Labor Parlamentaria

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona la ley N° 19.657, sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica, iniciativa que corresponde al boletín N° 12.546-08.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "simple".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín N° 12.546-08) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Los objetivos de este proyecto de ley son el establecimiento de un sistema de registro de aprovechamientos someros de energía geotérmica, excluyéndolos del régimen concesional; la modificación del régimen de fiscalización, y el establecimiento de estándares generales de seguridad para los usos de la energía geotérmica.

La Comisión de Minería y Energía hace presente que, no obstante que el proyecto de ley es de artículo único, lo discutió solo en general, y propone a la Sala que sea considerado del mismo modo, con el objeto de otorgar a Sus Señorías la oportunidad de perfeccionar y enriquecer la iniciativa con ocasión del segundo informe.

La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Castro González, Durana, Prohens y Quintana.

Asimismo, consigna que el N° 19 del artículo único de la iniciativa legal requiere 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una disposición de rango orgánico constitucional.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 22 y siguientes del informe de la Comisión de Minería y Energía y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

La Comisión de Minería y Energía tiene el honor de informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona la ley N° 19.657, sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica, correspondiente al boletín N° 12.546-08, y que fuera iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , con urgencia calificada de "simple".

Se hace presente que, no obstante que el proyecto es de artículo único, la Comisión lo discutió solo en general y propone a la Sala que sea considerado del mismo modo, con el objeto de perfeccionarlo y enriquecerlo con ocasión del segundo informe.

Asimismo, cabe dejar constancia de que el numeral 19 del artículo único, que modifica el artículo 43 de la ley N° 19.657, tiene el carácter de ley orgánica constitucional, y que la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados consultó a la Excelentísima Corte Suprema respecto de los artículos 30 y 43 de la ley N° 19.657, modificados por los numerales 11 y 19 del artículo único de la iniciativa, toda vez que inciden en la organización o atribuciones de los tribunales de justicia. El Máximo Tribunal emitió su opinión mediante el oficio N° 255-2019, de fecha 12 de noviembre de 2019.

Por otro lado, la Comisión abordó la iniciativa los días 14 de junio y 5 de julio del presente año, con la asistencia del Ministro de Energía , señor Diego Pardow ; del Jefe de la División de Energías Sostenibles , señor Mauricio Riveros ; del Jefe de la Unidad de Geotermia y Energía Distrital, señor Rubén Muñoz , y de representantes de ENEL Chile, Acera y el Consejo Geotérmico.

Cabe señalar que los objetivos del proyecto de ley son el establecimiento de un sistema de registro de aprovechamientos someros de energía geotérmica, excluyéndolos del régimen concesional; la modificación del régimen de fiscalización, y el establecimiento de estándares generales de seguridad para los usos de la energía geotérmica.

Durante la discusión, los aspectos centrales del debate fueron:

1.- Concepto y tipos de energía geotérmica.

2.- Ventajas de la geotermia, especialmente con relación a la descarbonización.

3.- Proyectos geotérmicos en el país.

4.- Modificaciones a la ley N° 19.657 con relación al régimen concesional, fiscalización y estándares de seguridad.

En la sesión se afirmó que la iniciativa está orientada a los proyectos de baja entalpía, pensada para la descarbonización de los procesos de calefacción residencial y de sectores industriales a través de procesos de frío-calor.

Asimismo, se explicó que el problema concesional actual es un freno para que prosperen los proyectos geotérmicos, cuestión que se observa en el poco interés que han generado los que se han puesto en licitación.

Por lo anterior, la iniciativa propone que aquellos proyectos que tienen el recurso geotérmico a menos de 400 metros de profundidad y a menos de 90 grados Celsius de temperatura no ingresen al sistema concesional y se incluyan en el Registro Nacional de Aprovechamientos Someros.

Se entregó como ejemplos de proyectos de geotermia somera en el país: el Invernadero de Gendarmería, en Aysén; el hotel Cabaña del Lago, en Puerto Varas; el Mercado Urbano de Tobalaba, en Las Condes; la viña Maquis, en el valle de Colchagua; el colegio San Javier , en Puerto Montt, y el Gimnasio Comunal de Calera de Tango.

Por último, Presidente , se deja constancia de que el proyecto de ley fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Castro González , Durana , Prohens , Quintana y quien habla.

Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

Gracias.

El señor GAHONA.-

Presidente , la geotermia es una fuente de energía renovable que se obtiene del calor natural subyacente en la tierra o mediante el aprovechamiento de anomalías termales. Nuestro país se encuentra en una posición privilegiada para implementar esta tecnología. Sin embargo, su desarrollo actual es mínimo y no estamos aprovechando el potencial que posee.

La ley N° 19.657 establece un sistema concesional para la exploración y explotación de los recursos geotérmicos. No obstante, es necesario actualizarla y modernizarla para que pueda adaptarse a los distintos usos que se les puede dar.

Actualmente, la ley se enfoca principalmente en proyectos de energía geotérmica de generación eléctrica y no distingue entre usos térmicos o eléctricos de la geotermia, ni entre fuentes geotérmicas superficiales o profundas.

A mi juicio, es fundamental la aprobación de esta iniciativa de ley, ya que busca corregir las deficiencias de la legislación actual y promover el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero que hagan un uso directo de la energía geotérmica. Esta tecnología tendrá un impacto positivo en hogares, pequeñas industrias, en la agricultura, en el sector vitivinícola, permitiéndoles incorporar tecnología para la climatización o preparación de agua caliente sanitaria, sistemas de secado y otros usos.

El proyecto modifica la ley N° 19.657 para establecer como objetivo el aprovechamiento de someros que hagan un uso directo de energía geotérmica.

Por otro lado, permite que los aprovechamientos someros que hagan un uso directo de energía geotérmica (es decir, entre 0 y 400 metros de profundidad) se desarrollen sin la necesidad de obtener una concesión de energía geotérmica, cuestión bastante más larga y extensa. Para ello, se establecerá un sistema simplificado, acorde a la naturaleza de estos proyectos, que son pequeños, mediante la creación de un registro de aprovechamientos de someros.

De igual modo, el proyecto de ley incluye una reglamentación que busca mejorar los estándares de seguridad para actividades geotérmicas y otorga a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la facultad de fiscalización y supervisión de la ley y sus reglamentos.

En conclusión, señor Presidente , estamos frente a una iniciativa importante, necesaria, que contribuirá a la descarbonización de nuestra matriz energética.

Por todos estos argumentos, yo por lo menos, Presidente , voto a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidente.

Quiero comenzar señalando que hoy día el Presidente Boric hizo un anuncio sobre un nuevo pacto fiscal para Chile. Y esperamos que pronto pueda ser ingresado al Congreso.

Ahora, es importante contar con herramientas que faciliten, por un lado, la tramitación de grandes proyectos de inversión, pero al mismo tiempo que den certeza, sin descuidar la protección y el resguardo ambiental.

Me interesa partir por aquello, porque hoy día también recibimos a la Directora del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental , quien coincide en la importancia de contar con normas claras, porque eso le da certeza a cualquier titular de un proyecto y, al mismo tiempo, nos permite manejarnos mejor con los problemas graves que enfrentamos debido al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, tres variables que nos están afectando como país.

Creo que este proyecto es tremendamente relevante. Parece simple, pero nos va a ayudar a desarrollar una energía renovable no convencional que necesitamos muchísimo y, como señalaba muy bien el Senador Gahona, que ha experimentado un desarrollo bastante mínimo en este país, en circunstancias de que tenemos el privilegio de contar con ella. Por lo tanto, debiéramos facilitar su explotación.

Y precisamente se trata de modificar la ley que actualmente nos rige, porque no se refiere a grandes proyectos concebidos para poder otorgar, por ejemplo, energía eléctrica y sustituirla por energía renovable, sino que nos estamos refiriendo a proyectos someros, de energía somera, es decir, hablamos de proyectos con otras características y, por tanto, es muy importante entender que con esas otras características podemos acceder de manera mucho más fácil.

¿De qué hablamos? De aquellos proyectos asociados que son de poca profundidad, baja temperatura y que han dado lugar a bombas de calor que se pueden usar en la calefacción, refrigeración de ambientes, conocidos como "proyectos térmicos".

Estos usos directos de la energía geotérmica (las bombas de calor) han presentado un desarrollo sostenido en el último tiempo. Incluso, recientemente se ha ido incrementando su uso a nivel mundial.

En otras palabras, debemos facilitar la posibilidad de aprovechar la energía geotérmica no pensando en los grandes proyectos de inversión, que evidentemente tienen que pasar por un proceso de concesiones, sino más bien en proyectos de entre 0 y 400 metros de profundidad y bajo los 90 grados Celsius . Estos poseen otras características.

Por lo tanto, Presidente , concluyo señalando que sería muy importante que pudiésemos aprobar la iniciativa. Entiendo que se vota solamente en general. Se seguirá revisando después en detalle en la discusión particular, pero claramente es un paso, un avance y nos vendría muy bien como país. Naturalmente, también es necesario despejar los obstáculos que tenemos para desarrollar más energía geotérmica.

He dicho.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Como todos sabemos, el agua ebulle a 100 grados Celsius. Sobre los 100 grados Celsius existe el vapor sobrecalentado, que ya es capaz de mover turbinas con las cuales es posible producir generación eléctrica.

Sin lugar a dudas, el poder contar con fuentes de energía inagotables y que no generen contaminación es una de las necesidades de nuestro planeta.

Quiero recordar que el centro de la tierra es hierro fundido a 4.000 grados Celsius. O sea, hay suficiente energía en el núcleo de nuestro planeta.

A medida que se acerca a la corteza, en ese espacio de 5 a 30 o 35 kilómetros, las temperaturas empiezan a disminuir (800 a 1000 grados), y así empiezan a ser cada vez menores, como se ha señalado, a aquellas profundidades en donde es factible encontrar temperaturas que permiten no solo los procesos de plantas geotérmicas, que van a aprovechar el máximo de la temperatura, sino también hacer proyectos más eficientes, como la bomba de calor que mencionaba un Senador anteriormente.

En tal sentido, quiero destacar el estudio que realizó nuestra Biblioteca del Congreso Nacional el año pasado y que se solicitó para comparar legislación, especialmente de América del Sur.

Nos damos cuenta de que hay países que han hecho el mismo esfuerzo -nuestra ley data de 1999; es muy bueno que estemos actualizándola-, y son los ejemplos de Colombia, Ecuador y Perú.

¿Y por qué quiero destacarlo? Porque cada país ha visto cosas distintas y tiene realidades similares. También han tenido que abordar desde consultas indígenas hasta temas prácticos de separación.

Nosotros tememos, por lo pronto, categorías superiores a 3 megawatts en las centrales que generen esas potencias, pero no tenemos nada menor. Otros países sí han definido centrales de hasta 1 megawatt, de 5 megawatts y sobre 10 megawatts.

Ese es un criterio que permite generar política pública bien precisa para entender qué queremos hacer y qué queremos buscar.

Yo por eso invito a que en este proceso, que se está iniciando, utilicemos la legislación comparada, como la que nos provee la asesoría técnica parlamentaria, y seamos capaces de incorporarla en mejores prácticas.

Chile es una potencia de generación de energía geotérmica en todas las magnitudes, no solo en las que uno normalmente vería, por la condición de nuestra geomorfología.

Nuestro país emerge del fondo del mar; nuestras regiones volcánicas siguen activas y eso perfectamente podemos considerarlo dentro de nuestra matriz energética de nueva generación. Y cuando hablo de esas fuentes de generación eléctrica desde recursos naturales inagotables, no podemos dejar fuera a la energía geotérmica.

Hoy nos hemos concentrado exclusivamente en los mayores puntos de generación térmica en el norte, en los desiertos, para producir energía solar mediante procesos fotovoltaicos o concentración del sol mediante espejos, o en el sur, en los vientos más altos registrados en el mundo.

Esas son las dos condiciones naturales que tiene Chile.

Tenemos que agregar este tercer eje, y por eso creo que resulta estratégico en el desarrollo del país considerar la geotermia como una fuente de recursos inagotables y pensar en las centrales grandes que necesitamos para nuestra matriz energética y para el aprovechamiento que se puede hacer, incluso para las viviendas.

Las bombas de calor energéticamente son mucho más eficientes, y por eso, desde soluciones para viviendas sociales hasta abastecimiento de la pequeña y micropyme, pueden ser totalmente factibles.

Esto requiere, obviamente, mejorar el conocimiento, perfeccionar la legislación y desarrollar incentivos para que esta nueva forma de generación eléctrica se empiece a masificar.

Y ahí quizá viene la pregunta: ¿qué queremos hacer para que este tipo de energía sea diferenciable?

Yo pongo esto también como parte de la solución del problema, porque hemos avanzado en medidores digitales que registran flujos hacia ambos lados. El sistema de tarificación eléctrica domiciliaria permite que uno pueda recibir, pero también entregar a la red eléctrica. Y probablemente podamos ser capaces de crear soluciones de generación eléctrica de este tipo para pequeñas empresas o micropymes.

Eso es algo que no podemos desconocer.

Por lo tanto, usando nuestra actual legislación sobre tarifado, nuestro nuevo sistema de medidores bidireccionales y los respectivos estímulos, ojalá se consideren incentivos que vayan en directo apoyo del cambio de nuestra matriz energética, para abandonar los combustibles fósiles, de los cuales somos totalmente dependientes porque no tenemos producción nacional, hacia combustibles mucho más limpios como el hidrógeno verde, que podemos generar con las fuentes de energía ya señaladas, o decididamente incorporar a nuestra matriz eléctrica sistemas de generación eléctrica como, por ejemplo, la geotermia. La geotermia debiera ser un área estratégica de desarrollo.

El día de ayer veíamos en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación el programa para el desarrollo de becas de doctorado. Y las preguntas que tenemos que hacer son: ¿qué áreas de investigación tenemos? ¿Cuántos doctorados o posdoctorados hay en un país que es una fuente riquísima de energía geotérmica? ¿Cómo la estamos aprovechando? ¿Cómo la podemos masificar?

Esas son interrogantes que tenemos que resolver como parte de la discusión que se ha iniciado, y por eso cuenten con todo el apoyo no solo en la elaboración de la política, sino también en la búsqueda, dentro de la legislación comparada, de los mejores ejemplos que podamos adaptar al país para contribuir al desarrollo.

En eso estamos todos tratando de construir futuro común. Pero, para lograr ese futuro común, tenemos que basarnos en evidencia, en datos, con una política pública que nos permita medir y ver que somos capaces de aprovechar esta energía, que está disponible, perfeccionando nuestra legislación.

Por eso, voy a apoyar este proyecto.

He dicho.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

Los objetivos de esta iniciativa son el establecimiento de un sistema de registro de aprovechamientos someros de energía geotérmica excluyéndolos del régimen concesional, la modificación del régimen de fiscalización, y el establecimiento de estándares generales de seguridad para los usos de la energía geotérmica.

Los usos directos de la energía geotérmica, en particular los asociados a poca profundidad y bajas temperaturas (aprovechamientos someros de esta energía), han presentado en las últimas décadas un desarrollo sostenido y creciente en todo el mundo y aportan a la generación de energía térmica para emplearse en diversos rubros y escalas, destacándose, entre ellos, una gran evolución de las bombas de calor geotérmicas. Este sistema, que puede transferir el calor de la tierra para calefaccionar o refrigerar ambientes y/o procesos, se ha cuadruplicado en los últimos diez años.

Desde el punto de vista técnico, en Chile es posible aprovechar la inercia térmica de la tierra que se da en todo el planeta, así como las anomalías calóricas propias de nuestra geología.

No obstante, mientras la tendencia mundial muestra un aumento significativo en el desarrollo de proyectos de usos directos de la geotermia, Chile está quedando rezagado, ocupando el lugar 54 en el ranking mundial de capacidad instalada de usos directos de la geotermia, y el lugar 51 cuando esa capacidad se referencia por número de habitantes. En ambos casos, en la región queda detrás de Brasil, Argentina y México .

Es significativo constatar que el aprovechamiento somero de energía geotérmica que más se ha desarrollado corresponde a baños y piscinas, que están expresamente excluidos de la Ley de Geotermia, mientras que la implementación de las bombas de calor posee una participación muy menor en comparación con los desarrollos realizados en el mundo: 71 por ciento a nivel mundial versus un 43 por ciento en Chile.

Este rezago se relaciona con que la Ley de Geotermia fue concebida para posibilitar la materialización de grandes proyectos eléctricos mediante el otorgamiento de una concesión de exploración o de explotación, sin hacer mayor distinción con pequeños aprovechamientos someros de energía geotérmica.

No obstante, los usos directos o someros de energía geotérmica constituyen una de las alternativas más antiguas y comunes de empleo de este tipo de energía, mientras en el mundo la capacidad instalada de generación eléctrica mediante energía geotérmica y los usos directos geotérmicos superan la capacidad térmica.

Por último, los aprovechamientos someros de energía presentan características distintas a las de un proyecto eléctrico en sus etapas de construcción y operación, así como magnitudes muy inferiores respecto a la inversión, superficie ocupada, impacto ambiental, área de influencia, exigencias de seguridad, complejidad técnica, entre otros aspectos.

Sin embargo, el actual marco normativo no distingue escalas de trabajo, exigiendo los mismos requisitos técnico-económicos para un proyecto de uso directo o para uno eléctrico. Y esta disfuncionalidad se hace más evidente al observar que las dimensiones mínimas de una concesión de explotación geotérmica son de 100 metros de largo y de ancho, lo cual no se ajusta a las posibilidades modulares de pequeños proyectos de bombas de calor, que en el mundo están irrumpiendo con fuerza al interior de las ciudades.

Existe una serie de rubros que se verían beneficiados en el país con un perfeccionamiento regulatorio y, por ende, se podría masificar el desarrollo de proyectos geotérmicos someros, en particular las bombas de calor geotérmicas, que poseen la capacidad de ser instaladas en cualquier lugar donde exista una demanda térmica y de satisfacer una gran variedad de aplicaciones, desde un proyecto pequeño que abastece de calor y frío a una vivienda hasta obras mayores para colegios, hospitales, edificios públicos y sectores importantes de nuestro ecosistema industrial, identificando oportunidades en actividades tales como el turismo, la producción vitivinícola, la agroindustria, la minería e incluso la posibilidad de integrar todas estas demandas en un sistema mayor de calefacción distrital.

A modo de ejemplo se mencionan los resultados de un estudio conducido por el Ministerio de Energía, enmarcado en una mesa de trabajo entre dicha Secretaría de Estado, el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes, denominado "Simulaciones dinámicas de la demanda térmica del Centro Acuático del Estadio Nacional de Chile", del año 2018, cuyo objetivo fue evaluar la intervención de bombas de calor geotérmicas como solución a los requerimientos térmicos de la piscina olímpica del Estadio Nacional, y que arrojó, entre otros resultados, que la mejor alternativa de autoconsumo en un horizonte de veinte años, en comparación con diversas alternativas, es la bomba de calor geotérmica por ciclo abierto.

Los beneficios, por lo tanto, para la sociedad, relacionados con el desarrollo de estas tecnologías de generación térmica renovables, son múltiples, pues no solo significan una retribución económica y el aumento de la competitividad en diversos sectores productivos y comerciales, sino que además impactan a mediano y largo plazo en aquellas ciudades donde actualmente se utiliza la leña como combustible principal para la calefacción de viviendas, lo cual evidentemente genera gran contaminación.

Asimismo, entre otras cosas -y esto es un paréntesis-, estamos discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente un proyecto que busca elevar, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los estándares de las normas de calidad ambiental. Y uno de los puntos críticos para la aprobación de estándares más exigentes en la materia es que en nuestro país hay ciudades, sobre todo en la zona sur, donde no sería posible en el corto plazo homologar esas normas, debido a la contaminación y al uso cotidiano de la leña para calefaccionar las viviendas.

Por lo tanto, este proyecto puede tener un impacto muy positivo en términos ambientales, de calidad del aire y, con ello, en la salud de la población.

Voto a favor, ciertamente.

He dicho.

Muchas gracias, Presidente .

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

En el marco de la descarbonización que Chile busca alcanzar al año 2050, la energía geotérmica puede tener un rol relevante en nuestro país.

Esta energía renovable se obtiene mediante el aprovechamiento del calor natural subyacente en la tierra o a través de la utilización de las anomalías termales, que son fuentes de calor cercanas a la superficie.

Esta herramienta puede emplearse para dos grandes fines: la generación eléctrica y el uso térmico.

Este proyecto de ley constituye un nuevo y gran paso que da nuestro país en el aprovechamiento y uso de fuentes de energías renovables. Pero es importante hacer presente que el fortalecimiento de Chile como uno de los países con mayor potencial para el desarrollo de la geotermia como opción de energía renovable siempre va a depender del compromiso que el Estado tenga para vincularse de manera más directa con el desarrollo de las tecnologías y los métodos de aprovechamiento de energías renovables. Debemos tener un compromiso serio y responsable, más que del gobierno de turno, del Estado de Chile para generar una política integral que incluya mayores redes de transmisión y una mayor eficiencia en el almacenamiento de la energía que se produzca, considerando que en nuestro territorio los sistemas geotermales se encuentran a menor profundidad que en otros lugares del planeta.

En caso contrario, nos veremos enfrentados nuevamente a los problemas que hoy presentan las empresas productoras de energía solar y eólica, las cuales pierden gran parte de la energía que producen por falta de un diseño adecuado en las redes de transmisión y en sus sistemas de almacenamiento.

Para ser sustentables debemos ser eficientes, y en ello la institucionalidad energética de nuestro país está en deuda.

Un aspecto a destacar en el proyecto es lo referente al aprovechamiento somero de la energía geotérmica, destinado a utilizar el calor natural de la tierra hasta una profundidad de 400 metros, sin necesidad de una transformación en energía eléctrica.

Para ello, el proyecto de ley establece que se podrá hacer un uso directo, sin necesidad de una concesión de energía geotérmica, para lo cual los interesados solo deberán inscribirse en un registro y cumplir con las normas de seguridad en todas las etapas del proyecto.

Esas normas de seguridad estarán fijadas en un reglamento y, para efectos de fiscalización y control, la Superintendencia tendrá acceso a dicho registro.

Otro asunto que deberá ser especialmente regulado y fiscalizado dice relación con los potenciales conflictos que se van a producir entre los concesionarios de energía geotérmica y los derechos de aprovechamiento de aguas, puesto que el proyecto de ley establece que los concesionarios de este tipo de energía tendrán el derecho de aprovechamiento de las aguas subterráneas que alumbren durante los trabajos de exploración y explotación, en la medida que sean necesarias para tales procesos.

Los reglamentos y la actuación de la autoridad deberán ser especialmente cuidadosos en la aplicación de este derecho a los efectos de evitar conflictos y un mal aprovechamiento de los recursos hídricos.

Este aspecto y otros deberán ser analizados en la fase de las indicaciones al objeto de mejorar este proyecto de ley y de que vaya en beneficio directo de los chilenos y las chilenas.

Voto a favor, Presidente .

--Se aprueba en general el proyecto (38 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Rincón y Vodanovic y los señores Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Además, se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Soria.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Se propone como plazo para formular indicaciones el jueves 24 de agosto, a las 12 horas, en la Secretaría del Senado.

¿Les parece?

Así se acuerda.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior, iniciativa correspondiente al boletín 15.796-07.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.796-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto compuesto por un artículo único que incorpora en el Párrafo XII del Título Sexto del Libro Segundo del Código Penal un artículo 304 ter, nuevo, con el objetivo de sancionar como delito la tenencia de medios tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior desde recintos penitenciarios y no como contravención administrativa a las normas disciplinarias internas del establecimiento.

A su respecto, la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, efectuó una enmienda a dicho texto, consistente en intercalar en el inciso segundo del referido artículo 304 ter la expresión "no autorizada", para precisar que será sancionado con la pena indicada en la norma el funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia no autorizada al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados en el artículo 304 bis, omita denunciar el hecho a la autoridad competente.

El Senado debe pronunciarse respecto de la enmienda efectuada por la Cámara de Diputados.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto despachado por la Cámara de origen y la modificación introducida por la Cámara revisora.

Es todo, señor Presidente.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

La modificación que hace la Cámara a este proyecto de ley viene directo a la Sala, porque no se consideró necesario que pasara a la Comisión de Constitución, como es la regla general en los terceros trámites, salvo que la Sala dijera otra cosa. Dicha enmienda, Presidente , es menor.

Quiero recordar que la Sala había aprobado por amplia mayoría -creo que fue por unanimidad- este proyecto de ley, que busca introducir un artículo 304 ter, nuevo, al Código Penal para tipificar como delito la tenencia de celulares al interior de las cárceles; y en su inciso segundo establece una sanción al funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia al interior de un establecimiento penitenciario de alguno de esos artículos tecnológicos, no denuncie el hecho.

¿Cuál es la modificación que hizo la Cámara en el inciso segundo? Solamente introducir la frase "no autorizada", con lo cual la norma dice: "El funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia no autorizada al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, omitiere denunciar el hecho a la autoridad competente", etcétera.

Presidente , cuando analizamos la iniciativa en la Comisión de Constitución, pensamos que era innecesario incluir la frase "no autorizada", porque ya el inciso primero se refiere a la tenencia no autorizada de tales aparatos, y el inciso segundo se remite al anterior.

Sin embargo, no vemos problema en aprobar la enmienda planteada por la Cámara de Diputados. De alguna manera, no hay una modificación. Unos podrían decir que es redundante, otros podrían decir que perfecciona la norma.

Presidente, estamos de acuerdo con la propuesta de la Cámara. Creo que es innecesaria una Comisión Mixta a raíz de esta enmienda, que no modifica en lo absoluto lo ya aprobado por el Senado.

Por lo tanto, hacemos un llamado a votar a favor del cambio aprobado por la Cámara de Diputados a este proyecto.

Muchas gracias.

El señor CRUZ-COKE.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Primero, quiero felicitar a los mocionantes, Senadoras Rincón y Ebensperger y Senadores Kast , Araya y Walker .

Precisamente hoy día son muchas las estafas que se cometen a través de lo que se conoce como el "cuento del tío", por personas que están privadas de libertad, lamentablemente, pero que igual tienen acceso a este tipo de aparatos y a tecnología en lugares donde no debiese existir tal posibilidad, lo que les permite comunicarse con el exterior. Y fue objeto de una larga discusión lo relativo al derecho a la comunicación de personas que están privadas de libertad, más aún si se usa para cometer ilícitos, delitos.

El mayor drama, además, es que la mayoría de quienes son víctimas de engaños suelen ser adultos mayores, mediante situaciones en las que la persona que les solicita un favor o dinero se hace pasar por un familiar, lo que transforma la situación, obviamente, en un hecho muy indignante.

Celebro también que esta iniciativa, como parte de la agenda de treinta y un proyectos de seguridad que tienen que salir de este Congreso antes de fin de año, haya avanzado y que la Cámara de Diputados la haya aprobado por unanimidad. Asimismo, agradezco la disposición del señor Ministro para que esto avanzara finalmente.

Nosotros tenemos que ver las cárceles como lugares donde las personas son enviadas a rehabilitarse. El hecho de que nosotros le demos categoría de delito -y efectivamente, deja de ser falta administrativa- a la internación de elementos tecnológicos que permitan la comunicación hacia afuera y la comisión de delitos por parte de personas que ya están condenadas es, sin duda, un paso adelante. Creo que ese debe ser el espíritu que debe predominar, precisamente, en una sociedad que quiere poner atajo a aquellos que están delinquiendo impunemente, más aún si ello se hace desde las cárceles.

Todavía está pendiente cómo resolver tecnológicamente la posibilidad de inhibir las señales de celulares en las cárceles, asunto que ha sido tremendamente difícil de implementar y llevar adelante. Espero que nos podamos centrar en aquello, como también en modificar la Ley General de Telecomunicaciones para crear registros de usuarios de servicios de telefonía en modalidad de prepago, a fin de saber efectivamente quiénes están detrás de los números que se compran en una tarjeta, con un chip, los cuales ahora son anónimos, por lo que no sabemos quién termina cometiendo esos delitos a través de llamadas que no son identificables.

Toda nuestra bancada va a aprobar este proyecto.

Quiero agradecer nuevamente a los mocionantes, al Gobierno y a la Comisión de Constitución, en particular por haber sacado adelante este proyecto con premura.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

En primer lugar, saludo a los Ministros que nos acompañan: al Ministro de Justicia , don Luis Cordero , y al Ministro Secretario General de la Presidencia , don Álvaro Elizalde .

La iniciativa que hoy nos corresponde votar forma parte del acuerdo firmado por este Congreso Nacional y el Gobierno para priorizar treinta y un proyectos de ley relacionados con la seguridad pública, en un plazo acotado de tiempo, que, si bien no se ha cumplido, ha permitido destrabar y avanzar en temáticas que estaban congeladas, como las relacionadas con este proyecto.

Señalo lo anterior ya que en el año 2022, cuando me correspondió ser parte de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, se solicitó en reiteradas oportunidades que un proyecto similar a este fuera tratado por la Comisión, sin que existiera en ese momento la voluntad política del Gobierno (del Ministerio del Interior de aquel entonces) y de los Senadores que lo apoyan para incluir la iniciativa en la tabla.

Quiero agradecer a la Comisión de Constitución del Senado, a los Presidentes de ambas Cámaras y al Gobierno, por haber priorizado este proyecto y permitir, finalmente, que se concrete una medida que ayudará a combatir la crisis de seguridad que se vive en nuestro país.

El objetivo de este proyecto, como bien se ha dicho en las intervenciones anteriores, es simple pero importante: sancionar como delito la tenencia de medios tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior de recintos penitenciarios y que dicha conducta ya no sea considerada como una simple contravención administrativa de las normas internas de disciplina del establecimiento.

Como información de contexto, es importante tener presente que, de acuerdo con datos entregados por Gendarmería, cada año se requisan aproximadamente 20 mil dispositivos móviles (celulares) en los recintos penitenciarios del país, cifra que fue superada ampliamente el año 2022, durante el cual se incautaron más de 30 mil dispositivos.

Lo anterior no solamente genera un problema evidente de seguridad pública, en tanto que dichos dispositivos son utilizados para la comisión de delitos desde el interior de los recintos penitenciarios (estafas, por ejemplo), sino que además desnaturaliza la sanción misma que ha sido impuesta a quienes se encuentran privados de libertad, lo que conlleva una restricción a la posibilidad de comunicarse con las personas que están en el exterior en forma libre y permanente.

Es de público conocimiento el mal uso que se hace de celulares al interior de los recintos penales, siendo el caso más emblemático el reciente robo de computadores ocurrido hace unas semanas en el Ministerio de Desarrollo Social, hecho que fue dirigido y coordinado desde el interior de una cárcel.

Por lo anterior, estimamos necesario que la ley le otorgue a esa conducta el mismo tratamiento jurídico que se les da a la tenencia de armas y a la posesión de drogas, considerándola como otra hipótesis de peligro de comisión de delitos, y sancione la tenencia de celulares como un delito y no solo como una falta administrativa a las normas internas de disciplina del establecimiento penitenciario.

Considero que esta nueva norma es un aporte para combatir la delincuencia y mejorar la sensación de seguridad de la ciudadanía en nuestro país, al sancionar de forma directa uno de los nichos donde se realiza y coordina una gran cantidad de delitos con total impunidad hasta el día de hoy.

Es por eso, señor Presidente, que voto a favor del proyecto.

Muchas gracias.

La señora RINCÓN.-

Gracias, señor Presidente.

Hoy nos encontramos cerrando la discusión de una moción que presentamos con mis colegas Luz Ebensperger , Pedro Araya , Felipe Kast y Matías Walker , y que busca abordar una situación que ocurre a diario en nuestro país: el porte no autorizado de celulares por parte de reclusos en las cárceles.

Los datos y números presentados en esta moción son altamente preocupantes y evidencian la gravedad y necesidad de rigidizar la legislación en esta materia.

Desde el año 2017, el número de teléfonos celulares en posesión de los presos ha aumentado de manera preocupante. En solo ocho meses del último año registrado, Gendarmería decomisó 17.620 aparatos y tarjetas SIM en manos de reclusos.

Los informes, señor Presidente, revelan que, en promedio, cada preso maneja entre tres y cuatro celulares. Esta situación ha llevado a la realización recurrente de allanamientos masivos por sorpresa con el fin de tratar de controlar la entrada y uso de estos dispositivos en las prisiones.

A pesar del esfuerzo, los resultados son insuficientes, ya que los reos continúan organizando y llevando a cabo delitos desde la comodidad de una llamada o un mensaje de texto.

Como dijo el colega que me precedió en el uso de la palabra, el último hecho que conmocionó a nuestro país se orquestó aparentemente desde una cárcel: un reo hablando más de cuarenta minutos, dando instrucciones y organizando la perpetración de un delito.

Según datos entregados por la ex Ministra de Justicia Marcela Ríos en agosto del año pasado, durante la revisión de la situación de nuestras cárceles se confiscaron 8 mil teléfonos móviles adicionales en 2022, lo que nos demuestra que la problemática persiste y sigue creciendo.

Las cifras más recientes revelan que entre el 2022 y el 2023 se han realizado trece allanamientos masivos a nivel nacional como parte del Plan de Seguridad y Combate contra el Crimen Organizado del Ejecutivo. Tan solo en marzo del presente año, Gendarmería logró incautar 331 celulares desde veintisiete cárceles en un solo operativo.

Esto, claramente, no puede seguir ocurriendo.

Yo quiero agradecer a la Mesa, al Presidente y al Vicepresidente , por haber priorizado esta moción parlamentaria dentro del conjunto de medidas contempladas en la agenda de seguridad. Si no hubiese sido así, no habría entrado en el listado. Y eso obviamente ayudó a que se pudiera despachar.

Quiero agradecer también a la Comisión de Constitución, que vio en este proyecto de ley una forma de hacernos cargo del tema del delito y el crimen organizado.

La modificación introducida por la Cámara de Diputados -ya lo ha expresado la Presidenta de la Comisión de Constitución- no se vio como necesaria en la discusión en el Senado, pero la verdad es que solo refuerza las enmiendas ya aprobadas.

Consideramos que es fundamental entender que no vamos a lograr derrotar al crimen organizado si no somos capaces, todos y cada uno de nosotros, de ponernos de acuerdo en este tipo de materias, que no tienen color político. De hecho, esta misma moción ha sido firmada de manera transversal.

Lo que se persigue es dar respuesta al principal problema identificado por la ciudadanía en nuestro país en todos los estudios y mediciones de opinión pública: la falta de seguridad.

Hoy Chile tiene o debiera tener como norte y desafío abordar esta problemática. No es posible pensar en crecimiento, desarrollo, mejores niveles de educación, mejor salud, si no somos capaces de derrotar la delincuencia.

Quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados por su respaldo y, por cierto, al Ejecutivo, que también colaboró para que este proyecto prosperara.

Gracias, Presidente .

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidente.

Hay un verdadero elefante en las cárceles que nosotros no queremos ver ni hemos podido solucionar. ¡Esa es la verdad! Me refiero al acceso de los internos a la tecnología de las comunicaciones, ya sean celulares, walkie-talkies o lo que sea.

El que un delincuente hoy esté preso no significa que no siga cometiendo delitos fuera de los muros que se supone que lo contienen.

Las estafas telefónicas desde las cárceles de nuestro país son un fenómeno tan recurrente que se presta incluso para hacer chistes por todos conocidos. A ese nivel ha llegado la caricatura de lo que sucede con la delincuencia en las propias cárceles.

Pero eso no es lo más peligroso.

Las redes del crimen organizado no se desmantelan al encarcelar a sus líderes. Estos criminales, ahora encerrados, siguen dirigiendo sus actividades desde las cárceles, dando órdenes desde la comodidad de una celda. Y se da la paradoja de que, estando en prisión, ellos están más seguros que el resto de la ciudadanía, que debe esconderse en sus propias casas.

La presencia de tecnología en las cárceles también supone un riesgo para los propios gendarmes, quienes son amenazados de manera permanente y se ven expuestos en su vida personal y familiar.

¡Cuántas veces hemos dicho esto! ¡Lo mismo! ¡Y poco es lo que se hace!

Establecer como delito la tenencia de celulares y similares, y que ello implique sanciones que involucren perjudicar las posibilidades de acceder a beneficios carcelarios, parece una medida mínima de coherencia ante la violación flagrante de una norma básica: el aislamiento de quien es condenado del resto de la sociedad y de sus cómplices.

También es del todo necesario sancionar ejemplarmente a los empleados públicos que internen estos medios tecnológicos, como gendarmes que, incumpliendo su juramento, se convierten, de manera voluntaria o forzada, en cómplices de actividades criminales.

Por supuesto, la solución más práctica pasa por la instalación de bloqueadores de señal. ¡Claro, eso es lo más fácil! Pero ello, al parecer, no es tan fácil, en especial en cárceles ubicadas dentro del radio urbano, porque también se bloquea la señal de los vecinos al recinto y se impide la comunicación entre gendarmes del mismo penal.

Gendarmería informa que hace allanamientos masivos de forma permanente y que los elementos prohibidos encontrados más recurrentes son armas blancas hechizas y celulares.

Pero, ¿cómo ingresan esas armas blancas hechizas?, ¿cómo ingresan esos celulares?

La modificación realizada por la Cámara es del todo razonable, entendiendo que la prohibición debe excluir los aparatos permitidos, pero que deben estar claramente regulados.

Yo apoyo los cambios realizados por la Cámara y voy a votar a favor para que este proyecto sea ley a la brevedad, ¡porque eso es lo que se necesita!

En el último tiempo, una cosa son los indicadores, las encuestas, pero otra muy distinta es el temor que siente la población, la ciudadanía. Está instalado en el corazón de la gente el miedo a ser objeto de un ataque artero de la delincuencia en cualquier parte de Chile.

Todos sabemos que, lamentablemente...

Le pido un minuto más, Presidente .

¿Son diez minutos? ¿Es en general esta discusión?

El señor COLOMA (Presidente).-

No, Senador: estamos en el tercer trámite del proyecto.

El señor MOREIRA.-

¡Ah! Son enmiendas de la Cámara de Diputados.

El señor COLOMA (Presidente).-

Estamos en el tercer trámite.

El señor MOREIRA.-

Perfecto.

Termino diciendo, Presidente , que el sicariato, la tortura a la persona secuestrada por parte del delincuente, toda esta violencia inusitada, son delitos y modos de actuar que hemos importado de países como Colombia y Venezuela, donde hay crimen organizado: la dictadura de Maduro se deshizo de por lo menos cincuenta mil venezolanos con antecedentes, y quizás más. Sin embargo, se trata de un flagelo permanente con el que debemos convivir. No estábamos acostumbrados a este tipo de delincuencia, de violencia despiadada, en que -repito- se tortura a la gente que ha sido secuestrada.

Claramente aquello no lo veíamos: no sucedían el secuestro, el sicariato, en fin. Lo preocupante es que cuando los delincuentes fuertemente armados atacan a las personas y estas les entregan lo que poseen igual las matan, como si fuera una nueva cultura de la muerte, cuestión que debemos combatir con las armas que entrega la ley, pero también dotando a las Policías y a Gendarmería de las atribuciones y de los medios necesarios para detener esto de una vez por todas.

Voto a favor.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Quiero saludar al Ministro de Justicia , Luis Cordero Vega , y agradecerle su apoyo a esta moción, que presentamos junto a las Senadoras Ximena Rincón y Luz Ebensperger y a los Senadores Kast y Araya , que tipifica el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.

Esto es lo primero que hay que explicar. Porque el otro día me tocó participar en una entrevista con el periodista Rodrigo Sepúlveda , en que preguntaba por qué esto antes no era delito, ya que parece tan obvio que se sancione como delito la tenencia por parte de personas privadas de libertad de celulares o intercomunicadores de distinto tipo para comunicarse con el exterior. Ocurre que hasta ahora era delito el ingreso de estos elementos tecnológicos, mas no la tenencia propiamente tal. Ese vacío es el que viene a llenar este proyecto.

Antes, como se ha dicho muy bien, la tenencia de esta clase de aparatos era una falta, y de los funcionarios de Gendarmería; no estaba tipificado como delito. Ahora, mediante este proyecto, se castiga como delito con penas de hasta tres años de cárcel. Y no solo eso, sino que además se sanciona la omisión de aquellos funcionarios que, teniendo conocimiento de la utilización de estos elementos tecnológicos, no dan aviso y no hacen la denuncia respectiva, estando obligados a ello naturalmente.

En realidad, me parece una obviedad innecesaria el cambio que hizo la Cámara de Diputados. Pero bueno: dicen que lo que abunda no daña. La verdad es que las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y obvio, de acuerdo con las reglas de interpretación en la materia del Código Civil.

No obstante, me alegro mucho de que finalmente estemos despachando, en tercer trámite -el último-, este proyecto de ley, que efectivamente atiende a la nueva criminalidad: los sicariatos, los secuestros son delitos que muchas veces se realizan desde las cárceles. Hemos tenido ejemplos recientes de todo tipo de delitos que se planifican y se cometen desde los recintos penitenciarios.

Por eso es tan importante este proyecto, que obviamente es complementario al uso de tecnologías para bloquear las señales de los celulares. Pero el hecho de establecer como delito con penas de hasta tres años la tenencia de teléfonos o intercomunicadores para cometer delitos desde el interior de las cárceles resulta fundamental.

Ello, ciertamente, debe ser complementado con algo que han dicho tanto el Ministro de Justicia como el Fiscal Nacional, Ángel Valencia: la necesidad de avanzar en la segregación de la población penal, no mezclar a los internos. Conversamos con la asociación de gendarmes de la cárcel de Huachalalume, que está en la intersección de la comuna de Coquimbo con la comuna de La Serena, acerca de la necesidad de no mezclar a aquellos condenados primerizos con los internos reincidentes, porque muchas veces el crimen organizado comete sus delitos desde las cárceles.

Por eso es tan relevante que se apruebe finalmente este proyecto, que impulsamos con las Senadoras Rincón y Ebensperger y con los Senadores Kast y Araya, a fin de despacharlo como ley de la república y como parte de la agenda de treinta y un proyectos sobre seguridad ciudadana.

Gracias, Presidente .

He dicho.

El señor INSULZA.-

Presidente, voy a ser muy breve, porque creo que se ha exagerado bastante en la discusión de este proyecto.

En realidad, este tema ya fue abordado, como se ha dicho aquí, en la ley N° 21.494, de noviembre de 2022, que solo agregó los celulares y otro tipo de aparatos similares a una lista bastante larga de elementos cuyo ingreso a la prisión se encontraba prohibido. Originalmente era una ley mucho más larga, pero finalmente, producto de diversas indicaciones, se redujo a los celulares y a algunos otros aparatos que no habían sido considerados.

Eso está bien, y felizmente la ley está vigente: no se ha suspendido su aplicación por el hecho de presentarse algún otro proyecto.

Pero luego algunos Senadores tuvieron información de que había muchos de estos artefactos dentro de las cárceles, y por lo tanto llegaron a la convicción de que no solamente debía ser delito el ingresarlos, sino también el tenerlos.

Esa fue una buena conclusión, y está bien.

Pasaron todavía algunos meses de discusión, y a una figura que era una falta -también estoy de acuerdo- se le agregó un grado a fin de que se sancionara con presidio menor en su grado mínimo y suspensión para el ejercicio del oficio al funcionario público que tuviera conocimiento de la existencia de este tipo de aparatos y no hiciera la denuncia respectiva.

Eso está bien.

Ahora, lo de hoy es bastante raro, porque alguien llegó a la conclusión de que faltaba contemplar la situación del abogado defensor, al cual le asiste el derecho a tener un teléfono para comunicarse con su cliente, que, por cierto, tiene derecho a defensa, por lo que había que considerar alguna excepción. Creo que debe ser muy poco usual que un defensor público no informe que está entrando con un celular o que tiene uno para hablar con su defendido. Pero bueno, esa situación ahora está cubierta aquí.

Presidente , no voy a entrar a la discusión de si el defensor penal público es funcionario público o no, porque evidentemente lo es; solamente llamo la atención en el sentido de que llevamos bastante rato discutiendo una corrección a un buen proyecto de ley que ya fue enmendado. Y tenemos que pasar varios meses en esto mientras, como han dicho algunos Senadores acá, se siguen cometiendo todo tipo de delitos. Porque todas las cosas que, por ejemplo, mencionó el Senador Walker hace un momento -por su intermedio, Presidente - están ocurriendo en este instante en las cárceles, cuando ya hay una ley que las prohíbe. El caso de la señora que fue llamada por su nieto para que fuera a buscar unos computadores a una esquina ya estaba cubierto por la ley y se encontraba penado: el señor estaba usando un teléfono que no debía tener.

Entonces, tal vez debimos preocuparnos más, y aquí estoy seguro de que el señor Ministro está centrado mayormente en aplicar bien las leyes que en hacerles correcciones tan preciosistas.

No considero necesaria la modificación planteada, pero la voy a aprobar, porque realmente hay que sacar esta ley ya.

Muchas gracias, Presidente .

El señor BIANCHI.-

Muchas gracias, Presidente.

Voy a colocar una recreación.

(El Senador hace escuchar a la Sala un audio desde su teléfono celular, en que se señala: "Mire, usted habla con el Ministro Jackson . Acabo se sufrir todo lo que es un accidente vehicular. A producto de esto van a ir tres niños de overol blanco; son sobrinos míos. Se van a apersonar ahí, al Ministerio, para retirar veintitrés computadores del tipo laptop. Así que para que...).

Bueno, esta recreación es lo que todos los días se ha comentado en los distintos medios de comunicación; puede parecer ridícula, y lo es, pero no está lejos de lo que viven a diario las personas, pues cientos de ellas están siendo estafadas todos los días.

Hay tráfico de datos cuando uno se mete a una página de compraventa, cuando realiza transacciones bancarias. Hasta para acceder a una oferta de mortadela el supermercado le pide los datos, y luego se entera de ellos el que se encuentra en la cárcel.

Es tan vulnerable el sistema que uno, ¿qué le puede pedir a la señora? Que se cuide, como lo hacen algunas campañas: "Mire, cuídese de las llamadas", si son capaces de limpiar hasta los computadores de un Ministerio.

No quiero imaginarme, así como un delincuente supuestamente común tiene de cabeza o tomada toda la agenda nacional en los medios de comunicación, quién está detrás de esto, dónde está la caja fuerte, cómo se ejecutó el delito.

Entonces, cómo le puedo pedir a la gente que se mete a una página para hacer una transacción bancaria que tome medidas de seguridad. ¡No quiero imaginar si esto pasa, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa!

Reitero: el nivel de vulnerabilidad es alto.

¿El proyecto sirve? Sí, pero de aquí a que solucione el problema de las estafas hay una distancia enorme. Y si pensamos que esta es una solución, creo que estamos en un error. Porque seguro que en este momento algunos reos nos están viendo en los penales a través de sus teléfonos -¡aprovecho de saludarlos...!- riéndose de la velocidad de nuestro trabajo, de la inteligencia que se está aplicando en la materia.

Hay delincuentes que, sinceramente, aparte de ser a lo menos más inteligentes que yo y que muchos de los que manejan la inteligencia, van un paso adelante. En Chile la delincuencia va un paso adelante respecto de la tramitación de la ley, de los organismos de orden y seguridad.

La otra vez recibí mensajes -porque no solamente Jackson tiene doble- del Senador Walker pidiéndome cien lucas; del Senador Moreira . Y no eran de ellos, sino de personas que habían clonado los teléfonos de mis colegas.

¡Traspasan, pues, todas las normas de seguridad!

Hoy día tener un teléfono en la cárcel no es delito: está prohibido por reglamento, pero en la práctica no tiene sanción penal, al menos hasta ahora.

A fin de explicarlo en palabras fáciles, lo que busca este proyecto es tipificar el delito de tenencia de teléfonos celulares o aparatos tecnológicos que permitan intercomunicarse dentro del penal o comunicarse con el exterior, para lo cual se establecen sanciones que van desde los sesenta y un día hasta los tres años y un día para los privados de libertad que lo cometan o para los funcionarios públicos que omitan denunciar la tenencia de estos dispositivos.

Hace no mucho Gendarmería realizó uno de los allanamientos más grandes en la historia penitenciaria chilena: sesenta y siete cárceles, en las cuales se incautaron más de dos mil armas blancas; mil teléfonos celulares, cerca de 2,8 kilos de droga. ¡Lamentablemente, no alcanzaron a quitarle el teléfono al doble del Ministro Jackson ...!

Lo complejo es que la mayoría sabemos cómo ingresa la droga a los penales, cómo entran los teléfonos, y aún así no podemos hacer nada, porque esta es una arista sobre la que debemos legislar; por ejemplo, en el caso de los famosos peloteros, que a veces pasan hasta PlayStation al interior de los recintos penales.

Para un gendarme ingresar, por ejemplo, a un box de delincuentes extranjeros o de alta complejidad es casi una proeza: sabe que va a entrar, pero desconoce si va a salir. Sin embargo, los gendarmes son los únicos fiscalizadores posibles de esta nueva ley. Reamente ellos carecen de herramientas; incluso falta darle dignidad al trabajo que deben realizar: hay que dotarlos de todos los implementos, y hasta establecerles un sueldo decente.

Resultan preocupantes las represalias para los gendarmes, sobre todo si consideramos el deber que tienen de informar la posesión de teléfonos por parte de los internos. Si hoy vemos que los reos cuentan con más control y poder que los gendarmes, imagino el miedo que estos pueden tener en el desempeño de sus funciones.

Voy a aprobar la enmienda propuesta respecto de este proyecto, pero no debemos perder de vista el problema de fondo, que no radica en las penas, sino en cómo apoyar el trabajo, la fiscalización, la labor de Gendarmería, entregando las herramientas y garantías necesarias para resguardar la integridad de los gendarmes y asegurar el cumplimiento de su deber.

Gracias, Presidente .

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidente.

Sin duda este proyecto de ley, que tipifica como delito la tenencia de aparatos electrónicos, de teléfonos al interior de los recintos penitenciarios, es un avance.

La historia ha demostrado que el crimen organizado nace en las cárceles, y que a través de estos aparatos finalmente se cometen crímenes de la mayor gravedad, lo cual era por todos sabido.

Pero lamentablemente en la ley, como se dijo con anterioridad, eso no estaba tipificado como delito, y por lo tanto, solo era una infracción administrativa.

También tenemos claridad en cuanto a que la manera correcta de evitar esto es inhibiendo las señales que salen desde los recintos penitenciarios. Y ese es el desafío que tiene el Gobierno hoy -y aprovecho de saludar al Ministro Cordero , con quien hemos conversado un poco este tema-: implementar finalmente esta medida al objeto de que pueda inhibir la salida de la señal, porque lo otro es posterior a la comisión del delito.

Aquí mucho se ha hablado de lo que ocurrió en la Cartera de Desarrollo Social, encabezado por el Ministro Jackson , donde además la llamada dura más de cuarenta minutos, lo que ya igualmente es una anormalidad, porque quiere decir que el reo que estaba cometiendo o dirigiendo este delito en dicho Ministerio tuvo todo el tiempo del mundo para hablar desde un recinto penitenciario. Esto habla también de las falencias que tenemos en el resguardo de lo que están haciendo efectivamente los reos al interior de los recintos carcelarios.

Se trata de un avance, pero que además permite visibilizar el tema. Y es un llamado que se le hace al Gobierno, porque sabemos que esto no va a eliminar el que se sigan cometiendo las estafas telefónicas, o -y es lo más grave- dirigiendo las operaciones de las organizaciones tanto criminales como de narcotráfico desde los propios recintos penitenciarios.

Eso es de la máxima gravedad, porque cuando se hace una investigación y se logra la detención, juzgamiento y condena de una banda hay todo un trabajo, todo un esfuerzo del Estado para sacarla de circulación. Pero estos grupos de delincuentes siguen operando dirigidos desde la propia cárcel.

Entonces, todo ese esfuerzo resulta infructuoso.

Por ello, Ministro, pienso que hoy el llamado es a ser capaces de inhibir las señales que se emiten desde los recintos penitenciarios, de manera de poder cortar esa línea de comunicación.

Esa es la solución definitiva que realmente va a dejar aislados a estos grupos delictuales, que tanto daño le hacen a nuestra sociedad, en que más encima quienes las dirigen están resguardados al interior de los propios recintos penitenciarios.

Creo que esta iniciativa de ley es importante, porque forma parte de los treinta y un proyectos que el Presidente del Senado denominó como " fast track legislativo en seguridad", al que se sumó la Cámara de Diputados y luego el Gobierno, y por lo tanto, tenemos la responsabilidad de aprobarla con la celeridad que se requiere para que aquellas personas que posean este tipo de instrumentos al interior de las cárceles a lo menos sean objeto de una sanción punitiva.

Por todo lo expuesto, voto a favor, Presidente .

El señor KEITEL.-

Gracias, Presidente.

Actualmente existe una ley que sanciona el ingreso de dispositivos electrónicos al interior de los recintos penitenciarios, pero sabemos que no es suficiente. El mal uso de estos aparatos no solo afecta el clima y la convivencia al interior de las cárceles, sino también a quienes estamos fuera de ellas, ya que nos exponemos a estafas telefónicas, a extorsiones y a una serie de ilícitos por parte de los reclusos, que siguen con la actividad delictiva a pesar de encontrarse privados de libertad.

Por ello resulta urgente avanzar en este tipo de proyectos, pues en los últimos años ha existido un creciente control de las bandas criminales que operan desde el interior de los penales chilenos. De acuerdo con la información entregada por Gendarmería de Chile, el año 2022 se incautaron cerca de treinta y un mil teléfonos celulares, y en lo que va de este año, poco más de cinco mil.

Sin ir más lejos, el robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social, según los antecedentes de la investigación, involucra a reos de la cárcel de Puente Alto. ¿Cómo es posible esto? Este enigmático robo nos vuelve a recordar la importancia de frenar la coordinación del crimen organizado y el acceso que tienen estos delincuentes a elementos tecnológicos.

El objetivo de esta moción es tipificar el delito de tenencia de teléfonos celulares, chips o aparatos tecnológicos que permitan comunicarse dentro o fuera del penal, ya que, hasta ahora, la tenencia se ha considerado simplemente como un incumplimiento de las normas internas de disciplina del establecimiento.

Hay que poner mano dura y tomar las medidas correspondientes para que no se sigan orquestando delitos desde dentro de los centros penitenciarios de nuestro país, pues la criminalidad se va adaptando a los avances tecnológicos y, por lo mismo, debemos estar preparados para combatirla.

Mi voto es a favor, Presidente .

Gracias.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Creemos claramente que este no es un proyecto que vaya a solucionar todas las problemáticas que hoy día afectan a la ciudadanía y que se determinan en función de una serie de delitos que se provocan desde el interior de los recintos penitenciarios.

Como se ha dicho con mucha exactitud, aquí estamos en presencia de un proyecto de ley que va a tipificar el delito de tenencia de intercomunicadores, teléfonos celulares, chips telefónicos y otros elementos tecnológicos que permiten intercomunicarse dentro del penal o comunicarse con el exterior.

Esta iniciativa sanciona dichos hechos con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, que va de quinientos cuarenta y un días a tres años y un día. Esta pena, en su tramo mínimo, va de quinientos cuarenta y un días a ochocientos dieciocho días, y en su tramo máximo, de ochocientos diecinueve días a mil noventa y cinco días.

El proyecto, como aquí se ha planteado, busca reducir la cantidad gigantesca de hechos delictuales que se generan desde el interior de las cárceles, situaciones que ocurren en el día a día y que dañan, sobre todo, a gente de nuestra clase media, de los sectores más vulnerables, que es engañada en la compra de vehículos y en una serie de otros hechos que son lamentables. Obviamente, hablo de compras de vehículos absolutamente fraudulentas, mediante operaciones de engaño, de extorsión, provocadas -repito- desde el interior de las cárceles.

Evidentemente, penalizar este tipo de conductas no va a solucionar todos los problemas de fondo.

Escuchaba los planteamientos y las discusiones y muchos decían que lo que aquí se debe hacer es, simplemente, a través de elementos tecnológicos, poner restricciones absolutas a la señal telefónica dentro de los recintos penitenciarios. Pero tengo entendido que, cuando se ha intentado aplicar medidas de ese tipo, han sido insuficientes, ineficientes, y también han provocado problemas no solo al interior de las cárceles -porque los gendarmes no pueden quedar incomunicados durante las ocho horas que duran sus turnos-, sino también con la sociedad civil, es decir, con las poblaciones circundantes a los centros penitenciarios. Lo señalo para que quede clara cuál ha sido la postura en esta materia.

Creemos que es un avance importante -por cierto, lo vamos a votar a favor-, porque creemos que, de una u otra forma, el proyecto de ley va a generar una disuasión significativa de este tipo de hechos delictuales que se provocan desde el interior de recintos penitenciarios.

Pero tampoco hay que perder el foco respecto de que esos celulares llegan bajo diferentes modalidades al interior de los centros penitenciarios. Ello no ocurre solo a través de estas pelotas que lanzan desde fuera de los recintos, dentro de las cuales también van teléfonos celulares. Estos elementos son ingresados, además, por profesionales que llegan a atender a los reclusos y, lamentablemente, por funcionarios de una institución tan importante como Gendarmería, que también se han visto involucrados en estos hechos.

Entonces, como señalaba, tampoco hay que perder el foco de la discusión en tipificar el delito solo respecto de quienes están recluidos, sino que también se debe extender a todos aquellos que aparezcan intentando incorporar elementos tecnológicos a los centros penitenciarios.

Presidente, voto a favor de este proyecto. Creo que es un avance. No soluciona todos los problemas de fondo, pero sí creemos que puede ser un elemento disuasivo para bajar los altos índices y los miles de celulares que hay al interior de las cárceles.

He dicho, Presidente .

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, Honorable Sala, por supuesto que vamos a apoyar este proyecto.

Como usted bien sabrá, el año 2017 Gendarmería de Chile requisó 17.620 teléfonos celulares y tarjetas SIM que se encontraban en poder de personas privadas de libertad. Y un gran número de delitos cometidos en nuestro país proviene desde el interior de las cárceles, lo que es consecuencia de un procedimiento garantista, en que existe más preocupación por los derechos de los victimarios que por los derechos de las víctimas.

Por eso hemos promovido, a través de proyectos de acuerdo, la necesidad de contar con elementos tecnológicos que permitan bloquear las señales de telefonía.

En algún minuto ello se implementó, durante la Administración del Presidente Piñera, y se provocaron algunas dificultades de bloqueo de señal a las personas que habitaban lugares que circundaban los recintos penitenciarios.

Hoy día la tecnología es distinta. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de conocer tecnología que se está desarrollando en países como China o Estados Unidos que bloquea lugares específicos de una casa habitación o de un recinto penitenciario, en este caso.

Por tanto, creemos que va en la dirección correcta establecer estos tipos penales.

Creemos, sin lugar a dudas, que la sugerencia que ha incorporado la Cámara de Diputados también va en la orientación correcta.

Desde el punto de vista de la descripción del tipo penal, a través de un artículo único se incorpora en el párrafo XII del Título Sexto del Libro Segundo del Código Penal un nuevo artículo 304 ter.

En la Comisión de Constitución se revisaron las indicaciones al proyecto y se aprobó un texto que establece una descripción del nuevo tipo penal que también considera como sujeto activo al funcionario público que omita la denuncia, la exención de responsabilidad para el abogado defensor que omita la denuncia, y suma sanciones a las administrativas ya establecidas por Gendarmería.

Por tanto, creemos que la iniciativa va en la dirección correcta.

La tenencia de elementos prohibidos en las cárceles se ha utilizado de manera histórica para cometer una serie de delitos de estafa dentro de los mismos penales, por lo que es positivo sancionar este tipo de conductas.

Es necesario dar una respuesta sistémica a la temática delictiva que se ha producido. No es posible que dentro de las mismas cárceles se generen delitos.

El Centro de Justicia, donde se encuentran los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal, está contiguo al centro de detención Santiago 1 , razón por la cual no se ha podido implementar un bloqueador de señal, debido a la falta de solución del problema. Como he señalado, las nuevas tecnologías están avanzando en aquello.

En tal sentido, el Poder Legislativo plantea este nuevo tipo penal, que desincentivará la internación de teléfonos debido a la pérdida de beneficios penitenciarios.

Por tanto, creemos que este proyecto va en la dirección correcta, y nosotros lo vamos a aprobar. Por supuesto que estoy hablando en nombre de la bancada del partido, que también va a votar favorablemente.

He dicho, Presidente .

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Por su intermedio, saludo al Ministro de Justicia , presente en la Sala, porque mi intervención se relaciona no solo con Gendarmería y el trabajo que se desarrolla en los recintos penitenciarios, sino con un tema mucho más profundo, sobre el cual también debemos debatir: la suplantación de identidad.

Estamos hablando no solo de suplantación física o documental, sino también de aquella que se produce por un medio verbal, o quizás la más importante hoy, la suplantación de la identidad digital: cuando una persona, a través de credenciales -un nombre de usuario y una clave- es capaz de ingresar a los sistemas de otra persona, suplantarla, sustraer dinero o, incluso, dañar su reputación, si afecta a sus redes sociales. Esos son sucesos que vemos a diario y por eso no nos debe extrañar.

Hoy la convergencia digital avanza a que lo físico y lo digital no sean separables.

Por lo tanto, tenemos que reconocer que hay un problema de fondo.

Entonces, la pregunta es cuál será la identidad digital que va a entregar el Estado de Chile. No hablo del sistema de clave única de credenciales -nombre de usuario y clave-, sino de aquella robusta, con segundos o terceros factores de autenticación. En tal sentido, cabe mencionar específicamente el rol que cumple el Registro Civil en esta tarea, que en otros lugares del mundo tiene, por ejemplo, asociado el número de teléfono móvil con la persona para que el Estado pueda hacer una notificación. Habrá que determinar cuál será el sistema de notificación estatal establecido para las personas privadas de libertad, porque el Estado debe llegar con aquellas notificaciones que son personales.

Por lo tanto, asociar a una persona a un RUT y a un número de teléfono es algo que puede ser parte de nuestra normativa, en que todos debamos tener asociados esos datos. El problema es cómo se cautela otro de los requerimientos que hemos establecido, consistente en que los privados de libertad además queden privados de la comunicación con el exterior, a menos que sea controlada o regulada. Y ese derecho a comunicación debe ser utilizado para dichos efectos y no para cometer delitos.

Aquí entra en escena un problema tecnológico.

Muchos se han referido al bloqueo intencional de señales de telecomunicaciones, conocido como jamming. Bueno, son técnicas muy antiguas que generan las externalidades que hemos conocido. Pueden servir en recintos carcelarios alejados de la población, pero ahí se afecta a todos por igual. Hoy la tecnología permite conocer exactamente el número de serie de cada equipo, el famoso IMEI, un código numérico que identifica al equipo de comunicaciones, como también la tarjeta SIM asociada. Son dos elementos con dos números distintos.

Las compañías saben específicamente, cuando se producen las comunicaciones, qué equipo, qué número de serie y qué tarjeta está siendo usada. Porque un supuesto que debemos manejar como hipótesis es que alguien esté usando el teléfono de alguien y cambiando el chip, vale decir, usando un medio tecnológico para acceder a una comunicación e incurriendo en algo que no queremos que ocurra: un delito.

Esa tecnología está disponible. Son las famosas listas negras que bloquean ciertos números y que no necesariamente corresponden a un número telefónico. Hemos señalado que un número telefónico se puede asociar a una persona, pero un equipo y una tarjera SIM tienen que ir juntos, lo que nos permite saber qué hacer y si se va a autorizar su uso dentro de un perímetro. Con la precisión que poseen las señales hoy en día y por los tiempos de retardo para moverse -básicamente, es una diferencia de tiempo-, uno puede calcular ciertos polígonos y establecer áreas en donde solo se autoricen teléfonos con ciertos números, y el resto queda bloqueado. O sea, usemos primero tecnología, pero entendamos que tal vez todas las personas deban tener asociado un número de teléfono como parte de la verificación de su identidad digital para diversas situaciones. Podría usarse, incluso, para un sistema de votación digital a futuro.

Entonces, no podemos generalizar. Tenemos que hacer política pública de siglo XXI, entender las tecnologías y ocuparlas.

Yo me alegro de que al menos el tipo penal esté correctamente tipificado, porque la persona puede haber tenido acceso a un dispositivo móvil por las diferentes razones que se mencionaron; incluso hoy en día puede ser lanzado por un dron, como ya lo estamos viendo.

Y eso es lo más importante. No queremos que aquellos que no están autorizados puedan comunicarse, porque están violando algo que ya está establecido; y no deseamos que, peor aún, se generen delitos desde los recintos carcelarios, porque eso atenta contra aquello que queremos: que las personas se puedan reinsertar, y para eso deben pasar por un proceso en que el tiempo de cumplimiento de condena sea para algo beneficioso, útil para el país.

Por eso, señor Presidente, voto a favor.

Gracias.

--Se aprueba la enmienda introducida por la Cámara de Diputados (40 votos a favor y 1 pareo) y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Rincón y Vodanovic y los señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Macaya.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Vamos, señor Secretario , a la siguiente iniciativa.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que posibilita la incorporación de la Escuela de Gendarmería de Chile dentro de aquellas instituciones de educación superior que el Estado reconoce oficialmente e incorpora reglas especiales para su proceso de acreditación, iniciativa correspondiente al boletín N° 14.879-04.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 14.879-04) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión de 30 de mayo de 2023 y cuenta con informe de la Comisión de Hacienda.

Sobre su tramitación legislativa, cabe recordar que la Comisión de Educación fue autorizada para discutir en general y en particular el proyecto de ley durante el trámite reglamentario de primer informe, oportunidad en la cual introdujo enmiendas a la iniciativa y el texto resultante fue propuesto a la Sala, que lo aprobó en general.

Tras todo ello, fue dispuesto el respectivo plazo para presentar indicaciones y, por no haberse formulado dentro del mencionado término, el proyecto fue remitido a la Comisión de Hacienda para su informe.

Dicha Comisión, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, esto es, el artículo 2 permanente y el artículo transitorio de la iniciativa. Y deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no introdujo enmiendas al texto despachado por la Comisión de Educación en su informe.

Consigna, asimismo, que las mencionadas disposiciones de su competencia fueron sancionadas por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Coloma, García, Insulza, Lagos y Núñez.

Finalmente, propone a la Sala adoptar igual resolución, aprobando la iniciativa en trámite.

En consecuencia, las disposiciones del proyecto de ley aprobado en general no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y, por lo tanto, deben darse por aprobadas en particular, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

El texto cuya norma se propone aprobar en particular se transcribe en las páginas 10 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcribe el texto de la iniciativa sancionada en general, que, como se dijo, corresponde al proyecto despachado en su oportunidad por la Comisión de Educación y respecto del cual la Comisión de Hacienda no introdujo modificaciones.

Es todo, señor Presidente.

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidente.

Vengo a informar respecto de aquello que a la Comisión de Hacienda le correspondió conocer acerca del proyecto que posibilita la incorporación de la Escuela de Gendarmería de Chile dentro de aquellas instituciones de educación superior que el Estado reconoce oficialmente y establece reglas especiales para su acreditación.

Esto ha sido muy importante para Gendarmería de Chile. Es una aspiración muy antigua establecer que dentro de las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado esté la Escuela de Gendarmería.

A nosotros nos tocó ver básicamente cómo se adecúan los requisitos de ingreso a la Escuela de Gendarmería a aquellos dispuestos en las normas generales de la educación superior, y cómo establecer un marco especial y específico para la Escuela de Gendarmería respecto al período previo al inicio de su proceso de acreditación.

Recordemos -y ustedes lo pueden ver en el texto del proyecto- que hay un plazo de siete años para que la Escuela de Gendarmería comience su proceso de acreditación desde el momento en que esta sea reconocida, en tanto existan -y esto es textual- a lo menos dos cohortes de alumnos que hubieren egresado de ella.

Y se establece un procedimiento de supervisión, a cargo del Consejo Nacional de Educación, que se desarrollará hasta que esta Escuela se presente al procedimiento de acreditación.

Para estos efectos se contemplan modificaciones al DFL N° 1.791, que establece el Estatuto de Personal perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile, incorporando o modificando los requisitos de ingreso respecto a la licencia de educación media, no haber sido condenado por crimen o simple delito, y haber rendido la prueba de selección universitaria u otro instrumento de acceso a la educación superior.

El Subsecretario de Educación hizo mucha fuerza en lo importante que era para la Escuela de Gendarmería avanzar en esta línea, estableciendo una serie de cambios adicionales a los requisitos, hasta físicos, que requieren las personas para ingresar a esta institución.

Ahora, a nosotros más nos compete lo referido al financiamiento. Recordemos que este proyecto se vio originalmente en la Comisión de Educación y después pasó a Hacienda, como se decía, "en su caso", en lo que tiene que ver con los gastos del Consejo Nacional de Educación para el proceso de supervisión a la Escuela de Gendarmería, el que se desarrollará hasta que esta se presente al procedimiento de acreditación. Este proceso considera un costo total anual de 3.809.905 pesos. El foco de supervisión tiene que ver con "acompañamiento y la mejora institucional" de los recursos, según se explica en la tabla correspondiente.

El mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación, y en los años siguientes -por eso es importante que se fije por ley- se considerará anualmente en la Ley de Presupuestos respectiva.

Presidente, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacienda; por tanto, nuestra recomendación es que la Sala proceda de igual manera.

He dicho.

--Se aprueba en particular el proyecto (28 votos favorables y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes y Pascual y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, García, Huenchumilla, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Prohens, Pugh, Saavedra, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Soria.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Mesa se registran cinco pareos: de la Senadora Gatica con la Senadora Sepúlveda, de la Senadora Núñez con la Senadora Provoste, del Senador Macaya con la Senadora Vodanovic, del Senador Galilea con el Senador Soria, y del Senador Ossandón con el Senador Lagos.

El señor INSULZA.-

Agregue, por favor, mi intención de voto.

El señor DE URRESTI.-

¡Presidente!

La señora ALLENDE.-

¡Presidente! El voto del Senador Insulza.

El señor COLOMA (Presidente).-

Se agrega la intención de voto a favor del Senador Insulza.

Aprobado el proyecto, pasa a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile Doctor José Joaquín Aguirre y el Sistema Nacional de Servicios de Salud, iniciativa correspondiente al boletín N° 15.486-11, con segundo informe de la Comisión de Salud, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.486-11) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión del 16 de mayo del 2023 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Salud, en el que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 2 permanente y los artículos primero, tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

También deben darse por aprobados los artículos 1 permanente y el artículo segundo transitorio de la iniciativa, los cuales no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Salud.

Cabe hacer presente que la Comisión de Salud fue autorizada para discutir en general y en particular el proyecto de ley durante el trámite reglamentario del primer informe, oportunidad en la cual introdujo enmiendas a la iniciativa en el texto resultante.

Posteriormente, con motivo del segundo informe de la referida Comisión, en la que no contempló nuevas modificaciones, la Sala, en sesión de 11 de julio de 2023, previo al inicio del estudio en particular del proyecto, acogió a tramitación dos indicaciones que fueron presentadas en dicha oportunidad, una de ellas del Ejecutivo, acompañada por un informe financiero, razón por la cual la iniciativa fue remitida a la Comisión de Hacienda para su respectivo informe.

En consecuencia, el proyecto cuenta con un segundo informe de la Comisión de Salud e informe de la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Salud deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 2 permanente y los artículos primero, tercero y cuarto transitorios del proyecto no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

También deben darse por aprobados el artículo 1 permanente, con excepción del numeral 9 del artículo 17 quáter contenido en el N° 1 del artículo 1 del proyecto, y el artículo segundo transitorio de la iniciativa, los cuales no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Salud.

La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció respecto de las dos indicaciones presentadas con fecha 11 de junio de 2023, en base al texto despachado por la Comisión de Salud en su segundo informe.

Al respecto, deja constancia, para efectos reglamentarios, de que introdujo una enmienda al referido texto despachado por la Comisión de Salud, la que fue sancionada en dicha instancia por mayoría de votos, pronunciándose a favor los Honorables Senadores señores Insulza, Lagos y Núñez, y absteniéndose los Honorables Senadores señores Coloma y García.

Dicha modificación consiste en el reemplazo de la oración final del N° 9 del artículo 17 quáter, contenido en el numeral 1 del artículo 1 del proyecto, relativa a la fijación de los valores de las prestaciones, la cual se encuentra en la página 10 del comparado.

Sus Señorías tienen a su disposición el boletín comparado que transcribe el texto despachado en particular por la Comisión de Salud, la modificación introducida por la Comisión de Hacienda, y el texto como quedaría de aprobarse esta enmienda.

Cabe hacer presente que la Honorable Senadora señora Ebensperger ha solicitado la votación separada del N° 9 del artículo 17 quáter, contenido en el numeral 1 del artículo 1 del proyecto. En consecuencia, correspondería votar por separado la norma que fue aprobada por mayoría en la Comisión de Hacienda.

Por lo tanto, compete a esta Sala pronunciarse respecto de las normas que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones -que se darían por aprobadas- y someter a consideración la norma que fue acordada por mayoría de votos en la Comisión y respecto de la cual se ha solicitado votación separada.

Es todo, señor Presidente.

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Gracias, Presidente.

Finalmente, después de un trámite que ha demorado más de lo que hubiésemos querido, estamos en condiciones de informar a la Sala que este proyecto vinculará al Hospital Clínico de la Universidad de Chile con la red del Sistema Nacional de Servicios de Salud, especialmente en el área norte de Santiago.

Este servicio tiene una larga historia de vínculo, el que después se rompió por un largo período. Y siendo un hospital clínico de la envergadura que tiene, será posible restablecerlo gracias a esta iniciativa parlamentaria y el apoyo del centro directivo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Al respecto, quiero destacar algunos antecedentes. Primero, el año 94 se modificó el convenio que lo había vinculado al SNS de la época, lo cual lo llevó a un endeudamiento creciente, que solo a partir del 2015 alcanzó un equilibrio operacional, pero frágil, donde sus ingresos apenas cubrían sus egresos, sin poder invertir en infraestructura y renovación de equipos.

Esta recuperación transitoria se vio afectada por la pandemia del COVID-19, en la cual el Hospital Clínico de la Universidad de Chile dispuso toda su capacidad para hacer frente a la crisis sanitaria. Lo anterior provocó que la situación financiera resultase también difícil y compleja en su manejo.

En este sentido, se estableció en la ley 21.395, de Presupuestos para el Sector Público, que durante el año 2022 continuaría trabajando la mesa técnica conformada el año 2021 para elaborar un proyecto de ley que fortaleciera el vínculo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile con el Sistema Nacional de Servicios de Salud, integrándolo en una red pública y permitiendo una relación sinérgica. Eso es lo que estamos concretando, en definitiva, mediante la discusión en general y en particular en las Comisiones de Salud y de Hacienda, cumpliendo con este mandato de vinculación, fortaleciendo la red de alta complejidad a nivel nacional, y dando un paso relevante en la demanda de reconocer el rol de este hospital universitario en el sistema de salud.

Se presentaron indicaciones por distintos Senadores, siendo declaradas algunas de ellas inadmisibles, y el Ejecutivo concordó en la necesidad de realizar un estudio que determinara brechas, manifestando que estará disponible para entregar toda la información que se requiera.

El plazo para los incrementos remuneracionales de los trabajadores es un tema que está en análisis -se sigue en ello-, ya que se consideró que puede ser producto de un acuerdo directo entre las partes. Por lo tanto, desde nuestra Comisión le pedimos al Ejecutivo la formación de una mesa de trabajo entre los funcionarios y trabajadores y el Ministerio de Salud, para dar garantías de que se va a llegar a buen puerto y se van a resguardar todas sus condiciones laborales.

Finalmente, en la discusión se hizo hincapié respecto a tramitar este proyecto de ley con celeridad, con la finalidad de que los Senadores de la Comisión y el Ejecutivo presentasen todas sus indicaciones -en Sala algunas de ellas-, y así poder darle más velocidad a la aprobación de los mecanismos de pago y de las valorizaciones de común acuerdo respecto a lo que va a ser el futuro del hospital.

Por todo lo anterior, señor Presidente , esta iniciativa se somete a consideración de la Sala con recomendación favorable y aprobación desde la Comisión de Salud.

Muchísimas gracias.

El señor LAGOS.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Aprovecho de saludar a los Ministros que nos acompañan, en particular a la Ministra de Salud , Ximena Aguilera .

La Comisión de Hacienda emite su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional.

Esta iniciativa fue considerada previamente, como se señaló recién, por la Comisión de Salud del Senado.

Durante la discusión particular de este proyecto, con fecha 11 de julio en la Sala de la Corporación se recibieron dos indicaciones, una de las cuales, de autoría del Ejecutivo, estaba acompañada de un informe financiero. Esa es la razón por la cual se acordó que esta iniciativa fuese remitida a la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo que está dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Por ese motivo se analizó este proyecto en la Comisión. Y cito: "producto de que una indicación venía acompañada de un informe financiero, este proyecto fue derivado para que lo viera la Comisión de Hacienda, en su caso".

El informe financiero -razón por la cual la Comisión de Hacienda tuvo que conocer este proyecto- señala expresamente que la indicación no irroga mayor gasto fiscal, toda vez que no se requiere un mayor presupuesto en relación con lo señalado en los dos informes financieros previos acompañados por el Ejecutivo , consignando el primero de ellos que los recursos que se contemplen en los convenios que se suscriban de manera anual con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile estarán sujetos a lo que determine la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año respectivo.

En sesión del 18 de julio, la Comisión de Hacienda, en cumplimiento de lo mandatado por la Sala de la Corporación, se abocó a conocer las dos indicaciones presentadas en la discusión particular, incluida la que hace referencia al informe financiero.

La Comisión de Hacienda introdujo una enmienda en el numeral 9 del artículo 17 quáter, contenido en el numeral 1 del artículo 1° del texto despachado por la Comisión de Salud en su segundo informe, en virtud de la aprobación de la indicación formulada por el Ejecutivo a ese mismo artículo.

En la sesión celebrada para el efecto contamos con la presencia de la Ministra de Salud , doña Ximena Aguilera , quien hizo una presentación del proyecto a la cual ya hizo referencia el Senador Juan Luis Castro , así que me saltaré esa parte, porque repitió básicamente lo mismo.

Como se señaló previamente, este proyecto no irroga mayor gasto fiscal.

Con todo, el Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar parte del numeral 9 del artículo 17 quáter. Hago referencia a esto porque fue la norma sobre la cual nos pronunciamos en la Comisión de Hacienda, básicamente porque la otra indicación fue declarada inconstitucional. El numeral en comento señala: "El o los mecanismos de pago por medio del cual el Fondo Nacional de Salud determinará el precio de las prestaciones otorgadas por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile a los beneficiarios del convenio, los que corresponderán a los mismos mecanismos utilizados para el pago a los demás establecimientos de la Red Asistencial de los Servicios de Salud, según el tipo de prestaciones y las condiciones en que éstas se otorguen". Y el agregado fundamental es: "Los valores de las prestaciones se fijarán de común acuerdo, en atención a la naturaleza universitaria y estatal del Hospital Clínico reconocida en el siguiente numeral".

Esta fue la indicación que, puesta en votación, se aprobó con los votos de los Senadores Insulza, Lagos y Núñez y la abstención de los Senadores Coloma y García.

También hubo una indicación de la Senadora Pascual que fue declarada inadmisible por la Comisión.

Es cuanto puedo informar.

En definitiva, el proyecto no irroga mayor gasto fiscal y se aprobó con una indicación del Ejecutivo.

Gracias.

El señor COLOMA.-

Muchas gracias, Presidente.

A ver, aprovechando que está presente la Ministra de Salud , yo quiero hacer un par de consultas -por su intermedio- respecto de este proyecto. Porque tiene razón el Presidente de la Comisión en que nosotros solo vimos la parte del articulado que dice relación con Hacienda, pero, a propósito de eso, se produjo una discusión bien interesante que me gustaría transmitir acá y ver más ampliamente su sentido.

El primer planteamiento de carácter general es que yo entiendo el propósito del proyecto, pero no me queda clara la filosofía final. Porque lo que se hace es incorporar el concepto de hospital clínico al Sistema Nacional de Servicios de Salud . Esa es la primera idea, y a mí me parece que está bien. Si hay algo que hemos aprendido en una sociedad que está sujeta a dramas humanitarios y sanitarios es que la integración y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud es muy relevante. Y que se fortalezca el vínculo con los hospitales clínicos -para ser didáctico respecto de lo que quiero decir después- es una buena idea, de eso no cabe duda.

La primera interrogante que me surge es por qué, si lo importante son los hospitales clínicos, solo se incorpora el de la Universidad de Chile al Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y es una reflexión bien abierta, que me parece razonable. Hay otros hospitales clínicos, no muchos más -entiendo que son dos; Ministra , usted me puede corregir-, que también están en condiciones de integrarse al Sistema Nacional de Servicios de Salud .

Entonces, puede que haya una razón que no estoy entendiendo bien. Lo planteo: ¿por qué, si la idea es fortalecer los servicios de salud, no se incorpora a los dos hospitales clínicos de las otras universidades -yo no sabía cuántos eran- que pueden prestar un servicio equivalente? Ello, si realmente lo que importa, al final, es fortalecer el servicio de salud.

Esa es la primera duda que quiero plantear.

Y la segunda es más compleja, creo yo, porque tiene que ver con la razón por la que nos abstuvimos con el Senador García . Y, para ser muy franco, fue él quien orientó esta parte de la discusión.

Aquí claramente hay un problema. Yo entiendo que se está facilitando el costo de las prestaciones que va a brindar la Universidad de Chile, que me imagino se está haciendo en la lógica de que serían un poco más caras que el resto, porque, si no, no se entendería la indicación. Insisto: me gustaría que se hiciera con todos los hospitales clínicos. Pero me preocupa, Presidente , la redacción misma, que honestamente creo que quedó medio inentendible para la aplicación.

Ya dejando de lado la primera discusión, vamos a la segunda.

Esta ley establece cómo se fijan las prestaciones y señala, respecto de la Universidad de Chile, la siguiente frase: "Los valores de las prestaciones" -que ya están fijadas, pero hay una excepción-, "se fijarán de común acuerdo, en atención a la naturaleza universitaria y estatal del Hospital Clínico reconocida en el siguiente numeral".

No entiendo bien lo que significa eso, en la práctica. Comprendo que se está tratando de generar un escenario, pero, con esa redacción, no sé cómo lo podría interpretar el día de mañana -voy a ser bien franco- la Contraloría cuando tenga que aprobar un pago. Porque la forma utilizada no se refiere a un 10 o 5 por ciento más o a un parámetro objetivo que yo pudiera entender, sino que indica que es de común acuerdo conforme a la naturaleza universitaria del establecimiento. ¿Qué significa eso? ¿Se fija un parámetro? ¿Implica que un año puede ser una cosa y otro año, otra?

El Senador García se lo señaló a la Ministra . Y yo entendí, cuando lo discutimos en la Comisión, que se iba a buscar un cambio de redacción. Puede que no se haga, pero yo invito a los Senadores a que revisen la forma en que esto está planteado, porque de verdad no sé cómo se va a aplicar en la práctica.

Esto (el Senador levanta una copia del proyecto de ley) no sé si significa un aumento o una baja, o cómo se va a manejar este concepto.

Eso es lo que queremos plantear, y es la gran interrogante. Más allá de la duda original respecto de por qué no se considera a todos los hospitales clínicos, ¿en qué se va a traducir esta indicación? Porque, por la forma como está redactada -para ser franco-, no sabemos cómo la podría entender, por ejemplo, la Contraloría.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , Honorable Sala, a mí me tocó, en la primera parte, tramitar el proyecto cuando estaba en la presidencia de la Comisión, función que luego le correspondió, en una segunda etapa, al Senador Juan Luis Castro .

Quiero explicarle a la Sala cuáles son los temas que finalmente tienen controversia, porque todos estamos de acuerdo en que este proyecto busca fortalecer el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Todos sabemos que esto viene a ampliar y robustecer la red asistencial que atiende particularmente a la población del sector norte de Santiago, a fortalecer la red de alta complejidad a nivel nacional y a reconocer el rol del Hospital Clínico mediante el aprovechamiento de su capacidad y altos estándares de calidad. Y también sabemos -y esto ya estaba aprobado por la Sala- que es parte del convenio docente asistencial que tiene como característica el hospital universitario.

Los temas que estaban en discusión eran dos. El primero decía relación con los funcionarios del hospital. Y, básicamente, en la Comisión de Salud llegamos al acuerdo de llevarnos este tema, no a una indicación en el proyecto, sino más bien a una mesa técnica alterna que pudiera evaluar las condiciones de los trabajadores del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Y el segundo tema decía relación con el valor de las prestaciones. Acá tenemos un punto, porque todos hemos pedido durante mucho tiempo que se acabe la subvaloración de las prestaciones que hoy día existen por Fonasa. Se ha dicho: "Bueno, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile está muy gustoso en resolver el problema que tiene el Estado". Hoy día no hay un hospital en el sector norte de Santiago. Entonces, algunos sostienen: "Ni un problema, el Hospital Clínico está dispuesto a cumplir ese rol, en ausencia del Estado". Pero lo que no puede hacer, finalmente, es absorber una pérdida permanente por la subvaloración de las prestaciones por parte de Fonasa. Porque eso lo puede resolver el resto de los hospitales públicos del país, que en el mes de septiembre u octubre tienen una remesa que les permite compensar el déficit de flujo, pero el Hospital Clínico de la Universidad Chile no debiera asumir el costo del Estado por no tener un hospital en la zona norte de Santiago.

Entonces, quiero ser superfranco: el Hospital Clínico de la Universidad de Chile está dispuesto a resolver el problema que tiene el Estado por no disponer de un hospital en la zona norte de Santiago, pero lo que no puede hacer es asumir una deuda que se le podría producir porque el valor de las prestaciones dado por Fonasa no le alcanza para pagar el costo.

Por eso es tan importante -y esto es parte de lo que se señala en el proyecto, tal como está redactado- que ese acuerdo, respecto del valor de la prestación sea posible alcanzarlo en forma conjunta entre el Hospital Clínico y el Sistema.

¡Ese es el tema de fondo! Y habrá que buscar la redacción que mejor represente esa solución. Pero, si no, le quiero señalar abiertamente: el Hospital Clínico de la Universidad de Chile prefiere no ser parte de la red, porque no está dispuesto a asumir, además del costo, las pérdidas, y no puede depender de la transferencia que se le haga en virtud de una glosa en la Ley de Presupuestos.

Yo le quiero explicar al Presidente en ejercicio que tenemos hoy día un problema de fondo en el sistema público de salud: la subvaloración de las prestaciones por parte de Fonasa, que hemos tratado históricamente de resolver en los distintos gobiernos, ¡y parece que ningún gobierno quiere hacerse cargo! Ni el anterior, del Presidente Piñera , ni el de la Presidenta Bachelet . Ningún gobierno quiere hacerse cargo, porque eso implica asumir, efectivamente, que hay un problema de fondo que dice relación con el adecuado financiamiento del sistema público de salud. Entonces, todos prefieren mirar para el lado.

Pero lo que no podemos pedirle a un hospital clínico que está tratando de resolver un problema del Estado, por la falta o indefinición que hemos tenido en los distintos gobiernos -del Presidente Piñera , de la Presidenta Bachelet -, respecto de la necesidad, justamente, de contar con un hospital en la zona norte de Santiago, es que asuma la deuda y el costo.

Ese es básicamente el problema, y por eso yo insto a que apoyemos este proyecto como está o a que demos la unanimidad para que el Ministerio ingrese una indicación que mejore la redacción, porque, de lo contrario, esta iniciativa no tiene ningún sentido.

El señor GAHONA.-

Gracias, Presidente.

El Hospital Clínico de la Universidad de Chile Doctor José Joaquín Aguirre, desde su establecimiento en el año 52, ha desempeñado un papel de vital importancia en la prestación de servicios de salud en nuestro país, especialmente en la zona norte de Santiago.

Este hospital ha demostrado ser un valioso contribuyente al progreso, la innovación y la formación de especialistas y subespecialistas. De hecho, en el ámbito de especialidades como la microbiología e inmunología es el único centro de formación disponible.

En el año 1994, el convenio que vinculaba al hospital con el Servicio Nacional de Salud fue modificado, lo que lo ha llevado a tener que financiarse por sí mismo, como si fuera un proveedor privado de servicios de salud, aunque bajo la regulación de la administración del Estado. Esta situación se ha agravado aún más con la llegada de la pandemia, y en la actualidad resulta insostenible la falta de financiamiento que padece.

El mensaje tiene por finalidad cumplir con un mandato establecido en la Ley de Presupuestos del año 2022, que exige la presentación de una iniciativa legal destinada a fortalecer el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Sistema Nacional de Servicios de Salud. La aprobación de este proyecto resulta fundamental para seguir aprovechando el importante servicio que ese hospital brinda a la zona norte de Santiago.

No obstante la relevancia del proyecto de ley y la valiosa labor que este hospital lleva a cabo, es importante tener en cuenta que esta medida por sí sola no solucionará los problemas que aquejan al sistema público de salud, como lo manifestaba el Senador Chahuán. Resulta urgente que el Ejecutivo asuma la responsabilidad de abordar las necesidades que enfrentamos en las regiones, pues muchos de los especialistas que se han formado las abandonan o migran hacia el sistema privado de salud.

Por este motivo, hago un llamado al Ejecutivo para que busque soluciones que aumenten la formación de especialistas y otorgue incentivos que permitan retenerlos en las regiones. Así como se está buscando un incentivo para que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile pueda integrarse a la red, que también se haga un esfuerzo económico importante para poder formar especialistas que se queden en regiones, aunque eso haga diferencias con especialistas que se queden en Santiago.

Presidente, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, mi voto es a favor de este proyecto de ley, porque creo que representa un aporte mientras el Estado no pueda resolver los problemas de salud pública que enfrentamos en la zona norte de Santiago.

El señor GARCÍA .-

Muchas gracias.

Presidente , todos somos partidarios de fortalecer el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Sistema Nacional de Servicios de Salud -en eso estamos completamente de acuerdo-, pero las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien, y a nosotros nos parece que la indicación que se presentó, en lugar de traer claridad, lo que hace es traer más dudas, generando, finalmente, un problema que es mejor que resolvamos aquí, de manera oportuna.

Miren lo que dice la indicación presentada por el Presidente de la República:

"El o los mecanismos de pago por medio del cual el Fondo Nacional de Salud determinará el precio de las prestaciones otorgadas por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile" -ya no estamos hablando solo de los mecanismos, sino que de mecanismos para determinar "el precio" de las prestaciones otorgadas- "corresponderán a los mismos mecanismos" -redacción extraña- "utilizados para el pago a los demás establecimientos de la Red Asistencial de los Servicios de Salud, según el tipo de prestación y las condiciones en que éstas se otorguen".

Es decir, regla general.

Le vamos a aplicar los mismos aranceles que se utilizan en la red asistencial de los servicios de salud y que, como bien ha señalado el Senador Chahuán, generan déficit.

Pero a renglón seguido dice: "Los valores de las prestaciones se fijarán de común acuerdo, en atención a la naturaleza universitaria y estatal del Hospital Clínico reconocida en el siguiente numeral".

¿En qué quedamos entonces? ¿Será la norma general la que se va a aplicar, o será la norma especial por tratarse de un hospital universitario? O es una o es la otra.

Yo voy a asumir que es la segunda, porque me imagino que la intención es que el hospital tenga un mayor financiamiento. Pero, entonces, ¿cómo se explica que el informe financiero diga que estas indicaciones no irrogan mayor gasto fiscal?

Lo que queremos hacerle presente a la Sala -y por eso con el Senador Coloma nos hemos abstenido; no hemos votado en contra- es que esto requiere una definición. Y no es por molestar, sino simplemente por tratar de hacer las cosas bien.

Por eso nos gustaría mucho que la Ministra de Salud presentara una indicación que resolviera este problema: o es la norma general de aranceles para fijar los precios, o es la norma especial para tratar un hospital clínico universitario, que es de lo que se trata el proyecto.

Yo creo que esa definición, antes de votar, es fundamental.

Muchas gracias, Presidente .

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Yo quiero hacer mi intervención en dos temas.

En primer lugar, quiero respaldar la solicitud que han hecho los trabajadores y profesionales no médicos del Hospital Clínico.

La intención de la indicación que me ha sido declarada inadmisible en la Comisión de Hacienda era el establecimiento de una comisión o mesa de trabajo tripartita entre el Ejecutivo , la rectoría de la universidad y los trabajadores y las trabajadoras para, mediante un estudio técnico, determinar eventuales brechas en sus salarios. Y digo "eventuales" porque podría no hallarse ninguna.

Quiero ratificar esto, pues me parece importante, aunque haya sido declarada inadmisible, respaldar la indicación para que el Ejecutivo pueda apoyarnos en que se va a hacer un trabajo conjunto con la universidad, con el hospital y con sus trabajadores y trabajadoras para que esta materia sea aclarada en beneficio de todas las partes.

En segundo término, quiero argumentar la importancia que tiene no solo fortalecer y reincorporar a la relación público-estatal al Hospital Clínico de la Universidad de Chile -más conocido como el " Jota Aguirre ", para los que vivimos en la Región Metropolitana-, puesto que una mala política del año 1994 lo sacó de la red. Esa mala política, adoptada tanto por las autoridades universitarias de la época como por el Ejecutivo de ese tiempo, explica el desfinanciamiento constante al que ha sido llevada esta institución hospitalaria.

Pero también quiero defender el por qué es este hospital. La Ministra lo ha dicho: este es el único hospital clínico estatal. Los otros dos que aquí se han nombrado son el de la Pontificia Universidad Católica y el de la Universidad de los Andes. Ninguno de los dos es estatal.

Por otra parte -también quiero consignarlo-, el establecimiento del más alto costo de un arancel no solamente obedece a alguna razón que requiere una discusión mucho más general, si es que hubiera una subvaloración de las prestaciones en Fonasa para todos los hospitales, sino a que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile es formador de especialistas.

Por lo tanto, desde esa perspectiva este hospital no solo forma especialistas para la atención de la Región Metropolitana, sino que además mantiene un compromiso con la formación de especialistas a lo largo de todo el país.

Ese es su mayor alto costo.

Y eso es lo que debería regularse en un trabajo conjunto -entiendo que esa es la intención de la indicación- para poder decir: "Vamos a fijar un nuevo valor a esta prestación".

Por eso yo quiero defenderlo, independiente del perfeccionamiento en la redacción que siempre se puede hacer para explicitarlo de mejor manera.

Y lo otro que me gustaría plantear es que me parece muy importante que este debate se dé en este proyecto de ley, acotado a este hospital.

Yo no tengo problema alguno, si el día de mañana lo tienen a bien este Parlamento y el Ejecutivo como parte de un consenso, en incorporar a los otros dos hospitales clínicos.

Pero quiero decir las cosas por su nombre: la incorporación a la red y la atención públicas implica la adscripción a las políticas públicas y a las leyes vigentes.

Eso significa que, en lo que respecta a la Universidad de Los Andes, por muy hospital clínico que tenga, si no está dispuesta a entregar métodos anticonceptivos y, para qué decir, atenerse a la regulación de la ley 21.030, que establece la despenalización voluntaria del embarazo en tres causales, tenemos derecho a discutir bajo qué condiciones se hacen esos convenios.

Lo planteo porque me parece que no es baladí la incorporación.

La Universidad Católica tiene convenios para la atención de la zona sur de la Región Metropolitana, y ya recibe recursos públicos. Por tanto, desde esa perspectiva no se está haciendo una excepción por excepción, sino cubriendo un ámbito bien completo de incorporación.

En ese sentido, respaldo plenamente la intencionalidad no solo del proyecto de ley en su conjunto, sino también de la indicación específica del Ejecutivo.

Muchas gracias, Presidente .

El señor CHAHUÁN.-

Presidente , si me permite, quiero ayudar en la discusión.

Ya todos dijimos que estábamos de acuerdo en fortalecer el rol y en resolver el déficit que hoy día tenemos en el sector norte de Santiago.

El problema dice relación con la redacción de la indicación que presentó el Ejecutivo .

Básicamente, acá todos estamos de acuerdo en el fondo, pero la redacción de la norma, a juicio de algunos Senadores, puede presentar dificultades respecto de su aplicación. Y esto ocurre, esencialmente, porque creemos que los mecanismos de pago deben ser los mismos de la regla general, pero el valor de las prestaciones debe considerar la naturaleza universitaria y estatal del Hospital Clínico.

Entonces, tenemos dos alternativas, Presidente, si hay unanimidad en la Sala: que el Ejecutivo corrija la norma en la Sala -es posible hacerlo- y la resolvemos, o, si no, mandar de nuevo el proyecto a Comisión para mejorar la redacción, aun cuando la idea es sacarlo adelante.

Por ello, se podría recabar la unanimidad para que el Ejecutivo corrigiera la redacción ahora, o bien, si no puede hacerlo en este acto, mandar el proyecto a Comisión para resolverlo y tratarlo a lo mejor mañana.

Eso es, Presidente .

El señor INSULZA.-

Presidente , algo que no se ha dicho acá es que este proyecto de ley se planteó a fines de octubre del año pasado en los prolegómenos de la discusión presupuestaria, porque había un problema grave en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Incluso, la rectora habló con muchos de nosotros para hacernos ver la situación, completamente desesperada, en que se encontraba el establecimiento. Dentro de pocas semanas empezaremos la discusión del Presupuesto y vamos a estar con el problema todavía abierto. La verdad es que no me parece razonable.

Este hospital clínico es, al mismo tiempo, una entidad universitaria. Y creo importante que ahí esté definido lo que a nivel internacional se entiende por un hospital universitario, los estándares que debe reunir y los roles que cumple.

Por eso yo no estoy disponible para comparar el rol de este hospital clínico con el de aquel que se encuentra en el sector alto de Santiago, que es una muy buena institución y que fue mencionado acá -no el de la Universidad Mayor...

La señora ALLENDE.-

El de la Universidad de los Andes.

El señor INSULZA.-

Ese.

Ese es el hospital clínico más potente de la ciudad, crece cada vez más y nunca ha pedido ser incorporado. ¡Absolutamente nada!

Ahora, si el hospital de la Universidad de los Andes está sirviendo en la red, me alegro, los felicito -es un acto que ciertamente lo dignifica y habría que agradecerle-, pero no creo que esté necesitado de ayuda económica de ningún tipo, francamente. Estoy completamente seguro de eso.

Entonces, con esto estamos rompiendo un poco la lógica de poner nuevamente una glosa presupuestaria que subsidie el déficit histórico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por la imposibilidad que tiene de autofinanciarse.

Como se ha dicho muy bien, el Senador Sanhueza creo que fue, este es un hospital...

La señora ALLENDE .-

No, fue el Senador Chahuán .

El señor INSULZA.-

Eso.

Como bien dijo el Senador Chahuán, este hospital tiene problemas para ser parte de la red y necesita ser financiado. No tenemos otra alternativa.

Por eso, yo pido que votemos ahora.

Los arreglos se podrán hacer posteriormente; la Ministra sugerirá algunas formas de reglamento, entregará instrucciones, pero creo que el proyecto debería ser votado, como está, hoy día.

Muchas gracias, Presidente .