Labor Parlamentaria

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley Nº 19.728 y establece otras modificaciones que indica, correspondiente el boletín N° 15990-13.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda son los señores Frank Sauerbaum y Jaime Naranjo , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 38ª de la presente legislatura, en lunes 5 de junio de 2023. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 52ª de la presente legislatura, en lunes 10 de julio de 2023. Documentos de la Cuenta N° 14.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 59ª de la presente legislatura, en lunes 31 de julio de de 2023. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El señor SAUERBAUM (de pie).-

Señor Presidente, distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley Nº 19.728 y establece otras modificaciones que indica, contenido en el boletín N° 15990-13, con urgencia calificada de suma.

A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la ministradel Trabajo y Seguridad Social, doña Jeannette Jara Román ; el señor Claudio Reyes Barrientos , subsecretario de Previsión Social; don Osvaldo Macías Muñoz , superintendente de Pensiones, junto al señor Patricio Ayala , jefe de la División Desarrollo Normativo de la Superintendencia de Pensiones, y el señor Hugo Cifuentes Lillo , presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía.

El mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República inicia el proyecto de ley en informe señala que la ley N° 19.728, que establece un seguro obligatorio de cesantía en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, tiene el objetivo de aminorar las dificultades que enfrentan los trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo, a través de distintos mecanismos, entre los que se encuentran la entrega de ingresos monetarios con cargo a su cuenta individual por cesantía, el acceso al Fondo de Cesantía Solidario, la asistencia para la búsqueda de un nuevo trabajo y la entrega de capacitaciones.

Agrega que el seguro, que recoge los principios de la seguridad social, especialmente el de solidaridad, es una herramienta de protección esencial ante la contingencia del desempleo. A modo de ejemplo, y de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Pensiones en su informe mensual de enero de 2023, durante diciembre de 2022 la cantidad de beneficiados llegó a 193.822, lo que significó un alivio también a sus familias, las que se encuentran afectadas por esta compleja situación.

En este contexto, continúa, el presente proyecto de ley busca robustecer el seguro de cesantía como herramienta de política pública efectiva, solidaria y sostenible. Esta propuesta adquiere gran relevancia en el complejo escenario global que, por diversas causas, ha obligado a enfrentar, entre otros desafíos, el fenómeno inflacionario y la recuperación en el empleo, lo que repercute en la vida de las y los trabajadores y sus familias.

Expresa, asimismo, que en este escenario es fundamental entregar protección, bajo el ideal del trabajo decente, no solo desde la perspectiva del fomento y generación de empleos de calidad, sino también para los periodos de cesantía, y que si bien se han conocido informes alentadores sobre el desempeño económico del país durante 2023, evidenciando que nuestra economía es resiliente y posee capacidad de ajuste, es siempre necesario adoptar medidas preventivas frente a la inestabilidad económica mundial.

El presente proyecto de ley consiste en un artículo permanente y cinco artículos transitorios que regulan las siguientes materias:

Mejoras permanentes de acceso y prestaciones del seguro de cesantía

En primer lugar, el proyecto de ley propone disminuir el número mínimo de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones con cargo a la cuenta individual por cesantía de 12 a 10 en caso de trabajadoras o trabajadores con contrato indefinido o de casa particular, y de 6 a 5, en el caso de trabajadoras o trabajadores con contrato a plazo fijo.

Asimismo, se propone disminuir el número de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), de 12 a 10, en los últimos 24 meses anteriores al término de la relación laboral.

En segundo lugar, se incrementan los beneficios por cesantía con cargo a la cuenta individual por cesantía (CIC) mediante el aumento de tasa de reemplazo del segundo mes de las prestaciones con cargo a la cuenta individual por cesantía, desde 55 por ciento a 60 por ciento del respectivo promedio de remuneraciones.

En tercer lugar, se incrementan los beneficios por cesantía con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) mediante el aumento de la tasa de reemplazo del segundo mes de beneficio y actualización de los límites inferiores y superiores de las prestaciones para las y los trabajadores con contrato indefinido o de casa particular. En el caso de trabajadoras o trabajadores con contrato a plazo fijo se agregan giros cuarto y quinto, quedando su tabla de beneficios con cinco giros mensuales, lo que supone un aumento desde los tres giros actuales.

Acceso y prestaciones especiales por estado de catástrofe por calamidad pública y alerta sanitaria bajo las condiciones que indica

Se incorpora un nuevo Título IV a la ley N° 19.728, que establece menores requisitos de acceso y beneficios especiales del seguro de cesantía para las y los trabajadores que hayan perdido su empleo en una zona declarada en estado de catástrofe por calamidad pública o se haya declarado una alerta sanitaria que implique la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país o en todo el territorio de una región. De acuerdo con lo anterior, el proyecto considera ajustes automáticos para la entrega de prestaciones durante los primeros dos meses de catástrofe.

En primer lugar, se prevé la disminución del número mínimo de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones, con cargo a la CIC, desde 10 a 8, en caso de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido o de casa particular, y de 5 a 4 en el caso de trabajadores y trabajadoras con contrato a plazo fijo.

Asimismo, se propone la disminución del requisito del número de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, de 10 a 8 en los últimos 24 meses anteriores al término de la relación laboral.

En segundo lugar, el proyecto de ley contempla una mejora de tasas de reemplazo, hasta por dos prestaciones mensuales, con cargo a la cuenta individual por cesantía, respecto de la ley vigente, y se otorgan hasta dos prestaciones mensuales mejoradas, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, respecto de la ley vigente.

Finalmente, los trabajadores que estén percibiendo su último giro, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario durante el mes de inicio de vigencia del acto o declaración de autoridad competente que haya declarado estado de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria tendrán derecho a percibir dos giros adicionales, con una tasa de reemplazo del 30 por ciento de la remuneración promedio.

Autorización de activos alternativos en el Fondo de Cesantía

Con el objetivo de avanzar en mayor diversificación y eficiencia del Fondo de Cesantía, se agrega una clase de activo que aporta al portafolio en términos de mayor retorno y menor volatilidad, lo cual permite obtener un portafolio más eficiente en términos de riesgo-retorno.

Préstamo de cargo fiscal para el financiamiento de prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario

Se proponen modificaciones que permiten un préstamo de cargo fiscal para el financiamiento de las prestaciones en régimen, así como también para las prestaciones definidas en el nuevo Título IV (beneficios del Fondo de Cesantía Solidario durante un estado de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria), con el objetivo de velar por la sustentabilidad del mismo. El préstamo se podrá activar siempre que el valor del Fondo de Cesantía Solidario disminuya de cierto monto establecido en la ley, y queda sujeto a que un estudio actuarial concluya que el Fondo de Cesantía Solidario es sustentable luego del préstamo de cargo fiscal.

Ampliación del concepto “apresto laboral” para reforzar la empleabilidad

El proyecto de ley propone sustituir el artículo 25 bis de la ley N° 19.728, con el fin de reemplazar el concepto de “apresto laboral”, para ampliarlo por uno que incluya la intermediación laboral de manera más amplia, con miras a potenciar la empleabilidad, para aumentar las posibilidades de empleabilidad de las personas beneficiarias y otorgar, de este modo, una mayor eficacia a la norma que hoy en día resulta restrictiva, otorgando al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo la administración y fiscalización de los mencionados programas financiados con el Fondo de Cesantía Solidario.

Disposiciones transitorias

Por último, se establecen disposiciones transitorias que establecen que las normas del proyecto de ley entrarán en vigencia el primer día del mes subsiguiente a la publicación de la ley en el Diario Oficial.

Por su parte, las modificaciones relacionadas con activos alternativos regirán después de siete meses de publicada la ley en el Diario Oficial.

Discusión general del proyecto

Durante su discusión general, el proyecto fue objeto de opiniones favorables, y no se presentaron a su respecto mayores cuestionamientos, por lo que la comisión acordó omitir su discusión particular, y lo sometió a votación general y particular, sin mayor debate, dada la pertinencia de su contenido.

Votación general y particular

Sometido a votación en general y particular a la vez, fue aprobado por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Votaron a favor las diputadas Daniella Cicardini , Ximena Ossandón y Carolina Tello -en reemplazo del diputado Luis Cuello-, y los diputados Eduardo Durán , Andrés Giordano , Diego Ibáñez , Juan Santana , Frank Sauerbaum y Alberto Undurraga .

Finalmente, me permito hacer presente a mis colegas que, a juicio de la comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de esta Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales, pero su contenido debe ser aprobado por quorum calificado en atención a que regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social, según lo previene el número 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con lo establecido en el artículo 66, inciso tercero, de la Carta Fundamental.

Asimismo, a juicio de la comisión, tanto su artículo único como los artículos segundo y cuarto transitorios requieren ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener sus disposiciones incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado.

Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda a esta Sala la aprobación del presente proyecto de ley contenido en el informe que mis colegas tienen en su poder.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO (de pie).-

Señora Presidenta, honorable Sala, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 y establece otras modificaciones que indica.

Concurrieron en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora Jeannette Jara ; el subsecretario de Previsión Social, señor Claudio Reyes ; el superintendente de Pensiones, señor Osvaldo Macías , y el jefe de la División de Desarrollo Normativo de la Superintendencia de Pensiones, señor Patricio Ayala .

Ideas matrices o fundamentales

La idea fundamental de la iniciativa apunta a robustecer y potenciar las prestaciones del seguro de desempleo como herramienta de política pública efectiva, solidaria y sostenible mediante la flexibilización de los requisitos de acceso a las prestaciones del seguro; el aumento de sus tasas de reemplazo; la ampliación de la posibilidad de capacitar y orientar a los trabajadores para encontrar una nueva fuente laboral, y la creación de beneficios específicos cuando, por declaración de la autoridad competente, se decrete estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria que implique la paralización de las actividades.

En particular, y mediante un artículo único y cinco disposiciones transitorias, la iniciativa disminuye de modo permanente los requisitos de acceso a los fondos de cesantía ante la pérdida de empleo y aumenta las prestaciones asociadas al seguro, reduciendo de 12 a 10, en el caso de trabajadores con contratos indefinidos o de casa particular, y de 6 a 5, en el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo; es decir, propone disminuir el número mínimo de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones con cargo a la cuenta individual por cesantía.

Para el caso del Fondo de Cesantía Solidario, se disminuye el número de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones con cargo al FCS, de 12 a 10, en los 24 meses anteriores al término de la relación laboral.

Con el fin de aumentar los beneficios por cesantía con cargo a la cuenta individual, se aumenta la tasa de reemplazo del segundo mes de beneficio y actualización de los límites inferiores y superiores de las prestaciones para las y los trabajadores con contrato indefinido o de casa particular. En el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo, se agregan los giros cuarto y quinto, elevando de tres a cinco los giros.

En otro ámbito, se actualizan las atribuciones de la autoridad ante situaciones como la pandemia generada por la covid-19 y las contingencias que puedan afectar el empleo.

En concreto, se adiciona un nuevo Título IV a la ley N° 19.728, en el que se disminuye de diez a ocho, en contratos indefinidos y de casa particular, y de cinco a cuatro, en contratos a plazo fijo, el mínimo de cotizaciones registradas para requerir las prestaciones con cargo a la cuenta individual.

Asimismo, se propone reducir el requisito de cotizaciones registradas para solicitar las prestaciones imputadas al Fondo Solidario desde diez a ocho, en los últimos 24 meses anteriores al término de la relación laboral.

En materia de beneficios, se permite un máximo de dos nuevas prestaciones mejoradas por cesantía.

También se busca mejorar las tasas de reemplazo hasta por dos prestaciones mensuales, con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía, y se entregan hasta dos prestaciones mensuales mejoradas imputables al Fondo de Cesantía Solidario.

Asimismo, los trabajadores que estén percibiendo su último giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario durante el mes de inicio de vigencia del estado de catástrofe o alerta sanitaria tendrán derecho a dos giros adicionales, con una tasa de reemplazo del 30 por ciento de la remuneración promedio.

En materia de empleabilidad y reinserción laboral, y dado que el concepto de apresto laboral del artículo 25 bis de la ley N° 19.728 limita el uso de recursos para aprestos básicos y capacitaciones, se propone reemplazarlo por la expresión más amplia “diferentes medidas para la intermediación y habilitación laboral.”.

Además, se dispone que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo deberá elaborar, durante el primer trimestre de cada año, un reporte evaluativo de los programas de intermediación laboral del año inmediatamente anterior.

En lo referido a la gestión financiera y para favorecer una mayor diversificación de sus activos, se innova autorizando al Fondo de Cesantía a invertir hasta el 5 por ciento en activos alternativos que aporten mayor retorno y menor volatilidad.

Luego, se faculta la concesión de un préstamo, de cargo fiscal, por hasta 5.000.000 de unidades tributarias mensuales, que deberá ser reintegrado en un plazo máximo de diez años, para el financiamiento de las prestaciones en régimen, así como de aquellas del nuevo Título IV, sobre beneficios del Fondo de Cesantía Solidario durante un estado de catástrofe, en el caso de que el valor de este fondo sea inferior a 19.000.000 de unidades tributarias mensuales. Para conceder el aporte se exigirá previamente un estudio actuarial que proyecte la sustentabilidad del fondo, luego del préstamo.

En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que las prestaciones concedidas en este proyecto de ley serán financiadas enteramente por la Cuenta Individual de Cesantía y por el Fondo Solidario de Cesantía, mientras que un eventual préstamo de recursos fiscales al fondo deberá ser devuelto en un plazo máximo de diez años.

En consecuencia, el informe financiero señala que la aplicación del presente proyecto no generará mayor gasto fiscal.

La comisión requirió algunas precisiones y aclaraciones de las autoridades presentes, particularmente en lo referido a la aplicación de los beneficios en casos de excepción constitucional y a la autorización que se concede para invertir en activos alternativos y sus efectos de sustentabilidad de la Cuenta Individual de Cesantía y del Fondo Solidario de Cesantía.

Asimismo, se observó la necesidad de legislar acerca de la imputación que el empleador pueda hacer de su aporte a la cuenta individual del trabajador, en los casos en que se paga la respectiva indemnización por años de servicio.

Finalmente, puestas en votación las disposiciones de competencia de la comisión, todas resultaron aprobadas por mayoría de votos.

En la sesión respectiva, votaron las diputadas Sofía Cid y Camila Rojas, y los diputados Eric Aedo , Boris Barrera , Carlos Bianchi , Miguel Mellado , Guillermo Ramírez , Agustín Romero , Jaime Sáez , Alexis Sepúlveda y Gastón von Mühlenbrock , además de la Presidenta, Gael Yeomans , y quien habla como diputado informante.

En consideración a lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos propuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señorita Presidenta, el presente proyecto busca fortalecer el seguro de cesantía al aumentar su cobertura actual, a través del número de giros que se pueden realizar,y el monto del beneficio, lo que favorecería a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras con contrato indefinido o de casa particular, y a los trabajadores con contrato a plazo fijo.

La presente iniciativa también contempla medidas en caso de catástrofes y alertas sanitarias, a fin de tener una mejor forma de responder al trabajador en los primeros meses de la crisis.

Hablamos de mejoras en las condiciones de empleo, de generación de empleo y de fortalecer y robustecer las herramientas que hacen atractivo el mercado laboral formal.

Por eso, ¿quién podría estar en desacuerdo con robustecer el seguro de cesantía, dado que hemos comprobado que es una herramienta útil y efectiva para los trabajadores que pierden su fuente laboral?

Espero que se entienda que estamos pasando por una crisis laboral, que existe una informalidad disparada y que está completamente frenado el crecimiento en nuestro país.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señorita Presidenta, quiero saludar nuevamente el esfuerzo que día a día realiza nuestra ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Jeannette Jara Román .

Creo que los avances que hemos percibido en apenas un año y medio de gobierno son históricos y dan cuenta del compromiso de este gobierno y de la ministra con las y los trabajadores de Chile.

El alza más grande en veintisiete años del salario mínimo y la aprobación de las 40 horas son medidas que van directamente a contribuir a mejorar la realidad diaria de las personas de este país; porque, sí, las grandes mayorías son trabajadores y trabajadoras, dependientes o independientes, o dueños de sus pymes, y es por ellas que debemos legislar día a día.

Pero no podemos olvidar -por eso hoy estamos aquí- que también hay una masa de población trabajadora inactiva y cesante. De ellos también debe hacerse cargo el Estado, porque hacerse cargo de ellos es resguardar la seguridad económica de sus familias.

Además, este proyecto es parte de los compromisos adquiridos por el gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores de Chile en el marco de las negociaciones por el salario mínimo. Cuando hablemos de empleo digno también debemos hablar de seguridad social, porque nadie está libre de quedar desempleado.

Según las cifras del INE, un 8,5 por ciento de la población trabajadora está cesante. Por eso, es imperativo mejorar, ampliar y flexibilizar los mecanismos para acceder al seguro de desempleo. Este proyecto se hace cargo de ello.

Para abril del 2023, la cantidad de solicitudes aprobadas alcanzó 115.743, lo cual significó un tremendo alivio para miles de familias trabajadoras que, lamentablemente, no estaban logrando llevar el pan a la mesa de sus casas.

Hoy, llamo a todos los parlamentarios y parlamentarias a legislar juntos, a apoyar la propuesta hecha por el Ministerio del Trabajo, y permitir, con pequeñas modificaciones, ampliar el alcance del seguro de desempleo y aliviar a miles de familias del país.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señorita Presidenta, hoy hemos tenido una mala noticia para el mundo del trabajo y para la economía general: el Imacec ha caído por quinto mes consecutivo al 1 por ciento. La contracción económica es evidente, de modo que la preocupación hoy debe estar centrada en generar nuevos puestos de trabajo, nueva inversión y nuevas oportunidades de emprendimiento.

Este proyecto se hace cargo justamente de quienes han perdido su empleo y no lo han podido recuperar por el paso del tiempo y por las políticas económicas equivocadas que se han tomado. Las prestaciones de seguridad social siempre están ligadas a lo que es sostenible de mantener en el largo plazo. Por ello es necesario cada cierto tiempo introducir ajustes a las leyes que fijan los parámetros de sus beneficios, tal como lo hace esta iniciativa.

El primer y principal ajuste es el de reducir los requisitos para acceder a los beneficios de la Cuenta Individual por Cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario, permitiendo que más trabajadores estén cubiertos por el seguro de desempleo.

El segundo ajuste consiste en un aumento de las prestaciones para el segundo mes de desempleo, pasando del 55 al 60 por ciento el promedio del sueldo del trabajador, ya sea con cargo a la cuenta individual o al fondo solidario. Esto, tanto para trabajadores con contratos indefinidos como para aquellos con contrato a plazo fijo o por obra.

El tercer ajuste consiste en aumentar los plazos extraordinarios del seguro en momentos de crisis nacional cuando la tasa de desempleo exceda en un punto el promedio de los últimos cuatro años, para brindar un mayor apoyo cuando más difícil es encontrar trabajo.

También se incluyen ajustes para garantizar la sustentabilidad del fondo solidario, permitiendo al Ejecutivo comprometer recursos fiscales cuando su valor sea inferior a 19 millones de UTM, con la condición de que los recursos comprometidos sean inferiores a 5 millones de UTM y sean devueltos en un plazo de diez años, considerando una tasa de interés.

Asimismo, se igualan los regímenes de inversión para el fondo de cesantía individual y el solidario.

Adicionalmente, hemos incluido la posibilidad de dos prestaciones adicionales del seguro en caso de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria que implique la paralización de actividades, tal como ocurrió con la pandemia por covid-19. En este caso, se flexibilizan aún más las condiciones de acceso a los fondos de la cuenta individual y al fondo solidario.

Sin duda, todas estas modificaciones propuestas, en tanto son sustentables en el largo plazo y benefician a los trabajadores formales, contarán con nuestro respaldo, como lo hicimos en la Comisión de Trabajo.

Hoy es un día muy importante. Esperamos que el Presidente haga un anuncio contundente para volver a crecer, recuperar el empleo y combatir la recesión que estamos viviendo. El empleo es la principal herramienta para disminuir los niveles de pobreza en Chile y en el mundo, y esperamos que pronto tengamos buenas noticias para generar nuevas inversiones, nuevos emprendimientos y nuevos puestos de trabajo para aquellos que hoy no tienen una oportunidad laboral.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señorita Presidenta, los países progresan equitativamente cuando, por un lado, crecen y, por el otro, se fortalece la seguridad social. El proyecto que estamos discutiendo cumple con esto último, porque fortalece el Fondo de Cesantía Solidario. Por eso lo aprobamos en la comisión y lo vamos a aprobar hoy, espero que por unanimidad, tal como lo hicimos en esa instancia.

Esta iniciativa tiene un conjunto de elementos, que ya se han señalado: flexibiliza requisitos de acceso a las distintas prestaciones, disminuye el número mínimo de cotizaciones, aumenta la tasa de reemplazo, incrementa las prestaciones, pasa del apresto laboral a la intermediación, entre otros. Por tales razones lo aprobamos rápidamente y por unanimidad en la Comisión de Trabajo.

Pero quiero hacer una reflexión sobre otros elementos importantes de la seguridad social. Cuando el trabajador o trabajadora está enfermo o enferma, lo que hace la seguridad social es pagar las licencias médicas. Hay cosas por mejorar, pero eso es lo que hace. Cuando tiene una enfermedad ocupacional, funciona todo el sistema de mutuales o salud ocupacional, que, dicho sea de paso, tiene solidaridad en la cotización. Cuando hay cesantía o se pierde el trabajo, opera entonces el seguro de cesantía a través del Fondo de Cesantía Solidario, que hoy estamos discutiendo, que también tiene solidaridad. En esas materias en general avanzamos en este Congreso por unanimidad o con amplios apoyos.

Sin embargo, hay otro tema: ¿qué pasa cuando el trabajador o trabajadora termina su vida laboral y viene el período de pensiones? Aquí quiero hacer un llamado a este Congreso, a todas las bancadas a que con generosidad podamos buscar un acuerdo para sacar adelante la reforma de pensiones. Llevamos mucho tiempo estando de acuerdo en que hay que aumentar los recursos -un 5 por ciento en un gobierno, un 6 por ciento en otro y un 6 por ciento en este-; sin embargo, esos recursos no han podido llegar a los trabajadores porque no nos hemos puesto de acuerdo en cómo se distribuirán: cuánto a solidaridad, cuánto a las cuentas individuales.

Disculpe, señorita Presidenta, que me haya salido un poco del proyecto específico, pero como estamos hablando de seguridad social, por cierto que vamos a apoyar esta propuesta, espero que por unanimidad.

Pero, de la misma forma, quiero hacer un llamado a toda la Cámara a que con generosidad hagamos un esfuerzo, cedamos en nuestras posiciones iniciales y podamos sacar adelante la reforma de pensiones, a efectos de mejorar las pensiones de ahora y del futuro.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA.-

Señor Presidente, por cierto, los socialistas no estamos de acuerdo con la cultura del sálvese quien pueda; nos fue impuesta a sangre y fuego en muchos ámbitos en nuestro país: en educación, en salud, en pensiones. Y durante las siguientes décadas, algunos sectores políticos se han preocupado de intentar justificar y convencernos de que el rascarse con las propias uñas y la indiferencia por el otro son el camino que debemos seguir como sociedad.

Frente a esto nuestro mensaje es claro: ese no es el Chile que queremos construir. Nuestra hoja de ruta es apostar decididamente por un país en donde nos cuidemos entre todos y todas y nos protejamos mutuamente ante las contingencias que debemos afrontar en la vida.

Lo hicimos en 2008 con el pilar solidario, en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet . Lo hicimos empujando una educación pública, gratuita y de calidad. Lo hicimos también con la “ley Ricarte Soto ”. Lo hicimos con el copago cero en salud, y lo haremos aprobando este proyecto, que robustece el seguro de cesantía. Flexibilizar su acceso, aumentar las tasas de reemplazo y mejorar la reinserción laboral son cambios importantes, pero no solo por lo que significan, sino también por hacia donde apuntan y en la dirección en que se mueven.

Por eso, y ante la contingencia e incertidumbre del desempleo, nuestra respuesta vuelve a ser la seguridad social, la solidaridad y el acompañamiento entre todos y todas. Frente a los desafíos del futuro, la bancada Socialista vuelve a apostar por una sociedad de preocupaciones comunes: aprobaremos este proyecto.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, es lamentable que, ante la mala situación económica del país, debamos potenciar proyectos para ayudar a nuestros compatriotas por la contingencia e incertidumbre del mal manejo de este gobierno.

Pero, en definitiva, esta iniciativa pretende cosas positivas: mejorar el seguro de desempleo, buscando incrementar su cobertura y los beneficios para los trabajadores con contrato indefinido o a plazo fijo, así como para los trabajadores de casa particular. Adicionalmente, busca aumentar la cobertura del fondo de cesantía, lo que beneficiará a muchos trabajadores con contrato a plazo fijo.

Ahora, a pesar de las cosas loables de destacar de este proyecto, que ya han sido dichas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, debo decir que en la discusión no se consideró a uno de los actores más relevantes o al más importante, que es la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. Esto, naturalmente, deja una duda razonable acerca de la certeza de cómo se garantiza la eficiencia y efectividad en la implementación de estas mejoras, por cuanto el responsable de esta gestión no fue escuchado ni en la Comisión de Trabajo ni en la de Hacienda, por lo que esperamos que en el Senado se nos pueda aclarar el punto.

Igualmente, no se ha considerado un análisis adecuado del impacto a largo plazo de la sostenibilidad del Fondo de Cesantía Solidario con las modificaciones propuestas.

Asimismo, estimamos que el gobierno no fue claro en señalar cómo se financiará este incremento de los beneficios del seguro de desempleo, sobre la base de qué criterios se determinó el porcentaje de aumento de la cobertura del fondo o los beneficiarios de la cuenta individual.

Por último, creemos que se puede establecer una definición más clara del concepto de catástrofe, que se establezca cuándo los trabajadores podrían tener acceso a estas prestaciones mejoradas, ya que las nociones jurídicas vigentes, como el caso fortuito o la fuerza mayor, tienen un desarrollo doctrinario y jurisprudencial bastante claro. Sin embargo, el concepto de catástrofe no queda claro si solamente se activa con la declaratoria del estado de excepción o por ocurrir un hecho que pueda revestir tales características, pero sin declaración.

Bueno, finalmente, dejaremos que el Senado mejore este proyecto.

Los republicanos votaremos a favor esta iniciativa, con excepción de la votación separada que hemos solicitado. Pero nos parece que lo más importante hoy día es lograr una agenda que busque el crecimiento y el desarrollo del país, para que dejemos de estar preocupados de cómo vamos a ocuparnos de los Desempleados y tengamos a nuestro pueblo trabajando en empleos de calidad, con buenos salarios y con mejores prestaciones en seguridad social.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señorita CONCHA (doña Sara).-

Señor Presidente, esta propuesta legislativa busca flexibilizar los requisitos de acceso al seguro de cesantía, aumentando su beneficio y permitiendo que al menos 651.000 personas más accedan a él.

El seguro de cesantía es un instrumento fundamental para proteger a los trabajadores en momentos de dificultad económica. Al flexibilizar los requisitos de acceso, también estamos permitiendo que más personas se puedan beneficiar de este importante recurso, lo que significa que más familias podrán contar con un ingreso seguro en momentos de incertidumbre, lo que les permitirá enfrentar de mejor manera las dificultades económicas.

Flexibilizar los requisitos para acceder al seguro de desempleo y aumentar el monto de las prestaciones ayudará a mitigar el impacto económico y laboral que dejó la pandemia en la población. Si bien la crisis sanitaria ya está controlada, las consecuencias económicas siguen golpeando fuertemente a las familias chilenas, debido al alza en los arriendos, la inflación, la pérdida de historial crediticio y el endeudamiento que se generó durante la pandemia, entre otros factores a considerar.

El seguro de desempleo es el único recurso de ayuda para muchas personas, y es necesario hacerlo más accesible.

El proyecto, además, trae asociado recursos para capacitación a las personas que se encuentran en situación de desempleo, aumentando sus posibilidades para favorecer su ingreso al campo laboral, lo cual es muy importante, sobre todo si consideramos el momento que vivimos.

Un aspecto importante a considerar es que el uso de esos recursos deberá ser muy bien fiscalizado, y el derecho a participar en esas capacitaciones deberá ser muy bien informado, para no seguir sufriendo la pérdida de recursos por mala administración, lo cual se ha dado en el gobierno actual y puede suceder en futuros gobiernos. Estaremos muy atentos en fiscalizar el correcto uso de este ítem, para que realmente se utilice en beneficio de las personas que lo necesitan.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado.

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, este tipo de proyecto ya se presentó durante la pandemia, en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En este mismo hemiciclo aprobamos esa iniciativa para utilizar estos fondos. Ahora, es importante decir que los requisitos se flexibilizan, se disminuye el número de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones de 12 a 10, y de 6 a 5, en el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo, y se aumenta de 55 a 60 el porcentaje de sueldo promedio en los últimos tres meses. Todo esto nos parece bien, porque hay que profundizar, sobre todo, cuando hay una catástrofe.

También se agregan el sexto y séptimo mes, que tampoco estaban dentro del beneficio. Hay que decirlo con todas sus letras: este año, 230.000 compatriotas quedaron sin su empleo por necesidades de la empresa. Repito: 230.000 compatriotas. Eso debe llevarnos a profundizar este sistema, porque, obviamente, hay una cantidad importante de empresas, sobre todo en el área de la construcción, que han quebrado porque el gobierno no ha inyectado los recursos con la prontitud que anunció.

No obstante lo anterior, me preocupa un tema, y lo hice ver en la Comisión de Hacienda. El número 8, letra b), que modifica el artículo 58 B, agrega un inciso final que dice textualmente lo siguiente: “La Sociedad Administradora podrá efectuar transferencias de instrumentos de la letra n) del inciso segundo del artículo 45…”.

¿Qué dice la letra n)? “Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión.”.

Me preocupa muchísimo, tal como lo dije en la comisión, y por eso quiero dejar establecido en la tramitación de la ley que hay que visualizarlo muy bien, porque, para explicarlo en castellano puro, esto significa que la plata de los trabajadores podría destinarse a la construcción de edificios privados, como socio de esas inmobiliarias. ¿Qué pasa si quiebran? Será muy difícil valorizar ese monto de dinero de todos los trabajadores para lograr que pase de un fondo a otro.

¡Cuidado! La valorización puede hacer una pasada y pueden intervenir personas inescrupulosas, como lo hemos visto en estos momentos en el manejo del Estado de Chile y que también pueden estar momentáneamente colocados en ese lugar. Así que advierto sobre el número 8, letra b), respecto de las inversiones, pues, aunque solo sea el 5 por ciento de este fondo, es bastante dinero el que se puede invertir allí.

Votaré favorablemente la iniciativa, porque beneficia a los trabajadores, pero reitero que hay que tener muchísimo cuidado respecto de en qué se invierten los fondos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, poco se discute sobre lo necesario y lo beneficioso que ha sido para las y los trabajadores del país el seguro de desempleo. Son miles de personas que, ante la cesantía, han podido acudir al seguro, permitiéndoles un alivio tanto a ellos como a sus familias, especialmente durante el tiempo de la pandemia, en el que muchos trabajadores acudieron a este sistema para poder subsistir.

Me quiero detener en el factor solidario del seguro de desempleo. No se trata de un seguro privado en el que la persona junta su dinero y luego retira lo que juntó. Aquí hay aportes de los empleadores, del Estado y de los trabajadores, en el que los que tienen sueldos más altos y, por tanto, cotizaciones más altas, aportan solidariamente a aquellos cuya remuneración no les alcanza para tener suficientes fondos en el seguro.

Entonces, resulta particularmente importante lo normalizado y bien valorado que está el seguro de desempleo y su buen funcionamiento, en el que los que más tienen aportan más a los que menos tienen, como ocurre también con la salud pública. Sin embargo, a muchos les cuesta entender y aplicar lo mismo al sistema de pensiones y de seguridad social en el que los que han tenido mejores oportunidades podrían aportar a quienes no las han tenido. La solidaridad que caracteriza al seguro de desempleo es necesario extenderla también a las pensiones.

El proyecto, en específico, permite que las y los trabajadores gocen de mejor manera los beneficios del seguro de desempleo, incrementando las tasas de reemplazo de las prestaciones con cargo a la cuenta individual de cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario, aumentando los montos que recibirán los trabajadores que pierden sus empleos, flexibilizando los requisitos para acceder a las prestaciones y un sinfín de otros beneficios. Algo especialmente relevante de este Fondo de Cesantía Solidario es que se ha ido acumulando en los últimos años y seguirá creciendo en el largo plazo de no aumentar las tasas y disminuir los requisitos. Esto implica que este proyecto de ley es financieramente responsable, porque incluso en escenarios pesimistas, con una tasa de uso de hasta 80 por ciento del patrimonio del fondo, es sustentable en el mediano y largo plazo.

Votaré favorablemente el proyecto y espero que el respaldo sea unánime, porque es una medida concreta para seguir mejorando la vida de miles de trabajadores y trabajadoras que día a día se esfuerzan por sacar adelante el país.

Insisto en que el proyecto considera importantes medidas que van a dar estabilidad y certidumbre a las y los trabajadores de Chile.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, el presente proyecto de ley tiene por objetivo fortalecer el seguro de cesantía, aumentando significativamente su cobertura para todos los trabajadores con contrato indefinido, de casa particular y con contrato a plazo fijo, con un 26,5 por ciento respecto de la cobertura total, a través del aumento del número de giros y el monto del beneficio.

Hace unos días, me reuní con la señora Carmen Gloria Mena , presidenta de la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular, filial Osorno , y una de las mayores preocupaciones de estas trabajadoras es precisamente la cobertura de este fondo, al que muchas veces les es difícil acceder por lo esporádico de sus trabajos, pero que ahora verán una mayor eficacia de este seguro de cesantía.

Por otra parte, se ha determinado que los mayores beneficiarios del proyecto serían los trabajadores con contratos a plazo fijo, observando un aumento de 53,9 por ciento del monto de prestaciones respecto de lo que perciben hoy, situación que también me manifestó don Víctor Guinao , presidente del sindicato de trabajadores del casino de Puerto Varas, que ahora verán con mayor tranquilidad los trabajadores de temporada.

La iniciativa también contempla medidas en casos de catástrofe o alerta sanitaria, para reaccionar con celeridad en los primeros meses de crisis, permitiendo que los trabajadores estén cubiertos y puedan desarrollar iniciativas legales, asegurando, al mismo tiempo, una respuesta al universo posible de cesantes.

Se comparte la necesidad de fortalecer y robustecer el seguro de cesantía, dado que es una herramienta muy útil y efectiva para las personas que pierden sus trabajos. Por mucho que se mejoren sus prestaciones, aquello será un esfuerzo en vano, toda vez que no se cuenta con un plan de creación de empleos formales al que puedan acceder las cerca de 900.000 personas que hoy se encuentran desempleadas.

A modo de reflexión, señor Presidente, lamento que el gobierno aún no le tome el peso a la crisis laboral que existe en el país y que, por el contrario, insista en presentar proyectos de ley que encarecen la contratación, fomentan la informalidad y frenan el crecimiento.

Señor Presidente, claramente, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, tal como lo hemos mencionado anteriormente -también lo ha hecho la ministradel Trabajo y Previsión Social, Jannette Jara -, el seguro de cesantía fue un instrumento de seguridad social que mostró su importancia durante la pandemia, en un momento social y económico en el cual una cantidad inusual de chilenos y chilenas, dada la contracción y efectos que produjo la crisis -estos todavía se perciben-, lamentablemente perdieron sus empleos o sufrieron movilidad laboral.

La importancia de ese instrumento se refleja en este proyecto de ley, el cual valoramos mucho, pues es producto de un diálogo en el que participó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y empleadores y empleadoras, lo cual demuestra, además, la capacidad de hacer buena política pública por parte del gobierno, con especial enfoque en lograr acuerdos que pongan en el centro de la discusión a las y los trabajadores de nuestro país.

Este proyecto, que mejora beneficios y, además, flexibiliza el acceso a los mismos, posee elementos que me parecen muy positivos, como el aumento de la tasa de reemplazo para el segundo mes de 50 por ciento a 60 por ciento, tanto en contratos a plazo fijo como para una obra, trabajo o servicio determinado, y la inclusión de un cuarto y quinto giro, con tasa de reemplazo de 30 por ciento. Además, existen beneficios para quienes poseen contrato indefinido.

Valoramos también la disminución de los meses de cotizaciones, en los distintos casos contractuales, para acceder a los beneficios y al seguro de cesantía, así como también los requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario.

Nuevamente quiero felicitar a nuestra ministra y valorar el trabajo realizado en la Comisión de Trabajo. La iniciativa es bastante robusta y genera un beneficio directo a las y los trabajadores del país. Recoge medidas importantes para las mujeres de nuestro país, considera mejoras para las trabajadoras de casa particular y reconoce el impacto que genera que muchas pierdan su fuente laboral, para lo cual pone a disposición herramientas de mayor protección y un aumento en los tiempos de recuperación.

Agradezco haber podido reemplazar al diputado Luis Cuello y participar activamente en el debate del proyecto.

Esperamos que la iniciativa se apruebe de manera transversal, de modo de dar una buena noticia a nuestras y nuestros trabajadores.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, creo que es importante, como lo han hecho todos acá, valorar el seguro de cesantía como una política pública exitosa. Es algo que existe prácticamente en todos los países. Lo que hace es proteger a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo a aquellos que no pueden recibir indemnización por años de servicio, que es alrededor del 90 por ciento de los trabajadores y trabajadoras. Ello ocurre por múltiples causas.

Aprecio todas las intervenciones positivas. Este seguro fue creado hace muchos años. En algún minuto, algunas personas de izquierda se opusieron a su creación, porque decían que el seguro iba a facilitar el despido de trabajadores y trabajadoras. Con el tiempo ha quedado demostrado lo eficiente que ha sido el seguro de cesantía. El resultado demostrado es muy contrario a aquello que se vaticinó en su minuto.

Tenemos la experiencia de la pandemia. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido el seguro de cesantía? Fue realmente una protección. Todo el mundo tiene claro que los fondos provienen de una cotización hecha por el empleador. La práctica, la experiencia empírica ha hecho que todo el mundo cambie de opinión frente a este seguro de cesantía, el que alguna vez fue resentido por un grupo en esta misma Sala. En realidad, da lo mismo de dónde viene y en qué gobierno se creó; lo importante es que esto es una protección potente y directa en momentos complejos, de agobio, cuando los trabajadores y trabajadoras pierden su empleo.

¿Por qué los cambios? ¿Por qué se presentan ahora? Efectivamente, ha existido un diálogo con distintas instituciones. Hay una evolución natural en este beneficio, por efectos del alza al ingreso mínimo y también por las necesidades de un mercado de trabajo que es bastante complejo.

Ya se ha dicho aquí que se flexibiliza el sistema de acceso, bajan los requisitos, aumenta la tabla de beneficios para las cuentas individuales de los trabajadores y de las trabajadoras y del fondo solidario, entre otras cosas.

Se discutió latamente un artículo que cambia el concepto de apresto laboral por algo que es bastante más amplio. Pido al gobierno, por su intermedio, Presidente, que no olvide el informe de la Comisión de Trabajo, particularmente lo referido a las acciones de capacitación, algo que también se discutió latamente y que fue muy bien explicado por las autoridades. Lo digo porque es en ese tipo de cosas donde pueden existir problemas, pues los conceptos quedan redactados en forma muy amplia.

Hay que evitar en el futuro que estas cosas se presten para malos usos, como los que hemos lamentado en el último tiempo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Cuello .

El señor CUELLO.-

Señor Presidente, sin que se haya pensado, el fondo de desempleo se convirtió en una ayuda transitoria durante la pandemia por covid-19. Con eso se demostró que las políticas de seguridad social basadas en administración única, centralizada y que estén orientadas por solidaridad y aporte tripartito son herramientas eficientes.

Lamentablemente, la cobertura no alcanzó para muchos trabajadores y trabajadoras, porque hay requisitos poco flexibles o que consideran una permanencia y una continuidad mayor en el mercado formal del trabajo. Po eso, este proyecto apunta en un sentido de corrección, de mejora, de aumento de cobertura, por lo que viene a perfeccionar y a facilitar el acceso a los beneficios del seguro de cesantía y fortalecer el pilar solidario del fondo de desempleo.

Al mismo tiempo, se incorpora un mecanismo de préstamo con cargo fiscal cuando los fondos no sean suficientes y una mejora sustancial en la tasa de reemplazo. Esto da respuesta a contingencias sujetas a estados de emergencia, a calamidad pública, para que el cese de la fuente laboral no signifique un cese también de la fuente de ingreso.

Este proyecto y su aprobación unánime en la comisión técnica demuestran que es posible llegar a acuerdos y a diseños que son distintos a la respuesta meramente privada e individual. Eso de “me salvo solo con mi plata” no es una respuesta eficaz. El pilar solidario y el complemento y refuerzo del rol del Estado en la seguridad social son fundamentales para garantizar el derecho a la protección social.

En este debate no hubo oposición ni tampoco intento de vueltas de tuerca. Me pregunto:

¿Qué ocurrió acá? ¿Qué nos podemos responder? La respuesta es que aquí no existía un negocio, ni tampoco intereses particulares, ni especulación financiera que cuidar. Lamentablemente, eso es lo que ocurre en la discusión previsional, donde lamentablemente asoman los intereses de las AFP, que tanto daño han hecho a los chilenos y chilenas.

Esta discusión nos ayuda a poner el foco en lo principal y a olvidarnos de aquello que los grandes grupos económicos nos quieren imponer como relato. Hoy requerimos políticas de seguridad social y este proyecto demuestra aquello.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica diversos textos legales en materia de tipificación, sanciones aplicables y persecución del delito de abigeato.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es la señora Mercedes Bulnes .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N°11886-07, sesión 45ª de la legislatura 366ª, en martes 10 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 16.

-Boletín N°11890-07, sesión 45ª de la legislatura 366ª, en martes 10 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 19.

-Boletín N°12334-07, sesión 120ª de la legislatura 366ª, en miércoles 2 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 26.

-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 19ª de la presente legislatura, en lunes 17 de abril de 2023. Documentos de la Cuenta N° 22.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora BULNES, doña Mercedes (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar respecto del proyecto de ley ya individualizado, iniciado en mociones refundidas, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sin urgencia, que se indican:

1. Proyecto contenido en el boletín N° 11886 -07, que modifica el Código Penal en materia de diligencias destinadas a investigar la comisión del deli to de abigeato, y proyecto contenido en el boletín N° 11890-07, que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar la asociación ilícita para la comisión del delito de abigeato, ambos de los diputados Juan Fuenzalida y Gastón von Mühlenbrock , de las entonces diputadas Sandra Amar y Alejandra Sepúlveda , y de los entonces diputados Ramón Barros , Jaime Bellolio , Javier Hernández , Iván Norambuena , Rolando Rentería y Enrique van Rysselberghe .

2. Proyecto contenido en el boletín N° 12334 -07, que modifica diversos textos legales en materia de tipificación, sanciones aplicables y persecución del delito de abigeato, de las diputadas Emilia Nuyado y Joanna Pérez , de los diputados Miguel Ángel Calisto y Frank Sauerbaum , y de los entonces diputados Manuel Matta , An drés Molina , Jorge Sabag y Daniel Verdessi .

Las ideas matrices o fundamentales son modificar el Código Penal en materia de diligencias destinadas a investigar la comisión del delito de abigeato para sancionar la asociación ilícita para la comisión de este delito, además de modificar otros textos legales en materia de tipificación, sanciones aplicables y persecución del delito de abigeato.

Respecto de los fundamentos de las iniciativas legales, las mociones refundidas coinciden en que el abigeato representa un problema social y económico para miles de chilenos, pues afecta directamente a pequeños y medianos productores agropecuarios que poseen un número limitado de animales, siendo estos su principal sustento económico y fuente para generar ingresos. Es por lo anterior que el delito de abigeato constituye un fenómeno complejo y de vital importancia para la economía rural o campesina de nuestro país, tornándose aún más dañoso durante los meses de septiembre a diciembre, por el aumento de la venta informal de carne que se produce por las festividades propias de dicha época.

Resumen del contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley, iniciado en tres mociones que fueron refundidas, modifica el Código Penal en la relativo a los artículos 448 bis, 448 ter y 448 quáter, y el artículo 206 del Código Procesal Penal, así como el artículo 3° de la ley N° 11.564, que dispone que todo local o establecimiento en que se realice el beneficio habitual de animales vacunos, equinos, ovejunos, caprinos y porcinos, y cuya instalación se haya efectuado sin las autorizaciones legales, será considerado matadero clandestino.

Trabajo realizado por la comisión

Durante el estudio en general del proyecto de ley se recibió a los representantes del M inisterio Público, señores Roberto Morales y Hernán Libedinsky , de la Unidad de Asesoría Jurídica, y Claudio Ramírez , de la Unidad Coordinadora Nacional del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), quienes destacaron una tendencia a la baja en estos delitos, además de ciertas anomalías que hacen dificultosa su persecución, tales como el fenómeno del imputado desconocido, la ruralidad en que estos ocurren y la difícil trazabilidad de los animales vivos y la carne.

Por su parte, se manifestaron conformes con la propuesta legislativa, presentando algunas sugerencias de redacción.

Asimismo, se recibió al subsecretario de Agricultura, señor José Guajardo ; a los asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional señores Paco González , Guillermo Fernández , Juan Pablo Cavada y Francisco Mardones ; al abogado y profesor asociado del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile señor Germán Ovalle , y al abogado asesor de la bancada del Partido Socialista señor Enrique Aldunate , quienes debatieron respecto de la necesidad de introducir estas modificaciones de carácter procesal y sustantivo, argumentándose la necesidad de otorgar una mejor protección penal a estos delitos versus la consideración de que estas reformas refuerzan una persecución penal que ya está suficientemente agravada, haciendo aún más desproporcionada la referida a este delito, además de la superposición con el delito de receptación y la existencia de recientes reformas en el ámbito procesal penal que resolverían la cuestión.

Las observaciones están contenidas in extenso en el informe de la comisión.

Efectuada la votación en general, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes en ella: las diputadas Paula Labra , Gloria Naveillan , Emilia Nuyado , Marcela Riquelme , Francisca Bello (en reemplazo de la diputada Consuelo Veloso ) y quien habla, Mercedes Bulnes , y los diputados Félix Bugueño , Felipe Donoso , Harry Jürgensen , Benjamín Moreno , Jorge Rathgeb , Héctor Ulloa y Juan Antonio Coloma (presidente).

En concreto, el proyecto de ley aprobado por la comisión consta de dos artículos. El artículo 1 modifica el Código Penal en el siguiente sentido:

Modifica el artículo 448 bis, estableciendo en el numeral 2°, a propósito de las conductas que permiten considerar autor del delito de abigeato a un sujeto, que “Las marcas registradas, señales conocidas, dispositivos de identificación individual oficial registrados ante el Servicio Agrícola y Ganadero u otras de carácter electrónico o tecnológico puestas sobre el animal, constituyen presunción de dominio a favor del dueño de la marca o señal.”, y agregando las siguientes conductas nuevas:

“4°. Comercie o preste los medios para facilitar la comercialización de animales vivos, carne procesada o en cualquier estado, que no se encuentren respaldadas mediante los certificados que acrediten fehacientemente su origen.

5°. Reciba de alguna persona animales vivos, carne procesada o en cualquier estado, sabiendo o debiendo saber de su origen ilícito.

6°. Beneficie o destruya una especie para apropiarse de toda ella o de alguna de sus partes.

7°. Aquel en cuyo poder se encuentren animales o partes de los mismos referidos en este Párrafo, cuando no pueda justificar su adquisición o legítima tenencia y, del mismo modo, al que sea habido en predio ajeno, arreando, transportando, manteniendo cautivas, inmovilizadas o maniatadas dichas especies animales. El porte de armas, herramientas o utensilios comúnmente empleados para el faenamiento de animales por quien no diere descargo suficiente de su tenencia, se castigará de conformidad a lo establecido en el artículo 445.”.

Modifica el artículo 448 ter, que regula la determinación de la pena, estableciendo respecto de la multa que “Cuando las especies substraídas tengan un valor que exceda las dos unidades tributarias mensuales, se aplicará, además, la accesoria de multa desde el equivalente al valor de las especies substraídas hasta trescientos por ciento de dicho valor.”, introduciendo como margen mínimo la equivalencia al valor de las especies sustraídas con el objeto de lograr un efecto disuasivo. Además, por coherencia, se elimina el inciso cuarto.

Modifica el artículo 448 quáter, incorporando ciertas adecuaciones formales y el siguiente inciso final:

“Asimismo, el Ministerio Público podrá requerir de las policías, con la autorización del Juez de Garantía, la práctica de diligencias investigativas establecidas en el artículo 222 del Código Procesal Penal, cuando existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o participación del presente delito, y la investigación lo hiciere imprescindible.”.

Por su parte, el artículo 2 modifica la ley N° 11.564, sobre mataderos clandestinos, en la forma que se indica:

Incorpora en el artículo 3°, que regula las penas aplicables para las conductas allí descritas, un inciso segundo, que prescribe que “En el caso que se compruebe que la carne faenada sea producto de abigeato, las conductas anteriormente señaladas serán sancionadas con presidio menor en su grado máximo y multa del valor de las especies hasta trescientos por ciento de dicho valor.”.

En el artículo 4°, según el cual “Los animales en pie y los ya beneficiados y los útiles y enseres destinados a la matanza, como asimismo el producto de las ventas de carnes, que se encontraren en un matadero clandestino o en faenas de beneficio clandestino, caerán en comiso.”, se dispone que dichas especies “serán valorizadas por el juez con competencia en materia penal y el producto entregado a las víctimas del delito y en caso de no ser habidas, a organismos que determine el juez de la causa.”.

En el artículo 7°, que dispone que “Los comisos y las multas que se establecen en la presente ley quedarán a beneficio de la Municipalidad respectiva.”, se elimina la referencia al comiso.

Es todo cuanto puedo informar conforme a lo acordado por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, para comenzar mi intervención leeré una noticia emitida por Canal 13.

“San Carlos: denuncian robo de tres caballos usados en terapias de estudiantes con diagnósticos como síndrome de Down o TEA.

El Centro de Equinoterapia de la Municipalidad de San Carlos denunció que tres caballos que eran usados en distintos trabajos con estudiantes con distintos diagnósticos fueron robados”.

La noticia es del domingo 11 de junio.

A diario, en nuestro país, el mundo rural es víctima de la delincuencia, y mencioné esa noticia porque la comuna de San Carlos es una de las más grandes de nuestra región. Si eso pasa en una comuna grande, pueden imaginar lo que pasa en los sectores rurales.

Cuando a las familias campesinas les roban sus animales, las están privando del sustento del hogar, por lo que, sin duda, debemos protegerlas con mucha fuerza, porque hay horas de trabajo, de esfuerzo y dedicación, pero también de cariño y amor por los animales.

Debemos perseguir con dureza el abigeato o el robo de ganado, por los efectos que acarrea, como destruir la seguridad de las familias, y porque esas verdaderas mafias organizadas, especialistas en robar animales, han evolucionado y cada vez tienen más tecnología para cometer este tipo de delitos, con lo cual provocan un daño irreparable a las comunidades, porque no solo se las ataca en su seguridad, sino que también se ataca a las pocas herramientas con las que miles de personas hacen a diario frente a la vida.

Por lo mismo, es necesario poner énfasis en la persecución de este tipo de delitos, que se tornan comunes en lugares rurales, los cuales necesitan protección.

Con este proyecto, las personas podrán probar de manera más fácil el dominio sobre sus animales; se podrá castigar a todos los que participen en la cadena delictiva y favorezcan los medios con los cuales se lleva a cabo este delito.

Como presidente de la bancada del campo y las tradiciones, celebro la presentación de esta iniciativa. Cada vez que se presente en la Sala un proyecto que favorezca al mundo rural, lo vamos a defender, principalmente por la dignidad de las personas del campo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, el abigeato es un delito que en las comunas urbanas es poco conocido y que, según cifras, sería de escasa ocurrencia; sin embargo, es un delito que daña profundamente la ruralidad, y no la ruralidad de aquellos propietarios de grandes cantidades de cabezas de ganado, sino la ruralidad más pobre, la de aquellas personas que no están bancarizadas, la de aquellas personas que no tienen acceso a grandes créditos, la de aquellas personas cuyos ahorros anuales están guardados en cabezas de ganado, una o dos, o la de aquellas personas que tienen un caballo para su desplazamiento, sobre todo en lugares donde no existe locomoción colectiva ni caminos aptos para vehículos.

Por eso, es de vital relevancia perseguir el abigeato con fuerza, principalmente, porque cada vez que se roban un animal, dañan profundamente a una familia de campo.

En la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural decidimos impulsar con fuerza este proyecto para defender la ruralidad, para defender a los agricultores, para defender a aquellas familias humildes que hacen de la vida en el campo una forma de vida distinta, pero respetable, razón suficiente para que no pueda llegar un tipo, aprovechándose del aislamiento y de que los caminos son poco transitados, y les robe los ahorros del año, les robe su medio de transporte, en definitiva, les robe su forma de vida.

Por eso, estamos dispuestos a aprobar este proyecto de ley, que da a las policías una forma más eficaz para perseguir a los autores de abigeato, como medidas intrusivas para que esos carabineros del retén cercano tengan alguna forma de pillar a estos tipos, porque para localidades como Pelarco a la cordillera; como San Clemente a la cordillera; como Pencahue, en la cordillera de la costa, donde los caminos son innumerables y con escaso control policial, es imposible pedir que se hagan controles efectivos solo con prevención.

A los ejecutores de este delito tenemos que pillarlos, detenerlos y sancionarlos con dureza, y eso es lo que se busca con este proyecto de ley.

Por eso, invito a todos los diputados, a los urbanos y a los rurales, a apoyar a nuestra gente de campo mediante la aprobación de un proyecto de ley que les hará justicia y les dará seguridad.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señor Presidente, en este hemiciclo siempre escuchamos defender las tradiciones; lamentablemente, el robo diario de animales se ha vuelto una tradición, sobre todo en las zonas rurales.

Hablamos de más leyes, de que los carabineros van a investigar. Pero, ¡por favor!, dejemos de mentirle a la gente del campo; son del campo, pero no de las chacras.

Está claro que las investigaciones las lleva la Fiscalía, y es el Ministerio Público, a través de una orden de investigar, el que genera la acción para que los policías realicen las diligencias correspondientes.

La semana pasada, en la Región del Maule, a uno de nuestros vecinos de la ruralidad de Talca le robaron cinco novillos cargados en un camión. El propio vecino afectado fue a buscar las cámaras de seguridad. Están las cámaras, están las pasadas. Tuvo que ir a la Fiscalía para que dieran la orden de investigar. Ahora, la Policía de Investigaciones tiene la orden y estamos esperando que alguien de buena voluntad de la Policía Investigaciones vaya, tome las cámaras, identifique la patente y proceda a detener a esas personas.

Vienen las Fiestas Patrias y es claro que se hace necesario implementar un plan de prevención. Lo advierto, porque estamos acostumbrados a reaccionar.

Insisto: el abigeato afecta una reserva, afecta la libreta de ahorro de mucha gente. Pero no solo el abigeato es un problema para esta gente. Lo señalo, porque esperamos que este gobierno se haga eco de un proyecto de resolución que aprobó por unanimidad esta Cámara y también se brinde ayuda a aquellos ganaderos o pequeños crianceros que son víctimas de los ataques de perros.

A propósito, hago un llamado a los animalistas, a toda esa gente a la que le gustan los animales, que defienden a los perros, que tiene sus mascotas, y les pido que vayan a ver cómo los perros atacan a las ovejas, cómo atacan a los pequeños potrillos o a las pequeñas vaquillas.

Lo vivimos con las últimas inundaciones, ocasión en la que muchos animales quedaron aislados en el río o en aquellas parcelas que se inundaron, por lo que carabineros, los mismos dueños de animales y los vecinos ayudaron para tratar de salvar a esos animales, muchos de los cuales fueron arrastrados por el caudal.

Está claro que la ruralidad está postergada, y siempre ha sido así.

Este es un lindo proyecto, es prácticamente poesía, porque quienes venimos del mundo del derecho penal sabemos que no por la dictación de una ley el carabinero o el funcionario de la PDI van a ir a ver si ahí están los novillos: “Oye, aquí están los novillos. Los pillamos, y vamos a tomar detenidos a los responsables”. Sabemos que la cosa no es así; no hay que mentirle a la ciudadanía.

La Fiscalía da la orden de investigar, y el carabinero o el funcionario de la PDI van a tener la buena voluntad una vez que tengan esa herramienta y el tiempo.

¿Cuántos hemos visto que estos procesos investigativos sean tan eficientes? Faltan carros policiales. Es más, en San Clemente tenemos con licencia médica al jefe y al subjefe de la comisaría, y estamos pidiendo una reunión con el subdirector de Carabineros para subsanar estos temas.

Hace un mes robaron cuarenta monturas en tres sectores. ¿A quién le entregaron la investigación? A la SIP de Carabineros de San Clemente, la cual no tiene ni vehículos para concurrir a investigar.

Por lo tanto, en el Congreso podemos levantar iniciativas y decir que estamos haciendo muchas cosas, pero la realidad en la región y en los territorios es otra.

Vuelvo a insistir: llega la época de Fiestas Patrias y ya el índice de delitos de abigeato y de ataque de perros en las zonas rurales se incrementa. ¿Por qué? Por la demanda de carne.

Más allá de invitar a todos los colegas a votar a favor este proyecto, el llamado es a hacer, de una vez por todas, las correcciones y los ajustes necesarios para dar garantías reales al mundo rural y, sobre todo, a aquellos que se dedican a la crianza de animales.

Defendamos las tradiciones, defendamos el rodeo, defendamos el derecho al agua -lo digo nuevamente: el derecho al aguay defendamos el derecho a criar y a tener una vida digna, sobre todo cuando tenemos un origen campesino.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señora CONCHA (doña Sara).-

Señor Presidente, el abigeato es un problema en la Región de Ñuble, la que represento. El delito de robo de ganado y de animales para comercializar su carne y lucrar con ello afecta directamente a las regiones donde la agricultura y la ganadería son el motor productivo de la familia.

Ñuble es una región de alta población rural. Las estadísticas muestran que a 2018 la tasa de abigeato promedio nacional fue de 28 casos por cada 100 habitantes. En Ñuble se tiene cerca del doble de ese promedio, con una tasa del 43,7 por ciento. Si bien es cierto esta cifra ha disminuido un poco en los últimos años, al día de hoy el delito de abigeato o hurto de animales sigue representando casi el 3 por ciento del total de los delitos en la Región de Ñuble. Hacia las regiones del sur la cifra aumenta.

El abigeato es una preocupación no menor. Necesitamos encontrar soluciones efectivas, ya que la legislación actual no es suficiente para dar con los culpables ni para generar las instancias judiciales necesarias para evitar que este particular y perjudicial delito siga ocurriendo.

Se hace necesario mejorar el procedimiento de seguimiento efectivo del abigeato. Por ello, esperamos que este proyecto de ley sea beneficioso para muchas familias de esfuerzo que cuidan su ganado y sus caballos, y que viven de ellos. Esas familias necesitan seguridad para seguir desarrollando su labor sin temor al ataque impune de delincuentes que afectan la vida de sus animales, los que, además de ser cuidados, son queridos por quienes los crían.

Por eso, y en representación de una región que ha sido afectada por el abigeato, anuncio mi voto a favor. Espero que la honorable Sala también vote favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen .

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, lamentablemente, el abigeato es un delito que se sigue cometiendo reiteradamente en gran parte en nuestro país, en especial en las regiones ganaderas del sur de Chile, donde hay verdaderas bandas de crimen organizado que se dedican desde hace mucho tiempo a este sucio negocio, y más aún en aquellas donde actúa el terrorismo, como la macrozona sur.

El abigeato no solo constituye un ilícito que debemos castigar y perseguir con toda la fuerza del Estado, sino que es un grave daño a la economía de los dueños de animales, para quienes, en su enorme mayoría, el animal es su único medio de subsistencia.

Por ello, estimamos que este proyecto, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para agregar más hipótesis en que se considera que se comete el delito de abigeato, que rebaja el monto de las especies sustraídas, para que también se configure el delito, y que otorga mayores atribuciones al Ministerio Público para la persecución de ese ilícito, en su conjunto representa un notable avance para castigar de manera efectiva el abigeato, algo tan sentido y necesario por nuestros ganaderos y, en general, por personas que con tanto esfuerzo crían sus animales.

A su vez, las modificaciones a la ley N° 11.564, que dispone que todo local o establecimiento en que se realice el beneficio habitual de animales vacunos, equinos, ovejunos, caprinos y porcinos, y cuya instalación se haya efectuado sin las autorizaciones legales será considerado un matadero clandestino, van en la misma dirección.

En consecuencia, nos resulta de la más natural necesidad y correcta lógica apoyar este proyecto para que pronto sea ley, a fin de otorgar algo más de seguridad a las personas que ven amenazada y atacada su propiedad.

Apoyaremos con fuerza este proyecto de ley.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Martínez .

El señor MARTÍNEZ.-

Señor Presidente, me molesta sobremanera cómo se ningunea a los sectores rurales en los proyectos que tienen relación con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto que estamos discutiendo hoy, sobre abigeato, sobre robo de animales, delito que afecta especialmente a los sectores rurales, lleva más de cinco semanas en tabla. Vengo insistiendo semana a semana en que se discuta y se avance con este proyecto. Lamentablemente, estamos a pocas semanas de septiembre, mes en que se produce el peak de ese tipo de robos.

Quiero ahondar en el tema del abigeato y exponer al resto de los parlamentarios en qué consiste. Es un robo muy violento. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría de los que sufren este tipo de delitos son pequeños agricultores que tienen dos, cuatro o cinco animales. En los sectores rurales se genera un vínculo muy especial y muy potente con los animales, ya que día a día sus dueños los cuentan y les dan alimento y agua. ¿Por qué digo que este robo es muy violento? Porque en la gran mayoría de los casos los delincuentes literalmente faenan a los animales en los mismos potreros en que estos se encuentran. Imagínense lo que significa para ese pequeño agricultor, que tiene gran parte de su capital en su ganado, ver que su animal fue faenado y que solamente quedó la cabeza y la cola del mismo en medio del potrero.

Este proyecto es de suma urgencia y tiene un sentido muy potente en los sectores rurales. Lo que busca -para contextualizares dar más herramientas para la investigación del abigeato, como, por ejemplo, incorporar escuchas telefónicas, aumentar las penas para quienes cometan este tipo de delitos y castigar duramente a quienes vendan carne de dudosa procedencia.

Este es un proyecto muy importante y muy esperado por los pequeños agricultores. Ojalá que el resto de los parlamentarios entienda la urgencia de la seguridad, de la que hoy mucho se habla, pero poco se aplica con nuestros sectores rurales.

Invito al resto de los parlamentarios a sumarse y votar a favor este proyecto sobre abigeato, delito que genera tanto daño, preocupación y malestar en nuestra gente de los campos.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, el abigeato es un delito que ha ido adquiriendo mayor frecuencia en los últimos años. El hurto o robo de animales -de acuerdo con un proyecto que aprobamos el año pasado en la Cámara de Diputados, esto también ocurre con el hurto y robo de colmenasha ido adquiriendo mayor frecuencia y permanece invisibilizado, en primer lugar, porque básicamente se comete en zonas rurales. Por su parte, nuestros pequeños agricultores y ganaderos tienen poco incentivo a denunciarlo porque justamente es muy difícil su persecución.

Por eso, este proyecto va en la dirección correcta, porque entrega herramientas más eficaces para su persecución y castigo. Así, por ejemplo, amplía los casos en que se considera que un establecimiento será considerado un matadero clandestino; asimismo, dispone que, si participan dos o más personas en la comisión del delito, este será sancionado bajo la figura de una asociación delictiva o criminal. Aquí hay que considerar que hay verdaderas mafias que se organizan para robar, transportar, faenar y comercializar animales, las que operan libremente por nuestro mundo rural, en especial con mucha fuerza e impunidad en nuestro Maule sur.

Finalmente, también consideramos muy positivo que se amplíen las facultades de la Fiscalía, para permitir que se puedan interceptar las comunicaciones telefónicas cuando existen fundadas sospechas de que se está cometiendo el delito o preparando su comisión.

En consecuencia, por nuestro mundo rural, de donde provengo, anuncio mi voto a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, para quienes venimos de zonas agrícolas, el delito de abigeato es algo común y normal.

En el período pasado legislamos y endurecimos las penas respecto de ese delito y establecimos la existencia de varios problemas que presentaba la actual normativa. Hoy, este proyecto de ley tiene por objeto establecer la creación de la asociación ilícita para su comisión, hipótesis que no se consideraba en la ley anterior, lo que claramente constituye un apoyo. También lo son las herramientas que se entregan al Ministerio Público en orden a tener mayores facultades en los procesos investigativos, cuestión que está resuelta con la nueva normativa de asociación ilícita aprobada por el Congreso Nacional.

Cuando levantamos este tema en la Región de Los Ríos, hace cerca de tres o cuatro años, logramos generar un trabajo mancomunado con las policías y con el Ministerio Público. En el caso particular de nuestra región, se estableció un foco especial investigativo por parte del Ministerio Público para abordar esto que es tan gravoso para los productores de ganado.

Los grandes productores pueden estar suscritos a contratos de seguros que pagan este tipo de pérdidas, pero quienes más sufren son los pequeños productores que tienen diez, quince o veinte animales, a los que en una pasada estas bandas de criminales organizados les roban cinco o diez. El nivel de pérdida y el desastre económico para esos pequeños agricultores es superalto. No obstante, con el proceso de generación del foco investigativo especializado del Ministerio Público que se desarrolló en la Región de Los Ríos se logró detener y disminuir el delito de abigeato.

Creo que esta iniciativa es un aporte a lo que ya establecimos en su momento a través de la ley N° 20.090, pero debemos tener una mirada más amplia sobre el abigeato, porque muchas veces quienes lo perpetran no son delincuentes habituales que actúan de manera separada o individual, sino que se han transformado en mafias y organizaciones criminales que tienen un lucrativo negocio. Ese negocio no solo es lucrativo para los cuatreros que roban los animales, puesto que la pesquisa de este círculo criminal llega, incluso, a algunas carnicerías, sin la determinación del sello de origen.

Desde la bancada del Partido Socialista vamos a estar disponibles para aportar en este proceso y para defender a los pequeños agricultores. Estas son señales concretas para ir en su apoyo, ya que estamos a pocos días de la celebración del Día del Campesino. Sin embargo, esas señales, que implican la generación de nuevos tipos penales, deben venir de la mano con un trabajo mucho más fuerte con el Ministerio Público. Por eso, pongo sobre la mesa el trabajo que se desarrolló en la Región de Los Ríos respecto de este foco investigativo.

En consecuencia, vamos a aprobar esta iniciativa, porque irá en beneficio directo de los pequeños campesinos y campesinas de nuestro país.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, sin duda que el delito de abigeato todavía sigue haciendo diferencias entre el sector rural y el sector urbano, porque es un delito recurrente, con el que hemos tenido que convivir desde hace muchos años, particularmente en las provincias de Arauco y de Biobío, donde el abigeato es un delito habitual. Lamentablemente, no tiene la visibilización que se requiere a nivel país. Si bien se ha avanzado, debemos seguir perfeccionando la legislación para ver cómo controlarlo, y no solo prevenirlo.

Al parecer, prevenir no es suficiente, puesto que no ha dado los resultados esperados, porque convivimos a diario con este delito, más aún cuando se acercan las Fiestas Patrias. Todos sabemos que estamos ad portas de una época compleja, porque su comisión aumenta mucho.

Se dijo hace un rato que a algunos campesinos que tienen veinte o treinta animales les roban cinco o diez. Hay algunos que tienen uno o dos animales, una yunta de bueyes, y se los roban, los carnean casi a ojos vistas, dejando solo la cabeza o la cola. En algunos casos dejan casi todo el animal, porque solo alcanzan a sacarles los lomos u otras piezas cuando son advertidos de que viene alguien que podría descubrirlos.

Algunos de estos casos se producen en terrenos boscosos, en los que después de buscar a pie por varios días a sus animales, finalmente el dueño encuentra sus restos.

El diputado Cristóbal Martínez señaló que hay un efecto más allá de la vulneración del derecho de propiedad, porque también hay una relación afectiva con los animales, ya que son también el sustento de vida de los campesinos, como es el caso de la yunta de bueyes, del caballo, que utilizan para trasladarse, o de las ovejas o los cerdos.

Estos son realmente el capital de trabajo, sobre todo en el caso de los pequeños campesinos, de esos pequeños propietarios a los que este delito afecta mucho más, porque no tienen forma de proteger a sus animales. A veces, no tienen establos para guardarlos por la noche.

Muchos de ellos, aunque parezca incomprensible para quienes viven en la ciudad, tienen que guardar las vacas, las ovejas y los cerdos en las cocinas o en el living de sus casas, con el poco espacio que tienen, para que no queden expuestos durante la noche.

Estas cosas ocurren en estas fechas, porque estas bandas de ladrones están campeando para hacerse de estos animales, de este sustento de nuestra gente campesina.

Por supuesto que valoramos este proyecto. Hoy tiene que haber sanciones mucho más duras; tiene que haber mayor capacidad y facultades para las policías y para las fiscalías.

Además, debe ser sancionado mucho más duramente, no solo el que roba, que tiene la principal culpa y el peso de la acción, sino también quienes son los encargados de la receptación, porque no puede ser un delito que pase como hasta ahora, con bastante menos visibilización. Ya es tiempo que las sanciones se empiecen a ver y que sean efectivas.

Me parece que la multa del 300 por ciento del animal robado es una forma de persuasión, para evitar que se cometa este delito. Ahora, para que esa multa se pueda aplicar, primero tienen que ser descubiertos los responsables. Por eso, las mayores facultades desde lo operativo, desde lo judicial o lo investigativo son elementos que van en el sentido de lo que estamos buscando.

Anuncio mi apoyo a esta iniciativa, que tiene por objeto combatir esta forma de crimen organizado, la persecución de este delito para sancionar adecuadamente a quienes los cometen, porque de esta forma estamos combatiendo este daño al derecho a la propiedad y, sobre todo, estamos dando un apoyo muy importante a nuestro mundo campesino.

Estamos dando una señal no solo en el discurso, que muchas veces sale muy bonito, sino una señal muy concreta de lo que hacemos en esta sede legislativa: legislar, es decir, elaborar leyes que protejan a los campesinos y sus animales, pues muchas veces se quedan simplemente lamentándose y están obligados a someterse a que el delito del abigeato siga existiendo.

No me rindo frente a este problema, de modo que espero que la mayoría de los parlamentarios voten a favor a esta iniciativa, con el objeto de que haya un apoyo transversal a la propiedad de nuestros campesinos en cuanto a sus animales.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, en nuestro país el saqueo ha estado presente desde tiempos inmemoriales, y bien vale la pena traer a la memoria la consabida historia de los hermanos Pincheira .

Ellos fueron líderes de una guerrilla montada que llevó a cabo prácticas de asalto y cuatrerismo en territorio chileno y argentino en la primera mitad del siglo XIX. Sus acciones se iniciaron durante el desarrollo de la guerra de la Independencia, en que se armó esta guerrilla de corte realista, partidaria de la monarquía, para hacer frente a los independentistas. Sus acometidas se mantuvieron en la guerra a muerte, en 1822, principalmente en Chillán y Parral , y, posteriormente, en el río Maule.

El saqueo y robo de ganado fueron constantes en Chillán, Linares , San Fernando , Curicó , San Carlos , entre otros lugares, además del secuestro de mujeres y el cobro por su rescate.

Entonces, el cuatrero es, al parecer, parte de nuestro patrimonio criollo. Y no es menor esta especie de tradición nacional, puesto que el saqueo de nuestros recursos ha sido una constante histórica. Cualquier coincidencia con la realidad actual es mera casualidad.

Anuncio, desde ya, mi apoyo a este proyecto. Y bien vale la pena retrotraernos en la historia para entender cuáles son las verdades raíces del cuatrerismo en nuestro país.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, la semana pasada celebramos el Día del Campesino. Se hicieron bonitos actos, celebraciones y reconocimientos mediante la entrega de medallas, de galvanos, de recursos, e incluso en algunos casos de implementos para nuestros queridos agricultores y campesinos, aquellos que entregan su esfuerzo, su sacrificio, su responsabilidad a la tierra para que llegue el alimento a la mesa de todos los chilenos.

Claramente, la normativa que se propone va en el sentido de poder dar un poquito más de seguridad a aquellos que en nuestro país hoy se atreven a tener ganado y entregar alimentos, carne a la mesa de los demás compatriotas.

Para el pequeño campesino, el de la agricultura familiar campesina, su ganado, su yunta de bueyes, que le permite labrar la tierra, trabajar en distintas actividades, como el madereo u otras de carácter comercial, por ejemplo, la elaboración de carbón y su posterior traslado a las ciudades pequeñas y grandes, es una tremenda inversión.

Cada vez que le roban su yunta de bueyes a un pequeño agricultor, le cortan las manos y las piernas. Ese pequeño agricultor, como no cuenta con los medios para poder pesquisar rápidamente este tipo de robos, pregunta a sus vecinos colindantes y de inmediato se da cuenta de que no tiene ninguna posibilidad de recuperar su herramienta de trabajo. Por tanto, esa inversión, que le permite mantener a su familia y, seguramente, entregar educación a sus hijos, se ve truncada. La propuesta que nos ocupa va en el sentido de ayudarlo, como también esperaríamos que otras normativas pudiesen avanzar en la protección de nuestros agricultores.

La aprobación del proyecto que aumenta la pena por el robo de madera, que hoy es ley, ha significado que bandas organizadas que hacían del robo de manera su principal actividad hoy se dediquen al robo de ganado, de productos e insumos agrícolas. Y aquí hago un llamado al gobierno -habría esperado que el Ejecutivo estuviera acá para escuchar el discurso de los parlamentarios, las inquietudes que cada uno trae de sus respectivos distritos- a que impulse un proyecto que presentamos, que dice relación con el robo y hurto de productos e insumos agrícolas, porque va en el mismo sentido.

Hay verdaderas bandas organizadas para el robo de ganado. No se trata de una sola persona que robe, traslade, comercialice y venda los animales, sino de una organización, lo que esta propuesta legislativa justamente pretende sancionar de manera más drástica.

Ya se señaló acá que el faenamiento de esos animales se desarrolla en los mismos predios y que se llevan la carne sin importar si es de un buey o de una vaca, y si es de esta última, si estaba preñada o no; o si es de un toro, y si lo es, si era un reproductor o no. No tienen ninguna consideración: la idea es llevarse la carne a cualquier costo. Y ahí es cuando uno muchas veces se pregunta por qué la masa ganadera ha ido disminuyendo en nuestro país. Por este tipo de cosas, porque claramente ha aumentado el robo en distintos lugares.

La normativa que se nos plantea, que es de autoría de parlamentarios de distintos colores políticos, ya que en esta materia se fusionaron varias iniciativas en la legislatura anterior, va en ese sentido: en proteger principalmente a aquellos pequeños y medianos agricultores que hoy ven que el DIIO, dispositivo de identificación que se coloca en la oreja del animal, es insuficiente para pesquisar el robo de ganado.

Este proyecto endurece las penas, entrega mayores facultades y permite castigar con una sanción mayor a aquellos que comercialicen animales vivos o reciban su carne sin la debida certificación de su origen.

Por lo tanto, espero que esta iniciativa tenga un apoyo unánime en esta Cámara para que el día de mañana la justicia pueda aplicar con mayor rigor las penas. Asimismo, considero que si bien la propuesta puede tener algunas falencias, va en el sentido de dar mayor seguridad a nuestra agricultura familiar campesina, que se ha visto tan golpeada y sobre la cual hay reclamos permanentes acerca de sus condiciones de vida en materia de agua potable, electrificación, caminos rurales y puentes.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, en la Región de La Araucanía existen las juntas de vigilancia rural, que son agrupaciones que se constituyen en los distintos sectores rurales principalmente para prevenir el robo de animales o abigeato.

Las juntas de vigilancia están organizadas en todas las comunas. En Nueva Imperial hay más de treinta. Lo mismo ocurre en Temuco, en Padre Las Casas, en Carahue, en distintas comunas.

Cuando las juntas de vigilancia rural se constituyen y se organizan, se coordinan con Carabineros, y su objetivo principal es evitar el robo de animales. Para ello incluso hacen patrullajes nocturnos, muchas veces coordinados a través de radios con la policía. Es la fuerza civil protegiendo ad honorem a sus socios, a sus vecinos. Por tanto, para ellas este proyecto de ley será de gran ayuda.

Pienso en esas organizaciones. Por eso, les envío un saludo cariñoso desde la Cámara de

Diputados a todas las juntas de vigilancia de la Región de La Araucanía.

Ahora bien, por supuesto que este proyecto avanzará, primero, porque este delito ocurre en muchos sectores aislados, y para qué decir en las zonas rojas de La Araucanía, donde hay una especie de triángulo de las Bermudas donde nadie entra, pero llega todo lo que se roba: animales, vehículos, etcétera.

De igual modo, esta iniciativa permitirá sancionar a aquellos que participen en una asociación ilícita -cuando sean más de dos personas- para cometer el delito de abigeato, lo que, por supuesto, tendrá un incremento de penas. También, entregará mayores facultades para nuestras policías, para que el Ministerio Público pueda investigar, entre otras medidas, mediante la interceptación telefónica.

Son muchas las familias que ven cómo todos los años se produce un aumento de este delito en épocas claves, por ejemplo, a fin de año, el 18 de septiembre, etcétera, porque mucha gente roba animales para luego faenarlos y vender clandestinamente la carne en nuestros sectores y comunas.

Este proyecto ayudará a muchos agricultores cuyo patrimonio, su libreta de ahorro, son sus animales. Viven de cinco, diez, quince, veinte animales. Se dedican a eso: a criarlos y venderlos a pequeña escala para subsistir, muchas veces para educar a sus hijos y mantenerse ellos mismos.

Por eso, respaldaremos con mucha alegría este proyecto de ley, para que la gente del campo se sienta más protegida y para que esos cuatreros y delincuentes que se conciertan para robar animales sepan que, desde ahora, si son sorprendidos cometiendo este delito en alguna banda serán sancionados como una asociación criminal y tendrán penas efectivas de cárcel.

Reitero que votaremos a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, en mi región el delito de abigeato es un flagelo que lleva años azotando a los agricultores de la zona. Cuando a un pequeño agricultor le roban y faenan una yunta de bueyes le están destruyendo su pyme agrícola. El daño económico que le producen es, muchas veces, irremediable, y para qué decir el daño psicológico y social de las familias afectadas.

Según los últimos datos entregados por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO), los agricultores de mi distrito son los más afectados por un delito que se ha incrementado hasta en un 138 por ciento. Comunas como Puyehue, Puerto Octay, Río Negro, Frutillar y Fresia sufren todo el año el robo y el faenamiento de su ganado.

Lo que busca este proyecto es facilitar la labor de los policías mediante escuchas telefónicas, entre otros mecanismos. Además, dispone que todo local o establecimiento en que se realice el faenamiento habitual de animales y cuya instalación se haya efectuado sin las autorizaciones legales será considerado matadero clandestino.

Se busca otorgar mayor visibilidad a un tema que afecta en gran medida a los pequeños y medianos agricultores, los cuales, muchas veces, prefieren derechamente no denunciar por la pérdida de tiempo que esto significa y que, por lo general, no se llega a nada.

Por esta razón, solicito que el abigeato se incluya en el reglamento de la ley N° 21.332, que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), lo que obligaría a las policías y a otras instituciones a dar un reporte mensual sobre la persecución de este delito y con ello dar mayor tranquilidad a nuestros campesinos al momento de denunciar.

Se debe dar visibilidad a un delito que, por cometerse en sectores rurales, muchas veces es en gran medida invisibilizado.

Por supuesto, anuncio mi voto a favor del proyecto.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este proyecto tiene su origen en tres mociones refundidas. Soy autora, junto con otros parlamentarios, de una de ellas, porque represento a sectores afectados por el abigeato, a personas que, día a día, sufren por la acción de bandas dedicadas a cometer este delito, por ejemplo, en sectores rurales de Curanilahue y de Nacimiento.

Este es un proyecto que nace también de Corazón Cordillerano, una organización dedicada a defender el trabajo rural de campesinos y gente de esfuerzo.

Junto con otros diputados estuvimos en sectores como Los Patos y Carrizal , donde nos comprometimos a apoyar este proyecto. Han pasado casi cuatro años de tramitación. Es lamentable que nos demoremos tanto en sacar adelante algunos proyectos. En todo caso, lo importante es que se cumpla la fiscalización de las policías y que, de aquí en adelante, se haga cumplir la ley, puesto que muchas veces no se hace cumplir la ley.

El propósito de la iniciativa es modificar el Código Penal en lo que se refiere a la persecución del abigeato, con el fin de facilitar las investigaciones preventivas y sancionar tanto la asociación ilícita como el delito en sí mismo.

Además, se modifican otros textos legales con este mismo propósito, y, en particular, se busca facilitar el procedimiento jurídico para autorizar la interceptación de las comunicaciones y la persecución penal de las asociaciones ilícitas. Se perfeccionan normas vigentes en aspectos tales como considerar las marcas en los animales como medios de prueba, ampliar las situaciones que hacen presumir la complicidad en la comisión del delito, considerar a los establecimientos en que se comercialice la carne como mataderos clandestinos, rebajar de 5 a 2 UTM el valor de lo robado para los efectos de aplicar las sanciones y aumentar las multas accesorias, pasando de las actuales 75 a 100 UTM, al equivalente al valor de las especies sustraídas y hasta 300 por ciento de dicho valor.

Por lo tanto, existe un marco regulatorio que permitirá al Ministerio Público requerir de las policías la práctica de diligencias investigativas establecidas en el artículo 222 del Código Procesal Penal, cuando existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o participación del presente delito. Muchas veces el problema es que despostan los animales en cualquier parte y no se puede perseguir el delito.

No podemos permitir que exista una legislación que burle el sistema, que es lo que está pasando en los sectores rurales, por ejemplo, en el distrito 21, en las provincias de Arauco y del Biobío. Debemos tener otro ordenamiento.

Valoro el trabajo realizado por la comisión. Voy a aprobar este proyecto, y espero que lo antes posible se convierta en ley.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, la Región de Ñuble es la más pobre de Chile, lo cual es grave teniendo en cuenta que hemos experimentado diferentes tragedias en lo que va del año y que gran parte de la región corresponde a sectores rurales; de hecho, es la más rural del país.

Muchos habitantes de la región dependen de la pequeña agricultura y de la ganadería para sobrevivir. Los casos de abigeato afectan a muchas familias de Ñuble, quienes quedan sin ningún tipo de sustento cuando les roban sus animales, pues dependen de ellos para sacar adelante sus pequeños negocios. Estos animales son el verdadero sustento de muchas familias de Ñuble y sé que también lo son para muchos chilenos de sectores rurales.

Es importante este proyecto, porque se hace cargo de un problema que atormenta a muchos chilenos que son dejados en el olvido a causa de los problemas que ocurren en las grandes urbes. Debemos cuidar nuestro campo y para eso es indispensable hacernos cargo de sus mayores problemas. En este aspecto, se cuenta con pocos recursos en sectores rurales para investigar este tipo de delitos.

Voy a apoyar esta iniciativa, sin duda, pues soy consciente de que se transformará en una ayuda significativa para las familias de Ñuble que son víctimas de abigeato y que no cuentan con las herramientas para recuperar a sus animales, que son el sustento de su actividad.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, la iniciativa legal que estamos discutiendo el día de hoy tiene por objeto establecer una serie de modificaciones en nuestra legislación, con el objeto de facilitar las diligencias necesarias para la investigación del delito de abigeato y de endurecer las penas asociadas a esta conducta.

Me parece fundamental que todos podamos votar a favor esta iniciativa legal, que aborda un tema que quizás en la zona central de Chile pasa casi inadvertido. ¡No se imaginan cuánto sufren cientos de personas en el sur de Chile por el robo de sus animales! Son muchas las familias en la Región de Los Lagos, en la provincia de Chiloé y en la provincia de Palena, que dependen única y exclusivamente de actividades agrícolas y ganaderas, por lo que el robo de sus animales las deja sin los recursos básicos para sobrevivir. Así de lamentable es esto. ¡Y recién este año, en 2023, lo estamos discutiendo como corresponde!

Valoro este proyecto, porque busca visibilizar un grave problema que traspasa los límites de la capital de nuestro país; un delito que se comete en lugares donde no hay conectividad, donde no hay rascacielos, y tampoco hay facilidades e información para investigar. Solo espero que cuando este proyecto se transforme en ley las mejoras puedan ser aplicadas de manera efectiva. No basta con un cambio legal, esto se trata de inyectar recursos en las provincias más pobres de Chile, como lo son las provincias de Chiloé y de Palena.

De nada sirve que la ley diga que hay más facultades para las policías si no se realizan inversiones que permitan otorgarles herramientas. Acá estamos hablando de un problema que afecta a personas verdaderamente vulnerables de nuestro país, quienes no solo viven de manera muy sencilla y humilde, sino que además no reciben todos los beneficios que trae consigo la cercanía a los grandes centros urbanos.

Me parece indispensable que, una vez que el proyecto se convierta en ley, el gobierno sea capaz de informar todas estas mejoras a los pequeños y medianos agricultores de los sectores más aislados de Chile, pues recién ahí es cuando se les dejará de invisibilizar y cuando se empiecen a desmoronar las numerosas brechas existentes.

De más está decir que voy a aprobar este proyecto, pues por fin estamos discutiendo algo que podrá beneficiar a muchos de mis queridos chilotes.

¡Viva Chile! ¡Viva Chiloé!

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Yovana Ahumada .

La señora AHUMADA (doña Yovana).-

Señor Presidente, como han señalado otros colegas, acá se está hablando del abigeato, una situación que ocurre principalmente en el sur de Chile. Hablamos de familias que han visto vulnerados sus ingresos producto de este grave delito que ocurre con mayor frecuencia en algunas épocas del año, como Fiestas Patrias. Sin embargo, el delito también abarca el resto del país; desde Arica a Magallanes ocurren estas situaciones.

El abigeato también afecta a organizaciones que trabajan con equinos. Hablamos de animales que son utilizados en terapias. Hemos visto cómo la crueldad se manifiesta a pasos de donde estos animales cumplen labores importantes. Por eso es necesario visibilizar esta situación.

Es relevante destacar que la preocupación es transversal y que esto afecta en lo económico a muchas familias vulnerables, pero también el problema se relaciona con familias que acuden a organizaciones. Repito: busco visibilizar esta situación, puesto que se trata de un problema transversal y sumamente importante.

Valoro el proyecto y por supuesto que lo voy a aprobar. Sin embargo, espero que la iniciativa no solo se quede en el papel, sino que realmente se aplique, que haya fiscalización, que se desincentive este tipo de prácticas crueles, no solo en beneficio de las familias, sino también, de los animales que son utilizados para terapia.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, estas mociones son de 2018, es decir, han pasado cinco años para tratar este proyecto de ley en la Cámara de Diputados -todavía falta la tramitación en el Senado-, que aborda una situación tremendamente importante que acontece en los campos, sobre todo en la zona sur del país.

Aquí estamos colocando un remedio cuando ya sucedió el delito. Estamos aumentando las penas a quien comercie o preste los medios para facilitar la comercialización de animales vivos, al que reciba de alguna persona animales vivos, a aquel en cuyo poder se encuentren animales o partes de los mismos, al que beneficie o destruya una especie para apropiarse de toda ella o de alguna de sus partes; sin embargo, hay que actuar antes de que ello suceda.

En La Araucanía funcionan muy bien las juntas de vigilancia rural que, al alero de Carabineros, hacen un trabajo fantástico. En algunas zonas no existen, y en ciertas épocas del año, sobre todo cerca del 18 de septiembre, es cuando más se produce abigeato, sobre todo en los campos más alejados, donde se roba animales y luego se despostan, con lo que dejan sin sustento a los pequeños agricultores. Por lo tanto, llamo al gobierno a fortalecer las juntas de vigilancia rural y el patrullaje en zonas aisladas en momentos en que hay mayor demanda.

Debe haber algo antes de, no después de, como sucede con estos proyectos. Me parece bien aumentar penas, pero ¿creen que a los ladrones les interesan las penas? Muy poco. Sí puede haber protección previa en ciertos lugares, ahora que se puede acceder a tecnología en caminos rurales.

Tenemos que organizar a nuestros campesinos para que cuiden su patrimonio, lo que no significa que ellos les disparen a las personas. Lo que estoy diciendo es que pueden adelantarse y llamar a Carabineros en momentos en que hay personas merodeando.

También es importante capacitar a algunos de ellos para que los animales no queden en potreros muy cercanos a calles y caminos, lo que constituye un peligro para los animales. Creo que hay un tema de educación, pero también las cosas deben hacerse antes.

Espero que el Ministerio de Agricultura tenga presente estos pequeños tips, porque es importante para el pequeño campesino cuidar su patrimonio.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para establecer la obligación de las isapres de informar a la Superintendencia de Salud el aumento del precio de sus planes, correspondiente al boletín N° 15751-11.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Tomás Lagomarsino .

Antecedentes:

-Moción, sesión 6ª de la presente legislatura, en martes 21 de marzo de 2023. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 26ª de la presente legislatura, en lunes 8 de mayo de 2023. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LAGOMARSINO (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara de Diputadas y Diputados, vuestra Comisión de Salud pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción de quien habla, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para establecer la obligación de las isapres de informar a la Superintendencia de Salud el aumento del precio de sus planes.

La idea matriz o fundamental del proyecto es introducir modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, de Salud, que refunde diversas normas reguladoras en materia de salud, con la finalidad de incorporar en el ordenamiento jurídico normativo el proceso que deberá llevarse a cabo para la adecuación anual de la variación y alza de precios de los planes base que aplican las isapres, en concordancia con lo mandatado por los fallos de la Corte Suprema tanto de 2022 como de 2023, y por las circulares emanadas de la Superintendencia de Salud, también de los años mencionados.

Fundamentos del proyecto contenidos en la moción

La moción hace presente que la vigencia de la ley N° 21.350, promulgada en junio de 2021, estableció un tope máximo para el proceso de adecuación de los precios base de los planes de las instituciones de salud previsional, isapres, denominado índice de costos de la salud (ICSA), que debe ser calculado por la Superintendencia de Salud sobre la base de múltiples datos y publicado durante los primeros 10 días de marzo de cada año, indicador que tiene el objeto principal de contener costos.

El objetivo inicial de dicha ley fue resolver las controversias existentes entre los afiliados y las aseguradoras al momento de elevar el costo de los planes por sobre la variación anual de la unidad de fomento, una de las tres aristas de judicialización de las isapres.

Como es conocido, esas diferencias han llevado a que todos los años se presenten cientos de miles de recursos de protección que terminan siendo conocidos por la Corte Suprema, fallados a favor de los afiliados, impidiendo el reajuste del precio de los planes y condenando en costas a las aseguradoras.

Durante el proceso de adecuación de los precios base de los planes de las isapres, el ICSA calculado por la Superintendencia de Salud en 2022 correspondió al 7,6 por ciento, luego de lo cual todas las isapres abiertas (Consalud , Colmena , Cruz Blanca , Vida Tres, Banmédica y Nueva Masvida) comunicaron al regulador que reajustarían sus planes base al tope del alza, es decir, sorprendentemente, al mismo 7,6 por ciento, que era el tope máximo calculado para dicho año, primero que se calculaba. Tal situación condujo a la presentación, nuevamente, de cientos de miles de recursos de protección, que, como es habitual, terminaron en la Corte Suprema.

El 19 de agosto de 2022, se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema que acogió recursos de protección en contra de dichas isapres, mediante el cual se dejó sin efecto el alza en los precios de los planes de salud de todos los afiliados, hubieren o no recurrido por la elevación del costo de los planes. Es decir, la Corte Suprema hizo un fallo de aplicación universal. Además, dicho tribunal dispuso que la Superintendencia de Salud elaborara una circular que instruyera a las isapres lo siguiente:

a. Restituir los cobros realizados a propósito del proceso de adecuación.

b. Permitir a los afiliados que se cambiaron de plan producto del incremento del precio de los planes base volver al plan inicial si lo solicitasen.

c. Recibir a los afiliados que se desafiliaron producto del incremento del precio de los planes base si lo solicitasen.

d. Abrir un nuevo plazo y procedimiento para justificar el alza de los precios de los planes de acuerdo con la ley, mecanismo que conocimos coloquialmente como proceso de verificación.

En dicho fallo se producen dos circunstancias inéditas: primero, se dispone su aplicación a la totalidad de los afiliados y no solo a aquellos que hayan presentado el recurso de protección respectivo; segundo, se ordena a la Superintendencia de Salud iniciar un nuevo proceso de adecuación que permita fundamentar adecuadamente el alza del precio base de los planes.

En cumplimiento de lo anterior, con fecha 6 de septiembre de 2022, la Superintendencia de Salud publicó la circular N° 409, mediante la cual se entregaron las instrucciones para que las isapres dieran cumplimiento al respectivo fallo de la Corte Suprema. En dicha circular se incluyó, asimismo, un mecanismo que fue denominado proceso de verificación, por el cual las isapres debían entregar a la entidad reguladora una serie de datos necesarios para corroborar los cálculos en los que fundamentarían la nueva elevación de los precios de los planes. Es decir, no como había ocurrido en un inicio, que fue ajustar todos los planes al tope máximo.

El 15 de septiembre de 2022, la Superintendencia de Salud terminó el proceso de verificación de los antecedentes, de acuerdo con la fundamentación entregada por las entidades aseguradoras para justificar el porcentaje del alza que cada una de ellas comunicó.

En los casos en que se produjeron diferencias entre lo informado por la isapre y lo verificado por la Superintendencia de Salud, se autorizó a la aseguradora a elevar el precio de los planes en el porcentaje verificado por el órgano fiscalizador, salvo en los casos en que superase el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), es decir, el tope máximo que establecía la ley N° 21.350, que correspondió a 7,6 por ciento el año 2022, tal como se observa en la última columna de la tabla que aparece en el informe.

En ese entendido, como se expone en los fundamentos de la moción, tal procedimiento de verificación podría ser la clave para cerrar finalmente una de las tres aristas de la judicialización en torno al alza de precios de los planes de salud, por lo cual se considera valioso su análisis y eventual incorporación al ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, otros focos de controversia, como los contenidos en el fallo de la Corte Suprema, de 1 de diciembre de 2022 -un proyecto del Ejecutivo sobre la materia se encuentra en tramitación en el Senado-, o el que se espera en torno al alza de la prima GES, que todavía no conocemos, deberían ser analizados por separado al procedimiento antes pormenorizado.

Asimismo, se indica que esta iniciativa legal es presentada en medio del proceso de adecuación de precios de los planes base de 2023 -el año en curso-, que fue iniciado mediante la publicación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), que correspondió a 2,6 por ciento este año, por la Superintendencia de Salud. Con posterioridad a esa publicación, las isapres deben comunicar al ente regulador su decisión de elevar los precios base de los planes, con la consiguiente incertidumbre sobre si posterior a ello se aplicará el procedimiento de verificación, sea porque lo ordene un nuevo fallo de la Corte Suprema o porque lo instruya la Superintendencia de Salud, replicando lo dispuesto en 2022. Para evitar esa situación de incertidumbre -se señala en la mociónse presentó este proyecto de ley con la finalidad de regular claramente el mecanismo, sin que se requiera un nuevo pronunciamiento del máximo órgano jurisdiccional del país.

En conclusión, se manifiesta que se busca incorporar en la ley el referido proceso de verificación instruido por la Corte Suprema e implementado por la Superintendencia de Salud, para evitar la incerteza actual. Su aprobación podría empezar a dibujar la forma de enfrentar la crisis financiera y político-sanitaria de las aseguradoras privadas, desde una perspectiva de política pública, y evitar las consecuencias que pudiera traer la insolvencia o eventual quiebra de una o más de ellas.

Estructura del proyecto

La moción original está constituida por un artículo único permanente, que propone i ncorporar un artículo nuevo en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2 005, del Ministerio de Salud.

El texto propuesto por la comisión, que también consta de un artículo único, fue cambiado, puesto que se incorporan modificaciones en el artículo 198 vigente del mencionado cuerpo legal.

Personas escuchadas en la comisión

Para conocer la opinión referida al proyecto, se escuchó al Superintendente de Salud, señor Víctor Torres Jeldes , y al presidente de la Asociación de Isapres, señor Gonzalo Simón Bustos .

Discusión en el seno de la comisión

En general, los diputados coincidieron en que el proyecto de ley viene a dar eventual solución por el momento a un problema que incide y afecta tanto a las instituciones que entregan y administran el financiamiento de la salud privada, como a los afiliados a dichas instituciones. Ello, por cuanto se tiende a dar cierta certeza en el actuar de las mismas, en cuanto a la posibilidad o no de subir los precios base de los planes de salud, en la medida en que se cumplan o no ciertas condiciones que establece la ley y bajo los procedimientos, plazos y condiciones que esta iniciativa legal propone.

Todos los integrantes de la Comisión de Salud coincidieron en que se trata de establecer en una norma legal el procedimiento que mandató fijar un fallo de la Corte Suprema a la Superintendencia de Salud, con la finalidad de fijar criterios claros e indicadores precisos que permitan visualizar la corrección de los reajustes y alzas en los precios de los planes de salud, a través de una política pública clara y robusta incorporada en la ley y no solo en un fallo de la Corte Suprema.

En general, se coincide en que, si bien no pone punto final y no otorga solución definitiva al problema que en estos momentos aqueja a la salud, al menos fija límites y parámetros a los cuales deben someterse las isapres, mediante normativa que propone el ente fiscalizador.

Votación general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos generales tenidos en consideración en la moción, luego de intercambiar opiniones entre los diputados y diputadas presentes, que les permitió a sus integrantes formarse una idea de la conveniencia o inconveniencia de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los miembros presentes (12 votos a favor).

Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: Eric Aedo , Danisa Astudillo, Marta Bravo , Karol Cariola , Andrés Celis , María Luisa Cordero , Carolina Tello (en reemplazo de la diputada Ana María Gazmuri) , Daniel Lilayu , Helia Molina , Hernán Palma , Agustín Romero y quien habla, Tomás Lagomarsino , demostrando la transversalidad del planteamiento propuesto en esta iniciativa legal.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, la judicialización del sistema privado de salud ha jugado un rol importante en la crisis en que se encuentran sumidas las isapres y que, por distintas razones, afecta también al sistema público de salud, que se encuentra absolutamente colapsado en todo Chile y que también requiere con urgencia medidas concretas para entregar una salud digna a nuestros vecinos.

Con la finalidad de poner fin a una de las aristas de judicialización en el sistema privado de salud, en relación con el reajuste de los precios base, el año 2021 se dictó la ley N° 21.350, que crea el Indicador Referencial de Costos de la Salud (IRCSA), buscando dar objetividad a los elementos que se tienen a la vista al reajustar el precio base. Al restar arbitrariedad al reajuste, se buscaba poner fin a esta fuente de judicialización. Sin embargo, la mayoría de las isapres abiertas reajustaron sus precios base al máximo fijado, lo que motivó la presentación de un nuevo recurso de protección, el que fue resuelto posteriormente por la Corte Suprema en los términos ya indicados en el apartado “Antecedentes” del proyecto.

En cumplimiento de lo ordenado por el fallo, la Superintendencia de Salud inició un proceso de verificación de cada isapre, de manera tal que pudiera determinarse el porcentaje máximo de reajuste que corresponde a cada una, según los elementos utilizados para la construcción del indicador.

En consecuencia, el proyecto de ley viene a hacerse cargo del problema de judicialización que se produjo, a pesar de la implementación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), resolviendo que, de cumplirse con los parámetros establecidos en la ley, el reajuste de precios base se entenderá justificado para todos los efectos legales.

Por supuesto, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Javiera Morales .

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señor Presidente, han pasado 240 días desde que la Corte Suprema resolvió que las isapres cobraron en exceso a sus afiliados durante años.

¿Por qué? Porque por más de una década aplicaron de forma discriminatoria la tabla de factores, ya declarada inconstitucional en 2009, cobrando más a las mujeres en edad fértil, a los menores de dos años, a los adultos mayores y, aunque suene paradójico, a los enfermos y las enfermas.

En los hechos, las isapres castigan a quienes más prestaciones necesitan: a las mujeres, por quedar embarazadas; a quienes tienen una enfermedad preexistente; a los niños y a las niñas en sus primeros años de vida, y a las personas mayores, cobrándoles dos o tres veces más que al resto.

Chile tiene hoy un sistema perverso, que lo que menos hace es asegurar el derecho a la salud, mientras llena los bolsillos a los dueños de las isapres.

Este gobierno presentó un proyecto de ley para que las isapres devuelvan toda esa plata en un plazo prudente, de forma tal que las clínicas y los centros médicos privados sigan funcionando, porque no somos irresponsables y tenemos claro que requerimos del esfuerzo público-privado para satisfacer las necesidades de salud. Pero la respuesta, tanto de la oposición como de las propias isapres, ha sido muy coordinada: una campaña del terror. En el Senado presentaron un proyecto para revertir el fallo y otorgarles un perdonazo. Nos amenazan diciendo que en septiembre quebrarían todas las isapres, y, ahora último, el Partido Republicano presentó enmiendas en el Consejo Constitucional para asegurarles el negocio a las isapres en la nueva Constitución.

Por eso, apoyamos este proyecto, porque Chile no puede seguir teniendo un sistema de salud al que acceda solo quien tiene la plata para acudir a la justicia y exigir el precio que corresponde.

Establecer criterios para definir el alza de los planes y que sean informados de manera adecuada es un mínimo para cualquier sistema transparente que tenga en el centro la calidad de vida de las personas.

Nuestro compromiso es que la salud no siga dependiendo del tamaño de cada bolsillo. No podemos continuar con un sistema que lucra con quienes más lo necesitan. Es un mínimo ético avanzar hacia un sistema en el que la salud sea un derecho sin exclusiones y que, tal como lo hemos hecho en el sistema público, en el que hemos reducido las listas de espera y avanzado en el copago cero, caminemos hacia una cooperación público-privada, que permita atender y cuidar a todas y todos, con dignidad y respeto.

He dicho.