Labor Parlamentaria

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 103ª de la presente legislatura, en miércoles 15 de noviembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que presentamos transversalmente con otros parlamentarios y parlamentarias, dice relación con un tema muy sentido: la percepción de inseguridad. Incluso, podemos contextualizarlo en lo que sucedió hace pocos días. Ayer o anteayer dos o más personas con armas de fuego cometieron un hecho que reviste el carácter de delito. Esas personas no fueron detenidas ni sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva.

Este proyecto de ley, que fue aprobado por la unanimidad de las diputadas y los diputados de este hemiciclo, que establece que es un peligro real para la seguridad de la sociedad la comisión de un delito utilizando armas de fuego, en grupo o pandilla, es una señal nítida, clara y contundente de la lucha contra la impunidad y la percepción de inseguridad que hoy existe en nuestro país.

Este proyecto, que es de mi autoría, en conjunto con otros diputados y diputadas, lo presentamos a fines de mayo del año pasado. En su oportunidad, fue aprobado en el Senado con algunas modificaciones, y hoy viene con discusión inmediata a esta Corporación.

Le pido al hemiciclo que lo aprobemos, porque estaremos dando una señal clara y concreta de que nuestro trabajo está enfocado en terminar con la percepción de inseguridad, respondiendo así a la prioridad número uno de las chilenas y los chilenos: prisión preventiva para quienes usen armas de fuego o actúen en grupo o pandilla en la comisión de delitos, sean chilenos o extranjeros.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, la aplicación de la prisión preventiva ha sido objeto de controversia durante más de 20 años, desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que estableció como norma general mantener la libertad de las personas hasta que sean efectivamente condenadas.

Las condiciones que el actual código contempla para la prisión preventiva no reflejan de manera adecuada la realidad ni la gravedad de los delitos cometidos por antisociales, grupos organizados y bandas criminales. Por ello, es relevante incluir la gravedad del hecho como uno de los criterios para determinar la procedencia de la prisión preventiva.

Hemos visto casos reiterados de individuos que, al cometer delitos graves, quedan en libertad, porque el juez no los considera un peligro inminente para la víctima o la sociedad; no ve el peligro de fuga o cree que su libertad no afectará el resultado del procedimiento o la sentencia. Esta discrecionalidad a menudo termina en que los antisociales que cometen delitos graves sigan en las calles, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de nuestros vecinos, amigos y familiares.

Respecto de la modificación propuesta por el Senado, en cuanto a mantener las referencias a grupos o pandillas y agregar a las organizaciones o asociaciones delictivas, son especialmente relevantes en estos tiempos en que el crimen organizado ha proliferado en nuestro país. Asimismo, celebro que el texto propuesto por el Senado no distinga si el delito se cometió con armas inscritas o no, toda vez que la comisión de un delito es de por sí reprochable, independientemente del estatus del arma.

Apoyaré las modificaciones del Senado, porque considero que van en la dirección correcta, para justificar la prisión preventiva en función del peligro que representan para la sociedad los graves delitos que estamos presenciando en todo nuestro país.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señor Presidente, está claro que voy a estar de acuerdo con este proyecto, pero lo que me preocupa de las modificaciones es lo que viene después.

Cuando se sanciona este tipo de delitos, sobre todo con armas de fuego, uno se pregunta cómo llegamos al estándar mínimo para buscar esa condena que tanto perseguimos. Y atendiendo a lo que muchas veces se dice sobre esta legislación popular penal, creo que tenemos que enfocarnos también en un tema no menor, cual es la capacitación y la falta de recursos para perseguir los delitos con armas de fuego, toda vez que los sistemas policiales, el Labocar de Carabineros de Chile y el Lacrim de la PDI, no tienen el personal suficiente para perseguir este tipo de delitos o realizar pesquisas en materia pericial. Es el caso de la Región del Maule, donde hay un solo perito, que es armero, para el tema de carácter balístico.

Por otra parte, dentro de lo mismo, cuando se sigue la investigación penal, hay otra temática que es la defensoría de las víctimas, de la que muchos han hablado. Y cuando hablamos de la defensoría de las víctimas, atendemos y entendemos que son abogados los que van a generar las acciones para que el fiscal, que tiene la potestad de investigar y de decretar diligencias, acelere o no los procesos.

Más allá de la buena iniciativa de este proyecto de ley, que apoyaré, creo que todavía estamos al debe con aquellas instituciones de carácter técnico-científico de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, que en sus trabajos están enfocados en alcanzar el estándar mínimo que exige la reforma procesal penal como medio de prueba, de manera que el Ministerio Público o los querellantes puedan llegar a condenas ejemplares para que este país sea un poco más seguro.

Creo que esto es un complemento, pero aún falta más para dar y brindar ese discurso que siempre hemos sostenido de pretender ser un país más seguro.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, la semana pasada vimos por redes sociales cómo un grupo de jóvenes extranjeros amenazaba a guardias municipales. Los guardias municipales no tienen armamento; están destinados fundamentalmente al orden, pero no tienen armamento. Esos jóvenes sacaron armas y si no hubiese sido por la intervención de los vecinos, las habrían ocupado, como lo han hecho en otras oportunidades, como lo han hecho contra carabineros y personas de civil, tal como ocurre permanentemente en las poblaciones. Todos los días tenemos a jóvenes y adultos que utilizan armas de fuego en forma indiscriminada.

¿Y qué pasó con los jóvenes en cuestión? Quedaron de inmediato en libertad, lo cual es impresentable.

Por tanto, este proyecto de ley va en esa dirección, como lo dijo el diputado Leiva , porque no podemos seguir permitiendo que las armas estén en manos de las personas y no les pase nada.

Por otro lado, las armas llegan por alguna parte. ¿Por dónde están ingresando? O sea, no hay control. Entonces, se suma este otro problema. Hoy tenemos muchas armas circulando, y esto no pasa por las que se compran legalmente, en armerías, sin perjuicio de que, aun así, algunos digan que no es bueno tener armas, porque se las pueden robar. En verdad el número de esas armas es mínimo.

Lo cierto es que las armas están llegando desde afuera; las ingresan por los pasos fronterizos, en fin, o por alguna otra parte. Por eso planteamos la creación de la policía militar de frontera, que no es más que una institucionalidad nueva para controlar de verdad nuestras fronteras, pero con inteligencia. Hoy, por ejemplo, por ley los militares no pueden hacer inteligencia al interior del país.

Entonces, este proyecto va en la línea de avanzar. Nos falta mucho -¡por Dios que nos falta mucho!-, porque tenemos una catástrofe en materia de seguridad. Por eso, con el presente proyecto les dejaremos claro a los jueces que no pueden dejar libres a personas como las que vimos el otro día, aunque sean menores, que amenazan a la gente con armas de fuego.

Por tanto, independientemente de la aprobación de este proyecto, hay que determinar el origen de las armas, ver por dónde están entrando, pero también tenemos que darles una clara señal a los jueces de que no pueden dejar en libertad a jóvenes que amenazan con disparar y matar a guardias municipales.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto entregar herramientas al juez de garantía para interpretar cuándo estamos frente a un sujeto que es un peligro para la sociedad y, por lo tanto, considerar criterios que hagan de esta medida una cuestión más objetiva al decretar la prisión preventiva. No busca ampliar la prisión preventiva, cuestión con la que no podría estar de acuerdo, considerando que se trata de una medida que solo debiera usarse excepcionalmente, guiados por el principio de inocencia como parte del derecho a un debido proceso.

Sin embargo, y considerando la situación de crisis de seguridad, introducir el criterio de uso de armas de fuego en la comisión del delito y el hecho de que el delito se comete en el marco de una agrupación o asociación permite poner acento en el tipo de criminalidad que estamos viviendo. Hemos puesto poco acento aún en la letalidad del uso de armas de fuego; incluso, se ha llegado al uso de granadas, como lo vimos hace pocos días en las calles de Santiago.

El aumento de los delitos violentos y de los homicidios está asociado fundamentalmente al aumento del uso de armas de fuego en el marco de las acciones del crimen organizado y de las bandas criminales, dentro de lo cual, por cierto, se incluye el uso de artefactos explosivos. Por ello, es deber del Parlamento contribuir al control y fiscalización de las armas y al progresivo desarme, fortaleciendo las medidas institucionales que van en ese sentido y reforzando a nuestras policías, únicas instituciones autorizadas para su uso en el combate al crimen.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo a este proyecto de ley, que propone la modificación del artículo 140 del Código Procesal Penal. En este sentido, nuestro apoyo es expresión de un compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad.

Los datos proporcionados por el Centro de Estudios y Análisis del Delito nos alertan sobre la creciente incidencia de infracciones a la ley de armas, con más de 14.000 casos a nivel nacional el año 2022 y más de 8.000 en lo que va de este año.

No podemos subestimar la necesidad de ajustar nuestra legislación para enfrentar estos desafíos. Hay quienes creen que armando a la sociedad civil vamos a solucionar el problema. El problema se soluciona sacando las armas de las calles.

En nuestra Región de O’Higgins sabemos muy bien de esta realidad, pues las cifras en nuestro territorio son muy significativas: 486 infracciones el año pasado y 310 en lo que va de este año.

Estamos lidiando con desafíos serios relacionados con el uso de armas y la pertenencia a organizaciones criminales. Hace unos días vimos todos, con horror, en medios de comunicación el secuestro de un empresario en el sector de La Gonzalina, en Rancagua. Este hecho subraya la urgencia de fortalecer medidas que aborden eficazmente la seguridad en mi región y en el resto del país, y refuerza la necesidad de apoyar iniciativas como esta, que modifica el artículo 140 del Código Procesal Penal, para abordar de manera integral los desafíos que enfrentamos como sociedad y entregar más herramientas a los jueces para que puedan decretar la prisión preventiva.

Es imperativo que seamos firmes y claros en nuestra postura. Necesitamos seguir la ruta del tráfico de armas para atacar la raíz de esta problemática. De otra forma no entendemos el hecho de que haya llegado una granada a las calles de Santiago.

La cantidad de armas que circula en nuestro país es un factor determinante y debemos abordar este aspecto con la seriedad que merece.

Mi voto a favor del proyecto es una respuesta a la urgencia de enfrentar estos problemas de manera efectiva. No es solo un respaldo a la modificación legal, es un respaldo a la seguridad de nuestra sociedad y a la calidad de vida de quienes representamos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señora SANTIBÁÑEZ (doña Marisela).-

Señor Presidente, por supuesto que hay que aprobar este proyecto. En principio, estamos de acuerdo tanto con la necesidad de resguardar la investigación como con la afirmación de que todos los delitos cometidos por bandas delictuales o bien con el uso de armas de fuego ilegales revisten una particular gravedad. Eso lo tenemos claro. Por ello, aprobaremos las enmiendas o mejoras que se introdujeron al proyecto en el Senado.

No podemos olvidar las imágenes que hace pocos días vimos en Quinta Normal, donde delincuentes, lamentablemente extranjeros, provocaron el terror; no lo puedo decir de otra manera. Así lo veíamos junto con la diputada del distrito, Karol Cariola , con la preocupación de que hubiera niños presentes. Sin embargo, al otro día la ciudadanía pudo ver cómo esos delincuentes quedaron en libertad porque las armas que usaron eran de fogueo, es decir, no eran reales. Pero el terror ya está sembrado. Ahora, la actitud de la gente respecto de salir a la calle ya no es la misma que tenía a diario en ese distrito, menos en Quinta Normal, una comuna tan querida.

Por otro lado, al igual como en todos los puntos por plantear, nos parecen preocupantes, sin duda, las posibles consecuencias de esta iniciativa en el sistema jurídico penal, teniendo en consideración su estado actual. Nos preocupa, porque provocará una recarga aún mayor a la ya existente en el saturado sistema penal. Eso es algo que nos debe preocupar.

Fui parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana -lo pueden confirmar los diputados que hoy están en ella, como la compañera Alejandra Placenciadurante el periodo anterior, en el cual el uso de armas fue un tema en este Congreso Nacional, fue un tema de discusión, pues se defendía a los deportistas o a los coleccionistas de armas. Hoy, ¿qué hacemos frente a eso? Hoy, ¿qué hacemos de manera seria y de manera real frente a la posesión de armas que se da en nuestro país?

Una diputada que me antecedió en el uso de la palabra mencionó el uso de granadas. Les recuerdo que salió en las noticias que había agentes policiales e, incluso, exintegrantes de las Fuerzas Armadas que habían estado involucrados en tráfico y en venta ilícita de armas. Ese es un tema no menor, porque si empezamos a decir que no sabemos de dónde aparecen las armas, que no sabemos de dónde vienen las armas, que no sabemos de dónde apareció una granada, estamos también siendo absolutamente irresponsables, porque los datos están.

Por ello, anuncio, en nombre de mi bancada, que vamos a apoyar esta moción. He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, termina ya la larga tramitación de un proyecto importante que, si bien es específico, claramente constituye un tremendo avance en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia que hoy se han tomado nuestras calles en todo el país.

Ver cómo día a día actúan organizaciones criminales, a cuyos integrantes pareciera que el ser detenidos no les provoca ningún temor, porque saben que al día siguiente saldrán a la calle, ha generado que desde el Congreso Nacional se realice una serie de modificaciones a las normas relativas a la prisión preventiva, a los beneficios penitenciarios, a la libertad condicional, etcétera. Hoy, las modificaciones que nos entrega el Senado son un tremendo aporte al proyecto de ley para dificultar algo que la ciudadanía ve a diario. Porque cuando señalamos que vamos disminuyendo los índices de delincuencia, porque así nos lo indican las cifras, pero también vemos cómo la sensación de inseguridad pública cada día se incrementa más y la ciudadanía se siente cada vez más insegura, y conocemos noticias sobre hechos como el ocurrido la semana pasada, en que delincuentes atacaron a guardias en Quinta Normal, pero al día siguiente salieron en libertad, lo cierto es que tenemos un problema. El problema es que no estamos entendiendo lo que la ciudadanía siente, y con tecnicismos y con discursos muchas veces garantistas le damos la espalda a la ciudadanía, a la que nosotros debemos cuidar y proteger.

Este proyecto establece, en definitiva, al final y con las indicaciones que introdujo el Senado, requisitos mucho más estrictos para la aplicación de la prisión preventiva, restringiendo la libertad que tienen los jueces de garantía para generarla. Se establecen –reitero- requisitos mucho más estrictos.

El tema de la gravedad del hecho, el tema de formar parte de una organización o una asociación criminal, el tema del uso de armas de fuego o de las establecidas en la ley N° 17.798, subametralladoras, gases, etcétera, y el tema de si el delincuente en los últimos dos años ha sido objeto de algún tipo de medida cautelar personal, les debe dejar claro a los delincuentes que no obtendrán la libertad condicional y que se les impondrá la prisión preventiva.

¿Esto abre otros problemas graves? Sí, abre otros problemas graves. La situación carcelaria es un tema que también tenemos que enfrentar con urgencia. Pero la aprobación de esta iniciativa será una tremenda noticia para la ciudadanía y, en particular, un tremendo mensaje para los delincuentes: desde este Congreso Nacional les daremos una lucha frontal y dura, para proteger a los ciudadanos de nuestro país, para que no siga existiendo inseguridad y para que aquellos que se sientan inseguros no sean los chilenos, sino que sean los delincuentes.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto establece, dentro de los elementos que debe considerar el juez de garantía para decretar la medida de prisión preventiva, la gravedad del hecho y la pertenencia a una organización criminal.

Es absolutamente necesario que nuestra legislación penal se fortalezca de tal manera que sea posible enfrentar la crisis de inseguridad que estamos viviendo como país, especialmente por la llegada de organizaciones criminales internacionales altamente peligrosas.

El uso de armas ilegales y la pertenencia a una organización criminal son dos importantes factores de riesgo que ameritan que los tribunales de justicia decreten la medida cautelar de prisión preventiva durante el transcurso de la investigación. Por eso es indispensable que nuestro ordenamiento jurídico incorpore estos criterios.

Valoro las modificaciones que fueron incluidas al proyecto en el Senado, pues con ellas se facilita el cumplimiento del objetivo de este proyecto de ley, y, además, se incorpora el incumplimiento reiterado de las medidas cautelares como causal para que se decrete la prisión preventiva.

Voy a votar a favor lo que propone el Senado, pues me parece que esta iniciativa es esencial en estos tiempos violentos que estamos enfrentando.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señor Presidente, la lucha contra el crimen organizado y los delitos que hemos visto en esta última década, y con mayor presencia en estos últimos cinco años, nos da cuenta de que nos enfrentamos a formas de delitos y de criminalidad nuevos, que generan una agresividad permanente y una crueldad inusitada que hemos visto en las calles de nuestro país.

Este proyecto viene a llenar un vacío legal, porque cuando la gente ve en las noticias que dejan libres a delincuentes no lo entiende. Es inentendible que en esta crisis de seguridad todavía exista esa permisividad.

Este proyecto elimina la discrecionalidad del juez, tal como lo dijo el diputado Leiva , ya que no quedará al arbitrio del juez de garantía dejar o no a los delincuentes en prisión preventiva, pues la norma propuesta mandata que los que hagan uso de armas de fuego queden en prisión preventiva, porque son un peligro para la sociedad.

Hemos visto que los homicidios han aumentado peligrosamente en estos últimos tiempos, los cuales, además, han quedado sin resolver. Esta es la lucha que tenemos que dar diariamente.

Valoramos lo que ha hecho el gobierno en cuanto a dotar de mayor capacidad a las policías, de hacer lo que es necesario para contar con más policías disponibles, de efectuar una coordinación más inteligente y más eficaz entre las policías, etcétera, y lo que ha hecho también el Congreso Nacional en materia legislativa. Por eso, no debemos bajar los brazos; debemos seguir en esta línea, rellenando estos vacíos legislativos y endureciendo la mirada frente a la criminalidad.

Tanto en el norte como en el sur de nuestro país hay comunas que generalmente gozaban de tranquilidad en materia de seguridad, pero que hoy se han visto tremendamente violentadas por el aumento de los delitos. En la Región de O'Higgins se han incrementado los delitos provocados por el crimen organizado. Así lo hemos visto en comunas como Graneros, desde la cual cada fin de semana nos envían videos con lo que está pasando en las villas, en las poblaciones. Esto es lo que debemos detener.

No podemos permitir la instauración de una moda siniestra o la instalación de la cultura narco, que hace uso de armas de fuego y que perpetra determinados tipos de delitos a diestra y siniestra. Esto es lo que debemos eliminar, porque el crimen organizado y el narcotráfico no solo afectan a las familias, a las personas, sino que corrompen a los países.

Por lo tanto, agradezco este proyecto, y por supuesto votaré a favor. He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Pino .

El señor PINO.-

Señor Presidente, primero, quiero saludar a los jóvenes que nos acompañan desde nuestra comuna de Salamanca. Sean bienvenidos a este hemiciclo.

Estamos tratando un tema muy importante, respecto del cual, como ya hemos visto, se espera que a través de la modificación que se establece al Código Penal podamos poner en prisión preventiva a todos los que porten armas o a los que pertenezcan a una organización criminal.

En primer lugar, se debe determinar quiénes son estos individuos, que es la tarea que hoy está pendiente, para ser preventivos y no reactivos, como lo que usualmente ha ocurrido en estos últimos dos años.

Hemos reaccionado ante diferentes eventos, como ante los secuestros y los portonazos, pero lo hemos hecho ahora, tardíamente.

Me iré a mayo de 2023, con la siguiente nota: “Carabineros identificó a la víctima cuyo cuerpo fue desmembrado y esparcido en Santiago”. Domingo 28 de mayo de 2023. Pensamos que era un hecho aislado, que no volvería a suceder, pero nos encontramos con otra noticia como esta, que dice lo siguiente: “Descuartizado de la bahía porteña estaría identificado por la PDI”. Durante cuatro días en la Región de Coquimbo, donde están las comunas que represento, aparecieron en las playas de la conurbación Serena-Coquimbo, en diez lugares distintos, partes de un cuerpo humano. Se partió con una cabeza, y luego, en el transcurso de los días, fueron apareciendo diferentes otras partes de un cuerpo, lo que nos señala, lamentablemente, que estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia, contra el crimen organizado que viene desde fuera de nuestro país.

Nuestras fronteras continúan abiertas; tenemos una inmigración descontrolada, en la que, lamentablemente, no se separa el trigo, que sería la gente buena, de la cizaña, que sería la gente mala; están entrando todos por igual.

Necesitamos que se ponga un freno verdadero a este problema. Asimismo, necesitamos cerrar la puerta por dentro, con un cerrojo fuerte y potente, para que todo el que quiera venir a hacer daño a Chile sepa que aquí, en nuestra casa, no tiene lugar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, en una sociedad donde aumentan las necesidades básicas, como el trabajo, la educación, la vivienda, las oportunidades, aumenta automáticamente la delincuencia. La historia lo demuestra.

Por eso pienso que, a veces, para combatir la delincuencia no solo se requiere fortalecer a nuestras policías, lo que obviamente es necesario, sino que el mundo político y el poder político también deben crear oportunidades para los jóvenes, para los trabajadores y las trabajadoras.

Por otro lado, existen entidades públicas, como las Fuerzas Armadas y la propia policía chilena, a las que no sé cómo se les pierden o les roban armas de guerra, y sus propios regimientos son asaltados. Hace un tiempo, acá en Valparaíso, apareció una persona con seis u ocho armas. Entre estas, un revólver pertenecía a Carabineros de la Región de Aysén. O sea, algo está pasando acá. Creo que los aparatos de inteligencia no están cumpliendo con su función. Como alguien dijo recién, los aparatos de inteligencia no son para reprimir, como sucedió en una época, sino para prevenir. Allí tenemos una falla bastante importante para combatir la delincuencia en todas sus expresiones.

Por otro lado, me asalta una duda sobre este proyecto, sin perjuicio de que voy a votar a favor las modificaciones del Senado. Respecto de todo proyecto de ley, una vez que se aprueba como ley permanente, se debe confeccionar un reglamento, que debe contener el espíritu de ese cuerpo legal. Pero acá ha pasado que en el caso de muchas iniciativas en que se ha confeccionado el reglamento de funcionamiento respectivo este no contiene el espíritu de la ley respectiva. Debemos buscar la fórmula para que en la confección de reglamentos de leyes permanentes participe también la Cámara de Diputados. Si no es un diputado, por lo menos que participen funcionarios capacitados de esta Corporación, para que el reglamento de esa ley lleve el espíritu de lo que se está buscando.

Hay casos concretos, pero no los voy a nombrar ahora, en los que el reglamento de funcionamiento de la ley no está ni cerca de lo que hemos discutido y de lo que pretendíamos hacer a través de la respectiva ley.

Votaré a favor, y espero que este proyecto funcione para combatir la delincuencia.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, no nos perdamos: aquí hay que actuar rápido y firme. Quien esté armado en nuestras calles, robándonos la tranquilidad, no se la puede llevar gratis.

Terminemos con esa impunidad para quienes se creen dueños de nuestras calles y de nuestras poblaciones. Por eso, esta iniciativa de ley tiene una razón de ser: no queremos que, mientras dure la investigación, los jueces dejen en libertad a quienes amenacen, roben o maten con un arma de fuego o pertenezcan a una organización criminal. Una sociedad con una alta presencia de armas es también una sociedad con presencia de la muerte, y no queremos que esa cultura de la muerte se tome nuestro país.

Pero ¿qué hace en concreto este proyecto? Modifica el artículo 140 del Código Procesal Penal, que es precisamente donde están los requisitos para ordenar la prisión preventiva por parte de los jueces de garantía. Y agrega tres cosas que son importantes para hacer más difícil que estos delincuentes queden en libertad: una, cuando el imputado hubiere actuado haciendo uso de arma de fuego o de las armas señaladas en el artículo 3 de la ley N° 17.798, es decir, otras armas de mayor peligrosidad; dos, haber actuado formando parte de una organización u asociación, y tres -esto lo agregó el Senado-, cuando hay reincidencia en los últimos dos años.

Entonces, desde el Partido Liberal, por supuesto que votaremos a favor esta iniciativa. Aprovecho de agradecer al diputado Raúl Leiva , quien me invitó a ser parte de este proyecto que él ha liderado durante un buen tiempo, desde antes de que estallara esta ola de descontrol de armas en nuestras calles.

Reitero que votaremos favorablemente esta iniciativa, debido a la sensación de impunidad que hoy existe. En este sentido, miremos lo que está pasando en otras latitudes. Esta semana, Pedro Sánchez , quien acaba de asumir nuevamente como Presidente del Gobierno de España, dijo una frase que, creo, tenemos que imprimir: “O la democracia proporciona seguridad, o la inseguridad va a matar la democracia”. Pienso que estamos exactamente frente a ese tipo de amenazas.

Por lo tanto, desde los sectores progresistas debemos hacernos cargo con decisión de ofrecer seguridad y orden.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, este proyecto se hace cargo de algunos temas fundamentales cuando hablamos de seguridad -varios ya lo han mencionado-, pero en particular por el aumento de los delitos violentos con arma de fuego.

Primero, es importante señalar que fija con claridad y precisión la aplicación de la prisión preventiva, estableciendo que esta cautelar debe ser utilizada cuando la libertad del imputado sea peligrosa para la víctima o para la sociedad, pero también por la gravedad del hecho que se investiga, lo que no siempre se cumple, pero en este caso es una necesidad para la protección de la ciudadanía.

Segundo, considera particularmente grave cuando el imputado actúa con un arma de fuego, haciéndose cargo del crecimiento de homicidios con este tipo de armas.

Tercero, establece como un criterio de peligrosidad que el imputado haya actuado como parte de una organización delictiva, entendiendo que los nuevos tipos de criminalidad exigen actualizar la legislación vigente.

Cuando hablamos de crisis de seguridad, estamos señalando el alza en este tipo de fenómenos, el aumento en el uso de armas de fuego y la irrupción del crimen organizado. La institucionalidad debe tomar todas las medidas tendientes a sacar las armas de las calles y a destinar trabajo y recursos para mejorar las labores de persecución e investigación de bandas criminales. En ese sentido, nuestro gobierno ha ido avanzando y hoy ya tenemos algunos resultados que observar.

Eso sí, me parece importante que se precise el uso que se hace de la prisión preventiva. Hoy, una de cada tres personas que están en la cárcel se encuentran bajo esta medida cautelar, algunas de ellas por años. Según los datos de Gendarmería, el 34 por ciento de ellas son condenadas a una pena sustitutiva, es decir, no son sentenciadas a penas privativas de libertad una vez que termina su juicio.

Por eso este proyecto es importante, porque aporta en esa distinción sobre quiénes deben estar en prisión preventiva y quiénes no. En ese sentido, se trata de un avance.

Aprovecho la oportunidad para solicitar al gobierno que ingrese pronto el proyecto de ley anunciado por el subsecretario de Justicia, que crea la medida cautelar intermedia de monitoreo telemático.

La pena de cárcel debe ser acorde al delito que se comete y no para condenar sospechosos. Debemos evitar el contagio criminógeno, para impedir justamente que personas con bajo compromiso delictual aprendan de los avezados mientras esperan una condena.

La seguridad es un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar para todos y todas, sin distinción. Así, con este proyecto creo que avanzamos y hacemos un aporte desde el Poder Legislativo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro presente.

Las encuestas nos dicen que la principal necesidad de la ciudadanía es la seguridad. La sensación ciudadana es que la delincuencia está desatada en Chile: sicariatos, secuestros, crimen organizado, organizaciones criminales.

Todos los días vemos en las noticias personas muertas, acribilladas en las calles, baleadas, que se usan granadas, etcétera. A modo de ejemplo, menciono que se encontró la cabeza de una persona en una playa en Coquimbo. Esa es la realidad de hoy en Chile.

¿Y qué ocurre cuando las personas de bien se sienten inseguras? Esas personas terminan perdiendo libertad. Hoy, la delincuencia le gana a la seguridad de Chile y, con ello, al derecho de las personas a emprender, a transitar, a soñar, a vivir y a ser felices.

Pero ¿qué nos responde la ministra Tohá ? “Nosotros en Chile no tenemos una situación desbordada”. Y también nos dicen que Chile es el país más seguro de la región.

Hay un dicho popular que le queda muy bien a esa frase: mal de muchos, consuelo de tontos. Qué manera de faltarle a este gobierno conexión con las necesidades de los chilenos y qué duro es escucharlo tan lejos de lo que hoy es más urgente.

Acá vemos un proyecto que nace de la iniciativa legislativa de los parlamentarios y que es fruto de una discusión democrática, en que con indicaciones, debates, escuchando expertos se construye una ley que viene a contribuir en el debate contra la delincuencia, estableciendo siempre la prisión preventiva cuando el imputado sea parte de una organización criminal, cuando actúe usando armas de fuego o cuando sea un delincuente que reiteradamente ha sido objeto de medidas cautelares, la tan conocida puerta giratoria.

Para ello no se necesitó de mesas de seguridad o de mesas como a las que permanentemente llama el gobierno, sino de voluntad, de un debate serio y responsable en la Comisión de Seguridad Ciudadana, a quienes felicito por cómo están trabajando, así como también del aporte de diputados y senadores. Aquí se necesitó avanzar desde dentro de la institucionalidad.

Basta de invitaciones a mesas decorativas, sin voluntad y con el ánimo de distraer a la opinión pública. Yo fui parte de la mesa de seguridad y vi cómo no se avanzaba, cómo no se quería avanzar en usurpaciones, en la “ley Nain-Retamal”, cómo no se avanzaba acá, y resulta que desde que nos salimos de esa mesa decorativa sí hemos logrado sacar adelante las leyes.

Basta de apuntar al gobierno anterior; empiecen a hacerse cargo de gobernar, porque cuando nos invitan, pero nos tratan pésimo por la prensa, hay poca voluntad de contribuir.

Acá se hacen las leyes y aquí estamos dando la lucha a los delincuentes en Chile. He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, en primer lugar, lamento que el diputado Vlado Mirosevic no esté ahora en la Sala, pero citar a Pedro Sánchez como referente de seguridad y democracia creo que es, definitivamente, no conocerlo.

Ahora bien, creo que este proyecto avanza en la dirección correcta. Obviamente, lo vamos a respaldar, pues se trata de una medida que se ajusta a la realidad y, en ese sentido, no hago ninguna observación.

Es de toda lógica que vamos a respaldar el que se permita o se facilite la prisión preventiva a quienes porten ilegalmente armamento o lo utilicen para cometer delito, o que pertenezcan a una organización criminal o que tengan reiteradas medidas cautelares en su contra, que finalmente es la puerta giratoria. Sin embargo, creo que esta es una buena oportunidad para hablar dos o tres temas que vienen relacionados con esto.

Uno, hoy, nuevamente, está pospuesto, en el último lugar de la tabla, el proyecto de ley -aprovecho de saludar al ministro de Justiciaque autoriza al personal en retiro de Gendarmería de Chile el porte y uso de armas de fuego. Uno se pregunta por qué razón. Los funcionarios de nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones pueden portar armamento una vez que pasan a retiro, cumpliendo ciertos requisitos. Se reconoce su expertise y el aporte que brindan a la seguridad del país, pero también significa una especial protección para quienes combaten directamente la delincuencia. Entre ellos también se encuentra el personal de Gendarmería, que convive durante 20, 25 o 30 años con los individuos más peligrosos de esta sociedad.

Lamento que, nuevamente, el proyecto sea ubicado en los últimos lugares de la tabla, por lo que reitero mi pregunta: ¿Por qué razón?

Señor Presidente, por su intermedio, hago un llamado al ministro de Justicia para que acoja este proyecto y se le dé tramitación, porque hoy la situación de Gendarmería es tremendamente desventajosa. El mismo director de Gendarmería ha reconocido que sus funcionarios reciben amenazas, coronas de flores, aparecen las fotos de sus hijos pegadas en los parabrisas de sus vehículos, reciben llamadas telefónicas a las 3 de la mañana, tocan el timbre de sus casas en las tardes cuando están en el trabajo y preguntan por ellos. Entonces, darles esa protección es fundamental. Debemos verlo con una visión general y analizar cómo podemos fortalecer la seguridad de aquellos que enfrentan la delincuencia.

A propósito del tema de las armas de fuego, no debemos confundir el legítimo derecho que tiene cada chileno de poder adquirir un arma para defenderse, cumpliendo con toda la normativa vigente, con el uso que le puede dar un delincuente. Son dos cosas totalmente distintas, y eso hay que dejarlo muy claro. No criminalicemos a aquel padre o madre que adquiere armamento para defender a su familia.

Votaremos a favor de este proyecto y reitero mi solicitud, por su intermedio, al ministro de Justicia, para preocuparse del personal en retiro de Gendarmería.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, votaré a favor esta iniciativa. Es un buen proyecto de ley, porque entrega nuevas herramientas a los jueces al pronunciarse respecto de la medida cautelar de prisión preventiva. Hoy, ante el aumento exponencial de la delincuencia, de los homicidios, de los secuestros, del narcotráfico, debemos entregar herramientas a los tribunales de justicia para que los delincuentes queden en la cárcel, y este proyecto se hace cargo de eso.

El juez deberá considerar, al momento de pronunciarse respecto de la medida cautelar de prisión preventiva, la gravedad del hecho, esto es, calificar si el hecho es grave o no. También, deberá verificar si el delincuente hizo uso de armas de fuego para cometer el delito, lo cual es un elemento importante a considerar al momento de dejar o no en prisión preventiva a un delincuente. En tercer lugar, el juez deberá considerar si pertenece el imputado a una organización criminal. Todo esto es plenamente contingente con lo que pasa hoy en el país.

Necesitamos que los delincuentes estén en la cárcel. Por lo tanto, si el hecho es grave, si se hace uso de un arma de fuego y si, además, el imputado pertenece a una organización criminal, debe quedar en prisión preventiva. No pueden andar libres por nuestras calles personas que pertenecen a organizaciones criminales, que hacen uso de armas de fuego y que cometen hechos graves.

Por eso, respaldaré con mucho gusto este proyecto, y espero que, ojalá, se apruebe por unanimidad en la Sala.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, junto con saludar al ministro Luis Cordero, quiero felicitar a los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana por entregarnos el proyecto en discusión, que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal.

Tal como han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, estamos en una crisis de seguridad y las armas son el elemento básico que permite que estos criminales, de norte a sur del país, puedan hacer lo que quieran. Es complicado cuando uno va a una población y se encuentra con que, en la puerta de la casa de una vecina, matan a una persona. Hay disparos a diestra y siniestra. ¿Por donde están ingresando las armas al país?

Lamentablemente, no basta con estos muy buenos proyectos, sino que debemos ir a la raíz del problema. Hay que saber por dónde están entrando las armas al país. ¿Qué pasa con los controles fronterizos? ¿Hay controles en las carreteras? En las carreteras -lo hemos dicho muchas veces-, sobre todo del norte del país, no hay ningún control. Si las bandas criminales saben que no los van a controlar en las carreteras, siguen trasladando armas a todos lados.

Este proyecto, que entrega herramientas a los jueces, va en el camino correcto. Sin embargo, la idea es que estos hechos no sucedan, que los podamos prevenir. La gente debe volver a caminar tranquila por sus poblaciones y por cualquier lugar del país. Hoy, vemos que en el centro de Santiago aparecen delincuentes con armas de alto calibre que disparan ráfagas. Ya no se trata de armas de fuego “hechizas”. Tenemos que abordar esta situación, porque esto va más allá de lo ideológico, con todos los sectores políticos.

En tal sentido, la Comisión de Seguridad Ciudadana, de forma transversal, ha demostrado que está velando por el bien del país. No me cabe duda de que el ministro Cordero, la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve están haciendo todo lo humanamente posible, con las herramientas que tienen, para seguir avanzando en temas de seguridad -eso no lo pongo en discusión-, pero nosotros también, como clase política, como parlamentarios, no debemos utilizar el tema de la seguridad para sacar un provecho o un dividendo político. Eso es lo peor que le puede pasar al país, porque así no vamos a avanzar.

Como bancada PPD e Independientes vamos a aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro Cordero. Quiero partir traer a reflexión, a propósito de este proyecto de ley, algo que hoy reconocen, incluso, los sectores moderados del socialismo: que el Código Procesal Penal debe ser modificado. La reforma procesal penal tuvo algunos aspectos razonables, como separar la tramitación del juicio, por parte de un juez del crimen, que hacía las veces de juez instructor y era el mismo que finalmente juzgaba, de la función investigativa que realiza la fiscalía, en un juez de garantía y, por último, en un tribunal oral en lo penal. Me parece que todos reconocen que esa parte fue un avance. Pero hay que reconocer también que el nivel de garantismo que subyace a la reforma procesal penal, al menos, hoy admite tener una discusión seria y profunda respecto de los efectos que está teniendo.

Este proyecto de ley busca fortalecer la posibilidad de que los jueces apliquen prisión preventiva respecto de ciertas situaciones en particular. Nos parece que va en el sentido correcto, pero se requiere hacer una reflexión más de fondo sobre si la reforma procesal penal es una contribución en la persecución del delito o, más bien, es un problema para la persecución del delito.

Aprovechando la presencia del ministro Cordero, debo señalar que esto se enmarca dentro de la reforma carcelaria que hay que hacer en Chile. En Chile faltan tribunales de ejecución de penas que hagan un seguimiento a aquellas penas alternativas que, muchas veces, son sinónimo de impunidad.

Debemos ser capaces de contar con la disponibilidad carcelaria necesaria para tener cárceles distintas. Unas para aquellos que están cumpliendo una medida cautelar personal, como es la prisión preventiva; otras para aquellos que están cumpliendo una condena, y una distinta para aquellos delincuentes de alta peligrosidad. Son situaciones distintas.

Hoy, el combate al delito lo estamos perdiendo en prevención, lo estamos perdiendo en persecución, lo estamos perdiendo en respuesta, pero también lo estamos perdiendo en las cárceles y lo estamos perdiendo en la ínfima reinserción social que tenemos respecto de quienes son privados de libertad.

Hasta hace poco -el ministro me puede corregir si tengo mal el dato-, dos de cada tres delitos lo cometían personas que ya habían estado en la cárcel. O sea, lejos de ser un espacio de reinserción social, la cárcel es un espacio de profundización del delito.

Estamos dispuestos a tener ese tipo de discusión. Muchas veces se critica que somos una oposición que no contribuye. ¡Perdón! Si alguien nos puede dar clases de cómo ser obstruccionistas y no contribuir en materia de seguridad es la actual coalición de gobierno, la que, cuando eran oposición, no había proyecto de ley que votaran a favor. Nosotros, en materia carcelaria, vamos a estar disponibles a colaborar en la medida en que se hagan las cosas bien. Creo que el problema lo va a tener más cargado para allá, pero estaremos dispuestos a acompañarlo en esa tragedia griega que muchas veces sufren los ministros, que es tratar de convencer al Frente Amplio y al Partido Comunista de que ataquen la delincuencia, como tienen que hacerlo.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al señor ministro.

La inseguridad está tomando la agenda de nuestro país; sabemos que es la preocupación número uno. La inseguridad es un sentimiento, es una sensación que, en este caso, nos ha llevado a cambiar nuestras conductas y nuestro estilo de vida. Está afectando la forma en la que vivimos; hay lugares donde no vamos, hay cosas que ya no portamos, hay cosas que no hacemos y personas que no visitamos. Es grave esta sensación de inseguridad, pero en este caso esa sensación va acompañada de hechos reales, graves y concretos que nos llevan a tener esa sensación.

No es como señalan algunos personeros de gobierno, esto es, que estamos en una burbuja creyendo que la situación es más grave de lo que realmente es. Es posible que haya lugares peores que Chile, sí, pero para qué nos comparamos con los peores; pensemos en los países donde la gente vive feliz, tranquila, segura; donde puede ir a trabajar, puede invertir, puede hacer sus cosas, llevar a los hijos al colegio. Comparémonos mejor con ellos. Claramente, la realidad nos muestra que la situación es realmente muy grave. El gobierno actual no es capaz de brindar seguridad.

Me gusta este ánimo transversal; no siempre se ve un ánimo colectivo por mejorar la persecución penal. Esto no se había visto antes y demuestra que la oposición no es obstruccionista, sino una que va a apoyar todo proyecto de ley que traiga seguridad a los chilenos.

El gobierno cuenta con esta oposición para esto. Claramente, debió haber sido antes; esta norma se necesita desde mucho antes. Eso habría evitado que legisláramos en caliente, es decir, en el momento en que están ocurriendo los hechos, porque eso, claramente, no es beneficioso ni sabio.

La prisión preventiva es una herramienta establecida en la persecución penal que es excepcional, porque no es una condena. La prisión preventiva se establece mientras se lleva adelante el juicio; por eso debe ser de aplicación siempre excepcional. Eso hace que nuestro sistema procesal penal sea garantista, lo que no quiere decir que la prisión preventiva no deba ser utilizada. Hay casos donde la libertad de un sujeto acarrea problemas y peligro para la sociedad, como ocurre en este caso.

¿Qué establece este proyecto? Le dice al señor juez que tenga en cuenta si el individuo participa en una organización criminal o de crimen organizado; si usó para la comisión del delito armas de fuego o armas peligrosas, como punzones y otros, y si en los últimos dos años el mismo sujeto fue objeto de medidas cautelares, es decir, si ya estuvo detenido o bajo prisión preventiva o es una persona habituada a cometer delitos.

La prisión preventiva nos demuestra que es una herramienta útil para sacar de circulación a una persona que aún no ha sido condenada. En este caso, este proyecto de ley no va a resolver todo. Falta mucho; falta poner urgencia a otros proyectos de ley, como el que aborda el porte de arma de los exfuncionarios de Gendarmería o el que decreta cárcel para los que ingresan de manera ilegal o el que establece la ley antiterrorista o las reglas de uso de la fuerza o la ley de sistemas de inteligencia.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero . Gracias por su presencia.

Este proyecto de ley hace un poco de justicia al regular el porte ilegal de armas y la comisión de delitos a través de su uso. Creo que sería un aporte que la normativa no solo incluya armas de fábrica, sino también aquellas arregladas. En el momento en que se comete un ilícito, las personas no se dan cuenta de la diferencia entre unas y otras -no hay forma de determinarlo-, mucho menos las víctimas. El temor que se siente es el mismo -aquello que siente la víctima-, por lo que el delito de intimidación es el que debe ser interpretado. Puede suceder que a partir de la vigencia de la ley se comience a intimidar con cuchillos, y en tales casos no podría aplicarse esta normativa.

Abordamos este tema al inicio de este período legislativo a propósito de la inmigración ilegal, que, dicho sea de paso, ahora ya no es ilegal, sino solo inmigración irregular. Es decir, solamente es necesario regularla. Así, la PDI, Carabineros y hasta el Ejército actúan como agentes para el blanqueamiento de la inmigración ilegal. Los ilegales entran por cualquier lado; entran armas. Recientemente vimos en Quinta Normal la facilidad con que sujetos sacan armas en la calle, sin miedo a usarlas en contra de cualquiera que se les cruce en su camino.

Espero que frente al aumento de la violencia y de delitos importados, seamos capaces de actuar antes de que la población sufra más de lo que hoy soporta. Cual oráculo vuelvo a decir que esto no se detendrá. En 2021 se cerraron dos cárceles en una ciudad de un país vecino. Todos los delincuentes, más de 20.000 en cada una de ellas, fueron echados mediante decretos de expulsión y todos sus antecedentes, borrados. Por eso la PDI no les encontraba antecedentes cuando eran detenidos. Perú también está expulsando delincuentes. ¿Qué va a pasar? ¡Vengan todos a veranear a Chile!

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra al diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, este proyecto es una contribución más para que, efectivamente, tengamos herramientas efectivas para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, esta ley proyecto, como otras leyes que ya se han dictado, si no es aplicada con rigurosidad, solo va a quedar como una señal testimonial.

En ese sentido, creo que hay que ir más allá; hay que ir a una reforma profunda. El sistema garantista que tenemos hoy, lamentablemente, siempre ha puesto el énfasis en los derechos de los delincuentes, de los terroristas y del crimen organizado. Las víctimas son prácticamente ninguneadas. Creo que en la medida en que pongamos el énfasis en las consecuencias que tienen estos actos delictuales en las víctimas, vamos a lograr los resultados que la inmensa mayoría de los chilenos quiere.

Un diputado que me antecedió en el uso de la palabra señaló que los de acá vivíamos en una burbuja. Creo que no es lo correcto: aquí quien está viviendo en una burbuja, sin duda, es el gobierno. Las declaraciones, las intervenciones que hace la ministradel Interior y Seguridad Pública en esta Sala dan cuenta de que están viviendo en otro mundo; no están viviendo la realidad.

Ministro, por intermedio de la señorita Presidenta, nosotros estamos en terreno; hacemos trabajo territorial; estamos en contacto con los ciudadanos comunes y corrientes, los que viven las consecuencias de la delincuencia, pero parece que los que están en La Moneda viven en una realidad distinta. El que está viviendo en una burbuja es el gobierno, el que muchas veces tiene las herramientas para aplicar mano firme contra los delincuentes, pero no lo hace.

Ministro, por su intermedio, señorita Presidenta, lo que esperamos de proyectos como este, que apuntan en la dirección correcta, es que sean aplicados en la realidad, en la práctica, y no solo nos quedemos en los anuncios o en la teoría. Lo que Chile necesita, ministro, es que este gobierno definitivamente se ponga del lado de las víctimas y no dé señales equívocas poniéndose del lado de los victimarios.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señorita Presidenta, primero que todo quiero agradecer al diputado Leiva que me haya invitado a suscribir este proyecto de ley. En verdad, es un proyecto que está acorde con lo que está pasando en nuestro país. El uso de armas de fuego es cada vez más frecuente. Sin ir más lejos, acá en la Región de Valparaíso, en los últimos siete días, mataron a cuatro personas, varias de ellas con armas de fuego. Algo que era una rareza hace algunos años, hoy es habitual: a la gente no la asaltan y no le roban, sino que directamente le pegan un balazo. Por lo tanto, el hecho de que las personas queden en prisión preventiva por utilizar un arma de fuego es una garantía para todos los ciudadanos de que esas personas no se van a fugar. En definitiva, esas personas van a estar privadas de libertad para entregar garantía a los ciudadanos.

Algo parecido queríamos hacer nosotros con el criterio Valencia , que, lamentablemente, a parte de la izquierda no le gusta, que tiene que ver con que aquellos migrantes que no tengan identidad establecida, pero que puedan haber cometido delitos graves, como el asesinato del cabo Daniel Palma , en Santiago, queden en prisión preventiva, porque es preferible tenerlos en prisión que dejarlos en libertad, expuestos a que cometan un delito de mayor gravedad.

El recado al ministro -sé que esta materia es del Ministerio del Interior y Seguridad Públicatiene que ver con los reglamentos de la ley de control de armas que aprobamos hace algunos años en este Congreso Nacional y que siguen pendientes. Sin reglamento difícilmente puede haber mayor control de armas. Lo mismo -lo conversábamos con la diputada Marisela Santibáñezrespecto de la ley de búsqueda de personas desaparecidas.

En el Senado se incorporó un elemento muy importante -lo celebroque tiene que ver con las personas que tengan detenciones previas que hayan significado prisiones preventivas, o bien reclusiones parciales o totales domiciliarias. Esto es muy relevante, porque lo que hoy ocurre y tiene cansada a la mayor parte del país es que las personas que detienen por delitos salen en libertad al día siguiente o el mismo día, y andan deambulando. Esas personas tienen como profesión cometer delitos y hacer daño a las familias chilenas. Con esta futura ley, los jueces van a tener la oportunidad de dejar en prisión preventiva a quienes cometen delitos, y que, a pesar de aquello, reiteradamente recuperan la libertad.

Por lo tanto, este es un muy buen proyecto y, sin ninguna duda, lo vamos a apoyar.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señorita Presidenta, aquí se ha dicho: “Mal de muchos, consuelo de tontos”. Yo podría decir: “No hay peor ciego que el que no quiere ver” cuando se dice que la delincuencia no está desbordada. Eso afirma la ministradel Interior y Seguridad Púbica cuando dice que están las cifras.

Pero también están las cifras de la Cadem, que dicen que el 84 por ciento de las personas tiene temor a la delincuencia, que el 85 por ciento de las personas dice que los delitos han aumentado en los últimos tres meses y que el 95 por ciento considera que los delitos son más violentos. Ahora, son más violentos precisamente por el uso de armas de fuego.

Como aquí se ha dicho, ya no solo es el asalto y el robo, sino también el disparo, que puede ser fatal. Incluso, hay balaceras.

Lamentablemente, en las provincias de Arauco y del Biobío, que represento, hace rato que tenemos que convivir con atentados, ataques y quemas; pero no solo con eso: ahora también tenemos que convivir con muertes por actos terroristas. Efectivamente, hoy es necesario controlar y hacer leyes que se cumplan, que funcionen.

Entonces, cuando se trata del uso de armas de fuego, tiene que haber sanciones y conductas que sean mucho más fuertes y más duras, incluso ejemplarizadoras.

También se debe legislar respecto de las facultades que tienen los tribunales para decretar la prisión preventiva, porque las personas están amenazando con armas de fuego de uso ilegal que pueden causar la muerte, más allá del temor o miedo de los ciudadanos, y de todo lo que pueden provocar en un Estado de derecho que se aleja cada vez más cuando ocurren estas situaciones.

Por lo tanto, podrá decretarse la prisión preventiva cuando haya incumplimiento de medidas cautelares previas, reincidencia en un período de dos años, pertenencia a organizaciones criminales y no asistencia a los juicios orales. En fin, no solo la gravedad de los hechos permitirá decretar la prisión preventiva, lo que me parece positivo.

Entonces, lo que importa es que esto se cumpla y que después no se apele a que no hay capacidad en las cárceles. Se ha hablado de la doctrina Valencia, en virtud de la cual tienen que estar en prisión preventiva todas las personas cuya identidad no esté establecida. Pero si no hay cárceles, ¿dónde van a estar? Entonces, se deben ampliar las cárceles, para aumentar su capacidad. No queremos que las cárceles estén llenas. Eso no debería ser en una sociedad sana. El ideal es que no haya un aumento de la población penal, sino que esta disminuya o que haya una reinserción adecuada. Pero aquí estamos enfrentados a una situación desbordada y debemos tomar las medidas para que retroceda la delincuencia y el uso de armas de fuego en condiciones ilegales.

Para ello, hay que generar las instancias para que esta futura ley se cumpla -la voy a aprobar sin ninguna duda-, tiene que haber capacidad en las cárceles y también se tiene que hacer el registro y la pesquisa para determinar de dónde salen esas armas, porque, de lo contrario, solo nos quedamos en discursos y los hechos siguen ocurriendo.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, la próxima semana se cumple un año desde que emanó de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el primer informe de este proyecto de ley. Hoy, por fin, estamos viendo la luz al final del túnel de este lento trámite.

En el tercer punto de la tabla tenemos el proyecto de ley que establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios y modifica otros cuerpos legales. En el noveno punto, ¡el último punto!, está el proyecto de ley que autoriza al personal en retiro de Gendarmería de Chile el porte y uso de armas de fuego.

El proyecto de ley que aplica penas a quien ingrese ilegalmente al país no tiene para cuándo ser visto, a pesar de que desde la semana pasada los republicanos estamos exigiendo que se discuta, pero, al parecer, hoy vamos a discutir proyectos sobre tarifas telefónicas y exenciones tributarias para empresas mineras. Esos son temas importantes, pero creo que la mayoría de los chilenos espera que hoy nos preocupemos de lo urgente. Sin embargo, veo que avanzamos demasiado lento.

Por fin, discutimos un proyecto de ley que aborda el tema de las armas de fuego desde la perspectiva que corresponde. El problema no son las armas, sino las manos en las que están. Hay algunos sectores políticos, entre los que tristemente se incluye el subsecretario de Prevención del Delito, que creen que hay que quitarle las armas a la gente honesta, mientras los delincuentes están ingresando granadas peruanas por la frontera.

El problema no es el porte legal de armas, sino el ingreso ilegal y el porte ilegal de armas. Un arma de fuego en las manos de alguien honesto y bien preparado es un seguro para las víctimas, que no siempre van a tener la suerte de contar con un carabinero cerca.

Estos proyectos de ley son buenos, pero tenemos leyes vigentes que -me entra la dudano sé si se están aplicando. Quizá, aquí el ministro de Justicia y Derechos Humanos puede ayudarnos.

Hay una ley que permite al mismo Ministerio del Interior sancionar con la expulsión del país y la prohibición de ingreso hasta por veinticinco años a cualquier inmigrante que sea condenado en Chile o en el extranjero por tráfico de armas. Esto dice relación con el artículo 32 de la ley de migraciones.

Quizás el ministro puede contarnos qué antecedentes tiene respecto de si el Ministerio del Interior está aplicando estas sanciones. Si la ministra de Interior estuviera aquí presente, podríamos preguntarle directamente, pero, lamentablemente, hoy no está esa posibilidad.

Creo que es bueno que estemos aprobando proyectos de ley que vienen a revisar la forma en que abordamos el problema no solo del uso ilegal de armas de fuego, sino toda la situación de la criminalidad, pero tenemos que movernos más rápido. Tenemos que asegurarnos de que estas futuras leyes no se demoren un año entero en su trámite. Para eso, necesitamos que el gobierno ponga las urgencias en las cosas que son verdaderamente importantes.

Respecto de esos proyectos de ley que siguen agarrando polvo y que están congelados en comisiones que no logran terminar, como la iniciativa encargada de estudiar las reglas del uso de la fuerza, hay que llamar la atención del gobierno para que pasemos de los discursos y las reflexiones a la acción concreta, porque los chilenos estamos aburridos de seguir esperando.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señorita Presidenta, no voy a hablar de la falta de quorum, sino que quiero hacer una solicitud formal.

En el tercer punto de tabla está un proyecto que permite avanzar en una solución para los recintos penitenciarios. Como aún está en discusión el primer proyecto de la tabla, a lo mejor no vamos a poder tratarlo. Si la Sala da la unanimidad, se podría subir al segundo lugar de la tabla, para que sea votado hoy, o votarlo sin discusión, porque ya fue votado en la Cámara de Diputados y viene con modificaciones del Senado que son superatendibles.

Hoy podemos despachar los dos proyectos.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señorita Presidenta, considerando el actual escenario de delincuencia, violencia e inseguridad en que nos encontramos como país, sumado a la desconfianza en el sistema de justicia, este proyecto parece positivo, incluidas las modificaciones introducidas por el Senado, pues tiene por objeto ampliar la hipótesis de peligro para la sociedad, a fin de que el juez esté habilitado para decretar la prisión preventiva.

En relación con las modificaciones del Senado, considerar la gravedad del hecho, ampliar el concepto de pandilla a organizaciones y asociaciones y extender las situaciones e hipótesis para considerar si el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, para que el juez esté habilitado para decretar prisión preventiva, nos parecen extremadamente positivas; por lo tanto, las votaré a favor.

Con todo, lo importante, como muy bien lo dijo el diputado Sergio Bobadilla , es que la ley se imponga, que no sea letra muerta, para que en el futuro no ocurra lo de siempre: que no se aplica y el problema continúe eternamente.

Quiero que a mucha gente de izquierda en esta Sala le quede claro que debemos perseguir a todos aquellos que vendan armas de forma ilegal, pero que, además, pertenezcan a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Para estas personas, que además comercializan armas de guerra, debemos tener un código mucho más duro.

Pero no se equivoquen. Durante la discusión quedó claro que muchas armas, y también mucha droga, ingresan por el mar. ¿Y qué ha hecho este gobierno? No le entrega las herramientas necesarias, es decir, financiamiento, a la policía marítima, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar). Dado los pocos recursos que le entrega el gobierno, que se mueve más por ideología que por verdaderas razones, la Directemar ha debido dejar muchas caletas y gran parte de nuestra costa sin la debida protección.

Tampoco hay que perseguir y quitarles las armas a los civiles que las poseen de forma legal, que las tienen bien inscritas, porque ellos no son culpables de que por mar y tierra ingresen granadas de guerra, armamento modificado y armas impresas en 3D.

El Estado debe perseguir a los delincuentes, a los narcotraficantes, y debe hacerlo sin vacilaciones, porque -lo hemos visto en las últimas semanascuando ellos matan, cuando delinquen y trafican, no tiene piedad con nadie, no tienen piedad con quienes asesinan, ni quienes descuartizan y cuyos cadáveres después lanzan al mar.

Si el gobierno no toma las medidas necesarias, independientemente del proyecto que hoy votaremos -lo votaré a favor-, esas acciones van a continuar y el número de víctimas seguirá creciendo.

Por eso, esperemos que el gobierno avance en este tipo de proyectos, pero que también avance en iniciativas reales para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el sicariato.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señorita Presidenta, pido que recabe la unanimidad de la Sala para que, a continuación del debate del tercer proyecto en tabla, en el que solo intervendrán los seis diputados inscritos, se inicie la discusión del último proyecto del Orden del Día, que desde julio espera ser tramitado.

Se trata del proyecto que autoriza al personal en retiro de Gendarmería de Chile el porte y uso de armas de fuego.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado Cristián Araya ?

No hay acuerdo.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señorita Presidenta, veo que hay una gran voluntad para aprobar el proyecto. Como han dicho muchos diputados y diputadas, la iniciativa va por el camino correcto, ya que busca establecer grados de precisión, criterios y principios en materia de prisión preventiva cuando se trate de la utilización de armas de fu ego o la pertenencia a una organización criminal.

Todos sabemos que, en muchas ocasiones, los jueces de garantía otorgan ciertas libertades, no decretan la prisión preventiva, y hay argumentos en uno u otro sentido.

Por eso, es importante que la legislación avance y precise los criterios, para que achique la cancha para esa libertad que debe tener el juez y así regular bien cuando puede decretar la prisión preventiva, que es muy importante.

Durante este gobierno se han aprobado más de 30 leyes en materia de seguridad -creo que son 35 o 36, pero no tengo el número exacto-, y de distinto calibre. Algunas han sido más relevantes que otras, pero lo cierto es que el gobierno ha tenido una agenda muy intensa. También se han aprobado recursos económicos para la persecución penal, para las policías y para el Ministerio Público. Se ha hecho un esfuerzo muy importante en esta materia, que heredamos como gobierno y que viene desde hace mucho tiempo en ascenso. Sabemos que así es. Se está haciendo un esfuerzo genuino. En ese sentido, felicito al equipo del gobierno: a la ministra Tohá , al ministro de Justicia, al ministro Elizalde , al subsecretario de Prevención del Delito, porque se está haciendo un esfuerzo sistemático, continuo y permanente.

Ya hay cifras que están comenzando a ser alentadoras, en el sentido de que esa curva ascendente empieza a aplanarse o a disminuir derechamente en algunos lugares. Pero el tema sigue siendo grave. La prisión preventiva es uno de los tantos caminos que hay que abordar.

Llama la atención -no quiero dejarlo pasarque en esta Sala recién había menos de 40 diputados. Muchas veces se vocifera sobre la preocupación respecto de este tema tan relevante, pero no había quorum ni siquiera para sesionar.

No puedo dejar de lado el hecho de que hoy el gobierno presentó o anunció que va a presentar -no tengo claro si lo hizo hoy mismoel proyecto que crea, entre otras cosas, la Defensoría de las Víctimas. Felicito al ministro aquí presente, porque es un proyecto del cual se viene hablando desde hace mucho tiempo, y hoy se avanza en ese sentido, que es tan necesario.

Por eso, vamos a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señorita Presidenta, los delincuentes y las bandas de crimen organizado no pueden tener un segundo de respiro. La vida de las ariqueñas y ariqueños y de cada chilena y chileno están en juego, y quienes atentan contra ella no merecen libertad. Por la seguridad y tranquilidad de todas y todos, deben ir a la cárcel.

Los criminales armados son un peligro para nuestra sociedad, para Arica, para los barrios donde crecí. Hace años, nuestra ciudad era tranquila, podíamos caminar por la calle con calma, incluso en las noches, pero ahora todo eso se acabó.

Los delitos violentos crecieron, llegó el crimen organizado a algunas zonas rojas de Arica y hemos visto correr sangre como nunca lo habíamos visto en la historia de nuestra ciudad. No nos podemos quedar de brazos cruzados.

Me consta que las policías y la fiscalía trabajan día y noche contra la delincuencia. Tienen todo mi apoyo y respaldo desde el Congreso para que la ley se adelante a los criminales y no al revés.

Votaré a favor este proyecto de ley, porque ayuda a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia con medidas efectivas y aterrizadas. Lo votaré a favor porque entrega mejores herramientas a la persecución penal de los delincuentes que usan armas de fuego y que forman bandas de crimen organizado. ¡Ya estamos chatos en Arica!

Colegas, les pido a cada una y cada uno que votemos a favor este proyecto y que avancemos más rápido que el crimen organizado.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra y al ministro presentes.

En materia de lo que busca este proyecto, sin duda que no podemos estar en contra desde nuestra bancada. Hay una gran disposición transversal en la Cámara en avanzar en estas materias, en mejorar nuestra legislación para combatir el crimen organizado, la delincuencia y los crímenes o delitos que realizan distintas organizaciones criminales. Por lo mismo, incluso, hemos creado distintas comisiones investigadoras en las que hemos hecho varias propuestas y hemos llegado a conclusiones bastante importantes que quizás en su minuto no fueron consideradas.

Hoy, poco a poco, se han ido conociendo cifras de criminalidad y delincuencia, pero debemos ponernos de acuerdo en esas cifras, porque muchas de ellas no son reales. Creo que la fuente es muy importante. Lo hemos dicho en las mismas comisiones investigadoras: hay que aunar datos. Además, esta hiperdepartamentalización del propio Estado a veces no nos permite combatir efectivamente los delitos como uno espera.

También en ocasiones aprobamos leyes que no se aplican. No se aplican por el propio Ejecutivo ni por las policías, como la que establece el control de identidad migratorio, que se aprobó en abril y que aún no se ha ejecutado. Lo mismo sucede con el proyecto para inhibir la señal telefónica en las cárceles o con el que permite tener control del uso de celulares.

A veces, los tribunales o los jueces consideran que nuestras leyes son muy nuevas -así lo han dicho en algunas audienciasy, por lo tanto, utilizan el criterio de otras materias.

Estoy a favor de este proyecto de ley porque busca la prisión preventiva. El diputado Miguel Ángel Calisto ha trabajado sobre estas materias en la Comisión de Constitución y es autor de este proyecto de ley.

Por cierto, con esta iniciativa se considera grave el hecho de que una persona que cometió un delito sea parte de una pandilla o de una organización criminal. Quizás este sea un proyecto de ley muy sencillo, pero es de toda lógica.

Espero que la Comisión de Constitución y todas las que están trabajando en proyectos de ley sobre combate al crimen organizado y la delincuencia, y sobre migración y expulsiones puedan entender que estas medidas se necesitan con urgencia. La gente está cansada de ver tantos proyectos de ley divididos y de ver que finalmente no mejora su calidad de vida. La gente sigue encerrada a las 7 de la tarde y no confía en nuestra justicia, porque efectivamente es lenta, llega tarde y no es oportuna. Los ciudadanos no se sienten acompañados.

Valoro el anuncio del gobierno de presentar el proyecto de ley para crear la Defensoría de las Víctimas. Si bien antes habría esperado la Constitución, hoy lo anuncia antes de aquello. De igual forma se valora porque es algo que se necesita.

Por cierto, vamos a seguir en este trabajo. He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al ministro Luis Cordero y a la ministra Aurora Williams .

Es deber de esta Cámara avanzar en lo legislativo en el combate contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Una de las fórmulas precisamente es entregar herramientas a los jueces para que decreten, como dispone en este caso el proyecto, la prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a organizaciones criminales.

Es necesario avanzar en dejar atrás un sistema garantista aplicado por los jueces -entre comillasde garantía y contar con un proceso penal que efectivamente proteja a la ciudadanía contra este flagelo que tanto daño nos está haciendo como sociedad.

Por lo anterior, y con la convicción de estar trabajando en la lucha contra la delincuencia, la bancada del Partido Socialista votará a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al ministro Luis Cordero y a la ministra Aurora Williams , a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

Sin lugar a dudas, estamos ante una crisis de seguridad sin precedentes. En Chile, hoy se ataca sin ninguna contemplación a civiles, a personas comunes y corrientes que están trabajando; se ataca a funcionarios de la PDI, se ataca a Carabineros de Chile sin ninguna piedad, y últimamente se atacó con granadas a una mujer. O sea, hoy no existe ningún respeto por la vida.

Siempre lo he dicho: soy de la Región de La Araucanía, y cuando recorro las distintas comunas, los dirigentes vecinales, las autoridades comunales -alcaldes y concejalesy las personas preguntan qué hacen los diputados, qué hacen los senadores, para evitar este tipo de delincuencia. Y creo que hoy estamos en la línea correcta.

En lo personal, voy a votar a favor este proyecto de ley porque efectivamente no podemos permitir que las armas de fuego sigan en manos de los delincuentes. Ello debe ser condenado con la mayor energía, y sobre todo hay que endurecer las penas. Eso es lo que la gente exige y quiere de nosotros como parlamentarios.

En ese sentido, quiero hacer hincapié particularmente en las comunas de La Araucanía, como Victoria. En la comuna de Angol, hace solamente un par de días fue asaltado un local comercial, sin contemplación y sin piedad, por personas armadas.

Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aprobar sin mayores discusiones las modificaciones que ha incorporado el Senado, ojalá por unanimidad, porque van en la línea correcta.

Voy a votar a favor. He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señorita ROMERO (doña Natalia) .-

Señorita Presidenta, estamos discutiendo un buen proyecto, que originalmente no formaba parte del fast track legislativo en materia de seguridad.

Se refiere a dos cuestiones que son principales: primero, establece criterios más claros para que el juez decrete la prisión preventiva. Segundo, que quienes sean detenidos en múltiples ocasiones ya no queden libres.

El otro día veíamos en la televisión cuando daban cuenta de los niveles de delincuencia del país. Hay delincuentes que tienen noventa detenciones anteriores, y continúan en libertad. Por tanto, esta ley en proyecto va a permitir que la ciudadanía vea cambios efectivos y que pueda percibir que cuando se toma detenido a un delincuente que tuvo una sanción anterior, no esté en libertad. Por supuesto, esperamos seguir tramitando este tipo de iniciativas, para entregar a las policías y también al Poder Judicial herramientas para cortar con la impunidad que se ve todos los días.

Nuestro voto será a favor, y, por supuesto, vamos a estar pendientes y a disposición de todos los proyectos de ley que vayan en este ámbito.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señorita Presidenta, este proyecto, sin duda, va en la dirección correcta, pero a mi juicio avanza a paso de tortuga. Lo que pasa es que finalmente este tipo de proyectos, que apuntan a recuperar la seguridad y la tranquilidad de los chilenos, tiene que venir con la voluntad férrea del gobierno, pero, obviamente, no la vemos. Es el gobierno el que debe otorgar urgencia a los proyectos.

Cuánto tiempo que este proyecto lleva tramitándose y no tiene urgencia. Es el gobierno el que debe dar financiamiento a las iniciativas que van en el sentido de recuperar la seguridad, pero eso tampoco lo vemos.

Me alegro, por cierto, de las intervenciones de mis colegas progresistas, porque ahora hablan con tanta seguridad respecto de la necesidad de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. No obstante, esos mismos políticos, esas mismas autoridades, no hace mucho, el año pasado, declaraban a los medios de comunicación, por ejemplo, que en las plazas y en las calles de Arica se podía caminar con absoluta tranquilidad. Estos alcaldes, diputados y gobernadores del “apruebo” de entonces son los principales responsables de una falsa seguridad que, claramente, en Chile ya no existe.

Por cierto, voy a votar a favor, pero debo decir que esta iniciativa es absolutamente insuficiente. Además, quiero aprovechar que está presente el ministro de Justicia, a quien saludo, para señalarle, por intermedio del señor Presidente, que el hecho de que estemos legislando para asegurar la prisión preventiva es una medida que claramente va a ser bienvenida por toda la comunidad; pero, ¡ojo!, no vaya a ser cosa que entren delincuentes de baja peligrosidad y que después de su paso por la cárcel tengamos delincuentes de alta peligrosidad, porque la cárcel, lejos de ser un instituto de rehabilitación, más bien es un instituto para aumentar la peligrosidad.

Aprovecho de hacer hincapié en que la migración descontrolada en Chile fue uno de los principales factores para el aumento de la criminalidad. Sobre eso el gobierno tiene mucho que decir y también tiene mucha responsabilidad al respecto.

No puedo olvidar que, al inicio del año pasado, cuando se retiró un estado de emergencia en la macrozona norte, en momentos en que todos los indicadores delictivos estaban en aumento, el gobierno no entregó ningún fundamento para la adopción de esa decisión.

Además, quiero aportar algunas ideas para enfrentar de verdad la criminalidad: aumentar la pena a quien asesina a un policía, incluso reinstaurar la pena de muerte. ¿Por qué no? ¿Por qué no reinstalar la pena de muerte para quien asesina a la principal autoridad que tiene que resguardar nuestro orden y nuestra seguridad? Además, aumentar la pena en un grado a los extranjeros ilegales que cometen algún delito y, por supuesto, señor ministro, lo más importante: las expulsiones deben ser efectivas y tienen que ejecutarse. El gobierno hace rato que está acumulando declaraciones de expulsión, tanto judiciales como administrativas, pero si no se ejecutan de nada sirven.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señorita Presidenta, aquí hay un proyecto que, uno sin otro, no vale nada. Lo digo, porque si aprobamos este proyecto solo, sin aprobar el que está en el tercer lugar de la tabla, correspondiente al boletín 16037-07, no va a servir de nada la aprobación de esta iniciativa, porque si estamos, como decía el ministro, con más de 54.000 presos y con una cobertura máxima, que creo que son 45.000 o 49.000, estamos sobrevendidos con presos.

Por lo tanto, la prisión preventiva que este proyecto establece para las personas que porten armas de fuego -cabe recordar que, además, el Senado estableció gravedad a los hechosy formar parte de una asociación ilícita, entre otras cosas, va a ser letra muerta si no construimos más cárceles o ampliamos las existentes; va a ser muy difícil.

Yo creo que hay que aprobar también el otro proyecto de ley; esto debe hacerse en forma conjunta, pero hay que acelerar la construcción de nuevas cárceles y buscar alternativas para aquellos presos de baja monta, llamémoslos así. No soy abogado para descalificarlos, pero los denomino de baja monta. La idea es que estos tengan tobilleras electrónicas o arresto domiciliario, para dejar las cárceles a aquellos que cometan delitos graves, porque se necesita que estén privados de libertad.

Creo que hay que hacer una reingeniería, ministro, por su intermedio, señorita Presidenta, porque, si no, la ley no va a servir. Y cuando le pidamos al gobierno accountability por lo que está sucediendo con esta ley, ¿qué nos va a decir? ¿Nos dirá: “¿Mire, no tenemos cupos”? Incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a decir que los presos también tienen derechos humanos y que colocar cinco o seis personas donde caben tres también atenta contra los derechos humanos de las personas que están en las cárceles.

Yo creo que hay un tema de suyo importante: construir más cárceles, pero también ampliar las existentes. ¿Para qué? Para que esta ley en proyecto tenga efecto; de lo contrario, va a ser letra muerta.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, quiero saludar a los ministros que hoy nos acompañan.

Hoy vivimos una crisis de seguridad, porque la gente no confía en los jueces de garantía que dejan en libertad a los delincuentes.

Sin ir más lejos, muchas veces Carabineros o la PDI realizan una intensa investigación. Pero ¿qué pasa? Los delincuentes quedan libres. Eso la gente no lo comprende, como tampoco comprende las amenazas a los guardias en el parque Quinta Normal, donde los delincuentes quedaron libres.

Por eso, es importante aprobar estos proyectos que van en la línea correcta, de manera que los delincuentes queden en prisión preventiva cuando se trate de la utilización de armas de fuego o de la pertenencia a una organización criminal.

Aprovecho de mencionar el aumento explosivo de la población penal y la necesidad de que se prioricen las cárceles del norte, que hoy están colapsadas.

Tuve la oportunidad de visitar algunas de las cár celes concesionadas, de manera que solicito al ministro de Justicia, por su intermedio, señorita Presidenta, que pueda interv enir, sobre todo en los recintos penitenciarios del norte.

Vamos a votar favor, porque este proyecto va en la línea correcta.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señorita Presidenta, efectivamente, todas las encuestas indican -todos lo sabemos, y no solo a través de las encuestas, sino del contacto diario con la gente de nuestros respectivos distritosque hoy la principal necesidad de las personas es la seguridad. Eso es evidente. Sin embargo, estamos hablando de uno de los temas más serios y que, por tratarse de una cuestión de carácter popular, muchas veces hace que caigamos en discursos que, lamentablemente, se vuelven populistas en términos penales.

Si efectivamente tenemos un problema respecto de la seguridad, lo peor que podríamos hacer es precisamente dar soluciones populistas, tratar de sacar ventajas a corto plazo para fines electorales sin darnos cuenta de la dimensión profunda que subyace respecto de esta crisis que estamos viviendo.

Los sectores progresistas también hablamos de seguridad, pero lo queremos hacer desde una perspectiva mucho más seria. No queremos entregar el tema de la seguridad solo a un sector político, pero debemos tratarlo en todas sus dimensiones.

En tal sentido, cuando hablamos de una iniciativa de ley de esta naturaleza, sin duda es porque la gente la solicita y la requiere. Pero, tal como se ha señalado en este mismo hemiciclo y también distintos autores e intelectuales que han tratado esta materia, no sacamos nada con enviar más gente a la cárcel si es que la cárcel no está sirviendo para rehabilitar, para recuperar.

En este momento, Chile es uno de los países que, proporcionalmente, más gente tiene en las cárceles: más de 55.000 personas hoy día están presas. Por tanto, en términos concretos, debemos preguntarnos efectiva y certeramente si esto está siendo una solución precisa al problema. Por eso este gobierno, más allá de cualquier otra consideración, más allá de todos los ataques muchas veces infundados que sufre, ha generado otras medidas además de esta, que tienden precisamente a resolver temas de fondo.

Queda mucho por hacer, por ejemplo, generar mecanismos de seguridad, de inteligencia; perfeccionar los mecanismos de inteligencia en lo que tiene que ver con narcotráfico, entre muchas otras medidas más.

Esta es una buena medida, pero no lo sería si es que este gobierno no hubiera iniciado la tramitación de otro proyecto de ley, que tiende a facilitar el mejoramiento y la recuperación de las cárceles. Por eso se trata de una iniciativa sería, concreta, que, en términos reales, por una parte, aumenta o hace que se cumpla la prisión efectiva, pero, por la otra, viene a solucionar este tema carcelario, que es necesario trabajar, estimados colegas.

Necesitamos transformar el sistema penitenciario para que no siga siendo lo que es hasta el día de hoy: simplemente una fábrica de futuros…

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señorita Presidenta, creo que hoy nuestra sociedad está enfrentando uno de los desafíos más significativos en materia de seguridad pública. El uso de armas de fuego y las actividades criminales organizadas representan una gran y constante amenaza para la tranquilidad y bienestar de nuestros ciudadanos. Por eso, es imperativo que actuemos con determinación y responsabilidad para combatir esta situación, lo que requiere un esfuerzo de todos. Para ello, este proyecto justamente busca brindar herramientas efectivas al sistema judicial para abordar de manera constante estos graves problemas.

La modificación propuesta sobre prisión preventiva pretende garantizar, de alguna manera, que aquellos individuos implicados en delitos relacionados con el uso de armas de fuego o vinculados a organizaciones criminales sean debidamente privados de su libertad mientras se lleva a cabo el proceso judicial. En este sentido, no podemos seguir avalando la puerta giratoria.

Por ello, esta medida no solo apunta a la protección de la sociedad al impedir la posible comisión de futuros delitos graves, sino que también busca asegurar que la justicia sea aplicada de manera efectiva y equitativa, al poner freno a la actividad delictiva de individuos armados o vinculados a estructuras criminales. De esa manera, estaremos promoviendo un entorno más seguro y tranquilo para todos.

Es claro que esta medida no es suficiente -hay mucho más que hacer y que avanzar en materia de seguridad pública; estamos en una verdadera crisis de seguridad-, pero creo que es el momento de actuar con determinación y responsabilidad, de entregar señales claras, de apoyar con este proyecto de ley y también de respaldar de esta manera la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Hagamos frente, de una vez por todas, a estas amenazas con la firmeza que nuestros ciudadanos se merecen.

Por lo expuesto, desde el Partido Social Cristiano, vamos a apoyar y respaldar esta iniciativa de ley.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señor Presidente, este proyecto de ley es muy importante y muy interesante, porque va en la línea de lo que está pidiendo la ciudadanía. Sin embargo, como ya se comentó, si no existen más recintos carcelarios, terminará siendo letra muerte, porque los jueces van a hacer todo lo posible, van a utilizar todos los subterfugios legales por no enviar a estas personas a la cárcel, si no, por dejar de enviar a otras que deberían estar ahí.

Desgraciadamente, en nuestro país las cárceles son como irse al cielo. Todo el mundo quiere irse al cielo, pero nadie quiere morirse, que es el prerrequisito de aquello. Todo el mundo quiere más cárceles, pero nadie las quiere cerca de su casa. Es comprensible. ¿Quién va a querer tener a ese tipo de vecinos cerca de su casa?

Por eso, deberíamos reflotar la idea muy mal comunicada hace muchos años por el señor Joaquín Lavín de construir cárceles en una isla, esto es, colonias penales.

La isla de Tasmania, al sur de Australia, nació como una colonia penal en el siglo XIX, y nadie se murió ni se cayeron los derechos humanos, ni la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ni nada.

En la Guayana Francesa hasta hace poco más de cien años existió la isla del Diablo, y nadie se murió, no se acabaron los derechos humanos ni nada de esas cosas.

Tenemos otorgado por la naturaleza uno de los archipiélagos más ricos y más diversos en el sur de Chile. ¿Por qué no mandamos a esas lacras asquerosas allá? A ver si se rehabilitan ahí con programas de rehabilitación. Y los que no tengan rehabilitación, porque hay muchos que no quieren rehabilitarse, se pudrirán en las islas del sur de Chile, porque es allí donde tienen que estar.

Los jueces de garantía, que son los que hasta el día de hoy los siguen liberando, una y otra vez, por la puerta giratoria, que más que puerta giratoria parece un ventilador por lo fuerte que gira, también deberían ir a la cárcel. Ellos son un peligro para la sociedad y son los que deberían ir a juicio por traicionar a la ciudadanía, que les exige hacer justicia, la que requiere enviar al delincuente a la cárcel, castigarlo, y a la víctima entregarle protección, no como lo hacen ellos, que es completamente al revés.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que Chile está enfrentando un fenómeno nuevo vinculado a la nueva criminalidad, tanto por la agudización de la violencia de los criminales chilenos como también por una migración criminal que llega prácticamente importada al país.

Este fenómeno está poniendo a prueba a todas nuestras instituciones: a las policías, al Ministerio Público, a la justicia, a todo nuestro sistema, para abordar este fenómeno, incluso el sistema penitenciario.

Nosotros, como gobierno, heredamos una situación descontrolada, producida durante el gobierno anterior, donde nunca hubo tanta migración irregular en tan poco tiempo, prácticamente sin controles y sin una ley adecuada para enfrentarla. Hoy, este gobierno ha tenido que asumir esa tarea.

Es más, ningún otro gobierno en la historia ha hecho más contra la delincuencia en tan poco tiempo. Pruebas al canto: la ley que vamos a aprobar hoy es la número 17 de la agenda de 31 proyectos de ley sobre seguridad y contra la delincuencia, y lo hemos hecho en solo tres meses. Y si aprobamos las modificaciones del Senado al proyecto que otorga una autorización exprés para construir cárceles o ampliar las cárceles existentes, que figura en el tercer lugar de la tabla de hoy, ella va a ser la ley número 18 aprobada. ¡18 leyes contra la delincuencia en tres meses!

Todo esto es fruto de un acuerdo entre los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y nuestro gobierno. Esta es la manera en que podemos ir resolviendo este tipo de fenómenos que están tensionando, a niveles increíbles, a nuestra sociedad completa.

Este proyecto de ley, sin duda, hay aprobarlo, y no tenemos ningún complejo ideológico en hacerlo. Su objetivo es que los jueces cuando se enfrenten a personas detenidas que son usuarios frecuentes del sistema penal, es decir, que son detenidos regularmente, a veces por delitos no muy altos, pero sí son reiterados en el tiempo, puedan mantenerlos detenidos con la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, cuando los detenidos han hecho uso de armas de fuego. En cualquier delito donde se haga uso de armas de fuego, hay una peligrosidad evidente que permite o debería exigirle al juez que no deje en libertad al detenido.

Por último, cuando se detiene a personas que forman parte de organizaciones o asociaciones criminales, que son un fenómeno nuevo en el país, los jueces no van a tener la facultad de dejarlos en libertad, sino que el Código Procesal Penal les exigirá que los mantenga en prisión preventiva para garantizar que no exista peligro para la sociedad.

Este proyecto lo aprobará todo el oficialismo y espero que también lo haga toda la oposición. Forma parte de las leyes que ha aprobado este gobierno contra la delincuencia, que no existían antes, porque antes se vivía en otro mundo, con otros problemas. Nosotros estamos enfrentando los problemas que dejó el gobierno anterior y lo vamos a hacer hasta el fin.

Solo una prevención que quiero expresar al señor ministro de Justicia, y es que nos preocupa el incremento de la población en las cárceles. Se está produciendo una bomba de tiempo y hay que tomar medidas ahora para poder controlar la situación.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, por su intermedio, le pediría a los colegas un poquito más de seriedad al momento de tratar este tema y, sobre todo, aprovechar la presencia del ministro Justicia, a quien no pudimos tener durante de la tramitación de la ley de presupuestos, porque muchas de las cosas que se han hablado acá se resuelven, en cierta medida, con presupuesto.

Si este proyecto de ley termina cumpliendo el objetivo que se trazó, que es prisión preventiva para quienes pertenecen a una organización criminal o quienes usan armas de fuego en la comisión de un delito, esto indefectiblemente va a aumentar la población penal. Eso es lo que debe ocurrir, porque, si no ocurre, significa que esta ley no tuvo ningún efecto.

También aquí he escuchado a muchos colegas pedir más y mejores cárceles; incluso, algunos han pedido que las cárceles se construyan en islas. Me pregunto: ¿ellos van a enrolarse como gendarmes para cuidar a los internos en esas islas? Es muy fácil sentarse acá y pedir una cárcel en una isla, pero no han pensado en nuestros gendarmes, no han pensado en la calidad de vida de nuestros gendarmes, no han pensado en la calidad de vida de esas familias, que van a tener que seguir a esos delincuentes presos en una isla, por lo que verán mermada su calidad de vida.

No les estamos subiendo un solo peso en sus sueldos ni les estamos mejorando, de ninguna forma, su calidad laboral. Entonces, me pregunto: ¿cómo vamos a cuidar a más reos si no tenemos más gendarmes? ¿Cómo vamos a cuidar a más reos si hoy nuestros gendarmes lo pasan pésimo en sus trabajos?

El gobierno da por descontado que cuenta con los votos de la bancada republicana, cuando se trata de temas de seguridad. Siempre estarán nuestros votos. Pero, así como dan por descontados nuestros votos, también le pedimos que consideren las cosas que nosotros venimos pidiendo.

Desde hace muchos años venimos pidiendo una defensoría de las víctimas. De hecho, fue parte del programa de gobierno que los diputados republicanos apoyamos en la última campaña presidencial, y es parte del proyecto constitucional que el Consejo Constitucional le ofrece al país. Resulta que ahora, como se le ocurrió al Presidente de la República, es una buena idea; recién ahora, no antes.

Entonces, les pido a los parlamentarios un poquito más de tranquilidad, un poquito más de honestidad y reconocer las buenas ideas que vienen desde la bancada del Partido Republicano.

Por último, reitero que, para todos quienes quieren más cárceles, piensen que eso significa más gendarmes, y a quienes proponen construir cárceles en islas, si no están dispuestos a irse a vivir a una isla, no manden a nuestros gendarmes a ella.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor de este proyecto de ley, porque nos parece fundamental.

Me inscribí porque no puedo dejar pasar lo que han dicho dos diputados en este debate.

El diputado Nelson Venegas señaló que no sacamos nada con seguir mandando a más personas a las cárceles. ¡Esa es la doctrina que hizo que los delincuentes estuvieran libres de las calles!

Los jueces durante mucho tiempo decían: “¿Cómo vamos a mandar más gente a las cárceles si ellas están saturadas?”. Y eso hizo que los delincuentes caminen con libertad por las calles y la gente honesta permanezca presa en sus casas.

El diputado Leonardo Soto dijo una frase que encuentro semiescandalosa: “Ningún gobierno ha hecho tanto como este en la lucha contra la delincuencia”.

¡Hay que ponerse una careta para decir eso! Le recuerdo al diputado Soto , al Partido Socialista y a los que aplauden del Frente Amplio y del PC, que votaron en contra de la ley contra el crimen organizado, hace tres o cuatro años; votaron en contra de la ley que penalizaba el robo de madera -sí, los mismos que aplauden allá-; votaron en contra de la ley antibarricadas; votaron en contra de la ley que prohibía los fuegos artificiales; votaron en contra de la ley de infraestructura crítica.

(Manifestaciones en la Sala)

Señor Presidente, hay algunos parlamentarios que tienen amnesia legislativa. ¡Se les olvidó lo que hicieron! Hoy día, como cuentan con nuestros votos, dicen: “Nosotros estamos haciendo algo”.

¡No han hecho nada más que no sea su obligación! Y durante cuatro años hicieron todo lo posible por torpedear al gobierno del Presidente Piñera, a costa de que los delincuentes caminaran libres por las calles.

¿Por qué llega la ola migratoria? ¡Porque ustedes votaron en contra la ley de migraciones y la mandaron al Tribunal Constitucional! De lo contrario, los migrantes ya estarían expulsados.

¿Por qué no pudimos expulsar más? Porque ustedes iban con abogados y con la gente de los institutos de derechos humanos a defender a los migrantes para que no los expulsáramos de Chile. Eso es lo que hicieron durante cuatro años. Entonces, que hoy día ustedes me vengan a decir que nadie ha hecho más en la lucha contra la delincuencia que este gobierno, por favor, les pido un poquito de pudor. No les pido mucho: solo un poquito de pudor para enfrentar estos temas.

Chile tiene un problema gravísimo en materia de lucha contra la delincuencia. Nuestros votos van a estar siempre, como lo estuvieron en el anterior gobierno y lo están en este gobierno.

Jamás le vamos a hacer el daño a Chile que ustedes le hicieron, cuando, con tal de atacar al Presidente Piñera, votaron en contra todas las leyes en materia de seguridad y defendieron con abogados a los migrantes para que no los expulsáramos.

Nosotros no estamos para eso; ustedes son así.

He dicho.

-o-

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, la verdad es que yo tiendo a coincidir con lo que ha señalado el diputado Juan Antonio Coloma .

Hay memoria a corto plazo. Seguramente, el diputado Daniel Manouchehri , como no era diputado en el período pasado, nunca escuchó, o quizás estaba fuera de Chile, que el Presidente Gabriel Boric , en ese minuto diputado de la república, señaló que había que refundar Carabineros y que era una institución que violaba los derechos humanos. Eso fue en 2021. Entonces, la verdad es que me sorprende escuchar intervenciones de colegas parlamentarios negando la historia reciente. Aquí gran parte de la izquierda fue cómplice de validar delitos durante el estallido social.

(Manifestaciones en la Sala)

Nosotros éramos oposición al gobierno del Presidente Piñera y a la bancada de la Democracia Cristiana de ese minuto le tocó, en particular a varios de nosotros, votar en contra de la acusación constitucional presentada en contra del Presidente Piñera. Lo acusaban de violar derechos humanos en pleno estallido social, validando a delincuentes que cometían delitos todos los días hace dos años.

Entonces, pido a esta honorable Cámara que, en honor a la verdad, pongamos los elementos reales sobre la mesa y entendamos que efectivamente se han cometido delitos. El Presidente de la República, Gabriel Boric , se ha retractado en buena hora de todo eso que dijo. Creo que le hace bien a él y al país reconocer y determinar que, efectivamente, los delitos son delitos.

Me enfrento a una disyuntiva. El fiscal nacional señala que no solamente estamos frente a un problema de percepción de la ciudadanía respecto del aumento de la delincuencia, sino frente al hecho de que se cometen delitos graves que han aumentado, incluso por sobre el promedio nacional, en las zonas del norte; sin embargo, la ministra Tohá dice que en Chile no tenemos una situación desbordada. No sé quién miente. Tiendo a creerle más a la fiscalía.

Aprovecho de señalar al diputado Leonardo Soto y al diputado Venegas que soy mocionante de este proyecto de ley que hoy votaremos. Por cierto, lo vamos a votar a favor, porque ha sido el Parlamento el que ha entendido que la crisis de seguridad está desbordada. Estamos empujando para que el gobierno entienda que tiene que patrocinar estos proyectos para acabar con la delincuencia.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, por su intermedio, debo señalarle al ministro que, para ser honesta, este es un proyecto que me pone en una situación difícil. Soy de aquellas que piensa, y que ha sostenido en este hemiciclo, que ampliar las hipótesis de aplicación de la prisión preventiva es un error, principalmente porque en nuestro país existe un uso indiscriminado de esta medida cautelar que aumenta el contacto criminológico y el hacinamiento carcelario.

El uso excesivo de esta medida se refleja en cifras. Según informó la Defensoría Penal Pública en su cuenta pública participativa de 2023, el 30 por ciento del total de la población penal nacional corresponde a personas que están en prisión preventiva y solamente el 11 por ciento de esas personas privadas de libertad bajo esa medida cautelar llega a ser acusada. Es decir, en torno del 90 por ciento de las prisiones preventivas se declaran sobre personas que luego no son condenadas a penas de cárcel, ya sea porque son absueltas, sobreseídas o condenadas a penas sustitutivas distintas a las penas privativas de libertad.

Estamos lejísimos de los estándares internacionales que proponen las organizaciones de derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de los Estados Americanos plantean que esta medida cautelar debiera aplicarse a entre el 10 y el 15 por ciento de la población carcelaria total; nosotros doblamos esa cifra.

Por lo mismo, en general, estoy en contra de proyectos de ley que, invocando el discurso del miedo y el populismo penal, buscan extender aun más los límites de aplicación de esta medida. Se ha instalado un uso excesivo e indiscriminado de esta medida cautelar, la que deja en situación desmejorada a quienes ya se encuentran en posición de mayor vulnerabilidad. Mujeres, pueblos originarios, migrantes, personas pobres son a los que más se aplica la prisión preventiva.

Ahora bien, también creo que el uso de armas de fuego en la comisión de delitos es algo que debemos combatir con urgencia. Resulta un elemento gravitante para calificar la situación actual de seguridad en Chile como una crisis de seguridad. Por ello, creo que desincentivar el porte y uso de armas es indispensable para combatir la crisis de seguridad.

Nuestros derechos no están protegidos si cualquiera persona tiene acceso a armas de fuego. Si de verdad queremos poner un alto a la violencia, detener el aumento de la tasa de homicidios y contribuir a desarticular el crimen organizado, debemos reducir significativamente la cantidad de armas de fuego en circulación; este proyecto apunta justamente a eso.

Por eso, a pesar de estar en una posición difícil, hoy voy a concurrir con mi voto favorable a aprobar este proyecto de ley y las modificaciones que aprobó el Senado.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, primero, me parece muy complejo que en la discusión de un proyecto de ley de este tipo se exprese el pensamiento que tiene la derecha, que con mucho fervor respalda el diputado Calisto -por su intermedio, Presidente-, en relación con relativizar las violaciones sistemáticas de derechos humanos de parte del Estado versus lo que significa combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Me parece muy peligroso, porque tenemos una triste historia respec to de la dictadura civil-militar, cuando se relativizó el respeto a los derechos humanos y se intentó criminalizar a personas. Como consecuencia, tuvo lugar un dolor que trascendió no solo a las víctimas directas, sino al país completo. Lo que vimos en la dictadura civil-militar también lo veo respecto a lo que significan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante la revuelta popular.

Me parece gravísimo que se intente mezclar el derecho a protesta de los pueblos con el crimen organizado y la delincuencia. Lo voy a decir en dos sentidos: primero, porque una democracia se debilita cuando se combinan y mezclan ambas cosas, y, segundo, porque se debilita el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Es gravísimo lo que se pretende establecer en esta Sala. La dictadura lo hacía. Trataba a todas y a todos de terroristas. Permítanme decirles que todas y todos los que se manifiestan no son delincuentes; el día de mañana, más de la mitad de esta Cámara podría ser sindicada de esa manera.

¿Quiénes tenían una posición en contra cuando en esta Cámara queríamos abordar la regulación del uso de armas? No éramos nosotros, sino la bancada de enfrente, la derecha, que tiene un doble discurso inaceptable.

Lo último que quiero decir en el contexto de lo que estamos hablando es que anoche se suicidó una cuarta víctima de la revuelta popular, Milo Muñoz , por indolencia del Estado. Eso nos duele a quienes sí creemos en la democracia y en el verdadero respeto a los derechos humanos, y no mezclamos la persecución contra el crimen organizado y el derecho de los pueblos a manifestarse y rebelarse.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Yovana Ahumada .

La señorita AHUMADA (doña Yovana) .-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Justicia y a la ministra Aurora Williams .

Solo para volver al origen, estamos hablando de un proyecto que busca dar, de alguna manera, un respaldo a la prisión preventiva, algo que, lamentablemente, muchas veces no se puede concretar. Desde el Poder Legislativo estamos llamados a apoyar la generación de las instancias necesarias que requiere la realidad que estamos viviendo, principalmente en el norte de nuestro país. Esto también conlleva un trabajo que tiene que ver con las cárceles, con la situación penitenciaria y con la realidad que viven nuestros gendarmes. Un ejemplo es la realidad que ellos experimentan en Calama. El jefe de unidad vive prácticamente adosado a la cárcel. Imagínense el riesgo, sin contar la precariedad en la que viven. Tenemos gendarmes jóvenes que están viviendo dentro de la cárcel, o sea, que conviven con la población penal. Esa es una de las tantas realidades que hoy se ven en el tema penitenciario.

La realidad que estamos viviendo con el crimen organizado, con las bandas que hoy están en nuestro territorio y con el ingreso clandestino de armamento a nuestro país -debemos tener claro que no son armas inscritasnos obliga a regular, a controlar y a hacer efectivo el trabajo que se lleva a cabo en los procesos.

Espero que el ministro tome a bien lo que le estamos diciendo desde el Parlamento, para que se busquen las instancias para reforzar las cárceles de nuestro país, a los gendarmes que se tienen que encargar del aumento de la población penitenciaria y el trabajo que se debe realizar en las cárceles para reintegrar a esa parte de la población penal que realmente puede ser capaz de reincorporarse al sistema.

Hay muchas cosas pendientes, pero son responsabilidades compartidas, tanto del Ejecutivo como del Congreso Nacional. Sin embargo, a pesar de las deficiencias, creyendo en el compromiso de este gobierno, voy a apoyar este proyecto. Espero que podamos trabajar de manera conjunta en las cosas que están pendientes, que no son menores, porque si esto se aplica como corresponde, vamos a tener un aumento de la población penal, la cual ya está desbordada.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, como no nos quedará tiempo, porque hay muchos diputados inscritos en la discusión de este proyecto, quiero insistir en que votemos sin discusión el tercer proyecto de la tabla.

El diputado Juan Antonio Coloma dijo que accedía al acuerdo siempre y cuando intervinieran los que pudieran hacerlo, pero nadie va a alcanzar a intervenir.

Por lo tanto, pido nuevamente que recabe la unanimidad de la Sala para que el tercer proyecto de la tabla sea votado sin discusión.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la propuesta del diputado Marcos Ilabaca ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, entiendo que el acuerdo de la Sala para votar el tercer proyecto de la tabla es que en su discusión van a participar solo los diputados inscritos, que son siete.

Por consiguiente, ¿el proyecto se someterá a votación el día de hoy? Lo pregunto, porque se recabó la unanimidad para ello, pero deben intervenir en su discusión aquellas personas que se han inscrito.

Quiero tener claridad al respecto.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica disposiciones del Código de Minería; la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica; la ley orgánica constitucional de Concesiones Mineras; la ley N° 18.097 y el decreto ley N° 3.525, de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda son el señor Cristián Tapia y la señora Sofía Cid , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 101ª de la legislatura 370ª, en miércoles 23 de noviembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 99ª de la presente legislatura, en martes 7 de noviembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 100ª de la presente legislatura, en miércoles 8 de noviembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 20.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Minería y Energía.

El señor TAPIA (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Minería y Energía, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de discusión inmediata, que modifica disposiciones del Código de Minería; la ley N° 21.420, que Reduce o Elimina Exenciones Tributarias que Indica; la ley N° 18.097, orgánica constitucional de Concesiones Mineras, y el decreto ley N° 3.525, de 1980, que Crea el Servicio Nacional de Geología y Minería.

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley es resolver las inconsistencias y vacíos contenidos en la ley N° 21.420, como también ajustar y mejorar una serie de disposiciones del Código de Minería, de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras y del decreto ley N° 3.525, que Crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, para generar un estatuto normativo más armónico y acorde a la realidad de la minería del país.

Se deja constancia de que el artículo 3 tiene carácter de orgánico constitucional, en virtud de lo preceptuado en el inciso séptimo del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; de que el número ii de la letra c) del numeral 1 del artículo 1 es propio de ley de quorum calificado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental.

Por su parte, el numeral 6 del artículo 1; los numerales 4 y 5 del artículo 2, todos permanentes, y los artículos primero, segundo y quinto transitorios del proyecto de ley aprobado por la comisión deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

La comisión aprobó por mayoría de votos la idea de legislar: 6 a 5. Votaron a favor la diputada Marcela Riquelme y los diputados Diego Ibáñez , Jaime Mulet , Cristián Tapia , Nelson Venegas y Sebastián Videla . Se abstuvieron la diputada Yovana Ahumada (Presidenta) y los diputados Álvaro Carter, José Miguel Castro , Christian Matheson y Marco Antonio Sulantay .

En cuanto a los fundamentos, el mensaje sostiene que el 29 de enero de 2022 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 21.419, que Crea la pensión garantizada universal y modifica los cuerpos legales que indica.

Asimismo, el 4 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 21.420, que Reduce o Elimina Exenciones Tributarias que Indica, la que tiene por objeto eliminar o reducir un conjunto de exenciones tributarias para aumentar la recaudación y colaborar con el financiamiento de la pensión garantizada universal mediante el establecimiento de nuevos tributos y el aumento de otros existentes, junto con promover el trabajo efectivo en concesiones mineras y captar mayores rentas por la vía de aumentar el monto de las patentes mineras.

Agrega que debido a la premura que impuso la tramitación de la referida ley se generaron ciertos vacíos e inconsistencias en la normativa minera y su implementación. Algunos de estos defectos fueron ya enmendados mediante la ley N° 21.462, publicada en el Diario Oficial de 26 de julio de 2022, que modifica la ley N° 21.420.

Hace presente que en línea con el plan general de reactivación económica del gobierno y con el objeto de proveer un marco atractivo y coherente para el desarrollo de la actividad minera en el país, se presenta este proyecto que subsana los vacíos e inconsistencias aludidos, al mismo tiempo que perfecciona diversos aspectos de la regulación minera.

Esta propuesta, a su vez, fue antecedida por un trabajo colaborativo con diferentes actores, públicos y privados, quienes dialogaron con el Ministerio de Minería a través de mesas técnicas durante 2022.

Entre las mejoras que fundamentan este proyecto de ley se encuentran: clarificar y robustecer el contenido de la obligación de los titulares de concesiones de reportar información geológica básica al término de su período; fijar un nuevo procedimiento para la transformación del sistema de coordenadas de las concesiones vigentes, de forma expedita y transparente; habilitar la prórroga, por una sola vez, de cuatro años para los titulares de concesiones de exploración; regular de mejor forma la prohibición de constituir nuevas concesiones en una misma área; clarificar y ampliar las condiciones para acceder a la patente rebajada, y otras modificaciones que afectan y perfeccionan el funcionamiento del sistema en su conjunto.

De esta forma, se busca viabilizar los cambios efectuados al Código de Minería por la ley N° 21.420 y efectuar los ajustes que permitan su implementación en los cuerpos normativos ya indicados.

Respecto del contenido del proyecto de ley, este consta de cuatro artículos permanentes y cinco disposiciones transitorias.

El artículo 1 modifica el artículo 10 de la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, disposición que a su vez modifica el Código de Minería.

El artículo 2 modifica directamente el Código de Minería en diversas materias.

El artículo 3 introduce una modificación acotada a la ley N° 18.097, orgánica constitucional sobre Concesiones Mineras.

El artículo 4 elimina una facultad del Servicio Nacional de Geología y Minería del decreto ley N°3.525, de 1980, que crea dicho servicio.

Por su parte, el artículo primero transitorio establece la vigencia de la ley.

Los artículos segundo y tercero transitorios reemplazan los artículos décimo y undécimo transitorios de la ley N° 21.420.

El artículo cuarto transitorio suprime el artículo décimo tercero transitorio de la ley N° 21.420.

Por último, el artículo quinto transitorio consagra que el beneficio establecido para los pequeños mineros en el artículo 142 ter se aplicará por un período de cinco años contados desde la entrada en vigencia de la ley, por una única vez.

En términos sustantivos, los principales aspectos abordados por el proyecto de ley son los siguientes:

1. Entrega de información geológica obtenida de trabajos de exploración.

2. Cambio del sistema de coordenadas.

3. Ajustes a la duración de la concesión de exploración.

4. Prohibición de constitución de concesión de exploración respecto de la misma área.

5. Modificación de beneficios de patentes mineras rebajadas.

6. Eliminación del sistema de constitución de concesión minera por vista.

7. Ajuste al sistema de definición de nómina de peritos mensuradores.

8. Modificación aplicable a las publicaciones realizadas por el Sernageomin.

9. Cambio de datum.

10. Modifica facultades del Sernageomin en orden a requerir entrega de información geológica básica.

Durante su discusión particular el Ejecutivo presentó dos grupos de indicaciones que recogieron la mayoría de los planteamientos formulados por las diputadas y los diputados de la comisión, que dicen relación con la preocupación que asistió a sus integrantes respecto de la tramitación que este proyecto daba a los pequeños mineros.

En este sentido, las propuestas presentadas por el gobierno consideraron el interés de la pequeña minería, brindando herramientas que les permitan flexibilizar el cumplimiento de las diversas modificaciones que introduce esta iniciativa legal.

Las indicaciones presentadas el 5 de julio modificaron el proyecto de ley en el siguiente sentido:

1. Se detalla el contenido de la resolución que concede la prórroga de las patentes de exploración.

2. Se suprime el requerimiento de hacer abandono de una parte de la superficie total concedida en la solicitud de prórroga de patente de exploración presentada por el tribunal correspondiente.

3. Se precisan los casos en que se podrá obtener el beneficio de patente rebajada cuando los titulares hubieran iniciado trabajos de operaciones mineras.

4. Se reduce el monto de la patente para aquellas pertenencias que, no habiendo iniciado trabajos, hayan obtenido una resolución de calificación ambiental o hayan sido admitidas a trámite en el sistema de evaluación de impacto ambiental, a un décimo de la unidad tributaria mensual por hectárea completa.

5. Se establece que el monto utilizado para el cálculo de la patente proporcional asociada a su primer pago, y hasta el primer año de vigencia de la pertenencia, será de un décimo de unidad tributaria mensual por hectárea completa.

6. Se modifica el procedimiento de modificación del sistema de coordenadas de las concesiones mineras, para efectos de su unificación.

Por su parte, con la finalidad de destrabar esta compleja tramitación, las indicaciones del Ejecutivo presentadas a la comisión el 23 de octubre son:

a) Reformular el artículo 142 bis, en pos de la armonización y simplificación del texto legal. Es así que, considerando las observaciones levantadas por la Comisión de Minería y Energía, se propuso un texto más amigable y ajustado a la realidad del concesionario minero, con el objeto de resolver las dudas acerca de la aplicación del aumento de la patente minera, facilitando la interpretación de la norma. En otras palabras, se deja claridad de que la regla general será la patente hoy vigente (1/10 de unidad tributaria mensual por hectárea) y se reconocen las hipótesis de trabajo ya consagradas en el proyecto de ley. Luego, el alza de las patentes aplicará solo a pertenencias que no sean trabajadas.

b) Consagra un beneficio especial para pequeños mineros, contenido en el artículo nuevo 142 ter y quinto transitorio. Se establece que todo minero titular de concesiones cuya superficie total no sea superior a 500 hectáreas podrá mantener el monto de su patente en los mismos términos que hoy (1/10 de unidad tributaria mensual por hectárea), para cuyo efecto solo requerirá mantener sus patentes al día y demostrar que ha desarrollo trabajo al menos una vez, para que se le reconozca el beneficio por cinco años en todas sus concesiones, aunque trabaje solo una de ellas. Se precisó que este beneficio podrá aplicarse a más de 7.100 concesionarios mineros, es decir, más del 70 por ciento de catastro nacional de pertenencias mineras, y se aplicará automáticamente por los primeros cinco años, ya que se incorpora un artículo transitorio -el quinto que eximirá la necesidad de acreditar trabajo durante los primeros cinco años desde la entrada en vigencia de la ley.

Asimismo, la comisión aprobó cuatro indicaciones parlamentarias.

La primera, presentada por todos los diputados, tiene por objeto precisar que la obligación de entrega del reporte con la información geológica obtenida por los trabajos de exploración opera solo para quienes efectivamente cuenten con ella, dejándose const ancia de que la intención del Ejecutivo en ningún caso es que se transforme en una carga para el pequeño minero, que se entiende en la práctica que no cuenta con información geológica por su forma de trabajar.

La segunda indicación, de la diputada Yovana Ahumada , amplía el plazo de confidencialidad de la información geológica obtenida por los trabajos de exploración avanzada de tres a cuatro años, contados desde su entrega al Sernageomín.

Asimismo, se aprobó una indicación del diputado Jaime Mulet que agrega un inciso nuevo en el artículo 142 bis, incorporado en el Código de Minería, que establece: “En el caso de los titulares de una o varias pertenencias mineras cuya extensión total no sea superior a 500 hectáreas, podrán acreditar el inicio de trabajo, actividades u obras mediante una declaración jurada ante notario. En caso de comprobarse falsedad en la declaración, el titular incurrirá en las penas del artículo 210 del Código Penal.”.

Por último, la comisión aprobó una indicación del diputado Christian Matheson , consensuada con el Ejecutivo, que modifica el artículo 94 del Código de Minería. Su fundamento es que muchas personas o sociedades que constituyen concesiones mineras lo hacen con el único afán de especular, y cuando el propietario del terreno desea comenzar con una obra, inician un juicio posesorio para paralizarla, el que, además, puede durar años.

La indicación establece que quien tiene una concesión minera debe acreditar la titularidad del derecho real sobre el predio y el hecho de que, en caso de no decretarse la paralización de la obra, ello le genera un grave e inminente peligro.

Por otra parte, permite que el propietario del terreno pueda continuar con las obras si cauciona un monto suficiente para la demolición e indemnización de los pe rjuicios que, de continuar con dichas obras, pudieren afectar al concesionario.

En consecuencia, se puede actuar tanto por parte del propietario del terreno como del titular de la concesión minera.

Finalmente, cabe hacer presente que tanto los parlamentarios de la comisión como la ministra de la cartera reconocieron y valoraron el importante trabajo realizado por los asesores, que permitió aunar voluntades y salvar una difícil tramitación, e hicieron hincapié en la importancia que revestía hacer diferencias en la iniciativa respecto del artesanal, el pequeño y el mediano minero, que constituyen un pilar fundamental para el desarrollo del país.

El proyecto fue aprobado.

Agradezco su labor a los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía, señora Yovana Ahumada y señores Patricio Rosas , Jaime Mulet , Cristián Tapia , Nelson Venegas , Sebastián Videla , Álvaro Carter, José Miguel Castro , Christian Matheson y Marco Antonio Sulantay .

También agradezco a la ministra de Minería y a todo su equipo. Creo que se realizó un buen trabajo, especialmente destinado a fortalecer y apoyar a los pequeños mineros.

Es todo cuanto puedo informar. He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

La discusión de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios y modifica otros cuerpos legales, correspondiente al boletín N° 16037-07.

Hay siete diputados inscritos, quienes tienen hasta tres minutos para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 103ª de la presente legislatura, en miércoles 15 de noviembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, en su momento me tocó revisar este proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por sus implicancias financieras.

Recuerdo muy bien que en ese debate -esto es algo que los siguientes pasos de la tramitación han ido recogiendo, lo que se desprende de los informes que vienen desde el Senadose habló de la importancia de generar una planificación estratégica a nivel territorial para las infraestructuras penitenciarias que, como dijo anteriormente, si no me equivoco, el diputado Gaspar Rivas , son necesarias, pero que nadie quiere en su terruño.

Durante la tramitación de la iniciativa se ha avanzado en disponer que no podrán ser aprobadas, por ejemplo, propuestas de modificaciones al plan regulador intercomunal, comunal o planes seccionales, según corresponda, sin que exista previa aprobación de los concejos municipales o del gobierno regional, si así correspondiere.

También es importante señalar que, tanto en esta materia como en otras cuestiones, como, por ejemplo, los sitios de disposición final de residuos o antiguos vertederos, es tremendamente necesario que exista una legislación similar a esta, que permita que el ordenamiento territorial y la planificación de infraestructura en un territorio pueda darse de forma más estratégica, con una visión que supere simplemente una frontera comunal determinada.

Lo anterior es relevante porque finalmente estas son las cuestiones que muchas veces entrampan una serie de procesos en las comunas y terminan afectando de manera grave la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas.

Anuncio que aprobaremos este proyecto.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto establecer reglas especiales en materia de urbanismo y construcción para facilitar la alteración de recintos penitenciarios.

El problema de las aglomeraciones en los establecimientos penitenciarios se ha acentuado durante el último tiempo, pues la crisis de seguridad ha aumentado la cantidad de personas privadas de libertad y también ha empeorado las condiciones laborales de los funcionarios de Gendarmería, que finalmente son quienes se llevan la carga más pesada al interior de estos recintos.

En este sentido, se requieren medidas para reducir las aglomeraciones y permitir que se realicen trabajos con el objeto de arreglar las cárceles, todo con el principal propósito de mejorar su salubridad.

Valoro las modificaciones que fueron llevadas a cabo en el Senado, pues permiten que la comunidad sea escuchada antes de la construcción de un recinto penitenciario nuevo, por lo que los informes de los municipios y gobiernos regionales son vinculantes para la modificación de los planes reguladores.

Voy a votar a favor.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, este es un proyecto que, en definitiva, permite, durante un plazo extraordinario de 48 meses, reconstruir o ampliar recintos penitenciarios existentes. Eso es lo fundamental. Quiero hacer hincapié en que fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Constitución, y también en la Sala de la Cámara y del Senado.

También quiero señalar que incorpora una norma específica muy importante, no solo respecto de la construcción y ampliación, estableciendo plazos definidos, sino que también entrega a Gendarmería de Chile, particularmente a la Subdirección Operativa de Gendarmería, la facultad para asesorar, controlar y coordinar las acciones relativas a la persecución y prevención del surgimiento y operación de organizaciones delictivas o criminales. Esa facultad, establecida en el artículo 3, es fundamental, de manera que espero que lo aprobemos por unanimidad.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señor Presidente, adhiero a lo que han expresado los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, especialmente a lo señalado por el diputado Raúl Leiva .

Todos los presentes somos conscientes tanto de la curva ascendente que registra la población penitenciaria en el país como de lo difícil que es construir y reconstruir cárceles en Chile, lo que agrava la compleja situación actual del sistema penitenciario nacional. Todos recordamos la tragedia humanitaria de la cárcel de San Miguel. Fue fruto de una infraestructura de riesgo y del descuido. Esto sucede en la mayor parte de las cárceles del país. Especialmente, puedo citar las denuncias que he hecho respecto de la situación de la cárcel de Talca.

Por eso, es imprescindible que se apruebe el presente proyecto, que busca facilitar la ampliación, reparación y reconstrucción de establecimientos penitenciarios existentes, que es parte de la agenda priorizada de este gobierno, pues no solo es un deber ético y moral tratar con respeto y dignidad a todo ser humano, sino también porque el Estado debe mantener un control efectivo sobre la población privada de libertad, lo que bajo el asedio de los nuevos fenómenos delictuales que aquejan al país se vuelve un reto casi insuperable para nuestra decadente infraestructura penitenciaria.

Las mafias en América Latina, como se ha dicho, surgieron muchas veces de la anarquía reinante en las propias cárceles del continente. En este sentido, el proyecto busca dar una solución integral a los problemas que se han venido agudizando en las cárceles chilenas producto del hacinamiento. Instituciones fuertes y respetuosas de los derechos humanos son la única opción realmente eficaz para combatir la delincuencia y defender el Estado derecho. El resto solo es populismo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, evidentemente, vamos a votar a favor de este proyecto que facilita la ampliación, reconstrucción y mejoramiento de las cárceles. Aprovecho la oportunidad para recordar a algunos parlamentarios las vueltas que da la vida.

Me acuerdo de que, hace un par de años, había encendidos discursos en los que se señalaba que cómo era posible que a estos luchadores sociales los metiéramos presos. Eso es lo que ustedes decían hace poquito tiempo. Si quieren les mando los recortes. Recuerdo cómo peleaban para que las personas no estuvieran en las cárceles. Lo dijo recién un diputado: “¿Cómo vamos a seguir metiendo presas a estas personas?”.

En forma increíble, y en buena hora, hoy están presentando y apoyando un proyecto de ley para construir más cárceles. La vida enseña muchas cosas. Enseña cómo en cuatro años se puede pasar de votar en contra la ley antibarricadas, la ley del crimen organizado, a votar a favor leyes para construir nuevas cárceles. Espero que esto sea un aprendizaje para lo que viene.

Cuando estuvieron en la oposición, fueron extremadamente duros para atacar a un Presidente, sin importar las consecuencias que iba a tener para el país. Hoy les toca gobernar, y es evidente que han entendido que los proyectos que votaban en contra le hicieron mucho daño a nuestro país. Y enhorabuena esta voltereta, porque entrega la posibilidad de ampliar, de construir, de mejorar cárceles para que más delincuentes vayan presos, porque, hasta hace poquito tiempo, ustedes votaban en contra de todas las leyes que, por ejemplo, establecían prisión preventiva. Hoy votaron a favor. En el período pasado las votaban en contra, porque las encontraban excesivamente largas. Me acuerdo perfecto de aquello en un debate en esta Sala.

Entonces, quiero aprovechar la discusión de este proyecto, que espero sea apoyado por la unanimidad del parlamento, para que todos saquemos lecciones de que cuando uno es gobierno y otro es oposición se deben tener actitudes mínimas de cuidado cívico. Y lo que nunca más podemos volver a transar es entender que a la delincuencia hay que darle la pelea entre todos, o nos va a ganar.

En el período pasado ustedes decidieron ponerse al frente y hoy estamos sufriendo en parte las consecuencias de esa legislación laxa y de esas señales equívocas que hubo por parte del entonces diputado Boric , de quienes hoy son ministros y hasta de algunos quienes están sentados acá.

Espero que lo que votaremos hoy sea aprobado por unanimidad, y que también sirva de lección para que en el futuro no todo valga para atacar a un Presidente.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Para referirse a un punto del Reglamento, tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, quiero solicitar, muy respetuosamente, que recabe la unanimidad de mis colegas para que el segundo proyecto en tabla, referido a las concesiones mineras, pueda ser votado hoy.

Lo explico, antes de que alguien se oponga. Si no aprobamos este proyecto con esta prontitud, el 1 de enero de 2024 van a subir más de cuatro veces las patentes mineras. Esto afectará a los pequeños y medianos mineros.

Todos quieren intervenir en el debate, y yo también quiero hacerlo, pero, en beneficio de los pequeños y medianos mineros, les pido tener la consideración de no hacer sus intervenciones y que hoy podamos votar esa iniciativa.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a lo planteado por la diputada Marcela Riquelme .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, a diferencia de la caricatura que a ratos parece dibujarse de manera muy sencilla en esta Sala, la lucha contra el crimen organizado es una preocupación profunda de quienes creemos que el Estado debe llegar antes donde la organización criminal parece ser quien gobierna y reemplaza lo pú blico. El crimen organizado erosiona la convivencia democrática, amenaza la organización de vecinos y vecinas, secuestra el futuro de nuestros jóvenes, coquetea con la política, con los grandes capitales, y para abordar esa lucha es necesaria una serie de medidas.

Hemos presentado propuestas para terminar con el secreto bancario, para aumentar el control y los requisitos para que la población civil acceda a armas, que luego terminan en manos de la delincuencia, y hemos aprobado otras tantas medidas en el mismo sentido. Hoy, este proyecto viene a hacerse cargo de una realidad ineludible: tenemos menos de 42.000 plazas para una población carcelaria de más de 48.000 internos, déficit que además sigue aumentando, porque, en paralelo, generamos políticas públicas mediante iniciativas legislativas que aumentan el número de personas privadas de libertad, que aumentan las hipótesis de prisión preventiva, como si fuera una bala de plata que va a solucionar todos nuestros problemas. ¿Cuál es el problema que eso termina generando? Que seguimos aumentando el número de personas privadas de libertad sin mejorar las condiciones de habitabilidad en las cárceles. No solamente estamos vulnerando los derechos de esas personas, sino que estamos impidiendo las posibilidades de estudio, de trabajo, de inserción o reinserción. En definitiva, estamos generando más y mejores delincuentes. Le estamos abriendo la puerta al crimen organizado, no cerrándosela.

Entonces, lo que esperamos que sea una buena política termina siendo una política que genera justamente lo contrario: se producen las condiciones necesarias para, por ejemplo, el contagio criminológico o para el reclutamiento, por parte de bandas, de nuevos integrantes.

Para eso es este proyecto, para dar solución al hacinamiento y a la falta de plazas disponibles en recintos penales, disponiendo, de manera temporal, reglas especiales en materia de urbanismo y construcciones que faciliten la alteración, ampliación, reparación y reconstrucción de recintos penitenciarios, sin desconocer, además, los efectos que los recintos penitenciarios tienen en nuestros territorios. Para eso se establece la obligatoriedad de consulta a nivel municipal y a nivel de gobiernos regionales.

Este proyecto me parece esencial para que continuemos contribuyendo al combate contra el crimen organizado, lo que, al menos desde nuestra vereda, es trascendental para garantizar los derechos de las personas en nuestros territorios.

Sin seguridad no hay derechos fundamentales, y eso es un desafío permanente para el Estado. Esta iniciativa lo aborda de manera seria y responsable, y, por supuesto, contará con mi respaldo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Señor diputado, mañana discutiremos ese proyecto en la Sala.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista apoyará este proyecto de ley, que permitirá ampliar, reparar y reconstruir las cárceles en nuestro país a través de una simplificación de normas, lo que se llama un fast track en materia penitenciaria. ¿Por qué? Porque hay una enorme evidencia que nos indica que hoy existe una sobrepoblación carcelaria gigantesca, e incluso superior a la que hubo en 2010, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando se quemaron los presos en la cárcel de San Miguel.

Reitero: hoy existen más reclusos que en aquel período, y la proyección es que la población carcelaria vaya aumentando cada seis meses a una cantidad que es incontenible, lo que a veces choca contra el sentido común de las personas que dicen que prácticamente nadie va a la cárcel. ¡Están llenas las cárceles!, y se han transformado en un problema nacional. Además, varios parlamentarios de oposición también lo reconocen, porque la sobrepoblación penitenciaria incuba más delincuencia, opera como un área de reclutamiento para el crimen organizado y hace imposible el control por parte de penitenciaría: no existe separación entre los presos de alta peligrosidad y los de bajo compromiso delictual.

Por lo tanto, este proyecto, que es un fast track legislativo, una norma exprés para que este gobierno inicie -y ojalá concluyalos procesos de ampliación para que se puedan separar los distintos tipos de criminales, es algo fundamental. Será la ley número veinte de este gobierno en materia de seguridad. En ese sentido, hace poco rato discutíamos que este es el gobierno que más ha hecho en materia de leyes contra la delincuencia en la historia, y lo ha enfrentado de manera seria y responsable.

Aquí, por su intermedio, señor Presidente, le contesto al diputado Coloma : nosotros hemos aprendido la lección.

(Aplausos y manifestaciones en la Sala)

¡Es verdad! Aprendimos la lección, por ejemplo, que nos dio Sebastián Piñera en su primer gobierno, cuando dijo que si era elegido Presidente, le pondría un freno a la puerta giratoria de la delincuencia en las cárceles. ¿A cuánta gente dejó en libertad? A diez mil personas, a través de una amnistía general y del cambio de las reglas sobre libertad condicional. Diez mil personas quedaron en libertad.

Pero nosotros contribuimos a eso, pues también fuimos parte de esa votación, porque se justificaba, diputado Coloma .

Y en el segundo gobierno, diputado Coloma , el Presidente Piñera también dejó a varios miles en libertad con una amnistía.

(Hablan varios diputados a la vez)

Y también la aprobamos. La aprobamos porque estaba la covid-19.

Por tanto, pido que esa mirada generosa y de país que hemos tenido también la tengan ustedes con la ministra Tohá , que no busquen emporcarle su trabajo. Nadie ha hecho más contra la delincuencia que la ministra Tohá . Y, por favor, colaboren. ¡Colaboren!

He dicho.