Labor Parlamentaria

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar la enmienda del Senado recaída en el proyecto de ley, originado en moción, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica, correspondiente al boletín N° 14905-21.

Para la discusión de la modificación del Senado se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 108ª de la legislatura, en lunes 19 de diciembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señor Presidente, antes de que inicie la discusión de este proyecto, hago presente que el informe del Senado del 14 de diciembre recién pasado no se encuentra disponible en el pupitre electrónico para su revisión.

Creo que es importante contar con dicho documento, porque se incorpora una modificación sustancial al proyecto matriz.

Precisamente, como quiero intervenir en esta oportunidad, considero que requerimos toda la información existente respecto del proyecto.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Solicito la unanimidad de los diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En discusión la modificación del Senado.

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este proyecto, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica fue presentado por el colega Leonidas Romero .

La propuesta, iniciada en moción, no contiene normas de quorum especial, y fue modificada por el Senado en su segundo trámite legislativo.

Este proyecto no solo es de entera lógica, sino que se apoya en la argumentación de dos iniciativas anteriores que aprobamos y que también suscribí.

El Congreso Nacional las aprobó, porque tienen un razonamiento muy simple: por diversos motivos, los pescadores artesanales no pudieron extraer la totalidad de las cuotas que se les asignan, y, de acuerdo con las estimaciones de la autoridad responsable, traspasar el remanente no capturado al año siguiente no amenaza la población de cada especie.

El Senado modificó el texto propuesto, disponiendo la posibilidad de capturar anchoveta entre las regiones de Atacama y Coquimbo; sardina común y anchoveta entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta , y desde la Región de Valparaíso a la de Los Lagos, y sardina austral en la Región de Los Lagos.

El proyecto se plantea como una forma de ir en ayuda de los pescadores artesanales y sus familias, que han tenido dificultades por razones climáticas y las restricciones derivadas de la covid-19. Propone que se disponga, de manera permanente, que la cuota no capturada se pueda extraer al año siguiente, y probablemente sea mejor mantener esta actualización como una excepción, hasta comprobar que la especie no se encuentra en una condición de vulnerabilidad.

Esta propuesta se refiere específicamente a la sardina común y a la anchoveta, desde las Región de Valparaíso a la Región de Los Lagos. Anteriormente ya se había legislado para permitir la captura de los remanentes el año 2020, para la sardina común y la anchoveta entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

En fin, esto es de toda lógica.

Saludo y agradezco a las agrupaciones pelágicas de Lota y Coronel, porque han hecho un trabajo acompañándose en momentos difíciles que les ha tocado vivir, en momentos recientes en que sus familias también han sido afectadas por una marea roja en nuestra zona, especialmente en el golfo de Arauco. Entonces, se trata de familias vulnerables a las que siempre les es muy difícil abordar estas iniciativas en materia de pesca artesanal, y, por tanto, agradecen de manera muy amplia y trasversal el apoyo que esta Cámara les da.

Pido a los colegas que apoyemos por una amplia mayoría el proyecto en este trámite para, de una vez por todas, hacer justicia con los pescadores artesanales, con las actividades conexas a la pesca, pues, como señalé, hay familias detrás de ella.

Insisto en que espero que se apruebe esta iniciativa, que celebro.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, como ya se ha dicho, esta no es una iniciativa nueva, sino reeditar proyectos que solucionaron este problema a contar de 2020.

Los diputados de la Comisión de Pesca hemos sido testigos de cómo diversas organizaciones han planteado el problema de los remanentes. En tal sentido, esta propuesta no significa promover aumentos de cuotas, sino más bien dar la autorización para que la cuota no capturada durante este año se pueda capturar en el próximo. Por lo tanto, insisto, no estamos hablando de aumento de cuotas.

Esta situación se viene dando desde hace algún tiempo, entre otras cosas, producto de la pandemia: muchas organizaciones de pescadores no pudieron pescar el ciento por ciento de sus cuotas. Es por eso que se presentó una iniciativa para autorizarlas a pescar la diferencia de aquellas al año siguiente.

Este proyecto ha sido liderado por el diputado Leonidas Romero desde la Comisión de Pesca, quien ha recogido el sentimiento de muchas organizaciones de la Región del Biobío y del resto del país.

Por eso, invito y convoco a la Sala a que votemos favorablemente esta iniciativa, que recoge las aspiraciones de muchas organizaciones de pescadores artesanales a lo largo del país.

Por otro lado, también es válido hacer un llamado al gobierno para que modifique las vedas de las distintas pesquerías. El cambio climático ha traído consecuencias que se deben abordar aplicando un calendario biológico, más que un calendario anual, porque la reproducción y el crecimiento de las distintas pesquerías se ha ido desplazando en los tiempos. Por eso, las organizaciones han recomendado que se aplique un calendario biológico, con el fin de no estar cada año pidiendo que se vote un proyecto como el que ahora estamos discutiendo.

Por eso, hago un llamado a la Sala a votar favorablemente el proyecto.

Por último, quiero expresar mi sincero reconocimiento a las distintas organizaciones de pescadores artesanales, que, actuando de forma responsable, han suspendido la pesca, debido a que los recursos no tienen las tallas ni las dimensiones que se requieren…

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, el presente proyecto de ley establece una modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura para los recursos pesqueros, para permitir que parte de la cuota no extraída pueda traspasarse al año 2023.

El proyecto fue tramitado en la Comisión de Pesca de forma consensuada y el gobierno le otorgó urgencia para permitir su rápido despacho.

En el Senado se incorporaron algunas pesquerías y se amplió el marco territorial de aplicación de la ley.

Valoro esta rápida tramitación, enfocada en dar solución a un problema planteado por los pescadores artesanales, particularmente los del distrito 20, que represento.

Cabe destacar que, en consideración al principio precautorio en materia de la ley de pesca, este proyecto sufrió modificaciones en la comisión que presido, quedando establecido que el traspaso solamente será para el año 2023 y no de forma permanente.

Durante tres años se han tramitado proyectos similares, lo que deja en evidencia que es un tema que debe ser tratado y resuelto en la futura ley de pesca, que se está trabajando de cara a la ciudadanía, con transparencia y participación.

Es indispensable que Chile cuente con una robusta y completa ley de pesca, no manchada por la corrupción, como la llamada “ley Longueira”, cuya anulación fue aprobada por esta Cámara y ahora duerme en el Senado.

Además, hacemos hincapié en la necesidad de robustecer los organismos fiscalizadores, como Sernapesca, y los organismos técnico-científicos, lo que permitirá tomar mejores y más informadas decisiones en el tema pesquero, actividad de altísima importancia para el país, para su economía y para los chilenos y las chilenas, en general.

Por todo ello, anuncio mi voto favorable a este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala del subsecretario de Pesca y Acuicultura, don Julio Salas, petición que hace un rato fue rechazada?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, yo también solicito que se permita el ingreso del subsecretario de Pesca, porque es un tema relevante el que ahora discutimos. Nos guste o no, en su cartera se generan estos proyectos. Si bien tenemos algunas diferencias con el señor subsecretario, considero que es necesaria su presencia en la Sala.

No voy a repetir las palabras ni los comentarios positivos que se han hecho respecto de este proyecto. Solo quiero indicar que me preocupa un poco cómo quedó la redacción del proyecto tras su paso por el Senado, pero subsanando eso, obviamente, invito a todos los colegas a votar a favor.

Quiero agradecer las palabras de la diputada Joanna Pérez y del diputado Sergio Bobadilla , porque no es muy habitual que se reconozca a quien está presentando estos proyectos.

Por lo tanto, solicito a los diputados apoyar este proyecto, ojalá por unanimidad, porque va en directo beneficio de la pesca artesanal.

Por último, repito, ojalá permitamos que el subsecretario de Pesca ingrese a la Sala.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Señor diputado, no puedo solicitar nuevamente el acuerdo, porque ya no se autorizó el ingreso del subsecretario de Pesca y Acuicultura a la Sala.

Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señor Presidente, voy a diferir notablemente respecto de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, porque creo, a diferencia de mis colegas, que este proyecto de remanente es un mal proyecto. Es un mal proyecto, porque centramos el debate del fomento de la pesca, industrial o artesanal, vinculándolo al cuidado del medio ambiente, pero también a las distintas pesquerías de nuestra nación.

Más encima, en el Senado este proyecto sufrió una serie de incorporaciones que me parecen sumamente complejas. Por ejemplo, se incorporó a la zona norte, que me toca representar, particularmente a la Región de Tarapacá, donde existe un conflicto histórico respecto de la pesca del recurso anchoveta.

Hay embarcaciones que por eslora son calificadas como artesanales, pero que ocupan artes mecanizadas de pesca, el cerco, lo cual ha causado un daño irreparable a los buzos y a los mariscadores, pero particularmente a la pesca artesanal.

Dichas embarcaciones -hoy en la mañana lo corroboré con dirigentes de la caleta San Marcos- incluso están perforando la milla de protección para extraer ese recurso, lo cual provoca un daño enorme al ecosistema, que Sernapesca ha profundizado, toda vez que ha autorizado la presencia de naves nodrizas. Sernapesca permite que esas pequeñas embarcaciones, en vez de recalar en el puerto respectivo, entreguen el recurso capturado a una nave a pocas millas, generando una sobrecarga mayor, en este caso, sobre el recurso anchoveta.

Obviamente, esto causa un perjuicio enorme a la zona norte, particularmente si consideramos que la macrozona norte es una de las pocas donde, incluso, existieron perforaciones de la industria dentro de las cinco millas. Esa situación surge, precisamente, de la corrupción que se dio el año 2012, con la tramitación de la llamada “ley Longueira”.

Este proyecto de remanente podríamos decir que busca casi el mismo objetivo, como si los peces fuesen plata en el banco y pudiésemos traspasarlos al año siguiente, sin que la naturaleza lo sintiera. Pensar aquello es desconocer la evidencia científica y la discusión biológica acerca de las especies. Eso causa un daño enorme al ecosistema.

Atendidas las modificaciones que ha hecho el Senado, que incluso han hecho extensible casi a nivel nacional esta ley excepcional de remanente, que se presenta por tercer año consecutivo, voy a rechazar el proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, quiero manifestar mi apoyo a este proyecto, que permite traspasar el remanente no consumido de cuota de pesca de un año a otro.

Creo que a veces se olvida una premisa. Escuchaba recién al colega del norte que me antecedió en el uso de la palabra, y siento que muchos piensan que la pesca es una actividad romántica. Muchos idealizan esta actividad, desde este púlpito, exigiendo prácticamente que los pescadores artesanales salgan a pescar de madrugada y vean el amanecer en el mar, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de una actividad económica. La pesca es una actividad económica que genera muchos recursos y bienestar a muchas familias en Chile y representa para muchas regiones el principal sustento económico.

Represento a la Región de Aysén, donde prácticamente el 40 por ciento del PIB proviene del mar, de la actividad acuícola, que es tremendamente importante. A pesar de ello, algunos en este Congreso dicen que, prácticamente, el salmón es lo peor que le ha pasado a Chile, e, incluso, señalan que no es consumible en el mundo y que aquello es criticado. Se trata solo de falsedades. La actividad salmonera en Chile es tremendamente importante, y para las regiones del sur es la principal actividad económica.

Cuando nos referimos al traspaso de cuota de un año para otro es simplemente permitir a los pescadores artesanales que puedan ocupar durante el año siguiente la cuota no ocupada durante el año anterior. Los pescadores artesanales han tenido problemas de clima y económicos, porque para ir a pescar deben pagar a la gente que los va a acompañar. Además, hay que considerar el valor del combustible. Por lo tanto, hay que entender todos los elementos que inciden en la pesca artesanal como actividad económica.

No quiero romantizar. Entiendo la pesca artesanal y la pesca industrial como actividades económicas que mueven y sustentan a muchas regiones de Chile. Este proyecto es de sentido común y llama a entender lo que significa esta actividad económica para las regiones de Chile.

Invito a esta Sala a apoyar este proyecto de traspaso de cuotas.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, quiero justificar mi voto en contra sobre este proyecto.

La Alianza Pesca Maule nos ha hecho llegar antecedentes que señalan que este proyecto de ley va en contra del principio precautorio, que tiene por objetivo resguardar las especies y los ecosistemas marítimos. Es preocupante que este proyecto no tenga patrocinio de ninguna comunidad científica. Nadie ha justificado ni respaldado científicamente este proyecto, por cuanto la sardina común, y también la anchoveta, son parte de la dieta alimenticia de la merluza común.

Al no tener respaldo científico, no puedo votar a favor este proyecto, por lo que anuncio desde ya mi voto en contra, por considerar que atenta contra el principio precautorio ya señalado.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

No hay más inscritos.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la modificación del Senado en los siguientes términos:

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica y complementa las normas que indica respecto del sistema educativo, correspondiente al boletín N° 15153-04.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 108ª de la legislatura, en lunes 19 de diciembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, el proyecto realiza pequeños ajustes, pero que tienen grandes consecuencias en pos de mejorar los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.

En ese sentido, me alegra enormemente que el proyecto vuelva a esta Sala aun mejor de como se despachó, incorporando asuntos demandados en distintos niveles educativos y que tienen importantísimas repercusiones en el sistema educativo en su conjunto.

Al respecto, destaco la extensión del traspaso de los servicios educativos de seis servicios locales de educación pública que entraron en funcionamiento en 2022 y las mejoras que realizó el Senado respecto de compensar los beneficios de los asistentes de la educación que se posponen al no efectuarse el traspaso. Como acto de justicia se establece una bonificación extraordinaria de pago trimestral que no constituye renta para las y los asistentes de la educación.

Asimismo, me parece muy destacable hacer más expedito, ágil y efectivo el pago de los bonos de incentivo al retiro. Muchos de nosotros conocemos casos de docentes y asistentes que llevan años esperando que se les pague el bono de incentivo al retiro. El procedimiento, además de agilizarse, permite que tanto cupos como recursos se determinen en uno o más actos administrativos, sin tener que esperar que en una misma comuna estén todos los antecedentes.

Adicionalmente, se incluye expresamente -esto es muy importante- a las trabajadoras y los trabajadores de jardines infantiles vía transferencia de fondos (VTF), mejorándose, además, la priorización de cupos para asistentes, privilegiando las situaciones de salud.

Ahí tenemos dos puntos muy importantes: lo referido a los asistentes de la educación en torno al retraso de los servicios locales de educación y, además, la inclusión de las trabajadoras y los trabajadores VTF respecto del incentivo al retiro.

Una cuestión más que me permito mencionar y que es fundamental: frente a la terrible situación del no pago de cotizaciones a trabajadores de la educación, se permitirá el pago directo por parte del Mineduc mediante el levantamiento de retenciones a la subvención. Nos ha tocado ver muchos casos de este tipo. Es una cuestión que la normativa actual no prevé, dejando en desamparo a la comunidad.

Además, el Senado incorporó elementos nuevos que han sido demandados por mucho tiempo, referidos al estatuto docente, a reajustes, a las prácticas de educación parvularia y otros relacionados con la educación superior y la inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.

Valoro el trabajo del ministro de Educación, quien se encuentra en la Sala, y valoro el trabajo que ha realizado el Senado.

Creo que este proyecto de ley requiere de un apoyo unánime de la Sala.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA.-

Señor Presidente, durante los últimos meses ha existido un intento, por parte de algunos sectores políticos de nuestro país, de concentrar los problemas de la educación en una comuna, en un problema o en un fenómeno, cosa que, por cierto, se arrastra desde hace muchos años. Por eso, valoro que hoy avancemos en este proyecto de ley con las incorporaciones que ha hecho el Senado, que buscan precisamente resolver los grandes dilemas que tiene hoy la educación pública.

Solamente quiero hacer un recuento de aquellos aspectos que va a abordar esta iniciativa.

En primer lugar, se extiende el período de traspasos de los servicios locales de educación, para mejorar el funcionamiento de aquellas instituciones que hoy están a cargo de jardines infantiles, escuelas, liceos, y que, de hecho, necesitamos que funcionen mejor. Eso es cierto: necesitamos que funcionen mejor, pero para eso es necesario que el Estado se concentre en aquellas instituciones, en aquellos servicios locales que hoy están implementados.

En segundo lugar, se contempla un bono extraordinario para las y los asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos educacionales que deben traspasarse a los servicios locales de educación y que entraron en funcionamiento durante el presente año.

En tercer lugar, se corrige la engorrosa tramitación del incentivo al retiro existente en la actualidad, estableciendo que se podrán dictar uno o más actos administrativos para asignar cupos y habilitar el pago para todos quienes tengan sus documentos en orden.

En cuarto lugar, para evitar dobles interpretaciones, se incorpora una norma que incluye expresamente en este beneficio al personal de los jardines VTF.

En quinto lugar, se modifica el estatuto docente, reconociendo las horas gremiales al Colegio de Profesores y el receso invernal de dos semanas, y estableciendo el 30 de noviembre como límite para que las y los docentes sean convocados a actividades formativas durante el feriado estival.

En sexto lugar, se permite que los técnicos de educación parvularia de la Junji y de jardines VTF que se encuentran cursando la carrera de educador de párvulos, realicen su práctica profesional en los jardines en los que están trabajando.

En séptimo lugar, la normativa mejora el mecanismo para facilitar que los recursos de la subvención solventen parte de las deudas previsionales no pagadas, pudiéndose incluso pagar directamente a la institución previsional.

En octavo lugar, se establece que los colegios particulares pagados deben asegurar que un 5 por ciento de los cupos sean prioritarios para estudiantes que presenten necesidades educativas especiales permanentes, fomentando la inclusión y la plena integración en los establecimientos educacionales.

Esta es una gran noticia, porque avanza en una legislación que pone el énfasis en quienes cada día hacen mejor la educación pública, que son todos aquellos que forman parte de las diversas comunidades educativas que existen en nuestro país.

Quienes quieran rechazar estas normas tendrán que explicarles a los trabajadores de los jardines VTF, a los asistentes de la educación y a los docentes que por años esperan el bono de incentivo al retiro por qué están rechazando o quieren dilatar esta norma.

Como bancada socialista, aprobaremos la iniciativa.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcia Raphael .

La señora RAPHAEL (doña Marcia).-

Señor Presidente, sin duda abordamos una iniciativa que viene a reproducir un verdadero caballo de Troya. Si bien no se hacen grandes modificaciones al texto que aprobamos como Cámara de Diputados, en el Senado se le introdujeron una serie de modificaciones en temas que, si bien se conversaron durante la tramitación, también produjeron que el título de este proyecto terminara abarcando otras cosas.

Un ejemplo de aquello es la ampliación del tiempo en que los centros de formación técnica (CFT) estatales deberán someterse al proceso de acreditación, pasando de los actuales seis años a diez años desde la iniciación de sus actividades académicas. Eso llama la atención cuando un estudio realizado por parte de la fundación Acción Educar evidencia ciertas dudas sobre la calidad de la política pública, en circunstancias de que los centros de formación técnica estatales tienen mayor capacidad ociosa y mayor financiamiento per cápita que los privados, y en algunos casos la oferta académica no innova respecto de lo ofrecido por el sector privado.

Por ello, resulta necesario realizar las evaluaciones respectivas en su debido tiempo y efectuar los cambios que resulten necesarios para su mayor implementación.

A su vez, se incorpora el otorgamiento a los dirigentes nacionales del Colegio de Profesores de los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con objeto de cumplir sus funciones gremiales fuera del lugar de trabajo, cuestión que consideramos que se encuentra normada en otros cuerpos legales de manera general para la actividad gremial, por lo que no debería hacerse de manera tan particular como se presenta en esta modificación.

Por eso, solicitamos la votación separada, a lo menos, en esos dos ámbitos.

Por otra parte, hay cuestiones valorables de las que se hacen cargo las modificaciones propuestas por el Senado, como es facultar a los técnicos de educación parvularia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) que se encuentren cursando una carrera conducente al título universitario de educador de párvulos, para realizar las prácticas profesionales exigidas para la obtención de su grado académico en los jardines infantiles o en los establecimientos vía transferencia de fondos (VTF) en los cuales desarrollan sus funciones laborales, así como también se concreta una de las batallas que han llevado por años las personas que realizan labores de transporte de estudiantes y las manipuladoras de alimentos, que es el reconocimiento como auxiliares de los asistentes de la educación.

Por ello, veremos en su justa medida cada una de las modificaciones propuestas por el Senado para ver qué aprobamos y qué no aprobamos de esta iniciativa que, como señalé, sirvió para abordar otras materias no debatidas en esta Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señorita PLACENCIA (doña Alejandra) .-

Señor Presidente, la municipalización de la educación fue una de las políticas más aberrantes en la historia de la educación chilena. El daño que provocó lo vivimos hasta hoy. Por ende, la implementación de la nueva educación pública es un imperativo ineludible. Este esfuerzo debe considerar a todos quienes componen las comunidades educativas, esto es, estudiantes, docentes, funcionarios, funcionarias, apoderados y apoderadas.

En ese sentido, valoramos el esfuerzo para hacer viable el traspaso desde los municipios a los nuevos servicios locales de educación pública, retrasando su implementación, y valoramos aún más que hoy votemos una batería de modificaciones dentro de las cuales hay mejoras a las condiciones laborales de profesores, profesoras y asistentes de la educación, muchas veces olvidados en el debate educativo.

Hablo de compensar a los asistentes de la educación con bonos por el retraso que se produce en el traspaso a los nuevos servicios locales de educación pública; hablo de agilidad necesaria y de facilidades a los trabajadores y trabajadoras para obtener el bono de incentivo al retiro, considerando además como prioridad situaciones de salud que se vienen arrastrando desde hace años y que no han sido abordadas por el sistema en su conjunto; hablo del levantamiento de la retención de la subvención escolar a los sostenedores que incumplan con el pago de las cotizaciones, para que sea el mismo Ministerio de Educación quien las entere debidamente.

Además, como exdirigenta del gremio docente, valoro que hoy se reconozca el derecho a las horas gremiales para dirigentes y dirigentas del Colegio de Profesores, desde el nivel comunal hasta el nivel nacional, así como también otros ajustes que son indispensables en la labor educativa.

Aprobaremos esta ley en proyecto, porque es urgente y necesaria, y debemos avanzar en la desmunicipalización, generando condiciones laborales justas para profesores, profesoras y asistentes de la educación, que son quienes harán posible la recuperación de la educación pública en cada colegio y liceo del país.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro. Le agradezco que esté presente en esta discusión.

Creo que este es un proyecto de ley que viene a compensar y a reconocer el trabajo de cientos de funcionarios y funcionarias de la educación.

Todos sabemos que el traspaso de la educación desde los municipios a los servicios locales de educación pública (SLEP) no se ha llevado a cabo de la mejor manera. No ha sido cómo se prometió y se ilusionó a tantas personas. Por consiguiente, más que beneficios, muchas veces ha traído un retroceso, sobre todo en los ingresos.

Me alegro de que este bono de incentivo al retiro venga en el momento justo, porque muchas veces ha habido funcionarios, asistentes de la educación y profesores que han fallecido esperando este bono. Recordemos que todavía hay una deuda desde el año 2017. Entonces, nos debemos hacer parte en forma muy responsable del reconocimiento a estas personas, hombres y mujeres que hacen un tremendo trabajo.

No es fácil trabajar en la educación. Hay que tener mucha vocación de servicio. Por eso, cada vez que tengamos proyectos como este, debemos apoyarlos.

No me cabe ninguna duda de que, al regular las horas gremiales y al entregarles las vacaciones que realmente se merecen, estos funcionarios y funcionarias van a tener un reconocimiento a su labor.

Creo que eso es parte de lo que nosotros como sociedad le debemos al mundo de la educación, porque son ellos los que pasan horas y horas trabajando para fortalecer un sistema educativo que, si bien es cierto con los años ha tenido cierta mejora, no es lo que realmente todos necesitamos.

Debemos tener presente el reconocimiento a los jardines infantiles vía transferencia de fondos (VTF), el reconocimiento a cada una de las personas que están en este sistema y, sobre todo, que en estos temas tan importantes el Senado haya acogido las solicitudes de tantas personas a nivel nacional.

Reitero: tenemos que estar a la altura y tenemos que hacer que la educación definitivamente sea el pilar fundamental, porque ahí está el crecimiento, el avance y la futura proyección de nuestro país. Sin lugar a dudas, eso debe nacer desde una base que tiene que ser muy sólida, que es el recurso humano. Si no tenemos en condiciones adecuadas al recurso humano, es decir, a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación, definitivamente no podremos proyectar una educación como corresponde.

Así que, lógicamente, nosotros vamos a aprobar este proyecto y vamos a seguir apoyando a todos y cada uno de los que trabajen en nuestra educación.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señorita Presidenta, particularmente, quiero detenerme en uno de los aspectos de este proyecto de ley misceláneo que dice relación con la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados.

Durante el año en curso me han llegado varias denuncias de mamás y papás que tienen a sus hijos en colegios particulares pagados, personas que tienen buena situación económica, pero que tienen que pasar por la humillación de muchos establecimientos que discriminan a sus hijos e hijas, que incluso intentan burlar la normativa cobrando precios en exceso y que ocupan todo tipo de artimañas para ir “descremando” sus establecimientos, para sacar a los niños y niñas con necesidades de educación especial.

Creo que este punto en particular es tremendamente relevante, porque, por ejemplo, plantea que en caso alguno se podrá cancelar la matrícula, que es una situación que también se ha venido denunciando; que no se pueden realizar cobros adicionales y que tampoco se puedan suspender o expulsar alumnos por presentar dichas necesidades educativas especiales.

En general, este es un proyecto de ley misceláneo que aborda diversas temáticas, pero en este y otros aspectos de carácter laboral terriblemente sentidos por trabajadores y trabajadoras de la educación por mucho tiempo me parece que son cuestiones sobre las cuales no puede haber ninguna duda en esta Cámara de Diputados.

Por lo tanto, tenemos que concurrir con nuestro voto favorable, porque necesitamos urgentemente plantearnos una forma de Estado en torno a la educación que nos permita ponernos al día en un montón de situaciones, particularmente respecto de la entrada en vigencia de los servicios locales de educación pública y su distribución geográfica, de manera que estos nuevos servicios vengan a ser una solución de los problemas de la educación pública y no a establecer nuevas trabas o barreras burocráticas que perjudiquen la gestión de las comunidades educativas.

He dicho.

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al ministro de Educación.

He escuchado con atención que el principal capital de la educación son las personas, especialmente aquellas que trabajan en diferentes ámbitos de la educación.

Los servicios locales de educación pública -cuestión que venimos discutiendo desde el período anterior- han sido un total fracaso, pues están dejando a mucha gente cesante y no ha habido preocupación por buscar una solución a esta situación.

Por su intermedio, Presidenta, le quiero recordar al ministro que existe la ley de inclusión laboral, que establece de manera muy clara que todos los estamentos públicos deben contratar a una persona con discapacidad; sin embargo, el Ministerio de Educación no tiene a ninguna persona en esa condición; no tiene personas con discapacidad contratados por la ley de discapacidad y cumplimiento de la normativa ministerial de inclusión, que obliga a que el 1 por ciento de los trabajadores o funcionarios contratados sean personas con discapacidad, que, por cierto, tengan las facultades para desempeñarse en los diversos cargos. Pero el Ministerio de Educación despide a los discapacitados, a profesionales idóneos que desempeñan diversos roles en este servicio público.

Es el caso del doctor y profesor graduado en su especialidad, quien estuvo a contrata, en grado 13, en la Dirección Nacional de Educación durante cuatro años, a cargo del Programa Retención Escolar. Sabemos que son miles los niños de educación básica, media y también preescolar de quienes nada se sabe; sin embargo, el profesor que coordinaba el programa en cuestión, que busca resolver el problema de la deserción escolar, fue despedido, poniendo fin a su contrato y al convenio de colaboración con dos universidades acreditadas en nuestro país. Lo que parece todavía más arbitrario es que, además de no cumplir con lo establecido en la ley de inclusión laboral, se despida a un profesor competente en condición de discapacidad, afectando toda su carrera profesional. Ante esto, se apeló ante la Contraloría General de la República y se notificó al Presidente de la República y al Ministerio de Hacienda, pues ahí están los recursos.

Por su intermedio, señorita Presidenta, le pido al ministro que revise y evalúe este caso, porque hay una ley, hay un convenio y también hay financiamiento para aquello.

Apelo por ese profesor, pero también por todas las personas discapacitadas que trabajan en algún servicio público y que están siendo despedidas con argumentos poco reales.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al ministro de Educación.

Esta iniciativa la despachamos el 9 de agosto en primer trámite constitucional, y demoró un poco más de tres meses en volver. Se trata de un proyecto de ley miscelánea, necesaria para abordar distintos problemas que tenemos en el ámbito educacional. Quienes recorremos las comunas y escuchamos a los alcaldes sabemos que los servicios locales de educación pública han tenido dificultades. Tenemos municipios con mucho déficit financiero, y esto viene a acompañar ese proceso.

Todos estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar la calidad de la educación, y en este contexto aparece la idea de crear los servicios locales de educación pública como alternativa al modelo de educación municipalizada, a petición de los propios municipios, que han visto sus limitaciones para administrar un área tan sensible como es la educación, para promover el desarrollo de las personas, el mejor uso de los recursos y con eficiencia en el aparato productivo local.

En ese contexto, el proyecto busca mejorar la implementación de determinados procesos especialmente relevantes para el sistema educativo y que no han podido desarrollarse adecuadamente o que cuentan con un rezago importante. Me refiero a la adecuación de las dotaciones públicas mediante la aplicación correcta y el tiempo de los planes de retiro, a la implementación de los servicios locales de educación pública en los tiempos que se han fijado.

Valoro que se levanten las retenciones de subvención por deudas previsionales -me alegro por los municipios de Lota, Yumbel y Hualpén-, y que les cobran doblemente la Subdere y la Tesorería General de la República. Un municipio pobre, como el de Lota, que tiene un déficit cercano a los 5.000 millones de pesos, con una doble retención, no tiene para pagar los sueldos. Por eso, mes a mes se está pidiendo apoyo al ministerio.

También valoro lo que hizo el subsecretario de Educación de entonces, Nicolás Cataldo , porque fue positivo al levantar una necesidad, transformarla y llevarla a esta materia.

Señorita Presidenta, por su intermedio, les pido a los ministros -especialmente al de Hacienda- que abordemos un nuevo modelo de subvención escolar, enfocado en los límites de edad en la educación especial, porque los niños son sacados y echados del sistema escolar cuando cumplen 24 o 26 años. Lo vimos en pandemia, con todo el estrés que generó a las familias. Los alumnos tuvieron que salir del sistema, porque se les echaba, sin importar qué pasaba con su realidad.

En localidades rurales y en zonas extremas se cierran colegios, pero no nos hacemos cargo de la realidad del transporte rural. Por eso, hay que tener una mirada más amplia.

Valoro este proyecto de ley miscelánea, aunque todavía nos quedan brechas y rezagos, especialmente en las zonas aisladas y rurales.

Apoyaremos este proyecto, toda vez que aborda lo urgente, pero nuestro compromiso es seguir mejorando el sistema de educación pública.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, pediremos votación separada del artículo 3, numeral 1, porque creemos que es insostenible otorgar más flexibilidad a los dirigentes en su gestión sindical.

Seamos sinceros. ¿Para qué quiere más tiempo el Colegio de Profesores? Para algo muy sencillo, ministro: para hacer política y contagiar ideológicamente, desde su perspectiva de izquierda y desde sus intereses particulares y no gremiales. Para eso quieren más tiempo los dirigentes del Colegio de Profesores.

Mi voto no estará disponible para que sigan haciendo política, en lugar de dedicarse a lo fundamental, que es estar en el aula y atender a los alumnos.

Ministro, le recuerdo que el Colegio de Profesores fue el principal responsable del drama académico de más de 50.000 niños que han abandonado el sistema escolar, toda vez que fue el principal opositor al retorno seguro a clases. Incluso, intentaron acusar constitucionalmente a un ministro por querer que los niños retornaran a clases. Para eso quieren más tiempo los dirigentes del Colegio de Profesores.

Ministro, juéguesela por los intereses de los alumnos y no por los intereses políticos de un gremio que contamina ideológicamente el sistema escolar.

Por eso, votaremos en contra de flexibilizar los tiempos que los dirigentes sindicales del Colegio de Profesores quieren para su gestión, porque creemos que los profesores deben y tienen que estar en el aula y no haciendo política fuera del aula.

Nuestros niños requieren con urgencia que los profesores, particularmente los dirigentes, se ocupen del rendimiento escolar más que de estar haciendo política, como sistemáticamente lo ha hecho el Colegio de Profesores, particularmente sus dirigentes.

Por eso, votaremos en contra este artículo, porque queremos al profesor en el aula y no…

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, diputado.

Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, estoy escuchando el llamado a los diputados y diputadas mediante los timbres, pero en verdad es vergonzoso que cuando estamos discutiendo aspectos relevantes de la educación pública, en esta Sala haya menos de 37 parlamentarios. Es vergonzoso y me produce mucha preocupación.

Por ello, pido que en reunión de Comités se solicite la presencia de los parlamentarios en la discusión de estos temas que son tan relevantes.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Así lo haremos, señor diputado. No obstante, también es importante aclarar que hay tres comisiones sesionando en forma simultánea con la Sala, las cuales tienen autorización para hacerlo. Me refiero a las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, de Hacienda y de Salud. Esa es la razón, en parte, de la disminución de la asistencia a la Sala.

De todas maneras, se están tocando los timbres para llamar a los diputados y diputadas, y también se hará el llamado correspondiente en la reunión de Comités.

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, a usted, que es tan estricto con el Reglamento, le pido que lo aplique. Tenemos 36 diputados y diputadas en la Sala. Hay tres comisiones trabajando, pero le aseguro que en ellas no están los trece parlamentarios que las integran. Y aunque estuvieran con su asistencia completa, también deberíamos tener el quorum mínimo en la Sala.

Por ello, señor Presidente, le pido, una vez, desde este rinconcito, que aplique el Reglamento.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, la verdad es que hay que tener bastantes cojones en la política para criticar públicamente a una organización tan valiente y con un historial escrito con sangre, como es el Colegio de Profesores. Nadie en Chile, ¡nadie!, puede negar el rol fundamental que desempeñó en los tiempos de dictadura el Colegio de Profesores para recuperar la democracia. Por lo tanto, hay que tener mucho respeto para criticar a una organización de esas características y con esa trayectoria.

Votaré a favor este proyecto, porque creo que es un buen proyecto, que reconoce a los trabajadores y trabajadoras de la educación; no solo al profesorado, sino también a los asistentes y a todos quienes participan en este frente productivo, porque es productivo. Un país que no se educa, como decía Luis Emilio Recabarren , está condenado a vivir en la esclavitud. Por eso, es importante que los cambios revolucionarios en la educación se ejecuten lo más pronto posible.

Entiendo que este es un proceso, y el sistema educativo chileno no se va a solucionar de la noche a la mañana. Pero yo fui uno de los que votó -prácticamente el único- en contra de ampliar el plazo de traspaso. Estoy de acuerdo con el traspaso, pero hay situaciones muy particulares, como ocurre en la Región de Aysén, en las comunas de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane , donde los municipios no dan más con la administración debido a las deudas que tienen.

Por ello, pido al ministro, por su intermedio, señor Presidente, que revise la situación de esas tres comunas de mi región -no de todas-, que están pidiendo a gritos que se haga el traspaso este año. Entiendo que hay otras partes del país que también están solicitando lo mismo.

En el caso de las comunas de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane el sistema está colapsado.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio le digo al señor ministro que apoyaremos aquellos aspectos positivos de este proyecto de ley, en materia de inclusión, también los beneficios que se conceden a los trabajadores del transporte y alimentación al considerárselos auxiliares de los asistentes de la educación y aquellos beneficios que están pensados en los trabajadores de la educación.

Sin embargo, ministro, me opondré con convicción a aquello que considero una agenda ideológica y que sigue postergando lo que realmente nos debe movilizar, que es la educación pública.

La semana pasada votamos un proyecto de ley de reajuste que permite reasignar el 10 por ciento de los recursos originales destinados a los estudiantes prioritarios y preferentes SEP a los servicios locales de educación en contratación, pago y gastos de funcionamiento de estos. Se les quita la plata a los niños para pasársela al Estado.

Antes de eso, votamos el proyecto de ley de presupuestos del sector público, que redujo la inversión en mejoramiento de la calidad de la educación escolar, a la vez que inyectaba más dinero a las universidades estatales. Nuevamente, se les quitó la plata a los niños para pasársela al Estado.

En octubre, nos hicieron votar con máxima urgencia la iniciativa que buscaba suspender la evaluación docente; antes de eso, nos hicieron votar un proyecto que buscaba permitir que siguieran funcionando los establecimientos educacionales que habían sido considerados por más de cuatro años seguidos como insuficientes, y, antes de eso, esta ley miscelánea que insistía en seguir eliminando mediciones y evaluaciones de cumplimiento de los objetivos educacionales. ¿Y los niños cuándo, ministro? ¿Hasta cuándo debemos esperar para que el ministro de Educación se haga cargo de la crisis de la educación pública, de la pérdida de aprendizaje y del terremoto educacional que amenaza el futuro de miles de niños, especialmente de los más vulnerables y con menos oportunidades?

Tenemos el récord OCDE de establecimientos que estuvieron más tiempo cerrados, y, no contentos con eso, ahora tenemos un nuevo récord de un ministro cuya única bandera es la de darle el gusto al Colegio de Profesores con este proyecto que busca obligar a los establecimientos a conceder a los dirigentes del Colegio Profesores, y exclusivamente a ellos, permisos por la mitad de la jornada laboral para que se ausenten de sus labores. ¡Los profesores en las salas de clases, no haciendo política!

¿Qué ocurre con la recuperación del aprendizaje? El ministro anunció un plan de recuperación por un total de 250.000 millones, pero eso no tiene correlato alguno con la ley de presupuestos. La única parte de dicha ley que hace mención a la recuperación es el Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública, que no es por 250.000 millones de pesos, sino por 9.000 millones de pesos anuales, que no son más de 9.000 pesos anuales por estudiante de la educación pública. ¿Así nos hacemos cargo de la crisis? Lamentablemente, la indiferencia ya es una tendencia.

Ministro, por intermedio del señor Presidente, pediré votación separada y rechazaré aspectos del proyecto, porque no podemos permitir que los intereses gremiales y la agenda ideológica sigan postergando a la infancia. Preséntennos un plan y contarán con toda nuestra colaboración, pero por favor hagámonos cargo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider .

La señorita SCHNEIDER .-

Señor Presidente, quiero ser bastante breve en mi intervención.

Por cierto que el proyecto de ley que estamos discutiendo no aborda los problemas estructurales de la educación. En este Congreso Nacional se han puesto en discusión distintas iniciativas para abordar la reactivación educativa de manera efectiva, así como la necesidad de fortalecer la infraestructura de la educación pública, entre otras. Pero este proyecto viene a hacerse cargo de algo que es urgente, porque hay falencias y vacíos en la regulación en educación que afectan y cargan aún más la mochila a las y los trabajadores de la educación, a las y los profesores.

He escuchado que tanto el diputado Guzmán como el diputado Bobadilla han señalado que quieren a las y los profesores en el aula. Les quiero decir, por intermedio del señor Presidente, que las y los profesores quieren estar en el aula, pero quieren estar con derechos laborales, con dignidad y, por supuesto, con la posibilidad de desempeñar su trabajo con todas las condiciones que merece cualquier trabajador o trabajadora.

Aquí se ha hablado de que no estamos pensando en los niños y niñas; pero ¿cómo se educa a los niños y niñas sin profesores y profesoras? ¡Es imposible! También he escuchado en esta Sala decir que hay un compromiso con los beneficios que traerá esta futura ley miscelánea a las y los trabajadores de la educación, pero hay algunos que buscan hacer un punto político para rechazar algunos aspectos de este proyecto. Yo les pregunto: ¿hasta cuándo vamos a seguir retrasando el trámite de esta iniciativa?

El semestre pasado partimos discutiendo esta ley miscelánea. Lo que no le están diciendo a la ciudadanía que nos ve es que cuando ustedes rechacen una norma de esta iniciativa para hacer su punto político, este proyecto pasará a otro trámite legislativo, y las municipalidades, los liceos y las escuelas de nuestro país van a seguir esperando. ¡Hasta cuándo ustedes le dicen que no a las comunidades educativas!

Me quiero detener en algunos puntos. Las horas gremiales son necesarias, y las y los profesores y trabajadores de la educación tienen derecho a organizarse. Aquí no se les está dando ningún privilegio ni ningún gustito ideológico: se está igualando la ley; se está igualando la condición de las y los trabajadores de la educación, en este caso, de profesores y profesoras, a la del resto de integrantes de las asociaciones funcionarias, a la del resto de los gremios y sindicatos.

Respecto de los centros de formación técnica, esto fue aprobado por RN en el Senado, y ampliar el período de acreditación para los CFT es clave para que estos se instalen y puedan desempeñar bien su trabajo.

Respecto del bono al incentivo al retiro, ¿cuánto más vamos a hacer esperar a las y los profesores que se están muriendo, que siguen en el aula hasta una edad en que nadie debería trabajar, porque el Estado no ha podido entregarles ese beneficio? Los gobiernos anteriores no se hicieron cargo de eso. Este gobierno tiene un mecanismo para efectuar aquello más rápido, para que en serio les lleguemos a entregar un beneficio, a entregar dignidad a las y los trabajadores de la educación. La dignidad de las y los trabajadores de la educación es clave para que los niños y niñas reciban una educación de calidad.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano .

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar al ministro de Educación, a quien felicito por su intervención, porque pone en el centro todo lo que ya hemos trabajado tanto en la Comisión de Educación como en el Ministerio de Educación, poniendo en el centro las principales necesidades educativas que existen en nuestro país.

Suscribo las palabras de la diputada Schneider , entendiendo que esta futura ley miscelánea es uno de los problemas del que nos deberemos hacer cargo. Si bien estos no son problemas estructurales sí significan las modificaciones inmediatas, que deben ser rápidas, entendiendo lo que aqueja hoy a las comunidades educativas. Se trata de comunidades que se vieron bastante afectadas, porque en esta Sala -al parecer hay que recordarlo, hay que ser insistente- hay muchos diputados y diputadas que quieren hacer un punto político, especialmente -por intermedio del señor Presidente- el diputado Bobadilla , cuando señala que los profesores y los gremios de la educación están llevando a cabo una disputa ideológica por exigir sus derechos laborales, por exigir volver a clases con condiciones mínimas. Acá hay que recordar que el gobierno anterior no fue capaz de garantizar esas condiciones mínimas. Es por eso que los gremios pusieron exigencias para que los niños, las niñas, los asistentes de la educación, los profesores y profesoras volvieran a clases. Y no me parece que hoy se esté echando abajo un proyecto de ley miscelánea solamente por darse el gustito, porque no les agrada la palabra “sindicato”, de no reconocer las horas gremiales, cuando los profesores también se pueden organizar para exigir su dignidad.

Quienes promueven echar abajo una iniciativa que tiene todo el sentido en cuanto a las urgencias por las que hoy atraviesa la educación pública no están poniendo a los niños y niñas por delante.

Necesitamos que este proyecto se tramite rápido. Acá veo al diputado Hugo Rey , con quien comparto en la Comisión de Educación y con el cual coincido en cuanto a señalar que debemos tramitar rápidamente esta iniciativa, porque se trata de las necesidades de una educación pública que se vio afectada en la vuelta de la pandemia por años de abandono.

Creo que el Congreso Nacional también se debe poner a tono con la responsabilidad de colocar estas urgencias como parte de lo importante.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, sin duda que vamos a apoyar algunos aspectos positivos de este proyecto, sobre todo aquellos que dicen relación con los beneficios a los trabajadores de la educación, en especial la postergación de la entrada en vigencia de los servicios locales de educación pública.

Sin embargo, mi voto no estará disponible para los permisos al Colegio de Profesores, que fue uno de los principales responsables de la postergación de la incorporación de los alumnos a clases, que hoy nos tiene con una deserción escolar de más de 50.000 estudiantes.

Sin lugar a dudas, hay que hacerse cargo de este flagelo, porque no solo se trata de 50.000 estudiantes con problemas de deserción escolar, sino que también tenemos a más de 200.000 alumnos con problemas de asistencia.

Llegó el momento de hacerse cargo de esta situación. El gobierno debe asumir, de una vez por todas, este asunto, que es el principal problema que hoy afecta a la educación en Chile. Y hacerse cargo significa ir reconociendo lo que hicieron cuando eran oposición.

Aquí se ha hablado de un punto político. Bueno, recordemos que se dieron un gustito acusando constitucionalmente al entonces ministro Figueroa , quien se la jugó por un retorno voluntario y seguro a clases.

Pero los que hoy forman parte del gobierno, junto con el Colegio de Profesores, fueron quienes constantemente se negaron a ello. Estos apellidos quedarán en la historia como los causantes de este daño incalculable a miles de estudiantes, y que ya los sabemos: Boric , Vallejo , Jackson .

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los colegas.

Tenemos aquí un proyecto de ley que ya había pasado por esta Sala y que comprende diversos elementos, pues busca regular y resolver varios conflictos que tenemos de asuntos menores, de aplicación, de plazos, lo que es beneficioso. Pero, a la vez, en el Senado se introdujeron algunos otros elementos que no estaban en el proyecto original, que nos hacen ruido.

Por ejemplo, esta iniciativa resuelve hartas cosas: pospone el traspaso de los colegios desde las municipalidades a los SLEP; resuelve cuestiones menores; otorga el bono de retiro voluntario, que incluye a la educación parvularia; lo relativo a la subvención por deudas previsionales y el pago directo por parte del Ministerio de Educación; el feriado legal para profesionales de la educación en inverno; posterga la acreditación de los CFT de seis a diez años, lo que no nos parece favorable.

Asimismo, la inclusión de estudiantes con discapacidad; también incluye como auxiliares de la educación a los que realizan labores de transporte de estudiantes y alimentación, que ha sido un reclamo durante mucho tiempo; el bono de los asistentes de la educación que no han sido traspasados a los SLEP por esta postergación, con un costo de 3.699 millones de pesos para el fisco.

De igual modo, el ministerio se compromete a entregar un proyecto sobre evaluación docente para el primer trimestre del próximo año. No obstante haber sido solo suspendida, aquí se va a entregar una nueva propuesta de evaluación.

Hay otro elemento, que está en el artículo 3 del proyecto, relativo a lo que ya han hecho referencia otros colegas: la obligación por parte de los sostenedores de otorgar a los dirigentes nacionales del Colegio de Profesores los permisos necesarios para ausentarse de sus labores para cumplir funciones gremiales por un período no inferior a 22 horas semanales, tiempo de permisos semanales acumulables por cada dirigente dentro del mes calendario. Nos parece que dicha norma no estaba dentro del proyecto, no fue discutida en la comisión y no se condice con los tiempos. Este es un gremio poderoso, al cual se estaría beneficiando por sobre otros, lo que constituye un acto de discriminación. ¿Qué ocurre con los demás gremios? ¿Qué ocurre con los otros trabajadores agrupados que no podrán gozar de este mismo beneficio? Nos parece que ello no corresponde.

Además, hasta ahora dicho gremio ha podido desempeñar sus funciones sin gozar de este beneficio extraordinario sin ningún problema y con mucha influencia en la sociedad y en la toma de decisiones de este gobierno.

Por ello, hemos solicitado votación separada del artículo 3, para que sea rechazado por cuanto no lo consideramos oportuno ni que beneficie a esta labor.

Hay otras normas que no nos parecen beneficiosas, pero para permitir otra normativa favorable nos vamos a abstener de votar en contra todo el párrafo. Así, tendremos luego una norma y no se retrasará más esta tramitación.

Por lo expuesto, solicito rechazar el artículo 3 en una votación separada.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señor Presidente, sin duda, en educación estamos atrasados y en deuda. Por supuesto, este proyecto viene a subsanar algunos aspectos que se demandan desde hace muchos años.

La educación necesita una reestructuración profunda. Acá nos disociamos, romantizamos la educación y a los profesores, pues todos en nuestra memoria tenemos el recuerdo de algún profesor que nos cambió nuestro destino con la educación, la creación de conciencia e inculcándonos valores. Pero al momento de hablar de derechos, de tratar a los profesores como trabajadores de la educación somos tremendamente abusivos: no hemos reconocido las horas que ellos incluyen en planificación, en revisión, que por supuesto son muchas más de las que están en el aula.

Asimismo, si hablamos de los gremios, y como exdirigente sindical, quiero decir que trabajar por los trabajadores y lo concerniente a derechos laborales debe ser incluido en la jornada de trabajo, porque es un aspecto netamente laboral. Muchos de los dirigentes incurrimos en ocupar horas familiares y personales para ejercer nuestra función, y eso no debe ser.

Ahora, si decimos que el Colegio de Profesores es robusto, con incidencia y que tiene mucho poder, eso es una falacia. Lo señalo, porque si dicha organización tuviera tal poder, los sueldos de los trabajadores de la educación, las condiciones de trabajo de los profesores y las profesoras, y la infraestructura de los colegios estarían a la altura.

Por ende, hoy el abuso sistematizado hacia los profesores y profesoras se debe acabar. Para eso hay que concordar un trabajo con los gremios, a lo cual los dirigentes y las dirigentas necesitan dedicar tiempo.

Por otra parte, tenemos que acostumbrarnos a que el debate de toda política pública sea con los trabajadores, con las empresas privadas y con el Estado, para que esté a la altura de la crisis que debemos resolver. Hoy no podemos tener solamente una mirada, más aún cuando la educación se ha convertido en lucro y en un negocio, que es de donde la debemos rescatar.

En la actualidad hemos tenido largas huelgas de trabajadores del Inacap, del Instituto Santo Tomás, instituciones que no dejan a sus estudiantes ni a sus trabajadores organizarse. Esa es una política añeja, obsoleta.

Para discutir políticas públicas y todo el futuro de nuestro país hay que considerar a los trabajadores, a los estudiantes, a las comunidades estudiantiles, por supuesto al Estado y también a los privados. Todos tienen el mismo derecho a opinar, a resolver, a incidir y a ser vinculantes con las políticas que se deben desarrollar.

Por esto, y conociendo bien el trabajo del gremio de las profesoras y los profesores para mejorar sus condiciones, es necesario reconocer derechos laborales.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, habiendo sido miembro de un sindicato y siendo miembro de un sindicato, quiero decir que en países más civilizados que el nuestro no se paga por el tiempo en que uno está trabajando por los intereses gremiales. Y no se paga por una razón muy sencilla: porque el dinero que se percibe como sueldo es a cambio de una contraprestación y cuando un dirigente sindical no entrega esa contraprestación, no se está ganando las lucas. En este caso específico, la contraprestación es educar a los niños. ¡Es educarlos!

El Colegio de Profesores y los profesores tienen como misión, cuando están empleados, educar a los niños.

Entonces, ampliar esa normativa -me dirán que en otros ámbitos ya existe este tipo de normativa- a los profesores lo que hace es solo ampliar una normativa que es negativa por el impacto que significa en el servicio que se entrega.

Estoy convencido de que los profesores que integran el Colegio de Profesores son lo mejor que tiene ese gremio para ofrecer y, por lo tanto, su ausencia de las salas de clases es probablemente un tremendo daño para los niños, a los cuales aquí dicen tanto defender.

Ahora bien, también sabemos que el Colegio de Profesores es un órgano gremial que ha sido altamente politizado. Y me pregunto si esa es la razón por la cual se pretende entregar esta facilidad para que sus dirigentes se dediquen más a la política, como lo han hecho hasta ahora, que a entregar educación a los menores.

Por eso, de acuerdo con la recomendación de mi colega Stephan Schubert , votaré en contra de este párrafo.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

No hay más inscritos para intervenir. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece normas para promover la prevención y rehabilitación de las discapacidades, así como la plena inclusión social de las personas con hipoacusia, correspondiente a los boletines Nos 14455-35 y 14504-35.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 71ª de la presente legislatura, en miércoles 7 de septiembre de 2022, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señor Presidente, me alegro de poder apoyar un proyecto de ley que amplía los beneficios para la comunidad de personas con discapacidad auditiva, en especial a quienes sufren de hipoacusia u otra condición similar.

Como sociedad vamos avanzando hacia una mayor comprensión de los matices que existen en el mundo de las discapacidades y este proyecto es un paso más para entender, de mejor manera, que perder una parte o la totalidad de la audición enfrenta a las personas a un mundo totalmente distinto del resto.

Los beneficiarios de esta ley viven en carne propia las dificultades de atenderse en un sistema público que aún no garantiza el acceso igualitario a la salud. En Chile, se estima que son más de 700.000 personas las que presentan algún grado de pérdida de audición y que llevan esperando muchos años por este hito legislativo.

Por ellos, manifiesto mi voto a favor de esta iniciativa.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señor Presidente, el proyecto de ley propone la creación de un nuevo cuerpo normativo, estableciendo medidas de prevención, rehabilitación e inclusión social para las personas con discapacidad auditiva, concretamente para las personas sordas, diagnosticadas con hipoacusia o con otra condición similar.

En este sentido, valoro en este proyecto, especialmente, el consagrar como deber del Estado garantizar la igualdad de oportunidades, facilitando los medios necesarios para una existencia autónoma en la vida personal, familiar y social de las personas sordas o con dificultades auditivas, así como asegurar las prestaciones y dispositivos médicos que requieran para su efectivo tratamiento o terapia.

En este sentido, el proyecto incluye una innovación importante, pues contempla también a las familias de las personas con discapacidad auditiva o sordas, al considerar la provisión de insumos para el aprendizaje de la lengua de señas chilena para las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva. Son las familias las primeras responsables del desarrollo de las personas que sufren sordera, por lo que es indispensable no solo relevar su importancia, sino también considerarlas en el tratamiento y educación de ellas.

Tales propuestas nos parecen imprescindibles. Por tal motivo, manifiesto mi voto entusiasta a favor de este proyecto, el cual aprobamos por unanimidad y de manera transversal en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, quiero consultar si este proyecto tiene el respaldo del Ejecutivo y si pasó por la Comisión de Hacienda.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Señor diputado, no cuenta con informe de la Comisión de Hacienda.

El señor KAISER.-

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señor Presidente, naturalmente, voy a apoyar de todo corazón esta iniciativa. Detrás de la diputada Érika Olivera he estado comunicándome con una persona a la que hay que levantar un monumento en todo Chile, porque es la que ha persistido en el objetivo de que seamos conscientes de la hipoacusia o sordera. No sé a qué otras formas de trastorno auditivo se refiere el proyecto. La hipoacusia es el nombre elegante, en esta siutiquería que se ha instalado últimamente en Chile, de la sordera, de la antigua, vieja y querida sordera.

Escuchar es un derecho inalienable, aunque en Chile se ha postergado por décadas, por no decir siglos, a las personas sordas. Los audífonos son extraordinariamente caros. Un audífono que vale dos dólares en China, en Chile vale un millón de pesos.

Me encantó la pregunta del diputado Kaiser en cuanto a si esta iniciativa tiene el respaldo del ministro de Hacienda y si va a tener financiamiento. Con mucha franqueza, estoy harta de votar cuestiones que quedan solo en el papel, porque después no se pueden concretar al no tener financiamiento o porque los recursos están destinados a otras cosas. Hay una suerte de valores trastocados y de repente parecen ser más importantes los árboles sintientes o las personas menstruantes y no los hipoacúsicos o sordos, quienes no solamente no escuchan, sino que muchos de ellos desarrollan paranoia, porque como escuchan mal, interpretan mal la realidad y se terminan volviendo locos.

Por lo tanto, voy a aprobar este proyecto con la esperanza de que tenga financiamiento y que sea una solución verdadera.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, revisando el proyecto de ley, concuerdo con la doctora María Luisa Cordero , nuestra colega, y me da una profunda vergüenza que no esté presente el Ejecutivo. A decir verdad, me llama poco la atención, aunque le moleste a la gente de las bancadas de enfrente, pero el ministro Giorgio Jackson visita tarde, mal y nunca las comisiones que discuten proyectos que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, su ministerio, y se ausenta de las discusiones.

Yo lo lamento, porque les estamos generando una falsa expectativa a las personas discapacitadas por sordera o hipoacusia. Basta con leer el artículo 1 de este proyecto de ley, que señala que el Estado deberá garantizar, sin discriminación de rango etario, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad auditiva, sordas, diagnosticadas con hipoacusia.

¿Qué es garantizar? Garantizar es que efectivamente el Estado dote de recursos para que esas personas puedan incorporarse de la mejor forma posible al quehacer nacional y de una vez por todas se integren a la sociedad.

No basta con poner lenguaje de señas en los canales de televisión; no basta con declarar que somos un Estado bueno y acogedor. Tenemos que financiar la rehabilitación; tenemos que darles la oportunidad a esas familias que, como muy bien se ha señalado aquí, son las primeras rehabilitadoras de cualquier persona que tiene discapacidad, no solo en este campo.

Entonces, finalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir engañando al mundo de la discapacidad? Los autores del proyecto no han presentado un texto populista; esa actitud es propia del Ejecutivo, que se ha ausentado de la discusión y no ha dotado a la iniciativa de financiamiento, lo que, como muy bien dijo la doctora Cordero , equivale a botarla al tacho de la basura.

Los discapacitados de Chile no se merecen este trato; los chilenos, en general y en particular, no nos merecemos este trato. Estamos haciendo una muy mala gestión parlamentaria en este tema.

Me llama poderosamente la atención que las comisiones no puedan determinar que ciertos proyectos sean examinados por la Comisión de Hacienda, sobre todo considerando que los proyectos son inviables si no cuentan con informe económico. Sería bueno que el Presidente, dentro de sus atribuciones, revisara ese punto.

Votaremos a favor la iniciativa, porque, obviamente, no podemos quedar mal con las familias, pero todos quienes estamos aquí sabemos que por culpa del gobierno, que no tiene a ningún ministro sentado aquí escuchando el debate, esto no va a ser real.

Hago un llamado al Presidente Boric , al ministro Jackson , a todo el Ejecutivo y a los parlamentarios que dicen apoyar al Ejecutivo y que quieren transformar Chile, para que ojalá en el segundo trámite constitucional, en el Senado, el gobierno patrocine este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, hago mías las palabras del diputado Francisco Undurraga .

Se nos pide votar un proyecto de ley que, así como está formulado, sin el respaldo del Ejecutivo, es absolutamente declarativo. Creo que es una mala señal para Chile que le prometamos cosas a la gente que después, desde el punto de vista financiero, no se cumplen. También existe una mala gestión de esta Cámara, porque, dado que este proyecto irroga gasto y no cuenta con el respaldo del Ejecutivo, es inconstitucional.

El apoyo a este proyecto es absolutamente transversal. ¿Cuál es el problema del Ejecutivo para hacerse presente, hacerse parte, generar un informe, pasar esto por Hacienda y entregarle al pueblo de Chile un instrumento efectivo para auxiliar a aquellos que este proyecto dice querer ayudar?

Honestamente, este gobierno ha hecho cualquier cosa menos gobernar; es poco lo que ha trabajado aquí con nosotros en materia legislativa. Sin embargo, también tengo que decir una cosa: es un error legislativo que la comisión haya examinado este proyecto en estas condiciones, sin pedir el respaldo del Ejecutivo. No hay nadie que pueda decir que no sabía cuáles son los problemas que tiene este proyecto. El problema fundamental es de plata.

Entonces, solicito a los presentes, porque esta es una iniciativa transversal, que transversalmente le pidamos al gobierno hacerse parte, respaldar la iniciativa y disponer de los recursos para que el proyecto no termine en el papel, no termine simplemente siendo una declaración de buenas intenciones.

No puedo votar a favor este proyecto así como está, porque es inconstitucional. Espero que el gobierno haga lo necesario para subsanar ese déficit.

He dicho.

El señor MELO.-

Señor Presidente, esta moción está elaborada en función de tres artículos, teniendo el primero de ellos un carácter bien innovador. Los otros dos modifican la Ley que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y la ley de derechos y deberes del paciente.

En la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad trabajamos de manera bien colaborativa. Esta es una temática en la que detrás hay todo un drama social. Por lo tanto, es superimportante que esta Sala pueda avanzar en la aprobación de este proyecto de ley, que, entre otras cosas, establece un marco de derechos para terminar con un conjunto de discriminaciones.

Efectivamente, creo que en el segundo trámite constitucional el gobierno, el Ejecutivo, perfectamente podría hacerse parte de este propósito y establecer un marco de derechos para las personas con discapacidad auditiva que sufren hipoacusia.

No es contradictorio que aprobemos este proyecto de ley en primer trámite constitucional, porque entiendo que cuenta con respaldo transversal al menos de los que trabajamos en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Espero que cuente con ese mismo respaldo cuando se vote en la Sala.

Hago un llamado al Ejecutivo, a los ministerios respectivos, a que avancemos en el financiamiento para el conjunto de medidas que establece la iniciativa, para terminar con las discriminaciones que imponen los sistemas de salud de nuestro país.

Por todas esas razones, la bancada del Partido Socialista votará a favor este proyecto de ley. Esperamos que pase a segundo trámite constitucional y pueda contar con los recursos correspondientes, para avanzar en más políticas de inclusión para las personas con discapacidad.

He dicho.

MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, aquí tenemos un lindo proyecto de ley que se hace cargo de una realidad.

Como ha mencionado la OMS, un 5 por ciento de la población padecería de algún tipo de hipoacusia. Supuse que en Chile podría ser un poco más. Según la información de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, en Chile habría un 32,7 por ciento de chilenos que sufre algún grado de hipoacusia. Por supuesto que no todos padecen la más severa, pero sí tienen problemas de audición. Por lo tanto, esta es una realidad de la cual todos tenemos que hacernos cargo: el gobierno y nosotros.

El problema está cuando legislamos mal. Este buen proyecto de ley no se hizo cargo de algo esencial: el financiamiento. ¿Cómo se van a financiar todas estas asistencias indispensables, asistencias de distinto tipo, que, por cierto, son muy costosas, y todos lo sabemos?

Se señala que el Estado se hará cargo, pero eso lo señala un legislador que no tiene facultades para elaborar proyectos de ley que irroguen gasto al fisco. Así es: es el fisco el que tiene que respaldar este proyecto. No se consiguió ese respaldo. El fisco, hasta este momento, no ha comparecido para patrocinarlo; sin embargo, el proyecto siguió avanzando, al punto de que hoy lo votaremos en Sala.

Es un dilema, porque es un buen proyecto de ley, pero es una mala práctica legislativa. Creo que ahí el llamado es hacia nosotros, a pensar en cómo hacemos nuestra labor y cómo la desempeñamos; en cómo otorgamos más prestigio no solo a nuestra forma de comportarnos, sino también a nuestra forma de trabajar.

Creo que aquí, en buen chileno, nos caímos. Era un buen proyecto que requería de un trámite previo; requería del respaldo del gobierno, que no se consiguió. Por esa razón, estaríamos votando en forma inconstitucional si lo aprobáramos, pero sigue siendo un buen proyecto.

Llamo a los colegas, en especial a quienes formaron parte del proyecto de ley y también a quienes lo votaron en la comisión, a que tomemos esos resguardos, para dar mayor seriedad y mejor resultado a nuestra labor, porque esta ley en proyecto podría ser letra muerta o inejecutable, puesto que no cuenta con el financiamiento. No hay un apoyo ni tampoco un informe de la Comisión de Hacienda que nos permita determinar qué costo tendría esto. Eso es esencial, porque, de lo contrario, es otorgar un derecho sin la facultad de hacerlo exigible y sin la posibilidad real de cumplirlo. El papel aguanta todo, y esa no es la idea.

Nosotros estamos para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y para hacerlo de la mejor forma posible.

Los invito a reflexionar, a que trabajemos de mejor forma y a que elevemos el nivel de nuestro trabajo, para que nuestros compatriotas efectivamente reciban no solo un lindo proyecto, sino uno que también sea ejecutable.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

BOBADILLA .-

Señor Presidente, debo concordar con algunos colegas y, en particular, con la intervención de la doctora María Luisa Cordero , respecto de que muchas de estas buenas iniciativas terminan en el tacho de la basura. ¿Por qué? Porque tenemos cambiadas las prioridades.

Como se ha dicho, aquí debería estar el Ejecutivo, para hacerse cargo de un tema que afecta a un número no menor de compatriotas.

Sin duda, la iniciativa cuenta con la adhesión mayoritaria de esta Sala. Creo que la inmensa mayoría de los chilenos está de acuerdo con un proyecto de esta naturaleza, pero, como se ha dicho, solo va a ser una declaración de buenas intenciones, porque si el Ejecutivo no se hace parte, difícilmente vamos a concretar hechos que redunden en beneficio de las personas que sufren una discapacidad auditiva.

Se dice que el Estado debe garantizar. ¿Y cómo garantiza el Estado? No solo con declaraciones de buenas intenciones, sino con recursos. Los parlamentarios no tenemos la facultad para legislar en iniciativas que impliquen gastos para el Estado.

Por eso, creemos que es muy importante que el gobierno, el Ejecutivo, la ministra o el ministro que corresponda esté presente en la Sala y acoja y patrocine esta iniciativa, porque solo de esa forma vamos a pasar de declaraciones de buenas intenciones a acciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que sufren una discapacidad auditiva.

Por lo tanto, creemos que el gobierno, el ministro Giorgio Jackson y la ministra de Salud debieron haber estado presentes en esta sesión para recoger el clamor de la inmensa mayoría de los chilenos, de manera que como Estado nos hagamos cargo de mejorar la calidad de vida a todas las personas que sufren esta patología.

Sin duda, este proyecto va a ser aprobado, pero va a tener el destino que nos indicó la doctora María Luisa Cordero . Encuentro que eso es lamentable.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para despachar este proyecto a la Comisión de Hacienda, con el objeto de darle tiempo al gobierno para hacerse parte.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Señor diputado, dado que hay una indicación presentada, el proyecto volverá a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad para un segundo informe. Por lo tanto, habrá espacio para discutir ese tema en la reunión de Comités. Para continuar la discusión, tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

ILABACA .-

Señor Presidente, qué lástima que, después de diez minutos que han estado sonando los timbres, sigamos con 35 diputados presentes en la Sala para iniciar mi intervención. En un tema tan trascendental, como es esta norma que da cuenta del sentir y del dolor que viven muchos chilenos, es importante la participación presencial de los parlamentarios.

Dicho eso, quiero recordar cómo y cuándo se originó este proyecto de ley, y cuándo se discutió, porque pareciera que algunos olvidan que las normas jurídicas, sobre todo aquellas que establecen principios, no solo requieren recursos, sino que muchas veces conducen recursos que ya existen.

Hay que recordar que esto no es solo responsabilidad de este gobierno. Este es un proyecto que se llevó adelante con un debate intenso en el período anterior.

Quiero contarles a las señoras diputadas y a los señores diputados que han intervenido -qué pena que salga el diputado Sergio Bobadilla , que fue muy crítico respecto de esto- que la encargada del programa…

(Manifestaciones en la Sala)

Señor Presidente, no puedo continuar. Me acaban de quitar treinta segundos.

Ya que no leyeron el informe, quiero leerles una parte que es importante para la toma de decisiones.

La encargada del programa dedicado a las personas con poca audición, del Ministerio de Salud, la doctora Natalia Tamblay , quien lleva adelante todos los procesos en esta materia, contó de qué se trata el Plan Nacional de Salud Auditiva y Cuidado del Oído para Chile 2021-2030. Allí se estableció y resaltó cada una de las líneas estratégicas con que va contando este plan, que tiene financiamiento por parte del Ministerio de Salud y que ha sido debatido también en la ley de presupuestos.

En este punto, quiero valorar profundamente el tremendo proyecto de ley que diputados, de manera transversal, presentaron en este Congreso, y felicitarlos por la iniciativa, porque va orientada a profundizar el Plan Nacional de Salud Auditiva y Cuidado del Oído para Chile. Porque hacia allá tenemos que trabajar, para ver cómo somos capaces de reconocer efectivamente los derechos de las personas que tienen este tipo de discapacidad.

Claro, a todos nos gustaría que existiera mayor nivel de recursos para enfrentar de mejor manera este tipo de iniciativas, pero el hecho de señalar que los gobiernos -insisto en que no es un tema de responsabilidad de este gobierno, sino de los gobiernos y del Estado- no invierten en esta materia es un poco exagerado, porque -insisto- la propia encargada del Ministerio de Salud dedicada a este programa nos ha explicado de manera superacuciosa en qué consiste todo el plan que el Estado de Chile está desarrollando para esto.

No puedo sino aplaudir y felicitar por este proyecto de ley. Claramente, me gustaría que este plan tuviera más recursos, pero las ideas plasmadas en esta iniciativa van a enriquecer todo el plan que tiene Chile en esta materia.

Por lo tanto, por lo menos la bancada del Partido Socialista va a concurrir con todos sus votos para apoyar y aplaudir esta tremenda iniciativa, que fue supertransversal y que ha sido liderada, entre otros, por la diputada Érika Olivera , a quien felicito por este tipo de proyectos.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Cerrado el debate.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, pido que recabe la unanimidad de la Sala para votar la indicación que se ingresó al proyecto sobre los hipoacúsicos.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.931, para ampliar las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado inscrito.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 101ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de noviembre de 2022, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, lo que hace este proyecto de ley es aumentar las facultades de las policías en lo que se ha denominado el control de identidad preventivo, que es la facultad de las policías para controlar a cualquier persona que esté en el espacio público, para pedirle sus antecedentes y su identificación, y, eventualmente, para llevarla detenida si tuviera órdenes de detención.

Por consiguiente, esta es una propuesta legislativa para aplicar ese procedimiento a las personas que infringen la Ley de Migración y Extranjería. Se trata de que las policías sean también usadas para algo que nosotros compartimos, cual es que Chile tenga un control migratorio que asegure que los extranjeros que ingresen al país lo hagan de acuerdo con procedimientos chilenos, que asegure una inmigración ordenada, que asegure que los inmigrantes cumplan con los requisitos que exige nuestro país, con una inmigración segura y regular, con procedimientos para acreditar la permanencia del inmigrante en Chile, de manera que pueda estudiar y trabajar.

Hoy, ello es posible, y creemos que esa es la manera moderna que tienen todos los países para enfrentar los movimientos migratorios.

Pero también existe la inmigración irregular, que es aquella que se hace por pasos no habilitados, saltándose todas las reglas chilenas, y que hoy tiene absolutamente desbordado al Estado.

Se pretende que la policía aborde la necesidad de identificar a los inmigrantes que no tienen una condición regular de permanencia en Chile, es decir, que no pueden acreditar su situación migratoria. Para esas personas se quiere establecer que las policías puedan, eventualmente, no tan solo controlar su identidad, sino también trasladarlas para ponerlas a disposición de la PDI, en un plazo que no exceda de una hora, con la finalidad -que no está muy clara- de que la Policía de Investigaciones inicie los procedimientos respectivos.

En principio, parece ser una norma sensata, pero tiene varios vacíos que cuesta comprender. En primer lugar, hay que entender que no contar con un estatus migratorio definido, que no poder acreditar la situación migratoria en el país, sea porque la persona ingresó en forma ilegal o porque no porta la identificación o el permiso que le ha entregado el sistema de migraciones, no es un delito, no es un crimen; no tiene una sanción penal, sino solo sanciones administrativas.

Es ahí donde uno se pregunta por qué las policías van a poder detener a una persona, trasladarla a un recinto de la PDI para acreditar su identidad e iniciar los procedimientos legales que correspondan. Hay un conjunto de vacíos en esta norma que a mí me preocupan.

En segundo lugar, la mayoría de las personas cuya situación migratoria no está clara no tiene identificación. El artículo 12 de la ley N° 20.931, que establece el control de identidad preventivo, señala en su inciso tercero que cuando “no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.”.

Entonces, si las personas no tienen su identificación ni tampoco se tiene acceso -ocurre muchas veces- a bases de datos extranjeras para saber quiénes son esas personas, uno se pregunta por qué la policía las va a mantener detenidas. Además, hay personas que hablan un idioma distinto del español y poco o nada se les entiende; no existe manera alguna -por lo menos, de lo que aquí aparece- de entablar una comunicación eficaz entre las policías y las personas.

¿Qué ocurre con los hijos menores de edad de una inmigrante que es puesta a disposición de la PDI? ¿Esos menores van a calabozos?

Este proyecto, cuya idea matriz comparto, tiene numerosas deficiencias y vacíos, los que lo hacen completamente revisable.

Hay muchos aspectos que no están bien resueltos. Estamos hablando de una especie de detención administrativa; es decir, una detención que no pasa por tribunales. No sé si las personas van a estar detenidas en recintos especiales o van a estar en calabozos con delincuentes comunes. Pongámonos en el caso de mujeres que son simplemente migrantes económicos, que no han cometido ningún delito, y respecto de los que han cometido delitos, no se tienen facultades especiales.

Por eso, y dado los defectos que todavía tiene este proyecto, vale la pena seguir investigando y debatir más.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, sobre este proyecto de ley quiero reproducir la opinión de Amnistía Internacional, pues entrega claridad respecto de lo peligroso que puede resultar que se amplíen las facultades de un control preventivo de identidad, particularmente a la población migrante, estigmatizando a la población extranjera, pero, ¡ojo!, no cualquier población extranjera, sino aquella racializada y que vive constantes actos de discriminación en su contra.

Aprobar este proyecto de ley constituye una violación flagrante a las obligaciones estatales de garantizar el principio de igualdad y prevención de la discriminación, especialmente si lo que se busca es consagrarla institucionalmente. En la práctica, una medida así restringe arbitrariamente la libertad personal, el derecho a la intimidad y a la protección de la vida privada, y amplía la discrecionalidad policial en perjuicio de un grupo poblacional ya vulnerable.

Técnicamente, desde la perspectiva de la seguridad pública y desde los estándares de derechos humanos, una medida de esta índole no tiene justificación, pues, uno, no satisface intereses de prevención delictual, y dos, impone costos personales altísimos.

La propuesta del control preventivo para migrantes debe ser rechazada por promover el prejuicio, la discriminación y el abuso. Un control antojadizo de extranjeros repugna a un Estado de derecho, en el que se limitan las conductas dañinas y no características de las personas.

Por ello, llamo a todos los diputados y a todas las diputadas de esta Corporación a enmendar el rumbo y rechazar este proyecto de ley, en bien del respeto a los derechos de los migrantes.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, cada vez que debatimos sobre el tema migratorio nos preguntamos cómo abordar la compleja situación que tenemos con la migración irregular y sobre la cual nos demandan a diario soluciones desde distintos puntos del país.

Este proyecto de ley aporta algo que el Ejecutivo comprometió desde un principio: que enviaría modificaciones a la ley migratoria. Lo hizo la entonces ministradel Interior y Seguridad Pública Izkia Siches, y hoy lo hace la actual ministra, Carolina Toha ; sin embargo, a la fecha, no hemos tenido propuesta, salvo una que ingresaron hace pocos días, que es sobre una notificación.

Este proyecto busca ampliar la hipótesis de control preventivo de identidad a fin de dotar a funcionarios de Carabineros de Chile y de la PDI de nuevas herramientas de identificación de personas migrantes en calidad de irregular o con permisos de residencia vencidos, para así dar mejor cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión contemplados en la Ley de Migración y Extranjería.

Desde 2016 ha habido un cuestionamiento respecto de los criterios utilizados por las policías para estos controles, en especial en cuanto a la eficacia que tienen para la prevención del delito y el cumplimiento de condenas u órdenes de detención vigentes.

Es importante precisar que se trata de facilitar las detenciones, porque, en estricto rigor, el ingreso irregular es una falta administrativa, pero, como bien dijo el diputado Leonardo Soto , no constituye un delito. Por eso, lo que se busca es dar a los inmigrantes irregulares la oportunidad de normalizar su situación.

En ese sentido, es un hecho que resulta difícil separar la migración del delito, como también es un hecho que en los sectores fronterizos de la zona norte existe tráfico ilegal de inmigrantes. Para esto se busca modificar la ley N° 20.931, de manera que el sospechoso de inmigración irregular sea puesto a disposición de la PDI en el plazo más breve posible a fin de acreditar su situación.

Otro aspecto positivo de esta moción es que se hace una descripción detallada de los documentos válidos para acreditar la situación migratoria. Al respecto, se escuchó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve , está de acuerdo con esta iniciativa. Lo que nos aportó en esta materia lo plasmamos en indicaciones, cuestión que también hicimos con los aportes que nos hicieron la PDI y Carabineros de Chile. También escuchamos al Servicio Nacional de Migraciones y, por cierto, a las organizaciones de migrantes.

Para acreditar la situación migratoria regular de la persona extranjera se requieren distintos documentos. Estos son: cédula de identidad vigente, el certificado otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones en el que conste que la persona extranjera realizó una solicitud relacionada con el permiso de residencia, y la resolución expedida por la autoridad migratoria en la que conste el otorgamiento de un permiso de residencia. Respecto de la cédula de identidad, se puntualiza que se entenderá que esta mantiene su vigencia en aquellos casos en que el extranjero cuente con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.

Respecto de este proyecto, quisimos escuchar al Ejecutivo. Esta no es una iniciativa que se ha presentado sin considerar a todas las partes.

Agradezco a la diputada Yovana Ahumada y a los diputados Jorge Alessandri , Jaime Araya , Miguel Ángel Calisto, José Miguel Castro , Andrés Jouannet , Raúl Leiva , Andrés Longton y Renzo Trisotti que acompañaron esta propuesta. Además, la Comisión de Gobierno Interior -valoro y celebro a la diputada que la preside- fue capaz de presentar una indicación sustitutiva a este proyecto, que, insisto, con el subsecretario Monsalve , la PDI, Carabineros de Chile y el Servicio Nacional de Migraciones, trabajamos para mejorar.

Por lo tanto, este es un proyecto que tiene una mejora y del cual el Ejecutivo se hace parte. Eso es lo que quiero explicar a la Sala. Es una iniciativa necesaria, dados los problemas que tiene nuestro país, por las deficiencias de la Ley de Migraciones y Extranjería y por los problemas que conlleva en lo administrativo. Por eso, creo que el proyecto viene a aportar. Sin duda, estamos disponibles a que se pueda mejorar.

Pido a la Sala que seamos sinceros. ¿Queremos solucionar los problemas que tenemos en materia de migraciones? ¿Sí o no? Si tenemos voluntad, manifestemos esa voluntad a favor de la idea de legislar y generemos las mejoras. Así como lo hicieron el subsecretario Monsalve , la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, invito a todos los diputados y diputadas a hacernos parte de la solución de los problemas que en nuestro país tenemos en el norte y en todo el territorio donde la migración avanza.

Debemos tener un compromiso. No basta solamente con ponernos para la foto y decir que queremos dar solución a los problemas, o estar en una comisión a la que nos convoca el gobierno para dar solución a la seguridad; también debemos entregar más instrumentos a la autoridad.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, felicito a la diputada Joanna Pérez por este proyecto. Si hoy lo estamos discutiendo es porque ella en conjunto con los diputados firmantes empujaron esta iniciativa que hacía falta. Es un proyecto que viene a empujar un tema latente.

Hoy, 50.000 migrantes ingresan por la zona norte. Esa cifra corresponde a los autodenunciados, pero no sabemos cuántos más ingresaron y hoy están operando en nuestro territorio nacional.

Como dijo el fiscal jefe de la Región de Tarapacá, en los 300 kilómetros de frontera que tiene la Región de Tarapacá los pasos no habilitados están controlados por un cartel que decide quién ingresa a Chile, un cartel que decide quién trafica armas en Chile, un cartel que define quién hace contrabando a Chile y un cartel que define el tráfico de personas a Chile.

Por lo tanto, lo que hace este proyecto es dotar a nuestras fuerzas policiales, a Carabineros y a la PDI de un instrumento para poder tener algo de prevención.

Cuando comenzó este período legislativo, en la Comisión de Gobierno Interior, el subsecretario Monsalve nos dijo: “Tenemos claro que debemos modificar la ley de migraciones, porque tenemos un problema con las notificaciones”. Transcurrieron marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, 50.000 migrantes ingresaron en forma ilegal y el proyecto recién se ingresa ahora. Y este proyecto, que fue empujado desde la misma comisión, es el que viene a corregir esta situación que hoy estamos viviendo.

Por lo tanto, invito a los colegas a que, más que criticar y tratar de defender los derechos humanos de algunos, también defendamos los derechos humanos de los que viven aquí, porque ¿qué sabemos de esos 50.000 migrantes que ingresaron en forma irregular? ¿Quiénes son? Ingresaron sin certificado de antecedentes. Y la verdad es que la situación en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama y en Coquimbo ya es preocupante.

Invito al gobierno a dejar de reaccionar y a empezar a hacer la pega, porque la verdad es que en este caso o se está en contra de la migración ilegal o bien se es un cómplice pasivo, y hoy el gobierno es un cómplice pasivo.

También quiero felicitar, como lo señaló la diputada Joanna Pérez , a la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, quien también nos permitió impulsar este proyecto, que era tan anhelado y tan importante para la gente del norte, porque ellos son los que hoy están sufriendo las consecuencias de la migración ilegal; ellos son los que hoy están viendo en sus poblaciones, en sus ciudades, en sus comunas esta situación respecto de la cual creo que los diagnósticos ya están todos hechos.

Por lo tanto, invito a aprobar este proyecto de ley. Creo que es una pequeña ayuda para que nuestras policías puedan hacer el control de identidad a esas personas y verificar quiénes son, para que puedan ser notificadas y para acortar los procedimientos administrativos para las expulsiones. Porque hay que dejar algo muy claro: en Chile todos los migrantes son bien recibidos, pero los que ingresan en forma legal, por pasos habilitados y cumpliendo con los requisitos legales. A los que no vamos a aceptar son los que ingresan en forma ilegal.

Esta iniciativa viene a complementar la actual ley de migraciones y viene a dar una pequeña gran solución a la crisis migratoria que hoy estamos viviendo.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señorita PLACENCIA (doña Alejandra) .-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero expresar a la Sala que me parece que este proyecto difícilmente podría ser considerado una política pública que resuelva algunas de las crisis relacionadas con la migración irregular y, menos aún, con la delincuencia. Es, definitivamente, un proyecto arbitrario y discriminatorio. El control de identidad en Chile ha demostrado ser altamente ineficiente. Las cifras de Carabineros y de la PDI hablan apenas de 2 por ciento de efectividad durante este año.

Me pregunto: ¿cuál es, entonces, el objetivo de este proyecto? ¿Es un proyecto antidelincuencia o antimigrantes? Porque -digámoslo sin tapujos-, de aprobarse este proyecto, se favorecerá el control de identidad por el color de piel o por el acento de las personas y no por presunciones delictivas reales.

¿Ayuda este proyecto a combatir el crimen o a las bandas organizadas? No hay evidencia. ¿Ayuda a regularizar la migración? Difícilmente. Sin embargo, vamos a destinar una gran cantidad de funcionarios y funcionarias policiales a labores ineficientes, como el control preventivo de identidad, que ya sabemos que no resuelve el fondo del problema.

Nuestro compromiso es real con resolver las crisis de seguridad y de migración, pero no nos corresponde tapar lo que el Estado no hace con medidas de estas características, que, como decía, con el 2 por ciento de efectividad, no alcanzan siquiera a ser preventivas.

Actualmente, tenemos cerca de 127.000 personas en situación de migración irregular. En su mayoría son personas sin ningún antecedente penal, que vienen a nuestro país a trabajar y a buscar mejores condiciones de vida. Chile necesita ordenar y regularizar esta migración, pero el Estado no da el ancho. Existe una excesiva demora en dar respuesta a las solicitudes de residencia y esa responsabilidad no se puede atribuir a los solicitantes, sino a un colapso institucional del cual el Estado chileno es responsable. Muestra de ello es que cerca del 50 por ciento de las solicitudes formuladas durante 2018 y 2021 simplemente no tienen respuesta.

Ante esta realidad, ¿qué propone este proyecto de ley? Evadir la responsabilidad del Estado en los hechos, criminalizando a las y los migrantes con medidas inaplicables en muchos lugares de Chile, en lugar de dotar de herramientas modernas y eficientes que regulen la migración de acuerdo con las necesidades de nuestro país.

Hay que decir esto las veces que sea necesario: ¡no hay personas ilegales, e inmigrar no es un delito! Este proyecto criminaliza a un segmento de la población que habita en el país, y no podemos utilizar la seguridad como una excusa para legislar normativas xenófobas y racistas.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, ciertamente, una de las preocupaciones relevantes para Chile es el delito, así como la forma en que aporta a este la migración. En ese sentido, proyectos como el que estamos tratando ayudan a fortalecer el control, a que las policías tengan la posibilidad de actuar y a darles el respaldo necesario para que así podamos dar a Chile una mejor condición de vida.

No tengamos miedo del actuar de las policías, porque estas son formadas por el Estado, de manera que debemos darles la capacidad de contar con atribuciones suficientes. Con una buena formación las policías serán muy efectivas para los chilenos. No hay que atemorizarse por los mitos que escuchamos desde la izquierda más profunda, que tiene temores quizá por otro momento de la historia.

Los invito a tener la tranquilidad de que nuestras policías, tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones de Chile, son profesionales. Estas hacen su trabajo bien, lo hacen por Chile y cuidan el Estado de derecho, que es un requisito esencial para cualquier democracia.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que se somete hoy a nuestra consideración tiene como objetivo ampliar la hipótesis de control preventivo de identidad y dotar a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de nuevas herramientas para la identificación de personas migrantes en calidad de irregular o con permiso de residencia vencido, para dar mejor cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión contemplados en la ley N° 21.325, Ley de Migración y Extranjería, cuya efectividad hoy está puesta en duda.

Lo que hace esta propuesta es habilitar a los funcionarios policiales para trasladar a un individuo que se encuentre en la situación señalada y ponerlo a disposición de la Policía de Investigaciones -institución que ya cuenta con atribuciones en la materia-, en el más breve plazo, el cual no podrá exceder de una hora, a fin de corroborar su situación migratoria e iniciar los procedimientos que correspondan conforme a la ley.

El funcionario policial deberá considerar como documentos válidos para acreditar la situación migratoria regular de la persona extranjera su cédula de identidad vigente, el certificado otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones en el que conste que la persona extranjera realizó una solicitud de otorgamiento, cambio o prórroga de un permiso de residencia, o la resolución expedida por la autoridad migratoria en la que conste el otorgamiento de un permiso de residencia.

Este proyecto añade que se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia en aquellos casos en que el extranjero cuente un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.

Este proceso debe realizarse de conformidad con las restricciones señaladas en el artículo anterior, respetando el principio de proporcionalidad y de igualdad de trato, prohibiéndose el ejercicio del control de identidad cuando se funde en los motivos dispuestos en el artículo 2° de la ley N° 20.609.

Consideramos que este proyecto es sumamente necesario, sobre todo al considerar la crisis migratoria que vive hoy nuestro país, así como el gran flujo migratorio, en su mayoría irregular, que supera los 41.000 ingresos clandestinos en el año 2022, situación que afecta principalmente a la zona norte de Chile, donde el descontrol migratorio continúa, así como la violencia y la delincuencia.

Se necesita con urgencia fortalecer las capacidades de las policías para resguardar la seguridad, sobre todo al considerar que el gobierno se niega a decretar un estado de excepción constitucional de emergencia en el norte del país, tal como varios diputados han solicitado en reiteradas oportunidades, y a dar una verdadera urgencia a la tramitación de proyectos tan simples y necesarios como este.

Esta iniciativa es una reacción ante la crisis migratoria que se evidencia. Si bien ayuda a dotar a las policías de mayores facultades para cumplir con sus labores de prevención, cumplimiento y apoyo al ordenamiento jurídico, está claro que no puede considerarse como suficiente, de modo que deben seguir buscándose las fórmulas para afrontar la inoperancia del Servicio Nacional de Migraciones.

Por la estrategia del gobierno en materia migratoria, de hacer un simple llamado a la regularización; por las promesas no cumplidas de detener los ingresos clandestinos, y por el déficit de expulsiones judiciales, sobre todo administrativas, cuyos números contrastan, de manera significativa, con los más de 41.000 ingresos clandestinos que se reportaban a fines de septiembre de 2022, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señorita Presidenta, celebro la idea de legislar para dotar de herramientas a Carabineros de Chile para que pueda hacer control de identidad a personas extranjeras.

Esto no es una medida xenófoba, sino simplemente una medida para salvaguardar a nuestro territorio nacional de la crisis de seguridad que vivimos, que nos obliga a ser mucho más rígidos y más exhaustivos en materia de control.

Hay una crisis migratoria. Al país no solo llegan extranjeros en busca de una mejor calidad de vida, para trabajar de manera honesta, sino que también están ingresando delincuentes que vienen a amedrentar a nuestra sociedad, a contaminar el futuro de nuestro país y de nuestros jóvenes con drogas y con prácticas que no eran propias de nuestra cultura.

Llegó el momento de ponernos serios y de dejar de lado los complejos. La crisis de seguridad se combate siendo rígidos, achicándoles los espacios a todas aquellas personas que amedrentan y que, más encima, lo vienen a hacer en nuestro propio país.

Por esa razón, declaro, desde ya, mi voto a favor de este proyecto, para empezar a devolver el orden y la tranquilidad, a los que nuestras comunas estaban acostumbradas.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señorita Presidenta, la situación migratoria actual en nuestro país ha generado diversos focos de preocupación, por las condiciones de quienes migran y también de quienes viven en las ciudades que reciben a estas personas. La adaptación cultural y otras dimensiones en materia migratoria deben observarse siempre y regularizarse desde una perspectiva de derechos, de acuerdo con los más altos estándares internacionales.

Este proyecto no resuelve los problemas de desplazamientos, sino que viene a agravar la criminalización de la migración. El Estado, a través de sus instituciones encargadas, no ha sido capaz de hacerse cargo de una realidad que existe: la migración.

A diferencia de lo que varios han dicho en esta Sala, sí encuentro que esta es una iniciativa xenófoba. La creación de la figura de control preventivo de identidad, que entrega facultades a funcionarios policiales para verificar la identidad de cualquier persona en la vía pública, no es algo nuevo, y sabemos los resultados que hemos tenido cuando se ha aplicado; sabemos que es una demostración clara de discriminación social y económica.

Asimismo, sabemos que es una medida que está en contra de las minorías, por ejemplo, de las minorías étnicas, así como de las disidencias de género. Ahora, quieren aplicar esta medida como un control migratorio. ¿Bajo qué premisa? ¿Por el color de la piel o por si su forma de vestir está o no dentro de los marcos “normales”?

Eso es algo muy discriminatorio, que vulnera y atenta directamente contra la dignidad de las personas y que afecta también su libertad personal.

No olvidemos el triste y doloroso caso de la haitiana Joane Florvil , que fue víctima de la discriminación desde las policías y desde nuestro Estado.

Para mayor claridad: estamos a favor de deportar del país, de ser necesario, a cualquier persona relacionada con delitos ligados al narcotráfico, a la trata o explotación de personas, así como también involucradas o involucrados en violencia intrafamiliar o sexual en general. Sin embargo, medidas como estas, que no distinguen entre las personas más allá de su condición o no de migrantes para someterlas a penas privativas de libertad, no sirven para lograr los objetivos esperados en cuanto a detener la importación de métodos y formas de organización delictuales.

Por último, debemos ser capaces de legislar según los estándares del derecho internacional, con un apego irrestricto a los derechos humanos. Y esto no es algo baladí; es así.

Esperamos que en una democracia podamos avanzar en tener esa mirada como legisladoras y legisladores, para ser una sociedad más tolerante e inclusiva, porque ningún ser humano es ilegal.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, quizás no es nuevo lo que voy a plantear, pero, sí, quiero reconocer que distintos parlamentarios han venido requiriendo al gobierno que ponga urgencia a medidas que permitan terminar con el ingreso clandestino a Chile. Uno de esos diputados que han alzado la voz en forma sistemática, desde hace ya bastante tiempo, es el señor Trisotti , quien ha demandado al gobierno medidas que permitan efectivamente poner fin al ingreso clandestino a nuestro país.

Al respecto, lo que llama la atención es que el gobierno solo se queda en declaraciones de buenas intenciones. Incluso algunas autoridades del Ministerio del Interior van a la zona norte, se toman extraordinarias fotos, pero al cabo de algunos días o semanas solo se quedan en la foto y no hay ninguna medida concreta para terminar con el ingreso clandestino.

Por eso, valoro este proyecto, que se inició en una moción, no en una propuesta del gobierno. Da la impresión de que al gobierno le da lo mismo que sigan ingresando a nuestro país delincuentes, que han afectado gravemente la vida y la calidad de vida de los chilenos.

Por eso, felicito a los diputados que presentaron la iniciativa en comento, porque están demostrando con hechos concretos que queremos terminar con el ingreso clandestino, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno, que actúa en forma indolente y mira para el lado frente a esta situación, que no es nueva, dirán algunos, pero porque no es nueva, ¿no van a hacer nada?

Por lo expuesto, votaré a favor este proyecto.

Asimismo, demando al gobierno, al igual como lo han hecho otros diputados, entre ellos el señor Trisotti , que se adopten medidas urgentes para terminar con el ingreso clandestino a nuestro país y se dote a nuestras policías de las herramientas necesarias para tomar detenido y expulsar inmediatamente a quien ha entrado de esa forma a Chile.

Por último, llamo a la Sala a votar favorablemente esta iniciativa, e insisto en mi llamado al gobierno a tomar medidas urgentes que permitan definitivamente terminar con este flagelo.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, a veces pareciera que se olvida que el fenómeno de la delincuencia y la criminalidad es multifactorial. A veces a algunos se les olvida que tenemos que buscar todos aquellos elementos que puedan ayudarnos a superar esta crisis de inseguridad que azota a todo nuestro país.

Es por eso que considero que un proyecto como este es tan importante, porque aborda algunos de esos aspectos: la infraestructura, por ejemplo, el estado de las comisarías; el apoyo político que se entrega a las policías; las facultades que vamos a otorgar también a quienes hoy día enfrentan cara a cara a la delincuencia, como pasa con Gendarmería de Chile. Todos estos elementos son importantes.

Pero también hay otros aspectos que pasan un poco más desapercibidos. Por ejemplo, ¿nos hemos preguntado si hay sobrecarga en los laboratorios de criminalística? ¿Nos hemos preguntado si hay sobrecarga en el Servicio Médico Legal? ¿Nos hemos preguntado por la situación que enfrenta y que hoy tiene en paro al Ministerio Público? Todos estos elementos parecieran ser temas inconexos, pero la verdad es que se encuentran todos conectados.

Además, este proyecto viene a entregar herramientas específicas para controlar la inmigración ilegal, sobre todo pensando en quienes ven a nuestro país no como un destino turístico -ya sabemos que incluso nuestra capital no es un lugar muy seguro para los turistas-, sino como un destino para venir a cometer delitos. A ellos también tenemos que enfrentarlos.

Por tanto, todas estas cosas, todas estas iniciativas están conectadas.

Felicito, así como lo han hecho otros colegas, a los autores de este proyecto, que por supuesto contará con nuestro voto favorable; sin embargo, los invito a no mirarlo como un proyecto aislado, sino a considerarlo parte de un esfuerzo conjunto que debemos hacer como sociedad.

El que crea aquí que solo el gobierno va a solucionar o lograr superar la crisis de seguridad que vive nuestro país está muy equivocado. El que crea que solo este Congreso va a entregar las soluciones para que nuestros compatriotas vivan más seguros está completamente equivocado. Y el que crea que este proyecto de ley, que dota a las policías con mejores herramientas para controlar la inmigración ilegal, es un proyecto ideológico o, como algunos lo han catalogado, xenófobo, está completamente equivocado, ¡completamente equivocado!

Quiero agregar algo más. Se ha dado una discusión semántica con una frase casi poética: “nadie es ilegal”. Pónganle el nombre que quieran, pero el que comete una ilegalidad está en situación de ilegalidad. Entrar irregularmente por la frontera a Chile, sea por un paso no habilitado o a través de la defraudación que se pueda hacer respecto del ingreso como corresponde, es una ilegalidad. Pónganle el nombre que quieran, de “irregular” o el que sea, les regalo la discusión semántica. No me importa; no me interesa. Yo me quedo con la discusión de fondo, esto es, cuál es la respuesta que daremos, en primer lugar, a aquellos vecinos extranjeros que han ingresado como corresponde, que cumplen la ley y que son un aporte para nuestro país y que en muchos casos sufren la misma discriminación que algunos acusan que supuestamente tendría este proyecto, porque unos pocos -muy pocos- dañan la imagen de los extranjeros avecindados en nuestro país que son un verdadero aporte para la sociedad. Vamos a darles una respuesta también a ellos.

Este tipo de proyectos de ley, y este en particular, son una muy buena noticia, y constituyen parte de un esfuerzo que debiésemos integrar todos. Restarse en esta iniciativa solo muestra la miopía de algunos que creen ver ideología en cualquier cosa, cuando lo único que se está haciendo es tratar de dar una solución concreta a nuestros compatriotas para que puedan vivir tranquilos, seguros y en paz.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, quiero dejar claro que cuando hablamos de inmigración nos estamos refiriendo a la inmigración de manera ilegal, a aquella en que la gente entra por cualquier paso, de cualquier manera y sin antecedentes.

Hace dos años se cerraron dos cárceles en Venezuela con más de 20.000 reos, con decreto de expulsión y, además, con todos sus antecedentes borrados. Hoy, en reuniones sostenidas con directores regionales de la PDI estos han señalado que cuando toman a alguien detenido no tienen sus antecedentes, y si recurren a pedirlos al país de origen, tampoco los reciben.

Como diputado, visité Chacalluta , en Arica, y vi cómo la gente cruzaba con sus bolsos.

Aparte de Chacalluta está el aeropuerto, en donde las personas cruzan incluso por las pistas, creando un problema de seguridad.

Además, estuve en la cárcel de Acha, donde el 40 por ciento de los reos son extranjeros.

Nuevamente, no es xenofobia pedir que se ordene la inmigración ilegal, pero no como lo han realizado los gobiernos en estos últimos tiempos con el cambio relativo a las subcategorías migratorias, en que hoy ingresan todos. Hoy es llegar y entrar.

En el Diario Oficial -no hubo un proyecto de ley-, el 10 de mayo de 2022, se publicaron las nuevas subcategorías de migraciones. En ellas todos pueden caer dentro de alguna subcategoría, pues tenemos permiso de reunificación familiar, permiso para extranjeros que desarrollen actividades lícitas remuneradas, permiso para extranjeros que busquen establecerse en el país con el objeto de estudiar en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, permiso para trabajadores de temporada, permiso de oportunidades laborales, permiso para extranjeros sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, permiso para extranjeros que se encuentra en Chile por orden de tribunales de justicia nacionales y permiso otorgado por razones humanitarias. En este último caso, pueden ser víctimas de trata de personas, que no hay cómo reconocerlas.

Todas estas personas pueden hacer sus trámites inmediatamente para ser considerados refugiados, y como tales pasan a ser más vulnerables que el más vulnerable de los chilenos, adquiriendo más derechos.

En reunión con autoridades del norte, y conociendo la realidad en Arica, nos dimos cuenta de que los servicios de salud están copados, el per cápita de salud no alcanza, porque los extranjeros no están inscritos, pero de igual forma son atendidos. Asimismo, no hay posibilidades de que la gente pueda tener colegios para sus hijos, porque están copados, ya que ellos tienen la prioridad.

Además, hace poco salió una resolución de la Contraloría, a raíz de una denuncia que varios diputados presentamos en contra de diez municipios y del gobierno regional de Magallanes y la Antártica Chilena, por realizar convenios con organismos internacionales, en este caso con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), convenio llamado Ciudades Solidarias.

Pues bien, la Contraloría resolvió que los municipios no pueden suscribir este tipo de convenios con organismos internacionales, puesto que excede sus atribuciones, ya que las relaciones internacionales de nuestro país solamente las pueden llevar adelante el Presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, razón por la cual le ordenó retrotraer lo actuado. Si eso lo unimos a la presencia de las nuevas subcategorías, entonces estamos trabajando con una dificultad enorme, porque no hay ninguna ley que impida el ingreso de migrantes. Por cierto, el presente proyecto de ley es el único con el que hoy día podríamos frenar la inmigración ilegal.

En Alto Bonito, Puerto Montt, personas que están de forma ilegal en Chile agredieron a carabineros. Se les intentó expulsar del país, pero se presentaron recursos de protección a su favor y aún no han podido ser expulsados, porque no existe la expulsión, no existe la reconducción, no existe la salida y, además, porque los otros países no los reciben.

Estoy seguro de que este recurso va a llegar a la Corte Suprema y, de hecho, estoy esperando que llegue a la Corte Suprema, porque los ministros que han estado en esta Sala saben cómo han fallado en los recursos a favor de los migrantes ilegales. Estoy esperando que este recurso llegue a la Corte Suprema y que ellos respondan de la manera en que sé que lo van a hacer, porque se van a encontrar en esta Sala con la respuesta de este diputado y de esta Cámara.

He dicho.