. Ello, porque las medidas de seguridad que tendrían resultados en la Región de La Araucanía y en la macrozona sur serían blindar los buses, blindar las micros, meter también a los conductores dentro de una cápsula blindada, ya que sabemos perfectamente que en aquel lugar de Chile la futura ley no se va a poder cumplir, porque los recursos que significaría blindar el sistema de transporte público en nuestra región terminarían en la quiebra de los empresarios. No se pueden sostener los recursos para este sistema de seguridad, así que lo lamento muchísimo.

Esta es una responsabilidad del Estado que, como siempre lo he dicho, no tiene que ver con gobiernos de turno, sino que lo que buscamos y queremos para nuestro país tanto las izquierdas, centro y derecha es terminar con este conflicto que nos aqueja de manera profunda.

El tema es, a propósito del proyecto, la seguridad de los trabajadores. ¿Cómo brindamos esta seguridad a los trabajadores cuando el Estado hoy día se mantiene aceptando lo que sucede?

El fin de semana pasado fuimos testigos de las declaraciones de Héctor Llaitul , el líder de la CAM, quien termina por reconocer públicamente cómo consigue las armas de fuego que son usadas en el transporte y luego en contra de los trabajadores. Las consiguen con lo que ellos denominan “la recuperación de madera”. Entonces, ¿de qué manera un acto que es un robo puede intentar transformarse en una recuperación? Eso se llama robo, y los que roban son delincuentes, son ladrones. A esa situación estamos hoy día enfrentados.

Lamentablemente, no escuché a nadie del gobierno, a ningún personero, ninguna condena respecto a estas declaraciones emitidas por el líder de la CAM, en que reconoce públicamente delitos de robo de madera, que ellos llaman “recuperación”, como también para obtener armas de fuego, lo que significa tráfico de armas. ¡Pero resulta que no pasa absolutamente nada!

Entonces, celebro esta nueva ley para todo Chile, excepto para el Biobío y la Araucanía, porque allí no se va a poder aplicar, y eso, porque el Estado no ha estado a la altura con los habitantes de estos territorios del sur.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señora Presidenta, vamos a apoyar decididamente este proyecto de ley. Lo aprobé como integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y lo mismo haré ahora en la Sala, porque creo que es un avance importante para los trabajadores, ya que obligará a los empresarios, a los emprendedores, no a todos, sino a los medianos, ya que se puso un límite de tamaño de empresas, a perseguir las responsabilidades penales cuando un trabajador sea objeto de atentados, maltratado, herido, lesionado.

Por supuesto acá el Estado, el gobierno mira para el lado, porque una vez más entrega esta responsabilidad a los privados, a los empresarios, que tendrán que contratar abogados para perseguir estas responsabilidades, pese a que se trata de una obligación del Estado.

Sin embargo, este avance importante para los trabajadores de Chile no lo pueden recibir todos; hay una parte importante de trabajadores que todos los días, cuando van a sus trabajos o vuelven a sus hogares, son objeto de delitos: robos, hurtos, robos con intimidación, con fuerza; portonazos.

Eso está ocurriendo en todo Chile: en el norte, en el sur, en la zona central, y, por lo tanto, ahí esos trabajadores no serán beneficiados con el tema que aborda este proyecto de ley.

Estimada Presidenta, en una empresa seria o responsable, cuando al encargado de la seguridad le roban, le hurtan, lo asaltan o burlan la seguridad, ese encargado, o renuncia, o es despedido automáticamente, porque asume su responsabilidad, en el sentido de que ha fracasado en esa empresa. Sin embargo, en este caso, de los responsables de la seguridad pública en Chile nadie asume sus responsabilidades. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! No asumen responsabilidad los delegados presidenciales, los provinciales; el subsecretario del Interior, ni qué hablar de la ministra. ¡No pasa nada! O sea, este país se puede incendiar, se pueden disparar las cifras y nadie asume responsabilidades.

Espero, por sentido común, que la ministra del Interior en algún momento se dé cuenta de que está haciendo mal su trabajo y que en un país serio se tienen que asumir las responsabilidades políticas.

Estos trabajadores serán beneficiados con este proyecto de ley. En mi Región de La Araucanía no lo podrán hacer. En la Región de La Araucanía la luz lleva cortada cinco días y los trabajadores de las empresas eléctricas no pueden ir a trabajar, a conectar la luz, porque tienen miedo a ser atacados. A ellos no se les protege con esta ley en proyecto. En mi Región de La Araucanía los trabajadores de vialidad o de las empresas globales no pueden ir a trabajar -están abandonados los caminos- por inseguridad, por temor. En nuestra Región de La Araucanía los trabajadores del transporte público no pueden trabajar en los caminos rurales porque tienen miedo a ser víctimas de atentados. En mi Región de La Araucanía los trabajadores forestales son atacados todos los días a balazos, y esta futura ley no los beneficia.

En más de cinco meses el Presidente de la República no asiste a la Región de La Araucanía. Allá no va a dar protección a los trabadores. Y sabemos la respuesta, sabemos por qué no va: porque abandonaron el sur, porque saben que en el sur el rechazo es irremontable y saben que su única esperanza es hacer campaña en el centro, en la Región Metropolitana, y están centrados acá. Así que le digo a la gente de mi región que antes del plebiscito el gobierno no va a ir a la Araucanía. El Presidente no va a ir, porque están acá dedicados a hacer campaña y para ellos la seguridad no es prioridad.

Como dijo un colega parlamentario, todos los proyectos de ley que estamos viendo hoy día son mociones de un diputado -la sequía legislativa del gobierno es una vergüenza; no hay proyectos con urgencia en materia de seguridad ni protección para los trabajadores-, son mociones, y eso me parece pésimo, porque hay un gobierno que se está negando a gobernar, que está dedicado cien por ciento a hacer campaña y no a trabajar por las prioridades de todos los chilenos.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a cada uno de mis colegas y a los integrantes de la Mesa de esta Corporación.

El proyecto de ley busca respaldar a los trabajadores, entre ellos a los conductores de buses y de otros medios de transporte. Hace solo unos días vimos, a través de la televisión, cómo un trabajador de Correos de Chile, de la tercera edad, fue agredido cruelmente y golpeado en el suelo. La iniciativa pretende entregar protección, salud e integridad a los trabajadores.

Represento a la provincia de Malleco, Región de La Araucanía, donde permanentemente los trabajadores del rubro transporte arriesgan su vida todos los días -por qué no decirlo- en búsqueda de su sustento diario. Sin ir más lejos, este fin de semana conversé con el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli , quien hace un llamado urgente y desesperado al Estado de Chile, al gobierno, reclamando por la seguridad. El alcalde Richard Leonelli me señalaba que los pocos empresarios que existen en Lumaco y en Capitán Pastene están cerrando, porque no tienen maquinaria para trabajar, y por ello no tienen cómo dar sustento a sus trabajadores, por lo que cada día la cesantía va en aumento.

Por eso, quiero realizar un llamado al Presidente de la República y a los ministros del Trabajo y Previsión Social, y de Economía, Fomento y Turismo, a fin de formar una mesa de trabajo con el alcalde de Lumaco y con los alcaldes de las comunas de la provincia de Malleco. La situación es grave, hay que vivirla, hay que experimentarla y para eso hay que estar en la provincia de Malleco. Reitero: quiero hacer este llamado con mucho respeto y humildad para que se forme esta mesa de trabajo para ir en ayuda de comunas que están muy complicadas, como Lumaco, Traiguén , Collipulli y Ercilla .

Por otro lado, los trabajadores de la Dirección de Vialidad, de la salud, de las postas de la provincia de Malleco hoy no tienen seguridad y por ello no pueden concurrir a atender a la gente que más los necesita: la gente más vulnerable, la que vive en sectores rurales y no puede viajar a la ciudad, primero, por un tema de seguridad, y, segundo, por el pésimo estado en que se encuentran los caminos. Esa gente de los sectores rurales tenía la esperanza de que pudieran atenderlos en sus casas, pero los funcionarios de la salud, los funcionarios de las postas, temen por su seguridad. Hace un par de días robaron un vehículo a salud, un vehículo a la Dirección de Vialidad y otro al Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo se enfrenta eso?

Votaré favorablemente este proyecto, con la confianza en que el Estado de Chile, el gobierno, apoye a todos los trabajadores y, en forma particular, a los de La Araucanía.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señora Presidenta, el comparado del proyecto señala que a los trabajadores debe entregárseles la protección adecuada, evitando que estos pongan en riesgo su vida o su salud, a fin de que puedan realizar una labor adecuada. Luego, se establecen ciertas obligaciones para el empleador, como identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a la violencia en el trabajo; identificar los posibles daños a la salud física o mental de los trabajadores afectados; adoptar las medidas para prevenir y controlar tales riesgos, para controlar la eficacia de las medidas y para velar por el mejoramiento y corrección continua del programa; medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos identificados y evaluados.

Dichas disposiciones me parecen muy bien, pero uno legisla para todo el país, y no tan solo para una parte de él. Siento que el proyecto fue hecho pensando para la Región Metropolitana o para las grandes ciudades, pero no, por ejemplo, para la Región de La Araucanía. Así, en la letra c) del artículo 184 ter, dice: “Adoptar las medidas para prevenir y controlar tales riesgos; para controlar la eficacia de las medidas, y para velar por el mejoramiento de la corrección continua del programa;”.

Cuando en la Región de La Araucanía los transportistas son violentados, amenazados con armas de guerra, golpeados y bajados de sus vehículos de trabajo, que posteriormente es quemado, me pregunto: ¿de qué manera el empleador va a tener que adoptar las medidas que indica el proyecto? Una alternativa es que les impida trabajar a sus empleados, y con ello, sencillamente, hay una fuente laboral menos; la otra alternativa es que coloque guardias privados en cada uno de los camiones y la tercera alternativa es entregar un arma al trabajador para que se pueda defender. No veo otras alternativas para evitar el riesgo de ser golpeado, baleado o quemado.

El Estado, por su parte, no se obliga a nada; por el contrario, impide a los particulares portar armas.

Entonces, ¿cómo garantizamos que el transportista, que trabaja diariamente para llevar el pan a la mesa de su familia, no tenga el riesgo de ser asaltado, violentado, quemado o de perder la vida? Hay que equiparar las medidas, porque si es asaltado, tendrá que recurrir a algo, pero el Estado le impide tener armas. ¿De qué manera vamos a implementar lo que dispone la iniciativa?

Quisiera que las personas que idearon este proyecto dijeran cuáles son las medidas que el empleador debe adoptar para proteger la vida y la integridad física de sus trabajadores cuando estos son asaltados y violentados con armas de fuego de grueso calibre, en circunstancias de que el Estado no les entrega ni siquiera las más mínimas medidas de seguridad. Incluso, el nuevo texto constitucional que se propone no contempla el estado de excepción constitucional de emergencia; o sea, ni siquiera se puede recurrir a esa alternativa.

Pido a los autores de este texto que digan cuáles son las medidas que debe adoptar el empleador para que el trabajador que conduce un camión y es violentado, baleado, finalmente pueda desarrollar su actividad sin que su vida corra riesgo.

La iniciativa agrega que se deben ir evaluando este tipo de cosas e informar a la Dirección del Trabajo. ¿De qué manera? Al parecer, esas fuentes laborales van a tener que terminar, porque el empleador no tiene las condiciones para entregarle seguridad al trabajador de que no será violentado.

Este proyecto de ley, que si bien es cierto tiene muy buenas intenciones, está pensado para las grandes ciudades, y no es aplicable en la Región de La Araucanía. Si queremos que sea aplicable, necesitamos que se entreguen otras medidas, porque de lo contrario nuestra gente va a seguir sufriendo, el Estado va a seguir mirando para el techo, entregando alternativas que no corresponden.

Además, el texto constitucional que se nos propone no da alternativas y agrava el problema, porque desaparece el estado de excepción constitucional, porque el Estado no se hace cargo de la situación de la Región de La Araucanía.

La iniciativa en comento no es aplicable, por lo que exijo una explicación, como decía Condorito .

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señora Presidenta, la seguridad de los trabajadores es responsabilidad del empleador, y así lo señala el Código del Trabajo en el mismo artículo 184, que se modificaría si se aprueba este proyecto de ley. Si bien es cierto se precisa y se hace referencia a casos en particular, pues habla de la defensa del trabajador en caso de perseguir la responsabilidad penal o civil, además de otro tipo de herramientas, como la cabina de protección en vehículos de transportes, la responsabilidad del empleador existe, pero bajo condiciones normales. El empleador debe velar y tomar las medidas necesarias para que en el trabajo haya seguridad para sus trabajadores. Hemos escuchado casos aquí de violencia de terceros que ingresan, por ejemplo, a un local comercial y, efectivamente, el empleador tiene que brindar seguridad, pero esa seguridad tiene también el límite de lo posible.

Aquí hay un tema relevante: la seguridad, en términos generales, es responsabilidad del Estado, y este se encuentra claramente al debe en esa materia. El Estado no puede brindar seguridad; es incapaz de asegurar un pasar tranquilo a la ciudadanía; no puede asegurar en el país que alguien salga a trabajar y vuelva a casa íntegro, porque el Estado ha fracasado en materia de seguridad.

No podemos hacer responsable y hacer cargar al empleador con aquello. Al empleador le suben los impuestos, se reduce la jornada de trabajo, se aumentan las cotizaciones y, ahora, se le obliga a que se haga cargo de una tarea imposible, porque va más allá de sus capacidades, aun cuando invierta todo lo que tiene a su haber en aquello.

Un ejemplo de ello es lo que ocurre en La Araucanía. Allí hay empresas que, simplemente, no podrán cumplir con sus contratos, porque no pueden brindar seguridad. Aquí no se trata de una seguridad media; la seguridad, en este caso, no tiene que ver con ciertas herramientas naturales, como cámaras, chalecos, etcétera. Allá los trabajadores son baleados y les roban los vehículos con metralletas. Frente a esas circunstancias, un empleador no puede brindar seguridad, porque aquella es deber del Estado.

Si pensamos en una micro, las cabinas tendrían que estar blindadas, no solo separadas o aisladas, lo que claramente no es posible. El problema, entonces, no radica en que el empleador sea irresponsable con la seguridad de su trabajador. Este sí puede mejorar la seguridad y sí es responsable de lo que ocurra con los trabajadores, pero aquí hay un problema del Estado -ni siquiera de este gobierno, sino del Estado-, el que está fracasando y ha sido incapaz de entregar soluciones en esta materia.

Colegas -por su intermedio, señora Presidenta-, aquí tenemos una dificultad mucho más seria: el proyecto de ley intenta paliar esta situación, pero el problema no son los empleadores, sino el hecho de que la seguridad ya no está en manos del Estado, porque no la puede controlar. Eso es algo serio. Por ello, todos debemos hacernos cargo de este problema y contribuir, en la medida de lo posible, a solucionarlo.

Este es un proyecto de ley enfocado en los trabajadores, pero es una realidad que ya no podamos caminar tranquilos por cualquier lugar de nuestro país, como ocurría antes. Debemos volver a recuperar la seguridad. Para ello, hacemos un llamado al gobierno de turno para que adopte las medidas adecuadas y ponga las urgencias correspondientes a los proyectos de ley que desde marzo están esperando que ello suceda, a fin de brindar seguridad a los trabajadores, que es lo busca esta iniciativa.

Aquí tenemos un gobierno que está en campaña y que no se está haciendo cargo de las demandas. Efectivamente, la inseguridad no comenzó en marzo, pero hoy están en el poder. En lugar de hacer campaña, deberían estar trabajando de manera seria en los proyectos de ley y en devolver la seguridad a nuestros compatriotas.

Este es un tema esencial en el que debemos poner los puntos sobre las íes y abordarlo de la manera que corresponde.

He dicho.

El señor BECKER.-

Señora Presidenta, la verdad es que no iba a intervenir, pero en atención a que han usado de la palabra seis diputados representantes de mi región, también me referiré a este proyecto.

Me parece bien que se busque una forma de dar mayor seguridad a los trabajadores a nivel nacional, pero parece que en materia de medidas vamos a tener que separar Chile de La Araucanía.

Permítame dar lectura de un breve mensaje que me llegó del señor concejal Claudio Valck , de la zona de Carahue. Dice: “Buenas tardes, diputado.

Producto del atentado a Frontel, todo el sector rural de la cordillera de Nahuelbuta, que pertenece a Carahue, está sin energía eléctrica, afectando, incluso, a los diferentes APR de la zona.”. Para los que viven en Ñuñoa o en otra parte, APR son los proyectos de Agua Potable Rural, que permiten el abastecimiento de agua potable.

Continúo: “Frontel dejó de asistir a las emergencias por el riesgo para sus trabajadores, que necesitan resguardo policial, el que aún no se les ha brindado. Me comuniqué con el señor gerente de Frontel. Lo que me informa el gerente de Frontel, don Patricio Sáez , es que habían baleado a dos brigadas de Frontel. Afortunadamente, gracias a Dios, solo resultaron con daño las camionetas y no el personal. Ahora estarían siendo priorizados los APR y Carabineros estaría entregando probablemente el día de hoy resguardo policial para poder llegar a resolver este grave problema que está ocurriendo en la zona de Carahue.”.

Señora Presidenta, realmente allá la situación es muy compleja. El Presidente de la República debe ir a la región, y si lo estima prudente, lo podemos acompañar. En algún momento, el candidato Kast dijo que los primeros 15 días de su gobierno los pasaría en la región. Es probable que ello no vaya a resolver el problema, pero es un mensaje a los delincuentes y cobardes terroristas que están actuando en nuestra región desde hace más de 25 años.

No es exclusiva responsabilidad del actual gobierno, pero lo que estamos viendo, pese al estado de emergencia, es un incremento en los ataques. Para quienes vivimos allá, para quienes tenemos que hacer nuestra vida allá, para quienes estuvimos ayer y anteayer con nuestra familia en el campo, con mi madre, que tiene 92 años, esto es muy preocupante. Se duerme poco por el resguardo que tenemos que hacer de nuestras cosas y de nuestras propias vidas.

Se ha hablado de un proyecto que va a desarmar a quienes tenemos armas inscritas. Primero hay que desarmar al señor Llaitul , que dijo que está recuperando la madera. Probablemente, hay algunos amigos de la izquierda que están de acuerdo con que el señor Llaitul recupere la madera que, supuestamente, tenía. Ello no es efectivo; eso simplemente es robo; son ladrones que están actuando en la zona.

Les pido, estimados colegas -por su intermedio, señora Presidenta-, que se tome este tema muy en serio y que invitemos, ojalá como Corporación, a nuestro Presidente de la República a la Región de La Araucanía, a la provincia del Biobío. Extendámosle una invitación para que nos visite y entregue el mensaje de que el gobierno y el Estado están preocupados por el casi millón de personas que estamos siendo afectadas por la delincuencia y el terrorismo.

Muchas gracias y que Dios nos bendiga.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señora Presidenta, esta ha sido una discusión bastante interesante. Qué duda cabe de que el tema de la violencia hoy ha llegado, incluso, de forma inaudita, a los lugares de trabajo.

En algún momento -lo he preguntado varias veces- este proyecto varió. No sé en qué minuto se transformó en una especie de doble proyecto. Partió abordando el tema de los conductores, específicamente, del metro. Hoy este proyecto es más general. Repito: me llamó mucho la atención el giro que tuvo, pero se basa en una buena idea, cual es prevenir y proteger que las personas, al menos durante sus horarios de trabajo, no sufran violencia, y, que, además, el empleador haga todo lo posible por entregar las condiciones para que ello no se dé en forma fácil.

En eso estábamos todos de acuerdo. Todos manifestamos que, en muchos casos, el empleador algo tenía que hacer, pero también dijimos que ello iba a ser complejo, sobre todo por las exigencias para el transporte en regiones. En el caso del Transantiago y del metro, las cabinas están aparte, pero hay una licitación mediante la cual se puede exigir, en el futuro, que queden cerradas. Pero, ¿qué pasa con las regiones? Como dijo un diputado, hay personas que hacen recorridos que, sencillamente, no podrán cumplir con la ley, no porque no quieran defender a sus conductores, sino porque hoy no dan los números. Son personas que no tienen financiamiento y la plata para hacer las modificaciones que les exigirá el proyecto de ley.

Por otra parte -algunos diputados lo votamos en contra; es una materia que deberemos volver a discutir-, las empresas cuyos ingresos anuales superen las 25.000 UF anuales deberán proveer de defensa jurídica a los trabajadores. ¿Qué significa eso? ¿Que deberán tener un departamento jurídico dentro de la empresa? En este tipo de cosas uno siempre piensa en las grandes empresas, porque muchas de ellas tienen un departamento jurídico; pero 25.000 UF no es una gran cifra.

Por ahí se dijo que podíamos aumentar esa cifra, pero ¿qué va a pasar cuando el proceso no funcione, salga un fallo en contra, haya que pagar costas y la persona que atacó termine ganando el juicio porque no se pudieron acreditar los hechos? ¿La empresa tendrá que pagar todo eso? ¿Eso será un costo para la empresa?

A mí me llama muchísimo la atención ese punto. Me refiero a que de alguna forma estamos creando, en el mundo particular de las empresas, una defensoría de las víctimas -la misma defensoría que no se ha querido hacer a través del proyecto de nueva Constitución-, porque estamos exigiendo que existan abogados especiales para defender a una persona, que en este caso es el empleado que ha sido víctima. Por consiguiente, estamos partiendo por el sistema privado con la primera defensoría de las víctimas, financiada por las empresas.

Me parece que ese es un tema muy delicado. Siempre he estado de acuerdo con que esto debería proporcionarlo el Estado. Efectivamente, debería existir la defensoría de las víctimas. No comprendo por qué esto no ha seguido adelante. Realmente es algo incomprensible. Pero lo curioso es que no se la estamos exigiendo al Estado, sino a las empresas.

Tenemos mucho que arreglar en este proyecto, que tiene un buen sentido, pero hay que ver que las bajadas sean realmente razonables, que se puedan cumplir, que los empleadores tengan el presupuesto para implementar todos los medios posibles para que sus empleados trabajen en un ambiente bastante seguro; no obstante, claramente no podemos exigir más allá de la cuenta, porque, cuando lo hacemos así, las leyes terminan siendo impracticables y, al final, son puras declaraciones de buenas intenciones.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta el artículo 11 de la ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa .

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor Miguel Ángel Calisto .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 126ª de la legislatura 369ª, en miércoles 26 de enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, sesión 57ª de la presente legislatura, en lunes 8 de agosto de 2022. Documentos de la Cuenta N° 19.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CALISTO (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de simple, que interpreta el artículo 11 de la ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa .

El proyecto se inició en moción de los honorables senadores señores Rabindranath Quinteros , Álvaro Elizalde , Kenneth Pugh y David Sandoval .

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 304 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

Constancias reglamentarias Idea matriz o fundamental del proyecto

Interpretar las normas de la ley Nº 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa , referidas a los beneficiarios de la entidad, en el sentido de que la referencia a las organizaciones de pescadores artesanales incluye también a las organizaciones de base y de segundo y tercer nivel.

Síntesis del debate que hubo durante la discusión general y particular

Teniendo en vista las consideraciones y los argumentos contenidos en el proyecto (boletín N° 14639-21 [S]) y lo expresado por el señor subsecretario de Pesca y Acuicultura, los señores diputados fueron del parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Se explicó que la ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa , definió que su objetivo principal es fomentar y promover el desarrollo de la pesca artesanal, de la acuicultura de pequeña escala y sus beneficiarios.

Que el artículo 11, letra c), de la citada ley N° 21.069 preceptúa que serán beneficiarios de Indespa “Las organizaciones o personas jurídicas conformadas exclusivamente por pescadores artesanales o acuicultores de pequeña escala, legalmente constituidas. Los pescadores artesanales y los acuicultores de pequeña escala integrantes de organizaciones o personas jurídicas, deberán encontrarse inscritos en el registro pesquero artesanal o de acuicultura de pequeña escala, según corresponda.”, lo que ha ocasionado, en la práctica, una dificultad en el acceso de las organizaciones de segundo nivel (federaciones) y de tercer nivel (confederaciones), cuestión que se pretende solucionar con una norma interpretativa.

Que la interpretación jurídica de dicho artículo, hecha por la administración que asumió el año 2021, señaló que las organizaciones de segundo nivel (federaciones) y de tercer nivel (confederaciones) no califican como beneficiarias del instituto, dado que están constituidas por personas jurídicas. Respecto de los años anteriores al 2021, Indespa basó su funcionamiento en lo señalado en la glosa presupuestaria N° 7, a saber: “En tanto no entre en vigor el reglamento al que hace referencia el artículo 5 de la ley N° 21.069, se continuarán aplicando normas, instrumentos técnicos, requisitos, parámetros y procedimientos que regularon, durante el año 2019, la postulación y entrega de beneficios correspondiente al Fondo de Administración Pesquero y al Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal.”.

Entonces, esas organizaciones deben estar inscritas en el Registro de Organizaciones Artesanales (ROA). Eso implica que organizaciones de segundo y tercer nivel no puedan ser objeto de políticas de fomento a través del Indespa, lo cual es una limitación para el desarrollo de políticas de fomento y para la asociatividad.

No obstante, en la práctica, estas organizaciones se encuentran registradas como organizaciones sociales ante la Dirección del Trabajo, obteniendo su Registro Sindical Único (RSU), y es deseable, por cierto, que este tipo de organizaciones se inscriban en el Registro de Organizaciones Artesanales (ROA), que para dichos efectos lleva el Sernapesca.

Por último, sobre la base de las consideraciones anteriores, la comisión se manifestó plenamente de acuerdo con que tales organizaciones puedan ser beneficiarias de Indespa.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras María Candelaria Acevedo y Clara Sagardia , y los diputados señores Eric Aedo , Bernardo Berger , Jorge Brito , Sergio Bobadilla , Tomás de Rementería , Mauro González , Daniel Manouchehri , Cristhian Moreira , Matías Ramírez , Leonidas Romero y quien habla, Miguel Ángel Calisto .

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado No hay.

Trámite de la Comisión de Hacienda No requiere.

Artículos e indicaciones rechazados por la comisión No hay.

El proyecto fue aprobado en particular por unanimidad, sin cambios.

Votaron a favor las diputadas señoras María Candelaria Acevedo y Clara Sagardia , y los diputados señores Bernardo Berger , Jorge Brito , Tomás de Rementería , Mauro González , Daniel Manouchehri , Cristhian Moreira , Matías Ramírez y René Alinco (en reemplazo del diputado señor Miguel Ángel Calisto ).

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, cuando se aprobó la ley N° 21.069, que creó el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa , se señaló como beneficiarias a las organizaciones o personas jurídicas conformadas exclusivamente por pescadores artesanales o acuicultores de pequeña escala legalmente constituidas.

En esa ley se señaló que “Los pescadores artesanales y los acuicultores de pequeña escala integrantes de organizaciones o personas jurídicas, deberán encontrarse inscritos en el registro pesquero artesanal o de acuicultura de pequeña escala, según corresponda.”. Esa situación ha ocasionado tremendas dificultades en el acceso a las organizaciones de segundo nivel -me refiero a las federaciones- y de tercer nivel, como son las confederaciones, ya que a la fecha no se encuentran inscritas en estos registros.

El hecho de que estas organizaciones deban estar inscritas en el Registro de Organizaciones Artesanales (ROA) las deja fuera de las políticas de fomento a través de Indespa, lo cual es una limitación para el desarrollo de las políticas de fomento y la asociatividad.

Considerando que la exclusión de organizaciones de segundo y tercer nivel no solo afecta la autonomía de los pescadores artesanales para organizarse y actuar ante las diversas instituciones del Estado, sino que también se aparta de la historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 21.069, que nunca consideró esta restricción, pido a esta Sala que apruebe este proyecto de ley, iniciado en moción, ya que es necesario que se declare, interpretando el artículo 11 de la ley N° 21.069, que las organizaciones de pescadores artesanales a que se refiere la letra c) incluyen a organizaciones de primer, segundo y tercer nivel, es decir, organizaciones de base, federaciones y confederaciones.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, votaré favorablemente este proyecto, aunque tengo algunas dudas. En la práctica, ¿qué autoridad real y efectiva va a tener el Indespa? ¿Tendrá autoridad práctica, o solo teórica y hará sugerencias? ¿Serán vinculantes esas recomendaciones? Hago las consultas con algunos conocimientos de causa, porque quienes han llevado por años las políticas pesqueras en Chile no son los incumbentes, no han sido los pescadores artesanales, sino los gobiernos de turno y las siete familias dueñas del mar chileno; ese es el problema.

En la sobreexplotación de la mayoría de los recursos del Pacífico no tienen culpa los pescadores artesanales, sino la gran industria pesquera nacional e internacional, que sobreexplota los productos.

Recuerdo que hace años existían las famosas pescas de investigación, que eran una forma más de sobreexplotar los recursos marinos, una forma diferente de sobreexplotación.

Eso es lo que me preocupa.

Hace unos días, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas , a quien no tengo la suerte o mala suerte de conocer, determinó, a espaldas de los pescadores artesanales de Aysén, la extracción de trescientas toneladas de erizos en nuestras costas, ¡de manera inconsulta!, para favorecer a pescadores artesanales de la Región de Los Lagos. Estoy cierto de que ellos también necesitan, no tengo dudas; si la pelea no es entre pescadores artesanales, y no puede ser entre trabajadores de la misma clase.

Recuerdo que hace un par de años, con el diputado Miguel Ángel Calisto , presentamos un proyecto para la regionalización de los recursos del mar para su explotación. Seis votos, ocho votos parece que sacamos.

Creo que no es correcto.

Es cierto que somos un país unitario, pero gran parte de los recursos bentónicos y otros están, en este momento, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en la verdadera Patagonia.

Por lo tanto, pedimos el derecho a ser, por lo menos, determinantes en el sistema de explotación de nuestros recursos.

Creo que este no va a ser un mal proyecto; pienso que va a ser un buen proyecto, y, por eso, lo votaré a favor, en la esperanza de que Indespa pueda “cortar”, decidir y determinar algo en las futuras políticas pesqueras de nuestro país.

Con todo, el proyecto tiene sabor a poco, porque nosotros, como Cámara de Diputados, siendo consecuentes con el llamado que hace años nos hicieran los pescadores artesanales y para preservar nuestros recursos, necesitamos crear, de una vez por todas, el Ministerio de Mar. Necesitamos una cartera con definiciones, presupuesto y profesionales, pero que además determine. Y digo “determine”, porque la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ni siquiera cuenta con un bote para cumplir su rol fiscalizador, para controlar cómo se llevan adelante las pesquerías, para fiscalizar la sobreexplotación o la pesca en negro, etcétera.

Señor Presidente, apoyaré el proyecto, aunque, como dije, tiene sabor a poco.

He dicho.