Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, de presupuestos para el sector público correspondiente al año 2022, correspondiente al boletín N° 14609-05.

Para su discusión particular, los Comités Parlamentarios acordaron debatir conjuntamente las partidas en tres bloques, otorgando tiempos proporcionales a las bancadas para cada uno de ellos.

Tal como lo señaló el Secretario General, dentro de los primeros 45 minutos, desde la publicación de la minuta de votación, deberá solicitarse la reconsideración de la inadmisibilidad de una indicación.

Para su discusión, se otorgará hasta 1,5 minutos a un diputado, para que impugne tal declaración e igual tiempo a quien la respalde. Luego, se procederá a su inmediata votación.

Las indicaciones consistentes en glosas de mera información se votarán en conjunto dentro de cada partida.

Una vez terminada la discusión del artículo o partida que fue objeto de indicación o respecto de los cuales se pidió votación separada, se procederá a su votación inmediata y se continuará con la discusión del artículo o partida siguiente, según corresponda.

En el primer bloque, según los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, corresponde discutir en conjunto y votar a las 12:00 horas o hasta que no queden más diputados o diputadas inscritos, de acuerdo con los tiempos de cada bancada, las siguientes partidas: partida 01 Presidencia de la República; partida 02 Congreso Nacional; partida 03 Poder Judicial; partida 04 Contraloría General de la República; partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores; partida 08 Ministerio de Hacienda; partida 10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; partida 14 Ministerio de Bienes Nacionales; partida 17 Ministerio de Minería; partida 20 Ministerio Secretaría General de Gobierno; partida 23 Ministerio Público; partida 24 Ministerio de Energía; partida 25 Ministerio del Medio Ambiente; partida 26 Ministerio del Deporte, y partida 28 Servicio Electoral.

Para la discusión de estas partidas se otorgarán tres horas, distribuidas en forma proporcional entre las bancadas. Los tiempos de cada bancada están indicados en las pantallas.

Cabe recordar que la reclamación de las declaraciones de inadmisibilidad de algunas de las indicaciones de estas partidas solo podrá ser presentada en los próximos 45 minutos, desde la publicación de la minuta de votación.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 95ª de la presente legislatura, en miércoles 3 de octubre de 2021, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, iniciando la tramitación de este proyecto de ley de presupuestos, y tratándose de algunas partidas en especial, simplemente quiero referirme a algunas indicaciones que hemos presentado y que dicen relación con temas importantes para la Región de O’Higgins; pero no solamente para esa región, sino para todos los sectores rurales del país.

El segundo deporte nacional con mayor cantidad de asociados en Chile es el rodeo, con sus clubes de huasos, con sus asociaciones y con sus federaciones. El diputado Pérez lo sabe muy bien porque representa una zona de esa naturaleza. Sin embargo, el rodeo no tiene el suficiente respaldo que merece como tratamiento deportivo.

Por lo mismo, hemos presentado una indicación que busca establecer al rodeo como un deporte que debe promocionarse dentro de las estrategias del Ministerio del Deporte a nivel nacional.

En ese contexto, son muchas las cosas que se pueden hacer. Podrían destinarse presupuestos de Fondeporte directamente al mejoramiento de las medialunas, podrían destinarse fondos directos para desarrollar talleres de rodeo. También hemos propuesto en la glosa relativa al Ministerio de Educación que se realicen jornadas de chilenidad, de manera que en los colegios se puedan detener las clases una mañana para invitar a los estudiantes a reflexionar sobre las raíces que componen nuestro país. Los países no son solamente cambios; también son tradiciones, también son raíces, también son generaciones que han pasado año tras año dándole una identidad a nuestro país.

Por eso, esto que puede parecer una cosa muy menor tiene una raíz muy profunda, que tiene que ver con la chilenidad y con aquello que emociona a miles de chilenos, especialmente de sectores rurales.

Se ha declarado inadmisible la indicación presentada al respecto, en mi opinión de manera inadecuada; por tanto, voy a impugnar dicha declaración y voy a reclamar la admisibilidad, porque creo que aquí se juega algo muy profundo, que es que el deporte nacional por antonomasia es el rodeo, y así se ha expresado en distintas manifestaciones en diversos puntos del país, con marchas de huasos.

En la partida de la Presidencia de la República he ingresado una indicación, porque me parece una brutalidad que se pretendan gastar 640 millones de pesos en el cambio de mando presidencial. Nadie se explica qué nivel de lujo tiene que haber para que tengamos un cambio presidencial de esa naturaleza. En tiempos de austeridad hay que dar el ejemplo. Por tanto, he pedido que se rebaje el presupuesto del cambio de mando presidencial a la mitad. Espero que así lo aprecien también las distintas bancadas de este Congreso.

Por último, quiero referirme al presupuesto de la Convención Constitucional. Me cuesta entender que hasta el día de hoy la Convención Constitucional, que se permite hacer aumento de presupuesto casi por deporte, no haya venido a rendir cuentas de las razones que han tenido para hacer esos aumentos de presupuesto.

Por eso he solicitado que se les disminuya el presupuesto a la mitad, para abrir una discusión y para que la Convención Constitucional entienda que una cosa es su autonomía desde el punto de vista constituyente, pero otra cosa muy distinta es que están sujetos a las fiscalizaciones administrativas de este Congreso Nacional, están sujetos a la rendición de cuentas ante la ciudadanía y no pueden hacer lo que se les plazca con el presupuesto de la nación.

Por lo tanto, ojalá este Congreso entienda que detrás de esa indicación no hay solamente una cuestión presupuestaria; lo que hay es un clamor de este Congreso Nacional de decirle a otro poder –poder, por lo demás, derivado, pues ha derivado de este Congreso que tiene que rendir cuentas, como cualquier otro Poder del Estado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, quiero agradecer y saludar a nuestro diputado José Miguel Ortiz por el trabajo que ha hecho en todas las partidas.

Especialmente, quiero hablar en materia de deporte. No sé si está presente el ministro de Hacienda o si están atentas algunas autoridades relacionadas con esa cartera, más allá de usted, don Máximo.

Hay un tema que no ha sido respondido por este gobierno. Por ello le reclamo por la inactividad y por que haya paralizado una gran obra en la Región del Biobío, particularmente en Los Ángeles; una obra aprobada al término del anterior gobierno. Hemos conversado con la ministra y con todas las autoridades, incluso con aquellas que ya no están en este gobierno, pero no hemos tenido una respuesta clara. Llevamos casi cuatro años con el estadio de Los Ángeles sin ninguna actividad, con los recursos aprobados. Por lo tanto, reclamo con todo el énfasis que sea necesario.

Fueron aprobados 23.000 millones de pesos. El IND comprometió 9.000 millones; el gobierno regional, 14.000 millones. Sin embargo, el IND, en momentos de pandemia, señala que ya no debía avanzarse en esta obra. ¿Y qué hizo? Puso en duda una inversión que, además, permitía la reactivación económica y un sueño de años de nuestra comuna, provincia y región.

Cuando se piden recursos para deportes, para los juegos olímpicos y para todo lo que tenga que realizar la cartera, sin duda estamos disponibles. Pero yo espero que se nos dé respuesta, porque nos detuvieron un proceso de licitación. Luego, se les ocurrió hacer un nuevo convenio, y ahí están las platas estancadas por casi cuatro años, como tantas obras que este gobierno ha querido obstaculizar.

Por eso, exijo que nos den respuesta de si estos recursos están contemplados y si se va a ejecutar esta megainversión para nuestra zona. Son 23.000 millones. Están los compromisos y los recursos; la ministra lo ha dicho muchas veces, pero, lamentablemente, ello no se condice con el tiempo.

Espero que agilicen todos los trámites para dar continuidad a un sueño de los deportistas, de la comunidad angelina, y no solo de hombres, porque el fútbol no es solo para hombres. Hay mujeres y personas que también consideran que contar con esta infraestructura dinamizaría muchos servicios y la pequeña economía a escala en nuestra zona.

Desde ya, quiero que se nos aclare sobre la inversión del estadio de Los Ángeles, de más de 23.000 millones, que este gobierno ha paralizado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Barros Montero .

El señor BARROS.-

Señor Presidente, también quiero hablar del deporte.

Tenemos pendientes los polideportivos de tres provincias de la Región de O’Higgins, y me gustaría, a través de esta intervención, intentar acelerar los procesos.

La droga está comiéndose a nuestros niños. Por eso, creo que tenemos que acelerar, más que nunca, procesos tendientes a reforzar el deporte formativo. Debemos flexibilizar y simplificar los procesos, para que los distintos clubes, cientos en nuestra región, puedan desarrollar sus actividades formativas. Pido especial énfasis en eso.

Asimismo, quiero concordar ciento por ciento con lo señalado por el diputado Diego Schalper , en cuanto a que el rodeo es el segundo deporte de mayor asistencia y adhesión en Chile. Por eso, me parece una discriminación muy negativa que los que en las distintas comunas desarrollan ese deporte a nivel laboral, quizás no tanto a nivel federado, no puedan ser objeto de financiamiento para obras de infraestructura, ya que eso tiene por finalidad que el rodeo se pueda desarrollar con entera normalidad, con seguridad y para que se apliquen todas las normas vigentes en materia de protección animal, lo que implica llevar a cabo las adecuaciones que requieren las medialunas que existen a lo largo del país.

En consecuencia, agradezco al diputado Diego Schalper que en conjunto, en la región huasa por excelencia, la del Libertador General Bernardo O'Higgins, podamos acometer esta cruzada por el rodeo, nuestro deporte nacional.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, se puede observar que el interés por discutir la ley anual más importante del país, contenida en el proyecto de ley de presupuestos de la nación, languidece como esta institución; pero, bueno, son los tiempos, y no por debilitada que esté la cosa habrá que dejar de dar opinión.

He decidido hablar en este primer bloque, que se supone que agrupa las partidas que no fueron objeto de mayores observaciones, lo que constituiría una especie de condecoración, como ponerles la presea de oro, debido a que ello no es tan así.

Aprobaré el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de que vive en el cantinfleo permanente, de que impulsa la construcción internacional del Acuerdo de Escazú y después recomienda al Presidente no firmar, lo que es un chiste; de que participa del Acuerdo de Marrakech para las migraciones, pero después también recomienda no firmar, y de que cuando menos necesitamos conflicto, porque requerimos hacer cambios drásticos en la manera que se asignan los recursos en el país después del descontento social manifestado violentamente en las calles, decide tocarle la oreja a Argentina metiéndose en un enredo cuya necesidad no es evidente.

Por supuesto, todos los que aspiran a desempeñar el cargo salieron a aplaudir, porque tendrán algo que hacer; pero es una acción completamente injustificada para los tiempos que corren en nuestro país.

Como este ministerio dispone de gastos reservados, los incluí dentro de la lista de aquellos que se propone reducir prácticamente a cero. Necesitamos explicaciones sobre el uso de los gastos reservados, y no me vengan con el cuento de que esto es para pagar abogados de excelencia que participan en litigios internacionales, como si tuviéramos un tremendo catálogo de problemas que abordar en ese ámbito.

En relación con el Ministerio del Medio Ambiente, podría reiterar lo que planteé sobre el Acuerdo de Escazú, pero en realidad resumiré lo que deseo señalar al decir que en esa secretaría de Estado, en la Superintendencia del Medio Ambiente y en todo lo que rodea dicha materia la negligencia es total. Tenemos problemas evidentes, pero el Ministerio del Medio Ambiente no hace nada. El último escándalo ocurrió en Osorno, debido al vertimiento de riles al río Damas, que lo contaminó todo. Pero ante eso aparece un señor, quien dice ser el superintendente del Medio Ambiente, no sé si hablándoles a los ángeles, para dar ninguna explicación, y menos para anunciar cuáles serán las represalias de la sociedad y del Estado contra esas empresas contaminantes.

Por otra parte, la partida Ministerio del Deporte tampoco la aprobaré feliz, ya que hay un reclamo de los funcionarios, que, a mi juicio, no ha sido suficientemente atendido, por lo menos conversado, aspecto sobre el que quiero dejar constancia.

También tengo objeciones en relación con la partida Presidencia de la República, pero no las planteadas por el señor Schalper . Mi objeción a esa partida dice relación con los gastos reservados, no por el dinero que se contempla para efectuar el cambio de mando. A lo mejor, detrás de esa pretensión del diputado Schalper , de objetar los recursos para el cambio de mando, está la intención de lograr que Piñera se quede en la presidencia. Buen truco, pero no pasará.

Respecto de la partida Ministerio Secretaría General de Gobierno no tengo ninguna observación que hacer, pero, por su intermedio, señor Presidente, permítame decir al señor Schalper que parece que no se ha dado cuenta de la importancia que da el país al buen funcionamiento y éxito de la Convención Constitucional. Por eso, quiero saludar los esfuerzos que han hecho algunos funcionarios de la Segpres, incluido el subsecretario, aquí presente, por lograr que las cosas vayan pasando de mejor manera.

El presupuesto de la Convención Constitucional necesita de suficiencia, de oportunidad y también de flexibilidad, porque es una experiencia inédita, extraordinaria, que no tiene precedentes, de manera que no puede ser tratada como el resto de las partidas presupuestarias. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y del ministro de la Segpres, en la discusión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aceptó eso. Y no es cierto que la Convención Constitucional no haya rendido cuentas, porque concurrió su vicepresidente a explicar los problemas que hubo y los requerimientos que tienen para el futuro.

Entonces, como dice el viejo adagio popular, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.

He dicho.

El señor PÉREZ (don José).-

Señor Presidente, el deporte es una actividad que debe considerar todas sus disciplinas. Creo que en esa materia estamos sumamente atrasados en comparación con otros países mucho más pequeños que el nuestro, lo que queda demostrado cuando vamos a competencias internacionales, en las que, lamentablemente, nunca obtenemos lugares de privilegio, sino que estamos siempre en el último lugar de la tabla de posiciones.

Para mejorar eso, es indudable que debemos inyectar al Ministerio del Deporte más recursos, para que estos se asignen en todas las disciplinas, privilegiando a los sectores de más escasos recursos. De esa manera, vamos dejando también algunas malas costumbres de lado, vamos alejando a nuestra juventud de la droga, lo que es muy importante, y vamos avanzando en estas distintas disciplinas, como dije antes, que pueden ser muy exitosas.

El Ministerio del Deporte también debe poner atención a aquellos deportistas que son campeones nacionales, bicampeones nacionales, hombres y mujeres, quienes, cuando son jóvenes de 13, 14, 15 años y están realizando sus estudios medios o universitarios, a lo menos deberían contar con una beca por parte del Estado para poder hacer ambas cosas: estudiar y continuar con la práctica de su disciplina deportiva. Lamentablemente, no es así. En Biobío, tenemos bicampeonas nacionales, por ejemplo, de handball, y no hay ningún beneficio para ellas. Todas esas niñas deberían estar becadas, porque destinan mucho tiempo a sus prácticas para seguir manteniéndose en buen nivel.

¿Estamos por fomentar el deporte o no lo estamos? Y esto hay que hacerlo con preocupación por todos los deportistas, especialmente por aquellos de más escasos recursos.

Tenemos que preocuparnos de todas las disciplinas que están vinculadas al deporte agrario, al deporte rural, que son varias. Respecto de todas ellas se debería tener especial preocupación, porque están enraizadas en nuestra cultura agrícola, para que se mantengan, para que se proyecten, para que las conozca el mundo que aún no las conoce, por cuanto son muchas, son variadas, algunas de raíces muy profundas en nuestra comunidad.

Por consiguiente, creo que debemos asignar los recursos que se necesitan para hacer más deporte. Y deporte, sin duda, es vida sana.

Quiero manifestar mi preocupación porque muchas veces nuestra ministra del Deporte, con la mejor disposición, firma algunos proyectos para la construcción de centros deportivos importantes, los que después no se llevan a efecto porque no se asignan los recursos. No sacamos nada con tener solo buena voluntad para avanzar en algunas materias.

Como se dijo, el estadio de Los Ángeles tiene un presupuesto aprobado, pero lamentablemente no se entregan los recursos. ¿Y qué significa eso? Iniciar una obra que va a generar empleo para mucha gente. Eso es lo que nos importa. Por eso se han inyectado recursos en estas direcciones: para bajar el nivel de cesantía, para generar empleos, para llevar adelante obras que, sin duda, más temprano que tarde, tendrán que rendir sus frutos. Pero aquí se firman los proyectos, pero, lamentablemente, no se asignan los recursos; por consiguiente, no se puede avanzar en estas obras.

Tal como lo manifestó una colega que me antecedió en el uso de la palabra, desde hace varios años estamos esperando que se inicie la construcción del estadio de Los Ángeles, obra que, de acuerdo con la población que tiene dicha ciudad, se justifica plenamente que se lleve adelante, fundamentalmente en estos tiempos, para generar trabajo.

Estamos al debe en materia de deporte; hay un descuido completo. Debemos tener monitores capacitados en las distintas disciplinas para llevar adelante la vocación de nuestros jóvenes, hombres y mujeres, en el deporte nacional.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, agradezco que hoy en este hemiciclo se esté hablando de deporte, y, diría, con un interés bastante bueno para el mundo del deporte.

Me gustaría partir destacando algunos elementos que se encuentran presentes en la partida de deportes, los que, si bien representan un porcentaje menor de la totalidad del presupuesto de la nación, son recursos importantes para deportistas y para las federaciones deportivas.

En primer lugar, tal como lo solicitamos mediante un proyecto de resolución, se incluyó la destinación de recursos para la atención oftalmológica, odontológica y ginecológica, entre otras, al interior del Centro de Alto Rendimiento (CAR), que tendrá como directos beneficiarios a deportistas que entrenan precisamente en el CAR.

En segundo lugar, se contempla la destinación de fondos regionales para traslado de deportistas no profesionales a competencias no oficiales a distintas partes del país, aspecto que aún no se encontraba resuelto.

Pero también el presupuesto tiene algunos aspectos deficientes, en los cuales quisimos incorporar modificaciones, principalmente teniendo a la vista algunos problemas que se presentan en este ámbito y que advertimos durante la tramitación de algunos proyectos de ley.

En primer lugar, advertimos la deficiente transparencia sobre los gastos que realizan determinados organismos, personas jurídicas de derecho privado -doy algunos ejemplos, como el COCh y Copachi-, de los recursos públicos que les son asignados para sus labores y que aun cuando sean organismos privados debiesen informarse periódicamente con el fin de poder examinar el mérito del gasto de recursos públicos.

Adicionalmente, situación similar se presenta con las corporaciones creadas por organismos públicos y privados dentro del deporte, como ADO Chile y la corporación panamericana Santiago 2023 . Son corporaciones que tienen a disposición grandes transferencias de recursos públicos, por lo cual es del todo legítimo que las personas y a quienes nos corresponde constitucional y legalmente fiscalizar el buen uso de los recursos públicos sepamos en qué se usan, qué sueldos se financian, qué inversiones y qué infraestructuras se realizan.

Por otra parte, respecto del deporte máster, teniendo en vista que no todos los deportistas en este nivel desarrollan sus disciplinas al alero de una federación, ya sea porque no existe una federación o porque no se encuentran federados, hemos presentado una indicación para que los recursos que ya se contemplaban para la asistencia a federaciones de deportistas másteres en cuanto a financiamiento de competiciones se puedan también destinar a deportistas másteres individualmente, sea o no que se encuentren federados.

Acá hay parlamentarios y parlamentarias que me antecedieron en el uso de la palabra y que hablaron del deporte regional. En muchas oportunidades nos encontramos con distintas realidades que tienen que ver con el deporte regional, y ahí es donde uno también se apunta. Por lo menos yo me sumo a la petición que se hizo desde acá respecto del estadio regional mencionado por la diputada Joanna Pérez .

Es importante que se siga descentralizando el deporte, que, así como ocurre en otras áreas, se concentra siempre en la Región Metropolitana, y todos sabemos que Santiago no es Chile. Por lo tanto, el llamado que hago desde aquí también es a que nos preocupemos más del deporte regional.

Se ha hablado aquí también de los deportes reconocidos, que son deportes, pero también tradiciones. Ahí uno tiene que entender que quizás en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero sí debemos reconocer que son tradiciones y deportes reconocidos; por lo tanto, también merecen ese respeto.

Es importante seguir fomentando el deporte en el ámbito de la mujer. Hace unos días veíamos cómo en el fútbol femenino, a través de una investigación, de un estudio que se levantó, el 83 por ciento de las mujeres que se dedican a este deporte no reciben sueldo. En este sentido, creo que, como sociedad, como país, como parlamentarios y parlamentarias, tenemos una deuda con el fútbol femenino, por lo que yo espero que se siga avanzando en las leyes, pero también en que los distintos gobiernos se hagan parte de esas demandas.

Como mencioné, el deporte máster es parte del ciclo de la vida de muchas personas que quizás se dedicaron al deporte competitivo y al deporte de alto rendimiento, y terminando la etapa del alto rendimiento pasaron a esta siguiente etapa, que es el deporte máster. Hoy, estando presente en vivo y en directo en distintas competencias, me he ido dando cuenta de la importancia que tiene también el deporte competitivo en esa categoría.

Por lo tanto, una de las solicitudes que hacemos acá, a través de una indicación, es que el deporte máster sea reconocido. Si bien sabemos que hoy día ya se está trabajando en ese objetivo, espero que siga creciendo.

También hay una indicación presentada por el diputado Pablo Prieto y por quien habla, que, en el fondo, busca ampliar el seguro para los deportistas, ya que sabemos que hoy hay un número de deportistas que pertenecen a la beca Proddar, que cuentan con un seguro, pero todavía existe una cantidad de deportistas que se dedica al deporte de competición que no cuenta con este tipo de beneficios. Y cuando un deportista se lesiona, se enferma, sufre algún accidente en su lugar de entrenamiento o en donde se realiza la competencia, muchas veces son los propios deportistas quienes, en muchos casos, recurren a la realización de bingos o a la ayuda de sus familias y amigos para reunir fondos y realizarse los tratamientos médicos o las intervenciones quirúrgicas que requieren.

Tal como dije anteriormente, destaco que en este presupuesto se haya considerado la cobertura para distintas especialidades médicas, que es una petición que hicimos hace dos años. A partir de 2022, el Centro de Alto Rendimiento va a contar con esa cobertura médica.

También quiero destacar que, a partir del 2022, los deportistas que reciben la beca Proddar podrán contar con seguridad social. Durante años se había solicitado aquello, por lo que agradezco que en este gobierno, del Presidente Sebastián Piñera , se hayan considerado estas demandas del mundo del deporte. En especial, destaco el trabajo y el compromiso de la ministra Cecilia Pérez por estar a la altura de lo que los deportistas requieren.

Hemos presentado indicaciones a esta partida para solicitar informes al IND, los que deben ser conocidos por la Comisión de Deportes, porque el deporte, al igual que a muchas otras actividades, requiere de transparencia. Y en ese sentido, echamos de menos tener más información. El mundo del deporte todavía está al debe en materia de transparencia, sobre todo ahora que estamos tan cerca de la realización tanto de los Juegos Panamericanos como de los Parapanamericamos.

Quiero aprovechar esta ocasión para nuevamente hacer un llamado al gobierno respecto de la villa Panamericana. Sé que esto no tiene nada que ver con la discusión de este presupuesto, pero hace dos años presentamos un proyecto de resolución para que se analizara la posibilidad de que, una vez concluidos los Juegos Panamericanos y Parapanamericamos los deportistas chilenos pudiesen acceder, como premio, a una de las viviendas que se van a levantar dentro de esa villa. Dejo planteado el tema.

Agradezco el presupuesto para la partida del Ministerio de Deportes y espero que los deportistas chilenos sigan contando con todo el apoyo necesario para su preparación y así puedan representar a Chile de la mejor manera posible.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, por su intermedio, vaya mi saludo al ministro de Hacienda, a la directora de Presupuestos y a todo el equipo económico que está junto a ellos.

Quiero dejar estampado, hoy, cuando estamos en el primer trámite constitucional del proyecto de ley de presupuestos para el sector público correspondiente al 2022, el análisis que hicimos en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos a la partida 10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y quiero ser muy explícito en aquello.

Respecto de la Defensoría Penal Pública, hay un capítulo que considera un único programa de igual denominación, con una asignación total de alrededor de 64.000 millones de pesos. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido por leyes especiales, y expresado en moneda del año 2022, prácticamente no tiene nada de incremento, pues alcanza solo a cerca de 1,2 por ciento.

¿Por qué recalco eso? Porque el presupuesto para el 2022, obviamente, permitirá mantener la actividad tanto de la Defensoría Penal Nacional como de sus 17 defensorías regionales, 76 defensorías locales y 3 inspectorías zonales; además, permitirá financiar el pago de servicios periciales y auditorías externas, así como programas de licitación de la defensa penal pública, concesiones y el pago de subsidios al Centro de Justicia de Santiago, que es un tema de muy larga data.

Algunos se preguntarán por qué no presenté una indicación, pero cualquier indicación que signifique costos para el Estado es facultad exclusiva del Ejecutivo y siempre he tratado de respetar esa norma, desde que juré como diputado de la república. ¿A qué se debe mi preocupación y la del gremio respecto de lo que puede suceder? El defensor penal público, ante nuestras preguntas, reconoció que, a propósito del subtítulo 21, su institución arrastra un déficit estructural desde hace varios años, derivado de una dotación superior a los 735 funcionarios que autoriza el Ministerio de Hacienda. Reconoció que nunca ha habido 735 funcionarios, sino que siempre se ha superado esa cifra. Eso se ha podido hacer porque se han ocupado recursos, con el visto bueno de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, gracias a que han disminuido prácticamente a cero las asignaciones de viáticos y de horas extraordinarias. Sin embargo, como consecuencia de esas restricciones presupuestarias, hoy no se dispone de ese fondo, lo cual es muy preocupante para la institución, porque todos sabemos que la labor de la Defensoría Penal Pública cada día aumenta más.

Quiero ser más explícito todavía. El subtítulo 24 contempla una glosa que establece el número de jornadas que se pueden contratar a través del programa de Licitación de Defensa Penal, a saber, 524 personas. En ese punto podría surgir un serio problema de legalidad, pues la ley No 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, en su orgánica regula un Consejo de Licitaciones, encargado de resolver el número de jornadas que se licitarán y, naturalmente, el monto asignado no va a alcanzar. Si no se arregla esa situación podría suceder que no se pueda contratar a esas 524 personas, y ese será un serio problema para el país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, en la discusión del proyecto de ley de presupuestos, como Parlamento, decidimos cuáles van a ser las orientaciones que les vamos a dar a los recursos públicos. Por eso, personalmente y como bancada hemos presentado varias indicaciones.

La primera indicación busca darle transparencia a la labor del Congreso Nacional. ¿En qué consiste esa transparencia? En hacer obligatorio y dar recursos públicos para la realización de un test obligatorio de drogas aleatorio y semestral para todos los parlamentarios de la república.

Cuando la ciudadanía ve con temor el avance de los delitos derivados del narcotráfico, como Parlamento tenemos que ser total, completa y absolutamente transparentes respecto del consumo frecuente de drogas por parte de algún parlamentario.

Reitero que la indicación presentada busca, primero, hacer obligatoria la realización de un test de drogas a todos los parlamentarios; segundo, que sea aleatoria, para que nadie pueda ser avisado con anticipación, y, tercero, que se realice semestralmente; así, todos los parlamentarios, durante un período, tendremos que realizarnos ese test, al menos, ocho veces.

Creemos que es una forma de mostrar transparencia ante la ciudadanía y de asegurar que, sobre todo cuando se tramitan iniciativas de ley que modifican la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, haya absoluta imparcialidad por parte de los parlamentarios. Por eso lo estamos pidiendo, y esperamos que se apruebe esta indicación, que busca hacer obligatorio el test de drogas para todos los parlamentarios.

En segundo lugar, junto con los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez presentamos una indicación que busca exigir al Ministerio Público mayor transparencia respecto de todas aquellas investigaciones que ha iniciado por delitos de mayor connotación social, la gran mayoría de las cuales, lamentablemente, no llega a nada.

Hasta el día de hoy la gente se pregunta qué ocurre con la investigación respecto de la quema del metro, qué ha ocurrido con decenas de investigaciones de saqueo, de quema de iglesias, de muchísimos delitos de homicidio, de violaciones, donde el Ministerio Público, al menos a nuestro entender, no ha estado a la altura de las circunstancias. Muchas veces señala que está investigando, pero dichas investigaciones no llegan absolutamente a ningún puerto.

¿Qué estamos haciendo? Pedirle que se informe al Congreso Nacional sobre todas aquellas causas respecto de las cuales se abrió un periodo de investigación y estas no lograron resultados concretos.

Hoy, el Ministerio Público tiene que rendir cuentas a la ciudadanía, lo que significa principalmente explicar por qué en un inmensa cantidad de delitos que investiga no llega absolutamente a nada, con lo cual se termina por generar un clima de injusticia e impunidad, especialmente con los delitos de mayor connotación social.

En tercer lugar, todos hemos visto cómo en la macrozona sur de nuestro país, más concretamente en algunas provincias de la Región del Biobío -sobre todo en la de Arauco-, en la Región de La Araucanía y en la Región de Los Ríos, se han instalado verdaderas organizaciones terroristas que vulneran los derechos humanos de cientos de miles de personas. Esa vulneración debe ser investigada.

Por lo anterior, queremos que se establezca una glosa especial para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para permitir la realización de investigaciones respecto de violaciones a los derechos humanos por parte de organizaciones terroristas en la macrozona sur. No puede ser que una organización o un grupo de personas descarrile un tren y que no se sepa quiénes son, cómo se financian y a qué tipo de organización pertenecen.

Por eso, estamos solicitando darle mayor capacidad y transparencia a la labor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de modo que se puedan establecer recursos para estudiar la vulneración de los derechos humanos de cientos de miles de personas por parte de organizaciones terroristas, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico en las regiones del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos.

Por último, he presentado una indicación que apunta a fortalecer nuestros deportes nacionales típicos o criollos, principalmente el rodeo, la rayuela y las carreras a la chilena. Esta indicación que presentamos a la partida Ministerio del Deporte busca permitir y, aun más, exigirle a la cartera respectiva que invierta recursos en las actividades indicadas.

Hoy, el rodeo es deporte nacional. Aun así, muchas veces vemos con tristeza y desilusión que distintas organizaciones frenan la llegada de recursos para la restauración o mejoramiento de medialunas y el financiamiento de organizaciones dedicadas al rodeo. Se trata de recursos necesarios y urgentes para mejorar las condiciones en que se realizan esos deportes y darles mayores incentivos a las organizaciones que los sostienen.

Repito: presentamos una indicación que busca que dentro de los recursos asignados al Ministerio del Deporte haya una asignación especial para deportes criollos o típicos, como el rodeo, las carreras a la chilena y la rayuela. Defiendo en particular el rodeo, porque todos quienes vivimos y sentimos la ruralidad en nuestro país somos defensores de esa actividad, declarada deporte nacional en 1962.

En virtud de lo anterior, si esta indicación es declarada inadmisible, apelaremos pensando en la defensa de nuestro deporte nacional, el rodeo chileno.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, todas las partidas son importantes y necesarias. La discusión es la esencia de la democracia, y en esta Sala estamos para confrontar proyectos y ver cómo beneficiar de mejor manera a toda la ciudadanía. Si no lo pensara así, la verdad es que no tendría razón de ser ir a la reelección.

Me llama poderosamente la atención las palabras del diputado Marcelo Schilling en relación con la Cancillería, calificada por él como un cantinfleo. Quiero recordarle a la ciudadanía, más que al diputado, que gracias a la labor del canciller, de la subsecretaria de Relaciones Exteriores y del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, señor Rodrigo Yáñez , hoy tenemos vacunas y somos el país que más ha vacunado en Latinoamérica. Si no fuera por la estupenda gestión de la Cancillería, en particular del subsecretario Rodrigo Yáñez , repartición que acortó los tiempos y se contactó rápidamente con quien debía, hoy quizá no podríamos estar haciendo esta sesión.

La verdad es que la labor de la Cancillería no es solamente lo que típicamente se refleja a través de un cóctel o de un viaje; su labor, no solo a través de los subsecretarios y del canciller, sino a través de todos sus funcionarios, es defender efectivamente los intereses de Chile. Qué mejor demostración de ello que la negociación que se efectuó para contar con vacunas suficientes de forma pronta y expedita, de modo de dar seguridad a toda la ciudadanía. Hoy, en Chile se sigue vacunando a personas, sobre todo a niños, situación que, lamentablemente, en otras partes del mundo no ocurre.

Dicho lo anterior, me alegra profundamente la pasión que despertaron las partidas que se están discutiendo en este primer bloque, especialmente el tema del deporte y, en particular, el Ministerio del Deporte.

Como no solamente tenemos que felicitarnos por lo que se ha hecho, sino, además, proyectarnos hacia el futuro, me parece que el Ministerio del Deporte, a través de su ministra, Cecilia Pérez , ha sido muy coherente y consecuente durante este tiempo en relación con el apoyo a los deportistas paralímpicos.

En esta Sala se habla de deporte. De hecho, tenemos dos colegas a los cuales admiro y respeto, que han tenido la posibilidad de representar a Chile en forma corajuda, íntegra y dejando todo por Chile. Sin embargo, no podemos olvidar a esos monstruos que nos han enseñado, no solamente por medio de su rehabilitación, sino a través de sus discapacidades, cómo representar a Chile. Ellos no solo le ganaron a su historia, sino a todos aquellos con quienes compitieron.

Es necesario rendir un homenaje a todos y cada uno de los deportistas que concurrieron a los Juegos Paralímpicos de Tokio, especialmente a Alberto Abarza , Francisca Mardones , Mariana Zúñiga y Katherine Wollermann , que tuvieron la dicha y la suerte de obtener medallas, medallas que se tienen que seguir construyendo.

En esa línea, hago un llamado no solamente a este gobierno, sino al que viene -este es un presupuesto que parte el 1 de enero de 2022-, a que sigamos reforzando el deporte paralímpico. El deporte paralímpico no nos debe sorprender con medallas. Eso tiene que ser la consecuencia de un trabajo de Estado. Para eso esta Corporación también tiene que integrar en su cultura al mundo de la discapacidad en el deporte.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación por lo que ocurre con el Ministerio del Medio Ambiente, para que quede establecida en las actas del tratamiento del proyecto de ley de presupuestos.

Chile está ante una situación tan compleja como el resto del planeta. Somos parte de los efectos del cambio climático y de los desafíos que el país ha suscrito a nivel global; nos comprometimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a transitar el camino hacia la carbono neutralidad y, por lo tanto, a desarrollar acciones tendientes a superar las situaciones que se viven en zonas de sacrificio, pero aún tenemos pendiente el tema de aprobar y reconocer el tratado de Escazú.

Por lo tanto, aquí el ministerio tiene que destinar recursos y hacer los esfuerzos para que eso se dé, porque, de lo contrario, vamos a seguir donde mismo y no vamos a avanzar en los desafíos globales, de los que el país se ufana que quiere cumplir: el acceso a la información, la participación pública en el tratamiento de los proyectos y la justicia en asuntos ambientales, que es necesaria para proteger a los activistas ambientales.

En materia de la carbono neutralidad y las zonas de sacrificio, en el caso de mi distrito está la comuna de Coronel. Allí tenemos un problema muy complejo. Es cierto que se tienen que cerrar y dejar sin funcionamiento las generadoras a carbón que hoy existen en esa comuna; pero ¿qué problemas nos provoca eso? Nos provoca una situación compleja que tiene que ver con la transición justa, con aquellos trabajadores que van a dejar de ser parte de los procesos productivos que están allí, como los trabajadores del puerto -hay que analizar la cadena de valor en su conjunto-, o aquellos que prestan servicios a esas plantas generadoras a carbón.

Es mucho lo que está pendiente. El ministerio tiene que destinar recursos y no solo dar cuenta al Congreso de la nación de en qué se están gastando estos. Por lo tanto, necesitamos que haya efectividad, eficacia y un destino real de los recursos para asumir este desafío, para tomar las medidas que propicien el cambio hacia un modelo económico sustentable que combine los esfuerzos de protección al trabajo y el desarrollo económico local, que permita crear un marco estratégico sólido y estable para desarrollar el proceso de descarbonización de la economía, pero con protección social.

En suma, los pilares que debe tener el ministerio y, por lo tanto, la destinación de los recursos públicos para abordar este tema, que, a mi modesto entender, es el desafío principal en este siglo, tienen que ver con la ley de cambio climático que debe implementarse, desarrollarse y destinar los recursos que va a demandar. Se trata del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Por lo tanto, también debe tener los recursos para propiciar el uso de elementos que ayuden a desarrollar una estrategia de transición justa y, con ello, superar las situaciones inconclusas que tiene el país.

Evidentemente, aunque no les guste a algunos, eso está relacionado con el rol que juega el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque se trata de políticas internacionales en donde están involucrados el destino del país y, por sobre todo, la contribución a una forma distinta de desarrollo económico, social y cultural en nuestro país, para contribuir a que el planeta avance en la superación de esta crisis medioambiental que estamos viviendo.

Por lo tanto, ese es un punto clave. Me parece que el presupuesto del ministerio no está dando el ancho necesario para el gigantesco desafío que se tiene. No podemos ser solo representantes o ir a los eventos internacionales en representación del país solo a hacer presencia, sino que necesitamos ser mucho más agresivos respecto de lo que ocurre al interior del país.

Una segunda consideración tiene que ver con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Nos debe explicaciones. Lo que ocurre con la aplicación de las medidas de estado de excepción constitucional, tanto en Arauco como en la macrozona sur, a mi entender, no tiene justificación para esa actuación tan lesiva de parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y nosotros destinamos recursos para que siga actuando en ese sentido.

A mi entender, esos recursos están mal destinados, porque no tenemos respuestas claras frente a situaciones que día a día se agudizan y se acrecientan, sin tener –reitero una actuación coherente y consecuente del ministro del Interior, de manera que asuma la responsabilidad política en la situación que se vive en la zona de Arauco, que conocimos anoche por situaciones que tenemos que lamentar. Por supuesto, vaya el reconocimiento a los familiares que han perdido dos de los suyos en un acto que aún está por dilucidarse.

Por lo tanto, tenemos un Ministerio del Interior y Seguridad Pública que no se aproxima, que no llega y que sí pide recursos.

Hay que revisar esos recursos y su destino. Cuando el Congreso Nacional pida las cuentas y se tengan que rendir esas cuentas a las respectivas comisiones, tenemos que ser mucho más exhaustivos y más punzantes en materia de exigir que el uso de esos recursos concluya en políticas públicas más eficaces y efectivas tendientes a superar la situación que se vive, sobre todo, en la macrozona sur de la provincia de Arauco y del Biobío.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, en este primer bloque quiero referirme al presupuesto que tiene que ver con el Ministerio del Medio Ambiente.

Como señaló el diputado Gastón Saavedra , que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente el tema ambiental es bastante poco valorado en este presupuesto. Uno de los temas que llama la atención es que no existe glosa, por ejemplo, para la participación. Siendo este un tema tan relevante o que debiera ser considerado como relevante en los procesos de evaluación ambiental, no hay ninguna glosa que plantee cuántos recursos se van a invertir en materia de participación.

No es casual que Chile no haya suscrito el Acuerdo de Escazú, porque claramente no le interesa la participación ciudadana, y el presupuesto es un claro reflejo de eso.

Quiero plantear que nosotros presentamos una indicación, que fue declarada inadmisible, que tiene que ver con que los recursos de administración del Servicio de Evaluación Ambiental electrónico tendrán por objeto potenciar la participación ciudadana en las comunidades afectadas por proyectos sometidos al SEIA.

En ningún caso se podrán utilizar esos recursos para crear mecanismos distintos a los establecidos en el párrafo 3° del Título II de la ley N° 19.300 y en el Título V del decreto N° 40, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Obviamente, esto tiene que ver con el tema de la participación.

Asimismo, la indicación dispone que se informará trimestralmente a la Comisión del Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados los gastos asociados a la ejecución de este ítem.

La indicación que presentamos establece que los recursos que hoy están destinados al SEIA electrónico se gasten en participación ciudadana y que, obviamente, no se utilicen en el fast track que se viene realizando en los últimos años para los proyectos que están en evaluación ambiental, es decir, con la lógica de que es necesario destinar recursos para inversión y para acelerar la inversión en el país, y de hacer hartos proyectos para las empresas, en lugar de favorecer la participación ciudadana, porque esa es la lógica que impera hoy.

¿Por qué vamos a reclamar la inadmisibilidad de la indicación declarada por la Mesa? Porque la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el reglamento del SEIA regulan la participación ciudadana. Entonces, la participación ciudadana ya está en la ley, como algo que es obligación del Estado incluir. Por eso creemos que es importante aprobar esa indicación, porque, de lo contrario, nunca tendremos participación ciudadana o vamos a tener una participación ciudadana de última categoría, como es la que hoy tenemos en Chile, donde las comunidades nunca pueden incidir sobre lo que pasa en sus territorios, porque el SEA ha sido históricamente -no lo digo solo por este gobierno, sino por todos un instrumento de las empresas para aprobar sus proyectos.

El caso de Dominga es sumamente ejemplificador respecto de lo que pasa en Chile, toda vez que se vulneraron todos los procesos y se evidenció que el SEIA era un instrumento para las empresas, para aprobar proyectos y beneficiar a las grandes empresas y no a las comunidades.

Por eso, es importante fomentar y apoyar todas aquellas iniciativas que tengan que ver con desarrollo y fomento de la participación ciudadana.

Nunca vamos a tener un país desarrollado si las comunidades no tienen derecho a participar ni a pronunciarse sobre lo que ocurre en sus propios territorios. Un país desarrollado es aquel en el cual todas las personas tienen que asumir responsabilidades, y no solo las autoridades, y para tener personas responsables, para que esa responsabilidad se haga evidente, se concrete y tengamos ciudadanos participativos y responsables de sus actos, la participación es condición sine qua non.

Es lo que quería comentar respecto del presupuesto para Medio Ambiente, que en general me parece pobre, pero, por lo menos, desarrollemos una glosa que tenga que ver con participación ciudadana.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, quiero saludar a quienes nos acompañan: al ministro, al subsecretario, a la directora de Presupuestos y a mis colegas.

Como miembro de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en la última sesión que tuvimos, previa a este primer trámite constitucional de la ley de presupuestos, quedé bastante preocupado, al igual que varios de mis colegas, por informaciones que se entregaban respecto de la opacidad en la rendición de cuentas, en lo que podríamos llamar la transparencia y la probidad que deben mantener todos los órganos del Estado, particularmente la Convención Constitucional, órgano muy importante, según lo han manifestado varios acá en esta Sala. Esta referencia no quiere decir que uno esté atacando o, como algunos irónicamente dicen, fiscalizando; al contrario, ellos tienen autonomía, pero no por eso van a saltarse todas las normas que rigen a todas las instituciones del Estado.

Por lo tanto, la preocupación radica en que dicha Convención eliminó el concepto de viático, modificando el concepto de gastos de manutención, que no solo son pagados -y atención con esto, por favor para las sesiones de la Convención Constitucional, sino que para cualquier actividad derivaba de esta, concepto amplísimo, por decir lo menos.

Por otro lado, se elimina la rendición de los gastos, reemplazando el mecanismo por una declaración jurada. Opacidad.

Se eliminan los topes académicos respecto de los asesores. Esto tenía una cierta lógica, pero también se eliminó, y ahora puede ser cualquier persona, tenga o no los méritos para ser contratado como asesor, la que ayude a redactar la nueva Constitución Política de Chile.

Se dan gastos de manutención para los convencionales de la Región Metropolitana – repito: convencionales de la Región Metropolitana ascendentes a 4 unidades tributarias mensuales; se agregan 5 unidades tributarias mensuales para la Mesa y para los presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Al principio, esto no existía. Opacidad.

En segundo lugar, quiero solicitar a la Mesa, por su intermedio, Presidente, que se vote la admisibilidad de una indicación que hemos presentado respecto del tema conocido como Rojas Vade.

Como diputado y como bancada de Renovación Nacional no daremos los votos ni tampoco pretendemos cambiar el capítulo XV de la Constitución Política de la República, para que puedan renunciar los convencionales.

La indicación que hemos presentado simplemente busca que los convencionales puedan renunciar a la dieta, como salida al caso que todos conocemos, públicamente manifestado por el señor Rojas Vade , quien no asiste ni participa y que quiere renunciar. Pero como el cargo no es renunciable, que renuncie, al menos, al gasto que tienen todos los convencionales, y que es plata de todos los chilenos.

En tal virtud, Presidente, solicito que se vote la admisibilidad de esa indicación, que ha sido declarada inadmisible. No veo dónde está la inadmisibilidad.

En tercer lugar, quiero agradecer a la Segpres por su gestión en un tema que ya se comentó -lo dijo el vicepresidente de la Convención Constitucional-, y es que se prácticamente se ha pagado -entiendo que al día de mañana no queda ningún pago por realizara los asesores de los señores y señoras convencionales, de manera que, de una vez por todas, paremos el show y el triste espectáculo de estar vendiendo helados afuera del recinto.

Es lo que quiero manifestar, además de que quiero que esta Sala tenga en consideración la importancia de mantener la transparencia y la probidad.

Aquí varios han hecho gárgaras, como lo hicieron en las legislaturas pasadas, con la famosa Comisión Engel, pero resulta que vamos a mantener una institución tan importante como la Convención Constitucional con ese grado de relajo y de opacidad –insisto en su transparencia.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ramírez .

El señor RAMÍREZ.-

Señor Presidente, muchas veces olvidamos en qué consiste la discusión de la ley de presupuestos: se trata de priorizar.

Es evidente que en Chile hay muchos problemas, y también es evidente que cada parlamentario y cada ministro tiene intereses o preferencias respecto de cuáles debieran ser las materias que se debieran potenciar. Lamentablemente, la plata no alcanza para todo; por eso se da esta discusión.

La discusión de la ley de presupuestos es de prioridades: en aquello que sea prioritario se gasta.

En los últimos años, en esta discusión de prioridades hemos sido muy generosos con el Ministerio Público. Durante los últimos años este ministerio ha tenido aumentos en su presupuesto, y lo ha tenido porque una de las prioridades es la seguridad; porque la persecución del delito es importante; porque los chilenos nos reclaman cada vez más que esa pega se haga bien. Los parlamentarios y los distintos gobiernos han entendido eso, pero lamentablemente no hemos visto resultados.

Considero que debemos exigirle más a nuestro Ministerio Público. Hoy se dan algunos hechos insólitos. Si el Ministerio Público abandona ciertas causas, si las deja de investigar o las archiva, no pasa absolutamente nada. No hay ningún tipo de control sobre este organismo que nos permita asegurarnos de que haga bien su trabajo.

Hemos visto el retraso en muchas investigaciones. Sin ir más lejos, en los actos violentos de octubre de 2019, hay demasiados casos aún sin resolver. En una misma noche se quemaron más de veinte estaciones de Metro y todavía no se sabe ni quién fue. Hay cámaras y videos; hay personas que tomaban imágenes con sus celulares, y no tenemos respuestas.

Hemos visto cómo el narcotráfico se toma cada vez más y más poblaciones y villas, las que van cayendo bajo la órbita de estos grupos organizados que, después de que se instalan, son muy difíciles de sacar. Las personas nos reclaman, en terreno, que el narcotráfico está totalmente descontrolado. En mi distrito hemos visto cómo aumentan los portonazos.

Por lo tanto, como UDI hemos presentado una indicación para que el Ministerio Público deba venir a rendir cuentas al Congreso Nacional respecto de las investigaciones de aquellos delitos de mayor connotación pública y cuyos resultados aún no se conozcan, porque queremos preguntarle aquí por qué no hay avances y por qué no hemos visto un resultado que sea satisfactorio y que dé tranquilidad a nuestra gente.

En otro tema, todo Chile sabe que Rojas Vade renunció a la Convención Constitucional. No hay nadie en el país que no lo sepa, salvo, aparentemente, el contralor y la propia Convención. No puede ser que una persona que dijo que no va a asistir más y que no ha asistido más, después del escándalo público que protagonizó, por el que todo Chile aceptó de buena gana su renuncia, hoy siga recibiendo su dieta y que esa renuncia no se haya materializado.

Aquí nos están haciendo una trampa. En términos administrativos, no se materializa esa renuncia por una razón muy sencilla: no lo van a hacer mientras el Congreso Nacional no apruebe una reforma constitucional que permita su reemplazo.

Quiero decir que la UDI no va a aprobar de ninguna manera una reforma constitucional que permita reemplazar al exconvencional Rojas Vade . No van a estar los votos de Chile Vamos para aprobar esa reforma constitucional que requiere dos tercios, porque, a pesar de que muchos parlamentarios de oposición se esfuerzan en decir que aquí hay un tema pendiente, la verdad es que no hay nada pendiente; nuestra Constitución es clara. Si un convencional constituyente deja de serlo siendo independiente, no se reemplaza, y así será. Y para que no siga este chantaje de que esta persona está renunciada, pero no, la bancada de Renovación Nacional presentó una indicación que permite que se pueda renunciar a la dieta, y nosotros presentamos otra indicación que impide que se pague la dieta a las personas que no asisten.

Cualquiera de las dos indicaciones que se apruebe, me parece que permitirá avanzar en lo que todos los chilenos esperan: si una persona renuncia, y los chilenos aceptamos la renuncia, pero no va a trabajar, no puede seguir recibiendo la dieta.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Hacienda y a todo el equipo que lo acompaña y, por supuesto, a los colegas parlamentarios.

En primer lugar, quiero referirme al proyecto de ley de presupuestos en este primer bloque de discusión. Lamentablemente, a mi juicio, el gobierno se despide con un presupuesto de continuidad, sin mucha diferencia con lo que venía haciendo en los años anteriores y particularmente con una absoluta falta de consideración a las zonas extremas. Digo esto porque particularmente en las regiones extremas vivimos situaciones complejas, debido al alto costo de vida, el cual debiese entenderse aplicando mecanismos de incentivo para aquellas personas que hacen patria en territorios alejados. Y lo hemos visto hoy en este presupuesto en lo que se refiere al medio ambiente. Nosotros tenemos uno de los problemas más graves en Chile, que es la contaminación ambiental por material particulado fino 2.5, que causa graves problemas a la salud en nuestros niños y adultos mayores. Lamentablemente, tenemos rankings que no son motivo de orgullo, pues nuestras principales ciudades son las que tienen la mayor contaminación ambiental en el mundo.

Pero nuevamente vemos que en el presupuesto de continuidad hay un monto destinado para la calefacción sustentable, de 4.000 millones para muchas regiones y zonas del país, y se habla particularmente de los planes de descontaminación en la Región de Aysén y con especial particularidad en Coyhaique, donde tenemos un plan de descontaminación desde hace bastante tiempo, pero se hace una priorización, que valoro, para las comunas de Aysén y Cochrane, que me parece muy positiva. Sin embargo, quedan otras comunas que son muy importantes: Chile Chico, Cisnes, Villa O’Higgins, que también tienen problemas de contaminación ambiental, pero que lamentablemente no son consideradas en el programa de recambio de calefactores puntualmente, a pesar de que el problema de la calefacción es un problema grave, que parte en la vivienda y que, por supuesto, se expresa en el tipo de calefacción que usan las familias.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Hacienda.

Quiero contarles que tenía un discurso bastante radical, pero después de leer el programa de José Antonio Kast, que establece que si asume la Presidencia de la República va a hacer una coordinación internacional para perseguir a los radicales, y no teniendo claro lo que significa esa persecución, decidí moderar el discurso. Se lo digo, por su intermedio, al ministro, para que esté más tranquilo.

Las preguntas que debemos hacernos son las siguientes: ¿De qué sirve el presupuesto? ¿Cuáles son los problemas que tiene que resolver el presupuesto de 2022? Uno de los temas que se han debatido tiene que ver con la estabilidad del país. A partir de marzo de 2022, va a asumir un gobierno, y uno de los ejes que se han puesto en la discusión es si el gobierno que asuma va a poder garantizar estabilidad a los chilenos y a las chilenas.

La pregunta que hay que hacerse es cómo salimos de la inestabilidad que ha producido este gobierno, porque lo que vivimos hoy es un país que tiene más deuda pública, más déficit estructural, que tiene que contraer su presupuesto para 2022, que tiene una tasa de desempleo más alta y una tasa de inflación más alta, que tuvo un estallido social, y en el que ha habido violaciones a los derechos humanos. Lo que tenemos hoy es un país polarizado, con severas complicaciones para poder recuperar la estabilidad que ha hecho perder este gobierno.

En mi opinión, lo que marca el debate para el 2022 es cómo recuperamos la estabilidad. La derecha prometió estabilidad y deja al país en una completa inestabilidad política, social y económica. Por eso la oposición tiene que actuar con claridad respecto del debate de este presupuesto.

La principal preocupación tiene que ver con la contracción fiscal. Es efectivo, hay una serie de recursos que han sido puestos para transferir ayuda a los chilenos que durante el año 2022 seguramente no va a ser necesario seguir ocupando. Pero la contracción es de un gasto de 105.000 millones de dólares este año a un gasto de 82.000 millones de dólares el 2022. Es una contracción de 23.000 millones de dólares menos de gasto.

Entonces, ¿cuál va a ser el rol del Estado en 2022? Uno debería pensar que el rol del Estado será fundamentalmente contracíclico. Eso es lo que han hecho los gobiernos en las situaciones de crisis, o sea, colocar más gasto público para ayudar a reactivar la economía, para apoyar la recuperación social del país, para generar confianza.

Pero no existe la posibilidad de jugar ese rol contracíclico con el presupuesto tal como está presentado. Esa es una de las grandes preocupaciones que ha tenido la oposición durante el debate del presupuesto de la nación.

Quiero decir que no solo cae el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, que desaparece. Dentro de los 82.000 millones de dólares que se consideran como el presupuesto para 2022, hay 4.000 millones de dólares del Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19; por lo tanto, en realidad son 78.000 millones de dólares el presupuesto más 4.000 millones de dólares del Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19.

Ese es un punto de debate muy relevante respecto del rol del Estado, y nosotros creemos que la contracción debería ser más lenta.

Entendemos la consolidación fiscal –se lo digo, por su intermedio, señor Presidente, al ministro y entendemos que es una tarea de todos; pero la pregunta es si hay que lograrla en un año. ¿No es posible alcanzarla en dos años y, por tanto, permitir que el Estado juegue un rol contracíclico más fuerte durante 2022, de modo que esta contracción no termine ayudando a profundizar los problemas económicos que tiene el país?

En segundo lugar, durante el debate presupuestario se ha hablado mucho del empleo, pero no ha habido claridad respecto del listado de obras, de cuántos empleos se van a generar a partir del impulso fiscal de inversión, de cuánto se va a aumentar la cobertura de subsidio al empleo, que va a ser muy necesario durante el año 2020.

Esa claridad es indispensable para saber que estamos aprobando un presupuesto sobre el que se está haciendo un esfuerzo importante para reactivar la economía a través de la inversión y el subsidio al empleo.

Desde esa perspectiva hay una preocupación central, a propósito de la estabilidad y la reactivación, que tiene que ver con lo que está ocurriendo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Le pregunto al gobierno: ¿tenemos o no una crisis en materia habitacional?

La oposición cree que la tenemos. Los socialistas creemos que tenemos una profunda crisis en materia habitacional. No hay estabilidad política cuando los chilenos no tienen derecho a tener una vivienda propia o cuando hay 600.000 u 800.000 familias que no tienen techo. No hay estabilidad política posible sin un Estado que enfrente esa crisis. ¿Y qué propone el presupuesto en esa materia? El otorgamiento de 25.000 subsidios de viviendas sociales por año. Con dicha proposición, señor ministro de Hacienda, por intermedio del señor Presidente, nos demoraremos veinticinco años en resolver esa crisis.

¿Es razonable eso? Tiene que haber un plan de emergencia en la ley de presupuestos para enfrentar la crisis habitacional. Eso implica contar con herramientas para el fondo de suelo; implica la disposición de recursos para los estudios de mecánica de suelo; implica tener mayor cantidad de subsidios. Sin lo señalado no es posible enfrentar la crisis habitacional. No hay estabilidad sin el derecho a la vivienda, aunque haya candidatos presidenciales que creen que la vivienda no es un derecho.

Quiero terminar lo que quiero plantear en materia de vivienda y descentralización con algo muy breve. En el caso de descentralización, solicito, señor Presidente, que el ministro se pronuncie respecto de las propuestas en materia de indicaciones en los gobiernos regionales. Tiene que haber una señal de mayores recursos y de mayor autonomía de los gobiernos regionales. Creo que es indispensable que haya un pronunciamiento del gobierno. Indicaciones presentadas por la oposición con ese fin no han tenido respuestas.

En el caso de salud, debo señalar que si no se mejora el per cápita para la atención primaria esencial en cualquier sistema de salud, lo que resulta aún más esencial en pandemia, no es posible aprobar el presupuesto y el Programa de Atención Primaria que propone el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Sin perjuicio de lo señalado, seguiremos haciendo esfuerzos para persuadir al gobierno, porque Chile merece y puede tener un mejor presupuesto fiscal para el 2022. Creo que esa es la tarea de la oposición en este debate.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, voy a usar el breve espacio de tiempo de que dispongo para hacer énfasis respecto del bloque de partidas que estamos analizando.

Quiero hacer énfasis en algo que a la ciudadanía le interesa mucho, que tiene que ver con el correcto uso de los recursos públicos y los temas de probidad, de transparencia y de la narcocorrupción.

Ayer me referí a un tema que en este minuto está haciendo mucha noticia en la Región de Antofagasta, ya que en un control carretero un funcionario de gobierno de la delegación regional, encargado de seguridad pública y de vigilancia con drones, fue sorprendido transportando drogas en un vehículo con logos falsificados del gobierno y con su credencial a la vista, quien además tenía armas.

En ese contexto, en la partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública presenté una indicación muy similar a la que presentó el diputado Juan Antonio Coloma en la partida Congreso Nacional, pero lamentablemente fue declarada inadmisible. Ambas se refieren a que exista un control efectivo del mal uso de drogas ilícitas por parte de funcionarios públicos.

Creo que es imperativo que tanto este gobierno como la próxima administración lleven a cabo una lucha irrestricta en contra de la corrupción y del narcotráfico, pues no hay nada peor que cuando se encuentran algunos funcionarios públicos involucrados en ese tipo de delitos. Eso hay que perseguirlo hasta el final.

En consecuencia, solicito que esas dos indicaciones, tanto la del diputado Coloma como la mía, sean votadas a favor y aprobadas ojalá por unanimidad.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra a la diputada Aracely Leuquén .

La señora LEUQUÉN.-

Señor Presidente, en la sesión de ayer mencioné que Aysén es una región extrema del sur de nuestro país que cuenta con pocos habitantes, lo que muchas veces se traduce en poquitos votos.

En el proyecto de ley de presupuestos del sector público para 2022 hay que hacer un poquito de justicia a territorios apartados como Aysén y Magallanes , que tienen, por ejemplo, un inmenso potencial en el ámbito de la energía.

El INE, hace algunos meses, insistía que la región más barata para vivir, la que presentaba la mejor calidad de vida, era la de Aysén. Eso es una mentira. Hemos pedido insistentemente la eliminación del impuesto específico a los combustibles, y lamento muchísimo que el diputado Gabriel Boric haya votado en contra respecto de lo que significa el impacto económico de una iniciativa legislativa de este tipo, que iría en beneficio de muchos magallánicos y aiseninos.

El gobierno anunció ayer el congelamiento del precio de los combustibles en Aysén. En todo caso, no crean que lo vamos a aplaudir por aquello, porque hay un nivel de desidia por parte del Estado, más allá del gobierno de turno, con regiones como la de Aysén, cuya situación sigue siendo impresentable y desastrosa. El congelamiento del precio de los combustibles en Aysén es una medida que se adopta en el contexto de una elección presidencial, de modo que su beneficio no será permanente, sino que tiene fecha de caducidad: después de la elección presidencial.

Acabo de hablar hace algunos minutos con el señor Jorge Lara , presidente de la Confederación de Transporte Menor de Puerto Aysén (Conttramen), que tiene una representatividad regional muy importante, y con el señor Luis Oyarzún , presidente de la Federación de Transporte Menor de Coyhaique, quienes visibilizaron este problema que nos afecta tanto.

La Región de Aysén es la de más alto costo de vida después de la de Antofagasta, de manera que deben establecerse medidas que permitan reivindicar y hacer justicia a los derechos de las personas que hacen soberanía en la región a la que pertenece el distrito que represento.

En Magallanes existe la ley Navarino, existe un Fondo de Desarrollo de Magallanes, y solo respecto de Aysén se estableció una zona franca de extensión, pero no es suficiente.

En buena hora se conoció el anuncio del gobierno respecto del congelamiento del precio de los combustibles en Aysén, pero no es una medida que nos vaya a resolver la vida a los aiseninos. Aquello no nos permitirá hacer frente al alto costo de la vida, entre otras cosas por el alto valor de la canasta básica familiar en nuestra región, y no nos ayudará, entre otras cosas, a simplemente seguir respirando en un lugar como en el que yo vivo.

Hay temas de fondo que se deben abordar. He conversado varias veces al respecto tanto con el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet , como con el subsecretario de Energía, Francisco López , en el sentido de que en la Región de Aysén no se requieren medidas de parche, sino soluciones de fondo: la diversificación de su matriz energética.

Desde Santiago, todos dicen que la capital regional, Coyhaique , es maravillosa, bonita, llena de bellos paisajes. Es fácil decirlo desde la plaza Italia, pero para quienes vivimos allá la diversificación de la matriz energética para Aysén significaría la descontaminación de una de las ciudades más contaminada de Chile y de Latinoamérica: Coyhaique, capital regional de Aysén. Se trata de una comuna con vocación turística, que genera movilidad económica y crecimiento económico; pero eso no se ve. Aquello no se visualiza desde ningún gobierno de turno, porque el Estado ha abandonado a los aiseninos.

Aysén es una región que es foco de movilizaciones sociales que todo gobierno debiera entender, pues existen demandas históricas. Se nos ha mentido en la cara. Por favor, ¡dejen de burlarse de los aiseninos! Se nos prometió un centro oncológico para Aysén. ¿Dónde está? No hay ningún proyecto real, concreto, honesto, que diga que hay un RS para sacar adelante, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un proyecto de esa envergadura. Se comprometió en el marco de la ley nacional del cáncer, y la ley está para cumplirla. Asimismo, se comprometió una zona franca para Aysén, pero de eso no hay nada. Está en la ley, y la ley está para cumplirla. Y nosotros somos los garantes de que eso suceda, porque estamos aquí, en el Parlamento, no solo para discursear, sino también para legislar.

Yo voy a votar en contra toda la partida de energía, porque siento que hoy día, una vez más, se están burlando de mis coterráneos, de compatriotas que hacen soberanía en lugares tan apartados como Aysén. Les aseguro que las autoridades sectoriales ni siquiera saben dónde está, por ejemplo, Villa O’Higgins. Cuando yo tengo que ir allá en una semana distrital, me demoro trece horas por tierra y por barcaza para llegar a conversar con sus habitantes.

Entonces, descentralicemos, sí; legislemos, sí. Pero legislemos no solamente para lo que nos conviene, legislemos en torno a leyes de la república que nos beneficien y nos representen a todos. Los aiseninos somos tan chilenos como cualquier otro y necesitamos un acceso al traslado digno. Y hablo del traslado, porque también tenemos problemas con las barcazas. Entonces, se echa a perder un bote y la gente queda absolutamente aislada y desconectada.

Les ponen buses de emergencia y de acercamiento, y los buses se echan a perder. ¿Eso es digno? No, eso no es digno. El Estado no está haciendo su pega.

Voto en contra esa partida sin ninguna duda y sin ningún cargo de conciencia. Y sé que seguramente el Ministerio de Energía no me volverá a abrir la puerta o no me van a contestar más el teléfono, pero creo que aquí hay que ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace.

Yo no voy a la reelección, pero les aseguro que hasta el día 10 de marzo voy a cumplir con la labor que me ha encomendado la gente que me eligió.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo con mucho afecto al ministro, al subsecretario y al equipo de asesores. ¡Bienvenido, ministro!

Señor Presidente, si nos hacemos la pregunta sobre cuáles son los mayores temores de la sociedad chilena, yo creo que todos vamos a coincidir en que el mayor temor de nuestra sociedad es estar expuesta a los carterazos, a los robos, a los “portonazos”, a los narcos que se han tomado las poblaciones, a los terroristas que operan en la provincia de Arauco y en la Región de La Araucanía. Esos son los temores más importantes que tiene nuestra sociedad.

Por su lado, las policías hacen su pega. Y aquí aprovecho de expresar mi sincero reconocimiento tanto a Carabineros de Chile, por su tremenda labor en defensa de los ciudadanos de trabajo y de esfuerzo, como también a la PDI. Pero estos temores persisten aun cuando el trabajo de nuestras policías es reconocido por la inmensa mayoría de los chilenos.

También muchos aquí, en la Sala, le piden cuenta al gobierno por este flagelo que estamos viviendo como sociedad. Pero hay un actor que pasa inadvertido: el Ministerio Público. En verdad, tengo aprensiones respecto del presupuesto que se le asigna, porque no es menor. Pero también el Ministerio Público debe y tiene que dar cuenta de los resultados que está obteniendo, y la verdad -todos debemos coincidir en esto es que los resultados son insuficientes respecto de este flagelo que afecta a la sociedad chilena. En esa línea, creo que el Ministerio Público debe y tiene que dar cuenta a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados del uso de los recursos que se le están asignando, porque no es posible que las víctimas hagan la denuncia y que a los quince días les llegue una notificación de que la causa ha quedado archivada por falta de antecedentes. Y lo que es más grave, muchas veces le cargan la responsabilidad a la víctima de buscar la evidencia que permita procesar a los narcos, terroristas y delincuentes que están operando en nuestro país.

Yo me pregunto: ¿para qué están los fiscales? ¿Para qué está el Ministerio Público? El Ministerio Público, por mandato, es el que tiene que investigar, obtener las pruebas para procesar a estos delincuentes y terroristas que están operando en nuestro país. Y, lamentablemente, las víctimas se quedan con esta notificación de que, por falta de antecedentes, las causas son archivadas, quedando en la más absoluta indefensión.

Por eso, Presidente, como bancada hemos presentado una indicación para que el Ministerio Público venga y dé cuenta de su gestión y de los resultados que ha obtenido con el presupuesto que se le ha asignado.

Los chilenos, y con esto termino, esperamos respuestas del Ministerio Público y no queremos más excusas respecto de las causas que deben investigar para procesar a los narcos, delincuentes y terroristas que están operando en nuestro país.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros y subsecretarios presentes en la Sala.

Quiero pedir encarecidamente que el Ministerio de Justicia recapacite y no cometa el tremendo error de que, después de haber hecho una inversión de más de 800 millones en Río Bueno, hoy día de un plumazo se borre ese esfuerzo por mantener el centro carcelario de esa ciudad, que en el fondo recibe a internos de las comunas de la provincia del Ranco, muchos de ellos de los sectores rurales más alejados.

Esos internos fueron trasladados a la cárcel concesionada de Valdivia para poder completar el cupo de la concesión, y se ha dejado a más de sesenta funcionarios, trasladándolos todos los días, con un enorme costo, de una ciudad a otra, desarraigando a las familias de estas 150 personas internas, que tienen un taller de rehabilitación que se quedó hasta con los muebles y los artículos que tenían que servir para la rehabilitación. Y ahora dicen que van a crear un centro para rehabilitar a 15. Dejan de rehabilitar a 150 para rehabilitar a 15, después de una gigantesca inversión que se está perdiendo en Río Bueno. Esto lo han denunciado dirigentes sociales.

Asimismo, señor Presidente, por su intermedio quiero pedir al ministro de Justicia que cumpla con la creación de dos notarías, que se deben separar de la notaría y conservador de bienes raíces de dos enormes comunas con una altísima ruralidad, de más de un 50 por ciento.

Cuando un habitante de Liquiñe o de Neltume debe viajar a Panguipulli y encontrarse con una enorme fila en el conservador de bienes raíces para hacer un simple trámite notarial, la verdad es que no se entiende por qué no se ha creado una segunda notaría en Panguipulli, tal como lo ha venido planteando don Israel Segura , presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores, o la dirigenta Iris Queulo , en Río Bueno, en donde también las enormes filas del conservador de bienes raíces no permiten hacer expeditos los trámites notariales. Entonces, hemos venido planteando, y así se dijo, que Río Bueno y Panguipulli deberían tener una nueva notaría, respectivamente.

Por eso, llamo al ministro de Justicia, que, dicho sea de paso, ha tenido muy buena voluntad para resolver otros asuntos, a que también resuelva lo de la cárcel de Río Bueno y lo de las notarías de Río Bueno y Panguipulli .

Señor Presidente, termino pidiendo al ministro de Hacienda que reconsidere el aumento de presupuesto para mejorar la fiscalización de las instituciones del Estado por la Contraloría General de la República. Los fraudes y los delitos que han ocurrido en Chile no han sido producto precisamente de las fiscalizaciones, sino más bien de denuncias cruzadas. La contraloría necesita ser reforzada, necesita ser acompañada en el proceso de transparentar los procesos del gasto y la inversión pública…

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, como todos sabemos, el Ministerio Público es autónomo y jerarquizado, y su función es dirigir, en forma exclusiva, la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley.

De igual manera, al Ministerio Público le corresponde -lo escuchamos recién la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.

El presupuesto que hoy tiene el Ministerio Público para proteger a las víctimas es de alrededor de 4.000 millones de pesos, mientras la Defensoría Nacional, que defiende a los delincuentes o a los presuntos delincuentes, tiene un presupuesto de 63.000 millones de pesos, prácticamente 20 veces más que el del Ministerio Público, para proteger a aquellos que han cometido delitos y no a las personas que hoy necesitamos proteger.

Por ello, presenté un par de indicaciones al presupuesto de la fiscalía, las cuales buscan pedir cuentas de la acción que hoy se realiza respecto del crimen organizado, particularmente en la Macrozona Sur. Debemos vigilar y contar con antecedentes mucho más claros y detallados de la acción que está efectuando el Ministerio Público en nuestra Macrozona Sur.

Sin duda, hoy la situación en la Macrozona Sur constituye el problema delictual más importante en nuestro país y se ha ido extendiendo. Claramente, hechos vinculados con el narcotráfico y el terrorismo se producen diariamente en nuestra zona.

Por lo tanto, al Ministerio Público, que es aquel organismo en que descansa, en forma exclusiva, la responsabilidad de las investigaciones y la persecución, le corresponde dar cuenta de su gestión en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por ello, esperamos que las indicaciones sean aprobadas, porque son de toda lógica.

Asimismo, nos preocupa mucho que no se entienda que hoy nuestro interés debe centrarse en las víctimas que han sido objeto de delitos y de actos de terrorismo. Sin embargo, los fiscales no las llaman, y las víctimas no conocen quién lleva a cabo la investigación.

La realidad es penosa, porque no estamos dando el ancho en un tema muy importante. La impunidad reina en nuestra Macrozona Sur y no solo ahí, sino también en muchas poblaciones de nuestro país.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras de la diputada Aracely Leuquén en cuanto a rechazar la partida del Ministerio de Energía, porque hemos conocido los anuncios del gobierno de congelar los precios de los combustibles.

La medida se aplicó primero en la Región de Magallanes, en vista de las movilizaciones realizadas en esa región. Ayer, el gobierno anunció que congelará los precios en la Región de Aysén. Entonces, me pregunto por qué no se anuncia esa medida en la Región de Los Lagos.

Las comunas de Hualaihue, Palena , Futaleufú y Chaitén, de la provincia de Palena, llevan más de un año con el precio de la bencina a más de 1.000 pesos el litro, como he dicho en esta Sala en muchas oportunidades, pero parece que eso no les importara, porque vive poca gente allí.

En la provincia de Chiloé está ocurriendo exactamente lo mismo: la bencina está a más de 1.000 pesos el litro.

Entonces, exijo que este congelamiento de precios de los combustibles, que se implementó en las regiones de Magallanes y de Aysén, también se aplique en la Región de Los Lagos, porque, de lo contrario, sería sumamente injusto.

Además, quiero plantearle al ministro de Energía, quien no está presente en la sesión, pero seguramente nos estará escuchando, que hay que avanzar en subsidios en la Región de Los Lagos. Hace un tiempo pedimos un subsidio a los combustibles, pero no nos pescaron, y no solo para la bencina.

En nuestra región, la bencina no solo se usa para los automóviles, sino que se utiliza para las lanchas, para las herramientas motorizadas y, en algunos campos, para ver televisión, porque la gente compra bencina para los generadores de energía que llevan a la cordillera. Ese subsidio a los combustibles lo hemos pedido muchas veces.

Asimismo, es impresentable el valor de un cilindro de gas en la provincia de Chiloé.

La leña está tan cara -no hay un subsidio que la gente está prefiriendo echar pellet en la estufa a leña. Las personas compran pellet para reemplazar la leña. Por lo tanto, hay mucho en qué avanzar.

Reitero, voy a rechazar la partida del Ministerio de Energía, porque necesitamos -lo exijo que se congele el precio de los combustibles en la Región de Los Lagos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Keitel .

El señor KEITEL.-

Señor Presidente, al igual que en la discusión del presupuesto del año pasado, me llama la atención los pocos recursos que se están destinando al deporte masivo.

Sabemos que en Chile el 86 por ciento de la población es sedentario y que mueren 320 personas al día, de las cuales 270 fallecen por enfermedades base, ya sea hipertensión, diabetes, infartos coronarios e infartos cerebrales.

Por lo tanto, no puede ser que el Ministerio del Deporte siga en el patio trasero de todos los gobiernos de turno, en circunstancias de que somos un país cuya población está enfermando cada vez más.

El narcotráfico nos está consumiendo. Soy candidato a senador por la Región del Biobío y seré senador y una de mis preocupaciones principales será, justamente, incluir, de una vez por todas, el deporte como herramienta de cambio, como herramienta fundamental para eliminar el narcotráfico, para devolver el deporte a los sectores más vulnerables y para mejorar la salud mental, que es la verdadera pandemia que tenemos a lo largo de Chile.

En ese sentido, los recursos del Ministerio de Salud no van a ser suficientes para enfrentar esa situación. En Chile, se suicidan entre 14 y 18 personas al día, principalmente porque no existe un diagnóstico ni un tratamiento continúo para las personas que no tienen recursos y concurren a hospitales públicos para que los atienda un psiquiatra o un psicólogo, el cual, lamentablemente, solo los ve cada seis u ocho meses.

¡Chile debe tomarse en serio lo que significa la salud mental de su población! ¡Cómo ha aumentado la cantidad de licencias médicas por problemas de salud mental! ¡Debemos cambiar y mejorar!

Por último, en cuanto a los temas medioambientales, no puede ser que, como ocurre específicamente en la Región del Biobío, existan zonas de sacrificio. ¡Es impresentable!

Como país, tenemos la obligación, el deber, de inyectar recursos en nuevos mecanismos, tecnología, gestión y protección, especialmente respecto del recurso principal que todos los chilenos, por derecho, deberían tener: el agua.

Asimismo, de una vez por todas, se deben adoptar las medidas necesarias para que el deporte vuelva a los barrios más vulnerables y terminar con el narcotráfico.

Además, se debe aumentar el presupuesto de salud, resguardando que los recursos sean gastados de manera correcta.

Por último, en materias medioambientales, por favor, entiendan que hay que seguir avanzando y mejorando como país.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, antes de entrar de lleno a la discusión sobre las partidas, a lo primero a lo que hay que referirse es a los hechos acontecidos ayer en el sur de Chile.

Me parece extremadamente grave que un joven mapuche, Jordan Liempi , haya muerto por disparos que no sabemos si fueron de Carabineros o de las fuerzas militares.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Señor diputado, estamos debatiendo el proyecto de ley de presupuestos.

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, pero las Fuerzas Armadas también son financiadas.

Pido el mínimo respeto. Por lo demás, ni siquiera han escuchado y ya están cuestionando.

Estamos discutiendo el presupuesto del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. ¿Y de dónde salen los recursos especiales que se están empleando hoy en La Araucanía? ¡Salen de alguna parte!

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Señor diputado, ese Ministerio está en el otro bloque de partidas.

El señor Secretario lo explicará.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor diputado, tiene que inscribirse en el bloque en que se examinará la partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En este bloque no están incluidos ninguno de los dos temas a los cuales usted hace referencia.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Retoma el uso de la palabra el diputado Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

De todos modos, quiero manifestar mi absoluta angustia por la situación que ocurrió ayer en La Araucanía, y creo que hay que referirse a ese punto.

Quiero señalar mi preocupación por el presupuesto del Ministerio de Minería. En esa partida no se considera un plan de reactivación para una actividad económica que tiene un alto impacto en las regiones mineras de Chile: me refiero a la pequeña minería. Hoy, el precio del cobre está por las nubes, y sería absolutamente obvio y justo que de una vez por todas existiera un royalty a la gran minería del cobre, proyecto que, por supuesto, todavía no es despachado por el Senado.

Supongo que los diputados y diputadas de derecha van a dejar que hable del royalty y no me van a bloquear o impugnar, ya que es parte de los problemas que tiene Chile. Mientras no tengamos un royalty, perfectamente el Estado podría tener una política pública mucho más activa en cuanto a desarrollo y defensa de la pequeña minería.

Hoy, en la Región de Coquimbo, la planta Delta, ubicada en la comuna de Ovalle, solo emplea un tercio de su capacidad. En otras palabras, un 70 por ciento de la capacidad de procesamiento de mineral de la pequeña minería no se está utilizando, porque no hay financiamiento para los pequeños mineros. Esta, por ser una actividad de naturaleza distinta de la agrícola o de un negocio tradicional de comercio, requiere de aportes de capital mucho más grandes para desarrollarse. Lamentablemente, en la Región de Coquimbo, en momentos en que el precio del oro y del cobre está por las nubes, no tenemos un plan especial de reactivación de la pequeña minería.

En ese sentido, también quiero llamar la atención respecto de lo que ocurre con las políticas de fomento. En el caso de la Región de Coquimbo, tenemos una seremi de Minería que el próximo mes va a despedir a 20 trabajadores, que justamente son quienes dan apoyo a los programas de la pequeña minería. ¿Por qué los despiden? Muy sencillo: porque se terminó el financiamiento del gobierno regional. Ni el Ministerio de Minería ni la seremi hicieron nuevas propuestas, lo que obviamente genera una situación de absoluta indefensión de los pequeños mineros, que requieren de apoyo técnico de distinto tipo.

En la partida Ministerio de Energía se considera el presupuesto de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Me parece necesario que en esta discusión del presupuesto se tenga conciencia de la grave situación que se está viviendo en la Región de Coquimbo y en otras regiones del país con la empresa eléctrica CGE, Compañía General de Electricidad.

¿Qué ocurre? Que las empresas eléctricas en períodos muy cortos -tres, cuatro años; incluso, a veces, menos tiempo están cambiando de dueño. Pasan de ser compañías italianas a compañías españolas, y viceversa. Ahora –ello provocó una gran polémica-, la Empresa CGE fue comprada por capitales chinos.

¿Cuál es el problema? Resulta que estos grandes conglomerados transnacionales toman las ganancias rápidamente -están resguardadas por ley-, pero cuando llega el período en que se cumplen los plazos para hacer las inversiones, ya han vendido la empresa y, por lo tanto, no hacen la inversión que corresponde.

Hoy, en la Región de Coquimbo, en distintas comunas -Los Vilos , Canela , Coquimbo , Montepatria -, se viven cortes de luz en forma permanente. El motivo de esos cortes de luz es muy sencillo: no se invierte en la mantención de las redes eléctricas, en el cableado; no se invierte en la compra de nuevos transformadores para cubrir la demanda en sectores que podríamos denominar semirurales. Eso está creando una situación muy grave desde el punto de vista de un servicio que es básico, por la conectividad digital, por el agua, porque en las zonas rurales sin electricidad no hay agua. Eso nos tiene muy preocupados.

También hemos hecho solicitudes a la Empresa CGE para que se amplíe la zona de concesión. Eso tampoco ha sido escuchado, tampoco ha tenido respuesta. Desde ese punto de vista, nos parece que el Estado tiene una responsabilidad que no puede eludir.

Es muy relevante señalar que necesitamos que en este presupuesto se tomen en cuenta estas demandas, estas problemáticas. Espero que el gobierno reaccione en los días que nos quedan de discusión del Presupuesto, porque si sinceramente hay un interés por reactivar la economía, que entonces se apueste por una actividad económica que genera ingresos a las comunas del norte de Chile. Que toda la plata que mueve la pequeña minería quede en las comunas y no se pongan trabas, como hoy está ocurriendo, por ejemplo, en la comuna de Andacollo, donde ni siquiera la Enami amplía el poder comprador del oro, lo que resulta fundamental, porque es la actividad económica que mueve a esa comuna.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, al igual que el diputado Núñez , quiero expresar mi angustia por el ataque cobarde, malintencionado, llevado a cabo por terroristas contra las policías y las Fuerzas Armadas en La Araucanía. Mi angustia nace de ver cómo hace algunos días en la provincia de Concepción quemaron un bus que iba a buscar a los trabajadores del proyecto Mapa. La verdad es que aquello provocó una angustia tremenda.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Por favor, diputado Romero , remítase a la discusión del presupuesto.

El señor ROMERO.-

Bueno, hoy estamos examinando el proyecto de ley de presupuestos. En ese contexto, quiero pedirle al Ministerio del Deporte…

La verdad es que solo algunos tienen derecho a opinar…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Diputado, por favor, remítase a lo que corresponde.

El señor ROMERO.-

Voy a eso.

En la partida del Ministerio del Deporte se deben incluir glosas para costear pasajes de deportistas destacados sin recursos y que deben representar al país en torneos internacionales, de modo de evitar que hagan colectas o pidan ayuda.

En la partida del Ministerio de Salud, pido incluir una glosa para movilización exclusiva de los funcionarios públicos y para mantener la contratación del personal de apoyo, debido a la pandemia por covid-19, y otra para sumar recursos para infraestructura, equipamiento técnico y aumento de las flotas de ambulancias.

La verdad es que lo que viven los funcionarios de Gendarmería es penoso. No sé si los colegas saben, pero los funcionarios de Gendarmería, que pasan semanas prácticamente presos, cuentan con 2.400 pesos para desayuno, almuerzo y once. La verdad es que con eso no alcanza ni para un sándwich. Son funcionarios de Gendarmería de Chile, una institución que hace grandes esfuerzos por mantener y capacitar a los internos; arriesgan hasta su vida en su actividad.

Por lo tanto, me gustaría que se viera ese tema, porque creo que es muy relevante. Hoy ellos también necesitan que el Estado, el gobierno, haga una buena gestión.

Espero que tengamos los recursos suficientes en el Ministerio del Interior para que de verdad los funcionarios que van a poner orden en La Araucanía cuenten con el respaldo del Ejecutivo. Aquí, más que recursos económicos, el Ministerio del Interior y el Presidente de la República deben dar un respaldo leal y real.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la partida 02 Congreso Nacional.

La indicación N° 1 a la partida 02 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado, toda vez que cambia el destino del gasto, además de ser contraria a las ideas matrices del proyecto.

Se ha solicitado la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad. Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, en nombre de la bancada de la UDI, junto con los diputados Jorge Alessandri , Guillermo Ramírez y Cristián Labbé , hemos presentado una indicación que busca establecer recursos para que semestralmente, en forma aleatoria, todos los parlamentarios, diputados y senadores, estemos obligados a realizarnos un test de drogas durante el próximo período parlamentario.

En momentos en que la ciudadanía está poniendo los ojos en el Parlamento, nos parece que tenemos que dar una señal clara y contundente en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Para eso, el Parlamento –siento yotiene la obligación de realizar un test de drogas que sea obligatorio, aleatorio y, al menos, semestral, para dar a la gente la seguridad de que cuando se voten iniciativas de ley en materia de narcotráfico y estupefacientes, todos quienes votamos podamos dar la certeza y la tranquilidad de que no estamos bajo la influencia de ninguna droga.

Por eso que hemos presentado la solicitud de reconsideración de esta declaración de inadmisibilidad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para sostener la postura de la Mesa, tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, aparte de defender la postura de la Mesa, que se atiene al Reglamento, por su intermedio informo al diputado Juan Antonio Coloma que la obligación de que todas las autoridades y los candidatos nos sometamos a test de droga ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en un proyecto que, lamentablemente, duerme en el Senado, como tantos otros.

He dicho.

La indicación N° 1 a la partida 08 Ministerio de Hacienda se declara inadmisible en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado, al señalar un fin específico distinto a lo contemplado en el proyecto de ley de presupuestos, que deberá ser atendido con los recursos contemplados en este programa.

Ha solicitado la reconsideración de su inadmisibilidad la diputada Sandra Amar . Tiene la palabra, su señoría.

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur es una entidad privada sin fines de lucro que existe en mi Región de Magallanes, que tiene como única misión contribuir a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad.

En la Región de Magallanes tenemos tres centros de rehabilitación, y uno que está en construcción, los que se financian con recursos propios y con las jornadas de solidaridad magallánica, vale decir, con lo que aportamos en nuestra región.

Esta corporación, que nació atendiendo a siete niños y niñas, en la actualidad atiende a más de tres mil personas. En innumerables oportunidades he solicitado el aporte de fondos y siempre he obtenido respuestas negativas. Sin embargo, este año aprobaron fondos, a través de este sistema, para los botes salvavidas.

Con todo, como estamos hablando de discapacidad, creo que ya es hora de que demos un paso sustantivo para que los centros de rehabilitación, como los que existen en mi región, que reciben aportes a través de la Teletón, cuenten con un apoyo permanente para continuar con una labor que no tiene otro objetivo más que mejorar la calidad de vida a los chilenos y chilenas.

Por lo expuesto, apelo la inadmisibilidad y llamo a nuestros colegas a votar favorablemente la indicación.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La indicación N° 2 a la partida 08 Ministerio de Hacienda se declara inadmisible en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado, al señalar un fin específico distinto a lo contemplado en el proyecto de ley de presupuestos, que deberá ser atendido con los recursos contemplados en este programa.

Ha solicitado la reconsideración de su inadmisibilidad la diputada Sandra Amar . Tiene la palabra, su señoría.

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, es probable que muchos de los colegas presentes que se rehúsan a rebajar el impuesto específico a los combustibles no conozcan las reales problemáticas que debemos enfrentar a diario en las zonas extremas de nuestro país.

Se ha señalado acá que los vehículos en Magallanes son de lujo, pero olvidan que tenemos problemas de conectividad y que los combustibles pasan a ser bienes de primera necesidad, porque a las bajas temperaturas del invierno tenemos que agregar los fuertes vientos, propios de la zona, o las extremas distancias que existen entre las comunas y la capital regional.

Para los magallánicos, los vehículos y el combustible son bienes de primera necesidad, y ese es un hecho indiscutible.

En razón de aquello, solicito que una mesa técnica analice la factibilidad de establecer un impuesto específico diferenciado para las zonas extremas, puesto que Aysén y la zona norte de nuestro país se encuentran en las mismas condiciones. Cabe recordar que las zonas extremas han sido más golpeadas durante este último periodo.

¿Necesitamos una nueva manifestación como la que ocurrió en Magallanes, cuando se cortaron las rutas de acceso a nuestra ciudad, para que podamos ver esta materia?

Señor Presidente, una mesa técnica más no mermará el presupuesto de esta cartera ni mucho menos el presupuesto de la nación.

Por tanto, solicito la conformación de una mesa técnica que estudie un impuesto específico diferenciado para las zonas extremas, porque la pandemia nos ha golpeado fuertemente, y eso ha derivado en que tengamos precios de combustibles sobre los 1.200 pesos.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Para sostener la postura de la Mesa, tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, de más está decir que la situación de los precios de los combustibles es una realidad.

Dicho eso, cabe señalar que esta misma Cámara rechazó la rebaja del impuesto a los combustibles, aun cuando la Sala había declarado admisible el proyecto en su oportunidad. Sin embargo, después del informe de las comisiones respectivas, la Sala determinó que el proyecto debía ser rechazado, por todas las consideraciones que no son del caso considerar ahora.

No olvidemos que muchas zonas del país tienen problemas, no solo la zona de Magallanes. También los tienen la gente de Aysén, o incluso la gente del norte del país.

Por lo demás, si sacamos la cuenta del gasto que hoy hace el Estado -es decir, los recursos de todos los chilenosen Magallanes , veremos que es una cifra equivalente a todo el aporte del Fondo de Desarrollo Regional de la Región de Aysén; eso solo se gasta en subsidio al combustible en Magallanes.

He dicho.

La indicación, del diputado señor José Miguel Ortiz es para agregar una nueva glosa, del siguiente tenor:

"La Subsecretaría, en conjunto con la Dirección de Presupuestos informará anualmente, en formato de reporte, digital, procesable y legible, con información sobre inversión y gasto en infancia y adolescencia por parte del Estado, al momento de presentar el presupuesto anual y en el mes de septiembre. Dentro de su metodología, incorporará entre otros aspectos, la inversión y el gasto, sea directo o indirecto, ampliado y en bienes públicos, respecto de la protección social; salud física y mental; educación; protección especial; recreación, cultura y deporte. Asimismo, de manera desagregada, incluirá dentro del reporte los cuatro ejes de derechos y 18 resultados estratégicos del Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025; las variables de la Matriz de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Unicef que aplica la Convención sobre los Derechos del Niño y traducen las funciones de protección en sus tres áreas, protección integral, protección reforzada y protección especializada; y, finalmente, información de inversión y gastos en grupos prioritarios de atención debido a la situación de desigualdad en que estos se encuentran, siendo estos niñas, niños y adolescentes indígenas, inmigrantes, con discapacidad, LGBTIQ+, en problemas con la ley penal y con medidas de protección. La información contenida en el reporte corresponderá a niños y adolescentes de 0 a 17 años, y desagregados por tramos de esta población: de 0 a 3 años, de 4 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años, con su respectiva caracterización social. El referido informe deberá presentarse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos; a la comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes del Senado; a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. Sin perjuicio de lo anterior, el Congreso publicará el reporte en los respectivos sitios web de ambas corporaciones, sin perjuicio que se publique en los portales de los organismos que participen en la elaboración del reporte.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, las indicaciones números 2 y 3 de la partida 23 dicen relación con solicitudes de información.

La primera señala lo siguiente:

“Trimestralmente el Ministerio Público enviará a las Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno, Descentralización y Regionalización de ambas Cámaras una síntesis de todos los procesos penales e investigaciones formalizadas en curso sobre casos que tengan relación directa con delitos violentos acontecidos en la Macrozona Sur del país, tanto de los casos ingresados, desglosado por región, comuna y fiscal, indicando la tasa de despacho (cuociente ingreso/término); tasa de judicialización distinguiendo entre suspensión condicional del procedimiento y sentencia definitiva, explicitando el número de sentencias absolutorias y condenatorias; número de archivos provisionales; tiempo promedio de tramitación de los casos y número de víctimas afectadas. Respecto de cada indicador deberá precisarse su tasa de variación respecto al trimestre anterior. La información a que alude este párrafo, se deberá desglosar por fiscal, individualizándolo por nombre.”.

Esta indicación es del diputado Andrés Molina .

La segunda indicación dice lo siguiente:

“Del mismo modo se deberá informar a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados de las investigaciones de delitos connotación pública que no hayan alcanzado resultados.”.

Esta indicación es del diputado Jorge Alessandri .

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, la indicación N° 2, de la diputada Cristina Girardi , propone agregar el siguiente párrafo segundo nuevo en la glosa 12: “Toda la información consignada en el párrafo anterior, deberá ser publicada en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, la indicación N° 3 también es de la diputada Cristina Girardi , para agregar en la glosa 23, a continuación de la frase “dicho programa”, el siguiente texto: “, así como las medidas que se dispondrán para asegurar su pronta ejecución presupuestaria”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La indicación N° 4 a la partida 25 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado.

La diputada Cristina Girardi ha solicitado la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad decretada por la Mesa.

Tiene la palabra, honorable diputada.

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, esto lo planteé en la intervención que hice en la discusión general de la partida del Ministerio del Medio Ambiente. La indicación tiene que ver con los recursos de administración del sistema electrónico que tienen por objeto potenciar la participación ciudadana de las comunidades afectadas por proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Ese es el objetivo de la indicación: que los recursos que hoy día están en este ítem, que son de administración del SEIA electrónico se usen en participación ciudadana, y eso se está declarando como inadmisible, lo que es raro, cuando la ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del SEIA regulan la participación ciudadana y establecen que debe haber participación ciudadana en los procesos de evaluación.

Sin embargo, en todo el proyecto de ley de presupuestos no existe ni una glosa específica de participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con la evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y creemos que es importante incluirla acá y que no se use para el fast track de los proyectos que hoy día se ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental.

Solo dirigido a participación ciudadana: ese es el objetivo, Presidente. Esto está asegurado por ley, en la ley de bases del medio ambiente, y en los tratados internacionales suscritos por Chile.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para sostener la postura de la Mesa, tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, en primer lugar, es claramente inadmisible, porque está orientando el uso de los recursos de este presupuesto. Por lo tanto, el destino que se le está dando es prerrogativa absoluta del Ejecutivo y no del Legislativo.

En segundo lugar, los recursos destinados a participación ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental están en otro acápite de la partida del Ministerio del Medio Ambiente; por lo tanto, no sé si corresponde verlo acá. Me gustaría que lo pudieran revisar.

Así, es absolutamente inadmisible esta indicación.

He dicho.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, dichas indicaciones fueron declaradas de información por la Secretaría. Son las siguientes.

La indicación Nº 3, de la diputada Érika Olivera , agrega una glosa nueva. Dice: “El Instituto Nacional de Deportes deberá semestralmente informar a la Comisión de Deportes y Recreación sobre los contratos de prestación de servicios que el Comité Olímpico de Chile haya celebrado y/o se encuentren vigentes tanto con personas naturales como con personas jurídicas.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación Nº 4, de la misma diputada Olivera , es para agregar una glosa nueva, del siguiente tenor: “El Instituto Nacional de Deportes deberá semestralmente informar a la Comisión de Deportes y Recreación sobre los contratos de prestación de servicios que ADO-Chile haya celebrado y/o se encuentren vigentes tanto con personas naturales como con personas jurídicas.”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La indicación Nº 1 a la partida 26 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado, puesto que amplía beneficios.

La diputada Érika Olivera ha solicitado reconsiderar la declaración de inadmisibilidad de la indicación.

Tiene la palabra, su señoría.

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, agruparé las indicaciones Nos 1 y 2 para no hacer dos intervenciones.

Como dije en mi anterior intervención, muchos deportistas que hoy día pertenecen al grupo de la beca Proddar cuentan con un seguro ante alguna lesión o accidente. Sin embargo, hay un grupo bastante grande, sobre todo de deportistas jóvenes, que al momento de entrenar o de estar en competición no cuentan con un seguro para poder tratarse las lesiones o que se ocupen de los accidentes que ocurren dentro o fuera de los entrenamientos, o en alguna competición.

Por lo tanto, se hace esta solicitud para que ello se pueda financiar; con ella no estamos obligando, sino solicitando.

Por otro lado, mediante la indicación Nº 2 estamos solicitando que también se considere a los deportistas másteres que hoy día no se encuentran dentro de una federación deportiva, porque sabemos que muchos deportistas másteres compiten igual que los que están federados, pero no pertenecen a una federación. Por lo tanto, también esperamos que en este presupuesto sean considerados.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La indicación N° 2 a la partida Nº 26 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución.

La diputada Érika Olivera ha solicitado la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad.

Tiene la palabra, su señoría.

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, en mi intervención anterior expliqué que agruparía las dos indicaciones para no intervenir dos veces.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La indicación N° 7 a la partida 26 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado.

La indicación N° 8 a la partida 26 se declara inadmisible por la misma razón.

El diputado Diego Schalper ha reclamado la admisibilidad de la indicación No 8. Tiene la palabra, señor diputado.

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, básicamente, es sobre el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, y, en particular, la glosa 03, que se refiere al artículo 44 de la ley No 19.712, que fija criterios de selección para el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte e incorpora varios de carácter deportivo, pero también otros, como, por ejemplo, el fortalecimiento de la educación y el desarrollo del entorno de los liceos.

Por lo tanto, me parece que no hay ningún cambio en la administración de recursos cuando pedimos que se incorpore otro criterio, como el fomento al rodeo como deporte nacional.

Por ende, me parece que no solo no es inadmisible, sino que además se enmarca plenamente en el propósito del artículo 44 de la ley No 19.712. No se piden más recursos, simplemente se pide un criterio de selección más. Es una petición bastante austera. Por lo tanto, espero que prime lo correcto, por lo que pido que votemos sobre el fondo del asunto y que la indicación sea declarada admisible.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La indicación N° 9 a la partida 26 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado.

El diputado Juan Antonio Coloma ha reclamado la admisibilidad de la indicación. Tiene la palabra, señor diputado.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, la bancada de la Unión Demócrata Independiente ha presentado una indicación para permitir que el Ministerio del Deporte destine recursos para el rodeo, pero también para otro deporte nacional: la rayuela.

Consideramos importante incentivar deportes que son queridos, que son practicados y que congregan a mucha gente en las zonas rurales. Tal como se acaba de aprobar una indicación pensando en el rodeo, queremos que los recursos se hagan extensivos al rodeo, a la rayuela y a las carreras a la chilena.

Por eso, pedimos que esta indicación se declare admisible, para entregar recursos a nuestro rodeo nacional.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para apoyar la postura de la Mesa, tiene la palabra el diputado Sebastián Keitel .

El señor KEITEL.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero aclararle al diputado Coloma que el rodeo es un deporte reconocido por el Comité Olímpico de Chile; por lo tanto, es un deporte nacional. En cambio, la rayuela es una tradición chilena, no un deporte.

He dicho.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación No 11 es del diputado Pablo Prieto , para agregar a la glosa 03 un nuevo párrafo final, del siguiente tenor: “En la asignación de los recursos se podrá considerar la promoción, aprendizaje, preservación y desarrollo de los deportes tradicionales, que son aquellos practicados con raigambre cultural, regional o espiritual a lo largo del país, en los que se reconoce permanencia temporal y características propias de la idiosincrasia nacional, tales como el rodeo, la rayuela o el Palín, entre otros.”

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, obviamente entramos ya en materias sociales relevantes -omito lo relativo a Salud-, por lo que quiero introducirme en algunas indicaciones que hemos presentado a propósito de estas materias.

La primera de ellas dice relación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, particularmente con Carabineros de Chile. Nunca va a ser suficiente el homenaje que tenemos que hacer a esos 60.000 hombres y mujeres que a lo largo y ancho del país defienden a las personas inocentes.

Lo que estamos pidiendo es una cosa muy simple: que se cree una unidad específicamente dedicada al combate del comercio ilegal, con cargo al subtítulo 21, en lo relativo a gastos en personal de Carabineros de Chile.

Lo habrán visto en sus distritos, colegas: son muchos los comerciantes regulares que han sufrido el impacto de la pandemia y el impacto del llamado estallido social. En ese contexto, apoyar a que combatamos decididamente el comercio ilegal es una prioridad nacional.

Después, a propósito de los fondos del gobierno regional, uno podría hablar de muchas cosas -lo sabemos los diputados de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins-, pero quisiera detenerme en una de ellas: que el gobierno de esa región se ponga las pilas y le dé curso a un trabajo que hemos venido haciendo con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, para que el metrotrén, que hoy día se detiene en Rancagua, Rengo y luego sigue hacia el sur, haga una detención en Requínoa. No nos podemos explicar por qué se salta la estación de esa comuna. Lo hemos conversado con el presidente de Ferrocarriles del Estado, el señor Pedro Pablo Errázuriz , quien nos ha dicho que es perfectamente factible que tengamos tren para Requínoa y, de esta manera, los requinoanos puedan concurrir a su lugar de trabajo con total confianza.

Pasando al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se sabe que este, a través del Sercotec, la Corfo y sus distintas unidades, tiene muchos fondos para distintas entidades. Lo que queremos es que haya un capital semilla específico para el mundo de la feria. Ese mundo no solamente es el espacio donde se nutre de productos frescos la gran mayoría de nuestras familias, sino que, además, es un sitio de potencialidad cultural tremenda.

Por lo tanto, le pedimos, ministro, que incorpore dentro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo un programa específicamente dirigido al mundo de la feria, con un fondo específico para que los feriantes puedan postular al mismo.

En lo que respecta al Ministerio de Educación, hemos tenido un tránsito muy fuerte hacia la teleeducación, es decir, hacia la educación a distancia. En ese contexto -lo saben varios colegas en esta Sala-, los sectores rurales son los que más sufren con la conectividad.

Por lo tanto, sin perjuicio de que se mantenga el programa Yo Elijo mi PC, quisiéramos agregar un subsidio específico para las familias de escasos recursos, para que puedan tener internet pagado. No podemos pretender dejar a la gente sin ir a sus clases y, al mismo tiempo, sin internet. Por ello, hemos propuesto la implementación de un subsidio para el acceso a internet en los hogares que lo necesitan.

Continuando con la partida 09 Ministerio de Educación, hemos pedido que se hagan jornadas de chilenidad. ¿Qué significa eso? Que las clases puedan parar un día para que los estudiantes tengan una mañana de reflexión en torno a qué significa ser chileno, qué significan las tradiciones, qué significan nuestros deportes nacionales y nuestros emblemas patrios. Esto es perfectamente compatible con el currículo actual y podría ser financiado como actividad extraprogramática. Se lo hemos planteado al ministro de Educación y esperamos que se pueda aprobar. Es algo que me parece prácticamente de sentido común.

Asimismo, hemos presentado una indicación respecto de los gobiernos regionales, para que informen en qué se gasta el fondo espejo del Transantiago. Se supone que el Transantiago disponía de dicho fondo para las regiones, de modo que esos recursos pudieran gastarse efectivamente en transporte regional. Pues bien, ustedes saben perfectamente que eso no es así.

Lo que exigen nuestros transportistas interurbanos, rurales, la gente que traslada a personas desde todos los puntos de la región a sus trabajos y hogares, es que haya fondos destinados efectivamente al transporte. Mi compromiso con ellos es empujar que la plata del fondo espejo efectivamente se dirija a ellos.

En otro orden de cosas, insisto en que, en materia de vivienda, podamos tener un subsidio específicamente dedicado a los pueblos originarios. Le hemos llamado el subsidio de pertenencia indígena, que apunta a que los diseños y la manera según la que se ejecutan respondan efectivamente a las tradiciones de los pueblos originarios.

Otro tema que hemos planteado a través de indicaciones y distintas conversaciones es que incorporemos un fondo de capacitación digital para nuestros profesores. Ellos han sido heroicos en su trabajo en los últimos dos años, muchas veces con limitaciones que tienen que ver con falta de capacitación. En ese sentido, le pedimos al ministro que considere un fondo de capacitación digital para los profesores, que, sin duda, sería una tremenda novedad.

Finalmente, en lo que respecta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hemos pedido un subsidio de mejoramiento y de reparación para templos de distintas iglesias del país. Hoy pienso particularmente en las comunas de Coinco y Doñihue, la localidad de La Compañía, en fin, tantos sectores rurales que hasta hoy, luego de tantos años, no han visto mejorados sus templos. Los templos, para los que representamos zonas rurales, son mucho más que un espacio de espiritualidad: son un espacio de encuentro cultural y el motor de la comunidad.

Por lo tanto, ¿por qué el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no podría tener, dentro de sus subsidios, uno de mejoramiento y reparación de templos de iglesias, independientemente de si su vinculación es católica, evangélica, etcétera? Nuestra apuesta es a que los lugares de culto realmente estén contenidos y debidamente resguardados.

Debo decir que la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins clama a gritos por más recursos para el Serviu en lo que respecta al enrolamiento de sus caminos interiores. Muchas veces tenemos una mala calificación de los caminos interiores y hay algunos que se califican como rurales, en circunstancias de que son urbanos, de manera tal que el Serviu se saque los pillos y efectivamente se haga la pavimentación.

Ministro –por su intermedio, señor Presidente-, nosotros pedimos que realmente nos pongamos las pilas con los caminos interiores. Para la gente que transita en los sectores rurales de nuestro país, el nivel de desgaste que significa que tengamos tantos caminos sin pavimentar sigue siendo un drama relevante.

Así que ojalá también se considere la indicación que hemos hecho para el enrolamiento y la pavimentación de rutas interiores en los sectores rurales de la Región de O’Higgins, porque es parte de nuestro compromiso con los grupos que conforman esa realidad.

Respecto de la partida del Ministerio de Economía, vemos con mucha preocupación los pocos recursos destinados al fomento del turismo en la Región de O’Higgins. Esta región es un diamante en bruto en materia de turismo. Podríamos tener mucho más que lo que tenemos, pero siempre se piensa en los mismos sectores del país cuando se hace turismo. Por lo tanto, ojalá también veamos a la Región de O’Higgins como un espacio potencial de turismo y estén los fondos necesarios para que podamos aprovechar tantas bondades vitivinícolas, por ejemplo, o de Sewell. También pienso en los sectores de Coltauco y Doñihue , y en tantos lugares que no hemos podido explorar por los pocos recursos que hay en turismo.

Colegas, sé que en sus distritos también ocurre lo mismo, pero los invito a conocer la Región de O’Higgins, por la profundidad que tienen sus costumbres, sus raíces, sus zonas rurales, su secano costero, en fin, tantas cosas.

Simplemente, quiero alentar al ministro de Hacienda a transmitir al Presidente de la República que la Región de O’Higgins, aunque esté a pocos kilómetros de Santiago, tiene mucho que entregar.

Por lo tanto, visítenla más a menudo, porque estoy seguro de que podrán disfrutar de sus bondades y acordarse de ella cuando planifiquen el presupuesto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, son muchas las partidas en discusión. Por lo tanto, me voy a referir a una de las partidas que más conozco por razones obvias, como es la del Ministerio de Educación.

Esta partida viene rechazada por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, porque no se hace cargo de la realidad que enfrentamos.

Para cualquiera que conozca un poco la situación que estamos atravesando -y me remito a lo que ha dicho el ministro de Educación de este gobierno: “Tenemos la peor tragedia educativa provocada por la pandemia”, pues el impacto en el aprendizaje de los jóvenes y de los niños, particularmente de los más vulnerables, ha sido brutal.

¿Y eso se ve reflejado en el presupuesto del sector? Claramente, no, porque no hay nada que se haga cargo precisamente del fortalecimiento de la educación pública; nada que se haga cargo de otro elemento muy importante en este proceso, que es la instalación de la educación pública con la forma de los servicios locales de educación pública, que están cuestionados y que han pedido retrasar, puesto que presentan muchísimos problemas, porque hay una evidente falta de gestión y de voluntad del gobierno, que ha debido administrar este proceso.

A modo de ejemplo, podemos ver que el presupuesto, en sus diversos programas, muestra recortes presupuestarios, con escazas excepciones, especialmente en programas ligados a la educación pública, como el programa de fortalecimiento de la educación escolar pública, cuyos recursos decrecen 23 por ciento para el año próximo.

Los servicios locales de educación pública de Valparaíso y de otros lugares se están quejando por la falta de recursos para gestión y administración. Estos mantienen prácticamente el mismo financiamiento que el año pasado. No resolvemos el problema.

La Agencia de Calidad de la Educación, que es una institución que debe velar por la calidad de los aprendizajes, tiene un decrecimiento del presupuesto para el año próximo de 6,9 por ciento. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de la calidad que el señor ministro reclama?

Por otro lado, la Dirección de Educación Pública, que tiene relación con los servicios locales de educación pública (SLEP) también tiene un presupuesto que cae 4,2 por ciento.

Entonces, no parece coherente: por un lado, hay un discurso y, por otro, no se expresan en el presupuesto los recursos necesarios y la voluntad para abordar estos temas.

Quiero dejar especial constancia del tema de las universidades, del planteamiento de los señores rectores, especialmente los del CRUCh, quienes estiman que es insuficiente y están pidiendo que les permitan hacer uso del fondo que tienen disponible, pero requieren la autorización de las autoridades.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero recordar al señor ministro la solicitud de aquellos hombres y mujeres que están haciendo posgrados, magísteres o doctorados, tanto en Chile como en el extranjero, quienes, debido de la pandemia, vieron alterados sus procesos y están pidiendo que se les resuelva por la vía de ampliar la vigencia de sus becas en seis meses, a fin de que puedan terminar, porque, de lo contrario, todo el dinero invertido se va a perder. Yo lo encuentro razonable, y así lo vimos en la comisión. En consecuencia, invito a que vean esta situación y mejoren aquellos déficit que tienen…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado Venegas .

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .- Señor Presidente, en relación con la partida del Ministerio de Agricultura, por estos días se desarrolla la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tiene por fin arribar a compromisos de los distintos Estados en orden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En dos semanas, las 190 delegaciones van a llegar a acuerdos –eso esperamosen metas ambiciosas, porque, sencillamente, ya no podemos seguir esperando.

En ese orden de ideas, el Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile, del Ministerio del Medio Ambiente, señala que el 50 por ciento de nuestros ecosistemas están degradados y el 76 por ciento de los suelos se encuentra en proceso de desertificación.

Los ecosistemas y los suelos son claves para la disponibilidad del agua. Por ello, es urgente proteger nuestras fuentes de agua, porque si seguimos como estamos, sin proteger nuestras cuencas, sin recargar nuestros acuíferos, sin reforestar, sin proteger los humedales altos andinos, no será posible contar con el agua que se requiere para el consumo humano y mucho menos para la agricultura, que consume alrededor del 80 por ciento del agua del país.

Por eso, presentamos una indicación a la partida del Ministerio de Agricultura para establecer la posibilidad de que la Comisión Nacional de Riego pueda recurrir a soluciones basadas en la naturaleza, dentro de la postulación de beneficios de la ley N° 18.450, sobre fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje.

La evidencia científica global muestra que soluciones basadas en la naturaleza son altamente efectivas y de bajo costo, por lo que no debemos perder la oportunidad de recurrir a ellas. De hecho, el lunes recién pasado, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible mostró que soluciones basadas en la naturaleza podrían ahorrar 250.000 millones de dólares al año en daños causados por el cambio climático, lo que equivale a la mitad de lo que deberían costar otras medidas.

Soluciones como zanjas de infiltración y control de erosión de cárcavas han permitido, por ejemplo, en Curepto, reducir la velocidad de escurrimiento de aguas, lo que ha permitido que se erosione menos el suelo y el agua permanezca más tiempo rellenando los acuíferos.

La Comisión Nacional de Riego promueve la eficiencia del riego, las obras de riego, los canales y pequeños embalses, pero no promueve este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, a pesar de que puede hacerlo y de que hay evidencia científica nacional y global de su efectividad. Hoy tenemos que remediar eso en esta discusión del presupuesto.

Además, las soluciones basadas en la naturaleza pueden generar más empleos locales al requerir más mano de obra y menos material importado, y también tienen otros beneficios, como proteger la biodiversidad y el hábitat, que son tan importantes en la agricultura y tan fundamentales en el escenario de crisis climática que hoy nos amenaza.

Les pido que aprueben la indicación que presentamos para que la Comisión Nacional de Riego pueda acudir a soluciones basadas en la naturaleza. Es una medida concreta, eficiente y económica que trae beneficios sociales y ambientales que no podemos desperdiciar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, en la partida de Vivienda no se considera la realidad que viven las familias de la llamada clase media para el gobierno, pero que para los bancos es una clase que no tiene opción de postular a ningún crédito.

Me preocupa, sobre todo, porque el precio de la vivienda, en la zona que represento, es mucho más caro que en el resto del país. Con los subsidios que se entregan se podría comprar un terreno, un patio, pero no una vivienda. Los subsidios están muy lejos de ser un aporte real para la compra de una vivienda.

Está bien que aumenten los subsidios para las viviendas sociales, pero resultan insuficientes para un gran grupo de personas, dentro del amplio espectro mal considerado como clase media. Y digo “mal considerado”, porque no se ponen de acuerdo, toda vez que la vivienda está dejada a las constructoras, a los bancos, pero no se considera un derecho social.

Por ejemplo, una persona que estudia una carrera técnica, como paramédico o podólogo, es inmediatamente discriminada en el sistema de Registro Social de Hogares, sistema que no se ajusta a la realidad de lo que hoy tenemos como familia, o que considera como factor de más puntaje a un hijo. Pero yo me pregunto qué pasa con los tipos de familia compuestos por la abuela y el nieto, o las constituidas por parejas del mismo sexo o por la pareja que es estéril: ¿acaso no tienen el mismo derecho a tener vivienda? Con razón se sienten discriminados.

Qué pasa con la clase media, así denominada por el gobierno. Van a un banco; pero hoy día ningún banco otorga créditos con un sueldo de 500.000 o 600.000 pesos. En consecuencia, se ven totalmente imposibilitados de acceder a una vivienda.

Con mucha rabia escucho cuando los bancos, ahora que se habla del alza de las tasas de interés, le dicen a la gente: “mire, va a costar más tener una casa”; o cuando la Cámara Chilena de la Construcción, uno de los principales lobistas de este país, que succiona cuanto aporte hay del Estado, en especial los subsidios, que son quienes construyen y quienes compran en mi zona los terrenos, para después acaparar la construcción de las viviendas a un precio mucho mayor, dice: “mire, la gente no va a poder tener casa después, porque los precios van a subir mucho, ya que hay un tasa de interés alta”.

Entonces, o tomamos la vivienda como derecho social y el Estado se hace cargo, o la seguimos dejando en manos de la banca y de las constructoras. Creo que se pueden construir más y mejores viviendas si el Estado se hace cargo de la situación y no la sigue dejando en manos de terceros, que hoy discriminan a un gran grupo de personas, profesionales y técnicos, o a la gente a la que, simplemente por estudiar, se la castiga con algo que considero como un derecho social.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, me quiero referir a dos partidas.

En primer lugar, a la partida Ministerio del Interior, en lo relativo a seguridad pública.

A estas alturas perdí la esperanza de que este gobierno presentara un proyecto de refundación de las policías, que pusiera a nuestras policías en el lugar que debieran tener, en el sentido de reguardar el orden público con apego irrestricto a los derechos humanos de las personas.

Me voy a referir específicamente a la relación del Estado con las víctimas. Hay un proyecto, que es transversal, que crea la defensoría de víctimas, y eso no viene incorporado en este presupuesto.

Pero no solo eso, sino que, además, el presupuesto de los centros regionales de atención y orientación a las víctimas cae estrepitosamente en 36,5 por ciento; es decir, personas que han sido víctimas de hechos violentos, de delitos, no van a poder ser acompañadas debidamente.

¿Y por qué? Porque los recursos no se están destinando para eso.

Considero que es muy importante aumentar los recursos de esta partida, en función de la protección de las personas que han sido víctima de la delincuencia.

Por otro lado, me quiero referir a la partida Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Chile es un país con un tremendo déficit habitacional. De acuerdo con un estudio que hizo la Fundación Techo-Chile, existen 81.643 familias habitando en 969 campamentos durante 2020-2021, cifra que, además, representa un aumento de 74 por ciento respecto de las cifras de 2019.

Además, sabemos que día a día aumentan las posibilidades de tomas de terrenos, porque no hay una solución habitacional centralizada, desde la perspectiva nacional, para hacerse cargo del déficit de suelo que hay en nuestro país.

Hemos dicho muchas veces lo importante que es generar un banco nacional de suelo, que determine cuáles son aquellos terrenos disponibles, sobre todo pensando en las grandes ciudades, donde el suelo se va haciendo escaso, y así entregar soluciones habitacionales a los distintos comités de allegados y allegadas. Se trata de personas que no llevan uno o dos años, sino décadas luchando por la casa propia, y que hoy ven en riesgo poder acceder a esos terrenos, porque también existen los peligros de las tomas.

Considero que la solución al problema de la vivienda debiese ser una política de Estado, que trascienda los gobiernos, pero hasta el momento no hemos sido capaces de desarrollar esas políticas públicas que permitan a las personas que no tienen casa no solo tener un techo, sino también tener acceso a la ciudad, con los servicios básicos que correspondan, con servicios educacionales y con acceso a la salud, como debe ser.

¿Por qué me refiero particularmente al tema de la vivienda? Porque la vivienda, en la actualidad, es un tema relevante, a propósito de la crisis sanitaria que estamos viviendo. El hacinamiento es uno de los factores que aumenta las probabilidades de contagio. No hemos terminado la pandemia, y estamos lejos de encontrar soluciones habitacionales para todas las personas que necesitan un techo.

Por eso, votaremos en contra estas dos partidas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, quiero referirme a dos temas que dicen relación con el proyecto de presupuesto para la Región de Arica y Parinacota.

Es cierto que para el Plan Especial de Zonas Extremas hay un aumento de recursos respecto del año anterior; sin embargo, quiero marcar una diferencia: el plan de zonas extremas es para concurrir en proyectos de desarrollo. Pero ocurre que este fondo se usa también para comprar terrenos para la construcción de viviendas sociales. No sé como lo hacen en otras regiones. Entiendo que en otras regiones sí se compran terrenos directamente, a través de los fondos de Vivienda. Sin embargo, en Arica se utiliza el plan de zona extrema para esto.

Por lo tanto, me parece tremendamente desigual el trato que se da a Arica para financiar los programas sociales. En cualquier región se compran los terrenos con platas de Serviu; en cambio, en Arica sacan las platas del plan especial de zona extrema para la compra de terrenos. Podrían ser viviendas extraordinarias, pero, la verdad de las cosas, el promedio de construcción de vivienda de Arica es mucho menor que en otras regiones.

El segundo tema hace referencia a un problema de Estado, a un problema país, que tiene que ver con el presupuesto para seguridad pública.

El ministro, en su última visita a Arica, en el informe técnico de Carabineros y en la interpelación que encabezó el diputado Vlado Mirosevic , se hacía cargo del aumento de la dotación de Carabineros. Lo mismo se decía en el informe técnico respecto de transformar la subcomisaría Chinchorro, que se encuentra en el sector norte de nuestra ciudad, en comisaría. Y esto tiene un alto significado, no solo para la población de Arica, sino para todo el país. La población Cardenal Raúl Silva Henríquez y sus alrededores es la primera población de Chile, es el punto de partida de delincuentes y traficantes que invaden el país. Por lo tanto, requerimos reforzar las policías. Esa es la verdadera razón por la cual hoy se requiere una comisaría, la comisaría de Chinchorro.

Sin embargo, eso se ha vuelto puros anuncios, porque vemos que en el presupuesto de este año eso no está considerado. Estoy viendo Seguridad Pública y no está considerada la comisaría. Está considerado reparación de viviendas de Carabineros, otra cosas fiscales y, sin embargo, una cosa tan importante e impactante para la seguridad de la gente de la ciudad y del país, que tiene que ver con mejorar la infraestructura de Carabineros y el equipamiento, no se da, simplemente no se da.

En 2022 seguiremos hablando del futuro, pero no se hará realidad nada de lo que se ha comprometido. Sé que el ministro Delgado tiene muy buenas intenciones, pero parece que esto quedó en palabras y no en hechos. Lamentablemente, la Región de Arica y Parinacota no tiene la disponibilidad de recursos para la construcción de una nueva comisaría. Es lamentable, porque ello tiene que ver con la seguridad, que es un tema tan sensible y recurrente hoy en la región, y también en el país.

Por eso, espero que de alguna manera se pueda recapacitar y considerar la implementación de dicha comisaría. No estamos pidiendo la plata para la construcción del edificio; estamos pidiendo solamente para los inicios. Hay un informe técnico de Carabineros que dice que se requiere una comisaría en esa población, en este sector del norte de la ciudad de Arica.

Insisto: lo dice el informe técnico. En ese sentido, hemos visto que no se le hizo caso a Carabineros sobre algo objetivo, algo técnico, algo que es necesario para la ciudadanía de Arica y para todos nosotros.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-

Señor Presidente, quiero referirme a la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con foco en el tema del presupuesto de seguridad pública.

En la Región de La Araucanía tenemos dos situaciones muy complejas actualmente. La primera, el flagelo del terrorismo, para lo cual, no siendo el contenido específico de esta partida, se requiere la continuidad del estado de excepción constitucional, ya que el apoyo de las Fuerzas Armadas permite que Carabineros pueda atender de mejor manera el segundo gran flagelo que existe en la región, que es el de la delincuencia y el narcotráfico, que hoy están con indicadores de delito desbordados.

Cuando uno recorre las distintas localidades de toda la región y los distintos barrios y sectores, el llamado de la ciudadanía es: “Por favor, más dotación de carabineros. Queremos infraestructura, queremos tener una comisaría, una subcomisaría, un retén móvil”. En fin, quieren más vehículos policiales, porque hoy, para mayor información, la 2a Comisaría de Carabineros solamente tiene dos vehículos disponibles y la 8ª Comisaría, cuatro vehículos disponibles, y se requieren muchos vehículos más en distintas localidades de la región.

Por lo tanto, disminuir el presupuesto de Carabineros en 2,3 por ciento no nos parece adecuado, porque entendemos que la delincuencia es una situación que afecta a todo el país. Hoy, las fuerzas policiales no cuentan con los recursos necesarios, en circunstancias de que, lamentablemente, son los que dan la cara a los distintos llamados. En reuniones en las que he participado, han tenido que decir a la ciudadanía que hacen el mejor esfuerzo, pero no tienen los recursos para cumplir su misión como corresponde. Por lo tanto, ese es un punto importante.

Sí debo reconocer que es bueno que haya continuidad presupuestaria para el Fondo Nacional de Seguridad Pública, Seguridad en mi Barrio y Calle Segura.

Quiero informar, además, que hemos presentado un proyecto de ley que busca fortalecer la asociatividad y representación de los comités vecinales de seguridad, a fin de que tengan voz y voto en los consejos comunales de seguridad pública.

Otro tema que quiero plantear, también en la partida del Ministerio del Interior, dice relación con Bomberos de Chile. Valoramos el aumento de 3 por ciento del presupuesto total. Sin embargo, quiero señalar que también presentamos una indicación para especificar en la glosa N° 2 de los gobiernos regionales que los recursos de Bomberos destinados a proyectos de infraestructura y cuarteles puedan financiar proyectos de centros de capacitación de bomberos de un modo equitativo por región. Muchas veces Bomberos no dispone de estos espacios para poder capacitar a sus leales bomberos y, lamentablemente, la glosa no les permite trabajar y postular a ese tipo de proyectos. Esta idea la trabajamos con los distintos cuerpos de bomberos de La Araucanía y específicamente con el Cuerpo de Bomberos de Temuco. Por eso, pensamos que es importante considerar esta indicación.

Por último, en el ámbito de los gobiernos regionales, sabemos que existe una gran demanda de viviendas sociales, sabemos que existe una gran especulación respecto del valor de la tierra y que muchas veces pasan años para que un comité de vivienda pueda lograr el sueño de contar con su casa propia, principalmente por la carencia de terrenos disponibles.

Consideramos importante dar un rol más protagónico a los gobiernos regionales. Por ello, presentamos una indicación que busca facilitar que los gobiernos regionales cuenten con una iniciativa de banco de suelos, similar a lo que tiene hoy el Minvu, lo que permitirá que las regiones tengan mayor autonomía para enfrentar la crisis habitacional actual.

Con frecuencia vemos que se han establecido campamentos en las distintas comunas, los cuales en muchos casos son de familiares de personas que habitaban en villas que están muy cerca. Lamentablemente, los años de demora hacen que muchas familias tengan que recurrir a esa situación.

Lo que plantea la indicación nos permitiría anticiparnos, trabajar con tiempo, buscar terrenos y que el gobierno regional pueda satisfacer esa demanda comprando terrenos, contando con esta glosa presupuestaria, como una forma de contribuir a este derecho que la ciudadanía hoy está reclamando: vivir con mayor dignidad.

En términos generales, esas serían las observaciones a la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando Pérez .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, quiero referirme a los temas de vivienda y de transporte.

La de Antofagasta es una de las regiones donde más se han extendido los campamentos, en los que no solo viven extranjeros, sino también muchas familias chilenas, a quienes se les hizo imposible continuar en una vivienda por lo caro de estas en cuanto a su compra o arriendo.

De esta situación ya han pasado más de diez años, y desde que soy diputada, en cada discusión presupuestaria nos hemos referido constantemente a este tema, que, al parecer, no tiene una solución pronta. Para eso, entonces, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debería ponerse más ingenioso. Promover, por ejemplo, una política pública efectiva de autoconstrucción supervisada, implementar subsidios de autoconstrucción y ver la posibilidad cierta de radicar campamentos, sobre todo en terrenos que sean aptos.

Ayer lo mencioné: para el próximo año el gobierno ofreció 25.000 soluciones habitacionales. Solo en Antofagasta, como comuna, se necesitan más de 30.000. Se estima que para responder a la demanda de viviendas, el próximo gobierno debería construir unas 400.000 viviendas, una cifra que está muy lejos de la propuesta que nos ofrece el gobierno que termina. Este es uno de los desafíos a que nos enfrentaremos el próximo año desde el trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo, pero también de lo que nosotros, como Poder Legislativo, podemos aportar.

Mientras no ocurran estos cambios, las personas se seguirán ubicando bajo torres de alta tensión, en vías aluvionales, construyendo sin supervisión y exponiéndose a las más diversas vulneraciones.

En la partida del Ministerio de Transportes, quiero decir que ya en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos fue rechazado y bastante observado el presupuesto, a propósito de las licitaciones exprés que está haciendo el ministerio en materia de electromovilidad. Todos estamos de acuerdo con la electromovilidad y me manifiesto entusiastamente a favor. Sin embargo, me parece que esas licitaciones no se pueden hacer con la rapidez que lo están haciendo y tampoco se puede excluir a los medianos empresarios que hay en regiones. Se está favoreciendo la concentración de la propiedad y el que se adjudiquen estas licitaciones las mismas empresas de siempre, incluso algunas extranjeras, que tienen gran poder económico.

Por otro lado, la electromovilidad es solo un recambio de uno por uno: una unidad de micro por otra unidad de micro. Obviamente, es mucho mejor una micro eléctrica; sin embargo, me parece que no es optimizar el tránsito, sobre todo en regiones.

Hemos visto cómo aumentan las líneas de metro en la Región Metropolitana y una serie de optimizaciones para evitar la congestión; sin embargo, nada de eso ocurre en regiones. Solo se nos ofrece el cambio de una micro tradicional por una eléctrica.

No puedo terminar mi intervención sin decir que también sería importante que el ministerio se preocupara de que en la movilización colectiva existieran realmente contratos para los conductores, y no como es hoy, que existe una especie de arriendo, y los conductores no tienen ni previsión ni derecho a nada. Tienen que trabajar muchísimas horas para poder completar un sueldo digno.

En ese sentido, creo que el ministerio ha estado ausente y lo llamo a hacerse responsable de aquello.

He dicho.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, en este último tiempo hemos podido retratar una realidad que a veces no sale a la luz, referida a la forma en que se están construyendo las viviendas sociales, aspecto que está específicamente relacionado con el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, establecido en el DS N° 49, y con el Subsidio de Integración Social y Territorial, dispuesto en el DS N° 19. Se están entregando dichas viviendas con una precariedad que tiene que ver con un aspecto muy específico.

¿Queremos privilegiar la construcción de más viviendas o la construcción de menos viviendas, pero de mejor calidad? El DS N° 49, sorpresivamente en el presupuesto de este año, bajó de 935 UF a 934 UF. Algunos podrán pensar que se trata de una disminución marginal, pero cuando se ve en terreno la manera en que se está construyendo, se generan bastantes sospechas si efectivamente estas 935 UF son suficientes para entregar viviendas sociales. La respuesta es que esos recursos no son suficientes.

He podido conocer innumerables casos que me permiten afirmar aquello, como los condominios Aguas de la Foresta, Doña Francisca y Ecovalle , en Villa Alemana; El Escorial y El Mirador, en Panquehue; Las Rosas de Morandé, en Llay Llay, y Terrazas del Sol I, en Quilpué, caso que también quiero mencionar, a pesar de que se trata de un proyecto privado. Así suma y sigue.

Por lo tanto, son muchos los proyectos de familias que llevan esperando más de veinte años en comités de vivienda, pero cuando les entregan la casa propia, después de una tortuosa y larga espera, se encuentran con que su sueño termina finalmente convirtiéndose en una pesadilla, porque el Estado privilegia la cantidad de viviendas construidas por sobre la calidad de su construcción.

Uno entiende que existe precariedad debido a la cantidad de personas que no tienen donde vivir, pero si a esas personas se les entrega una casa en estado defectuoso, ¿quién se hace cargo de los problemas constructivos de esos inmuebles? En muchos casos ocurre que después que vencen las boletas de garantías comienzan a aparecer cañerías en mal estado, daños estructurales, condominios que se llueven, una posventa que muchas veces no responde o que da soluciones parche, así como cuentas de agua muy altas, a raíz de filtraciones constantes. El costo de todo ello termina siendo pagado por los propietarios.

También puedo señalar el caso de los inmuebles del condominio Los Olivos, de Villa Alemana, a cuyos propietarios visitamos hace poco.

El Estado está gastando mal, está siendo poco eficiente en el gasto. Lamentablemente, eso después se traduce en programas de mejoramiento del mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene que invertir de nuevo para reparar esos condominios o esas viviendas sociales. En los programas de integración la situación es aún peor, porque estos son privados.

¿Quién responde a la gente vulnerable y a la clase media cuando se vencen las garantías? Es más, aun cuando las garantías se encuentran vigentes, en muchos casos no se obtiene respuesta alguna. ¿Qué hace el Estado? Debe hacer lobby con las empresas.

Por otra parte, la contratación de un abogado, para que lleve a cabo la causa y entable la demanda judicial respectiva, que puede demorar años, si no décadas, debe correr por cuenta de los vecinos, quienes en muchos casos no pueden solventar esos gastos, en contraposición con lo que ocurre en el caso de las inmobiliarias, que sí cuentan con equipos de abogados que pueden costear durante muchos años.

Hay inmobiliarias que terminan quebrando y que cambian de nombre. Por eso presentamos un proyecto de ley de fraude inmobiliario, con el objeto de que las inmobiliarias respondan penalmente por el delito de estafa.

Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es por qué se siguen destinando 935 UF por unidad de vivienda social, en circunstancias de que el costo de los materiales ha subido en por lo menos 5 por ciento. Además del poco dinero que se destina a las viviendas, hay un costo adicional en la construcción, pero ese valor no se encuentra incorporado en este proyecto de ley de presupuestos. Ese costo no va a bajar el próximo año.

Seguiremos con la problemática de viviendas sociales o de personas a quienes se les están construyendo viviendas, como las del proyecto Coloane, en Quintero, pero la misma inmobiliaria antes ha entregado viviendas con problemas de filtraciones de agua en los inmuebles, y que ven con temor que sus viviendas podrían enfrentar el mismo problema.

¿Qué hacemos frente a esa situación? Debemos focalizar el gasto en construir bien, porque, de lo contrario, el sueño de muchas familias se verá frustrado. Eso ya ocurre en la actualidad en el caso de familias vulnerables que no tienen a quién recurrir, cuyos integrantes trabajaron toda la vida para tener una vivienda, pero que se encuentran ante el desastre de recibir malas construcciones, del cual nadie se hace cargo o respecto del que no se hacen cargo en el tiempo más breve posible, con el objeto de solucionar los problemas que surgieron en las soñadas casas propias de muchas familias.

Por lo tanto, hago un llamado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que modifique, primero, la manera de construir dispuesta tanto en el DS N 49, Fondo Solidario de Elección de Vivienda, como en el DS N° 19, Subsidio de Integración Social y Territorial.

Además, es necesario destinar más UF por unidad: como mínimo, debieran ser 1.100 o 1.150 UF por unidad. Destinemos esos recursos de una vez, hagamos eficiente el gasto y no perpetuemos el sufrimiento de familias que tendrán que optar a programas de mejoramiento que muchas veces ni siquiera se van a ganar.

Reitero mi llamado a visibilizar esa situación, porque no se trata de casos aislados, como muchos dicen. Son casos que se viven a diario, que afectan a muchas familias que luchan día a día contra inmobiliarias irresponsables y contra un deficiente sistema de fiscalización.

Los propietarios nos dicen: “Lo que pasa es que cuando estaban haciendo el proyecto vinieron funcionarios del Serviu, dos o tres veces, a hacer un checklist y punto”.

Debe haber mayor fiscalización en los programas de integración, del fondo solidario y también del Departamento de Obras Municipales.

¿Cómo es posible que se entreguen viviendas que empiezan a fallar a las dos o tres semanas? Debido a eso, mucha gente se ve obligada, después de pocos meses de entregadas sus viviendas, a tener que dejarlas para ir a vivir a otro lado.

Entonces, insisto en que se debe fortalecer la fiscalización, se debe hacer más eficiente el gasto y se tienen que destinar mayores recursos por unidad, aunque eso signifique construir menos, porque los recursos no son ilimitados.

En consecuencia, es preferible construir menos y no postergar el sufrimiento de esas familias a las que se les construyó mal.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señor Presidente, quiero hablar sobre la partida 21 Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente respecto del Instituto Nacional de la Juventud.

Todos sabemos que ese organismo, creado en 1991, bajo la presidencia de don Patricio Aylwin , tenía como único objetivo llegar con políticas públicas a la juventud, algo tan necesario.

Sin embargo, desde el retorno a la democracia, nunca se le ha dado la importancia que merece. De hecho, siempre se crean programas, pero la mayoría de ellos no tiene ningún impacto en la juventud, aunque siempre ha existido la voluntad de los funcionarios y funcionarias que trabajan en el Instituto Nacional de la Juventud. Vaya mi reconocimiento para ellos y ellas, porque siempre han tenido la disposición de saber cuál es la real función que tienen que realizar ahí. O sea, la disposición de ellos ha estado siempre, pero las políticas públicas o los gobiernos de turno nunca le han dado, insisto, la importancia necesaria a este instituto.

En 2019, el ministro Sebastián Sichel , hoy candidato a la Presidencia, tomó –creola decisión de cerrar el Instituto Nacional de la Juventud. No se logró por diversas razones, pero desde ahí se le ha empezado a disminuir el presupuesto, lo que quizás es una manera distinta de cerrarlo: no con una decisión única tomada de una vez, sino con el tiempo, bajando el presupuesto, para que vaya muriendo de a poco.

La verdad es que eso es sumamente lamentable, porque -ya lo dijeeste instituto tiene un solo objetivo, que es llegar con políticas públicas a la juventud.

Ahora, en este presupuesto se vuelve a eliminar un programa superimportante, el que ha tenido mayor cobertura, el que ha tenido más impacto, que es el de Desarrollo Juvenil Vocacional Laboral, que tiene convenios con talleres laborales, certificación de competencia laboral, cursos online, habilidades de emprendimiento. En definitiva, es uno de los programas que han tenido mayor cobertura e impacto, pero se elimina del presupuesto del ministerio. Y no solamente eso, sino que esto también conlleva que quince trabajadoras y trabajadores de diferentes regiones van a perder su fuente laboral. Esto es incomprensible e inaceptable.

Por eso, Presidente, he presentado una indicación para reponer ese presupuesto, que fue eliminado en la partida 21. Espero que, en reconocimiento a la labor que cumplen los funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional de la Juventud, esta Sala apruebe esa indicación y reponer ese presupuesto en esta partida.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, si hay un anhelo de toda familia -esto se extiende a todo el país, y particularmente a las provincias de Talagante, de Melipilla y también del Maipoes el derecho a la vivienda. Ya lo plantearon quienes me antecedieron en el uso de la palabra: si se sigue optando por la cobertura o por la calidad de las viviendas.

Por eso, lo que nosotros hemos querido plantear es que existan bancos de terrenos, recursos para adquirir terrenos, pero no solo a nivel regional, sino también a nivel provincial. En una región como la Metropolitana, donde existen 52 comunas, la competencia que se da entre las zonas rurales y las zonas urbanas, que tienen muchas más exigencias, muchas más necesidades o, por lo menos, se mediatiza mucho más, nos parece injusto. Y es por eso que lo que se pretende es que existan bancos de terrenos provinciales.

Lo mismo con los llamados a concursos, los llamados a subsidios: que no sean a nivel regional, sino que se focalicen a nivel provincial, haciéndose cargo de la realidad de cada una de las comunas.

En la provincia de Talagante, por ejemplo, la realidad existente es que hay mucha parcela de agrado. En la periferia de Santiago se han desarrollo conjuntos habitacionales de clase media, de clase media alta, pero se requieren mayores recursos para construcción de vivienda social que tenga arraigo con cada una de estas comunas. Por eso, los subsidios de localización debieran ser aumentados para las comunas rurales de la Región Metropolitana, particularmente de las provincias de Talagante y Melipilla , y también lo solicitamos.

De la misma manera, vuelvo a insistir en que los llamados a estos subsidios sean a nivel provincial, reconociendo las características y los terrenos que se encuentran en cada uno de estos sectores.

Por eso hay que privilegiar el espacio. Hay que entender que las zonas rurales requieren un espacio en que las familias puedan desarrollarse de buena manera. Esto lo hemos trabajado con todos los alcaldes de la zona, con el consejero regional Felipe Berríos , quien también desarrolla un trabajo muy importante con comités de vivienda. Sin ir más allá, en Melipilla, con Darío Jerez nos reunimos con los comités Nuevo Melipilla , Esperanza Viva y Llaves Soñadas, del sector urbano de dicha comuna, que requieren con urgencia contar con recursos para terrenos.

En otro orden de ideas, pedimos que, dentro del presupuesto, exista una voluntad real y concreta de dar un golpe y de trabajar en contra del crimen organizado y de las grandes bandas de narcotráfico que llegan a nuestro país, y particularmente a nuestras comunas. Lamentablemente, la droga asola en cada una de nuestras poblaciones, y la seguridad, que también es un derecho humano, también debiera verse plasmada en el presupuesto con mayores recursos, para que exista un combate frontal, directo y total en contra de la lacra del narcotráfico. No se trata de encarcelar la pobreza, sino de combatir con fuerza las grandes internaciones de droga que permiten que la ausencia de Estado en grandes poblaciones o territorios genere una inseguridad que impide que las familias se desarrollen de buena manera.

También, en lo que dice relación con transporte, hay un anhelo y un desarrollo muy complejo con el transporte interurbano, que hoy lo regula el decreto supremo N° 212, que dice relación únicamente con los modelos de transporte sin que se liciten de manera adecuada y debida.

En la provincia de Talagante y Melipilla -todos están a la espera del Melitrén, y esperamos que llegue prontose requiere una regulación y que se integren los perímetros de exclusión de esta zonas de las provincias de Talagante y Melipilla para que exista una adecuada licitación y los servicios que se entregan, que es un servicio público -hoy día en manos de privadostengan estándares de control de gestión, de control de flota, de frecuencias, de servicios a las vecinas y vecinos, y eso es imperioso que también se traduzca en los recursos que se asignan al efecto.

Finalmente, en materia de obras públicas, la Autopista del Sol para nosotros es una verdadera pesadilla, y vuelvo a insistir en ello. En reiteradas oportunidades hemos solicitado que se informe cuáles son las multas que se han aplicado a esta concesionaria. Pero también hay un tema más de fondo: que se pueda discutir -eso será materia de la propia Convención Constitucionalcuál es el modelo de concesiones que queremos desarrollar en nuestro país.

Hoy, a última hora, entre gallos y medianoche, se amplía la concesión de la Autopista del Sol por treinta años más, sin que se defina cuál es el modelo de gestión, cuál es el modelo de concesiones que el Ministerio de Obras Públicas quiere desarrollar. Se quiere dejar amarrado este tremendo negocio para treinta años más, en perjuicio de las usurarias y de los usuarios de las provincias de Talagante y Melipilla .

Por eso, hemos solicitado en su oportunidad que el Presidente deje sin efecto y no relicite esta concesión, que genera trastornos, que ha lucrado de manera extraordinaria y que no presta un servicio de calidad que permita un buen desplazamiento.

Insisto en que las vecinas y los vecinos de las provincias de Talagante y Melipilla se demoran más de dos horas y media en ir y volver de su trabajo a su domicilio. Eso no resiste más y satura a las familias de nuestra zona. Es importante tener en cuenta lo que denuncio, y por eso hago este llamado.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, junto con saludar al ministro, al subsecretario, a la directora de Asuntos Legislativos de la Segpres, quisiera hacer énfasis en tres puntos.

Primero, en la partida de Vivienda. Si hay algo en lo que concordamos tanto los parlamentarios de oposición como también los de gobierno -lo dijo el diputado Andrés Longtones que en materia de vivienda no hay un incremento de la inversión del sector que permita hacerse cargo del déficit habitacional, que alcanza a las 600.000 viviendas, mediante un plan extraordinario de viviendas a implementarse durante los próximos gobiernos. Son completamente insuficientes las 25.000 soluciones para el año 2022, en DS N° 49, que propone el gobierno en el actual presupuesto.

Estamos sumamente preocupados por la disminución en un 20 por ciento del presupuesto del Serviu. Nosotros hemos trabajado junto con el director del Serviu en los comités de vivienda en la Región de Coquimbo, a quienes quiero aprovechar de saludar, y que están esperando expectantes los resultados del último llamado de noviembre para que se les asigne el subsidio y se empiecen a construir estas viviendas el próximo año.

Entonces, necesitamos que el gobierno recapacite, porque, además, son obras de construcción de viviendas sociales que generan empleo en un momento muy complejo.

Lo propio respecto de la situación de la agricultura. En junio nos reunimos con la ministra de Agricultura, que va a estar mañana en Ovalle, y le solicitamos que se activara el decreto de emergencia agrícola para los crianceros, para la agricultura familiar campesina, pero el gobierno se demoró dos meses en activar el decreto de emergencia agrícola. ¡No puede ser!

Necesitamos que después de la sequía más grave de las últimas décadas podamos tener un presupuesto mucho más expansivo en materia agrícola, sobre todo en bonos a los agricultores afectados por las heladas y también por la sequía. Estoy pensando, especialmente, en los agricultores de Monte Patria, que nos acompañaron a esa reunión con la ministra de Agricultura.

Lo propio en materia de combate al narcotráfico. Necesitamos más recursos para nuestros policías, para la policía especializada, y también para la Policía de Investigaciones, con el fin de combatir el narcotráfico, que hoy está, incluso, infiltrado por bandas internacionales. Debemos enfrentar con decisión el narcotráfico, pero también con recursos, y eso es fundamental en esta ley de presupuestos.

Respecto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, necesitamos brindar más apoyo a nuestros pescadores artesanales, a quienes, prácticamente, se les acabó la cuota del jurel, por lo que tuvimos que recurrir a una cuota de subsistencia extraordinaria por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Necesitamos, de una vez por todas, que el gobierno apoye el bono de 1.000.000 de pesos que estamos pidiendo hace mucho tiempo para los pescadores artesanales de la Región de Coquimbo y de todo el país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José).-

Señor Presidente, el lunes recién pasado sostuvimos una reunión con la ministra de Agricultura en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados para analizar algunas materias que, indudablemente, causan mucha preocupación. Con motivo de la pandemia y de la especulación, algunos productos importantes que usa regularmente la agricultura, como, por ejemplo, fertilizantes y pesticidas, han registrado alzas indiscriminadas que superan el ciento por ciento en muchos productos. ¿Qué pasará si no tenemos recursos adicionales para impulsar la agricultura familiar campesina? No vamos a poder hacer ni siquiera la mitad de lo que se hizo el año anterior.

Por eso, se le ha planteado al ministro de Hacienda y a la ministra de Agricultura que se aumenten los recursos que se van a destinar a nuestra agricultura familiar campesina, para que pueda trabajar en forma normal, contando con los recursos suficientes para no bajar la producción de alimentos que necesita el país.

Con motivo de la pandemia que ha golpeado fuertemente al mundo y, por cierto, a nuestro país, todos los productos están escaseando a nivel internacional. Por ello, el maíz y el trigo, que se están importando a nuestro país, tienen un precio mucho más alto que el que estábamos pagando en años anteriores.

Por lo mismo, el kilo de pan -alimento fundamental de nuestra poblaciónha aumentado en más de 500 pesos.

Debemos avanzar en la solución de estos problemas ahora, y no cuando sea demasiado tarde y tengamos que decir que no alcanzamos a producir los alimentos que necesitaba nuestra población. Por eso, es conveniente adicionar los recursos que inicialmente estaban destinados para el sector agrícola, esto es, para la pequeña y mediana agricultura y la agricultura familiar campesina.

Por otro lado, me quiero referir a la situación de vivienda que afecta a nuestra ruralidad. La verdad es que hay muchos trámites que dificultan que se pueda entregar el subsidio habitacional rural, porque, muchas veces, se hacen consultas que no vienen al caso. Así, por ejemplo, se le pregunta a la persona que está postulando al subsidio si tiene agua o si tiene luz. Si no tiene casa, ¡cómo va a tener agua y luz!

Entonces, debemos ser más ejecutivos y menos burocráticos, y dar más facilidades para entregar este subsidio habitacional rural, especialmente a la gente que trabaja en el mundo rural. Se está despoblando la ruralidad a nivel país, y eso es gravísimo. Como no hay subsidio habitacional rural, la gente postula a una vivienda en un comité de la ciudad. Les dicen que tienen cupos adicionales y la gente postula a la ciudad, y con ello el trabajador del campo se va a la ciudad, donde tiene muy poco o nada que hacer. Así se va despoblando el mundo rural, lo que es de una tremenda gravedad.

Como decía, hay que avanzar en la entrega de subsidios habitacionales rurales, disminuyendo la burocracia. Incluso, puede haber un sistema de autoconstrucción que sea controlado por Serviu.

Además, debemos avanzar en la construcción de APR, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, para ir terminando con este tremendo gasto a nivel país que son los famosos camiones aljibe, que llevan una cantidad ínfima de agua para que la gente pueda satisfacer sus necesidades.

Reitero: es fundamental la construcción de APR en el menor tiempo posible. Estamos pagando sumas muy altas por la construcción de cada uno de estos equipos, que son indispensables en el mundo rural para que la gente tenga agua en buenas condiciones, agua potable.

¡No dilapidemos los recursos! Son altísimos los valores que se están cancelando, en circunstancias de que cuando se entrega en forma directa al emprendedor, al contratista, esta obra abarata los costos de manera muy importante.

Esto lo hacían algunos parlamentarios con recursos que se obtenían a través del Fondo Social Presidente de la República y se gastaba la tercera parte de lo que cuesta hoy un APR en la ruralidad.

Debemos enfrentar estos tremendos desafíos que tenemos en nuestro mundo agrícola. Necesitamos más recursos en vivienda, menos burocracia. También es necesario no olvidarnos de que tenemos una ley muy importante, que es la “ley espejo”, que nunca se ha usado bien en las regiones, sino que se utiliza en otras cuestiones que no tienen nada que ver con el objetivo de esa ley, que dice relación con el transporte en las regiones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, entre las partidas que figuran en este bloque está la del Ministerio de Educación, la que fue rechazada en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Nosotros vamos a mantener ese rechazo, fundamentalmente, porque no hay financiamiento real de la educación pública, no hay financiamiento para los servicios locales de educación pública (SLEP), que ya presentan déficits. Los mismos déficits que están presentando muchos municipios los están presentando los servicios locales de educación pública, que son administrados por el Ministerio de Educación.

El ministerio ni siquiera se autoasigna los recursos necesarios para administrar correctamente esos servicios y para generar una buena educación para los niños y niñas más pobres del país. Claramente, no hay interés del ministerio por financiar la educación pública. Cuando no hay interés no tenemos por qué aprobar un presupuesto que no quiere financiar la educación pública de los niños y niñas de nuestro país.

Por otra parte, respecto de la educación superior –lo han planteado los rectores-, la gratuidad lo que ha hecho es desfinanciar a las universidades, las cuales hoy están disminuyendo sus estándares para llenarse de alumnos y, con eso, poder financiar algo que hoy no pueden hacer. Ello ha provocado que la calidad de la educación superior en las universidades públicas empiece a disminuir.

Si no hacemos algo, ellas serán parte del montón de universidades privadas que no sirven para nada y que, sin embargo, hoy están siendo acreditadas y, además, financiadas por el Estado. Esa lógica nos va a llevar al hundimiento y a matar a todas las buenas universidades públicas de nuestro país.

No estoy disponible a seguir financiando universidades privadas si el Estado no financia, al menos, las universidades públicas, que son de su responsabilidad, y las escuelas públicas, que son de su responsabilidad. Eso, como primer punto.

En cuanto a la Junaeb, nos acabamos de reunir afuera del edificio con las manipuladoras de alimentos. Ellas están peleando por las malas condiciones de trabajo, porque no se cumplen los estándares por parte de las empresas ni en las escuelas ni en las cocinas. Trabajan en condiciones deplorables, lo que, finalmente, no solo redunda en ellas, sino en la alimentación que reciben nuestros niños.

Claramente, la Junaeb ha sido un punto negro en este período. A pesar de que ella hace propaganda de la buena alimentación que entrega, la misma no es la adecuada. La cantidad de productos frescos que efectivamente hoy se compran y que reciben nuestros niños en la alimentación es absolutamente baja en relación con sus necesidades nutricionales. Se trata, fundamentalmente, de comida procesada, comida que daña la salud.

Presentaremos una indicación para obligar a la Junaeb a entregar alimentación saludable, en función de las necesidades nutricionales de los niños, no de las necesidades de las empresas. Aquí siempre se prioriza la necesidad de la empresa y no la alimentación de los niños. Eso lo examinamos en la comisión investigadora. Una de las conclusiones a las que llegamos es que si la Junaeb sigue con la misma lógica de entregar alimentación a través de esos grandes consorcios, nunca los niños y niñas de Chile van a tener una buena alimentación.

Sabemos que en diciembre la Junaeb, según anunció, no le va a entregar alimentación a los niños. ¿Con qué derecho? ¿Con qué argumento? Ninguno. Simplemente, las empresas seguramente dijeron que no podían entregar alimentación. Frente a ello, la Junaeb baja la cabeza, agacha el moño y hace lo que las empresas le dicen. Claramente, vamos a votar en contra el presupuesto de Educación, en particular el de la Junaeb.

En la misma partida, si la misma se aprueba, vamos a presentar indicaciones para asegurar la conectividad digital, en el sentido de que las subvenciones efectivamente se puedan gastar en ese ítem, para mejorar la posibilidad de que muchos niños y niñas en Chile accedan a la enseñanza remota y se cumpla con el derecho a la educación.

Presentaremos indicaciones a la partida Ministerio de Obras Públicas relacionadas con embalses. En la construcción de pequeños embalses deben considerarse las variables de cambio climático y de sequía que hoy imperan en el país. No se puede seguir construyendo embalses como se ha hecho históricamente.

Volveré a presentar indicaciones, fundamentalmente en el ámbito de la educación, que fueron declaradas inadmisibles. Espero tener la oportunidad de alegar su admisibilidad.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, me voy a referir a la partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en lo que dice relación con el capítulo 03, Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, glosa 03, que contempla recursos para ejecución de remoción de asbesto de manera genérica, dentro de programas de mejoramiento de viviendas.

Señor Presidente, en las viviendas construidas entre 1937 y 2001 se emplearon materiales de construcción como el asbesto, que hasta el día de hoy se mantienen en techos. Eran tiempos en que se ignoraba la peligrosidad de ese material.

Este componente, presente en materiales de construcción como el cemento, libera partículas que, al ser inhaladas, afectan la salud de las personas. De hecho, pueden desarrollar enfermedades, como asbestosis, cáncer broncopulmonar y cáncer a la pleura.

Desde los años treinta del siglo XX hasta 2001, cuando fue prohibido, se construyeron en Chile viviendas con dicho componente. Las personas que se exponen a ese material se encuentran en permanente peligro por su toxicidad. El mismo no solamente afecta la salud personal y familiar, sino que destruye, además, el medio ambiente y deteriora la vida de toda la comunidad. Sin embargo, en la actualidad comunidades a lo largo del país encuentran diversas dificultades al momento de solicitar ayuda a la institucionalidad, toda vez que los programas para retiro de asbesto que establece el Minvu, al alero de programas de mejoramiento de viviendas, relegan a quienes necesitan cambiar una techumbre que pone en riesgo la salud. Además, las personas encuentran una incomprensible focalización de recursos en los programas ejecutados por Serviu, asimilando el retiro de asbesto a cualquier mejora o cualquier mantención.

Sabemos que el decreto supremo N° 656, de 2000, prohibió la producción, importación y venta de materiales de construcción que contengan cualquier tipo de asbesto, imponiendo al Ministerio de Salud el deber de proteger la salud pública y adoptar las medidas que se precisen para evitar la exposición de las personas a agentes capaces de provocar enfermedades.

A pesar de ello, a la fecha no existen campañas gubernamentales que promuevan el cuidado y remoción de ese material. Por ello, resulta vital para todas las familias y comunidades que viven en ambientes contaminados con ese mineral que se destinen recursos, bajo criterios sanitarios, para que se respete el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, y así cumplir con los estándares internacionales establecidos por la OIT.

Incorporamos una indicación que da la posibilidad de que el ministerio, a través de los Serviu, destine recursos para que un plan especial erradique el asbesto de todas las techumbres en cada región, en cumplimiento de lo que mandata el decreto supremo N° 656, que prohibió dicho material. Cabe señalar que hasta la fecha no existe un catastro actualizado de las viviendas construidas antes de 2001 con asbesto cemento.

Asimismo, se especifica que este programa debe remover y reponer las techumbres, como medida que contribuya de manera real al problema que tienen familias a nivel nacional, las que no puede acceder a servicios privados de cambio de techumbre y tampoco han sido consideradas por la autoridad.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, quiero saludar al ministro de Hacienda, al subsecretario y, también, a la directora de Presupuestos, quienes nos acompañan en esta sesión.

Este bloque del proyecto de ley de presupuestos trae para Arica y Parinacota buenas noticias, malas noticias y otras que son más o menos. Me refiero particularmente a la partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, capítulo 01, Gobiernos Regionales.

Quiero partir por las noticias que no son tan buenas.

El presupuesto regional de este año fue de 31.000 millones de pesos. Le pedimos al Ministerio de Hacienda que aumentara ese presupuesto, y lo hizo. Hasta ahí íbamos bien. Sin embargo, lo hizo parcialmente, porque lo aumentó a 40.000 millones de pesos; o sea, hubo un incremento de 9.000 millones de pesos. Si bien esto es importante, la verdad es que el presupuesto se hace cargo, más bien, de la deuda de arrastre. Para que la gente entienda, si estamos construyendo un consultorio, ese consultorio requiere financiamiento no solo en 2021, sino también en 2022. Por lo tanto, para 2022 tenemos que comprometer que se termine la construcción del consultorio. Con estos 40.000 millones de pesos la verdad es que nos hacemos cargo de las obras que ya están comprometidas y en proceso de construcción.

Ahora bien, ese aumento no se hace cargo de aquellos proyectos nuevos. En Arica, el Core aprobó 63.000 millones de pesos. Eso quiere decir que tenemos 21.000 millones de pesos en proyectos que no tenemos financiados. Es decir, lo que el gobierno central está poniendo como presupuesto para Arica nos ayuda para cubrir lo que ya está comprometido; no obstante, respecto de nuevas obras de inversión, que el Core ya aprobó, lamentablemente tenemos un déficit de 21.000 millones de pesos.

Entendemos que este aumento está bien, que está por sobre el promedio nacional de aumento para los gobiernos regionales, pero sigue siendo insuficiente para las nuevas obras que tenemos que financiar en Arica. Entonces, la verdad, se trata de una noticia más o menos.

Vamos a la noticia buena. Me mantengo en la partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero me voy al capítulo 31, Carabineros de Chile.

En la interpelación llevada a cabo hace uno días al ministro del Interior y Seguridad Pública en esta misma Cámara, el ministro se comprometió públicamente conmigo y con la Cámara de Diputados a aumentar la dotación de carabineros para Arica.

Efectivamente, el general director de Carabineros anunció una dotación extraordinaria para Arica para distinguirla de la dotación que cumple con resguardar la frontera, porque son cosas distintas: una cosa es la seguridad de la ciudad y otra cosa son los carabineros para resguardar la frontera, porque esa es una responsabilidad del Estado de Chile, y no particularmente de Arica. Entonces, el general director cumplió, porque va a haber una dotación nueva para Arica. Eso lo celebramos, porque está bien y es una buena noticia.

Pero la mala noticia es que, si bien hay un informe técnico de Carabineros que justifica la construcción de una nueva comisaría en el sector norte, por la cantidad de habitantes -más de cien mil personasy porque hay una baja dotación de carabineros en ese lugar, lamentablemente, no se hizo caso a ese informe técnico y el gobierno no ha financiado la construcción de dicha comisaría, a pesar de que dicho informe de Carabineros la justifica. Por lo demás, ese informe técnico aplica para todas las comunas de Chile, pues es una norma que simplemente ve la cantidad de población y la cantidad de delitos, y si se requiere o no construir una nueva comisaría. En el caso del sector norte de Arica, se justifica. Por eso es una mala noticia, porque el capítulo 31 no lo considera.

Entonces, bien por el aumento del presupuesto, pero todavía es un aumento muy por debajo del que tiene el resto de las regiones. De hecho, Arica y Parinacota es la región con menos presupuesto de todo Chile respecto del gobierno regional, en circunstancias de que no es la región con menos habitantes del país.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero terminar mi intervención con algunas preguntas a la directora de Presupuestos: ¿Por qué solo estamos financiando la deuda de arrastre, si hay nuevos proyectos que ya están aprobados por el consejo regional? ¿Qué pasa con los nuevos proyectos? ¿Por qué Arica y Parinacota es la región con menos financiamiento de todas las regiones de Chile?

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, he querido intervenir en la discusión del proyecto de ley de presupuestos en presencia de las más altas autoridades del Ministerio de Hacienda y de la Subsecretaría General de Gobierno -por lo menos, de las más interesadas en este debate-, sobre varios puntos en particular.

En primer lugar, respecto de la partida 16, capítulo 10, programa 01, hemos presentado una indicación para que el gobierno considere asimilar a los trabajadores y trabajadoras del hospital Parroquial de San Bernardo a la condición y a las características remuneratorias que tienen los trabajadores del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

La comuna de San Bernardo tiene el único hospital privado que pertenece a la iglesia Católica, del Arzobispado de San Bernardo, que se financia en gran parte por una subvención que entrega el Estado de Chile y que le permite subrogarse y representar al Ministerio de Salud en las prestaciones de salud a la población de San Bernardo. Es un hospital de naturaleza privada y sus trabajadores tienen contrato de trabajo particular, pero, sin embargo, cumplen una función pública; ellos son los representantes del Estado para la recuperación y prevención de la salud de todos los sanbernardinos.

El problema es que los trabajadores y trabajadoras de ese hospital tienen sueldos miserables, sueldos demasiado bajos que no se condicen con las remuneraciones que tienen los trabajadores del sector público. Ellos no reciben ninguno de los bonos que tienen los trabajadores del Servicio de Salud Metropolitano Sur; no tienen aguinaldos, compensatorios y beneficios de seguridad social pactados que siquiera los asimilen a la calidad de funcionarios públicos.

Por eso, hemos presentado dos indicaciones que tienen que ver con los trabajadores del hospital Parroquial de San Bernardo, primero, para que el Estado considere la asimilación de esos trabajadores a la condición que tienen los trabajadores del sector público del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

Esta asimilación de trabajadores del sector privado, cuando cumplen una función pública, la hemos hecho con las manipuladoras de alimentos que trabajan con contratistas, pero alimentando en las escuelas públicas, y también la hemos hecho con los trabajadores y trabajadoras del hospital Padre Hurtado, un hospital concesionado a un particular en la zona sur de Santiago.

Es decir, no estamos pidiendo nada tan extraño, sino que simplemente se imponga una medida de justicia y en contra de la discriminación que viven hoy todos los trabajadores y trabajadoras del hospital Parroquial de San Bernardo .

Para cuantificar cuánto significa esa brecha de igualación, de asimilación y de homologación, pedimos al Ministerio de Salud que el primer semestre del próximo año envíe un estudio que haga una evaluación de esa brecha, según las categorías, grados y funciones que cumplen los trabajadores profesionales, técnicos, auxiliares de servicio, etcétera. Ellos son trabajadores que cumplen una función pública y deben tener el mismo trato remuneratorio.

Señor Presidente, también cabe mencionar la situación por la que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del hospital El Pino. Por un dictamen de la Contraloría, el jardín infantil y centro escolar que atiende a los hijos de los trabajadores y trabajadoras del hospital El Pino hoy no recibe alimentación escolar. La Contraloría estableció que la alimentación que entregaba el hospital El Pino a los hijos de las funcionarias -almuerzo y colacionesno eran una prestación fijada por ley, y resulta que hoy esos niños deben ser los únicos estudiantes de un centro estatal de educación –porque eso es– que no tienen ninguna ayuda de alimentación por mandato de la Contraloría. Eso se puede corregir. Por eso, pido que en esta futura ley de presupuestos establezcamos que ese beneficio de alimentación es una prestación de seguridad social que todo empleador, particularmente los que administran el hospital El Pino, así como también todas las administraciones de salud pública, debiera proporcionar a los hijos de sus trabajadores.

En tercer lugar, quiero plantear la situación que tiene que ver con la proyección de la construcción de una estación del Melitrén en la zona de Pomaire. Hoy Pomaire, que es una localidad de Melipilla, está completamente amenazada por la instalación de otros comercios que no tienen nada que ver con la zona típica, el centro alfarero de la Región Metropolitana de Santiago, la capital de la greda, que hoy está enfrentando una lucha por defender su identidad como localidad típica que atrae a miles y miles de turistas de todo Santiago.

Por eso, para proteger ese centro artesanal, es muy importante que puedan tener su estación de ferrocarriles en el Melitrén que está proyectado. Lo hablamos con el presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), que tiene a cargo el Melitrén. ¿Sabe qué dijo? Que no tenía plata para hacer esa parada. Ni siquiera es una estación, sino una parada similar a la que existe en el tren que va desde Santiago a Rancagua a la altura del parque zoológico Buin Zoo , con la misma finalidad: que puedan ser visitados. El presidente de EFE dijo que no tenía plata y que cuarenta millones de pesos era mucho para él. La verdad es que no sé cómo el señor Errázuriz administra la empresa, pero todo el mundo entiende que él se debe hacer cargo de este estudio, porque él es el promotor del Melitrén.

Sin embargo, hago presente que se ha llegado a un acuerdo formal con el gobernador regional, señor Claudio Orrego , que se va a materializar en el consejo regional, en que el gobierno regional finalmente se va a hacer cargo de los estudios para que esa parada se pueda materializar.

Por eso, le hago ver a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones la necesidad de que instruya a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado tener una mayor conexión y empatía con las necesidades de los habitantes aledaños a las obras que están promoviendo, como es el Melitrén.

El Melitrén ha sido largamente esperado por las zonas de las provincias de Melipilla y de Talagante. Esperamos que resuelva los problemas de transporte y que también contribuya al engrandecimiento y al progreso de todos, por ejemplo, permitiendo que se trasladen visitantes de todo Santiago a la zona de Pomaire y conectando a los habitantes de la zona de Pomaire, como Melipilla y El Monte, con una parada adicional que, evidentemente, les va a mejorar sus posibilidades de conectividad, tal como lo han pedido la alcaldesa de Melipilla, señora Lorena Olavarría , y el alcalde de El Monte, señor Francisco Gómez .

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, hay varias indicaciones presentadas por los diputados Marcelo Schilling , Rubén Moraga y Marcelo Díaz , referidas a la partida 11 Ministerio de Defensa Nacional, que son realmente preocupantes, porque eliminan completamente algunas partidas, reduciendo a un peso muchos presupuestos o drásticamente otros.

Para constancia de la Sala y para información de los autores de estas indicaciones, quienes probablemente desconocen esto, quiero señalar que están reduciendo a un 40 por ciento las actividades operacionales de fiscalización marítima y de apoyo a zonas aisladas, que incluyen el patrullaje en el límite marítimo internacional, la fiscalización pesquera, las áreas marinas protegidas y el control de tráfico de drogas, entre otras acciones.

Lo descrito debe estar siendo aplaudido por más de alguna potencia extranjera y por más de alguna organización criminal.

Además, habrá una disminución de 30 por ciento en la disponibilidad de horas vuelo de aeronaves para las tareas de vigilancia y protección de la vida humana en el mar. Nuestro país tiene responsabilidades internacionales en una amplia zona marítima, y con estas indicaciones se reducen en 30 por ciento las tareas de vigilancia de ese rol.

Asimismo, se reducen en 60 por ciento los apoyos logísticos a las comunidades del archipiélago Juan Fernández e Isla de Pascua. Por tanto, se podrán hacer dos de seis operaciones anuales y no se podrán realizar los viajes del buque Cirujano Videla, el cual presta atenciones médicas en zonas insulares o alejadas.

Solo se podrá ejecutar un 27 por ciento del plan de reparaciones para unidades marítimas en astilleros –pongan atención los colegas de Talcahuano-, un 25 por ciento del plan de mantenimiento de motores y un 70 por ciento del mantenimiento de aeronaves, afectando la disponibilidad de 19 unidades marítimas y de tres aeronaves por encontrarse, eventualmente, inoperativas.

Existe el riesgo de la degradación de las capacidades por obsolescencia tecnológica y deterioro del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), en todo lo que dice relación con el sistema nacional de alerta de maremotos. Esto es realmente irresponsable, señor Presidente.

En el caso de la Fuerza Aérea, se aprobará la rebaja en el mismo ítem para todos los presupuestos del 2019 en adelante, reflejando presupuestos muy ajustados.

En el caso del Ejército, la afectación del subtítulo 22 impactará necesariamente en las unidades y localidades en las cuales estas unidades están instaladas y no será posible financiar seguros ante un siniestro, sin factibilidad de reponer sus activos. No se puede financiar el mantenimiento de la infraestructura de las unidades y, lo más importante, se reduce el financiamiento para la alimentación del personal, para consumos básicos de las unidades y para el pago de servicios generales, como aseo y salas cuna.

Probablemente, los autores de estas indicaciones las presentaron de buena fe, suponiendo que no tendrían impacto. No obstante, los impactos concretos de los cuales estoy dando cuenta debieran hacerlos reflexionar y, probablemente, retirar las indicaciones. De no ser así, llamo a votarlas en contra, porque esto un verdadero atentado en contra de la soberanía nacional.

De aprobarse, se generará un efecto inexplicable, pero contundente respecto de nuestras capacidades y del rol que están cumpliendo nuestras Fuerzas Armadas no solo en materia de defensa, sino también de cuidado de la vida en el mar, de resguardo de soberanía en nuestras zonas pesqueras y, particularmente, de apoyo a la gente que vive en las islas y en los territorios apartados.

Llamo a votar en contra estas indicaciones y a sus autores a retirarlas, una vez que tomen conocimiento de sus verdaderos alcances y efectos.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, me voy a referir a la partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En nuestra Región de Los Ríos tenemos varios comités de vivienda que esperan por la casa propia. Es más, algunos llevan más de 23 años esperando por la casa propia. Me refiero a los comités de Llonquén y de Liquiñe, pertenecientes a nuestra comuna de Panguipulli.

Desde el Congreso Nacional, en Valparaíso, saludo a sus dirigentes y valoro la inmensa paciencia que han tenido.

A ellos quiero informarles que he conversado en forma extensa con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Guillermo Rolando , a quien entregué todos los antecedentes del caso, a fin de buscar una solución a través de un subsidio rural con sitio propio. El tema tendrá prioridad, a objeto de encontrar una solución íntegra para todas las familias que han esperado por décadas.

Lamentablemente, hay personas que nos dejaron, que fallecieron -que en paz descansen-, esperando una solución habitacional, esperando la casa propia.

Quiero decir que el problema es transversal. Han pasado muchos gobierno, de distintos colores políticos, y todavía no hay solución.

Tenemos un gran desafío con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, para que nuestras vecinas y nuestros vecinos de Liquiñe y Llonquén no sigan esperando, ya que es impresentable que vayamos caminando para los 25 años sin ninguna solución.

Por eso, señor Presidente, solicité en forma expresa al subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Guillermo Rolando , que de prioridad a la solución para los comités de Llonquén y Liquiñe .

El subsecretario ha demostrado muy buena disposición para destrabar este grave problema que aqueja a esas familias por varias décadas.

Las familias de Panguipulli no merecen la respuesta que les ha dado el Estado. Por eso, esperamos, más pronto que tarde, llegar con una buena solución para nuestras vecinas y nuestros vecinos de Llonquén y Liquiñe, en nuestra querida comuna de Panguipulli.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, como hoy debemos aprobar el presupuesto de Carabineros de Chile, quiero dar un mensaje muy claro de apoyo a la institución. Espero que en esta oportunidad no ocurra lo mismo que en años anteriores: que la oposición, los sectores de izquierda, deje en cero este presupuesto.

Desde mi punto de vista, hay un aumento pequeño para la institución, a pesar de que en cada una de las pequeñas comunas de nuestra región está presente la queja de la comunidad por una falta importante de personal y de vehículos policiales.

Cabe recordar que los últimos vehículos, muchos de ellos inapropiados, se compraron por el 2014 o el 2015. Por ejemplo, los de marca Dodge que se enviaron al sur, como si con ellos se fueran a resolver todos los problemas, en circunstancias que son inmensamente caros de mantención. Además, hay una falta de gestión enorme en términos de reparación y disposición de estos vehículos.

¿Cómo, a estas alturas, no somos capaces de tener un esquema de licitaciones como lo tienen las empresas mineras de Chile –está la experiencia-, para disponer de vehículos en buenas condiciones, en cada una de nuestras comunas? Hoy, en muchas comunas lloran por la falta de vehículos.

Con todo, hay un problema mayor. Probablemente, si se pregunta a la ciudadanía cuál es su mayor problema, responderá que son la seguridad y la tranquilidad.

También, el tránsito de droga entre Argentina y Chile por nuestra Región de La Araucanía es otro tema importantísimo. Existe la posibilidad de llegar a la cordillera con motos o con vehículos de doble tracción, lo cual, sin duda, es muy importante.

Por lo tanto, espero que este aumento, pequeño para mi gusto, se dirija a esos temas. Al mismo tiempo, hago un llamado al gobierno para que agilice los trámites, a fin de que Carabineros cuente rápidamente con los recursos. No es posible que siempre se posterguen los proyectos de Carabineros en todas las áreas del gobierno.

Lo mismo respecto de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). El proyecto contempla un aumento de 6,5 por ciento en el presupuesto de la PDI, a pesar de que nos lloran instalaciones y cuarteles en Puerto Saavedra y Nueva Imperial, que cuenta con los terrenos para ese efecto. Es más, los proyectos arquitectónicos para construir esos cuarteles se solicitaron hace más de dos años. Cabe agregar que urge la construcción de esas instalaciones, sobre todo en la comuna de Melipeuco, donde apareció fuertemente el narcotráfico, particularmente la marihuana. Por ello, se requiere personal de la PDI instalado en la zona.

Por lo tanto, hago el llamado a que realmente podamos avanzar en la construcción de los cuarteles de la PDI.

Por último, en relación con los terrenos, se ingresó una indicación que busca que los gobiernos regionales tengan un banco de tierras que les permita tener autonomía para comprar terrenos, con la debida revisión del Minvu, del Serviu, de manera que se compren terrenos apropiados para la construcción de viviendas. Hay que darles esa autonomía a los gobiernos regionales para que demos un salto cuántico, un salto importante en solucionar el déficit inmenso que tenemos de vivienda y, al mismo tiempo, en solucionar el tema de los campamentos.

Entregar esa potestad a los gobiernos regionales creo que tiene todo sentido. Espero que no declaremos inadmisible una indicación tan importante para los gobiernos regionales, que les permitirá comprar terrenos apropiados para construir nuestras viviendas.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, solo quiero adentrarme en el presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas, que nos preocupa. Se ha incorporado una indicación, porque lo que ha generado año a año las dificultades para adquirir las tierras que ha reivindicado el pueblo mapuche, en especial desde Los Lagos al Biobío, es la glosa que señala que las comunidades o personas no deben encontrarse en los predios perturbados.

Lamentablemente, ha ocurrido que durante todo este tiempo, como ha habido una baja ejecución presupuestaria en 2020, del 23 por ciento, las diversas comunidades que llevan muchos años a la espera de acceder a la compra de sus predios, finalmente terminan no adquiriéndolos producto de que se ha señalado que ellos se encuentran en movilización y, por tanto, aquellos predios se encontrarían perturbados.

Lo lamentamos mucho, porque el único objetivo, que además señala la ley indígena con mucha claridad, es que las comunidades que reivindican puedan adquirir sus predios de acuerdo al año presupuestario y no con estas glosas que se han incorporado aquí en el Parlamento, que han dejado aún a muchas comunidades sin la posibilidad de que en los tiempos que ellas requieren adquieran dichos predios. Esto ha generado mayor violencia por parte del Estado hacia una demanda tan sentida como es la restitución de las tierras, que además la ley indígena lo señala con mucha claridad en el artículo 20 b).

De igual manera, con ello se ha generado una dificultad al establecerse un orden prelativo, que considera a aquellos que tengan mayor antigüedad, pero también ha provocado dificultades esta glosa que señala que las comunidades que ya han adquirido un predio no pueden seguir adquiriendo en los años posteriores, porque ya habría habido una respuesta de parte de la institucionalidad para la adquisición de esos predios.

Ello también ha hecho que en el año presupuestario, a una comunidad que pudo tener cincuenta familias, lamentablemente se le compró la mitad, lo que sigue generando una dificultad para aquella comunidad que no tiene resuelta su situación de demanda territorial.

En la comisión investigadora que se constituyó y que presidió el diputado Ricardo Celis , los consejeros indígenas José Millalén y Marcial Colín plantearon que era necesario que en esta glosa que se incorpora hubiera alguna consulta al pueblo mapuche. Sin embargo, ellos señalaron, desde la propia Corporación, que ellos no fueron consultados.

Por lo tanto, creo que es necesaria una revisión integral. La Conadi es una de las instituciones que tiene el más bajo presupuesto para adquirir predios. También hay otras necesidades, y es necesario que se disponga el aumento presupuestario para el Fondo de Desarrollo, para el Fondo de Cultura y, en especial, para el Fondo de Tierras y Aguas.

La necesidad del agua sigue siendo una constante compleja en cada uno de los territorios, por el impacto negativo que han generado las forestales a raíz de sus plantaciones, muy cercanas a los esteros y a los nacimientos de agua. Esas plantaciones han provocado, a la fecha de veinte años y en otros casos de treinta años, la degradación del territorio, la degradación de las tierras, y, más aún, la dificultad de que ya no encontramos agua en aquellos territorios.

Lo más grave, al señalar las dificultades que hemos tenido en la reivindicación territorial, ha sido la falta de compromiso del actual gobierno, pero también de los gobiernos anteriores, en el sentido de revisar con claridad cuánta es la pérdida territorial que tiene el pueblo mapuche, cuáles son las afectaciones que se tienen en su territorio y cuál es el tipo de desarrollo propuesto por las propias comunidades y por los propios territorios. Al dar una mirada al presupuesto para los gobiernos regionales, vemos que no se incorporan recursos que permitan adecuar y normar las medidas administrativas, como lo señala el Convenio N° 169 de la OIT, para avanzar en caminos, para avanzar en agua potable rural, para avanzar en energización, para avanzar en la conexión digital de sectores mucho más aislados, y para avanzar en las viviendas.

Por lo tanto, tiene que haber una mirada integral. No tan solo la Conadi puede generar el desarrollo; esto también le compete a todas las instituciones del Estado, pero esta voluntad política es la que al día de hoy no se encuentra.

Además, atendiendo a la gravedad en la que nos encontramos, no se ha podido dialogar para la búsqueda de la solución definitiva que señalaron los dirigentes de Temucuicui a este Parlamento y al Ejecutivo, esto es, conformar una comisión que permita la clarificación de cuánta es la pérdida territorial, y que ella tenga el carácter de vinculante, para que puedan ejecutarse todas aquellos programas y proyectos a favor de los pueblos indígenas, a favor del pueblo mapuche.

Sin embargo, al día de ayer nos encontramos en una situación compleja a raíz de esta reivindicación territorial. Esperamos que no se siga asesinando a weichafes por demandar en el territorio, por exigir sus derechos territoriales, por exigir la restitución de tierras, por exigir vivir en un territorio libre de contaminación, en un territorio que no esté afectado en sus aguas, en un territorio que sea visto por cada uno de quienes pertenecen a las comunidades, con autonomía, como el territorio en el que ellos necesitan vivir.

Si no logramos en este Congreso aumentar el presupuesto de la Conadi en el Fondo de Tierras y Aguas, vamos a tener que seguir escuchando y lamentando los asesinatos por parte de agentes del Estado para con el pueblo mapuche, para con las comunidades que hoy han salido a demandar con mucha fuerza la restitución territorial en cada uno de los territorios mapuche en el Wallmapu.

Por lo tanto, quiero hacer un llamado al Congreso a que se repongan los recursos que no están disponibles en esta glosa y a derogar todas aquellas que hoy siguen entrampando el desarrollo de las comunidades.

No se puede seguir avalando el generar una política solamente de represión, de militarización, de estigmatización y de racismo para con el pueblo mapuche y para con los pueblos indígenas.

El llamado especial que hago a cada una de las parlamentarias y de los parlamentarios es a aumentar presupuestariamente el Fondo, para que se permita a los pueblos indígenas establecer las consultas respectivas y normar de una vez por todas el Convenio N° 169 en el ámbito del Ejecutivo, del Legislativo, que le compete al Congreso, y del Poder Judicial.

El Estado, en su conjunto, debe estar presente para desarrollar, no para seguir escuchando ni lamentando más asesinatos de weichafes.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, a través de mi intervención, me sumo a exigir al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que trabaje de una manera distinta en nuestra zona, en la macrozona sur. Le pedimos que se muestre a favor del diálogo, no solo militarizando, que ha sido una medida muy compleja, sino destinando recursos de manera integral en muchas materias que se necesitan en Arauco y en nuestra zona, entre otras, la relacionada con las tierras.

En materia de gobierno regional, he presentado algunas indicaciones referidas a la Subdere, por el drama que hay en nuestra zona en materia de comités de vivienda, de tomas y de campamentos. Hoy, personas vulnerables no han recibido una solución, por lo que proponemos que el gobierno regional pueda comprar terrenos para esos comités. Hemos dado una lucha al respecto, y lo que se necesita no es la destinación de recursos adicionales, sino el otorgamiento de mayores funciones y atribuciones.

En materia de zona de rezago, también subyace Arauco , presenté una indicación para que se mantenga la descripción de territorio rezagado, independiente de la etapa en que se encuentren las carteras que están ya aprobadas. Se trata de una indicación mediante la cual no se solicitan recursos adicionales, de manera que no es inadmisible, pues solo solicita la mantención de los Resultados de Análisis Técnico Económico (RATE) respectivos y permitir que se siga trabajando esa excepcionalidad en la evaluación.

En materia de Programas de Mejoramiento Urbano, hemos presentado una indicación. Sabemos que la Subdere lo ha hecho, pero queremos dejarlo refrendado en las glosas, en relación con el alza en el precio de los materiales. Creo que es necesario asimilarlo en los programas de empleo. Lo han pedido, también, los propios sindicatos de trabajadores de los programas.

En materia del Tesoro Público, tenemos una deuda tremenda relacionada con los trabajadores del carbón. Luego del cierre de las minas se han hecho varios intentos, a través de la partida Tesoro Público, por la burocracia de muchos decretos que no son dictados; y cuando eso ocurre, en muchos casos la persona involucrada ya no está viva. Por ello, tenemos el drama de viudas de los trabajadores del carbón. Hemos presentado indicaciones al respecto, para que se pueda mantener eso. No son recursos nuevos, sino que tienen que ver con soluciones políticas que se dan en un territorio. Pido que nos acompañen en la aprobación de las indicaciones presentadas en esos programas.

Por su parte, quiero relevar que en materia del Ministerio de Obras Públicas, podamos destinar muchos incentivos en materia de agua potable rural, caminos y conectividad. Eso es clave y necesario para el desarrollo.

Insisto: en materia de viviendas se debe dar una solución al problema de las tomas.

Hay una situación que tiene relación con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, referida a los reclamos de los estándares del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Tenemos personas movilizadas en nuestro territorio, y, en general, a nivel país. Quisiera que diéramos respuesta a esa situación.

Por último, en materia de Carabineros, se necesita mayor dotación y vehículos para la seguridad de cada una de las comunas. Este es un gran tema. Espero que podamos acompañar.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, en la misma línea de lo mencionado por la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, quiero llamar la atención del ministro Rodrigo Cerda en cuanto a lo que está ocurriendo en la Junaeb.

Es un gran mérito lo que ha hecho el director de la Junaeb: fue capaz de unir a todas las federaciones de trabajadoras de Chile para hacerle un paro el día de hoy. No es fácil, porque son federaciones muy diversas, heterogéneas. Sabemos que tienen distintos empleadores; aun cuando el Estado financia, lo hace a través de empresas contratistas o de servicios.

Hoy, los trabajadores de la Junaeb no están pidiendo más plata ni están reclamando el otorgamiento de un bono, por el que hemos luchado y peleado, sino que están planteando que se impuso, en forma arbitraria, un nuevo protocolo para el funcionamiento del programa de alimentación escolar, el cual no es aplicable en las escuelas y liceos en donde trabajan, porque se trata de un protocolo que está pensado para clínicas de salud, incluso para hoteles. En regiones hay establecimientos educacionales que están en zonas muy apartadas o en sectores muy populares, que no cuentan con la infraestructura necesaria para aplicar un protocolo tan exigente.

La presión que hace la Junaeb ha recaído sobre las trabajadoras o las manipuladoras de alimentos, que son las que están viviendo agobio laboral y estrés, lo que ha generado una alta conflictividad laboral.

Por eso, solidarizo con las demandas de las trabajadoras. Ellas están pidiendo congelar los nuevos protocolos y que se arme una mesa de trabajo entre la Junaeb y los sindicatos, con la finalidad de acordar cuáles serán los procedimientos. Los trabajadores de la Junaeb no se niegan a discutir fórmulas de trabajo novedosas para enfrentar los efectos de la pandemia, pero se requiere que esto no se haga de forma autoritaria ni dictatorial, como se está haciendo. Me parece que es algo razonable y nos evitaría un conflicto que hoy está en pleno desarrollo.

También quiero referirme a lo que ocurre no solo con los pueblos indígenas en el sur de Chile, situación que me tiene muy agobiado, sino en el norte y en la Región de Coquimbo.

Actualmente, tenemos una crítica de todos los pueblos que están presentes en la Región de Coquimbo: el pueblo diaguita, el pueblo chango, el pueblo mapuche, que está de luto, como todos los pueblos originarios, y el pueblo colla, porque tenemos una oficina que no tiene atribuciones para resolver las demandas de los pueblos indígenas.

Lo que nosotros pedimos, a raíz de un encuentro que tuvimos con todos los representantes de nuestras primeras naciones, es que en la Región de Coquimbo se instale una oficina de enlace o, derechamente, una dirección regional, para que la Conadi tenga la capacidad de resolver las demandas y problemas que le plantean. Además, se trata de cosas que se proponen en el marco de la institucionalidad; no son demandas o exigencias imposibles de realizar.

Por esa razón, he solicitado al director nacional de la Conadi, Ignacio Malig , que viaje a la Región de Coquimbo, para que se reúna con las comunidades y con representantes de los pueblos originarios para tratar esas materias. Le han pedido reunirse en innumerables ocasiones, pero él permanentemente se ha negado.

Por último, no puedo dejar de expresar mi consternación por lo que ha ocurrido en la provincia de Arauco, en el sur de Chile. Es algo realmente impresionante esta situación, en la cual tenemos a un joven mapuche asesinado por balas, probablemente disparadas -eso es casi seguropor las Fuerzas Armadas o Carabineros. También tenemos una gran cantidad de heridos.

Creo que ha sido conmovedor escuchar el testimonio en la televisión. Lo dice clarito uno de los que estaba presente. Estaban detenidos, debido a incidentes en la carretera. Los autoriza a pasar la policía, y cuando van pasando, un militar se da vuelta y les dispara. Una persona herida, que bajó de una ambulancia, dijo eso. ¿Va a estar mintiendo?

Lo que ocurre es que la militarización de la Araucanía está llevando a esta situación. Por eso, vamos a rechazar, tajantemente, la prórroga que está proponiendo el criminal Presidente de la República. No vamos a autorizar ni a apoyar que se siga generando un estado de excepción que militariza la Araucanía y que está generando muertes. No queremos más muertes de mapuches ni de chilenos.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cosme Mellado .

El señor MELLADO (don Cosme).-

Señor Presidente, es cierto que en la discusión del proyecto de ley de presupuestos para 2022 hay una serie de partidas que se están debatiendo en este bloque, pero nos interesa especialmente lo que está ocurriendo en lo que se refiere al Ministerio de Obras Públicas. Es un ministerio que tiene dentro de sus responsabilidades y atribuciones lo que corresponde al agua potable rural (APR).

Lo planteo porque hemos conversado con el ministro de Obras Públicas, hemos solicitado una audiencia para ver un tema particular que ocurre en la Región de O’Higgins, específicamente en la comuna de La Estrella. Dicha comuna está ubicada en la provincia Cardenal Caro, en el secano costero, y en su centro urbano aún tienen sistema de cañerías de asbestocemento, o sea, de rocalit, y eso significa una serie de problemas de contagios y de contaminación de las aguas en el centro de la ciudad.

Nos han informado que, efectivamente, el proyecto estaría RS; pero hay un proyecto integral, un proyecto que supera los 20.000 millones de pesos.

Estamos conscientes de que eso será a largo plazo; por lo tanto, hemos solicitado que se haga una de las primeras etapas, que es cambiar la red de cañerías del centro de la comuna, y eso significa el 10 por ciento de la inversión.

Estamos preocupados, porque desde el Ministerio de Obras Públicas se ha dicho que, de todas maneras, se licitaría a fin de año, pero todavía no están dispuestos los recursos.

Por lo tanto, solicito al ministro de Hacienda, por su intermedio, señor Presidente, que en la partida 12 Ministerio de Obras Públicas se considere este proyecto, esta iniciativa, que permite que se llame a licitación antes de fin de año, para que la comuna de La Estrella cuente con los recursos en cuestión, pues la comunidad está esperanzada, lógicamente, entendiendo las dificultades de contagios permanentes que tienen y, sobre todo, de aguas que, lamentablemente, no responden a la salubridad necesaria.

Junto con ello, en la partida 05, en el capítulo correspondiente a la Subdere, también hago un llamado para que se considere un proyecto que está RS, que es una adquisición de terreno, sobre todo en tiempos de pandemia, pospandemia ojalá, para que se construya un centro deportivo y recreativo, a través del PMB, en la localidad de La Puntilla, de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

Es un terreno que yo diría que está especialmente ubicado para poder responder a las inquietudes, no solo de la comuna de San Vicente, sino también de las comunas vecinas, como Peumo, Pichidegua , Las Cabras , toda la zona sur del Cachapoal.

Es necesario y urgente tener una respuesta, porque este proyecto lo hemos planteado también en la Subdere hace un tiempo, junto con el alcalde de la comuna, y nos han dicho que bastaría con que contara con los recursos en la glosa presupuestaria para poder avanzar en ello.

Por lo tanto, solicito al ministro de Hacienda que considere esta iniciativa, ya que, de esta forma, también estaríamos dando respuesta a un centro deportivo y recreativo que daría mucha fuerza y, sobre todo, sería un pulmón verde en la provincia del Cachapoal, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

Señor Presidente, solo quiero mencionar que también es urgente que en la partida 13 Ministerio de Agricultura podamos tener mayor incorporación de recursos a través del Indap. Los suelos degradados han afectado mucho a los pequeños agricultores de la zona central del país, especialmente de la Región de O’Higgins, a la cual represento en este Congreso.

Por lo tanto, también necesitamos algún subsidio que permita que la agricultura de nuestro país reciba un aporte por el alza indiscriminada de los fertilizantes, que ha afectado notoriamente a los agricultores de todo Chile, y especialmente a los de la zona central.

En consecuencia, con estas indicaciones esperamos poder dar respuesta a aquellos vecinos que están siguiendo la transmisión de este presupuesto para el 2022.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, en esta breve intervención me referiré a la partida 05, sobre el financiamiento de los gobiernos regionales, particularmente dos indicaciones que he presentado.

La primera tiene relación con las personas que sufren trastornos del espectro autista. La idea es poder agregar estos trastornos a las enfermedades que pueden financiar los gobiernos regionales.

Lo anterior, por la siguiente razón: la evolución de los niños diagnosticados depende en gran medida de la estimulación temprana, la cual debe partir idealmente entre los 2 y los 3 años, para lograr el lenguaje antes de los 5 años, lo que puede determinar, obviamente, un mejor pronóstico, que implica la posibilidad de autovalencia como adultos y poder integrarse a la sociedad.

En el desarrollo de los niños existen ventanas de oportunidades para la adquisición de ciertas habilidades, y en el caso del lenguaje esta es antes de los 5 años. Los avances en esta área en edades posteriores son mucho menores, más lentos y no tienen éxito. Asimismo, para el desarrollo de las habilidades de socialización es muy importante la estimulación temprana. Por todo esto, la terapia constituye una urgencia, ya que el período más efectivo es relativamente corto, breve.

Actualmente, en muchas regiones, y particularmente en la de Valparaíso, los niños no tienen ninguna posibilidad de terapia, primero, porque hay mucha escasez de especialistas, de neurólogos, y, segundo, porque deben costearla los padres o las familias, lo que es imposible para un alto porcentaje de la población.

Por lo tanto, esta glosa solo intenta incorporar en ese listado a las personas que sufren del trastorno del espectro autista, sobre todo a los niños menores de 5 años, para iniciar un tratamiento temprano.

La segunda indicación tiene que ver con agregar subsidios para gastos operacionales a aquellas ONG que se dediquen al bienestar animal. Todos sabemos que en Chile existe maltrato animal, y lo hemos visto en múltiples ocasiones.

Las ONG que se dedican al rescate y refugio de animales domésticos o silvestres no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado: ni de las municipalidades, ni de los gobiernos regionales, ni de los ministerios. Por lo tanto, esa responsabilidad, que debería ser del Estado, ya que mayoritariamente todos los chilenos creemos ser animalistas y muchos dicen sostener esta causa, pero no se asume por nadie, y son finalmente las ONG, formadas por privados, por particulares, quienes deben hacerse cargo de esta tarea tan importante, como, por ejemplo, los gastos de alimentación y de asistencia veterinaria, en que existen muchas necesidades, porque, como sabemos y como he dicho, el maltrato animal en Chile es real.

Es por eso que, junto con otros parlamentarios, estamos pidiendo que esta indicación pueda ser incorporada en la partida, en los gastos para los gobiernos regionales, ya que esto les permitiría subvencionar los gastos operacionales de aquellas instituciones que cumplen con esta importante misión, que creo que una gran cantidad de chilenos apoya.

El siguiente tema al que me quiero referir en este bloque tiene que ver con las rebajas al subtítulo 22, de la partida del Ministerio de Defensa Nacional, que afectan seriamente las capacidades operativas de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, por su función no solo respecto de la defensa nacional, sino por otras responsabilidades que tiene principalmente la Armada.

Aquí ya se ha dicho que la reducción del subtítulo 22 va a afectar las actividades operacionales en materia de fiscalización marítima y de apoyo a las zonas aisladas del país, a muchas islas que están en el territorio austral, en las regiones Décima, Décimo Primera y Décimo Segunda, que son ayudadas y apoyadas permanentemente por naves de la Armada de Chile o de la Fuerza Aérea, que incluyen también el patrullaje aeromarítimo de una vasta zona en que Chile ha asumido responsabilidades internacionales, la fiscalización de toda la actividad pesquera -naves extranjeras que vienen a pescar en territorios de soberanía nacional y que no pueden ser controladas si no existen los recursos necesarios, no solo para pagar el petróleo de estas naves que patrullan, sino también para la mantención que significa y el entrenamiento de sus tripulaciones-; sobre las áreas marinas protegidas, el control del tráfico de drogas, del tráfico de armas, en fin. Esos dineros son fundamentales para mantener las aeronaves que tienen como misión cumplir en resguardo de nuestra seguridad.

También, de acuerdo con las indicaciones que presentaron en la comisión mixta, habrá una disminución de las horas de vuelo destinadas a aeronaves para tareas de vigilancia, protección y salvataje de la vida en el mar.

Ya se acerca a pasos agigantados la nueva temporada de verano; hay que salvar vidas. Ustedes siempre ven helicópteros de la marina rescatando personas que se están ahogando y que son llevadas rápidamente a un hospital o a un centro asistencial. Bueno, van a disminuir en casi dos tercios los recursos destinados a estas aeronaves y para hacerles la mantención necesaria para que puedan seguir cumpliendo con su misión.

Se van a reducir estos recursos. Y esto se lo digo especialmente a los diputados del distrito N° 7. Nosotros tenemos dos territorios insulares, fundamentalmente Juan Fernández e Isla de Pascua, que reciben apoyo importante de la Armada y de la Fuerza Aérea de Chile. Esto significa que no se podrán realizar todos los vuelos que la Fuerza Aérea tiene proyectados a Isla de Pascua, que son seis al año, y solo se podrá realizar un tercio: dos de seis.

Explíquenles a los isleños de Rapa Nui que solamente va a llegar un avión al semestre y no seis aviones al año, como hasta ahora, con lo que eso significa para los costos de muchas materias primas que requieren los isleños en ese alejado territorio nacional, y lo mismo sucederá en Juan Fernández .

Tampoco podrá hacer sus viajes el buque Cirujano Videla , que presta atención médica, en particular en las islas de la zona sur y austral del país.

Por lo tanto, llamo a rechazar estas indicaciones de la comisión mixta, porque son gravísimas. Van a tener un impacto grave en el plan de reparaciones de todas nuestras unidades marítimas en los astilleros, fundamentalmente en Talcahuano y Valparaíso. No habrá un adecuado mantenimiento de los motores de las aeronaves, ya sean navales o de la Fuerza Aérea, y va a afectar directamente la disponibilidad de más de 20 aeronaves y de unidades marítimas que se encuentran actualmente inoperativas y que requieren hacer overhaul o mantenimiento.

Esto también afecta al SHOA, en un país en que cada cierto tiempo tenemos terremotos y maremotos. El último ocurrió el 2010, y en esa ocasión todos criticaron la acción del SHOA, que, por falta de equipamiento y de financiamiento, no pudo dar un pronóstico adecuado y oportuno. Pues bien, esto va a afectar también a todo el equipamiento del que dispone el SHOA, que en muchos casos presenta obsolescencia tecnológica y deterioro, lo que perjudica las actividades fundamentales que el SHOA debe cumplir para prevenir los desastres que puede provocar un maremoto.

Esto también afecta a la Fuerza Aérea, en especial a los aviones F-16, que deben tener una mantención permanente para conservar su capacidad disuasiva. Con esta medida algunos quedarán obsoletos, y Chile va a tener un problema en su zona norte, porque nuestro principal sistema de armas, el más importante para mantener nuestra capacidad disuasiva, va a perder un 60 por ciento de sus posibilidades de operación y de entrenamiento de sus tripulaciones.

Hay que recordar que, en materia de gastos reservados, que también ha sido bajado a un peso, se va afectar fundamentalmente la función que cumple la Directemar, porque es ella la que obtiene información sobre el tráfico de drogas y de armas en nuestros puertos.

Llamo a los diputados a la sensatez. No por razones ideológicas vamos a afectar los gastos operacionales que están en el subtítulo 22 de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Hay que aclarar que esto no es para comprar armamento, sino para mantener lo que hay y poder seguir cumpliendo la misión que he relatado brevemente, porque las Fuerzas Armadas, con sus aeronaves y buques, cumplen una función social en muchas partes de nuestro territorio, y van a quedar sin el financiamiento adecuado para seguir cumpliendo con sus tareas y con la misión que todos les hemos encargado.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, los ciudadanos y ciudadanas de Tarapacá pagamos nuestros impuestos. ¿Por qué recalco esto? Porque en nuestra región se produce la actividad minera, pero los excedentes de la minería son secuestrados por las grandes corporaciones transnacionales. Los impuestos por la riqueza que se crea en nuestra región se pagan en Santiago y quedan, fundamentalmente, en el gobierno central, sin retribuir nada a nuestras regiones. Siguen siendo muy mezquinos los aportes, porque esa es la forma cómo funciona el centralismo, y por eso se requiere un proceso de descentralización.

La reestructuración de los programas de transferencias de los recursos de los gobiernos regionales, si bien es importante, no basta. Se requiere con urgencia que el gobierno regional pueda disponer, por lo menos, del 5 por ciento de emergencia para enfrentar, por ejemplo, la crisis migratoria que nos impacta fuertemente, la cual aunque ya no está en las noticias, en Tarapacá la vivimos diariamente, porque sigue ocurriendo.

La Región de Tarapacá necesita recursos especiales y que el gobierno regional tenga facultades para utilizar esos recursos en las contingencias críticas por las que pasa nuestra región.

No podemos sentirnos integrados a un país que nos niega la base material para ejercer la labor estatal, sin recursos, sin los dineros necesarios para que el gobernador regional y el gobierno regional puedan ejercer su labor. La presencia militar, los desfiles, las estatuas y los arreglos florales no bastan para hacernos sentir chilenos y chilenas.

Nos despojan de nuestros recursos y después nos niegan que estos sean utilizados en lo que consideramos urgente y pertinente en nuestra región. Por eso, hablamos de un proceso de descentralización. Es importante que los recursos se destinen como corresponde, y eso lo hacemos en la discusión presupuestaria.

Migración y Extranjería requieren mayores recursos para movilizar funcionarios a los puntos de ingreso en la frontera y no seguir empotrados en escritorios en Iquique, esperando que la crisis migratoria cese, acumulando carpetas en algún archivador.

La supuesta capacidad del Estado de preservar el territorio y desplegarse en él no lo vemos en Tarapacá. Por lo anterior, se requieren recursos y facultades para utilizarlos, según la discrecionalidad de las autoridades que representan la soberanía popular en el territorio.

No necesitamos que nos sigan tratando como interdictos, sin la capacidad de discernir a la hora de definir qué hacer con nuestros recursos, porque son nuestros recursos.

Estamos pagando un gran costo ambiental en Tarapacá por la acción de la minería, por la falta de fiscalizaciones y por una serie de situaciones que están ocurriendo, como, por ejemplo, lo que están viviendo nuestras caletas, el cambio climático global y la crisis hídrica.

Necesitamos una política de APR que efectivamente dé respuestas a las necesidades de nuestra región, como, por ejemplo, la instalación de plantas desalinizadoras y, por eso, estamos presentando una indicación al respecto, para dar respuesta a las caletas. Ahí viven con dos o tres litros de agua cada dos o tres días cuando no hay camiones aljibe que los provean, que ya es una política errada, que no está a la altura de los requerimientos del siglo XXI. Tenemos que generar las condiciones para que las caletas se puedan autoabastecer, pues hay una demanda hídrica.

Otra situación importante que vivimos en nuestra región es que todavía no se cuenta con un edificio gubernamental, en circunstancias de que hace más de 12 años se creó la provincia del Tamarugal. No tenemos un centro cívico que acoja a los servicios públicos y dé respuesta a las demandas de una provincia rural.

Hoy se gasta mucho dinero en arriendos o se debe viajar a Iquique a realizar trámites. Necesitamos infraestructura, un centro cívico, que es la gran demanda de la provincia del Tamarugal. No podemos hoy seguir discutiendo en función de migajas y prebendas, queremos respuestas.

Por último, respecto del Ministerio de Defensa Nacional, que mencionó un diputado de la vereda de enfrente, todos los ministerios están siendo recortados –es verdad-, pero también los ministerios de Educación, de Salud y de Cultura son muy importantes para el país, y con las rebajas que se están realizando en bienes y servicios de las Fuerzas Armadas, podemos destinar esos recursos a esos ministerios que –reiteroson sumamente importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. La educación, la ciencia, la cultura y el arte son una necesidad mayor y fundamental más que jugar a la defensa y a la seguridad nacional.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, respecto de los dichos del diputado Núñez , quiero pedir que se borre del acta el insulto del cual ha sido objeto el Presidente de la República, llamándolo criminal.

Así que solicito que se retire del acta dicho calificativo. Entiendo la apasionada defensa del diputado Núñez por el terrorismo que hay en la Región de La Araucanía, pero no compartimos su opinión.

Quiero referirme a tres grandes temas que tienen permanentemente complicada a la Región de Ñuble, y que es la postergación económica de la cual somos objeto. Somos la segunda región más pobre del país, pero, afortunadamente, este presupuesto 2022, a pesar de los recortes en algunas materias, tiene algunos aumentos que para nosotros son contundentes e importantes, como, por ejemplo, en materia de obras hidráulicas, que aumenta en casi 10 por ciento; en obras de vialidad, que crece en 9,6 por ciento, y también en materias de agua potable rural.

¿Por qué es tan relevante esto? Bueno, solo quiero dar un par de cifras.

En la Región de Ñuble, apenas uno de cada cuatro caminos está pavimentado, y, por lo tanto, la postergación es evidente. Estos pavimentos no solo mejoran la calidad de vida, sino que generan desarrollo y empleo en distintos sectores rurales apartados.

Quiero dar a conocer una inquietud.

Tengo una lista de los proyectos de agua potable de la Región de Ñuble. Leeré tres: Llahuimávida , en San Carlos; Carán y San Luis de Arizona. Esos tres proyectos ya estaban financiados, pero no llegó ningún oferente por el problema del alza en los precios de los materiales. Evidentemente, para las empresas hoy no es negocio hacer esas obras que para las personas son de gran necesidad. Hablamos de agua potable, de algo esencial para vivir, no de otra cosa. No puede ser que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tenga un rol tan definitivo para llevar obras adelante que son de absoluta necesidad, como el agua potable.

El Estado funciona de manera muy lenta. Tengo aquí en mi mano una lista de tres proyectos en Bulnes. Hicimos los pozos profundos en 2012, y hoy, en 2021, estamos terminando el diseño, no obstante que los pozos, como digo, ya están hechos. Entonces, el Estado funciona mal en desmedro de las personas.

La eficiencia del Estado y la continuidad de las políticas públicas deben ser efectivas. No puede ser que cambie el gobierno y los proyectos queden a mitad de camino. La que paga las consecuencias de eso es la gente más humilde que vive en los sectores más apartados.

También quiero señalar que tenemos una necesidad evidente respecto de las obras de construcción, como son los caminos pavimentados. Tenemos una meta de 100 kilómetros al año, la que, afortunadamente, se ha ido cumpliendo; pero ello es absolutamente insuficiente, porque quiere decir que recién en veinte años más vamos a lograr dar calidad de vida a nuestra gente de los sectores más apartados.

También quiero referirme al presupuesto del Ministerio de Agricultura, ya que tiene un recorte importante en varios ítems. No obstante, junto con el esfuerzo que se ha hecho en materia de agua potable desde el Ministerio de Obras Públicas, quiero destacar el importante incremento de 9,4 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, considerando que ya en 2021 los proyectos de dicha comisión habían aumentado en 53 por ciento. ¿Por qué es tan relevante eso? Porque se prorrogó la vigencia de la ley N° 18.450 en doce años, poniendo énfasis en los pequeños agricultores. Los proyectos en carpeta no son para los grandes agricultores, como se venía haciendo, sino que se concentran en la pequeña agricultura familiar campesina que representamos en la Cámara.

Quiero señalar que los bonos de riego aumentaron a más de 100.000 millones de pesos, lo que significa un aumento de 22.000 millones de pesos, ello como consecuencia de que la Comisión Nacional de Riego ha ejecutado adecuadamente los recursos durante estos años.

No evaluamos positivamente el recorte de 6,48 por ciento que se hace en la ley N° 20.412, que establece un sistema de incentivos para fomentar la recuperación de suelos degradados para uso agropecuario. Lamentamos que se haga un recorte, porque ese programa ha sido muy importante para recuperar tierras que hoy están, en algunos casos, deforestadas o erosionadas. Es necesaria su recuperación, para hacer productivos esos suelos. Necesitamos hacer un cambio importante para que ese proceso sea mucho más eficiente.

El Servicio Agrícola y Ganadero mantiene su presupuesto con una relativa normalidad, pero echamos de menos que tenga un aumento importante de recursos por la gran cantidad de tareas que se le asignan. Tiene una cantidad enorme de tareas que todos los días aprobamos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por ejemplo, en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural le dimos una nueva atribución para que siga fiscalizando los vinos y también la importación de granos con la denominada ley de muestra y contramuestra. Es decir, se le entrega una serie de atribuciones, pero no nuevos recursos para que pueda actuar.

Respecto del ítem vivienda, considerado uno de los más importantes junto con agua potable y caminos en la Región de Ñuble, quiero hacer algunos comentarios.

Nos parece que, efectivamente, tenemos un aumento de viviendas en la Región de Ñuble. Agradecemos al exministro Cristián Monckeberg y al actual ministro Felipe Ward , quienes nos han tratado con bastante consideración. En tres años hemos llevado casi 9.000 subsidios a la Región de Ñuble, acortando la brecha de enorme desigualdad social que hay en esa materia; sin embargo, debemos cambiar algunos criterios.

Los subsidios habitacionales que hoy se entregan son de muchísima mejor calidad, consideran más metros cuadrados y la calidad de la vivienda es mucho mejor que hace quince o veinte años, antes del terremoto. ¿Por qué lo digo? Porque antes del terremoto, en el gobierno de la Presidenta Bachelet , se entregaron casas de veinticinco metros cuadrados. La gente que tuvo acceso a ellas hoy no tiene derecho a subsidio habitacional para cambiar su casa o simplemente ampliarla, porque ya recibió un subsidio. Me parece de un descriterio enorme que esas personas no puedan acceder a mejores beneficios sociales que hacen una diferencia muy grande en su calidad de vida.

Por ejemplo, en el sector de Islas del Sur, en Chillán, se entregaron hace un par de décadas casas con baños en el segundo piso. Hoy, esas personas son adultos mayores y no pueden subir al baño. La política habitacional no se hace cargo de esas cosas prácticas. Por lo tanto, hay que cambiar los criterios para llevar beneficios reales a los que más los necesitan.

Sugerimos en una indicación que exista un subsidio especial para la reparación de sedes sociales, a fin de que los organismos de la sociedad civil se puedan fortalecer y seguir funcionando adecuadamente.

Por otra parte, debe haber una consideración especial respecto del aumento del costo del material en relación con los subsidios ya entregados. Hay una cantidad importantísima de subsidios entregados que no se van a poder ejecutar, justamente, porque tenemos un aumento en el costo del material, de la mano de obra y de otros insumos que hacen que la obra hoy cueste mucho más cara. Por lo tanto, hay proyectos detenidos; la gente tiene el subsidio en la mano, pero no se pueden ejecutar los proyectos por esos y otros motivos.

Respecto del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia solo quiero decir que creemos que es de toda justicia que si bien los bonos han disminuido, debemos considerar otro tipo de beneficios, como el que hemos hablado con la ministra Karla Rubilar . Me refiero a un bono, ayuda económica o pensión al cuidador, es decir, a quienes entregan su vida para cuidar a algún familiar postrado, ya sea adulto mayor o joven. En la comuna de San Carlos, una madre tiene a dos hijos postrados, y, por lo tanto, entregó su vida entera a cuidarlos sin ninguna ayuda económica por parte del Estado. Creemos que una ayuda al cuidador de adultos mayores postrados o de niños con deficiencias puede ser una buena solución para miles de personas que hoy esperan algún tipo de colaboración.

Creemos que es necesario que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia también se haga cargo de algunas desigualdades, como, por ejemplo, la que se produce en relación con la conectividad en los sectores rurales. Hemos visto cómo la pandemia nos develó que en Chile la igualdad es bastante relativa. Unos son más iguales que otros. Hoy, nuestros pequeños de los sectores rurales no tienen conectividad. Esa es una ayuda urgente que debemos entregar para ir emparejando la cancha y, de alguna manera, haciendo que los lugares más postergados, más apartados de la Región de Ñuble y de todos los sectores rurales de Chile, puedan tener igualdad de oportunidades respecto de los niños que tienen el privilegio de vivir en el centro de las ciudades.

He dicho.

El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, aprovechando la presencia del ministro, quiero plantear algunos temas de carácter sectorial. Como sabe, la partida del Ministerio de Educación fue rechaza en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y lo más probable es que en esta Sala volvamos a rechazarla por diferencias de fondo que tienen que ver con algo muy central para la sociedad chilena como es el fortalecimiento de la educación pública. En ese contexto, hay dos hechos puntuales: las manipuladoras de alimentos y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Las manipuladoras de alimentos han sido apoyadas transversalmente en esta Cámara por todas las bancadas parlamentarias. La bancada del Partido Socialista ha sido un aliado histórico de las manipuladoras de alimentos.

Hay un conflicto de tres elementos que quiero transmitir al ministro. Uno tiene que ver con la carga de trabajo administrativo, lo que hoy está siendo resuelto a través de un acuerdo con la Junaeb. Pero hay dos elementos que la ley de presupuestos tiene que abordar -espero buscar un acuerdo en el Senado si no se produce aquí-: uno tiene que ver con que no se puede mejorar el programa y la calidad de la alimentación, y tener más exigencias y estándares, mientras tenemos cocinas precarias. La infraestructura física donde tiene que desempeñarse la labor de la prestación del servicio de alimentación no es digna.

Por lo tanto, hay que incorporar una glosa que comprometa al gobierno, durante el primer semestre, a hacer el estudio de brechas de infraestructuras de las cocinas, para hacer un plan de inversión que mejore esas condiciones físicas.

Lo segundo, hemos presentado una indicación para que alguna vez algún gobierno entregue los fundamentos del coeficiente de carga de trabajo de setenta raciones por manipuladora de alimentos, que jamás se ha entregado. También se requiere una glosa que le dé un plazo al gobierno para indicar cuáles son los fundamentos técnicos de esa carga de trabajo.

En segundo lugar, quiero plantear la situación que viven los asistentes de la educación. Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, este Parlamento legisló para que derechos que están contemplados en el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública se hicieran efectivos cuando se produjera el traspaso a los servicios locales de educación y financió la ley con un cronograma por año; pero el gobierno postergó la entrada en vigencia de los servicios locales de educación, de diez de los quince servicios locales de educación que entrarían en vigencia en el 2022. Eso también posterga, por ejemplo, el reconocimiento de bienios y los pisos salariales del sector público para los asistentes de la educación. O sea, esto va en contra de lo que legisló la propia Cámara de Diputados, la que además entregó recursos para que eso fuera financiado.

Hay que homologar los beneficios a los asistentes de la educación. No es posible que la postergación de los servicios locales de educación haga algo que el Parlamento legisló para que no ocurriera: postergar la entrada en vigencia de beneficios laborales que estaban financiados, que contaban con recursos que habían sido aprobados por esta Cámara.

Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, quiero decirle que con el ministro del Trabajo, en el reajuste del sector público para el año 2019, llegamos a un acuerdo que permitió en el caso de los programas de empleo tener un plan de retiro. Eso benefició a cerca de dos mil trabajadores que tenían la edad para jubilar. Eso le implicó al Estado un ahorro al año de cinco mil millones de pesos. O sea, es un acuerdo que le ahorra al Estado cinco mil millones de pesos por año. Entonces, no tiene sentido no volver a estructurar un acuerdo en el marco del reajuste del sector público, porque el Estado se ahorra cinco mil millones de pesos llegando a ese acuerdo. Yo le pido que volvamos a estructurar ese acuerdo en el marco del reajuste del sector público.

Finalmente, me sumo a reiterar la voluntad de llegar a un acuerdo para incorporar una glosa que permita reconocer la situación de viudas de exmineros del carbón. En la partida del Tesoro Público voy a hacer una propuesta mediante una indicación, que no es solo mía, sino también de la bancada del Partido Comunista, de mi colega el diputado Gastón Saavedra y de la diputada Joanna Pérez , que esperamos que pueda ser recogida en el marco de este debate del proyecto de ley de presupuestos…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, voy a centrar mi intervención en la partida 09 Ministerio de Educación, específicamente en la educación pública y en cómo este gobierno ha tenido un accionar insuficiente, por decirlo de manera suave, en la implementación de la nueva educación pública.

Es incomprensible la reducción presupuestaria en ocho de los once servicios locales de educación, lo que, en total, representa 14.596 miles de millones de pesos. También es incomprensible la reducción del Fondo de Apoyo a la Educación Pública sin un aumento del programa de Fortalecimiento de la Educación Pública. Creo que es algo que no podemos permitir.

Ahora bien, un problema previo a esta discusión presupuestaria es cómo financiamos el sistema educativo en Chile, no solo la educación escolar, sino también la educación superior. El sistema de financiamiento vía váucher es una de las medidas que dificulta la implementación, en este caso, de la educación pública.

Los recursos establecidos en la ley de presupuestos son el tope máximo de lo que debiese ser el ingreso, pero en la realidad el ingreso es menor, dada la asistencia-matrícula, lo que conlleva una situación financiera muy compleja para los establecimientos educacionales. Lo que hace este componente variable es hacer insostenible el sistema educacional, dado que no se logra financiar los servicios locales de educación como tales.

El caso más cercano que tenemos es el Servicio Local de Educación Pública Valparaíso, el cual proyecta para 2021 un déficit de 5.637 millones de pesos, es decir, por cada 100 pesos de ingreso se están gastando 108 pesos en remuneraciones. Ese servicio local está completamente desfinanciado, el cual, como los demás, lleva muy poco tiempo de funcionamiento.

Frente a este nefasto escenario, que es conocido y que no es aislado, porque, como señalé, se repite en ocho de los once servicios locales de educación, el gobierno está disminuyendo los recursos de los servicios locales; no solo no está ayudando a paliar el déficit, sino que agudiza la situación en la que se encuentra la educación pública. Evidentemente, eso conlleva consecuencias bastante terribles para los trabajadores y trabajadoras de la educación, para las comunidades educativas y, en definitiva, para la educación que se entrega a los niños, niñas y adolescentes.

La partida del Ministerio de Educación fue rechazada por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Precisamente, a raíz de cuestiones como esta -lo que pasa con los servicios locales de educaciónes muy importante que mantengamos ese rechazo en los distintos puntos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, el presupuesto de cultura cae dramáticamente, ya que tiene una rebaja de 13.208 millones de pesos, de los cuales 11.236 millones de pesos corresponden a recursos asignados por el Fondo de Emergencia Transitorio (FET).

En el caso del presupuesto regular, las principales caídas de esta partida, además de los recursos del FET, se concentran, entre otros, en los siguientes ítems: transferencia a otras instituciones colaboradoras, 160.270 millones de pesos; actividades de fomento y desarrollo cultural, 1.328 millones de pesos; centros de creación y desarrollo artístico de niños, niñas y jóvenes, 223.787 millones de pesos.

Como dice Bertold Brecht , todas las artes contribuyen al arte de saber vivir. La cultura no solo es un reflejo de lo que somos como pueblo; es, además, un reflejo de lo que queremos llegar a ser: un intercambio de saberes, un nexo que une a los pueblos y los nutre de entidades diversas. Nuestro pueblo que crece es un todo en esa diversidad cultural, donde fluyen la música, el teatro, la danza, la poesía, lo callejero, los paisajes, los patrimonios y un sinfín de expresiones nuevas. Esa diversidad es vital. Somos responsables de cuidar esa creatividad revolucionaria y de construir territorios con más alma, corazón y vida.

Sobre este punto, sigue resonando la frase de la directora general de la Unesco, cuando dice: “Repensar el futuro de la cultura significa verla como mucho más que un sector económico. Es una necesidad global que apoya todos los aspectos de nuestra sociedad”.

Sin embargo, si revisamos este proyecto y su propuesta de presupuesto, seguimos encontrando lo mismo que hemos visto durante estos cuatro años: un menosprecio, un desprecio, un abandono hacia las personas trabajadoras de las culturas, quienes, para el próximo año, nuevamente verán mermados los recursos, considerando además el recorte presupuestario para el sector público vinculado a la cultura, con rebajas que incluyen hasta 12,5 por ciento para las funcionarias y los funcionarios de Subsecretaría de las Culturas y las Artes de Chile.

Las trabajadoras y los trabajadores de la cultura forman parte de un sector especialmente afectado por la pandemia. Este es nuevamente un presupuesto chantajeador, porque en las medidas implementadas por este gobierno no ha habido voluntad política para elaborar un paquete robusto de medidas en ayuda de este sector. Las personas trabajadoras han sido maltratadas durante estos cuatro años y fueron profundamente afectadas por la pandemia. Por eso, hemos insistido en llegar al 1 por ciento.

Nos interesa democratizar la cultura, que se logre una real participación de los pueblos, de los territorios, entregando más diversidad, más colores y más sabores. Debemos recuperar más barrios para las futuras generaciones; debemos incentivar una niñez interesada en nuestra cultura e identidad; debemos ser capaces de mostrarles otros horizontes; debemos recuperar más espacios públicos para lograr la expresión y la creación barrial, pero para eso necesitamos lograr un reconocimiento del Estado.

Este año, como ya es costumbre con este gobierno, rechazaremos esta partida y seguiremos peleando por un presupuesto digno en cultura, en las instancias que continúen, para que la cultura nos siga enseñando el arte de saber vivir.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, en este bloque quiero explicar cuatro indicaciones que hemos presentado.

La primera, a la partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a los delegados presidenciales, para ser más específico. Tal como lo anunciamos con nuestro gobernador Rodrigo Mundaca en la Subcomisión Mixta de Presupuestos, ingresamos la solicitud de votación separada para rechazar el presupuesto para los delegados presidenciales. Y si eso no lo logramos, hemos ingresado otra indicación, para reducirlo a 1.000 pesos. Esto, en la partida 05, capítulo 02, programa 01.

Vamos a defender el proceso de descentralización, porque en nuestra Región de Valparaíso hemos constatado cómo el delegado presidencial intenta dificultar la gestión del gobernador Rodrigo Mundaca , electo democráticamente; porque hemos constatado cómo el delegado presidencial ha intentado fabricar conflictos en nuestra región.

El democráticamente electo gobernador apoya las soluciones, a la comunidad y defiende la naturaleza, tal como ocurrió ayer en el estero de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, donde retroexcavadoras contratadas por el Ministerio de Obras Públicas operaban en el cauce del estero de Reñaca, un humedal de Viña del Mar. Ante el llamado de la comunidad, nuestro gobernador Mundaca y la alcaldesa Macarena Ripamonti , en terreno, lograron suspender las obras, hasta que la comunidad tenga la certeza de que no se dañará el ecosistema del lugar.

Los ejemplos sobran. Mientras en Coquimbo los representantes de Sebastián Piñera trabajan activamente para que se apruebe el proyecto minero portuario Dominga , la gobernadora electa democráticamente, junto con las comunidades, defienden su región en contra del proyecto. Las regiones se están poniendo de pie y ningún delegado, cuoteado políticamente desde dos comunas de Santiago, podrá acallarlas.

Defenderemos el proceso de descentralización, y solicitamos presupuesto cero para los delegados presidenciales.

Otra indicación que quiero explicar es la glosa informativa respecto de armas acústicas. Me refiero a la partida 05, capítulo 31, programa 01, glosa 06. Esta glosa ya viene del proyecto del Ejecutivo con la necesidad de explicar las armas menos letales, pero nosotros hemos especificado respecto de las acústicas.

Respecto de las armas acústicas (LRAD), tenemos evidencias de que Carabineros de Chile, desde el 2008, dispone de esos elementos; sin embargo, ante un recurso que interpusimos ante la corte, Carabineros no entregó información alguna. Por eso, hemos incorporado en la glosa que se debe informar respecto de todos los detalles, para tener la certeza de que no correrán riesgo la salud de las personas y de los animales de nuestras ciudades, que podrían verse afectados por estos dispositivos tenebrosos.

Las últimas dos indicaciones son a la partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Una es para colaborar con la concreción de los parques interurbanos: partida 18, capítulo 25, programa 01, glosa 05.

El problema es que la política nacional de desarrollo urbano, aprobada en 2013 por el Ministerio de Vivienda, plantea como objetivo principal el desarrollo de ciudades sustentables que mejoren la calidad de vida de las personas, asegurando un acceso equitativo, inclusivo y de buena calidad a bienes públicos urbanos. Esto, que suena muy bonito, no se ha logrado concretar. El caso específico es la comunidad del sector ubicado en el pulmón verde de Reñaca Alto. Allí, en 2011, nace la Corporación Pulmón Verde, con motivo de proteger el cerro La Mina, ubicado en un sector de Reñaca Alto. Esta corporación surge por la preocupación que ha generado el explosivo aumento demográfico de la ciudad de Viña del Mar, en los últimos años, afectando directamente a ese sector.

La comunidad temía perder la única área verde que les iba quedando. En el lugar, las vecinas y los vecinos de Reñaca Alto practican deportes, tienen educación ambiental, encumbran volantines y hacen actividades comunitarias. En 2013, la comunidad organizada, en defensa del pulmón verde de Reñaca Alto, logró que la institucionalidad del Estado comenzara el proceso para designarlo parque urbano. En 2014, el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) incorporó el parque Reñaca Alto como un parque intercomunal, que se sumaba al Sausalito y al Jardín Botánico. El problema es que esto involucraba terrenos privados, y es ahí donde estamos parados.

Todas las instituciones quieren que sea parque, pero nadie pone los recursos para la compra de terrenos. Para darle continuidad a la política pública de creación de parques urbanos, dotándolas de presupuesto, hemos solicitado de todas las formas que se le asigne presupuesto para que el Estado pueda cumplir con los objetivos fijados en 2014.

El problema es que el Estado grava el parque intercomunal, pero no provisiona o define la línea de financiamiento para su materialización. Hemos estudiado a concho, en el proyecto de ley de presupuestos, la partida Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y hemos encontrado, en el capítulo 25, programa 01, glosa 05, que el Serviu deberá informar los avances del parque Barón de Valparaíso. En tal virtud, hemos sumado el parque intercomunal de Reñaca Alto, en Viña del Mar, para apoyar el propósito de la comunidad, que también es propósito del Estado, de materializar, después de tantos años de trabajo y de lucha de vecinas y vecinos, el parque que soñamos en el territorio protegido que Viña del Mar merece.

La última indicación, también relacionado con Vivienda, partida 18, capítulo 01, programa 01, subtítulo 13, ítem 02, asignación 200. Hemos introducido una glosa nueva para reajustar el financiamiento de proyectos habitacionales cuyos costos hubiesen sido alterados producto de la pandemia. Con cargo al Fondo de Emergencia Transitorio del Minvu, se podría reajustar el financiamiento de aquellos proyectos habitacionales que se encuentran en etapa de desarrollo, cuyo monto se hubiese visto alterado producto de la pandemia. Queremos colaborar con el Serviu de Valparaíso, para no tramitar más a las familias que esperan cumplir el sueño de la casa propia, como las del comité Los Alerces, de Concón, quienes llevan más de 20 años de constituidos. Los vecinos del comité recibieron el subsidio del Minvu en 2013 -¡2013!-; sin embargo, después de mucha espera, trámites y demoras, cuando se empezaba a concretar el proyecto pensado para 120 familias, el Serviu les informa que había un aumento en los costos, producto de todas las demoras y de las crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, necesitamos dotarlas del financiamiento adicional que se requiere, para dejar de tramitar a esas familias y otorgarles lo que por derecho merecen.

Estos proyectos dependen de la voluntad del Ministerio de Vivienda, en orden a efectuar las asignaciones directas, para que el costo del proyecto, que supera el subsidio, pueda ser subsanado. Por eso, apostamos a que el Fondo Transitorio de Emergencia, contemplado en la partida Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que suma más de 268.000 millones de pesos, ayude a concretar el sueño del comité Los Alerces , de Concón, pero también de los otros comités que siguen esperando la casa propia.

Eso es lo que puedo explicar respecto de nuestras indicaciones en este bloque.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, tal como decíamos al inicio de esta discusión, momento en que estamos discutiendo el bloque 2, que incluye los ministerios de Vivienda y Urbanismo, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Obras Públicas, etcétera, quiero precisar algunas materias que tienen que ver con el apoyo, más o menos preciso y contundente, a las regiones de Chile.

Particularmente, me preocupan, señor ministro, los asuntos relacionados con la vivienda y la política habitacional. Sé que es una tarea para el próximo gobierno; sin embargo, hay que preparar el presupuesto para ello, porque creo que la política habitacional ha venido siendo equivocada, por cuanto hoy tenemos 600.000 familias allegadas sin vivienda y más de 1.000 campamentos, el número más alto desde el retorno a la democracia. Hay que recordar que cuando tuvimos alrededor de 900 campamentos se creó el programa Chile Barrio, particularmente para su erradicación. Hoy, dado que tenemos 1.000 campamentos en el país y una cantidad de allegados nunca antes vista, debemos tomar decisiones que son políticamente urgentes de tomar.

No hay nada más complicado para una familia que no tener un espacio en donde consolidar la familia, desarrollar el hogar, hacer la vida que una familia hace, por ejemplo, la intimidad de la pareja, la crianza de los chicos, en fin. Se hace muy complicado cuando todo recae en ese espacio físico donde la familia se protege.

La situación actual es muy preocupante, porque hemos venido viendo la falta de terrenos disponibles para construir, hemos venido viendo cómo el Serviu, particularmente en la Región de Los Lagos, ha venido dando tropezón tras tropezón y tumbo tras tumbo prometiéndole a la gente cuestiones que hasta el momento no resuelve y con excusas. Se han devuelto dineros que, aunque administrativamente se podrán recuperar, significan finalmente “chutear para adelante”.

Hoy, cuando vemos el caso de Ñancul, donde hay que firmar una promesa de compraventa, no se hace; cuando vemos el caso de Llonquén, donde hay que cambiar de un subsidio a otro y la gente tiene los terrenos, no se hace; cuando vemos el caso de Malalhue, donde se ha dicho: “No, no hay postergación”, en la práctica todavía no se firman las compras de los terrenos. Todo ello ocurre porque el cuello de botella de la vivienda en Chile es la disponibilidad de terrenos.

No pueden asignarse valores para subsidios, que de hecho ya son bajos -25.000 viviendas, para resolver los problemas nacionales.

En el caso del gobierno interior, debo decir que el saldo final de caja es un imperativo que hoy requieren los gobiernos regionales. Uno puede ser crítico de la gestión y de su efectividad, particularmente en términos de gasto, pero la verdad es que también hay que entender que en pandemia todo se retrasó, no siendo todo atribuible a los propios gobiernos regionales. Por lo tanto, lo que estos no puedan gastar perfectamente puede ser parte del presupuesto de esos mismos gobiernos regionales en todo Chile. Estoy hablando de los 16 gobiernos regionales que están quedando con saldo de caja sin poder gastar. Esa sería una muestra de descentralización.

Particularmente, me preocupa lo que está ocurriendo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sobre el Fondo de Tierras y Aguas para las comunidades indígenas. Este ha sido el peor año -creoen todos los que llevamos de democracia respecto de lo que significa el Fondo de Tierras. Prácticamente no ha habido la gestión que se requiere. Conversaba con la lonko Donalda , de La Unión, hace un par de días: tiene cinco años de estar postulando, repostulando y repostulando, pero no hay respuesta, así como muchísimas otras comunidades indígenas.

Por último, “APR, APR, APR” es la consigna para agua potable en todas las comunas de Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ramírez .

El señor RAMÍREZ.-

Señor Presidente, en los primeros días de marzo de este año y después de 93 años, el Consejo de Monumentos Nacionales tomó la decisión de retirar la estatua del general Baquedano de su lugar en la plaza Baquedano . Esta era la tercera vez que el Consejo de Monumentos Nacionales lo discutía. Las dos primeras veces se había negado a hacerlo, pero en vista de la evidencia que se le había entregado en relación con los daños en la base producto del fuego y de los daños en la estatua, ya que habían utilizado sierras para romper las patas del caballo del general Manuel Baquedano , finalmente fue retirado, pues el monumento corría riesgo de ser completamente destruido y de caer, incluso poniendo en riesgo la vida de personas.

En la madrugada del 12 de marzo, en la mitad de la noche y mientras un contingente militar le rendía honores al general Baquedano , la estatua fue retirada por medio de una grúa; tres horas duró el operativo para retirarla sin causarle mayor daño.

Meses después, se tomó la decisión de exhumar e inhumar los restos del soldado desconocido que descansaban bajo el monumento del general Manuel Baquedano .

Muchos países tienen este tipo de monumentos para honrar a quienes cayeron en el campo de batalla defendiendo a sus países y que no pudieron ser identificados. El primero de estos monumentos es de 1849 en Dinamarca. En la gran mayoría de los países donde existe este tipo de monumentos hay una guardia permanente para proteger la tumba del soldado desconocido y para rendirle honores por su servicio a la patria, pero en Chile no es así. Al general Baquedano y al soldado desconocido, ambos héroes de la Guerra del Pacífico, no solamente no se les honra, sino que se les deshonra; no solamente no se les protege, sino que se les ataca; no solamente no se mantiene vivo su recuerdo, sino que se le cambia la denominación a la plaza que lleva su nombre para hacer una reivindicación política violenta y que nos divide.

Desafortunadamente, en Chile el vandalismo triunfó sobre el patriotismo. Por eso, hemos presentado como bancada de la UDI una indicación, porque creemos que esta derrota del patriotismo en manos del vandalismo no puede ser permanente y no va a serlo; no lo vamos a permitir.

En la indicación N° 2 a la partida 29 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pedimos que se separen los recursos necesarios para restaurar la plaza Baquedano , para restituir la estatua y para remodelar la tumba del soldado desconocido. Queremos aprobarlo mediante esta indicación para asegurarnos de que esto, que es necesario para reivindicar a nuestras figuras históricas, quienes les dieron forma a nuestra patria, se haga durante el año 2022 y no después.

En la votación de esta indicación veremos quién es quién: quién honra a quienes nos defendieron, a quienes honraron a Chile, a quienes le dieron forma a nuestra patria, y quiénes creen que la historia parte con ellos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, quiero aprovechar estos tres minutos y fracción que me dio mi bancada para reiterar un tema en relación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Fui muy claro en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de que tenían que quedar claras las platas para el subsidio del transporte para el Gran Concepción, y di a conocer que, por primera vez, como son platas que se ven año a año en el presupuesto de la nación a través de la ley espejo, estaban en forma global sin haber ningún detalle.

Más aún, fui muy explícito en lo siguiente: el subsidio nacional al transporte público resultó de una rebaja -no es que se hubiese aumentadoen las iniciativas de inversión y de una rebaja en los fondos de apoyo regional (FAR). Y es peor todavía: con eso no hay ningún arreglo material el próximo año en transporte público en todo Chile.

De hecho, es peor todavía, porque para el Gran Concepción esta situación resulta muy relevante, ya que en los últimos cuatro años el programa Renueva tu Micro no ha contado con recursos para ser ejecutado, llevando la antigüedad promedio de la flota de tres a siete años en promedio. Eso está indicando que no se tienen claras las cosas. Lo que es peor, con eso se demuestra, una vez más, especialmente en este año, así como en una parte del año pasado, tal como señalé en conversaciones efectuadas en reuniones que sostuve con distintos actores, con jefes de gabinete y con el subsecretario, entre otros, que la ministra de Transportes y Telecomunicaciones está actuando con un poder total y absoluto, y que de lo único que hoy está preocupada es de aumentar los llamados a licitación de los famosos buses eléctricos chinos.

Todo lo que sea mejoría de la movilización de todas las ciudades del país es bienvenido, pero, por rara casualidad, los actores que participan en la licitación de ese tipo de buses eléctricos jamás se lo comunican a los empresarios que, en este caso, en su inmensa mayoría, son empresarios medianos, los que podrían actualizarse, porque están disponibles para estar al día desde todo punto de vista.

Aun más, eso se ha repetido en todo el país, de manera que no puede tratarse de una casualidad. Ello no está en función y en razón de las leyes que sobre esta materia hemos aprobado: primero, la ley peso a peso, y después, la ley espejo, que tienen que ver directamente con el Transantiago.

Creo que esa es una situación que definitivamente debe ser aclarada, porque los gobiernos pasan, pero el país continua, y este presupuesto comienza a regir el 1 de enero del próximo año. De allí que lamento profundamente que los seremis respectivos no estén haciendo la labor que les corresponde.

Algunos que están inquietos lo único que hacen es aplicar multas, olvidando que el último año solo se pudo ocupar el 10 por ciento del transporte del gran Concepción; si no, la quiebra de las empresas hubiese sido brutal, y lo propio habría sucedido en materia de empleo.

Por lo tanto, quiero señalar al ministro de Hacienda que no me cabe la menor duda de que en el Senado también tocarán este punto, lo que generará problemas. Por eso, estoy de acuerdo con aprobar las platas, porque son las mismas, o sea, con eso se financia, pero hay que cambiar el estilo con que se dirige el ministerio.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, vemos este proyecto de ley de presupuestos para el sector público para el 2022 con mucha preocupación, al igual que lo hicimos en años anteriores, pero esta vez con más preocupación aún, por la disminución en más de 22 por ciento en relación con el gasto fiscal efectivo que se ha ejecutado este año.

Como toda la gente en nuestros distritos ya sabe, no podemos subir el presupuesto, no podemos legislar para aumentar el gasto, solo podemos aprobar lo que propone el Ejecutivo, lo que será difícil de realizar, porque está bajo de lo que creemos que será necesario para enfrentar la pandemia, que aún no da luces de terminar, y para la recuperación de la economía.

La opción que tenemos, según la Constitución Política de la República, es disminuir el presupuesto, lo cual es, obviamente, contrario a lo que buscamos, como he manifestado, o, finalmente, podemos rechazar lo propuesto, que en el fondo será la herramienta que usaremos para que el Ejecutivo se allane a mejorar este pobre o mísero presupuesto.

Quiero hacer el punto sobre lo que necesitamos para aprobar este presupuesto.

Entre eso está lo que planteó el diputado Monsalve , que habló de extender el beneficio de la pensión a las viudas de mineros del carbón que cumplan con los requisitos que considera la glosa respectiva.

Solo para recordar, el presupuesto de 2021 consideró extender ese beneficio, y el Congreso Nacional lo aprobó en todas las etapas de su tramitación. No obstante, este gobierno llevó esta materia al Tribunal Constitucional, donde se eliminó esta ayuda, lo que dejó a centenares de mujeres y a sus familias completamente desamparadas, en la miseria, debido a las bajas pensiones que proporcionan las AFP.

Esperamos aprobar este beneficio nuevamente este año y que el gobierno se sensibilice un poco debido a que la pandemia tiene a esas familias más angustiadas.

Por último, también hay una demanda muy sentida de todas las manipuladoras de alimentos de Chile, a quienes, como todos los años, las vemos movilizadas para mejorar sus condiciones laborales. En esta oportunidad, también se movilizan para llamarnos a rechazar la partida de Educación si no se detiene la implementación del nuevo estándar PAE, lo que, en términos simples, es la implementación de nuevos protocolos imposibles de cumplir debido a las malas condiciones en las que trabajan en los diferentes establecimientos de Chile. Lo que quieren, específicamente, no es incumplir nuevos o mejores estándares; por el contrario, siempre están preocupadas de eso. Lo único que piden, y creo que con justa razón, es la creación de esos estándares con la participación de ellas, de acuerdo con sus condiciones particulares de trabajo. No obstante, ¿qué tenemos después de todo lo que están realizando?

En vez de que el Ejecutivo muestre un poco de disposición, lo que vemos son las amenazas de la Junaeb.

Hace un rato conversamos con las manipuladoras de alimentos, quienes nos contaron que les acababa de llegar un mensaje amenazando cualquier mesa de conversación si se siguen movilizando.

Está completamente comprobado que la manifestación está permitida en todos los países del mundo, es un derecho; este gobierno debería saberlo de sobra.

Por lo tanto, el llamado, que ojalá puedan escuchar los y las colegas de esta Corporación, es a rechazar esta partida si no hay voluntad por parte del Ejecutivo de detener la implementación de esos nuevos protocolos hasta conversarlos con las trabajadoras, como debería suceder en todo el país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, este bloque contiene, probablemente, el número de partidas en las que hay mayores diferencias entre el gobierno y la oposición.

Primero, por el principio general que planteamos ayer, porque como es un presupuesto que se reduce drásticamente, a una velocidad que, a nuestro juicio, es inapropiada. Aquí y en el bloque siguiente hay elementos muy relevantes de la política social de cualquier gobierno, los que son claves para sostener la reactivación que esperamos tenga la economía y también el presupuesto familiar, incluyendo los apoyos sociales que entrega el Estado.

Solo quiero mencionar cuatro o cinco puntos que nos llevaron a rechazarlo en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y que harán que lo rechacemos nuevamente a la espera de que el gobierno asuma algunas de las propuestas y planteamientos que formulamos de manera transversal como oposición.

Tal como aquí ya se dijo, tenemos una discrepancia sustantiva en relación con la forma como el gobierno aborda la dimensión de los gobiernos regionales. Esperamos que esa mesa de trabajo que se había formado entre la Dirección de Presupuestos -si no recuerdo maly los gobernadores y gobernadoras, se traduzca en un conjunto de indicaciones que den cuenta de esas preocupaciones: autonomía, nuevos recursos, personal de apoyo, resolución de lo relacionado con el saldo inicial de caja y traspaso de competencias de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la que debiera pasar a ocupar un lugar subalterno en la estructura de la política de desarrollo regional y territorial, toda vez que hemos creado una nueva institucionalidad, ya no descentralizada, sino con grados de autonomía y de autogobierno en las regiones. Lo señalado requiere un cambio cultural muy profundo, particularmente, en este caso, un cambio presupuestario y de asignación de responsabilidades desde el nivel central a los niveles regionales y subnacionales.

Por otra parte, tal como comenté ayer, creo que se debe adoptar alguna medida de apoyo para nuestros campesinos y campesinas. La ministra de Agricultura acaba de informar que estará mañana viernes en la comuna de Ovalle, en la Región de Coquimbo, entregando ayudas y apoyos para los pequeños agricultores usuarios de Indap.

Desde esa perspectiva, creo que no hay mejor ayuda que se pueda entregar a esos agricultores -aspecto sobre el que solicito al ministro de Hacienda que tome nota y que podamos conversarlo en el resto de la tramitaciónque iniciar un proceso de condonación de las deudas Indap .

Lo señalé ayer: generalmente el Indap no liquida, no remata, no ejecuta, por decirlo así, los avales asociados a esos créditos, sino que los repacta; pero eso genera un círculo vicioso. Lo habíamos hablado, y entiendo que hay un compromiso también del gobierno -así lo anunció la subsecretaria de Desarrollo Regional y creo que la propia directora de Presupuestos en la Comisión Especial Mixta de Presupuestosde presentar un proyecto de ley para resolver lo relativo a la condonación de los derechos de aseo.

Voy a poner un ejemplo. Los vecinos y vecinas de Coquimbo tienen una deuda de 11.000 millones de pesos con la comuna que el municipio no está en condiciones de condonar, porque la ley establece que solo se puede condonar el 5 por ciento y el resto tiene que ser pagado en cuotas. Y había un caso -me encontré con el alcalde de Coquimbo en la puerta de la municipalidadde alguien que le estaba diciendo que recibía una pensión de 180.000 pesos perdón, el 10 por ciento debe pagarlo al contado y pactar en cuotas el resto de la deuda-. Bueno, este vecino de Coquimbo tenía una deuda de 1.800.000 pesos por derechos de aseo, y su pensión era de 180.000 pesos. La única facultad que tenía el alcalde era cobrarle todo un mes de su pensión, con la que tiene que vivir, o mal vivir, o sobrevivir, y el resto pactárselo. O sea, francamente, imposible.

Entonces, ahí el gobierno comprometió un proyecto de ley para entregar facultades especiales a los alcaldes para que puedan condonar estas deudas, porque, además, se vuelven incobrables, y, por tanto, es simplemente un agobio burocrático, que se traduce en absolutamente ningún ingreso para los municipios.

Entonces, tenemos gobiernos regionales, tenemos derechos de aseo, alivio en la carga de los vecinos y vecinas por este concepto -creo que Maipú también es otro caso bien paradigmático, en términos de deudas por este concepto-, y también tenemos que buscar mecanismos reales y efectivos de apoyo a los pequeños agricultores, a los usuarios de Indap, a los crianceros, a las crianceras, y eso, a mi juicio, pasa por un proceso de condonación de deudas que permita aliviar la mochila para que ellos puedan volver a iniciar la actividad.

Por otra parte -lo conversamos largamente en la subcomisión especial mixta que integré-, tenemos lo que dice relación con el crecimiento exponencial de la gente que vive en campamentos. Eso es una realidad de esta región, Valparaíso -Viña, Cartagena , San Antonio -, pero también de todas las regiones: Antofagasta , La Serena, Coquimbo , etcétera. En relación con este fenómeno, que según algunos que tienen las cifras en la cabeza respecto de lo que ocurría por ahí por 1990, son cifras descomunales, estamos hablando de un déficit de más de 600.000 viviendas, y, por tanto, debemos tener la capacidad de proveer los recursos para avanzar en eso.

Si uno además le suma que hay gente que tiene el subsidio de arriendo hace dos o tres años, pero no lo puede aplicar, ya que los arriendos subieron, francamente tenemos una suerte de círculo perverso, en que la gente no puede aplicar los subsidios ni de arriendo ni de construcción de vivienda, ni de vivienda de segunda mano, porque los precios están muy por sobre el monto de los subsidios, y, al mismo tiempo, hay un crecimiento muy acotado o muy menor en relación con el déficit de vivienda social nueva.

Entonces, aquí hay que tener recursos extraordinarios para enfrentar una situación extraordinaria. Y hay que buscar mecanismos que permitan, por ejemplo, que mucha gente que arrienda y paga precios de arriendo que a veces son casi iguales a los dividendos que pagaría si pudiese comprar pueda resolver eso.

Entonces, vivienda es uno de los sectores en que debemos avanzar. Y además tiene un componente y una virtud: que es muy intensivo en reclutamiento de mano de obra, y, por tanto, ayuda a generar empleo en el esfuerzo de reconstrucción. Y nosotros esperamos, además, empleo verde, con algunas respuestas que hemos planteado de cara a las elecciones presidenciales.

Transportes. Ya lo decía el diputado José Miguel Ortiz , y lo conversamos también en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Hicimos un tremendo esfuerzo en su momento para la ley espejo del Transantiago. Pensamos que eso iba a ayudar y aliviar al desarrollo del transporte público en regiones, pero la verdad es que se convirtió en lo que un predecesor suyo, ministro Cerda , decía: en el “chipeo” de los gobiernos regionales. Se gastaba en cualquier cosa la plata del fondo de la ley espejo del Transantiago, ¡en cualquier cosa!

Al final, una parte importante de esos recursos se iba a resolver o a financiar la cartera de Vialidad: pavimento, recauchaje, no sé cómo se llama esto de tapar “eventos”, hoyos, en vez de irse a mejoras al transporte.

El señor COLOMA.-

Bacheo.

El señor DÍAZ.-

Bacheo.

Gracias, diputado Coloma .

Bueno, aquí tenemos varias alternativas, como la renovación del parque de taxis y taxis colectivos. Pero llegó la hora de asumir que esto requiere una mirada mucho más radical. Por ejemplo, me parece una buena iniciativa lo que hay en el campo de la electromovilidad, de dotar a las regiones de transporte eléctrico, de electromovilidad. Eso está bien: buses regionales. Pero ¿por qué las regiones no tienen derecho a tener metros de superficie, como los hay en Bilbao, en Holanda, cuyo costo, por lo demás, hay que decirlo, es bastante inferior al del metro subterráneo? Había proyectos. Hay proyectos, por ejemplo, el que conecta a La Serena con Coquimbo, que queremos reflotar, pero esta vez con energía verde. Se plantearon varias alternativas; había estudios del Ministerio de Transportes, y ahí quedaron abandonados.

La renovación de nuestros puertos, que es fundamental. Sobre eso tampoco se hizo nada, a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un informe de una comisión investigadora en esa dirección. Entonces, también hay temas que son fundamentales en esa perspectiva.

En materia de ciencia y tecnología, bueno, Presidente, aquí el desafío es que un país que dice que quiere poner la ciencia y la investigación por delante, incorporar tecnología, valor agregado, conocimiento a su capacidad de desarrollo no puede tener un presupuesto de esta naturaleza, tan ajustado. Los dos presupuestos más bajos -aquí termino mi intervención, concentrándome en estos dos temasson precisamente cultura y ciencia, innovación y tecnología.

Aquí, en particular, hemos presentado una indicación para hacernos cargo de un problema que parece ser olvidado, que estuvo presente en la discusión del presupuesto vigente, pero en esta desapareció, y que tiene que ver con la necesidad de extender al menos por seis meses las ayudas para los becarios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), para las Becas Chile, para los posgraduados que se encuentran en investigación, porque las consecuencias de esa postergación están relacionadas directamente con la covid. Si queremos avanzar en la vanguardia del conocimiento, bueno, entonces, tratemos a nuestros becarios, a nuestros investigadores e investigadoras como corresponde.

Por eso hemos presentado una indicación, y le volvemos a reiterar al Ejecutivo que nos interesa que nos acompañe en estos temas.

Finalmente, en materia de cultura, lo hemos hablado con el ministro, lo reconozco y espero que podamos tener algún… Reconozco que hemos hablado, no reconozco que haya ningún acuerdo, porque hasta ahora -lo dije ayer y lo reitero hoyes un sector que ha sido objeto de verdugueo, de castigo, de maltrato sistemático por parte de este gobierno en la discusión de los presupuestos año a año. Y yo espero que el piso de la negociación sea mantener aquello que está en el presupuesto del año vigente; reponer las contribuciones, los aportes que se hacen a las instituciones colaboradoras, y disponer de recursos -como lo pedimos, y el ministro aún no se pronunciapara que el Estado de Chile pueda adquirir infraestructura cultural y destinarla a la actividad cultural de cada una de las comunas de las regiones. Le puse el ejemplo al ministro, y lo reitero acá. No es un ejemplo teórico, sino que nos gustaría ver en la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio recursos para que el Estado compre el Teatro Centenario, en la ciudad de La Serena, y le destine infraestructura cultural de la ciudad y de la región. La ministra de las Culturas nos dijo en la subcomisión especial mixta que había conversaciones con el obispado de La Serena para hacerlo.

Bueno, pongámosles a esas conversaciones los recursos que se requieren, ministro; es muy importante. Además, mire, creo que sería un tremendo homenaje para un gran músico chileno y de una familia tremendamente comprometida con la cultura, como es la familia Cuturrufo . Ahí Cristián Cuturrufo y su familia administraron por mucho tiempo un club de jazz, al igual que en la comuna de Coquimbo. Lo sabe muy bien el ministro Ossa , quien cuando no se dedica a la política, se dedica a la música. Y dice que sí. Me imagino que eso significa que van a estar los recursos para que el Ministerio de las Culturas compre el Teatro Centenario y lo destine a infraestructura cultural. Agradezco el apoyo del ministro Ossa en ese sentido.

Entonces, de verdad creo que aquí hay que hacer un esfuerzo en esa dirección. Además lo dije ayer; no lo voy a repetir hoy, sino que solo lo mencionaré brevemente-, ello tiene que ver con un reconocimiento a la dignidad de las y los trabajadores de mundo de la cultura, que siempre están desamparados: no tienen contratos laborales, hay precariedad, no tienen seguridad social.

Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Nosotros celebramos como si fuera la final de la copa del mundo el triunfo de los Óscar, las premiaciones internacionales. El cine chileno hoy día tiene un enorme prestigio fuera de nuestras fronteras -también dentro de Chile-, pero no tiene mucho apoyo; tiene un apoyo muy muy marginal, muy mezquino por parte del Estado, y yo creo que es la hora de provocar un cambio. Lo dije también ayer. Y me alegro de que muchas candidaturas presidenciales, y por cierto la de mi candidato, Gabriel Boric , se hayan comprometido a aumentar al 1 por ciento el presupuesto de cultura. Pero no necesitan que esa discusión se dé en un año más, cuando discutamos el próximo presupuesto de cultura; necesitan ahora apoyo y ayuda importante.

Así que, señor Presidente, estos son temas que ya habíamos planteado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Estamos a la espera de respuestas por parte del gobierno. Entendemos que se va a dar un proceso de negociación entre la Cámara de Diputados y el Senado, y espero que se acojan estas cosas.

Lo dije ayer y lo reitero hoy: compartimos el objetivo de consolidación fiscal, porque es una necesidad de país, pero tenemos que ponernos de acuerdo, sobre todo con un gobierno que está negociando su último presupuesto, en la capacidad de acción y de gestión del próximo gobierno, pero especialmente en las necesidades que tiene un país impactado tan dramáticamente por una pandemia sanitaria con tremendas ramificaciones sociales y económicas en todo el territorio nacional.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, dentro de las múltiples partidas presupuestarias que estamos analizando, quiero referirme a la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de la cual, desde la bancada de la UDI y en lo personal, hemos presentado una serie de indicaciones que buscan defender a nuestros carabineros.

En primer lugar, estamos solicitando, sobre todo pensando en los hijos e hijas de los carabineros que han fallecido en actos de servicio, que se pueda otorgar una beca de estudios para asegurarles la educación básica, media y universitaria.

Al mismo tiempo, hemos presentado indicaciones para que puedan desarrollar de buena forma su labor, solicitando que se destinen recursos adicionales para el plan Frontera Norte, que permita trabajar en la disminución de la migración ilegal, recursos para la adquisición y mantención de equipos de Carabineros, en especial de la Región de La Araucanía y de la Región Metropolitana, y también recursos disponibles para la defensa jurídica de aquellos carabineros que estén siendo investigados por hechos o actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Cuando uno defiende a Carabineros no solamente tiene que hacerlo de palabra, sino que tiene que manifestarlo a través de los hechos, y eso es lo que nosotros nos queremos jugar hoy en esta partida presupuestaria. Le pedimos al gobierno que entienda que para la UDI la defensa del rol que realizan Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería es fundamental, y para esto tenemos que darles las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo, así como también la defensa jurídica para que sepan que no van a quedar olvidados y, al mismo tiempo, asegurar la educación a los hijos e hijas de los carabineros fallecidos.

En segundo lugar, en materia de vivienda, si hay un tema que afecta a los comités de viviendas, no solamente de las provincias de Talagante, Melipilla y Maipo , que me toca representar, sino también a lo largo de todo Chile, es la falta de disponibilidad de suelo.

Cuando hablamos de la falta de disponibilidad de suelo, nos referimos a que, muchas veces, los subsidios que se otorgan desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la compra de suelos permiten que compren suelos o terrenos alejados del centro de las ciudades, en las zonas periféricas, y esto va profundizando las desigualdades al interior de nuestro país.

Es por eso que hemos presentado indicaciones en tal sentido, pero, al mismo tiempo, hacemos un llamado al Ejecutivo y al Parlamento para establecer un banco de suelos, a fin de que los terrenos que sean del Estado puedan destinarse a la construcción de viviendas sociales; para que los mejores terrenos sean para las viviendas sociales, y no que se terminen transando, licitando o vendiendo. Es importante que queden para las personas que hoy están postulando en los distintos comités habitacionales.

Nos parece fundamental decirle a la gente que vamos a dar la pelea para que los terrenos que se entreguen estén bien ubicados, y lo digo como representante de un distrito que abarca prácticamente la totalidad de las comunas rurales de la Región Metropolitana, donde muchas veces los subsidios de construcción de viviendas no permiten desarrollar proyectos habitacionales. Lo digo pensando en los vecinos de Paine, San Bernardo , Buin , Melipilla y Peñaflor , con los cuales me he reunido durante estos últimos meses y que tienen los comités formados, a la espera de un terreno al cual poder acceder.

Me parece fundamental que, desde el gobierno y desde el ministerio, se puedan entregar los recursos necesarios.

En tercer lugar, tal como señalé, el distrito que me toca representar, que incluye las provincias de Talagante, Melipilla y Maipo , incluye a prácticamente la totalidad de las comunas rurales de la Región Metropolitana, y en ellas el Indap juega un rol fundamental, primero, en la asesoría técnica, a través de los Prodesal, y segundo, en la posibilidad de llevar financiamiento a los pequeños y medianos agricultores.

Lo que nos tiene que convocar, a través del Ministerio de Agricultura, es probablemente la crisis más grave en materia hídrica que hemos vivido en nuestra historia, y para esto llegó el momento en que el ministerio invierta en el mejoramiento y construcción de pequeños y microembalses, que son los que permiten la acumulación del agua, pensando en los pequeños agricultores, para que no siga pasando lo que ocurre hoy: que cada vez que llueve, la poca agua que cae se termina yendo por el río Maipo y termina prácticamente perdida.

Para esto, tenemos que impulsar, desde el Ministerio de Agricultura, pensando en los pequeños agricultores, no solamente una ampliación de los cupos de Prodesal, sino también la construcción de pequeños y microembalses que nos permitan desarrollar de buena forma la agricultura de la Región Metropolitana, que es la que surte prácticamente el 85 por ciento de las frutas y verduras que se consumen en las distintas ferias de la Región Metropolitana.

Desde nuestra tierra se convierte el agua en alimento. ¡Ayudemos a nuestra pequeña agricultura!

En cuarto lugar, y para finalizar, con mucho orgullo y honor, podemos decir que los compromisos que adquirimos en la ley de presupuestos del año pasado se cumplieron.

Cuando nos acusaban de que los recursos para el metrotrén no estaban, en realidad estaban. Recién acabo de conversar con el presidente de Ferrocarriles del Estado, Pedro Pablo Errázuriz , quien me confirmó que los recursos para seguir adelante con la construcción del tren Santiago-Melipilla no solo están garantizados para la totalidad de este año y del 2022, sino también ya se está trabajando en el financiamiento para los años 2023 y 2024.

Hay que considerar que ya partió la licitación de la compra de los vagones del tren Santiago-Melipilla, ya se está licitando el confinamiento de la vía, los cruces sobre nivel y bajo nivel, la posibilidad de construir la tercera vía hasta Malloco y las dos vías hasta Melipilla , para así ofrecer un servicio que dé dignidad y calidad de vida a todos los habitantes de las provincias de Melipilla y Talagante.

Cuando los compromisos se cumplen, se agradece, porque muchos dejaron abandonados este proyecto, y ahora, que ven que se está materializando, literalmente, se suben al carro del tren.

¡Bienvenido sea! Pero, sobre todo, gracias por haber cumplido la palabra, por haber puesto los recursos necesarios y por poder avanzar en la construcción del tren Santiago-Melipilla, que no solamente era un compromiso ético, sino que principalmente significa cumplir con más de 500.000 personas que hoy tienen que trasladarse a trabajar, a estudiar o a una hora médica por la peor autopista de Chile, como es la Autopista del Sol, que está completamente colapsada.

Gracias por haber cumplido la palabra. Seguiremos empujando el tren Santiago-Melipilla.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag Villalobos .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a la situación de las manipuladoras de alimentos, quienes sufren, en los distintos establecimientos educacionales de nuestro país, una gran brecha en materia de infraestructura, que les impide desarrollar sus labores con normalidad, en forma segura y con dignidad.

Me hago eco de lo dicho por el diputado Monsalve , en el sentido de que necesitamos hacer el estudio de brecha, de manera de tener un diagnóstico para invertir los recursos en este proyecto de ley de presupuestos para mejorar la infraestructura.

En segundo lugar, en cuanto a los gobiernos regionales, la Región de Ñuble, que recién cumplió tres años, necesita un presupuesto cercano a los 80.000 millones de pesos, muy lejos de lo que está entregando este presupuesto. Esperamos poder mejorar esa cifra en una comisión mixta, porque es una región que se está instalando y que necesita recursos para poder inyectarlos a sus 21 comunas, a través de los distintos fondos de desarrollo regional.

En materia de obras públicas, los tranques o pequeños embalses son tremendamente necesarios. Los grandes embalses, como La Punilla, deben contemplar las nuevas realidades del cambio climático, como, por ejemplo, reservas de agua para consumo humano. Esto es de vital importancia, porque no puede ser que se construyan obras gigantes mientras la mitad de la población recibe agua en camiones aljibe. Todas estas obras deben contemplar el fenómeno del cambio climático y garantizar que la prioridad del uso del agua será de consumo humano.

También me hago cargo de la difícil situación que vive la Región de Ñuble en materia de caminos. Ya se ha mencionado que de los 5.000 kilómetros de red vial de la región, solo 1.200 kilómetros están pavimentados, con una dotación de personal de vialidad que es levemente superior al de la exprovincia de Ñuble. Hoy, la región necesita por lo menos 90 funcionaros más. No puede ser que existan 20 máquinas motoniveladoras y rodillos compactadores detenidos porque no hay personal, ni choferes, ni recursos para contratarlos.

Es de suma urgencia incluir en este proyecto de ley de presupuestos los recursos necesarios para contratar a estos operadores de maquinarias. La Dirección de Vialidad debe atender adecuadamente las distintas necesidades de Quirihue, San Carlos y Bulnes , que son las capitales provinciales.

La pandemia ha golpeado duramente la construcción de viviendas sociales, pues ha aumentado el valor de los materiales de construcción en forma excesiva, pero no se han reajustado los subsidios. Es por eso que este 4 por ciento de reajuste en materia de subsidios es absolutamente insuficiente. Esperamos que esto se mejore, de manera que podamos dar una respuesta a esta situación; de lo contrario, muchas empresas constructoras seguirán devolviendo subsidios habitacionales y las familias que han esperado 10, 15 años por el sueño de la casa propia van a tener que seguir esperando. Este problema lo hemos conversado con el ministro y esperamos una pronta solución a la situación de la construcción de viviendas.

Finalmente, en cuanto al Ministerio de Agricultura, siempre el pariente pobre de la ley de presupuestos, esperamos contar con los recursos para que el SAG disponga de una unidad de fiscalización para controlar la falsificación de vinos, que tan duramente golpea a los pequeños agricultores, situación que debe ser corregida.

He dicho.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, aunque sea reiterativo, no está de más hacer ver y escuchar la voz de los encargados de mantener la alimentación de miles de niños, niñas y adolescentes en los colegios, sobre todo en los públicos, y hacer ver, además, la importancia que tiene la alimentación para un gran segmento, una gran franja de niños y niñas que dependen de esa comida diaria para sus vidas. De ahí que es tremendamente importante que se resuelvan los problemas que está generando la aplicación de nuevos estándares, que lo único que hacen es intensificar las jornadas de trabajo.

Se requiere de inversión para mejorar la infraestructura, es decir, los lugares donde se elaboran y consumen los alimentos, con lo cual se dignificará la calidad del trabajo.

Uno de los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras es que se requiere mayor participación en mesas técnicas, donde puedan exponer su experiencia y sean escuchados y escuchadas, para que se resuelvan favorablemente sus problemas, que se repiten en todos los colegios públicos a lo largo y ancho del país.

Hay un reclamo que se relaciona con las canastas alimenticias: deberían ser 13, pero estas están disminuyendo. Al disminuir, evidentemente, se reparten menos alimentos entre los niños y niñas del país. Por tanto, hay que considerar ese factor y hay que asumirlo. El diputado Manuel Monsalve anunció que se presentará una indicación sobre el particular. Nos haremos parte de la misma, a fin de que ayude a resolver ese problema.

Respecto del Ministerio de Obras Públicas, este tiene un rol trascendente y reactivador. Además, su acción redunda en equidad territorial.

Cuando uno recorre las comunas rurales se encuentra principalmente con problemas de agua potable rural, proyectos que son indispensables para ir superando los niveles de pobreza en que viven las comunidades como consecuencia de la ausencia de proyectos de agua potable para consumo y desarrollo humano. Estos no se encuentran vigentes en las comunas rurales, lo que genera inequidad, desigualdad territorial y niveles de pobreza superiores. Tenemos que superar esta situación con la asignación de recursos direccionados a ese objetivo.

En cuanto a vialidad, recuperación y mantenimiento de caminos rurales, hay que ver cómo se hace un aporte real al mejoramiento de la conectividad, de modo de romper con el aislamiento y la distancia que, a veces, se hace infranqueable. Hay muchos chilenos y chilenas que habitan en lugares apartados y viven de la pequeña agricultura familiar campesina, método de subsistencia que tenemos que respaldar. Sin la debida conectividad, será imposible hacerlo.

En materia de transporte, hay que atender lo que ocurre en la comuna de Coronel. No puede quedar fuera del presupuesto el cruce San Francisco . Se compró y llegó el nuevo tren de pasajeros, lo que está muy bien, pues se mejoran los estándares de transporte para las personas que viven en la zona minera. Esperamos que esa conectividad se extienda hacia Lota y después hacia Arauco . Sin embargo, sin la existencia de ese cruce, se mantienen los riesgos y la dificultad para utilizar ese tren, que contribuye a descongestionar la ruta 160, que se mantiene con un excesivo flujo de vehículos.

Hago un llamado de atención al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, particularmente a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, para dotar de esos recursos y emprender la solución de ese problema acuciante, cuya solución aún está inconclusa. En ese sentido, la comuna de Coronel aún permanece en zona de riesgo.

En cuanto a los gobiernos regionales, se requiere que no se tomen medidas en donde las glosas provoquen inflexibilidad en el uso de recursos por parte de los GORE. Existen gastos predefinidos y centralizados. Se incorpora una gran cantidad de glosas para marcar los gastos en cada región, junto con determinar los gastos en personal, dotación, funciones críticas, lo que permite afirmar que no se está otorgando mayor autonomía a los gobiernos regionales; es decir, la estructura presupuestaria no fortalece la democracia regional, ni a los gobiernos regionales ni las decisiones que puedan adoptar.

Es necesario, respecto del Presupuesto y la ejecución de recursos relacionados con los gobiernos regionales, que se dejen sin efecto las disposiciones sobre pago centralizado, porque ello sería un atentado a la autonomía de los gobiernos regionales, cuya implementación tanto ha costado. No olvidemos que recientemente fueron las comunidades regionales las que eligieron, las que determinaron quienes regirían los destinos de las 16 regiones del país.

Por tanto, tenemos que respaldar ese proceso, así como permitir la disponibilidad de los saldos iniciales de caja. Esto es indispensable para cumplir con los desafíos que antes mencionaba.

Efectivamente, queremos mejorar la conectividad, el agua potable rural, la electrificación rural; queremos mejorar la conectividad digital, sobre todo para nuestros niños, niñas y adolescentes de los sectores rurales que no tienen como conectarse, porque no hay un plan que permita que ellos adquieran una mejor calidad de educación.

No podemos desproteger a los gobiernos regionales y a las comunidades, particularmente a los más desposeídos del mundo rural.

He dicho.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, me voy a referir a la partida Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde repusimos y solicitamos la votación de admisibilidad, a través de la Secretaría, de una indicación que, a nuestro juicio, desde el punto de vista de la justicia, de la equidad, pero también de la pertinencia presupuestaria, es necesario que se ponga en discusión en este Congreso y que se vote.

Anualmente, aprobamos un presupuesto relevante respecto del subsidio del Transantiago, pero que tiene como restricción legal el hecho de que puede operar solamente en las comunas de la provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo , excluyendo a las otras provincias de la Región Metropolitana. Todos conocemos los altos costos de trasladarse en nuestra región, principalmente cuando dedicamos una hora o una hora y media para ir a trabajar o a estudiar. Se da una asimetría brutal con quienes viven en las provincias de Talagante, Melipilla y Chacabuco . Por razones burocráticas que nadie entiende, no es posible justificar -incluso vía decisión de la propia ministra de Transportesque opere Transantiago en otros lugares. Incluso, allí existe una calle que separa y marca la línea donde administrativamente operan el Transantiago y, luego, el transporte rural.

Todos conocemos la asimetría que existe principalmente en la periferia de la ciudad. Quienes viven en la provincia de Melipilla, además del Transantiago, tienen que pagar transporte rural cuando se incorporan al perímetro de Américo Vespucio. También se vive una situación kafkiana o burocrática en el sector de Valle Grande, en la comuna de Lampa, donde los vecinos, por una calle que los separa de la comuna de Quilicura, se ven privados del Transantiago y deben pagar dos locomociones.

En consecuencia, lo que solicitamos no es un presupuesto adicional, sino dar facultades a la autoridad de Transportes para que en aquellas zonas en que geográficamente es factible desde el punto de vista logístico y técnico, más allá de la provincia de Santiago y de las comunas de Puente Alto y San Bernardo en la Región Metropolitana, cuando financieramente sea viable, se autorice la operación de Transantiago, con el propósito de beneficiar a las provincias de Chacabuco –a las comunas de Colina, Lampa y Tiltil -, Melipilla y Talagante.

Por una situación de equidad territorial, es de toda justicia que las provincias mencionadas también puedan participar en esta propuesta en materia de transporte, la que cuenta además con el respaldo del diputado Raúl Leiva , con quien suscribimos la indicación.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, este gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que los niños son lo más importante. Lamentablemente, una y otra vez nos encontramos con que esta afirmación se cae por las acciones del propio gobierno, y este presupuesto es una manifestación más de ello. Particularmente, me refiero a la partida 09, especialmente a los capítulos 11 y 17, que son los referidos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y a la Dirección de Educación Pública, respectivamente.

Al respecto, quiero comentar que ingresamos algunas indicaciones que, lamentablemente, fueron declaradas inadmisibles. Ellas tenían que ver con una demanda sentida, especialmente de las unidades educacionales vía transferencia de fondos (VTF). Me reuní con varias representantes y dirigentas de esas entidades, especialmente de la comuna de Peñaflor, quienes me hicieron ver estos temas. Principalmente, las indicaciones buscaban hacerse cargo de situaciones que afectan particularmente a las trabajadoras que se desempeñan con nuestros niños y niñas en ese tipo de unidades educacionales.

En efecto, la glosa 05 de la partida 09, capítulo 11, programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 170, contiene la prohibición de emplear los fondos destinados por este concepto a los pagos asociados al artículo 110 de la ley N° 18.883, que contiene el Estatuto Administrativo de Trabajadores Municipales, esto es, licencias médicas.

Como consecuencia de esa prohibición, la Junji descuenta los días de licencia médica bajo el rótulo de “días no trabajados”, por lo que, en definitiva, llegan menos recursos a los jardines infantiles y salas cuna administrados por las municipalidades. Ante ese descuento, y para efectos de seguir recibiendo a niños y niñas, las municipalidades deben, en definitiva, costear ese déficit, aumentando aún más la crisis financiera que atraviesan muchos municipios del país.

Por otro lado, en la glosa 03 de la partida 09, capítulo 17, programa 02, subtítulo 24, ítem 03, asignación 051, buscábamos incorporar el literal que se hiciera cargo del pago del bono de desempeño y renta mínima, cuya procedencia ha sido reconocida de forma consistente en la jurisprudencia administrativa, así como otras prestaciones derivadas del cumplimiento de obligaciones laborales de las trabajadoras.

La calidad de asistente de la educación ha sido reconocida también judicialmente. Esta indicación venía a introducir un poco de justicia ante esta situación, permitiendo el pago de dichos montos.

Finalmente, hemos incorporado una glosa informativa, la glosa 07 de la partida 09, para efectos de obtener más y mejor información en cuanto al número y funcionamiento de los establecimientos que cuentan con reconocimiento oficial, permitiendo mejorar la gestión sobre la base de más información. Poner a los niños y niñas primero demanda poner el foco en quienes día a día se desempeñan en su educación y cuidado, y me temo que no es el caso del presupuesto que estamos discutiendo hoy en el Congreso.

Por eso, pongo este punto sobre la mesa, porque también tiene que ver con dar cuenta de una realidad que no solo evidencia lo que podemos indagar nosotros como diputados y diputadas, sino también lo que señalan los propios actores de la educación, agentes de la educación que están involucrados en lo preescolar, quienes demandan estos temas.

He dicho.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, solo para destacar, con el apoyo del diputado José Miguel Ortiz , presidente de la subcomisión de presupuestos que vio la partida del Ministerio de Salud, el acuerdo al que llegamos con el Ministerio de Salud para lograr la identificación presupuestaria solicitada al Ministerio de Hacienda para convocar a licitación el primer trimestre del próximo año, e iniciar las obras del nuevo hospital de Illapel, en la provincia de Choapa. Se trata de un hospital que logró buenas cifras de resolutividad durante la pandemia, abriendo unidades de camas críticas, como lo destacó el subsecretario de Redes Asistenciales, señor Alberto Dougnac .

Gracias a la tenacidad del Consejo Consultivo de Salud y al apoyo permanente del alcalde de Illapel, señor Denis Cortés Aguilera , hemos logrado este acuerdo para que se priorice, dentro de la cartera de inversiones de 2022, el nuevo hospital de Illapel, el nuevo hospital para la provincia de Choapa.

En esa gestión participamos junto con el diputado Sergio Gahona , lo que demuestra que cuando se trabaja en conjunto, la que gana es la gente, sobre todo la gente más vulnerable de Choapa, una provincia muy postergada en la cartera de inversiones públicas.

Solo he querido destacar este inmenso avance, que se suma a la priorización de los nuevos hospitales para Coquimbo y La Serena.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, en la partida 27 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género hay algunos aspectos para los cuales hubiésemos esperado un apoyo más claro. Me refiero a la solicitud que hicimos durante este año de destinar recursos para financiar políticas de distribución de insumos o productos de higiene para las personas menstruantes.

Fue una solicitud que acogimos desde organizaciones de la sociedad civil y que expresamos al ministerio y a la ministra Mónica Zalaquett , buscando una forma de trabajar y diseñar una política semejante. Es una medida que requiere recursos, recursos que están plenamente justificados, porque se trata de dar dignidad y salud a muchas mujeres de nuestro país.

Socioeconómicamente , se trata de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y, por ende, no tienen los medios para adquirir mes a mes estos productos, o deben privarse de adquirir otras cosas en favor de comprar estos productos de higiene menstrual. Esta es una realidad que a mí, por lo menos, me toca ver en el distrito 9, comunas de Recoleta, Conchalí , Independencia, Huechuraba , Renca , Lo Prado, Cerro Navia y Quinta Normal.

Por lo tanto, es una realidad existente, una situación que advertimos con ocasión de las canastas de ayuda durante esta pandemia, que requiere de una solución de carácter permanente.

Por otro lado, me voy a referir a la partida 16 Ministerio de Salud.

Nuestro país ha evolucionado de manera notoria respecto de la concientización de la existencia de diversos tipos de discapacidades en nuestra población. Desde la labor de visibilización de la discapacidad física motora hemos avanzado hasta la inclusión de otros tipos de discapacidades que, si bien no son inhabilitantes totalmente para quienes viven con ellas, sí requieren de un especial tratamiento y consideración por parte de las políticas públicas focalizadas en la materia.

En ese abanico de discapacidades, la hipoacusia bilateral es un padecimiento doloroso y difícil con el cual viven miles de chilenas y chilenos hoy en día. Se define como una patología auditiva que afecta a ambos oídos, y que causa una pérdida de la capacidad auditiva, afectando la comunicación y el desenvolvimiento de las personas, especialmente cuando se asocia a otros síntomas de envejecimiento.

En la partida Ministerio de Salud hace falta consignar la petición que con un grupo de personas levantamos respecto de la numerosa población de nuestro país que padece hipoacusia unilateral o bilateral, enfermedad que, dados los altos costos del tratamiento, para muchas personas es imposible financiar si no lo es mediante una fuente de financiamiento público.

Durante este año nos reunimos con el director de Fonasa, a quien le expusimos la inquietud de miles de personas que padecen hipoacusia, con miras a determinar alguna línea de financiamiento para quienes puedan resolver su problema mediante implantes cocleares. Me refiero a personas que padecen hipoacusia bilateral, cuyos implantes son parcialmente financiados por el GES, o por el sistema público de salud cuando quedan fuera de las patologías GES.

Por ello, incluimos en la partida Ministerio de Salud una indicación para posibilitar el financiamiento de la adquisición de este tipo de implantes como de otros aparatos de audición que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que padecen hipoacusia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro .

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Señor Presidente, en el mundo de la salud el presupuesto de este año deja, francamente, mucho que desear respecto de toda la expectativa cifrada en este período. La pandemia, si bien no ha terminado, aunque sí ha bajado su riesgo, ha vuelto a hacer visible el gran fenómeno de las listas de espera, fenómeno que no es de ahora, sino que viene desde hace muchísimos años, pero que se ha agudizado durante el último tiempo.

A mayor abundamiento, en el Hospital Regional de Rancagua, que atiende a toda la Región de O'Higgins, hay 100.000 personas esperando solo una consulta de especialidad, de oftalmólogos, de otorrinos, incluso de dentistas.

Este presupuesto no está ni cerca de poder mitigar lo que todos los colegas parlamentarios reciben a diario: quejas por esas esperas infinitas; quejas de esos miles de personas que sufren esas largas listas de espera.

¿Cuál es el origen de eso? Primero, problemas con los médicos. Digámoslo con franqueza: aún no se terminan las sociedades médicas. En sucesivos presupuestos hemos reiterado el dictamen de la Contraloría que impedía que esto siguiera ocurriendo, pero aun así el Ejecutivo no cambia su conducta.

Segundo, inversiones en nuevos establecimientos. En el caso de la Región de O'Higgins, el nuevo hospital para San Fernando fue solicitado hace dos años, inversión que fue reiterada hace aproximadamente dos meses. Sin embargo, no está considerado en este presupuesto, pese a que San Fernando es la capital de la provincia de Colchagua y tiene naturalmente un requerimiento mayor, que tampoco ha sido oído.

Si hablamos de salud mental, la pospandemia ha acentuado las adicciones, los trastornos del sueño, los trastornos del ánimo, las depresiones, todas secuelas que padecen silenciosamente miles de personas. El presupuesto para salud mental está por debajo de todos los estándares internacionales. Parece sorprendente que se diga que la salud es lo primero, en circunstancias que este presupuesto está lejos de acercarse a los criterios básicos que todos esperaríamos para enfrentar el año 2022, con una reactivación en cobertura y en atención de salud de la población.

En la atención primaria de salud ha habido siempre una lucha por el per cápita, y esta vez ese per cápita es nuevamente mezquino, nuevamente queda por debajo de lo que nos han dicho todos los alcaldes, de distinto tinte político, respecto de las coberturas para cubrir remuneraciones, medicamentos, farmacias comunales, traslados, etcétera. Y a propósito de traslados, lo de las ambulancias es un drama diario.

La atención primeria de salud sigue siendo el pariente pobre del sistema hospitalario. No se ha logrado revertir esta crisis. Al revés, con el retiro del personal covid-19, el 1 de octubre, a propósito de que se creía que la pandemia estaba mejorada, miles de trabajadores ya no están en los municipios, porque terminaron sus contratos. Eran los trazadores, que es la debilidad más grande que tiene el sistema, y todavía no han sido recontratados, pese a estar en curso un rebrote o una nueva ola.

Todo eso genera un cuadro muy sombrío. Desde la oposición, pero también con la ciudadanía, vemos que este presupuesto se queda corto en la línea de prioridades en materia de salud.

Se anunció que el área social iba a ser privilegiada; sin embargo, un área que es vital y esencial para la ciudadanía, hoy está prácticamente estancada, porque no se ve la voluntad política de querer mejorar de manera sustancial el presupuesto en el sector más sensible que hoy afecta a la ciudadanía. Cuántas veces se ha hablado de la primera línea, de los trabajadores, pero resulta que a duras penas se han logrado los estímulos económicos para ellos.

Afortunadamente, ayer en la Comisión Mixta se logró un paso importante al destrabar lo que había sido inadmisible en el Senado, que es tener las metas sanitarias acorde al cumplimiento efectivo y pleno para los trabajadores de la salud, que había sido negado por el Ejecutivo.

Por eso, hoy estamos en un momento decisivo. La discusión del proyecto de ley de presupuestos se realiza una vez al año, pero esta es la oportunidad en que nosotros, los socialistas, decimos con claridad que al inicio de este trámite queremos mejorar el presupuesto de la salud, pero no en las condiciones planteadas por el Ejecutivo.

Por eso, vamos a votar en contra la partida de Salud, para que se recapacite, se revierta y se busque una mejor alternativa en la siguiente tramitación de esta partida, que es de las más relevantes para el país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, la salud pública en Chile es una vergüenza.

¡Discúlpeme, señor Presidente, pero en realidad es una mierda de salud pública! El que no tiene dinero en nuestro país se muere por ser pobre; tiene que hacer rifas, bingos o completadas entre sus vecinos para poder recaudar los recursos para enfrentar sus enfermedades.

Todos los gobiernos dicen querer mejorar la salud pública, pero eso no ocurre. ¿Hasta cuándo los chilenos tienen que seguir sufriendo y ser humillados sin que se les respeten sus derechos humanos? Aquí las organizaciones de derechos humanos no dicen absolutamente nada en defensa de ellos. ¿Cómo es posible que una persona tenga que esperar años por una cirugía, mientras algunos mueren esperando? Imagínense que para hacerse un examen médico muchas personas deben esperar meses, en circunstancias de que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo en una clínica privada y en una hora tenemos el resultado de los exámenes.

Mejoremos la infraestructura hospitalaria. Mayor equipo médico es necesario por la carga de trabajo que tiene el personal. Están enfermos, están cansados.

Requieren mejores sueldos para su personal, que llegan a recibir 380.000 pesos y que por una hora extra en algunos casos reciben 1.500 pesos, que es el caso de los TENS, que ya es hora de que sean reconocidos en el Código Sanitario.

También quiero hacer un reconocimiento a los profesionales de la salud pública y a los del sector privado por la batalla que han dado a la covid-19.

Los chilenos merecen una salud pública a la altura de la privada. Basta de seguir humillando a los chilenos, basta de seguir maltratándolos. Más presupuesto y eficacia en el gasto de salud.

La gente solo pide dignidad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, no voy a ser tan categórico como mi distinguido colega que me antecedió en el uso de la palabra, pero también voy a ser muy preciso y profundo. Por tercera vez me voy a referir a la partida del Ministerio de Salud.

En primer lugar, me dirijo, por su intermedio, señor Presidente, a la directora de Presupuestos. Ella, junto con el subsecretario de Hacienda, tuvo la gentileza de proponerme en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un aumento de 120 pesos en el per cápita; vale decir, que de 8.731 pesos aumentara a 8.851 pesos. Lo consulté con la oposición, la que por unanimidad de los catorce integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos -hay doce de gobiernoplanteó que no lo aceptábamos y por eso rechazamos la partida en lo relativo a salud primaria. Nosotros queremos 80 pesos más, vale decir, 200 pesos, con el fin de llegar a 8.931 pesos. Queremos ser claros, queremos ser explícitos.

Aun más, les quiero recordar que en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos todos los integrantes dejamos constancia –asunto que a la señora directora de Presupuestos le dio a conocer su ejecutivade la necesidad no solamente de mejorar el per cápita basal de la atención primaria de salud, sino de incorporar nuevas enfermedades a la ley Ricarte Soto , identificar las obras de infraestructura durante 2022, dar prioridad de atención a personas adultas mayores y otorgar el financiamiento requerido para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile Doctor José Joaquín Aguirre.

Lo digo con mucha fuerza, porque eso lo analizamos en profundidad. Más aún, en el tema de infraestructura es cierto que aprobamos una cantidad muy grande de recursos, pero en ninguna parte se indica el detalle del gasto, en el sentido de decir “esta cantidad se va a gastar en esto”. Es decir, el subsecretario de Redes Asistenciales no ha hecho su pega, no ha hecho su trabajo. Nunca, jamás, ha contestado como corresponde y creo que es el momento de que entienda -a lo menos, a él le quedan pocos mesesque cuando es, tiene que ser para todo Chile.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, en este bloque obviamente el presupuesto de Salud es el que va a acaparar la mayor atención, porque hemos vivido una pandemia que ha significado un tremendo desafío, fundamentalmente para el sistema público de salud. En ese sentido, han aparecido situaciones distintas que no se deben dejar pasar en la discusión del proyecto de ley de presupuestos.

En ese sentido, la discusión del per cápita adecuado para los momentos que vienen para Chile debe considerar la pandemia y los retrasos que ha habido en términos de las listas de espera.

Pero abordar el retraso de las listas de espera no implica solamente resolver los casi 60.000 retrasos que hay en las garantías GES incumplidas, sino, también, las 280.000 cirugías de otra naturaleza. Pero -lo más importanteesto último también tiene que ver con resolver todos los procedimientos -endoscopía, imagenología, prevenciónque no están contemplados, porque casi todo se ha centrado fundamentalmente en la resolución de listas de espera. Estoy hablando de la resolución de listas de espera de cirugía, pero no de los procedimientos complementarios que conducen a una cirugía.

Así que probablemente en 2022, cuando se abra un poco más el sistema, ya no van a ser los números que hoy conocemos en retraso de listas de espera, sino que serán muchos más, toda vez que cuando la gente acceda a los especialistas, que también tienen un retraso de más de un millón y medio de interconsultas, se provocará una enorme presión sobre el sistema público de salud.

Uno de los impactos más importantes de la pospandemia es la resolución de las listas de espera en toda su magnitud, de manera que será determinante definir cómo seremos capaces de resolver los problemas en materia de salud mental, aspecto que debiera ser abordado adecuadamente en este proyecto de ley de presupuestos.

En particular, me preocupa el per cápita inadecuado. Me preocupa que no exista, como se hizo el año anterior, un programa especial para la resolución de listas de espera, que se encontró con la pandemia y en el segundo semestre del año los servicios de salud no tuvieron cómo responder a las solicitudes del Fonasa para resolver las listas de espera con los recursos que estaban aprovisionados para que el Fonasa llevara adelante o, por lo menos, hiciera un ejercicio distinto para esta resolución.

Tal como lo señaló ayer el diputado Juan Luis Castro , en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se aprobó la admisibilidad del proyecto en el ámbito del cumplimiento de las metas sanitarias. Eso es una buena noticia, porque no basta con aplausos para los funcionarios del sistema público para resolver las listas de espera y todo lo que tiene que ver con la pandemia. Cuando se produzca un rebrote, una nueva ola o como se llame, los funcionarios deben estar allí, porque ya no basta, como se ha dicho tantas veces, con los aplausos; ellos requieren elementos importantes de apoyo. En ese sentido, que se den por cumplidas las metas sanitarias parece una buena noticia.

En definitiva, los grandes desafíos del sistema público de salud son las listas de espera, las metas sanitarias, el trato adecuado a los funcionarios, la preocupación por los recursos humanos del sistema sanitario y la resolución de los problemas de salud mental.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, quiero saludar a la directora de Presupuestos y a los que vamos quedando en la discusión sin parearnos.

En salud podemos abordar muchas materias, pero pareciera ser razonable poner el foco en algunas de ellas, poniendo en primer lugar el cáncer de mama, que es el que causa más muertes de mujeres en Chile.

Resulta increíble que la mamografía no esté garantizada como garantía explícita de salud, sino que se pueda practicar una vez cada tres años. Obviamente, aquello es absurdo, en especial si se considera la política sanitaria que se ha venido implementando para estimular su detección precoz. Por eso, se pide una cosa muy concreta, que la mamografía sea establecida como garantía explícita de salud de manera anual.

Si me permite, suponga usted que hoy contemos con una directora de Presupuestos particularmente generosa, y que, además, podamos garantizar la ecografía mamaria para las personas que tienen algún tipo de evento detectado en la mamografía. Y si aún estamos más generosos, directora, por su intermedio, Presidente, suponga que seamos capaces de tener tanto ribociclib como palbociclib. Usted preguntará: ¿qué son? Son dos medicamentos destinados al combate de cáncer de mama que actúan distintos en mujeres menopáusicas y no menopáusicas.

Por lo tanto, si vamos a enfrentar el cáncer de mama, hagámoslo en serio, porque una mamografía cada tres años es, francamente, insuficiente. Hemos ingresado las indicaciones al respecto y las vamos a defender cuando sea el momento.

Por otra parte, debemos elaborar una política especial respecto de las enfermedades poco frecuentes o denominadas enfermedades raras, que normalmente involucran remedios de alto costo y para cuya atención hay pocos especialistas disponibles. Nos hemos referido sobre el punto. Vaya mi homenaje a todas las familias que enfrentan enfermedades poco frecuentes. Especialmente, me acuerdo de Clemente, un niño de Machalí que ha sufrido mucho, y de su padre, Leonardo , que junto a su esposa sobrellevan con mucha fuerza la enfermedad que afecta a su hijo.

Por otro lado, en Chile estamos muy atrasados en el acceso a la salud dental, de manera que llegó el momento de tener una política de salud dental adecuada.

Finalmente, quiero referirme a otro aspecto que hemos tratado de levantar, tal como lo ha hecho también, con mucha fuerza, la diputada Érika Olivera , que ha tenido un enorme entusiasmo y mucha fuerza para abordar todo lo relacionado con la gestión menstrual.

Al respecto, hace poco se conoció un informe del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que señala que cuatro de cada diez mujeres no acceden regularmente a sus insumos higiénicos básicos de la menstruación. Eso significa ausentismo laboral, ausentismo escolar y situaciones de bullying. Es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión menstrual en Chile se ha invisibilizado y no se ha tomado con la suficiente preocupación. Por eso, tanto en el presupuesto de mujer como en el presupuesto de salud pedimos algo básico: que las mujeres vulnerables del país tengan garantizado el acceso a sus insumos higiénicos y, si lo requieren, a los medicamentos necesarios para el caso de dolor de ovarios o situaciones similares que alteren su vida normal.

Las urgencias sociales de las cuales nos debemos hacer cargo son el cáncer de mama, la gestión menstrual, la salud dental y la atención de las enfermedades poco frecuentes. Si creemos en una salud integral, debemos hacer menos aspavientos con garantías que, en la práctica, no se traducen en nada. Si en verdad somos capaces de llegar a los sectores más vulnerables, que muchas veces no tienen acceso a especialistas, podremos hablar de una salud que efectivamente pone el eje en la dignidad.

En consecuencia, estoy seguro de que el ministro de Hacienda empatizará con la proposición que hemos hecho para establecer que la mamografía anual sea garantizada, con las políticas de gestión menstrual, con la necesidad de que todas las mujeres puedan mostrar felices sus sonrisas, con una política parecida a Sonrisa de Mujer, y que también empatizará con Clemente y con las enfermedades raras que afectan a tantos niños y niñas de Chile.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, en este bloque de partidas presupuestarias, quiero referirme en especial a la partida de Salud.

Casi siempre el presupuesto de la nación que una administración deja a otra suele despertar suspicacias, más aún cuando quien reemplaza al gobernante saliente será una persona de una opción política distinta. Eso no debiera ser así. El gran legado del Presidente saliente debiera ser que la administración entrante pueda tener las condiciones presupuestarias para llevar adelante su programa de gobierno.

Sin embargo, los porfiados hechos y su trayectoria de vida juegan, nuevamente, una mala pasada al Presidente Piñera , ya que, por lo que he visto en las subcomisiones mixtas de presupuestos en las que he participado, no existe la intención de hacer un esfuerzo fiscal para entregar recursos suficientes que permitan al gobierno entrante enfrentar los desafíos de salud que vienen.

En ese contexto, quiero enfatizar, en especial a los habitantes de la Región de Antofagasta, que en la Subcomisión Mixta de Presupuestos se rechazaron parcialmente las partidas del Ministerio de Salud, correspondientes a los programas de atención primaria, en circunstancias de que fueron los municipios quienes salvaron la credibilidad del gobierno por el mal manejo de la pandemia en lo que a trazabilidad y prevención se refiere.

La atención primaria necesita un aumento real del per cápita, no 120 pesos, que es lo que el gobierno tiene contemplado. Desde hace más de tres años los expertos vienen recomendando que el per cápita debería alcanzar los 10.000 pesos, pero estamos bastante lejos de esa cifra. Eso es lo que quería enfatizar: no aceptamos los 120 pesos de aumento propuestos por el gobierno.

Por otra parte, a marzo de 2021, según datos oficiales, 1.654.564 personas se encontraban a la espera de una consulta de especialidad. En cifras gruesas, solo esto significa más de 100.000 millones.

Al mismo tiempo, hay 260.315 pacientes en listas de espera para una intervención quirúrgica, lo que también en cifras gruesas significa otros 150.000 millones. Eso, sin mencionar el costo de país de los años de vida potencialmente perdidos, que en este caso es monumental, ya que cada persona debe esperar casi dos años para ingresar a pabellón.

¿Y la deuda hospitalaria? ¿Qué se supone que el próximo gobierno haga con la deuda hospitalaria? Ello, porque no es posible solucionar las listas de espera o las cirugías pendientes si no se paga antes la deuda. Y ya que tanto nos gusta hablar de concesiones y construcciones, déjenme recordar que solo para los proyectos hospitalarios que están en ejecución, como el Barros Luco o el Sótero, por mencionar solo dos, se requieren más de 300.000 millones de pesos en el año.

A estas alturas, mis esperanzas están puestas en la Convención Constitucional. Espero que al final tengamos un instrumento que establezca que la preocupación primera del Estado es la salud pública, lo que no niega el derecho a elegir; pero uno elige cuando tiene cómo hacerlo.

Espero que los constituyentes no sigan trabajando sobre la base del paradigma sanitario de Hernán Büchi y retomen la senda que nunca debió haberse perdido.

Más de 250.000 millones de pesos gastamos anualmente en mantener una estructura centralista y anquilosada como son los servicios de salud, que son creación precisamente del entonces ministro Büchi . A esas personas las necesitamos trabajando en los hospitales. Necesitamos que las decisiones sean tomadas en las regiones, en las provincias, en los municipios.

¡Basta de centralismos anacrónicos, agobiantes y asfixiantes!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, esta es una partida muy importante. Siempre ha sido importante para los chilenos, siempre entre sus prioridades está la salud, la salud pública, y, bueno, en el marco de esta terrible pandemia, la importancia de colocar recursos del Estado en la salud y fortalecer la salud pública ha mostrado su relevancia.

Pero justamente en ese contexto, Presidente, quiero transmitir al ministro algunas preocupaciones.

En el debate del presupuesto para el año 2021, en el marco de la necesidad de enfrentar las consecuencias de la pandemia, se incorporó una glosa para enfrentar las listas de espera: 114.000 millones de pesos. Podemos discutir la ejecución, que ha sido baja.

Pero, saliendo de la pandemia, a propósito de los indicadores, la pregunta es cómo vamos a enfrentar las listas de espera el año 2022. Y en la propuesta presupuestaria no existe claridad acerca de cómo enfrentarlas.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero dar al ministro algunas cifras. Quiero decirle que el año 2019, previo a la pandemia, en el mes de junio, el sistema público realizaba casi 43.000 intervenciones quirúrgicas al mes. Reitero: mes de junio del año 2019. El año 2020 se hicieron 12.000, esto es, casi 30.000 intervenciones quirúrgicas mayores menos, y a junio del 2021 se llevaron a cabo 21.000, la mitad.

Muchos chilenos que necesitaban esa intervención quirúrgica mayor no se la pudieron realizar, y esto va a implicar que el año 2022 vamos a tener que enfrentar la demanda normal, más el rezago que viene de 2020 y 2021.

Para qué decir respecto de las consultas de especialidad; coloquemos el mes de junio de nuevo. En junio del 2019 el sistema público hacía 784.000 consultas al mes; el 2020 hizo 324.000, menos del 50 por ciento, y vamos en 585.000 por mes el año 2021.

Quiero contarles que, más allá de la cantidad de personas que están en las listas de espera, que son 1.600.000 para consultas de especialidades y 270.000 para intervenciones quirúrgicas, el problema no es cuántas hay, sino cuánto esperan. Previo a la pandemia, habíamos logrado bajar a un año de espera para las consultas de especialidad, a 360 días. Estamos en 583; o sea, hoy día las personas que están en esa lista de espera ya no esperan un año, sino un año y medio, lo que tiene una implicancia enorme.

Veintiocho mil chilenos mueren al año por cáncer. Se estima que el año 2022 a esos veintiocho mil se van a agregar tres mil quinientos chilenos y chilenas que van a morir por cáncer, producto de que no se hizo el diagnóstico o el procedimiento de manera oportuna.

Esa es la consecuencia dramática de no enfrentar con eficacia la lista de espera, ya sea diagnóstica, de procedimiento o de tratamiento.

Por lo tanto, que el presupuesto no se haga cargo de este elemento tan central de la vida de los chilenos parece incomprensible. Yo pediría, ministro, y quiero insistir en esto, que el gobierno pudiera explicar en detalle al Congreso cuál es la estrategia para enfrentar esta situación.

Esto tiene costos, que son dramáticos; por lo tanto, el gobierno simplemente no puede transformar esto en un debate en el sentido de que los recursos no están. No, tiene que decir cómo va a enfrentar esta realidad que afecta a los chilenos.

Lo segundo tiene que ver con la relevancia de la atención primaria de salud.

El año pasado, ministro, dimos un buen debate. Ese debate permitió tener un aumento del per cápita de 684 pesos. Este año el gobierno nos propone un incremento de 350 pesos. Ello no se condice con el esfuerzo ni la importancia que la atención primaria ha demostrado en el marco de la pandemia. Tampoco se condice con cualquier gobierno, con cualquier candidato presidencial que esté pensando en el futuro no colocar más recursos en la atención primaria de salud y mejorar su capacidad resolutiva.

Nosotros rechazamos en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el programa de atención primaria -estaba el diputado José Miguel Ortiz , quien además presidió la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos-, y vamos a volver a rechazar el programa de atención primaria. Pero quiero pedir al ministro que podamos tener una respuesta más detallada respecto de lo que el gobierno piensa, porque, al final, el presupuesto tiene que hacerse cargo de resolver los problemas urgentes de los chilenos, y la salud es un problema urgente. Por lo tanto, yo pido un mayor esfuerzo en materia de atención primaria.

Esto no debería ser oposición y gobierno, sino un consenso al interior de este Congreso, más allá de las bancadas a las que pertenezcamos.

Veinticinco millones de dólares cuesta un aumento de 100 pesos del per cápita. Si esto lo lleváramos al monto que se reajustó el año pasado en términos nominales, 684 pesos, requeriríamos un aporte adicional de cerca de 75 millones de dólares, que es un esfuerzo fiscal, no cabe duda, en este contexto, pero es un esfuerzo fiscal que tiene un efecto determinante en la vida de los chilenos, es un esfuerzo fiscal que vale la pena.

No quiero dejar pasar la necesidad de tener una respuesta para cientos, miles de familias que tienen a algún integrante con una enfermedad poco frecuente, y, por lo tanto, con abrir la puerta a la discusión sobre cómo vamos enfrentar esta demanda, producto del debate que se ha dado en torno a las limitaciones presupuestarias que tiene la “ley Ricarte Soto ” para hacerse cargo de incorporar nuevas patologías.

Es una mala señal que la crisis sea la justificación para decir a los chilenos que tienen una enfermedad poco frecuente que no existe ninguna posibilidad de aumentar la cobertura en la “ley Ricarte Soto ”. Son esas las señales que a los chilenos les permiten ver que tener Estado, tener gobierno, tener Congreso vale la pena. Y aquí vuelvo a insistir en que el gobierno y el Congreso deberían llegar a un acuerdo para flexibilizar, o mejorar, o hacer un mayor aporte al fondo de la “ley Ricarte Soto”.

Yo creo, Presidente, que en ningún debate la salud pública no juega un rol central. Si uno mira los programas de gobierno, independiente del sector político, la perspectiva de futuro no se puede pensar. Aquí, de nuevo, vuelvo al compromiso de la estabilidad social que se promete o se busca… ¿Cómo puede haber estabilidad social en un país donde las familias tienen a uno de sus integrantes con cáncer y no ven ninguna perspectiva de poder atenderlo de manera oportuna? ¿Cómo se puede tener estabilidad social con una familia que tiene un hijo cuyo tratamiento vale 13.000.000 mensuales, y el Estado no lo cubre ni ayuda? Es muy difícil tener estabilidad de esa manera.

Por lo tanto, la salud pública juega un rol en términos de las condiciones individuales de vida de las personas, y también permite a las personas sentirse parte de una comunidad.

Por eso, es muy importante que el gobierno acoja las propuestas de modificaciones que la oposición está haciendo en materia de salud.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, obviamente, tenemos una enorme preocupación por lo que está pasando y seguirá pasando en el ámbito de la salud.

Desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones nos han planteado hace mucho tiempo su preocupación por el término de las contrataciones que se hicieron en el sistema de salud pública para colaborar en combatir y enfrentar la pandemia del coronavirus.

Entendemos que esto fue un esfuerzo adicional, extraordinario, dado que los últimos dos años ha habido una exigencia mucho mayor en el sistema de salud. Sin embargo, esta política de poner término perentoriamente, durante este mes y durante diciembre, a todas las nuevas contrataciones que se hicieron, a honorarios, puede ser muy riesgosa por dos motivos.

En primer lugar, la pandemia todavía no finaliza. Lamentablemente, la expectativa que teníamos de alcanzar cifras azules ha ido mutando, y todo indica que estamos frente a la amenaza de una nueva ola de contagios. Por lo tanto, en ese aspecto sería cauto no despotenciar nuestro sistema de salud cuando todavía hay atenciones importantes que realizar.

En segundo lugar, incluso siendo optimistas sobre poder lograr, vía vacunación y nuevas medidas preventivas, detener una posible tercera ola, existe una gran cantidad de gente que no ha tenido una atención regular de salud; es decir, hay mucha gente que suspendió sus tratamientos, entre la cual figuran casos tremendamente sensibles, como pacientes con cáncer y operaciones perentorias que, de no realizarse, ponen en riesgo la salud del paciente. Esas personas, cuando se descomprima la presión de la pandemia, van a llegar a los hospitales y a los consultorios demandando atención.

Creo que aún hay espacio para conversar con el gobierno, para lograr que esta reducción de personal no se dé de forma tan brutal como se está haciendo hoy día, lo que genera gran preocupación -que compartimosentre los trabajadores y las trabajadoras de la salud, quienes realmente han sido los que se la han jugado en este período, por lo cual merecen todo nuestro reconocimiento por la labor desarrollada.

Tampoco podemos dejar de lado la preocupación por la inversión que se hace en materia de infraestructura. En la Región de Coquimbo hemos avanzado -no lo voy a negarcon un hospital nuevo en Ovalle, que ha sido tremendamente importante, el cual permitió, en esta coyuntura de la pandemia, incluso habilitar un hospital antiguo, que estaba en desuso, para acoger pacientes covid de toda la región, lo que salvó muchas vidas.

Hay un proceso de construcción de hospitales nuevos, mediante concesión, en Coquimbo y en La Serena. Soy un opositor tenaz al sistema de las concesiones, porque creo que es un mal sistema para el Estado, en especial en la construcción de hospitales, porque le ha salido mucho más caro al país y le van a salir mucho más caros los nuevos hospitales. Sin embargo, el proceso está andando, aunque con un escándalo por el uso de terrenos y por un fraude que hubo en el gobierno regional. Los responsables tendrán que dar la cara, de una vez por todas, y responder ante la justicia.

Pero se nos ha quedado postergada una provincia en la Región de Coquimbo, la provincia de Choapa, donde no se avanzó en la generación o reposición de la infraestructura hospitalaria. Hoy día tenemos un proyecto de nuevo hospital terminado, con los costos actualizados y revisados a la fecha, con un terreno definido, por lo que le estamos pidiendo y exigiendo al gobierno que este nuevo hospital en la provincia de Choapa, específicamente en la comuna de Illapel, no se construya por el sistema de concesiones, sino con fondos públicos de nivel sectorial, ya que tenemos un presupuesto regional muy menguado. Por supuesto, pedimos que esto esté contemplado en el presupuesto para 2022.

He presentado una indicación que va en esa línea, para autorizar al Ministerio de Salud a usar el presupuesto de 2022 para financiar la construcción del hospital de Illapel, que es fundamental, puesto que en esa comuna no hay camas críticas -solo se han creado por el coronavirusy hay espacio para tratar a los pacientes de diálisis, que es una demanda exigente. Además, hay un laboratorio de covid que se puede potenciar.

Por lo tanto, sería tremendamente significativo que se iniciara la construcción del nuevo hospital de Illapel, que es justo y necesario para la provincia de Choapa. Vamos a jugarnos para que sí o sí esto se produzca en 2022.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, cuando hablamos del presupuesto de salud, uno podría pensar que, a dos años de iniciada la pandemia, ya tenemos clara la necesidad de fortalecer este sector, pero veo que no es así.

Nuevamente nos encontramos con una cifra que está lejos de ser suficiente en términos del per cápita de salud. Después de dos años de pandemia, el gobierno aún no entiende que no se puede recortar en este ítem, y pese a los discursos pronunciados en este sentido, el aumento termina siendo de apenas ciento veinte pesos, cuando los trabajadores y trabajadoras de la salud han señalado que mínimamente debiésemos estar hablando de doscientos pesos per cápita por atención.

A esto le tenemos que sumar el exiguo esfuerzo fiscal de este presupuesto en los programas de atención primaria. ¿No quedó claro el rol fundamental de la atención primaria para prevenir los contagios, no solo de covid, sino de cualquier enfermedad? ¿No nos quedó claro el rol fundamental que juega la atención primaria en mantener la salud de la población? Obviamente no, pues de lo contrario no estaríamos ante esta propuesta que, a mi juicio, es francamente vergonzosa.

Quiero traer a colación la displicente actitud que se ha tenido con los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Solo en el Hospital Regional de Antofagasta más de doscientos funcionarios aún no tienen claridad de cuál es su futuro laboral de aquí a fin de año. El ministro fue a Antofagasta, hizo un punto de prensa para detener las incipientes movilizaciones de los gremios y de los funcionarios, y señaló que por ahora no se van a efectuar despidos.

Perdón, ¿alguien estaría tranquilo si le dijeran que por ahora va a tener trabajo, sin tener ninguna certeza de cuánto durará ese “por ahora”?

¡Y hoy nos encontramos con este presupuesto! Este comportamiento es de la mayor mezquindad y es inaceptable con quienes fueron la primera línea contra la pandemia. Lo peor de todo es que, en el caso de Antofagasta, el mayor porcentaje de despidos es precisamente entre aquellos profesionales destinados a apoyar la rehabilitación de quienes sufren las secuelas covid. ¡Simplemente inexplicable!

En Antofagasta el déficit de funcionarios del hospital regional disminuyó con el personal contratado. Por eso, es urgente no profundizar ese déficit y mantener a los trabajadores y a las trabajadoras, darles certezas reales. Un “por ahora” no nos sirve; no hay certezas de aquí a fin de mes, de aquí a diciembre. Creo que gran parte de eso pasa por esta discusión presupuestaria.

El gobierno debe dejar de descansar sobre los hombros de las y los funcionarios de la salud y entender que la pandemia no ha terminado y tampoco va a terminar por decreto. La salud es un derecho y no puede seguir siendo un privilegio en las regiones de nuestro país. Vamos a seguir necesitándolos y necesitándolas, y no podemos darles la espalda ahora a esos trabajadores. ¡Paremos la mezquindad! Seamos serios con la salud de la población; subamos el per cápita; fortalezcamos la atención primaria, y demos, de una vez por todas, certezas a los funcionarios y a las funcionarias a honorarios.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, atravesamos una gran crisis sanitaria en el país, y si algo nos dejan las crisis es justamente que no podemos esconder la realidad: tenemos una salud dejada al mercado. Esa realidad es la que se plasmó en un sistema que se vio absolutamente sobrepasado. Con el tiempo y gracias al gran esfuerzo de los funcionarios, superamos una situación muy crítica.

Por lo tanto, la crisis nos debe servir para aprender. Ojalá podamos replicar ese aprendizaje en el tiempo y podamos seguir con políticas de salud que no sean las que teníamos anteriormente.

No podemos volver a lo que hacíamos antes, pero siento que este presupuesto hace que volvamos a la salud que teníamos antes de la pandemia, sin importar que estemos ante eventuales rebrotes, ante grandes listas de espera de gente que con el sistema que teníamos, ya estaba esperando por una atención de salud. Esa situación se ha agudizado. A eso se debe la sobrecarga laboral que tienen los funcionarios de salud.

La pandemia no ha cesado. Por lo tanto, resulta impresentable que se emitan resoluciones que tengan como objeto reducir el “gasto” del Ministerio de Salud. Tenemos para rato con esto. Nuestros funcionarios de la salud no pueden seguir pagando el costo de este virus; ellos son la solución y quienes han sacrificado su vida por la ciudadanía. Por eso, tenemos que apoyarlos, no darles la espalda en estos momentos tan críticos.

Los funcionarios de la salud han adquirido una serie de nuevas obligaciones durante este último año. En Magallanes, por ejemplo, la gente que trabaja en la Seremi de Salud se ha encargado del testeo, de la trazabilidad y del aislamiento, cosas que hoy podrían dejar de hacerse, justamente, por estos recortes. Lo mismo sucede en el hospital. Hay una tremenda sobrecarga en los funcionarios. No han tenido vacaciones; se han visto sobrecargados con el trabajo y enfrentados, hoy día, a una ola de listas de espera y a un eventual rebrote. ¿Qué les entregamos como Estado? Inseguridad laboral y sobrecarga laboral. Por lo tanto, creo que hay que hacer un gran esfuerzo para hacerle entender al Ministerio de Salud que hoy, más que nunca, no se puede reducir el gasto en salud, no se puede entrar en una situación que deje a la población y a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad.

En segundo lugar, extraño dos políticas públicas fundamentales en el ámbito de la salud. Primero, considero que la gente que tiene trastorno del espectro autista ha sido discriminada desde hace tiempo. Creo que falta una política fuerte, sobre todo en zonas alejadas. He estado en Porvenir y en Puerto Natales, en donde los tratamientos terminan sirviendo de nada, porque cuando se va un profesional, unos meses después llega otro, por lo que todo lo que se pueda avanzar queda en nada.

Por lo tanto, considero que hay una absoluta vulneración a los derechos humanos de la gente con trastorno del espectro autista. Ellos no son considerados en políticas públicas que, realmente, estén acordes con lo que se deba desarrollar para esa dolencia. Cada vez vemos a más personas que lo padecen.

Segundo, extraño una fuerte política en el ámbito de la salud mental, más aún en pospandemia, donde los problemas se han agudizado. Al menos, en mi distrito, hay muy pocos profesionales del área. Hace poco se retiró a uno de sus funciones, quedando la región absolutamente desprotegida en el ámbito de la salud mental.

Por lo tanto, pido al ministerio que haga un esfuerzo en ese ámbito, entendiendo que hoy es prioritario atender la salud mental de la manera en que Chile lo necesita.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona .

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, precisamente, como dijo un representante del Partido Comunista, en la Región de Coquimbo las políticas de salud han avanzado de manera importante. Agrego a lo dicho por el diputadodel Partido Comunista que se inauguró el hospital de Ovalle, que sirvió mucho durante la pandemia. También comento que está terminado el Centro de Diagnóstico Terapéutico de La Serena, que va a contribuir muchísimo a la atención de salud, en calidad y oportunidad, en toda la región.

Asimismo, por su intermedio, le digo al diputado comunista que la apertura de propuestas económicas para el hospital de La Serena será mañana viernes, a las 12:00 horas. En los próximos años, vamos a tener la inversión más grande de la historia en salud en nuestra región.

Por otra parte, el 10 de diciembre se reciben las ofertas técnicas para la construcción del nuevo hospital de Coquimbo. Esperamos que la gobernadora regional y el Ministerio de Bienes Nacionales firmen luego el traspaso correspondiente, para materializar esa obra.

Señor Presidente, por su intermedio, saludo especialmente a don Lindor Cortés , técnico paramédico de la localidad de Santa Virginia, ubicada a los pies de la cordillera de la provincia de Choapa. En su oportunidad, él y el resto de la gente del lugar nos contaron que se demoran tres días en ir a ver a un especialista, entre traslados y otras situaciones. Evidentemente, eso implica que la provincia de Choapa, específicamente la comuna de Illapel, necesita tener un hospital que permita complementar toda la red, particularmente el hospital de Ovalle con los hospitales de La Serena y Coquimbo .

Por lo anterior, hemos solicitado al ministro de Hacienda y al ministro de Salud que en el Presupuesto 2022 prioricen los recursos para el nuevo hospital de Illapel.

Por su intermedio, agradezco al diputado Núñez por haber presentado una indicación. El oficio N° 3433, que tengo en mi poder, ya presupuestó para 2022 la apertura y licitación del hospital de Illapel. Agradezco la incorporación de esa materia a última hora, pero esto es algo que hemos trabajado desde hace más de seis meses con el diputado Walker .

En el ámbito de la salud hay buenas noticias para la Región de Coquimbo. Efectivamente, esperamos tener un presupuesto razonable, que permita la mejor salud, en atención de calidad y oportunidad para la región.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señor Presidente, me referiré a la partida Ministerio de Salud.

Con el diputado Guillermo Teillier presentamos una indicación que nació luego de haber tomado contacto con dirigentas de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros del distrito N° 13, que represento. El miércoles 20 del mes pasado, nos reunimos con esa federación nacional, pero, particularmente, con las enfermeras y enfermeros de los hospitales Barros Luco , Lucio Córdova y Hospital Psiquiátrico El Peral, todos de la zona sur de Santiago.

Por todos es sabido el fundamental trabajo que siempre han realizado nuestros funcionarios de la salud a lo largo del tiempo, pero, sobre todo, por lo que han hecho en pandemia, la que aún no termina. Como hemos dicho, son nuestros verdaderos héroes y heroínas. Sin embargo, con mucho pesar, hemos visto cómo han tenido que salir a protestar en plena pandemia. Lo he dicho muchas veces: en todo el mundo dieron un trato de héroe y heroínas a los funcionarios de la salud, pero en este país ellos y ellas tuvieron que salir a protestar por mejores condiciones.

En este caso en específico, existe un problema en los ya mencionados hospitales de la zona sur de Santiago: son los únicos servicios del Servicio de Salud Metropolitano Sur que mantienen el sistema de quinto turno, el que consiste en realizar turnos de 24 horas cada cuatro o cinco días. Durante el resto de los días, la jornada es diurna, excepto los sábados, domingos y festivos. El único día libre es el día saliente del turno.

Con el sistema de quinto turno se trabaja casi el doble de horas que con cuarto turno, lo que perjudica, además, la toma de feriado legal, el posnatal y las licencias por enfermedad, y produce un desmedro en la remuneración al no recibir el funcionario el pago por horas extra. Sin duda, con esta figura de turnos, las cotizaciones obligatorias también son menores.

Además, me contaron que la respuesta siempre recae en el Minsal, que no les envía los cargos a fin de implementar el sistema del cuarto turno. Para su implementación, necesariamente, se debe aumentar el número de enfermeros y enfermeras a casi el doble de lo que existe en cada servicio que trabaja con quinto turno. Increíblemente, hoy existe la amenaza de despidos.

También, solicitan que la actual denominación de camas se modifique de cuidados básicos a cuidados medios y críticos, para que los presupuestos en salud sean entregados de acuerdo con la realidad de requerimientos para el cuidado de los usuarios, ello en vista de la falta de voluntad del gobierno no solo respecto de este determinado punto en relación con los funcionarios de la salud de los recintos hospitalarios de la zona sur de Santiago, sino, también, respecto del trato que han recibido.

Reitero: en todo el mundo los funcionarios de la salud han sido catalogados como héroes y heroínas. En Chile también han recibido ese trato por parte de la ciudadanía, pero no por parte del gobierno.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, hemos presentado una indicación a la partida Ministerio de Salud.

En Valparaíso tenemos una situación crítica en relación con el hospital de la ciudad. La población de nuestra región y de nuestra comuna ha aumentado década tras década, pero, al mismo tiempo, contamos con menos hospitales.

En este lugar, en donde se emplaza el Congreso Nacional, existía el Hospital Enrique Deformes, que luego de los daños producidos por el terremoto de 1985, se cerró, en vez de ser restaurado. Toda la cobertura en salud debió ser derivada al Hospital Carlos van Buren , de Valparaíso.

El Van Buren es el principal hospital de Valparaíso y de la red Valparaíso San Antonio. Atiende a pacientes de todas las regiones, incluso, de la Región de Coquimbo. Solo la Unidad de Urgencia, en septiembre recién pasado, generó, en promedio, 150 atenciones diarias. El hospital posee el mayor servicio de medicina de la Región de Valparaíso, la mayor cantidad de cirugías, maternidad y pediatría, así como también camas críticas e instalaciones físicas que datan de 1982.

Hace un par de semanas se constituyó una mesa transversal para solicitar que el Estado continúe con lo que inició hace más de diez años, que es el estudio de preinversión para el nuevo hospital Carlos van Buren .

En la mesa participan la dirección del hospital, los gremios de profesionales y técnicos, los médicos, el servicio de salud, los representantes de los consejos locales de salud y de seis Cesfam, el gobernador regional, los cores, otras organizaciones de Valparaíso y este mismo diputado que habla.

Hemos ingresado una indicación al proyecto de ley de presupuestos, para que se informe el estado de avance del estudio de preinversión del hospital Carlos van Buren , porque el 90 por ciento de porteñas y porteños que estamos en Fonasa necesitamos un hospital donde podamos tener una atención de salud oportuna, ya que no la hemos tenido.

Como señalé, desde el año 1997 existe el proyecto para mejorar este hospital. En 2018, gracias a un convenio GORE-Minsal, se financió un estudio de preinversión que ahora es insuficiente.

Por lo tanto, necesitamos ponerle urgencia a este proyecto, porque demorará muchos años en concretarse, y para que no demore aún más es necesario que en el proyecto de ley de presupuestos se considere el estudio de preinversión del nuevo hospital Carlos van Buren , pues nos parece que es una urgencia social y sanitaria que le permitirá a Valparaíso tener más certezas y más garantías de acceder a un tratamiento de salud oportuno, porque ya son varias las víctimas en nuestra comuna, tanto niños como adultos. Muchos de ustedes conocen el caso de la pequeña Amelia , del cual también hemos hablado en esta Sala.

Por eso, en la partida 16 Ministerio de Salud, capítulo 10, Subsecretaría de Redes Asistenciales; programa 02, Inversión Sectorial de Salud; subtítulo 31, Iniciativas de Inversión; ítem 02, hemos solicitado incorporar la glosa 04, para que se informe sobre el estado de avance del estudio de preinversión del nuevo hospital Carlos van Buren , de Valparaíso.

Eso es cuanto vengo a solicitar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar al ministro de Hacienda, a la directora de Presupuestos y a los subsecretarios presentes.

Este es mi primer período como diputado y el tercer año que me corresponde discutir el proyecto de ley de presupuestos. Creo que no es privativo de este período el hecho de que todos los parlamentarios discuten por más recursos para salud, educación y transporte, entre otros, pero principalmente para salud y educación.

La respuesta que hemos recibido en estos tres años por parte del gobierno es que no hay más recursos. Probablemente sea cierto, pero a lo mejor si los gobiernos, el ministro de Hacienda, el Presidente de la República y los ministros en general, se preocuparan, por ejemplo, de eliminar los falsos exonerados, los sueldos a los expresidentes, la corrupción galopante que tenemos todos los años, tendríamos recursos para aquello. Creo que es necesario también abocarse a eso.

La salud a nivel nacional es una preocupación. En nuestra región y en nuestro distrito tenemos comprometidos los hospitales de Coronel y de Lota con especialidades, pero cuando hay autoridades que pagan el doble del valor del terreno, cuando hay autoridades que compran el doble del terreno que se necesita para favorecer a un particular, los recursos se dilapidan.

Comparto lo que dijo el diputado Moreira hace un rato. Sonó un poco fuerte e, incluso, violento, pero ¡por Dios que tiene razón: los que no tienen plata se mueren!

Se me viene a la memoria una pequeña niña de mi distrito que necesita un remedio que cuesta 1.200 millones de pesos, pero lo curioso de este caso es que, aparte de los 1.200 millones, necesita 400 millones adicionales para pagar el impuesto de importación.

Al respecto, he conversado con las autoridades y he hecho gestiones, pero no he tenido respuestas. Entonces, por Dios que tiene razón el diputado Moreira : el que no tiene plata se muere. Desgraciadamente, esa es una realidad.

Señor ministro –por su intermedio, señor Presidente-, también he planteado el problema de que hoy a los funcionarios de salud, de la salud primaria y secundaria, que han hecho un gran esfuerzo y que fueron contratados por la covid-19 les informaron que se iban para la casa. Los servicios de buses para trasladarlos desde sus casas al hospital o al consultorio, y viceversa, se están terminando.

Asimismo, hay una falta tremenda de ambulancias. No hay ambulancias en mi región, y creo que eso también pasa en el resto del país.

En consecuencia, tenemos que ver cómo solucionamos estos temas, porque la salud de los habitantes de nuestro país es primordial.

Voy a aprovechar los segundos que me quedan para referirme a la partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, específicamente, a una glosa para reparación o ampliación de las iglesias, tanto católicas como evangélicas. Aquí no hay plata para aquello, o sea, no se pueden destinar recursos para ese fin. Creo que eso es necesario, pues los templos evangélicos hacen una gran labor, sacando del trago y de la droga a muchos chilenos, con costo cero para el Estado. También han ayudado a muchos chilenos que, por ejemplo, sufrieron el terremoto de 2010 y tuvieron que rascarse con sus propias uñas. Lo mismo sucede cuando los compatriotas sufren incendios o atentados, ya que ninguna organización del Estado los puede apoyar económicamente, porque eso no está contemplado.

Considero que es necesario incluirlo en el presupuesto, porque la gran labor que realizan las iglesias evangélicas y católicas va en beneficio de todos los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, cuando uno estudia el proyecto de ley de presupuestos, se encuentra con que la reducción del gasto, comparando el 2021 con lo que será el 2022, del 22,5 por ciento, es decir, de un quinto, tiene implicancias directas en temas tan sensibles como la salud y el empleo.

Por un lado, la pandemia no ha terminado y no terminará porque acá aprobemos menos recursos, sino que terminará cuando, en definitiva, cumplamos todas las metas que nos hemos propuesto para poder controlar el despliegue de esta en la sociedad.

Por lo tanto, cabe preguntarse cómo en adelante aplicaremos en Chile medidas tendientes a mantener en términos sostenidos la estrategia de protección a la población.

¿Y con qué nos encontramos? Con que en salud primaria se disminuye la inversión porque es una inversión, no es un gastoen la estrategia elemental: testeo, trazado y aislamiento, porque se reduce el personal. Necesitamos más personal. Cuando uno conversa con los representantes de las asociaciones de funcionarios y los directores de salud de las diferentes comunas que he podido visitar, se encuentra con la carencia de recursos.

En consecuencia, necesitamos ampliar esta estrategia para proteger a la población, para de verdad hacer seguridad social en un momento tan crítico como el que hoy le toca vivir al país y al planeta.

Una segunda consideración dentro del mismo tema tiene que ver con el per cápita. La diferencia, la grieta o la distancia que existe entre lo que se requiere, que puede ser del orden de 10.400 pesos, y lo que hoy se está aprobando son cerca de 2.000 pesos. Es decir, en el caso de una municipalidad que tiene 100.000 personas dentro del sistema, eso hay que multiplicarlo por 2.000 pesos mensuales para obtener el déficit que los municipios empezarán a tener en un tema de alta sensibilidad, que debe tener un alto nivel de dedicación y buenos estándares. Sin embargo, eso no se da en las 346 comunas del país.

Junto con eso, hay temas sensibles que fueron señalados en esta Sala, como, por ejemplo, los niños, las niñas y los ciudadanos que tienen trastornos del espectro autista.

Al respecto, hay una serie de ideas que ellos plantean. Tenemos que abrirnos a esa posibilidad y considerarlos dentro de los apoyos que tiene que dar el Estado, sobre todo a través de los municipios, para tener centros integrales que permitan ir salvando las situaciones en que se encuentran y otorgar a esos ciudadanos protección en materia de salud.

Hoy eso ni siquiera está en los sueños de muchos tomadores de decisiones a la hora de confeccionar el presupuesto, porque no hemos sido capaces de dialogar o de escuchar a quienes viven este drama, que corresponden a 18.000 niños y alrededor de 180.000 ciudadanos afectados por estos trastornos en todo el país.

Luego, está el empleo y la discrepancia que tenemos en relación con el Sence. Si dijimos que tenemos que recuperar los empleos y que, por lo tanto, tiene que haber un incentivo a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, que son las proveedoras de empleos en el país, no podemos escatimar esfuerzos en materia de aplicación del subsidio al empleo. Se requieren estos recursos, porque con ellos comenzaremos a recuperar a la familia y nos dejaremos de estar discutiendo si habrá nuevos retiros de los fondos de pensiones.

Se requieren empleos, pero para labrar ese camino en pos de la recuperación del empleo perdido, entendiendo el empleo como factor principal de desarrollo humano en la sociedad, se necesita este subsidio a la creación de empleo y a la mano de obra.

Hace un rato conversé con el presidente nacional de los trabajadores públicos, quien me mencionó las diferentes situaciones que viven los trabajadores públicos. Por eso hay que considerarlos en esto, porque está ligado a las diferentes partidas que contiene este presupuesto.

Ellos tienen la disposición al diálogo, a la conversación y al acuerdo, pero tenemos que abrirnos al mejoramiento de sus plantas. Tenemos que dotar de recursos a los diferentes sectores para que también haya movilidad social al interior de ellos.

Lo segundo tiene que ver con los trabajadores que están ligados a la atención del público en la emergencia. No se pueden disminuir los recursos, porque, de lo contrario, decrece la atención de los ciudadanos y ciudadanas que van a requerir los servicios de las diferentes reparticiones públicas.

Finalmente, no hagamos lo de siempre. No se pueden dejar amarrados los concursos, menos cuando está terminando el gobierno, en la jefatura de nivel 2, porque no es bueno para tener una administración pública proba y confiable, para mantener en alto el servicio público, como principal rector de la atención cuando los ciudadanos demandan apoyo del Estado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, primero, quiero saludar al ministro, al subsecretario y a todo el equipo de Hacienda, que ha tenido una ardua jornada, la que esperamos que culmine bien.

Decidimos presentar una serie de indicaciones para mejorar una de las áreas más sensibles para la ciudadanía y que, la mayoría de las veces, conlleva un gasto tan alto, que muchos chilenos, lamentablemente, no tienen la capacidad de solventar. Me refiero al área de la salud y al derecho de las personas a recibir una atención digna. Y hago hincapié en la dignidad de las personas, porque, entre otras cosas, queremos solicitar recursos especiales para todos aquellos hombres y mujeres que sufren la patología denominada “guatita de delantal”.

Todos sabemos que en nuestro país tenemos un alto porcentaje de personas con obesidad y sobrepeso, lo que no solo provoca un problema de salud física, sino también mental y emocional.

Por lo mismo, estamos solicitando que las operaciones de abdominoplastia o lipectomía sean incluidas en el programa de garantías explícitas de salud, porque tenemos que ser capaces de devolver su dignidad a los miles de hombres y mujeres que, por diversas razones, han quedado con esta complejidad y que están esperanzados y esperanzadas en que este tipo de operaciones pueda ser cubierto por el Estado.

Otra de las indicaciones que presentamos -aprovechando que acaba de terminar el mes del cáncer de mamastiene que ver con aumentar los recursos para acceder a mamografías. El beneficio para acceder a una mamografía solo incluye a las mujeres de entre cincuenta y sesenta y nueve años de edad, y solo pueden realizarse un examen cada tres años, lo que, evidentemente, no se ajusta a las recomendaciones de distintas organizaciones nacionales e internacionales, que recomiendan hasta el cansancio mamografías anuales para las mujeres.

Además, las cifras nos advierten que un 70 por ciento de los diagnósticos nuevos de cáncer de mamas corresponden a mujeres menores de cincuenta años de edad.

Por lo tanto, es urgente ampliar la cobertura de este programa, para que las mujeres, a contar de los cuarenta años de edad, puedan realizarse exámenes preventivos anuales, y no cada tres años, como ocurre ahora.

Esa es la única manera de tener un diagnóstico temprano de cáncer de mamas, y así evitar que cientos de mujeres fallezcan todos los años producto de esta lamentable enfermedad.

En tercer lugar, queremos solicitar recursos especiales para que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder, de manera digital, a la toma de horas médicas y exámenes en el sistema de salud público, en especial en los cesfam. En pleno siglo XXI, con todos los avances tecnológicos que tenemos, sumado a la pandemia por coronavirus, que nos ha obligado a recluirnos en nuestras casas, es insostenible que aún no exista un sistema para que las personas, especialmente las más vulnerables, puedan tomar una hora médica o para un examen desde sus casas y no tengan que salir a exponerse solo por la falta de interés que por años ha existido para avanzar en una política como esta.

Nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando. Ñuble es la segunda región con mayor cantidad de adultos mayores. Ellos deben peregrinar una y otra vez para pedir hora. Tienen que pedir hora para el médico, tienen que pedir hora para el examen y después para llevar esos exámenes al doctor.

Debemos terminar con ese peregrinar mediante el aprovechamiento de la tecnología que existe. El sistema privado sí lo está haciendo. Por eso, tenemos que colocarle patines al sistema de salud público e igualar las condiciones.

Por último, queremos establecer la obligación, por parte del gobierno, de informarnos sobre la aplicación de la nueva ley de cuidados paliativos para pacientes graves o terminales, que fue despachada por la Cámara en septiembre de este año. En concreto, estamos solicitando que se nos informe, bajo el modelo de atención domiciliaria, el número de pacientes que está recibiendo cuidados paliativos no oncológicos, como también el número de pacientes que está a la espera de recibir una atención, y que la información esté desglosada por patologías.

Después de mucho esfuerzo, hace poco logramos aprobar la ley que reconoce a las personas que padecen una enfermedad terminal o grave su derecho a recibir una adecuada atención de salud.

Por lo tanto, solicitamos conocer la cantidad de personas que ha recibido una atención domiciliaria y las que están pendientes de recibirlas, de manera de buscar distintas fórmulas para mejorar la ley y así seguir consagrando el derecho de las personas a una atención digna.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY.-

Señor Presidente, quiero centrar el foco de la discusión del presupuesto en la partida 16 Ministerio de Salud.

Para muchos chilenos la salud no solo no ha cambiado positivamente, sino que, lamentablemente, ha empeorado por la pandemia.

Se ha producido un aumento de las listas de espera respecto de años anteriores. Por ejemplo, aquí se ha hablado, y es efectivo, que la detección de cáncer de mamas se ha visto retrasada prácticamente dos años, lo que significa que muchas mujeres ingresan a los servicios de salud con un avance significativo de cáncer de mamas, con todo lo grave y complejo que conlleva esta situación.

En 2018 solicité ampliar el rango etario del beneficio entregado a las mujeres en el GES, relativo al examen preventivo de cáncer de mamas. La idea es extender este beneficio a mujeres más jóvenes, de manera de detectar a tiempo el cáncer de mama y así salvar la vida de miles de mujeres. Cabe recordar que si esto se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, no tendrían por qué no seguir con vida, que es lo contrario a lo que pasa hoy.

Por esta razón, la muerte producto de este cáncer ha avanzado mucho en el último tiempo, y necesitamos comprometer los recursos y esfuerzos necesarios para detenerla.

También tenemos listas de espera en otras patologías. Por ejemplo, tenemos listas de espera de prótesis de caderas; gente lleva cinco, seis, ocho o diez años esperando prótesis de rodillas; además, cirugías de hernias. Algunas enfermedades graves y otras, a lo mejor, no tanto, tienen a las personas invalidadas para seguir una vida normal.

Por tanto, además de un incremento en el presupuesto de la partida 16 Ministerio de Salud, se necesita un plan especial para dar solución a estos graves problemas que afectan a la gente que no tiene los recursos para atenderse en el sector privado.

Necesitamos ampliar la “ley Ricarte Soto ”. No es posible que la gente siga haciendo rifas, bingos, pichangas en los sectores rurales y otra series de actividades a beneficio, para sobrevivir o para cubrir necesidades de salud básica, que el Estado no es capaz de financiar.

También necesitamos mejorar el equipamiento, la formación de especialistas en regiones y tener una dotación de personal adecuado. En Curicó, por ejemplo, la contratación de personal se ha visto postergada y existe una brecha de recursos humanos que esperamos que no afecte a la dotación del nuevo hospital.

Por lo tanto, se debe considerar la brecha de personal para 2022 de los hospitales que están en vías de ser entregados ese año. No podemos esperar tener menos camas, menos boxes de atención, menos especialistas y menos personal dispuesto para la atención de la gente, dadas estas tremendas inversiones que se han hecho a nivel nacional. Lo que pasa en Curicó puede pasar en el resto de los hospitales que se van a entregar durante el próximo año, porque las brechas de personal no están siendo consideradas.

Por lo tanto, pedimos a los ministros de Salud y de Hacienda que consideren las brechas de personal para las tremendas y millonarias inversiones que se están haciendo en regiones. No necesitamos elefantes blancos, necesitamos infraestructura para la atención de la gente en forma digna y oportuna. Es la única manera de que podamos empezar a avanzar en entregar un mejor servicio de salud para la gente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que lo que reclamamos en la partida del Ministerio de Salud es un aumento del aporte per cápita para la salud primaria. Lo que necesitan las comunas de todo el país es subir el monto de 8.831, que está establecido hoy, a 8.931. Necesitamos un adecuado monto del per cápita.

También solicitamos que se repliquen los 114.000 millones de pesos para desarrollar un programa que acelere la resolución de las listas de espera no covid, que, como dijo el diputado Manuel Monsalve , les cuestan la vida a 28.000 personas al año, y que se repongan los 6.500 millones para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Esta última es una materia especialmente sensible, ya que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile capacita a más del 50 por ciento de los médicos especialistas de nuestro país y no cobra lo que debiera; si se cobrara un royalty a los médicos por la especialidad que obtienen, claramente no se estarían solicitando estos recursos para ese hospital. Dicho recinto presta un servicio público invaluable como es la formación de los especialistas de nuestro país. Por tanto, esos recursos están muy bien invertidos y solicitamos que se repongan en la partida del Ministerio de Salud.

También, como se ha dicho aquí, garantizar una mamografía al año va a permitir un diagnóstico precoz de la primera causa de muerte de las mujeres en nuestro país y va a permitir ahorrar vidas que se pierden y ahorrar miles y miles de recursos que se gastan por esta fatídica enfermedad.

Asimismo, creemos que es importante que se den por cumplidas las metas sanitarias, como hemos solicitado a través de distintas leyes, y también que en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se creen oficinas de la mujer en todos los municipios del país para relevar el valor de la mujer y tener una adecuada atención de la población femenina de nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto Lorca .

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, la salud y la salud pública en particular han estado en boga durante los últimos años, evidentemente por la situación de la pandemia y todo lo que hubo que implementar para hacerle frente, proceso en que, sin duda, los trabajadores y equipos de salud fueron los protagonistas, pero también porque continúan año a año haciéndose presentes las múltiples necesidades en nuestra población en materia de salud a lo largo de todo el país.

En ese sentido, este presupuesto es muy relevante para el próximo año, 2022, y representa un avance que debe ser valorado, sin desconocer que muchas tareas siguen pendientes y que deberemos seguir abordándolas de manera conjunta en lo sucesivo.

Destacan sobremanera los avances regionales. En dicho sentido, deseo referirme a mi Región del Maule. Allí es necesaria una inversión de más de 80 millones de dólares, la que se realizará en función de este presupuesto y beneficiará a más de 80.000 usuarios de la salud pública regional. Urge que esta inversión llegue a buen puerto y sea materializada, ya que, al igual como ocurre en el resto del país, existen importantes urgencias por cubrir en materia de salud, como las extensiones rurales. Por eso, la reposición de ambulancias es demasiado necesaria; se requiere mejorar la atención de alta complejidad en el hospital regional; necesitamos un acelerador lineal y un resonador magnético para el Hospital Regional de Talca; se requiere más cobertura de especialidades, en consideración a que el hospital de Curicó está pronto a ser terminado y a que avanza el proceso para la construcción de los hospitales de Constitución, Parral y Cauquenes ; en Linares también necesitamos especialistas, para continuar enfrentando las patologías crónicas y graves que más aquejan a nuestra población, como la diabetes, el cáncer y la particular situación que enfrenta hoy la salud mental.

Urge la reposición de muchos cCesfam, especialmente en Talca el cesfam Carlos Trupp , que se construyó cuando había 30.000 habitantes y actualmente hay sobre 80.000; el cesfam Julio Contardo y la posta Las Mercedes, que ya debiera pasar a ser un cesfam. Ellos son parte de la salud comunitaria, donde se prevén las complicaciones en salud y se tratan las afecciones más recurrentes.

Por lo señalado, solicito a la Sala encarecidamente que apruebe esta partida por los avances en materia de salud, especialmente en la Región del Maule y en cada uno de los distritos.

La ausencia de los cesfam y del acelerador lineal, de alguna manera, afecta al desarrollo de la salud de mi región...

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi Lavín .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, en este bloque varios diputados han hablado de la salud. En este sentido, hemos presentado una indicación para que el Fonasa no pueda contratar con prestadores privados que hayan infringido o no hayan pagado las multas correspondientes a la denominada ley de urgencia, los artículos 141 y 141 bis, 171 y 173 bis del actual DFL 1 del Ministerio de Salud.

De acuerdo con un informe entregado en abril de 2021 por la Superintendencia de Salud, se alcanzó un récord en el cobro de multas por un total de 1.244 millones de pesos durante 2020, y se cursaron 58 sanciones a clínicas por supeditar la entrega de prestaciones de urgencia a un pagaré, a dinero en efectivo o a un cheque en garantía, siendo la Clínica Dávila la que encabeza este listado, seguida por las clínicas Tabancura y Bicentenario.

Hoy en día la Superintendencia posee la facultad de eliminar del registro a estas clínicas que son infractoras de la ley de urgencia. Pero ¿qué hace la Superintendencia? Dice: “Si las elimino, no atenderán a pacientes AUGE o GES”.

En consecuencia, tenemos clínicas que vulneran la ley, pero que siguen siendo contratadas por el Estado para que atiendan patologías GES o AUGE. Me parece un despropósito tratar con delincuentes que cobran a las personas para que puedan ser atendidas por la denominada ley de urgencia.

Hace pocos días tuve que denunciar en la Comisión de Salud el caso de una persona que entró por urgencia, por una obstrucción intestinal, y le cobraron por la denominada ley de urgencia; le cobraron un cheque en garantía y no le quisieron aplicar la ley de urgencia. Y a esta persona que necesitaba una sonda gástrica, no se la pusieron hasta que la familia no pudo concurrir con el pagaré de 2.400.000 pesos que le exigía la Clínica Bicentenario. Esa persona falleció cuatro días después, porque la clínica, obviamente, vulneró la ley y los derechos del paciente, de manera que terminó asesinando a una persona que no pudo pagar adelantadamente el pagaré que le exigía. Con esta clínica el Estado no puede seguir contratando servicios. Esa es la indicación que hemos presentado, y esperamos que esta Cámara apruebe.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Hacienda y al subsecretario de Hacienda, presentes en la Sala.

En la partida que estamos debatiendo, quiero señalar que es absolutamente necesario aumentar los recursos para la atención primaria de salud, de manera que los 120 pesos per cápita ofrecidos son absolutamente insuficientes para que el sistema de salud pueda responder a las necesidades que hay en materia de prevención, testeo, trazabilidad, acompañamiento de las personas, como pasó en el consultorio Jorge Sabag , de Valdivia, y para hacer prevención en el mundo rural.

Necesitamos reponer los 114.000 millones de pesos para resolver las listas de espera, que ya reflejan una cantidad de fallecidos que supera los quince mil no covid. Necesitamos resolver las listas de espera no covid.

En el hospital base de Valdivia -por su intermedio, Presidente, se lo señalo al señor ministro de Hacienda-, se necesita que se resuelva una cuestión administrativa que genera ahorro al presupuesto del Ministerio de Salud, relacionado con los más de 350 funcionarios contratados externamente, a través de la compra de servicios, que le salen mucho más caros al hospital base que incorporarlos a su planta. Me refiero a los 350 funcionarios de la empresa Layner . Si evitáramos los gastos generales, las utilidades y el IVA, podrían perfectamente incorporarse a dicho hospital, incluso con ahorros, lo que permitiría mayor estabilidad para esos funcionarios.

Por otra parte, se debe revisar la crisis que está afectando al hospital de Corral y avanzar en la construcción del nuevo hospital de Panguipulli. Dicho establecimiento de salud, que es de excelencia, hoy no da para más. Por años le han prometido iniciar los estudios necesarios para el proceso de búsqueda para la construcción de un nuevo hospital.

Por otra parte, respecto de los funcionarios del hospital de Mariquina, hace dos gobiernos que se les ha prometido que se revisará la condición de traspaso de los funcionarios que perdieron toda su carrera funcionaria.

Finalmente, los conductores de ambulancias necesitan una expertise mayor que cualquier otro conductor de un vehículo de emergencia, porque dentro de estas se llevan a cabo procedimientos de urgencia mientras los pacientes son trasladados a algún recinto de salud a toda velocidad. Resulta que esos funcionarios ingresan con grado 28, de auxiliar, y solamente pueden aspirar a llegar al grado 18. Debido a eso, deben hacer horas extra, trabajar de noche y efectuar trabajos adicionales para tener un ingreso decente. Se está cometiendo una injusticia tremenda con los choferes de ambulancias. Esa es la dura realidad.

Como la salud también tiene que ver con la alimentación escolar, adelanto que rechazaré la partida del Ministerio de Educación, por cuanto la Junaeb está cambiando las reglas del juego a las manipuladoras de alimentos, al modificar el coeficiente de relación entre estudiantes y manipuladoras.

Por último, no se debe obligar a las manipuladoras de alimentos a tener que aplicar el estándar PAE, porque eso implica la realización de un trabajo para el que no fueron contratadas.

En el mismo sentido, nos preocupa la situación de la Universidad Austral de Chile, por cuanto las universidades tradicionales, completas y complejas, no merecen el trato que hoy se está a la Red G9.

En cuanto a la partida de la Segpres, como son un enlace con el Congreso Nacional, necesitamos el refuerzo del Consejo de Monumentos Nacionales. Hoy, dicho organismo lleva a cabo los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, pero se han convertido en una especie de tapón en materia de obras públicas, ya sea en la construcción de carreteras, viviendas u obras portuarias, entre otras, porque cada vez que hay un hallazgo arqueológico, hasta ahí no más llegó el proyecto, ya que las obras se paralizan por mucho tiempo.

El Consejo de Monumentos Nacionales tenía tenía tres arqueólogos, pero hoy cuenta solo con uno, producto de una cuestión de mercado…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, me referiré a la partida del Ministerio de Salud.

En primer lugar, agradezco al ministro de Salud el haber comprometido la implementación de una nueva sala de quimioterapia para el hospital San Camilo , de San Felipe, que va a requerir de una inversión del orden de los 1.800 millones de pesos para habilitar los doce sillones, que mejorarán la calidad de vida, el acceso y el traslado de pacientes con distintos tipo de cáncer del Valle del Aconcagua. Eso beneficiará a las provincias de San Felipe y de Los Andes. No obstante, además se requiere la construcción de una sala que acoja y albergue todo ese equipamiento, para lo cual contamos ya con los compromisos presupuestarios necesarios.

También necesitamos contar con un centro de diálisis en la provincia de Petorca, que tiene un monto aproximado de 1.500 millones de pesos. Dicho recinto permitirá mejorar el acceso, la calidad de vida y los tiempos de traslado y de tratamiento de pacientes que sufren enfermedades renales crónicas, los que en la actualidad deben viajar desde comunas muy alejadas para atenderse en centros privados que se encuentran fuera de los límites de la provincia de Petorca. La sala de diálisis que necesitamos será un gran adelanto y una gran mejora en la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Petorca.

También agradezco que se haya comprometido el financiamiento para los proyectos de inversión del hospital de Peñablanca que mejorarán las instalaciones y la calidad de atención de los usuarios de ese recinto hospitalario, que es muy antiguo, pero que está cumpliendo una importante función, desahogando al hospital de Quilpué y al futuro hospital de Marga Marga. Sabemos que está contemplado cambiar los ascensores, pero hay otras obras en vías de adjudicación y ejecución que se encuentran contempladas en las glosas presupuestarias respectivas.

Por último, quiero agradecer muy especialmente al ministro de Hacienda, a la directora de la Dipres y al Ministerio de Salud por comprometer íntegramente los recursos, para el año 2022, correspondientes tanto de la planta de personal como de las demás inversiones necesarias para el hospital biprovincial de Quillota-Petorca, que entrará en funcionamiento a fines de año y que no tendrá restricciones para implementar íntegramente la planta de personal necesaria para ese importante centro hospitalario, que beneficiará a las provincias de Quillota y de Petorca, ya que posibilitará mejorar ostensiblemente la capacidad de respuesta y de atención del interior de la Región de Valparaíso.

Finalmente, quiero señalar que habíamos presentado indicaciones, pero como existe el compromiso de las autoridades para suplementar los recursos necesarios en las glosas presupuestarias respectivas, agradezco que se hayan considerado todas esas necesidades, que son muy sensibles e importantes en materia de salud. Ello permitirá cerrar las brechas entre localidades y ciudades que quedan alejadas de los centros urbanos, situación que expone a los pacientes a tener que efectuar largos viajes para recibir atención de urgencia, lo que en muchos casos genera la pérdida de vidas producto de falta de atención oportuna, situación que ahora mejorará considerablemente con las inversiones comprometidas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, muy puntualmente quiero plantear algo que también le informamos al señor ministro de Hacienda en la comisión mixta, que dice relación con la realidad sanitaria y, particularmente, hospitalaria de la Región de Coquimbo, y en específico de la provincia de Choapa.

Durante la discusión en la comisión mixta, le pedimos al ministro llevar información relativa a las inversiones comprometidas y, particularmente, a la provisión de los recursos para la construcción del hospital provincial de Illapel o el hospital provincial de Choapa, en la comuna de Illapel. Yo espero que el ministro cumpla con ese compromiso de información, pero, sobre todo, con el compromiso de asegurar los recursos para que se realice la licitación del hospital de Illapel.

Hace algunas semanas tuvimos, junto con el alcalde de Coquimbo, una reunión con el director de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas y también el seremi de Obras Públicas. Nos dijo, por ejemplo, que respecto del hospital de Coquimbo, el próximo 10 de diciembre debiese abrirse la oferta técnica y un mes después, aproximadamente, la oferta económica, y por esa vía resolver o dar curso a la licitación del nuevo hospital de Coquimbo, y que los nudos que hay en ese caso tienen relación con cuestiones de orden administrativo, jurídico, básicamente estudio de títulos de los terrenos.

Pero en el caso del hospital de Illapel, no hay noticias ni registro, y por esa razón vamos a rechazar algunos componentes de la partida Ministerio de Salud, para provocar esa negociación y se consignen recursos para realizar la licitación del hospital de Illapel, porque creo que es fundamental desde el punto de vista de las necesidades sanitarias de la comuna, pero también de equidad territorial.

Pero quiero atreverme a decir algo más. Acá tenemos un problema estructural y endémico. Presidente, el nuevo hospital, la normalización del hospital de la ciudad de La Serena, la capital de la Región de Coquimbo, lleva más de diez años de espera; tenemos un nudo en materia de construcción de infraestructura hospitalaria.

Entonces, cuando uno ve esta realidad -vuelvo a reiterar: espero que el presupuesto 2022 consigne explícitamente los recursos para la licitación del nuevo hospital de Illapel-, se plantean casos como el del hospital de Los Vilos, con quienes estuve reunido el día lunes -recorrí completamente el hospital-, en que parece ser que hay una cultura y una presión para rebajar la calidad del hospital, que ya está en los niveles inferiores de calificación técnica; como que el hospital se convirtió en una piedra en el zapato para la red hospitalaria de Chile, y particularmente de la Región de Coquimbo, a pesar de que es un hospital que reúne tres características que lo hacen necesario y relevante: primero, el aumento demográfico de la comuna de Los Vilos; segundo, que es el hospital al que concurre la mayoría de los habitantes de la comuna de Canela; tercero, la población flotante, como consecuencia de la operación de la megaminera Pelambres en la zona y, cuarto, su cercanía o proximidad con la carretera. Sin embargo, hay una presión constante del Ministerio de Salud para rebajar la categoría de este hospital, para convertirlo en una suerte de centro comunitario de salud. Y lo que las vecinas y los vecinos quieren es que se mantenga la calidad de hospital y, por el contrario, se aseguren las prestaciones médicas.

El mismo lunes se dio a conocer que el médico, el ginecólogo que estaba ahí, que había atendido 65 partos en un hospital donde decían que no se podían tener partos, deja de trabajar el próximo 8 de noviembre. Y las instrucciones que tienen es que no se atiendan partos ahí, que no nazcan niños en Los Vilos, que no nazcan niñas en Los Vilos, que las embarazadas deben ir a atenderse a Illapel, cuando en realidad demuestran ahora que pueden tener partos, nacimientos en la comuna de Los Vilos. Entonces, hay una presión por desmontar el hospital que va a generar una crisis social, que va a generar un conflicto social.

Por lo tanto, por intermedio del señor Presidente, quiero pedir al ministro de Hacienda que en este presupuesto se consignen los recursos para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la operación que tiene actualmente el hospital de Los Vilos, para descartar absolutamente cualquier intento de desmantelarlo y de rebajarlo de categoría.

Finalmente, en estos tiempos, creo que los recursos que deben proveerse para ambulancias tienen que aumentar en todo el país, porque si queremos que la gente no vaya a los consultorios, sino los consultorios a la gente, tenemos que dotar de vehículos para esa atención, que, en el caso de La Serena, Coquimbo , Ovalle y Vicuña , entre otras, simplemente son escasos, muy antiguos y algunos técnicamente ya están fuera de servicio.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, hoy quiero hablar respecto de la partida del Ministerio de Salud.

En primer lugar, en materia de construcción de hospitales, quiero llamar la atención respecto de un compromiso adquirido el año pasado en esta misma Sala, en que se comprometieron los recursos para avanzar en la compra del terreno para el nuevo hospital de Peñaflor y Padre Hurtado. Este nuevo hospital ha tenido un atraso considerable por la demora en el estudio de red por parte del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que ha impedido poder terminar el estudio de red y avanzar en la compra del terreno para el futuro hospital de Peñaflor y Padre Hurtado. Aquí hacemos un llamado, en primer lugar, al Ministerio de Salud a cumplir con el compromiso de finalizar este año el estudio de red y dejar comprado el terreno para dicho hospital.

El hospital de Peñaflor partió hace 82 años como una casa de acogida, que se ha ido amoldando, ha ido creciendo a través de distintas construcciones modulares, y que hoy no ofrece una atención digna a toda la gente de Peñaflor y Padre Hurtado.

Es por eso que estamos solicitando el cumplimiento del compromiso del Ministerio de Salud de terminar el estudio de redes para iniciar la compra del futuro terreno que permitirá construir el hospital de Peñaflor y Padre Hurtado.

También en el marco de la discusión presupuestaria, quiero hacer un llamado de atención por lo que ha ocurrido con la construcción del cesfam El Monte.

Lamentablemente, este cesfam se encuentra dentro de aquellos cuyas empresas constructoras han quebrado en dos ocasiones. Y lo que ocurre es que El Monte hoy día, siendo una comuna de 40.000 habitantes, no tiene ningún cesfam construido; tiene un consultorio precario que, obviamente, impide dar una atención de salud digna a toda la gente de El Monte.

Por eso quiero hacer un llamado especial al ministerio para agilizar el término del contrato con la segunda empresa que quebró, para poder cumplir el compromiso que asumimos en este gobierno de poder entregarles la construcción del cesfam El Monte a los habitantes montinos.

En tercer lugar, siguiendo en la línea de los hospitales, hace cuatro meses, el subsecretario de Redes Asistenciales fue a poner la primera piedra para la construcción del hospital de Buin y Paine, el Hospital San Luis . Desde esa fecha no se ha visto un inicio efectivo en la construcción, de las obras del hospital. Y aquí hago un llamado al subsecretario a iniciar y agilizar la construcción del hospital, toda vez que, según las distintas cartas Gantt en materia de construcción del hospital de Buin y Paine , esta construcción formal ya debió haberse iniciado, pero eso lamentablemente no ha ocurrido.

Aquí hay un hecho grave respecto de la salud y del porte, el tamaño, la capacidad que tiene el actual hospital de Buin para recibir a los más de 200.000 habitantes de ambas comunas, por lo que está absolutamente sobrepasado. Así, se requiere el inicio urgente de las obras del hospital de Buin y Paine para cumplir con el compromiso y, sobre todo, para alcanzar a dar cumplimiento a la meta en materia de construcción de este hospital.

Para finalizar, quiero señalar, en nombre de la bancada de la UDI, que junto con el diputado Gustavo Sanhueza presentamos una indicación que busca generar una glosa especial para las denominadas “guatitas de delantal”, para poder avanzar en el tratamiento de la abdominoplastía. Es un tema que muchas veces ha sido invisibilizado y, lamentablemente, los distintos gobiernos no han puesto recursos suficientes para poder apoyar, a través de operaciones, de abdominoplastías, a miles de mujeres, y también a hombres, pero especialmente a miles de mujeres que hoy día requieren esa operación, que, lejos de ser una operación estética, lo que busca es tener una mejora en materia de salud física y psíquica.

Por eso, hemos presentado una indicación, que busca establecer una glosa especial, con recursos especiales para avanzar en la abdominoplastía, terminar con la tremenda lista de espera en materia de operación de la llamada “guatita de delantal” y, así, ir avanzando en las operaciones a las mujeres y a los hombres que se encuentran en esta situación.

Por eso, en caso de que sea declarada inadmisible, vamos a hacer la reclamación correspondiente. Asimismo, hacemos un llamado no solo al Ministerio de Salud, sino también al ministro de Hacienda, a efectos de que pueda establecer los recursos necesarios para avanzar con la abdominoplastia.

Esta es una solicitud de miles de agrupaciones a lo largo de Chile, pero especialmente lo manifiesto por la zona que represento. Me reuní hace pocos días con gente de Isla de Maipo, San Bernardo , Buin , Paine , Talagante , Peñaflor , Melipilla y El Monte, y conversamos sobre el tema. Hay que destinar recursos para la abdominoplastia, porque estamos seguros de que cientos de miles de mujeres se encuentran en una situación muchas veces desesperada.

Por eso, hemos establecido esta glosa y esperamos que se apruebe con recursos. En este punto, hago un llamado especial al ministro de Hacienda para que nos ayude con los dineros.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Aracely Leuquén .

La señorita LEUQUÉN (doña Aracely) .-

Señor Presidente, respecto del ámbito de la salud y de cómo se vive día a día en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desde luego creo que uno debe marcar una diferencia.

Hace algunas semanas estuvimos presentes en el Ministerio de Salud junto al ministro de la cartera y dirigentes del Consejo Consultivo de Salud del Hospital de Puerto Aysén, presidido por la señora Ximena Ruiz -que nos está mirando y escuchando-, para plantear lo que significa mejorar la resolutividad de los hospitales.

¿Cómo proyectamos nuevas infraestructuras hospitalarias que realmente brinden una mejor atención, digna y de calidad para nuestros habitantes, especialmente en una zona extrema y tan apartada como la Región de Aysén?

No queremos que el Hospital de Puerto Aysén, que nace luego del movimiento social del 2012, se convierta en un elefante blanco; queremos que deje de ser solo una infraestructura y cumpla con su objetivo de entregar una mejor atención en salud para los vecinos de tan aislado lugar. Lo hemos planteado, porque hace algunos días se aprobó un proyecto de resolución que pedía recursos para mejorar la resolutividad de ese establecimiento de salud.

Al mismo tiempo, hemos conversado con el ministerio sobre el anuncio de un centro oncológico para la Región de Aysén. Sabemos no se cumplirá en este periodo presidencial; sin embargo, hay que proyectarlo y cumplirlo.

Hay dos compromisos fundamentales respecto de los que hemos ingresado algunas indicaciones, especialmente con relación al arriendo de un espacio, mucho más amplio, para trasladar y habilitar la actual unidad oncológica del Hospital Regional de Coyhaique a un mejor espacio, con una mejor infraestructura, para brindar una atención oncológica superior a los pacientes.

Al mismo tiempo, se han realizado las gestiones comprometidas con el Ministerio de Obras Públicas para que intervenga junto con el Ministerio de Bienes Nacionales y se pueda disponer de los terrenos colindantes con el Hospital Regional de Coyhaique, para proyectar un centro oncológico transitorio con miras al que verdaderamente queremos se instale en el futuro en la Región de Aysén.

Hace algunos minutos estuve en un punto de prensa junto con el diputado Diego Schalper con la finalidad de insistir en que el cáncer es la primera causa de muerte en Chile, y muy especialmente el cáncer de mama, el que en la Región de Aysén supera el promedio nacional.

El acceso a las mamografías y ecografías mamarias logra obtener un diagnóstico precoz y oportuno. A efectos de que dichos exámenes se puedan realizar, hemos enviado los oficios correspondientes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública; sin embargo, dado que no existen respuestas, vamos a interponer un recurso de protección para defender la vida de tantas mujeres que se encuentran en riesgo por la negligencia y el retraso de estos exámenes, fundamentales para salvar vidas.

No basta con pintar La Moneda ni las instituciones de color rosa en octubre, mes de la prevención del cáncer de mama, si no somos capaces de llamar a la prevención y generar condiciones para que las mujeres puedan prevenir esta enfermedad.

Al mismo tiempo, hemos canalizado en la partida 16 Ministerio de Salud que se mejore la resolutividad hospitalaria en comunas apartadas, como lo son Chile Chico y Cochrane. En esas comunas las mujeres han defendido el derecho a nacer en el lugar de origen; en este punto, hago mención especial de dos grandes dirigentas y mujeres de la Patagonia: Patricia Gallardo , en Chile Chico, y Ariana Valenzuela , en Cochrane, quienes han defendido este derecho con una campaña ciudadana.

En Cochrane se han hecho tremendos esfuerzos, y el nuevo hospital que se está proyectando en esa comuna, capital de la provincia Capitán Prat, tiene a la gente optimista, con una expectativa muy alta respecto de lo que esto va a significar. En ese sentido, quiero destacar el esfuerzo del gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, a través de los consejeros Carlos Campos y Jorge Abello , que han sido fundamentales para sacar adelante esta obra.

Por último, en relación con la salud mental, la Región de Aysén es la que tiene la mayor tasa de suicidio infantojuvenil. En consecuencia, hemos solicitado al ministerio que pueda aumentar los recursos a efectos de obtener las prestaciones médicas precisamente en el ámbito de la salud mental.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Continúa la sesión.

La indicación N° 1 a la partida 15 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República, en tanto determina funciones o atribuciones de servicios públicos, y en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del mismo artículo, pues incide en la administración financiera del Estado.

La indicación N° 2 a la partida 15 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado al señalar el modo de ejecutar los recursos.

La indicación N° 3 a la partida 15 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado al señalar el modo de ejecutar los recursos.

Se ha reclamado la admisibilidad de la indicación.

Para defender su admisibilidad, ha solicitado la palara la diputada Sandra Amar . Tiene la palabra, diputada.

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, la presente indicación se ha declarado inadmisible por incidir en la forma como se ejecutan los recursos fiscales.

Lo que estamos solicitando es la continuidad de una mesa que ya existe y que estaba presente en la Ley de Presupuestos del Sector Público Correspondiente al Año 2021, creada para escuchar y atender las demandas de cientos de pensionados con los que el Estado de Chile ha estado en deuda por más de cuarenta años.

Lo que propongo en esta indicación es que se continúe con esa mesa de negociación, creando, así, espacios de diálogo. De llegar a existir una solución, esta nacerá desde la mesa y desde la voluntad del ministerio.

No creo que haya alguien en el Congreso Nacional que no quiera entregar ese espacio de conversación a quienes por años dieron su trabajo por un Chile mejor.

Dejemos de negar los espacios y comencemos, de una vez por todas, a sanar las heridas que han causado malas gestiones pasadas.

He dicho.

La indicación N° 1 a la partida 16 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, N° 4°, de la Constitución, porque altera las bases para determinar las remuneraciones de funcionarios del sector salud de la administración pública, como asimismo porque no guarda relación con las ideas matrices del proyecto de ley de presupuestos.

El diputado Ricardo Celis ha reclamado la declaración de inadmisibilidad. Tiene la palabra, su señoría.

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, esta indicación reproduce de modo íntegro lo aprobado por esta Sala con antelación, en lo que se refiere a dar por cumplidas las metas sanitarias del año 2021 en un ciento por ciento, toda vez que los funcionarios de salud se han debido dedicar a la pandemia y no han tenido posibilidad de dar cumplimiento a lo establecido.

Ahora, respecto de la inadmisibilidad de la indicación, esta Sala votó su admisibilidad con antelación al aprobar un proyecto en esta línea y ayer la Comisión Especial Mixta de Presupuestos revisó el tema y también declaró su admisibilidad, toda vez que no fija ningún criterio nuevo respecto de las metas. Las metas no son fijadas por esta indicación, los topes tampoco son fijados por la indicación, ni los montos máximos ni mínimos. Solo da por reconocido el ciento por ciento de cumplimiento de los funcionarios de salud por los motivos que he señalado, toda vez que estamos en pandemia.

También hay un tema de justicia, porque, en sentido contrario, obviamente aquellos funcionarios que se han debido dedicar a la pandemia y no han podido participar del cumplimiento de las metas, injustamente, no pudieron dar cumplimiento a las metas que les han sido asignadas por la autoridad.

Por lo tanto, yo pido que se declare admisible esta indicación, tal como lo hizo la Sala en su momento aprobando íntegramente un proyecto por una mayoría bastante amplia de todos los sectores y ayer la Comisión Especial Mixta de Presupuestos lo reiteró.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Quedará constancia en el acta de su reserva de constitucionalidad.

La indicación N° 2 a la partida 16 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, N° 2°, de la Constitución, ya que determina funciones o atribuciones de los servicios públicos.

El diputado Leonardo Soto ha reclamado la inadmisibilidad de la indicación declarada por la Mesa.

Tiene la palabra, diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, reclamé la declaración de inadmisibilidad, toda vez que la indicación se encuadra dentro de las facultades constitucionales, porque corrige una tremenda desigualdad, una discriminación arbitraria que sufren los trabajadores del hospital Parroquial de San Bernardo. Ese es un hospital que tiene una dependencia privada, pero forma parte de la red de salud sur, que cumple una función pública, pues atiende a todos los pacientes públicos de San Bernardo. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación que esos trabajadores estén excluidos de los beneficios que tienen todos los trabajadores del área de salud sur como empleados públicos.

Por eso esta indicación y la que sigue tienen por objeto la asimilación de los trabajadores del hospital Parroquial de San Bernardo a los demás trabajadores de la red de salud sur.

La indicación N° 2 a la partida 16 simplemente pide que se entregue una información, que es un estudio que marque las brechas remuneracionales entre los trabajadores del hospital Parroquial y el resto de trabajadores del área sur.

La indicación N° 3 tiene que ver con pedir al Presidente, al Ejecutivo, que considere un proyecto de ley que asimile u homologue a estos trabajadores que cumplen una función pública al resto de trabajadores de la misma categoría del área pública de salud sur.

He dicho.

El señor LANDEROS (secretario).-

La indicación N° 8, de la diputada Cristina Girardi , es al capítulo 02, programa 01, subtítulo 24, ítem 01, para agregar un nuevo inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto, del siguiente tenor: “El Fondo Nacional de Salud no podrá contratar con prestadores privados que hayan sido infraccionados o no hayan pagado las multas aplicadas por infracción a lo dispuesto en los artículos 141, inciso penúltimo y final, 141 bis, 173, incisos séptimo y octavo, y 173 bis del DFL N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469.”.

El señor LANDEROS (secretario).-

La indicación N° 9, de la diputada Cristina Girardi , al capítulo 02, Fondo Nacional de Salud; programa 01, Fondo Nacional de Salud; subtítulo 24, Transferencias Corrientes; ítem 01, al Sector Privado, tiene por objeto modificar, en el inciso primero de la glosa 12, el monto $200.891.783 miles, por la siguiente nueva cifra: “$1”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La indicación N° 10 a la partida 16 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado, puesto que amplía beneficios.

El diputado Diego Schalper ha pedido la reconsideración de la inadmisibilidad. Tiene la palabra, su señoría.

El señor SCHALPER.-

Presidente, seré muy breve.

Aquí estamos hablando de la principal causa de muerte en las mujeres. De eso estamos hablando, para empezar a conversar.

Presidente, tuve la oportunidad de conversar este tema con el ministro de Salud, y lo transparento para que lo sepa el ministro de Hacienda. El sistema público de salud tiene plena capacidad para absorber esta necesidad, especialmente después del hospital digital.

Para que sepan nuestros colegas, dos de cada tres mujeres, el 66 por ciento, no se realizan regularmente sus mamografías. Solo el 32 por ciento lo hace, y de las que se lo hacen, a la mitad se le pide una ecografía mamaria, examen al cual no pueden acceder la gran mayoría de las veces.

No estamos pidiendo más recursos; por lo tanto, la causal de inadmisibilidad está equivocada. Simplemente, estamos pidiendo exprimir al máximo las necesidades del sistema público de salud, para que cumplamos un mínimo, que es que las mujeres puedan hacerse una mamografía anual garantizada, como parte de las Garantías Explícitas en Salud.

No estamos pidiendo más recursos, ministro; simplemente estamos pidiendo mejor administración.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Quedará constancia en el acta.

La indicación N° 11 a la partida 16 se declara inadmisible en virtud de lo señalado en el artículo 67, inciso segundo, de la Constitución, ya que aumenta gastos contenidos en la ley de presupuestos.

La indicación N° 12 a la partida 16 se declara inadmisible en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución.

El diputado Schalper ha pedido la reconsideración de la declaración. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, remítase a lo ya mencionado. Lamento mucho, y lo digo con harta franqueza, que el gobierno no dimensione lo que está en juego.

Cuesta entender cuando escucho decir que se hace reserva de constitucionalidad, porque hemos insistido hasta el cansancio...

(Manifestaciones en la Sala)

El señor PAULSEN (Presidente).-

Llamo al orden a las diputadas Parra y Girardi .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, el ministro de Salud nos ha confirmado que está la capacidad instalada para poder cumplir con un mínimo. Si tenemos una política de salud en que decimos que el cáncer de mama requiere al menos una mamografía, y no somos capaces de asegurar a las mujeres una mamografía como garantía explícita de salud, nadie entiende.

Por tanto, invito al gobierno a que no insista en la inconstitucionalidad y que acojamos esta necesidad de las mujeres.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Quedará constancia en el acta.

La indicación N° 13 a la partida 16 se declara inadmisible en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado al señalar el modo de ejecutar los recursos.

La diputada Érika Olivera ha reclamado la admisibilidad de la indicación. Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, señala que es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. En su artículo 4° dispone: “Los programas destinados a las personas con discapacidad que ejecute el Estado, deberán tener como objetivo mejorar su calidad de vida, principalmente, a través de acciones de fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos”.

Escuchar es un derecho, por lo que esta indicación se propone con el ánimo de llevar ese derecho a las personas con hipoacusia, de manera que a través de este presupuesto se permita financiar la adquisición de prótesis auditivas o implantes cocleares para aquellos pacientes que en la actualidad no tienen acceso a ellas porque no se encuentran cubiertas por el AUGE.

He dicho.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 14, de la diputada Joanna Pérez , en el subtitulo 24 Transferencias Corrientes, del programa 01 Fondo Nacional de Salud, incorpora una glosa nueva del siguiente tenor:

“Con cargo a estos recursos, se podrá financiar o convenir la compra de servicios para el diagnóstico, la atención, medicación y tratamiento especializado y multidisciplinario de personas con Trastornos del Espectro Autista.”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La indicación N° 15 a la partida 16 se declara inadmisible en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución.

La indicación N° 16 a la partida 16 se declara inadmisible por la misma razón.

Las indicaciones Nos 17.1, 17.2 y 17.3 a la partida 16 se declaran inadmisibles por la misma razón que las anteriores.

La indicación N° 18 a la partida 16 se declara inadmisible en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución.

La indicación N° 19 a la partida 16 se declara inadmisible en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política, ya que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado, puesto que amplía beneficios.

La diputada Francesca Muñoz ha pedido la palabra para pedir la reconsideración de la inadmisibilidad de la indicación.

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señor Presidente, solicito que se apoye la admisibilidad de esta indicación, ya que la atrofia muscular espinal es una enfermedad extremadamente grave y su tratamiento tiene un altísimo costo, incluyendo el medicamento más caro del mundo.

Por eso, solicito que el Estado vaya en ayuda de los niños y niñas que padecen esta grave enfermedad, quienes necesitan el tratamiento antes de los dos años para mejorar su calidad de vida.

He dicho.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 21, suscrita por la diputada señora Joanna Pérez , es al subtítulo 24, programa 01, capítulo 02, partida 16, para agregar la siguiente glosa nueva: “Con cargo a estos recursos, se podrá financiar o convenir la compra de servicios para el diagnóstico, la atención, medicación y tratamiento especializado y multidisciplinario de personas con Trastorno del Espectro Autista.”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la indicación N° 22 a la partida 16. Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 22, suscrita por la diputada señora Joanna Pérez , es al subtítulo 24, programa 01, capítulo 02, partida 16, para agregar la siguiente glosa nueva: “Con cargo a estos recursos también se podrá financiar equipamiento especializado para la atención de emergencias a niños y niñas que padezcan Alergias Alimentarias y que pertenezcan o hayan pertenecido al Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Ministerio de Salud.”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la indicación N° 23 a la partida 16. Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 23, suscrita por la diputada señora Joanna Pérez , es al subtítulo 24, programa 01, capítulo 02, partida 16, para agregar la siguiente glosa nueva: “Con cargo a estos recursos, se podrá financiar equipamiento, diagnóstico, atención, medicación y tratamiento especializado y multidisciplinario de personas con Trastorno del Espectro Autista”.”

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la indicación N° 24 a la partida 16. Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 24, suscrita por la diputada señora Joanna Pérez , es al subtítulo 24, programa 01, capítulo 02, partida 16, para agregar la siguiente glosa nueva: “Con cargo a estos recursos también se podrá financiar equipamiento, tratamiento y diagnóstico especializado para la atención de niños y niñas que padezcan Alergias Alimentarias y que pertenezcan o hayan pertenecido al Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Ministerio de Salud”.”

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar la indicación N° 25 a la partida 16. Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 25, suscrita por la diputada señora Joanna Pérez , es al subtítulo 24, programa 01, capítulo 02, asignación 010, Financiamiento de Prestaciones Médicas; glosa nueva, que dice lo siguiente: “Con cargo a estos recursos, se podrá financiar el diagnóstico, la atención, medicación y tratamiento especializado y multidisciplinario de personas con Trastorno del Espectro Autista.”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En consecuencia, quedan eliminadas las indicciones Nos 26, 28, 29, 30 y 31.

Las indicaciones Nos 32.1 y 32.2 a la partida 16 se declaran inadmisibles por estar mal formuladas.

Al estar mal formuladas no pueden reclamar la admisibilidad. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-

Señor Presidente, hace un tiempo el Sernac presentó un estudio sobre gestión menstrual, en que demostró que se gastaban más de 126.000 pesos en productos. Creo que esta indicación la va a apoyar -por su intermedio el diputado Schalper , quien también estaba preocupado por este tema.

Por tanto, nosotros creemos, por el costo económico que significa para parte importante de la población sobrellevar el proceso biológico de la menstruación, que es de toda justicia que esta indicación sea admisible; es un costo muy grande para muchas mujeres que necesitan.

Es por eso que no solo hemos presentado una indicación, sino también un proyecto de ley; esperamos que ella se reponga. Creo que nadie estará en contra de apoyar a tantas mujeres.

Como dije, pueden ver el estudio que hizo el Sernac, en que el costo de productos menstruales es alto: más de 126.000 pesos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La indicación N° 33 a la partida 16 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución.

El diputado Ricardo Celis la ha reclamado. Tiene la palabra, su señoría.

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, en la ley de presupuestos del año pasado se estableció un plan piloto para la fibromialgia, que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las mujeres. Dicho plan está radicado en tres regiones, en las comunas de Parinacota, en Punta Arenas, y en la Región de La Araucanía, en la comuna de Lautaro.

Lo que está haciendo hoy este plan es fundamentalmente establecer las guías clínicas y los temas procedimentales que tienen que ver con los elementos que debe contener el tratamiento para la mujer -y algunos varones con fibromialgia.

Ahora bien, he conversado con el director del servicio de salud y con el señor ministro en su oportunidad para hacer extensivo este plan a dos comunas en la Región de La Araucanía: Padre Las Casas y Loncoche, toda vez que en la Región de La Araucanía, fundamentalmente el Servicio de Salud Araucanía Sur, se ha hecho un trabajo bastante bueno en establecer estas guías clínicas.

Esto no ha irrogado ningún gasto. En este momento se están estableciendo las guías clínicas, los elementos procedimentales; no hay gasto asociado, sino que es fundamentalmente un tema de gestión que tiene que ver con los actores que están allí trabajando en el servicio de salud. Y lo que estoy pidiendo acá es ampliarlo a dos comunas, como lo hemos conversado con el director del Servicio de Salud Araucanía Sur, quien ha estado de acuerdo con aquello.

He dicho.

Corresponde votar la indicación N° 36 a la partida 16, a la que dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Indicación del diputado José Miguel Ortiz , en el capítulo 10, programa 01, Subsecretaría de Redes Asistenciales, para agregar a continuación del punto final, que pasa a ser aparte, la siguiente nueva glosa 35: “Esta mesa entregará a más tardar en el mes de junio 2022 una propuesta de proyecto de ley que será enviada al Parlamento en el segundo semestre.”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La indicación N° 40 a la partida 16 se declara inadmisible por estar mal formulada.

La indicación N° 41 a la partida 16 se declara inadmisible en virtud de lo señalado en el artículo 67, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

El diputado Pablo Prieto ha reclamado la declaración de inadmisibilidad. Tiene la palabra, señor diputado.

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, me voy a referir a las indicaciones 41, 43 y 45. Como expliqué latamente en mi intervención, la primera tiene relación con la reposición de dos ambulancias para el sector rural de la Región del Maule; la segunda, es la adquisición de un acelerador lineal y de un resonador magnético para el hospital regional de Talca – estamos hablando de reposiciones-, y la tercera, tiene relación con el financiamiento para la reposición del Cesfam Carlos Trupp y del Cesfam Julio Contardo y la construcción de un nuevo Cesfam en Mercedes.

La ausencia de estas reposiciones afecta el derecho a la vida.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Muchas gracias, ministro. Quedará constancia en el acta.

La indicación N° 42 a la partida 16 se declara inadmisible.

La indicación N° 44 a la partida 16 se declara inadmisible, en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

Ha reclamado su admisibilidad el diputado Daniel Núñez . Tiene la palabra, señor diputado.

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, la verdad es que no se entiende por qué la Secretaría de la Cámara la declaró inadmisible, porque acá no se le está imponiendo una obligación al Ministerio de Salud.

La indicación dice claramente “podrá”; es decir, se le da una posibilidad –que obviamente nos interesa que se apruebey dicha posibilidad tiene que ver con que en 2022 se pueda financiar, con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud, la normalización del Hospital Humberto Lorza Cortés, de Illapel, tema que hemos explicado y comentado latamente acá, y también el diseño del nuevo Hospital Carlos van Buren , de Valparaíso.

Por lo tanto, pido que se declare admisible esta indicación y sea respaldada, porque lo que estamos haciendo, simplemente, es usar nuestras atribuciones y rechazarla sería renunciar al ejercicio de las facultades que tiene esta Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 53, de la diputada Carolina Marzán , agrega una nueva glosa al capítulo 10, Subsecretaría de Redes Asistenciales, programa 02, Inversión Sectorial de Salud, subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, ítem 02, Proyectos, del siguiente tenor: “Con cargo a estos recursos, durante 2022, el Ministerio de Salud podrá financiar el estudio y ejecución de avance y conversión hacia un establecimiento hospitalario de mediana complejidad al Hospital Geriátrico Paz de la Tarde de la comuna de Limache.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 55, del diputado Diego Schalper , agrega una nueva glosa en el programa 01, Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O’Higgins, subtítulo 24, Transferencias Corrientes, ítem 03, A Otras Entidades Públicas, asignación 298, Atención Primaria, ley N° 19.378, del siguiente tenor: “Los recursos considerados se podrán destinar a insumos de gestión menstrual, para su entrega en Servicios de Atención Primaria a sus usuarias.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 59, del diputado Tucapel Jiménez , es al capítulo 44, Servicio de Salud Metropolitano Sur, subtítulo 21, Gastos en Personal, y señala lo siguiente: “Para sustituir el guarismo 176.585.755 por el guarismo 1.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 60, de la diputada Ximena Ossandón , es al programa 01, Programa Contingencias Operacionales, subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y señala: “Con cargo a estos recursos durante el año 2022, se podrá realizar una licitación pública para la ejecución de un Programa Especial para la rehabilitación en salud mental de niños y niñas con secuelas por efecto de la Pandemia Covid-19.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 3, del diputado Pablo Vidal , es a la partida 22 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, capítulo 01, Secretaría General de la Presidencia de la República, programa 08, Convención Constitucional, y señala: “Para suprimir el siguiente párrafo: “Se informará mensualmente, entre enero y abril, a la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, el detalle de los gastos operacionales incurridos en cada mes. El Presidente de la Convención Constitucional será el responsable del cumplimiento de esta obligación.”.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, la indicación N° 5, del diputado señor Marcelo Schilling , es para suprimir en la glosa 02, sobre gastos en personal de la Convención Constitucional, la siguiente frase: “Por un total de hasta $1.262.317 miles, y $8.144 miles por convencional constituyente, por el periodo.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, la indicación N° 6, del señor Pablo Vidal , tiene por objeto suprimir en la partida 22, capítulo 01, en el programa 08, subtítulo 21, glosa 03, lo siguiente: “Se informará mensualmente, entre enero y abril, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el detalle del gasto en apoyo técnico especializado de este literal incurrido en cada mes. El presidente de la convención constitucional será responsable del cumplimiento de esta obligación.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, la indicación N° 8, del diputado señor Marcelo Schilling , tiene por objeto, en la glosa 03 del programa 08, Convención Constitucional, suprimir en la letra b) el siguiente párrafo: “Se informará mensualmente, entre enero y abril, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el detalle del gasto en apoyo técnico especializado de este literal incurrido en cada mes. El presidente de la convención constitucional será responsable del cumplimiento de esta obligación.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, la indicación N° 10, del diputado señor Pablo Vidal , se refiere a las asignaciones del artículo 134, inciso final, de la Constitución Política de la República, a fin de suprimir en la glosa 05 lo siguiente: “Mensualmente, el Comité Externo de Asignaciones remitirá a ambas cámaras del Congreso Nacional el listado de personas contratadas especificando su título obtenido en educación superior o la ausencia de este, la calidad en la que se contrataron, el o los constituyentes para los cuales prestarán sus servicios y el monto total asignado. El Presidente de la Convención Constitucional será el responsable del cumplimiento de esta obligación. Mensualmente el Comité Externo de Asignaciones informará al pleno de la Convención Constitucional y en a ambas Cámaras del Congreso Nacional acerca de la observancia de sus instrucciones respecto de la contratación y remuneración de los servicios de personal de apoyo profesional, técnico y experto.”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

¿A favor o en contra?

(El diputado Sebastián Torrealba responde sin micrófono)

Se dejará constancia en el acta.

La indicación N° 11 se declara inadmisible por estar mal formulada.

La indicación N° 12 se declara inadmisible en virtud de lo señalado en el artículo 69 de la Constitución.

El diputado Leopoldo Pérez ha reclamado la inadmisibilidad. Tiene la palabra, señor diputado.

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, reclamo la inadmisibilidad que la Mesa ha considerado respecto de esta indicación, cuyo objetivo no es otro que ayudar a salir, mediante una vía legal, de un problema que se ha suscitado en la Convención Constitucional y que es conocido por todos, que es el caso del constituyente señor Rodrigo Rojas Vade .

Lo que pretende esta indicación no es otra cosa que generar un mecanismo o una salida institucional.

Si bien creemos que la renuncia al escaño y su reemplazo demandan una reforma constitucional, sabemos que los votos no están. Por ello, esta es una forma de tener una vía legal conciliable con el estatuto constitucional de la dieta y la asignación del convencional.

Aun más, no se trata de una imposición de autoridad, como algunos pueden entender o creer, sino de un acto del propio convencional, quien obviamente tiene nombre y apellido, a pesar de que ello no lo podemos hacer por vocación de generalidad de la ley.

No se trata de un ataque a la Convención. Por el contrario, le estamos dando una herramienta para que, de una vez por todas, la Mesa de la Convención no deba responder si se siguen gastando recursos públicos a favor de alguien que engañó la fe pública.

Se trata de una regla que tiene relación con la forma en que se administra el presupuesto público y que, por tanto,…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Para sostener la postura de la Mesa, tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, la postura de la Mesa se sostiene sola.

La dieta quedó fijada en la reforma constitucional que votamos todos los que estamos presentes, y una simple ley, por importante que sea, como la ley de presupuestos, no es superior a la norma constitucional.

Así que está bueno el cantinfleo, pero en realidad es inadmisible la indicación.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se mantiene la inadmisibilidad.

Las indicaciones Nos 13.1 y 13.2 a la partida se declaran inadmisibles en virtud de lo señalado en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

El diputado Marcos Ilabaca ha reclamado la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones Nos 13.1 y 13.2.

Tiene la palabra, su señoría.

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, voy a alegar la admisibilidad de las indicaciones Nos 13.1 y 13.2.

Ambas indicaciones son muy simples, en orden a que señalan que la Secretaría de apoyo administrativo no podrá objetar por ninguna causa los convenios a honorarios que suscriban los convencionales con su personal de apoyo.

En ningún caso estas indicaciones establecen algún tipo de incidencia en la administración financiera o presupuestaria del Estado. Es más, tratan de ordenar lo que hoy día sucede en la Constituyente, evitando que sea el Ejecutivo quien se inmiscuya en las relaciones laborales que tienen todos los constituyentes.

Este es un requerimiento que han hecho los constituyentes de manera transversal, de todas las bancadas. La Convención Constitucional es un órgano autónomo, establecido por nuestra Constitución. Además, el deber de la Segpres, a través de la Secretaría Técnica, es solo entregar apoyo, y no determinar el contenido de los contratos ni la fecha de pago.

Por lo tanto, estimamos que es necesario, para un correcto funcionamiento de este órgano autónomo, el establecimiento de las indicaciones Nos 13.1 y 13.2.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para sostener la postura de la Mesa, tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, cuesta entender una mención como esta en la ley de presupuestos. Me imagino que esta es una discusión más de fondo, que tiene que ver con el reglamento interno.

Pero lo que no me hace mucho sentido, diputado Ilabaca -por su intermedio, señor Presidente-, es que no se pueda objetar por ninguna causa. Tengo la sensación de que se suscitó una polémica a propósito de la hija de un convencional cruzado, que era una persona que no había terminado sus estudios de derecho, y entiendo que ahí hay una causa que alguien al menos podría levantar.

Entonces, creo que es demasiado tajante la expresión. Quizá la pudiera reformular en la Comisión Mixta; pero, por lo pronto, me parece que no cumple con los estándares constitucionales.

He dicho.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 1 es del diputado Diego Schalper , al capítulo 02, programa 01, subtítulo 24, ítem 01, al Sector Privado; asignación 010, Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, glosa 08, para agregar, tras el punto final, que pasa a ser seguido, la frase: “En particular, se podrán destinar recursos para insumos de gestión menstrual.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación N° 2 es de la diputada Érika Olivera , y agrega, en el capítulo 02, programa 01, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; subtítulo 24, Transferencias Corrientes; ítem 01, al Sector Privado; asignación 010, Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, la siguiente glosa nueva:

“Adicionalmente, con cargo a esta asignación, podrán financiarse medidas concretas destinadas a la provisión y distribución de insumos de higiene menstrual preferentemente para las mujeres de los sectores más vulnerables de la población.”.