Labor Parlamentaria

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en segundo trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que regula la actividad apícola.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba parar hacer uso de la palabra.

Diputado informante del segundo informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor Harry Jürgensen .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 53ª de la presente legislatura, en lunes 1 de agosto de 2022. Documentos de la Cuenta N° 6.

-El primer Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural se rindió en la sesión 20ª de la presente legislatura, en lunes 9 de mayo de 2022.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor JÜRGENSEN (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que regula la actividad apícola, en segundo trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de simple.

Para mayor información, este proyecto de ley se inicia en cuatro mociones del Senado, contenidas en los boletines Nos 9479-01, que regula la actividad apícola; 10144-01, que establece regulación de la actividad apícola; 13528-01, que regula la trazabilidad de la miel de abejas, y 13532-01, que sanciona la venta y distribución de miel adulterada, falsificada o alterada.

Mayores antecedentes se encuentran en el informe del proyecto.

Idea matriz o fundamental del proyecto

La idea matriz o fundamental de esta iniciativa legal es dotar al ordenamiento jurídico de una normativa que regule de manera sistemática la actividad apícola.

El proyecto de ley consta de treinta artículos permanentes y dos transitorios, contenidos en diez títulos.

De los artículos modificados

La comisión, durante el segundo trámite constitucional y reglamentario, realizó las siguientes modificaciones:

En el artículo 4 agregó una nueva letra s), para incluir entre las definiciones el concepto de apicultura urbana, señalando que es la “actividad apícola que se realiza en la ciudad u otra entidad de población.”.

Esta modificación fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la comisión y tiene por objeto reconocer una actividad que realizan vecinos en zonas urbanas y que acarrea enormes beneficios, como permitir la polinización de especies que se desarrollan en la ciudad y, además, producir miel pura, libre de cualquier fertilizante.

Por su parte, se modificó el artículo 8, aprobando por mayoría de votos una proposición del diputado Benjamín Moreno para incorporar un nuevo inciso final, que dispone que “El acceso a la información que corresponda a datos estratégicos como número de colmenas que poseen, técnicas utilizadas para extracción, entre otros, sólo serán entregados a la autoridad correspondiente, la cual deberá mantener la confidencialidad de éstos.”.

En el artículo 12 se aprobó una indicación de la diputada Mercedes Bulnes y del diputado Juan Antonio Coloma , para agregar, entre otras materias, que “Es obligación dar aviso de las aplicaciones de plaguicidas de uso agrícola, cuando en el etiquetado se establezca que presente toxicidad para las abejas, sean estas terrestres o aéreas, en la forma y oportunidad que el Servicio Agrícola y Ganadero establezca.

Se deberá dar aviso a los apicultores que se encuentren dentro del área de influencia de la aplicación, de acuerdo a las disposiciones sobre aplicación aérea y terrestre de plaguicidas, que se establecerán por el Servicio Agrícola y Ganadero en una norma técnica que establezca el distanciamiento mínimo entre éstas y los apicultores, sin perjuicio de otras normativas vigentes. Dichas disposiciones de aplicación, deberán considerar la forma y oportunidad de dar aviso a los apicultores, la cual debe considerar al menos 48 horas.

El Servicio Agrícola y Ganadero, podrá establecer restricciones de uso de plaguicidas agrícolas que sean tóxicos para las abejas, de aviso obligatorio, durante el período en que los cultivos o áreas presenten floraciones melíferas, y dando un estricto cumplimiento a las indicaciones contenidas en la etiqueta del plaguicida de uso agrícola autorizado, la cual deberá consignar las instrucciones de avisaje y la toxicidad que representa para las abejas.”.

Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la comisión, habida consideración de que se protegen los intereses de la agricultura y de la apicultura.

Participaron en la votación las diputadas Mercedes Bulnes , Paula Labra , Emilia Nuyado y Marcela Riquelme , y los diputados Félix Bugueño, Juan Antonio Coloma , Felipe Donoso , Harry Jürgensen , Benjamín Moreno , Alejandro Pino y Jorge Rathgeb .

En el artículo 19 se aprobó una indicación de la diputada Paula Labra , para incorporar en el inciso primero la obligación de que la producción nacional de miel deberá señalar el número del Registro Nacional de Apicultores o del Registro de Estampadores de Cera, según corresponda, la que según su autora tiene por objeto incentivar el registro de apicultores y evitar la producción de miel adulterada. Esta modificación también fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 23 se aprobó una indicación del diputado Johannes Kaiser al inciso segundo, para reemplazar la sigla Odepa por Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, y fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 27, que clasifica las infracciones en gravísimas, graves y leves, se aprobaron las siguientes indicaciones: del diputado Benjamín Moreno , al párrafo segundo, del número 1, infracciones gravísimas, para fijar el piso de la multa en 100 unidades tributarias mensuales; del diputado Gustavo Benavente , para establecer que en este tipo de infracciones procede, además, el decomiso de los productos adulterados o falsificados; del diputado Moreno , para reemplazar los montos mínimos y máximos de las multas graves de 1 a 150 unidades tributarias mensuales por 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

La Comisión debatió largamente la adecuación de los márgenes de las multas de las faltas graves y gravísimas, puesto que se consideró que la multa mínima posible de 1 unidad tributaria mensual resultaba, en ambos casos, contradictoria y desproporcionada, y sopesó que las multas podían resultar considerables frente a pequeños apicultores.

Frente a esto último, se argumentó que el artículo siguiente contemplaba la posibilidad de considerar atenuantes y agravantes para determinar la sanción específica a aplicar, entre ellas la capacidad económica del infractor. Estas indicaciones fueron aprobadas de forma unánime.

En el artículo 28 se aprobaron dos indicaciones: la primera, del diputado Johannes Kaiser , para establecer que para la determinación de las sanciones se deberán considerar atenuantes o agravantes, según el caso, y la segunda, de la diputada Paula Labra , para señalar que se deberá tener en consideración la colaboración que el infractor preste al servicio antes o durante la investigación. Ambas indicaciones fueron aprobadas de forma unánime.

Por último, a proposición de quien les habla, se aprobó la incorporación de un Título X, sobre la apicultura urbana, que consta de un solo artículo, que establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables a la apicultura urbana, además de determinar los sitios o lugares en los que se podrán emplazar colmenares y las condiciones y requisitos que se deberán cumplir al efecto.

La Comisión debatió largamente sobre la procedencia de esta indicación, en particular respecto de que la autorización o consentimiento de los vecinos no se restrinja al caso en que se ubique el colmenar a una distancia menor de diez metros del inmueble colindante, sino que se aplique en todo caso, y en cuanto a la necesidad de respetar las ordenanzas municipales. Con todo, la indicación fue aprobada de forma unánime.

Se hace presente que el proyecto de ley no tiene disposiciones de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado y no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, creo que este proyecto de ley es muy relevante, ya que por primera vez regulamos la actividad apícola. Con esta moción estamos posibilitando el desarrollo de la industria apícola, especialmente la de los pequeños productores de miel, pero también les estamos dando la seguridad de que deberán ser avisados de la aplicación de pesticidas, de la aplicación de elementos para el control de plaga, con el objeto de evitar la muerte de sus colmenares, la muerte de su fuente productiva, la muerte de aquel ser esencial que, además de miel y cera, elabora otra serie de productos derivados.

Pero no solo es muy relevante porque protege a las abejas, sino porque también protege a los productores, a través de sancionar con multas a quienes produzcan miel y productos derivados adulterados o falsificados, con la posibilidad de incautar dichos productos, de manera de que dejen de circular, que pierdan su capacidad de venta y de competencia desleal con los apicultores.

Por eso, invito a la honorable Cámara a votar favorablemente este proyecto, de manera de brindar, por primera vez, protección a los apicultores y a toda su línea de producción, protección que quizás algunos consideraran insuficiente, pero que es mucho más de lo que hoy tienen, dándoles la posibilidad de producir tranquilos y con mejor capacidad para competir en el mercado.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Paula Labra .

La señora LABRA (doña Paula).-

Señor Presidente, estimo que en esta Sala no cabe duda de la importancia de la apicultura, de su factor polinizador y de su rol fundamental para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del equilibrio ecosistémico, entre otros aspectos.

Al 30 de septiembre de 2021, el total de apicultores registrados a nivel nacional era de 9.598, siendo la Región del Maule, distrito que represento, la segunda en liderar estos registros, con el 17 por ciento del total del país.

En consecuencia, he tenido la oportunidad de conversar de manera cercana con apicultores del Maule, como don Walterio López , de la apícola Santa Teresita , quien, con esfuerzo, partirá a Turquía a participar en el congreso internacional de apicultura Apimondia para mostrar al mundo productos apícolas chilenos, particularmente -lo digo con orgullode Parral , ciudad en la que he sido criada.

También he conversado con la señora Jessica Reyes , presidenta de la Agrupación Apícola de Colbún, de la Región del Maule. Ella y su marido iniciaron hace años su emprendimiento Apícola Rabones tan solo con dos colmenares. Al día de hoy ofrecen productos que van desde la miel hasta la apicosmética y apiterapia, con lo cual lograron mejorar la salud de su hijo, quien padecía fuertes episodios alérgicos.

En definitiva, escuchamos a nuestros apicultores y recogimos sus diversos intereses para llevar a cabo una actividad apícola sustentable y fomentar su desarrollo. Por ejemplo, proteger la apicultura familiar campesina, que en nuestro país representa el 88,6 por ciento, de manera de evitar -cuestión muy importante la producción y venta de miel adulterada, entre otros.

En conclusión, este proyecto de ley viene a normar la actividad apícola con distintos principios rectores, como la gradualidad, el desarrollo sustentable, la sanidad y el bienestar apícola, y la inocuidad alimentaria de los productos derivados de esta labor.

Señor Presidente, como he relatado, vemos que la apicultura es un estilo de vida y un aporte a nuestro país; por eso, espero que esta iniciativa sea aprobada por los parlamentarios.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, este proyecto de ley es altamente demandado por el sector apícola. Ha tenido un apoyo transversal entre los parlamentarios, el Ejecutivo, científicos y apicultores, ya que protege la actividad apícola, pues reconoce su importancia para el mundo agrícola y para este sector en particular. Como dijo el diputado Felipe Donoso , es primera vez que se regula esta actividad, lo que me parece un tremendo logro para todos nosotros. Por eso, los invito a aprobarlo.

La apicultura es una actividad fundamental, no solo por la elaboración de productos, sino también por la importancia ecosistémica, por su tan relevante rol en el desarrollo de las actividades silvoagropecuarias y en la conservación de la biodiversidad.

Este es uno de los rubros que se ha visto fuertemente afectado por la crisis climática, especialmente por la sequía. En enero de este año, un grupo de apicultores protestó frente al palacio de La Moneda, solicitando medidas de financiamiento y políticas públicas para hacer frente a los efectos negativos que genera la sequía.

En nuestro país, la apicultura juega un rol fundamental en el desarrollo de la agricultura, beneficiando a las comunidades rurales que la ejercen. De igual manera, los productos apícolas que se producen en el país son reconocidos a nivel nacional e internacional por el mundo científico y los distintos consumidores.

Además, los servicios de polinización son fundamentales para el desarrollo del país y la soberanía o seguridad alimentaria. Sin embargo, este proyecto no se hace cargo de todas las problemáticas y demandas que ha levantado el sector. Claramente, es un avance, pero debe ser complementado con otras medidas de apoyo y fomento. Pido a los colegas tener presente aquello al momento de votar el proyecto de ley de presupuestos que en unos meses conoceremos.

Según apicultores de mi zona, la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, y de otros territorios, se necesitan con urgencia recursos para el fomento de esta actividad, ya que muchos apicultores están en situación de quiebra, y demandan la presencia del Estado.

También debo hacer presente -nobleza obligaque el diputado Harry Jürgensen incorporó una indicación relativa a la apicultura urbana, que es un tema muy interesante. Pido a los municipios poner atención a esta actividad para que también regulen, a través de ordenanzas, limitaciones para no afectar a los demás vecinos.

Como miembro de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, me complace anunciar mi voto a favor del presente proyecto, y los invito a conocerlo y a difundirlo entre los apicultores de sus territorios, y a apoyarlos en la próxima ley de presupuestos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, cuando discutimos y votamos en general este proyecto, manifestamos nuestra conformidad con el mismo, toda vez que unifica en un solo texto legal la regulación de la actividad apícola, como los productos derivados de ella, su comercialización, etiquetado y trazabilidad.

También el proyecto reviste importancia por la imposición de sanciones, la entrega de mayores facultades de fiscalización y la protección de los apicultores, ya que antes el robo de colmenas estaba asimilado al hurto de especies, y este proyecto lo asimila al abigeato.

Sin embargo, algo faltaba, toda vez que, si bien se establecen sanciones gravísimas para aquellos que fabrican o comercializan miel u otros productos apícolas adulterados o falsificados, ello estaba incompleto. Por eso, presentamos una indicación que permite el decomiso de los productos apícolas falsificados o adulterados, dado que no es justo que los productores apícolas legalmente establecidos incurran en altos costos, cumpliendo además sus obligaciones laborales, previsionales, sanitarias, y que, al mismo tiempo, aparezcan falsificadores, quienes, saltándose todos estos requisitos e inconvenientes, comercializan los productos solo con el costo de una eventual multa.

Por tanto, para que esta actividad esté debidamente formalizada y sean eliminados todos aquellos piratas, presentamos esta indicación, la que vemos con satisfacción que hoy está en el texto.

Anuncio mi voto a favor del proyecto, toda vez que la apicultura es una actividad que también está relacionada con nuestro campo chileno y es parte de nuestro ser nacional.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, considerando la tremenda importancia de la apicultura en el mantenimiento de la biodiversidad y, por ende, de los ecosistemas, hace rato debimos haber aprobado este proyecto, que ingresó a tramitación por allá por el 2014.

Quiero poner énfasis en una de las observaciones realizadas por la Federación Red Apícola Nacional F.G. respecto de las letras j), k), l) y m) del artículo 4°, las cuales aluden a conceptos como miel alterada, miel adulterada, miel falsificada y miel contaminada. A juicio de la federación, y mío también, incluir estos términos en la ley implica dar rango legal a productos que no tienen relación con la actividad apícola, sino que, precisamente, aluden a lo que se pretende eliminar: la miel en su estado adulterado. Es decir, se define un alimento adulterado como miel, razón por la cual es recomendable eliminarlos del listado que consigna este artículo.

En cuanto al artículo 12, referente a la aplicación de los plaguicidas, creo que es importante considerar la creación de un sistema de plataforma digital, en el que apicultores y agricultores se registren, con el objeto de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) pueda notificar anticipadamente, mediante avisajes, la aplicación de plaguicidas en un radio de 3 kilómetros, ya que es una de las formas más eficaces de evitar daños a las colmenas, lo cual tantas pérdidas ha provocado durante años a esta actividad.

Por último, y lo más importante, en relación con el artículo 23 del proyecto, quiero señalar que para que se pueda obtener un efectivo desarrollo de la actividad es imprescindible que la apicultura tenga acceso anualmente a los instrumentos de fomento establecidos en la legislación vigente.

Para ello, es esencial que el seguimiento de la evaluación que realiza el Ministerio de Agricultura se haga cada dos años e, incluso, menos, ya que tres años, como contempla el proyecto, es un período excesivo si realmente se quiere apoyar esta actividad.

Apoyo el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural con estas salvedades, ya que me parecen importantes para un desarrollo sustentable de la actividad.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Agricultura quiero felicitar a quienes han empujado, desde hace muchos años, este proyecto. Una de esas personas es el exparlamentario don Pepe Pérez - José Pérez -, del Partido Radical, quien fue uno de los promotores de la iniciativa. Por muchos años, el diputado Pérez propuso ideas en la Comisión de Agricultura, de la cual fue presidente, en relación con este proyecto tan importante, que, como él señalaba, es un proyecto de vida, porque sin el trabajo de las abejas obviamente la naturaleza y la vida humana tendrían un muy mal fin.

Por eso, creo que este proyecto debe ser aprobado prácticamente por unanimidad. No veo cuál sería a razón para que alguien vote en contra o cuestione la iniciativa.

Entonces, hago un llamado a agilizar los trámites legislativos para aprobar el proyecto. También quiero solicitar a nuestro Ministerio de Agricultura, al SAG y a quien corres-

ponda que se haga una fiscalización más certera, más aguda, porque en Chile se usan, lamentablemente, productos que en otros países están prohibidos, especialmente en la agricultura, la fruticultura y otras actividades relacionadas con el mundo agrícola.

Anuncio mi voto a favor y solicito que, ojalá, el proyecto se apruebe por unanimidad, a fin de que se haga realidad.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, los principios rectores de la iniciativa dan cuenta de las directrices que deben seguirse tanto para la regulación de la actividad apícola como para el desarrollo de políticas tendientes a fomentarla, garantizando así la sustentabilidad de esta actividad tan importante, así como la sanidad y seguridad de los productos derivados de ella.

En ese sentido, se destacan los estándares estrictos que se fijan en materia de sanidad de los productos apícolas y la prohibición expresa de adulteración de los mismos, garantizando así mayor seguridad para los consumidores y la protección de la actividad de los apicultores.

La actividad apícola es de suma importancia, tanto desde la perspectiva de la sustentabilidad como del desarrollo económico de nuestro país.

Es por ello que una normativa armónica es una herramienta útil para unificar los criterios que regulan dicha actividad, mediante el establecimiento de sanciones claras para las infracciones correspondientes y la entrega a los órganos competentes de las facultades necesarias para propender a un mayor desarrollo de la misma.

En virtud de lo anterior, valoramos esta iniciativa, iniciada en mociones refundidas que permitieron llegar a una normativa única, que aborda los distintos aspectos de la actividad apícola de manera integral, tanto desde la perspectiva de los apicultores como de los consumidores finales.

En consecuencia, hago un llamado a votar a favor este proyecto. He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, así como los agricultores entregan su cariño, su esfuerzo y su trabajo a la tierra, para que llegue el alimento a la mesa de todos los chilenos, los apicultores también entregan su cariño, su esfuerzo y su trabajo para mantener, resguardar, cuidar y proteger a las familias de las abejas, para que también se pueda hacer llegar la miel a la mesa de todos los chilenos. Gracias a eso tenemos la miel sobre nuestras mesas.

En este proyecto se incluyó a la apicultura urbana. Quiero contar una historia que parece jocosa, pero es importante. Con ello demuestro el cariño que las personas le tienen a sus propias abejas, que son, tal como las llaman las familias, la reina y las obreras, que están en cada uno de los colmenares. También son parte de su familia.

En la parte urbana muchas veces hay actividades relacionadas con el comercio, llamadas las chicheras, donde la gente lleva sus manzanas, con el objeto de molerlas y hacer chicha. Eso ocurre en sectores o comunas muy rurales.

Una persona llegó a reclamar que a esa chichera llegaban sus abejas y no tenían la precaución de espantarlas antes de moler las manzanas y apretar las manzanas ya molidas para hacer la chicha.

Entonces, la persona de la chichera le dijo: “Oiga, ¿pero cómo sabe que son sus abejas las que mato cada vez que hago este proceso?”. La persona respondió y dijo que a las abejas las tenía marcadas. Luego, quienes estaban allí le dijeron: ¡Cómo va a marcar las abejas si son miles! Ante ello, el propietario de las abejas insistió: “Mis abejas las tengo marcadas”. Le preguntaron: “¿Y cómo sabe cuáles son? Identifique cuáles son sus abejas”. Él añadió: “Mire, esas abejas, a las que señalo con el dedo, son mías”. Le preguntaron: “¿Cómo sabe que son suyas?”. El dueño de las abejas respondió: “A la salida del cajón les tengo harina cruda. Por lo tanto, todas las abejas que usted ve allí, que tienen las patitas blancas, son mías”.

Es así como esa persona, en una situación tan cotidiana, que a lo mejor provoca risa, demuestra que se preocupaba de a dónde llegaban, a dónde iban. Las protegía, incluso, hasta ese punto.

Ese es el cariño que los apicultores les tienen a sus abejas, para que, entregando su cariño, su esfuerzo y su trabajo, finalmente llegue la miel a la mesa de todos los chilenos.

Por lo tanto, hay que votar a favor esta iniciativa, ya que a través de sus disposiciones permite proteger a nuestros apicultores, a nuestra naturaleza y a nuestro planeta.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señor Presidente, qué importante es estar dando este debate, en especial cuando se trata de un proyecto que reconoce la importancia de las abejas, su rol en el desarrollo rural y la regulación de la actividad apícola.

Con los efectos de la crisis climática, tal como lo hemos dicho en forma constante, y la creciente preocupación por la regeneración de los ecosistemas, las abejas cumplen una función ecológica y pasan a ser esenciales, más allá de ser una actividad comercial. Las abejas representan mucho más que eso, mucho más que los productos que generan a partir de la labor apícola.

En ese contexto, es necesario considerar la situación particular de las abejas durante las últimas décadas. Su mortalidad ha aumentado de manera drástica, sin que se hayan podido identificar causales en particular.

Diversos estudios han demostrado que se trataría de un fenómeno multidimensional, que va desde la afectación de los medios en que se desarrollan, la deforestación y la contaminación, entre otros, hasta lo que acá también se ha mencionado: el uso de pesticidas que en Europa y en otros países están prohibidos.

Además, se debe tener en consideración el impacto que tiene la supervivencia de las abejas en nuestra supervivencia como especie: sin abejas no hay vida. Lo anterior, en atención a su rol en la polinización y en la proliferación de diversas especies vegetales y forestales, así como en la actividad agrícola.

La presencia masiva de abejas afecta favorablemente a las pequeñas agriculturas; a aquellas se debe el proceso de polinización, y también a productores y productoras de miel de nuestro país.

Por eso, valoramos esta iniciativa, pero creemos que es necesario seguir avanzando, principalmente en la eliminación de los pesticidas, actualizando y reformando la ley vigente sobre su uso y, por qué no, buscando alternativas a su uso.

Es urgente hacer investigación e incorporar nuevas formas de control de plagas, como la agricultura ecológica, que propone distintas alternativas a los pesticidas agrícolas que hoy están vigentes. La idea es que puedan mantenerse los cultivos libres de plagas, sin uso de esos elementos convencionales.

Por último, quiero señalar que una de las materias contenidas en la iniciativa, pero que requerirá de futuras regulaciones, es la creación de instrumentos de fomento para la promoción de la actividad apícola, debido a la crisis que ha afectado a esta actividad y al abandono que por años han tenido las y los apicultores del país de parte del Estado.

Eso es responsabilidad precisamente del Estado y de sus políticas públicas, de manera que se requerirá monitorear si la aplicación de la presente regulación ayudará de manera efectiva a mejorar las condiciones actuales de las y los apicultores de nuestro país.

Por las razones indicadas, votaremos a favor este proyecto de ley, que busca crear la regulación de la actividad apícola, lo que no había sido materia legislativa hasta ahora. Se trata de una materia que requerirá ser normada de manera sistemática, cuya relevancia también ha sido ignorada durante los últimos años.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, es urgente que se publique una ley que logre proteger de manera efectiva el desarrollo sustentable de la actividad apícola, desde el inicio de la producción hasta el envasado y comercialización de los múltiples productos que esta genera.

La fiscalización y las sanciones que se establecen en este proyecto ayudarán a preservar la calidad de la miel chilena, pues se podrán controlar de mejor manera las intenciones de afectar y mutar el producto.

Actualmente, la miel es uno de los grupos de alimentos más adulterados a nivel mundial. En Chile es posible darse cuenta de ello si se comparan los precios entre el producto natural orgánico y el adulterado, pues claramente este último tiene un precio mucho más barato. Lo anterior es tremendamente injusto para los productores de miel natural y orgánica, pues ellos trabajan duramente para lograr una calidad excepcional.

Este proyecto busca unificar la regulación de la actividad apícola mediante la armonización de los instrumentos que tienen los funcionarios del Ministerio de Agricultura en todos los sectores del país. Destaco especialmente los estándares que se fijan en materia de sanidad de los productos apícolas, pues así se logrará mayor seguridad para los consumidores y la protección de la actividad de los apicultores.

Igualmente, me parece positivo que se incorpore el robo de colmenas dentro del tipo penal de abigeato, pues se protege a la actividad agrícola de las constantes amenazas que sufre en la actualidad.

Esta actividad es de suma importancia para el desarrollo económico sustentable de nuestro país. Por ello, una normativa armónica será de alta utilidad para unificar los criterios que actualmente regulan esta actividad, mediante la entrega a los órganos competentes de las facultades necesarias para impulsar un mayor desarrollo de la misma.

Quiero incentivar a los apicultores de mi zona para que sigan manteniendo nuestro producto natural orgánico. La ley en proyecto ayudará a las familias de Puerto Montt, Calbuco , Cochamó , Maullín , de todo el archipiélago de Chiloé y la provincia de Palena.

Es por eso que, como dije anteriormente, y lo reitero con más fuerza el día de hoy, votaré a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señor Presidente, bajo el eslogan “Sin abejas no hay vida” los apicultores independientes del país iniciaron la paralización de sus actividades en el mes de julio, exigiendo mayor apoyo del Estado y condiciones más dignas para ese sector productivo. La idea de los trabajadores es visibilizar la crisis alimentaria global, la emergencia climática y enfermedades presentes, todo lo cual ha incidido de manera negativa en la actividad apícola.

Desde el gremio acusan también los bajos pagos en el proceso de polinización. Por ejemplo, en Estados Unidos se cancelan más de 190.000 pesos chilenos por realizar dicha acción, mientras que en Chile el pago promedio es de 25.000 pesos.

Por tanto, aquello ha llevado a la quiebra de pequeños y grandes apicultores del país, lo que se traduce en que entre 8.000 y 10.000 colmenas no podrán polinizarse, situación que implica un serio riesgo para la seguridad alimentaria nacional.

El mejor momento para nuevos comienzos es ahora. Por eso, insto a esta Cámara a seguir avanzando y por eso felicito esta iniciativa.

Pero, aparte de los pesticidas, en la Región del Maule tenemos la problemática de las torres de alta tensión y los paneles fotovoltaicos, grandes amenazas para esta fuente productiva tan importante y gravitante para la biodiversidad.

Voy a apoyar esta iniciativa. Espero que existan otras más que vayan en la línea de la protección de nuestros apicultores en el país y, sobre todo, en la Región del Maule.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, la Comisión de Agricultura de esta Cámara, con la actual composición de diputados y diputadas, hizo una revisión del proyecto de ley que regula la actividad apícola. Hoy nos rindieron un nuevo informe, que entiendo que los socialistas vamos a aprobar.

En este segundo informe, el proyecto tiene varias mejoras respecto de lo que se hizo en el trámite anterior.

En primer lugar, celebro que hayan incluido dentro de las actividades reguladas por la nueva ley lo que se denomina “apicultura urbana”, es decir, todo el proceso de la actividad apícola que se realiza al interior de ciudades o sectores poblados, porque reconocen una actividad que efectivamente se ejerce y acarrea enormes beneficios, ya que permite la polinización de especies también en las ciudades y además garantiza que se produzca miel sin adulteración y libre de cualquier fertilizante.

Asimismo, la iniciativa tiene un segundo aspecto, que es una mejora sustantiva, porque gran parte de los problemas de la actividad apícola están determinados por la acción del hombre, por la acción humana que, de una u otra manera, pone en riesgo no tan solo el proceso polinizador, sino también la calidad de la miel.

Uno de los principales enemigos de la actividad apícola es el uso por parte de la agricultura de pesticidas o plaguicidas que son tóxicos por su propia naturaleza, pero también tóxicos para las abejas. En muchos casos dicho uso está permitido, poniendo en riesgo toda la actividad apícola.

Este proyecto avanza sobre aquello y establece algunas restricciones.

En cuanto al uso de pesticidas y plaguicidas que tienen el potencial de dañar a las abejas, señala que no se pueden aplicar más allá de un distanciamiento mínimo, que será regulado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Al mismo tiempo, obliga al agricultor que va a utilizar esos elementos tóxicos a dar un aviso con una antelación de al menos 48 horas a todas las personas que están dentro del área de influencia, para poder minimizar los riesgos de su actividad.

Pero celebro que el proyecto haya ido más allá, porque también considera y entrega facultades al SAG, para que pueda “…establecer restricciones de uso de plaguicidas agrícolas que sean tóxicos para las abejas, de aviso obligatorio, durante el período en que los cultivos o áreas presenten floraciones melíferas, y dando un estricto cumplimiento a las indicaciones contenidas en la etiqueta del plaguicida de uso agrícola autorizado…”. Se trata de una medida que, incluso, puede llegar a la suspensión de la actividad agrícola nociva para la apicultura, y eso es un avance.

Por último, se aumentan las sanciones para la adulteración de la miel y su uso ilegal. Finalmente, solo reclamamos mayor fomento y más recursos para toda la actividad apícola, que tanto lo necesita.

Vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, la apicultura ha ido en constante crecimiento a lo largo de la historia en varias regiones, sobre todo en zonas rurales, como nuestra Región de Ñuble, y ha sido llevada a cabo por pequeños y medianos apicultores.

Sin embargo, las abejas y la apicultura se encuentran en peligro. El declive de esos polinizadores está desatando una verdadera crisis a nivel mundial. Los pesticidas, la pérdida de hábitat y el cambio climático son las principales amenazas que afectan a los insectos, que cumplen un rol esencial para la naturaleza y la agricultura, impactando la seguridad alimentaria de las personas, ya que alrededor del 75 por ciento de los cultivos de todo el mundo dependen de la polinización.

Así, resulta sumamente necesario contar con una legislación armonizada que proteja a las abejas y la apicultura y que promueva su desarrollo mediante la regulación de la producción, extracción y comercialización de todo el material biológico apícola, tomando siempre en cuenta el irremplazable rol que cumplen las abejas en la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del equilibrio ecosistémico.

En ese sentido, el proyecto de ley contiene una serie de medidas y herramientas que permitirán dar una adecuada protección a esta actividad en todas sus etapas.

Por tanto, en consideración a la relevancia social, medioambiental y económica de la actividad apícola, votaré favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, este es un muy buen proyecto, y lo vamos a votar a favor.

He escuchado argumentaciones muy buenas y muy válidas en relación con proteger a los apicultores, con proteger la miel, con regular que la miel sea miel, y de esa manera se protege también a los apicultores de la competencia desleal; con retipificar el robo de colmenas.

Asimismo, he escuchado argumentaciones relacionadas con la protección económica de la actividad apícola, pero quiero hablarles de algo que es más importante.

Cerca del 80 por ciento de las plantas se polinizan a través de abejas, muchas de ellas exclusivamente por abejas. Si no existieran las abejas, no existiría la biosfera como la conocemos, y probablemente las civilizaciones tampoco. Las abejas están en riesgo, y, por tanto, también lo está la supervivencia de la especie. Somos ecologistas, acostumbramos a hacer estos anuncios, y no nos creen, pero créanme: si perdemos a las abejas, estaremos en una situación insostenible.

Por eso, hago hincapié en que, si bien me parece que el proyecto está muy bien resuelto, hay una cosa que no está bien resuelta, que tiene que ver con los pesticidas. La iniciativa dice que quienes apliquen pesticidas tienen que informar 48 horas antes a los apicultores; pero eso no resuelve el problema, ya que las abejas no trabajan en la colmena, sino que vuelan hasta dos kilómetros en la búsqueda de flores para poder hacer la miel. Si a dos kilómetros hay pesticidas que son persistentes, bueno, se contaminarán las abejas y, por ende, también la miel. Así, el proyecto no resuelve bien aquello.

La Contraloría General de la República señaló que se encontraron 388 sustancias activas que no están aprobadas por la Unión Europea, de las cuales 40 se encuentran además clasificadas como altamente peligrosas por la Pesticide Action Network . Es un informe del año 2021; o sea, es muy reciente.

En el fondo, en palabras simples, dice que el SAG está autorizando pesticidas que son nocivos para la salud de las personas, de los animales, de las plantas y, por supuesto, también, de las abejas.

Por esta razón, presentamos otro proyecto de ley, correspondiente al boletín N° 15043-01, para abordar el grave problema de los pesticidas que están circulando libremente en Chile sin mayor regulación. Espero que podamos abordar lo más pronto posible esa iniciativa.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural aprobó este proyecto de ley, que es tan necesario para regular la actividad apícola. Al respecto, muchos productores estaban apurándonos, porque, efectivamente, el texto debió haber sido aprobado hace mucho tiempo.

Por lo tanto, es necesario seguir avanzando en la eliminación de plaguicidas y pesticidas, que efectivamente están causando daño a los colmenares, los cuales, a pesar de la aprobación de este proyecto de ley, seguirán viéndose afectados, como lo señaló el diputado Félix González . Lamentablemente, se tendrá que normar en un proyecto de ley distinto.

Los productores apícolas nos solicitaron aprobar rápidamente esta iniciativa, con la esperanza de evitar la muerte de muchos colmenares, que son la actividad principal y la fuente de ingresos de los pequeños productores.

Haber incorporado la posibilidad de que existan 48 horas para que los productores agrícolas adviertan sobre la aplicación de sus plaguicidas a los productores apícolas, con quienes costó un poco llegar a este acuerdo, permitirá evitar esta afectación tan grave que han sufrido nuestros productores apícolas a lo largo de los años.

El Estado debe seguir avanzando en esta materia y continuar apoyando este tipo de propuestas. A su vez, el Congreso Nacional debiera impulsar medidas que apunten a fomentar la actividad apícola e incorporar esta actividad en las diversas adquisiciones de alimentos por parte del Estado.

Sé que para muchos ha sido muy difícil llevar a cabo esta actividad, que es tan necesaria y que genera tanta vida en la producción agrícola. La apicultura no ha sido objeto de consideraciones, urgentes y necesarias, para desarrollar una política clara de apoyo a un sector que se ha visto tremendamente afectado.

Por eso, en la confianza de que hoy vamos a aprobar unánimemente este proyecto, también tendremos la oportunidad de definir recursos para el fomento y apoyo de esta actividad, así como también para el fortalecimiento de las fiscalizaciones que realiza el SAG.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .- Señor Presidente, cuando hablamos de actividad apícola, principalmente hablamos de tres grandes áreas que se ven enormemente beneficiadas a partir de la apicultura: la generación de productos apícolas, como la miel o la cera; el factor polinizador y, finalmente, su rol como factor productivo estratégico para el desarrollo de la actividad silvoagropecuaria. Sin embargo, el rol más trascendental de las abejas dice relación con el equilibrio de los ecosistemas.

El proyecto cuenta con mi total apoyo, pues viene a reconocer no solo las actividades meramente productivas, sino también la importancia de conocer y regular esta actividad, a fin de proteger las colonias, porque no solo en Chile, sino también en el mundo entero, estamos viendo una permanente disminución de esta especie.

Valoro, además, la creación de una institucionalidad relacionada con el mundo apícola, que contenga derechos y obligaciones para los productores, con especial atención en la protección de ecosistemas y ambientes sanos para dicha producción.

La inocuidad en los alimentos derivados, la definición de las actividades directas y conexas, entre muchos otros aspectos, son muy importantes y se incorporan también en este proyecto.

Me parece que este es un buen paso para entender que parte importante del daño a miles de colonias ha sido causado por el ser humano, debido a la manipulación de los ecosistemas, por lo que esperamos que mediante este proyecto de ley se pueda remediar en algo el daño ya causado.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, mi padre, un hombre de campo, tenía cajones colmenares, los que de a poco se fueron muriendo producto de la utilización de pesticidas.

Considerando lo anterior, agradezco a los autores de este proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, cuya idea de matriz es implementar una normativa tendiente a la promoción, la protección y el fomento del desarrollo sustentable de la apicultura como una actividad silvoagropecuaria.

Mediante esta normativa se establece la regulación de la producción y extracción de productos apícolas, la comercialización del material biológico y los servicios que existen de polinización provenientes de toda colmena de abejas dentro de nuestro territorio nacional. Asimismo, se establecen registros y sanciones, y se otorgan más atribuciones al Servicio Agrícola Ganadero en estas materias, junto con hacer exigencias de rotulado, para combatir la comercialización de productos que no sean ciento por ciento miel de abejas, bajo este concepto.

Es así como, mediante la modificación de algunas disposiciones legales vigentes, más algunas disposiciones transitorias, obtenemos este tipo de regulación. Este proyecto de ley también se hace cargo de una actividad económica que no había sido debidamente regulada hasta ahora, lo que generaba que el producto original de la apicultura, muchas veces, terminara siendo adulterado para incrementar las ganancias con productos que pueden significar un riesgo para la salud humana.

Asimismo, el proyecto establece registros oficiales de apicultores, mediante el reconocimiento por parte del Estado de esta actividad que, además, cumple un rol agroecológico, pues contribuye a la mantención de la biodiversidad y el equilibrio ecológico, generando externalidades positivas que benefician a otras actividades económicas y, por supuesto, al medio ambiente.

La iniciativa modifica cuerpos legales para establecer sanciones y mecanismos de fiscalización, a cargo del Servicio Agrícola Ganadero, quien además tendrá la potestad de prohibir el uso de ciertos pesticidas que tanto mal le hacen a esta actividad y que atentan no solo contra la vida de las abejas, sino también contra la vida del ser humano.

Pertenezco a la Fundación Deportistas por un Sueño, donde hemos tratado con niños con problemas teratogénicos y problemas de nacimiento, debido a que sus padres estuvieron expuestos a pesticidas y otros agentes.

Por lo anterior, celebro este proyecto de ley, y espero que se siga regulando el uso de los pesticidas, para que estos no sigan causando daño a las personas.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud, correspondiente al boletín N° 14211-11.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Salud es la señora Ana María Gazmuri .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 5ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de marzo de 2022. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 53ª de la presente legislatura, en lunes 1 de agosto de 2022. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En reemplazo de la señora Ana María Gazmuri rendirá el informe el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Salud, vengo en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que prohíbe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud, iniciado en moción del senador Jaime Quintana y de los entonces senadores Guido Girardi , Carolina Goic y Rabindranath Quinteros .

La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar servicios y acciones de salud.

Fundamentos de la moción

En la exposición de motivos de la moción original se destaca que en el país el derecho a la salud constituye una preocupación ciudadana creciente y sostenida.

Se hace presente que existe un sistema fragmentado e inequitativo de salud, en el que convive un fondo público que da cobertura al 80 por ciento de la población (Fondo Nacional de Salud) con múltiples seguros privados o instituciones privadas de salud previsional (isapres) que entregan cobertura al 18 por ciento de la población.

Ambos sistemas han sido objeto de críticas. Hay descontento en la población, el que se relaciona sobre todo con la persistencia de inequidades en salud, dificultades para acceder a medicamentos y a atención de problemas de salud no priorizados en el plan de garantías explícitas, así como la no resolución de aspectos pendientes en el aseguramiento privado, entre otros.

Se agrega que respecto al sistema de salud público privado existen diferencias. Las áreas analizadas son esencialmente la calidad, la eficiencia de costos y la selección de pacientes.

El mercado de provisión de atenciones en salud es de carácter mixto, lo que da pie a una estructura con subsistemas que actúan casi en forma paralela. El mercado privado está integrado, en su mayoría, por prestadores con fines de lucro, como centros médicos, clínicas, clínicas especializadas y consultas privadas. El subsistema público está integrado por los servicios de salud, que administran la red asistencial local, y los consultorios de administración municipal, que proveen de atención primaria a las comunidades.

A juicio de los autores, pese a los avances indiscutibles en los indicadores sanitarios básicos, la sociedad chilena no ha logrado hasta hoy configurar una fórmula de atención médica que sea equitativa y satisfaga las apremiantes necesidades cotidianas de la población, especialmente la más desvalida desde el punto de vista económico, incluidos los más ancianos.

Se manifiesta que un gran porcentaje de la población no está en condiciones de asumir los costos de la atención de salud, situación necesaria y prioritaria que los Estados deben considerar al organizar sus sistemas sanitarios y de atención médica. En la actualidad, los ciudadanos no se sienten adecuadamente protegidos por el sistema de salud y tienen miedo a enfermar.

Parte de la población está dispuesta a endeudarse para acceder a atención de salud. Los autores advierten que, entre otras dificultades del sistema de salud, se encuentran las abultadas deudas que adquieren los pacientes y sus familias por tratamientos, las que terminan redundando, por la imposibilidad de pagarlas, en la afectación del acceso a nuevos créditos en el sistema financiero, e, incluso, a la postulación a nuevos trabajos.

Por último, sostienen que, lamentablemente, el acceso a la salud no es un derecho resguardado por el Estado, como debiera ser, cargando los pacientes con la necesidad de asistir a la salud privada para obtener respuestas, con el consiguiente endeudamiento.

En la discusión general, el representante del Ejecutivo manifestó que, si bien esta iniciativa legal es sencilla en sí misma, es de mucha importancia para un sector de la población. Hizo presente que en Chile se ha avanzado mucho en cultura financiera en temas de salud, pero que aún existen temáticas respecto de las cuales se debe avanzar, como en lo referente a la confidencialidad y reserva de datos sensibles.

Al respecto, indicó que cuando se permite que se informe a un boletín comercial sobre una deuda originada en una prestación de salud, de alguna manera se está entregando una información que atañe a la intimidad de las personas. Además, se genera un círculo vicioso, toda vez que una persona debe endeudarse para mantener su salud; sin embargo, se le hace difícil acceder a un crédito por esa misma circunstancia.

En consecuencia, a las personas que han pasado por un problema de salud catastrófico desde el punto de vista financiero se les adiciona la dificultad de acceder a un crédito, generándose otro problema más.

Votación en general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción y luego de recibir la opinión del Ejecutivo, que permitió a sus miembros formarse una idea de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes (11 votos a favor).

Votaron a favor las diputadas y diputados Eric Aedo , Danisa Astudillo , Marta Bravo , Karol Cariola , María Luisa Cordero, Ana María Gazmuri , Tomás Lagomarsino , Daniel Lilayu , Hernán Palma , Agustín Romero y Patricio Rosas .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, el objetivo de este proyecto es modificar la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar servicios y acciones de salud.

La protección de datos personales es uno de los elementos que más actualización requiere en nuestra legislación. En consecuencia, toda norma que promueva el avance en la protección de la vida privada es bien valorada, especialmente tratándose de una materia tan delicada como lo son las atenciones de salud.

En muchos casos, dada la urgencia de estas prestaciones, los pacientes deben incurrir en importantes deudas para costearlas, las que al incorporarse en boletines comerciales o bancos de datos pueden traducirse en impedimentos para el acceso a otras prestaciones de salud o a nuevos créditos para otras finalidades.

La discusión de este proyecto fue consensuada con el Ejecutivo, tanto en la Comisión de Salud del Senado como también en la Cámara de Diputados.

El representante del Ministerio de Salud destacó la importancia de este proyecto, especialmente en aquellos casos en que los pacientes contraen deudas para financiar prestaciones que se encuentran en revisión por parte de la Superintendencia de Salud respecto de su cobertura por el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES). Además, se hace referencia a aquellas personas que han pasado por un problema de salud catastrófico desde el punto de vista financiero. La existencia de ese tipo de información genera a esas personas un problema adicional, pues la misma termina dificultando su acceso al crédito.

Valoro este proyecto. Ustedes saben muy bien que cuando una persona tiene una enfermedad grave, el costo es muy elevado. En Chile no se asegura la salud, como debe ser, aunque ello esté escrito en la Constitución. Hay que ir a la realidad: nuestro sistema no se preocupa de las personas, lo que estaría vulnerando sus derechos humanos.

Desgraciadamente, esto es sinónimo de pobreza, más allá de lo que puede sufrir una familia cuando tiene un ser querido enfermo.

Por eso, valoro este proyecto, por lo que, obviamente, lo aprobaré.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a las y los colegas diputados.

El proyecto que analizamos es de toda justicia, pues valora los principios que tienen que ver con un mercado justo. Las personas que ingresan al Dicom, lamentablemente, por causa de una deuda sanitaria a causa de una enfermedad, no deberían estar ahí, dado que la enfermedad es algo que ellos no han podido evitar. En la mayoría de los casos en que las personas se endeudan para cubrir una enfermedad, se trata de enfermedades nuevas, catastróficas o que van más allá de las coberturas que tienen sus seguros. Esa es una gran limitación que todavía tenemos en nuestro país, porque tenemos este sistema doblemente segmentado, en que Fonasa tiene cerca de quince millones de chilenas y chilenos, que captan cerca de 8.000 millones de dólares en cuanto a los costos, y, por otro lado, las isapres tienen cerca del 18 por ciento de la población, que captan 2.000 millones de dólares, lo que significa que estas tienen cuatro veces más recursos por inscrito; no obstante, así y todo, ninguno de los dos sistemas es capaz de generar una solución en que no tengan que pagar los usuarios, los afiliados o los beneficiarios. ¿Por qué? Porque hay una disimetría, puesto que en uno de los sectores, en donde hay más ganancias o lucro, se produce la salida de esos recursos hacia los dueños de las aseguradoras o isapres.

Por eso, tenemos un mercado muy asimétrico, que además tiene el sistema de integración vertical que hemos denunciado, en que hay participación de las isapres con las clínicas y los laboratorios, en donde finalmente hay una situación anormal. Por esa razón, hoy necesitamos en lo pequeño, particularmente en este proyecto, eliminar de Dicom a las personas que hayan contraído deudas producto de la obligación que han tenido de financiar ciertas patologías, procedimientos, exámenes o cirugías de alto costo no contempladas en sus sistemas de salud, pero también tenemos que avanzar hacia un mercado justo. Digo “un mercado justo”, porque esa es una de las cosas que siempre hemos pregonado desde la socialdemocracia y también desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): que los mercados deben ser justos y que también debe haber un mercado justo dentro de la salud.

Lo digo con toda claridad: la atención pública y privada tienen que coexistir, pero en una forma justa, con valores justos y adecuados, como se planteó durante la pandemia, en que se colocaron los valores que se llaman Grupos Relacionados al Diagnóstico (GRD), que son valores promedio. Con eso se transaron todos los productos y servicios dentro de la red integrada. A eso me refiero con un “mercado justo”, donde haya precios justos, precios conocidos y transparentes.

Vamos a votar a favor este proyecto, porque obviamente viene a dar seguridad y justicia en un mercado que, lamentablemente, no ha sido justo, y quita de encima esta especie de condena a los afiliados y usuarios que han tenido que endeudarse para cubrir una enfermedad de alto costo que no está financiada por ninguno de los sistemas o que tiene fármacos experimentales o tratamientos experimentales que aún no están en las carteras de servicios de sus entidades prestadoras.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, creemos que este proyecto es favorable y necesario, dado que muchas veces los pacientes, por la urgencia de las prestaciones y los tratamientos, deben incurrir en grandes gastos, que luego se traducen en importantes deudas, para tratar adecuadamente y a tiempo sus problemas de salud.

Luego, muchos de estos pacientes se ven en la imposibilidad de pagar dichas deudas, lo que se suma a la dificultad, al ser estas incorporadas al boletín comercial, para acceder a nuevas prestaciones, a créditos o, incluso, a nuevos trabajos que les permitan costear parte de sus deudas.

Creemos que nadie debiese estar impedido o limitado, y menos inhabilitado civilmente, para realizar sus actividades económicas normales, por los efectos económicos de tratar alguna grave enfermedad que haya padecido.

Finalmente, consideramos que la protección de datos personales requiere siempre actualización, sobre todo ante materias tan sensibles como la atención de salud.

Por eso, votaremos a favor esta iniciativa. He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, el derecho a la vida y el derecho a la salud son de los derechos más esenciales del ser humano. Por lo tanto, siempre deben ser resguardados por el legislador y por todos.

En ese sentido, este proyecto de ley nos convoca, lo compartimos y lo vamos a votar a favor, porque hace sentido, puesto que beneficia a los ciudadanos que lo están pasando mal o que lo han pasado muy mal, a los cuales el sistema muchas veces no los ha acompañado y más encima hoy la sociedad los sanciona o castiga.

Hoy, las deudas por educación no se informan al boletín comercial, y tampoco las deudas por servicios básicos. Sin embargo, las deudas por salud, que es un tema tan sensible, sí se informan al boletín comercial.

Hoy, los ciudadanos muchas veces no recurren al sistema público, a los hospitales o a los consultorios, porque no tienen una atención de salud oportuna o a tiempo, y muchas veces se ven forzados con sus familias a recurrir al sistema privado. Cuando está en riesgo la salud o la integridad física, la familia y el paciente están dispuestos a todo, a endeudarse y a buscar atención oportuna, porque la vida es lo más importante. Muchas veces eso trae consigo grandes deudas en materia de salud.

Además, a veces esas familias y esos pacientes quieren pagar y hacen un esfuerzo después de ser atendidos. Sin embargo, las deudas ya han sido informadas al boletín comercial, lo que les impide ir a un banco o a alguna institución financiera a pedir dinero para pagar o saldar su deuda de salud. Ese es un círculo vicioso que muchas veces lleva a las familias a la destrucción, a endeudarse, a vender lo que no tienen y a deshacerse de sus bienes materiales para cubrir necesidades fundamentales.

Sin embargo, hay algo que echo de menos en este proyecto de ley, cual es que aquí el Estado no existe. Simplemente, aquí las personas quedas solas, porque el Estado no se hace cargo y el privado debe asumir el costo. ¿Y cuál es el temor que tenemos de eso? Que el sistema privado, cuando no sabe si le van a pagar o no, aumenta el riego y sube el valor de las atenciones. A mi juicio, ese es el incentivo perverso.

A pesar de eso, yo me inclino por votar a favor este proyecto de ley, porque va a beneficiar a muchas personas que lo están pasando pésimo, cuyas deudas no se justifica que estén informadas en el boletín comercial. ¿Qué decir de las enfermedades catastróficas? Significan sumas de dinero impagables. Al menos, este proyecto va a dar un respiro a los deudores, porque esas deudas no serán informadas al boletín comercial o Dicom . Por consiguiente, podrán seguir haciendo su vida con cierta normalidad en el futuro.

Por eso, vamos a concurrir con nuestro voto favorable a este proyecto que va a beneficiar a tantas personas en nuestro país.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, la salud es un derecho universal. Bajo la perspectiva de los derechos humanos, no podemos entender de otra manera el concepto de salud que hoy día nos convoca. La salud es un derecho esencial sostenido en todas las latitudes.

Durante décadas hemos asistido a un modelo que en materia de accesibilidad sanitaria discrimina a las personas de acuerdo con su estándar socioeconómico. Expresiones como “usuarios”, “pacientes” y hasta “clientes” se han instalado en el inconsciente colectivo de la población, y sabemos que el lenguaje construye realidades. No es posible seguir concibiendo un modelo en que el dinero esté por encima de la vida humana y la calidad de la misma.

Como en toda situación de crisis, la pandemia ha puesto en evidencia lo bueno y lo malo de las personas. Sin duda, este ejercicio de empatía colectiva en el seno de la Cámara de Diputadas y Diputados es una señal adecuada y precisa de acuerdo con los tiempos que corren, avanzando resueltamente hacia un sistema de salud universal, sin discriminaciones.

Es tiempo de terminar con la época de las rifas, de los bingos, de los empréstitos, de las prendas y hasta de “la Tía Rica”, porque comienzan a soplar vientos en otra dirección, ya que la salud empieza a dar señales de humanización.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señor Presidente, este proyecto presenta una situación compleja si se mira desde el punto de vista de la información con que las instituciones financieras calculan los riesgos de los clientes y las tasas de interés a aplicar en posibles créditos. Sin embargo, estamos enfrentados a una situación especial: producto de una enfermedad catastrófica, de una larga enfermedad o de una intervención quirúrgica compleja, las personas pueden ver perjudicado su acceso a un crédito, sin que esto se condiga con su comportamiento crediticio o hechos dentro de su esfera de responsabilidad.

Más aún, podría sostenerse que esa información solo se podría prestar para discriminar por condición de salud, lo que es contrario al artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por otra parte, el endeudamiento por razones de salud constituye uno de los grandes males que pueden aquejar a la familia, al constituirse en un gasto inevitable y con características muchas veces devastadoras. Claro ejemplo de ello es el hecho de que muchas personas que cotizan en Fonasa tienen que acudir, en situaciones apremiantes, a la salud privada, con el endeudamiento que eso puede significar, ya que no pueden someterse a largas esperas en la salud pública.

Por lo expuesto, considero que se debe aprobar este proyecto, porque es inhumano aumentar la angustia de las personas que se ven enfrentadas a endeudamientos por problemas de salud que, como dije antes, son inevitables.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, en primer trámite constitucional, que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 31 de mayo de 2022, y establece las sanciones que indica, correspondiente al boletín N° 14888-03.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 48ª de la presente legislatura, en martes 19 de julio de 2022, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, la Cámara de Diputados representa a la gente, al territorio, y por ello tenemos la obligación de entregar alivio a nuestros representados cuando los errores del sistema los aquejan y asfixian.

Junto a diputados y diputadas de diversas bancadas, presentamos este proyecto que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 31 de mayo de 2022. Y lo presentamos, porque creemos que tenemos que entregar alivio a los sectores que están acogotados por las deudas. Lamentablemente, en lugar de contribuir a corregir el modelo, hemos contribuido a profundizar un modelo de mercado que genera riqueza, pero, a la vez, profunda concentración, desigualdad y altos niveles de endeudamiento, una cultura del endeudamiento que se vio gravemente intensificada debido a la pandemia y sus consecuencias.

Cuatro millones de personas tienen registros de deudas; por ende, 4 millones de personas están impedidas de acceder a nuevos créditos. Según la Comisión del Mercado Financiero, 15,5 por ciento de las personas presenta una alta carga financiera, superior al 50 por ciento de su ingreso mensual.

Las micro, pequeñas y medianas empresas serán ciertamente las más beneficiadas con este proyecto. Recordemos que fueron las más afectadas posestallido social, saqueos, inestabilidad e incertidumbre, para luego ser nuevamente golpeadas por la pandemia.

¿Cómo apoyamos a las microempresas y pequeñas empresas si las acorralamos y no les damos una salida para pagar sus deudas y volver a pararse?

El Ministerio de Economía cifró en más de 10.000 las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por hechos de violencia, con una baja en las ventas de 50 por ciento entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre del año 2019.

Señor Presidente, queremos entregar un apoyo a las micro y pequeñas empresas, porque no solo representan el 17 por ciento del producto interno bruto del país, sino que generan el 53 por ciento del empleo. Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que generan el empleo en el país.

Por eso, quiero ser muy enfático en señalar que, tras varias exposiciones de expertos y luego de alcanzar varios acuerdos al interior de la Comisión de Economía, generamos un proyecto que, por cierto, no salió como inicialmente ingresara a la comisión.

El texto de este proyecto fue precisado y acordado, y estamos convencidos de que no generará incertidumbre al mercado financiero. Creemos que no va a generar aumento en la tasa de interés ni va a afectar el acceso al crédito. Más bien, todo lo contrario.

Los invito a votar favorablemente este proyecto, que elimina la información sobre deudas impagas, desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de mayo de 2022, del boletín comercial, entregando alternativas para que los emprendedores vuelvan a ponerse de pie tras la grave pandemia que nos ha azotado y, por supuesto, los efectos del estallido social, que repercutió principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Señor Presidente, reitero mi llamado e invito a las honorables diputadas y a los honorables diputados presentes en esta Sala a votar favorablemente este proyecto, considerando que está acotado a una fecha, lo que va a generar mayor certeza respecto del proyecto que estamos presentando.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, cuando era joven, mi experiencia personal fue la siguiente: endeudarse y sobreendeudarse era una situación extremadamente desagradable, pero más desagradable era cuando a uno le ofrecían, como única solución, endeudarse aún más. Y esa es la solución que se está ofreciendo con este proyecto.

El no entregar información sobre el nivel de endeudamiento de las personas al sistema financiero permite el sobreendeudamiento; es decir, coloca a las personas en una posición en que no van a ser capaces de servir sus créditos. Y esto sirve única y exclusivamente a la banca, porque los bancos, a través de la tasa de interés, van a procurar no tener pérdidas. Y, como si fuera poco, en algún momento van a sacar a remate las propiedades de aquellos que se hayan sobreendeudado.

Es decir, el banco no pierde por ningún lado: sea a través de la tasa de interés o a través del remate posterior de los bienes de las personas que se hallan sobreendeudado.

Encuentro que este no es el camino para ayudar a las pymes. El camino es que el Estado se meta la mano al bolsillo, a través de la Corfo, y ofrezca créditos a tasas realmente útiles, que ayuden en la repactación de deuda, que sirvan a nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios, y a los ciudadanos en general, restaurando el orden, porque ese también es un tremendo problema, y que las municipalidades enfrenten el comercio ilegal, que le está causando un tremendo daño al comercio legal.

Aquí estamos tratando un síntoma, pero al esconder este síntoma no hacemos más que agravar la enfermedad. Y concentramos, entonces, la riqueza y la propiedad en manos de los institutos financieros, que van a terminar rematando las propiedades de la gente que se haya sobreendeudado gracias a que se lo permitimos a través de este tipo de normas.

Personalmente, creo que estamos aproximándonos de manera irresponsable a la solución de este problema, porque simplemente estamos delegando en el sector financiero la responsabilidad que tiene el Estado de recuperar los daños causados por su inacción y por su acción en pandemia.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención hablando del problema de fondo, es decir, de la situación económica del país.

Según el Reporte Mundial de Inequidad de 2022, la riqueza promedio del 50 por ciento más pobre de Chile es negativa. Eso quiere decir que hay un alto número de chilenos y chilenas endeudados y endeudadas. Por otro lado, el 10 por ciento y el 1 por ciento más rico de la población concentran respectivamente el 80 y el 50 por ciento del total de la riqueza. Estos datos son impactantes y son una extraordinaria radiografía de la situación actual país. El 50 por ciento más pobre de Chile, es decir, la mitad de los chilenos, tiene en total más deudas que activos o bienes. Su participación en la riqueza de Chile es negativa. En el fondo, no participan en la distribución de la riqueza. Dicho de manera coloquial: quedan al debe, teniendo algo así como propiedad negativa.

¿Pero con quiénes se endeudan? Con el 10 por ciento más rico de la población, dueños del 80 por ciento de la riqueza nacional. Aunque probablemente no; probablemente sea el 1 por ciento más rico, dueño del 50 por ciento de la riqueza nacional. Esta es la situación de nuestro país.

La Comisión de Economía ha dado un paso importante, luego de escuchar a diversos actores de la sociedad civil, como organizaciones de consumidores, de pymes, la banca, economistas y expertos.

Esperamos que el proyecto siga avanzando porque es una ayuda a las personas y a las pymes. El uso indebido y el tráfico de datos afectan a la gente. Pero estamos al lado de las personas. Consideramos que esta futura ley es un alivio, pero tenemos que empezar a pensar pronto en soluciones de fondo. Por esto, creemos que se debe disputar el modelo del país que tenemos y principalmente el que queremos para el futuro. Para buscar soluciones más definitivas, necesitamos avanzar en un nuevo pacto tributario para que los chilenos y las chilenas, trabajadores y trabajadoras, no deban endeudarse para comprar alimentos o para pagar servicios básicos. El problema, al final del día, es el sistema neoliberal implantado a la fuerza durante la dictadura cívico-militar chilena y fortalecido durante muchos años por los gobiernos de turno. Este sistema intenta…

-Manifestaciones en la Sala.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Pido a los diputados que respeten la intervención de cada parlamentario, más allá de las diferencias que puedan tener.

Puede continuar, señor diputado.

El señor BARRERA.-

Gracias, señor Presidente.

Este sistema intenta que normalicemos que la mitad de los chilenos y las chilenas deban endeudarse para suplir sus necesidades básicas, porque intentan convencer a los chilenos y chilenas, trabajadores y trabajadoras, que su trabajo vale tan poco, pero tan poco, que no tiene por qué alcanzarles para vivir. Se trata de un sistema que convierte el endeudamiento en la única solución, que ahoga a las familias chilenas que no alcanzan a llegar a fin de mes y que deben comprometer sus ingresos futuros para poder consumir los bienes que necesitan.

Sabemos -reitero que esta es una solución superficial a un problema profundo, pero no dejamos de tener en cuenta que durante la pandemia de covid-19 Chile aumentó dramáticamente el número de morosos. Por lo mismo, esta iniciativa tiene un plazo acotado para dar una segunda oportunidad a las familias y pymes para poder acceder a créditos para reactivarse.

Hoy, como ya lo han dicho otros parlamentarios, veremos quiénes están con las personas y con las pymes, con el 50 por ciento del país que tiene una participación en la riqueza lamentablemente negativa y necesita una oportunidad, y quiénes están por seguir empinándoles la cancha a quienes buscan surgir y tener un nuevo comienzo junto a sus familias después de una de las pandemias más letales de la humanidad, frente a un sistema financiero indolente y un sistema económico injusto.

A pesar de que tal vez pueda aparecer en esta Sala un parlamentario representante de la banca, que, consecuente con su discurso, nos diga que se deben inhabilitar de votar todos los que tengan Dicom , votaré a favor este proyecto con absoluta convicción, la misma con la que apoyaré la reforma tributaria para buscar soluciones de fondo a la inequidad social de este país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, este es el segundo proyecto de la mañana sobre no informar las deudas impagas que se tienen por distintos motivos. El proyecto anterior fue por temas de salud, con lo cual estoy de acuerdo, porque una persona no puede perder la posibilidad de emprender porque tuvo que afrontar un problema de salud, que tiene que pagar, pero no puede hacerlo en el momento oportuno.

En este caso, este proyecto de ley, que partió de una manera y que terminó, incluso, con el respaldo del Ejecutivo sin colocarle urgencia, y con el beneplácito del ministro de Hacienda, prohíbe publicar los datos relativos a obligaciones desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de mayo de 2022 por un monto inferior a 2.500.000 pesos.

¿De qué se trata el proyecto? Desde el estallido social hasta la pandemia, muchas pymes y muchas personas lo pasaron muy mal y recién se están empezando a levantar. Y no queremos que en Chile exista un mercado paralelo para que esas personas, que sufrieron la pérdida de su negocio o del flujo, para poder pagar las deudas contraídas antes de 2019 tengan que ir a prestamistas, extranjeros muchos, que les cobran semanal o mensualmente tasas prohibitivas, para poder seguir con su flujo o emprendimiento. Queremos que el mercado financiero actúe bien. Y si alguno del mercado financiero le cierra la puerta a alguien que se haya caído en Chile, significa que nunca ha visto algún emprendimiento. Los chilenos somos resilientes. Cuando nos caemos, nos levantamos nuevamente. El problema no es caerse; el problema es no levantarse.

Por lo tanto, este proyecto de ley permite levantarse nuevamente a la persona que se haya caído. Levantarse significa no tener el estigma encima del sistema financiero que le diga a una persona: “Usted está en el famoso Dicom y no le puedo dar ni cinco pesos”. Y si la persona responde: “Pero tengo empleados, tengo flujo”, el sistema financiero le dice: “No, señor, usted debe”.

Entonces, ¿qué debe hacer esa persona? ¿Cerrar la empresa? ¿Cerrar la pyme? No, señor. Tenemos que ser justos en relación con ese espacio de tiempo en que se dio algo totalmente inusual en el país.

Por eso, estoy de acuerdo con el proyecto. Hay que generar esta ayuda; pero también estoy de acuerdo con la educación financiera. Por eso, también se está tratando en la Comisión de Economía el proyecto que crea el registro de deuda consolidada. Ojalá puedan aprobarse algunas indicaciones para que le llegue a todo aquel que esté endeudado en alguna institución financiera o que ha sacado un vehículo o un préstamo en cualquier parte, cada cuatro meses, la información de cuál es su situación de deuda en todo el sistema financiero, como educación financiera.

Creo que tenemos que empezar a entregar la información que corresponde, pero también a ayudar a muchas pymes y a muchas personas que, por distintos motivos, desde el estallido social en adelante -sobre todo a aquellas pymes de la zona cero-, todavía tienen problemas. Puede que las haya abrazado mucho el gobierno, pero resulta que llegan al banco y no les prestan ni uno. ¿Cómo pueden activarse si les cierran las puertas? Imposible.

Creo que esta iniciativa es una medida de salvataje, así como se hizo con los consumidores cuando estábamos en plena pandemia. Recuerden que aquí, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa para el no pago de los servicios básicos en un momento determinado, cuando las personas tenían que estar encerradas y sin tener los flujos correspondientes para comer. Dicho pago se postergó y después se encontró la solución. Esto es algo más o menos parecido, para que cada una de las pequeñas empresas en Chile y las personas que pudieron tener algún problema puedan nuevamente pararse. Pero esto no significa que van a dejar de deber. En la institución van a seguir debiendo. Creo que, al pararse, vamos a poder recuperar a esos chilenos, no solo mentalmente, sino también financieramente, y continuar con esas personas que dan empleo y generan crecimiento en Chile.

Voy a apoyar con mucha fuerza este proyecto. Espero que el resto de mis colegas también lo haga, y también apoyen el proyecto que crea el registro de deuda consolidada, que es la educación financiera del futuro.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás de Rementería .

El señor DE REMENTERÍA.-

Señor Presidente, en mi discurso, quiero hacer un reconocimiento a una persona que se la ha jugado por este proyecto, el diputado Daniel Manouchehri , quien ha sufrido personalmente los ataques de los poderes fácticos, a través de algunos que, disfrazados de bufones, comparten información personal que está prohibida, que han hecho uso de lo que da sentido a la prohibición que se propone establecer en este proyecto: la utilización de información privada, en este caso, el uso de datos relativos a deudas impagas a la fecha que indica.

Las deudas son información privada. Nadie se endeuda porque le sea baladí, porque le sea fácil hacerlo. La gente se endeudó porque tenía necesidades, porque el gobierno anterior llegó tarde. Las personas se tuvieron que endeudar para salvar sus pymes y sus locales comerciales. A ellos, mediante este proyecto, se les da una solución.

Tal vez la persona que debe trescientas lucas o quinientas lucas en su momento se vio obligada a contraer esa deuda para enfrentar sus problemas. Pongo este ejemplo, porque la iniciativa plantea borrar la información de las deudas impagas al 31 de mayo de 2022, pero eso no significa que la gente no va a pagar. Pensar así es desconfiar de los chilenos. Algunos se hacen llamar personas que son muy patriotas, pero desprecian totalmente a sus connacionales. Se ríen de ellos, piensan que no van a pagar, que son personas irresponsables.

Perdón por decirles esto, pero los chilenos son personas responsables, que pagan sus deudas; no porque les borren el registro de una deuda no la van a pagar.

Lo que hicieron fue realmente burlarse de las personas. Sacaron a relucir lo peor de la política, al tratar de sacar información privada del mismo tipo de la que estamos discutiendo. Eso fue lo que quisieron hacer. Yo les pregunto: si hubiera un Dicom sobre los intereses comerciales, sobre los intereses económicos, probablemente ustedes lo tendrían mucho más grande que el que pudo haber tenido el diputado Manouchehri .

Entonces, por intermedio del señor Presidente, pido que esto nunca más ocurra en esta Cámara, que esos espectáculos no se puedan dar. Acá realizamos un trabajo fraterno, pensando lo mejor del compañero, del que está al lado; pensando lo mejor, teniendo buena fe, creyendo lo mejor del otro. ¡Pero no! Acá hay algunos que quieren emporcar la labor de esta institución histórica, la Cámara de Diputados; quieren emporcarla con situaciones risibles, porque creen que esto es un show.

Finalmente, quiero señalar que hay seriedad en el trabajo efectuado por el diputado Manouchehri , pero algunos lo quisieron tapar mediante la entrega de datos de los que no les estaba permitido informar. No obstante, la mayoría de la Cámara les va a decir lo contrario y sus intereses se los tendrán que guardar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Continúa con el uso de la palabra, señor diputado.

El señor ARAYA (don Cristián).-

Muchas gracias, señor Presidente, por garantizar la libertad de expresión, libertad que sé que a algunos en este hemiciclo no le gusta, porque están acostumbrados a la cancelación, a la censura, a la persecución de quien piensa distinto.

Estoy convencido de que este es un mal proyecto, a pesar de que se plantea como una iniciativa generosa, que demuestra una gran preocupación por las personas. Luego de escuchar atentamente algunas intervenciones en este hemiciclo, pareciera que estuviéramos en presencia de primos hermanos del padre Hurtado , porque tanta generosidad en esta Cámara es difícil de poder contener. Hay gente que es verdaderamente muy generosa, pero con el bolsillo ajeno.

Estos son cantos de sirenas, porque, al final del día, este proyecto, que supuestamente busca favorecer a los más pobres y necesitados de este país, a personas que han dejado impagas sus deudas, hará todo lo contrario: los va a perjudicar. Se ha señalado que esta iniciativa permitirá hacer borrón y cuenta nueva con las deudas impagas. Se ha dicho que esta vez sí; que nunca más; que de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Bueno, es la misma monserga, es el mismo discurso que escuchamos una y otra vez.

Claro, es muy bonito, muy cómodo para todos salir anunciando que gracias a su voto quienes hoy adeudan en instituciones financieras algunos recursos, ya no van a tener Dicom . Obviamente, eso los dejará muy bien parados y podrán salir con el pecho inflado, pero lo que no les dicen es que esto los perjudicará para pedir un crédito.

Estamos en un momento de crisis financiera; estamos en un momento de crisis económica y de gran incertidumbre. Estamos en esa situación, en gran medida, debido al proceso constituyente y al estallido delictual del 18 de octubre. No obstante, ¿qué se propone hacer? Inyectar más incertidumbre al sistema. ¿Qué significará eso? El aumento de las tasas de interés.

¿A quiénes vamos a perjudicar? A los más pobres de este país. Entonces, no vengan a decir que les preocupan los pobres, porque lo único que quieren es hacer más pobres a los chilenos.

Este es un mal proyecto, de inicio a fin. El sobreendeudamiento no se soluciona mediante cerrar los ojos y eliminar la información financiera. Formemos a la gente en economía básica, en el cuidado de las finanzas. Eduquemos en los colegios. Si los chilenos supieran manejar mejor sus finanzas, estoy seguro de que dejarían de votar por algunos de esta Sala.

También me pregunto qué pasa con los buenos pagadores, porque este proyecto impide que aquellos que se han sacado la mugre, que aquellos que se han restringido y han pagado sus deudas, puedan ser reconocidos por el sistema. Claro, ellos pasan a la cola. Lo importante es salir acá y sacarse la foto.

Reitero que este es un mal proyecto, de manera que lo votaremos en contra, porque al final del día terminará por estrangular a los más necesitados de este país.

Finalmente, quiero señalar que hoy necesitamos dar dinamismo, credibilidad y certidumbre a la economía; pero eso no es lo que hace esta iniciativa.

Este es uno de esos proyectos denominados como canto de sirenas. Aquí muchos se van a vanagloriar por apoyar esta iniciativa. Nosotros no, porque somos responsables. Lo que queremos es eliminar la pobreza en este país, no seguir promoviéndola.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

No, señor diputado, esa es una interpretación antojadiza. Está claro el artículo.

Si hay alguien que tenga algún problema, tendrá que proponer alguna modificación al Reglamento de la Corporación.

Tiene la palabra la diputada Javiera Morales .

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señor Presidente, el sobreendeudamiento que viven las familias en Chile es innegable. Este hemiciclo bien lo sabe.

Hoy, 800.000 personas en Chile destinan más del 50 por ciento de sus ingresos a pagar sus deudas. También conocemos las causas de ese endeudamiento: nuestro modelo económico, que mercantilizó los derechos sociales. Eso ha hecho que hoy chilenos y chilenas tengan deudas por educación, por salud, y que, además, gran parte de las familias chilenas destinen enormes porcentajes de sus ingresos mensuales a cubrir rentas de arrendamiento altísimas o dividendos para poder contar con un techo.

Nadie ha dicho aquí que no queremos avanzar en políticas públicas para enfrentar este sobreendeudamiento de los chilenos y chilenas; pero, ¡ojo!, no nos mintamos: el sobreendeudamiento no lo vamos a enfrentar consolidando deuda o mejorando los sistemas de información, sino que hoy más que nunca se hace urgente avanzar en el Estado social y democrático de derechos que histórica y mundialmente garantiza el piso social para una vida digna, ese mismo Estado social y democrático de derechos que hoy consagra la propuesta de la nueva Constitución. No nos perdamos en eso.

(Aplausos)

Secundariamente, sin duda debemos avanzar en perfeccionar la información para poder tener mejores políticas públicas. En esa dirección, la Comisión de Economía está trabajando en el proyecto de ley que crea un registro consolidado de deudas a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero. Actualmente, esa iniciativa se encuentra en discusión en dicha instancia. En eso no hay dudas; seguiremos trabajando para que el proyecto avance, garantizando, eso sí, que se resguarden los datos personales y se cumplan las obligaciones legales de las instituciones financieras y no financieras.

Sin embargo, no nos podemos olvidar de lo difícil que han sido estos tres años para muchas familias y para cientos de microempresas y pequeñas y medianas empresas -¿qué cientos? ¡Miles!-: un estallido social, una pandemia y, ahora último, un escenario económico mundial crítico. Estamos en momentos excepcionales y sabemos que a esas mipymes un mal Dicom les cierra las puertas para levantarse. Son las mismas mipymes que cuentan con solo un 13 por ciento de participación del mercado; es decir, su presencia es cinco veces menor que la de las grandes empresas, pero emplean aproximadamente al 50 por ciento de las y los trabajadores de Chile. Esas mipymes requieren ayuda ahora para navegar estos tiempos excepcionales.

Situaciones excepcionales hacen necesarias medidas excepcionales, y en esa lógica es que surge este proyecto. Esto no es extraño; ya ocurrió en 2002 y 2012, momentos en que este mismo Congreso implementó medidas como esta ante recesiones económicas. Se trata de una medida excepcional, con plazos acotados, justificada en estos momentos excepcionales. Lo que no es excepcional, sino permanente, es el compromiso con la mipymes.

Acá se ha dicho que esta es la única respuesta que se está dando a las mipymes. ¡Eso no es cierto! Hoy existe un subsidio al sueldo mínimo, el cual ya ha favorecido a más del 50 por ciento del total de las empresas potencialmente beneficiarias. Ya se ha anunciado un nuevo Fogape , focalizado especialmente en las mipymes de aquellas áreas más afectadas por la pandemia. Está en tramitación una reforma tributaria con enfoque redistributivo, que la pagará solo el 3 por ciento de mayores ingresos para mejorar la vida del 97 por ciento restante. Podría seguir, pero el punto quedó bien claro: acá se está enfrentando la situación.

Por eso, hoy anuncio mi voto favorable a este proyecto excepcional, pero no voy a dejar pasar que aquí se diga que no estamos avanzando en el tema de fondo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Revise bien.

No, no, no. Es que eso aplica a comisiones, diputado. Lo siento.

Tiene la palabra el diputado Rubén Oyarzo .

El señor OYARZO.-

Señor Presidente, honorable Sala, el proyecto de ley que estamos discutiendo busca dar oportunidades a quienes se vieron afectados por deudas económicas.

Más del 80 por ciento de los chilenos y chilenas tenemos Dicom .

En efecto, esta iniciativa da un plazo de no entrega de información financiera de quienes hayan contraído deudas entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2022, en plena pandemia. El propio proyecto de ley lo señala: “siempre que el total de obligaciones impagas del titular que comunique el registro o banco de datos a la fecha de publicación en el Diario Oficial de esta ley sea inferior a $2.500.000 por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro.”.

Y profundiza con la siguiente aseveración: “Asimismo, no podrán proporcionar información al titular de los datos, ni comunicar el hecho de que éste haya sido beneficiado con esta disposición.”.

Así, el proyecto da una oportunidad de salir adelante para quienes deseen emprender, pues genera dinamismo. Y es este Congreso Nacional el que está dando la oportunidad de generar nuevas oportunidades para nuestra economía y para las familias chilenas, más aún cuando estamos en proceso hacia una recesión económica.

Al respecto señalo al gobierno que no puede presentar un proyecto de reforma tributaria cuando tenemos evidencia de que no es lo más adecuado y no ofrece un contrapeso serio al ajuste fiscal y a la disminución del gasto.

Aprobaré esta iniciativa, pues da una señal clara de que vamos por el camino correcto. Por eso, tenemos que aprobarla, porque las familias lo necesitan. Como dije, más del 80 por ciento de los chilenos y chilenas tenemos Dicom , lo que nos coarta para buscar trabajo, para pedir préstamos, para poder salir adelante.

La clase media agradecerá este proyecto, y por tal razón -reiterolo aprobaré.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señora Presidenta, es interesante el debate que genera este proyecto. Por supuesto que, claramente, no es la solución a este problema que algunos llaman “neoliberalismo”, otros le llaman “un sistema heredado desde la Constitución de la dictadura”, etcétera.

¿Qué más da eso hoy día?

Vamos a los datos. Según la Encuesta Suplementaria de Ingresos realizada anualmente por el INE, durante 2021 el ingreso medio mensual estimado para la población ocupada alcanzó a 681.000 pesos.

Del total de 8.243.580 personas ocupadas -trabajadores y trabajadoras de nuestro país-, un 58,2 por ciento correspondió a hombres, quienes percibieron un ingreso medio de 750.000 pesos. Las mujeres fueron el 41,8 por ciento del total de personas ocupadas, y obtuvieron un ingreso medio de 586.000 pesos.

Entre 2020 y 2021, el ingreso promedio de los hombres aumentó en 56.000 pesos, mientras que el de las mujeres lo hizo en 34.000 pesos.

La brecha de género en el ingreso medio en 2021 se ubicó en -21,7 por ciento, en desmedro de las mujeres.

El 50 por ciento de las personas ocupadas percibió ingresos menores o iguales a 457.000 pesos en 2021.

El ingreso mediano mensual de las personas ocupadas en 2021 se estimó en 457.000 pesos, mientras que en 2020 se ubicó en 420.000 pesos.

El 50 por ciento de las mujeres ocupadas percibieron un ingreso mensual menor o igual a

405.000 pesos, mientras que en el caso de los hombres este fue de 500.000 pesos.

Al expresar los ingresos a precios de octubre de 2021, se observa que el ingreso medio real estimado para el total de personas ocupadas fue de 670.000 pesos en 2020 y de 681.000 pesos en 2021.

El ingreso mediano real estimado para el total de personas ocupadas en 2017 fue de 461.000 pesos, mientras que en 2021 fue de 457.000 pesos.

El 69,7 por ciento de las personas ocupadas -trabajadores y trabajadoras de nuestro paísrecibió ingresos menores o iguales a 681.000 pesos.

Del total de personas ocupadas, el 16,9 por ciento recibió ingresos mayores o iguales a 1.000.000 de pesos, y el 1,9 por ciento percibió ingresos mayores o iguales a 3.000.000 de pesos.

El mayor porcentaje de la población ocupada se encuentra en el tramo de ingresos de 300.000 a 400.000 pesos, que concentró el 18,6 por ciento de personas. Le siguen los tramos de 400.000 a 500.000 pesos y de 500.000 a 600.000 pesos, que concentran un 15,4 por ciento y un 9,8 por ciento de personas ocupadas, respectivamente.

Igualmente, me referiré a los sueldos en las regiones. En las regiones de Magallanes, Metropolitana y de Antofagasta se percibieron promedios más altos que 681.000 pesos, en tanto que las regiones de La Araucanía, del Maule y de Ñuble presentaron ingresos medios de 533.000 pesos.

Esos datos deberían ser el centro de la discusión legislativa y parlamentaria, porque si una persona tuvo que endeudarse para enfrentar un problema de salud, adquirir una vivienda, mantener condiciones mínimas de vida o quiso salir adelante mediante la obtención de un crédito y hoy está en Dicom, esa persona nunca debería sentirse avergonzada. En cambio, quienes sí se deberían sentir avergonzadas son las empresas que mantienen a sus trabajadores con esos sueldos y también deberían sentirse avergonzados los gobiernos y los legisladores que han permitido que la clase trabajadora de Chile viva o, más bien, trate de vivir con estos sueldos.

Estamos hablando de 8.243.580 trabajadores y trabajadoras, que recogen la basura, que trabajan en hospitales o en la minería.

Señor Presidente, por su intermedio, le diría al diputado Cristián Araya que vaya a explicarles y a hacerles clases de economía a personas con 500.000 pesos de sueldo. Esa es una falta de respeto para la clase trabajadora.

También le preguntaría qué vamos a hacer cuando los carteles, de los que tanto hemos hablado, ofrezcan préstamos en el mercado negro. ¿Qué haremos cuando estén cobrando y realizando vendettas por los préstamos?

Esta es una discusión de fondo y estos sueldos son los que nos tienen que preocupar.

He dicho.

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señora Presidenta, hoy está muy interesante la discusión.

Claramente, el endeudamiento es un problema en Chile que afecta tremendamente la vida de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores, cuyo nivel de deuda, muchas veces, es superior a su capacidad de pago.

Sabemos que ese endeudamiento se debe, muchas veces, a aspectos que como sociedad debemos aún potenciar, como el tema de la educación, el acceso a la salud -que vimos en el proyecto anterior-, el acceso a bienes básicos, como la calefacción y la alimentación. Muchas veces los chilenos recurren al endeudamiento para adquirir esos bienes, lo que se agudizó luego de la pandemia.

Recordemos que en esta Sala y gracias al apoyo transversal de todos los diputados y diputadas, dimos el primer gran paso al aumentar el monto de la pensión básica solidaria en 50 por ciento, porque nos dimos cuenta de que muchas familias viven de una economía de subsistencia. Ese paso lo dimos posestallido social, antes de la pandemia, pero la situación sigue siendo la misma.

Por eso, es importante buscar mecanismos para abordar este problema y, si bien el proyecto tiene una muy buena intención -tengo claro cómo votaré-, me pregunto si contempla un mecanismo que verdaderamente ayude a las personas endeudadas.

El diputado Calisto habló de 10.000 pymes y de 4 millones de personas, pero todos sabemos que la publicación de las deudas, a través de medios como Dicom u otros, permiten a las entidades financieras evaluar la capacidad de pago de quien solicita un producto financiero. Quiero recalcar que esas instituciones no son precisamente instituciones de beneficencia, por lo que evalúan esa información para determinar el costo de un crédito. Así, mientras mayor sea el riesgo, más caro será el crédito y, viceversa, ante un menor riesgo, por ejemplo, frente a una persona que ha cumplido, el crédito resulta ser más barato.

Se nos dice que no tendrá impacto, pero eso nadie lo sabe, porque la situación económica que viene es muy pero muy compleja.

Algunos, con mucho entusiasmo, han denominado a este proyecto “ Chao Dicom ”, pero es importante decir que esto no es así, porque es un proyecto acotado, con un monto acotado, pero no es un “ Chao Dicom ”.

¿Qué ocurriría si se eliminara este mecanismo? Se encarecería el costo de todos los créditos por igual; es decir, pagarían justos por pecadores. Quienes pagan oportunamente y se endeudaron con responsabilidad pagarán los costos de aquellas personas que por algún motivo no lo hicieron. No pongo en duda que, tal vez, esas personas enfrentan dificultades para pagar. Insisto en que los bancos y las instituciones financieras no son servicios de beneficencia, y lo harán sí o sí.

Ya lo vimos en el proyecto anterior que, por cierto, es distinto, pues tiene una línea conductora parecida, pero hace referencia solo al tema de la salud, que es tremendamente sensible.

Entonces, tal vez tenemos que cambiar la forma de abordar el endeudamiento, buscando mecanismos que favorezcan a las personas, con información, con una fiscalización severa a las prácticas de cobro o de los posibles abusos, porque se cometen muchísimos abusos. También podríamos mejorar la cobertura de aquellos servicios que no deberían significar una deuda para las personas.

Tenemos que mirar este problema de Chile desde la cultura, pues el chileno se endeuda por todo. Es cierto que en muchos casos tienen buenas razones para endeudarse y la pandemia hace que este proyecto sea atingente en este minuto, pero afirmar que esto no tendrá consecuencia alguna para aquellas personas que han pagado su deuda a tiempo, es una falsedad, por decir lo menos, porque no sabemos qué pasará en el futuro.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra a la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señora Presidenta, la verdad es que no pensaba intervenir, pero, a veces, en este hemiciclo se dicen cosas que nos permiten entender la razón de nuestro desprestigio ante la ciudadanía.

Lo primero que quiero mencionar en este análisis es el período que comprende esta propuesta para proteger a la inmensa mayoría que se vio afectada desde la revuelta popular hasta la pandemia, lo que generó un endeudamiento brutal.

Mientras las familias de la clase trabajadora de nuestro país pasaban hambre, se multiplicaban las ollas comunes y se endeudaban para sobrevivir, las grandes empresas, entre ellas las financieras, doblaban o triplicaban sus ganancias anuales. ¡No sé dónde está la crisis! ¡La crisis la pagaron los pobres de este país! ¡La crisis la pagaron las capas medias!

Dicom es un castigo para los pobres, que no nos endeudamos por gusto, porque cuando no nos alcanza la plata tenemos que recurrir a un préstamo y, al no pagarlo, caemos en el Dicom, y el Dicom se traduce en una dificultad para encontrar trabajo y para acceder a créditos para estudiar o para cualquier otro fin. Eso es el Dicom.

Esto es, en pocas palabras, poner una gota de justicia en ese modelo infame que, a sangre y fuego, impuso la dictadura cívico-militar.

(Manifestaciones en la Sala)

Por su intermedio, señora Presidenta, aunque los diputados de enfrente silben, la verdad es que fue una dictadura cívico-militar criminal, la que, para instalar su modelo, empobreció a la inmensa mayoría de la población. No les gusta que se busque proteger a la población; no les interesa que desde este espacio nos hagamos cargo de ayudar en algo en la tragedia que han vivido los trabajadores y trabajadoras en los últimos años.

Por último, por su intermedio, señora Presidenta, un diputado del Partido Republicano -que no voy a nombrar, para que no haga un show sobre estopide respeto…

(Manifestaciones en la Sala)

Aprendan a guardar silencio; no son los dueños del mundo. (Aplausos)

A ese señor diputado que pide respeto le pido que tenga el mismo mínimo respeto hacia la senadora Fabiola Campillai . A través de un tuit, se burló de ella señalando que solo quiere dinero, sin compadecerse del hecho de que le hayan arrebatado tres de sus sentidos, entre ellos la vista.

El respeto es recíproco y se gana con actos. Desde luego…

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Diputada, refiérase al proyecto.

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señora Presidenta, pido, entonces, que a ellos también se les exija que se refieran al proyecto.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Diputada, refiérase al proyecto.

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Cuando acá se establecen lógicas negacionistas, no podemos guardar silencio.

Quiero decir que este proyecto de ley, el cual vamos a aprobar, tiene un contenido humano que busca terminar con tanto insensible abuso de aquellas grandes empresas que se han acercado a este Parlamento para aprobar leyes de pesca y para raspar la olla. Finalmente, a ellas nunca se las sanciona, pero a los pobres se les castiga con el Dicom y se les impide mejorar su condición de vida.

Desde luego, vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señora Presidenta, desde otra perspectiva, quiero referirme al tema de los bajitos.

Soy pícnica. Ese es el somatotipo que tenemos las personas bajas. “Pyknos” es una palabra griega que significa “pequeño”. De repente, por razones de seguridad interna, necesitamos sentir el peso de la tierra bajo nuestros pies.

No todo lo soluciona la ley. Le tengo mucha estima y consideración a la diputada que habló haciendo uso de artículos. La ley no lo soluciona todo. De hecho, queridos amigos de esta cofradía reunida en este hemiciclo, Grecia , no la de hoy -somos gandules-, sino la antigua, valoraba mucho más la norma que la ley. La norma era, simbólicamente, el pedazo de pasto que se les daba a los pastores -valga la redundanciapara que alimentaran a sus ovejas.

Por lo tanto, los que somos bajos, de alguna manera…

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Diputada, por favor, refiérase al proyecto.

Si quiere pedir la palabra por un punto de Reglamento, lo puede hacer, pero refiérase al proyecto.

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

¿Le molesta la cultura, señora Presidenta? No le viene mal ponerle un poquito de contenido al debate. Mire lo bien que me fue ayer.

Por lo menos me enteré de que “vieja loca” significa discapacitada psicosocial.

Agréguenle , entonces, al articulado, que los que somos bajitos de repente nos vamos a parar para hablar.

Voy a terminar diciendo que voté por la ley “ Chao Dicom ”. Soy solidaria; hago mías muchas de las cosas que he escuchado aquí. Soy una doctora que trabajó en Fonasa nivel 1; siempre trabajé en hospitales públicos, pero no lo ando contando a diestra y siniestra, porque mis padres me enseñaron a ser una buena persona.

Para terminar y no seguirla incomodando, señora Presidenta, mi papá me enseñó, a los 7 años, que la verdadera libertad empezaba en el bolsillo. “Si tú tienes calillas, María Luisa -él era español, usaba palabras distintas-, vas a ser esclava de las situaciones. Aprende a ahorrar, a cuidar tu plata y no te encalilles”.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señora Presidenta, cuando me refiero a temas como, por ejemplo, la delincuencia o la seguridad ciudadana, me sale -perdonando la expresiónlo que la ultraizquierda progresista llama en las redes sociales el “facho CTM”. Cuando me refiero a proyectos de ley que dicen relación con el modelo económico neoliberal, me sale lo que la ultraderecha llama, también en las redes sociales, el “comunista QL”.

Porque soy un antineoliberal convencido, voy a votar a favor de este proyecto de ley, pero entendiendo que faltan muchas cosas que hacer.

Este proyecto no apunta a la causa del gran endeudamiento que tienen los chilenos, sino solo a sus consecuencias. Las causas del endeudamiento de los chilenos provienen de aquellas herramientas que tiene el modelo económico neoliberal y que permiten la ejecución del abuso hacia el consumidor. Por ejemplo, existe la capitalización de intereses, que es una figura a través de la cual el interés genera interés. No solo el capital genera interés, sino que el propio interés, a su vez, genera interés. Esa monstruosidad inmoral, que estaba prohibida en el Código Civil desde 1857, fue legalizada a fines de los años 80 por el dictador Pinochet, a través de la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito.

También existe la cláusula de aceleración, que dispone la monstruosidad inmoral de cobrarle todas las cuotas al deudor que tiene una deuda a plazo cuando incurre en atraso en una de ellas, sin entender que, si el deudor no tiene dinero para pagar una sola cuota, malamente va a tener dinero para pagar todas las cuotas futuras que le faltan.

También deberíamos entender que el acceso al crédito debiese ser un derecho social, reconocido por la Constitución.

A propósito de la Constitución, la diputada Javiera Morales nos recordaba que el proyecto de nueva Constitución establece derechos sociales, como la salud y la educación. Eso es correcto y cierto, lo cual me alegra profundamente. Sin embargo, a ella se le olvida señalar que ese texto no solo incorpora derechos sociales para los chilenos honestos y trabajadores decentes y esforzados, sino que también trae -haciendo alusión a la antigua Grecia , como decía la doctora Corderovarios caballitos de Troya escondidos entre gallos y medianoche, los que nadie pidió en las marchas de octubre de 2019, como, por ejemplo, derechos para delincuentes y presos. Los presos deberán tener en las cárceles espacios, multicanchas, para hacer deportes. Mientras la gente honesta y trabajadora de las poblaciones, la gente pobre, debe postular durante años para que le construyan una multicancha, los presos tendrán multicanchas dignas y van a tener un tribunal nuevo…

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).- Diputado, refiérase al proyecto.

El señor RIVAS.-

Señora Presidenta, si la diputada se refirió a la nueva Constitución, yo también tengo derecho a hablar de ella.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).- Yo no estaba presidiendo cuando ella intervino.

Le pido por favor que se refiera al proyecto.

El señor RIVAS.-

Señora Presidenta, si ella se refirió a la nueva Constitución, yo también tengo derecho a hablar de ella.

Habrá nuevos tribunales, denominados tribunales de ejecución de penas…

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Diputado, tendré que llamarlo al orden. Le estoy pidiendo que se refiera al proyecto.

El señor RIVAS.-

Señora Presidenta, ¿por qué no se llamó al orden a la diputada que se refirió a la nueva Constitución? Sé que no estaba usted.

Quiero dejar en claro una cosa, y con esto termino: los derechos para los delincuentes son una de las cosas que van a hacer caer esa Constitución. No me cabe duda alguna de que se va a caer, entre otras cosas, por darles derechos a lacras asquerosas, que a lo único que tienen derecho es a pudrirse y fermentar en las cárceles.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).–

Señora Presidenta, por fin se pone en tabla un proyecto que tiene mucha pertinencia y mucho que ver con lo que hoy está ocurriendo en el Chile real. Nosotros vivimos en una sociedad fracturada, donde hay un Chile oficial y un Chile real, que viven de manera totalmente distinta. También existe una diferencia y un abismo entre elChile del sistema comercial y del sistema financiero, y el Chile de a pie.En ese marco en que se expresa esa desigualdad económica se presentó este proyecto, que también se ha denominado “Chao Dicom”.

Es un proyecto que elaboró el diputado Daniel Manouchehri, de la bancada del Partido Socialista, que tiene el apoyo de toda nuestra bancada y que ha logrado una transversalidad increíble, pues también lo van a aprobar el Frente Amplio, el Partido Comunista, Renovación Nacional y la UDI. Se trata de una transversalidad pocas veces vista, que deja en un espacio muy pequeño a un grupo reducido de parlamentarios del Partido Republicano que han decidido restarse y que van a votar en contra, según lo han anunciado en este hemiciclo.

Me llama la atención que el gobierno no le haya dado el impulso que merece a un proyecto que es profundamente humano y que tiene que ver con nuestra convivencia y con cómo nos relacionamos en la sociedad.Yo creo en una convivencia social y en un país donde nadie se queda atrás, donde todos sean respetados y el Estado le dé a cada uno lo que necesite para salir adelante.

Lo que hace el proyecto “Chao Dicom” es prohibir que se comunique desde el sistema financiero a las empresas que recolectan datos de las personas, como Dicom y otras, respecto de las morosidades y los incumplimientos comerciales que se hayan producido en un período muy especial dentro del país y del mundo, que transcurre entre los años 2019 y 2022, donde el país fue asolado por una pandemia gigantesca que nos confinó y nos llevó a mantenernos en nuestras casas, y donde también bajó la economía y el funcionamiento de la sociedad, produciendo e incentivando la quiebra de muchas pequeñas empresas, de pequeños emprendedores, profesionales y trabajadores que, con su presupuesto personal, no tuvieron la posibilidad de resolver todos sus compromisos.

En una sociedad como aquella a la que nosotros aspiramos nadie debe ser dejado atrás y todos deben tener una segunda oportunidad para poder recuperarse. No creo que los deudores deban ser marginados con una especie de muerte civil o cancelación económica por tanto tiempo, a veces por décadas, porque tuvieron alguna morosidad.

En los créditos que hoy entrega el sistema financiero se tiene que evaluar la situación personal del solicitante al momento de la solicitud, para determinar si puede o no pagar en ese momento, y no castigarlo por su comportamiento en una pandemia extraordinaria, respecto de la cual no se conoce precedente.

Por eso, nosotros vamos a aprobar este proyecto, porque además, junto con dar una segunda oportunidad y reflejar el sentido de comunidad que todos debemos propiciar, reactiva la economía, porque permite que, de una u otra manera, los beneficios y las ayudas del Estado puedan llegar a los que necesitan.

Se da el absurdo de que a muchos paquetes de ayuda económica que hemos aprobado en este Congreso, dirigidos a los pequeños empresarios y profesionales, ellos no han podido acceder porque tienen alguna deuda en Dicom. Finalmente, terminan accediendo los que no lo necesitan.Algunos parlamentarios anuncian que van a votar en contra, y son los que muchas veces dicen que defienden la patria. Yo no sé qué patria defienden cuando al único que favorecen con votar en contra es al sistema financiero.En esta etapa tan difícil para todos, el sistema financiero tuvo las ganancias más espectaculares en mucho tiempo.

El año 2021, los bancos chilenos anotaron un crecimiento en sus utilidades de un 200 por ciento en relación con el año 2020 -¡200 por ciento!-, y en estos seis meses del año 2022 ya han aumentado en 50 por ciento las utilidades que tuvieron el año pasado. Yo no sé si tenemos que defender a los bancos cuando los que hoy están en el suelo son los pequeños trabajadores, los pequeños comerciantes, los microemprendedores.Por eso, los socialistas vamos a apoyar esta buena idea para dar una segunda oportunidad a todos los chilenos, porque el sentido de patria y de comunidad se refleja ayudando al que lo necesita. Este proyecto va a permitir que las personas puedan levantarse y recuperarse de la pandemia, cosa que hoy no requiere hacer el sistema financiero.

He dicho.

El señor GUZMÁN.-

Señora Presidenta, quiero responder respetuosamente a parlamentarios que expusieron en forma previa a mi intervención.

Primero, el diputado Leonardo Soto se refirió al sistema financiero como que fuera algo negativo. Lo primero que les pediría a los colegas es que hablemos del sistema financiero como una oportunidad que permite a los países desarrollarse.

De la misma forma, le quiero decir, con todo respeto, a la diputada Lorena Pizarro que uno puede tener distintas percepciones que obedecen a criterios subjetivos, pero no puede olvidarse de los datos, y yo quiero entregarle uno. Ella dice que este modelo ha empobrecido a Chile, pero resulta -voy a entregar datos contingentes, porque en la Cámara de Diputados permanentemente se habla de lo ocurrido en la década de los 70 y los 80 del siglo pasado, y yo nací en el año 1985; por tanto, me gusta mirar hacia el futuroque en el año 2000 en nuestro país había un 26 por ciento de personas bajo la línea de la pobreza, y el año 2015 esa línea de la pobreza se redujo a un 7,9 por ciento. Esos son datos objetivos. Por tanto, este modelo también ha permitido desarrollar un país que estaba empobrecido y que hoy permite a las personas crecer y avanzar.

Comparto que hay muchos aspectos que debemos mejorar -eso es lo que todos queremos en este Congreso-, pero no por eso podemos decir que el modelo que tiene nuestro país ha traído más pobreza, cuando he mostrado con datos objetivos que la pobreza se ha reducido significativamente.

Ahora, es impresentable que mientras estamos discutiendo un proyecto tan importante para Chile, como lo han planteado todos los parlamentarios, algunos diputados estemos enfocados en hablar del proyecto y otros estén pendientes de si un parlamentario habla de pie o sentado. Eso es preocupante. Prefiero que hablemos del fondo y de los aspectos importantes de este proyecto de ley.

Cuando hablamos de temas importantes, me gustaría que tomáramos los antecedentes que se plantearon en la comisión. Todos los expertos que expusieron en la Comisión de Economía coincidieron en que estábamos ante un proyecto de ley altamente nocivo para las personas. En tal sentido opinaron, por ejemplo, los representantes de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, el profesor José de Gregorio , Francisco Argüello , gerente de Informaciones Comerciales del Boletín Comercial, y los representantes de la Comisión para el Mercado Financiero, porque dijeron que este proyecto podía traer consecuencias nocivas para el sistema.

Si bien el proyecto mejoró muchas de las falencias que presentaba en su versión original, como, por ejemplo, definió las obligaciones que deben sujetarse a esta futura ley, así como el período que será aplicable, persiste una serie de problemas que no pudieron ser resueltos por la comisión y que derechamente no podrán ser subsanados.

El proyecto puede producir un aumento general en el costo del crédito, ya que la información económica, financiera, bancaria o comercial que entrega el solicitante de un crédito es fundamental para el otorgante -banco, institución financiera, etcétera-, para que este pueda realizar la tan necesaria evaluación de riesgo. Si falta dicha información, vamos a traer un costo del crédito mucho más alto para las personas. Según lo que dijeron los representantes de la Comisión para el Mercado Financiero, eso podría afectar a más de ocho millones de personas y empresas que serían potencialmente afectadas por la limitación en el acceso al crédito y el aumento de las tasas.

Como comentario general y final, la falta de transparencia siempre va a ir en contra del deudor. Por tanto, este proyecto, al impedir que podamos tener información, va a afectar a más personas que a las que va a beneficiar.

Por eso, desde ya, anuncio mi voto en contra del proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley establece una regulación especial en el tratamiento de los datos personales en un contexto de excepcionalidad, estableciendo, en relación con la utilización por los responsables de esos registros o bancos de datos, la prohibición de proporcionar información sobre deudas impagas hasta el 31 de mayo de 2022, señalando y poniendo límites con esa fecha a lo que está circunscrito a la pandemia. Esto también se aplicará a los distribuidores de información de carácter financiero,

económico, bancario y comercial.

Se deberán eliminar de los registros y bancos de datos todos los datos relativos a las obligaciones exigibles e impagas hasta por el monto indicado en el proyecto. Además, se establecen sanciones ante la omisión o incumplimiento por los destinatarios de la norma. La idea es prohibir comunicar a los responsables de los registros o bancos de datos personales, datos con los que muchas instituciones lucran solo por conservarlos.

Miles de personas en Chile viven en un constante endeudamiento como resultado de situaciones diversas y propias a la vida e historia personal del individuo. Sin embargo, los bancos, en sus gastos de cobranza, por deudas de hasta diez UF, cobran 9 por ciento; por deudas de diez a cincuenta UF, 6 por ciento, y sobre cincuenta UF, 3 por ciento. Es decir, los que deben poco son los que deben pagar más.

La Ley General de Bancos establece la cláusula de aceleración de cuotas; es decir, con tres cuotas impagas se puede acelerar el pago y cobrar todo el resto, lo que es ilógico, porque si no puede pagar tres cuotas, menos podrá pagar la deuda completa. En tiempos de pandemia, estos son los aspectos que debemos mejorar. Sabemos que a mucha gente que tenía su pyme, que tenía su emprendimiento, hoy se le hace mucho más difícil servir sus obligaciones. Por eso, es necesario, y obligación también, ayudar a las pymes, para que no pierdan sus propiedades; lo mismo vale para quienes se hayan endeudado con el banco.

A la gente le cuesta llegar a fin de mes, por lo que se ve obligada a endeudarse. Como lo explicaba una parlamentaria, el ingreso medio es un poco superior a 600.000 pesos, y si pensamos en el camino que está siguiendo nuestra economía producto de la actividad interna y de la situación económica mundial, que nos ha afectado enormemente, el riesgo de una recesión a consecuencia de una inflación ascendente y de la cada vez más cierta posibilidad de una estanflación en nuestra economía es cada vez más real. Como muestra, a la fecha tenemos una variación anual del IPC de 12,5 por ciento, la más alta en 28 años, desde julio de 1994. Esto traerá un aumento del costo de vida.

Por eso, como Cámara de Diputadas y Diputados, deberemos tener una visión de futuro para enfrentar la situación que se nos va a presentar, especialmente en el área económica.

Con todo, este proyecto de ley viene a poner un poco de justicia para aquellos que solo buscan vivir en paz y llegar a fin de mes.

Esperamos que esta iniciativa se apruebe, para que lo propuesto vaya en beneficio de las personas, porque todos sabemos que las entidades financieras nunca van a perder. Tampoco queremos que el sistema colapse o se eche a perder; por eso estamos aquí: para buscar un cierto equilibrio entre ambas situaciones y no perjudicar a tantas personas que lo único que quieren es llegar tranquilas a fin de mes.

He dicho.