Labor Parlamentaria

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales, en relación con los colaboradores en materia de infancia, correspondiente al boletín N° 15164-07 (S).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de la Familia es el señor Felipe Donoso .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 50ª de la presente legislatura, en miércoles 20 de julio de 2022. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Familia, sesión 70ª de la presente legislatura, en martes 6 de agosto de 2022.Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Felipe Donoso , rinde el informe la diputada Ana María Bravo .

Tiene la palabra, señora diputada.

La señora BRAVO, doña Ana María (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, vuestra Comisión de la Familia viene en informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los senadores Manuel José Ossandón , Álvaro Elizalde , Carlos Kuschel e Iván Moreira , que modifica diversos cuerpos legales en relación con los colaboradores en materia de infancia.

Participaron en el debate de esta iniciativa el senador Manuel José Ossandón , la abogada de la fundación Tierra Esperanza, señora Soledad Ojeda San Martín ; la directora ejecutiva de la Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo Social Llequen, señora Yerka Aguilera Olivares , y el dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Antrap), señor Felipe Ramírez Cárcamo .

Por parte del Ejecutivo participaron la asesora del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señora Cristina Luna , y la asesora de la Subsecretaría de la Niñez, señorita Camila Ostornol .

Se hace presente que la iniciativa tiene urgencia calificada de discusión inmediata.

La idea matriz que sustenta esta iniciativa es ampliar el plazo de acreditación de los organismos colaboradores, de modo que tengan un periodo razonable de tiempo para hacerlo, y modificar la ley N° 20.032, con el fin de establecer una gradualidad en la causal de inhabilidad para acreditarse, relativa al incumplimiento de la legislación laboral y previsional. Además, agrega una norma transitoria para regular la aplicación temporal de la inhabilidad.

Fundamentos de la moción

Los autores de la moción sostienen que el año 2021 se publicó la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales. Con ello, se dio un gran paso en la institucionalidad en materia de protección a la infancia, luego de los problemas estructurales que presentó el Servicio

Nacional de Menores.

En ese sentido, explican que se innovó y se profundizó en la regulación de los organismos colaboradores acreditados (OCAs), los cuales son fundamentales para el funcionamiento del Sistema de Protección de la Niñez. Entre los diversos requisitos impuestos, se estableció que dichos organismos debían volver a acreditarse ante el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), en el plazo de un año, según lo establecido en el artículo tercero transitorio de la ley N° 21.302. Sin embargo, debido a la demora en la dictación del respectivo reglamento y de la publicación de la documentación necesaria para hacer el proceso, dicho plazo se vio reducido en la práctica.

Dado lo anterior, los autores de la moción consideran indispensable ampliar dicho plazo a dos años, de modo que los organismos colaboradores tengan un tiempo razonable y suficiente para realizar el mencionado proceso.

Seguidamente, señalan que dicha ley, entre las reformas que realizó, modificó la ley N° 20.032, estableciendo dentro de las inhabilidades e incompatibilidades para ser colaborador acreditado el haber sido sancionado reiteradamente por incumplimiento de la legislación laboral y previsional.

Recalcan que el legislador no distinguió entre los distintos tipos de incumplimientos a la legislación laboral, calificando, por tanto, cualquier infracción, por mínima que sea, como suficiente para incurrir en la inhabilidad descrita, debiendo establecerse una gradualidad de las infracciones, puesto que no todos los incumplimientos pueden ser calificados de igual forma.

Finalmente, proponen que, para incurrir en la causal de inhabilidad, el incumplimiento deba ser grave. Adicionalmente, para efectos de la inhabilidad, se consigna un nuevo artículo transitorio en virtud del cual solo deberían ser consideradas las infracciones cometidas con posterioridad a la ley N° 21.302; de lo contrario, se vulneran principios fundamentales, como la tipicidad, la legalidad, la irretroactividad de las sanciones y el debido proceso.

Primer trámite constitucional, en el Senado

En ese trámite constitucional, el referido proyecto fue objeto de algunas modificaciones generadas por indicaciones del Ejecutivo, que buscaban los siguientes objetivos:

En primer lugar, se propone extender el plazo de acreditación de los colaboradores a 18 meses, es decir, seis meses más de los ya contemplados y seis meses menos que los establecidos en la moción. Así, los organismos colaboradores tendrán al menos doce meses desde que toda la documentación que regula dicho proceso esté totalmente aprobada.

Además, se busca establecer un nuevo artículo que señale que los organismos que se acrediten dentro del nuevo plazo aprobado deban volver a acreditarse al tercer año desde su última acreditación, de manera de incorporar un mecanismo de permanente mejora y mantenimiento de los estándares en la atención a niños, niñas y adolescentes. Este mecanismo ya funciona en otras áreas del Estado, como, por ejemplo, en el sector salud, en que la acreditación de prestadores institucionales de salud también dura tres años.

Segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputadas y Diputados

En este trámite constitucional, las principales modificaciones introducidas por la comisión al texto propuesto por el Senado son las siguientes, también generadas por indicaciones del Ejecutivo:

1. Se establece que, por una sola vez, el afectado pueda solicitar una nueva reevaluación. Con esto se precisa que, en caso de producirse el rechazo de la reevaluación de la acreditación, el afectado podrá recurrir conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 20.032 o podrá solicitar, por una sola vez, una nueva reevaluación de sus antecedentes ante el servicio, para lo cual dispondrá de un plazo de 30 días contados desde la notificación de la resolución del rechazo. Lo anterior tiene por objeto evitar que se produzca un proceso ilimitado de solicitudes de reevaluación de acreditación, en que el colaborador acreditado no mejore su gestión, pero siga prestando servicios mediante la presentación de una solicitud cada 30 días, dilatando el trámite hasta el término del convenio sin realizar las mejoras que generaron el rechazo de su acreditación, perdiendo con ello eficiencia la necesidad de reevaluar.

2. Se agrega que las personas jurídicas sujetas a esta ley que deseen continuar desarrollando cualquier línea de acción a las que se refiere el artículo 18 deberán volver a obtener su acreditación en los términos del Título II de la ley N° 20.032. Esta enmienda busca señalar claramente la consecuencia en el caso de que el director nacional del servicio revoque la acreditación mediante resolución fundada, respecto de aquellos colaboradores que no inicien el proceso de reevaluación de su acreditación en el plazo señalado en el inciso primero de este artículo.

3. Se plantea en la moción parlamentaria que el legislador no distinguió entre distintos tipos de incumplimiento a la legislación laboral, de modo que cualquier incumplimiento, por más mínimo que sea, puede ser suficiente para caer en inhabilidad de ser colaborador acreditado. Por tal razón, la iniciativa propuso que, para caer en la causal de inhabilidad, el incumplimiento del colaborador debe ser grave. Esto fue objeto de enmiendas en la Comisión, las que tuvieron por finalidad precisar claramente el tipo de sanciones judiciales o administrativas por las que debe tener lugar la inhabilidad de un colaborador acreditado.

4. Finalmente, se aprobó añadir que las inhabilidades laborales o administrativas que contempla el artículo 6 bis también puedan ser sobrevinientes, cuestión que no fue contemplada en la ley N° 20.032.

Discusión del proyecto de ley

Tras escuchar a los intervinientes y tras debatir sus argumentaciones, la Comisión decidió aprobar por unanimidad la idea de legislar, como también cada una de las indicaciones formuladas por el Ejecutivo.

Es por estas razones que vuestra Comisión de la Familia viene en proponer a este honorable hemiciclo la aprobación del proyecto de ley en discusión.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, por su intermedio, doy los buenos días a todas las diputadas y a todos los diputados.

La incorporación de los organismos colaboradores en el sistema de protección de la niñez y adolescencia es muy importante, ya que es el principal reconocimiento que realiza la ley al rol de la sociedad civil como verdadero agente transformador en una materia tan prioritaria para el país.

En efecto, las organizaciones de la sociedad civil permiten que ingresen más recursos y nuevas tecnologías, innovadoras muchas de ellas, a los procesos de protección. Esta reflexión no es menor, ya que durante la tramitación legislativa de la ley que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia surgieron voces muy escépticas e, incluso, opositoras a la existencia de esta participación, sectores que debieron doblegarse ante la realidad de que sin los organismos colaboradores sería imposible entregar cobertura a la totalidad de los niños y adolescentes que requieren especial protección por enfrentar situaciones de vulnerabilidad.

El proyecto en estudio tiene por finalidad reconocer el rol de los organismos colaboradores, entregándoles un plazo razonable para que puedan presentar la documentación que les permita acreditarse.

A junio del presente año no había institución alguna acreditada, por lo que esta ampliación es del todo razonable, ya que no es responsabilidad de los organismos colaboradores que no se haya publicado el reglamento con la debida anticipación.

Este mismo concepto de racionalidad aplica para el caso de la limitación de las inhabilidades para acceder a financiamiento público solo a los incumplimientos laborales y previsionales de mayor gravedad.

En resumen, las modificaciones propuestas tienen un distintivo sello en favor de la sociedad civil que se debe valorar.

En lo que respecta a las cifras, debe señalarse que desde el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia se ha señalado que en el presente año 122 de 168 organismos colaboradores han manifestado su intención de continuar en el sistema, por lo que no es menor que este proyecto apresure su tramitación, sobre todo considerando que el plazo de acreditación vence el 30 de septiembre del año 2022.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señor Presidente, en la Comisión de la Familia, la cual presido, examinamos este proyecto con la mayor premura desde que llegó del Senado, debido a que la materia trataba del cuidado de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, los cuales son prioritarios para la función legislativa de la Comisión de la Familia, pues se puede generar un riesgo eventual por la falta de oferta de atención.

El artículo tercero de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.302 señala el plazo correspondiente a un año para acreditarse a partir de la entrada en vigencia del cuerpo legal que da origen al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, plazo que comenzó a correr desde el 1 de octubre del 2021, pero los reglamentos respectivos recién se empezaron a publicar en 2022, lo que significó que el plazo, en los hechos, fuese inferior. Este proyecto de ley amplía el plazo en seis meses, tomando en cuenta el establecido en la primera regulación.

No podemos permitir que los niños, niñas y adolescentes queden sin atención especializada, sumando a lo anterior el hecho de que desde hace tiempo existe un grave problema de déficit de oferta programática para la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos en todo el país.

La cruel realidad nos señala que se requieren más espacios en los programas actualmente existentes ejecutados por los OCA. También faltan nuevos programas que atiendan a niños, niñas y adolescentes.

Hoy, la lista de espera reconocida es de 19.000 niños, niñas y adolescentes. Si este proyecto de ley no se aprueba dicho déficit podría aumentar aún más, colapsando totalmente el sistema de atención ejecutado por los programas de los OCA, los que no lograrán cumplir con el plazo acotado. Con todo, pudimos percibir la disposición transversal en la Comisión, por la historia de cómo se ha tramitado este proyecto de ley en el Congreso Nacional, de solucionar este problema.

Porque los niños deben ser nuestra prioridad real, votaré a favor la iniciativa.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código del Trabajo, para regular la modalidad de teletrabajo respecto de trabajadores a cargo del cuidado personal de menores de doce años, durante estados de excepción constitucional con ocasión de epidemias o pandemias de enfermedades contagiosas.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Juan Santana .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 13886-13, sesión 100ª de la legislatura 368ª, en jueves 12 de noviembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Boletín N° 14906-13, sesión 11ª de la presente legislatura, en martes 12 de abril de 2022. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 66ª de la presente legislatura, en martes 30 de agosto. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado informante, rinde el informe el diputado Eduardo Durán .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor DURÁN, don Eduardo (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me ha correspondido informar ante ustedes sobre los proyectos de ley refundidos, que modifican el Código del Trabajo para regular la modalidad de teletrabajo, respecto de trabajadores a cargo del cuidado personal de menores de doce años, durante estados de excepción constitucional con ocasión de epidemias o pandemias de enfermedades contagiosas, iniciado en moción de la diputada señora Érika Olivera , de los diputados señores Raúl Leiva , Andrés Longton y Frank Sauerbaum , de la entonces diputada señora Maya Fernández y de los entonces diputados señores Francisco Eguiguren , Gonzalo Fuenzalida y Alejandro Santana , y para otorgar permiso de trabajo a la madre o al padre o cuidadores de menores, de adultos mayores o de personas con discapacidad en caso de enfermedades catalogadas como epidemia o pandemia, iniciado en moción de la diputada señorita Daniella Cicardini y del diputado señor Alberto Undurraga , en primer trámite constitucional y reglamentario, contenidos en los boletines Nos 13886-13 y 14906-13, sin urgencia.

A las sesiones que la comisión destinó al estudio de las referidas iniciativas legales asistieron la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora Jeannette Jara Román ; el subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Boccardo Bosoni ; la superintendenta subrogante de Seguridad Social, señora Patricia Soto Altamirano , y el asesor legislativo de dicha cartera de Estado, señor Salvador Orozco Cubillos .

Asimismo, la comisión recibió de manera telemática a las señoras Nickol Solange Ortiz Riquelme , fundadora de Mamabogada y miembro de la Agrupación Maternidad, Vida y Mujer; Renata Castro y Natalia León Díaz , representantes de la Agrupación Maternidad, Vida y Mujer; Verónica Campino García-Huidobro , vocera de Arriba Mamás Chile; Jacqueline Deutsch , psicóloga clínica, y Francisca Ayala , abogada, ambas representantes de Arriba Mamás Chile; Francisca Jünemann Pérez , presidenta ejecutiva de Fundación Chile Mujeres; Natalia Mesías Quila , secretaria general de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada; Tamara Muñoz Valenzuela , presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center (Fetracal), y Selma Núñez Parada , directora de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss).

El proyecto aprobado en definitiva por la comisión, a partir de la fusión de las dos iniciativas legales descritas anteriormente, tiene por objeto modificar el Código del Trabajo para regular la modalidad de teletrabajo respecto de trabajadores a cargo del cuidado personal de menores de doce años, durante estados de excepción constitucional con ocasión de epidemias o pandemias de enfermedades contagiosas, y para otorgar permiso de trabajo a la madre o al padre o cuidadores de menores, de adultos mayores o de personas con discapacidad en caso de enfermedades catalogadas como epidemia o pandemia.

Asimismo, establece que los trabajadores o trabajadoras dependientes regidos por el Código del Trabajo y aquellos regidos por el Estatuto Administrativo, contenido en la ley Nº 18.834, y por el Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales, contenido en la ley Nº 18.883, que sean padre, madre o cuidador o cuidadora de algún niño, niña, o adolescente que sea atendido o atendida por algún programa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, o en cualquier entidad colaboradora acreditada, estarán facultados o facultadas para acudir a todas aquellas citaciones e intervenciones en las cuales se requiera su participación y que se efectúen dentro de su jornada laboral.

En atención a lo expuesto, la presente iniciativa está constituida por un artículo permanente compuesto por dos literales.

El primero introduce un nuevo artículo 206 ter en el Código del Trabajo, con el objeto de establecer que decretado un estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador o trabajadora encargado del cuidado personal de un menor de doce años de edad, por el tiempo que dure el referido estado de excepción constitucional o alerta sanitaria, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida en que la naturaleza de sus funciones lo permita y el trabajador o trabajadora consienta en ello.

Si la naturaleza de dichas funciones no fuere compatible con el teletrabajo, el empleador deberá destinar al trabajador, de acuerdo con este y sin disminución de remuneraciones, a labores que no requieran contacto con público y no signifiquen menoscabo para él.

Si el cuidado personal fuere compartido, el trabajador o trabajadora que acceda a dicha modalidad de trabajo deberá contar con la autorización de aquel con quien comparta dicho cuidado.

Asimismo, se agrega un nuevo artículo 206 quáter al Código del Trabajo, que preceptúa que cuando la salud de un menor de dieciocho años requiera de cuidado por el padecimiento de una enfermedad catalogada de epidemia o pandemia, que haya motivado la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, o bien se declare calamidad pública o alerta sanitaria, o bien padezca una enfermedad del sistema respiratorio, y la madre o padre o tutor legal trabajador no tenga derecho a licencia médica, tendrá derecho a un permiso por el período de duración de la enfermedad que podrá ser imputado por el trabajador a días festivos durante el respectivo año, o bien con horas de trabajo a acordar con su empleador.

Finalmente, su segundo literal agrega un nuevo artículo 199 ter al mismo código, para establecer que los trabajadores o trabajadoras dependientes regidos por el Código del Trabajo y aquellos regidos por el Estatuto Administrativo contenido en la ley Nº 18.834 y por el Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales contenido en la ley Nº 18.883, que sean padre, madre o cuidador o cuidadora de algún niño, niña, o adolescente que sea atendido o atendida por algún programa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, o en cualquier entidad colaboradora acreditada, estarán facultados o facultadas para acudir a todas aquellas citaciones e intervenciones en las cuales se requiera su participación y que se efectúen dentro de su jornada laboral.

Los proyectos fueron aprobados en general por la comisión, en su sesión ordinaria de fecha 5 de julio del año en curso, con los votos favorables de las diputadas Daniella Cicardini , Ximena Ossandón y Maite Orsini , y de los diputados Luis Cuello , Andrés Giordano , Diego Ibáñez , Henry Leal , Juan Santana , Frank Sauerbaum , Héctor Ulloa y Alberto Undurraga .

En el estudio y debate de los proyectos en informe no se hicieron presentes opiniones disidentes al acuerdo adoptado en la votación en general respecto de ninguna de las mociones refundidas.

Durante su discusión particular se aprobaron las indicaciones de que da cuenta el informe que mis colegas tienen en su poder, a las que, en aras del tiempo, no me referiré por estar ellas latamente explicitadas en él.

Finalmente, me permito hacer presente a esta Sala que, a juicio de vuestra comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de ella normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni que requieran ser aprobadas con quorum calificado.

Del mismo modo, estimó que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por no tener sus disposiciones incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, la legislación chilena establece que el empleador, en caso de que la autoridad declare estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, debe ofrecer la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo al trabajador que tenga el cuidado personal de niños menores de doce años de edad. Además, si la autoridad adoptare medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño menor de doce años, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita, y sin reducción de sus remuneraciones.

Respecto de los cuidados, el Código del Trabajo contempla un permiso para el trabajador que tenga a su cuidado a un niño menor de un año, con motivo de enfermedad grave, permiso con derecho a subsidio. También establece un permiso de cuidados para los trabajadores que tengan a su cargo a niños mayores de un año y menores de dieciocho años de edad, en caso de accidente o enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte.

Respecto de las licencias de cuidado, existe el seguro para el acompañamiento de niños y niñas afectados por una condición grave, la “ley Sanna” .

A partir del proyecto en discusión se logra avanzar en la protección de los niños y adolescentes que cuenten con alguna enfermedad o que requieran de algún cuidado atendida alguna condición especial, pero también asegura que los niños podrán contar con el cuidado de quienes se encuentren encargados de su cuidado personal en aquellos casos en los que se declare un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, o alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa.

Estos permisos contribuyen con la responsabilidad y evitan que se produzcan perjuicios en el trabajo de la madre en caso de que ella requiera acompañar a su hijo en las situaciones establecidas en el proyecto de ley.

Es destacable que la iniciativa considere que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo debe ser acordada entre el empleador y el trabajador, lo que permite que los dos miembros de la relación laboral pacten y lleguen a acuerdos, teniendo en cuenta la conveniencia y la situación específica del trabajador y la empresa.

Por lo anterior, votaremos favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señor Presidente, por la pandemia tuvimos que realizar una serie de cambios en nuestra forma de vida, en nuestra forma de relacionarnos y en nuestra modalidad de trabajo. La pandemia también visibilizó las dificultades de las madres, de los padres y de los cuidadores de niños, niñas y adolescentes y de personas con discapacidad y adultos mayores con dependencia severa.

Durante la pandemia, esos aspectos se resolvieron a través de los estados de excepción. Sin embargo, nos develó la necesidad de hacer cambios permanentes en nuestro ordenamiento jurídico.

Por ello, el proyecto en debate, del cual soy coautor junto con otros diputados y diputadas, contempla una serie de modificaciones permanentes a nuestro ordenamiento jurídico, todas recogidas desde la experiencia de la pandemia, de manera de avanzar en corresponsabilidad, en cuidado del empleo y en valorar el rol de los cuidados en la vida familiar.

En esa línea, este proyecto establece que, cuando se declare un estado de excepción o una alerta sanitaria, el empleador deberá ofrecer al trabajador o trabajadora que tenga a su cargo el cuidado personal de un menor de doce años de edad, en la medida en que la naturaleza de sus funciones lo permita, la modalidad de teletrabajo para el desarrollo de su labor. Esta norma recoge experiencia de lo que vivimos durante la pandemia.

El proyecto también establece el derecho a permiso para padres, madres o cuidadoras o cuidadores de menores de dieciocho años que requieran de cuidado por el padecimiento de una enfermedad catalogada de epidemia o pandemia que haya motivado la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, o bien se declare calamidad pública o alerta sanitaria, o bien padezca una enfermedad del sistema respiratorio. El mismo derecho a permiso se establece para el padre, la madre o el cuidador de una persona que tuviere a su cargo a una persona con discapacidad o al hijo, hija o cuidador que tuviere a cargo a un adulto mayor con dependencia severa. Para algunos casos, lo ideal era una licencia, pero este beneficio tiene un gasto asociado y nosotros no tenemos facultad para disponer medidas que irroguen gastos. Por lo tanto, avanzamos con este proyecto a través del permiso; para la licencia se requiere patrocinio del Ejecutivo.

Esta segunda parte del proyecto es el símil del contacto estrecho que tuvimos durante la pandemia y lo resuelve por la vía de permiso.

Finalmente, el proyecto, en algo más permanente y no solo para los casos de pandemia, establece que el permiso al que tienen derecho las madres, los padres o los cuidadores de niño, niña o adolescente que sea atendido por algún programa del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez o Adolescencia, se entiende como tiempo trabajado y no puede ser negado por los empleadores.

De esta forma, estamos avanzando, y con bastante unanimidad, porque así lo construimos durante el proceso en la comisión, en corresponsabilidad, en cuidado del empleo y en valorar el rol de los cuidados en la familia.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, este es un proyecto interesante; un proyecto de ley positivo, que apunta a una realidad poco atenida en muchas ocasiones: la de los padres y las madres que tienen que cuidar a sus hijos y cómo esa realidad entra en conflicto con sus obligaciones laborales.

Soy papá de tres niños; con mi señora nos ha tocado personalmente vivir esto. Entonces, es una realidad a la cual muchos de nosotros somos sensibles.

Lamentablemente, hay aspectos de este proyecto de ley con los cuales no estoy de acuerdo. Estamos trabajando algunas indicaciones, porque creo que hay espacio para mejorarlo. No es necesario votarlo en contra, porque establece algunas cuestiones que son un avance. Me preocupa una lógica que, lamentablemente, se viene dando desde hace algún tiempo, cuestión que vemos en los tribunales de justicia. He conversado con padres que han vivido esto. La realidad de parejas que se han separado, que no viven juntos, que tienen hijos en común y que enfrentan grandes dificultades para participar, ambos, en la crianza de sus hijos. A veces, incluso enfrentan resistencia y conflictos entre ellos, y, al final, es el niño el que sale perdiendo.

No me gusta la idea que se establece en el artículo 206 ter propuesto, en su parte final, en el sentido de que cuando uno de los padres acceda a la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, el otro ya no puede acceder a este beneficio. ¿Qué pasa si el cuidado es compartido por los padres en semanas alternadas? Un ejemplo muy concreto: en caso de cuidado compartido por los padres en semanas alternadas, vislumbro que lo más probable es que sea la madre la que acceda a este beneficio, y el padre, si no puede pagar una cuidadora o a alguien que pueda cuidar al hijo, en caso de que no tenga el bolsillo para financiar a alguien que le ayude en la casa con su hijo o hija -estamos hablando de casos de alerta sanitaria o de otras circunstancias que eventualmente puedan restringir el funcionamiento de los colegios-, no va a poder participar en el cuidado de ese hijo o hija.

También veo un problema en el inciso tercero del artículo 206 quater, porque establece un criterio discriminador contra el padre. No trata de igual manera a padres y madres, porque el proyecto dispone que dependerá de la madre quién acceda al beneficio que se contempla. Lo que debería ocurrir es que el beneficio se establezca dentro del contexto de una mediación o de juicio de familia. No corresponde que sea la madre quien lo decida, porque a padres y a madres la justicia los tiene que tratar por igual.

Aquí hay un tema de fondo muy relevante: cómo avanzamos como país en generar las condiciones para que tanto madres como padres participen en la crianza de sus hijos; que ninguno de ellos se desentienda, pero también que ninguno de ellos sea empujado por las leyes que nosotros redactamos a no participar en el cuidado o en la crianza de sus hijos.

Ustedes lo saben: los republicanos tenemos un compromiso profundo con la familia, y todas las leyes que creamos en el Congreso Nacional impactan en la forma como se generan las dinámicas familiares. Actualmente, tenemos una realidad muy dura, ya que son miles los niños que se están criando sin sus papás, sin sus padres presentes en su vida.

No tenemos derecho a generar condiciones que agraven esa situación el día de hoy, ni a generar circunstancias que ayuden a jueces o a juezas de familia a resolver que el cuidado del hijo debe quedárselo completamente la madre, porque no están dadas las condiciones para que el padre pueda participar en el mismo, o que el padre tiene que conformarse con tener un fin de semana con su hijo, semana por medio. Eso es insuficiente, eso no es suficiente para un niño que necesita a su papá presente en su vida. Padres y madres deben ser tratados por igual.

Por eso, vamos a presentar indicaciones a este proyecto de ley para que esas condiciones estén dadas y se trate de igual forma tanto a padres como a madres en este país.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, el proyecto de ley que se someterá a votación tiene por objeto modificar el Código del Trabajo para regular la modalidad de teletrabajo respecto de trabajadores a cargo del cuidado personal de niños y niñas menores de doce años durante estados de excepción constitucional con ocasión de epidemias o pandemias de enfermedades contagiosas, y para otorgar permisos de trabajo a madres o padres cuidadores de niños.

Consideramos que es un proyecto que va en el correcto camino de reconocimiento de la labor de cuidadoras y cuidadores, y de padres y madres que deben compatibilizar sus labores parentales con sus trabajos. Es justo que quienes se dedican a esta labor tan importante como el cuidado de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad no vean reducidos sus ingresos ni afectado su trabajo en caso de pandemia por la necesidad de tener que permanecer en sus hogares en teletrabajo.

Se ha oído a múltiples organizaciones relacionadas con los cuidados, y coincidimos con todas ellas en que este proyecto es un necesario avance.

Anuncio mi voto aprobatorio para este proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Cornejo .

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, indudablemente, a partir de lo que nos ocurrió en la pandemia, tuvimos que readecuar parte importante del trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Los trabajadores, los funcionarios, las funcionarias de alguna manera tuvieron que ser parte importante de un proceso que nos obligó a buscar distintas alternativas para desarrollar las diversas tareas a lo largo de nuestro país.

Creo que este proyecto de ley viene a abordar el mejoramiento de esos procesos que en su oportunidad se implementaron, pero también creo que a partir de esta iniciativa se abre una oportunidad importante para pensar en lo que dice relación con la flexibilidad de la jornada laboral.

Efectivamente, en momentos críticos, en momentos en que se afecta la integridad física o la salud de las personas, el poder tener un proyecto de ley que permita la flexibilidad laboral para que los cuidadores, o las madres o los padres puedan estar con sus hijos menores de doce años es muy importante. Pero creo que también, en función de las características de la sociedad que hoy enfrentamos, y de la importancia de que las mamás, los papás y los cuidadores puedan disponer de más tiempo para compartir con sus hijos, con su familia y ser parte integrante de su desarrollo y de su educación, este proyecto de ley nos abre una ventana para pensar efectivamente en lo que dice relación con la flexibilización de la jornada laboral.

En esta oportunidad voy a concurrir con mi voto favorable, pensando que, evidentemente, la familia es parte importante de la estructura de nuestra sociedad. Aquí tenemos no solo un proyecto de ley que beneficia a aquellos que tienen hijos menores de doce años, sino también -reitero una oportunidad para abrir espacios donde la familia tenga la preponderancia requerida en el desarrollo de nuestro país.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Informo a la Sala que, por orden del Presidente, la reunión de Comités Parlamentarios, que estaba citada a las 11:00 horas, comenzará a las 11:30 horas.

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señor Presidente, lo cierto es que la pandemia en los últimos años nos enrostró diversas desigualdades que hace tiempo, desde los sindicatos, veníamos denunciando. La vulnerabilidad, la precarización en la que trabaja la mayoría de chilenos y chilenas se evidenció de manera aún más cruda cuando, como sociedad, ponderamos la vida versus el trabajo, y a muchos y muchas les exigimos estar ahí pese a la enfermedad e incluso la muerte. También sabemos que esa desigualdad es aún mayor para las mujeres -¡qué duda cabe!-, quienes deben realizar un doble trabajo, sumado a las alarmantes cifras de disminución en su participación laboral producto de la pandemia y la crisis económica.

La declaración de los estados de excepción constitucional así como las alertas sanitarias fueron el fundamento normativo para la extensión de prácticas laborales que intentaron conciliar, por una parte, la vida y la salud de las personas, y, por otra, el trabajo y la producción de las mismas, en muchos casos tendiendo más hacia la segunda que a la primera.

De esta manera, el teletrabajo se implementó como una medida sanitaria y al mismo tiempo como una flexibilización de la modalidad de trabajo, por lo cual existe, todavía, una deuda que urge regular en sus alcances, más aún en un contexto en que el teletrabajo entra en directa pugna con las habituales labores de cuidado que ejercen mayoritariamente las mujeres en este país.

Por lo tanto, creemos que este proyecto es un avance para la protección de trabajadoras y trabajadores que ejercen labores de cuidado, pero no deja de ser un signo de exclamación que nos debiera alertar sobre la desigualdad radicada en el hecho de que sean mujeres quienes se sometan, en muchas ocasiones, a la exigencia de cumplir en sus trabajos y también con sus familias en un mismo lugar, en un mismo tiempo, en un mismo espacio.

Por ello, creemos que los esfuerzos deben ser encaminados más allá de este proyecto de ley. Se deben recoger las demandas históricas de los movimientos feministas en orden a consagrar un derecho integral al cuidado, que no solo proteja a las y los cuidadores, sino también a la infancia, a las personas mayores, a la neurodiversidad y a las personas en situación de discapacidad.

También quiero hacer presente que este derecho al cuidado debe ser necesariamente integral, en directa sintonía con la corresponsabilidad, como se ha dicho en varios de los discursos, y en conciliación con la vida laboral. No puede implicar ni el encierro ni la habitualidad de los roles de género, que históricamente han sido validados. Además, necesitamos reconocer la amplia brecha existente entre los trabajadores y las trabajadoras que ejercen labores de cuidado.

El proyecto que hoy aprobaremos incorpora la condición “en la medida que la naturaleza de las funciones lo permita”, y si lo llevamos a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, se reduce a rubros muy específicos, tales como comunicaciones, actividades financieras, seguros, actividades profesionales y técnicas, todo lo cual implicó apenas un 10 por ciento de participación de trabajadoras y trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo en diciembre de 2021.

Es decir, el teletrabajo es una modalidad secundaria y no representa mayormente la realidad de quienes día a día se levantan y se trasladan por varias horas hasta sus lugares de trabajo para cumplir con extensas jornadas. Esperamos prontamente una jornada de 40 horas.

Por cierto, hay una realidad subyacente que necesita un amplio debate en torno al teletrabajo. Efectivamente, hay madres que pueden teletrabajar y tener los recursos económicos para contar con apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas, mientras muchos padres y madres no lo tienen, como, por ejemplo, la realidad que tienen principalmente las trabajadoras de call centers.

En definitiva, evidentemente vamos a aprobar este proyecto, pero teletrabajo, conciliación y corresponsabilidad son objetivos que no se resuelven hoy. Es una tarea pendiente que al menos desde esta diputación estamos disponibles para dar en la línea del programa del Presidente de la República, Gabriel Boric .

Por último, hablando de esa disposición, nuestra diputación incorporó en el proyecto una indicación, que fue aprobada unánimemente en la comisión, consistente en un permiso para las madres, para los padres o para quien ejerza el cuidado personal de un niño, niña o adolescente a cargo de los programas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, para acudir a todas aquellas citaciones e intervenciones en las cuales se requiera su participación y que se efectúen dentro de su jornada laboral.

Esta indicación incorporada al proyecto de ley va en la misma línea señalada, que es abogar por la protección conjunta de quienes hoy son trabajadores, trabajadoras y cuidadores.

Por todas ellas y ellos, aprobamos con el compromiso de avanzar en políticas integrales y dar cumplimiento al programa del Presidente de la República, Gabriel Boric , para la implementación de un sistema nacional de cuidados.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que los hijos requieren cuidados de ambos padres, incluso más allá de los 18 años de edad.

Lo mismo sucede con los adultos mayores, con las personas que poseen dependencia severa, y las familias, de alguna forma, necesitamos hacernos cargo de cumplir con esos cuidados, dentro de esta gran labor que es educar y hacer familia.

Hacer familia tiene muchísimos aspectos, y el trabajo justo y digno juega un rol muy importante en aquello. Por su parte, el Estado, a través de la legislación, tiene un rol importantísimo en este aspecto.

Es por esto que celebro este tipo de proyectos, porque van siempre en el sentido correcto para ayudar a que nos desarrollemos de forma más armónica en nuestras familias, en nuestros trabajos y seamos personas más felices y podamos desarrollar todas nuestras potencialidades con toda la libertad del mundo.

Se necesita que los trabajadores y trabajadoras tengan permisos laborales o cambios de metodologías de trabajos para que puedan cumplir las tareas que ya mencioné, que son ineludibles. Lo peor que nos podría pasar como sociedad es dejar a nuestros hijos, a nuestras personas con dependencia y a nuestros adultos mayores al alero del Estado o al alero de instituciones, porque de alguna manera nos estaría deshumanizando como sociedad.

Ahora bien, el teletrabajo llegó para quedarse. Es curioso que hace pocos años haya sido resistido por parte importante de este hemiciclo, incluso por una camada bastante joven que se opuso al teletrabajo, porque decían que lo precarizaba. Pero eso quedó en el pasado y en política debemos seguir avanzando.

Hoy nos enteramos de que existen mesas de trabajo en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que van avanzando en cuanto al teletrabajo. En el fondo, estamos tratando de integrar una mirada de familia en todas las políticas públicas.

Desde Renovación Nacional hemos vuelto a revisar el proyecto y presentaremos dos indicaciones que no cambian sustancialmente la iniciativa, pero que sí mejoran un poco la redacción, para que no existan dudas en la implementación de este proyecto.

Primero, se habla de estado de excepción versus alerta sanitaria. Todos sabemos que en algunas condiciones una alerta sanitaria, como la que hemos vivido, puede producir un estado de excepción, pero no siempre. Entonces, es mucho más importante el tema de la alerta sanitaria en esta materia.

Me gustaría que este proyecto no sea circunscrito solo a este tipo de situaciones. En el Senado ya se presentó una iniciativa que es mucho más a largo plazo y es constante, que protege a aquellos padres y madres que tengan niños en etapa escolar y que tengan el derecho y la posibilidad de contar con metodologías de trabajo que les permita hacer ambas cosas: llevar ingresos a su familia y estar al cuidado de ellos. Ese es el sueño que, al menos yo, espero que algún día estemos conversando en este hemiciclo.

Por otro lado, un artículo, mencionado por el diputado Giordano , establece que los padres podrán asistir a las citaciones del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, pero se omite que sea un derecho; solo lo dice. Entonces, tenemos que cambiar la redacción para que quede explícito que se trata de un derecho. Los padres deben asistir a estas citaciones, que son específicas y que claramente van en favor del buen desarrollo de nuestros hijos.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, este proyecto va en la dirección correcta en materia de proteger a aquellas personas que tengan la necesidad de trabajar bajo la modalidad de teletrabajo en una situación de excepcionalidad, en razón de una situación médica específica.

Ahora, me hace ruido que una vez más estemos incluyendo el estado de alerta sanitaria en este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el estado de alerta sanitaria, como está concebido en el Código Sanitario, ha sido utilizado como un estado de excepción constitucional, que no pasa por este Congreso Nacional. Ha sido utilizado como un estado de excepción constitucional sobre cuya base se han cercenado prácticamente todas las libertades de los chilenos; los derechos más básicos han sido ignorados.

La verdad es que eso está en manos, única y exclusivamente, del Ejecutivo, que no rinde cuenta a nadie cuando establece que hay o no alerta sanitaria.

Nuestra Constitución actual establece -espero que también lo incluya una próxima, si es que llega a haber una nuevaque los estados de excepción, es decir, aquellos estados en los cuales los derechos ciudadanos se ven cercenados en razón de utilidad pública, tienen que ser refrendados por el Congreso Nacional, y no pueden ser facultad exclusiva de un ministro, por bueno que este sea.

Este es un sistema democrático, y espero que continúe siendo un sistema democrático, en que el gobierno rinda cuentas y no seamos nosotros los que debamos rendir cuenta al gobierno, por ejemplo, presentando pases de movilidad o utilizando mascarillas o teniendo que inocularnos elementos que, supuestamente, son voluntarios.

La alerta sanitaria está perpetuada en este proyecto de ley. Estamos presentando una indicación para sacer ese elemento, y lo hacemos, entre otras cosas, porque queremos eliminar la alerta sanitaria del Código Sanitario, para quitarle la facultad al Estado de volver a repetir este abuso de la Constitución, ese abuso de la ley, este abuso de los derechos humanos, que se ha perpetuado durante los últimos dos años y de los cuales todavía somos víctimas, aunque el resto del mundo ya haya abandonado esa senda.

El Ministerio de Salud no puede transformarse en el nuevo comité de bienestar, como lo tenía en su momento el señor Robespierre ; no puede transformarse en un órgano que, independiente de cualquier control, determine cómo y cuándo viven los chilenos.

Damas y caballeros, nosotros vamos a presentar una indicación en el sentido de retirar la alerta sanitaria de este proyecto. Esperamos también tener un amplio respaldo en esta Sala para, posteriormente, modificar el Código Sanitario y permitir una vuelta a la normalidad constitucional y legal en nuestro país.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, la alerta sanitaria por covid-19, que todavía sigue vigente en nuestro país, dejó en evidencia un gran problema que afecta principalmente a las madres trabajadoras.

¿Qué hacemos cuando en medio de una situación especial de salud, como solamente puede serlo un estado de alerta sanitaria ocasionada por una pandemia, los hijos menores de edad se contagian? Actualmente, nuestra legislación no contempla el derecho a licencia médica para padres o madres cuidadoras cuando niños y niñas se enferman. Entonces, ¿cómo los cuidamos? Sabemos que ninguna madre va a dejar a su hijo menor de 12 años enfermo y solo en casa.

Entonces, cuando las madres son quienes principalmente se llevan la carga de cuidar a los hijos e hijas menores de edad, en especial cuando estos se encuentran enfermos, lo que pasa es que ellas tienden a abandonar sus empleos o a pedir permisos especiales, que ocasionan, de una manera u otra, un desmedro en su rendimiento laboral.

En el peak de la pandemia, entre mayo y julio de 2020, el número de mujeres que no buscaron trabajo remunerado por razones temporales de cuidados y quehaceres domésticos aumentó en una variación del 593 por ciento respecto del mismo período del año anterior. También muchas abandonaron sus trabajos remunerados para dedicarse al cuidado de los hijos menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad que se encontraban en riesgo grave de contagio.

Con el trabajo no remunerado las mujeres hacen una enorme contribución económica tanto dentro de sus propios hogares como también respecto del país en general. La economía de Chile se sienta en buena medida sobre el trabajo gratuito que hacen millones de mujeres.

¿Por qué ese trabajo no se reparte ni se contabiliza? Sigue siendo ignorado por el Estado y ensalzado por la sociedad en su conjunto como un trabajo al que no se puede poner precio, lo que no hace más que invisibilizar a las mujeres que lo ejecutan. Resulta indispensable terminar con la negación de la condición de trabajo al trabajo no remunerado y articular la existencia de un sistema efectivo de cuidados y de corresponsabilidad parental, tal como lo ha propuesto nuestro gobierno.

Este proyecto de ley, si bien no avanza en una solución integral en materia de cuidados, apunta a dar una solución práctica en una problemática urgente y determinada: otorgar la posibilidad de teletrabajo a los trabajadores con hijos menores de 12 años de edad a su cuidado, sin disminución de sus remuneraciones, en caso de alerta sanitaria, y la posibilidad de obtener un permiso especial por enfermedad respiratoria o catalogada como epidémica o pandémica para dedicarse al cuidado y recuperación del hijo menor de edad, personas con discapacidad o adultos mayores a su cuidado.

Creemos que se trata de una medida necesaria en estas condiciones excepcionales, que, sin lugar a dudas, nos va a permitir otorgar algo de tranquilidad para que los y las trabajadoras no vean en riesgo sus puestos de trabajo ante una crisis sanitaria o una enfermedad pandémica de sus hijos e hijas.

Por ellas, por las mujeres cuidadoras, aprobaremos este proyecto de ley.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señor Presidente, la pandemia de covid-19 dejó en evidencia la desprotección de las y los trabajadores y sus familias, especialmente de las madres trabajadoras, quienes, a su vez, son quienes ejercen las labores de cuidados, por cuanto se visibiliza que, ante situaciones de emergencia como la que hemos vivido durante los últimos años, no existen redes de apoyo estatales que resguarden las condiciones de salud de su núcleo familiar para que sean compatibles con el desempeño de sus funciones.

Por eso, este proyecto busca otorgar un permiso a trabajadores y trabajadoras del sector público o privado que cuidan a niños, niñas o adolescentes y a otras personas en el contexto de alerta sanitaria, como la que nos encontramos viviendo en la actualidad, y consagrarlo para casos futuros -esto es, que no sea una excepción-, evitando así la situación de exposición de la salud en caso de que a aquellos les sea posible acceder a sus trabajos.

Es importante entregar algunos datos concretos para tener en cuenta. Hay encuestas que señalan que el 56 por ciento de las mujeres que accedieron a teletrabajo sintieron que trabajaban más que en tiempos normales de oficina versus un 36 por ciento de varones que dijeron sentirse igual ante la misma consulta. Además, las mujeres ocupan 3.390 horas al año en cuidados de niños entre 0 y 14 años, mientras que los hombres solo ocupan 1.190.

Esos son datos importantes al momento de evaluar este tipo de proyectos.

Conociendo el contexto en que las mujeres de Chile y del mundo son postergadas en el ámbito laboral, aprobaremos este proyecto, porque consagra un primer paso para compatibilizar el trabajo remunerado con el de cuidados, en el sentido de que no resulte un impedimento mantener un trabajo estable por quien tenga que cuidar a niños, niñas o adolescentes y a otras personas en contextos sanitarios complejos, en que los jardines, las escuelas y los establecimientos de cuidados para aquellos deban cerrar por orden de la autoridad, situación que -insisto afecta especialmente a las mujeres que intentan insertarse en el mundo del trabajo.

Sin embargo, hay que seguir buscando otras alternativas legislativas que garanticen que quien se encuentra bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo telemático no se vea sobreexplotado o sobreexplotada por no tener un horario bien definido, compatible con su entorno familiar. Son hechos que hemos vivido, que sabemos que han existido en el marco de esta pandemia. Pero es efectivo, y hay una seguridad sobre el particular, al menos desde esta bancada, que debemos legislar sobre esta materia para que no se trate de una medida excepcional, sino que también sea parte de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Luis Cuello .

El señor CUELLO.-

Señor Presidente, la productividad y el buen desempeño en el trabajo siempre pasa, entre otros elementos, por la capacidad de concentración, la despreocupación de los trabajadores y trabajadoras, y en un contexto de alerta sanitaria, de pandemia, de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, el tener hijos o hijas menores de 12 o 18 años, según sea el caso, con una enfermedad en casa siempre será un motivo de preocupación, y más todavía en el caso de las madres jefas de hogar. Sabemos que para las madres cuidadoras, y más aún si son jefas de hogar en familias monoparentales, nunca ha sido fácil conciliar su rol productivo sostenedor con las labores de cuidados.

Entonces, este proyecto facilita dicha función social al menos en situaciones críticas o de excepción que afecten o dificulten el desplazamiento, o bien, que pongan en riesgo de contagio, tanto a los hijos como a los cuidadores o cuidadoras, porque la sociedad debe reconocer la importancia de las labores de cuidados y la necesidad de conciliar el rol productivo con el rol familiar de la maternidad.

Cuidar también es trabajar. Si bien es cierto facilitar la doble función en el espacio del hogar puede ser una sobrecarga, no lo es menos que también permite ofrecer tranquilidad emocional y psíquica a las madres que, sin este beneficio, se enfrentarían a la disyuntiva de ir a trabajar, o bien, de cuidar a sus hijos e hijas. Esta selección eventual es injusta para aquellas familias u hogares que no cuentan con ingresos suficientes para pagar a un tercero con el fin de que realice las labores de cuidado.

Entonces, el acompañamiento de la madre a su hijo o hija en edad escolar en el hogar, pasar más tiempo con ellos, según demuestran los estudios y señalan los expertos, es determinante para su desarrollo en la escuela y para su formación como persona.

Durante mucho tiempo las empresas dieron razones organizativas o desconfiaron del teletrabajo para no implementarlo; sin embargo, la experiencia reciente, debido a la pandemia del covid-19, hizo que muchas empresas y servicios públicos implementaran esta modalidad en aquellas áreas en que fue posible hacerlo, como ventas, asesorías, contabilidad, educación y servicios. En general, este último es el sector que absorbe la mayor cantidad de mano de obra femenina. Los resultados fueron satisfactorios en cuanto a la función laboral y al cuidado de los trabajadores.

No obstante, resulta importante reconocer que se puede avanzar en este proyecto de ley para modernizar también el empleo público, para regular el teletrabajo como una oportunidad segura y planificada que permita compatibilizar el trabajo con la vida personal y familiar.

En paralelo, se debería avanzar en un diálogo con las medianas y grandes empresas para que incorporen estos aspectos de modernización, y además presten todos los elementos, herramientas e implementos para poder cumplir con el trabajo a distancia de manera satisfactoria.

Las condiciones de la vida en sociedad están cambiando; por lo tanto, las condiciones para ejercer la función laboral en algunas áreas también están cambiando. La modernización de las relaciones laborales, el fortalecimiento de la autonomía en la función laboral y el uso de nuevas tecnologías permitirán avanzar en nuevas condiciones que garanticen una mejora en las relaciones laborales, sin sacrificar la función parental del cuidado que nuestros hijos e hijas requieren para sentirse seguros y acompañados.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, hace pocos días aprobamos el proyecto de responsabilidad parental y pago de pensión de alimentos, que ya fue promulgado por el Presidente de la República, que viene a hacer justicia al derecho de los hijos e hijas, y también a las mujeres, quienes mayoritariamente son las demandantes de pensión de alimentos. Son ellas las que se ven más afectadas por esta carga adicional, debido a la irresponsabilidad de algunos padres.

¿Por qué menciono lo anterior? Porque es muy positivo que hoy estemos discutiendo esta iniciativa -soy una de las autoras de una de las mociones refundidas-, que hace una conjunción positiva de objetivos, pues apunta tanto al bienestar y a la protección de los menores de edad como también al apoyo a los padres y cuidadores, particularmente a las mujeres trabajadoras. Una vez más se repiten los datos, porque ocho de cada diez jefaturas de hogares monoparentales corresponden a mujeres.

Esta iniciativa busca regular la modalidad de teletrabajo para trabajadores encargados del cuidado personal de menores de doce años durante estados de excepción constitucional, con ocasión de epidemias y pandemias de enfermedades contagiosas, y otorgar permisos a las madres, a los padres o cuidadores de menores, de adultos mayores o de personas con discapacidad, en caso de enfermedades catalogadas como epidemia o pandemia.

Después de haber vivido e, incluso, aún estar viviendo la pandemia del covid-19, todos coincidimos en que la emergencia sanitaria nos enfrentó a una infinidad de situaciones para las que no estábamos preparados, dejando al descubierto una infinidad de carencias del Estado para enfrentarlas. Me refiero a aspectos sanitarios, económicos, sociales, uso de camas críticas, insumos, protección de las familias y hogares vulnerables y de clase media. A ello hay que agregar, por cierto, derechos y protección laboral, particularmente en el caso de las mujeres, cuya participación en el mundo del trabajo sufrió un retroceso de diez años.

Esta tremenda iniciativa apunta a proteger la participación y la estabilidad laboral de las mujeres, madres trabajadoras y cuidadoras, dándoles las mayores facilidades posibles, sin desatender su rol de protección de sus hijos e hijas a su cargo y sin verse en la angustia de tener que optar entre su trabajo y el cuidado de los suyos.

Por eso es tan importante aprobar esta iniciativa, y desde ya hago un llamado a mis colegas en tal sentido, porque apunta a utilizar el teletrabajo y a entregar más herramientas y opciones para que en el caso de una situación tan catastrófica como una pandemia, las mujeres que tengan a su cargo el cuidado de niños, niñas o adolescentes puedan equilibrar todos los roles que les exige la sociedad.

El objetivo es lograr una verdadera igualdad en el acceso y la mantención del empleo, las oportunidades y el trato para las mujeres y los hombres trabajadores. Todo ello mientras tenemos el deber de alcanzar una sociedad en la que la corresponsabilidad parental sea una verdadera realidad en nuestro país.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, por supuesto que comparto el espíritu de este proyecto, que es flexibilizar la rigidez de las jornadas laborales y adecuarse a las situaciones de emergencia o de pandemia, protegiendo el empleo y la familia.

El proyecto introduce en el Código del Trabajo un artículo 206 ter, en el cual se establece que “Decretado estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador o trabajadora encargado del cuidado personal de un menor de 12 años de edad (…) la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo (…) en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita…”.

Lo anterior deberá ser durante todo el tiempo que dure el referido estado de excepción constitucional o alerta sanitaria, y no se podrá reducir el sueldo del trabajador.

En el caso de que las funciones no fueran compatibles con el teletrabajo, el empleador deberá destinar al trabajador, en acuerdo con él, a realizar labores que no requieran contacto con el público y no le produzcan un menoscabo. Ello permite que el trabajador califique para que se le aplique esta ley en proyecto.

Se agrega que en el caso de que el cuidado personal de un menor fuere compartido, el trabajador que acceda a la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia deberá contar con la autorización de aquel con el que comparte dicho cuidado.

Además, se introduce en dicho Código un artículo 206 quater, en el cual se establece que la madre, el padre o tutor legal trabajador tiene derecho a un permiso durante la enfermedad de un menor de dieciocho años de edad que requiera cuidado, permiso que podrá ser imputado a días festivos durante el respectivo año, o bien con horas de trabajo acordadas con su empleador. Se trata de una norma que también va en el sentido de flexibilizar y no perjudicar al trabajador. En el caso de que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar de dicho permiso. Con todo, gozará de ese permiso el padre cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del menor por sentencia judicial.

Cuando la salud de un menor de dieciocho años de edad requiera cuidado, por padecer este de una enfermedad catalogada de epidemia o pandemia que haya motivado la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, o bien se declare alerta sanitaria o calamidad pública, o bien padezca una enfermedad del sistema respiratorio, el trabajador tendrá la posibilidad de adecuar este permiso.

Se agrega un artículo 199 ter nuevo, que establece que los trabajadores dependientes que sean regidos por el Código del Trabajo y que sean padre, madre o cuidador de un niño, niña o adolescente, estarán facultados para acudir a todas las citaciones o intervenciones médicas en las que se requiera su participación y se efectúen dentro de su jornada laboral.

No se podrá calificar dicha salida como intempestiva e injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo o como fundamento de una investigación sumaria o de un sumario administrativo. Por lo tanto, en los casos de necesidad por razones de salud o de vulnerabilidad de los menores o adolescentes, también el trabajador queda cubierto.

Si se produce alguna infracción, se aplicarán las multas que establece el artículo 208 del Código del Trabajo.

El empleador puede solicitar al servicio de la entidad colaboradora la respectiva acreditación de las circunstancias; sin embargo, debe mantener reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la solicitud del permiso.

Sin duda, el proyecto va en resguardo de la empleabilidad y, sobre todo, de la familia, a través del cuidado y protección de los niños y adolescentes, al eliminar la rigidez de las jornadas laborales, caminando hacia lo que hoy todos consideramos que es la norma que debe imperar en países que van camino al desarrollo, como la flexibilidad laboral y, por sobre todo, lograr que la sociedad y los trabajadores tengan la posibilidad de compatibilizar el cuidado de la familia y mantener sus condiciones laborales, sin que estas sean vulneradas ni menoscabadas.

Por lo tanto, votaré a favor el proyecto.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider .

La diputada SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señor Presidente, desde que soy parte del trabajo en el Congreso Nacional me han contactado y he podido dialogar con distintas organizaciones de madres y cuidadoras, por ejemplo, la Agrupación Maternidad, Vida y Mujer, mencionada en el informe, a la cual le mando mi cariño y apoyo. Dichas organizaciones han tenido una tarea muy activa a raíz de la crisis de cuidado que nos dejó la pandemia.

El Estado y los empleadores llegaron tarde cuando estábamos viviendo el peor momento de la pandemia y el confinamiento. Tal como dijo la diputada Cicardini , hemos retrocedido alrededor de diez años en cuanto a participación laboral de las mujeres.

Aprobaré el proyecto para dar una respuesta clara a las mujeres, cuidadoras y cuidadores, pero no podemos perder de vista que sin políticas claras que prioricen la corresponsabilidad y garanticen el reconocimiento del trabajo de cuidado con una mirada de derechos desde el Estado, seguiremos sentenciando a las mujeres a cargar con la doble y triple jornada laboral que supone que en sus hombros recaigan la mayoría de las labores domésticas y de cuidado.

Por cierto, esta es una medida especial acotada a una situación de emergencia sanitaria, que, en ese contexto, busca compatibilizar la familia, el trabajo formal y los cuidados. Sin embargo, esto es algo que afecta a muchos hogares y que necesita de una solución permanente, no solo excepcional.

Aprobaré el proyecto por las madres y cuidadoras, con la convicción de que tenemos mucho por hacer para que los cuidados sean un derecho y se deje de precarizar a quienes los ejercen y a quienes los necesitan. Eso es poner a los niños y niñas primero.

Espero que el Congreso, luego de los resultados del domingo, no le dé la espalda a esta importante causa, porque las madres, cuidadoras y cuidadores siguen teniendo muchas necesidades.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Mauricio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, el proyecto está directamente ligado con la alerta sanitaria que seguirá vigente hasta el mes de septiembre.

Efectivamente, el mundo cambió y hay que ir adaptando aspectos laborales que están directamente relacionados con la familia. El proyecto tiene una buena motivación, cual es adaptarse a cualquier situación que pueda poner en riesgo dos espacios que son tremendamente importantes y que están conectados: la familia y el trabajo.

No obstante, respecto de la alerta sanitaria, esta es una medida que en cierta forma excede o traspasa muchos límites que son contraproducentes respecto de la libertad que deben tener los chilenos.

La alerta sanitaria nos mantiene con restricciones ante los ojos del mundo entero. Hago un llamado a la reflexión de los estimados colegas parlamentarios. No sé si la palabra correcta que se nos puede aplicar es la de hazmerreír, pero definitivamente nadie puede explicarse por qué en los países desarrollados no hay restricciones y acá sí. En otros países no existe pase de movilidad y tampoco uso de mascarillas.

Quien ha tenido la oportunidad de viajar al extranjero se habrá dado cuenta de que no existe ninguna frontera en donde pidan siquiera un antecedente para saber si una persona se ha inoculado o si cuenta con pase de movilidad.

Este no es un tema político. Las libertades son derechos humanos fundamentales. En ese sentido, hay que ser supercuidadosos respecto de las restricciones que se generan y que mantienen atrapados a los chilenos. Creo que es tiempo y momento de que los parlamentarios y el gobierno lleven adelante iniciativas al respecto. Espero que la nueva ministra de Salud también tenga a bien revisar el tema. Ella tiene una oportunidad histórica de devolver a los chilenos las libertades que se nos han restringido en cuanto a desplazamiento. Los emprendedores han sido duramente castigados. Asimismo, la gente que trabaja en el área de los eventos ha visto mermados sus ingresos desde hace mucho tiempo.

Mi llamado es que el Congreso Nacional, el Presidente de la República y la nueva ministra de Salud pongan fin, de una vez por todas, a estas restricciones que nadie entiende. Todo el mundo, incluidos nuestros vecinos, han terminado con ellas.

Esta alerta sanitaria es el punto de inflexión a través del cual el Estado restringe a los chilenos. Quiero motivarlos. Esto no tiene que ser una lucha entre izquierda y derecha, entre los de allá y los de acá, pues todos tenemos que actuar en consecuencia.

Seguramente, la mayoría de los parlamentarios, en lo que va de este período legislativo, ha tenido oportunidad de viajar. Entenderán y comprenderán que, efectivamente, podemos gozar del privilegio de caminar sin mascarillas y no tener que portar documentación, o estar, necesariamente, obligados a inocularnos para participar en las actividades de la sociedad.

El llamado es a ser cuidadosos respecto de las alertas sanitarias que traspasan, según mi percepción, los límites de la libertad que debemos tener todos como chilenos.

Es un buen proyecto, aunque creo que hay que agregar algunas cosas para hacerlo mucho más completo. Para eso siempre vamos a estar disponibles.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, la letra c) del número 3 del artículo 346 del Reglamento señala que es deber de los parlamentarios desempeñar su cometido frente al público, en la Corporación y fuera de ella, con una conducta acorde con su investidura. Además, aquel debe respetar los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios y cumplir la normativa sanitaria vigente.

Creo que para nadie es un agrado usar mascarilla, pero no puedo aceptar que, de manera unilateral, algunos diputados y diputadas hayan resuelto declararse en rebeldía y no usarla. Me parece que eso no se debe permitir. Hay una autoridad sanitaria que estableció el uso de mascarillas en espacios cerrados, y eso no se ha suspendido.

Lo señalo, porque creo que desde la Presidencia se debe exigir el uso de la mascarilla. Puedo no estar de acuerdo con esa medida, pero no me parece adecuado que las autoridades tomemos decisiones unilaterales y simplemente hayamos resuelto no usarlas más.

Solicito a la Mesa que exija el uso de la mascarilla mientras la autoridad sanitaria no resuelva lo contrario. Me parece muy grave iniciar un camino contrario a esa medida.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Señor diputado, es un acuerdo adoptado por los Comités.

Durante todo el desarrollo de la pandemia se ha cumplido estrictamente lo establecido en los acuerdos de los Comités Parlamentarios y las disposiciones legales.

Para continuar la discusión, tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, hace unas semanas, recorrí el sector de Maquehue -lo hago permanentemente-, que está ubicado en los alrededores de Temuco. Fundamentalmente, se trata de un sector que tiene muchas comunidades mapuches que, en general, conviven en forma comunitaria.

Lo que se observa en la ruralidad es que nosotros generalmente pensamos el tema de los cuidadores desde la urbanidad. Así ocurre también con el tema de la violencia intrafamiliar, que lo pensamos siempre desde la urbanidad, pero nos olvidamos de la ruralidad. En la ruralidad es difícil el teletrabajo y también nadie escucha los gritos de la violencia rural. Por ejemplo, nadie escucha a las mujeres cuando se produce la violencia. Por tanto, generalmente las políticas públicas son construidas desde la perspectiva de la urbanidad.

Digo esto, porque hace muchos años, cuando terminaba el gobierno del Presidente Lagos y comenzaba el gobierno de la Presidenta Bachelet , se construyó un programa que seguramente han escuchado nombrar, que se llama Chile Crece Contigo. Ese programa demoró bastante en construirse. Dos años demoró la construcción de ese programa. Esa es una política pública que ha perdurado.

¿Por qué digo esto? Porque en esta Cámara de Diputados he insistido en que tenemos que generar una política pública para las familias -el gobierno tiene que hacerlo, porque es el protagonista en estoque tome en consideración los distintos aspectos de la urbanidad y de la ruralidad.

Desde que hicimos ese programa han transcurrido casi veinte años, y en veinte años han pasado muchas cosas: cambió la cultura, cambió la forma de relacionarnos entre nosotros y cambiaron las tecnologías. Este es un país que creció en muchos aspectos, pero también creció la delincuencia. Esta se fue instalando en la ruralidad, pero, sobre todo, en bolsones de sectores urbanos.

A mí me preocupa que con este tipo de proyectos -yo respaldo plenamente esta iniciativa terminemos siempre haciendo un patchwork de políticas públicas, una especie de políticas públicas pegadas, y que no vayamos al fondo del asunto.

Hoy hablamos de atacar la delincuencia, pero, obviamente, la prevención es fundamental para tener menos delincuencia. Eso perseguía y persigue el programa Chile Crece Contigo. Ese es un programa que todavía sigue en desarrollo. Sin embargo, lo que yo observo es que en general en el Estado y, fundamentalmente, en los gobiernos hay una serie de políticas públicas que no se vinculan entre sí.

Recién discutíamos el artículo único para la modificación de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que tienen mucho que ver con esto que estamos discutiendo ahora.

Por eso, en la medida en que fortalezcamos la familia y el vínculo que fundamentalmente hay entre la madre -naturalmente, también el padre y los hijos, la permanencia de la madre con los hijos, va a haber mucha más cohesión social, y lo dice alguien que viene de una familia de 16 hermanos, con una madre que siempre estuvo ahí presente. Yo le agradezco a ella todo el tiempo que nos entregó, pues, gracias a ello, nosotros pudimos salir adelante. Nosotros éramos una familia modesta; mi padre era dirigente sindical.

Yo le he planteado al gobierno -aquí no hay ningún representante del gobierno que tenemos que buscar que el programa Chile Crece Contigo y las políticas de infancia que tienen que ver con las familias sean mucho más integrales, porque después de casi veinte años la sociedad ha cambiado y siento que hoy lo único que hacemos son respuestas reaccionarias a los problemas coyunturales que tenemos.

El domingo tuvimos una respuesta a eso. Nadie hizo la lectura de lo que iba a pasar el domingo, lo cual tiene mucho que ver con eso. Es decir, tiene que ver con que hoy, tanto en la urbanidad como en la ruralidad, están pasando cosas y no estamos haciendo las lecturas ni tampoco entregando las políticas públicas necesarias para solucionar esos problemas.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, como comentó la diputada Emilia Schneider , durante el tiempo que llevamos en ejercicio hemos sido contactadas por distintas organizaciones de madres y de mujeres cuidadoras que han visto con angustia cómo han tenido que volver a sus trabajos en medio de una crisis sanitaria en que han tenido poco acceso a beneficios y han tenido que pelear por una serie de posnatales que terminan acabándose. Es más, las madres que tienen que cuidar a sus hijos menores de doce años terminan no teniendo espacio, porque ya no los cubre ese tipo de garantías o permisos.

Entonces, cualquier avance que podamos ejecutar en beneficio de esas madres que se hacen cargo de niños y niñas que son prácticamente adolescentes es pensar en el bien de Chile y en los cuidados que necesitamos incorporar en la legislación y también en las políticas públicas, tal cual ha sido la sintonía en que este gobierno ha querido moverse.

Tenemos oportunidades importantes durante este ciclo, ajustándonos al año 2022, para garantizar cosas mínimas como son los cuidados para niños y niñas que pasan durante mucho tiempo de su vida, en situaciones muy críticas en general, solos y solas.

La crianza y la posibilidad de los hijos de estar junto a sus madres dan una oportunidad de desarrollo y de crecimiento con muchas mejores herramientas y con una contención emocional que muchos de nosotros aquí presentes, hijos de madres trabajadoras, hubiéramos querido.

Esto se intensifica aún más cuando atravesamos una situación excepcional, en la cual se hace aún más necesaria la presencia de las madres.

Me parece que esta iniciativa es un importante avance. Sin duda, falta mucho por avanzar, pero creo que es una buena noticia para esas madres que han estado angustiadas durante todo este tiempo, pensando si van a tener que salir de la casa a exponerse y dejar a sus hijas e hijos solos, en momentos complicados como los que atravesamos hoy, aún con resabios de la pandemia.

Por lo tanto, saludo este trabajo. Espero que sigamos avanzando. Envío un afectuoso saludo a todas esas madres que, como señalé, han estado angustiadas y que han contactado a varias parlamentarias. Esto es un avance y una respuesta importante a su preocupación, por lo que esperamos que contribuya a su tranquilidad, a su cuidado y al cuidado de los hijos e hijas de nuestro país.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, como han señalado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este es un proyecto de ley muy importante, porque se hace cargo de una experiencia que hemos vivido en este último tiempo. En verdad, el hecho de haber enfrentado la pandemia nos dejó como país con tremendas experiencias desde el punto de vista del rol de las mujeres, de las madres cuidadoras, y de muchos otros aspectos de nuestra sociedad.

En este caso, creo que es muy importante hacer referencia a esto. Tal como señaló la colega que me antecedió en el uso de la palabra, muchas mujeres se sintieron absolutamente angustiadas por la situación que tenían que enfrentar con sus hijos e hijas. Me refiero a madres que, llevando adelante una labor o un trabajo remunerado, tuvieron que optar por quedarse al cuidado de sus hijos e hijas o mantener su puesto laboral.

Esto trajo como consecuencia algo muy concreto: por no tener las medidas necesarias y suficientes, muchas mujeres dejaron sus puestos de trabajo. Retrocedimos muchos años en las condiciones laborales que tienen las mujeres en relación con los hombres. No solo persiste la brecha salarial de 30 por ciento, sino que también aumentó la brecha en la incorporación a los distintos espacios laborales del país.

La importancia de esta iniciativa radica en que, con las modificaciones al Código del Trabajo, estamos regulando la modalidad de teletrabajo en los casos de trabajadores que estén a cargo del cuidado personal de menores de 12 años, tanto padres como madres, porque esto no considera solo a las mujeres, aun cuando sabemos que la mayoría de quienes están a cargo del cuidado de los hijos e hijas son las mujeres. Esto lo vimos a propósito del debate sobre deudas por pensiones de alimentos, además de otras discusiones que hemos tenido en este último tiempo.

Por eso digo que el proyecto se hace cargo de padres y madres, trabajadores y trabajadoras, que tengan a cargo el cuidado personal de menores de 12 años durante la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa.

Como país, enfrentamos una situación que nos parece nueva, pero que puede volver a ocurrir. Lo que pase en el futuro no está en nuestras manos; por eso, para cuando se declare una pandemia, una enfermedad contagiosa que logre expandirse a nivel nacional en la forma en que lo vivimos con la pandemia de covid-19, deberemos tener implementadas las medidas, además de contar con la necesaria preparación para no retroceder, como ocurrió durante esta pandemia con la inserción laboral de las mujeres.

Pienso que este proyecto es un avance, y por eso estoy de acuerdo con él.

Saludo a los autores y autoras que hicieron posible esta tramitación. Creo que hoy, más que nunca, es importante prepararnos, no solo porque ya hemos debido enfrentar esta realidad, sino porque, además, no sabemos cuándo deberemos enfrentarnos nuevamente a una situación tan compleja como la de estos últimos meses, y probablemente de estos últimos años.

Por eso, llamo a votar favorablemente este proyecto de ley, a que lo aprobemos en función de la familia, de los niños, de las niñas de nuestro país, y también, por supuesto, de los padres y las madres que están a cargo de sus hijos e hijas, quienes tienen derecho a cuidarlos y a protegerlos, pero también a mantener sus fuentes de ingresos, particularmente sus fuentes laborales, sobre todo en el caso de las mujeres -lo repito-, porque no es justo que hayamos retrocedido tanto años en inserción laboral femenina a raíz de una pandemia para la cual no estábamos preparados como país.

Por eso, nuestra bancada votará a favor de este proyecto, porque creemos que es un avance.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, me inscribí para intervenir en el debate de este gran proyecto, que responde al interés de todas aquellas mujeres y de todos aquellos padres que tienen contratos de trabajo. Pero también vivieron una realidad muy compleja aquellas mujeres y aquellos hombres que, sin tener contrato de trabajo, debieron dejar a sus hijas e hijos sin el cuidado que requerían.

El proyecto es un avance importante, toda vez que nos permitirá estar más preparados -como señaló la diputada Cariola para enfrentar futuras epidemias o pandemias de enfermedades contagiosas.

Nos encontramos ante una realidad en que se requiere legislar en apoyo al rol que cumplen las mujeres, porque son ellas quienes generalmente quedan al cuidado de los hijos; legislar para aquellas que deban seguir cumpliendo obligaciones laborales por la vía del teletrabajo, pero también para aquellas que no tienen contrato y que, aun así, deben seguir trabajando.

Es importante que en legislaciones futuras analicemos tal situación y profundicemos en ella. Desde el Congreso Nacional nos podemos comprometer con aquellas mujeres, jefas de familia, que no tienen contrato y que, sin embargo, deberán seguir enfrentando situaciones tan complejas como las que ocasionan las pandemias.

Por eso, es importante que aprobemos por unanimidad este gran proyecto, para seguir avanzando en los desafíos que vienen para nuestras trabajadoras y mujeres que requieren ser acompañadas.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, abusando un poco de mi calidad de médico, quiero poner énfasis en lo que pasa en el mundo de las discapacidades y de la neurodiversidad.

Es sabido que existen miles de familias que deben hacerse cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes que padecen alguna condición que limita sus potencialidades y capacidades. También sabemos que existen niños, niñas y adolescentes cuyo cuidado se imparte bajo la modalidad conocida como aulas hospitalarias, que consta de tres submodalidades: la de aquellos niños que están en aulas habilitadas dentro de un recinto hospitalario, la de aquellos que son atendidos en las salas y la de aquellos niños, niñas y jóvenes que son atendidos en sus casas. Esta última submodalidad obliga poner mayor énfasis en la necesidad de que el cuidador o la cuidadora tenga la habilidad para ejercer su labor desde la casa, ya que la modalidad de trabajo telemático llegó para quedarse, y eso lo sabemos.

También está el mundo de las personas mayores. Es frecuente que al cuidado de una persona mayor quede algún miembro de la familia, cuidador regular y permanente, mientras el resto hace la vista gorda.

Entonces, hemos hablado del mundo de la discapacidad y de la neurodiversidad; hemos hablado del mundo de las aulas hospitalarias e intradomiciliarias; hemos hablado del mundo de las personas mayores y hemos hablado de los niños, niñas y adolescentes.

Sabemos que los patrones de apego son fundamentales, y aunque el hogar no siempre es el mejor dispositivo para generar un buen patrón de apego, sabemos que durante la pandemia, sobre todo en los sectores más empobrecidos de la sociedad, la presencia del padre o de la madre en el hogar fue un factor de protección. Lo señalo porque muchas veces se tiende a pensar que la escuela protege a estos niños, pero también sabemos que frecuentemente se encuentran desescolarizados.

Inscrito en la posibilidad única de levantar un sistema nacional de cuidados, donde estamos pensando en el que cuida, pero también en cuidar al que cuida y en establecer modalidades de autocuidado, recordando que el 5 de septiembre se abrió el sistema de registro nacional de acreditación, estoy por votar favorablemente este proyecto de ley, porque va en la línea de la política pública que destaca al actual gobierno.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece normas para promover la prevención y rehabilitación de las discapacidades, así como la plena inclusión social de las personas con hipoacusia, correspondiente a los boletines Nos 14455-35 y 14504-35.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad es la señora Catalina del Real.

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N°14455-35, sesión 53ª de la legislatura 369ª, en jueves 1 de julio de 2021.

Documentos de la Cuenta N° 11.

-Boletín N°14504-35, sesión 65ª de legislatura 369ª, en martes 10 de agosto de 2021.

Documentos de la Cuenta N° 48.

-Informe de la Comisión de Personas Mayores Discapacidad, sesión 48ª de la presente legislatura, en martes 19 de julio de 2022. Documentos de la Cuenta N° 1.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora DEL REAL, doña Catalina (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad viene en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mociones refundidas de las diputadas Érika Olivera , Catalina del Real, Carolina Marzán , Claudia Mix y Francesca Muñoz , del diputado Eduardo Durán y de los entonces diputados Sandra Amar , Natalia Castillo , Sergio Gahona , Cristina Girardi , Andrea Parra y Luis Rocafull , que dicta normas para promover la prevención y rehabilitación de las discapacidades, así como la plena inclusión de las personas con hipoacusia.

Se hace presente que esta iniciativa no tiene urgencia.

La idea matriz de las iniciativas refundidas es establecer un marco normativo respecto de las personas que padecen de discapacidad auditiva, sordera, o que hayan sido diagnosticadas con hipoacusia, microtia u otra condición similar, con la finalidad de asegurar su prevención, rehabilitación, inclusión social y acceso igualitario a la atención de salud.

Fundamentos de las iniciativas refundidas

1. Respecto del boletín Nº 14455-35, que dicta normas para promover la prevención y rehabilitación de las discapacidades, así como la plena inclusión social de las personas con hipoacusia, sus autores definen la hipoacusia bilateral como una patología auditiva que afecta a ambos oídos y que causa una pérdida de la capacidad auditiva, afectando la comunicación y el desenvolvimiento de las personas, especialmente cuando se asocian a otros síntomas de envejecimiento.

Añaden que esta patología se traduce en una baja considerable en la calidad de vida de las personas que la padecen: depresión, dificultad para adaptarse a contextos sociales, laborales y familiares, entre otros. No solo se manifiesta en una dificultad de la audición; también la reducción de la capacidad de uno de sus sentidos más importantes aqueja al paciente en variados aspectos de su vida, lo cual se traduce en una afectación relevante de su salud mental. Lo anterior se ve agravado en razón de que los tratamientos existentes no son totalmente efectivos, y de que cirugías, aparatos de audición e implantes cocleares, por ejemplo, tienen un alto costo en nuestro país, lo que se traduce en que un adecuado tratamiento de esta enfermedad es absolutamente privativo de un reducido porcentaje de la población. A ello se suma un largo proceso de búsqueda de diagnóstico, de información y de asesoría, procesos en los cuales los pacientes no cuentan con todas las herramientas indispensables para seguir adelante con su procedimiento.

Por otra parte, solo la ley Nº 20.850 -conocida como “ley Ricarte Soto ” permite entregar ayuda a personas que padecen de hipoacusia profunda, puntualmente a niños y niñas que no entran en el rango de edad que contempla el plan AUGE.

En relación con la prevención, la ley Nº 20.422, sobre discapacidad, en su artículo 18 señala que “La prevención de las discapacidades y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto.”.

Pues bien, toda esta cobertura de salud no se encuentra disponible para personas menores de 65 años de edad o para personas que solo padecen de hipoacusia unilateral, debiendo estas cubrir de manera íntegra los costos del tratamiento. Esto tiene especial relevancia en aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, quienes tienen menos posibilidades de acceder a un tratamiento adecuado si este no es proporcionado de manera gratuita por el Estado. Es a lo que pretende poner fin esta iniciativa legal.

En cuanto al fundamento de la iniciativa contenida en el boletín Nº 14504-35, que establece el derecho a atención de salud especializada a personas con hipoacusia, este tiene una exposición de motivos parecidos a los de la moción ya señalada.

En cuanto a estadísticas, los patrocinadores de la iniciativa sostienen que la prevalencia de hipoacusia en Chile, según la Encuesta Nacional de Salud, es de 32,7 por ciento, lo que la sitúa como una patología frecuente.

En la etapa de discusión del proyecto de ley, la comisión escuchó y contó con la colaboración de numerosas organizaciones y fundaciones relacionadas con la microtia e hipoacusia; asimismo, se escuchó a diversos médicos especialistas, como también al Servicio Nacional del Adulto Mayor, a la Subsecretaría de Salud, al Ministerio de Salud, al Servicio Nacional de la Discapacidad, entre otros, todos los cuales manifestaron su conformidad con la necesidad de legislar y proteger de mejor manera a las personas que padecen alguna condición de discapacidad auditiva.

En cuanto al contenido de las iniciativas refundidas, en el transcurso del debate en general de las mismas la comisión consensuó un texto unificado respecto de las disposiciones de ambos proyectos de ley, y luego, en su discusión particular, se le añadieron indicaciones que tuvieron por finalidad perfeccionar ese contenido.

Es así como se le cambió el epígrafe a las iniciativas refundidas, haciendo que su título sea ahora omnicomprensivo a toda discapacidad auditiva, con énfasis en la prevención, rehabilitación, inclusión social y acceso igualitario a la atención de salud.

Luego, su articulado quedó compuesto por tres artículos permanentes.

El primero establece las medidas de prevención, rehabilitación e inclusión social.

El segundo modifica la ley de discapacidad con el fin de garantizar el acceso a dispositivos y aparatos ortopédicos, como asimismo, facilitar el acceso a la educación en lengua de señas, con la posibilidad de extender dicho acceso a la familia del afectado.

Finalmente, el tercero tiene por objeto modificar la ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, a fin de que los prestadores cuenten con sistemas de atención adaptados para personas con discapacidad auditiva o sordera, garantizando su autonomía personal durante su atención de salud.

Por último, es importante destacar que estas iniciativas refundidas, más las indicaciones formuladas en su tramitación legislativa, concitaron gran adhesión y transversalidad en la comisión, por lo que fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes.

Por tanto, hago un llamado a la Sala a aprobar el texto propuesto por la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, pues es necesario entregar una respuesta clara y directa a todos aquellos que padecen este tipo de patologías auditivas, quienes no pueden seguir esperando, menos ante la precariedad de sus coberturas y deteriorada calidad de vida.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, por fin estamos tratando este proyecto después de que estuvo varias semanas en tabla.

En esta oportunidad me siento orgullosa de intervenir respecto de este proyecto de ley. Si bien soy autora de este, debo destacar la dedicación de mi equipo de trabajo y decir con voz fuerte y clara que los principales autores de esta iniciativa son personas que plantearon directamente la necesidad de resguardar sus derechos como personas que padecen una enfermedad o condición, como es la hipoacusia. Puntualmente, en primer término, agradezco a la señora Lorena Valenzuela Taucán , dirigenta del Movimiento Hipoacusia Chile, quien, con perseverancia, supo golpear diversas puertas para que este proyecto de ley tuviera voz en este Parlamento y así poder hacerlo realidad.

Aún no se maneja suficiente conocimiento sobre la hipoacusia a nivel social y aún se ignoran sus diferencias con la sordera, lo cual hace que caiga en la invisibilización y, a la vez, en insuficientes respuestas estatales para el problema.

La hipoacusia es un padecimiento doloroso y difícil con el cual hoy viven miles de chilenas y chilenos. Se define como una patología auditiva que afecta a ambos oídos y que causa una pérdida de capacidad auditiva, lo que afecta la comunicación y el desenvolvimiento de las personas, especialmente cuando se asocia a otros síntomas de envejecimiento.

Se estima que en 2050 más del 10 por ciento de la población padecerá pérdida de audición en algún grado, por lo que es una situación que requiere de especial atención por parte de los sistemas de salud.

Padecer hipoacusia, o bien otoesclerosis bilateral estapedial progresiva, que es su nombre científico, muchas veces se traduce en una baja en la calidad de vida, depresión, dificultad para adaptarse a contextos sociales, laborales y familiares, entre otros.

No solo se manifiesta en una dificultad en la audición, sino también en la reducción en la capacidad de uno de sus sentidos más importantes y que afecta al paciente en variados aspectos de su vida.

Las cirugías y los aparatos de audición tienen altos costos en nuestro país, lo que impide una recuperación para las personas con hipoacusia.

Como lo señalamos en el proyecto, actualmente el plan AUGE solo financia la cobertura de prestaciones para la hipoacusia bilateral para personas mayores de 65 años de edad y que requieren de uso de audífonos, lo cual deja a miles de personas fuera de la cobertura estatal, entre otros supuestos.

Con este proyecto nos propusimos comenzar a visibilizar la hipoacusia, un largo camino en el cual el Estado tiene mucho que decir, y no solo nos referimos a asegurar un tratamiento óptimo, sea mediante cirugías o aparatos de audición, sino también en la detección de esta enfermedad en los más pequeños, en la adaptación de los métodos educativos para los niños y niñas que la padecen, en el mejoramiento de los sistemas de atención que los servicios públicos del Estado tienen, propendiendo a su inclusión e igualdad de oportunidades.

Durante su tramitación, a partir de las múltiples intervenciones de autoridades y expertos, se pudo concluir la relevancia de que el Estado sea el garante de la educación, la promoción y la prevención de esta discapacidad auditiva, además de asegurar la provisión de servicios asistenciales mediante una red integrada de atención de personas con hipoacusia en pos de una salud auditiva y mental para ellas.

De lo que se trata es de asegurar el derecho de toda persona a oír, especialmente de aquellas a las que, por su estado de salud, les resulta dificultoso y que requieren de algunos dispositivos de difícil adquisición si no existe una ayuda estatal para ello.

Agradezco la buena disposición que tuvo la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad para tramitar este proyecto, para escuchar la opinión de expertos y personas con hipoacusia, y para mejorarlo. Especialmente, agradezco a la Presidenta de la Comisión, la diputada Carolina Marzán , por darle tramitación.

Espero que la aprobación de este proyecto sea el primer paso para alcanzar y generar la necesaria inclusión social y rehabilitación integral.

Aprovecho para hacer el llamado al Ejecutivo para que comprometa los recursos necesarios para que este proyecto sea una realidad y entreguemos dignidad y buen trato a todas las personas.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en estudio pretende responder a un problema que afecta a un porcentaje significativo de la población, como lo es la discapacidad auditiva, patología que se proyecta que aumentará cada vez más durante los años venideros.

Una de las virtudes del proyecto es ampliar la iniciativa a todas las personas que sufren de discapacidad auditiva y no solo a las personas diagnosticadas con hipoacusia, como era la finalidad original de las dos mociones que se refundieron para construir el proyecto de ley.

Esta ampliación permite evitar que se originen distinciones que puedan parecer arbitrarias, y, a la vez, mediante una ley marco más amplia, se compromete al Estado con todas las personas que padezcan patologías auditivas. Esta ampliación permite que se cumpla de mejor forma con los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria.

Es valorable que el Estado reconozca la existencia de diferentes patologías no solo desde el punto de vista sanitario, sino que también facilita el reconocimiento de la dignidad de cada diagnóstico, siendo el rol primordial del Estado que las personas, independiente de su condición particular, puedan acceder a su mayor realización posible.

Es importante que los establecimientos de salud cuenten con medios para poder comunicarse con las personas que padecen de discapacidad auditiva. En este sentido, el proyecto de ley solo sostiene la existencia de dicha obligación, pero no la forma en que debe cumplirse, por lo que no se trata de una norma que sea especialmente invasiva para los establecimientos de salud y, pensando en la ciudadanía, se trata de una norma muy necesaria.

Quiero felicitar a los autores del proyecto, porque así el Estado contribuye a hacerles la vida un poco mejor a quienes padecen este tipo de enfermedades.

Por lo anterior, obviamente, vamos a aprobar este muy buen proyecto.

He dicho.

El señor MULET (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, actualmente existe un gran número de chilenos y chilenas que padecen algún grado de discapacidad auditiva, lo que se debe abordar con acciones, planes y medidas concretas del Estado y la legislación especializada, en orden a asegurar la plena inclusión social y evitar discriminaciones arbitrarias en el marco de la convivencia cívica que caracteriza a nuestro país.

La legislación protectora de las personas que se encuentran en una situación de discapacidad ha avanzado en la línea de resguardar la dignidad e igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos de la vida, entre ellos la educación, la salud y el trabajo. Sin embargo, aún existen importantes desafíos en esta materia.

La hipoacusia es una patología asociada generalmente al envejecimiento y al deterioro natural de la capacidad auditiva, pero también puede afectar a personas en cualquier etapa de la vida, no estando restringida solamente al grupo de adultos mayores, como suele pensarse.

Como tal, es una patología que puede tener notorias consecuencias sociales para quien la padece, especialmente considerando la importancia de la audición para mantener adecuadamente conversaciones en diferentes contextos sociales.

En muchos casos la frustración, la angustia y la depresión son muy comunes entre quienes padecen este tipo de dificultades, siendo una realidad que debemos tener en cuenta para facilitar la vida de este importante sector de la población.

El proyecto en discusión constituye un gran avance en la materia, pues refleja el compromiso del Estado con todas las personas que padecen patologías auditivas, sin distinción alguna, asegurando el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria en lo que se refiere a un diagnóstico oportuno y un acceso igualitario a la atención médica.

Del mismo modo, promueve la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva, pues impone a los establecimientos de salud la obligación de contar con los medios necesarios para que puedan comunicarse con ellas. Así, tiene un gran sentido social, que valoro, especialmente considerando que la participación y normal desarrollo de quienes se encuentran en una situación de discapacidad es fundamental para alcanzar una verdadera sociedad de oportunidades, como a la que aspira nuestro país.

Por ello, anuncio mi voto a favor de este proyecto, y espero que prontamente sea sancionado como ley de la república.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Lagomarsino .

El señor LAGOMARSINO.-

Señor Presidente, la hipoacusia es una enfermedad altamente distribuida en la población chilena y que tiene características biológicas, como se ha dicho aquí, producto de la herencia genética, pero también del envejecimiento.

Probablemente, la gran mayoría de los parlamentarios y parlamentarias que estamos aquí, al igual que todos los chilenos y chilenas, tendremos algún grado de hipoacusia cuando lleguemos a nuestra adultez mayor. Sin embargo, a lo largo de la vida las personas se ven expuesta a un ambiente, sobre todo físico, con ruidos de alto calibre y falta de protección auditiva, lo que, por supuesto, va agravando la condición natural del envejecimiento de nuestra raza humana.

Anuncio mi voto a favor de este proyecto. No obstante ello, señalo que estamos al debe en cuanto a la fiscalización del uso de protectores auditivos en los trabajos de los chilenos y chilenas. Uno ve, por ejemplo, en las obras de construcción de edificios y otras instalaciones que no se utilizan elementos de protección auditiva, lo que, indudablemente, lleva a que tengamos personas con hipoacusia moderada y severa más allá de lo esperable y propio de la biología humana. A la vez, en cuanto a su relación con el trabajo, vemos cómo esta enfermedad va afectando también progresivamente a quienes menos recursos tienen, porque justamente su ocupación y las precarias condiciones materiales en materia de prevención llevan a que exista una clara diferencia en cuanto a la prevalencia de esta patología entre los estratos socioeconómicos de nuestro país. Esa es la base de la determinación social de los procesos de salud y enfermedad.

La patología en cuestión ya se encuentra instalada en nuestro país, que está al debe en la materia, porque, de acuerdo al informe de junio de 2022 -¡junio de 2022!-, a cuatro meses de haber asumido el gobierno, hay 1.612 personas esperando la entrega de audífonos, aparatos necesarios para que quienes padecen hipoacusia puedan reintegrarse a la sociedad.

Entonces, aprovechando la discusión sobre este proyecto -reitero, por supuesto, mi voto favorable a la iniciativa-, creo que su aprobación será una señal potente para el gobierno y el Ministerio de Salud, cuya lideresa, la doctora Ximena Aguilera , asumió ayer, para quepodamos resolver, cerrar esas 1.612 garantías de oportunidad GES por hipoacusia severa que requieren audífono y que al día de hoy están vencidas, es decir, fuera de plazo.

Así, aprobaremos este proyecto. Sin embargo, en esta temática hay una tarea mucho más grande, que es la hipoacusia, con la cual no me cabe duda de que este Congreso estará muy comprometido.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señor Presidente, soy una de las patrocinantes de este proyecto y quiero dejar en el centro del debate en materia de salud algo tan importante para nuestra sociedad como es todo lo acontecido con personas con discapacidad auditiva, sordas, diagnosticadas con hipoacusia, microtia u otra condición similar.

Esta iniciativa mandata al Estado a enfocar sus esfuerzos para garantizar la detección temprana de la hipoacusia y la atención de quienes la padecen, así como a adoptar las medidas orientadas a la plena inclusión, las que, en definitiva, buscan lograr una real autonomía para todas las personas con discapacidad auditiva.

La tarea es ardua, a tal nivel que ni siquiera las cifras de las personas con ese diagnóstico son exactas: se trabaja con estimaciones, por lo que el trabajo parte desde acá. Debemos aprobar este proyecto y seguir trabajando por visibilizar la realidad de que se trata, sus costos asociados, las coberturas alcanzadas, y solicitar, una vez más, el apoyo del gobierno a este tipo de propuestas de ley.

Finalmente, hago un llamado a aprobar esta tan importante iniciativa. Solo me queda agradecer el considerable aporte de las distintas organizaciones de la sociedad civil, que permitieron logar un total consenso durante la tramitación del proyecto en la comisión, como el Movimiento Hipoacusia Chile, presidido por Lorena Valenzuela ; la Fundación Microtia e Hipoacusia Chile, entre tantas otras, cuyas orientaciones fueron fundamentales para obtener avances concretos sobre esta importante temática para nuestro país.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, de acuerdo a cifras de 2019, 466 millones de personas en el mundo padecen pérdida de audición discapacitante. De ellas, 432 millones son adultos y 34 millones son niños. En Chile, según la Encuesta Nacional de Salud (ENS), la cifra entre 2009 y 2010 es de 32,7 por ciento.

Una de las virtudes del proyecto que hoy estamos discutiendo es ampliar su aplicación a todas las personas que sufren discapacidad auditiva y no solo a aquellas diagnosticadas con hipoacusia, como era la finalidad original de las dos mociones que se refundieron para constituir la iniciativa. Esta ampliación permite evitar que se generen distinciones que puedan parecer arbitrarias. A la vez, mediante una ley marco más amplia, se compromete al Estado con todas las personas que padezcan patologías auditivas.

Esta iniciativa pretende responder a un problema que afecta a un porcentaje significativo de la población, como es la discapacidad auditiva, patología que se proyecta que aumentará cada vez más durante los años venideros debido a la edad.

La referida ampliación permite que se cumpla de mejor forma con los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud ya incorporó al listado de Garantías Explícitas en Salud (GES) algunas patologías relacionadas con la hipoacusia, como, por ejemplo, la hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífonos; la hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro, el tratamiento de hipoacusia moderada en menores de 4 años.

Es importante que los establecimientos de salud cuenten con medios para poder comunicarse con personas que padecen discapacidad auditiva. En ese sentido, el proyecto de ley solo sostiene la existencia de dicha obligación, pero no la forma en que debe cumplirse, por lo que no se trata de una norma que sea especialmente invasiva para los establecimientos de salud, pero que, pensando en la ciudadanía, es muy necesaria.

Es valorable que el Estado reconozca la existencia de diferentes patologías, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también porque facilita el reconocimiento de la dignidad de cada diagnóstico, siendo el rol primordial de aquel que las personas, independiente de sus condiciones particulares, puedan acceder a su mayor realización posible.

Anuncio mi voto a favor. He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, primero que todo, saludo esta propuesta, que viene a equiparar un poco la cancha, a dar al Estado y a la legislación la obligación de tomar medidas de prevención y rehabilitación para las personas con hipoacusia, porque en nuestro país no tener recursos, no tener al Estado presente cuando con tus propios medios no puedes hacerte cargo de los problemas de salud, genera desigualdades estructurales e injusticias que se perpetúan para toda la vida.

Conozco a muchas personas que padecen hipoacusia, pero en estos momentos recuerdo fundamentalmente a dos: a un joven muy amigo mío, quien afortunadamente tuvo los recursos para poder hacerse un tratamiento desde que era muy pequeño. Él tiene un implante. Aprendió a leer y escribir de manera adecuada, y, por cierto, hoy día trabaja como profesional, pues tiene una carrera universitaria.

Pero también recuerdo a una persona que vivía muy cerca de mí, en un sector rural de la provincia de Cauquenes, quien viniendo de una familia muy pobre jamás tuvo ninguna oportunidad para la detección temprana de su limitación auditiva y tampoco ninguna posibilidad escolar para poder aprender de manera adecuada. Hoy, esa persona vive en la absoluta pobreza. Además -me perdonarán que diga algo tan peyorativo-, le dicen “mudo”, y ha vivido una serie de opresiones y precariedades durante toda su vida que ningún ser humano merece vivir por tener una condición o una enfermedad que lo inhabilite.

Se me vienen a la mente las palabras de varios parlamentarios a los que he escuchado decir que cuando hay más presencia del Estado, quien más pierde es el ciudadano promedio, porque a le mete la mano al bolsillo. Ese razonamiento es propio de personas que jamás han necesitado de la solidaridad de sus vecinos o de la presencia del Estado, porque han estado en una histórica posición de privilegio y generación tras generación han contado con los recursos necesarios para hacerse cargo del cuidado de su salud y también han gozado de oportunidades, incluso sin tener muchas luces, para llegar a ocupar altos puestos de poder en determinadas empresas e, incluso, en el propio Congreso Nacional. Me parece lamentable que esta visión se siga perpetuando, en circunstancias de que lo único que buscan medidas como esta es equiparar la cancha.

Me quedo con la tranquilidad de saber que hoy existe un acuerdo para una nueva Constitución. Espero que partamos de la base de algo que se consagraba en la propuesta constitucional, como es el reconocimiento de los derechos de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.

Espero que sigamos avanzando en estas medidas y seamos conscientes de que el fortalecimiento del Estado jamás implica meterle la mano al bolsillo al más débil o al ciudadano promedio. Por el contrario, el fortalecimiento del Estado significa mayor distribución de la riqueza, mayores oportunidades para personas que no tienen acceso por sí mismas a condiciones básicas de buen vivir.

Espero que en este período parlamentario sigamos avanzando y dejemos de hablar mal del Estado y de acusarle de todos los problemas. Cuando uno camina por las calles, se encuentra con personas que no tienen acceso a la vivienda o no tienen acceso a internet para hacer trámites básicos o no tienen acceso a la salud. Lo que más nos dice la gente -a todos alguna vez se lo han dicho es que el problema es que el Estado no se hace cargo, el problema es que faltan funcionarios, el problema es que no hay recursos para hacer una intervención quirúrgica, y suma y sigue. Realmente, el problema es siempre la ausencia del Estado y la falta de legislación que obligue a este a redirigir sus esfuerzos hacia quienes más lo necesitan.

Esa es una deuda que tenemos con nuestro país después del resultado del plebiscito que, con una votación aplastante, rechazó la propuesta constitucional. Pero sabemos que ese resultado no significa un rechazo a los parlamentarios que estamos ubicados a este lado y un respaldo a los que se ubican enfrente, sino que es un rechazo a la falta de políticas de Estado que hemos permitido. Todos sabemos que cuando el Estado está más presente, los privados tienen menos espacios para, muchas veces, cometer sus fechorías.

Nuevamente, valoro esta propuesta y debemos seguir avanzando en igualar la cancha, asegurando derechos básicos a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país. El 4 de septiembre no se terminó absolutamente nada. Seguimos en la lucha por una vida digna para los chilenos y las chilenas. Seguimos en la pelea, compañeros y compañeras.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 5 por ciento de la población mundial padece pérdida de la audición. El Ministerio de Salud ha incorporado algunas patologías relacionadas con la hipoacusia en el listado de Garantías Explícitas en Salud (GES), tales como la hipoacusia bilateral en mayores de 65 años que requieren uso de audífonos, la hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro y el tratamiento de hipoacusia moderada en menores de cuatro años. Es necesario que estas prestaciones cuenten con un marco normativo que garantice estándares de acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las garantías.

Por lo demás, existen personas que quedan fuera de las patologías contempladas en el GES. A raíz de ello, este proyecto busca proteger de igual manera a toda aquella persona que sufre discapacidad auditiva y no solo a quienes han sido diagnosticados con hipoacusia, lo cual es positivo, pues se cumple con los principios de igualdad y de no discriminación arbitraria de las personas.

Anuncio mi voto a favor de la iniciativa.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina del Real.

La señora DEL REAL (doña Catalina).-

Señor Presidente, en 2018, al iniciar mi primer período como diputada, me reuní con personas de la Fundación Microtia e Hipoacusia Chile, quienes me expusieron los problemas que tanto niños como adultos debían enfrentar, día a día, en una sociedad que discrimina a quienes padecen alguna discapacidad y que, además, no les entrega las herramientas adecuadas para poder desenvolverse en ella.

Tal situación se hace más presente aún cuando recorremos nuestros distritos. Ahí nos encontramos con distintas realidades, con casos muy dramáticos y con graves problemas que deben enfrentar nuestras personas mayores y nuestros niños, quienes en temas de salud demuestran con más fuerza su vulnerabilidad.

Más del 5 por ciento de la población mundial, es decir, 466 millones de personas, padecen pérdida de audición. De ellos, 432 millones son adultos y 34 millones son niños. Se estima que en 2050 más de 900 millones de personas -es decir, una de cada diezpadecerán pérdida de audición.

En marzo de 2007, en Beijing, en el marco de la Primera Conferencia Internacional sobre la Prevención y Rehabilitación del Déficit Auditivo, especialistas alertaban que la hipoacusia en el mundo afectaría, con algún grado, de 1 a 3 por cada 1.000 nacidos vivos. En Chile, anualmente, la hipoacusia afecta aproximadamente a entre 700 y 2.100 niños y niñas. Por lo mismo, detectar la pérdida auditiva en los primeros meses de vida es clave para que no sufran trastornos en el lenguaje y en la comprensión de lo que se les dice.

Otra cifra importante es que el 60 por ciento de los casos de pérdida de audición en niños y niñas se debe a causas prevenibles. Sin embargo, la pérdida de audición puede deberse a distintas causas: genéticas, complicaciones en el parto, enfermedades infecciosas, infecciones crónicas del oído, empleo de determinados fármacos, exposición a ruido excesivo y envejecimiento.

La hipoacusia se puede clasificar en función de la parte afectada del oído. Hay diferentes tipos: hipoacusia conductiva o de transmisión, debido a la alteración del oído externo o medio; hipoacusia perceptiva o neurosensorial, a causa de una lesión en el oído interno o en las vías nerviosas auditivas, y la hipoacusia mixta, debido a alteraciones simultáneas en la transmisión y percepción del sonido, es decir, por patologías que afectan a estructuras del oído. En el ámbito laboral, la hipoacusia o pérdida de la capacidad auditiva es una de las primeras causas de discapacidad, producida por enfermedad profesional en nuestro país. El 30 por ciento de la clase trabajadora está expuesto a niveles de ruido que provocan daños auditivos irreparables.

También es muy importante indicar que la hipoacusia es la enfermedad ocupacional de mayor prevalencia en nuestro país. Según el Sistema Automatizado de Información en Salud Ocupacional (Saiso) del Instituto de Salud Pública, el primer lugar de los diagnósticos de ingreso corresponde a las enfermedades relacionadas con el oído. Por eso, es tan importante este proyecto.

Cabe señalar que lo relevante de la hipoacusia es que se trata de una enfermedad que se presenta en forma silenciosa, es progresiva y siempre evitable. Según publicaciones de la Revista Médica de Chile, actualmente en el país nacen alrededor de 1.250 niños con hipoacusia al año, de los cuales un importante porcentaje no es oportunamente diagnosticado o tratado. Así lo hemos visto en regiones y en lugares aislados de nuestro país, donde nos encontramos con niños de 3 o 4 años que no han sido diagnosticados oportunamente e, incluso, se ha pensado que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva porque no se han dado cuenta de que se trata de una discapacidad auditiva.

Quienes padecen pérdida de audición experimentan mejores y mayores oportunidades de recuperación y resolución de patologías gracias a la detección temprana, la utilización de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda.

Finalmente, junto con llamar a mis colegas a aprobar el proyecto, quiero destacar la colaboración de distintas organizaciones sociales, entre ellas la Fundación Microtia e Hipoacusia Chile, con su directora Betsabé Jara , como los doctores especialistas Juan León Iriarte y Ernesto Ried , y la señora Lorena Valenzuela Taucán en representación del Movimiento Hipoacusia Chile, quienes asistieron a la Comisión. Por supuesto, también agradezco a los diputados de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad y, en especial, a su Presidenta por darle urgencia y rápida tramitación a esta moción que busca visibilizar y sensibilizar a la población.

He dicho.