Labor Parlamentaria

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles para evitar fluctuaciones semanales y extiende el beneficio de reintegro parcial de impuesto específico a los combustibles para transportistas de carga, correspondiente al boletín N° 15586-05.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antes de iniciar debate, solicito el acuerdo de los diputados para autorizar el ingreso a la

Sala de la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sanhueza .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 14 de este boletín de sesiones.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto nace en el contexto de las movilizaciones que llevaron a cabo los transportistas de nuestro país, las cuales se extendieron por varios días, hasta que el gobierno se comprometió a implementar una serie de medidas en su favor.

Sin duda que este proyecto trae importantes beneficios, pero solo en favor de un grupo determinado. Cabe destacar que durante su discusión no se ha visualizado interés alguno por parte del gobierno para generar políticas que apunten a beneficiar a otros rubros que también dependen del combustible para su subsistencia. La pregunta que surge es si realmente este proyecto tendrá algún efecto o beneficio para la mayoría de las personas.

Me parece indispensable que se revise con urgencia la actual política de combustibles, y evaluar el verdadero efecto que tiene el Mepco para determinar si realmente se justifica o no el impuesto específico a los combustibles.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, la evolución del precio de los combustibles ha demostrado que el ministro Grau estaba equivocado cuando dijo que el pre cio del dólar no era tan relevante para el mercado interno, toda vez que comprábamos en pesos y no en dólares. Bueno, el combustible se compra en dólares.

Ahora, gracias a una tremenda gestión del Banco Central -hay que reconocerloy fundamentalmente gracias al resultado del 4 de septiembre, el pánico económico que se había apoderado de este país ante la perspectiva de ser sometidos a una ley fundamental de corte chavista se ha disipado.

El resultado es que está bajando el precio de los combustibles y con ello se está reduciendo la presión inflacionaria sobre nuestra economía. El pueblo de Chile, por lo tanto, votó por menores precios en los combustibles, por menores precios en los productos que son trasladados con esos combustibles.

Pero el Mepco continúa y, probablemente, va a tener que continuar, porque la evolución de nuestra economía y de nuestra política interna hace necesario mantener un medio para estabilizar los vaivenes que puedan venir en un futuro próximo, especialmente si el proceso constitucional en curso empieza a derivar de manera negativa.

Señor Presidente, nosotros, desde esta bancada, hemos sido siempre grandes opositores a la intervención del Estado en la economía, y seguiremos siéndolo. Pero, al mismo tiempo, reconocemos la necesidad de la existencia de un mecanismo que en estos tiempos convulsionados proteja a la población de las tonteras de sus políticos.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, desde que soy diputado siempre hemos dicho que en muchos proyectos de ley la Cámara de Diputados ha sido un mero buzón, porque donde verdaderamente negocian los ministros de Hacienda es en el Senado. Durante el primer trámite constitucional dijimos que este proyecto de ley era mezquino para los consumidores, sobre todo para quienes usan bencinas, porque el diésel lo van a estabilizar, van a fijar el precio, igual que la Dirinco, hasta el 16 de abril del 2023. ¿Y para qué lo van a fijar, si el dólar va a la baja, que está en 820 pesos y hace poco había llegado a mil pesos? Hoy, los términos de intercambio son distintos: en estas semanas, el precio de las bencinas ha venido a la baja de manera sostenida, lo que ha significado un pequeño alivio para aquellas personas que ocupan sus vehículos para salir de vacaciones o para trabajar.

¿Qué hizo el Senado? Presionó al gobierno para que la baja fuera mayor a la que ellos pensaban. Hablábamos de 0,8 por ciento del precio de estabilización, pero ellos decían a los

21 días. O sea, a las tres semanas era de 2,4, lineal: 0,8 y 2,4 en tres semanas. ¿Qué se logró en el Senado? Un 3,2. O sea, se amplió la base para que caiga más rápido, si es que efectivamente hay una baja del precio. Pero la estabilización igual va a ser a los 21 días en lugar de ser semanal.

Le dijimos al gobierno que esperara hasta fines de febrero, previendo que la baja en el precio de los combustibles se mantendría hasta ese mes, dado que el precio del dólar también acentuaba la baja. Pero ellos querían colocarlo ahora, para estabilizar, y eso significa recaudar más en impuesto específico a los combustibles.

Ceo que hay que ayudar a los consumidores de Chile, a aquellos que con esfuerzo han comprado sus vehículos, ya sea para trabajar o para salir con la familia.

Esperamos que el gobierno no promulgue con prontitud la ley, si es que hoy se aprueba el proyecto, para que el precio de los combustibles siga bajando al punto que signifique un alivio en el bolsillo de aquellos que usan sus vehículos e n estos tiempos tan tortuosos económicamente.

Señor Presidente, por su intermedio, le pido al gobierno que estudie la posibilidad de rebajar el impuesto a los combustibles, que hoy ya está recibiendo una recaudación basta nte grande, dado que va a estabilizar y, por ende, va a recaudar mucho más. Rebajando podrá ayudar al bolsillo de los chilenos, sobre todo de aquellos que usan sus vehículos para trabajar.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado Bernales ?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes .

El señor CIFUENTES.-

Señor Presidente, el factor que más influye en la inflación y en la variación de precios es el de los combustibles. En Chile, y en todos los países, la economía está indexada al precio del petróleo y sus derivados.

El Mepco es un mecanismo que tenemos que utilizar, toda vez que estabiliza el precio del petróleo, como lo ha demostrado en los últimos años; sin embargo, estamos llegando tarde.

Este proyecto debió haber recogido con más inteligencia, con más audacia, las variaciones que experimentan, entre otros, el precio de dólar y la economía internacional, al punto de que hoy, como aquí se ha señalado, sería conveniente, después de aprobar este proyecto, que nos demoráramos un poco en ponerlo en aplicación. La postergación de su entrada en vigencia podría tener, en lo inmediato, un efecto muy potente en la disminución de la inflación, porque si logramos disminuir el precio del combustible en los próximos 15, 20 o 30 días, el efecto sería casi automático en el precio de aquellos productos que más han subido en los últimos meses, entre los que se encuentran, desgraciadamente, los alimentos, lo que afecta a las personas de menores ingresos.

Por eso, le pido al gobierno que, después de que aprobemos este proyecto -tengo la disposición de aprobarlo-, evaluemos bien la norma, de manera de ver los efectos que está teniendo sobre la economía la disminución importante del precio del dólar y cómo esta baja incide en el precio de los combustibles. No vaya a ser cosa que, por privilegiar el equilibrio del mecanismo de estabilización, terminemos afectando a las personas que más sufren las consecuencias del aumento del precio del petróleo.

Una vez aprobado el proyecto, le pido al Ejecutivo que hagamos un esfuerzo, en la Comisión de Hacienda, y revisemos la oportunidad para que entre en aplicación.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, todos sabemos que el alza del precio de los combustibles es un problema que afecta y que golpea a la clase media fuertemente, porque los más grandes tienen solucionado el problema. Pero también afecta directamente a los más pobres, porque aumenta el costo de la canasta básica, sobre todo hoy en tiempos de inflación, en que precisamente los más pobres son los que pagan las consecuencias.

Me parece una buena noticia lo que anuncia la prensa esta semana: “Precio de las bencinas podría caer hasta 36 pesos por litro cada tres semanas durante este verano”. Es una buena noticia para los chilenos y esperamos que siga así.

No obstante, junto con anunciar que vamos a aprobar este proyecto porque es necesario, solicito a la subsecretaria presente en la Sala y al gobierno que consideren un mecanismo para el futuro, en las próximas discusiones, para las zonas extremas. Tenemos un problema gravísimo en las zonas extremas. Estamos pagando 1.700 pesos por litro de combustible, porque el combustible no siempre llega por la vía formal. Las personas que viven en Villa O’Higgins, chilenos que hacen patria, a 18 horas por tierra desde Coyhaique , pagan los costos más altos de vida, y eso no es justo. Al lado, nuestros hermanos argentinos hacen todo lo contrario: a aquellos que viven más lejos, a aquellos que hacen patria, el Estado los subvenciona, los subsidia, los apoya por vivir en lugares donde es difícil vivir.

En materia de precios de los combustibles pido al gobierno que consideremos una alternativa. Con algunos parlamentarios aquí presentes, como el diputado Bernales y otros, presentamos un proyecto para reducir el precio del combustible en las zonas extremas y para que exista un mecanismo diferenciado en favor de las personas que viven más lejos, de aquellas personas que pagan casi 2.000 pesos por el litro de combustible en las islas Huichas , en caleta Andrade, en Melinka, en Puerto Gala. Creo que muchos aquí no se imaginan las distancias que significa desplazarse por vivir en esas zonas. Por eso, tenemos el compromiso de hacer justicia a aquellas familias que viven más lejos, mediante un apoyo a través de una subvención y de eliminar el impuesto específico de manera progresiva en esa zona. Piensen ustedes que, desde el punto de vista de la recaudación, el impacto de aquello es mínimo.

Por eso, hago un llamado al gobierno a entender la situación de aquellos que hacen patria en zonas aisladas.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo de la Carrera.

El señor DE LA CARRERA.-

Señor Presidente, por su intermedio, pido al gobierno que suelte los bolsillos de los más pobres de Chile. En esta oportunidad podría estar beneficiándose de una baja más grande del precio de la bencina, pero el gobierno quiere recaudar de aquellos que más lo necesitan hoy, del más pobre.

El Mepco podría suspenderse por un tiempo y beneficiarse de la baja que está teniendo el dólar, que ha bajado violentamente a 815 pesos, un 5 por ciento. También podría beneficiarse de que el gobierno realmente pusiera sus ojos en los que más necesitan.

Aquí hay una reforma tributaria encubierta. Fíjense que esta semana el gobierno anunció que dejará sin efecto el proyecto de ley, que nunca se tramitó aquí, para esperar y mantener a la zona franca de Iquique libre de impuestos hasta el año 2040. No, retiró el proyecto porque quiere más impuestos. Pregunto: a cambio de más impuestos, ¿qué más contraprestaciones nos está entregando este gobierno? ¿Qué está haciendo por toda la gente que hoy sufre, porque ha pasado de tres raciones diarias de comida a dos, porque no le alcanza?

Hoy el gobierno está recaudando impuestos y está reconstruyendo el fondo del Mepco a costa de los chilenos, a costa de los más pobres, en un momento en que más se necesita un alivio para ellos. Entiendo el mecanismo del Mepco, entiendo que ha sido para estabilizar el precio de los combustibles, pero también entiendo que los chilenos no pueden más y no quieren más que ustedes, los estatistas, les sigan metiendo la mano al bolsillo.

Por eso es que hoy votaré en contra este proyecto, porque creo que estamos en condiciones económicas para entregar un alivio a los chilenos. Pero no, el gobierno lo que quiere es recaudar, recaudar y recaudar. Por eso, a la gente que vive cerca de Iquique, en la zona franca, que se ha beneficiado de la exención de impuestos y que había esperado que se postergara hasta 2040 dicho régimen, este gobierno le acaba de dar la espalda y acaba de retirar un proyecto de ley que iba en estricto beneficio del empleo y del dinamismo en Iquique. Por eso, todas las actividades y actitudes que ha tenido este gobierno son para tratar de meter la mano en los bolsillos de los chilenos, justo lo contrario de lo que dijeron que harían.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración nace a partir de un contexto de movilizaciones del sector de transportistas de carga, las cuales concluyeron con el compromiso del gobierno suscrito con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, la Confederación Fuerza del Norte, la Confederación de Camioneros de Centro Sur, entre otros.

Los fundamentos expuestos por el Ejecutivo en este proyecto se basan en apoyar principalmente al sector de transporte de carga por carreteras, ya que no pueden traspasar inmediatamente el mayor costo de los combustibles a precio, como también en evitar la alta volatilidad de los precios, que afecta la planificación presupuestaria de la familia.

Sin duda, lo anterior constituye un beneficio para cierto grupo en particular, en específico el de los camioneros, quienes a partir de la última gran movilización lograron la extensión de la vigencia del beneficio del reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel. Pero, lamentablemente, ese beneficio solo se extiende a su sector, y muchos otros sectores quedan excluidos, pudiendo existir algún tipo de discriminación hacia algunos rubros que utilizan combustible.

En esa misma línea surge la pregunta: ¿por qué no incluir a los transportistas de pasajeros, por ejemplo?

Por otro lado, desde el gobierno justifican el ajuste de precios cada 21 días, argumentando que esto generaría mayor estabilidad. Sin embargo, se desconoce el impacto que esto podría generar, debido a que, de existir alzas, estas serán más concentradas.

El Mepco, durante el 2022, debió recibir en dos ocasiones recursos adicionales a aquellos con los que ya contaba, debido a que era inminente que no alcanzaría a cubrir lo necesario para el subsidio y se advertía que los precios podrían aumentar rápidamente.

A su vez, durante la discusión de la ley de presupuestos recién pasada se aprobó inyectar

1.500 millones de dólares al Mepco, pero, al igual que las veces anteriores, existe el riesgo de que ese monto no sea suficiente y se deban inyectar recursos adicionales.

A pesar de estar funcionando el Mepco, la mayoría de las personas no percibe la utilidad o el beneficio real que representa este mecanismo en torno a la moderación de los precios de los combustibles, porque el último año han ido solo al alza. Es más, cuando los transportistas sí puedan traspasar el alza de los combustibles a precio, el mayor perjudicado será el consumidor final, pues es a él al que se le traspasará ese mayor corto, lo que encarecerá la calidad de vida de nuestras familias de clase media y vulnerables, que ya están pasando por serias dificultades económicas.

Debido a que el precio de los combustibles es un problema contingente que no ha sido posible solucionar, lo más lógico sería revisar la actual política de combustibles, evaluar el efecto real del Mepco y determinar si se justifica realmente y actualmente el impuesto específico a los combustibles o no, principalmente en virtud de las utilidades que este genera.

Este proyecto genera más dudas que certezas y beneficia solo a un sector de la sociedad.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, este es un proyecto engañoso. Invito a los 42 diputados que se encuentran en este momento en la Sala a que revisen el informe y vean la página 7. Mientras tanto, quiero señalar que este proyecto viene a modificar el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, para evitar fluctuaciones semanales.

Mientras el precio de los combustibles fue aumentando, las variaciones se hicieron semanales. Y ahora, cuando el combustible viene bajando, se propone que la variación del precio de los combustibles se aplique cada tres semanas. Es decir, habrá dos semanas en las que artificialmente estaremos pagando más por los combustibles.

Si nos vamos al gráfico que figura en la página 7 del informe, para los que pudieron r evisarlo, se puede ver que ya en noviembre aparece el precio sin Mepco y el precio con Mepco, cuadro en el que se puede observar que en noviembre de 2022 el precio sin Mepco era inferior al precio con Mepco.

Por lo tanto, a la luz de aquello, claramente estamos engañando a la ciudadanía, porque cuando debiéramos beneficiarla, debido a que está bajando el precio del combustible, la estaremos perjudicando, porque finalmente su valor no disminuirá semanalmente, sino cada tres semanas. No obstante, cuando este aumentó el incremento se aplicó semanalmente, para que todos pagaran el precio nuevo.

Lo que plantea esta iniciativa parece ventajoso, pero es un engaño. Vean por favor el informe; váyanse a la pagina número 7, lo reitero, y observarán que la rebaja del precio de los combustibles producida en diciembre no se verá reflejada sino hasta enero, recién hoy, porque cuando la comisión emitió este informe se tenía la información hasta diciembre, pero hoy, en enero, el precio sin Mepco es inferior al precio con Mepco.

Entonces, beneficiemos a los consumidores y establezcamos la rebaja semanalmente, no cada tres semanas, ya que finalmente tendremos por dos semanas un precio artificial superior al que realmente debiera corresponder.

En consecuencia, este proyecto no debería ser aprobado, porque perjudica a la ciudadanía, perjudica a los consumidores.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, los debates que se dan en esta Sala a veces sorprenden por la simplicidad y por la ligereza con que abordan las materias que tratan, que son trascendentes e importantes. Al respecto, nadie puede dudar de que el mecanismo del Mepco ha sido tremendamente favorable para los consumidores y para la gente que ocupa con mucha frecuencia sus medios de movilización, porque si no hubiera existido el Mepco -para que quede claro y no nos confundamos el precio de las gasolinas podría estar casi quinientos pesos más alto de lo que está hoy.

Gracias a que hemos tenido este mecanismo, que es un subsidio, los precios se han mantenido relativamente bajos. ¡Claro!, uno podría decir: “Mire, es que a lo mejor es bueno mantener el sistema de una semana”. Por el contrario, creo que le da más seguridad, más garantía a todos quienes utilizan combustible que el mecanismo se implemente cada tres semanas, incluso para quienes son empresarios de la movilización y del transporte, porque pueden mirar sus costos de otra manera y no verse expuestos a la variabilidad de los precios de los combustibles todas las semanas.

Hoy, por cierto, estamos en un horizonte favorable, con un precio internacional que está a la baja, con un dólar que está a la baja, pero esas son situaciones circunstanciales. Nadie sabe, en el escenario complejo que vive la economía internacional, si esas condiciones serán permanentes. Señalar aquí que sería una buena medida eliminar el Mepco es pan para hoy y hambre para mañana. Ojalá que el mecanismo se mantenga, porque creo que ha dado frutos muy positivos, particularmente a los sectores más vulnerables.

Lo que sí uno podría cuestionar de este proyecto es que se estableció bajo la presión del sector y del gremio del transporte, de los camioneros, ya que claramente apunta a beneficios muy favorables hacia ellos. Eso es lamentable. Hay que reconocer que había que llegar a un acuerdo con ellos para resolver un conflicto geopolítico y estratégico muy relevante, pero creo que no es una buena forma llegar a acuerdos bajo presiones de gremios que son relevantes en el país.

Así que, desde ese punto de vista, dejando las cosas claras, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, porque creemos que el mecanismo del Mepco es favorable, pero lamentamos que se haya tenido que legislar para dar respuesta a un gremio tan poderoso como el del transporte.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Mauricio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, más allá del concepto o de los conceptos técnicos respecto de los precios de los combustibles, más allá del Mepco, creo que es importante dar el debate de fondo, que tiene que ver con el impuesto específico a los combustibles.

Hagamos un poquito de historia sobre cómo nace este impuesto específico: luego de un terremoto, en 1985, cuando había que reconstruir principalmente las carreteras del país. Pero resulta que han pasado más de treinta años y siguen cobrándonos a todos los chilenos el mismo impuesto específico. Entonces, creo que el Estado debe tener la capacidad suficiente para decir “No más a este impuesto específico”, que nace para otro fin, y crear oportunidades de negocio a través de inversionistas, para recaudar aquellos impuestos que son los que efectivamente se necesitan para los temas sociales.

Pero los quiero llevar a un aspecto práctico, porque he escuchado mucho tecnicismo en esta discusión. Cuando ustedes van a la bomba de bencina imagino que hoy escuchan: “Écheme solamente quince luquitas”. Hay mucha gente que en la actualidad no puede llenar el estanque. Es más, yo les preguntaría a aquellos ciudadanos, a aquellos chilenos, hace cuánto tiempo que no llenan el estanque de sus autos, que les sirven para trabajar, para salir a pasear, para llevar a sus hijos al colegio, para sus emprendimientos; hace cuánto tiempo que no los pueden llenar, sino que les echan solamente quince luquitas.

¿Por qué me voy a lo práctico? Porque en una boleta, cuando usted echa quince lucas de bencina, lo que le cobran es lo siguiente: lo primero es el valor neto, que es el valor del combustible, es decir, 7.480 pesos; el impuesto de los combustibles se lleva 6.099 pesos y el IVA, además, se lleva 1.421 pesos. Es decir, cada vez que usted escuche en la bencinera “Écheme quince Luquitas”, en realidad lo que está cargando de combustible son 7.480 pesos.

Entonces, el llamado a los parlamentarios y al Ejecutivo es a buscar otras formas de atraer inversión para generar impuestos, pero no castigar o seguir castigando a la gente por décadas con una situación que es, a todas luces, un literal asalto a mano armada a los chilenos.

He dicho.

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señora Presidenta, este proyecto va en la línea de bajar los precios para un bien de consumo que hoy es de primera necesidad, diría que de primerísima necesidad, y que afecta la canasta básica de manera fundamental.

El objetivo es apoyar, principalmente, al sector del transporte de carga por carreteras, debido a la imposibilidad de traspasar inmediatamente el costo del combustible a precio, lo que termina impactando en forma directa el resultado de sus operaciones.

Por otra parte, la alta volatilidad impacta, asimismo, en forma negativa en la planificación presupuestaria de las familias, por el mayor costo en el transporte de los bienes de consumo de la familia y del hogar. Todo ello se hace mediante una modificación al Mepco más favorable para amortiguar los shocks externos que impactan los precios finales de los combustibles, como, asimismo, su dinámica dura.

Aquí ya se ha reiterado que esto surge a propósito de una movilización del sector de transportistas de carga, que concluyó con un compromiso del gobierno con los diversos gremios que aquí ya se han mencionado, lo cual, obviamente, era una necesidad.

Me parece bien, pero creo que a pesar de estar funcionando este mecanismo, la mayoría de las personas no percibe la utilidad o el beneficio real que representa en torno a la moderación de los precios de los combustibles, porque el último año solo han ido al alza.

Entonces, comparto lo que han dicho algunos de mis colegas, particularmente lo que señaló recién el diputado Ojeda , en el sentido de que lo que hay que revisar aquí, definitivamente, es la aplicación del impuesto específico a los combustibles y por qué esto no se aplica a otro tipo de transportistas, como al transporte de pasajeros, ya sean buses, microbuses o taxis colectivos, que día a día viven una situación francamente muy angustiante. A veces ni siquiera pueden ir a echar quince luquitas, porque van con las monedas, con mil o dos mil pesos en monedas, que ya pocas hay, pero que les alcanza para cumplir solamente con las carreras que van haciendo durante el día.

Entonces, si bien este mecanismo funciona y hace bajar los precios, también es importante la estabilidad, en el sentido de cómo este se puede aprovechar para nivelar los precios hacia abajo, y no que en algunas semanas la baja del combustible no se esté reflejando, porque este mecanismo hace que se mantengan en una estabilización que va hacia arriba, no con el precio real.

Entonces, son dos los temas que habría que revisar: cómo se aplica el impuesto específico, cuál es su efecto cada semana, y, por supuesto, la ampliación del beneficio a otro tipo de transporte.

Aquí ya se ha hablado del dinero que se gasta para echar combustible en un estanque. Del ciento por ciento de ese dinero, la mitad es lo que realmente se paga como valor neto; el resto es solo impuestos, entre el específico y el IVA, y esa es una política económica que hay que revisar.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Juan Irarrázaval .

El señor IRARRÁZAVAL.-

Señora Presidenta, por su intermedio, me dirigiré a la subsecretaria aquí presente.

Estamos contestes en esta Cámara en que el mecanismo del Mepco necesita una actualización. Así lo dice también el compromiso -el primer acuerdoque firmó el gobierno, en particular el Ministerio de Hacienda, con los camioneros el 21 de noviembre.

Pero me referiré en particular al punto quinto de ese acuerdo que se suscribió, que dice: “Se ampliará la vigencia del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico al menos por un año.”.

La primera parte de este acuerdo la firmaron, entre otros, organizaciones de transporte de carga y también organizaciones de transporte de pasajeros, subsecretaria -por su intermedio, Presidenta-; por lo tanto, hay un compromiso del gobierno de extender este beneficio al transporte de pasajeros.

No viene en este proyecto de ley, pero la segunda parte de ese compromiso dice: “Sin perjuicio de ello, en el marco del diseño del proyecto de impuestos verdes, a partir de diciembre - pasado se convocará una mesa de trabajo que abordará el tratamiento del impuesto específico y su afectación a distintos sectores -por ejemplo, el transporte de pasajeros; hablamos de micros, de colectivos-, para el envío del proyecto de ley respectivo en el primer semestre 2023.”. O sea, quedan cinco meses para que el gobierno proponga extender este beneficio que tiene el transporte de carga también al transporte de pasajeros.

Quiero entregar a la subsecretaria un antecedente. Esta Cámara aprobó un proyecto de resolución por amplia mayoría (por 110 votos a favor). Incluso el diputado Naranjo -el colega ya no está en la Sala-, a pesar de que criticó el mecanismo, apoyó este proyecto, que dice que apoyamos el compromiso firmado por el gobierno con los gremios del transporte para extender al transporte de pasajeros el beneficio tributario que recae en el impuesto específico a los combustibles. Además de eso, señala que solicitamos que también se extienda este beneficio al transporte escolar y a los vehículos de emergencia.

Entonces, quiero dejar en evidencia que esta Cámara está muy atenta a que el gobierno cumpla su compromiso de extender el beneficio tributario del impuesto específico también al transporte de pasajeros, a las micros rurales, a las micros, a los colectivos y al transporte escolar, que son emprendimientos que ayudan a que nuestros hijos estudien y también a transportar a los trabajadores de Chile.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señora Presidenta, lo primero que debo decir es que me llama mucho la atención que colegas digan en esta Sala que votarán en contra en esta oportunidad. Me refiero específicamente a uno, a quien incluso vimos promoviendo el paro de camioneros, que es parte justamente de la razón por la cual hoy nos encontramos sentados acá.

Parte de los acuerdos y compromisos que se generaron en su momento tuvo que ver con que terminara esa movilización. Así, hoy estamos votando la modificación del Mepco. Es lo que votamos también en la Comisión de Hacienda respecto de dicho mecanismo: que el precio de los combustibles cambiará cada veintiún días. ¿Y por qué? Justamente para que el precio, por ejemplo, de los alimentos u otro tipo de bienes de consumo esenciales para las familias tengan una estabilidad en el tiempo y los transportistas puedan calcular el valor de ese transporte. Por lo tanto, esto va a impactar en las familias.

En ese sentido, tenemos que hacernos cargo de esa realidad y ver cómo avanzamos en otras políticas públicas, como ir ayuda de la población ante el alza en el costo de los alimentos. El gobierno ya anunció una serie de medidas, como un bono en marzo, el bolsillo familiar electrónico y otras, y debemos apoyarlas.

Dicho eso, me parece que también hay que avanzar en una política nacional de combustibles, para que la ciudadanía tenga una cancha más pareja a la hora del pago de estos. Ello ya se ha señalado acá.

Hay algunos gremios que tienen exenciones en materia de costo de combustibles. Tenemos que ver el pago del impuesto específico y analizar -lo he señalado aquí en reiteradas oportunidades; la subsecretaria debe estar cansada de tantas veces que lo he dichoel tema de las zonas extremas, es decir, del precio que pagan por los combustibles quienes viven en zonas extremas. En esto no me refiero solo al combustible para rellenar el estanque del vehículo, puesto que en las zonas extremas se usa la bencina para el transporte marítimo, para encender un motor que da energía a la casa y con eso poder ver televisión y escuchar radio.

Entonces, también debemos avanzar en ese sentido.

En mi intervención de la vez anterior -el proyecto ya estuvo en la Saladi más detalles, por lo que ahora solo quise agregar que me parece insólito que algunos hoy estén diciendo que votarán en contra de una medida que nació precisamente de una movilización que muchos de ellos promovieron.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señora Presidenta, tal como lo han señalado otros diputados de mi bancada, el problema de fondo aquí no es Mepco o no Mepco, si es más o menos, si es semanal o mensual, sino que insistimos con la lógica -y ello ocurre también desde el Ministerio de Hacienda de seguir reventando con impuestos a la clase media, a la gente más pobre de Chile, a pesar de que estamos viviendo uno de los peores escenarios de crisis económica de las últimas décadas.

El único que no se está apretando el cinturón en este país es el Estado, lo cual es impresentable, habla muy mal de los políticos y, sin duda, aumenta y agrava la distancia que hoy día ya existe entre la política y todos los chilenos.

La izquierda suele decir que los impuestos son contra los ricos. En realidad, lo único que hacen es usar estos discursos e ideologías de lucha de clases para fregarse a todos los chilenos.

El impuesto no es contra algunos. Los impuestos de mayor recaudación en este país son el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto específico a los combustibles, y esos los pagamos absolutamente todos los chilenos, sin distinción de nivel socioeconómico, de barrio ni de nada. Los impuestos en este país son contra absolutamente todos, y los más perjudicados son las clases trabajadoras y la clase media, porque son quienes viven con mayor estrechez económica. Eso no corresponde, menos aún viniendo de un gobierno que dice ser de izquierda, que dice ser de los trabajadores, pues se está fregando a los que menos tienen.

¿De qué números estamos hablando acá? Estoy viendo aquí en parte del informe una ficha entregada por el mismo Ministerio de Hacienda. Dice que por el Mepco hay una menor recaudación de 1.540 millones de dólares, pero siguen recaudando 1.318 millones de dólares. O sea, estamos hablando básicamente de la mitad.

¿Cómo operan en este país los impuestos, los bonos, los mecanismos de estabilización y todas estas lógicas? El Estado te quita la plata y después te devuelve un poquito para que toda la gente diga: “¡Oh, qué generosos que son los políticos!”.

La verdad es que esto parece chiste, parece chacota, porque le quitan a la gente, después le devuelven un poco y salen en la foto diciendo que son la gente más generosa del mundo, casi la encarnación del padre Hurtado . Eso de verdad es cínico, es una hipocresía.

¿Qué demandan los chilenos hoy? Tener más plata en el bolsillo para poder cubrir sus necesidades básicas, para poder pagar el arriendo, las cuentas, la educación de sus hijos. Los chilenos quieren cubrir sus necesidades más mínimas.

La verdad es que el gobierno de Chile, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, le está pegando un portazo en la cara a la gente diciéndole: “Aquí vamos a cambiar un poco las reglas de estabilización, pero seguimos recortando igual”.

El único lugar en este país donde en medio de la crisis no para la fiesta es en La Moneda, y eso es impresentable.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a la subsecretaria y, por supuesto, a los colegas que nos acompañan en el hemiciclo.

Solo quiero referirme a tres puntos respecto del Mepco y tomar las palabras del diputado que recién intervino, porque, fíjese, señora subsecretaria -en esto le pido, por su intermedio, señor Presidente, tomar nota ¿qué es lo que piden desde enfrente? Más Estado. ¿Qué es lo que se pide desde enfrente? Más ayuda para los necesitados. ¿Qué es lo que piden desde enfrente? No meter la mano en el bolsillo de los más pobres. Eso se llama reforma tributaria.

Así que, para que lo tengamos muy presente, lo que la bancada de enfrente está pidiendo a gritos es una reforma tributaria, dejar de meter la mano en los bolsillos de los más pobres, como dicen literalmente, y también piden más Estado, más participación del Estado, que el Estado coopere más.

Eso es un Estado social, estimados colegas; eso es una política pública que busca que los más ricos, los que tienen más recursos, las empresas que han tenido exenciones puedan contribuir más al erario público.

Así se llama eso. Es un ejercicio muy simple.

Por lo tanto, ya tenemos el apoyo de enfrente, de los diputados que acaban de intervenir, para la reforma tributaria. Creo que eso es un gran logro, y me parece fantástico, digno de aplauso para los diputados de enfrente que están de acuerdo con la reforma tributaria y que piden lo mismo que nosotros. Muy bien, diputados. Excelente.

Otra cosa importante. Fíjense en un ejercicio muy simple: estamos diciendo, bajo la tabla que a todos nos ha llegado, que también queremos aprovechar cuando haya baja en el predio del combustible, o sea, que el precio se empareje cada tres semanas. Este ejercicio que ustedes ven en la tabla se hace bajo un supuesto poco habitual, que es el que tenemos hoy, en que el combustible está a la baja. Pero imaginemos este ejercicio en momentos de alza del precio de los combustibles. Hoy día pedimos por favor que cada tres semanas se note en nuestros bolsillos cuando bajan los combustibles. Pero eso es un escenario anormal, así que también queremos que se note cuando el combustible sube y que esa alza no nos golpee una vez, dos veces, tres veces o cuatro veces en el mes. Eso es lo que permite este método de estabilización.

Por lo tanto, eso es lo que propone este Mepco; eso es lo que propone la modificación al Mepco, así que invito a aprobarla.

Me alegra que tengamos mayor consenso para ello. Por eso esta bancada completa va a aprobar este proyecto y además va a apoyar la reforma tributaria.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Estimada Presidenta, este proyecto busca dar soluciones a un gran problema que estamos enfrentando en el país: el alza del precio de los combustibles, que es una de las mayores complicaciones económicas que afecta a las familias chilenas, por lo que se deben presentar iniciativas tendientes a aminorar esta carga.

En Chiloé, mucha gente depende de los automóviles, tal como ocurre en gran parte de las zonas rurales del país. Las personas se sacrifican día a día para cumplir con su rutina y realizar sus quehaceres; es hora de darles un respiro.

Por eso, me parece necesario repensar la política económica del Mepco, dado que los cambios que esta iniciativa produce no serán visibles de manera directa para las personas que no pertenecen al rubro de los transportistas de carga.

He dicho.

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señora Presidenta, sin duda, es bien curioso escuchar estas intervenciones. Seguramente, si revisamos años y períodos atrás, nos vamos a encontrar con intervenciones similares, porque, como bien dicen, este impuesto lleva operando más de 35 años. Cuando le conviene a un sector, cambian el argumento, y cuando le conviene al otro sector, cambian el argumento.

Creo que lo medular -agradezco esas intervenciones es hacer el cálculo de cómo vive la gente, cuánto gasta en combustible, cuánto en TAG, en alimentos, etcétera, etcétera, etcétera.

En ese punto nos encontramos con que hoy la crisis más importante de la cual tenemos que hacernos cargo es la tremenda desigualdad en nuestro país y la concentración de la riqueza.

Cuando hablamos de impuesto para políticas públicas, comparto que no se le puede cargar a la clase media ni a la clase más baja. Entonces, ¿a quién le vamos a cargar los impuestos para que el Estado pueda funcionar con las políticas públicas y proveer este piso mínimo de calidad de vida, dado que la concepción de Estado solidario o de Estado de bienestar están arraigada en nuestra sociedad y en nuestra población, porque es lo que se necesita para hacer estos cambios estructurales?

Por supuesto que ahí tenemos que ir a lo medular. Si no queremos cargarle los impuestos a la clase media, ¿dónde está el proyecto del impuesto a los superricos?, ¿dónde está un proyecto real del royalty?, ¿dónde está la recuperación de nuestros recursos naturales?

Por tanto, por supuesto que necesitamos una discusión más seria, lo que comparto con la vereda de enfrente y con todas las veredas, pero con cosas concretas y no solo discursos vacíos que tienen irritada a la ciudadanía.

Por otro lado, hoy, en este punto de quiebre, en este cambio de paradigma en tantos ámbitos, nos enfrentamos a una crisis climática no menor, en la que estamos subsidiando el veneno para nuestras poblaciones.

En ese contexto, si esta fórmula del Mepco está agotada, pasemos a otra y hagamos la transición en el marco de lo que se está haciendo en distintas regiones del Congreso Futuro. Sería bueno poner ojo ahí sobre cuál es el futuro que estamos brindando a la sociedad y cuánto del futuro de nuestro país depende de este Congreso Nacional, que debe legislar y generar esa política con visión de futuro.

Encuentro esta discusión agotadísima. Espero que estemos a la altura para generar nuevos mecanismos.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que consagra el derecho al olvido en materia financiera, correspondiente al boletín N° 15407-03.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana

Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Daniel Manouchehri .

Antecedentes:

-Moción, sesión 84ª de la presente legislatura, en martes 11 de octubre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 15.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 105ª de la presente legislatura, en lunes

12 de diciembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 20.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MANOUCHEHRI (de pie).-

Señorita Presidenta, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, vengo en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en una moción de los diputados señores Daniel Manouchehri , Boris Barrera , Miguel Ángel Calisto , Joaquín Lavín , Miguel Mellado , Daniel Melo y Leonardo Soto , y de las diputadas señoras Ana María Bravo , Daniella Cicardini y Javiera Morales , sin urgencia, que consagra el derecho al olvido en materia financiera, correspondiente al boletín N° 15407-03.

En atención al tiempo y con el propósito de tratar los aspectos esenciales de la iniciativa, solo me remitiré a los aspectos básicos que han servido de base a este proyecto, los referidos a los antecedentes que sustentan la moción y la mención a las autoridades del Ejecutivo e invitados.

I.- Constancias reglamentarias previas

1.- Ideas matrices o fundamentales

La idea central del proyecto se orienta a consagrar legalmente el derecho al olvido en materia financiera, esto es, otorgar una serie de derechos y garantías que permitan a los usuarios eliminar sus datos personales financieros de deuda o morosidades, cuando no existan razones legítimas para que sigan siendo conservados, una vez cumplida su finalidad, y establece multas en caso de infringir esta normativa.

2.- Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

No hay normas con ese carácter.

3.- Normas que requieren trámite de Hacienda

No contiene normas que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda.

Cabe mencionar, en todo caso, que el Ejecutivo adjuntó el informe financiero complementario N° 210/21.11.2022, que señala, en lo sustancial, que “Debido a la naturaleza normativa de las indicaciones (…) estas no irrogarán mayor gasto fiscal”.

4.- El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Joaquín Lavín , Alejandro Bernales y Daniel Manouchehri (Presidente), y las diputadas señoras Javiera Morales y Ana María Bravo . No hay votos en contra. Se abstuvo el diputado señor Christian Matheson .

5.- Artículos e indicaciones rechazados

Se deja constancia de que los artículos e indicaciones rechazados se consignan en el informe.

II.- La moción

La moción cuenta con siete artículos.

El Ejecutivo, compartiendo la idea de legislar, mediante numerosas indicaciones, acordadas con la mayoría de los diputados de la comisión, perfeccionó de manera sustancial esta iniciativa, introduciendo diversos cambios.

1. Se consagra la obligación de los responsables de datos a eliminar los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas, como asimismo se prohíbe su publicación, venta y cesión a cualquier título.

2. Se rechaza la propuesta al proyecto de ley referida a la creación de un registro histórico de deudas o de morosidades, porque ese concepto no es reconocido jurídicamente, y menciona la historia de los datos, no así la antigüedad por años que busca regular esta moción.

3. Se establece de mejor manera que todos los responsables de datos deberán eliminar los datos personales relativos a la información financiera de deudas impagas que se hayan hecho exigibles o extinguido, lo primero que ocurra, hace más de cinco años, sin necesidad de mediar solicitud, orden judicial ni instrucción de la autoridad.

4. Se consagra que las entidades bancarias y financieras, ofertantes y prestadoras de servicios y productos financieros, deberán informar por escrito de las razones del rechazo a la contratación de un servicio financiero en la misma forma y oportunidad que comunican su decisión.

5. Se precisan y se sancionan de mejor manera las infracciones cometidas por los responsables de datos, por incumplimiento de la obligación de eliminarlos, quedando sometidos a las normas de la ley N° 19.628.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señorita Presidenta, el proyecto busca consagrar el derecho al olvido financiero mediante la eliminación del registro histórico de deudas impagas que tengan más cinco años desde que se hicieron exigibles o se encuentren extinguidas.

Lamentablemente, la realidad en nuestro país indica que miles de chilenos y chilenas son discriminados por un sistema financiero que persigue lo que este denomina “mal comportamiento de pago”, creando verdaderas listas negras en las que figuran personas que, incluso, pagaron sus morosidades, y otras que contrajeron deudas hace más de cinco, diez o quince años, las que se encuentran prescritas. También, figuran personas que, por diferentes problemas, no pudieron seguir pagando sus obligaciones.

Este llamado “registro histórico” trunca los sueños de familias completas, ya que se les niega de forma sistemática el acceso a créditos, que, en la mayoría de los casos, son imprescindibles para llevar a cabo inversiones que puedan cambiar sus vidas, tales como créditos automotrices para comenzar un emprendimiento, o créditos para financiar algún tratamiento médico complejo.

Esto, en la práctica, es una condena a un pasado financiero que no obedece a la realidad actual, en la que debemos crear las condiciones que permitan recuperar y reactivar la economía, ayudando a las familias chilenas y a nuestras emprendedoras y a nuestros emprendedores a conseguir todos los medios posibles para sacar adelante sus proyectos y negocios.

Por estas razones, creo que es imprescindible que esta iniciativa de ley, de la que soy patrocinante, sea aprobada. La ciudadanía necesita certezas en este tiempo de crisis, certezas no solo en materia de seguridad pública, sino también en materia de seguridad económica. De esa forma, seguiremos en la misma línea de apoyo a las familias, tal como lo refrendó la aprobación del proyecto de ley que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley de insolvencia y reemprendimiento, que simplifica aquellos en favor de las microempresas y pequeñas empresas. Ese proyecto fue aprobado hace un par de días.

Finalmente, porque un gran número de chilenas y chilenos tienen que vivir con deudas y siguen siendo discriminados por las instituciones financieras al seguir figurando en registros históricos internos de los prestadores de servicios, la bancada del Partido Socialista aprobará este proyecto, de modo de poner término a la discriminación existente respecto de esta materia.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, en octubre de 2022 ingresó, vía moción, el proyecto de ley que consagra el derecho al olvido en materia financiera, entendiendo por tal el conjunto de garantías que obliga a los responsables de datos a eliminar los datos personales relativos a información financiera relacionados con deudas impagas, cuando no existen razones legítimas para que sigan siendo conservados una vez cumplida su finalidad.

El proyecto de ley obliga a todo responsable de datos a eliminar los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas que se hayan hecho exigibles o extinguido hace más de cinco años, esto sin necesidad de mediar solicitud, orden judicial o instrucción de la autoridad, prohibiéndose, además, su publicación, venta y cesión a cualquier título.

Igualmente, establece que los responsables de datos podrán mantener información anonimizada, entendida como “aquella que es el resultado de un procedimiento irreversible, en virtud del cual un dato personal no puede vincularse o asociarse a una persona determinada, ni permitir su identificación, por haberse destruido o eliminado el nexo con la información que vincula, asocia o identifica a esa persona.”.

Sin embargo, si bien el proyecto fue perfeccionado con las indicaciones que presentó el gobierno, hay ideas matrices que se mantienen y son problemáticas.

Primero, se elimina el incentivo a pagar deudas. El hecho de que se nieguen productos o servicios financieros por tener deudas impagas es un castigo a aquellos deudores negligentes o dolosos que no pagan su deuda. Lo que hace el sistema es premiar a aquellos que sí lo hacen.

Segundo, se limita el derecho a información de los bancos. Los bancos e instituciones financieras no mantienen el histórico de deuda por una razón cualquiera, sino porque les permite evaluar el pasado de un potencial cliente. El mero paso del tiempo, si bien extingue la acción para cobrar la deuda, no extingue la misma, y con menos razón crea la ficción de que esa deuda impaga nunca existió.

Ignorar una realidad que puede denotar una conducta reiterada y que pone en riesgo la confianza sobre la que descansa la institucionalidad financiera puede llegar a perjudicar a aquellos clientes que el proyecto de ley busca proteger.

En consecuencia, el proyecto es injusto con las instituciones financieras y pone en peligro el acceso a información necesaria para que el sistema financiero funcione correctamente.

Encaminarse hacia la protección de los datos personales y financieros es valorable. El deudor moroso que mantiene una deuda prescrita no tiene por qué encontrar esa información publicada en registros públicos. En esa línea se han movido otros proyectos. Sin embargo, ese bien jurídico puede resguardarse sin poner en peligro la salud del sistema financiero y los pilares sobre los cuales se erige.

La posibilidad que entrega el proyecto de ley de eliminar toda información cuya data supere los cinco años impedirá el correcto cumplimiento normativo, y, además, generará un deterioro en la gestión de riesgo, con los consiguientes efectos en inclusión.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Felipe Donoso .

El Señor DONOSO .-

Señorita Presidenta, un proyecto como este, a pesar de que algunas personas podrán estar en desacuerdo con él, apunta en la dirección correcta.

Cuando hablamos de una deuda que tiene más de cinco años, de personas que han tenido un traspié económico, que no necesariamente son personas que tengan mala intención, nos referimos a personas que pueden reemprender. Sin embargo, lo que impide reemprender es que existan verdaderas listas negras guardadas en los bancos, las que se comparten, difunden y utilizan.

Lo más perverso es que las personas ni siquiera saben por qué no se les otorga un crédito. Se les quita esa oportunidad a personas que han tenido un comportamiento responsable durante cinco años o más. Son personas que han trabajado honestamente, que no han cometido delitos, pero que tuvieron un traspié. Incluso, hay casos en que el acreedor fue el negligente, porque no hizo bien la cobranza. ¿Vamos a condenar a esas personas a que nunca más puedan ingresar al sistema financiero?

A mi juicio, es importante que esas personas puedan rehabilitarse. Ello es sano para la economía, e, incluso, para el sistema financiero. El comportamiento de cinco años de una persona define su perfil de cliente, no lo que le haya ocurrido hace más de cinco, diez, veinte o treinta años.

Por eso, votaré a favor la iniciativa. Es importante darles un impulso a todas las personas que cometieron un error, que tuvieron un problema, que no fueron capaces de pagar, pero que sí quieren trabajar honestamente y contribuir a la sociedad.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, mucha gente incurre en deudas por las más distintas razones. Muchos, agobiados por las mismas, en algún momento deciden dejar de trabajar y perseguir sus legítimos objetivos económicos; otros, se aprovechan del sistema. Con todo, no es a eso a lo que me quiero referir, sino a un problema técnico del proyecto.

La iniciativa que tramitamos resguarda garantías ya existentes en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y en la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. No está desarrollada como una reforma a esas normas.

Entonces, aquí estamos tramitando un proyecto de ley que va a terminar siendo una legislación paralela a la legislación existente, por lo que podemos crear un conflicto entre las normas, en circunstancias de que es perfectamente posible reformar las normas mencionadas en caso de que exista algún tipo de falencia.

Lo dejo para criterio de la Sala, porque me parece que habría que considerar esto en la tramitación del proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señora Presidenta, el olvido en materia de deudas financieras también tiene relación con la posibilidad de cobrar dichas deudas. Está claro que después de cinco años estas deudas son incobrables, de manera que cobrarlas e informarlas podría ser una injuria. Incluso, podría dar origen a otras acciones, como, por ejemplo, las que consagra el Código de Procedimiento Civil en materia de reclamación de derechos que no se tienen.

Es indispensable este olvido, porque la gente se ve impedida, por razones que no conoce o que no se pueden dar a conocer, de volver a solicitar un crédito y de reemprender una actividad económica.

En este sentido, el artículo 4 del proyecto, cuando obliga a las entidades bancarias y financieras a informar por escrito las razones del rechazo a la contratación de un servicio financiero en la misma forma y oportunidad que comunican su decisión, las que deben basarse en razones objetivas y no en este resentimiento financiero, es una garantía para las personas que tiene que ver con el Estado de derecho y con el cumplimiento de la ley. Si yo no puedo exigir mi derecho, sin la menor duda, tampoco tengo derecho a informar a terceros que tuve alguna vez algo que no exigí. Es una manera de restablecer la confianza del sistema financiero. Las personas no pagaron no porque no quisieron, sino que probablemente porque no pudieron, porque si hubiera sido porque no querían, los bancos, sin duda, habrían ejercido las acciones.

Se trata de una protección, sobre todo, para los más vulnerables, para las personas y los pequeños y medianos empresarios. Más que todo para los pequeños, porque, en general, los grandes pagan, y si no pagan, renegocian, de manera que estamos favoreciendo con esta futura ley al pequeño emprendedor, al pequeño deudor, a las personas que no tienen nada y, por ende, no tienen cómo pagar, no porque no han querido, sino porque no han podido.

Son muchos los ciudadanos que van a verse favorecidos con esta futura ley. Por lo tanto, estimo que es indispensable y que efectivamente debe ser apoyada de manera transversal y unánime por esta Sala.

He dicho.

El señor MANOUCHEHRI.-

Señora Presidenta, el derecho al olvido financiero es justo, beneficia a millones de personas y se hace cargo de dos temas esenciales de la modernidad: el endeudamiento y el tráfico de datos.

Además, hemos presentado este proyecto de ley para consagrarlo legalmente, obligando a las entidades financieras a eliminar de sus registros internos las deudas prescritas o, incluso, pagadas, de más de cinco años. Chile sería el primer país del mundo en legislar en esta materia. El gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha comprometido a apoyar este proyecto, y esperamos que así lo haga.

En nuestro país las deudas no prescriben ni se extinguen; lo que se extingue es la acción para perseguirlas compulsivamente una vez transcurrida una determinada cantidad de tiempo.

La misma regla aplica en la persecución de los delitos. En ese contexto se produce el absurdo de que hoy un asesino puede borrar sus antecedentes y mostrar una hoja limpia, como lo hace un barrista que viene a asediar a este lugar y que es socio de algunas personas en este hemiciclo, pero alguien que tiene una deuda de veinte mil pesos hace quince años termina condenado a ser discriminado de por vida por el sistema financiero, debido a que este puede guardar registros históricos de deudores, como nóminas o listas negras, a pesar de que las acciones para perseguir el cobro de estas mismas haya prescrito hace muchos años.

Por eso, este proyecto también es llamado “Chao histórico”. El rechazo categórico de la banca es propio de aquellos que no quieren perder poder. Este se funda en parte de una supuesta necesidad de contar con registros históricos de deudas a efectos de análisis macroeconómicos. Sin embargo, actualmente, toda esa información ya se encuentra consolidada en el banco de datos que mantiene la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que permite construir un diagnóstico realista y actualizado de la deuda en Chile.

Este proyecto se complementa con el “ Chao Dicom ”, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y está a la espera de que el presidente la Comisión de Economía del Senado, señor José Miguel Durana , lo ponga en tabla.

Desde julio a septiembre del 2022 se totalizaron 4.115.337 deudores morosos. La banca es la que concentra las más elevadas deudas morosas, abarcando el 60 por ciento del total, siendo la población de menores recursos la que concentra gran parte de las morosidades. La gente que accede a productos financieros sobrepasa los diez millones de personas.

Restringir la cantidad de datos que tienen las entidades financieras sobre los ciudadanos favorece a la gente y le resta poder a la banca.

El avance de la inteligencia artificial y el uso de los datos para tomar decisiones es una temática poco hablada, pero quizás de las más relevantes en un futuro que pronto se acerca.

Llegó el momento de que protejamos a la gente.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señora Presidenta, el propósito de la moción es consagrar legalmente el derecho al olvido en materia financiera, esto es, la eliminación de los datos personales financieros de deudas o morosidades de las personas cuando no existen razones legítimas para que sigan siendo conservados una vez cumplida su finalidad transcurrido cinco años, además de establecer multas en caso de que se transgreda esta norma, las que pueden llegar a las 1.250 unidades tributarias mensuales a beneficio del afectado y a otra suma similar a beneficio fiscal.

Es importante destacar que, pese a que algunas observaciones fueron corregidas en la Comisión de Economía, los objetivos del proyecto son respaldados explícitamente por el Ejecutivo, entendiéndose que siempre se ha buscado la forma de eludir la protección de las personas establecidas en normas legales anteriores.

En ese sentido, una de las particularidades de este proyecto es que no se requiere que la deuda extinguida o prescrita deba ser declarada formalmente como tal por los tribunales, cuestión que, por su burocracia, impedía asegurar la intimidad de las personas que, habiendo quedado morosas, han regularizado su situación y necesitan acceder a un crédito para reiniciar sus actividades.

A pesar de numerosos intentos en el pasado, las instituciones financieras y crediticias buscaban los resquicios para mantener archivos de datos de las personas con el argumento de necesitar esa información para decidir la entrega de los créditos, por lo que es necesario que entiendan la importancia del derecho de las personas de rehacer sus vidas sin estar sometidas a condicionamientos injustos y discriminatorios.

Por lo demás, la discriminación en el acceso al crédito por razones ya superadas constituye una violación a los derechos constitucionales, específicamente a los establecidos en el artículo 19, número 4°, que asegura a todas las personas “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia,…”, lo que ha sido ratificado por los propios tribunales de justicia.

Por último, hay que precisar que el proyecto permite mantener información anónima para efectos exclusivamente estadísticos.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor BARRERA.-

Señora Presidenta, por su intermedio, quiero saludar enérgicamente la discusión de este proyecto en Sala, que es de mi autoría junto a otros diputados y diputadas de la Comisión de Economía.

Actualmente en Chile, el 50 por ciento de la población tiene riqueza negativa; es decir tiene más deudas que activos. Además, el problema del endeudamiento se ha ido agudizando en los últimos tres años en nuestro país, producto de la pandemia y la crisis económica. Asimismo, durante esta semana acabamos de saber que Chile es el cuarto país del mundo al que más le cuesta llegar a fin de mes y que las personas tienen que gastar un tremendo porcentaje de su sueldo sólo para llegar al trabajo.

En este sentido, hoy existe un gran número de chilenos y chilenas cuyas deudas con el sistema financiero se hallan extinguidas, prescritas o saldadas, pero que siguen sien do discriminados por las instituciones financieras al seguir figurando en los registros históricos internos de los prestadores de servicios financieros, el denominado “registro histórico de deudas”, que genera que miles de chilenos y chilenas vean truncada s sus oportunidades de acceder a servicios financieros, porque son integrados sin consentimiento en estos regi stros, lo que trae como consecuencia que se les niegue, sistemática y veladamente, el acceso al crédito y que, cuando lo logran, las tasas sean su periores, por considerarlos clientes “riesgosos”.

La situación antes descrita es, a todas luces, abusiva. Por eso este proyecto de ley consagra, explícitamente en su artículo 1, el derecho al olvido en materia financiera, obligando a los responsables de datos a eliminar tales datos personales relativos a información financiera de deudas impagas cuando no existan razones legítimas para que sigan siendo conservados una vez cumplida su finalidad, eliminando, por tanto, los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas que se hayan hecho exigibles o se hayan extinguido, lo primero que ocurra, hace más de cinco años. Además, el proyecto establece que las entidades bancarias y financieras tienen que informar por escrito sobre las razones de los rechazos a la contratación de un servicio financiero, evitando la discriminación arbitraria que sufren muchos compatriotas que quieren reingresar a la economía.

Debemos hacernos cargo de la verdadera persecución financiera que viven y sufren muchos chilenos.

Por lo expuesto, invito a los parlamentarios y parlamentarias a comprometer, desde ya, su voto favorable.

He dicho.

La señora MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto ley N° 2.460, de 1979, que dicta Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, en lo referente a su labor investigativa especializada, correspondiente al boletín N° 15317-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Andrés Longton .

-Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 107ª de la presente legislatura, en miércoles 14 de diciembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señorita Presidenta, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, vengo en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, en lo referente a su labor investigativa especializada, correspondiente al boletín N° 15317 -07, iniciado en moción de los senadores Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza , Manuel José Ossandón , K enneth Pugh y Jaime Quintana , sin urgencia.

La idea matriz o fundamental del proyecto es precisar el rol de la Policía de Investigaciones de Chile, orientado al desarrollo de la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado, y a la prevención de la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos del Estado, y que contribuya a la generación de un sistema de seguridad pública integral, eficiente y eficaz, capaz de enfrentar los peligros, riesgos y amenazas que atentan contra la ciudadanía.

Para materializar lo anterior, se propone modificar el artículo 1 bis del decreto ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile.

La comisión compartió el criterio del Senado, en orden a que el artículo único del texto aprobado tiene el carácter de norma de ley orgánica constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, en relación con la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

El proyecto no contiene normas de quorum calificado ni que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado en general y particular a la vez por unanimidad de votos.

Votaron a favor los diputados Jorge Alessandri (Presidente), Cristián Araya , Jaime Araya y Henry Leal y las diputadas Danisa Astudillo (en reemplazo del diputado Raúl Leiva ) y Alejandra Placencia . No hubo votos en contra ni abstenciones.

Teniendo a la vista las consideraciones y argumentos reseñados en la moción, en el i nforme y los antecedentes aportados por el Senado, las señoras diputadas y los señores d iputados fueron del parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia, como asimismo de votarlo en particular a la vez.

Atendida la claridad de la propuesta, la comisión acuerda votar en general y particular en un solo acto esta moción. Puesta en votación general y particular a la vez esta iniciativa legal, se aprueba en los mismos términos por unanimidad de votos, en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas.

No hubo artículos ni indicaciones rechazadas por la comisión; tampoco hubo indicaciones declaradas inadmisibles.

Finalmente, debo precisar que, de conformidad con lo establecido en el N° 7 del artículo 304 del Reglamento de la Corporación, la comisión deja constancia de que no introdujo adiciones ni enmiendas al texto del proyecto de ley propuesto por el Senado.

Por lo recientemente expuesto, la comisión recomienda a la Sala aprobar en los mismos términos el texto aprobado por el Senado.

Esto todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señorita Presidenta, hoy quiero apoyar esta iniciativa, ya que esclarece el rol que debe tener la Policía de Investigaciones, definiendo que estará orientado al desarrollo de la investigación especializada de delitos, y así terminar, de una vez por todas, con esa lógica de tener dos policías que hacen los mismo. Me parece una buena iniciativa, porque necesitamos apoyar aún más el rol de nuestras policías.

Sin ir más lejos, durante el año pasado, ocho carabineros perdieron la vida a manos de delincuentes, y hoy nos despertamos con la noticia de que un miembro de la PDI fue c obardemente asesinado afuera de su domicilio, presuntamente; un ataque, presumiblemente por su calidad de funcionario de la PDI, que le cobró la vida.

Lo triste es que en el Congreso pasamos más veces en discusiones poco importantes que en debates para ver cómo protegemos a nuestras policías. Hoy, recién discutimos un proyecto de ley para dar el nombre de dos mártires de Carabineros a dos unidades policiales, y, aunque es una iniciativa noble, siento que, en lugar de discutir este tipo de proyectos, deberíamos estar debatiendo sobre medidas para evitar que sigan asesinando a nuestros policías, o para hacer frente a la delincuencia, que esta desatada. Sin ir más lejos, cifras de la PDI nos indican que solo en 2022 los homicidios aumentaron en 32 por ciento; más de 900 personas fueron asesinadas en Chile.

Por eso, hoy quiero hablarles a los parlamentarios y al gobierno y preguntarles qué tiene que suceder para que comencemos a discutir lo importante. ¿Cuántas personas más deberán morir para entender que estamos en crisis y que la gente siente miedo de esta sociedad?

Ojalá se acaben las pasadas de cuenta y se reanuden las mesas de seguridad suspendidas, porque, mientras nos damos gustitos políticos, siguen asesinado a nuestros policías, a funcionarios de Carabineros y de la PDI. ¿Qué les queda, entonces, a los ciudadanos comunes y corrientes?

Señorita Presidenta, procuremos evitar la ocurrencia de homicidios, porque si seguimos en la lógica del codazo, llegará el día en que no queden plazas, calles ni comisarías a las cuales ponerles nombres de mártires.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señora Presidenta, este proyecto de ley es absolutamente necesario. Sin perjuicio de que ya guardamos un minuto de silencio, quiero comenzar mi intervención enviando un saludo solidario al director de la PDI por el asesinato del comisario OPP Diego Valdés Donoso .

Respecto del trabajo investigativo que lleva a cabo la PDI, lo que hace este proyecto es subsanar un error, involuntario, por cierto, que se produjo a través de la modificación que dio lugar a la ley N° 21.427. Este es un error que vemos habitualmente cuando se duplican las acciones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, esto es, cuando ambas policías desarrollan exactamente la misma función. Esa duplicidad de funciones no solo distrae el poco personal que puede existir en ellas, especialmente en la PDI, sino que además hace que las investigaciones muchas veces puedan encontrar tropiezos, incluso en la relación entre ambas policías. Por ello es deber nuestro subsanar ese error.

Cuando hemos hablado de la reforma de Carabineros y de proyectos de ley al respecto, hemos sostenido que Carabineros debe ser una policía esencialmente preventiva; no exclusivamente, sin duda, pero esencialmente preventiva. Y consecuente con ello, debemos decir que la Policía de Investigaciones debe ser esencialmente investigativa.

Duplicar el rol preventivo y de control del orden público en Carabineros y la PDI, como dijo en la comisión el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecto inspector Lautaro Arias , hace que se distraiga el poco personal que existe. Hoy en día existe como personal o como capacidad investigativa algo así como 7.800 funcionarios.

En sus 88 años de existencia, la PDI jamás ha realizado una labor preventiva, puesto que no está preparada para ello, y si estuviera preparada, no tiene el personal dispuesto.

Cuáles son las iniciativas a las que puede darse mayor realce para abordar la situación -me gustaría mucho, si fuera posible, que se citara a una sesión especial para discutir aquello-. Quiero relevar el valor del modelo de investigación preferente. En mi región, la de O’Higgins, comenzó un plan piloto de la Policía de Investigaciones, junto con la fiscalía, a cargo del fiscal Emiliano Arias , en el que se desarrolló un modelo de investigación preferente, que daba lugar a que la Policía de Investigaciones investigase todos aquellos delitos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciber crimen y todos los delitos transnacionales. La relevancia de este modelo de investigación preferente es que no distrae las funciones y permite una mayor especialización en ese tipo de delitos, que son precisamente los que tienen no solo gravedad, sino también mucho realce y mucha importancia desde el punto de vista ciudadano. Asistí a la cuenta pública de la fiscalía la semana recién pasada, ocasión en la que conversé con el señor fiscal regional sobre la importancia de que la ciudadanía perciba la cercanía, la importancia y el efecto que tiene este modelo de investigación preferente.

Así como criticamos aquellas acciones relativas a la falta de énfasis en materia de seguridad, en dicho modelo de investigación tenemos un ejemplo que se ha replicado en ocho regiones. Con mucho orgullo hago presente que la idea partió en la Región de O’Higgins, con el propio prefecto inspector Lautaro Arias . Este modelo permite mayor éxito en las gestiones y permite mayor especialización. Hacia allá apunta también este proyecto de ley, que invito a mis compañeros y colegas a aprobar, puesto que sin duda habrá un efecto beneficioso en la ciudadanía.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero extender mi más sentido pésame a la familia del comisario Valdés , asesinado ayer, pero especialmente a todas las personas que trabajan en la PDI y que saben que corren ese tremendo riesgo, porque al final del día ellos investigan y, por tanto, como se dice vulgarmente, a muchos de ellos “se la tienen jurada”. Lo ocurrido fue un asesinato, fue un atentado, y la gran mayoría de los funcionarios de la PDI que están dedicados a investigar el crimen organizado corren ese mismo riesgo.

Por lo tanto, considero que debemos ser más rápidos y más eficientes en términos de legislar contra el crimen organizado. Debemos ser capaces de enfrentar este flagelo, que mata a personas día a día, no solo en el norte de Chile, sino en todas partes. Debemos ser capaces de entender que las personas que lidian con esos delincuentes son personas que tienen su vida en riesgo. Así ocurre con los funcionarios de la PDI, pero también con los de Gendarmería, que lidian con dichos delincuentes al interior de las cárceles. También están los funcionarios de Carabineros, que ayudan en muchas investigaciones, sobre todo en regiones en que tenemos el crimen tan metido que no es suficiente el personal de la PDI para llevarlas a cabo.

Pido a la Cámara que por favor tomemos conciencia de la grave situación en que estamos respecto del crimen organizado. Por lo mismo, seamos capaces de legislar con la celeridad necesaria, para poder enfrentar el crimen organizado, pero también para que las personas que lo enfrentan día a día en la calle tengan la capacidad de estar preparadas para enfrentarlo. Esto significa la posibilidad de que personal en retiro, tanto de Carabineros como de la PDI, tenga permiso para porte de armas.

He dicho.

El señor PULGAR.-

Señora Presidenta, primero, expreso mis condolencias a la familia del comisario Daniel Valdés Donoso y también a la Policía de Investigaciones de Chile.

Vengo de familia policial -de carabineros y de funcionarios de Investigaciones-, y es una pena ver que lo ocurrido se ha hecho repetitivo y casi una costumbre. Anoche vimos la ejecución de un funcionario de la Policía de Investigaciones. Lo ocurrido no fue un portonazo ni un enfrentamiento, sino la actuación de un sicario, que con armamento automático -así se ve en las imágenes dio una ráfaga de disparos que le quitó la vida a ese funcionario policial.

Esto es lo que estamos viviendo en este país. Es una situación que afecta a ciudadanos comunes y corrientes, que ha afectado a funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, y que el día de mañana -no nos sorprendamos puede afectar a autoridades de gobierno y a políticos. Así es.

Existe una frase muy célebre ocupada en los institutos matrices de la Policía de Investigaciones: “investigar para detener”. Pero ¿cuáles son los elementos y herramientas que hoy tienen las instituciones policiales, sobre todo la Policía de Investigaciones, que es mandatada a investigar? Por eso, desde ya voy a aprobar este proyecto. Se requiere entregarles las herramientas necesarias para que puedan hacer un trabajo investigativo de calidad a través de aquellos funcionarios que laboran en la calle, pero también apoyados por el equipo técnico científico que trabaja en los distintos laboratorios, de manera precaria. Hoy, los funcionarios de las Bicrim de muchas localidades -voy a poner como ejemplo la de Curicó, la cual visité-, y los funcionarios de la BIRO y de la Brigada de Homicidios trabajan hacinados, mientras las carpetas del proyecto del edificio nuevo siguen durmiendo en el escritorio de alguna autoridad.

Es por eso que hoy no podemos, como decimos, pedirle peras al olmo. Hoy las instituciones están haciendo un esfuerzo tremendo. Y aquí hablo, y lo mencionamos, y está en las conclusiones de la comisión sobre los actos del gobierno referidos, entre otras cosas, al combate contra el crimen organizado, la cual integré. Entre las conclusiones se señaló que hay un problema de base respecto del órgano persecutor, que tiene falta de fiscales, falta de apoyo del personal de trabajo preventivo de Carabineros de Chile, falta de vehículos y falta de personal.

Asimismo, faltan recursos para la Policía de Investigaciones en cuanto a vehículos, instalaciones y también recursos técnico-científicos, porque la planta de especialistas, de criminalistas y criminólogos, entre otros, está al debe. También faltan condiciones laborales y de seguridad no tan solo para los funcionarios de Gendarmería de Chile, sino también para instalaciones nuevas, como la cárcel San Rafael, de Talca, que será la más moderna y que todavía no está en funcionamiento.

Señora Presidenta, quizás usted concuerda conmigo en que este no es un problema de este gobierno, sino que es una seguidilla de errores que hemos tenido, con un Estado estancado, poco dinámico y que no se condice con la realidad.

Por eso hago un llamado a mis colegas, y sobre todo a este gobierno, ya que hace pocos minutos nos han informado que el informe de la comisión especial investigadora sobre crimen organizado, en la cual trabajamos meses en esta Cámara, lo están dejando para marzo.

Hago ese llamado a mis colegas diputados, porque podríamos celebrar una sesión especial para tratar dicho informe, pero requerimos de la voluntad de todas y todos ustedes. ¿Vamos a esperar hasta marzo? ¿Van a pasar dos meses más mientras veamos en los noticieros a más funcionarios de la policía o a más compatriotas asesinados? Puede resultar una frase populista para algunos, pero es la realidad que vive este país.

Entonces, vuelvo a insistir: voy a apoyar este proyecto, pero si queremos un trabajo conjunto, primero partamos por gestos. Y yo creo que el gobierno sigue estando al debe en un problema de seguridad que sigue afectando a los chilenos y que, sobre todo, sigue as esinándo los día a día.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señora Presidenta, obviamente, me voy a sumar a las condolencias para la familia y para los colegas de la institución del comisario Daniel Valdés Donoso , quien fue cobarde y vilmente asesinado por un delincuente, al que espero detengan pronto y que mañana el señor Presidente de la República no lo indulte.

Hoy en nuestro país los delincuentes hacen lo que quieren; ellos tienen libertad y el respaldo del gobierno y de algunos parlamentarios de esta Sala que no les entregan las atribuciones y el respaldo a las policías.

El decreto ley 2460, de 1979, que dictó la ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, con posterioridad fue modificado mediante la ley N° 21.427, que incorporó un artículo 1° bis que señala lo siguiente: “La Policía de Investigaciones de Chile, como parte de la Administración del Estado, está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la prevención, control, restablecimiento del orden y la seguridad pública, así como otras que le asignen las leyes.”.

¿Qué es lo nuevo? El texto del proyecto que aprobó el Senado dice: “La Policía de Investigaciones de Chile, como parte de la Administración del Estado, está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado, contribuyendo a evitar la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos del Estado. Además, deberá efectuar el control de ingreso” -miré qué curioso “y egreso de personas al territorio nacional, fiscalizar la permanencia de extranjeros en el mismo y desarrollar otras funciones que le encomienden las leyes.”.

La verdad es que esto es letra muerta, porque hoy la ministra del Interior está mandatada por la actual Constitución, que yo sigo respaldando, para estar a cargo de la seguridad al interior del país junto con las policías: Carabineros y la PDI. Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández , está a cargo de resguardar junto con las Fuerzas Armadas la frontera. Pero ninguna de ellas hace su pega. El gobierno mira para el techo y cada quince días nos viene a solicitar la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia para el sur de nuestro país. La verdad es que esto no resiste análisis; esto es letra muerta. Cuando no respaldamos a las policías, cuando la justicia y los jueces dejan libres a los delincuentes y condenan a los policías que detienen a un delincuente en forma fuerte, al que le dijeron alguna palabra de grueso calibre o lo empujaron, los policías van presos y los delincuentes quedan libres. Entonces, seguimos teniendo leyes medio curiosas.

¿Qué pensarán los televidentes que están viendo esta sesión? Ayer, a través de un proyecto de ley, les dábamos la posibilidad a los padres de acompañar a su señora cuando va a tener un hijo, los que tienen la suerte de nacer.

Respecto de otro proyecto, estábamos votando casi todos en contra. Hoy -las coincidencias de la vida, ¿no? deberemos votar un proyecto de ley que dice a los policías de Investigaciones cuál es su función. Hace algunos minutos tuvimos un minuto de silencio por el crimen alevoso contra un policía. Aquí tenemos otra contradicción vital, porque en el caso de nuestras policías, Carabineros y la PDI -en este caso particular, la PDI-, es una de las pocas profesiones en que al momento de firmar su contrato, sus integrantes estipulan que están dispuestos a dar la vida, si fuera necesario, para cuidar nuestra vida, nuestros bienes, nuestros enseres.

Hoy se cumplió ese mandato. Hoy escucho y veo a la ministra del Interior decir: “¡No!

¡Es terrible lo que pasó en el país!”. Además, escucho a mi amigo, exdiputado y hoy subsecretario del Interior, decir: “¡Ah! ¡Pero no fue un portonazo!”. O sea, estamos normalizando la delincuencia, estamos normalizando los crímenes, estamos normalizando esta situación anormal que nos está afectando. Hoy le sale más caro a un delincuente matar una mascota que atentar contra la vida de un ser humano. Nuestras policías están indefensas.

Yo, obviamente, voy a apoyar esto, pero, vuelvo a insistir, esto es letra muerta, porque no está la voluntad, no está la decisión, no está el respaldo del gobierno y de un grupo de parlamentarios aquí presentes.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley tiene por objeto modificar la recientemente aprobada ley N° 21.427, que Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Este cuerpo normativo tiene significativos avances en materia de rendición de cuentas, de accountability, y de gestión en el control de las policías.

Además, esta modificación legal establece, primero, que las policías están al servicio de la comunidad, y señala, además, expresamente que en el ejercicio de sus funciones tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones deben respetar, proteger y garantizar, sin discriminaciones arbitrarias, los derechos humanos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República.

Este avance legislativo incurre en una omisión, que es entregar a la Policía de Investigaciones el control del orden público. ¿Qué se hizo en este proyecto? Se estableció una norma espejo entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, al modificar ambas leyes orgánicas constitucionales.

Es necesario precisar que tanto en la ley orgánica de Carabineros como en la de la Policía de Investigaciones se establecen directrices que, a juicio del Ejecutivo, en su oportunidad, al momento de exponer, no alteran lo establecido en la ley N° 21.427, ya que el propio inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República establece que “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.”.

Por eso, este proyecto de ley lo que hace es restablecer lo que naturalmente debe ser y da a la Policía de Investigaciones el carácter especialmente investigativo en materia delictual, sin duplicar la función de orden público.

La iniciativa fue aprobada en votación económica por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Finalmente, establece que la Policía de Investigaciones está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos.

Así, llamo a esta honorable Cámara a aprobar este proyecto, que se hace cargo de una problemática de la ley N° 21.427, y que –reitero fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la comisión.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a todos mis colegas diputados y a los funcionarios del Congreso.

Lo primero que quiero hacer, y lo hago de corazón, no solo de palabra, es dar mi sentido pésame a la familia del comisario de la Policía de Investigaciones de Chile don Daniel Donoso Valdés , quien ayer fue cruelmente asesinado.

Cuando fui presidente del Consejo Regional de La Araucanía, tuve la posibilidad de conocer de cerca y constatar el trabajo profesional de la Policía de Investigaciones de d icha región. Con el apoyo de mis entonces colegas cores, financiamos la habilitación del Laboratorio de Criminalística de la unidad de la PDI en la ciudad de Temuco.

Soy una persona de terreno y he podido visitar el cuartel de la Policía de Investigaciones de Lautaro, en donde he visto el esfuerzo, el sacrificio que hacen auténticamente los funcionarios para poder responder a los requerimientos de la ciudadanía. Sin embargo, ellos están prácticamente hacinados.

Por tanto, es necesario que las más altas autoridades de la Policía de Investigaciones brinden un especial cuidado y, por supuesto, apoyo a la unidad de Lautaro.

En ese mismo orden, y tal cual lo señalo, recorro constantemente la Región de La Araucanía y la provincia de Malleco. He estado también en la comuna de Traiguén, donde desde hace años esperan que se concrete la construcción del cuartel de la Policía de Investigaciones. Existe un terreno para tal efecto, pero dicha obra aún no se concreta.

Lo mismo hemos visto en Collipulli. Aquí quiero hacer un homenaje, un reconocimiento al alcalde y a los dirigentes sociales de dicha comuna, quienes incansablemente solicitan la construcción de un cuartel de la PDI en el lugar.

El gobierno manifestó que no existían delitos suficientes para ello. Al respecto, invito al Ejecutivo a ir durante una semana a Collipulli para que se dé cuenta de que es necesario un cuartel en la comuna.

Asimismo, solicito al gobierno y a las más altas autoridades de la PDI otorgar el respaldo a los funcionarios de dicha institución. Es la manera en que ellos podrán trabajar por la ciudadanía. Del mismo modo, se deben entregar las correspondientes medidas de seguridad para tales funcionarios y los vehículos policiales.

Por último, valoro el trabajo de toda la Policía de Investigaciones de nuestro país.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señora Presidenta, primero, quiero solidarizar con la familia del comisario Daniel Donoso Valdés y, por cierto, transmitirle nuestras condolencias.

Y lo mismo, formalmente, respecto de la Policía de Investigaciones de Chile, como institución que está aportando un gran trabajo.

Este es un proyecto probablemente muy sencillo, pero muy importante, puesto que lo que busca es, sin crear nuevas responsabilidades ni deberes, precisar el rol de la Policía de Investigaciones de Chile de manera de focalizar sus esfuerzos en el desarrollo de la investigación especializada de todos los delitos, particularmente los nuevos delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado, y en la prevención y en la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos del Estado, y que contribuya a la generación de un sistema de seguridad pública, integral, eficiente y eficaz, capaz de enfrentar los peligros, riesgos y amenazas que atentan contra la ciudadanía.

¿Quién podría no estar de acuerdo con ello? ¿Quién podría no estar de acuerdo con todas las acciones que realice este Congreso para combatir el crimen organizado, la delincuencia, las bandas criminales, el robo de madera y todo lo que nos acecha?

En ese sentido, me referiré a las comisiones investigadoras que hemos trabajado, que presidí desde este espacio y con la responsabilidad que la propia Cámara nos entregó. Trabajamos cuatro meses en una comisión en particular. Pero en estos momentos, algo que acompaña y apoya a este proyecto, como también a otros, se discute si lo vamos a abordar ahora.

Se trata de un trabajo de 376 páginas para apoyar a nuestras policías, en el que escuchamos y consideramos a la PDI, para resolver temas complejos que tiene nuestro país en el norte, en la macrozona sur, en Santiago y en todo el país.

Sin embargo, hoy se está discutiendo dejar el informe para marzo, porque los parlamentarios no quieren tener más sesiones.

Por lo tanto, hago el siguiente llamado: seamos responsables y consecuentes con las urgencias de Chile. Los trece diputados de la comisión investigadora, transversalmente, no trabajamos cinco horas semanales durante cuatro meses para que hoy nuestro documento duerma en las gavetas.

Hago un llamado responsable a todos los diputados y diputadas, a todas las bancadas y a los independientes a venir a la Corporación cuando se necesite para aprobar ese informe.

Durante nuestro trabajo escuchamos a más de cien personas e instituciones: a la PDI, a Carabineros, a las ministras del Interior, a quien ya no está y a la que hoy está, de quien valoro el trabajo que ha hecho a través de la mesa de seguridad, armando cuatro comisiones.

Sin duda que hay errores de este gobierno. Los indultos no nos gustaron a muchos, pero también respetamos que se trata de una atribución del Presidente. Él tendrá que dar explicaciones a su electorado, al país y, por cierto, a la justicia, si sigue tomando decisiones o si no. Pero no por eso podemos, ni la derecha ni la izquierda, negarnos a trabajar en una mesa de seguridad.

Este es un gran proyecto, porque pone el foco en un organismo que está contribuyendo y está entregando, incluso, al igual que Carabineros, sus propios mártires a nuestro país, y eso es terrible -¡es terrible!-. Por lo tanto, pido a mis colegas confraternidad.

Yo me fui de una bancada, sí, y me fui para no tener ningún complejo de izquierda ni de derecha, porque Chile necesita que nos unamos todos, porque tenemos desafíos mayores en materia económica, en materia de seguridad, en materias sociales y, por lo tanto, no me puedo quedar impávida ante una situación que se está dando hoy día entre jefes de bancada por nuestras dinámicas propias. Si hay que cambiarlas, ¡cambiémoslas! Si no tenemos las urgencias en las comisiones investigadoras, ¡cambiémoslas!

Tenemos la urgencia en el proyecto de migraciones, que trabajamos con los diputados de manera transversal: diez firmas iniciales, y luego toda la comisión. Después el Frente Amplio y el Partido Comunista se bajaron porque no les gustó un proyecto de control de identidad.

Hago el siguiente llamado: el norte exige y clama un estado de excepción. La ministra ofrece una alternativa. ¡Bienvenida sea! Pero el Estado requiere más instrumentos.

Ayer, en la comisión investigadora escuchamos que las bandas delictuales de El Salvador podrían venirse a Chile. ¿Y qué nos pidió la PDI? Que realicemos una sesión secreta.

Entonces, tengamos claridad sobre lo que está pasando en nuestro país, abramos los ojos y las voluntades. Esto no es de izquierda o de derecha, sino un tema de país, queridos colegas.

Vamos a apoyar este proyecto, pero también vamos a exigir más decisión para algo tan urgente que necesita Chile.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero manifestar mis condolencias a la familia y también a la institución de la Policía de Investigaciones por el vil asesinato del comisario Daniel Donoso Valdés , que fue una ejecución.

El texto actual, el que se pretende modificar, dice que “La Policía de Investigaciones de Chile, como parte de la Administración del Estado, está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la prevención, control y restablecimiento del orden y la seguridad pública, así como otras que le asignen las leyes.”, en tanto que el texto propuesto dice que “La Policía de Investigaciones de Chile, como parte de la Administración del Estado, está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado, contribuyendo a evitar la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos del Estado. Además, deberá efectuar el control de ingreso y egreso de personas al territorio nacional, fiscalizar la permanencia de extranjeros en el mismo y desarrollar otras funciones que le encomienden las leyes.”.

O sea, finalmente, se le quitan a la Policía de Investigaciones roles de actuación en materia de orden público y de control y restablecimiento de la seguridad.

Me llama la atención, porque, por ejemplo, si ocurre un desorden fuera de un cuartel de Investigaciones, en una ciudad cualquiera del país, los detectives no podrán salir a la calle a controlar esa situación, sino que deberán llamar a Carabineros para que los vayan a ayudar.

Entonces, reitero que me llama la atención que ni siquiera podrán realizar acciones orientadas al control y el restablecimiento del orden y la seguridad pública frente a su propio cuartel.

Ojalá que algunos de los parlamentarios que están inscritos para intervenir más adelante pueda clarificarnos esto, porque me sorprende mucho que se le quiten a la Policía de Investigaciones los roles de actuación en orden público y control y restablecimiento de la seguridad, por cuanto, siendo ellos policías, y como cualquier policía a nivel internacional, deberían tener al menos parte de esa función, en vez de quitárselas completamente.

Entiendo que Investigaciones sería destinada solo a funciones de investigación, pero no de control previo a la comisión de algún hecho delictivo.

Valoro la tarea que desarrolla la Policía de Investigaciones a nivel nacional y espero que medidas que buscan contribuir a la seguridad pública y a la eficaz investigación de los delitos estén orientadas a que haya un mayor número de unidades destinadas a estos fines a nivel nacional.

Con este tipo de normativas, claramente, se van limitando las funciones de la PDI y no se va a incentivar la instalación o el establecimiento de unidades en comunas que tanto lo necesitan. Ya se ha señalado acá el caso de la c omuna de Collipulli, que tiene un alto índ ice delictual y donde las investigaciones que se desarrollan producto de los delitos que allí se cometen no llegan a ningún resultado. Hay situaciones de personas desaparecidas, pe rsonas que habrían sido descuartizadas y desaparecidos sus cuerpos sin que hasta el día de hoy se haya producido algún resultado en las investigaciones. Por lo tanto, una unidad de la Policía de Investigaciones, como lo piden las autoridades y toda la comunidad de esa comuna, debe ser establecida.

No obstante, a través de este tipo de modificaciones eso no se incentiva, sino que ocurre todo lo contrario: se quitan funciones a la Policía de Investigaciones.

La Policía de Investigaciones de Chile tiene gente capacitada, tiene profesionales que también pueden desarrollar funciones de seguridad y orden público, por lo cual me merece dudas la modificación que se está realizando al entregar las tareas de orden y la seguridad pública solo a Carabineros de Chile.

Espero que el día de mañana, cuando haya un desorden frente a un cuartel de Investigaciones, los funcionarios de la institución puedan salir a restablecer el orden y no tengan que llamar a Carabineros para que lo haga.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Antes de continuar el debate, saludamos a los padres de nuestra querida diputada Ericka Ñanco , el señor Luis Ñanco y la señora Ericka Vásquez , quienes nos acompañan en la tribuna. Agradecemos su presencia.

(Aplausos)

A continuación, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rubén Oyarzo .

El señor OYARZO.-

Señorita Presidenta, parto entregando nuestras más sentidas y sinceras condolencias, principalmente a la familia, a los amigos y a los compañeros del comisario Daniel Valdés , de la PDI, recientemente asesinado por delincuentes, por antisociales que le quitaron la vida en las afueras de su vivienda. Espero de todo corazón que los tomen presos lo más pronto posible y que, si es así, no los indulte el Presidente. No podemos seguir permitiendo esto.

La Policía de Investigaciones, como parte de la Administración del Estado, está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientan a la investigación especializada de todos los delitos, en particular de los que tienen el carácter de complejos y de los relacionados con el crimen organizado.

El crimen organizado está creciendo en el norte y ya llegó a la zona central. En Estación Central, por ejemplo, hay crimen organizado. ¿Cuándo vamos a tomar medidas al respecto?

¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de estos temas? Bueno, llegó la hora de hacerlo.

La Policía de Investigaciones de Chile contribuye a evitar la perpetración de hechos delictuosos y actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos del Estado. Además, debe efectuar el control de ingreso y egreso de personas al territorio nacional, ingresos y egresos que están totalmente desbordados, ya que no hay control alguno. ¿Por qué? Porque no hemos establecido las políticas correctas, y aquí tenemos que hacernos cargo de eso, al igual que el gobierno, que también debe hacerse cargo.

Debemos fiscalizar la permanencia de los extranjeros en el país y desarrollar otras funciones que encomienden las leyes a la PDI, pero con leyes correctas contra la delincuencia.

Asimismo, debemos entregar las herramientas necesarias a nuestras policías, tanto a la policía civil como a Carabineros de Chile y a Gendarmería, que están abandonados.

No puede ser que tengamos en la comuna de Pudahuel una tremenda infraestructura abandonada y sin terminar. ¿Por qué? Porque el MOP no ha licitado la construcción del 5 por ciento de la obra, que es lo que falta para terminarla. Llevamos más de un año con una infraestructura tremenda para la PDI que ha quedado abandonada.

Las policías trabajan en malas condiciones, con pésima infraestructura. Eso no es aceptable, no podemos darnos ese gusto.

¿Qué estamos esperando? Los vecinos de Pudahuel lo necesitan de forma urgente, y en Maipú pasa algo parecido con una comisaría de Carabineros en La Farfana, comunidad que tiene un sitio eriazo que se volvió un nido de delincuentes. ¿Por qué? Porque la constructora quebró, la obra quedó abandonada y el MOP aún no ha realizado las licitaciones necesarias para continuar el proyecto. Esa comunidad se tiene que atrincherar para protegerse de la delincuencia, que está desatada. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar cosas como esa?

Necesitamos más señales concretas de parte del gobierno para dar seguridad a nuestro país, que tanto lo requiere, seguridad que está escaza.

Aprobaré este proyecto de ley; sin embargo, espero que el gobierno se ponga las pilas en materia de seguridad. Menos discursos bonitos y más soluciones concretas contra la delincuencia; más herramientas para nuestras policías; más herramientas para Carabineros de Chile; más herramientas para Gendarmería.

Los chilenos queremos más acción de parte del gobierno.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señorita Presidenta, este proyecto, que modifica la ley orgánica de la PDI con la finalidad de precisar su rol, orientando la institución al desarrollo de la investigación especializada de todos los delitos, especialmente de aquellos llamados complejos y los relacionados con el crimen organizado, y a la prevención de la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra los organismos del Estado, y que contribuya a la generación de un sistema de seguridad pública eficiente y eficaz, capaz de enfrentar los peligros, riesgos y amenazas que atentan contra la ciudadanía.

Obviamente, hoy la seguridad es una necesidad de primerísimo orden, por lo cual debemos contar con policías eficientes y que cada una, en este caso Carabineros y la Policía de Investigaciones, cumpla el rol para el cual fueron concebidas, pues se había desvirtuado, de alguna manera, en el último tiempo.

Por eso, me parece muy bien que se vuelva a lo que es el origen de la institución Policía de Investigaciones de Chile, que, como su nombre lo dice, son las investigaciones.

Este proyecto se funda en la recientemente aprobada ley N° 21.427, que Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y la Transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Sin embargo, en materia de control de gestión de las policías, contiene problemas serios, pues duplica el rol preventivo y de control del orden público de Carabineros de Chile con la Policía de Investigaciones, al desconocer en esta última su función, como ya lo dije, esencialmente investigativa. Por ende, sostienen los mocionantes, esta situación provoca que ambas policías se enfrenten en las mismas funciones, sin mayores aportes al sistema de seguridad pública nacional.

Prueba de lo anterior son las pugnas entre ambas instituciones, que han complicado las investigaciones, lo que se ve reflejado en una suerte de competencia por quién obtiene mejores resultados en una u otra investigación.

En mi distrito, que contempla las provincias de Arauco y de Biobío y la comuna de Lota, otorgar esta función investigativa a la PDI ha dado buenos resultados en la persecución del crimen organizado, especialmente en el robo de maderas.

Hoy, debemos fortalecer el rol investigativo de la Policía de Investigaciones y no otorgársela a Carabineros, no porque lo hagan mal; al contrario, lo hacen bien, y por eso muchas veces los tribunales les entregan la orden de investigar. Pero ocurre que aproximadamente seis mil funcionarios de carabineros están destinados a labores investigativas, en circunstancias de que los chilenos necesitamos a los carabineros y carabineras en las calles, cumpliendo un rol preventivo, evitando que se cometan delitos.

Si logramos que Carabineros cumpla esa función preventiva -sobre todo pienso en mi distrito-, sin duda, no se cometerán hechos que hoy d ebemos perseguir a través de las investigaciones. Estamos hablando de responsabilidades y de aplicar sanciones que, a mi juicio y el de mi sector, tienen que ser mucho más duras de lo que han sido hasta ahora.

¿Cómo se logra identificar a los responsables para poder sancionarlos? Con investigaciones adecuadas, con buenos sistemas de prueba, lo cual debe realizar la PDI.

Aquí lo que tenemos que hacer es concentrar la función investigativa en la PDI. Para ello hay que dotarla de mayor número de funcionarios, de equipamiento, de tecnología, de mayor cantidad de vehículos, lo cual redundará en que las pruebas que se obtengan no se vean alteradas, lo que se produce cuando no se llega a tiempo al sitio del suceso, lo que afecta los resultados de la investigación. Eso no es lo que la gente quiere, cual es condenar a quien corresponda.

El sentido del proyecto me parece bien, pero no por desmerecer la función que realiza Carabineros, que hace todos los esfuerzos para hacerlo bien en materia de investigación. En efecto, la PDI es la llamada a investigar, y Carabineros, a prevenir los delitos. Por tanto, necesitamos que cada uno cumpla sus funciones en todos los lugares del país, incluso en los lugares más apartados, por ejemplo, en las provincias de Arauco y de Biobío, donde hemos valorado el rol de ambas policías. A las dos las necesitamos, pero claramente debe haber una modernización que signifique no duplicar los esfuerzos, lo que se logra definiendo con claridad a quién le corresponde cada cosa. Hoy, los tribunales deciden quién investiga.

Por tanto, el proyecto va en la línea correcta, pues concentra la investigación, sobre todo en temas complejos, como es el crimen organizado, que cada día se potencia más para combatir al Estado. El crimen organizado se ha perfeccionado antes que las instituciones del Estado. Por eso es importante que la Policía de Investigaciones se perfeccione en las tareas de búsqueda y persecución de los responsables, modernizando su modelo de gestión. Se requieren mayores recursos desde el Estado para poder combatir la delincuencia y el terrorismo que nos afectan.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

¿Habría acuerdo para que quienes están inscritos para hacer uso de la palabra lo hagan solo por dos minutos cada uno, con el fin de poder cerrar el debate y votar el proyecto el día de hoy?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señorita Presidenta, valoro que esta iniciativa se vote el día de hoy.

La razón por la que solicité hacer uso de la palabra es sumarme a las expresiones de condolencias a la Policía de Investigaciones por el asesinato del comisario Daniel Valdés . La PDI es una institución que está en la verdadera primera línea de defensa de los chilenos, por lo que merece un mayor y mejor trato por parte del mundo político.

Este proyecto, si bien es un cambio pequeño, es importante, y demuestra que, a veces, aunque haya muchos expertos en nuestra Corporación, también se cometen errores. De hecho, me ha tocado ver otros proyectos de ley que vienen a enmendar errores cometidos por esta misma Sala.

Por ello, hago un llamado a tomarnos nuestro trabajo con la mayor seriedad posible.

Por último, reitero algo que han señalado muchos diputados que han intervenido. Los miembros de la Policía de Investigaciones -lo escuché en sus cuarteles, que he visitado en mi distrito consideran que lo más importante para ellos es contar con el apoyo irrestricto de todo el mundo político. Requieren de un apoyo irrestricto para mejorar su salud mental y sus condiciones laborales; también requieren de un apoyo irrestricto para sus familias. Piden que nunca más se repita el vilipendio que hubo en octubre de 2019 por parte de ciertos personeros que hoy llaman y claman por defender a la PDI.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Miguel Ángel Becker .

El señor BECKER.-

Señorita Presidenta, por supuesto, adhiero a las condolencias por el alevoso asesinato del comisario de la PDI Daniel Valdés Donoso, ocurrido anoche, martes 17 de enero.

En una intervención anterior mencioné el número de carabineros y policías fallecidos a raíz de la situación en la que se encuentra hoy el país, que es lamentable.

Conozco a un exfuncionario de la Policía de Investigaciones; por eso, sé que hay una preocupación especial por lo que ocurrió anoche. Por ello, quiero hacer una petición, cual es solicitar los antecedentes reales y fidedignos respecto de las reales causas y circunstancias en las que muere el comisario Daniel Valdés , en la noche de ayer.

Las dudas surgen porque hay imágenes de la cámara de seguridad que han dejado claro que aquí no se trató de un robo con intimidación con resultado de muerte, sino que se trataría de un sicariato. De comprobarse esta hipótesis, sería muy importante investigar a fondo lo ocurrido. No queremos que este flagelo que está atacando a otros países de Sudamérica se produzca en nuestro país.

Acabo de ver en Meganoticias al director de la PDI señalar que tiene información de un atentado. Dijo que la muerte del comisario habría sido realizada por un sicario, no se trataría de un robo.

Espero de verdad que esto se tome con la seriedad que corresponde y se detenga a los delincuentes.

He dicho.

El señor BARRÍA.-

Señorita Presidenta, nuestras condolencias a la PDI y a la familia de don Daniel Valdés Donoso .

Hace unos días fue asesinada una mujer emprendedora en la comuna de San Juan de la Costa, hecho que se suma a otros delitos.

Todos hoy nos sumamos a las condolencias. ¿Cómo le explicamos a la gente que por empate, por revancha política, no tenemos una mesa de seguridad? ¿Cómo le explicamos a la gente que estamos preocupados de acusaciones constitucionales? Hoy día rasgamos vestiduras. Sin duda, es un acto humano expresar nuestras condolencias, pero al mismo tiempo sabemos que este es un tema mayor.

Hoy votaremos a favor esta importante señal, esta importante normativa que entrega más facultades y atribuciones a la PDI, pero es insuficiente.

Por lo tanto, reitero el llamado a todos los presentes a que coloquemos énfasis en lo que preocupa a la comunidad: la seguridad ciudadana, la inflación, los diversos atentados que se concentran en la zona norte, pero que están llegando a la Región Metropolitana, y que en nuestra Región de Los Lagos también se están produciendo con mayor frecuencia.

Llevemos conclusiones, tareas y respuestas a nuestra comunidad. No sigamos dándonos gustitos; no usemos los puntos políticos para entregar condolencias, mientras nos preocupamos de acusaciones constitucionales que no sirven de nada.

He dicho.

La señorita MIX (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señorita Presidenta, quiero partir mis palabras lamentando el asesinato de un nuevo policía; un asesinato a mano armada ejecutado con frialdad, pues quienes lo consumaron, esperaron a que el policía llegara a su casa. Eso demuestra que el crimen organizado y el sicariato se están instalando en nuestro país.

Votaré a favor el proyecto; sin embargo, no puedo desaprovechar esta oportunidad para señalar a los colegas de enfrente que en este Congreso no requerimos mesa de seguridad para legislar, porque en diez u once meses el gobierno, en la comisión respectiva, ha colocado cero urgencia a proyectos relacionados con seguridad.

No pretendan endosar responsabilidades a la oposición por el hecho de no formar parte de una mesa; no se escuden en ello para eludir su responsabilidad en mantener el orden público. La responsabilidad en esta materia es exclusivamente del Ejecutivo y del Presidente de la República.

Invito al Presidente a que mañana mismo ponga urgencia al proyecto de “ley Nain”, que protege a Carabineros, a la PDI y a Gendarmería. Ello depende de él, no de la mesa de seguridad. La mesa es una forma de encubrir su falta de pericia y su fracaso en materia de seguridad.

Siempre estuvimos dispuestos a conversar; participamos de buena fe en esa instancia. Sin embargo, no podemos aceptar que, por un lado, tratemos de proteger a la ciudadanía, metiendo presos a delincuentes asesinos como los que mataron ayer a un policía, y, por otro, el gobierno los deje libres y sus actos queden impunes. Esa contradicción vital debe dejar de existir.

Respaldaremos el proyecto, pero hago un llamado al gobierno a que no eluda su responsabilidad de colocar urgencias legislativas en esta materia. El Congreso está obligado a pronunciarse en plazos bien acotados si el Presidente hace uso de sus facultades y coloca suma urgencia a todos los proyectos de seguridad.

He dicho.