Labor Parlamentaria

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que entrega facilidades de pago de derechos de aseo municipal y faculta al Servicio de Tesorerías para su cobro en los casos que indica, correspondiente a los boletines Nos 10858-06, 11889-06, 14252-06, 14475-06 y 14797-06.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por bancada.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta, sesión 118ª de la presente legislatura, en lunes 16 de enero de 2023. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En discusión el informe de la Comisión Mixta. Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, considerando que el mensaje presidencial 247-370 vino a zanjar en forma mucho más eficiente y precisa las diferencias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados en relación con el artículo 1 del proyecto, y que además los miembros de la Comisión Mixta lo aprobaron de forma unánime, me parece idóneo dar por aprobado el presente informe de la referida comisión.

Valoro significativamente la sustitución del artículo 1° propuesto por el Ejecutivo, que considera facultar a las municipalidades para celebrar convenios de pago hasta en doce cuotas por deudas de derechos de aseo, condonar los intereses y multas, que un porcentaje de ellos se pague al contado o se suscriba un convenio de pago y, además, establece la posibilidad de condonar el total de las deudas con una data mayor a cinco años, todo ello a propuesta del alcalde, con acuerdo del concejo municipal.

La propuesta del Ejecutivo entrega además un procedimiento más detallado y seguro en lo relativo a la solicitud de prescripción de las deudas mayores a cinco años, ya que dispone de un segundo plazo de diez días para que la municipalidad evacúe el informe solicitado. Solo después de haber transcurrido este segundo plazo, sin que la municipalidad entregue el informe, se darán por ciertas las declaraciones del solicitante.

Asimismo, me parece bastante justo el hecho de que se consagre el recurso de apelación que el texto original despachado por esta Cámara no consideraba.

Destaco también que se incluya un último párrafo, indicando que los juzgados de policía local deberán informar la sentencia firme y ejecutoriada a la Tesorería General de la República y a la municipalidad respectiva.

Por todo lo dicho, aprobaré el texto del proyecto consagrado en el informe de la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, estamos por aprobar el informe de la Comisión Mixta, que es la última etapa de tramitación de un proyecto de ley cuyo objetivo es entregar facilidades de pago para los derechos de aseo municipal que se encuentren en morosidad en las distintas comunas del país.

Hoy, hay cientos de miles de personas que, por alguna razón, evidentemente vinculada a la crisis económica, se encuentran en morosidad de pago de sus derechos de aseo.

En el Senado se ideó un mecanismo para condonar las deudas, intereses y multas de manera parcial, que dependía de los alcaldes. En la Cámara de Diputados se creó un sistema para declarar la prescripción de las deudas mayores a cinco años a través de un procedimiento exprés, realizado ante el juzgado de policía local, que no requiere patrocinio de abogado y cuenta con facilidades que permiten que en un plazo no superior a un mes las personas puedan declarar la prescripción de las deudas mayores de cinco años.

En la Comisión Mixta se enfrentaron las dos posturas y se llegó a una solución que me parece muy satisfactoria. La Comisión Mixta encargada de resolver esta controversia dijo que los dos procedimientos irán en la ley. Por lo tanto, de aprobarse hoy en la mañana en la Sala de esta Cámara y en la tarde en el Senado, se despachará a ley, con lo que las personas podrán optar a convenios de pagos en los municipios, con doce cuotas, donde se condonarán todas las multas e intereses, o también podrán optar a la condonación total o parcial de la deuda, con todos sus intereses y multas, con acuerdo del concejo municipal.

Esa decisión será resorte de cada municipio. Van a tener un plazo de doce meses, desde la publicación de la ley, para poder zanjar todo lo que dice relación con deudas superiores a cinco años o con las morosidades, buscando convenios de pago. Es un gran alivio para cientos de miles de propietarios de inmuebles que no han podido pagar sus derechos de aseo.

También, en el mismo plazo, van a tener la alternativa de presentar una demanda de prescripción de derechos de aseo respecto de todas las deudas que tengan más de cinco años de antigüedad. Hoy, el sistema municipal obliga a las personas a ir a un tribunal civil, a ir a la Corporación de Asistencia Judicial, hablar con asistentes sociales y abogados, contratar receptores para anular deudas que están claramente prescritas, como son las que tienen más de cinco años.

De aprobarse el proyecto, se hará todo en forma casi automática, va depender de los juzgados de policía local que están en cada comuna. Habrá un formulario que la persona suscribirá y operará de forma casi automática.

Es una gran noticia para todos los chilenos.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, el presente proyecto de ley reconoce una realidad de la administración de los gobiernos comunales: los municipios están gastando en el servicio de aseo, recolección y vertedero más de lo que efectivamente están recaudando por concepto de cobro de aseo domiciliario.

Esta situación, a mi parecer, debe abordarse con una doble mirada. La primera, y que va en el sentido de este proyecto, es apuntar a los derechos de aseo como ingresos municipales. Así se busca facilitar el cobro de los derechos de aseo municipal en orden a permitir su recaudación por intermedio de la Tesorería General de la República, así como entregar facilidades de pago, considerando convenios que puedan incorporar la condonación de multas e intereses devengados por el no pago de dichos derechos.

El proyecto propone la condonación por parte de las municipalidades de aquellas deudas que se podrían declarar prescritas por tribunales al tener más de cinco años de antigüedad, simplificando tanto para la municipalidad como para los ciudadanos el tratamiento de dichas deudas, pudiendo recurrir directamente al juzgado de policía local en una tramitación más simple y menos costosa para los vecinos y vecinas, lo que en definitiva significaría eliminar estas deudas declaradas prescritas.

Sin embargo, hay una segunda visión de los derechos municipales de aseo como herramienta de incentivo a ciertas conductas, como, por ejemplo, la participación de vecinas y vecinos en programas de compostaje y vermicompostaje, que permitirían reducir hasta el 60 por ciento de los residuos orgánicos que van a parar a rellenos sanitarios ya colapsados, como ocurre en mi distrito.

Creo que permitir que las municipalidades puedan eximir del cobro de estos derechos de aseo a las personas naturales que contribuyan de forma decisiva a combatir la crisis de la basura va en el sentido correcto y así lo hemos planteado desde hace meses, esperando que esta idea vea la luz como proyecto de ley en el más breve plazo.

Por todas estas consideraciones, estimo que este es un gran proyecto y anuncio mi voto favorable.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, invito a la Cámara a aprobar este proyecto, porque son muchas las familias que, incluso, sin saberlo, hoy tienen deudas municipales por derechos de aseo.

Existía una costumbre o una idea instalada en la población de que las viviendas sociales no tenían que pagar derechos de aseo. Esto no es real y, por ende, muchas familias acumulan deudas importantes. Hoy, los municipios tendrán la facultad y, a la vez, a través de un tribunal, se podrá optar a cancelar la deuda cuando esta tenga más de cinco años; es decir, optar a la prescripción. Pero también podrán bajar las multas e intereses en los casos que sean necesarios para aquellas personas que no han sabido de su deuda, que quieren repactar o pagar en un solo acto.

Por eso, es muy importante para todas esas familias que esto sea una realidad. Invito a aprobar el informe de la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señor Presidente, agradezco la presentación de este proyecto de ley. Son muchos los vecinos y vecinas que en su momento fueron calificados como clase media y avisados por los municipios, a través de cartas, que se encontraban exentos del pago de derechos de aseo. Muchas familias que habitan viviendas sociales no debían pagar el retiro de basuras, pero nunca se enteraron de que la ley cambió, por lo que hoy tienen deudas de más de 1.000.000 de pesos por concepto de derechos de aseo, lo que incluye multas.

Hoy, esta iniciativa viene a entregar un gran alivio, porque esas personas podrán ponerse el día en sus pagos. Son muchos los vecinos que quieren pagar y son muchos los municipios que necesitan recaudar recursos provenientes de esas deudas.

Alabo la iniciativa y anuncio que la votaré favorablemente, con el objetivo de que nuestros vecinos se pongan al día en el pago de los derechos de aseo municipal.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, aprobaré este proyecto. Si bien la iniciativa condona reajustes e intereses en caso de pagos al contado y entrega facilidades para servir la deuda, creo que no soluciona el problema de fondo, cual es que hoy la mayoría de quienes mantienen deudas por concepto de aseo municipal son personas que habitan viviendas que se encuentran exentas del pago de contribuciones.

Aquí lo que hay que abordar es la prescripción. Por eso, en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización se encuentra en tramitación un proyecto en esa dirección, que persigue que la prescripción sea automática y no sea necesario pagar algo que ya caducó.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que repone el tratamiento tributario para los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes que impliquen una operación de financiamiento o leasing financieros, previo a la ley N° 21.420, que Reduce o Elimina Exenciones Tributarias que Indica.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Agustín Romero .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 113ª de presente legislatura, en miércoles 4 de enero de 2023.

Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 118ª de la presente legislatura, en lunes 16 de enero de 2023. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, honorable Sala, la Comisión de Hacienda pasa a informar, en calidad de comisión técnica, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que repone el tratamiento tribut a rio para los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes que impliquen una operación de financiamiento, o leasing financiero, previo a la ley N° 21.420, que Reduce o Elimina Exenciones Tributarias que Indica.

En representación del Ejecutivo, concurrió a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel , quien estuvo acompañado del director del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolett , y del asesor tributario del Ministerio de Hacienda señor Diego Riquelme .

La idea matriz de la iniciativa apunta a remediar las consecuencias derivadas de la modificación introducida por la ley N° 21.420 en el tratamiento de los contratos de arrendamiento con opción de compra, o leasing, regresando a la situación anterior a la publicación de esa ley.

El Ministerio de Hacienda recordó que el pasado 4 de febrero de 2022 se publicó la ley N° 21.420, que redujo o eliminó exenciones tributarias, con el fin de aumentar la recaudación fiscal y colaborar con el financiamiento de la pensión garantizada universal. Sin embargo, y considerando la extrema rapidez de su tramitación legislativa, el Ejecutivo ha observado la necesidad de revertir lo referido a los contratos de arrendamiento con opción de compra, o leasing, pues su aplicación implicaría conceder a esos contratos el mismo tratamiento tributario que a una compraventa, aunque ella no se haya perfeccionado, provocando una distorsión en este mercado que desnaturalizaría el instrumento. En efecto, aplicar la ley vigente significaría anular los beneficios impositivos implícitos en el leasing, esto es, que el arrendador del bien pueda depreciar el activo y el arrendatario pueda deducir las cuotas pagadas como gasto del período.

Agregó, también, que aunque la modificación tributaria al tratamiento del leasing buscaba aumentar la recaudación fiscal, una revisión posterior ha evidenciado que su efecto sería solo temporal por la forma en que se reconocen tributariamente los activos adquiridos vía leasing. Resaltó, también, que los actores del mercado de leasing han advertido sobre los efectos negativos que la aplicación de esta norma, vigente desde el 1 de enero de 2023, tendría para el sector, particularmente en el encarecimiento de las condiciones para adquirir bienes por este mecanismo, un instrumento altamente utilizado por las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

En consideración a lo anterior y mediante un artículo único, la iniciativa de ley busca derogar el artículo 37 bis de la ley sobre impuesto a la renta, introducido por la referida ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias.

En lo relativo a su incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que la norma aprobada implicará un traspaso del derecho a deducir como gasto tributario la depreciación de los activos desde el arrendador al arrendatario, lo que en términos prácticos significa traspasar gastos de una empresa a otra. Por ello, se sostiene que regresar a la norma previa a la publicación de la ley N° 21.420 no tendría efectos netos sobre la recaudación fiscal.

Los integrantes de la comisión se manifestaron de acuerdo con la finalidad y el contenido del proyecto, por lo que puesto en votación en general y en particular en un mismo acto, resultó aprobado por la unanimidad de los nueve diputados presentes: la diputada Gael Yeomans y los diputados Boris Barrera , Alejandro Bernales , Ricardo Cifuentes , Miguel Mellado , Jaime Sáez , Gastón von Mühlenbrock , Jaime Naranjo (Presidente) y este diputado informante.

En consideración a lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos señalados.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra al diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, el objetivo del proyecto es remediar las consecuencias derivadas de la modificación introducida por la ley N° 21.420 a la ley sobre impuesto a la renta, respecto del tratamiento tributario de los contratos de arrendamiento con opción de compra, o leasing, regresando a la situación anterior a la publicación de esa ley mediante la derogación del artículo 37 bis, considerando los efectos negativos que la aplicación de esa norma, vigente desde el 1 de enero de 2023, tendría para el sector, particularmente en el encarecimiento de las condiciones para adquirir bienes por ese mecanismo, un instrumento altamente utilizado por las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

El 29 de enero de 2022 se publicó en el Diario Oficial la ley que creó la pensión garantizada universal. El costo fiscal del nuevo beneficio es de 0,95 por ciento del PIB. El gobierno, dentro de las medidas para financiar el mayor gasto que provocará esa medida, presentó un mensaje presidencial, con el objeto de eliminar o reducir algunas exenciones tributarias, con lo cual recaudaría cerca del 0,35 por ciento de los recursos necesarios para la PGU.

Ambos proyectos se tramitaron en forma paralela en las distintas etapas de la discusión legislativa correspondiente.

El 4 de febrero de 2022, se publicó la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias, cuyo objetivo consiste en aumentar la recaudación para financiar la PGU.

Dentro de las medidas establecidas en la ley N° 21.420 se incorporó un nuevo artículo 37 bis, mediante el cual se homologó el tratamiento tributario de los contratos de leasing financiero a su tratamiento financiero contable, reconociendo su realidad económica de financiamiento.

Antes de la publicación de la ley, el leasing se trataba tributariamente como un arrendamiento con opción de compra, por lo que la empresa que toma un bien en arrendamiento reconoce como gasto cada cuota y no puede depreciar el bien, porque no es propietaria. Esto difería de su tratamiento tributario. Por eso se le otorga tributariamente al leasing financiero el mismo tratamiento que tiene de acuerdo con las normas contables. Es decir, para los efectos tributarios, en el arrendamiento se la considera como propietaria del bien, permitiendo que use el crédito por activo fijo y depreciarlo en plazos generales. Sin embargo, con la modificación se le está otorgando el mismo tratamiento tributario que a una compraventa, a pesar de que no se ha perfeccionado. Con ello se estaría desnaturalizando el instrumento.

Además, al revisar el efecto recaudatorio que la medida tendría, se estima que sería meramente temporal y, por lo tanto, no se asegura una mayor recaudación fiscal sostenida en el tiempo.

Por último, esta medida genera un efecto negativo en el sector y afecta a las empresas que utilizan este servicio, las que han solicitado que se revise su pertinencia.

Por lo tanto, yo llamo a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señor Presidente, me parece absolutamente increíble que estemos sesionando y escuchando a los diputados que están interviniendo con un quorum de 35 diputados presentes.

Entonces, le ruego que haga sonar los timbres para que los diputados vuelvan a la Sala y que en el intertanto suspenda la sesión, porque, en verdad, es insólito que no haya parlamentarios aquí adentro.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para regular un permiso especial para quien acompañe a la madre por el nacimiento de hijo o hija, en caso que indica.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena es el señor Mauro González .

Antecedentes:

-Moción, sesión 64ª de la presente legislatura, en miércoles 17 de agosto de 2022.

Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, sesión 105ª de la presente legislatura, en lunes 12 de diciembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 21.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GONZÁLEZ, don Mauro (de pie).-

Señor Presidente, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley, iniciado en una moción de los diputados Enrique Lee , Marcia Raphael y quien habla, Mauro González , que modifica el Código del Trabajo para regular un permiso especial para quien acompañe a la madre por el nacimiento de hijo o hija, en caso que indica, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

La idea matriz del proyecto de ley, tal como lo indica su nombre, busca incorporar en nuestra legislación un permiso especial pagado de cinco días, previo al nacimiento, para el padre del hijo o hija cuya madre deba trasladarse en un territorio geográfico adverso o recorrer largas distancias para el parto, debido a la falta de condiciones sanitarias en su lugar de residencia.

En cuanto a sus antecedentes y fundamentos, los autores del proyecto recuerdan que la legislación en materia de protección a la maternidad se remonta al año 1917 y que de manera paulatina se han ido incrementando las prestaciones a las que puede acceder la madre trabajadora.

Desde el año 2011, con el permiso posnatal parental, se promueve la corresponsabilidad y el apego de ambos padres para con sus hijos. En la misma línea, el artículo 195 del Código del Trabajo establece un permiso pagado de cinco días para el padre en caso de nacimiento de un hijo.

De esta manera, haciendo eco de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros convenios internacionales, el Estado de Chile ha desarrollado normas y políticas públicas para promover una mayor participación de los padres en los procesos de salud reproductiva y en las tareas de cuidado y crianza de sus hijas e hijos.

Lo anterior es importante, porque, en primer lugar, es un derecho de las niñas y los niños ser cuidados por sus padres; segundo, porque la participación activa del padre constituye un beneficio para el desarrollo de las niñas y los niños, y, tercero, porque la presencia del padre en los cuidados y crianza de los niños y niñas es relevante para avanzar hacia la equidad de género en la distribución del trabajo doméstico no remunerado, dado que la mayor carga de cuidado la siguen teniendo las mujeres.

Así, este tipo de derechos han ido evolucionando desde derechos pensados exclusivamente en favor de la mujer hacia un concepto más amplio de protección de la familia, intentando alcanzar la conciliación de la vida familiar con la laboral y la corresponsabilidad parental.

En cuanto al objeto principal de la moción, manifiestan que muchas madres que habitan en zonas aisladas del país deben recorrer solas largas distancias para trasladarse, por vía terrestre, aérea o marítima, ya sea en transporte público o privado, desde su lugar de origen hasta donde se encuentran los centros de salud que cuentan con maternidad u otras especialidades médicas necesarias para llevar a cabo el parto. Se trata de zonas que muchas veces suelen quedar aisladas producto de las inclemencias climáticas, no pudiendo trasladarse quienes están por dar a luz a las ciudades que cuentan con centros de atención hospitalaria de mayor complejidad.

Ante la vulnerabilidad que la madre gestante enfrenta, como medida de protección a la maternidad, los autores buscan que se encuentre acompañada por el padre o progenitor no gestante, y, en caso de ausencia o impedimento de este, por otro pariente de la madre, a elección de esta.

Sobre su estructura, el proyecto consta de un artículo único permanente, compuesto por cinco incisos, y un artículo transitorio.

En cuanto a los hitos de su tramitación, se destaca su ingreso a la comisión el día 17 de agosto de 2022, destinándose cuatro sesiones para su estudio y análisis.

En la sesión N° 17, celebrada el día 17 de octubre de 2022, se procedió a su votación general, aprobándose por la unanimidad de los diputados y las diputadas presentes.

Por último, las sesiones Nos 20 y 21 estuvieron destinadas a su votación particular y despacho.

Los integrantes de la comisión, en un trabajo colaborativo y transversal, introdujeron diversas indicaciones buscando perfeccionar su texto. Se destaca aquella formulada para ampliar la duración del beneficio, estableciendo que el plazo sea de días hábiles; la presentada para regular el procedimiento de la solicitud y su forma de comunicación; aquella que busca ampliar el beneficio a otros parientes de la madre gestante en caso de ausencia o impedimento del padre o progenitor no gestante; aquella que introduce criterios objetivos de geografía, conectividad, categorización y grado de resolutividad de los hospitales, a efecto de que el reglamento deje muy claro en qué zonas del país los habitantes podrán hacer uso de este derecho, y la norma transitoria formulada con la intención de dar certeza a la entrada en vigencia de la ley y, en consecuencia, al uso del permiso que se regula, estableciendo un plazo razonable para la dictación del reglamento respectivo.

En atención a lo expresado, la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena recomienda a la Sala de esta honorable Cámara aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en el informe.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, el artículo 195 del Código del Trabajo establece un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo; sin embargo, se advierte que existe una escasa utilización de este beneficio.

La iniciativa en estudio plantea, en un artículo 195 bis nuevo, la implementación de un nuevo permiso para el padre, consistente en cinco días hábiles previos al nacimiento para aquellos casos en que la madre se deba trasladar a un territorio geográfico adverso o recorrer largas distancias para el parto.

Respecto de su contenido, es valorable este tipo de proyectos, porque permite continuar avanzando en temas relativos a la corresponsabilidad parental y en otorgar mayor flexibilidad laboral para permitir que las mujeres sean acompañadas por el padre del hijo en los días previos al parto.

Sin embargo, a pesar de compartir el fondo del proyecto, se hace presente que no corresponde incorporar en la redacción la frase “progenitor no gestante”. Al respecto, vamos a presentar una indicación para que se mantenga solo la consideración de padre. Dentro de los argumentos para sustentar la eliminación de tal frase, se destaca que en la nomenclatura actual que se utiliza para los permisos laborales no se emplea el concepto “progenitor no gestante”.

En segundo lugar -y esto es muy importante-, se debe promover el respeto y protección de la familia, y con la redacción propuesta se desnaturaliza la familia como núcleo fundamental de la sociedad, toda vez que reduce la calificación de los vínculos familiares únicamente al proceso de gestación.

Con todo, se sugiere votar a favor del proyecto.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Mauro Gonzalez , uno de los autores del proyecto en debate.

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señor Presidente, el proyecto en debate dice relación con la situación de muchas madres que habitan en zonas aisladas del país, quienes deben recorrer largas distancias para trasladarse, vía terrestre, aérea o marítima, en transporte público o privado, desde sus lugares de origen hasta los centros de salud que cuentan con maternidad.

A modo de ejemplo, los habitantes de la provincia de Palena, en la Región de Los Lagos, están obligados a trasladarse desde las comunas de Palena, Futaleufú o Chaitén a las ciudades de Puerto Montt o Coyhaique, incluso al vecino país de Argentina en la búsqueda de especialidades médicas para el parto.

En ese contexto, esta iniciativa tiene una mirada de corresponsabilidad previa al parto, de manera que el padre pueda acompañar en lo afectivo y en los costos a la futura madre, y en sus traslados a cualquier parte del país.

La moción cuenta con un fundamento de unidad familiar, pues los padres quieren estar presentes al momento del nacimiento, pero también cuenta con un fundamento en favor del empleo, dado que muchos papás se ven en la encrucijada de asistir o no al nacimiento de su hijo o hija, porque tienen que utilizar herramientas como el feriado legal, un permiso sin goce de remuneración o incluso perder el trabajo para estar presentes en el parto.

Nos parece justo que el padre tenga un permiso de cinco días hábiles para que acompañe a la mujer embarazada que deba trasladarse en un territorio geográfico adverso o que deba recorrer largas distancias para el parto, por carecer su lugar de residencia de infraestructura o del personal médico adecuado.

El proyecto regula el procedimiento, entrega garantías al empleador y al trabajador, cumple con el fin de acompañamiento a la madre e incluye la posibilidad de entregar el beneficio a parientes de la madre en caso de ausencia o impedimento del padre. También contiene criterios objetivos de geografía, conectividad y categorización de los hospitales a efectos de que un reglamento que emitan los ministerios del Trabajo y de Salud determine las zonas del país donde los habitantes podrán hacer uso de este derecho.

Para finalizar, quiero agradecer a los diputados y diputadas de la Comisión de Zonas Extremas por el apoyo que entregaron a nuestra moción, que beneficiará a cientos de familias, desde norte a sur.

Por eso, y en atención a lo expresado, solicito a esta Sala que apruebe este proyecto y así dar un mejor trato a quienes habitan las zonas más apartadas de nuestro querido Chile.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, no hay nada más injusto para las mujeres el que no puedan dar a luz a sus hijos en los lugares donde viven. Y esta realidad la viven las mujeres en la Región de Los Lagos y también en otras regiones del país.

En el período anterior, en esta misma Sala, le hice ver al entonces ministro Mañalich esta injusticia. Recuerdo que le pedimos que pudiéramos avanzar como Estado para que las mujeres pudieran dar a luz en el lugar donde viven, porque eso es lo que corresponde. Y en eso vengo trabajando en mi región, de manera incansable, para que las mamás de Futaleufú, de Chaitén y de Palena puedan traer a sus hijos a este mundo en estas ciudades, que están alejadas porque se ubican en zonas extremas. Lo irrisorio, Presidente, es que las mujeres de Calbuco, ciudad que se ubica a 40 minutos de Puerto Montt, tampoco pueden dar a luz en esta comuna. Entonces, tenemos que mejorar nuestro sistema de Salud, de manera que el hospital de Calbuco pase de baja a mediana complejidad, una tarea urgente que tenemos que hacer.

Tal como relataba mi colega, la situación es dramática, y este proyecto viene, en parte, a hacer un poco de justicia para que los papás puedan acompañar a las mamás en el parto por algunos días y pagados. El caso es que no todo el mundo tiene un empleador en la provincia de Palena; muchos papás trabajan en el campo, en sectores rurales, y las mujeres no se van cinco días antes a Puerto Montt o a Argentina a dar a luz a sus hijos, sino que se van un mes antes, y, por tanto, durante un mes tienen que estar solas. Entonces, también tenemos que trabajar para que en Puerto Montt existan casas de acogida para esas mamás, por ejemplo. Y ese es uno de los desafíos que le hemos planteado a la nueva directora del Servicio de Salud Llanquihue-Chiloé-Palena, para que abordemos estas temáticas, que son realmente injustas. Además, en Palena no están naciendo niños chilenos y niñas chilenas, pero sí estamos teniendo muchos nacimientos de niños argentinos y de niñas argentinas, porque las mamás han tenido que trasladarse a Argentina para atenderse, ante la falta de alternativas en la zona.

Ojalá los colegas de la Región de Los Lagos, del distrito N° 26, nos unamos en torno a esta causa, para subsanar esta injusticia. Por años, los nacimientos eran atendidos por parteras, personas que tenían esta especialidad dentro de la medicina popular, especialidad que hoy no se puede practicar porque está prohibida por decreto.

Reitero que me parece una buena iniciativa y la voy a aprobar, pero tenemos que llegar muchos más allá. Si bien hoy apoyaremos esta idea del permiso para acompañar a las mamás, no es posible que las mujeres de Calbuco, al lado de Puerto Montt, no puedan parir en la comuna donde viven. Y las mujeres que viven en zonas extremas tienen que trasladarse por aire, por mar o por tierra; algunas prefieren viajar a Argentina. Imagínense lo que significa trasladarse en invierno; es una verdadera travesía.

Voy a votar a favor este proyecto, pero tenemos que solucionar el tema de fondo, cual es que las mujeres puedan tener a sus hijos en el lugar donde viven.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcia Raphael .

La señora RAPHAEL (doña Marcia).-

Señor Presidente, esta es de aquellas iniciativas sobre las que vale la pena legislar y discutir, y que me hacen pensar que, pese a la polarización que vive la política hoy en día, podemos avanzar en proyectos que permitan cambiar realidades.

Como mujer y patagona me llena de alegría respaldar iniciativas que vayan en la dirección de apoyar a las madres de zonas extremas, que sin duda pasan sus embarazos en total soledad y lejos de sus seres queridos.

En días en que vemos cómo la preocupación por la salud mental se toma la portada de los diarios y en que los ansiolíticos pasan a ser el segundo medicamento más vendido, los invito a pensar en las madres de Aysén y en las de las zonas aisladas de nuestro país, que en medio de una crisis de salud mental deben vivir sus partos en condiciones que francamente son una pesadilla.

Cuando asumí el desafío de ser diputada, prometí trabajar por aquellos que han sido postergados. En ese sentido, este proyecto representa el primer paso hacia una política que valora a todas las chilenas, independientemente de si están en la capital o en regiones.

Provengo de una región extrema y aislada y represento con mucho orgullo a quienes viven entre los paisajes más bonitos del país y construyen su futuro lejos de las grandes ciudades; mujeres y hombres que aman su tierra y que día a día trabajan para enfrentar lo que significa vivir lejos de los hospitales, escuelas y servicios básicos.

Hasta doce horas bajo la lluvia y la nieve deben recorrer las mujeres de Aysén para tener a sus hijos. Asimismo, pueden gastarse los ahorros de su vida pagando alojamiento mientras esperan el parto en Coyhaique.

Este proyecto es para las madres que construyen familia y patria donde no llega el Estado, y es el primer paso para terminar con el santiagocentrismo de la política chilena.

Al día de hoy no existe ningún permiso laboral para quienes puedan acompañar a esas madres, y con este proyecto se quiere cambiar esa realidad de una vez por todas. Esta iniciativa entregará cinco días hábiles a los acompañantes de las mujeres de zonas aisladas en proceso de parto. En ese sentido, permitirá al padre o al acompañante presenciar el nacimiento, y devolverá la dignidad a las familias de nuestro país.

Voto a favor por las madres, los padres y el futuro de Aysén.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Javiera Morales .

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señor Presidente, primero, felicito a los diputados y diputadas mocionantes. Creo que estamos ante un proyecto que efectivamente se hace cargo de una realidad que enfrentan muchas mujeres en las zonas extremas. En el caso de la Región de Magallanes, quiero relevar que mujeres que viven en la comuna de Porvenir o en Puerto Williams tienen que irse semanas antes de su parto, no unos días -a veces, incluso, un mes antes-, a la capital regional para poder llevar sus últimas semanas de embarazo. Eso tiene un costo emocional y un costo económico. Ante aquello, este proyecto es una muy buena iniciativa, pues permitirá a esas mujeres, los días antes del parto, contar con un apoyo emocional y también logístico, por lo que significa la llegada al mundo de un hijo o hija.

Quiero explicar los detalles de este proyecto y parte de la discusión habida respecto de él en la comisión.

Primero, quisimos contemplar todos los escenarios que pueden darse en las distintas familias que existen en Chile. Aunque no se quiera reconocer, en Chile existen muchísimas familias, gran parte de las cuales son monoparentales. En muchas de ellas hay dos padres o dos madres. Eso ha sido reconocido. Felicito que hayamos ido avanzando en ese reconocimiento, no solo a través de leyes; el Registro Civil así lo ha señalado. Esa es la realidad que tratamos de recoger cuando señalamos que no solo es el padre el que puede acompañar a la madre en el momento del parto, sino también un progenitor no gestante, en el caso de aquellas familias en que existen dos padres o dos madres. Por lo tanto, reemplazar o ir hacia atrás en esa modificación significaría dejar fuera a esas familias que hoy existen, les guste o no a quienes hoy se oponen a ese cambio.

En segundo lugar, empujamos desde la comisión que la madre pudiese decidir quién la acompañe durante el proceso previo al parto. No solo puede ser el padre o el progenitor o progenitora no gestante, sino también un familiar cercano. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos del vínculo del padre o del otro progenitor con el hijo o hija; en este caso se trata de un permiso para antes del parto. Por lo tanto, lo que tratamos con este proyecto es que la mujer esté contenida emocionalmente. Para eso es ella la que debe elegir quién quiere que la acompañe en esos días. Quizás puede darse, como muchas veces ocurre, que el padre haya estado ausente durante todo el embarazo. Esa es una realidad en nuestro país; es una triste realidad. En ese escenario ¿sería justo entonces que fuese el padre quien pudiese tomarse ese permiso? Por supuesto que no. Lo que corresponde es que sea alguien que pueda decidir la madre. Por ejemplo, puede ser un familiar cercano -una tía, un sobrino, un tío quien la acompañe en esos tres, cuatro o cinco días previos al parto, pensando que se trata de una mujer, en el caso de las que viven en la Región de Magallanes, que deberá viajar desde una capital a otra, lo que implica dos horas en avión o dos o tres horas en barco, y que, por tanto, querrá estar acompañada por alguien en quien tenga la confianza de que podrá hacer las gestiones respectivas y darle la contención emocional que requiere los días antes del parto.

Vamos a votar a favor lo aprobado en la Comisión de Zonas Extremas. Llamo a la honorable Cámara a que también vote a favor la redacción propuesta por dicha instancia, en la que se reconoce todo tipo de familias y además se da el derecho a la madre de elegir quién pueda acompañarla los días previos al parto. No nos equivoquemos. Este proyecto no establece un derecho para fortalecer el vínculo entre padre o madre y su hijo, sino más bien para acompañar a la mujer que se tiene que trasladar de su lugar de residencia a otra capital, a otra ciudad los días antes del parto.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto de ley busca implementar una mejora en nuestra legislación en materia de los trabajadores y la familia chilena. Así, el padre del hijo cuya madre deba trasladarse en un territorio geográfico adverso o recorrer largas distancias para asistir al parto debido a la falta de condiciones sanitarias de su lugar de residencia, tendrá derecho a un permiso especial pagado de cinco días previos al nacimiento. Si bien nuestra legislación ya contiene un permiso especial de cinco días para los padres en el caso del nacimiento de un hijo, la realidad ha demostrado que no se utiliza mucho.

Esta iniciativa es un avance en materia de corresponsabilidad parental, pues otorga flexibilidad laboral para que los padres puedan acompañar a las madres de sus hijos en los días que preceden al parto, lo cual es tremendamente necesario considerando que las mujeres requieren contar con apoyo emocional y material durante la gestación, especialmente en los días previos al parto.

Voy a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, agradezco a quienes han presentado este proyecto, porque permite visibilizar una problemática que pueden tener muchas familias, especialmente para proteger la maternidad. Eso es lo que uno busca. Por eso felicito a los mocionantes. Esta iniciativa establece un permiso especial pagado de cinco días hábiles para el padre del hijo o hija cuya madre deba trasladarse para tener el parto como consecuencia de la inexistencia de condiciones apropiadas en su lugar de residencia habitual, situación que resulta muy frecuente en las zonas extremas de nuestro país.

Es allí donde quedan a disposición de los ministerios de Salud y del Trabajo y Previsión Social, a través de un reglamento, los lugares que podrán acceder a este permiso. En este punto donde quiero poner la atención, porque muchas medidas que aprobamos, muy positivas, después tienen letra chica o un reglamento que llega tarde, que no llega o que se implementa de mala manera.

Por eso, a través del señor Presidente y de esta Cámara, me gustaría trasmitirle al Ejecutivo que tenga una mirada de distintas islas. Me refiero a las del sur del país, en favor de las que ha patrocinado algunas iniciativas y efectuado determinadas intervenciones. No obstante, se debe hacer lo mismo con otras islas que tienen dificultades, en las que fallecen personas debido a las condiciones de mala conectividad que hay en materia de barcazas. Muchas de estas son puestas a disposición de los habitantes por el Estado, pero se produce la muerte de personas debido a falta de fiscalización.

Por lo tanto, solicito que puedan considerar, por ejemplo, a isla Mocha , a isla Santa María y a otras islas que no tienen la mejor conectividad, ya que por cierto en ellas también hay personas que quieren acompañar a sus familiares haciendo uso de un permiso como el que propone esta iniciativa.

Por cierto que vamos a apoyar este proyecto, ya que aporta en materia de corresponsabilidad. Sus normas se basan en la necesidad de la madre de que al momento del parto existan las condiciones necesarias para los derechos del hijo, o en materia de su desarrollo y de la presencia de los dos progenitores. Este aspecto es enfatizado por la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por Chile, que recalca la importancia del involucramiento de ambos padres en la crianza y en el cuidado de los niños y el deber del Estado de fomentar este tipo de medidas y de dar las facilidades para ello.

Finalmente, junto con reiterar que vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto, quiero felicitar a sus autores y manifestar que espero que sigamos avanzando en visibilizar los problemas de los territorios, en especial de las zonas extremas, donde hay dificultades para hacer la vida diaria y, por cierto, para ejercer la maternidad.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, la iniciativa en estudio plantea la implementación de un nuevo permiso para el padre, mediante la incorporación de un artículo 195 bis en el Código del Trabajo, que propone el otorgamiento de cinco días hábiles previos al nacimiento para aquellos casos en que la madre se deba trasladar en un territorio adverso o recorrer largas distancias para el parto.

Respecto de su contenido, es valorable este tipo de proyectos. Iniciativas como esta me gustan mucho, porque permiten continuar avanzando en temas relativos a la corresponsabilidad parental y, en este caso, debido a que se otorga mayor flexibilidad laboral para permitir que las mujeres sean acompañadas por el padre del hijo en los días previos al parto.

Sin embargo, a pesar de compartir el fondo del proyecto, hago presente que no corresponde incorporar en la redacción la expresión “progenitor no gestante”. Dentro del argumento para sustentar la eliminación de la referencia señalada se destaca que actualmente existe una nomenclatura utilizada para los permisos laborales, en la que no se emplea el concepto “progenitor no gestante”.

En segundo lugar, aspecto que es muy importante, se debe respetar y promover el respeto y protección de la familia, ya que con la redacción actual se desnaturaliza la familia como núcleo fundamental de la sociedad y se reduce la calificación de los vínculos familiares únicamente al proceso de gestación.

Para el caso en que el trabajador se deba ausentar por más de cinco días debido a una eventualidad de fecha distinta a la fecha del nacimiento, todo el tiempo que exceda el plazo fijado no dará derecho a remuneración.

En cuanto a las causales de despido, no se podrá invocar el N° 3 del artículo 160 del Código del Trabajo. Si no hay o si existe algún impedimento para el padre o progenitor, podrá solicitar el permiso un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad de la madre, a elección de esta.

Por último, ingresaremos una indicación que elimine dicha referencia y que se mantenga solo la consideración de “padre”.

Anuncio mi voto a favor de este proyecto, para que vuelva a la comisión respectiva para el análisis de la indicación.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señor Presidente, naturalmente, como psiquiatra, adhiero a lo que propone este proyecto, a cuyos autores felicito.

Sí quiero comentar una frase que leyó el diputado informante, señor Mauro González , que me llamó la atención, que dice: “ya sea en transporte público o privado desde su lugar de origen hasta donde se encuentran los centros de salud que cuentan con maternidad u otras especialidades médicas necesarias para llevar a cabo el parto”. El diputado González me dijo que él no fue el redactor y que tampoco lo hizo un especialista, y eso se nota. ¿Qué sentido tiene poner esa frase si son solamente los obstetras los que atienden los partos? No hemos llegado a lo que algunos creen: que serán robots los que van a atender los partos; todavía no hemos llegado a eso.

Uno aquí, en esta Sala, escucha de repente disparates y aberraciones tan grandes como esta. Los únicos que pueden atender un parto son las personas que desarrollan la especialidad denominada obstetricia.

Ahora, como psiquiatra, y a partir de los estudios y de la lectura de otros especialistas, quiero señalar que si hay algo que impacta negativamente en la génesis de la personalidad y en el desarrollo mental de un sujeto es cómo fue su experiencia de haber nacido. Muchas veces lo hablé con pacientes que atendía en la fundación Paternitas , que eran ex-Sename. Eran personas en situación de calle, delincuentes en rehabilitación. Ellos y ellas expresaban: “Me hubiera gustado ser querido y tomado en cuenta por mis padres”.

De modo que yo valoro esta iniciativa, pero también quiero decir que uno de repente escucha en la televisión o presencia frases venidas de parte del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que insisten mucho en el tema de la equidad de género. Creo que de repente sería bueno que en la televisión y en las radios se entregara información para que las mujeres se aproximen a la fecha de su parto. Cuando uno se embaraza, generalmente el embarazo se produce en los días fértiles. ¿Cuáles son los días fértiles? Dos semanas después de la última menstruación. Naturalmente, si la paciente no ha sido inseminada artificialmente, en ese período debe tener un coito fecundante.

Entonces, yo creo que es bueno de repente hablar estos temas que tienen que ver del ombligo para abajo, de los que aquí en Chile, por la ladinería que nos caracteriza y por la “pseudofinura intelectual”, no hablamos. Las mujeres tenemos la obligación de saber en qué momento quedamos embarazadas. No pueden decir “me tengo que ir un mes antes del parto, porque no estoy segura cuándo voy a tener la guagua”. Yo creo que estas son cuestiones que hay que enriquecer en las leyes y dar apoyo e información oportuna, para que no tengamos que sufrir situaciones graves para el recién nacido.

Lo otro que quiero decir -esto lo observé cuando hice mi internado en la maternidad del Hospital del Salvador, y también en la maternidad del Hospital de la Universidad Católica es que cuando las mujeres llegaban solas al parto, curiosamente, sufrían más violencia obstétrica que cuando llegaban acompañadas.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, agradezco poder decir hoy algunas palabras, porque eso me permite hacer un homenaje especial a mi querida madre, que no está hoy con nosotros.

Ella, en los años sesenta del siglo pasado, se desempeñaba como matrona aquí en Valparaíso, y su destino fue irse a Chiloé, a la comuna de Castro, donde había pocas posibilidades de tener acompañamiento y pocas herramientas para las mujeres que tenían que tener partos en nuestra provincia de Chiloé.

Quiero decir, con mucho orgullo, que ella especialmente incentivó que existiera una casa de acogida para las mujeres embarazadas que venían de la isla y que no tenían dónde quedarse, en esos años en que los inviernos eran duros y en que las condiciones climáticas y la conectividad eran casi imposibles. Pero con muchos esfuerzos y con pocos recursos lograron tener una pieza para esas mujeres jóvenes que venían a la capital provincial, Castro , a tener sus partos.

Es por eso que agradezco al diputado Mauro González por haber presentado esta iniciativa, que se destinó a la Comisión de Zonas Extremas, para poder definir ahí cosas importantes para estas mujeres.

Han pasado cerca de cincuenta años y hoy tenemos mujeres en las comunas de Futaleufú, de Chaitén, de Palena, en la provincia de Palena, que deben ir a tener sus partos al país vecino de Argentina o, lisa y llanamente, a Puerto Montt o más al norte. En nuestra zona no tenemos hijos chilenos, sino más que nada hijos con doble nacionalidad, porque en ningún hospital de esas comunas tienen la posibilidad de atender partos.

Quiero hacer un homenaje a todas las matronas y a todos los doctores que hacen patria en los lugares más apartados de Chile. Con pocos recursos y poca implementación ellos permiten que todavía existan los partos naturales, lo que para muchos hoy es algo no tan común.

Al respecto, hace poco salió un reportaje en que una colega diputada hablaba de los partos no naturales, que son también un riesgo para las mujeres.

Seguiré apoyando este proyecto. Deberemos seguir incentivando para que los hospitales, especialmente en los lugares más apartados pertenecientes a zonas extremas, cuenten con condiciones especiales para que las mujeres puedan tener partos naturales. Ello, en particular en esos territorios, para que tenga pertenencia, específicamente en Chiloé y en la provincia de Palena.

Por eso, además seré bien enfático en decir que este proyecto no solamente ayuda a los padres, sino también a algún acompañante, lo que para esas mujeres en situación muy extrema es una gran ayuda.

Por las razones expuestas, estimados colegas, mi voto será a favor. Agradezco a los diputados que presentaron esta iniciativa.

Como dije, a Amalia Montecinos Orellana , mi querida madre matrona, al cielo le mando un saludo.

Ojalá que este proyecto también sirva a muchas mujeres que están pensando en tener una profesión relacionada con la maternidad.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en verdad, quién se puede oponer a un proyecto como este si no es por razones que serían inconfesables. Sin embargo, cuando uno lee la letra chica, una vez más se da cuenta de que le meten elementos que no corresponden.

El inciso segundo del artículo 195 bis nuevo señala: “El padre o progenitor no gestante”.

¿Qué es un progenitor no gestante, por el amor de Dios, si no es un padre? ¿Por qué se tiene que sumar una categoría que no existe? ¿Acaso los niños del futuro no van a ser el producto del amor entre el padre y la madre? ¿Existe algún tipo o categoría de ser humano que pueda gestar o crear un niño que no sea el de padre o madre? ¿Cuál es el problema con el lenguaje que tiene cierto sector político aquí, que sigue avanzando en una agenda deconstructora -seamos honestos, “deconstrucción” es solamente un sinónimo para “destrucción”de la sociedad y de todos los criterios sobre los cuales esta se basa? ¿Por qué tenían que ensuciar este buen proyecto con su ideología? ¿Por qué meter elementos que no corresponden? ¿Por qué colocar al mismo nivel del padre a una persona no gestante?

Padre, según Neruda , es quien te da reproches y consejos, el que te enseña, el que te cuida.

Neruda agradecía a su padre por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría; porque ama la verdad, justicia y rectitud en demasía.

Padre es mucho más que solamente ser gestante, pero es eso también. ¿Y me van a decir ahora que quieren mezclar ese concepto con algo que es indefinido, indescriptible, que por supuesto nace de la fétida pluma de filósofos franceses que no tienen y no han tenido nada mejor que hacer que ir deconstruyendo todos los sistemas de valores y sociales sobre los cuales se basa el futuro de la humanidad?

He presentado una indicación a este proyecto para que se elimine esta aberración lingüística, de la cual probablemente se recupere el proyecto, pero no así la aberración.

¡Qué les habría dicho Neruda por cómo tratan el idioma castellano!

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, no puedo no hablar de este proyecto. Naturalmente, los que estamos acá -no sé si todos o en general en muchos casos lo hacemos porque alguno de estos proyectos nos toca. Y creo que en este caso es fundamental entender la importancia que tiene este tipo de iniciativas, esencialmente porque hoy día tenemos un problema de natalidad.

En Chile tenemos índices de natalidad europeos. Seguramente, esto ya se ha dicho. Hoy día están naciendo pocos niños, y eso es básicamente por la cultura, la evolución de la cultura individualista, hedonista en muchos casos, y también por las leyes que han favorecido, por ejemplo, el aborto.

Si uno recorre las calles de varias ciudades europeas, se encontrará con que nunca verá un niño con síndrome de Down, porque ellos son descartados; no hay niños con labio leporino, porque ellos son descartados antes de nacer.

Así, parece que se ha ido imponiendo la teoría racial, porque, al final, vamos haciendo una selección de la raza. Eso hoy es así fundamentalmente en varios países que nosotros a veces emulamos y de los cuales hablamos muy bien. Países desarrollados, principalmente europeos, han construido sociedades que buscan la perfección. Hoy en día uno puede seleccionar el óvulo, los espermios; puede definir el color de los ojos. En definitiva, hoy uno puede definir a su hijo.

Por tanto, más allá de aquellas cuestiones semánticas en las que uno puede estar de acuerdo o no -como es lo que señaló el diputado Kaiser -, este proyecto lleva a que tengamos más hijos, porque yo creo que es necesario. ¿Y por qué lo digo? Porque mi madre tuvo dieciséis hijos, ¡dieciséis hijos! Fue una sola mamá y un solo papá. Era otra época. No digo que hoy se puedan tener dieciséis hijos.

Gracias a Dios, como decimos en nuestra familia -mi madre comenzó su viaje al otro mundo hace mucho tiempo-, la oportunidad de salir adelante a través de la educación pública, de un Estado que de alguna manera estaba, etcétera, nos permitió enfrentar la vida. Pero uno la enfrenta fundamentalmente a través de la posibilidad de vivir en una familia que te dé las oportunidades para desarrollarte. Por eso también es importante la discusión que hagamos de la familia.

Este proyecto ayuda a que aquellas madres y aquellos padres que deseen tener hijos puedan tener, de cierta forma, no digo el beneficio, porque no creo que llamemos beneficio a la posibilidad de tener menos estrechez.

Me imagino que si mi madre hubiera estado viva en esta época, habría tenido una cantidad de subsidios que cuando nacimos nosotros no había. Estoy hablando de las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado.

Por tanto, si uno respalda este proyecto, debe hacerse cargo de algunas cuestiones que plantea y que se han señalado acá, no obstante lo cual considero que es una iniciativa que vale la pena votar a favor y apoyar. Ojalá todos los proyectos que respalden favorezcan la construcción de las familias y que no tengamos el gran problema que hoy existe en Europa, donde hay pocos niños, como ocurre en Chile, pero también que niños que finalmente son descartados.

Eso es a lo que nosotros aspiramos, a que esta no sea la sociedad del descarte, del descarte de los adultos mayores, del descarte de los niños que, en opinión de algunos, vienen con defectos, sino que, en definitiva, sea una sociedad que nos permita desarrollarnos plenamente y que le dejemos algo a la providencia o a la naturaleza, dirán otros.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para establecer una presunción de responsabilidad civil por los daños causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos, correspondiente al boletín N° 14094-11.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Salud es la señora Camila Rojas .

Antecedentes:

-Moción, sesión 2ª de la legislatura 369ª, en martes 16 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 20.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 78ª de la presente legislatura, en miércoles 28 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

En reemplazo de la diputada Camila Rojas, rinde el informe el señor Hernán Palma .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor PALMA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para establecer una presunción de responsabilidad civil por daños causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos, que corresponde al boletín N° 14094-11, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en moción de las diputadas Karol Cariola Oliva , Claudia Mix Jiménez , Maite Orsini Pascal , Camila Rojas Valderrama , Gael Yeomans Araya , y de los entonces diputados y diputadas Andrea Parra Sauterel , Miguel Crispi Serrano , Marcela Sandoval Osorio , Víctor Torres Jeldes y Camila Vallejo Dowling .

La idea matriz o fundamental del proyecto es introducir modificaciones en el Código Sanitario con la finalidad de establecer que las personas que hayan consumido medicamentos anticonceptivos defectuosos, producto de lo cual haya resultado un embarazo no planificado, puedan ser reparadas, para lo cual, entre otras normas, se cambian las reglas generales sobre la carga de la prueba.

Fundamentos del proyecto

La moción hace presente que en 2020 el Instituto de Salud Pública debió alertar sobre medicamentos anticonceptivos femeninos de administración oral que presentaron defectos, lo que implicó su salida del mercado.

Producto de dicha situación, al menos 140 mujeres, usuarias de dichos comprimidos anticonceptivos, denunciaron haber quedado embarazadas, situación que, debido a la prohibición existente para interrumpir en forma voluntaria un embarazo por causales diversas a las contempladas en la ley N° 21.030, debieron enfrentar de manera forzada un embarazo no deseado.

Por su parte, el 23 de febrero de 2021, el Instituto de Salud Pública anunció que, con fecha 10 de febrero de ese mismo año, el 2021, emitió la resolución exenta N° 537, por medio de la cual sancionó, a través de un sumario sanitario, a dos laboratorios, con multas que alcanzaron la suma de 1.300 unidades tributarias mensuales.

En dicho pronunciamiento, el Instituto de Salud Pública confirmó que “el sistema regulatorio de medicamentos estipula que, una vez que un producto farmacéutico es registrado, corresponde al titular del registro y a sus responsables técnicos dar fe de que este se elabore, produzca, importe, libere, distribuya y expenda cumpliendo las especificaciones del producto y con las buenas prácticas de manufactura, almacenamiento y distribución, y que además establece específicamente la responsabilidad de cada uno de los técnicos que intervienen en el proceso.”.

En definitiva, son las empresas, en este caso los laboratorios, las que deben efectuar las diligencias tendientes a prevenir este tipo de errores, más aún cuando se trata de la salud de las mujeres.

No obstante, la actual normativa legal impone a la mujer la obligación de probar el nexo causal, incurriendo en una doble victimización, pues es ella quien ha soportado el daño y debe, además, probar que el embarazo es consecuencia de esta situación, pese a que exista conocimiento público respecto del error, haya una sanción administrativa y la empresa lo haya asumido.

A su vez, la sanción administrativa aplicada por el Instituto de Salud Pública, que resulta ser el mecanismo inmediato para investigar y sancionar estos hechos, no contempla mecanismos de reparación para las afectadas, debiendo someterse el caso a un juicio ordinario para buscar algún tipo de reparación de un hecho que tiene consecuencias de por vida, como es el embarazo no planificado.

La moción menciona diversos tratados internacionales firmados y ratificados por Chile que instan al reconocimiento e incorporación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, los cuales, entre muchos otros, forman parte del derecho a la salud.

Este se ve materializado, entre otras, en varias circunstancias, tales como tomar decisiones libres e informadas sobre su vida sexual y reproductiva, con acceso a información y educación; ejercer libre y responsablemente la sexualidad y la práctica de relaciones sexuales placenteras y sin riesgo para la salud; decidir libre y responsablemente el número de hijos y cuándo, con quién y con qué frecuencia tenerlos, y tener acceso a los métodos anticonceptivos necesarios para esto.

Lo anterior significa estar fuera de cualquier discriminación, coacción o violencia en sus decisiones y su vida sexual, e involucra el derecho de los hijos e hijas a nacer siendo deseados por sus progenitores.

Estructura del proyecto

La moción que se pone en conocimiento de esta Sala está constituida por un artículo único permanente que consta de cinco literales y una disposición transitoria.

Personas e instituciones escuchadas por la comisión

Las siguientes personas concurrieron a la comisión: en representación de la corporación Miles, la señora Javiera Mardones ; en representación de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la señora Danitza Pérez ; en representación del Ministerio de Salud, el asesor señor Jaime Junyent . Asimismo, concurrieron el jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública, señor Juan Roldán ; la abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica y encargada de equidad de género del Instituto de Salud Pública, señora Mariela Mege ; la presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile, señora Ana Victoria Nieto Barraza ; la académica del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Carmen Domínguez Hidalgo , y un representante del laboratorio Grünenthal , el señor Richard Nevares .

Discusión en el seno de la comisión

Los diputados y diputadas, en general, coincidieron en que este proyecto de ley viene a reparar un problema que incide y aqueja a las mujeres que, habiendo tomado las precauciones del caso para evitar un embarazo no deseado o no planificado, se vieron afectadas por una situación que viene a alterar completamente su plan de vida, lo que produce importantes y trascendentes consecuencias de tipo social, emocional y económicas.

Asimismo, se argumentó que si bien el nacimiento de un niño o niña no se considera un daño en sí mismo, sí altera las condiciones de vida de los padres, sobre todo si estaban llevando una relación con las precauciones adecuadas, todo lo cual se ve alterado por el defecto de un medicamento. A mayor abundamiento, se sostuvo que el proyecto de ley propenderá, en forma indirecta al menos, a mejorar la eficiencia y el cuidado en la producción y distribución de medicamentos y productos que se ofrecen en el mercado. He ahí la importancia de establecer algún tipo de reparación, sea tanto a nivel económico como de acompañamiento a las personas afectadas.

Se estimó de suma importancia que el Estado, a través de su organismo sanitario pertinente, controle en forma aleatoria, pero permanente, la calidad de los productos y medicamentos ofrecidos al público.

Algunos diputados y diputadas estimaron que, no obstante la trascendencia del proyecto, este tiene un aspecto más bien punitivo que preventivo, siendo esto último un elemento indispensable de abordar, con la finalidad de evitar la ocurrencia de sucesos como los tratados en esta iniciativa legal. Es transcendente detectar precozmente los medicamentos a distribuir, mediante el rol de vigilancia y fiscalización que compete al Estado de Chile.

Asimismo, se debatió el rol, destino y monto de las multas que se aplican en contra del laboratorio que produce dichos medicamentos, todo lo cual debe ser analizado en forma profunda para ayudar a aminorar los daños que produce el haber confiado en que se estaba previendo una situación que resultó fuera de lo planificado y deseado.

Por su parte, algunos diputados señalaron que debe existir cautela al momento de determinar las pruebas y la relación de causalidad entre el medicamento defectuoso y el embarazo no deseado, pues puede darse que en algunas oportunidades simplemente el fármaco anticonceptivo sea mal administrado o que se haya olvidado su toma, entre otras situaciones.

En general, los diputados manifestaron que se trata de una buena idea y adecuada o necesaria propuesta de ley, pero que debe ser analizada con cautela, para evitar excesos o injusticias por las partes involucradas.

Votación general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos generales tenidos en consideración en la moción, y luego de intercambiar opiniones entre los diputados presentes, que les permitió a sus miembros formarse una idea de la conveniencia o inconveniencia de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la mayoría de los diputados presentes (6 votos a favor y 2 abstenciones).

Votaron a favor los diputados y diputadas Danisa Astudillo , María Luisa Cordero , Carolina Tello (en reemplazo de la diputada Ana María Gazmuri) , Tomás Lagomarsino , Hernán Palma y Patricio Rosas . Se abstuvieron los diputados Marta Bravo y Daniel Lilayu .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los autores de la moción, pues este proyecto no solo propone un acto de justicia para las mujeres afectadas por dispositivos anticonceptivos defectuosos, sino que también han tenido a la vista una de las aristas que contempla el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con capacidad de gestar, que incluye la posibilidad de decidir, libre y responsablemente, el número de hijos que desean tener, cuándo, con quién y con qué frecuencia tenerlos, además de contar con el acceso a los métodos anticonceptivos necesarios para esto, los que deben ser garantizados por el Estado, en cumplimiento de los estándares e instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Durante el año 2020, el Instituto de Salud Pública debió alertar de medicamentos anticonceptivos de administración oral que presentaron defectos, lo que implicó la salida del mercado de esos productos.

A la fecha de la presentación del proyecto, al menos 140 mujeres usuarias de dichas pastillas anticonceptivas habían denunciado haber quedado embarazadas.

En relación con algunos de esos casos, el ISP sancionó a laboratorios Silesia S.A. y laboratorios Andrómaco S.A. con multas de 1.300 UTM. Los lotes con defectos no fueron los únicos y este año se alertó sobre nuevos anticonceptivos defectuosos, involucrando a uno de los mismos laboratorios implicados anteriormente.

La actual normativa impone la obligación de probar el nexo causal a la mujer, incurriendo en una doble victimización, pues es ella la que ha soportado el daño y es ella la que debe, además, probar que el embarazo es consecuencia de este defecto, pese a que exista conocimiento público respecto del error en que se incurrió, exista la sanción administrativa y/o haya sido asumido por la empresa. A ello se suma el gasto que debe asumir en la contratación de abogados que asuman su representación en el juicio y la evidente asimetría entre las personas afectadas y los laboratorios responsables.

El proyecto simplifica este proceso, estableciendo la presunción de responsabilidad del daño causado cuando concurran dos hechos. A saber, la existencia de un embarazo y una alerta emitida por el Instituto de Salud Pública.

En consecuencia, será carga del laboratorio probar que el defecto no podría haber generado el daño en cuestión. Además, se modifica el procedimiento al que deberá someterse el juicio, en orden a tramitarse conforme a las reglas del juicio sumario en lugar del juicio ordinario.

Por otro lado, se establece un mecanismo de trazabilidad de productos sanitarios que sean métodos anticonceptivos hormonales o dispositivos intrauterinos, a través de la obligación de las distribuidoras finales de contar con un registro interno, el cual será voluntario en el caso de las menores de edad.

Se incorpora la noción de autonomía reproductiva de la mujer o persona gestante al indicar que la existencia de un embarazo, como consecuencia de un método anticonceptivo o dispositivo intrauterino defectuoso, se entenderá como una vulneración de aquella; se eleva de 1.000 a 5.000 unidades tributarias mensuales el monto máximo que puede aplicar el ISP por multas, y se incorpora un artículo transitorio que permite el efecto retroactivo de la ley para aplicarlo a los casos que dieron origen a esta moción.

Por último, agradezco el apoyo obtenido en la Comisión de Salud a una indicación de mi autoría, que incorporó una sanción por reincidencia a los laboratorios, los cuales estarán impedidos de participar de las licitaciones respecto de la distribución de este tipo de medicamentos a través del Cenabast si incurren nuevamente en la conducta, considerando que dichos métodos anticonceptivos son los que posteriormente se entregan de forma gratuita en el sector público de salud, especialmente a mujeres en situación económica vulnerable.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, me correspondía informar sobre este proyecto, pero, lamentablemente, me encontraba en ese momento votando en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por lo que no pude hacerlo. Por eso, quise intervenir en este proyecto que es de mi autoría.

El 2020, más de 140 mujeres denunciaron haber tenido embarazos no planificados producto de anticonceptivos fallidos.

Por este grave error se multó a dos laboratorios, pero no se entregó reparación, indemnización o respuesta de ningún tipo a las mujeres que se vieron obligadas a llevar adelante un embarazo, pese a que estaban tomando acciones justamente para evitarlo.

Cabe recordar que los anticonceptivos tienen un 99 por ciento de éxito en la prevención del embarazo.

Más allá de la multa, ni los laboratorios ni ninguna institución del Estado se hicieron cargo de reparar, acompañar o indemnizar a estas mujeres, quienes, para obtener algo de justicia o reparación, tuvieron que enfrentarse solas a esas grandes empresas a través de la presentación de demandas que, como bien sabemos, son costosas, lentas y agotadoras.

Se trata de mujeres que por sus condiciones familiares, económicas, emocionales o simplemente por decisión propia se cuidaban para evitar embarazos no planificados.

La desigualdad y asimetría de poderes en este escenario es abrumadora, y el Estado de Chile no ha hecho lo suficiente para equiparar la cancha.

Los graves y permanentes perjuicios generados a estas mujeres que tuvieron que cambiar su plan de vida producto de embarazos no planificados, por esta impresentable negligencia de los laboratorios, no pueden ser tratados simplemente como un conflicto entre privados.

Aquí no se trata de una persona que reclama una indemnización por el choque de un auto, no se trata de una persona que no le pagó a otra lo que le debía, sino que se trata de mujeres privadas de su derecho a decidir sobre su cuerpo, mujeres que confiaron, porque no se puede sino confiar, en la calidad de los productos farmacéuticos que provienen de gigantescos y multimillonarios laboratorios y que deben ser certificados por el Estado.

La igualdad ante la ley, para ser efectiva, debe considerar estas abismales diferencias entre las personas y quien está encargado de resguardar, ya sea los laboratorios o el Estado. De lo contrario, es una mera declaración sin efectos en la realidad y que termina consolidando inequidades.

Atender las diferencias sustantivas entre personas es algo que ya ocurre en nuestro ordenamiento desde hace décadas, en las relaciones entre trabajadores y empleadores, lo que conocemos como derecho laboral, o entre arrendadores y arrendatarios o entre consumidores y empresa.

Se establecen reglas especiales en favor de la parte que se considera en más desventaja.

¿Por qué no hacer lo mismo en el caso de esas madres involuntarias y los laboratorios farmacéuticos?

No sigamos tratando a las mujeres como sujetos de segunda categoría. Si esto fuera un problema que afecta a los hombres, permítame decirle, Presidente, que ya se habría aprobado un proyecto de esta índole. Hago un llamado especial a que nos pongamos en el lugar de esas mujeres y restituyamos su derecho a la justicia tras ser víctimas de un hecho tan grave como el que debatimos.

El proyecto busca hacerse cargo de la reparación que merecen esas mujeres, así como de garantizar que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir como consecuencia de la administración de anticonceptivos defectuosos en los que las mujeres depositan su confianza, tal como ocurre diariamente con otros cientos de medicamentos.

Hago un llamado a esta Cámara a aprobar el proyecto. No les sigamos fallando a las mujeres que ven completamente cambiados sus planes de vida cuando los anticonceptivos no funcionan. Tenemos acá un proyecto que propone aumentar las multas a los laboratorios que dispensen métodos anticonceptivos hormonales y dispositivos intrauterinos defectuosos, así como un mecanismo de reparación para las afectadas.

Es fundamental que la Cámara de Diputadas y Diputados se haga cargo de esta situación, la que ha continuado afectando a mujeres luego de conocidas las primeras 140 denuncias por embarazos no deseados.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Lagomarsino .

El señor LAGOMARSINO.-

Señor Presidente, primero que todo, quiero felicitar a la diputada Camila Rojas, autora y promotora de este proyecto de ley. Ella tomó esta bandera de lucha y de trabajo en torno de un tema tan sensible como el acceso a métodos anticonceptivos, para que estos sean efectivamente de calidad y entreguen la prestación o el efecto médico para el cual fueron diseñados.

En la Comisión de Salud tuvimos un gran espíritu cívico para avanzar en esta iniciativa, haciéndonos cargo del espíritu original del proyecto, pero, también, de materias propias del sector salud, que, probablemente, muchos integrantes de la Cámara no conocen a cabalidad.

Muchas veces, esas materias son discutidas al calor de los debates que tienen lugar en la comisión, pero contienen características bastante técnicas.

Avanzamos en un proyecto de ley muy positivo. En esa tarea no solamente nos hicimos cargo del espíritu de la ley, sino que incorporamos una serie de perfeccionamientos en relación con el Código Sanitario, para prevenir y actuar en este tipo de escenarios. El Estado debe resguardar a las mujeres que se han visto afectadas por medicamentos anticonceptivos defectuosos, e investigar, y, eventualmente, penalizar a los laboratorios que hayan incurrido en faltas en esta materia.

Como decimos en salud, lo mejor es prevenir y no curar, es decir, actuar a tiempo para evitar que este tipo de medicamentos, altamente sensibles, presenten fallas. Situaciones como estas pueden llevar a que una mujer quede embarazada, y, con ello, provocar cambios significativos en sus proyecciones de vida. La idea es minimizar lo más posible las probabilidades de que se produzcan fallas en los métodos anticonceptivos. Para ello, incorporamos en el proyecto una serie de mecanismos de prevención.

La iniciativa fue una ocasión muy interesante para abordar un tema que generalmente no se discute: las buenas prácticas de manufactura. El Instituto de Salud Pública debería tener cada vez más dientes para exigir a los laboratorios, tanto nacionales como internacionales, que distribuyen y venden medicamentos en Chile, que cumplan con buenas prácticas en ese ámbito. Contar con buenas prácticas de manufactura permite dar certeza a las usuarias de métodos anticonceptivos, pero también a usuarios de otros medicamentos, como antirretrovirales indicados para el VIH sida, fármacos oncológicos u otros destinados a diversas patologías crónicas, de que esos medicamentos no solamente son seguros, sino también eficaces.

Esta es una puerta de entrada a una institución altamente sensible y que, desafortunadamente, dentro del quehacer legislativo, muchas veces dejamos un poco abandonada en los temas de discusión. Me refiero al Instituto de Salud Pública, institución muy relevante para nuestro país.

Uno imagina que si va al Instituto de Salud Pública se encontrará con probetas y con una serie de insumos para demostrar la eficacia y seguridad de los medicamentos. Ello no es así. El ISP se ha transformado en un mero agente intermediador entre empresas privadas que realizan certificaciones. Este Congreso Nacional, en la línea del proyecto que abordamos, debe darle más dientes y más fuerza al Instituto de Salud Pública, para que regule y se haga cargo de la soberanía sanitaria de nuestro país, porque de esa institución depende la seguridad de los pacientes en cuanto a los medicamentos que les entregamos, y también, por cierto, la eficacia de los fármacos que se prescriben y que ocupan millones de pacientes en nuestro país.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, quiero partir diciendo algo obvio: yo no tengo ninguna relación con ningún laboratorio. No los voy a defender a ellos, pero tengo una contradicción vital, cual es que el proyecto anterior modifica el Código del Trabajo para regular un permiso especial para quienes acompañen a las madres por el nacimiento de hijos que van a tener el derecho y la posibilidad de nacer, y el proyecto que estamos discutiendo entrega facultades al Estado y a la justicia para demandar a los laboratorios cuando las mujeres quedan embarazadas porque el preservativo tiene algún defecto.

Yo voy a votar en contra este proyecto, porque percibe al que está por nacer, al que espero en Dios que pueda nacer, como un error o un defecto. La vida humana no es un error ni un defecto.

Un colega parlamentario señaló que en nuestro país había pocos nacimientos de niños, que nuestro país se está envejeciendo y que su madre tuvo 16 hijos. Bueno, nosotros somos cuatro hermanos. Efectivamente, hoy los jóvenes no quieren tener hijos.

Entonces, no percibo al que está por nacer, que parece que no va a tener la suerte de nacer, como un error o un defecto. Encuentro que es una contradicción y una falta de respeto a la vida misma. Por lo tanto, voy a votar en contra.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, lamentablemente, hoy en día, en la sociedad que vivimos, las mujeres asumen un rol y una responsabilidad que muchos creemos que debe ser compartida, especialmente en las parejas estables. Me refiero a la prevención del embarazo.

Para ello, muchas deben ingerir diariamente una píldora, un comprimido o una pastilla anticonceptiva, que es el método anticonceptivo de tipo farmacéutico más usado en el mundo. Las pastillas anticonceptivas son un tipo de medicamentos con hormonas que vienen distribuidos por días. Si bien se considera que son un método seguro, también es costoso. Ahora, tienen otro tipo de beneficios para las mujeres, pero para muchas representan un deber, sin una contraparte responsable en el hombre, quien también es parte de esa relación de pareja.

Si bien se ha dicho que es un método muy seguro, no es del todo seguro. Esto no solo se expresa en la posibilidad de que una mujer igualmente quede embarazada, sino en otros tipos de enfermedades o síntomas molestos.

El proyecto de ley que hoy discutimos precisamente tiene como origen la preocupación por múltiples casos de mujeres embarazadas, a pesar de consumir de manera regular su anticonceptivo. Ahora, el Instituto de Salud Pública cursó multas que llegaron 1.300 UTM, pero las multas en ningún caso satisfacen y reparan los daños y los perjuicios que podrían haber sufrido las mujeres. Para que una indemnización de esa naturaleza sea procedente, se requiere un juicio civil, generalmente extenso, y el desembolso de importantes sumas de dinero en peritajes para probar en cada caso el nexo causal entre el mal funcionamiento de la píldora anticonceptiva y el embarazo.

Por ello, este proyecto se hace cargo de buena manera de esa dificultad de las mujeres que podrían sufrir algún tipo de daño producto de la ingesta de anticonceptivos, precisamente, aliviando la carga de la prueba, vale decir, la obligación que tendrían como demandantes de probar esos daños derivados de un anticonceptivo defectuoso.

Debo destacar que el proyecto no solo se concentra en el uso de medicamentos anticonceptivos, sino que también incluye otros dispositivos intrauterinos de uso habitual entre las mujeres, además de la generación de un registro de usuarias de cada método anticonceptivo por parte del distribuidor final, lo que permitirá en muchos casos ser más certeros en las alertas cuando se haya detectado una partida o cargamento de anticonceptivos defectuosos por parte de la autoridad sanitaria.

Esto permitirá tener un mayor control, pero sobre todo informar a las mujeres sobre anticonceptivos defectuosos, a fin de evitar su ingesta o bien suspenderla en el acto.

Creo que este proyecto, como se encuentra presentado, representa un avance y, por cierto, destaca por la especial consideración de la situación de las mujeres de nuestro país que día a día confían en los métodos anticonceptivos como una forma de planificación familiar, por lo que llamo a aprobarlo.

Aprovecho de felicitar a las autoras y a los autores de esta iniciativa, porque creo que es un gran avance para todo lo que tiene relación, como bien señalé, con la planificación familiar.

He dicho.

Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano .

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señor Presidente, en momentos en que se busca relativizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, me parece de toda relevancia legislar por todas aquellas que se vieron afectadas por la falla del método anticonceptivo, la que claramente constituye una violación a sus derechos.

En Chile, el aborto es penalizado, pero además las mujeres debemos optar por métodos anticonceptivos que, lamentablemente, son de mala calidad. ¿Hasta cuándo se quiere decidir sobre nuestros cuerpos? ¿Hasta cuándo se quiere decidir sobre nuestros futuros y proyectos de vida? Miles son las mujeres que acceden al servicio público por métodos anticonceptivos o compran estos en farmacias bajo la supuesta seguridad de adquirir anticonceptivos de calidad, seguros y confiables, los cuales han quedado en duda por los distintos sucesos de los últimos años. Además, las mujeres enfrentan cambios hormonales y malestares, que implican el consumo de otros medicamentos.

Por lo mismo, Chile tiene la obligación de mejorar los controles de calidad en cuanto a los productos farmacéuticos. No solo ingerir la pastilla defectuosa daña, puesto que, por ejemplo, cientos de mujeres que se han cuidado por mucho tiempo para prevenir un embarazo, porque esa era su decisión, fueron madres contra su voluntad.

Un embarazo no planificado puede ser un evento traumático para toda la vida de una mujer, así como también interferir en los planes de vida y condicionar a vivir maternidades que no son planeadas.

Este caso también se agrava por las condiciones de vulnerabilidad que viven miles de mujeres afectadas por anticonceptivos defectuosos que el Estado compraba a las farmacéuticas para su distribución en los consultorios. Estos terribles sucesos no pueden seguir ocurriendo.

Es necesario aprobar este proyecto, pero además avanzar hacia una fiscalización de anticonceptivos más estricta, que pueda garantizar la calidad y la eficacia de las pastillas anticonceptivas, y disponer de una variada oferta anticonceptiva en los centros de atención primaria. Esto quiero relevarlo, porque muchas veces las mujeres se ven condicionadas al método anticonceptivo que dispone el Estado, el cual también hemos visto que ha tenido fallas, que sobre todo se pusieron en evidencia en la pandemia.

Claramente, en esta materia muchas veces -la mayoría del tiempo no se respeta a las mujeres en su decisión de querer ser madres o no, porque han tenido que optar a métodos anticonceptivos en los cuales tenemos una falencia; no se respeta los derechos reproductivos de las mujeres, porque muchas veces somos castigadas y, además, tampoco se nos garantiza una variedad adecuada.

En definitiva, se trata de establecer mínimos de dignidad en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y, sobre todo, no volver a repetir escenarios tan vergonzosos como que el vivieron miles de mujeres que se enteraron de que sus anticonceptivos era defectuosos a través de las redes sociales y que en la actualidad, lamentablemente por una decisión que ellas no planificaron, son madres.

Creo que es un tema de una mínima decencia y de un mínimo común, donde no solo se debe garantizar la vida del que está por nacer, como lo han señalado algunos, sino que también se debe respetar el derecho soberano de las mujeres sobre sus cuerpos.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, veo que este es un proyecto bien intencionado. Pero estaba revisando algunas de sus normas, particularmente los artículos transitorios; también el texto de la actual Constitución, particularmente su artículo 19, N° 3, y el Código Civil, el cual señala, en su artículo 6°, que “La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen.”.

Más adelante, el artículo 8° del Código Civil señala que nadie podrá alegar ignorancia de la ley. Por su parte, el artículo 9° establece que la ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo.

Pero resulta que la disposición transitoria propuesta señala que “Esta ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial -no hay inconveniente en ello-. No obstante ello, será aplicable retroactivamente a todos los casos de embarazos o pérdidas reproductivas por productos sanitarios defectuosos que correspondan a métodos anticonceptivos hormonales o dispositivos intrauterinos, que hayan sido objeto de alerta farmacéutica emitida por el Instituto de Salud Pública desde 2020 en adelante.”.

Es decir, estamos hablando de tres años hacia atrás, lo que vulnera claramente la normativa que establece nuestro ordenamiento jurídico.

Por eso, tengo serias dudas de si la disposición transitoria propuesta se apega o no a nuestro ordenamiento jurídico, particularmente a nuestra Constitución Política de la República y a nuestro Código Civil, porque al parecer vulnera su vigencia.

Espero que alguno de los autores de la moción me saque de dudas, porque la prescripción, a mi juicio, es vulnerada. Además, si esto se convierte en ley de la república, de aquí a que se publique habrán pasado más de tres años, contados desde el 2020.

Reitero que la moción me parece bien intencionada, pero me gustaría que alguno de los autores pudiera clarificar la disposición transitoria propuesta, porque me merece dudas.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, las objeciones de conciencia respecto de este proyecto han sido perfectamente bien descritas por mi colega Leonidas Romero . Pero hay un par de otros aspectos que me gustaría poner a consideración de esta Sala.

En primer lugar, al establecer este tipo de requerimientos y presunciones, tengo la impresión de que, de alguna manera, se intenta controlar a la industria e impedir que se vendan productos que no dan el ancho. Pero, al establecer una presunción de responsabilidad por parte de la industria, se olvidan, convenientemente, de que los seres humanos tenemos naturalezas distintas: algunos son consecuentes en la toma, por ejemplo, de la píldora anticonceptiva; otros lo son menos. En resumen, a las farmacéuticas les complica mucho la venta del producto.

Por eso estoy inclinado -casi, porque quiero que mejoremos nuestra tasa de natalidada aprobarlo, porque así como está este proyecto de ley, probablemente saque los productos del mercado, dadas las limitaciones especialmente gravosas que establece para las farmacéuticas, y esa puede ser una de las consecuencias no queridas de este proyecto. Es un tema que debiesen considerar los impulsores de esta iniciativa.

Y para dejarlo absolutamente claro, presenté un par de indicaciones. Pero también incluí una indicación que establece una responsabilidad respecto de las vacunas covid, para ver si se puede aplicar ahí un concepto de responsabilidad presumida. Pero no es el centro de lo que estamos haciendo; lo que estamos haciendo en este momento es crear una legislación que probablemente retire del mercado los productos anticonceptivos, porque las empresas no van a correr el riesgo de tener que asumir costos que sean simplemente no financiables, o van a hacer que los costos de los propios anticonceptivos suban hasta tal punto que las empresas, desde el punto de vista de la lógica económica, digan: “Sí, podemos también asumir el pago de estas indemnizaciones que se nos vienen en un futuro próximo”, y que son indemnizaciones contra las cuales no se van a poder defender en razón de la presunción establecida en la propia ley.

Lo dejo ahí, y que cada uno considere si este proyecto va en la dirección de lo que se quiere lograr.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señor Presidente, una vez más, reviso este proyecto de ley y no le encuentro problema alguno. Estamos hablando de presunciones, pero meramente legales y no de derecho; es decir, admiten prueba en contrario. Y no me cabe duda alguna de que las empresas farmacéuticas van a tener el dinero suficiente para contratar staff de abogados para encontrar pruebas legítimas en contrario que indiquen que los métodos anticonceptivos estaban funcionando.

Por lo mismo, también se debe entender que el método anticonceptivo tiene que haber funcionado mal y no se trate simplemente de que la persona no se lo tomó, porque eso ya no es responsabilidad de las farmacéuticas o de la calidad del medicamento. Si se prueba que el medicamento funciona, eso ya echa por tierra la presunción.

En cuanto a otros métodos anticonceptivos, un colega diputado que hizo uso de la palabra se refirió a los preservativos. Pero ocurre que los preservativos no son medicamentos, sino que son profilácticos, son barreras físicas. No son barreras químicas, como los son la llamada píldora o, eventualmente, el dispositivo intrauterino, la llamada T de cobre, que son barreras químicas.

Por otro lado, tampoco veo complicación alguna respecto de la retroactividad. La retroactividad abarca solo los últimos dos o tres años, desde la pandemia. No es una retroactividad tan importante, sino que es una retroactividad que dice relación con el tiempo exacto en que se empezó a presentar este problema y que luego motivó la presentación del proyecto de ley en debate. Por eso que se hizo la salvedad de que exista una norma transitoria de excepcionalidad y de retroactividad.

Así que, en lo personal, me inclino por aprobar el proyecto; no veo ninguna situación compleja en todo esto.

Y en cuanto a considerar a los hijos como un error, bueno, eso no es materia de la discusión. Esto es simplemente un tema relativo a la calidad y el funcionamiento de un producto. Respecto a lo que se haya generado luego por el mal funcionamiento del producto, aquí no se dice nada. La mala calidad de un producto no guarda relación con la calidad humana de la persona que vaya a nacer. Simplemente, son cosas totalmente distintas.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley bastante extraño. Y siguiendo un poco el hilo de lo que decía mi colega Johannes Kaiser , es más extraño todavía viniendo de quienes viene, porque pareciera ser que lo único que hace es enredar la venta de métodos anticonceptivos.

¿Qué hace este proyecto de ley? En primer lugar, establece que las farmacéuticas -y esto es bien curioso tienen que llevar una base datos, un registro de compradores. O sea, la izquierda, en general, y otros sectores políticos que históricamente han dicho que no, que aquí hay como un hostigamiento, hay un maltrato a las mujeres con el tema de los anticonceptivos, quieren generar más espacio para la eventual publicidad de quien compra y quien no compra. O sea, la mujer que compra un método anticonceptivo tiene que estar dispuesta a que su nombre quede registrado en una base de datos, con la promesa de que dicho registro será confidencial, y será la farmacia en cuestión la que tendrá que guardar la confidencialidad de la mujer que fue a comprar las píldoras anticonceptivas. Pero sabemos que eso también trae aparejado un riesgo.

El segundo tema extraño es que en la base de datos se registrará a todas las mujeres que adquieran el medicamento anticonceptivo, salvo a las menores de edad. Entonces, dado que el objetivo, en el fondo, es que se comercialicen anticonceptivos a niñitas, a menores de edad, sin que exista el acompañamiento, el conocimiento o el consentimiento, de algún tipo, de los padres de esas menores de edad, resulta indispensable que el registro en la base de datos no sea vinculante para ellas, porque podría producirse otro tipo de efectos legales. Podría ser complicado tratar de exigir a una niña menor de edad que quede su nombre registrado en una base de datos sin el consentimiento de sus padres. Extraña cosa, extraño mundo en el que vivimos, en que es complejo que el nombre de una menor de edad quede anotado en un papel, pero no es tan complejo entregarle métodos anticonceptivos sin el conocimiento de sus padres. Extraño, por decir lo menos.

Y saltando al tema de la responsabilidad civil, a establecer legalmente una presunción de responsabilidad, en primer lugar, hay que decir que esto simplemente ahonda en el engaño histórico de ciertos sectores políticos respecto de los sistemas anticonceptivos. Dichos sectores han convencido a una gran cantidad de gente, incluso a adultos, de que los métodos anticonceptivos tienen una eficacia del ciento por ciento. Esto es una mentira. No tienen eficacia de ciento por ciento. Tienen una eficacia bastante alta, por sobre el 90 por ciento en la mayoría de los casos; pero en el uso promedio que le da la mayoría de las mujeres a la píldora anticonceptiva, hay reportes de que la eficacia es del 93 por ciento. Creo que muchos se caerían de espaldas al saber eso, porque la verdad es que nadie lo dice; es de esas verdades ocultas. Pero esa es la realidad: la eficacia no es del ciento por ciento. Sin embargo, este proyecto establece básicamente una exigencia legal en términos de que esa eficacia tiene que ser del ciento por ciento, en circunstancias de que en realidad no es así. Toda esta lógica del libertinaje sexual, por decirlo de cierta forma, ha estado fundada sobre premisas falsas, sobre un engaño, sobre una mentira, cual es que el método anticonceptivo siempre, sí o sí, va a traer el resultado pretendido o el resultado publicitado por la izquierda y por otros sectores políticos, esto es, que el embarazo se previene siempre. La verdad es que eso no es así. Eso es una mentira.

Además, establecer la presunción de responsabilidad civil para este caso tiene un segundo problema. A quienes estudiamos Derecho, una de las primeras cosas que nos enseñan en Derecho Civil es que a nadie se le puede exigir demostrar hechos negativos, es decir que algo no ha ocurrido. Dependiendo de cómo se lea esta norma del proyecto, se está exigiendo, de cierta forma, a la empresa farmacéutica demostrar un hecho negativo, o sea, que el producto que están vendiendo no funcionó como ellos pretendían que funcionara, en circunstancias de que lo que se debería demostrar es lo contrario, es decir, que tuvo un efecto determinado. Además, la empresa farmacéutica tampoco tendrá acceso a saber la forma como se estuvo dando uso al método anticonceptivo. Es una norma bien extraña, que, como dice el diputado Kaiser , lo que pretende en el fondo es que no se sigan comercializando estos productos; porque ese podría terminar siendo el efecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, quiero hacer un breve alcance conceptual sobre este proyecto. Esta iniciativa establece que todo daño causado por algún producto anticonceptivo va a ser civil o penalmente perseguido y, por tanto, el daño será reparado.

Pero resulta complejo hablar del daño, dado que el daño en cuestión, de acuerdo con este proyecto, es el embarazo. Concebir el embarazo como un daño en sí mismo, a mi juicio, es totalmente improcedente.

Quiero hacer un alcance a lo señalado por mi estimada diputada Daniela Serrano . Ella dijo que había que proteger el derecho de toda mujer a disponer de su cuerpo. Primero quiero aclararle que tener un derecho es tener una facultad o un título sobre un bien, un bien que puede ser material o inmaterial. ¿Cuál es el bien sobre el cual se tiene el título? Una persona que se lleva en el vientre materno. El bien es la vida de un tercero, no es el cuerpo de la madre. Eso se lo voy a explicar con la evidencia. Tómese un tejido de cualquiera de los dedos de su mano, busque el código genético, haga lo mismo en los dedos del pie, en el hombro, en la frente, y el código genético será el mismo, estimada diputada Serrano . Tome el tejido de la criatura que lleva una mujer en el vientre materno y el código genético será distinto al de sus dedos de la mano, al de su hombro, al de su frente. Es un tercero el que está en el vientre materno, y esa vida siempre la vamos a proteger.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario en materia de seguro de responsabilidad civil por daños causados en el ejercicio de la medicina (boletín N° 14837-11).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Andrés Longton .

Antecedentes:

-Moción, sesión 131ª de la legislatura 369ª, en lunes 7 de marzo de 2022. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 108ª de la presente legislatura, en lunes 19 de marzo de 2022. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Longton , rinde el informe el señor Tomás Lagomarsino .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor LAGOMARSINO (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de seguro de responsabilidad civil por daños causados en el ejercicio de la medicina, iniciado en moción de los diputados José Miguel Castro , Andrés Celis , Andrés Longton , Carolina Marzán , Érika Olivera y Ximena Ossandón (boletín N° 14837-11).

Idea matriz o fundamental del proyecto

Establecer la obligación legal para quienes ejercen profesiones del área de la salud, o de los centros asistenciales de salud, para contratar en favor del personal que labora en ellos un seguro de responsabilidad por eventuales daños que se puedan ocasionar a los pacientes atendidos.

Cabe señalar que este proyecto nació a raíz de un caso muy emblemático en la Región de Valparaíso y conocido por los diputados Andrés Longton y Carolina Marzán , que es el de Martín, un pequeño, un menor de edad, quien lamentablemente falleció fruto de una serie de situaciones ocurridas en el hospital de Los Andes y que todavía están en investigación.

Fundamentos del proyecto contenidos en la moción

La moción hace presente que la profesión médica es una actividad de invaluable relevancia social, pero, a su vez, generadora de múltiples riesgos. Durante los últimos años y de manera incremental con el paso del tiempo, la complejidad y la oferta de servicios médicos se ha dedicado de manera muy notable a la seguridad del paciente, buscándose constantemente mecanismos de actuación médica que disminuyan los riesgos y los daños -secuelas o efectos inevitables, por ejemplo para quienes se someten a ellos. Por ello, como actividad riesgosa y eventualmente lesiva, en la actualidad genera dos tipos de problemas: en primer lugar, incluso tomando en cuenta el mencionado avance en calidad y seguridad de las prestaciones en salud, los pacientes se encuentran sometidos a riesgos propios de la evolución médica que, en principio, los deberían favorecer. Hay técnicas modernas que buscan dar mayor seguridad, con menos invasión corpórea y menos efectos colaterales; sin embargo, su utilización exige umbrales de seguridad y manejo prolijo, atendido que la precisión requerida conlleva alta complejidad. Tal ha sido el avance, que hasta hace algunos años dichas intervenciones no se habrían podido realizar.

Tal fenómeno, que ha complejizado el ejercicio de la medicina, se une a otro, cual es su uso masivo en un creciente número de actuaciones, como el relativo a la cirugía estética con fines de embellecimiento, la ortodoncia o la corrección quirúrgica de patologías oftalmológicas, a todas las cuales hasta hace algunos años poco porcentaje de la población tenía acceso. Tal masificación, que es evidente para todos quienes ejercemos nuestras funciones parlamentarias, supone, por sí misma, un sometimiento a mayores riesgos, y en no pocos casos, debido a la falta de regulación, como ocurre en la cirugía plástica, supone también baja seguridad para los pacientes.

Todo ese panorama de mayor complejidad de la actividad médica conlleva una tendencia a plantear la existencia de un régimen sanitario mucho más sofisticado que el de la simple relación entre médico y paciente que teníamos hasta hace algunas décadas, el que se compone por distintos niveles de profesionales de atención, servicio hacia la persona y normatividad.

Como segundo problema, derivado de la complejidad progresiva de la medicina, se encuentra la situación de los médicos y de profesionales de la salud. Esta situación es la de encontrarse expuestos a emplazamientos judiciales que les exigen responder por daños causados, incluso, por disconformidad en resultados, por ejemplo, en el caso de las cirugías estéticas, enjuiciándose siempre la actuación médica y asociándose esto a la alta capacidad patrimonial de los profesionales de la salud. Dicha realidad ha incentivado lo que se denomina “medicina defensiva”, mediante la cual los médicos y los profesionales de la salud intentan protegerse de su responsabilidad por daños y disconformidades realizando protocolos y estándares de actuación que les brindan mayor certeza, pero que también elevan el costo de las prestaciones médicas.

Al respecto, permítaseme la licencia de mencionar a esta Sala que dicho aspecto lo institucionalizamos en la última ley de presupuestos, mediante la consideración de un fondo de judicialización

La “medicina defensiva” supone un verdadero problema ético para los médicos, ya que muchas veces altera el principal interés de su labor, anteponiendo la evitación de cualquier demanda o reclamo antes que la adopción de medidas para salvar la vida o para atender el estado clínico del paciente. Esto es muy relevante, producto de que como en el ejercicio de la medicina existen riesgos, la judicialización de esta puede llevar a que los propios facultativos se abstengan de realizar actos que pudieran ser más riesgosos.

En el hemiciclo tenemos a dos cirujanos, el diputado Enrique Lee y el diputado Daniel Lilayu , cirujano plástico y cirujano cardiovascular, respectivamente, quienes bien pueden comentar respecto de estos riesgos.

Ello, además, recarga la red de atención con mecanismos de prevención de reclamaciones que pueden resultar poco acertados o perjudiciales para el estado de salud del paciente, como exámenes redundantes y temor a tratar a pacientes críticos, entre otros.

Para abordar ambos fenómenos se ha tendido a socializar los costos de previsibilidad de los riesgos y daños mediante los seguros, como mecanismo útil. Muy conocido en esta materia es el seguro del Colegio Médico. En cuanto fuente generadora de riesgos y de posibles daños, tanto la responsabilidad civil que pueda caber al médico como la avaluación de los daños y su verificación son abordables dentro del régimen de seguros, los que se constituyen como instrumentos que socializan el costo de los posibles daños, y así benefician tanto a quien puede incurrir en un acto lesivo, el profesional médico, como a la potencial víctima.

En general, los seguros que brindan protección ante la comisión de hechos lesivos por negligencia o mala praxis médica son los de responsabilidad civil, que también se ofrecen en nuestro país, inicialmente por el Colegio Médico, pero ya hay una cartera bastante amplia de este tipo de seguros por parte de las compañías aseguradoras, y se recurre a ellos en forma cada vez más habitual, pero no obligatoria. En el panorama mundial, en algunos países se trata de una obligación, aspecto que tuvimos a la vista en la comisión.

La adopción de un mecanismo de seguro puede ser efectivamente positiva ante la situación de mayores riesgos, daños y judicialización de la medicina. Algunos estiman que la implementación de un régimen de obligatoriedad del seguro sería la solución al problema del elevado número de denuncias que se presentan contra el sector médico, pues ofrecería a las partes en conflicto un equilibrado nivel de tutela. En efecto, se reforzaría la tutela del paciente frente a la mejor posibilidad de ser indemnizado por parte de una compañía aseguradora, y se protegería al gremio médico de los muchos procesos judiciales que se adelantan en su contra, y que podría inhibir a los médicos en su actuar, hecho que evita el recurso a peligrosos fenómenos de medicina defensiva. No obstante, también hay que considerar que la contratación de estos seguros, directa o indirectamente, puede encarecer el ejercicio de la medicina.

Se pone como ejemplo de lo señalado la situación de Italia, que vivió un proceso de masificación de las acciones judiciales contra médicos y profesionales de la salud, implementándose una tendencia jurisprudencial que objetivó la responsabilidad que surge ante actos de mala praxis. El mecanismo de seguros fue útil, ya que permitió una solución económica ante la problemática de un sinnúmero de demandas y de sentencias condenatorias, como producto de la relevancia del carácter objetivo en la jurisprudencia.

Siguiendo esa línea, se plantea la posibilidad de implementar en Chile la exigencia de un seguro de responsabilidad civil obligatorio para médicos, ubicando dicha exigencia en el Código Sanitario. Tal medida podría ser complementada, en sus alcances, con una reglamentación administrativa, que podría distribuir los costos de hacer frente a la judicialización de la medicina, al mismo tiempo que resguardar las expectativas de los pacientes que se colocan en riesgo o que son derechamente dañados por actos de negligencia.

Estructura del proyecto

La moción está constituida por un artículo único, mediante el cual se propone introducir modificaciones en el artículo 112 del Código Sanitario, y por una disposición transitoria.

Personas escuchadas

Uno de los diputados autores de la moción, el señor Andrés Longton .

Los padres de un menor de cuatro años que falleció producto de un mal diagnóstico, quienes detallaron qué pasó con su hijo y que en gran medida han sido quienes han impulsado este proyecto, del cual se han hecho cargo, tal como lo señalé, la diputada Carolina Marzán y el diputado Andrés Longton .

El Presidente del Colegio Médico, doctor Patricio Meza Rodríguez El asesor jurídico jefe del Colegio Médico, señor Adelio Misseroni

El exasesor del Ministerio de Salud y abogado del centro de estudios Ideas Republicanas señor Jaime González

El gerente general de la Asociación Aseguradores de Chile, señor Marcelo Mosso

Todos vertieron distintas visiones, que contribuyeron a mejorar este proyecto, con la altura de miras de cada uno de los integrantes de la comisión y, por cierto, de los autores de esta iniciativa.

Discusión, comentarios y observaciones en el seno de la comisión

Por una parte, se hizo alusión a la obstrucción que existe en el área de la salud cuando se generan eventuales negligencias; existen casos con errores. Sin embargo, por otro lado, se afirmó también que los médicos no son infalibles y que también son sujetos de derecho; no obstante, siempre deben estar a disposición de la justicia si así se requiriese.

En general, todos los diputados manifestaron solidarizar con la triste situación que aqueja a los padres del menor que entregaron su testimonio, y que son un ejemplo, como se dijo en la comisión, de cientos de miles de otros pacientes que viven estos procesos en Chile. No obstante ello, se hizo hincapié en que la medicina no es una ciencia exacta y que las respuestas de los organismos son tan diversas que, en la práctica, cuesta identificar una eventual culpabilidad en el sistema de salud. Existe preocupación de buena parte del área médica sobre el encarecimiento de la medicina.

Si bien varios diputados manifestaron su preocupación por lo complicado que puede resultar el hecho de tener la obligación de contar con un seguro individual, todos están dispuestos a estudiar esta temática.

A su vez, hubo consenso en señalar que no se puede ver a los pacientes como potenciales acusadores, lo cual es muy importante. Se acotó que Chile es el país de América Latina y el Caribe que tiene la mortalidad infantil más baja; no obstante, se debe seguir avanzando y fiscalizando en la materia.

Se señaló, asimismo, la obligación de que los prestadores de salud privados inicien investigaciones internas ante negligencias cometidas por sus profesionales de la salud, a través de auditorías externas, situación que ya se lleva a cabo en el sistema público de salud a través de auditorías internas. Lo mismo procede para los servicios de salud pública, pues los sumarios administrativos son facultativos para los directores de los servicios ante la ocurrencia de este tipo de situaciones. Si bien esas ideas no quedaron contenidas en este proyecto, han sido abordadas en otras dos iniciativas de autoría del diputado Andrés Longton , que se encuentran radicadas en otras comisiones de esta Cámara.

Aquello debiera ser un trámite obligatorio para desentrañar si el profesional cumplió con los protocolos -me refiero a los sumarios internos y externos antes señaladosy la praxis médica al desempeñar sus funciones.

Se recalcó, por otra parte, que los sumarios se demoran mucho; en consecuencia, se deben adoptar las medidas necesarias para otorgar celeridad a las investigaciones. Esto es objeto de otros proyectos de ley actualmente en esta Cámara.

Sobre ese punto, varios diputados se preguntaron quién pagará el seguro médico si se trata de una institución.

También se conversó en relación con que la obligación del médico es de medios y no de resultado, por lo que no está obligado a sanar, sino que debe emplear el mayor cuidado posible y cumplir el máximo de diligencia en sus labores -también la evidencia científica, y por qué no incluir la lex artis-.

Lo anterior se determina o valora a través de un peritaje. No obstante, el problema radica en que la carga de la prueba le corresponde al paciente y, por ende, implica un desembolso de dinero bastante grande, lo que muchas veces desalienta a los pacientes y sus familiares a continuar con estos procesos, a pesar de que en muchas ocasiones tienen la verdad a su favor.

Por otro lado, los prestadores públicos no pueden llegar a acuerdo; esa es una problemática que no se genera en el sector privado, justamente para acortar estos procesos judiciales y mantener la victimización o revictimización de la cual son parte paciente y familiares.

En cuanto a la interrogante de quién pagaría el seguro médico, se indicó que si el trabajador tiene contrato de trabajo, el empleador se debiera hacer cargo de ello. En cambio, si se trata de médicos particulares o trabajadores a través de sociedades u honorarios, ellos deberían realizarlo.

Todos concordaron en que se trata de un tema relevante y delicado, muy difícil de abordar, que dice relación con negligencias que puedan ocasionarse a propósito de atenciones en el sistema de salud tanto público como privado. Por ello, se hace indispensable realizar mejoras sustantivas al proyecto en su discusión en particular con el objeto de evitar el aumento de la judicialización, por un lado, pero también dando respuesta a los pacientes y sus familias, por el otro, con ocasión de las atenciones en salud.

Finalmente, se coincidió en que esta iniciativa responde a la existencia de sucesivas negligencias médicas, muchas de ellas conocidas por la opinión pública y de alta connotación social, en muchos de cuyos casos se ha producido una suerte de ocultamiento respecto de las eventuales responsabilidades que puedan existir en los hospitales en que se produjeron. A pesar de esto, puede ser discutible que muchas familias y pacientes tienen la sensación legítima de que eso es así.

Por ello, el proyecto en informe otorgaría seguridad a los médicos, quienes tendrán elementos adicionales para no dilatar un diagnostico o tratamiento médico -y realizar el efecto negativo antes por mí señalado-, toda vez que tendrían un respaldo o seguro en caso de que ocurra cualquier situación anómala.

Se hizo presente que en algunos países la contratación de un seguro médico es obligatoria, por tanto, este sistema podría entregar certeza en la indemnización, teniendo en consideración que los hospitales demoran años en realizar auditorías internas y que, por su parte, las causas en los tribunales de justicia se dilatan bastante. Y para qué hablar de las auditorías internas de los mismos hospitales públicos, que es algo bien conocido en el caso señalado por los autores del proyecto.

Votación general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos generales tenidos en consideración en la moción, y luego de escuchar a las diversas instituciones y a profesionales, e intercambiar opiniones entre los diputados y diputadas presentes, lo que permitió a sus integrantes formarse una idea de la conveniencia o inconveniencia de la iniciativa sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes (12 votos a favor)

Votaron a favor las diputadas y los diputados Eric Aedo , Danisa Astudillo , Marta Bravo , Andrés Celis , María Luisa Cordero, Ana María Gazmuri , Daniel Lilayu , Helia Molina , Hernán Palma , Agustín Romero , Patricio Rosas y quien informa.

Por todo lo expresado, existe el compromiso de poder avanzar en que al menos exista una sensación de justicia, que es muy relevante. Para ello, la Comisión de Salud pide a la Sala dar su aprobación a este proyecto.

Asimismo, me gustaría señalar que muchas veces este tipo de negligencias las vemos como los pacientes enemigos de los profesionales o trabajadores de salud, pero todos sabemos que no es así.

En esta honorable Cámara de Diputados hay múltiples profesionales con experiencia en nuestros sistemas público y privado de salud: el diputado Hernán Palma , quien ha tenido experiencia muy importante en negligencias médicas y contribuyó mucho a este proyecto; el diputado Enrique Lee , cirujano plástico; la diputada Helia Molina , quien ha participado en muchas políticas públicas y como ministra de Salud en su momento; la diputada Karol Cariola , matrona de profesión; el diputado Roberto Arroyo , dentista; la diputada Marta Bravo , médica; el diputado Daniel Lilayu , cirujano vascular periférico; la diputada María Luisa Cordero , psiquiatra por todos conocida; el diputado Patricio Rosas , doctor, y quien incluso fue director de un servicio de salud en el sur, y el diputado que habla, que ejercí tanto en un hospital como en un cesfam.

Por último, quiero señalar que comprendemos completamente el dolor de los pacientes y las familias, y en ningún caso estamos tratando de realizar una defensa corporativa, sino que apoyamos este proyecto, de iniciativa de los diputados Andrés Longton y Carolina Marzán .

Por cierto, hemos tratado de ponderar de la mejor forma posible los beneficios y perjuicios que pudiera tener la ley en proyecto, y, de esa forma, proponemos a esta honorable Cámara de Diputados votarla a favor.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MORERIRA.-

Señor Presidente, si bien compartimos la finalidad del proyecto en discusión, no queda claro cómo su texto efectivamente cumple con la misma, por cuanto de todas formas se requerirá de un pronunciamiento judicial respecto de la determinación de la responsabilidad por negligencia médica, además de determinar el monto de la indemnización. Así, contar o no con un seguro no hará más expeditos los procedimientos, lo que corresponde a algo completamente ajeno al proyecto.

Por otro lado, no se logró aclarar quién asumirá el costo. Al tratarse de una exigencia adicional, lo más probable es que el encarecimiento de las prestaciones producto de la contratación de seguros se traspase, como siempre, a los pacientes. Esto se torna aún más evidente en el caso de los prestadores públicos, ya que al no contar con patrocinio del Ejecutivo, el proyecto no aclara de dónde provendrán los recursos para financiarlo.

Tampoco existe claridad sobre la naturaleza de los seguros que se contraten y las diferencias que puedan existir entre ellos respecto de coberturas, exclusiones, primas, etcétera. ¿Existirá un estándar mínimo que deban cubrir esos seguros? ¿Qué criterios se usan para la contratación en el sistema público? ¿Varían de establecimiento en establecimiento? Ninguna de estas interrogantes fue resuelta durante la discusión del proyecto en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Si es efectivo el interés que manifestó el Ejecutivo por el proyecto, aquel es el primer llamado a responderlas.

El proyecto, tal como está, trae más dudas que certezas, y corre el grave riesgo de aumentar las expectativas de las víctimas de casos graves de negligencia médica. La interrogante que sigue pendiente se relaciona con la falta de eficacia del proyecto por no contar con el patrocinio del Ejecutivo. Eso hace que exista certeza de inaplicabilidad, por lo que resulta necesario que la iniciativa vuelva a la comisión para ser estudiada en profundidad y que cuente con el patrocinio del Ejecutivo. De lo contrario, se corre el riesgo de carecer, debido a políticas inadecuadas, de prestaciones de salud, sin asegurar un estándar de diligencia y ejecución de las mismas.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

En consecuencia, la discusión de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión ordinaria.