Labor Parlamentaria

El señor BIANCHI (Presidente en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la Carta Fundamental en materia de prórrogas sucesivas de un estado de excepción constitucional de emergencia, en las condiciones que señala, y limita la restricción de la libertad de reunión en estos casos, correspondiente al boletín N° 15509-07.

Para la discusión de este proyecto se van a otorgar tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Gonzalo Winter .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 121ª de la presente legislatura, en jueves 19 de enero de 2023. Documentos de la Cuenta N° 17.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

El señor BIANCHI (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor WINTER (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de prórrogas sucesivas de un estado de excepción constitucional de emergencia, en las condiciones que señala, y limita la restricción de la libertad de reunión en estos casos. El proyecto se origina en mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en que a partir de la sexta prórroga sucesiva del estado de emergencia, se faculta al Presidente de la República para prorrogar dicho estado por períodos de treinta y cinco días, con el acuerdo del Congreso Nacional, el cual podrá revocarlo con el quorum que el proyecto indica.

La comisión escuchó durante el estudio del proyecto a la ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández ; a la subsecretaria general de la Presidencia, señora Macarena Lobos , y a la asesora legislativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Leslie Sánchez .

El mensaje señala que la Constitución Política establece en el número 5° de su artículo 32 que, entre las atribuciones especiales del Presidente de la República, está la de declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que ahí se señalan.

Los estados de excepción señalados son desarrollados en los artículos 39 y siguientes de la Constitución Política. Es bajo dichos estados de excepción, y solo en estos casos, que la Constitución establece que los derechos y garantías constitucionales pueden ser afectados. Tales circunstancias son: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

En 1989, mediante la ley N° 18.825, se estableció que el estado de emergencia permitiría únicamente restringir el ejercicio de los derechos de libertad de locomoción y el de reunión. Por otra parte, en el 2005, la ley N° 20.050 modificó la forma de decretar el estado de emergencia, eliminando la concurrencia del Consejo de Seguridad Nacional y los plazos por los que este regiría, pasando de 90 a 15 días, pudiendo prorrogarlo por igual período, pero para prórrogas sucesivas se requiere el acuerdo del Congreso Nacional.

Mirando los distintos casos en que esta atribución ha sido utilizada, es posible distinguir casos en que no se ha requerido de la renovación por parte del Congreso Nacional, como otros que han debido renovarse en múltiples ocasiones por períodos prolongados de tiempo. Así, por ejemplo, los decretos de excepción constitucional de emergencia N° 270, de 2021, y N° 189, de 2022, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tuvieron 10 y 13 renovaciones, respectivamente.

La prórroga recurrente de los períodos de vigencia de los estados de excepción es expresiva de la necesidad de realizar intervenciones de mayor profundidad en determinados territorios, que permitan desarrollar una mejor coordinación de las capacidades del Estado y más estable en el tiempo. Ello ha evidenciado la necesidad de un instrumento jurídico que otorgue continuidad y certeza para alcanzar las metas trazadas. Un plazo más amplio contribuirá a un despliegue más estable de las capacidades del Estado y una planificación estratégica con mayor capacidad de anticipación. Todo lo anterior, sin desatender los deberes de información del Ejecutivo ni el control democrático que le corresponde al Congreso Nacional.

El proyecto consta de un artículo único y un artículo transitorio

El artículo único incorpora en el artículo 42 de la Constitución Política de la República, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

El inciso cuarto establece que, sin perjuicio de que el artículo 42 de la Constitución Política establece que la duración del estado de emergencia y sus prórrogas no puede extenderse por más de quince días, a contar de la sexta prórroga sucesiva, el Presidente de la República podrá prorrogarlo por períodos de treinta y cinco días, para lo cual requerirá siempre el acuerdo del Congreso Nacional en los términos del inciso primero de la misma norma. En este punto la Comisión rebajó la prórroga de 45 a 35 días.

El inciso quinto dispone que, con todo, una vez autorizada la prórroga en los términos del inciso cuarto, el Congreso Nacional podrá, por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, revocar el acuerdo. Acá la Comisión rebajó el quorum de 4/7 de diputados y senadores en ejercicio, a la mayoría absoluta.

Luego, se agregó un nuevo inciso que establece que en caso de revocación del acuerdo, la solicitud de revocación deberá ser pedida por la cuarta parte de los diputados o senadores en ejercicio.

Finalmente, se introdujo un artículo transitorio, el cual prescribe que si al publicarse la presente reforma constitucional se encontrare vigente la prórroga de un estado de excepción constitucional de emergencia que hubiere sido ya prorrogado en más de seis oportunidades, se entenderá que dicha prórroga regirá por 35 días.

Habiendo sido aprobado el proyecto por la comisión que represento, solicito lo propio a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora AHUMADA (doña Yovana).-

Señorita Presidenta, saludo a las ministras que nos acompañan.

Es importante reconocer que el estado de excepción, que hasta hoy se fijaba en 15 días, no es eficaz ni tampoco eficiente para establecer un plan de trabajo real para abordar situaciones críticas, como hoy ocurre en la macrozona sur. Espero que esa consideración se tome en cuenta para hacer un trabajo paralelo, algo que hemos estado pidiendo para la macrozona norte, particularmente para la Región de Antofagasta, donde se debe establecer no solo un estado de excepción para abordar o detener la grave situación de inseguridad que se vive en el sector, sino también un trabajo conjunto con los legisladores, de modo de avanzar hacia un plan de acción eficiente y de acuerdo a nuestra realidad.

Espero que no solo tengamos un estado de excepción de 35 días, sino un plan que aborde la lamentable situación que hoy se vive en varios sectores de nuestras regiones y, por qué no decirlo, a lo largo de nuestro país.

Es importante reiterar a la ministra que tenga a bien tomar en consideración el trabajo conjunto de los parlamentarios, principalmente de quienes vivimos en zonas de alto riego, para trabajar la materia desde un punto de vista legislativo. Es preciso que se acojan nuestros proyectos, los que hemos levantado durante todo el período legislativo, pues necesitamos resolver la problemática de inseguridad y de riesgo que cada día viven nuestros vecinos y vecinas.

He dicho.

El señor WINTER.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, quiero llamar la atención de la Sala sobre cierta desnaturalización que se observa en el debate público en relación con los estados de excepción.

De conversaciones sostenidas en esta Sala, en nuestros barrios, incluso en nuestras casas, surge la idea de que los estados de excepción son la forma natural que tienen los gobiernos para controlar el orden público. Tanto es así que en ocasiones hemos escuchado señalar que si el gobierno no decreta estado de excepción en un determinado lugar, es porque en ese lugar no hay problemas de seguridad graves, o porque al gobierno no le preocuparía mucho la seguridad en ese lugar.

Un estado de excepción no es eso; un estado de excepción, accidentalmente, tiene entre sus elementos agregar a las Fuerzas Armadas al control del orden público. La esencia de un estado de excepción radica en el hecho de que el Congreso Nacional le otorga al Presidente de la República ciertas facultades que, naturalmente, no le entregaría. Esas facultades no se las entrega la Constitución Política, y, en el caso de nuestro país, nadie ha propuesto dárselas en condiciones naturales.

Por lo tanto, debemos aprender a concentrar esta conversación, racionalizarla. Hay que comprender que cuando decimos que queremos más gente armada realizando tareas que son natural y esencialmente policiales, lo que queremos decir es que necesitamos más policías, no más estados de excepción. Sin embargo, dadas las circunstancias en que se encuentran determinados territorios de nuestro país, se ha demostrado que, a veces, se requiere de manera excepcional de intervenciones más profundas. Lo hemos visto en el caso de la macrozona sur.

Esta semana recibimos una buena noticia: el informe de la fiscalía señaló que se han reducido en un 40 por ciento los delitos de violencia rural. Obviamente, ello no es para cantar victoria ni manifestarse satisfecho; solamente constato un hecho que es positivo.

Los estados de excepción no significan mayor seguridad, sino mayores atribuciones para un determinado Presidente, atribuciones que la Constitución, en términos normales, no le otorga y que ninguno de nosotros quisiera otorgarle para siempre. Pero, como ha quedado demostrado, hay determinados territorios y determinadas circunstancias que requieren plazos especialísimos, lo que nos lleva a pensar que 35 días es un plazo prudente para prorrogar un estado de excepción constitucional de emergencia, teniendo en cuenta, además, que la historia constitucional de Chile demuestra que la Carta Fundamental nunca consignó un plazo de 15 días. De hecho, desde la Constitución de 1980 hasta 2005, el estado de excepción tuvo una duración de 90 días. De esa cifra pasamos a 15 días.

Creo que 35 días es un plazo prudente, siempre con el control del Congreso Nacional.

He dicho.

El señor RATHGEB.-

Señorita Presidenta, el proyecto en discusión es un tema que conversamos con la ministradel Interior y Seguridad Pública y con el subsecretario. Agradezco que lo hayan planteado antes de iniciar el proceso legislativo, pero no estoy de acuerdo con la iniciativa, por cuanto el propio artículo 52 de la Constitución Política señala las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, entre las cuales se encuentra la fiscalización de los actos de gobierno. Para ejercer esas atribuciones, la Cámara puede remitir oficios, citar a ministros de Estado, crear comisiones investigadoras, presentar acusaciones constitucionales, etcétera.

Cuando se prolonga el plazo para renovar un estado de excepción, finalmente se reduce la posibilidad de fiscalizar si efectivamente el estado de excepción decretado en una determinada zona se está ejerciendo bien. Entendería que se prorrogara el estado de excepción siempre que existiera una obligación por parte del gobierno de entregar a la Cámara de Diputados un informe de cuál es el comportamiento y de cuáles son las medidas a futuro que se van a tomar respecto de este tema.

De hecho -lo he manifestado en más de una ocasión-, creo que los estados de excepción constitucional no se deben decretar por región ni por provincias, sino por comunas. Hay comunas de la provincia del Biobío en las que, más allá de tener un beneficio con el estado de excepción constitucional, se genera un perjuicio a la ciudadanía.

Por otro lado, creo que hay comunas de la Región de Los Ríos que se deberían incluir en el estado de excepción constitucional, como Lanco, Panguipulli y Máfil , entre otras. Para eso el gobierno debería estar evaluando permanentemente el estado de excepción constitucional.

Si tenemos un plazo mayor del estado de excepción constitucional, claramente se justificaría conceder con un informe ese plazo mayor, pero si no hay ninguna modificación en las obligaciones que debe tener el gobierno, en el sentido de que nosotros debemos estar fiscalizando esos actos del gobierno respecto del estado de excepción constitucional, considero que no tiene ningún objetivo ampliar el plazo. Solamente sería para que nosotros no tengamos sesión cada quince días, sino cada treinta y cinco días.

Por eso, la ampliación del plazo no tiene ningún objetivo, particularmente para los que vivimos en la Región de La Araucanía, en la macrozona sur o en las regiones colindantes que hoy piden estado de excepción constitucional, pero este no se decreta.

Mientras no haya un compromiso o una obligación por parte del gobierno de entregar un informe permanente, aumentar el plazo del estado de excepción constitucional no tiene ningún objetivo.

He dicho.

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señora Presidenta, la verdad es que con este proyecto le estamos solucionando un problema al gobierno, y nada más, porque militares en el estado excepción constitucional hemos tenido varias veces.

Los parlamentarios de la Región de La Araucanía -la bancada transversal hemos estado en reuniones con el jefe de la Defensa Nacional. Ellos tienen una planificación a largo plazo, como buenos militares que son.

Por lo tanto, venir cada quince días al hemiciclo a rendir cuenta sobre lo que está pasando en la macrozona sur es un tema administrativo. Ese es el punto. Se pretende establecer un plazo de cuarenta y cinco, treinta y cinco, veinticinco o quince días, para calzar con el feriado de febrero, de manera que lo podamos pasar, pero la verdad es que este es un tema meramente administrativo.

Al principio, cuando estaban en discusión los sesenta días que el gobierno presentó en el Senado, incluso se quitaban restricciones al jefe de la Defensa Nacional. Bueno, allá bajaron el plazo a cuarenta y cinco días, pero aquí, como a la Comisión de Constitución no le gustan los estados de excepción constitucional, lo bajaron a treinta y cinco días.

¡Esto no es una lotería! Se ha hablado de un plazo de sesenta, de cuarenta y cinco, y de treinta y cinco días, pero este es un tema serio. Los militares hacen un trabajo serio en la Región de La Araucanía, ya sea por quince, treinta y cinco, o cuarenta y cinco días. Ese es el fondo: que la Región de La Araucanía necesita estado de excepción constitucional, porque los terroristas siguen asolando y presionando a los agricultores, quemándoles las cosechas, quemándoles los bosques, usurpándoles los terrenos, etcétera.

Espero que definitivamente el gobierno coloque las indicaciones al proyecto de usurpaciones. Ya terminó su tramitación en el Senado y no colocaron las indicaciones respecto de las usurpaciones. Esos son temas importantes que necesita la Región de La Araucanía. Por eso, es necesario seguir con el estado excepción constitucional. Nos da lo mismo si es por sesenta, cuarenta y cinco, treinta y cinco, o quince días. Ahora, quince días han funcionado bien.

Hemos renovado dieciséis veces el estado de excepción constitucional -¡dieciséis veces!-, en circunstancias de que a este gobierno no le gustaban los estados de excepción constitucional. Acuérdense que partió sin estado de excepción constitucional.

Los delitos terroristas subieron un 176 por ciento cuando dejaron sin el estado de excepción constitucional. O sea, ¿es necesario el estado de excepción constitucional? ¡Sí! ¿Cuántos días? Bueno, lo veremos. Para nosotros no es un problema que el gobierno venga aquí cada quince días a rendir cuenta. Eso es lo que estamos solucionando: que no quieren venir cada quince días a rendir cuenta. Quieren venir cada cuarenta y cinco días, y en un principio querían venir cada sesenta días. Bueno, veamos esta lotería y quién gana en la votación al final del día, pero aquí vemos que quince días es un plazo suficiente para que vengan a rendir cuenta. Nos da exactamente lo mismo que sean treinta y cinco, cuarenta y cinco, o sesenta días. Lo único que queremos es que este estado de excepción constitucional siga sirviendo a la gente que trabaja en La Región de La Araucanía.

He dicho.

El señor KAYSER.-

Señora Presidenta, efectivamente, el estado de excepción constitucional se ha transformado en un estado de normalidad en muchas regiones del país. Eso significa que el gobierno de Chile o el Estado de Chile, para ser más justo, o los gobiernos de Chile han permitido durante años que se mantengan conculcados los derechos fundamentales de los ciudadanos, en razón de no haber hecho la pega que correspondía para eliminar, detener y llevar a la justicia a aquellos elementos que están provocando un daño de tal magnitud que nos encontramos con un estado de emergencia.

Ahora, nuevamente recuerdo a esta Sala que el señor Presidente, que no se puede separar de su cargo -sus opiniones privadas no están separadas de su cargo, según lo estableció la Corte Suprema-, dijo que en el sur de nuestro país existían grupos armados con pretensión territorial. Eso tiene consecuencias jurídicas y debió haberlas tenido en la Cámara de Diputados y también en la discusión de este proyecto. Nosotros hablamos de extender el estado de excepción constitucional de emergencia, pero lo que se necesita en el sur a estas alturas, de acuerdo con la propia declaración del señor Presidente, es un estado de sitio.

Respecto de la extensión de este estado de emergencia, comprendo la necesidad, no solamente desde el punto de vista de la planificación para efectuar los trabajos que se requieren para tener un estado de excepción constitucional que efectivamente termine con la excepción. Esa es la idea original del concepto: que el estado de excepción constitucional ha de terminar con una situación irregular.

Lo comprendo e, incluso, estoy considerando seriamente respaldarlo, pero en la medida en que el gobierno no tiene una actitud ofensiva respecto de los grupos violentistas que están actuando en el sur, en la medida en que permite la existencia de territorio nacional que se encuentra fuera del control del Estado, donde la ley no llega -estoy hablando específicamente de Temucuicui y otras comunidades en donde no puede ingresar la policía de Carabineros ni tampoco nuestro Ejército-, en esa medida, me pregunto si esto es solamente un parche o una forma de hacer más llevadero administrativamente el hecho de que vamos a seguir violando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en una serie de regiones, en razón de que no queremos poner coto y fin, de una vez por todas, a aquellos grupos que están cometiendo delitos y actos de terrorismo.

He dicho.

El señor LEE .-

Señora Presidenta, la verdad es que al entrar a la Sala me sorprendió escuchar a algunos parlamentarios de gobierno dar una especie de cátedra acerca del estado de emergencia, porque recuerdo muy bien que, cuando el año pasado comenzó el año legislativo, muchos se resistían a adoptar esta medida de excepción constitucional para dar respuesta a la problemática en Chile.

La verdad es que me parece del todo razonable que los permisos, las autorizaciones o las prórrogas se extiendan, toda vez que el estado de excepción constitucional en el sur ya dejó de ser una excepción y pasó a ser un estado de normalidad.

Al respecto, quiero recordar que un estado de excepción constitucional, en el fondo, es el escenario para que el gobierno tome las medidas necesarias para corregir algunas anormalidades. Creo que el gobierno debe haberse dado cuenta, después de tantas prórrogas del estado de excepción constitucional, de que las medidas que ha adoptado dentro de este escenario constitucional no han sido del todo suficientes. Si bien es cierto el mismo gobierno ha reconocido y nosotros también reconocemos que ha habido una mejora al adoptar el estado de emergencia en la macrozona sur, la pregunta es: ¿por qué no adoptar medidas similares en el norte? ¿Por qué se han resistido tanto a hacer lo mismo en el norte? Más que el gobierno esté viniendo a la Sala de esta Cámara de Diputados cada quince días a pedir una autorización de prórroga, me hubiese gustado que, en su minuto, la ministra del Interior de la época, cuando retiró el estado de excepción constitucional en la macrozona norte, nos hubiese fundamentado por qué lo hacía. En momentos en que los indicadores de violencia y criminalidad estaban en pleno aumento y en momentos en que morían muchos nortinos de Arica, Iquique y Antofagasta en manos del crimen organizado, vino aquí una ministra del Interior a decir que no se pedía más el estado de emergencia, presionada por grupos políticos hoy sentados en esta Sala, en pleno aumento de la criminalidad, y todavía no nos responde cuál fue el argumento que fundó ese retiro, a pesar de haber sido solicitado por oficio en esta Sala. La petición de oficio para conocer el fundamento que tuvo a la vista el gobierno para retirar el estado de emergencia en la macrozona norte la hizo en esta Sala un diputado de la república, y aun el Ministerio del Interior no da respuesta.

Por eso, y aprovechando su presencia, les pido a la ministra del Interior y al subsecretario del Interior, por su intermedio, señorita Presidenta, que en algún minuto nos hagan llegar el fundamento, el razonamiento que puso el gobierno sobre la mesa para retirar el estado de emergencia en la macrozona norte.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señorita Presidenta, escuchando el debate, me imagino que todos tienen claro que no estamos debatiendo una petición de estado de excepción para la macrozona norte o para la macrozona sur, sino que estamos debatiendo acerca de una reforma constitucional que probablemente va a ser permanente, a pesar de que se esté en un proceso constituyente, toda vez que, en el acuerdo al que ustedes llegaron -me refiero a los partidos políticos que lo suscribieron-, dejaron amarrados en los 12 principios o fundamentos los estados de excepción.

Por lo tanto, el nuevo proceso constituyente tendrá que hacerse cargo de lo que aquí se vote. En otras palabras, lo que aquí se legisle es para el futuro, para esta Constitución y la que viene.

Y lo que hace de fondo este proyecto es que el control político del Congreso sobre el Poder Ejecutivo en materia de estados de excepción de emergencia no sea cada 15 días, sino cada 35 días, como señala la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Creo que el único efecto que tendrá esta modificación es que el Poder Legislativo pierde el control sobre los estados de excepción.

Me parece que también hay que hacerse cargo de la oportunidad en que estamos legislando esta materia: a fines de enero y a días de iniciar el receso legislativo.

¿Acaso la idea es no venir a trabajar en febrero? Creo que tenemos que ser responsables y el control sobre los estados de excepción tiene que hacerse de manera rigurosa y permanente, y no cada 35 días.

Desde esa perspectiva, me parece que las cosas no están muy en orden, además de que esta discusión se está dando sin mucha seriedad. De hecho, la ministra y el subsecretario están preocupados de otras cosas mientras esto se debate.

Por eso, creo que tenemos que rechazar este proyecto, y venir a trabajar en febrero, si es necesario, pero no podemos dejar a los sucesivos gobiernos, porque no sabemos de qué color político van a ser, la posibilidad de hacer de los estados de excepción una cuestión permanente.

Llevamos cerca de dos años con estados de excepción en la macrozona sur, lo que ya no parece excepción. Y si además pretendemos debilitar el control político que la Cámara de Diputados y el Senado van a tener sobre los futuros estados de excepción, me parece que es irresponsable.

Votaré en contra de este proyecto.

He dicho.

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señorita Presidenta, las víctimas del terrorismo no pueden ser olvidadas. El hecho de renovar los estados de excepción nos permite recordar, cada 15 días, a lo menos, que en el sur se vive terrorismo y no violencia rural.

Y lo terrible es que cada 15 días tenemos a un gobierno que se hace presente acá y que recibe de parte de los representantes del pueblo las distintas opiniones respecto de su quehacer.

¿Y cuáles son esas opiniones? Que es malo. Cabe preguntarse qué hace que el estado de excepción sea permanente. La respuesta es que el gobierno ha sido incapaz de controlar a los terroristas de los “territorios liberados” y de todas esas payasadas que les gusta mencionar.

Bueno, resulta que hay un descampado, precisamente porque no existe voluntad.

Le quiero recordar a esta Cámara que, al principio, cuando tuvieron que reconocer el error de no querer implementar un estado de excepción, precisamente fue porque era acotado, solo se entraba a algunas partes, a pesar de que el decreto no lo decía así.

Como decía el diputado Winter , esta autorización que da el Congreso le otorga al Presidente de la República atribuciones que normalmente no tendría. Por eso, cada 15 días tenemos que ver cómo hace uso de esas atribuciones el Presidente, porque las potestades públicas, las atribuciones públicas, son poder-deber: no es que lo quiera hacer o no; tiene que hacerlo, tiene que darle paz a la gente.

Pero resulta que hoy nos dicen que quieren venir cada 35 días o cada 45 días. Comparto lo que dicen algunos diputados que no son de mi color político: que esto es precisamente olvidarse de las personas; olvidarse del fracaso de una política de seguridad; olvidarse de que el gobierno no está haciendo la pega ahí.

No deberíamos tener estado de excepción. La policía debería funcionar normalmente; el problema es que no funciona. Y si vamos a hacer esto cada ciertos días, sin que tengamos realmente el compromiso de que esto avanza, no tiene más justificación que alivianarle el trabajo al gobierno de recibir de parte de los representantes del pueblo las reprimendas por un trabajo mal realizado.

Y en eso, no podemos ser cómplices, porque no nos debemos al gobierno sino a las personas que representamos acá, en mi caso, a las de mi distrito, que es de la Región Metropolitana, que vive otros problemas de violencia.

Pero los parlamentarios que representan a las zonas del sur representan a gente que no está en esta mesa, y el gobierno tiene que reconocer, al menos cada 15 días, el fracaso de su política.

Por eso, quiero decir a las víctimas del terrorismo que no las vamos a olvidar, que no queremos que este país, con esa mala memoria que nos caracteriza y que deja que estas noticias pasen, los olvide. Nosotros estamos con ustedes.

He dicho.

El señor GUZMÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a las ministras y al subsecretario presentes. A ellos y al resto de la Sala los quiero invitar a una reflexión.

Comparto lo que dijo el diputado Félix González , quien ocupa una vereda distinta de la mía: estamos en un problema. Mientras no nos hagamos cargo de reflexionar y ver cómo solucionar ese problema, este va a seguir avanzando.

La excepcionalidad se está transformando en la regla general; estamos transformando la excepcionalidad, que tiene una justificación, una razón, un fundamento y un tiempo determinados, en el orden práctico de todos los días.

Está claro, entonces, que tenemos un problema de orden público, tenemos un problema de delincuencia, tenemos un problema de terrorismo y tenemos un problema de seguridad en Chile. ¿Y cómo estamos enfrentando este problema? Con estados de excepción que permiten que las Fuerzas Armadas, cuya función es distinta de la mantención el orden público, se hagan cargo de contener la inseguridad y la delincuencia que estamos viviendo.

Hace pocos días, el subsecretario del Interior nos dijo acá que sí tenían un plan. Pero me parece que ese plan se está enfocando en hacer de la excepcionalidad la regla general.

Señorita Presidenta, por su intermedio, quiero decir a los ministros que queremos saber cuál es ese plan real para contener la violencia y la inseguridad en Chile. Se nos pide que extendamos el plazo de prórroga del estado de excepción a 35, 45 o 60 días; sin embargo, no se da respuesta a este Congreso, a esta Sala, de cuáles son las razones que justifican esta medida ni sus consecuencias. En la práctica, nos estamos desligando del problema que están viviendo los chilenos.

Tengo muchas dudas con este proyecto. Estoy en reflexión, al igual que nuestro partido, porque creo que aumentar el plazo de prórroga 15 a 35 o 45 días no está solucionando el problema de fondo, y nosotros estamos tapando el sol con un dedo.

La crisis de seguridad que vive Chile debemos enfrentarla con la institucionalidad que corresponde y no aumentando el plazo de prórroga de los estados de excepción, que, como su nombre lo indica, son excepcionales y no la regla general.

He dicho.

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a las señoras ministras y al señor subsecretario.

Este es un proyecto de ley probablemente sencillo, del que se había hablado bastante, pero que recién hoy estamos tratando. De todas maneras, se valora y es necesario en Arauco y en el Biobío, región que representó. Si bien el estado de excepción no es lo ideal, como señala la ministra Tohá , por lo menos, permite…

(Un señor diputado conversa con los representantes del Ejecutivo)

Señora Presidenta, este es el único espacio que tenemos para comunicarnos con los ministros, pero si ellos no están escuchando, declino intervenir en este espacio.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Pido al diputado José Miguel Castro que vuelva a su puesto, para que los ministros puedan poner atención a las intervenciones.

Continúa con la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señoras ministras y señor subsecretario, lo mínimo que nos merecemos quienes hemos estado tratando de acompañar al gobierno en distintas propuestas es su atención, porque más allá de que seamos de izquierda, de derecha o de distintas bancadas, lo hemos hecho con voluntad. Eso es lo que debemos rescatar. Ojalá pudiéramos ser muchos más los que podamos traer propuestas, así como lo hemos hecho en la comisión investigadora respectiva junto con los diputados Jaime Araya y Francisco Pulgar, entre otros. En fin, hay mucho más que hacer.

Efectivamente, con los estados de excepción han bajado los índices más graves de hechos de violencia en la macrozona sur. Eso se valora, al igual que la mesa de seguridad que instalaron la ministra y el subsecretario, y el proyecto de protección de infraestructura crítica, pese a que a veces nos hacen una mala jugada los complejos, tanto de la derecha como de la izquierda. Quiero decirlo: las Fuerzas Armadas también deben prestar una ayuda al país cuando se necesita; lo veremos en el proyecto que trataremos a continuación de este. Por eso, agradezco que las Fuerzas Armadas hayan estado prestando servicios en estos tiempos, que no han sido fáciles.

Debemos centrar los esfuerzos en materia migratoria en este estado de excepción, dotando al Ejecutivo de todas las herramientas que necesite.

Por todas estas razones, votaré a favor este proyecto de ley.

Si bien en un inicio se habló de 60 días, en la Cámara Alta se bajó a 45 días. No obstante, hay una fórmula sobre la que sería bueno conversar con el Ejecutivo. Hay que trabajar esa materia con la finalidad de que podamos abordar la fórmula que el Ejecutivo propone para que el Congreso pueda poner término a esta prórroga tan amplia, pues dicha fórmula no ha quedado claramente establecida. Por ello, solicito que el Ejecutivo defina bien cómo el Congreso podría revocar dicha prórroga amplia, porque si es de manera permanente, sucesiva, para ejercer el contrapeso de poderes, necesitamos tener claridad en torno a ello.

Anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley, al igual que nuestro espacio político. Espero que podamos seguir avanzando en más instrumentos en materia de seguridad. Con mesas de trabajo o sin ella, con acuerdos o sin ellos, debemos aprobar este tipo de iniciativas.

Por último, dado que hoy tenemos tres proyectos en materia de seguridad y migraciones, hago un llamado a la Cámara para que los aprobemos antes de este…

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

¿Quiere hacer un punto de Reglamento?

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

No, señorita Presidenta. Solo quiero terminar los minutos en los que fui interrumpida; muy breve.

Quiero decir que tenemos tres proyectos, los que espero que esta Mesa, así como la Cámara, pueda apoyar antes del receso.

He dicho.

El señor JOUANNET.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, junto con saludar a las ministras y al subsecretario, quiero aclarar un par de cuestiones.

Lo primero que quiero plantear es que lo que no se puede hacer siempre es comparar penas con manzanas, y felicitarnos por la disminución de un 40 por ciento de un año a otro.

En 2021 hubo ocho meses sin estado de excepción constitucional, de manera que no se puede comparar un año con ocho meses sin estado de excepción constitucional con otro año que tiene casi los doce meses con estado de excepción constitucional. Eso es lo primero.

Sin lugar a dudas, el estado de excepción constitucional ayuda, como lo dijo la propia ministra, pero no es una cuestión que debiera ser permanente.

Respecto de la planificación, la ministra también ha señalado que se requiere más tiempo, que ojalá no tuviéramos que aprobar cada 15 días el estado de excepción constitucional, para que los militares tuvieran más tiempo para planificar.

Con varios diputados, entre ellos el diputado Miguel Ángel Becker , estuvimos con el general Castillo , que es jefe de Apoyo a la Fuerza, quien nos dijo que no, que a él los 15 días no le acomodaban, que ellos tienen una planificación permanente, y que, por tanto, no están pensando en los 15 días. De manera que si el general Castillo nos dice eso, en el fondo, eso es lo que ocurre con los militares.

Yo diría que lo que aquí sucede es que no tenemos una respuesta para la Región de La Araucanía, no tenemos una respuesta de fondo en materia de seguridad. El tema de seguridad pasa porque tenemos pocos carabineros y porque hemos hecho poco, muy poco, para tener más carabineros. Este año o el año pasado ya egresaron ochocientos carabineros y mil quinientos pasan a retiro.

Lo que digo es que para la Araucanía, más allá de una serie de planes, llevamos casi un año y no tenemos una cuestión de fondo. Si bien esto fue una herencia del gobierno anterior, para la inseguridad en la Región de La Araucanía este gobierno, después de un año, debiera tener una respuesta un poquito más contundente, y eso es lo que no tenemos. En definitiva, nosotros somos los representantes de la Región de La Araucanía y nos debemos a quienes nos eligieron.

Estoy muy sorprendido, porque veníamos de cuatro años de un gobierno desprolijo, situación que la propia derecha reconocía a tambor batiente; pero quiero felicitar a este gobierno, porque está logrando lo imposible: superar el estereotipo de ampliar la desprolijidad.

Por lo tanto, ministra, por intermedio de la señorita Presidenta, este Parlamento no es responsable de la falta de gestión. Quienes contenemos y canalizamos el sentir de los ciudadanos estamos disponibles para ayudar, pero con diálogo, y, la verdad, con un trabajo de fondo.

Sin embargo, en el caso de la Araucanía todavía estamos al debe, porque seguimos con las mismas políticas del gobierno anterior y no hemos avanzado ni un centímetro: la pobreza sigue ahí.

He dicho.

El señor BECKER.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a las ministras, al subsecretario y a los diputados que se encuentran en la Sala.

La verdad es que nosotros necesitamos el estado de excepción constitucional; lamentablemente, necesitamos esta protección por parte del Ejército. Esto viene desde hace varios años, en los que hemos dejado de hacer, y cuando se deja hacer, las personas comienzan a tomarse los espacios.

El caso de Temucuicui -alguien lo mencionó, creo que fue el diputado Kaiser -, ¡claro!, es un espacio en el que hoy la Policía de Investigaciones y Carabineros no pueden entrar, y al Ejército no lo dejamos entrar. Ello realmente nos complica.

Pero hay situaciones que podríamos analizar. Tenemos fotografías que muestran que el actual Presidente de la República y el diputado Winter han estado al interior de Temucuicui. Quizás podemos preguntarles a ellos cómo podemos hacerlo para llegar a algún tipo de arreglo con esta gente para que dejen esos espacios y permitan que el Estado llegue.

El Estado, tal como lo ha dicho el diputado Miguel Mellado en otras ocasiones, sí ha estado llegando con apoyo en plata a la gente al interior de Temucuicui, pero esta no permite que se realice el censo y no permite que el Estado llegue a todos los espacios. Eso no puede ser.

Ahora bien, el hecho de que el estado de excepción constitucional se prorrogue por mayor cantidad de días lo veo más como una opción de algunos de no querer venir en febrero a trabajar. Eso también lo encuentro extraño, porque nosotros estamos aquí disponibles para la gente, no para gozar eventualmente de vacaciones prolongadas, que no corresponden en muchos de los casos.

Sin duda, no quiero que la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y de Biobío queden sin la adecuada protección por parte del Ejército. Ya lo dijo el diputado Jouannet : el Ejército tiene una programación que va más allá de los 15 días, sin duda. En ese sentido, creo que tenemos claridad de que si esto se prorroga puede ser una forma más rápida de mantener esta medida y de no tener las reuniones acá con mayor constancia.

A veces también es bueno compartir lo que acaba de mencionar la ministra Tohá , en cuanto a decirnos qué ha estado ocurriendo, qué ha estado mejorando y en qué forma podemos colaborar nosotros, como representantes de la región, para que estas cosas mejoren. La verdad es que hay que planificar esto; no podemos estar en un estado de excepción constitucional permanente; no es la forma. Espero que podamos buscar las herramientas que nos permitan llegar a la gente y hacer que esto no continúe.

Dios bendiga a la Región de La Araucanía y a nuestro querido Chile.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a las ministras Carolina Tohá y Maya Fernández , y al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve .

La bancada del Partido Socialista va a aprobar este proyecto de reforma constitucional, que se enmarca en lo que ha sido el estado de excepción constitucional de emergencia que permite la presencia de militares en la macrozona sur.

Muchas veces hemos dicho en este debate que creemos que la violencia y el crimen organizado que se producen en distintas partes del país tienen que ser enfrentados por las policías, que son los cuerpos preparados, profesionales, que están dispuestos para poder enfrentar este fenómeno delincuencial y capturar a los delincuentes, llevarlos a juicio y obtener sus condenas. Así funciona el Estado de derecho.

En la macrozona sur, el problema de la violencia viene desde hace mucho tiempo, y nuestro gobierno heredó una situación completamente desbordada. Ya venían estados de excepción constitucional de emergencia, con presencia militar en la Araucanía, que subvencionaba o resolvía medianamente el problema de la seguridad de todos los habitantes de esos lugares.

Este gobierno no tuvo alternativa; no se puede preparar policías en tan poco tiempo, no se puede profesionalizar a la PDI a los niveles que se necesita. Por lo tanto, nuestro Estado de derecho nos obliga, lamentablemente, a utilizar a las Fuerzas Armadas en labores que, como se ha dicho, no son las propias de su función pública, pero lo han hecho bien.

Quiero felicitar al equipo del Ministerio del Interior, porque ha tenido una manera inteligente de resolver el problema de los militares, porque ha dado más seguridad a la población, sin limitarse excesivamente sus derechos, y, sobre todo, porque han bajado todas las estadísticas de delitos violentos. Incluso, hay personas que hoy están privadas de libertad en espera de juicio, acusadas de delitos muy importantes. Las policías son insustituibles, pero a falta de alternativas los militares tienen que cumplir con su labor.

Hoy se nos pide que de alguna manera terminemos con estas prórrogas cada 15 días, lo que es inevitable, porque en 15 días no se permite que la Fuerzas Armadas planifiquen adecuadamente su trabajo. Ellas están siempre dispuestas a que se termine el estado de excepción constitucional y poder volver a distintos lugares. Se necesita mayor análisis de inteligencia, análisis de riesgo; el despliegue exige que estos estados de excepción constitucional no tengan vidas tan cortas, sino que tengan un poquito más de tiempo que permita toda esta planificación.

Se nos pide que la extensión de las sucesivas prórrogas del estado de excepción constitucional de emergencia sea cada 35 días, en la medida en que se permita revocar por alguna facultad y con acuerdo de un número mínimo de parlamentarios. Creo que existen los debidos contrapesos para otorgar mayor plazo al Ejecutivo, de manera que vamos a votar a favor este proyecto de reforma constitucional.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Eric Aedo .

El señor AEDO.-

Señora Presidenta, por su intermedio quiero saludar a las ministras del Interior y de Defensa, y al subsecretario del Interior, quien ayer tuvo un día intenso.

Ministra, estamos frente a un tema que es de tremenda importancia para el país. Quiero partir esta alocución diciendo que creo que todos los sectores políticos en estos últimos meses hemos crecido en cuanto al nivel de conciencia respecto de lo que estamos enfrentando en la macrozona sur y la necesidad de estos estados de excepción.

Presidí la comisión investigadora de robo de madera, en la que estuvieron representados distintos sectores políticos -obviamente, el gobierno y la oposición; yo soy jefe de bancada de la Democracia Cristiana-, y lo que sucede en la macrozona sur ha sido sacarse la venda, la ingenuidad en cuanto a lo que enfrentamos: la cruda realidad de la violencia, como bien lo dijo la propia ministra del Interior en una entrevista que dio a medios nacionales.

Digo lo anterior, porque, en definitiva, necesitamos los estados de excepción y más tiempo, para no volver a discutir esto cada quince días, porque lo que tenemos en la macrozona sur es violencia, y violencia asociada a un negocio ilícito. Creo que eso ha sido un tremendo aprendizaje para el país en el año que pasó.

Detrás de ciertas reivindicaciones lo que tenemos es un negocio ilegal de cien millones de dólares, de gente armada que defiende ese negocio, y, junto con los estados de excepción, existe la absoluta necesidad -lo señalo al gobierno de avanzar definitivamente en una ley de inteligencia que deje atrás los problemas que tiene el propio sector, y a veces el mundo de la centroizquierda, a la que le digo que cuando se imagina sistemas de inteligencia, no se trata de tortura. El Estado tiene el derecho a defenderse y a conocer con exactitud lo que está haciendo el crimen organizado, que hoy cuenta con más sistemas de inteligencia que él. Así lo dijo el propio director de la ANI cuando expuso en la comisión investigadora de robo de madera.

Necesitamos aprobar el proyecto de ley de usurpaciones, que no puede ser solo un saludo a la bandera, sino que el mensaje tiene que ser duro para quienes están en eso, porque esa es la base que se halla detrás de la violencia que estamos viviendo en la macrozona sur.

Entonces, en lo personal, concurriré con mi voto a favor de este proyecto. Pero les pido que dejemos la inocencia, que veamos la realidad como es y seamos capaces de enfrentarla en conjunto.

Hago un llamado a mis colegas de derecha a que en estos temas también apoyen el proyecto de infraestructura crítica y no nos demos…

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señora Presidenta, por su intermedio quiero saludar a las ministras y al subsecretario presentes en la Sala.

Quiero representar mi preocupación, subsecretario, respecto a la falta de políticas claras de prevención. A continuación, daré un ejemplo al respecto.

Fui invitado al comité regional policial en el Maule. Si usted no está enterado, subsecretario, la ley de datos unificados no está funcionando, pues todavía las policías no se comparten la información. ¿Qué plan va a funcionar, subsecretario?

Yo vengo del ámbito penal. Es distinto sentarse a opinar técnicamente en una mesa en que la gran mayoría son políticos. Entonces, ¿cuál es el estado de resultados? Claramente, el fracaso. Vea las cifras en la Región del Maule -no son muy distintas a nivel de país-: siguen subiendo.

Subsecretario, no estoy pidiendo que me inviten para ir a tomarme una foto o dar un punto de prensa -soy lo más malo para ese tema-, pero no desechemos el recurso para aportar en la prevención.

Hoy estamos hablando del estado de excepción en la macrozona sur. También lo están pidiendo en el norte. Pero quienes entendemos de criminalística y criminología sabemos que hay una mutación y una ramificación del delito que está afectando al resto de las regiones.

Entonces, subsecretario, ministra, pido mayor atención respecto al plan de trabajo preventivo.

Agradezco el gesto que tuvo el gobierno de invitarme al comité policial regional. Llegué con mi carpeta y datos. Pero ¿saben qué, subsecretario, ministra? Quedé más preocupado.

Es distinto cuando hablamos de cartografía forense, con datos estadísticos preventivos, con primeras diligencias. Hoy día en la región nosotros estamos educando a la gente para que sean nuevos investigadores, porque muchas veces no hay tiempo. A pesar de que existe un Manual de Primeras Diligencias, del 2017, la gente tiene que buscar los registros de las cámaras de seguridad, empadronar testigos, materias que son propias de la investigación y de las policías.

Entonces, más allá de seguir -de nuevo apoyando a este gobierno, ministra y subsecretario, una vez más les hago presente mi preocupación, porque no veo un plan de trabajo para prevenir los delitos. La Región del Maule es donde mayor cantidad de madera se roba, y esa situación no va a cambiar aún.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a las ministras, al subsecretario y a los colegas parlamentarios.

La verdad es que este proyecto de reforma constitucional nos tiene en un problema como bancada: no hemos tomado la decisión de cómo votarlo.

Lo que sí tengo claro es que, por desgracia, probablemente los próximos tres años -hasta que termine el actual gobierno estaremos con los militares en la Región de La Araucanía y la macrozona sur. Y si coincidimos en algo tanto parlamentarios de gobierno como de oposición es en que a nadie le gusta tener a los militares desplegados en la calle, ¡a nadie!

Entonces, ministra, para eso cobra vital importancia lo que hace exactamente un mes y una semana solicité: un plan de seguridad para la Región de La Araucanía y la macrozona sur, para ver cómo terminamos con la presencia militar en el sur de Chile.

Debo reconocer que en este gobierno efectivamente ha habido resultados, y eso nos pone contentos. No hay que ser mezquinos, porque ser de oposición no significa destruir. Por tanto, reconozco que en este gobierno, por ejemplo, el líder de la CAM hoy está tras las rejas, así como también sus hijos; se han roto verdaderos cárteles del robo de la madera, que es una de las principales fuentes de financiamiento para los actos que nos tienen con los militares en nuestra región desde hace ya varios años.

Por lo tanto, ministra, lo que respetuosamente solicitaría de nuevo es que, por favor, se concentren en preparar un plan de seguridad que permita lo más pronto posible que los militares regresen a sus labores habituales, a sus cuarteles, y recuperar la libertad, la normalidad que se perdió hace veinticinco años, en lo que el Estado chileno -gobiernos de izquierda y de derecha ha fallado constantemente.

Eso es lo que le encargo, ministra: un plan para terminar con esta situación y que los militares vayan a lo que corresponda, por ejemplo, al norte de Chile, donde hoy también se necesitan. Esto, no solo por ser solidario con la gente de esa zona, sino porque todo lo que entra por la frontera norte termina en las regiones.

Entonces, al problema grave que tenemos en la Araucanía y en la macrozona sur, ¿le vamos a sumar sicarios? Se nos desbanda completamente.

Le encargo, por favor, ministra, este plan de seguridad.

Por último, señalo que vamos a votar a conciencia. Insisto: ser oposición no significa hacer destrucción; queremos ser un aporte al país y a la región.

He dicho.

El señor SCHALPER.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra Carolina Tohá , a la ministra Maya Fernández y también al subsecretario Manuel Monsalve .

En primer lugar, parto por valorar la evolución. Cuando nosotros éramos gobierno, si hubiésemos planteado una cosa como esta, nos habrían dicho que queríamos militarizar el Wallmapu más tiempo. ¡Miren las vueltas de la vida!

Que hoy día sea un gobierno de izquierda, más centroizquierda, más la tercera coalición, que son los amigos del Presidente, el que plantea extender la duración del estado de excepción constitucional de emergencia por más días denota una evolución sumamente valiosa y habla de entender que, al final, las herramientas de orden público no son de derecha ni de izquierda, sino herramientas que están al servicio de las necesidades concretas que presenta la realidad.

Es un hecho de la causa que este estado de excepción ha dado resultados favorables en materia de control del orden público; sin embargo, tengo que ser muy sincero -creo que hablo en nombre de los 22 diputados de Renovación Nacional y de los demás diputados de Chile Vamos y decir que estamos con dudas, ministra -por su intermedio, Presidenta-. Estamos con dudas porque, si bien entendemos que esto puede ayudar a la coordinación, al plan estratégico específico de las Fuerzas Armadas en la zona, no es menos cierto que el que sea cada quince días permite que nos vengan a decir cuál ha sido la evolución y que, por decirlo así, la coalición de gobierno, que ha tenido algunas dudas respecto de esto a lo largo de su historia, nos reafirme cada quince días su convicción con esta medida.

Por lo tanto, considero muy importante que el gobierno pueda acercarse a las fuerzas de oposición y nos cuente cuál es el plan de acción concreto que tiene para los próximos quince, veinte o veinticinco días en aquellas zonas que están bajo estado de excepción constitucional de emergencia y en qué está el plan Buen Vivir, porque hasta aquí nos da la impresión de que el único plan de buen vivir es para las personas que trabajan en dicho plan, pues reciben muy buenas remuneraciones, aunque no sé si ha permitido un mejor vivir para los beneficiarios directos de ese plan.

Ojalá también nos puedan contar qué rol específico le asiste al ministro Giorgio Jackson en esta materia. Recuerdo que la Conadi sigue dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Va a jugar algún rol en materia del trabajo con los pueblos originarios en aquellas zonas que están sujetas al estado excepción?

Y, por último, ¿existe alguna posibilidad siquiera de plantearse un estado excepción para otras regiones?

Todos esos temas son los que nos obligan a reflexionar sobre este tema.

En lo personal, me encantaría que, antes de que termine la jornada, podamos tener esos espacios de conversación y, a partir de ahí, entendamos que esto no solo se trata de extender o no un plazo, sino de cómo hacemos para que el estado de excepción esté realmente al servicio de las personas.

En el caso de Renovación Nacional, tenemos cuatro diputados en la Región de La Araucanía, quienes buscan representar adecuadamente las necesidades de aquellos que sufren especialmente la violencia y el terrorismo en esa zona.

He dicho.

El señor ILABACA.-

Señorita Presidenta, esta discusión se viene planteando desde hace más de tres años, como es la permanente renovación del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, de manera que debemos entender que no estamos hablando de un estado excepcional, que es como fue concebida y establecida esta figura jurídica en la Carta Fundamental.

Es claro que el Estado ha fallado en la forma de abordar un problema que es mucho más complejo que el que algunos pretenden establecer.

Recuerdo claramente los procesos de discusión durante el gobierno del Presidente Piñera, y cada vez que discutíamos esto señalábamos lo importante que era tener un plan que vaya más allá de la militarización de la macrozona sur. Cuando el gobierno del Presidente Boric inició este proceso -ya llevamos 16 renovaciones-, nos invita a, desde el gobierno, desarrollar un plan mucho más integral, plan que, claramente, ha mostrado cifras satisfactorias.

Entonces, si se informa acá que los niveles de criminalidad han bajado en 40 por ciento en la macrozona sur, es señal de que el plan avanza correctamente.

¿Es eso suficiente? No, no lo es.

En ese sentido, ministras, es necesario pensar en cómo podemos enfrentar estos hechos graves, pero de manera de alcanzar una solución real a un problema grave que no solo se vive en la macrozona sur, sino también en la región que represento, la Región de Los Ríos.

Tenemos un grave problema de seguridad nacional y tenemos una pila de problemas a lo largo del país. Entonces, cuando uno ve que eso se está viviendo a diario, no comprende la acción de algunos colegas, en particular de Chile Vamos y del resto de la derecha, que tienden a obstruir permanentemente los avances de nuevas políticas de Estado para poder enfrentar estos desafíos. Sucedió ayer en el proceso de discusión del proyecto de ley sobre infraestructura crítica, donde desarmaron un proyecto que venía claramente consensuado. En el Senado tuvo amplia mayoría, pero aquí se desarmó. Sucedió también en la discusión de este proyecto, que la derecha, en general, votó en contra.

¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que se entregue al gobierno la oportunidad de tener mayor tiempo de coordinación y establecer una estrategia mucho más a largo plazo, porque es absolutamente ineficiente que estemos cada semana discutiendo la renovación de un estado de excepción constitucional de emergencia. Eso discutimos hoy día: la posibilidad de que se entregue al gobierno la facultad de mantener la extensión por un período un poco más largo.

Ministra, va a tener todo el respaldo de la bancada del Partido Socialista.

Tenemos muchos temas que tratar en materia de seguridad…

El señor VIDELA.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a los ministros que nos acompañan.

Por supuesto que vamos a aprobar este proyecto, pues desde el principio del período venimos luchando por mayor seguridad.

La Región de Antofagasta está entre las tres con mayor tasa de delitos de alta connotación. Para los últimos hechos ya no hay capacidad de análisis posible.

Hace poco ocurrió un portonazo en Antofagasta. Una madre iba con su pequeño hijo y antisociales intentaron robarle; en Calama, a vista y paciencia de más personas, un delincuente disparó a un conductor de un camión distribuidor de gas y, lamentablemente, esa persona falleció.

Lo que me comenta la gente en la calle y lo que uno puede leer en redes sociales es que da lo mismo de qué partido político o de qué sector seamos, porque la gente quiere que nos pongamos de acuerdo y avancemos en dar mayor seguridad.

En ese sentido, hoy por la tarde y mañana tendremos una votación importante, la del proyecto sobre infraestructura crítica, el que, al igual que este, es relevante en materia de seguridad.

Por lo tanto, llamo a que avancemos y dejemos de lado los sesgos políticos e ideológicos, porque la gente quiere seguridad, tranquilidad, poder caminar por las calles tranquilamente y no que tengamos que estar encerrados en las casas, como quizás pasa en el sur, en el norte y seguramente en muchas de las regiones que representamos.

Por lo tanto, insisto en apoyar este proyecto, pero también en que necesitamos con urgencia que los militares estén con facultades en la frontera. He estado tres veces en Colchane, donde uno puede observar que, lamentablemente, es un sector que no está resguardado como debería. Si un extranjero quiere venir a aportar al país, si quiere venir a Chile, lo debe hacer por la puerta, no por la ventana.

Para evitar los ingresos ilegales, el Ejército tiene que tener facultades para detener y reconducir. Ese es el llamado que vengo haciendo desde marzo de 2022, cuando asumí como diputado.

Por lo tanto, espero que avancemos en mayor seguridad y que dejemos de lado, como dije, las ideologías y otros temas que, a lo mejor, nos tienen entrampados y nos impiden avanzar.

Vuelvo a insistir en que a la gente le da lo mismo de qué color político seamos. Lo que quiere la gente es seguridad y tranquilidad. Para eso nos pagan: para entregar respuestas a la ciudadanía, y no peleas ni discusiones; nos pagan para avanzar en acuerdos.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a la señora ministra y al señor subsecretario que nos acompañan en la Sala.

Nuevamente estamos por dar una posibilidad a la gente, en específico de la macrozona sur, de asegurarles la presencia de militares en su zona a través de la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia.

El gobierno vino al Congreso a pedirnos más facultades, y se las estamos dando, porque es acá, en el Congreso Nacional, donde se deben tomar las decisiones para apoyar a las personas y elaborar leyes que apunten en ese sentido.

Espero que esta mañana podamos avanzar en despachar el denominado proyecto de infraestructura crítica, que permitirá dar atribuciones de verdad a los militares para custodiar la frontera; atribuciones fuertes para que los inmigrantes que ingresan a Chile ilegalmente o los delincuentes que viven en Chile sepan que se van a enfrentar, si es necesario, a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy: dar facultades, pero también queremos endurecer la mano y que se sepa que cuando las Fuerzas Armadas estén custodiando la frontera, que es parte de lo que vamos a tratar en el proyecto que sigue en la tabla, respecto de infraestructura crítica, tendrán todas las atribuciones de la ley.

Ahora, no van a tener que venir cada 15 días, sino que probablemente lo harán cada 35 días.

En nombre de los diputados de la bancada de la UDI, queremos pedirles a las ministras del Interior y de Defensa Nacional -por su intermedio, Presidenta avanzar en el estado de excepción constitucional de emergencia para la macrozona norte.

El proyecto de infraestructura crítica -que esperamos sea aprobado esta semana-, tiene un problema de tiempos, porque, entre la promulgación del decreto, la publicación y otros aspectos, va a transcurrir bastante tiempo. Por eso, al menos durante los próximos meses, les pedimos que decreten estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona norte, para dar protección a todos quienes viven en el norte de nuestro país.

He dicho.

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a nuestra ministra y a nuestro subsecretario.

Siempre lo he dicho: soy de la comuna de Curacautín, de la provincia de Malleco, de la Región de La Araucanía, y lo digo con mucho orgullo.

Hoy estamos analizando la posibilidad de aumentar los días de prórroga de los estados de excepción constitucional.

Creo que es un buen momento para valorar, agradecer y reconocer el trabajo que realiza, con un tremendo esfuerzo, el Ejército de Chile en la Región de La Araucanía. Lo mismo vale para Carabineros de Chile.

He conversado con los funcionarios del Ejército y conozco los esfuerzos que realizan. Es muy distinto ver en terreno a un funcionario del Ejército dentro de una tanqueta, con altas temperaturas en verano y con mucho frío en invierno. Son seres humanos y tienen familia. Por eso, pido que se les entregue toda la implementación necesaria para cumplir su labor, pero sobre todo para su seguridad como seres humanos. Reitero mi agradecimiento por su labor y, en ese sentido, menciono al general Rubén Castillo , jefe de la Defensa Nacional en la Región de La Araucanía, quien ha realizado un trabajo extraordinario en terreno, conversando con los alcaldes y con las distintas autoridades, pero sobre todo escuchando a las familias.

En ese mismo sentido, también valoro lo que se está realizando en conjunto con Carabineros de Chile para asegurar el plan Cosecha Segura. Los agricultores, objetivamente, han visto cierta tranquilidad y eso hay que agradecerlo.

Por su intermedio, Presidenta, cierro mi intervención dirigiéndome a la ministra y al subsecretario, para pedirles, por favor, que demos una respuesta a la comuna de Curacautín, a la cual pertenezco. Entregué un documento y también el alcalde lo hizo una vez, pero necesitamos una respuesta ahora. Me han dado distintas versiones y nadie, absolutamente nadie, toma una decisión, y creo que es el momento de tomarla. Curacautín necesita apoyo, tranquilidad y seguridad. Somos una comuna de gente tranquila, pacífica, responsable y no queremos tener hechos de violencia.

He dicho.

El señor SCHUBERT.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra y al subsecretario.

¡Qué bueno poder tener una conversación sobre una materia tan relevante como es la seguridad! Estamos enfrentando una crisis de seguridad, y eso lo tenemos claro. Qué bueno que podamos conversar, como lo hemos hecho, de manera reservada pero también aquí en el hemiciclo.

En definitiva, si no entiendo mal, este proyecto contempla exactamente lo mismo que ya tenemos en nuestra Constitución y la modificación que se propone es para permitir al gobierno que, después de la sexta renovación de un estado de excepción constitucional, el plazo de renovación ya no será cada 15 días, sino cada 35 días. Eso es lo que entiendo.

De ser así, me gustaría que nos pudieran explicar lo siguiente: ¿cuál es el beneficio de cambiar de 15 a 35 días? En el fondo, ¿qué ganamos en seguridad con ese cambio? En su momento, se dijo que esto permitía una mejor coordinación de las fuerzas desplegadas en los distintos lugares. ¿Es realmente gravitante aquello? ¿Eso hace que, en realidad, el trabajo sea mucho más eficiente? ¿O se trata más bien de un problema interno entre las dos almas del gobierno, que dificulta, cada quince días, obtener la aprobación de una facción del gobierno que no está dispuesta a aprobar una medida como esta y que, de hecho, se ha opuesto desde el principio a ella?

El problema de ampliar el plazo es que no va a haber un control. El control que ejerce la Cámara, cada 15 días, respecto de la posibilidad de restringir derechos esenciales tiene un sentido. Y ahora estaríamos dando, de alguna forma, carta blanca, pues en lugar de controlar cada 15 días, lo haríamos cada 35 días.

Entonces, le pediría a la señora ministra -por su intermedio, señorita Presidenta que nos explique cuál es la virtud de modificar la Constitución con la ampliación de este plazo.

La pregunta que se hacen todos, sobre todo quienes vivimos en la zona sur, es: ¿cuándo se va a atacar el fondo del problema? ¿Es posible que el Estado pueda retomar aquellos territorios que están capturados por el terrorismo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, y es una pregunta relevante. ¿Hay otras medidas? Sí, pero son de muy lenta implementación, y por eso se está eternizando esta medida extraordinaria: el estado de excepción constitucional.

¿Es posible aplicar el estado de excepción constitucional en la zona norte? Lo pregunto porque no solo hay violencia en la zona norte, sino también la entrada libre de extranjeros, como vemos en la prensa. ¿Cuándo vamos a poner freno a aquello? Esta herramienta puede ser poderosa, pero tiene que ir en conjunto con otras. ¿Qué pasa con la ley de usurpación y con su urgencia? ¿Qué pasa con la ley de inteligencia? Si no es por la Comisión de Defensa, todavía seguiría durmiendo el proyecto, pues desde marzo se viene diciendo que el gobierno le iba a dar urgencia.

¿Qué pasa con las reglas del uso de la fuerza (RUF), que ha sido un problema de siempre? Venimos escuchando, desde marzo, que se va a hacer algo con esas reglas. Hay un proyecto de ley presentado por esta bancada en ese sentido. ¿Dónde está la urgencia? Estamos en una situación crítica.

Esto es un acto de confianza, pero tenemos un gobierno que acaba de indultar en un escenario de crisis de seguridad. Queremos restablecer las confianzas y para eso queremos una explicación al respecto.

Aún no tenemos claro cómo vamos a votar, pero lo haremos en conciencia y puedo asegurar que lo haremos pensando en Chile y en la seguridad de nuestros compatriotas.

He dicho.

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señorita Presidenta, voy a enfocar esta materia desde mi formación profesional. Hoy, cuando está tan de moda la neurodivergencia, quiero mencionar que una de las primeras cosas que aprendí en neurofisiología, en el segundo año de Medicina, en la Universidad Católica, es que la repetición de un estímulo agota la respuesta.

Entonces, me parece que estas renovaciones del estado de excepción constitucional cada 35 días se van a transformar en un ritual sin contenido y, como el papel aguanta todo, vamos a seguir discutiendo y escribiendo leyes. Mi compañero de asiento es de la zona del horror de La Araucanía, en concreto de Curacautín, y me pregunto si estas cosas se analizan desde la perspectiva que mencioné, porque, claramente, cuando se repite un estímulo, se agota la respuesta.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente, correspondiente a los boletines Nos 15219-07 y 13085-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Jaime Araya .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 118ª de la presente legislatura, en lunes 16 de enero de 2023. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Certificado de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Documentos de la Cuenta N° 9 de este boletín de sesiones.

El señor ARAYA, don Jaime (de pie).-

Señora Presidenta, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, vengo en informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los senadores señores Álvaro Elizalde , Kenneth Pugh y Jaime Quintana , y de las senadoras señoras Carmen Gloria Aravena y Ximena Rincón , que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente (boletín N° 15219-07), refundido con el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción del senador señor Francisco Chahuán , que permite el empleo de fuerzas militares en el resguardo de infraestructura crítica (boletín N°13085-07). La iniciativa se encuentra calificada con urgencia de discusión inmediata.

Constancias reglamentarias previas

Las ideas centrales del proyecto se orientan a los siguientes objetivos:

Otorgar una nueva atribución al Presidente de la República con el propósito de disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país, definida en el mismo texto, cuando exista peligro grave o inminente a su respecto.

De igual forma, autorizar el ejercicio de esta facultad presidencial para el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país, en conformidad con la ley.

Para dar cumplimiento a lo anterior se modifica la Carta Fundamental, incorporando un numeral 21° a su artículo 32.

Normas que requieren quorum especial

Respecto de las normas de quorum especial, se consigna que, por tratarse de una reforma constitucional, conforme lo prescribe el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política de la República, sus artículos requieren ser aprobados por las cuatro séptimas partes de los diputados en ejercicio.

Normas que requieren trámite en la Comisión de Hacienda

No tiene artículos que sean de competencia de la Comisión de Hacienda.

Respecto de la aprobación del proyecto

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos.

Puesta en votación en general la idea de legislar, se aprobó por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados José Miguel Castro , Andrés Jouannet y Andrés Longton , las diputadas Maite Orsini y Alejandra Placencia , y quien habla, Jaime Araya . Votaron en contra los diputados Cristián Labbé (en reemplazo del diputado Jorge Alessandri ) y Henry Leal . Se abstuvieron la diputada Gloria Naveillán y el diputado Cristián Araya .

Sobre las indicaciones rechazadas por la comisión, estas se consignan íntegramente en el informe pertinente.

En relación con la mención de adiciones y enmiendas que la comisión aprobó en la discusión particular, debo precisar que, de conformidad a lo establecido en el N° 7 del artículo 304 del Reglamento de la Corporación, la comisión deja constancia de que introdujo adiciones y enmiendas al texto del proyecto de ley propuesto por el Senado, haciendo mejoras al texto, destacando las siguientes:

En su artículo primero, que agrega un numeral 21, nuevo, en el artículo 32 de la Constitución Política de la República, se incorpora en el concepto de infraestructura crítica, aparte de la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, la producción, transmisión o transporte, y transformación. Además de la energía, el agua y las telecomunicaciones, se añade el gas.

Se reemplaza al oficial de las Fuerzas Armadas por un oficial general de las Fuerzas Armadas que designará el Presidente de la República para la protección de la infraestructura crítica.

Se elimina el hecho de que los jefes designados para el mando de las fuerzas tengan la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas.

Se establece que las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica.

Se consagra que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden público a quienes se les encomienden tareas quedarán excluidos de responsabilidad penal siempre que hayan respetado las reglas del uso de la fuerza.

Se contempla que las reglas de uso de la fuerza contenidas en el reglamento, mientras no entre en vigencia la ley, comprenderán el cumplimiento de la consigna y la legítima defensa.

Se estipula que la facultad de conocer en las causas civiles y criminales relativas a hechos ocurridos en virtud de la atribución de protección de la infraestructura crítica será de los Tribunales Militares de la República.

Además, se incorpora que en el contexto de esta protección las policías y los miembros de las Fuerzas Armadas podrán controlar preventivamente la identidad de sujetos que se encontraren en instalaciones calificadas como infraestructura crítica y sujetas a esa protección, o en sus inmediaciones. Idéntica facultad de control preventivo podrán realizar en zonas fronterizas. En el ejercicio de esta función, las policías y los miembros de las Fuerzas Armadas podrán proceder al registro de vestimentas, equipajes y vehículos en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal.

Igualmente, los funcionarios policiales y los efectivos de las Fuerzas Armadas podrán realizar controles vehiculares en vías, caminos o rutas que permitan el acceso a instalaciones calificadas como infraestructura crítica.

Las facultades de control y registro establecidas en los tres párrafos anteriores se ejercerán con pleno respeto a esta Constitución y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Respecto del artículo segundo, que agrega una disposición quincuagésima tercera transitoria, nueva, en la Constitución Política de la República, se establece que dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta reforma el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para la creación de una Policía Militar de Fronteras

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MOREIRA.-

Señora Presidenta, saludo a la ministra y a los diputados y diputadas. En medio de una crisis de seguridad que golpea fuertemente a nuestro país, especialmente en las fronteras, el gobierno propone como solución avanzar en un proyecto de infraestructura crítica que no otorga resguardos mínimos a nuestras Fuerzas Armadas.

La propuesta del gobierno otorga a nuestros militares la responsabilidad de resguardar el orden público, función que por esencia corresponde a nuestras policías, con el fin de colaborar con estas en el resguardo de la infraestructura crítica.

Sin embargo, debemos recordar que la naturaleza de las Fuerzas Armadas es distinta a la de las Fuerzas de Orden y Seguridad, lo que tiene implicancias relevantes, como, por ejemplo, criterios diferentes en lo referente al uso de la fuerza. Así, la propuesta del gobierno otorga funciones policiales a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas sin incluir medidas concretas que den certezas y resguardo legal básico a nuestros militares para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Debido a la falta de voluntad del gobierno de acoger inquietudes legítimas de los diputados de oposición, el proyecto que hoy estudiamos en la Sala dista mucho de su texto original y adolece de una serie de preocupantes contradicciones y vacíos legales.

Las garantías que el gobierno entregue a nuestros militares en esta materia son centrales para que el proyecto tenga una ejecución práctica y exitosa, ya que, de lo contrario, su ausencia podría significar un desincentivo para que las Fuerzas Armadas actúen en situaciones donde el criterio de proporcionalidad del uso de la fuerza aplicable sea dudoso, haciendo que las normas que hoy estudiamos sean inservibles.

A pesar de lo anterior, la forma en que el gobierno intenta plasmar el orden público en este proyecto se aleja en forma peligrosa de la función propia de las Fuerzas Armadas, poniendo a sus miembros en un grave riesgo de judicialización y desamparo en el ejercicio de sus funciones.

Por esta razón, resulta muy relevante y urgente continuar el debate de esta iniciativa en una comisión mixta, con el fin de que se opte por avanzar en entregar estas atribuciones de resguardo de orden público a los miembros de las Fuerzas Armadas con las garantías necesarias y acordes a sus características propias como instituciones, las que no son equiparables a las de Carabineros, Gendarmería o la PDI.

He dicho.

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señora Presidenta, para partir mi intervención, quiero solicitar a la Cámara de Diputados que rechacemos este proyecto. Esta iniciativa, que es una buena solución intermedia para resolver buena parte de la crisis que vivimos en la macrozona norte, hoy adolece de falta de las principales atribuciones que deberían tener las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de la función para la cual se está tramitando.

No se entiende que en este proyecto se les hayan quitado las atribuciones de control de orden público; es decir, vamos a tener a las Fuerzas Armadas sin posibilidad de hacer control de identidad, de registro y de detener, lo que, en la práctica, se va a traducir en que las Fuerzas Armadas solo podrán hacer acto de presencia en la frontera, en circunstancias de que el sentido de este proyecto es precisamente dotarlas de herramientas legales y constitucionales para auxiliar la labor que desarrollan Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones en el control fronterizo, particularmente en relación con la dramática situación que se vive en la macrozona norte.

Lamentablemente, ayer, en la Comisión de Seguridad Ciudadana no logramos arribar a un buen acuerdo que diera viabilidad legislativa a este proyecto. Por lo tanto, la solución racional y obvia parece ser que vaya a comisión mixta, donde podamos reponer el corazón del proyecto, de manera de dar una adecuada respuesta a lo que nos demandan quienes habitan en el norte del país, particularmente desde Arica y Parinacota hasta la Región de Antofagasta, que ven cómo todos los días se instala la migración irregular y descontrolada, que ha sido terreno fértil para que bandas del crimen organizado se dediquen, incluso, a delitos como la trata de personas.

Como señalé cuando di lectura al informe de la comisión, contiene otras cosas que no van en el sentido de los avances que ha tenido Chile. Por ejemplo, se restablece que la justicia militar pueda conocer delitos de carácter penal, además de otro tipo de infracciones que no son propias de la competencia militar, lo que va en contra el sentido de los avances que ha tenido nuestro país, en cuanto a ir reduciendo el ámbito de aplicación de la justicia militar, que es lo contrario de la extensión que se pretende establecer.

Resulta más curioso que se haya aprobado una exención absoluta de responsabilidad para los militares que utilicen sus armas de servicio en la frontera, siempre que se haga bajo las reglas de uso de la fuerza. Nadie en Chile está exento de responsabilidad penal, por lo que parece absolutamente un exceso lo que se ha hecho en la comisión.

Por eso, a esta hora, uno no puede más que calificar este proyecto como un “Frankenstein” jurídico, que no se condice con la necesidad de respuesta que tienen los habitantes del norte del país y del resto de Chile, y que nosotros, como parlamentarios, no estemos a la altura de las necesidades de nuestro país.

Llamo a legislar con seriedad, con responsabilidad y a reconocer que el error que se cometió ayer en la comisión tiene que ser resuelto en comisión mixta.

He dicho.

La señora ASTUDILLO (doña Danisa).-

Señorita Presidenta, ayer asesinaron a tiros a un adolescente en Alto Hospicio y más tarde se produjo una persecución y enfrentamiento a balazos entre policías y criminales. En lo que va del mes, el número de homicidios asciende a diez, y la mayoría de ellos están relacionados con ajustes de cuentas.

De esto hablamos cuando exigimos más seguridad en la macrozona norte, en general, y en Tarapacá, en particular.

Desde hace meses he venido planteando la urgente necesidad de involucrar a los militares en el combate contra el crimen organizado, y es en buena medida gracias a la presión que ejercimos varios diputados que hoy tenemos este proyecto de infraestructura crítica, iniciativa que valoro, pero que, para que funcione, debe hacerse bien.

Hoy rechazaré este proyecto, porque algunos sectores, mediante sus indicaciones, lo convirtieron en un mal proyecto. De nada sirve el despliegue de militares en la frontera si no les damos atribuciones para controlar el orden público.

Debo precisar que el sentido de mi rechazo no es para evitar el despliegue de nuestras Fuerzas Armadas, sino para ir a comisión mixta, en la que podamos recuperar el sentido último del proyecto de infraestructura crítica, como es movilizar todas las fuerzas del Estado disponibles, con todas las atribuciones necesarias para ir en resguardo efectivo de nuestra gente.

Este proyecto no es una solución definitiva, pero es un paso en la dirección correcta para recuperar el Estado de derecho en nuestro territorio.

He dicho.

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, sabemos que en materia de seguridad, como lo que veíamos antes, hemos cometido errores, como Estado y como país, pero ya debemos terminar con esos errores, asumir culpas y hacer mea culpa, toda la clase política, incluso quienes hemos apoyado proyectos que hoy son necesarios. Probablemente algunos sectores no estuvieron de acuerdo, pero hoy ven la necesidad y sienten el clamor de las personas del norte.

Si bien al gobierno se le pedía estado de excepción por 35 días, cuestión que vimos hace poco, hoy necesitamos también asumir más instrumentos, pero estamos -lo digo con mucha responsabilidad parchando un sistema.

Tenemos que avanzar basándonos en lo que significa este gobierno, y este gobierno tiene complejos en algunas materias, y entiendo a la coalición que lo acompaña, pero también quiero pedir a la coalición de oposición que no entorpezca lo poco que hemos avanzado en materia de seguridad.

¿Cómo es posible que ad portas de iniciar el receso legislativo tengamos que rechazar un proyecto? ¿Lo podrá entender la ciudadanía? No, no lo puede entender, y habrá que explicarle por qué tenemos que rechazarlo, para que vaya hoy a comisión mixta, de maneras que vuelva mañana y podamos despacharlo y no demorarnos hasta marzo, abril, mayo o junio, o que, finalmente, no estemos abordando el tema de dar una solución temporal, bastante corta en el norte.

Quiero ser muy clara: este proyecto no se presentó para el norte, se presentó para el Biobío, después de que los propios trabajadores forestales se movilizaron y paralizaron la región del Biobío y al país, justamente porque reclamaban más seguridad, y el propio subsecretario Monsalve comprometió la presentación de este proyecto de infraestructura crítica para la macrozona, pero no logramos los votos necesarios para aprobarlo. Entonces, hemos tenido que ir buscando acomodos.

Yo no soy de gobierno ni soy de oposición, pero quiero avanzar en los temas. Estoy en un espacio de construcción, de entender al gobierno y de evaluar lo que tiene, de cómo votó anteriormente, lo que significa su coalición, pero también hago un llamado a la derecha para que nos pongamos serios, que no hagamos gallitos y que nos sumemos a un trabajo conjunto en materia de seguridad.

De nada sirve utilizar las cámaras si no es para solucionar los problemas; entonces, les pido, de manera fraterna, acompañar este proyecto de la mejor manera.

La ministra y el subsecretario han dicho que están disponibles para avanzar en la ley de uso de la fuerza. Entiendo a las Fuerzas Armadas, que quieren facultades y atribuciones, pero también si ustedes, como Ejecutivo, no están proponiendo aquello, tratemos de confiar, avancemos y saquemos este proyecto.

Vamos a apoyar y vamos a acompañar, pero con los resguardos necesarios.

He dicho.

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señorita Presidenta, la verdad es que esto no es un proyecto de ley, sino que es un “Frankenstein”. Esto partió bien; todos en la Araucanía y en la zona sur clamábamos por un proyecto de infraestructura crítica. Y todo iba perfecto, como avión, como dicen por ahí, hasta que se les ocurrió hacer un tutifruti y mezclar peras con manzanas.

Por su intermedio, señorita Presidenta, debo decirle al Ejecutivo, representado acá por la ministra de Interior y Seguridad Pública, por el subsecretario de Interior y por la ministra de Defensa Nacional, que, desgraciadamente, los militares no están “pa' la patá y el combo”; las Fuerzas Armadas no están para hacerse cargo de todo en lo que el gobierno falla.

Fallamos en seguridad; fallamos en la agenda de seguridad; no hemos sido capaces de legislar para seguridad. Además, llevábamos no sé cuantos meses en una mesa de seguridad, que también estaba entrampada. Pero, al final del día, a lo poco que podíamos tener en seguridad, que era infraestructura crítica, no encontraron nada mejor que meterle la protección de fronteras y la migración ilegal.

¡Qué manera de matar un proyecto! Repito, ¡qué manera de matar un proyecto! ¿Cómo no lograron entender que por cuerdas separadas era mucho más eficiente avanzar, en lugar de mezclarlo todo?

Si el Ejecutivo no hubiera empantanado este proyecto, esta iniciativa habría salido como avión. Pero lo empantanaron, porque tiene unos problemas entre manos, que es la migración ilegal, que es el pésimo resguardo de fronteras y la tremenda violencia en la macrozona norte, donde no han querido imponer el estado de excepción, y para evitar hacerlo no encontraron nada mejor que usar esta nave, el proyecto de infraestructura crítica.

No sé si felicitar al gobierno, porque no tengo muy claro si es que quieren avanzar en esto o no. Si querían avanzar, desgraciadamente, no lo van a lograr; si lo que querían era empantanar la iniciativa, tendría que felicitarlos, porque lo lograron.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente en ejercicio).-

Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, saludo a la ministra y al subsecretario del Interior y Seguridad Pública.

En realidad, espero que sean más las veces en que esté de acuerdo con la diputada Naveillan , en el sentido de que esto partió siendo una cosa y terminó siendo otra. Pero expliquemos bien por qué.

Decimos que las Fuerzas Armadas están encargadas de la seguridad del Estado, pero ¿por qué tienen que hacer labores de orden público? ¿Y por qué tienen que hacer labores de orden público en la frontera? También nos preguntamos eso.

La respuesta es que ante situaciones excepcionales hay que tener respuestas excepcionales. La respuesta es que eso es necesario porque es el único contingente que tiene la capacidad instalada para posicionarse a lo largo de la frontera en los lugares más distantes. Esa es la respuesta.

No queremos que encargarse del orden público sea parte de una atribución, pero también tenemos que entender que en el norte esto es necesario.

Estuvimos en la comisión y fíjese que esto fue como cuando ustedes cocinan; no sé si cocinan, estimados diputados, y hacen mayonesa. ¿Han hecho mayonesa? ¿Se les ha cortado la mayonesa? Adivinen quién la estaba batiendo. No he dicho nada, pero adivinen quién la estaba batiendo.

(Aplausos)

Entonces, no se requiere ser un sabio para saber quién aprobó la siguiente indicación -ya saben ustedes-: “Los jefes designados por el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Interior y Seguridad Pública…”.

Se suprimió esta norma. O sea, las Fuerzas Armadas ahora no podrán ejercer labores de control en la frontera, porque se suprimió la norma. Es más, se aprobó una prohibición: “Las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica.”. O sea, ¿de qué estamos hablando?

Decimos que salió un engendro, pero se contribuyó en ello. Hagamos un mea culpa también respecto de eso. Hagamos un mea culpa políticamente. Los invito a hacer ese desafío.

Lo peor es que se estableció que estos hechos, que iban a pasar ahí, iban a ser responsabilidad de tribunales militares. ¡Por favor! Este proyecto de reforma debe ir a comisión mixta.

Yo voto rechazo.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, me tocó reemplazar al diputado Andrés Longton ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y la verdad es que este proyecto tiene algunos inconvenientes. Escuché la intervención del subsecretario y quiero señalar que algunos de esos inconvenientes están dentro de los reparos que había visto.

El principal es entregar al Presidente de la República la facultad de dictar un decreto con fuerza de ley, cuya vigencia, en la práctica, es indeterminada, dado que la ley que en definitiva se deba dictar puede que nunca salga a la luz, como sucede en Chile, de repente, con los reglamentos de algunas leyes, que nunca se dictan. A veces, también ocurre –recuerden que impuestos transitorios y después quedan permanentes. El impuesto específico a los combustibles del año 1985, que estableció Pinochet a raíz del terremoto de ese año, todavía está vigente, incluso lo subieron.

Aprobar esta iniciativa es entregar un cheque en blanco al Ejecutivo sin que se haya precisado cuál es la línea de mando. Lo dijo el subsecretario: no está en el proyecto cuál es la línea de mando que tendrá el encargado de las fuerzas. ¿Quién será su superior directo?

¿Cómo se relacionan con las autoridades civiles? ¿Solo será un coordinador? ¿Será uno más en la toma de decisiones?

Segundo, ¿quién tendrá la responsabilidad política de las actuaciones? Hay responsabilidad política después. El Estado los mandata; tiene que haber una responsabilidad. ¿Quién la tiene?

El proyecto señala: “Los jefes designados (…) tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas,…”, pero no tendrán responsabilidad política.

¿Quién tiene la responsabilidad política?

Tercero. La iniciativa original habla de proporcionalidad, pero, ¡ojo!, cuando se trata de una fuerza armada lo que se puede pedir a una fuerza bélica es la racionalidad en su actuar, su gradualidad, pero no su proporcionalidad. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas.

Entonces, se considera que fue el Estado el que les ordenó su intervención, pese a que no son una policía. Eso solo puede ser salvaguardado regresando a la justicia militar las atribuciones para juzgar esos delitos.

No olvidemos que la Corte Suprema es el superior jerárquico de la Justicia Militar. Por tanto, los juicios que se llevan en dicha jurisdicción son revisados por el más alto tribunal de la república. No se trata de pedir impunidad. Al revés, se busca no repetir lo que a veces sucede con los fiscales y los jueces de garantía, que parten presumiendo la responsabilidad de los militares, como ocurrió con la patrulla naval de Arauco o el militar de Collipulli, que luego de muchos meses de cautelares fueron absueltos, condenando al Ministerio Público al pago de costas.

Hablan también del control de identidad, pero no se precisa en qué consiste. ¡Si los extranjeros no tienen base de datos en Chile, qué identidad van a controlar!

Entonces, se siente que faltan muchas cosas acá, que se necesita más análisis. Espero que en una comisión mixta efectivamente se logre esa racionalidad que se requiere.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra Carolina Tohá , a la ministra Maya Fernández y al subsecretario Manuel Monsalve , presentes en la Sala.

Me voy a referir de manera breve, pero precisa a algunas cosas que ocurrieron ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Lo que se hizo en dicha instancia, en definitiva, fue eliminar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren de manera activa en el resguardo de la infraestructura crítica y la protección de las fronteras. Esa reforma constitucional que se rechazó, hoy día, lamentablemente, impide que el Estado tenga una herramienta adicional para enfrentar algunas urgencias que nos plantea la ciudadanía de manera efectiva.

Y lo que hacen algunas diputadas y algunos diputados de la oposición es plantear, insistir con un estado de excepción que en el caso de las zonas fronterizas es completamente ineficiente. Ahí es donde se comprueba que hay una parte de la derecha a la que definitivamente no le interesa la seguridad del país, que solo busca excusas para no avanzar y que utiliza aquella para tratar de golpear al gobierno.

La facultad que se otorgaba a las Fuerzas Armadas para realizar funciones acotadas de control de orden público, que son control de identidad, revisión y poner a disposición de las policías a aquellas personas que infrinjan la ley, fue aprobada de manera casi unánime en el Senado. Entonces, lo que pido acá es que podamos legislar de manera seria y coherente.

Lo que hay que dejar claro ante la opinión pública es que este proyecto fue parte de las propuestas que discutimos en el acuerdo de seguridad, y ahí la derecha lo aprobó en todos los términos en que lo presentó el gobierno. Yo estuve presente, y allí nadie puso en cuestión lo que se discutió en la comisión.

Por eso, seamos responsables. Hago un llamado a la oposición a reflexionar, tal como lo hice ayer varias veces, para que deje de aprobar indicaciones que debilitan nuestra democracia, por ejemplo, facultando a los militares para cometer arbitrariedades de manera impune o también otorgando competencia para que aquellos delitos cometidos en estos contextos sean juzgados por tribunales militares, entre otras cosas que ponen en peligro nuestro Estado de derecho y las garantías fundamentales.

Esta es una medida intermedia; por supuesto que no resuelve el problema de fondo frente a una crisis que es heredada, pero de la cual tenemos que hacernos cargo.

Como alianza de gobierno sabemos que las Fuerzas Armadas no pueden suplantar la labor policial. De hecho, ese no es el objetivo de este proyecto; pero, sí, debemos enfrentar con urgencia aquello que hoy día nos permita dar respuestas inmediatas frente a crisis y, en paralelo, discutir medidas a largo plazo.

Por último, hago un llamado a dejar el populismo, a que legislemos en serio, sin obstaculizar, y a rechazar este proyecto de reforma constitucional.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señor Presidente, este es un proyecto largamente esperado por la ciudadanía, que quiere orden en nuestra sociedad.

En ese sentido, quiero destacar el tema relativo al resguardo de fronteras, que está introducido en este proyecto de reforma constitucional, y hacer hincapié en algo que pasó casi colado la semana pasada, si mal no recuerdo: las declaraciones del comandante en jefe del Ejército. Cuando se les iba a encargar la función de resguardar las fronteras, él indicó que eso no correspondía históricamente a las funciones de las Fuerzas Armadas.

Al respecto, quiero recordar al comandante en jefe del Ejército que, más allá de que eso sea efectivo o no, él no está en la función que cumple para deliberar, sino para obedecer. Esa es su función y no estar emitiendo opiniones rayanas, desde mi punto de vista, en la insubordinación. Si el gobierno, el que fuere, este, que no es mi gobierno, o cualquiera lo envía a resguardar la frontera, el Ejército tiene que ir, y el comandante en jefe tiene que hacerlo.

Lo que pasa es que nosotros tenemos un Ejército que está acostumbrado solamente a los desfiles, a hacer el paso de ganso, pero que no le ha ganado -al menos esta generación ninguna guerra a nadie, porque los únicos héroes que tiene el Ejército de Chile son aquellos cuyos huesos todavía están blanqueándose bajo la luz del sol en el desierto. No me refiero específicamente a quien mencioné recién, pero sí a otros que andan desfilando no solo en las paradas militares, sino también por los tribunales y se dan el gusto de decir al Ejecutivo de este gobierno, que no es mi gobierno, lo dejo en claro, que ellos no tienen la función de orden público.

Por último, sobre aquello: racionalidad versus proporcionalidad. Me parece que definitivamente ha llegado el momento de empezar a pensar en dejar de lado la proporcionalidad y comenzar a aplicar la racionalidad.

Si de mí dependiera, si yo tengo un arma y me tiran un piedrazo, yo lo respondo a balazos, no a piedrazos. Los militares no van a ir con bolsitas de piedras a responder a la frontera; tienen que responder con lo que llevan: fusiles, armas de guerra, porque esto ya no da para más. Esta invasión…

El señor BIANCHI (Presidente en ejercicio).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, yo no sé a cuántos aquí, en la Cámara, les gusta tomar café, pero a los que sí, nos gusta el café cafeinado. Es decir, cuando nos sirven un café descafeinado, la verdad es que es bastante desagradable.

Bueno, lo que se pretendía en este proyecto en un inicio era básicamente tener militares descafeinados en la frontera, esto es, gente que se vistiera como militar, que pareciera militar, pero sin capacidad de actuar dentro de las posibilidades que le da su condición; o sea, militares descafeinados.

Por lo tanto, lo que hicimos ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana fue, al alero de las mismas declaraciones del comandante en jefe del Ejército, intentar mantener un diálogo en que le hiciéramos ver al gobierno que las Fuerzas Armadas están disponibles para contribuir en el control de fronteras, que es una tragedia nacional, por la incapacidad de controlar efectivamente la migración regular.

Sin embargo, ellas están dispuestas a eso en la medida que tengan la tranquilidad de que cuando se produzcan situaciones que posiblemente puedan acontecer, no van a terminar en un total desamparo, como muchas veces sucede. Ello, porque lo que sucede muchas veces es que se recurre a las Fuerzas Armadas para ciertas situaciones, pero no se les dan las garantías. Varios acá se acordarán de cuando el actual Presidente de la República se permitió gritonear a un piquete de militares en la plaza Italia y también había algunos que les aplaudían en la cara.

Entonces, francamente no estamos dispuestos a amparar que en la frontera el día de mañana, por no contar con las atribuciones que deben tener, un grupo de personas puedan volver a aplaudir en la cara a los militares.

Así, la petición es bastante simple: queremos un proyecto con militares cafeinados en la frontera, que tengan realmente las atribuciones para hacer lo que hay que hacer si eventualmente tienen que ejercer la fuerza que pedimos que tengan para que hagan la pega que les vamos a requerir.

Por tanto -ello, por intermedio del señor Presidente-, señalo a la ministra que la disposición está, pero para que hagamos un proyecto cafeinado, no uno descafeinado, y el que originalmente nos enviaron era descafeinado.

Yo creo que hay posibilidad de que, si esto se tramita bien, lleguemos a una comisión mixta, a un espacio de conversación; pero entiendan que cuando se aprueba una indicación que establece amparo ante la justicia militar, racionalidad en el uso de la fuerza, y que si el día de mañana los militares tienen que hacer uso de la fuerza, van a tener el resguardo necesario, estamos simplemente velando por que la pega que les estamos pidiendo la puedan hacer bien.

Ministra, café cafeinado y va a contar con nosotros.

He dicho.

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, el papel lo aguanta todo y para quienes legislan y colegislan es muy fácil proponer ideas sin tener contacto con la realidad, con el terreno, lo que se traduce, por ejemplo, en una norma que ha sido pensada para el necesario y estratégico resguardo de nuestra infraestructura crítica y se intente, de forma forzosa, extenderla para enfrentar la invasión migratoria que sufre nuestro país y el descontrol fronterizo, que está siendo aprovechado por el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y otros grupos delictuales.

Todo eso ocasiona que en el Congreso Nacional, en forma inexplicable, se siga dando esta discusión, mientras la realidad en el norte del país es otra.

Se debe decretar estado de excepción constitucional para el norte. Tomar esa decisión es responsabilidad única y exclusiva del Presidente de la República. No logramos entender qué es lo que lo limita.

Resulta incomprensible la miopía de algunos en el gobierno que creen que defender un edificio frente a un ataque es equiparable a enfrentar migrantes que buscan ingresar ilegalmente a nuestro país, unos huyendo de la miseria del socialismo, con niños en sus brazos y la esperanza de un mejor futuro, pero también otros que son avezados delincuentes que buscan en Chile una oportunidad y, quizás, un paraíso para extender su red delictual, producto de un gobierno débil, incapaz de enfrentar la delincuencia, resguardar nuestras fronteras, hacer respetar la ley y mantener el orden.

Nuestras Fuerzas Armadas son un orgullo para todos los chilenos. Son profesionales, respetuosos de la ley y la Constitución que cumplen con su deber de forma heroica, representando en plenitud nuestros valores patrios. Están dispuestos a sacrificar sus vidas por nuestra bandera y por cada uno de nosotros, incluidos los que estamos dentro de esta Sala.

A diferencia de los presentes, ellos no reciben un buen sueldo, no tienen choferes, no tienen jefes de gabinete, no tienen secretarias y los trasladan de casa en innumerables oportunidades junto a sus familias. Un día están en Pozo Almonte y, al otro, en Porvenir.

¡Ahí están nuestros militares!

¿Qué es lo que piden para poder ejercer sus funciones, para cumplir la misión que la ley y la Constitución Política les encomienden? Nada más que certezas y seguridad.

Desde la bancada del Partido Republicano les daremos eso.

Señora ministra -por su intermedio, señor Presidente-, le pido al gobierno que decrete estado de excepción constitucional de emergencia para en el norte de nuestro país. Denle certezas a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad para que cumplan cabalmente su misión y no sean llevados a tribunales y, finalmente, traten de forma seria y prolija la discusión en este Congreso Nacional.

He dicho.