Labor Parlamentaria

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga el plazo establecido en la ley N° 21.274, que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer sus especialidades en el sector público, y que regula el término de la habilitación temporal a profesionales de la salud otorgada por el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, sobre alerta sanitaria por covid-19, correspondiente al boletín Nº 15118-11.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Salud es la señora Helia Molina .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 71ª de la presente legislatura, en miércoles 7 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 80ª de la presente legislatura, en lunes 3 de octubre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora MOLINA, doña Helia (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Salud viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que prorroga el plazo establecido en la ley N° 21.274, que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer sus especialidades en el sector público, y que regula el término de la habilitación temporal a profesionales de la salud otorgada por el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, sobre alerta sanitaria por covid-19, iniciado en moción de los senadores Juan Luis Castro , Francisco Chahuán , Felipe Kast , Javier Macaya y Ximena Órdenes .

La idea matriz o fundamental del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto por el Senado como cámara de origen, es prorrogar el plazo establecido en la ley N° 21.274, que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer sus especialidades en el sector público.

A su vez, propone regular el término de la habilitación temporal a profesionales de la salud otorgada por el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, sobre alerta sanitaria por covid-19.

Resumen de los fundamentos de la moción

En la exposición de motivos de la moción original se destaca que en octubre de 2020 se publicó la ley N° 21.274, que Habilita Temporalmente a los Médicos Cirujanos que Indica para Ejercer sus Especialidades en el Sector Público, cuyo artículo único señala que los médicos cirujanos que hayan obtenido su especialidad en Chile o en el extranjero y aquellos a que se refiere el inciso segundo del artículo 2 bis de la ley N° 20.261 quedarán habilitados para ejercer su especialidad en el sector público de salud en todo el territorio nacional, por el plazo de dos años, aun cuando no hubieren obtenido la certificación de su respectiva especialidad o subespecialidad de conformidad con las normas establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005, siempre que hubieren presentado su solicitud de certificación a alguna de las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud durante la vigencia de esa ley o bien la hubiesen presentado con anterioridad y se encontrare en trámite.

A su vez, exime de aprobar el examen único nacional de conocimientos de medicina (Eunacom), por el plazo de dos años, a los médicos que hubiesen obtenido su especialidad en el extranjero, al igual que su título profesional, para ingresar a los cargos o empleos de médico cirujano en los servicios de salud.

En el plazo de dos años, desde la publicación de la ley, los médicos deberán obtener la certificación de su especialidad o subespecialidad para continuar el ejercicio de la profesión.

Dicha ley nace de la necesidad de enfrentar el contexto de la pandemia del covid-19, que hasta el momento de la presentación de la moción reportaba más de 18.700 muertos en al menos 186 países del mundo.

El plazo de dos años desde la publicación de la mencionada ley vence en octubre de este año (2022).

Por otra parte, se advierte por los autores la falta de especialistas en el sistema de salud chileno. De acuerdo con el Registro Nacional de Prestadores, existen 56.000 médicos, lo que arroja una tasa de 2,95 médicos por cada 10.000 habitantes. En los hospitales públicos hay 18.000, y 9.000 cuentan con alguna especialidad, encontrándose la mayoría de ellos devolviendo sus becas.

Ante dicha falta importante de especialistas, para cuya solución se requiere de una reforma profunda en materia de salud, principalmente de carácter estructural, se hace necesario buscar una alternativa viable y posible.

Actualmente hay más de dos millones de personas que esperan por una consulta médica y 334.000 por una cirugía, cifra que reveló la investigación de Biobío Chile.

Personas escuchadas en la comisión

La comisión recibió al superintendente de Salud, señor Víctor Torres Jeldes ; a la intendenta de Prestadores de Salud, señora Carmen Monsalve ; al subsecretario de Redes Asistenciales, señor Fernando Araos ; al presidente de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación y Especialidades Médicas (Conacem), señor Gilberto González ; a la presidenta de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile (Asocimed), señora Carmen Gloria Aylwin ; al presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), señor Antonio Orellana , y al presidente del Colegio Médico, señor Patricio Meza .

Votación en general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción, y luego de recibir la opinión del Ejecutivo y de los demás expositores, lo que permitió a sus miembros formarse una idea de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los once diputados presentes.

Votaron a favor los diputados y diputadas Astudillo , doña Danisa ; Bravo , doña Marta ; Cariola , doña Karol ; Cordero , doña María Luisa ; Gazmuri , doña Ana María ; Lagomarsino, don Tomás ; Lilayu, don Daniel ; Molina , doña Helia ; Palma, don Hernán ; Romero, don Agustín , y Rosas, don Patricio .

Cabe hacer presente que el texto completo fue sometido a votación sin indicaciones, resultando aprobado por unanimidad por 10 votos a favor, en los mismos términos propuestos por el Senado. No hubo artículos ni indicaciones rechazadas por la comisión.

Votaron a favor los diputados y diputadas Astudillo , doña Danisa ; Bravo , doña Marta ; Cariola , doña Karol ; Cordero , doña María Luisa ; Gazmuri , doña Ana María ; Lagomarsino, don Tomás ; Lilayu, don Daniel ; Molina , doña Helia ; Palma, don Hernán , y Romero, don Agustín .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En discusión el proyecto. En primer lugar, tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, uno de los múltiples problemas que tenemos en materia de salud en nuestro país es el de la falta de especialistas y las llamadas “listas de espera”.

En efecto, de acuerdo con el Registro Nacional de Prestadores, hay 56.000 médicos en nuestro país, lo que arroja una tasa promedio de 2,95 médicos por cada 10.000 habitantes.

Asimismo, en la actualidad hay más de dos millones de personas que esperan por una consulta médica y 334.000 esperan por una cirugía. Esa es la situación actual, de la cual debemos hacernos cargo.

El proyecto de ley que hoy estudiamos busca prorrogar el plazo que habilita temporalmente a los médicos cirujanos para ejercer sus especialidades en el sector público. A su vez, propone regular el término de la habilitación temporal a profesionales de la salud otorgada por el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, sobre alerta sanitaria por covid-19.

Si bien esta ley no resuelve el problema de fondo, lo cierto es que, a mi entender, constituye una medida concreta para afrontar la situación actual, permitiendo que los cirujanos puedan seguir ejerciendo sus funciones por un tiempo.

Sin perjuicio de aquello, esta situación no debe prolongarse indefinidamente, pues creo que no debe pasarse por alto la necesidad de contar con un cuerpo médico acreditado, ya que una de nuestras obligaciones esenciales es entregar calidad en la atención a los ciudadanos y ciudadanas.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar que comparto absolutamente la necesidad de una reforma estructural a la salud de nuestro país, que abarque las diversas problemáticas que se arrastran desde hace años, como las listas de espera, la falta de funcionarios y funcionarias, la falta de especialistas, la falta de infraestructura hospitalaria, la capacitación a funcionarios y funcionarias, y la construcción de nuevos centros de salud, entre otros.

En mi calidad de diputado por el distrito 7 y miembro de la Comisión de Salud, tengo una visión muy crítica del sistema en general, pues estoy cierto de que el acceso a la salud es un derecho que debe resguardarse con especial énfasis y que los chilenos y chilenas ya no pueden seguir esperando.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, durante la discusión que dio origen a este proyecto de ley se planteó la disyuntiva acerca de los riesgos que implica, por un lado, suspender el principal mecanismo de acreditación de conocimientos médicos del país, y, por otro, contar con la cantidad suficiente de profesionales para atender en la red asistencial, la que se encontraba sumamente presionada producto de la pandemia.

Es por ello que se optó por este mecanismo, con plazos acotados y con la implementación de un registro oficial llevado por la Superintendencia de Salud.

Hoy, producto de la pandemia, el principal desafío que enfrenta la red asistencial es el considerable aumento en las listas de espera.

Respecto de las prestaciones GES, 67.417 personas se encuentran en lista de espera, con un promedio de 157,3 días de espera. Respecto de las prestaciones no GES, 1.764.937 personas se encuentran en lista de espera, con un tiempo promedio de 478 días.

Este proyecto de ley busca mantener la continuidad de la atención en la red, además de establecer los incentivos necesarios para la certificación de estos profesionales.

Lo que encuentro importante es que la discusión de este proyecto de ley abrió un debate de más largo plazo, que debe tenerse presente al momento de buscar fórmulas para solucionar la brecha de especialistas en el país, y que dice relación con la implementación de mecanismos de acreditación más eficientes y con menores tiempos de espera, con la finalidad de garantizar tanto la oportunidad como la calidad de las atenciones de salud.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que nadie sobra dentro la red asistencial; siempre se necesitan más recursos para enfrentar cualquier crisis y, sobre todo, el recurso clínico médico, que todavía es bastante escaso, porque la cantidad de médicos por habitantes es muy baja en nuestro país, como decía el diputado Celis .

Por eso es muy importante que, tras la crisis de la pandemia que vivimos, tengamos conciencia del problema que se produjo pospandemia, como es el aumento de las listas de espera.

En lo formal, por supuesto, que los médicos que ejercen en Chile tienen que haber aprobado el Eunacom, pero también tenemos que hacernos cargo de la coyuntura que se produjo por la pandemia, y por ello es necesario flexibilizar para que tanto los médicos especialistas como los médicos generales extranjeros que están en Chile y que todavía no han completado el Eunacom tengan dos años de prórroga para hacerlo.

Esto va a beneficiar a gran cantidad de los 345 municipios del país, porque gran parte de la atención primaria municipal la realizan colegas extranjeros.

Obviamente, vamos a apoyar este proyecto, porque es necesario para enfrentar tanto las listas de espera, que aumentaron tras la pandemia, como también para apoyar a los municipios que tienen problemas en la entrega de sus servicios de atención primaria de salud.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señor Presidente, nadie podría poner en duda que la pandemia marcó un período negativo en nuestro país, del que recién, incluso, nos estamos sacudiendo.

Los contagios, la enfermedad de las personas cercanas, los fallecidos y la consecuente recesión económica produjeron un colapso que marcará un antes y un después en la historia reciente de nuestro país. Sin desconocer aquello, también podemos extraer ciertas lecciones positivas y, tal como se dice popularmente, aprender de los golpes que, tantas veces y sin pedirlo, nos da la vida.

La situación sanitaria que generó el coronavirus en Chile puso a prueba la red asistencial de salud de manera inédita, y, sumando y restando, podemos decir que esta reaccionó bien.

El primer punto que se debe rescatar es cómo la red de salud se unificó entre prestadores privados y hospitales públicos, para dar respuesta a la demanda por atención. Luego de eso, esa misma red coordinada de salud atendió miles o, quizás, millones de consultas, realizó hospitalizaciones de pacientes críticos e, incluso, realizó el traslado de enfermos a lo largo de todo Chile. Asimismo, proveyó la vacuna que permitió, recién hace algunos días, levantar el uso de mascarillas y otras restricciones sanitarias.

Un aspecto importante en la reacción de la red asistencial fue, sin duda, la incorporación de cientos de profesionales a la red de salud de manera exponencial, ya que los cuidados que se requerían eran masivos. En ese contexto, la ley Nº 21.274 permitió una relevante medida, como fue la habilitación transitoria para médicos generales extranjeros y para médicos especialistas, con el objeto de que se desempeñaran en la red sin haber cumplido aún todos los requisitos administrativos de validación de sus aptitudes.

Hoy, si bien sabemos que la pandemia ha aminorado, la red de salud debe seguir solventando los efectos de las enfermedades respiratorias, adaptando sus mecanismos de trabajo y enfrentando nuevos desafíos, como las abultadas listas de espera.

Por lo anterior, esta iniciativa, que prorroga por un año más la habilitación transitoria de este personal sanitario y regula el término de las contrataciones exponenciales, debe ser aprobada en esta Sala.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, revisamos este proyecto que viene en segundo trámite constitucional de la Comisión de Salud, de la que soy integrante, y coincidimos de forma unánime en que es un proyecto que debe aprobarse, considerando la gran lista de pacientes del sector público que espera ser atendida por médicos especialistas.

Antes de la pandemia ya existía un déficit importante de médicos especialistas, en particular en sectores rurales y en la salud primaria, y estos fueron los antecedentes que tuvieron a la vista los mocionantes del proyecto para aumentar el plazo de dos a tres años para que los médicos cirujanos a quienes se les permitió ejercer sin haber rendido el examen único de conocimiento de medicina pudieran atender la gran demanda que existe hasta hoy en nuestro país.

La pandemia del covid-19 ha decantado, pero la necesidad de contar con médicos especialistas aún es latente y, por lo mismo, se buscó esta alternativa, que permite que todos quienes estén ejerciendo actualmente en el sector público sin contar con la acreditación necesaria puedan tener más tiempo para ponerse al día con los requisitos que exige la ley y, por otro lado, los servicios de salud no se paralicen por dicha razón.

El proyecto es enfático en señalar que solo podrán acogerse a esta habilitación temporal los médicos cirujanos cuya contratación hubiese sido informada a la Superintendencia de Salud antes del 10 de abril de 2023.

Por tanto, invitamos a todos los y las médicos a gestionar con antelación su acreditación y evitar la discontinuación de los servicios de especialidades médicas, tan requeridas en nuestros establecimientos de salud pública.

La iniciativa establece que el personal de salud que fue contratado en virtud de la alerta sanitaria por el covid-19 podrá seguir ejerciendo en base a dicha autorización, hasta por el plazo de un año, contado desde el término del estado de alerta sanitaria. Dicha autorización caducará si dichas personas, luego de seis meses de terminada la alerta sanitaria, no se inscriben para rendir el Eunacom.

Por todo lo dicho, llamo a mis colegas diputadas y diputados a aprobar el presente proyecto, que avanza en la línea de defender el derecho a la salud e impedir los efectos perniciosos que el actual sistema tiene en los usuarios de menores recursos, como las enormes listas de espera que siguen afectando a los ciudadanos y que ningún gobierno ha sido capaz de solucionar a lo largo de todos estos años.

El proyecto otorga una respuesta concreta al déficit de especialistas que existe en nuestro país; no obstante, la solución a esta problemática requiere de una reforma profunda en materia de salud, de carácter estructural, que genere incentivos para que los futuros profesionales opten por desempeñarse en el sistema público, contando con las herramientas necesarias para dar una atención de calidad sin miramientos en las capacidades económicas de los pacientes.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, producto de la pandemia del covid-19, sin duda, el principal desafío sanitario que enfrenta la red asistencial es el aumento considerable de las listas de espera y cómo podemos reducirlas en el más breve plazo.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales nos informó que en las prestaciones GES hay 67.417 personas en listas de espera, con un promedio de espera de cinco meses. Y respecto a las prestaciones no GES hay 1.764.937 personas, con un tiempo de espera de un año y cuatro meses.

Estas cifras dan cuenta de la necesidad imperiosa de contar con una red asistencial fortalecida, no solo en infraestructura, sino que también con profesionales capaces de operarla y brindar estas prestaciones.

Sin embargo, esto no debe hacernos descuidar la calidad de la atención, por lo que son necesarios los mecanismos de certificación de conocimientos por entidades de alto nivel reconocidas en el país.

El proyecto de ley que hoy discutimos, que es producto del trabajo de los integrantes de la Comisión de Salud del Senado y del Ejecutivo, busca resguardar este equilibrio, ampliando el plazo de la ley Nº 21.274 por un año más de lo que originalmente estaba presupuestado.

Además, se establece un mecanismo de transición para quienes se encuentren contratados en virtud del decreto de alerta sanitaria y que se hayan acogido a esta ley. Así se logrará mantener la continuidad de la atención de la red y establecer los incentivos necesarios para la certificación de estos profesionales.

Hay que recordar que la ley Nº 21.274 fue dictada con la finalidad de resolver el déficit de especialistas durante los períodos más complejos de la pandemia. Hemos optado por este mecanismo, pues tiene plazos acotados y considera la implementación de un registro oficial llevado por la Superintendencia de Salud.

Debemos seguir trabajando en buscar fórmulas para reducir la brecha de especialistas en el país, a través de la implementación de mecanismos de acreditación más eficientes, y lograr un menor tiempo de espera, para garantizar tanto la oportunidad como la calidad de la atención de salud.

Por nuestros pacientes, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, en octubre de 2020 se publicó la ley N° 21.274, que señala que los médicos cirujanos que hayan obtenido su especialidad en Chile o en el extranjero, y aquellos a los que se refiere el artículo 2 bis de la ley N° 20.261, quedarán habilitados para ejercer su especialidad en el sector público de la salud en todo el territorio nacional por el plazo de dos años, aun cuando no hubieran tenido la certificación de su respectiva especialidad o subespecialidad, de conformidad con las normas establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, siempre que hubieran presentado solicitud de certificación en alguna de las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud.

Ahora bien, esa ley eximió de aprobar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) por el plazo de dos años a los médicos que hubieren obtenido su especialidad en el extranjero, al igual que su título profesional, para ingresar a cargos y obtener empleo de médico cirujano en los servicios de salud, lo que se justificaba, básicamente, por la necesidad de enfrentar el contexto de la pandemia. La habilitación se extendió por un plazo de dos años, el que vence este mes.

Existe una evidente necesidad de especialistas. Según el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, existen 56.000 médicos en Chile; por lo tanto, hay 2,95 médicos por cada 10.000 habitantes. Actualmente, hay más de 2 millones de personas que esperan por una consulta médica y 334.000 personas que esperan por una cirugía.

No se debe dejar de tomar en cuenta que de los 500.000 funcionarios de la salud en el país, solo un 9 por ciento son médicos y que la distribución de ese pequeño porcentaje es asimétrica en nuestro territorio. Así, en Santiago hay cien veces más médicos que en la Región de Aysén, esto es, doscientos mil y dos mil, respectivamente.

Realidades como la que acabo de señalar inciden directamente en la existencia de abultadas listas de espera. Además, la constante obstrucción del Colegio Médico y otras organizaciones gremiales a iniciativas que hacen frente a la falta de cobertura han dificultado enormemente la búsqueda de una solución a este problema.

Durante la discusión de este proyecto presenté una indicación para extender el plazo por un año más, teniendo en cuenta que existen todavía largas listas de espera. Además, observo falta de estrategia y medidas para solucionar las listas de espera.

En todo caso, me parece que es un buen proyecto. Por un tema de consenso, de no querer retrasar la tramitación de la iniciativa, y dado lo inminente del vencimiento del plazo, retiré dicha indicación. Sin embargo, hay que tomar medidas más profundas en esta materia.

Anuncio mi voto favorable al proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Lee.

El señor LEE .-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto de ley tiene un sentido: dotar de más especialistas a Chile. No obstante, es bueno hacer algunas consideraciones.

Primero, esto se inició por una crisis sanitaria que, indudablemente, requirió de la presencia de más médicos en el sector público. Si bien la crisis está terminando, ha dejado secuelas importantes. La focalización en resolver el problema del SARS-CoV-2 indudablemente acrecentó el número de listas de espera, que también requieren de especialistas.

El tema es por qué limitar esto al sector público. ¿Por qué se le dice a la gente que se atiende en los hospitales que determinado profesional es especialista, pero, curiosamente, ese mismo profesional deja de ser especialista una vez que sale del recinto hospitalario? Creo que acá hay un tema de discriminación muy importante, porque, finalmente, nadie garantiza al paciente que quien lo atiende es de verdad un especialista. Las especialidades médicas no se obtienen por secretaría ni a través de proyectos de ley, sino después de un largo y duro proceso de formación médica. Por lo tanto, lo que uno echa de menos son estrategias para la formación de nuevos y mejores especialistas médicos.

No me cabe duda de que finalizado este plazo de dos o tres años -ojalá ello no ocurra-, vamos a tener el mismo problema, por lo que no me extrañaría que en tres años más estemos pidiendo una nueva prórroga.

Por lo tanto, más allá de este proyecto de ley, me gustaría que el Ministerio de Salud dé a conocer las estrategias para formar más y mejores especialistas, y también las estrategias para distribuirlos a lo largo del país. No puede ser que algunas especialidades médicas estén concentradas no solo en el sector privado, sino, además, en las comunas más ricas de Chile.

¿Cómo no va a ser posible idear una estrategia para que eso se pueda revertir?

Votaré a favor este proyecto, pero con las consideraciones que acabo de mencionar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje y mociones refundidos, que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta al Servicio de Tesorerías su cobro, en los casos que indica.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 75ª de la presente legislatura, en miércoles 14 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado señor Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, no se puede desconocer que hoy es una realidad la existencia de deudas incobrables por derechos de aseo municipal, ello por la cantidad de años que han transcurrido, por los intereses, reajustes y multas generados y por el hecho de que las municipalidades hoy contratan empresas externas para el pago de deudas. Por ello es que, en general, cada cierto tiempo se presentan este tipo de proyectos que contribuyen a ordenar el presupuesto municipal, incentivando el pago y, por ende, la recaudación.

Es un proyecto de ley necesario y que va en directo beneficio de las personas, ya que se transforma en una ayuda para regularizar la situación de los deudores y para que la municipalidad pueda regularizar sus ingresos. Además, permite a los municipios tener claridad sobre cuál es el monto que recibirán por derechos de aseo y, así, ordenar su contabilidad. Adicionalmente, constituye un incentivo de pago para las personas que mantienen deudas, pues no tendrán que pagar intereses y multas asociadas.

Respecto de la modificación realizada por la Comisión de Hacienda, en el sentido de que es el alcalde quien debe proponer y tener la iniciativa en el asunto, y el concejo el que apruebe o no la solicitud, ella es buena, toda vez que si se establecía que la iniciativa recaía genéricamente en la municipalidad, ello se habría prestado para confusiones.

Sobre la facultad de las municipalidades para condonar el total de las deudas que poseen una data mayor de cinco años de antigüedad, previo acuerdo del concejo y a propuesta del respectivo alcalde, consideramos que la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda del Senado es valorable, dado que antes se establecía una prescripción que debía alegarse ante los juzgados de policía local mediante un procedimiento simplificado. Como bien se sabe, la prescripción debe ser alegada ante un órgano jurisdiccional, lo que supone un procedimiento más engorroso y largo para las personas, así como una mayor carga para los juzgados de policía local, los que hoy se encuentran colapsados. La iniciativa propone que la condonación de la deuda la efectúe directamente el municipio, dejando en el mismo órgano el peso de la prueba.

Considero que este proyecto va en la línea correcta.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señor Presidente, el proyecto busca entregar a los municipios, de manera excepcional, mayor autonomía financiera para que puedan gestionar, de acuerdo con su realidad local, las deudas que los ciudadanos arrastran producto de los derechos de aseo impagos, deudas que, por lo demás, generalmente arrastran las personas de más bajos recursos, teniendo en cuenta que esta deuda creció especialmente durante el período más crudo de la pandemia.

Con ese propósito se los faculta para que, en un período de doce meses, puedan celebrar convenios de pago respecto de las deudas de derechos de aseo domiciliario, como asimismo para condonar total o parcialmente las multas y los intereses asociados a tales deudas, que muchas veces las duplican o triplican. De igual forma, se establece un procedimiento especial, que será conocido por los juzgados de policía local, para que los ciudadanos puedan hacer valer su prescripción.

Por cierto, votaremos a favor, pues es adecuado que sean los propios municipios los que gestionen su patrimonio de acuerdo con sus intereses territoriales particulares. Sin embargo, esto –es importante decirlo- pone de relieve dos temáticas que deben estar presentes en el debate político constitucional que se dará también en la Cámara de Diputados y que, por cierto, el proyecto emanado de la Convención Constitucional trataba: Chile requiere reconocer un mayor grado de autonomía financiera y administrativa a los municipios, así como también fortalecer la judicatura de policía local. Seguimos recargando a los juzgados de policía local con competencias, sin transferir las capacidades ni los recursos necesarios para que puedan cumplir su labor de manera eficiente.

Por tal motivo, hago presente que deberemos trabajar en estos asuntos apremiantes y no solo detenernos en el proyecto en discusión, que, por cierto, espero que aprobemos el día de hoy, porque, como señalé, favorece principalmente a los sectores de menores recursos de nuestro país.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Manouchehri .

El señor MANOUCHEHRI.-

Señor Presidente, al permitir que los municipios puedan condonar y repactar las deudas de aseo, vamos a solucionar un tremendo problema de las personas.

Tenemos el caso concreto de Coquimbo. Semana a semana recorremos ese territorio. Junto con el alcalde, nos hemos encontrado con la problemática del cobro de los derechos de aseo. Durante años en la comuna no se cobraron estos derechos. Miles de personas han acumulado deudas millonarias. Los intereses y gastos de cobranza han hecho que esas deudas tripliquen el monto original. Es un drama de adultos mayores, desempleados y gente con necesidades, que se han encontrado con estas deudas.

Hoy, los alcaldes tienen la obligación legal de cobrar y se encuentran atados de manos para dar facilidades a las personas. Con esta futura ley vamos a cambiar esa situación.

En primer lugar, permite que las municipalidades puedan condonar hasta el ciento por ciento de las multas e intereses; en segundo lugar, faculta para condonar las deudas que posean una antigüedad mayor a cinco años, y, en tercer término, se autoriza a las municipalidades a celebrar convenios con la Tesorería.

Este proyecto favorece los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas, quienes van a poder pagar lo justo, y permite a los municipios recaudar recursos para nuevas políticas sociales.

Estamos haciendo la pega.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, hace unos meses, tomamos conocimiento, a través de información entregada por la concejala Olimpia Riveros , de Concepción, ciudad perteneciente al distrito N° 20, que represento, de que muchos vecinos y vecinas comenzaron a recibir cartas de cobro por concepto de aseo municipal. Hay quienes nunca antes habían recibido estos avisos y otros que durante la pandemia no pudieron hacer frente a esos gastos. Dentro de los cobros se incluían deudas que tenían más de cinco años de antigüedad, que en teoría están prescritas.

Al ser consultada la municipalidad, señaló que no podía condonar automáticamente las deudas prescritas, sino que las vecinas y los vecinos debían recurrir a los tribunales para su declaración. Este es un caso que se repite en muchas comunas del distrito N° 20 y, además, es una problemática a nivel nacional.

Por ello, consideramos positivo este proyecto de ley, que, por una parte, incentiva los convenios de pago a través de la posibilidad de autorizar la condonación de hasta el 70 por ciento de las multas e intereses. Además, permite la condonación del ciento por ciento de las multas e intereses en el caso de que el pago de la deuda se realice al contado. En deudas de más de cinco años permite la condonación total.

También el proyecto asocia a las municipalidades con la Tesorería General de la República, permitiendo que se firmen convenios de colaboración para el cobro judicial, la condonación o la declaración de incobrable respecto de los ingresos o rentas municipales.

Ello permite una mejor administración financiera de las deudas municipales.

Creemos que es positivo utilizar la experiencia que ya tienen instituciones como la Tesorería para que los cobros sean lo más razonables posible. Esto ayudará también a liberar de esta labor de cobranza a las municipalidades, para que ellas, como gobiernos locales, puedan utilizar sus recursos y personal en cuestiones más relacionadas con sus fines.

Por todo lo dicho, votaré favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, desde el año 2000 a la fecha se han dictado tres normas que han entregado temporalmente facultades excepcionales a los municipios para que puedan condonar el pago de deudas por concepto de derechos municipales en general.

Solo en la última ley, la N° 20.742, se perfeccionó el rol fiscalizador del concejo, se fortaleció la transparencia y probidad en las municipalidades, y les atribuyó a estas la facultad de condonar deudas por derechos de aseo en forma particular. Sin embargo, aún no podemos contar con una ley que pueda solucionar y terminar de raíz con este problema, que no deja de ser preocupante, considerando que cada cierto tiempo, por causa de inactividad de los municipios y del Estado, las deudas por derechos de aseo afectan seriamente los presupuestos de miles de familias más vulnerables a lo largo del país, ya que los montos se incrementan cada vez más y muchas veces alcanzan el doble del valor de la deuda.

Por ello, valoro esta iniciativa que viene a aliviar la preocupación de estas familias y, además, resuelve la situación de desigualdad de los municipios a la hora de recaudar, posibilitando entregar esta responsabilidad a la Tesorería General de la República mediante convenios, ya que cuenta con las herramientas necesarias. Incluso, se podría utilizar el mismo sistema de pago de las contribuciones, de modo que las personas tendrían que acostumbrarse a pagar sus derechos de aseo en Tesorería.

Es importante destacar que, en el reciente avalúo practicado por el Servicio de Impuestos Internos, se señaló que el 77 por ciento de las propiedades habitacionales en Chile no paga este tipo de derechos y solo el 23 por ciento de las viviendas paga el beneficio a través de las contribuciones. Así, recursos importantes se dejan de percibir en las arcas fiscales.

Por lo tanto, es muy útil y lógico que los municipios puedan descansar esta responsabilidad en la Tesorería General de la República, sobre todo por aquellos municipios que no poseen la capacidad ni el recurso humano para proceder al cobro de estos derechos de aseo.

Me parece lógico que se pueda condonar el ciento por ciento de los intereses y multas ante el pago al contado de la deuda, y hasta el 70 por ciento cuando se sujete a un convenio, ya que no es justo que, por una inactividad del Estado o de los municipios, sean los particulares quienes soporten estas cuantiosas cantidades.

Apoyo las modificaciones del Senado, con reserva de lo expresado en cuanto a la declaración de la prescripción.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, en nuestro recorrido permanente por la Región de Coquimbo, la problemática por los derechos de aseo ha sido recurrente. Vecinas y vecinos de distintas comunas de la región nos han expresado su preocupación por las notificaciones de cobro de deudas, de las cuales nunca fueron informados o informadas de manera oportuna, sino que de ellas se vinieron a enterar muchísimos años después y, como han dicho algunos colegas, durante el tiempo de pandemia, generando mucha incertidumbre y estrés en las personas. Todo ello, sumado a los intereses aplicados, hace imposible efectuar el pago a ellos y ellas, sobre todo el cobro de deudas generadas durante largos años, lo que los pone en una situación de completa indefensión e incertidumbre.

El problema se acentúa al ver que la gran mayoría de vecinos y vecinas son adultos mayores y mujeres jefas de hogar, que se enfrentan a una deuda de alto valor, sin alternativas efectivas ni expeditas que permitan regularizar dichos derechos.

Por otro lado, las municipalidades tienen muy pocas herramientas administrativas, por lo que también se han visto enfrentadas a la problemática permanente de intentar recaudar, infructuosamente, los derechos de aseo, que son fundamentales para aumentar los ingresos propios, situación que se acrecienta en comunas que no poseen alto presupuesto, que abundan en nuestra región, judicializando en exceso y recaudando una ínfima proporción.

Ahí está la importancia de este proyecto de ley, el cual aprobaremos, apoyo que espero que sea transversal, ya que viene a demostrar la necesidad de actualizar tanto la normativa como los procesos para enfrentar un problema permanente.

Gracias a este proyecto, las vecinas y los vecinos podrán optar a la condonación de sus deudas de los derechos de aseo con más de cinco años de antigüedad, incluidas multas e intereses asociados a estas deudas. Además, se les brinda la posibilidad de celebrar convenios de pago de hasta doce cuotas por deudas por derechos de aseo, con condonación de multas e intereses de hasta 70 por ciento, o de ciento por ciento si el pago es al contado. Es una buena solución y va en el camino correcto.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de que los municipios celebren convenios con el Servicio de Tesorerías para acceder a una plataforma de cobros, convenios y procesos judiciales, lo que permite un avance administrativo dentro de los gobiernos locales.

Espero, mediante la aprobación de este proyecto de ley, que logremos comenzar un camino de justicia para las y los vecinos de todas las comunas del país, no solo de nuestra Región de Coquimbo, sino de todo nuestro país, quienes siempre han demostrado su voluntad de regularizar las deudas por derechos de aseo; sin embargo, la falta de opciones, de posibilidades y la complejidad de los trámites hacen que ponerse al día sea aún más complejo.

Esperamos darles una buena noticia a todas y todos los vecinos, que llevan años solicitando que el Estado les dé una solución justa y eficiente, y la que contempla el proyecto va en el camino correcto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, esta facultad que contempla el proyecto es una necesidad muy sentida por los municipios, toda vez que va a permitir, a propuesta del alcalde, condonar multas e intereses por concepto de deudas por derechos de aseo, sobre todo a los adultos mayores, que son quienes más endeudados están con los municipios por el no pago de estos derechos de aseo.

La medida permite a las municipalidades ejercer la facultad de condonar el total de la deuda, incluyendo multas e intereses, que tengan una data mayor a cinco años de antigüedad, contados desde la fecha en que se hacen exigibles. También se faculta a las municipalidades para que, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, previo acuerdo del concejo, celebren convenios de pago de hasta doce cuotas por deudas por derechos de aseo. Además, se las faculta para condonar hasta ciento por ciento de las multas e intereses cuando la deuda se pague al contado, y hasta 70 por ciento en caso de que se suscriba un convenio de pago. También durante el mismo período se podrá tramitar la prescripción de las deudas vencidas por derechos de aseo municipales, bajo las siguientes reglas:

1.- Podrá pedirse ante el juzgado de policía local competente la declaración de la prescripción de las deudas vencidas que posean una data mayor a cinco años de antigüedad.

2.- No se requerirá el patrocinio de un abogado.

3.- Interpuesta la solicitud, el juzgado de policía local solicitará un informe a la municipalidad respecto de la deuda total de derechos de aseo, con indicación de su antigüedad, el que deberá ser evacuado dentro de diez días hábiles; ante la negativa, podrá reiterarse la solicitud por diez días.

Por último, contra la sentencia pronunciada por los juzgados de policía local procederá una apelación, conforme a las reglas establecidas precedentemente.

Por lo tanto, creo que es una buena medida, requerida por los municipios, pero sobre todo por los adultos mayores, en todas y cada una de las comunas del país.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, estimados colegas, no podemos desconocer que la existencia de deudas incobrables, deudas impagas por años, más intereses, reajustes y multas, es una realidad, así como el hecho que hoy las municipalidades contratan empresas externas para el pago de dichas deudas. Por ello, cada cierto tiempo se presentan este tipo de proyectos, que contribuyen a ordenar los presupuestos municipales, incentivando el pago y, por ende, la recaudación.

Considero que la propuesta de la Comisión de Hacienda del Senado sobre las facultades de las municipalidades para condonar el total de las deudas vencidas que posean una data mayor a cinco años de antigüedad, previo acuerdo del concejo y a propuesta del respectivo alcalde es favorable, dado que antes se establecía que la prescripción debía alegarse ante los juzgados de policía local, mediante procedimiento simplificado.

Como bien se sabe, la prescripción debe ser alegada ante un órgano jurisdiccional, lo que supone un procedimiento más engorroso y largo para las personas, además de que implica una mayor carga para esos juzgados, que están saturados, a diferencia de lo que propone el proyecto, que es la condonación de la deuda, que puede ser acordada directamente por el municipio.

Es un avance, sí, pero hace una semana presentamos un proyecto de resolución que buscaba pedir la condonación de toda deuda por no pago de derechos de aseo municipal para los adultos mayores y para el 40 por ciento más vulnerable de la población. Obtuvimos 139 votos; agradezco a mis colegas esa votación.

Estimados colegas, espero que podamos avanzar en este tema, de manera de sacarles de encima el peso de estos costos a todos los adultos mayores y al 40 por ciento más vulnerable de la población del país.

Reconozco que el proyecto de resolución en cuestión lo elaboramos con el concejal Ignacio Álvarez , abogado de la comuna de Castro y que no es de mi tendencia política, pero por el bien de las personas quisimos trabajar juntos, y ojalá lleguemos a buen puerto con este proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, nos encontramos en un contexto complejo para las familias chilenas, las que han tenido que enfrentar la pandemia, la incipiente recesión económica, la incertidumbre y las circunstancias sociales y familiares propias de los tiempos que nos toca vivir.

Muchos chilenos y chilenas desconocen la existencia de esta obligación de pago por extracción domiciliaria de residuos sólidos y solo se percatan de ella cuando son citados por incumplimiento de pago de esos derechos o por morosidad. Lo vemos cotidianamente en nuestros distritos.

Las deudas generan multas e intereses, que dificultan aún más su pago. Como consecuencia, las municipalidades registran deudas que jamás podrán cobrar, reflejando ingresos futuros inexistentes. Esto afecta especialmente a las comunas más vulnerables, a las comunas de mi distrito, el número 13.

El presente proyecto de ley propone como solución el desarrollo de un sistema de recaudación centralizado, administrado por la Tesorería General de la República.

De acuerdo con este sistema, las deudas con más de tres años de antigüedad se consideran prescritas. También se permitirá la condonación del ciento por ciento de intereses y multas si la deuda se paga al contado, y del 70 por ciento si se suscribe un convenio de pago al efecto. En caso de que se incumpla el convenio, las acciones de cobro pasarán a ser responsabilidad del municipio.

Según un estudio de la Universidad de Chile, sobre mejoramiento de la recaudación municipal, esta propuesta traerá grandes beneficios, que se traducirán en disminución de los costos de recaudación para los municipios, mayor facilidad de pago para nuestros vecinos y vecinas, un mayor porcentaje de recaudación al respecto, por la capacidad fiscal, y un criterio bien definido para los casos en que se puede aplicar la exención del pago. A su vez, beneficiará a la población que por desconocimiento o falta de recursos presentaba dificultades para pagar el servicio de aseo.

Regularizar las deudas incobrables y aumentar los ingresos municipales debe ser una tarea de todo municipio y, por cierto, debe ser tarea del legislador. Por eso desde la bancada del Partido Socialista hacemos un llamado a votar a favor este proyecto de ley, que en algo va a colaborar a miles y miles de familias, sobre todo de sectores vulnerables y de clase media emergente, que han visto cómo la crisis económica y la pandemia los han afectado. Por cierto, va a permitir, en definitiva, que ese tipo de deudas sean solucionadas al más breve plazo.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este proyecto relativo al pago de los derechos de aseo municipal (boletín N° 10858-06 y otros), en que participó el entonces diputado Víctor Torres , el actual senador Matías Walker y quien habla, lo hemos acompañado como bancada porque creemos que, en momentos muy complejos en lo económico para las familias más vulnerables, se hacía muy necesario, especialmente en pandemia.

Analizamos cuatro proyectos a lo menos, bastante transversales, que se refundieron y dieron lugar a esta iniciativa, que también busca condonar deudas por multas e intereses, y establece mecanismos de celebración de convenios, para lo cual, comprendiendo determinados requisitos y situaciones de morosidad, se somete el caso a evaluación de los servicios públicos que se indican.

El Senado propuso modificar la propuesta original para hacer más expedito el trámite judicial, a efectos de que se recauden correspondientemente los fondos, y adecuó algunos temas de redacción. Eso se valora.

Creo que también es importante lo que hicimos desde la comisión que me correspondía presidir en ese minuto, la de Gobierno Interior, que actualmente trabaja de muy buena manera los temas relacionados con los municipios y los servicios públicos.

Sin duda, el proyecto va a ayudar, porque entregará facultades a las municipalidades para suscribir convenios de pago por deudas por derechos de aseo, previo acuerdo del concejo. Se establece un período de doce meses para la celebración de dichos convenios, y el pago podrá ser hasta en doce cuotas. El respectivo alcalde también podrá celebrar convenios con el Servicio de Tesorerías para que este efectúe el cobro. Se podrá condonar hasta el ciento por ciento de los intereses y multas cuando la deuda se pague al contado, con lo cual el proyecto viene a colaborar con quien es responsable. Asimismo, se establece que la condonación será del 70 por ciento en el caso de quien suscriba un convenio de pago.

En caso de incumplimiento de los convenios de pago, serán los municipios quienes desarrollen las acciones de cobro, para lo cual podrán desarrollar un trabajo con la Tesorería General de la República.

Este proyecto se ha articulado de buena manera y ha contado con el apoyo y respaldo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, lo cual es positivo. Por eso lo vamos a apoyar.

Valoramos el trabajo que hicieron parlamentarios del período pasado. Por cierto, hoy en día también se hacen esfuerzos para mejorar la recaudación fiscal, junto con condonar deudas a las personas que lo requieren, especialmente adultos mayores y personas más vulnerables.

Creo que este proyecto recoge en buena manera y medida ese trabajo. En consecuencia, nuestra bancada va a respaldar esta iniciativa.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señor Presidente, este proyecto ha sido aprobado por diversos diputados y diputadas y tiene un interés transversal. Por lo que sabemos, es un gran avance en materia de recaudación municipal, al contemplar la posibilidad de que los municipios celebren convenios con la Tesorería General de la República. Con esto se pretende dotar de mayor eficiencia la gestión y el manejo de las finanzas municipales, lo que también entrega mayor transparencia al proceso de cobro por los derechos de aseo, al ser un órgano externo el encargado de esta recaudación.

Valoramos que este proyecto considere también las finanzas de nuestro pueblo, de la ciudadanía, que, como hemos visto en los últimos años y, en general, por muchas décadas, también se ha visto afectada por el alza de la vida, que ha golpeado principalmente los hogares más vulnerables y a las personas mayores. Para ello contempla la condonación de deudas por multas e intereses que tengan más de cinco años de antigüedad.

Creemos que este proyecto es importante, porque permite hacer efectivo el cobro de los derechos de aseo municipal y que la Tesorería haga un control más efectivo de esos recursos. Sin embargo, no podemos desconocer la realidad diversa de los municipios, como ocurre, por ejemplo, en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, donde no existe relleno sanitario, por lo que la municipalidad tiene que arrendar un vertedero de propiedad privada. Lo anterior ha traído grandes dificultades en materia ambiental.

Lo que ocurre en la comuna de Los Vilos, en la provincia de Choapa, es la realidad de toda esta extensión territorial, que, a propósito de la desprotección del Estado, ha tenido que suplir a través de la empresa privada la ausencia del aparato estatal. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con Minera Los Pelambres, que tapa con dinero, canchas de fútbol y otros los daños que genera al medio ambiente y a la comunidad mediante la contaminación que se produce. Situación similar es la que vive la ciudad de Coquimbo, que no tiene relleno, y en La Serena, que paga dentro de una licitación el costo de un relleno particular que, además, no tiene permisos para operar.

La ley contempla la prescripción de la deuda por derechos de aseo municipal, pero esto significa otro costo para el pueblo al momento de aplicar este argumento legal. Por eso, esta medida que esperamos aprobar es un avance, que permite mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas del territorio, en especial de las personas mayores y de quienes hoy no cuentan con los recursos disponibles para saldar este tipo de deudas con los municipios, más allá de la voluntad que tengan respecto de los cobros de aseo municipal. Así que vamos a aprobar esta iniciativa.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, el pago por concepto de aseo domiciliario es un dolor de cabeza para vecinas y vecinos, creo que de la gran mayoría de las comunas del país, y no porque los vecinos no quieran pagar este derecho de aseo domiciliario, sino por la desinformación que existe al respecto y porque las municipalidades no entregan los cobros a tiempo, lo que genera moras y deudas de muchos meses. A esto sumemos en estos años el período de pandemia y la inflación, que tiene los precios por las nubes y que convierte el pago de este servicio en no ser una prioridad dentro de las urgentes necesidades de la gente. Por eso se deja de pagar. Además, el camión de la basura se llevará los desechos sin discriminar entre quién paga y quién no.

En mi recorrido por el distrito que represento, distinguí que este tema no es algo sin importancia. La gente hace frecuentes preguntas sobre por qué las deudas han ascendido de tal manera que se hacen impagables. Qué decir de los adultos mayores que tienen más dificultades para sobrevivir con pensiones de miseria y, muchas veces, sin redes de apoyo para salir adelante. Ellos ni siquiera debieran pagar este concepto por aseo domiciliario en sus comunas, y también debieran tener muchas más exenciones tributarias para que puedan, de alguna manera, equilibrar sus finanzas y tener una calidad de vida algo más digna que en la actualidad.

Por eso, valoro este proyecto que permitirá a los municipios la facultad de suscribir convenios de pago y condonación de intereses, para que muchos vecinos dejen de ser deudores.

También dispone que pueda prescribir la deuda en los casos que se establecerán. Mis saludos a mis vecinos por esta buena noticia.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, sabemos que la pandemia no solo puso en riesgo la salud, sino que también afectó gravemente la economía de nuestro país y del mundo entero. Según los datos del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, en torno a 2.400.000 chilenos y chilenas perdieron su trabajo a causa de la pandemia, lo que, por supuesto, generó una grave crisis al interior de las familias en nuestro país. Por eso, este proyecto, que otorga facultades a los municipios para bajar o condonar deudas de derechos de aseo, va en ayuda de esas familias que se vieron afectadas en sus ingresos.

El pago de los derechos de aseo es una obligación legal establecida en el decreto ley N° 3.063, sobre rentas municipales, que obliga a las personas a pagar por la extracción de la basura de sus hogares, situación que en muchos casos es desconocida por la ciudadanía, lo que deriva en que para muchas personas se acumule una gran deuda, la cual, por diversos motivos, resulta imposible pagar.

Es por eso que nuestra función se vuelve tan importante en esta materia, porque somos nosotros quienes debemos legislar para buscar una solución a los problemas actuales y reales que afectan a los ciudadanos.

En ese sentido, este proyecto se hace cargo de este problema, a través de la proposición de establecer facilidades de pago o la condonación total o parcial de los derechos de aseo municipal.

¿A quiénes contempla o beneficia la iniciativa? A personas desempleadas, a personas mayores, a quienes se encuentran en situación de discapacidad y a los beneficiarios de viviendas sociales.

Lo que busca la iniciativa es entregar facultades a los municipios para que, de forma temporal o definitiva, puedan condonar los intereses o las multas producto del incumplimiento, así como otorgar la posibilidad de realizar convenios de pago de las deudas y la aplicación de la prescripción total a quienes tengan una deuda de cinco años o más, medida que en mi región sin duda celebramos.

Durante el ejercicio de mi profesión me ha correspondido representar a muchas personas a las que se les habían acumulado muchísimos miles de pesos en cobros por este concepto. Para ellos, 800.000 pesos era una tremenda deuda. A lo mejor para ustedes no lo es, pero para la mayoría de los ciudadanos 300.000, 500.000 u 800.000 pesos es una tremenda deuda. Además, debido a esa situación, debían incurrir en el gasto de buscar un abogado para pedir la declaración de prescripción de una deuda que el municipio jamás se había preocupado de cobrar. ¿Qué ocurría? Que el cobro de esas deudas les llegaba mucho tiempo después, cuando esta era ya muy alta, lo que los obligaba a tener que incurrir en ese costo adicional.

A esas personas, a esos ciudadanos, especialmente a los de mi distrito, les digo que este proyecto de ley busca dar una solución real a sus problemas actuales.

En consecuencia, invito a los municipios a celebrar los convenios respectivos, a condonar las deudas y a aplicar la prescripción, con el objeto de dar una solución concreta a la deuda acumulada por derechos de aseo municipal de muchas personas.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes .

El señor CIFUENTES.-

Señor Presidente, por fin aprobaremos hoy este proyecto de ley, iniciado mensaje y mociones refundidos, que desde el 2016 ha sido objeto de diversos trámites legislativos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

La iniciativa busca abordar un problema complejo, que no se ha querido resolver estructuralmente. En los últimos treinta años se han aprobado dos o tres veces iniciativas similares, pero que han resuelto el problema coyuntural, no el de carácter estructural.

Este proyecto propone que, mediante la suscripción de convenios, se condone hasta el ciento por ciento de los intereses y multas por concepto de derechos de aseo municipal cuando la deuda se pague al contado, o que se condone hasta el 70 por ciento de esta cuando se suscriba un convenio de pago. No obstante, cabe preguntarse por qué se castiga a las personas que no pueden pagar al contado y que se ven obligadas a suscribir un convenio de pago, quienes, en la práctica, será la mayoría de los adultos mayores en cada una de las comunas y en los sectores más pobres de nuestras regiones.

Además, se sugiere un cronograma burocrático para resolver el problema de las deudas vencidas. En lugar de aquello, ¿por qué no resolverlo mediante una ley y derivarlo mediante convenios que las terminen extinguiendo?

La iniciativa autoriza a la Tesorería General de la República a declarar incobrables los ingresos o rentas municipales morosos, pero después de un largo trámite.

Sin perjuicio de lo planteado, este es un gran proyecto de ley, que vendrá a aliviar la pesada carga de muchas familias, especialmente de la tercera edad, que desconocen incluso la existencia de esta deuda, porque como no pagan contribuciones nunca se les cobran los derechos de aseo municipal, habitualmente ni de manera constante. Por ello, cada cierto tiempo se enteran de que por concepto de multas e intereses han adquirido una deuda que les resulta imposible de pagar.

En consecuencia, votaré a favor las modificaciones del Senado, porque me parece que este proyecto significará un gran alivio para muchas familias, pero creo que en el futuro debiésemos pensar de manera más estructural y excluir del pago por la recolección de basura a las personas que, de acuerdo con sus antecedentes socioeconómicos, no pueden pagar. He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, cuando tenemos que recorrer nuestros distritos, en mi caso el distrito N° 14, integrado por comunas de las provincias de Talagante, Melipilla y Maipo , en muchas ocasiones hemos conversado con vecinos que nos dicen que están agobiados o asustados porque les están cobrando los derechos de aseo municipal de forma retroactiva, con intereses y multas. Al mismo tiempo, nos hemos reunido con varios alcaldes, como lo hice hace poco con Juan Pablo Olave , Rodrigo Contreras y Miguel Araya , con los que conversamos, entre otras materias, respecto de la facultad de los municipios para condonar multas impagas de derechos de aseo municipal.

¿Qué permite este proyecto, que espero sea aprobado hoy?

Primero, condonar todas las multas de más de cinco años de antigüedad. Las personas hoy tienen que concurrir al juzgado de policía local correspondiente a hacer el trámite respectivo, pero en virtud de lo que propone esta iniciativa, en el futuro será el alcalde quien hará una propuesta al concejo para condonar todas las multas por los derechos de aseo impagas.

Por lo tanto, a todos los vecinos de Melipilla, Talagante , Peñaflor , Buin y San Bernardo que están complicados por deudas de derechos de aseo municipal que se arrastran desde hace muchos años, quiero decirles que con la ley en proyecto que aprobaremos hoy se podrán condonar las deudas de derechos de aseo impagas que tengan más de cinco años de antigüedad.

Las deudas de menos de cinco años de antigüedad tendrán la posibilidad de que les sean condonados los intereses y las multas, los que muchas veces terminan siendo una tremenda carga para aquellos que pagan en efectivo. Además, se podrá condonar hasta el 70 por ciento por concepto de intereses y multas para las personas que suscriban un convenio de pago.

Sin embargo, tal como dijo el diputado Bórquez , desde la UDI presentaremos un proyecto de ley que tiene por objeto establecer la condonación del pago de los derechos de aseo a los adultos mayores y a aquellas personas que estén dentro del 40 por ciento de mayor vulnerabilidad.

¿Por qué lo vamos a hacer? Porque nos parece de toda justicia que los adultos mayores, que reciben hoy pensiones sumamente bajas, puedan acceder al beneficio de la condonación total del pago de los derechos de aseo. Además, queremos que se establezca el mismo beneficio para las personas que se encuentran dentro del 40 por ciento más vulnerable. Presentaremos esa iniciativa sin la perspectiva de algún lado político en particular, sino porque hemos entendido, luego de conversar con alcaldes de distintos sectores políticos, que los alcaldes primero deben tener la facultad para condonar el pago de las deudas atrasadas y la posibilidad de rebajar intereses y multas.

Votaremos a favor las modificaciones incorporadas por el Senado a este proyecto, pero reitero que también queremos avanzar en terminar con el cobro de los derechos de aseo a los adultos mayores y a las personas que están en el 40 por ciento de mayor vulnerabilidad.

Junto con el diputado Bórquez hemos trabajado el proyecto de ley que contiene esa propuesta, que será ingresado a tramitación legislativa en los próximos días, iniciativa que esperamos que sea aprobada por el Congreso Nacional, tal como en el caso de este proyecto enmendado por el Senado.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, los municipios necesitan tener atribuciones para hacer su trabajo.

Hoy, respecto de los vecinos y contribuyentes que pagan impuesto territorial, patente comercial o patente profesional, tienen un sistema para recaudar el derecho de aseo. A los primeros se les cobra por la Tesorería General de la República, con el pago de las contribuciones, y en el segundo caso cuando pagan la patente respectiva. El problema se presenta en el caso de los vecinos que no pagan contribuciones ni patente. En su caso, tal como aquí se ha dicho, solo se enteran de que tienen esa obligación cuando les llegan los avisos de cobranza.

Ahora, quiero hacer presente que a las deudas de los derechos municipales se les aplican los intereses contemplados en el Código Tributario, por lo que las deudas, muchas veces, pueden ser casi impagables para un vecino. Si a eso se suma el retardo en el tiempo, el aumento del monto de los intereses es considerable.

En este momento los municipios viven un drama debido a la situación de morosidad en el pago de los derechos de aseo de sus vecinos, porque, muchas veces, no cuentan con un sistema de cobro adecuado para ese caso y, además, porque también está la tentación o la justa necesidad de encontrarse con dramas humanos que llaman a tener algún tipo de consideración.

Por eso, es urgente disponer de una forma que permita cobrar rápidamente, en forma expedita, y que posibilite hacer una recaudación más eficiente que la que existe hoy.

Hoy por hoy, el municipio se encuentra en el deber de exigir el pago de los derechos de aseo, obligación que persistirá mientras no opere respecto de esa deuda el plazo de prescripción ordinaria que dispone el Código Civil y, además, se hubiere alegado judicialmente por el interesado.

Esta normativa avanza en el sentido correcto de permitir a los municipios, primero, regularizar la situación y este stock que tienen hoy día. Además, las municipalidades podrán tener un sistema de recaudación eficiente, que, de prosperar el cobro que se propone a través de los convenios con la Tesorería, debiera disminuir considerablemente la morosidad a futuro y la incobrabilidad de este derecho.

Por eso, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, de todas maneras, debo valorar este proyecto, que tiene dos actores: primero, los municipios, que evitan recaudar sus recursos producto de los altos costos por intereses y los costos de cobranza a la ciudadanía; segundo, los habitantes de las 345 comunas del país, que se ven complicados cuando los pagos en cuestión se van acumulando.

En 2020, en plena pandemia, creo que fueron muy pocos los municipios que llegaron a hacer el cobro asociado al retiro de residuos sólidos domiciliarios.

Eso nos lleva a hacernos varias preguntas, tales como ¿por qué no profundizamos la ley y dejamos exentas de pago a aquellas personas que reciben una pensión de 200.000 pesos? Porque es superinjusto que los supermercados o multitiendas grandes en las comunas paguen por un kilo de residuos sólidos lo mismo que paga una vecina de alguna población.

Entonces, si bien este es un gran proyecto que permitirá a los municipios recaudar recursos, también es un desahogo para cada una de las familias de nuestro país.

Sin lugar a dudas, el trabajar esto por tramos es complicado. Cuando la propuesta llega al concejo municipal, se deben tomar decisiones que a lo mejor son un poco impopulares y reciben críticas, o empiezan las conversaciones con las grandes cadenas de supermercados o de multitiendas. Por tanto, debemos poner un marco regulatorio para que estas situaciones no se empiecen a acumular.

Todos sabemos que en 2020 los municipios recibieron entre un 10 y un 15 por ciento menos de lo que normalmente tenían en su presupuesto. Uno de los temas fue justamente asumir la responsabilidad de la recolección de basura, porque, aunque la gente no pague, los municipios igual deben pagar, ya sea porque están recolectando con sus propios camiones, lo que incluye pago de personal, mantenimiento y combustible de las máquinas, ya sea porque tienen contratada una empresa externa, por lo que –insisto- igual deben pagar.

Hubo muchos atrasos, pero creo que esta es una tremenda experiencia, que, sin lugar a dudas, ha sido gatillada también por esta pandemia.

Lógicamente, vamos a aprobar este proyecto, pero necesitamos profundizar y seguir modificando la ley.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, recuerdo que vimos este proyecto en la Comisión de Gobierno Interior, en la legislatura pasada. El problema siempre ha sido respecto de la admisibilidad del proyecto, que, obviamente, debía ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El gobierno anterior se sumó a esta iniciativa, a mi parecer, de manera positiva, porque resolvió un problema que estaba planteado en distintos proyectos de ley, cual es si el concejo y el alcalde tenían atribuciones para condonar deudas por derechos de aseo.

La verdad es que se llegó a una muy buena solución, porque esto es algo que a diario le dicen a uno los vecinos y vecinas de cada uno de los distritos. Hace poco me tocó estar en Llay Llay con la concejala Pamela Arévalo , quien ha estado muy preocupada por estos temas. Lo cierto es que la gente se pregunta si debe pagar o no una deuda que tiene desde hace tantos años.

El tema del avalúo fiscal no es menor. El reavalúo del último año disparó el precio de las viviendas por la plusvalía de estas; sin embargo, las personas siguen recibiendo pensiones bajas, viviendo con lo mínimo, pero en un terreno cuyo valor se disparó por la plusvalía. Eso ha hecho que, en definitiva, tengan que pagar derechos de aseo que a muchas familias, sobre todo con la crisis económica que vive el país, les está siendo muy difícil solventar.

Con este proyecto se condonará el cien por ciento de los intereses y multas si se realiza el pago al contado, o el 70 por ciento si este se pacta en doce cuotas.

Pero lo más relevante es la prescripción de la deuda a través de un procedimiento simplificado que se iniciará a través de los municipios, sin abogado, pero que estos deberán informar en un plazo de diez días, extendible a diez días más; si no, el juez de policía local tendrá que dar por acreditada la prescripción de la deuda, que será de cinco años hacia atrás; es decir, si la deuda tiene más de cinco años, quien debe los derechos de aseo domiciliario no tiene que pagar ni un peso. Ese será un alivio tremendamente importante no solo para los vecinos y vecinas, sino también para aquellos municipios que tienen que convivir con la desesperación de no poder dar una solución a tantas personas que viven con lo justo y que, en definitiva, no pueden hacerse cargo de estos cobros tan tan onerosos.

El municipio también puede –muchos lo hacen- permitir que muchas personas no paguen derechos de aseo, precisamente por las condiciones socioeconómicas en que viven, pero no puede condonar una vez que la deuda es exigible.

Por eso es importante que los municipios, atendiendo las condiciones socioeconómicas, independientemente de la plusvalía y el avalúo fiscal de las viviendas, puedan avanzar en estas medidas, para que las personas no paguen derechos de aseo.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, ¿quién podría no apoyar este proyecto de ley? Claro está que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal.

Veo que la intención de este proyecto es demasiado buena: ayuda a la gente que tiene deudas y más deudas, y esta deuda de aseo se suma a una más de ellas. Pero quiero llamar la atención sobre una práctica eventual que nunca debe ser usada: el cobro o la condonación de deudas de aseo a amigos o enemigos del alcalde de turno, ya que ello traería perniciosas consecuencias y colocaría a la primera autoridad, cual es el gobierno local o comunal, en la arbitrariedad dañina contra la población que él debe cuidar y que lo ve como el primer gran eslabón del Estado.

Creo que en este proyecto de ley debería haber criterios más acotados y medibles, como la edad, el ingreso económico, informes sociales.

Nuestra gente necesita ayuda de verdad.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, para nadie es un secreto que los municipios están gastando muchos recursos en servicios de aseo, recolección y vertederos, más de lo que efectivamente están recaudando por concepto de cobro del aseo domiciliario.

Hay distintas instituciones, incluida la OCDE, que han propuesto medidas que apuntan a dotar de mayor eficiencia la gestión y el manejo de las finanzas municipales.

Recogiendo dichas recomendaciones es que este proyecto de ley busca facilitar el cobro de los derechos de aseo municipal, en orden a permitir la recaudación por intermedio de la Tesorería General de la República, así como también entregar facilidades para el pago de tales derechos, considerando convenios que puedan incorporar la condonación de las multas e intereses devengados por el no pago de aquellos.

El proyecto propone, finalmente, la condonación por parte de las municipalidades de aquellas deudas que se podrían declarar prescritas por los tribunales al tener más de cinco años de antigüedad, simplificando así su tratamiento tanto para la municipalidad como para el ciudadano o ciudadana.

Todos los días, cuando vamos al territorio, nos encontramos sobre todo con adultos y adultas mayores que tienen acumulación de deudas y que tienen que judicializar el procedimiento para encontrar un camino viable para la condonación de estas deudas. Además, es una realidad que se agudizó durante la pandemia.

Es por eso que en el primer artículo de este proyecto se faculta a las municipalidades del país para que, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de publicación de esta futura ley, previo acuerdo del concejo municipal respectivo, celebren convenios de pago de hasta doce cuotas por las deudas provenientes de los derechos de aseo. Además, incluye la posibilidad de condonar hasta el ciento por ciento de las multas e intereses, en caso de pago al contado, y hasta el 70 por ciento da aquellos en caso de pago vía convenio.

Por eso me parece que este proyecto no solo es importante, sino también necesario, por lo que espero que hoy lo aprobemos, dado que son muchos los años que llevamos esperando poder resolver este problema, que no solo afecta a los municipios, que deben enfrentarlo a diario, por lo que incluso han tenido que generar ventanillas especiales para poder atender esta situación, sino que, además, es una situación permanente y cotidiana que afecta a muchos adultos mayores y otras personas que no tienen las condiciones económicas para hacerse cargo de estas deudas acumuladas.

En consecuencia, llamo a la Sala a votar a favor de este proyecto y a valorar esta iniciativa, que surge de una iniciativa legislativa parlamentaria, ya que es urgente y necesaria, por lo que muchos alcaldes y alcaldesas la están esperando, pero también muchos ciudadanos y ciudadanas.

Nuestra bancada va a votar a favor esta iniciativa, porque nos parece necesaria para resolver un problema que ya es crónico.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señora NUYADO (doña Emilia).-

Señor Presidente, sin duda, este es un gran proyecto, pues viene a hacer justicia a aquellas familias que más lo requieren, aquellas que mantienen estas deudas que, incluso, se han triplicado a causa de las multas y los intereses, por lo cual no cuentan con recursos suficientes para pagarlas. Era imposible que durante cinco años ellas pudieran terminar de pagar estas deudas.

Con la aprobación de este proyecto se generará la posibilidad de que los alcaldes y sus concejos puedan celebrar convenios de pago con los deudores, y que los municipios respectivos puedan establecer convenios de colaboración con la Tesorería para que este servicio pueda realizar los cobros respectivos, cuestión respecto de la cual quiero llamar la atención, porque las oficinas de este servicio a veces están muy alejadas de los hogares de las familias deudoras.

Es importante que se puedan condonar total o parcialmente los intereses y multas de las deudas que se han generado a consecuencia del no pago del servicio de aseo domiciliario. Se debe tener presente que muchas de estas familias se encuentran en la obligación de tener que pagar por ese servicio a causa del alto avalúo que hoy tienen sus viviendas sociales, obligación que antes no tenían.

Es importante también mencionar lo que pueda venir, porque si bien es posible que este proyecto se apruebe, ello no será la solución definitiva para los adultos mayores y para las mujeres jefas de hogar que no cuentan con los ingresos necesarios para hacer frente al pago de este servicio. Tampoco es solución definitiva para las familias que viven en situación de vulnerabilidad.

Por ello, el siguiente paso que debiera darse es que el Presidente de la República, en conocimiento y en consideración de la situación social que viven todas esas familias a raíz de la crisis inflacionaria y económica, presente un proyecto de ley que exima del pago de estos derechos de aseo a aquellas familias que están entre el 60 por ciento de mayor vulnerabilidad, porque algunas ni siquiera tienen recursos para adquirir sus medicamentos, como ocurre con muchos adultos mayores o con las mujeres jefas de hogar que deben asumir solas su realidad, con sus hijos, y con muchas familias que, no obstante habitar en viviendas sociales, han debido asumir el alto costo de este servicio.

En resumen, estamos frente a un proyecto que permitirá a las familias beneficiarias aliviar sus preocupaciones, en especial aquellas que estén más de cinco años sin los pagos respectivos, pues podrán dar solución a esta sentida demanda que muchos han planteado a diversos parlamentarios, quienes hemos asumido un compromiso al respecto, compromiso que se concreta hoy.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY.-

Señor Presidente, como se ha dicho, este proyecto faculta a las municipalidades del país para que, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de publicación de esta iniciativa como ley, previo acuerdo del respectivo concejo, celebre convenios de pago hasta en doce cuotas respecto de las deudas por derecho de aseo.

Asimismo, se podrá condonar hasta el ciento por ciento de las multas e intereses de dichas deudas, cuando esta se pague al contado, y hasta el 70 por ciento en caso de que se suscriba un convenio de pago. Si el deudor incumple el convenio, la municipalidad podrá realizar el cobro respectivo.

Durante el mismo período, se podrán tramitar la prescripción de las deudas vencidas por derecho de aseo municipal bajo las siguientes reglas: podrá pedirse la declaración de la prescripción de las deudas vencidas que posean una data mayor a cinco años, contados desde la fecha en que se hagan exigibles. La solicitud se presentará ante el juzgado de policía local respectivo y se tramitará a través de un procedimiento mucho más ágil y rápido, que es lo que la gente busca.

Los juzgados de policía local deberán poner a disposición de los interesados formularios tipo para hacer efectiva esta petición. Además, para la interposición y tramitación de la solicitud no se requerirá el patrocinio de un abogado, lo que también es sumamente importante.

La iniciativa contiene una serie de artículos e incisos que apuntan a entregar un mejor beneficio o una ayuda a toda la comunidad, producto de lo que acaba de suceder.

Hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿esto es responsabilidad de las personas? No. Claramente, no lo es. Se trata de adultos mayores y de gente que habita en viviendas sociales a las que les subieron el avalúo, por lo que hoy deben pagar por el servicio de aseo domiciliario, lo que antes no sucedía.

¿Los municipios tienen responsabilidad? Por supuesto que los municipios tienen responsabilidad, pues a mucha gente no le avisaron. He estado recorriendo diversos rincones de mi región, sobre todo de la comuna de Curicó, así que me consta que a muchos vecinos no les llegaron las notificaciones en el tiempo que correspondía.

Creo que esta iniciativa es un paso importante en la búsqueda de una solución a este problema, pero claramente no es la solución que se necesita, porque todavía tenemos gente en situación precaria producto de la pandemia, que vive en condiciones miserables y a la que hoy, por tener sus viviendas un avalúo mayor, les están cobrando el servicio de aseo.

Invito a los colegas parlamentarios a aprobar un proyecto de reforma constitucional, que voy a presentar mañana, que indica que a la gente que mantiene deudas por este concepto, la gente más vulnerable, gente que no tiene condiciones ni siquiera para pagar en doce cuotas, les podamos eliminar la deuda de los últimos años, excepto el último; desde ahí para atrás, no desde hace cinco años para atrás, porque esa no es la solución.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, uno de los problemas que enfrentan a diario los vecinos y vecinas más humildes de las comunas que representamos ocurre cuando les llega una carta de cobranza de parte del tesorero municipal recordándoles que deben pagar los derechos por el servicio de aseo municipal.

Se trata de familias a las que muchas veces les cuesta llegar a fin de mes, de familias que viven aquejadas por las deudas y a las que, además, el municipio les envía estas cartas de cobranza.

¿Quiénes son los que más se asustan con un procedimiento así? Claramente son nuestros adultos mayores.

Muchas veces esas deudas terminan apozadas en la contabilidad municipal de manera eterna, pues resultan ser incobrables. ¿Algún municipio estará dispuesto a llevar adelante la cobranza judicial de estas deudas? Lo cierto es que no.

Más allá de anunciar proyectos de ley por nuestra parte, facultad que no tenemos, porque estas son materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, creo que debemos exhortar al gobierno a que se haga cargo de la necesidad de darle solución a los adultos mayores y a las familias más vulnerables, de modo de eximirlas del pago de este derecho de aseo. Porque, además, es un derecho de aseo que no existe, ya que no lo van a pagar.

Entonces, por un principio de realidad, quiero decirle al gobierno que tratemos este asunto en serio y demos esa posibilidad y esa noticia a los adultos mayores y a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Entrando al análisis del proyecto de ley propiamente tal, quedo con un sabor semidulce respecto a la incorporación del inciso tercero en el artículo, realizado por el Senado. ¿Qué dice ese inciso? Dice: “En el mismo plazo establecido en el inciso primero las municipalidades tendrán la facultad de condonar el total de las deudas, incluyendo multas e intereses…”. ¡La facultad! Y se establece como facultad del alcalde, el cual, si se trata de un alcalde correcto, puede utilizarla adecuadamente. No me gustaría ver que la utilizaran como facultad solamente para beneficiar a sus adherentes o para ganar o tener una clientela segura en una elección. Esto debió haber sido mucho más taxativo, en orden a imponer la obligación para condonar las deudas de una data mayor a cinco años, para proponerlo al concejo municipal.

Hoy los vecinos más vulnerables requieren una solución, y aunque este es un paso, creo que se pueden dar otros en orden a hacer real la justicia social en cada una de las comunas de nuestro país.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señorita ROMERO (doña Natalia) .-

Señor Presidente, hoy tendremos el privilegio de votar un proyecto con fuerte carácter social, que viene en ayuda de todos los ciudadanos que en tiempos de pandemia se vieron apretados económicamente y que no han podido pagar los derechos de aseo municipales, así como también, y muy especialmente, va en ayuda de nuestros queridos adultos mayores.

No por nada muchos de ellos, en el trabajo que se desarrolla en el distrito, me habían preguntado por el avance de este proyecto. No podemos olvidar que se entregó a las municipalidades la facultad de condonar aquellas deudas que tengan más de cinco años, cuyo cobro, con el paso del tiempo, se hacía cada vez más complejo.

El proyecto beneficia de forma directa a las municipalidades de nuestro país, puesto que permitirá que estas celebren convenios con la Tesorería para facilitar el cobro de las deudas por medio del pago directo entre deudores y esta institución, permitiendo que Tesorería tramite los cobros.

Votaré a favor de este proyecto, porque soluciona la vida de muchos adultos mayores y de otras personas que mantienen deudas por derechos de aseo.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, las modificaciones del Senado a este proyecto producen sentimientos encontrados. Inicialmente, el proyecto aprobado por la Cámara perseguía un objetivo muy noble, que era establecer un procedimiento simplificado, ágil y gratuito para que todos los vecinos y vecinas que tienen deudas por derechos de aseo pudieran ir al juzgado de policía local y en un par de semanas tener extinguida esa deuda.

Se trata de un problema que abarca a todo el país. Hay miles y miles de personas, sobre todo adultos mayores, a las que se les están cobrando deudas por derechos de aseo, algunas de las cuales ni siquiera sabían que existían, debido a la inoperancia de muchos municipios. Por eso, cuando se acercan a pagar, les dicen que deben diez o quince años, y la deuda se transforma en impagable.

Nuestro proyecto perseguía declarar la prescripción de todas las deudas superiores a cinco años. Eso abarataba enormemente y de manera definitiva la deuda de cada persona. Pero cuando el Senado revisó el proyecto y lo que habíamos aprobado, cambió de idea, y dijo que no, porque consideró que era una ventaja muy grande para las personas, por lo que la sustituyó por una facultad transitoria, que durará doce meses, para que los alcaldes, con el concejo municipal, puedan condonar las deudas por derechos de aseo, con las correspondientes multas e intereses, cuando estas sean superiores a cinco años. Hago notar que dice “pueden” y no “deben”.

Entonces, la facultad va a quedar entregada a cada concejo municipal y, en muchos casos, puede que finalmente no condonen ni perdonen ninguna deuda y sigan cobrando. En el caso de que sean deudas menores a cinco años, también permite una condonación parcial.

Reitero que es una facultad transitoria, que durará doce meses, y va a permitir hacer convenios de pago en favor de los municipios, premiando muchas veces la ineficiencia que soportan miles de vecinos a lo largo de todo el país.

He conversado con el diputado Ilabaca y con varios diputados más, y nos parece que el Senado cambió completamente el sentido de este proyecto. Pero es difícil estar en contra cuando a alguien se le ofrece una facultad de condonar y uno tiene que pensar de buena fe que esto lo van a hacer los alcaldes. Sin embargo, me parece que lo correcto habría sido sumar las dos ideas. La idea de la Cámara, una prescripción declarada por el juzgado de policía local en un procedimiento gratuito, rápido y eficaz, que extinguiera la deuda para siempre cuando esta tuviera más de cinco años, y también la facultad de los municipios de condonar las deudas anteriores a cinco años. Esa habría sido una decisión en favor de la gente; sin embargo, lo que se propone es solo la mitad.

No podemos nadar contra la corriente, y por eso lo vamos a aprobar. Pero no vamos a renunciar a que los vecinos y vecinas tengan la posibilidad de extinguir las deudas excesivas que se están planteando hoy.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señor Presidente, hoy votaremos un proyecto que busca incentivar el pago de los derechos de aseo, el cual va en directo beneficio de miles de familias de clase media, que hoy adeudan cuentas impagables por años. Además, el proyecto busca entregarles herramientas a los municipios para reforzar e incentivar el pago de este servicio, y con ello solucionar, en cierta manera, los problemas de presupuesto y de balance que los aquejan.

En mi trabajo en terreno son muchos los vecinos de mi distrito que se han acercado a contarme sobre sus problemas para el pago de derechos de aseo. En muchas oportunidades, debido al aumento en la plusvalía de sus viviendas, los propietarios deben comenzar a pagar derechos de aseo, y en muchos casos no se dan por enterados por meses o, incluso, por años, llegando a deudas impagables para cualquier familia de clase media.

Es importante aprobar este proyecto, el cual no solo busca entregar facilidades de pago, sino que además simplificar los trámites para que los vecinos puedan repactar y tramitar las deudas en sus propias municipalidades.

Mi compromiso siempre ha sido estar con la gente de clase media, que se ha visto golpeada, una y otra vez, por la inflación y por el estadillo social, y este gobierno, que prometió que los ayudaría, ha decido abandonarlos.

Por eso, apoyaré el proyecto de reforma constitucional que presentará el diputado Hugo Rey , porque debemos dar una real solución y de fondo a este problema para ayudar a miles de familias de clase media que hoy lo necesitan.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Martínez .

El señor MARTÍNEZ.-

Señor Presidente, los estragos del covid-19 y la alta inflación son una demostración de las dificultades económicas que están enfrentando los habitantes de nuestro país, pues el aumento del costo de la vida es insostenible para muchas personas que luchan día a día por llegar a fin de mes.

Este proyecto es una verdadera ayuda para regularizar la situación de los deudores y para que las municipalidades puedan ordenar sus ingresos, pues les permite a las distintas comunas tener claridad acerca de cuál es el monto que recibirán por los derechos de aseo y así ordenar su contabilidad. Además, se genera un incentivo para las personas que mantienen deudas y que tienen dinero suficiente para pagarlas, pues no deberán pagar multas ni intereses.

Esta valorable iniciativa tiene puesto su foco en las personas y, por lo mismo, me parece razonable que todos los presentes tengamos en cuenta la situación económica de nuestros compatriotas.

Sin duda alguna, estas iniciativas logran disminuir la carga económica de muchas familias a nivel nacional y por ello voy a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, este proyecto es muy esperado desde hace mucho tiempo, y por eso en nuestros distritos nos han preguntado mucho sobre cuándo se legislaría sobre esta materia, sobre todo los adultos mayores. Quiero hacer el punto de que, si bien beneficia a muchos adultos mayores, también favorece a personas con discapacidad, a personas enfermas y a familias con muchas carencias, quienes han tenido que sufrir, además de la pandemia, situaciones muy golpeadoras, desde el punto de vista económico.

Por lo tanto, el proyecto se hace muy necesario, porque precisamente apunta a los problemas reales de la gente, a lo que pasa al interior de los hogares, de la puerta de la casa hacia adentro.

La iniciativa va en beneficio de las personas, ya que se transforma en una ayuda para poder regularizar la situación de los deudores, pero también ayuda a las municipalidades, ya que podrán regularizar sus ingresos, ordenar sus sistemas y registros contables. Los municipios tendrán claridad sobre los montos que recibirán y, por lo tanto, podrán trabajarlos de manera ordenada en su presupuesto y adquirir los compromisos que ello les permita, ordenando su contabilidad. También es un incentivo de pago para las personas que mantienen estas deudas al no tener que pagar intereses y multas asociadas. La condonación después de cinco años habla de una situación en donde se hace imposible el pago. Esa situación, como dije, debe depurarse, ya que al municipio le es muy necesario.

Estamos frente a un proyecto que va a dar tranquilidad a muchas personas que lo estaban esperando. Sí quiero hacer el punto en el sentido de que no puede ocurrir que la gente se informe después de meses o años sobre una deuda. Ello asusta a la gente. Los adultos mayores prácticamente sienten que serán llevados a juicio, o que serán objeto de detención, porque ellos son muy responsables.

En ese sentido, los municipios deben mejorar la forma en que se comunican. En algunos casos la deuda se puede ir cubriendo por parcialidades, como indica la ley. Así, las personas no tendrán que hacer frente a una deuda que se acumula durante dos, tres, cuatro o cinco años y que luego resulta imposible de pagar. Esto no puede originarse por razones administrativas o por falta de información, porque será el propio municipio el que finalmente no va a poder obtener un ingreso que sí podría haber percibido.

Sin duda, este proyecto es necesario, porque apunta y llega al corazón de la gente. Por ello, lo aprobaré.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, el principal objetivo de este proyecto es proteger a las personas. Valoro profundamente esta iniciativa, especialmente teniendo en cuenta el contexto económico que estamos viviendo.

Las familias de nuestro país no lo están pasando bien. Esa es la realidad y ese es el motivo que debe guiar nuestra labor como parlamentarios y, por supuesto, el trabajo del actual gobierno.

Los chilenos están endeudados, y es nuestro deber apoyar las iniciativas que tiendan a alivianar dicha carga, ya sea mediante la condonación de las deudas de aseo municipal o bien mediante la suscripción de convenios de pago.

Es importante, desde ya, hacer un llamado a los municipios de nuestro país, con el fin de que hagan uso de las facultades que les brindará esta ley en proyecto, pues les permitirá ayudar a sus comunidades y, al mismo tiempo, ordenar su contabilidad, ya que podrán saber con certidumbre la cantidad de dinero que será posible recaudar mediante el cobro de derechos de aseo.

Voy a aprobar este proyecto, pues es innegable que ayudará a miles de chilenos, entre ellos adultos mayores y personas en situación de discapacidad que hoy se encuentran saturados por las deudas y por el grave escenario económico que estamos enfrentando.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.765 para facilitar la recuperación del impuesto específico a los combustibles para los transportistas de carga, correspondiente al boletín N° 15289-05.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Hacienda es la señorita Gael Yeomans .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 65ª de la presente legislatura, en lunes 29 de agosto de 2022. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 79ª de la presente legislatura, en miércoles 28 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En reemplazo de la diputada Gael Yeomans , rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Miguel Mellado . Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MELLADO, don Miguel (de pie).-

Señor Presidente, honorable Sala, la Comisión de Hacienda pasa a informar, en calidad de comisión técnica, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley N° 20.765 para facilitar la recuperación del impuesto específico a los combustibles para los transportistas de carga.

Concurrió en representación del Ejecutivo el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel .

Asimismo, la comisión escuchó la posición de los representantes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, señor Juan Araya , y de Chiletransporte Asociación Gremial, señores Javier Insulza y Alberto Cuevas .

La idea fundamental de la iniciativa se orienta a paliar los efectos del alza del precio del combustible diésel en la actividad del transporte de carga, situación que no ha podido ser contrarrestada adecuadamente por el funcionamiento del Mepco, generando, en consecuencia, la necesidad de aplicar un nuevo tratamiento tributario a los contribuyentes afectos a la ley N° 19.764.

En particular, el proyecto de ley consta de un artículo único y dos disposiciones transitorias. Propone que cuando el monto del impuesto a recuperar sea negativo y para evitar que el transportista deba devolver el subsidio, se declarará en el mes respectivo como un débito fiscal, pero solo imputado contra créditos determinados en períodos futuros cuando el monto a recuperar sea positivo.

Para ello, el saldo mensual del débito fiscal imputable a períodos siguientes deberá ser convertido en unidades tributarias mensuales según su valor del mes correspondiente.

En su nueva operación, el contribuyente deberá declarar mensualmente su saldo de débito fiscal, calculado como el valor positivo del débito fiscal del período respectivo, a lo que deberá sumar el saldo proveniente de períodos anteriores, y restar las imputaciones realizadas por el crédito procedente por la recuperación del impuesto específico a los combustibles.

Se dispone, asimismo, que este débito fiscal solo podrá ser imputado al crédito por recupero del impuesto específico a los combustibles, siendo improcedente su aplicación a otras solicitudes de devolución, salvo la tramitación de un término de giro, en cuyo caso el débito fiscal deberá ser enterado en arcas fiscales y podrá ser imputado a cualquier devolución a que tenga derecho el contribuyente.

En sus artículos transitorios, el proyecto dispone su entrada en vigencia retroactivamente desde el 1 de agosto de 2022, y establece la opción de efectuar rectificaciones a las declaraciones de impuestos realizadas entre marzo y julio de 2022 cuando existan errores en la determinación del débito fiscal por la operación del Mepco. Excepcionalmente, se permite que los débitos fiscales determinados en esta rectificación se acojan al régimen establecido en el presente proyecto de ley.

En materia de incidencias presupuestarias, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda estima que la aplicación del presente proyecto de ley no irrogará mayor gasto fiscal en el mediano plazo, pues la menor recaudación en los meses en que hubiere montos negativos de contribución se verá compensada por menores subsidios a pagar en otros meses.

Los representantes de las organizaciones de dueños de camiones expresaron una positiva apreciación sobre el objetivo de la iniciativa, como también sobre el mecanismo propuesto para alcanzarlo, añadiendo que un único elemento que podría considerarse para alcanzar el óptimo sería establecer un régimen transitorio mientras subsistan las causas que motivan el alza en el precio de los combustibles, consistente en que si el monto a recuperar resultare negativo, su valor absoluto no deba sumarse a los débitos del IVA.

Los integrantes de la comisión se manifestaron de acuerdo tanto con el objeto del proyecto como con el instrumento aplicado para alcanzarlo, por lo que, puesto en votación general y en particular en un solo acto, sus artículos resultaron aprobados por la unanimidad de los ocho parlamentarios presentes, los diputados Barrera, Bianchi , Cifuentes , Mellado, don Miguel ; Ramírez, don Guillermo ; Sauerbaum , Von Mühlenbrock y Naranjo (Presidente).

En consideración de lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos expuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señor Presidente, en primer lugar, creo que es importante revelar que el alza sostenida del precio del combustible se ha transformado en un problema transversal que está afectando a todas las personas y a todos los rubros económicos.

Durante el mes de agosto el ministro de Hacienda nos informó que en el último trimestre de este año se detendrían las alzas del precio de los combustibles y que se esperaba una baja durante 2023. Sin embargo, la semana pasada nuevamente se registró un alza de 10 pesos.

Los chilenos y chilenas necesitan con urgencia medidas económicas que ayuden a mitigar la fuerte inflación que estamos sufriendo. Nuevamente, nuestra clase media es la que sale más perjudicada, ya que, tras el estallido social, la pandemia y ahora la inflación, además debe seguir pagando un impuesto específico por los combustibles.

Estoy a favor de este proyecto que permite facilitar la recuperación del impuesto específico a los combustibles por parte de los camioneros, con el fin de que el alza no perjudique la cadena productiva y termine nuevamente resintiendo la economía del país. Sin embargo, creo que esta es una medida insuficiente.

Durante el año 2021, junto con otros parlamentarios ingresamos un proyecto de ley que va en beneficio directo de todas las personas, el cual tiene por objetivo reducir el impuesto específico a los combustibles en un 50 por ciento durante tres meses, con posibilidad de prórroga. Lamentablemente, esta iniciativa no ha sido considerada por la Presidenta de la comisión, la diputada Karol Cariola , ni tampoco por el gobierno.

Veo con mucha preocupación la falta de iniciativa del Congreso Nacional y del gobierno en esta materia. Las soluciones que se proponen me parecen muy debajo de las expectativas que tiene nuestro país.

Como señalé, este es un momento complicado para la economía y para todos los chilenos, y se requieren medidas y políticas públicas que estén a la altura de las circunstancias y pongan en el centro las necesidades de todos los chilenos y las chilenas. He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, el aumento de los precios de los combustibles de manera internacional ha sido extraordinario y ha hecho que en Chile se hayan tomado decisiones para descontar con el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), al cual se le han colocado 3.000 millones de dólares, para no cobrar el impuesto específico a los combustibles cuando los precios eran demasiado altos.

Pero aquí pasa lo siguiente: tenemos un subsidio de 1,5 UTM en el diésel, sobre todo para el caso de los camioneros, pero se estaba subsidiando más de 1,5 UTM. O sea, más que dejar de cobrar, se subsidiaba como nunca. Por lo tanto, los camioneros tenían que devolver esa diferencia.

Aquí se produjo un problema grave, porque dentro de las presiones inflacionarias que enfrenta nuestro país la que procede de las alzas de los combustibles es, sin duda, la más preocupante por su potencial incidencia en todos los eslabones productivos nacionales.

El Ejecutivo se ha negado a implementar la eliminación temporal del impuesto específico a los combustibles. Por la dinámica excepcional de los precios internacionales en esta oportunidad, la aplicación del Mepco generó un subsidio temporal a los combustibles, particularmente al diésel, que provocó una interacción desafortunada con el mecanismo de recuperación del impuesto específico a los combustibles, un mecanismo compensatorio pensado para transportistas de carga.

En efecto, dado que en la práctica el impuesto específico a los combustibles fue negativo por algunos meses, o sea, había un subsidio a los camioneros, la aplicación de la ley N° 20.765 obligó a pagar el monto percibido como subsidio en la declaración del IVA mensual. Aun más, dada la imposibilidad de hacerlo en las plataformas del Servicio de Impuestos Internos, porque no existía la glosa para devolver ese subsidio, y dado que en los formularios nunca se puso esa situación, también hubo casos de declaraciones mal hechas a consecuencia de lo anterior.

Por ello, este proyecto busca subsanar esta interacción entre el Mepco y el reintegro del impuesto a los combustibles, permitiendo que el saldo negativo de recuperación sea descontado de recuperaciones futuras. De esta forma, se protegen los ciclos de caja de los transportistas de carga en situaciones tan apremiantes como las actuales, y así se evitan traspasos en la forma de mayor inflación.

Adicionalmente, se entrega un plazo para enmendar la declaración de IVA mensual que haya realizado erróneamente, haciendo, de facto, retroactivo este cambio legal.

Por ello, comprometemos el voto favorable de la bancada para esta iniciativa. Hago un llamado al Ejecutivo a presentar prontamente un proyecto que reduzca temporalmente el impuesto específico a los combustibles para el resto…

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, sabemos que el impuesto específico a los combustibles es uno de los grandes motores para la inflación y que la inflación es uno de los grandes motores para el empobrecimiento de la ciudadanía.

Ahora, nosotros hemos propuesto o solicitado, a través de una serie de proyectos de resolución, que el gobierno mande un proyecto para bajar el impuesto específico a los combustibles. Nos podrán decir: “Entonces, ¿cómo se financia el gobierno o el Estado?”. Hemos mandado esos mismos proyectos respecto del IVA y de una serie de otras cargas que tienen a nuestra ciudadanía agobiada. Entonces, nos dirán: “El Estado se tiene que financiar de alguna parte”. Sí, pero les voy a decir que con el aumento de gasto inútil del Estado que se ha producido en los últimos diez años fácilmente se podría cortar a la mitad el impuesto específico a los combustibles, el IVA, etcétera.

En 2012, el Estado de Chile tenía 536.000 funcionarios y hoy tiene 906.000 funcionarios, es decir, 370.000 funcionarios más, cada uno de los cuales está cortando, en promedio, 1,4 millones de pesos. Se trata de 370.000 funcionarios más que están recibiendo, a través de sueldos, los dineros que se recolectan a través de nuestros impuestos.

¿Cuántos de ellos son realmente necesarios? ¿Cuántos de ellos efectivamente debiesen trabajar en el Estado? ¿Cuántos de ellos entraron a lo largo de las distintas administraciones solo y exclusivamente por carné de partido y porque había que pagar favores políticos? ¿Cuánto de ese dinero, que ahora se dedica a financiar a esos 370.000 funcionarios extra que hemos sumado en solo diez años, no está llegando a salud? ¿Cuánto de ese dinero no está llegando a educación? ¿Cuánto de ese dinero no está llegando a vivienda social? ¿Cuánto de ese dinero no se está devolviendo a la gente a través de una rebaja de impuestos?

Voy a respaldar este proyecto de ley, porque va en la dirección correcta, pero aquí hay que hacer mucho más. Entre otras cosas, tenemos que recortar el gasto inútil del Estado, el gasto en amigotes del Estado.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, paliar los efectos del alza del precio del combustible diésel en las actividades del transporte de carga es una situación que no ha podido ser contrarrestada adecuadamente por el funcionamiento del Mepco, generando, en consecuencia, la necesidad de aplicar un nuevo tratamiento tributario a los contribuyentes que tienen derecho a recuperar los impuestos pagados por tales vehículos por concepto del impuesto específico al petróleo diésel.

Debido al funcionamiento del Mepco y al alto precio de los combustibles en el mercado internacional, se ha observado que el componente variable del impuesto específico ha sido negativo de manera sostenida.

Esta situación afecta directamente al sector de transporte de carga por carreteras, porque no puede traspasar ese mayor costo a los precios, generando pérdidas en el resultado de sus operaciones.

Con el proyecto en discusión se establece un nuevo tratamiento para los transportistas de carga, para los casos en que, por aplicación del Mepco, el monto a recuperar del impuesto específico a los combustibles sea negativo. Si ocurre esa situación, el valor absoluto del monto que dichos contribuyentes tengan derecho a recuperar será considerado débito fiscal, que podrán imputar contra créditos futuros por recuperación del impuesto específico a los combustibles.

Se valora esta iniciativa del gobierno del Presidente Gabriel Boric, porque significará un alivio para los transportistas de carga, además de que se hace cargo del problema que están viviendo, sobre todo ante la actual situación económica por la que atraviesa el país: aumento de la inflación, vaivenes en el tipo de cambio y distintos problemas de suministro que se han presentado durante los últimos años, cuya suma ha provocado un aumento constante en el precio de los combustibles.

Es un buen proyecto, aunque quizás insuficiente para algunos, pero hay que valorar esta iniciativa del gobierno.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, votaremos favorablemente esta iniciativa, porque beneficiará a los transportistas de carga, ayudándolos a solventar los múltiples problemas que tienen.

Sin embargo, hay un problema de fondo, del que el gobierno actual y los anteriores no se ha querido hacer cargo: la permanente alza en el precio de los combustibles. Los múltiples proyectos que los parlamentarios han presentado para rebajar el impuesto específico no tuvieron eco en los gobiernos anteriores y tampoco lo han tenido en al actual.

La ciudadanía espera expectante una ayuda, una ayuda a la clase media, a esa clase que usa el vehículo a diario, a los transportistas, a los taxistas, a los colectiveros y a quienes se movilizan a sus lugares de trabajo todos los días usando su automóvil, que hoy no es un lujo, sino una herramienta de trabajo. Sin embargo, el gobierno se niega sistemáticamente a apoyar iniciativas de este tipo. Preciso: este gobierno y los anteriores.

Sin embargo, el alza exponencial que ha tenido el precio de los combustibles amerita que nos hagamos cargo de este tema. Esperamos que el gobierno se sensibilice, al menos en un porcentaje, y reduzca el impuesto específico a los combustibles, para dar una muestra de ayuda concreta a los chilenos de clase media que se esfuerzan, que trabajan, que adquieren un vehículo para trabajarlo, o que se transportan a diario en locomoción colectiva, que también ha visto incrementado sus precios.

En mi Región de La Araucanía, el transporte público ha prácticamente duplicado su tarifa en los últimos meses. Trasladarse de Loncoche a Temuco subió de 2.300 a 4.000 pesos. Esa es la realidad que se vive en las regiones: el aumento persistente de las tarifas de la locomoción colectiva, motivado por el alza de los combustibles. Pero el gobierno no escucha a la gente, no escucha a los ciudadanos comunes y corrientes.

Pese a esas falencias, apoyaremos este proyecto, porque al menos es un respaldo para los transportistas de carga y un alivio para su situación económica.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra al diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto busca paliar los efectos del alza del precio del combustible diésel en la actividad del transporte de carga, situación que no ha podido ser contrarrestada adecuadamente por el Mepco, generando la necesidad de aplicar un nuevo tratamiento tributario a los contribuyentes que tienen derecho a recuperar los impuestos pagados por tales vehículos por concepto de impuesto específico al petróleo diésel.

Sin embargo, en mi querida isla de Chiloé y en la provincia de Palena, al parecer vivimos con un alza permanente del dólar, con guerras internacionales permanentes, que afectan seriamente al peso chileno. Lo digo así porque no puedo entender lo que sucede en mi zona.

¿Será posible, estimados colegas, que el precio del litro de combustible esté por sobre los 1.500 pesos? ¡Por favor! Si en la capital el litro supera los mil pesos, tenemos amenaza de estallido social. Nosotros, en la Isla Grande, vivimos con esta alza permanente y el gobierno central no hace absolutamente nada. Les quiero decir que nosotros somos tan chilenos como los que viven en Santiago, o quizá más.

Aprovecho este espacio para pedir a las autoridades que vean lo que pasa en el sur, pero que vean más allá de la macrozona, que vean a los ciudadanos que necesitamos combustible para las lanchas y los vehículos.

Se valora la iniciativa presentada por el gobierno, porque traerá alivio para los transportistas de carga, además de que se hace cargo del problema que están viviendo, sobre todo ante la actual situación económica del país: alzas en la inflación, vaivenes del tipo de cambio y distintos problemas de suministro que se han presentado, cuya suma ha provocado aumentos constantes en el precio de los combustibles.

Pero no olvidemos a los ciudadanos comunes y corrientes que viven en la gran isla de Chiloé y en el sur de la Región de Los Lagos.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza construir un memorial y circuito de memoria, en la comuna de La Reina, en recuerdo de las víctimas de la Caravana de la Muerte, correspondiente al boletín N° 15278-24.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Tomás Hirsch .

Antecedentes:

-Moción, sesión 62ª de la presente legislatura, en miércoles 17 de agosto de 2022. Documentos de la Cuenta N° 20.

-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 76ª de la presente legislatura, en lunes 26 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor HIRSCH (de pie).-

Señor Presidente, primero, agradezco a la presidenta de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones por permitirme informar este proyecto de ley.

En representación de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, vengo en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley que autoriza construir un memorial y circuito de memoria, en la comuna de La Reina, en recuerdo de las víctimas de la Caravana de la Muerte.

Esta iniciativa tiene su origen en una moción de las diputadas Nathalie Castillo, Ana María Gazmuri , Carmen Hertz , Claudia Mix y Lorena Pizarro , y de los diputados Jaime Naranjo y quien habla, Tomás Hirsch .

La idea matriz consiste en autorizar la construcción de un memorial ubicado en el bandejón central de la avenida Fernando Castillo Velasco , ex avenida Larraín , frente al aeródromo de Tobalaba, en la comuna de La Reina, en recuerdo de las víctimas lanzadas al mar desde los helicópteros y avionetas que utilizaron como base dicho aeródromo.

Antecedentes

Entre los años 1973 y 1987, el aeródromo de Tobalaba fue sede del Comando de Aviación del Ejército, desde el cual se trasladaron entre 700 y 900 personas, seres humanos, para ser posteriormente lanzadas al mar, amarradas a trozos de rieles de fierro. Los nueve helicópteros Puma que operaron desde ese lugar fueron utilizados en la llamada Caravana de la Muerte, en viajes al norte y sur del país, dejando como resultado más de un centenar de víctimas.

Las aeronaves partieron desde el aeródromo de Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, incluyendo en su recorrido inicial ciudades del centro y sur de Chile. Esta caravana recorrió Rancagua , Curicó , Talca, Linares , Concepción, Temuco, Valdivia , Puerto Montt y Cauquenes , regresando el 6 de octubre del mismo año, con un saldo de 26 víctimas.

El 16 de octubre de 1973 -es bueno conocer esta historia-, la caravana partió hacia al norte y recorrió La Serena, Copiapó , Antofagasta , Calama , Iquique , Pisagua y Arica, dejando un saldo de 71 muertos. La Caravana de la Muerte regresa a Santiago el 22 de octubre de ese año.

Relación descriptiva del proyecto

El texto de la moción consta de seis artículos permanentes.

El artículo 1 autoriza a erigir un memorial y circuito de memoria en recuerdo de las víctimas arrojadas al mar desde los helicópteros y avionetas que despegaron desde el aeródromo de Tobalaba, con el fin de garantizar la memoria de aquellas víctimas y garantizar la no repetición del pasado reciente.

El artículo 2 contiene la forma de financiamiento de las obras.

El artículo 3 crea un fondo destinado a las erogaciones, donaciones y los demás aportes señalados en el artículo precedente.

El artículo 4 crea una comisión especial encargada de ejecutar los objetivos de la ley, señala su integración y el quorum para sesionar y adoptar acuerdos.

El artículo 5 enumera, en forma taxativa, las funciones que tendrá dicha comisión especial

El artículo 6 dispone el destino de los excedentes que pudieren quedar, luego de ejecutadas las obras.

Discusión y aprobación del proyecto

Durante la discusión general se señaló que el proyecto busca obtener la autorización para erigir un monumento memorial y un circuito de memoria en la comuna de La Reina, en donde se había emplazado históricamente el aeródromo de Tobalaba, lugar que, entre los años 1973 y 1987, fue sede del Comando de Aviación del Ejército desde el cual se trasladaron entre 700 y 900 personas para ser posteriormente lanzadas al mar, amarradas a trozos de rieles de fierro, y asesinadas por la dictadura militar.

Asimismo, se hizo hincapié en que la iniciativa tenía el propósito de recordar a las víctimas de dichas violaciones a los derechos humanos, así como reparar simbólicamente su memoria.

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa las diputadas Nathalie Castillo , Viviana Delgado , Marta González , Claudia Mix y Daniela Serrano , y los diputados Alejandro Bernales , Mauricio Ojeda y Hotuiti Teao . Se abstuvo el diputado Gustavo Benavente .

Durante la discusión particular, la comisión coincidió y aprobó la totalidad del texto.

No obstante, en el artículo 4, se sustituyó el vocablo “estará” por la frase “podrá estar”, a fin de dejar claro el carácter facultativo de la participación de los representantes de los ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; de Justicia y Derechos Humanos, y de Bienes Nacionales en la comisión especial que crea la disposición normativa en comento.

Puesto en votación conjunta el articulado y la indicación, resultaron aprobados por unanimidad.

Por los argumentos y las razones señaladas, la comisión recomienda a la Sala aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en el informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Ha terminado el tiempo del Orden del Día. La discusión de este proyecto continuará en una próxima sesión ordinaria.