Labor Parlamentaria

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el segundo informe del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo y la ley N° 18.290, de Tránsito, en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa (boletín No 12256-13).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Henry Leal .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sesión 72ª de la presente legislatura, en lunes 12 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 10.

-El primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se rindió en la sesión 61ªde la presente legislatura, en martes 16 de agosto de 2022.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En reemplazo del diputado Henry Leal , rinde el informe la diputada señora Ximena Ossandón .

Tiene la palabra, señora diputada.

La señora OSSANDÓN, doña Ximena (de pie).-

Señor Presidente, distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me ha correspondido informar ante esta Sala el proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, iniciado en moción de los diputados señores Barrera, don Boris , y Soto, don Raúl ; de la entonces diputada Sepúlveda , doña Alejandra , y de los entonces diputados señores Jiménez, don Tucapel , y Saavedra, don Gastón , que modifica el Código del Trabajo y la ley N° 18.290, de Tránsito, en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa, contenido en el boletín No 12256-13, con urgencia calificada de simple.

En sesión celebrada el 16 de agosto del año en curso, esta Sala prestó su aprobación en general el proyecto en informe y, acogiendo sendas indicaciones presentadas por diversas y diversos señoras y señores diputados, lo remitió a esta comisión para un segundo informe.

El presente proyecto de ley, después de haber realizado un análisis de las indicaciones presentadas en Sala como de las que se dedujeron en la comisión, propone introducir, en su artículo 1, tres modificaciones en el Código del Trabajo.

La primera de ellas tiene por objeto agregar, a continuación del artículo de 184 bis, los artículos 184 ter y 184 quater, nuevos, que establecen, el primero de ellos, que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 184, el empleador deberá adoptar las medidas necesarias para procurar que los lugares de trabajo se encuentren libres de toda forma de violencia hacia los trabajadores y las trabajadoras.

En caso de que, con motivo del desempeño en sus funciones u ocasión de su trabajo, los trabajadores y trabajadoras se vean expuestos a sufrir violencia mediante amenazas, ataques o agresiones de cualquier tipo o por cualquier vía de hecho, por personas externas usuarias de la empresa, y siempre que tales acciones pongan en riesgo la vida o salud de tales trabajadores y trabajadoras, el empleador deberá elaborar una política y un programa actualizado de prevención y mitigación de esta clase de violencia, la que deberá incorporar al menos lo siguiente:

a) Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados con la violencia en el trabajo;

b) Identificar los posibles daños a la salud física o mental de los trabajadores afectados;

c) Adoptar las medidas para prevenir y controlar tales riesgos, para controlar la eficacia de las medidas y para velar por el mejoramiento y corrección continua del programa;

d) Medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras acerca de los riesgos identificados y evaluados, así como de las medidas de prevención y protección que deban adoptarse, incluyendo los derechos y responsabilidades de los trabajadores y las trabajadoras y de la propia empresa, y

e) Elaborar e implementar las directrices que fueren necesarias para dar una oportuna aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 184.

Asimismo, estatuye que el empleador deberá publicar en un espacio físico y público de la empresa un resumen o compendio de la política de prevención de la violencia, indicando expresamente los derechos y deberes de los trabajadores y las trabajadoras, de la propia empresa y de las personas externas o usuarios de las empresas.

Finalmente, dispone que la política y el programa a que se refiere el presente artículo deberán mantenerse a disposición del inspector del Trabajo, preferentemente a través de formatos electrónicos, y podrán implementarse con la asistencia técnica del respectivo organismo administrador de la ley N° 16.744.

El artículo 184 quater dispone que todo empleador que tome conocimiento de hechos constitutivos de delito ejecutados por terceros ajenos a la relación laboral en el lugar de trabajo, que atenten contra la vida, salud, integridad física o psíquica de los trabajadores y trabajadoras, deberá interponer la respectiva denuncia penal, acompañando todos los antecedentes probatorios que obren en su poder y que digan relación con los hechos que originen la interposición de la acción penal.

En caso de que la trabajadora o el trabajador inicie acciones para perseguir la responsabilidad civil por estos hechos, el empleador deberá dar a la o el trabajador todas las facilidades para ello, poniendo a su disposición, dentro de 15 días corridos desde la solicitud realizada por cualquier medio escrito, la totalidad de los antecedentes de que disponga sobre los hechos constitutivos de delito, tales como la grabación de cámaras de seguridad o parte policial de Carabineros de Chile, entre otros.

Agrega que las empresas cuyos ingresos anuales superen las 25.000 UF anuales deberán proveer de defensa jurídica a las trabajadoras y a los trabajadores que, con ocasión del desempeño de sus funciones, sufran atentados contra su integridad física, para hacer efectiva la responsabilidad civil.

La segunda de dichas modificaciones agrega un nuevo Título VI al Libro II del Código del Trabajo del siguiente tenor: “Título VI de la Protección de las y los Trabajadores del Transporte Público”.

La última modificación agrega un nuevo artículo 211 K, del siguiente tenor: “El empleador, entre otras medidas destinadas a proteger eficazmente la vida y salud de las y los trabajadores, deberá implementar cabinas de segregación que protejan a los conductores y conductoras de buses que presten servicios de transporte público.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, siempre en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por resolución fundada podrá exceptuar a una o más empresas de la implementación de cabinas de segregación, siempre que el empleador garantice todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fijará las condiciones técnicas y de seguridad que deberán cumplir las cabinas de segregación, en un plazo de 6 meses.

Corresponde a la Dirección del Trabajo velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Título y sus infracciones se sancionarán con multa de catorce a setenta unidades tributarias mensuales en vigor a la fecha de cometerse la infracción, multa que se duplicará en caso de reincidencia.”.

Por su artículo 2, modifica el inciso primero del artículo 196 octies del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, incorporando, a continuación del enunciado “realizar labores de verificación de pago de tarifa,” la frase “o a cualquier trabajador o trabajadora, dependiente o independiente, que labore en los servicios de transporte público, indistinto de las funciones que desempeñe,”.

Por su artículo primero transitorio establece lo siguiente: “La política y programa de prevención y mitigación de violencia externa a que refiere el artículo 1 de esta ley deberán encontrarse a disposición del Inspector del Trabajo luego de tres meses contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.

Finalmente, su artículo segundo transitorio dispone: “Los empleadores contarán con un plazo máximo de un año para implementar las cabinas de segregación a que se refiere el artículo 1 de esta ley, contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.

En consideración de lo anterior y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este segundo trámite reglamentario corresponde hacer mención expresa de los acápites que señala el informe que mis colegas tienen en su poder y a los que, en aras del tiempo, no me referiré.

Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del texto del proyecto que se contiene en el informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señor Presidente, este es un proyecto muy importante para proteger a los trabajadores y trabajadoras de posibles agresiones que puedan recibir de algunos usuarios. La verdad es que establece algunas cosas muy concretas que es importante que aprobemos hoy, para que después sean aprobadas por el Senado y así puedan implementarse.

La primera de ellas es la obligación del empleador de tomar medidas preventivas y aplicar los distintos protocolos y políticas para evitar al máximo, en la medida de la naturaleza de cada uno de los trabajos, las posibles agresiones que puedan sufrir las trabajadoras y los trabajadores. Esto incluye, por supuesto, la publicación de los deberes y derechos que tienen tanto los trabajadores como los usuarios y clientes en lugares visibles.

La segunda es prestar el apoyo jurídico, similar a como ocurre en el sector público, para perseguir la responsabilidad si se produjere la agresión. Es una obligación que se establece para los empleadores. En el caso del apoyo en materia civil, este viene limitado en términos de no afectar a las pequeñas empresas y microempresas. No obstante, en términos genéricos, se presta el apoyo jurídico respectivo a los trabajadores y a las trabajadoras en caso de que, a pesar de las medidas preventivas, se genere la agresión.

La tercera es que, como el origen está en el transporte público, se establece que en el caso de los buses haya cabinas especiales para sus conductores, con plazos de implementación, con reglamento adecuado y también con eventuales excepciones que puede establecer el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. De esta forma se avanza en dar mayor seguridad a los trabajadores y a las trabajadoras en cada uno de sus lugares de trabajo.

Quiero destacar finalmente que este proyecto, así como la mayoría de los proyectos que hemos desarrollado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, lo tratamos de elaborar con amplios acuerdos. La mayoría de los artículos de esta iniciativa fueron aprobados por unanimidad, de manera de dar un respaldo unánime o muy mayoritario a la mayor seguridad de los trabajadores y las trabajadoras.

Por eso, invito a esta Sala a aprobar este proyecto, para que prontamente pueda ser aprobado también en el Senado.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley establece que el empleador deberá adoptar las medidas necesarias para procurar que los lugares de trabajo se encuentren libres de toda forma de violencia hacia los trabajadores. A lo anterior se suma que, en el caso de que alguno de sus trabajadores se vea expuesto a recibir violencia mediante amenazas, ataques o agresiones que pongan en riesgo su vida o salud, deberá elaborar una política y un programa actualizado de prevención y mitigación, el que tiene que estar disponible para el inspector del Trabajo en caso de solicitarlo.

Además, si el empleador toma conocimiento de algún hecho constitutivo de delito que atente contra la vida, salud e integridad psíquica o física de los trabajadores, deberá perseguir la responsabilidad penal correspondiente y acompañar todos los antecedentes que estén en su poder.

Asimismo, si el trabajador inicia acciones por su cuenta, el empleador deberá poner a disposición del tribunal la totalidad de los antecedentes que tenga a su disposición. Todas las empresas cuyos ingresos anuales sean superiores a 25.000 unidades de fomento deberán proveer defensa jurídica a sus trabajadores.

En el caso de los trabajadores que prestan servicios en el transporte público de pasajeros, el empleador deberá implementar una cabina de segregación, con el objeto de proteger a los conductores en el ejercicio de sus funciones.

Durante la tramitación del proyecto se realizaron algunas modificaciones que permitieron ampliar el foco de la iniciativa, orientándolo, en términos generales, a evitar la violencia en los lugares de trabajo y al establecimiento de las medidas específicas que se puedan adoptar respecto de la gestión de los factores de riesgo asociados a la violencia externa en el trabajo.

Se trata de un buen proyecto, puesto que los choferes de la locomoción pública muchas veces sufren agresiones, pero también por los casos de agresión que han afectado a muchos funcionarios del sistema público de salud.

Por las razones señaladas, junto con felicitar a sus autores, hago un llamado a que votemos a favor esta buena iniciativa.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señora Presidenta, el presente proyecto de ley, motivado por las agresiones sufridas por trabajadores del transporte público, busca precisar que el deber de los empleadores de proteger a sus trabajadores de la violencia laboral que puedan sufrir se extiende también a los casos de violencia externa de que estos puedan ser objeto.

Sin duda, ese deber emana del hecho de que el riesgo de sufrir lesiones causadas por violencia de origen externo es parte de la función que deben desempeñar esos trabajadores, lo que se encuentra en consonancia con las disposiciones generales del artículo 184 del Código del Trabajo.

En ese sentido, este proyecto ha sido mejorado con las indicaciones introducidas en el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, porque afina las medidas contempladas, haciéndolas muchísimo más aplicables.

En primer lugar, sustituye una expresión, por cierto inadecuada, puesto que se reemplaza la obligación del empleador de perseguir la responsabilidad penal correspondiente por la obligación de interponer la respectiva denuncia penal, lo que se condice con el sistema legal imperante en Chile, en que la persecución penal no está radicada en los particulares, sino en el Ministerio Público.

Por otro lado, la medida contemplada en el proyecto de ley original de implementar cabinas de segregación que protegieran a los conductores y conductoras, se ha acotado en este segundo informe a los buses que presten servicios en el transporte público, pues se ha entendido la dificultad de aplicar esa medida en otros medios de transporte, como los taxis u otras formas de transporte público.

Por último, se ha agregado al proyecto una disposición muy interesante, que señala que el empleador deberá publicar, en un espacio físico y público de la empresa, un resumen o compendio de la política de prevención de la violencia, en el que se debe indicar, expresamente, los derechos y deberes de los y las trabajadoras de la propia empresa y de las personas externas o usuarios de las empresas de transporte.

Por cierto, tal como señalé en la discusión llevada a cabo durante la tramitación del primer informe de este proyecto de ley, el problema que verdaderamente debemos atacar es el de aquellas condiciones que sirven de caldo de cultivo para la violencia. Sin perjuicio de aquello, este proyecto me parece indispensable, puesto que se hace cargo de la obligación de protección que el empleador siempre ha tenido, pero cuya aplicación, a veces, se torna difusa.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señora Presidenta, qué duda cabe de que existen oficios con diferentes clases de riesgos asociados para sus trabajadores, a causa de los peligros que enfrenta la labor propia que realizan, pero, hoy, lamentablemente, se ve que existe mucha violencia externa, la que también se produce en los propios lugares de trabajo.

Debido a este tipo de riesgos para la integridad del trabajador, el presente proyecto busca abordar la prevalencia de la violencia por parte de personas ajenas a la empresa o al lugar de trabajo.

En ese sentido, es importante recordar que la Organización Internacional del Trabajo, ya en el 2003, realizó un diagnostico del problema de la violencia externa en el lugar de trabajo. Dicho organismo formuló recomendaciones para enfrentarla y reconoció que sus raíces son claramente multidimensionales, de manera que las soluciones deben ser integrales.

Este proyecto tiene varias aristas, las cuales fueron señaladas en el informe, pero es claro que obliga a informar a los trabajadores acerca de cuáles serán las medidas y a contar con planes de prevención y mitigación de los efectos de la violencia externa en el lugar de trabajo.

Todo eso, en su conjunto, se termina convirtiendo en una poderosa herramienta para ayudar a mejorar la convivencia civil dentro de nuestro país, una convivencia que hoy está tan en entredicho, para que nunca más presenciemos ataques contra los conductores del transporte público por parte de los usuarios -por eso se hizo especial énfasis en la instalación de casetas de segregaciónni abusos físicos o verbales contra vendedores.

La prevención y la mitigación de la violencia externa en el lugar de trabajo se alcanzan mediante la obligación del empleador, al que en este proyecto se involucra mucho en la materia, de contar con una política y con un plan de prevención, el cual debe ser conocido por todos, que permita identificar e informar al trabajador respecto de los peligros asociados a su labor, así como de los posibles efectos en su salud física y mental.

Finalmente, quiero destacar la positiva inclusión de la obligación del empleador de apoyar las acciones legales que interponga el trabajador, sean penales o civiles, mediante el acompañamiento de antecedentes probatorios, como grabaciones de las cámaras de seguridad en el lugar de trabajo, con el objeto de resarcir el daño recibido. Es decir, los trabajadores no estarán solos, sino que estarán acompañados por sus empleadores.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señora Presidenta, las cifras indican que el 81 por ciento de los conductores del Transantiago ha declarado haber sido víctima de agresiones verbales y de amenazas por parte de los pasajeros, y que el 57 por ciento ha sido victima de agresiones físicas durante su jornada de trabajo. Dichas cifras no difieren mucho de la situación de los demás trabajadores y trabajadoras del área de servicios.

Es así que, junto con dirigentes y dirigentas de los trabajadores y trabajadoras del Metro de Santiago, empezamos a trabajar el proyecto de ley en discusión, ya que ellos y ellas también han sido víctimas de violencia externa en sus lugares de trabajo.

Frente a dichos sucesos, como Cámara de Diputados no podemos permanecer indiferentes, porque son trabajadores y trabajadoras de nuestra red pública de transporte de pasajeros, quienes están arriesgando sus vidas para entregar un servicio que ha permitido democratizar la ciudad y que las y los trabajadores de otros rubros puedan mejorar su calidad de vida mediante la disminución de sus horas de traslado.

Es por eso que quiero agradecer a la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora Jeannette Jara , y a nuestro gobierno, por escucharnos y colocar urgencia a este proyecto de mi autoría, que llevaba ya algunos años en este Congreso Nacional y el cual proponía dos objetivos.

Primero, la incorporación del derecho a la defensa para las y los trabajadores que sufran agresiones, calumnias o injurias con motivo del desempeño de sus funciones en todo tipo de trabajo. Segundo, el agravamiento de las sanciones para quienes agredan al personal de Ferrocarriles del Estado o del Metro de Santiago y sus filiales.

Este proyecto, que ya fue aprobado en esta Sala y que ha sido mejorado en la discusión en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, mediante la incorporación, por ejemplo, por cuenta de la ministra, de la obligación de prevención. En virtud de aquello, las empresas estarán obligadas a diseñar el plan de prevención de la violencia en el trabajo, abarcando dicha modificación a todos los sectores.

Por todo esto, hoy vuelvo a llamar a esta Cámara a votar a favor de este proyecto y con ello saldar la deuda que tenemos con las y los trabajadores, que día a día, literalmente, movilizan al país y son quienes se levantan más temprano que todos para producir la riqueza y el desarrollo. Los llamo a comprometernos a proteger su integridad, porque la verdadera riqueza de Chile son sus trabajadores y trabajadoras.

Entonces, reitero mi llamado a las y los legisladores a votar favorablemente este proyecto. Espero que en el Senado se le dé la celeridad necesaria, por el bien de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, si bien estoy de acuerdo con este proyecto, en el sentido de que el Código del Trabajo debe contemplar disposiciones que garanticen, por parte de los empleadores, la seguridad física y psicológica de los trabajadores frente a la violencia, creo que debemos ser muy cuidadosos en cuanto a no desplazar la responsabilidad que cabe al Estado y a los privados cuando se trata de violencia externa.

Este proyecto apunta a que sean los empleadores quienes deban implementar las medidas necesarias para procurar que los lugares de trabajo se encuentren libres de violencia externa hacia los trabajadores y trabajadoras. Pues bien, yo me pregunto: ¿hasta dónde podrán los empleadores adoptar estas medidas, cuando en la actualidad la delincuencia y la violencia están siendo cosa de todos los días y ni siquiera las policías dan abasto para detenerlas?

Independiente de lo valorable que pueda ser este proyecto, estamos desplazando el deber del Estado hacia los particulares y poniéndoles una carga bastante pesada, sobre todo tratándose de las microempresas y pequeñas empresas, a las que cada día se les hace más difícil sobrevivir con la inflación, con la economía en descenso y con los continuos asaltos a mano armada que sufren y que les hacen perder todas las pocas ganancias que logran en el día. Señalo esto porque el proyecto no hace distinción entre micro, pequeñas y medianas o grandes empresas, salvo para la obligación de interponer las demandas civiles, que ha sido impuesta solo a aquellas cuyos ingresos superen las 25.000 unidades de fomento anuales.

Por otro lado, hacer un símil con lo que sucede en las instituciones públicas, como se señaló en la discusión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, no corresponde, pues las empresas privadas, sobre todo las micro y pequeñas, no tienen el financiamiento estatal con el que sí cuentan los servicios públicos para garantizar la seguridad de sus funcionarios.

En cuanto a la disposición que permite que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones pueda exceptuar a una o más empresas de la implementación de las cabinas de segregación, me parece que no se trata de una medida afortunada, ya que debería ser al revés, vale decir, en lugar de exceptuar por razones económicas o porque los propietarios garanticen la seguridad de uno u otro modo, el ministerio debería buscar la forma de subsidiar para que sí implementen aquellas.

En fin, valoro este proyecto, pero creo que debe hacerse una distinción entre las empresas de diferentes tamaños, para no imponer una carga demasiado…

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Luis Cuello .

El señor CUELLO.-

Señora Presidenta, la seguridad de los trabajadores y trabajadoras es una permanente preocupación para las y los comunistas.

Aquellas actividades laborales que por su naturaleza implican una mayor exposición a la molestia o frustración de usuarios o clientes merecen tener una protección especial. Los episodios de violencia por el no cumplimiento o el mal cumplimiento de un servicio, cuyos usuarios reaccionan en forma violenta ante un trabajador o trabajadora, son más frecuentes de lo que pensamos.

Este proyecto del diputado Boris Barrera establece que el empleador tendrá la obligación de garantizar espacios y condiciones de trabajo seguros y libres de violencia, como así también que le corresponderá perseguir la responsabilidad penal y otorgar asistencia para buscar las responsabilidades civiles.

Además, en la discusión, a propuesta de la ministra Jara , se incorporó la obligación de que el empleador diseñe estrategias para prevenir y mitigar este tipo de hechos. Es importante, entonces, que esta clase de medidas de prevención y mitigación cuenten con la participación de los trabajadores y trabajadoras en su diseño.

Esta violencia está asociada, por supuesto, a daños civiles; por lo tanto, lo correcto es que se dé lugar a la obtención de una reparación económica. En tal sentido, el objetivo del proyecto es brindar defensa jurídica a los trabajadores que sufren de violencia laboral externa, por lo que se debe incluir la reparación civil, cuya defensa no debe ser únicamente resorte del trabajador.

Con tal fin presentamos una indicación, que establece que aquellas empresas cuyos ingresos superen las 25.000 UF anuales deben proveer no solo colaboración ante los órganos pertinentes, sino también defensa jurídica a las y los trabajadores que con ocasión del desempeño de sus funciones sufran atentados en contra de su integridad física, para hacer efectiva la responsabilidad civil.

Estas situaciones se dan en muchos servicios, especialmente en el transporte público. Por ello, valoramos la indicación presentada por el diputado Giordano , que agrega la obligación de disponer de cabinas de segregación en los buses.

Este proyecto de ley nos parece justo. Debemos incorporar mecanismos que aseguren un ejercicio libre de violencia en el contexto laboral, más aún si esto se da en la prestación de un servicio en función del bien común.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Recuerdo a los jefes de los Comités que a las 11:00 horas habrá reunión.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señora Presidenta, hoy nos encontramos ante un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y también la Ley de Tránsito.

Efectivamente, establece mecanismos para asegurar o brindar seguridad al trabajador por parte del empleador, y, por cierto, debemos apoyar una medida como esta. Los trabajadores nos desempeñamos para brindar un servicio a la sociedad, para proveer a nuestras familias, pero, por supuesto, eso no puede implicar exponer nuestras vidas. En este sentido, estamos viendo cada vez más que nuestros compatriotas exponen sus vidas, no porque quieran simplemente hacerlo, sino porque tienen que hacerlo para cumplir con sus labores y desempeñar fielmente sus trabajos.

Así, vemos la realidad de micreros, camioneros, funcionarios de servicios de salud que injustamente son agredidos, algunos de palabra, otros con golpes, otros con balas. Por supuesto, esa es una situación que no debe ocurrir, y nuestra legislación debe protegerlos.

En ese sentido, no es una innovación lo que establece este proyecto, porque ya existe -artículo 184 del Código del Trabajo la obligación del empleador de hacer todo lo que esté en sus manos para proveer seguridad al trabajador. Lo que sí es novedoso es que, de alguna forma, la perfila de mejor manera. Dispone la obligación de establecer una política y un plan de prevención, lo que es bueno, pues trae precisión y seguridad, además, de declarar los posibles peligros y comunicarlos. Por supuesto que eso no será fácil. En todo caso, hay peligros que el empleador tal vez no puede prever en un comienzo y que luego van a empezar a darse con el devenir y con ciertos cambios.

En segundo lugar, define por primera vez el concepto de “violencia externa”, es decir, no la que se genera al interior del ambiente laboral, sino desde fuera, como un cliente que viene al lugar de trabajo. Modifica la Ley de Tránsito, como se señalaba, respecto de las cabinas de segregación para el chofer, lo que hoy, lamentablemente, es necesario.

También es necesario tener que legislar, porque la inseguridad y la violencia son tales en nuestra sociedad que debemos hacer aquello: aislar. Así como hace un tiempo nos enjaulamos, ahora vamos a enjaular a los choferes de micros y de camiones, lo que ciertamente también es algo lamentable, pero, bueno, brinda seguridad en un contexto como el que estamos viviendo.

Además, el proyecto establece la obligación del empleador de efectuar una denuncia penal, algo que no existía.

Finalmente, consagra la obligación de proporcionar defensa jurídica a aquellos trabajadores que se vean involucrados en una situación de violencia, pero solo respecto de los empleadores cuyos ingresos anuales sean superiores a los 875 millones de pesos, lo que genera una discriminación respecto de aquellos trabajadores que presten servicios para un empleador que no tenga rentas tan altas; es discriminatorio.

Este proyecto brinda mayor seguridad a los trabajadores, y por esa razón lo apoyaré.

He dicho.

El señor GIORDANO.-

Señora Presidenta, la seguridad es un mínimo que las trabajadoras y los trabajadores necesitan para desempeñarse en sus funciones, pues ante todo son personas.

En el caso de quienes trabajan en el transporte público, día a día, se exponen a las complejidades que conlleva trasladar a miles de pasajeras y pasajeros, con el riesgo de enfrentarse a situaciones violentas por falta de condiciones de seguridad. Ellos y ellas saben lo que se vive día a día, por lo que el primer paso para prevenir y erradicar las distintas formas de violencia debe ser siempre escuchar su opinión, saber lo que los trabajadores y trabajadoras tienen que decir al respecto, pues las causas de la violencia laboral son múltiples, complejas y diferentes, según la región y el tipo de transporte.

En este caso, fueron los sindicatos del metro y los conductores del transporte público, ambos pertenecientes a la Mesa Intersindical del Transporte Público, quienes impulsaron esta iniciativa junto con el diputado Boris Barrera , a quien felicito por ello. Hace años que venían impulsando esta iniciativa.

Más del 80 por ciento de las trabajadoras y los trabajadores del Transantiago han sufrido agresiones por parte de pasajeros, y, en el caso de los trabajadores del metro, la situación es igualmente grave.

La realidad de las regiones es muy distinta a la de la capital. Los riesgos de trabajar en un microbús son altísimos. Son miles los pasajeros que viajan diariamente, y las condiciones laborales de quienes conducen, en la mayoría de los casos, están absolutamente desreguladas. Tenemos mucha informalidad, jornadas de trabajo que sobrepasan las 16 horas diarias y cotizaciones por el salario mínimo. Los conductores son quienes han absorbido el alza del precio de los combustibles en el último tiempo, debido al mal uso de los subsidios del Estado por parte de las empresas.

Todo esto hace que la violencia, tanto externa como interna, se haya normalizado en el transporte público regional.

Este proyecto permite hacernos cargo de la primera forma de violencia, la violencia externa, y lo hacemos estratégicamente junto con los trabajadores. Por eso, quiero relevar esta instancia, impulsada por los sindicatos, que promueve un espacio laboral más seguro, con responsabilidad concreta del empleador para perseguir las agresiones. El proyecto fue aprobado en general de forma unánime en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, incluyendo un nuevo título del Libro II del Código del Trabajo, con un artículo que mandata la creación de cabinas de segregación para proteger a las conductoras y a los conductores de buses del transporte público.

Esta es una iniciativa de los propios trabajadores y trabajadoras, comunicada a través de sus dirigentes sindicales, la que incluimos, como diputación, vía indicación, para complementar el proyecto con un enfoque preventivo, buscando evitar la violencia antes que solo castigarla, lo que va en sintonía con el Convenio 190 de la OIT, que esperamos sea ratificado pronto por el Congreso Nacional.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señora Presidenta, en febrero de 2019 el pasaje del metro había subido a 800 pesos. Nadie dijo nada entonces porque estábamos en vacaciones; pero después subió 30 pesos y comenzó una serie de protestas. En ese entonces se decía: “No son 30 pesos, son 30 años”, instalando un discurso deconstructivo que hoy día se desconoce.

El 18 de octubre de 2019, a las 18:00 horas, se cierra el metro, porque el sindicato N° 2 solicita cerrarlo. El metro cerró sus puertas porque no había garantías para los funcionarios de mantenerse en las estaciones que estaban siendo atacadas y vandalizadas. ¡300 millones de dólares costaron las reparaciones del metro! En ese contexto, ocurrió el ataque a muchos de los funcionarios, operadores y trabajadores del metro, que vieron destruido su lugar de trabajo. El mejor metro de América Latina, el más grande -están las cifrasse destruyó.

Por lo tanto, este proyecto apunta en la dirección correcta, esto es, que nunca más ocurran estas cosas en el país: destruir los bienes públicos, los bienes que ocupan las personas todos los días, en el caso de Santiago, para movilizarse.

Hace un par de semanas -cuestión permanentefueron quemados dos camiones de la Dirección Vialidad. Los respectivos funcionarios públicos quedaron en la indefensión total y tuvieron que volver caminando a sus casas.

Permanentemente, en el sector de Los Laureles, son apedreados los buses de Narbus, empresa privada que transporta a la gente de las comunidades mapuches de Los Laureles, de Choroico y de Las Hortensias, y también a trabajadores del transporte público.

Tenemos que hacernos cargo de toda esta violencia y de la agresión que muchas veces se legitimó -incluso en este Parlamentocomo una expresión, porque, al final del día, quienes pierden son los trabajadores y los usuarios. Por eso, creo que este proyecto apunta en la línea correcta de apoyar a los trabajadores.

La pregunta que me hago –hay que pensar muy bien la respuestaes cómo van a escapar los trabajadores de las cabinas segregadas cuando quemen los buses de Transantiago. Hay que pensar en eso.

Este proyecto apunta en la dirección correcta, pero también tenemos que ponernos en ese escenario.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señora Presidenta, estoy completamente de acuerdo con el diputado Andrés Giordano respecto de las condiciones en las que trabajan los conductores de micros, especialmente en regiones.

He tenido la posibilidad de conversar con dirigentes sindicales de TransValparaíso; efectivamente, ellos están subsidiando el transporte público, porque los subsidios que les corresponden no llegan. Además, las condiciones de violencia que enfrentan habitualmente son extremas. Un ejemplo de los abusos que se producen es la repartición de las rutas, en donde quienes tienen más control sobre el sistema deciden no realizar los recorridos más complicados, poniéndole el pie encima a otras empresas. Es una triste realidad que debe atender el gobierno. Yo le he transmitido mi preocupación al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, y sigo esperando una respuesta. Espero que llegue pronto.

En lo concreto, este es un proyecto bueno y, como dijo el diputado Stephan Schubert , lo vamos a apoyar. Pero, al mismo tiempo, es un proyecto de ley lamentable, porque se le está pidiendo a las empresas que subsidien una tarea que no está haciendo el gobierno. Hoy tenemos una delincuencia desatada en las calles, encerronas a la orden del día y gente que está muriendo producto de la violencia y de la delincuencia. El Presidente de la República no da respuesta a estas cosas y está más preocupado de la nueva Constitución.

Tenemos protestas violentas en el centro de Santiago y en muchos otros lugares. Hay gente que está a merced de los delincuentes. ¡Para qué hablar del terrorismo existente en el sur de nuestro país! Entonces, evidentemente, hay una realidad país que tiene que enfrentar el Estado, el gobierno, con el uso de la fuerza pública; con el uso, sin miedo, de Carabineros; con el uso de las Fuerzas Armadas, sin miedo en situaciones de estado de excepción. La justicia tiene que hacer su trabajo; los tribunales y la fiscalía tienen que hacer su pega. Sin embargo, lamentablemente, el Estado no lo está haciendo. Tenemos que encerrar y enjaular a los choferes de micro; tenemos que hablar de situaciones de ese calibre, porque el Presidente y el Estado no están a la altura.

El llamado que hemos hecho desde el Partido Republicano, hace bastante tiempo, es para que el gobierno ponga el foco en las urgencias sociales, y la primera urgencia social es la seguridad. No puede ser que le estemos cargando la mano a las empresas para que se hagan cargo de un problema que no está queriendo resolver el Presidente de la República. Eso no corresponde. Está bien que colaboren las empresas; está bien que cuando tengan información respecto de delitos cometidos en contra de sus trabajadores deban entregarla a los tribunales, pero las empresas no pueden estar subsidiando al Estado.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que establece, en el marco de la seguridad social, una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de las y los afiliados, correspondiente al boletín N° 14921-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado Raúl Leiva .

-Antecedentes:

-Mensaje, sesión 13ª de presente legislatura, en lunes 18 de abril de 2022. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 65ª de la presente legislatura, lunes 29 de agosto de 2022. Documentos de la Cuenta N° 12.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

En reemplazo del diputado Raúl Leiva , rinde el informe la diputada Karol Cariola .

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita CARIOLA, doña Karol (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara: Vengo en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el proyecto de reforma constitucional que establece, en el marco de la seguridad social, una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de las y los afiliados. El proyecto se inició en mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en establecer que el financiamiento de las prestaciones de seguridad social se realizará con aportes fiscales y cotizaciones, en la forma que establezca la ley, fijando la destinación específica de este financiamiento para fines previsionales. Respecto de los fondos de capitalización individual, se garantiza siempre la propiedad del afiliado o afiliada respecto de los ahorros de ese componente, sin que la ley pueda expropiar o afectar dichos ahorros.

Durante el estudio del proyecto la comisión escuchó al entonces ministro secretario general de la Presidencia, señor Giorgio Jackson ; a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Jeannette Jara , acompañada de los señores Christian Larraín , subsecretario de Previsión Social; Osvaldo Macías , superintendente de Pensiones; a los señores Juan Ignacio Gómez , del Instituto Libertad y Desarrollo; Jorge Barrera , académico de la Universidad de Chile; a la señora María Cecilia Cifuentes , directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes; a los señores José Roa , director Ejecutivo de la Fundación Chile 21; Ramón López , economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Hugo Cifuentes , profesor de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Diego Portales ; a las señoras Verónica Munilla , docente de la Universidad Católica de Valparaíso y Paula Artus , académica de la Universidad de Viña del Mar; a los señores Alan Bronfman , académico de la Universidad Católica de Valparaíso; Roberto Cerón , académico de la Universidad de Chile; Mario Fernández , director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, y Claudio Raddatz , académico de la Universidad Católica de Chile.

El mensaje señala que esta reforma constitucional busca hacerse cargo de la preocupación existente por los fondos ahorrados al día de hoy por las y los trabajadores en sus cuentas de capitalización individual frente a una futura reforma de pensiones.

Manifiesta que el gobierno tiene un absoluto compromiso con el respeto de la propiedad de los fondos de pensiones ahorrados en las cuentas de las y los trabajadores que se rigen por el decreto ley N° 3.500, de 1980.

Añade que establecer expresamente en la Constitución el derecho de propiedad sobre los fondos ahorrados en las cuentas de capitalización individual implica dotar la medida de un nivel de protección adicional, excluyendo, además, la posibilidad de expropiarlos por ley. Agrega que, como consecuencia de esa garantía, la heredabilidad de esos fondos se seguirá rigiendo por las reglas antes descritas.

El proyecto aprobado por la comisión es el mismo presentado en el mensaje, y consta de un artículo único, que agrega al numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, que asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, dos párrafos, signados como cuarto y quinto, nuevos.

El nuevo párrafo cuarto establece que las prestaciones de seguridad social se financiarán con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias, en la forma y condiciones que establezca la ley.

Añade que los fondos originados en las cotizaciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales. Para esos efectos, también se entenderán dentro de los fines previsionales la administración de los fondos y el pago de pensiones alimenticias, en la forma que determine la ley.

El nuevo párrafo quinto dispone que, sin perjuicio de los componentes propios de la seguridad social que integren el sistema, se garantizará siempre la propiedad de los ahorros del afiliado o afiliada provenientes de la capitalización individual, sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros.

Tras haber sido aprobado este proyecto por la comisión que represento, igualmente solicito su aprobación a la honorable Sala.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Aprovecho de saludar y dar la bienvenida a la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ana Lya Uriarte , y a la subsecretaria que la acompaña.

En discusión el proyecto de reforma constitucional.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señorita Presidenta, una de las urgencias que tiene Chile es mejorar las pensiones, y, con ello, mejorar la calidad de vida de millones de adultos mayores, así como asegurar buenas pensiones para quienes hoy están trabajando y para quienes ingresarán al mercado del trabajo.

Para ello, tenemos que avanzar en certezas y con acuerdos. Soy de los que creen que un sistema de pensión es viable y que todo lo que mejore pensiones requiere, al menos, de tres acuerdos. Hoy, con esta reforma constitucional avanzamos en uno de ellos.

El primer acuerdo es que exista solidaridad para mejorar las pensiones ahora; que exista solidaridad para apoyar a los adultos mayores; que exista solidaridad para apoyar las pensiones, especialmente, de las mujeres, que son objeto de desigualdades en los sueldos, exhiben más lagunas previsionales y se les divide por más años el monto de la pensión, por la buena noticia que es tener una mayor esperanza de vida; sin embargo, como digo, afecta sus pensiones.

En la legislatura anterior esta Cámara estuvo de acuerdo en que hubiera mayor solidaridad. Por supuesto, hubo una discusión respecto de los porcentajes, pero se determinó fijar un 3 por ciento de cotización adicional. Naturalmente que ello es discutible; se puede llegar hasta un 6 por ciento, pero el principio es que exista solidaridad.

El segundo elemento de ese acuerdo es que a la PGU se le inyecten nuevos recursos provenientes del Estado y de los empleadores, en un esquema de financiamiento tripartito. La verdad es que en esto pareciera no haber mayor desacuerdo. Quizás el único punto en discusión es el relativo a la gradualidad. En muchos países existe el financiamiento tripartito, con financiamiento de las y los trabajadores, del Estado y de los empleadores, que es lo que falta en Chile.

El tercer elemento del acuerdo es que exista un componente individual de propiedad de los trabajadores y trabajadoras, de libre elección y con condiciones de heredabilidad. Esta reforma constitucional es un avance significativo en relación con ese tercer punto, necesario para un acuerdo en materia de de pensiones. Ello da certeza de que los fondos individuales de hoy y del futuro son y seguirán siendo de los trabajadores y trabajadoras para usos previsionales.

En ese sentido, valoro especialmente esta reforma constitucional -espero que se apruebe por unanimidad-, porque sobre ella se puede construir un acuerdo más amplio, con solidaridad, con financiamiento tripartito y con libre elección en el componente individual, que mejore las pensiones ahora y en el futuro.

En esa línea, termino mis palabras haciendo un llamado a no seguir esperando y a que, a la vuelta de la semana distrital, pasadas las fiestas patrias, tengamos un marco de acuerdo amplio, de manera que se presente la reforma previsional y podamos iniciar su discusión para mejorar las pensiones ahora.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señora Presidenta, la presente reforma constitucional busca hacerse cargo de la preocupación existente por los fondos ahorrados al día de hoy por los trabajadores en sus cuentas de capitalización individual, frente a una futura reforma de pensiones.

Así, el proyecto busca establecer expresamente en la Constitución el derecho de propiedad sobre los fondos ahorrados en las cuentas de capitalización individual, excluyendo la posibilidad de expropiarlos por ley.

El mensaje consta de un artículo único que intercala, en el numeral 18° del artículo 19 del decreto supremo N° 100, que fija el texto refundido de la Constitución Política de la República, dos nuevos párrafos, cuarto y quinto, del siguiente tenor: “Las prestaciones de seguridad social se financiarán con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias, en la forma y condiciones que establezca la ley. Los fondos originados en las cotizaciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales. Para estos efectos, también se entenderán dentro de los fines previsionales la administración de los fondos y el pago de pensiones alimenticias, en la forma que determine la ley.

Sin perjuicio de los componentes propios de la seguridad social que integren el sistema, se garantizará siempre la propiedad del afiliado(a) respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual, sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros.”.

Si bien nuestro sector había solicitado al Ejecutivo un proyecto que estableciera la inapropiabilidad de los fondos de pensiones a cambio de rechazar el proyecto del quinto retiro de fondos previsionales, el proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno no cumple con todas aquellas materias solicitadas ni asegura a cabalidad la inexpropiabilidad de los fondos previsionales, por las razones que comentaré a continuación.

El proyecto del gobierno solo protege los fondos previsionales acumulados, pero no impide que se avance hacia un sistema de reparto que implique que los fondos previsionales futuros salgan de la cuenta de capitalización individual de cada afiliado para financiar un fondo común.

El proyecto de reforma constitucional tampoco asegura la libertad de elección de los afiliados con relación a quién administrará sus fondos de pensiones.

El proyecto solo se refiere a los beneficios previsionales, por lo que no incluye que los fondos de pensiones sean heredables, ya que la heredabilidad es una consecuencia del derecho de propiedad sobre los fondos previsionales.

Muchos de estos puntos se intentaron arreglar en la comisión mediante la presentación de indicaciones, que fueron rechazadas.

Vamos a aprobar el proyecto en general. Esperamos que sea mejorado en el Senado.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señora Presidenta, lo primero que hay que hacer en la discusión de este proyecto de reforma constitucional es agradecer al gobierno, porque tuvo la capacidad de leer una demanda social que venía desde hace bastante tiempo, cual es que se garantice la seguridad de los fondos de pensiones y que la plata va a seguir siendo nuestra.

Efectivamente, aquello costó. Tuvimos que sostener varias conversaciones con el entonces ministro Giorgio Jackson , pero finalmente el gobierno entendió que este era un tema importante y que hay una gran mayoría de chilenos que quieren que esas platas que hoy en día están en nuestros fondos de pensiones de nuestras cuentas individuales sigan siendo nuestras.

Entonces, lo primero es agradecer al gobierno, porque el hecho de ingresar este proyecto de reforma constitucional sirvió de cierta forma como contrapeso al daño que estaba haciendo la Convención Constitucional, donde se puso en juego y en entredicho por completo este principio absolutamente básico: que la plata que nosotros ahorramos para nuestra jubilación es nuestra, toda vez que sale de nuestro sueldo.

Efectivamente, existe el pilar solidario y otros componentes de apoyo del gobierno específica y especialmente para esas personas que no logren reunir los fondos suficientes para tener una jubilación buena o mínimamente suficiente. Pero la plata que nosotros ahorramos tiene que seguir siendo nuestra.

Por eso que, al momento de las iniciativas populares de normas dentro de la Convención Constitucional, si no me equivoco, la que reunió más firmas fue precisamente aquella que se llamó “Con mi plata no”. Entonces, había un clamor popular y una demanda social para que se garantizara que los fondos de pensiones iban a seguir siendo nuestros. Estoy convencido de que esto sirvió de contrapeso al daño que estaba haciendo la Convención Constitucional.

Como dije, lo primero es agradecer al gobierno por tener la capacidad de identificar esa preocupación de la ciudadanía.

Este es un proyecto de reforma constitucional que en su contenido es muy positivo. Establece la garantía efectiva de que la plata que está en nuestros fondos previsionales va a seguir siendo nuestra mientras esa norma constitucional se mantenga en el tiempo, lo que evidentemente servirá para dar más tranquilidad a cada uno de los chilenos que hoy están preocupados por cómo se van a jubilar y cómo van a tener los recursos mínimos para solventar su vida y su subsistencia, una vez que ya no tengan la capacidad de seguir trabajando.

Es un tema fundamental al cual, desde el gobierno y desde el Congreso Nacional, debemos dar énfasis especial, porque, sin duda, es un problema que se arrastra desde hace tiempo.

Personalmente, creo que desde la política no hemos estado a la altura para responder con una cuota de realidad y en forma efectiva y eficiente a esta demanda de la ciudadanía. Hay mucha ideología dando vuelta respecto de cómo deben funcionar los sistemas de pensiones, pero hay poca solución efectiva técnicamente.

Otro elemento importante de este proyecto de reforma constitucional es que establece esa destinación exclusiva de las cotizaciones a fines previsionales.

También hay una indicación -la he revisadopresentada por el diputado Andrés Longton , que es muy positiva, porque complementa lo anterior, señalando que cada uno de los chilenos podrá elegir la entidad que va a administrar esos fondos que cotizamos mes a mes y que cotizan a veces sobre la base de retención de impuestos quienes trabajan en forma independiente. Pero periódicamente cotizamos por medio de distintos mecanismos.

Ahora, desde la bancada republicana vamos a presentar una indicación, porque hay un tema que no nos parece. No nos parece adecuado que dentro de este proyecto se incluya la posibilidad de retener fondos de los deudores de pensiones alimenticias, porque lo que va a pasar es que el Estado indirectamente va a estar subsidiando a los “papitos corazón” las pensiones alimenticias. Especialmente, esa será la realidad de quienes van a terminar dependiendo de la pensión básica solidaria. En el caso de quienes no tengan recursos suficientes en sus cotizaciones previsionales para solventar esas pensiones de alimentos adeudadas y, además, su subsistencia en la vejez, finalmente será el Estado el que subsidie, al menos en una parte, esa pensión de alimentos, lo que no nos parece una buena solución.

Por lo tanto, debemos encontrar una mejor solución, porque el tema de los “papitos corazón” es un problema, pero este no es el camino.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señora Presidenta, la idea matriz del proyecto, según el informe, consiste en establecer que el financiamiento de las prestaciones de seguridad social se realizará con aportes fiscales y cotizaciones, en la forma que establezca la ley, estableciendo la destinación específica de este financiamiento para fines previsionales.

Recordemos que este proyecto salió a la fuerza, en momentos en que se tramitaba el quinto retiro de fondos de pensiones para uso de los afiliados. En la ocasión, el gobierno decide enviar este proyecto de reforma constitucional para negociar y evitar que se aprobara el quinto retiro, proyecto que voté a favor.

Nosotros tenemos absoluta certeza de que los fondos son de los afiliados, cuestión que quedó zanjada, precisamente, con todos los retiros, puesto que la gente pudo hacer uso de los fondos que tenía acumulados en sus cuentas de capitalización individual en momentos críticos, cuando el Estado no llegaba con la ayuda necesaria. Se tuvo que recurrir a esos fondos, aunque no era la mejor solución, pero era lo que la gente tenía a mano en ese momento.

Con todo, este proyecto nuevamente insiste en que la destinación específica y definitiva será solo para fines previsionales. La pregunta es qué pasaría si en el futuro nos viéramos enfrentados a una situación similar a la vivida durante la pandemia, en que no hubo una respuesta coherente, temprana y oportuna de parte del Estado para llegar a la población más vulnerable con una solución que le permitiera satisfacer sus necesidades más básicas. Sin duda, esta reforma constitucional impediría que se pudieran realizar retiros de manera excepcional, como los que se hicieron.

Urge la reforma previsional, pero el gobierno todavía no ha dado certeza absoluta de cuál es el texto que va a ingresar a esta Corporación. Esa reforma es una necesidad urgente de la población, cuestión que quedó demostrada en las distintas encuestas, previas a la elección presidencial, durante la campaña, y aun así el gobierno no tiene un texto definitivo. Hace meses que iniciamos esta legislatura y todavía no contamos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social con un texto para estudiar. El retraso ha sido evidente. Hemos tenido reuniones con las autoridades de gobierno, pero nos han dicho puras generalidades, puros diagnósticos, y aún no tenemos en las manos un documento definitivo para evaluar la reforma previsional.

Me gustaría que la futura reforma, además de modificar parámetros, que son importantes, como la tasa de cotización y la edad de jubilación, considerara incluir algunos aspectos políticos e institucionales, como la existencia de mayor competencia en el sistema, de manera que en este sistema, que es un oligopolio de las actuales instituciones privadas, puedan participar también otras instituciones privadas y, por qué no, el mismo Estado, para que capte nuevos cotizantes. Pero en esto también debe participar la gente, toda vez que no podemos seguir imponiéndoles a los cotizantes dónde ahorrar sus cotizaciones, que son de su propiedad, son sus ahorros. A la gente debemos darle la posibilidad de elegir dónde invertir su fondo de pensión y decida entre un ente público, una de las actuales administradoras de fondos de pensiones o una de las nuevas administradoras privadas.

Hay otro tema que el pasado ha sido controversial, que en la actualidad no ha variado. A nosotros nos gustaría que los fondos también se pudieran invertir en proyectos sustentables. Esto quiere decir que, además de las empresas listadas en el mercado capital actual, también se pueda invertir en empresas sustentables, comprometidas con el medio ambiente y que generen rentabilidad, que, por cierto, sería mejor que la actual.

Espero que está situación pueda ser modificada.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señora Presidenta, este proyecto establece que los fondos de las cotizaciones obligatorias solo se podrán usar para fines previsionales y que la propiedad de los fondos de capitalización individual estará completamente asegurada.

Quiero decir, fuerte y claro, que quienes pedimos cambios por el bienestar de las familias chilenas, que quienes tenemos la esperanza de conseguir los tan aclamados derechos sociales, jamás hemos tenido en mente perjudicar la propiedad de los trabajadores y trabajadoras. Lo decimos fuerte y claro: los ahorros son y serán de ellos y ellas; no hay duda de aquello.

Ahora bien, este proyecto es insuficiente, por cuanto no aborda el fondo del problema. De poco sirve asegurar la propiedad de los ahorros de los trabajadores si esos ahorros solo les darán pensiones indignas y una vejez nefasta y triste, como muchos casos que conocemos y que no dejaremos de escuchar si no actuamos pronto.

Hoy, millones de trabajadores y trabajadoras dan su vida al trabajo, a pesar de sus sueldos precarios; dan su vida a las condiciones precarias de trabajo, porque es la única manera de sobrevivir, y ellas y ellos están siendo traicionados por la sociedad chilena, que les da la espalda cuando ya no pueden trabajar, dejándolos a merced de un modelo insensible y egoísta.

Por eso, insto a todo el Congreso Nacional, especialmente al grupo que hizo campaña por el “rechazo” y que se comprometió a trabajar por los derechos sociales, a entrar en la discusión profunda para reformar el sistema de pensiones. Empecemos una discusión con altura de miras, con sensatez y respeto, para un nuevo sistema de pensiones, que garantice una vejez digna, con pensiones suficientes y con solidaridad; un nuevo sistema que no favorezca el negocio de unos pocos millonarios dueños de las AFP, sino que haga justicia a quienes hoy dan su vida al trabajo y a quienes mañana les dan la espalda cuando no pueden trabajar.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señora Presidenta, he escuchado atentamente las intervenciones de los diputados de enfrente, que hablan de libertad, de propiedad, de heredabilidad, de competencia, pero ni una sola palabra sobre pensiones dignas.

Una de las demandas más sentidas por la ciudadanía fue terminar con el modelo de AFP, un sistema fracasado, al que parece que la derecha nos gustaría amarrarnos, incluso constitucionalmente. Por eso, urge contar con un sistema que efectivamente asegure pensiones dignas, que alcancen para vivir.

En las próximas semanas iniciaremos la discusión sobre la reforma de pensiones, que tiene por objeto instaurar un sistema de seguridad social, con uno de sus pilares, el de la solidaridad, que mejore las actuales pensiones, que asegure pensiones suficientes para el futuro y que nos permita terminar con las brechas de género.

Al respecto, quiero decir que ningún sistema de seguridad social puede coexistir únicamente sobre la base de la propiedad individual. No hay países que estén discutiendo algo similar; no hay sistemas de pensiones que funcionen como sistemas de herencia ni tampoco que funcionen sin aporte de los empleadores. Es más, no hay sistemas de pensiones que entreguen jubilaciones tan malas, cuyos parlamentos estén hoy discutiendo esto antes que la necesidad de mejorar las jubilaciones.

Acá hay varios que no muestran interés en poner en el centro a los más invisibilizados del debate: a las personas jubiladas. Esto se demuestra en que lejos de iniciarlo, sobre cómo resolver las pensiones de miseria, hemos entrado en un círculo vicioso respecto de la propiedad individual de los fondos, desviando la discusión central.

Si uno extrema este argumento de la propiedad en la seguridad social y lo traslada a la salud, alguien podría sostener: “El 7 por ciento que he cotizado toda mi vida, y que no he ocupado porque no me he enfermado, es mío, devuélvanmelo. Esa plata es propiedad mía”. Esto suena absurdo, porque destruye el sistema de salud pública, pero debería sonar igualmente absurdo en una discusión sobre pensiones. Lamentablemente, no hablamos de pensiones, hablamos solo de propiedad.

Un sistema de seguridad social es un mínimo en cualquier país que quiera jactarse de ser democrático. Se trata de nuestra capacidad de construir herramientas solidarias para enfrentar las necesidades en aquellos momentos en que no podemos valernos por nosotros mismos ni de nuestro trabajo: salud, invalidez, cesantía, vejez, todas ellas de acuerdo con los estándares internacionales guiados por el principio de solidaridad.

Sin embargo, en pensiones tenemos un modelo incapaz de otorgar jubilaciones dignas, en el que cada uno se rasca con sus propias uñas, y que es totalmente contrario a la lógica del 95 por ciento de los países. Todo esto administrado, además, por un ente privado, sin participación de las personas trabajadoras.

El sistema de AFP fue impuesto en dictadura bajo el criterio de permitir al sector empresarial desprenderse totalmente de la previsión de las trabajadoras y trabajadores, al punto de que Chile es el único –repito: el únicopaís de la OCDE donde los empleadores no aportan un solo peso para la previsión. Asimismo, es el único en el mundo donde la capitalización individual es el único pilar contributivo y donde no existe solidaridad como un principio principal.

En este sentido, es importante entender que la propiedad es una noción que la derecha y el empresariado han instalado para defender el lucro, pero que no es parte del debate en ningún otro sistema previsional del mundo.

Y así, este sistema ha servido para la inversión de grandes grupos económicos que sí funcionan como verdaderos dueños: Cencosud , Falabella , LAN , Colbún , Soquimich , Banco de Chile, Banco Santander, BCI, Banco Bice , entre otros sospechosos, los mismos sospechosos de siempre. En Chile nuestros ahorros pueden terminar siendo el capital que permite a esas instituciones financieras darnos créditos que luego nos ahogan. Es un negocio redondo.

Y desde ahí nos preguntamos, entonces, ¿para quién son las AFP, si solo han servido para dinamizar el mercado de capitales y financiar a las grandes empresas, pero no para pagar jubilaciones, que es lo más importante en cualquier modelo de pensiones? Las cifras lo corroboran: prácticamente el 80 por ciento de las 980.000 pensiones pagadas en diciembre de 2021 son menores al salario mínimo, y solo el 12,5 por ciento alcanza a una pensión superior a 503.000 pesos.

Sin embargo, de nuevo, hoy estamos debatiendo sobre propiedad. ¿Y qué propiedad? Ser propietario de las pensiones miserables que da este sistema.

Como dije, en Chile quienes verdaderamente quieren mantener la propiedad son una pequeña élite, que sabe que el negocio de las AFP se sustenta en la capitalización individual y que dichos recursos están disponibles para sus actividades empresariales, pero no para entregar pensiones dignas. Si no, preguntémonos por qué -cada parlamentario tiene que haberla recibido, al igual que yolas AFP mandan publicidad asegurando que este es un sistema exitoso. ¿Por qué las AFP pagan publicidad respecto de la propiedad y la libertad? Porque son una parte interesada y saben que mientras esa idea impida el debate y la seguridad social, van a seguir ganando.

Si el interés de esta Cámara es asegurar pensiones dignas para las y los chilenos, dejemos debates artificiales que nada cambian, dejemos las campañas del terror y pasemos al debate de fondo: terminar con este sistema que no entrega jubilaciones decentes.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señora Presidenta, no hay duda de que nuestro actual sistema de seguridad social debe ser perfeccionado. Qué duda cabe de que los sistemas de pensiones más exitosos son aquellos que combinan un componente solidario, uno de fondos privados de contribución obligatoria y otro de aportes voluntarios.

A la luz de la experiencia, parece que no hay mucho espacio para dudas; pero esta reforma constitucional busca hacerse cargo de esas materias que sí generan dudas y miedos en la población. Y como hay muchos fantasmas dando vueltas, la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones sí es importante.

Se ha dicho que este proyecto es innecesario, que las pensiones ya están protegidas, que la Constitución vigente está muerta y que no vale la pena modificarla. Se han dicho muchas cosas en esta Sala, pero en realidad me importa más el miedo de esa persona que quiere decidir qué pasa con su plata, porque se ha sacado la mugre trabajando y tiene que ser suya; me importa la esperanza de ese trabajador que quiere que su esfuerzo se refleje en su pensión; me mueve el deseo de ese cotizante que quiere la tranquilidad de saber que si le pasa algo, sus hijas recibirán su pensión.

Y al contrario de lo que algunos han señalado, el temor no surge de la nada ni tampoco se alimenta de mentiras. Los temores surgen de hechos concretos y tangibles, como las indicaciones que rechazó la Convención Constitucional sobre la inexpropiabilidad del fondo de pensiones, como las declaraciones de constituyentes electos con cupos del oficialismo, que afirmaron sin tapujos que “el dinero de las pensiones no es tu platita, sino que es la plata del sistema”.

Los temores surgen de hechos reales y tangibles, como proyectos presentados en este propio Congreso que plantean sin tapujos la intención de nacionalizar los fondos de pensiones. El temor es real, y frente a eso me niego a ser indiferente.

Por eso, valoro esta iniciativa del gobierno, que es coherente con las reales preocupaciones del pueblo chileno, que se vieron manifestadas en la iniciativa popular con más apoyo que se presentó en la Convención, la que, paradójicamente, fue rechazada por los convencionales que hoy no se explican por qué después fue rechazada su propuesta de nueva Constitución.

Me permito plantear tres ideas básicas que conectan con el común de la gente:

Primero, los ahorros previsionales presentes y futuros de cada uno de los chilenos deben ser de su propiedad. El esfuerzo de los cotizantes no se expropia, el sacrificio de los trabajadores no se nacionaliza, el trabajo de la gente no se toca; pero este esfuerzo también debe ser heredable, debe permanecer en sus núcleos familiares; este esfuerzo debe ser de la gente y no de los políticos.

Segundo, libertad de elección. La idea es que los ciudadanos decidan libremente si quieren que sus ahorros los administre el Estado u otros órganos privados: no solo las AFP, sino también cooperativas, administradoras de fondos mutuos, fundaciones y corporaciones, con mayor competencia e información; que sea el trabajador que aporta quien decida el destino de sus contribuciones.

Tercero, solidaridad. Porque desde Evópoli y la centroderecha creemos en un sistema previsional integral, planteamos que debe existir una pensión básica general financiada con impuestos generales y garantizada para todas las personas que no pudieron reunir lo suficiente a lo largo de su vida laboral.

La seguridad social es un derecho, y la solidaridad debe estar presente con un enfoque intere intrageneracional, con un foco especial en las mujeres, reconociendo la brecha previsional que existe.

Este Congreso tiene una deuda pendiente muy grande con los trabajadores chilenos, y mientras sigamos trabajando para lograr un acuerdo por una nueva Constitución que asegure un sistema social integral, votaré a favor esta iniciativa que entrega una señal muy potente: que los fondos de los trabajadores se respetan.

Señora Presidenta, cuente conmigo para aprobar esta iniciativa, para que la ciudadanía sepa que sus cotizaciones, sus fondos y saldos, su trabajo y el esfuerzo de su vida no serán objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna circunstancia.

A la ciudadanía no se la subestima, a los trabajadores no se los menosprecia, porque el pueblo de Chile dijo fuerte y claro: ¡con mi plata no!

He dicho.

-Aplausos.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señora Presidenta, me alegra que el gobierno reconozca efectivamente, a través de esta iniciativa, que la Constitución actual puede ser reformada. De hecho, ha sido reformada muchas veces y este parece ser un ejemplo más.

Ahora, dentro de esta oferta de reforma constitucional, creo que la redacción de la norma no es tan específica como debiese serlo. Por eso, vamos a presentar una indicación para mejorarla y para garantizar la heredabilidad de los fondos, por ejemplo. No queremos pasar una cuchufleta solidaria con los fondos de los jubilados por la puerta trasera.

Y respecto del sistema mismo, quiero mencionar lo siguiente: trabajé veinte años en Europa, en Austria; mis cotizaciones al sistema de reparto austríaco eran del 18 por ciento de mi sueldo -no del 10 ni del 11 por ciento y al sistema de salud eran del 12 por ciento. Es decir, en total, el 30 por ciento de mis ingresos iba directamente al sistema previsional y de salud.

Entonces, cuando uno se compara con los países europeos en materia de prestaciones o jubilaciones, lo hace siempre desde el punto de vista del resultado obtenido, pero nunca de lo invertido. De hecho, si comparamos el resultado obtenido y tomamos las cifras de Alemania, descubrimos que tiene una tasa de reemplazo del 44 por ciento al 47 por ciento, en un sistema prácticamente sin lagunas previsionales, mientras que Chile presenta una tasa de reemplazo de 42 por ciento, con un sistema en que se paga la mitad al sistema de capitalización individual. Es decir, nuestro sistema, con la mitad de la inversión, consigue más o menos los mismos resultados, estadísticamente hablando.

Esa es la razón por la cual en Europa se están tratando de pasar a la capitalización personal.

Por otro lado, el sistema de capitalización personal nos ha permitido tener estabilidad financiera y un crecimiento económico no menor. Nos dicen: “¡Qué terrible! ¡Los grandes empresarios reciben las platas de las AFP!”. Bueno, eso transforma a los trabajadores en socios de las grandes empresas; los transforma en propietarios de las grandes empresas. ¿No era esa la idea original: que fuesen ellos los que efectivamente se llevaran para la casa parte de las utilidades de las grandes empresas? ¿Ahora eso a algunos no les gusta? No, porque ese proceso de cooperación directa entre la empresa y el trabajador deja fuera al político y sus dedos largos.

El proyecto de reforma a la Constitución de 1980-2005, es decir, la Constitución Política que fue reformada, por última vez, prácticamente en su totalidad por el señor Ricardo Lagos , lo que hace es garantizar algo que ya está asegurado en esta Constitución, de modo que es una repetición de una garantía. ¿Cuál es esa garantía? La garantía de que los señores políticos no se van a robar la plata de las jubilaciones, como ya lo hicieron con el sistema extinto, por falta de financiamiento, entre los años 1980 y 1982.

Esa garantía va a valer lo que vale esta Constitución, es decir, hasta que entremos en otro proceso constitucional; en otro proceso constitucional que vuelva a crear las mismas incertidumbres y que va a tener probablemente las mismas deficiencias que el proceso anterior. Eso, damas y caballeros, nos dice que la reforma a esta Constitución, que la dicen moribunda, a pesar de que es una buena Constitución, es inútil y superflua. Ahora, ¿es una reforma completamente superflua? Yo creo que no, porque si hacen otra Constitución, después, que sea muy pero muy distinta a esta, que no garantice los derechos de los trabajadores, como lo hicieron en la Convención, les van a pegar un segundo portazo, y este portazo se va a escuchar hasta en La Habana, damas y caballeros.

Entonces, con algo de suerte, así como con la ayuda del sentido común de los chilenos, esta norma, que podemos considerar superflua, dado que se hace respecto de una Constitución fenecida, según algunos, va a terminar siendo la norma definitiva en un futuro no muy lejano.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida

El señor FUENZALIDA.-

Señorita Presidenta, luego de escuchar muchos de los discursos en los que se critica nuestro sistema de pensiones, creo que una materia es la pensión y otra distinta la que dice relación con su propiedad.

Quiero aprovechar de hacer un reconocimiento a un señor que no conozco, pero que empujó un movimiento que se llama Con mi plata NO: el señor Francisco Orrego , a quien le envío un gran saludo, porque tuvo un movimiento que fue muy positivo.

El 4 de septiembre pasado, el 62 por ciento de los votantes dijo no, con mi plata no, porque una de las cosas que más le preocupaba a la gente era la propiedad sobre sus fondos de pensiones, en el sentido de que estos pudiesen ser heredables.

Tenemos un sistema que, sin duda, se puede perfeccionar, con el objeto de lograr la entrega de mejores pensiones. Sin duda, tal como aquí se ha señalado, tenemos que ahorrar más, pero no se debe olvidar que se han adoptado medidas. Para quienes no eran diputados, no olvidemos que en el período anterior aprobamos la pensión garantizada universal, que en algunos casos hasta duplicó las pensiones de algunos adultos mayores e incorporó mayores recursos para personas que nunca habían recibido una pensión por parte de Estado si no pertenecían al pilar solidario.

Quiero terminar mi intervención con una reflexión.

Respecto del sistema de pensiones que tenemos actualmente, ojalá se cumpla con el compromiso de aprobar el dominio que se tiene sobre los fondos de capitalización individual, tal como se comprometieron a hacerlo las caras del “apruebo” que llamaron a apoyar la propuesta de la Convención Constitucional. Algunos hablan mucho de los sistemas de reparto y de los sistemas de solidaridad, entre otros, pero les quiero señalar un solo ejemplo: en Venezuela, la pensión a base de la solidaridad y del sistema de reparto es equivalente a 25.000 pesos chilenos. Si ustedes creen que una persona puede vivir con 25.000 pesos, con este sistema ideológico, creo que están muy equivocados.

En consecuencia, voy a votar a favor este proyecto de reforma constitucional. ¡Basta de ideologías, pensemos en la ciudadanía! ¡Los fondos son de propiedad de los trabajadores!

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señorita Presidenta, en verdad es bueno tener presente el inicio de esta iniciativa. Tenemos que decirlo: no fue una iniciativa del gobierno. Más bien, fue una iniciativa forzada por quienes estamos en la oposición al gobierno y por quienes nos opusimos a los sucesivos retiros.

No olvidemos que esta fue una condición que nuestro sector pidió, particularmente la UDI, en términos de que se enviara un proyecto para rechazar el quinto retiro.

Por eso, creo que es bueno tener presente que esta no solo no fue una iniciativa del gobierno, sino que fue una condición que la oposición estableció para rechazar el quinto retiro.

Dicho eso, también creemos que es necesario dejar en claro que siempre vamos a estar a favor de que los fondos de los trabajadores, los fondos previsionales, sean siempre heredables e inexpropiables, porque no es posible aceptar que algún gobierno de turno le meta la mano al bolsillo a los trabajadores para suplir carencias que el país va teniendo por las distintas situaciones que debemos enfrentar.

En ese sentido, este proyecto de reforma constitucional no es todo lo que hubiéramos querido. Lo que nosotros teníamos en mente era que los fondos previsionales fueran inexpropiables y heredables siempre, no solo los fondos acumulados hasta este momento. Lo señalo, porque, lamentablemente, el proyecto tiene estas carencias, las cuales, en definitiva, a nosotros nos dejan insatisfechos frente al requerimiento que planteamos en su momento.

Entre otras cosas, este proyecto de reforma constitucional no asegura la libertad de elección en relación con quién administrará los fondos previsionales.

Asimismo, creemos que es importante dejar claramente establecido que los fondos son de propiedad exclusiva de los trabajadores y que ningún gobierno tendrá la facultad para destinarlos a otros fines.

Aun cuando este proyecto de reforma constitucional no nos satisface ciento por ciento, lo votaremos a favor, porque creemos que es un avance en la dirección y en el sentido que nosotros esperábamos que el proyecto tuviera.

En consecuencia, la bancada de la Unión Demócrata Independiente anuncia que votará a favor este proyecto de reforma constitucional.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señorita Presidenta, la verdad es que esta es otra derrota ideológica del gobierno, así como lo fue la derrota ideológica del 4 de septiembre, cuando la gente de los barrios populares votó en contra del gobierno y en contra de la nueva Constitución. Esa sí que fue derrota dolorosa para la izquierda.

Esta también es una derrota dolorosa, ya que es el propio gobierno el que envía a tramitación legislativa un proyecto de reforma constitucional para establecer la inembargabilidad de los fondos de pensiones. Fíjense que, en esta Sala, he escuchado a parlamentarios de gobierno hablar en contra del proyecto de su Presidente, lo cual, como estamos próximos al “18”, debería ser la cueca desnuda de este cuento. La verdad es que si hay parlamentarios del propio gobierno hablando en contra del proyecto de su Presidente, la coalición está en problemas. Pero, bueno, ese es asunto de ellos; no me meto en problemas de casados.

Ahora, desde hace catorce años, desde la Comisión Bravo, se viene hablando acerca de de que las cotizaciones no alcanzan para las pensiones, porque la gente cotiza entre diez y catorce años, y el 10 por ciento no alcanza para las pensiones. Lo dijo la Comisión Bravo hace catorce años.

En enero de 2020, votamos en este hemiciclo el proyecto de reforma previsional que aumentaba la cotización en un 6 por ciento: 3 por ciento para el fondo de pensiones y el otro 3 por ciento para solidaridad. ¿Se acuerdan? Dicho proyecto está durmiendo en el Senado y el gobierno no le ha colocado urgencia, porque no lo quiere; quiere que el 6 por ciento vaya a solidaridad.

Pero ¿saben? Ya lo dije: una persona que gana 400.000 pesos, coloca 40.000 mensuales en la AFP, es decir, 480.000 al año, y en 35 años, logra cotizar 16 millones y algo. ¿Y cuánto tiene en su cuenta? Más de 30 millones. ¿Quién le da esa diferencia? Una rentabilidad. ¿Y qué significa “rentabilidad”? Que las AFP invierten su plata en la economía real para rentabilizarla. ¿En qué la invierten? En mutuos hipotecarios. ¿Para qué? Para que personas, como cualquiera de los chilenos, puedan comprar una casa a través de un mutuo hipotecario.

¿En qué invierten? En carreteras, en construcción de viviendas sociales a través de las empresas que construyen este tipo de vivendas. Eso se llama mercado de capitales, rentabilizar una inversión.

Sin embargo, no estamos hablando de pensiones, sino de que esa plata y esa rentabilidad que la AFP le saca a usted son suyas -¡son suyas!y nadie puede permitir que les peguen un manotazo. Eso está sucediendo con este proyecto.

¿Y el sistema de pensiones? Nosotros lo aprobamos acá. Con la PGU, ya es un sistema mixto. ¡No nos vengan a contar cuentos! En Chile, una persona de 65 años, trabaje o no trabaje, tiene la posibilidad de recibir esos 185.000 pesos de piso, más lo que ahorró en su vida. ¡Es un sistema mixto!

¿Este gobierno quiere subir ese piso a 250.000 pesos? Me parece bien. ¿Que las mujeres, en vez de recibirlos a los 65 años de edad, los reciban a los 60? También hay que modificarlo. Pero no nos veamos la suerte entre gitanos, pues. ¡Si ya estamos en un sistema mixto!

Mejoremos el sistema de pensiones, pero no les peguemos un manotazo a los ahorros y a las rentabilidades de todos los chilenos. Eso no lo vamos a permitir.

Además, hubo que negociar con el gobierno, porque este pensaba que iba a ganar el “apruebo”; entonces, lo que iba a mandar ya no le servía. Bueno, lamentablemente, se cazó los dedos, y esto va a servir. Le va a servir a quien cotiza, para decir: “la plata es mía”.

Y usted ya lo vivió cuando aprobamos aquí el retiro de los fondos de pensiones, porque antes, cuando iba un vendedor de AFP y le decía: “Cámbiese”, usted no sentía que esa plata era suya; sin embargo, hoy sí la siente suya, porque lo vivió; mucha de esa plata se la echó al bolsillo y la gastó en sus necesidades. Creo que eso es bueno; es bueno saber que esa plata es suya.

Cuídela , protéjala, porque con este proyecto de ley nosotros aquí estamos haciendo lo necesario para que el día de mañana usted diga: “Tengo esta plata y es heredable”, ya que también vamos a pelear con dientes y muelas para que esas platas, que son suyas, efectivamente sean heredables.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señora Presidenta, el gobierno presentó este proyecto precisamente a solicitud de las bancadas de oposición, principalmente por la incertidumbre que el mismo gobierno había generado con declaraciones de sus ministros e, incluso, del Presidente de la República respecto del futuro de los fondos de pensiones de los trabajadores, en particular en cuanto a la heredabilidad y la propiedad.

Obviamente que eso levantó las alertas, no solo en nosotros, sino también en gran parte del país, lo que quedó expresado el pasado 4 de septiembre. Recordemos que ese día no solo ganó el “rechazo”, sino que también perdió estrepitosamente parte del programa de este gobierno, en que se establece una solidaridad a secas, es decir, que los fondos de pensiones dejarán de ser heredables y, además, pasarán a un sistema de seguridad social público administrado por el Estado.

Entonces, este proyecto de reforma constitucional buscaba cuatro elementos, pero, lamentablemente, salió de la Comisión de Constitución con la garantía de uno.

¿Cuáles son esos cuatro elementos? Nosotros buscamos la propiedad de los ahorros de los fondos de pensiones, que sean de los trabajadores, independientemente de que haya un porcentaje de solidaridad; que sean heredables, que sean inexpropiables y que exista libertad de las personas para elegir administradora.

Todas las indicaciones que apuntaban a los tres puntos, menos las referidas a la inexpropiabilidad, fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque el proyecto de reforma previsional que próximamente se ingresará a tramitación y que el gobierno retardó y no presentó antes del plebiscito, porque era tremendamente impopular, busca que ese 6 por ciento adicional de fondos que son de todos los trabajadores vaya a solidaridad. Es decir, meten la mano directamente a los recursos que los trabajadores, con mucho esfuerzo y sacrificio, se están ganando para ellos y sus familias.

Y se pierde la heredabilidad. ¿Por qué? Por una razón muy simple: porque si esto lo administra un órgano único estatal, aunque los fondos sean inexpropiables y que ello se consagre en todas las formas posibles, el Estado puede perfectamente agarrar esos dineros y ocuparlos para una finalidad distinta. ¿Se pierde la propiedad? No, no se pierde; pero el Estado puede ocupar esos fondos para otros fines, como ocurrió en Argentina.

Entonces, ¿por qué estamos diciendo a las personas que no tienen la libertad para elegir quién administra sus fondos de pensiones -¡sus fondos de pensiones!-? Eso es lo mínimo. La responsabilidad de determinar aquello es de las personas, no del Estado. ¡Basta de creer que el Estado es omnipotente, el protector absoluto y que toma las decisiones exclusivamente en subsidio de las personas! Tenemos que proteger aquello.

Además, debemos proteger la heredabilidad, porque si el gobierno busca que este porcentaje adicional entre a un fondo común, aquella se pierde automáticamente.

Entonces, ¿por qué no avanzaron en esa línea en la Comisión de Constitución? No avanzaron porque, si lo hubieran hecho, la reforma del gobierno no tendría ninguna viabilidad. Así de claro.

Sin embargo, eso tiene que garantizarse. Si no es que nosotros estemos cerrados a la solidaridad, pero este gobierno tiene que dejar de lado los maximalismos.

O sea, no entendieron, después del 4 de septiembre, que tienen que renunciar a los extremos, que deben respetar lo que ocurrió ese día y también la decisión de las familias.

Pero ¿cómo no va a ser de sentido común que los fondos sean heredables? ¿Cómo no va a ser de sentido común que gran parte de los fondos vaya a las familias y a los trabajadores? Porque ese 6 por ciento -y hay que decirlo con todas sus letraslas familias lo van a perder. Les vamos a mejorar las pensiones a los jubilados, pero a personas distintas de aquellas que se sacrificaron día a día por dar bienestar a sus familias. Eso tiene que morigerarse, atenuarse.

Si bien no se aprobó la indicación en cuestión en la Comisión de Constitución, la vamos a reponer. E insistiremos en aquello, porque el gobierno tiene que renunciar a ese modelo absolutista que cree que el Estado es dueño de nuestras decisiones.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señora Presidenta, después de los discursos que he escuchado, algunos de ellos muy grandilocuentes, quiero llamar la atención sobre dos aspectos que me parece necesario destacar. Ambos son de carácter técnico, de modo que pido a quienes puedan estar escuchando este debate que pongan atención, porque siento que son tremendamente relevantes.

Los fondos de pensiones son patrimonios de afectación, diferentes al patrimonio de los cotizantes. En el caso especial del sistema previsional chileno, los trabajadores están obligados por ley a realizar aportes a los fondos de pensiones administrados por las AFP.

Eso quiere decir que cada trabajador está obligado a realizar aportes a un patrimonio de afectación, diferente a su patrimonio personal, el cual debe ser administrado por una sociedad anónima que tiene como único objetivo otorgar las prestaciones y los beneficios que la misma ley define.

Asimismo, es importante señalar que ese patrimonio de afectación, diferente al del cotizante, es también por ley un patrimonio de afectación ajeno al de las administradoras de fondos de pensiones.

De esta manera, el derecho permite explicar que los cotizantes solo tienen la propiedad sobre las cuotas de participación de un fondo, y no sobre el dinero que lo compone.

Por esa razón, los cotizantes no pueden ejercer todas las características del dominio sobre esos fondos, sino que solo pueden ejercer la propiedad sobre esas cuotas, de acuerdo con las condiciones fijadas por el legislador.

En el caso del sistema chileno de pensiones, solo pueden ejercer su propiedad exigiendo el pago de pensiones y otros beneficios, y de ninguna otra manera.

Si el objetivo es impedir la expropiación, lo que se debe hacer es proteger los patrimonios de afectación, que son formados por las cotizaciones obligatorias más la propiedad de los ahorros provenientes de la cotización individual. Al respecto, presentamos un proyecto de reforma constitucional que va en ese sentido.

Si no protegemos ese patrimonio de afectación, todavía existe riesgo de expropiación, ya que, según la legislación vigente, las cotizaciones solo tienen derecho de propiedad sobre las cuotas y solo pueden ejercer su derecho cuando se cumplen determinados requisitos. Esto es extraordinariamente relevante.

Llamo la atención sobre aquello porque un sector de la derecha ha señalado aquí que este proyecto es el resultado de una sugerencia de la derecha, pero quiero que el país sepa que lo que impediría este proyecto de ley, entre otras cosas, sería un futuro retiro del 10 por ciento de los ahorros que aquí mismo se ha dicho que pertenecen a las personas.

Es así, tal cual, y eso nos obliga a tener que presentar una indicación, que ya hemos entregado a la Mesa, para que en futuras eventualidades, como catástrofes, o ante condiciones particularmente especiales, tal cual sentó la jurisprudencia con los retiros anteriores, no se prohíba que las personas puedan ejercer el dominio de sus ahorros y hacer futuros retiros del 10 por ciento de sus fondos previsionales si la situación de catástrofe o ante una realidad extrema así lo demandare, tal cual logramos hacerlo en anteriores ocasiones.

Por lo tanto, por su intermedio, señora Presidenta, llamo la atención de las ministras y de la subsecretaria presentes sobre la necesidad de encontrar acuerdos por medio de indicaciones.

Estamos recién en primer trámite constitucional, por lo que perfectamente podemos presentar indicaciones en ese sentido.

Me interesaba hacer presente lo que he señalado en esta intervención.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señora Presidenta, este proyecto podría ser considerado de sentido común, como se ha dicho en esta Sala, pues la gran mayoría de las personas está de acuerdo con que los fondos son de las y los trabajadores, son de los cotizantes, y eso no es incompatible con un sistema de seguridad social.

Se trata de un debate artificial, una división que no corresponde y que no da cuenta de lo que significa esto para las familias de nuestro país.

Este proyecto en particular tiene una parte muy buena –la sabe que nos ve lo sabe-, y es que ratifica, una vez más, que los fondos son de las y los trabajadores, y que nunca van a ser del Estado, que este no los va a poder quitar ni expropiar a ningún título. Esa ratificación caló muy hondo y, en el caso de la Convención Constitucional -hay que decirlo-, hubo falta de sintonía con una de las aspiraciones más sentidas de la gente, que era dejar establecido claramente qué pasaría con los fondos previsionales.

El proyecto tiene una cáscara muy buena, que es la propiedad de los fondos, lo que debemos despejar de una buena vez y para siempre, pero tiene un problema que es bien particular. Esta legislación nació al amparo de la discusión del quinto retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. Esto fue lo que, lamentablemente, el gobierno diseñó para impedir el quinto retiro, y esto fue lo que pactó con la derecha para impedir el quinto retiro.

Lo que nace mal, va a terminar mal. No es justo, no es razonable ni es posible que esta norma ponga un candado definitivo a los retiros de fondos previsionales para fines distintos al pago de pensiones.

No hay que cerrarse, ante una crisis de salud, una crisis sanitaria o, incluso, una crisis económica, a la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras puedan disponer de sus propios ahorros. Eso no es incompatible con el desarrollo del país; eso no es irresponsable.

Quiero hacer mención de una cosa muy sensible. Siempre se dice que esto afecta las finanzas del país, que afecta los equilibrios macroeconómicos, que afecta el riesgo país, que afecta las inversiones y, fundamentalmente, que afecta al mercado de capitales, el cual se sostiene sobre el pago de pensiones miserables, sobre el abuso a las y los trabajadores cotizantes, a quienes obligan a poner sus fondos de pensiones en un sistema que permite que los que más tienen puedan pedir créditos más baratos en el mercado de capitales. ¿Y eso debiera ser motivo de orgullo para nuestro país? En mi opinión, eso debiera ser motivo de profunda vergüenza.

No podemos cerrarnos a un quinto o a un sexto retiro de fondos previsionales. Es una deuda que este gobierno tiene con las y los trabajadores de nuestro país.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera algunos bailaron cueca y otros hicieron payas cuando votaron a favor de los retiros, pero ahora, cuando les correspondió estar en el gobierno, les bajó la responsabilidad fiscal, la que nunca ha sido capaz de valorar ni de cuantificar lo que vale el sufrimiento de las familias, que no es capaz de poner en la ecuación de las cifras macroeconómicas la angustia de un padre que no tiene dinero para pagar el colegio de sus hijos, que no sabe qué les va a dar de comer a fin de mes, que no tiene dinero para pagar el arriendo, que no tiene para pagar las tarjetas de crédito, porque las familias de clase media comen a crédito, utilizando las tarjetas del retail; comen con las tarjetas de Líder y de Cencosud, y lo que se come en un día lo pagan en cuotas a seis meses.

Esa es la realidad de nuestro país, y no podemos decir, al amparo de cifras macroeconómicas, que esto es irresponsable.

Lo digo con claridad: hay que hacer un ejercicio de realismo de lo que vive la gente día a día. Si el país tiene que endeudarse a largo plazo, debe hacerlo.

No podemos aparentar que está todo perfecto, que hay un manejo responsable de la economía cuando ese manejo responsable lo paga la angustia de las madres y de los padres que no tienen cómo cubrir sus deudas. Esa angustia de las y los trabajadores es lo que nunca está en la ecuación, es lo que nunca está en los índices, es lo que nunca se ve en los gráficos.

¡Nunca se refleja el sufrimiento de las familias!

Si consideramos que una consulta particular de un psiquiatra cuesta 100.000 pesos, la depresión que tienen los padres y madres de nuestro país, las jefas y los jefes de familia que no pueden llegar a fin de mes significaría un monto sideral de dinero en gastos por salud mental, que no se paga y que subsidia la economía que sostiene un mercado de capitales que está construido sobre la base del abuso. Esa es la raíz profunda del sentido de reivindicación que tienen los retiros de los fondos previsionales.

Al inicio de la discusión de una reforma previsional, no se puede pretender impedir, con una norma que garantiza la propiedad de los fondos, que se vuelvan a discutir los retiros de los fondos previsionales. Ese es el sentido de esta discusión, y por eso el diputado Carlos Bianchi presentó una indicación -que el conjunto de parlamentarios independientes y del PPD vamos a respaldar-, que permitirá que vuelva a Comisión y se siga discutiendo esto.

No se puede clausurar este debate, le incomode a quien le incomode, le pese a quien le pese o le desagrade a quien le desagrade. Aquí nosotros estamos para legislar, para fiscalizar, pero sobre todo para representar, especialmente a las familias de clase media, que muchas veces no tienen voz ni se ven reflejadas en las cifras macroeconómicas de nuestro país.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ.-

Señora Presidenta, quiero hacerme cargo de algunos elementos que han salido en la discusión a propósito de la eventual reforma previsional próxima a ingresar.

Este debate se da a propósito de las fake news que señalan que eventualmente se iría todo, el ciento por ciento, a reparto, se quitarían los ahorros previsionales y meterían la mano al bolsillo a las personas. Justamente, este proyecto apunta a despejar esa duda que surgió en medio del debate constitucional y que hoy vuelve a propósito de lo que será la próxima reforma previsional.

Hoy no existe ningún argumento de peso que señale que, incluso bajo la actual Constitución, los fondos, la cuenta individual, deje de ser heredable o deje de ser de propiedad del ahorrante. Lo planteo, porque por allí salió a colación el programa de nuestro Presidente Gabriel Boric y la verdad es que hay harta confusión. El programa establece que lo que está en la cuenta individual quedará en la cuenta individual.

No hay problema en hablar de patrimonio, de propiedad, de derecho a heredar; pero si hablamos de solidaridad quiero detenerme, porque, al parecer, hay un clivaje que se ha instalado respecto de que la solidaridad implica expropiación y retroceso.

Quiero saber si alguien cree que el seguro de cesantía es un retroceso. La solidaridad es el primer signo civilizatorio de la humanidad. Nadie podría haber sanado un hueso fracturado, una enfermedad, si no es por el aporte de otra persona que va, recoge al enfermo y lo cura.

Señalo esto, porque parece ser que hoy la solidaridad se intenta transformar en una suerte de fantasma, de miedo ante lo poco que hoy tiene el pueblo chileno, y no es tomada como el valor intrínseco necesario para mejorar las condiciones de vida de las y los chilenos.

Si hablamos del aporte patronal del 6 por ciento, que efectivamente iría a un fondo común, que es un aporte patronal en función del contrato de trabajo, no creo que en Canadá o en Alemania se esté pensando en que eso es un retroceso para la humanidad. Es justamente un avance, una conquista para los actuales jubilados y, fundamentalmente, para las mujeres, dado que por la división sexual del trabajo, sus lagunas previsionales han generado que la actual cotización dé para una pensión contributiva de solo treinta miserables lucas. ¿Cómo no vamos a poder resolver ese problema con una cuota de solidaridad?

Desde ese punto de vista, la solidaridad es el primer signo civilizatorio; si no, eliminemos el seguro de cesantía también; si no, retrocedamos y aumentemos los impuestos para que podamos solventar una PGU que esté por sobre la línea de la pobreza. Si ya se están oponiendo a esta reforma tributaria, ¿cómo quieren que aumentemos la PGU? ¿Quieren que aumentemos la deuda externa, que el Estado se endeude más allá del tercio del que hoy está endeudado? A mí, la verdad, ese punto de vista me parece fiscalmente poco responsable.

A lo que hoy apuntamos es a lo que ya han implementado otros países de la OCDE. Más de treinta países de la OCDE tienen sistemas con sentido público.

Respecto del administrador –con esto termino–, hay una ficción sobre si el administrador privado da más garantías que el administrador público. En Chile, el administrador privado, la AFP, bajo una supuesta libertad de elección, hace perder a la gente dinero cuando la persona se cambia de multifondo. El 80 por ciento de la gente que ejerció su libertad, su supuesta libertad para cambiarse de multifondo, perdió dinero. Esos no son datos nuestros, del Frente Amplio, sino de la Superintendencia de Pensiones. Perdió dinero por ejercer una supuesta libertad, porque ese modelo traspasa los costos y la responsabilidad al cotizante. Esa responsabilidad no la absorbe el Estado o el modelo, aunque sea privado. Es más, la rentabilidad de las administradoras públicas, como ocurre en Colombia o en Costa Rica, es mayor a la rentabilidad de las administradoras privadas en Chile.

¿Qué quiero plantear con esto? Que estamos de acuerdo en debatir sobre la libertad de elección, pero no inventemos argumentos donde no los hay.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señorita Presidenta, esta propuesta, que fue discutida detalladamente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, busca establecer un aporte fiscal en el financiamiento de las prestaciones de seguridad social. Además, indica que el componente de capitalización individual garantizará siempre la propiedad del afiliado o la afiliada, así como su rentabilidad, sin que la ley pueda expropiar o afectar los ahorros.

Señorita Presidenta, lo propuesto, sin duda, satisface la incertidumbre que se generaba respecto de la propiedad de los fondos ahorrados y, sobre todo, reconoce el derecho a la seguridad social, cuya contracara mandata al Estado a aportar recursos, integrando un aporte que se destinará exclusivamente para esos fines.

Es importante, Presidenta, proteger los patrimonios de afectación, porque como muy bien lo decía el diputado Bianchi , eso permite garantizar la propiedad de los fondos de pensiones y despejar las dudas respecto de modelos fracasados, donde el Estado le mete la mano al bolsillo a los cotizantes. Muchas veces, con nobles y loables proyectos e iniciativas, le quita los fondos a los cotizantes. Queda absolutamente despejado y claro que con este proyecto el gobierno que venga no podrá hacerlo.

Ahora, evidentemente, acá tenemos una discusión de fondo que no podemos eludir, que tiene que ver con el sistema de pensiones. La necesidad de los chilenos se va acrecentando, particularmente porque hoy nuestros jubilados lo están pasando muy mal producto de la inflación, del alto costo de la vida, de la inestabilidad política y de la serie de problemas que hemos tenido. Es increíble, Presidenta, cómo la inestabilidad política afecta la inversión y, evidentemente, disminuye los puestos de trabajo. Hay problemas en todos los territorios respecto de la certeza que se necesita para que haya mayores ingresos, mayores inversiones. Eso está pasando en las regiones.

Con esta deuda, Presidenta, tenemos que pensar rápidamente en cómo somos capaces de aumentar la pensión garantizada universal, que no está dando lo suficiente para nuestros jubilados. Para qué le digo lo que pasa en las regiones extremas, donde con esta pensión garantizada universal a la gente no le alcanza para nada. No es lo mismo comprar un kilo de tomates o un kilo de papas en Santiago que comprarlo en Villa O’Higgins o en Porvenir.

Por lo tanto, Presidenta, acá tenemos que dar una discusión de fondo respecto de cómo aumentamos la pensión garantizada universal, pero de manera real. Ahí también estamos hablando de solidaridad.

También tenemos la discusión de fondo que tiene que ver con el sistema de pensiones. Este Congreso Nacional ha sido egoísta. No me refiero a este particularmente, pero sí al Congreso anterior y al anterior a ese. Primero, le negó la reforma de pensiones a la Presidenta Bachelet , por el rechazo de sectores de derecha. Posteriormente, durante el gobierno del Presidente Piñera, con votos de izquierda, se negó una reforma de pensiones al Presidente Piñera . Eso hay que decirlo, porque demuestra la miopía que hemos tenido, la pérdida de tiempo durante todos estos años.

Hoy necesitamos un acuerdo político en este Congreso Nacional para avanzar decididamente en la reforma de pensiones, en un modelo que garantice la propiedad de los fondos de pensiones, tal como lo estamos haciendo en esta reforma, pero también en un modelo que garantice solidaridad. No podemos caminar hacia un modelo profundamente individualista como el que tenemos. Tenemos que incluir, por supuesto, un porcentaje de solidaridad.

Eso tenemos que discutirlo. Durante el mandato del Presidente Piñera se había logrado un buen acuerdo. Lamentablemente, por pequeñeces, no logramos aprobar esa reforma. De haberlo hecho, seguramente hoy estaríamos en otro pie; estaríamos hablando de cómo mejorar aún más nuestras pensiones. No partiremos este trabajo desde una reforma, sino prácticamente de cero.

Espero que Chile avance hacia un modelo de pensiones como el alemán, que incluya un nivel básico obligatorio, un régimen de seguro de pensión legal y también un nivel complementario de carácter voluntario; un modelo que contemple la solidaridad, y, sobre todo, Presidenta, que también nos permita abrir la competencia respecto de los modelos de administración de los fondos de pensiones, porque hoy no tenemos libertad de elección: lo que tenemos es un modelo donde elegimos qué tipo de AFP queremos, pero finalmente elegimos…

El señor SCHUBERT.-

Señora Presidenta, este es el tipo de discusión que me gusta tener. Esta es una discusión importante para nuestro país. Por fin estamos hablando sobre algo que hemos discutido en nuestras casas, que venimos escuchando desde hace años. Espero que ahora sea el momento de comenzar a zanjarlo y a tratarlo con propiedad y en profundidad, ojalá sin miramientos políticos.

Por supuesto, las pensiones son algo esencial no solo para el funcionamiento de la economía, sino también para nosotros, porque trabajamos, cotizamos y luego, cuando dejamos de trabajar, vivimos a expensas de esos recursos.

Estas discusiones son relevantes, porque tenemos distintas miradas. Tenemos que reconocer que, tal vez, ninguno tiene la verdad y que tenemos que ir ajustando según la realidad económica, según las posibilidades, según el devenir, según a qué edad vamos envejeciendo y dejamos de trabajar, etcétera. Por lo tanto, esta es una discusión que debemos tener con altura de miras.

¿Por qué hoy no estamos hablando del tema de fondo, que es cómo vamos a mejorar las pensiones, sino de cómo asegurar la propiedad de los recursos que van quedando en las cuentas individuales de capitalización? Digo “los recursos que van quedando”, porque este mismo Congreso ha permitido el retiro de parte de esos fondos y, por supuesto, va quedando mucho menos dinero, lo que, por cierto, atenta contra las pensiones que recibiremos en algún momento y contra la propiedad que hoy estamos resguardando.

Hoy vamos a votar el hecho de asegurar que el dinero es nuestro, a través de modificar la Constitución en su artículo 19. ¿Por qué hemos llegado al punto de redoblar o señalar algo que parece evidente? Porque se generó una incertidumbre con la discusión del proceso constitucional, donde estaba la duda. Entonces, se envió este proyecto de reforma constitucional que, tal vez, no debió haberse enviado nunca, pero es bueno que se refuerce y se aclare, porque se generó una incertidumbre. Eso claramente nos afecta y también afecta nuestra forma de relacionarnos.

Tanto no gustó la propuesta que un 62 por ciento de los chilenos, con voto obligatorio en esta oportunidad, dijimos que no a ese proyecto, dentro del cual precisamente estaba este tema de las pensiones.

Estimados colegas, discutamos sobre la edad de jubilación. ¡Hagámoslo! Este proyecto no es para eso, pero hagámoslo. Discutamos sobre el porcentaje de capitalización. ¡Hagámoslo! Discutamos sobre cuánto va a aportar el Estado. También discutamos sobre quién va a administrar esos fondos. Eso es lo que señalaba recién un diputado, porque la administración de los fondos también es relevante.

Si alguien tiene la peregrina idea de que el Estado va a ser un buen administrador que va a multiplicar los recursos como nadie y que luego esos recursos van a estar a su disposición, que ponga sus fondos de pensión en esa AFP estatal, pero que no se coarte la libertad de escoger a los chilenos que no creemos que esa es una buena alternativa y que queremos dejarlos en un sistema privado, un sistema que puede ser regulado, modificado y todo lo que ustedes quieran, pero que, en mi caso personal, me da garantías que no me da un fondo administrado por el Estado. No coartemos esa libertad.

¿Qué impide que ofrezcamos un sistema de administración estatal y que sigamos teniendo un sistema privado para aquellos que queremos seguir en ese sistema?

Si es mi dinero, ¿por qué no puedo utilizarlo libremente y me obligan a cotizar? Porque, como se ha dicho, es un patrimonio de afectación y porque va en mi propia protección y beneficio. ¿Por qué ocurre eso? Porque, por ejemplo, si no pusieran barreras en las calles, cruzaríamos a mitad de calle. Entonces, coartan mi libertad de cruzar a mitad de calle no porque sean malos y quieran coartarme la libertad, sino porque me están protegiendo para que cruce en la esquina, en el paso de cebra. Si no me obligaran a cotizar, no tendríamos nada ahorrado.

Es muy importante mantener nuestros fondos de ahorro y no seguir haciendo retiros, porque eso también afecta el mercado de capitales. Muchos dirán: “Yo no invierto en el mercado de capitales”. Eso es verdad, porque pocos invierten en el mercado de capitales, pero eso sí se hace a través de nuestros fondos previsionales.

Ese mercado de capitales ha permitido la industria del crédito hipotecario y, a su vez, que la clase baja y la clase media podamos optar a créditos hipotecarios. Tanto fue el impacto por los retiros que las tasas hipotecarias subieron, y hoy nos vemos con mayor dificultad para acceder al crédito.

Esto es integral. Esta discusión es relevante. Hoy fortalezcamos el derecho de propiedad, que ha sido puesto en cuestión, pero mañana tengamos una discusión de fondo respecto de cómo vamos a administrar, cuánto vamos a cotizar y cómo entre todos, más allá de los colores políticos, logramos mejorar las pensiones de todos los chilenos: los de izquierda, los de centro y los de derecha.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señora Presidenta, recién me decían algunos compañeros diputados, integrantes de la Comisión de Constitución, que seguramente a través de mi discurso se iban a iluminar.

La verdad es que yo no pretendo iluminarlos, pero sí decir algunas verdades respecto de lo que significa este proyecto para mí y para los trabajadores y trabajadoras de Chile.

Se habla de que el causante principal de la inflación que está sufriendo nuestro país y de la pérdida de poder adquisitivo de los chilenos son los retiros que, afortunadamente, aprobamos, y eso es mentira.

Se dice que por los retiros los futuros jubilados van a recibir pensiones miserables, y eso también es mentira. Lo digo con fundamentos, porque con retiros o sin retiros la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores chilenos íbamos a recibir pensiones miserables.

También se dice que hay que proteger el futuro de nuestros trabajadores cuando jubilen.

¡Perfecto! Nadie está en contra de aquello.

Se dice que el Estado tiene el deber de vigilar y proteger a nuestros trabajadores, lo que también es correcto; pero nadie dice que este proyecto tiene un trasfondo que se llama proteger el sistema actualmente vigente y, concreta y particularmente, defender a los dueños de las AFP. Eso hace este proyecto: proteger a los dueños de las AFP.

¿Por qué nadie dice nada? Porque por muchos años las AFP nos están robando la plata a los chilenos y las chilenas. Se dice que la plata es nuestra, que es nuestra previsión. Eso es cierto, pero en la práctica no podemos manejarla.

¿Acaso esos mismos que critican los retiros dicen por qué las AFP invierten y se enriquecen más con nuestro propio dinero? No lo dicen.

Por lo tanto, lamentablemente, este es un proyecto mañoso que, desgraciadamente, se aprobó por una amplia mayoría en la comisión, donde compañeros y compañeras que supuestamente tienen conciencia de clase, como decíamos antes -ahora se dice conciencia social-, parece que se olvidaron.

Llamo a los que están presentes a rechazar este proyecto y a producir una discusión profunda, porque este es un proyecto que perjudica a los trabajadores chilenos. Este proyecto fue ingresado el 18 de abril de este año y ya está en la Sala. ¿Y qué pasó con los proyectos que presentamos un grupo de diputados para los retiros? ¿Por qué la Mesa o la Comisión de Constitución no pide un informe en derecho sobre este proyecto? Porque hay …………………………

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Señor diputado, está haciendo acusaciones graves. Por favor, le pido que se remita al proyecto.

El señor ALINCO.-

Por eso, los trabajadores deben tener conciencia y estar informados. Los diputados y las diputadas que aprueben este proyecto como está estarán faltando a la confianza que nuestro pueblo nos entregó. Esa es la verdad.

Vamos a presentar algunas indicaciones y también vamos a pedir votación separada. Seguramente, nos van a sacar el Reglamento y nos van a rechazar nuestras solicitudes, porque aquí, lamentablemente, se está protegiendo a un sector muy privilegiado de nuestra sociedad chilena, en perjuicio de los trabajadores chilenos y de las trabajadoras chilenas. Con este proyecto se está protegiendo a los superricos de nuestro país, quienes, a la vez, son los dueños de las AFP.

He dicho.