Labor Parlamentaria

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre Cooperación y Asistencia Mutua Administrativa en Materias Aduaneras, suscrito en Nueva York, el 27 de septiembre de 2019, correspondiente al boletín N° 15312-10.

Para la discusión de este proyecto se aplicarán las reglas de la tabla de Fácil Despacho, es decir, se destinarán diez minutos, y podrán hacer uso de la palabra hasta cinco diputadas y diputados de distintos Comités, hasta por dos minutos cada uno.

Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda son los señores Cristhian Moreira y Jaime Sáez , respectivamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 85ª de la legislatura 370ª, en miércoles 12 de octubre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 92ª de la legislatura 370ª, en lunes 7 de noviembre de 2022. Documentos de la Cuenta N°14.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 129ª de la presente legislatura, en miércoles 10 de enero de 2024. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Damos la bienvenida al ministro de Hacienda y a la subsecretaria de dicha cartera.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

El señor MOREIRA (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar sobre el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre Cooperación y Asistencia Mutua Administrativa en Materias Aduaneras”, suscrito en Nueva York, el 27 de septiembre de 2019, contenido en el boletín N° 15312-10-1 (S), con urgencia calificada de “suma”.

El mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República da origen al proyecto de acuerdo en informe expone que el Servicio Nacional de Aduanas cumple un rol preponderante en materia de comercio exterior, especialmente en la facilitación y agilización de las operaciones de importación y exportación, a través de la simplificación de trámites y procesos aduaneros.

Agrega que, asimismo, resguarda los intereses del Estado y de la ciudadanía, fiscalizando dichas operaciones de manera oportuna y exacta, determinando los derechos e impuestos vinculados a estas y verificando que no ingresen a nuestro país mercancías que puedan ser consideradas peligrosas.

A continuación, hace presente que, en concordancia con tales objetivos, nuestro país suscribe acuerdos internacionales en materia de cooperación y de asistencia mutua administrativa, los que contribuyen a la acción contra las infracciones aduaneras.

El presente tratado consta de un preámbulo, en el cual las partes concuerdan en la importancia de la cooperación entre ambos países y sus administraciones aduaneras en la acción contra las infracciones aduaneras y el tráfico transfronterizo ilícito de mercancías. Asimismo, consideran relevante fijar con exactitud el monto y recaudación de los derechos de aduanas, de otros impuestos y gravámenes, por concepto de importación y exportación de mercancías, así como la implementación de medidas de prohibición, restricción y control, teniendo presente los instrumentos pertinentes del Consejo de Cooperación Aduanera -hoy Organización Mundial de Aduanas-, en especial la recomendación del consejo sobre asistencia mutua administrativa, de 5 de diciembre de 1953, y 24 artículos, a los cuales no me referiré en aras del tiempo y por encontrarse ellos latamente explicitados en el informe que mis colegas tienen en su poder.

A las sesiones en que se analizó esta iniciativa asistieron, además de las y los integrantes de la comisión, el señor Álvaro Arévalo Cunich , subdirector jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el señor Pedro Ortúzar Meza , jefe del Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos de dicha cartera de Estado.

Luego de la exposición que realizaron los invitados, en la cual refrendaron los contenidos del mensaje, las señoras y los señores diputados presentes en esa instancia legislativa manifestaron su opinión favorable al proyecto de acuerdo, razón por la cual acordaron someterlo a votación general y particular a la vez, sin mayor debate, dada la pertinencia de sus contenidos.

El proyecto fue aprobado, en general y particular a la vez, por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Cid, doña Sofía ; Hertz , doña Carmen ; Muñoz , doña Francesca , y Ñanco , doña Ericka , y los diputados señores Bernales, don Alejandro ; Calisto, don Miguel Ángel (en reemplazo del señor Undurraga, don Alberto) ; De Rementería, don Tomás ; González, don Felix ; Labbé, don Cristián , y quien habla, Cristhian Moreira .

Por último, me permito hacer presente a mis colegas que, a juicio del honorable Senado, no existen en el proyecto normas que revistan carácter orgánico constitucional, pero su artículo 14 reviste el carácter de norma de quorum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso tercero, de la misma Carta Fundamental, por cuanto consagra la posibilidad de establecer casos de confidencialidad de la información, criterio que la comisión compartió. Asimismo, a juicio del honorable Senado -criterio que la comisión también compartió-, el proyecto en informe requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por incidir sus normas en materias presupuestarias o financieras del Estado.

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recomienda la aprobación del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el referido informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor SÁEZ (de pie).-

Señor Presidente, honorable Sala, la Comisión de Hacienda pasa a informar, en lo referido a su incidencia presupuestaria, el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre Cooperación y Asistencia Mutua Administrativa en Materias Aduaneras, suscrito en Nueva York, el 27 de septiembre de 2019.

En representación del Ejecutivo, concurrió a presentar el proyecto el señor Pedro Ortúzar Meza , jefe del Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La idea fundamental de la iniciativa apunta a prevenir e investigar las infracciones contra la legislación aduanera entre las partes, en un acuerdo de amplia cooperación en ese ámbito, teniendo presente que las contravenciones a la legislación aduanera son perjudiciales para los intereses económicos, comerciales, financieros, sociales y culturales de ambos países y que el tráfico transfronterizo ilícito de mercancías constituye un peligro para la salud pública y la sociedad, para lo cual institucionalizan como países el brindar una amplia información para la aplicación correcta de esa legislación, y cooperar con la investigación, desarrollo y aplicación de nuevos procedimientos aduaneros.

Concretamente la cooperación que han de brindarse las partes contratantes, a través de las administraciones aduaneras, refiere, entre otras, a:

-La vigilancia sobre personas, mercancías, medios de transportes, envíos, bultos postales, cuando se sospecha que han cometido o han sido utilizados para cometer infracciones o estar implicados en el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores;

-La información sobre actividades que constituyan o puedan constituir una infracción contra las legislaciones aduaneras, entre ellas el tráfico de estupefacientes, armas, obras de arte de valor histórico, cultural o arqueológico; metales preciosos, piedras preciosas o manufacturas derivadas de los mismos; mercancías falsas; tráfico de literatura contraria a la moral y orden público, y especies de flora y fauna en peligro de extinción y sus derivados;

-El intercambio de información o copia de documentos aduaneros, para ayudar en la implementación de procedimientos más eficaces, determinar el valor aduanero, la clasificación de mercancías y el origen de las mismas;

-A la asistencia en materia de control de las mercancías que han sido exportadas o importadas;

-Al inicio de investigaciones aduaneras y comparecencia de funcionarios como expertos o testigos ante autoridades administrativas o judiciales de la otra parte; -Asistencia técnica y reuniones entre las partes.

Todo lo anterior previa solicitud y en la medida en que sea compatible con la legislación nacional y los procedimientos administrativos.

Por otro lado, es del caso precisar que la información proporcionada deberá gozar al menos de la misma protección y trato confidencial que se otorga al mismo tipo de información o antecedente en el país de la parte que la recibe, protegiendo además los datos personales intercambiados.

Además, se consagra la facultad de las partes de negar la asistencia, total o parcialmente, o condicionarla si la parte requerida considera que su cumplimiento será perjudicial para la soberanía, la seguridad o cualquier otro interés esencial de su Estado. La negación de asistencia se deberá comunicar por escrito y sin demora.

Por último, es importante tener presente que este instrumento internacional, dada su naturaleza jurídica de tratado, constituye una herramienta de la política exterior del país, que, en este caso particular, tiene un impacto en el afianzamiento de las relaciones bilaterales con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

En lo que se refiere a la incidencia presupuestaria, el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, de 18 de agosto de 2022, señala que este acuerdo tiene como fin mejorar la acción contra las infracciones aduaneras, a través de la cooperación y asistencia mutua administrativa entre los países mencionados.

El citado instrumento consta de un preámbulo, en el cual las partes manifiestan los propósitos que las animaron a suscribirlo, y 24 artículos, donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo.

En el preámbulo, las partes concuerdan en la importancia de la cooperación entre ambos países y sus administraciones aduaneras en la acción contra las infracciones aduaneras y el tráfico transfronterizo ilícito de mercancías.

El resto del contenido (los 24 artículos) contempla definiciones, ámbito de aplicación del acuerdo, características del intercambio de información relevante, acciones contra el tráfico ilícito de mercancías y asistencia mutua en materia de control, entre otros elementos afines al fondo del acuerdo.

Efecto del proyecto de acuerdo sobre el presupuesto fiscal

La implementación de este acuerdo no implicará un mayor gasto fiscal, entendiendo que su finalidad es la asistencia y cooperación mutua entre las partes.

En consideración a lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos expuestos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a mis colegas presentes.

Este proyecto de acuerdo aprueba el acuerdo entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación y asistencia mutua administrativa en materias aduaneras.

Este acuerdo continúa una línea de trabajo que Chile viene desarrollando desde hace largos años. En efecto, nuestro país tiene más de dieciocho tratados sobre cooperación y asistencia mutua en materias aduaneras, de los cuales dos son multilaterales: el tratado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y el tratado con la Unión Europea.

Este tratado no es la excepción en la regulación que Chile ha adoptado con otros países. Teniendo presente que las contravenciones a la legislación aduanera son perjudiciales para los intereses económicos, pero también comerciales, financieros, sociales y culturales, tanto de Chile como de Emiratos Árabes Unidos, se señala en forma específica que el tráfico transfronterizo ilícito de mercancías constituye un peligro para la salud pública y para la sociedad.

Teniendo presente lo anterior, el objetivo central de este acuerdo es institucionalizar una amplia colaboración entre las partes para que, entre otras cosas, se prevengan e investiguen las infracciones contra las legislaciones aduaneras, se brinde amplia información para la aplicación correcta de esa legislación y se coopere con la investigación, desarrollo y aplicación de un nuevo procedimiento aduanero.

La cooperación en cuestión comprende la información sobre actividades que constituyan o puedan constituir una infracción contra las legislaciones aduaneras, como son los tráficos de estupefacientes, de armas, de obras de arte de valor histórico, cultural o arqueológico; de metales preciosos, piedras preciosas o manufacturas derivadas de los mismos, así como el intercambio de información o copia de documentos aduaneros que pudieran ayudar a la implementación de procedimientos eficaces para la determinación del valor aduanero, la clasificación de mercancías y la determinación de su origen.

Por estas razones, apoyaremos este proyecto de acuerdo, votándolo a favor.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea la Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda, y adecúa los cuerpos legales que indica.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Alexis Sepúlveda .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 126ª de la presente legislatura, en jueves 4 de enero de 2024. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 15 de este boletín de sesiones.

El señor VON MÜHLENBROCK (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda -la comisión técnica-, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que crea la Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda, y adecúa los cuerpos legales que indica.

En representación del Ejecutivo concurrió a presentar el proyecto la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner , quien estuvo acompañada del jefe de Gobierno Digital de la Segpres, señor José Inostroza .

La idea matriz de la iniciativa busca dar un paso fundamental en la construcción de una gobernanza más robusta para la modernización del Estado, mediante la creación de una Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda, que fortalezca la gobernanza de la transformación digital del Estado y genere más confianza y mejores servicios para las personas y las organizaciones.

En sus fundamentos, el proyecto resalta que esta iniciativa, que forma parte de la Agenda de Modernización del Estado 2022-2026, consolidará al Ministerio de Hacienda como el centro de gobierno para la modernización de la gestión pública y del Estado, pues agrupará bajo su liderazgo a todas las funciones transversales de la Administración Pública, como son el empleo público, las compras públicas, el presupuesto y la transformación digital, y reunirá en un mismo sector a la institucionalidad de gobierno digital y datos, la Secretaría de Modernización del Estado, el Laboratorio de Gobierno y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, actores claves del ecosistema de transformación y modernización del sector público.

En particular, mediante cuatro artículos permanentes y tres disposiciones transitorias, la iniciativa de ley crea la Secretaría de Gobierno Digital, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, cuyas finalidades serán proponer al ministro del ramo una estrategia de gobierno digital y coordinar luego su implementación, procurando mantener un enfoque integrado de gobierno, en coherencia con lo recomendado para nuestro país en esta materia por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Entre sus funciones le corresponderá coordinar, asesorar y apoyar intersectorialmente en el uso estratégico de tecnologías digitales, datos e información pública para mejorar la gestión de los órganos de la Administración del Estado y la entrega de servicios. Asimismo, deberá desarrollar y operar plataformas y servicios compartidos, a lo menos, de interoperabilidad e identidad digital.

En materia institucional, se dispone que la Subsecretaría de Hacienda será la continuadora legal de la actual División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, entidad que se disuelve y cuyas funciones y atribuciones se ejercerán a través de la nueva Secretaría de Gobierno Digital creada en esta ley.

En coherencia con lo anterior, la norma en trámite dispone el traspaso sin solución de continuidad del personal que se desempeña hoy en la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia a la Subsecretaría de Hacienda, manteniendo su calidad jurídica contractual y cualquiera que sea el programa presupuestario que financie a dicho personal.

Se precisa luego que la jefatura de la Secretaría de Gobierno Digital recaerá en un cargo de director, que corresponderá a un jefe de División de la Subsecretaría de Hacienda.

El proyecto realiza también modificaciones adecuatorias en la normativa vigente, con el objeto de dar coherencia al cambio orgánico propuesto en este proyecto.

Finalmente, en sus artículos transitorios se resguarda la continuidad de derechos y obligaciones de la entidad traspasada, así como la readecuación de referencias institucionales, con el fin de asegurar una migración adecuada y expedita de las funciones de gobierno digital desde la Segpres a la Subsecretaría de Hacienda.

En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que el gasto en personal y demás recursos ya se encuentran aprobados en el presupuesto 2024 de la actual División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, los que al ser liberados se traspasarán al nuevo servicio dependiente del Ministerio de Hacienda. Solo se produciría un mayor desembolso como resultado de la asimilación de grados y de la mantención de las remuneraciones de funcionarios, lo que generaría un mayor gasto fiscal de 8.194.000 pesos anuales.

En materia de financiamiento, se indica que el mayor gasto fiscal que irrogue esta ley en proyecto se imputará al presupuesto del Ministerio de Hacienda, y en lo que faltare se cargará al Tesoro Público.

Los diputados presentes coincidieron en valorar los objetivos del proyecto, particularmente el fortalecimiento institucional de la transformación digital, y manifestaron diversas consultas sobre el traspaso presupuestario, la propuesta de digitalizar los trámites del Estado y la promoción del gobierno electrónico.

Finalmente, puesto en votación en general y en particular en un solo acto el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los diez diputados presentes: las diputadas Camila Rojas, Sofía Cid y Gael Yeomans (Presidenta), y los diputados Boris Barrera , Carlos Bianchi , Miguel Mellado , Jaime Naranjo , Guillermo Ramírez , Agustín Romero y Gastón von Mühlenbrock .

En consideración con lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos expuestos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, tengo una duda, porque en el informe que tengo frente a mí -puede ser que la cifra sea equivocada- se habla de un mayor gasto de 8.000 millones de pesos.

¿Ocho millones de pesos? ¿Eso es lo correcto? Bueno.

La crítica es la siguiente.

En primer lugar, ¿por qué se va a modificar la dependencia desde la Segpres al Ministerio de Hacienda? ¿Qué sabe el Ministerio de Hacienda que no sepa la Segpres en materia de gobierno digital?

En segundo lugar, sabemos que se creó la Agencia de Ciberseguridad, que está empezando a funcionar, de modo que el cambio de dependencia va a crear un desorden dentro de una agencia que recién está empezando a funcionar; es lógico.

¿Es ese el sentido del proyecto? ¡Nos estamos gastando productividad!

No me quedan claros los beneficios de este proyecto. En este momento tenemos una crisis no menor, pero, cuando más se necesitan estabilidad y certeza en materia de seguridad digital, nuevamente se transforma o se modifica la dependencia de un servicio recién creado. ¿Por qué?

Honestamente, no veo la ventaja que entrega este proyecto de ley. Para más remate, creo que cada secretaría nueva que se crea no redunda nada más que en recursos que se distraen de las tareas fundamentales del Estado para otra oficina más; más burocracia, más funcionarios que se pasan los papeles unos a otros, mientras el Estado está ausente en La Granja, en San Joaquín, en Macul; mientras el Estado no hace su pega en materia de seguridad, mientras mueren decenas de miles, casi medio centenar de miles de personas en los servicios de salud por falta de atención.

¿Cuándo vamos a dejar de hacer burocracia y vamos a empezar a hacer la pega en el Estado de Chile?

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, el proyecto plantea el traspaso de la División de Gobierno Digital desde el ministerio de la Segpres a la Subsecretaría de Hacienda, estableciendo las reglas para concretar este traspaso, protegiendo al personal a contrata y sus derechos laborales.

El Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado recomienda que se efectúe este traslado hacia el Ministerio de Hacienda para permitir robustecer su liderazgo como entidad rectora en materias digitales y generar coordinación con la Secretaría de Modernización del Estado, el Laboratorio de Gobierno y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

Se hace presente que durante la tramitación del proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2024, el gobierno intentó erróneamente hacer ese traspaso. Sin embargo, fue criticado por utilizar dicho proyecto para modificar una ley permanente. Por tal razón, el Ejecutivo decidió no perseverar en ello y presentar esta iniciativa.

Si bien es valorable la intención de avanzar en la modernización y transformación digital del Estado, surgen dudas, claramente, sobre si este traspaso por sí solo es suficiente para lograr tales fines, dado que no incorpora cambios estructurales en la institucionalidad ni en sus funciones, sino que solo modifica su ubicación.

Si bien el traslado al Ministerio de Hacienda es coherente con los objetivos de mayor eficiencia en el uso de recursos fiscales, es relevante que no se pierda de vista el rol de coordinación interministerial que la estrategia requiere.

Entonces, se sugiere preguntar si el traspaso no generará más problemas en dicha coordinación, que hoy lleva a cabo la Segpres.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el segundo informe del proyecto de ley, iniciado en moción, que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen, correspondiente al boletín N° 15044-12.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el diputado Félix González .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 106ª de la presente legislatura, en lunes 20 de noviembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 7.

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 39ª de la presente legislatura, en martes 6 de junio de 2023 -ocasión en que se rindió el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales- y continuó en las sesiones 51ª, 59ª, 73ª y 85ª de la misma legislatura, en miércoles 5 de julio de 2023, lunes 31 de julio de 2023, martes 5 de septiembre de 2023 y lunes 2 de octubre de 2023, respectivamente.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GONZÁLEZ, don Félix (de pie).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen.

El proyecto se inició en moción de las diputadas y los diputados Félix González , Mónica Arce , Daniella Cicardini , Viviana Delgado , Pamela Jiles , Daniel Melo , Camila Musante y Marisela Santibáñez .

La Cámara de Diputadas y Diputados, en sesión ordinaria de 2 de octubre de 2023, aprobó en general este proyecto de ley, cuya idea matriz es prevenir, definir y precisar el concepto de ecoblanqueo o lavado verde de imagen, conocido también como greenwashing, y regular una plataforma permanente de información ambiental de las empresas, con la finalidad de dotar con mayores herramientas para la fiscalización y sanción adecuada a quienes incumplan la normativa.

La iniciativa legal introduce modificaciones en los artículos 6, 28 y 50 H de la ley N° 19.496, sobre Protección de Derechos de los Consumidores.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley, con las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta comisión para su segundo informe reglamentario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este informe cabe dejar constancia de lo siguiente:

La comisión procedió a conocer las tres indicaciones presentadas, todas las cuales fueron rechazadas. De esta manera, el proyecto de ley que se somete a la consideración de la Sala es el mismo que se sometió a su conocimiento en el primer trámite reglamentario, debido a que no sufrió modificaciones en este segundo trámite.

Es todo cuando puedo informar.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Clara Sagardía .

La señora SAGARDÍA (doña Clara).-

Señora Presidenta, sin duda aprobaré este proyecto, tratado y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues va en la dirección correcta al prevenir y precisar el concepto de ecoblanqueo o lavado verde de imagen.

El proyecto tiene por objeto sancionar a aquellas empresas contrarias a la protección del medio ambiente y que, de igual forma, en su publicidad fomentan aspectos dudosos y subjetivos, que harían pensar a un comprador que son sustentables.

Hoy en día es urgente y necesario regular una plataforma permanente de información ambiental de las empresas, con la finalidad de dotar con mayores herramientas para la fiscalización y sanción adecuada a quienes incumplan esta normativa.

Estamos viviendo de manera acelerada el cambio climático, por lo que debemos regular de mejor manera el sector productivo, de modo que el progreso vaya de la mano con el respeto al medio ambiente. Las empresas deben cambiar su forma de producción y no solo tener una imagen verde, que muchas veces no es verde. Esto es justamente lo que viene a regular el proyecto.

Se ha evidenciado la incoherencia entre las prácticas y lo que se publicita por diversas empresas; es decir, se entrega información falsa o insuficiente por parte de una organización para presentar su imagen pública como responsable ambientalmente. En efecto, ambigüedades y malas prácticas de ciertas empresas han sido detectadas por el Sernac; sin embargo, la carencia de denuncias ha traído como consecuencia que no exista un estudio periódico de dicho organismo en relación con el tema, lo que impide distinguir a aquellas empresas que están realmente comprometidas con el medio ambiente.

Por ello, se necesita una pronta regularización y que se sancione a aquellas empresas que realizan ecoblanqueo. Es lo que propone este proyecto, razón por la cual lo votaré a favor.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señora Presidenta, cómo no estar de acuerdo con este proyecto, que busca perseguir los delitos de quienes ocupan el medio ambiente para decir: “Como empresa somos buenos”. Esto pasa recurrentemente con las grandes, con las pequeñas y con las medianas empresas. Por ejemplo, las empresas de áridos, lamentablemente, circulan por zonas rurales. A lo mejor, esto a los colegas les dará lo mismo, pero a la señora que lava la ropa en la zona rural le importa que pase un camión de gran tonelaje de una empresa de áridos, porque claramente su ropa no quedará limpia. Pero nadie se preocupa de eso. Tal vez es algo de poco interés para el Parlamento, pero en mi región tenemos mucha ruralidad y mucha necesidad en los caminos.

Hace muy poco, en el sector Armerillo , en el paso fronterizo Pehuenche, en la Región del Maule, nuevamente con grandes maquinarias se estaba desviando el agua hacia una bocatoma para los regantes. Está bien, pues están en su legítimo derecho de intervenir el curso de las aguas, pero hay un caudal mínimo ecológico que no se respeta. Sin embargo, en la región damos cuenta de que producimos energía limpia, porque existen tres minicentrales para generación eléctrica.

Respecto del ecoblanqueo, ¿hablamos de blanqueo? En este caso también existe el blanqueo de dinero.

De repente uno se siente como si estuviera en la Cosa Nostra, porque estas grandes empresas pagan coimas; sí, pagan coimas a autoridades, a municipios, a funcionarios, etcétera. ¿Para qué? Para que miren para el lado, y así atentar contra el pequeño ciudadano, ese ciudadano que no puede hacer el reclamo en la comuna. ¿Por qué? Porque persiguen al pequeño ciudadano que vive en la ciudad, porque lo identifican, le coartan el trabajo y lo vetan.

Claramente, voy a apoyar este proyecto, en contra del ecoblanqueo, y no solamente -vuelvo a decirlo- de las grandes, medianas o pequeñas empresas, sino a todas por igual, a todas las que generen algún abuso en contra del ciudadano común, del ciudadano a pie, ese que a nosotros, como oficina parlamentaria, día a día nos manda denuncias: que no pueden acceder a los ríos, que no pueden acceder a los lagos, que los camiones de las empresas de áridos pasan a alta velocidad y llenan de tierra sus casas, y el adulto mayor que sufre problemas de respiración tiene mayor dificultad. Eso pasa en nuestro país.

Santiago no es Chile. El Maule también tiene algo que decir, y este parlamentario está aquí para alzar la voz contra los corruptos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, bajo los titulares más bonitos a veces se esconden cosas bien especiales.

Así, a partir del título II, artículo 3, de este proyecto, se desprende que habrá una limitación a la publicidad de la empresa, aunque cumpla con las disposiciones legales medioambientales. Del mismo modo, cuando una empresa haya sido condenada por daños ambientales o sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente, por infracciones graves o gravísimas.

En este párrafo, el proyecto de ley propone limitar el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica consagrada en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado; además, de la libertad de expresión -artículo 19, número 12°-, permitiendo tal actividad solo pasados tres años desde que se hayan subsanado las infracciones cometidas y reparado íntegramente el daño ambiental causado, lo que parece desproporcionado y atentatorio a la esencia del derecho a desarrollar la actividad económica -artículo 19, número 26°-, estableciendo el mismo castigo en caso de que un socio accionista o director o gerente de una empresa haya sido condenado por delitos tipificados en el Código Penal en contra de defensoras de derechos humanos en materia medioambiental, por haber sido condenado por prácticas antisindicales o por vulneración de los derechos fundamentales de sus trabajadores.

Ahora, una empresa que a usted le gusta mucho, Soquimich , tiene decenas de miles de socios; o sea, si cualquiera de esos socios comete una de estas infracciones, ¿qué pasa? ¿En serio este proyecto de ley está diseñado de esta manera?

Especialmente grave es que establezca sanciones contra los medios de comunicación social que publiciten a estas empresas castigadas equivalentes al doble del beneficio obtenido por su emisión. Reitera así las contravenciones constitucionales ya señaladas, siendo además una forma grave de censura.

Asimismo, se da acción pública y privilegio de pobreza a las personas que denuncien el incumplimiento de alguna obligación establecida en este proyecto, por el solo hecho de denunciar.

Cabe precisar que el privilegio de pobreza busca otorgar defensa jurídica y acceso a los servicios judiciales a quienes no poseen los recursos necesarios para ello; sin embargo, aparecen en este caso como un aliciente a la denuncia.

Entonces, aunque estoy de acuerdo con la iniciativa de sancionar a quienes hacen publicidad engañosa, me pregunto de qué manera este proyecto de ley sanciona la publicidad engañosa, y no va muchísimo más allá que eso, incluyendo la censura, incluyendo el crear una figura sancionatoria que puede llevar a cualquier empresa a incurrir en la falta, como sería, por ejemplo, que un accionista haya cometido algún tipo de delito ambiental.

Nosotros tenemos que legislar, pero tenemos que hacerlo bien, y este es un mal proyecto de ley.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalar que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el señor Kaiser , ha dicho algunas cosas que son imprecisas.

Él ha dicho que las empresas no podrían ejercer sus actividades económicas. La verdad es que no es así. Lamentablemente, este proyecto de ley no impide que se produzca de manera sucia, que una empresa que lo hace mal en contra del medio ambiente siga haciéndolo.

Lo que hace es impedir que publicite. Entonces, se restringe la publicidad. ¿Puede decir que es sustentable una empresa que ha sido condenada por delitos ambientales? Con este proyecto no podrá hacerlo. No podrá engañar a la ciudadanía, haciéndose pasar por una empresa limpia.

Y en cuanto a los accionistas -lo aclaro de inmediato-, dice efectivamente que si alguno de los accionistas o de quienes dirigen esta empresa ha sido condenado en ciertos delitos que están en el Código Penal, como amenazas a los defensores ambientales, a propósito del Tratado de Escazú; como matar a un defensor ambiental, que son delitos gravísimos en los cuales tiene que haber sido condenado. Si fue condenado, tuvo la oportunidad de defenderse.

Entonces, en esos casos excepcionales, en donde los accionistas, en donde los miembros del directorio, en donde las empresas han sido condenadas, no vengan a decir que son sustentables. De eso se trata el proyecto. No avanza más allá ni les impide seguir produciendo; se los digo a quienes están preocupados específicamente de esa parte.

Por lo tanto, hago un llamado para que veamos el efecto real de este proyecto de ley, ya que, si es aprobado, no van a poder decirnos que este producto es biodegradable si no lo es, que este producto es amigable con el medio ambiente si no lo es, o que esta empresa es una empresa sustentable, en circunstancias de que ha tenido un prontuario de condenas por delitos ambientales, como, por ejemplo, Celulosa Arauco , con el desastre en Valdivia -está a mi lado el diputado Rosas, que es de ahí-, con el desastre en Licancel, con el desastre en Itata, para que nos digan después que es una empresa sustentable.

Entonces, no impide que sigan produciendo ni impide que sigan existiendo; lo que hace es obligar a decir la verdad.

Y así como el Servicio Electoral tiene relación con los medios de comunicación, en donde hay un control, aquí también hay un control. Las empresas que dicen que son sustentables, biodegradables y reciclables tienen que certificarse, y el medio de comunicación les tiene que exigir el certificado, porque no se puede estar repartiendo información falsa impunemente a través de los medios de comunicaciones.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno .

El señor MORENO.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, este proyecto tiene excelentes intenciones, quizás no solo buenas, sino que son excelentes, pero hay varias cosas que llaman la atención cuando uno empieza a escarbar un poco, porque al final el titular vende y aguanta todo, pero lo que hay que ver y respecto de lo que hay que legislar es sobre el contenido del proyecto.

Lo primero es que se entrega al reglamento la definición de conceptos de distintos indicadores, de estándar y de varias cosas que son sumamente importantes. ¿Pero quién va a redactar el concepto? Los mismos que después de que legislamos la ley SBAP, donde perdieron su indicación, la del gobierno, y me refiero a la ministra Maisa Rojas, que a lo mejor está en algún cheese and wine en la casa de Zalaquett, la misma que perdió sus indicaciones al proyecto de biodiversidad en la Comisión de Agricultura y en la Sala, pero que después trataron de meter por reglamento. ¿A esas personas les vamos a entregar la definición de los conceptos, de los indicadores, de los estándares en el reglamento?

Después se produjo una aberración jurídica, que es traspasar la responsabilidad penal de una persona a la empresa, contraviniendo absolutamente el derecho penal. Aquellos que se jactan del buen uso del derecho penal, de que esto es complicado, de que no hay que legislar a tontas y a locas, de que hay que ser un poco más responsable, traspasan la responsabilidad penal de una persona a una empresa.

Tambien aplican multas en los artículos 3, 5 y 6, de 270 millones; en el artículo 4, de 550 millones. ¿Ustedes saben cuánto vende una microempresa y cuáles son sus ingresos? Son 82 millones al año; o sea, la multa más baja es varias veces superior a lo que vende una microempresa. Le cae una multa a una microempresa y la matan. Esto debe venir de parte del comité de “procrecimiento” de este gobierno.

Después vienen las pequeñas empresas. ¿Cuánto vende una pequeña empresa? Como tope, 850 millones. ¿Cuál es la multa que se establece en el artículo 4? 550 millones; o sea, vamos matando a las empresas. ¿Con qué? Con un reglamento que va a estar entregado a aquellas personas que de repente pierden en la Sala y tratan de pasar sus cuchufletas en los reglamentos.

Además, es inconstitucional, y por eso hago reserva de constitucionalidad, porque establece el privilegio de pobreza, que es una iniciativa exclusiva del Presidente.

Invierte la carga de la prueba y, por si fuera poco, todo lo que señaló el diputado Félix González , quien en resumidas cuentas habló de publicidad engañosa, está regulado en la ley del consumidor. Estos son aspectos que se deben regular de una manera amplia, no de una manera particular, porque hay infinitas formas de hacer publicidad engañosa.

Este proyecto es una irresponsabilidad, y espero que se rechace.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Se deja constancia de su reserva de constitucionalidad, diputado Moreno .

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, este proyecto de ley encuentra su origen en una ideología que se vio plasmada en lo que fue la Convención Constitucional, amparándose en un fin que, a simple lectura, puede parecer justo, pero que se extiende a límites ajenos a la materia que busca regular. Así, según se señaló con anterioridad, el proyecto afecta de manera directa e injustificada el derecho a la libre expresión, estableciendo una serie de limitaciones sobre las empresas y las personas que las componen, señalando aquello que pueden o no pueden decir, restringiendo la publicidad solo a aquellas cosas que la ley permite, incluso, prohibiendo hacer alusión al cumplimiento mismo de la normativa.

Junto con lo anterior, el proyecto de ley establece prohibiciones y sanciones que buscan que las empresas, sin hacer distinción de ningún tipo, no puedan realizar publicidad alguna, atentando claramente contra los derechos y las libertades que existen en nuestro país.

Por último, es necesario hacer mención que el presente proyecto de ley fue objeto de una serie de indicaciones realizadas por diputados de la UDI que buscaban mejorar el proyecto, las cuales, en su mayoría, fueron rechazadas, dada la composición de la comisión en cuestión. Estas indicaciones no hacían más que corregir el contenido de la norma, pero no fueron tomadas en cuenta, tal como consta en el informe.

Anuncio mi voto en contra del proyecto.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, queda claro cuáles son los intereses que están en juego acá. Por una parte, los intereses de las grandes empresas, que, a través de la publicidad engañosa, valga la redundancia, engañan a sus usuarios, a los consumidores de distintos servicios y a la comunidad en general respecto de sus licencias ambientales y de que los productos que comercializan tienen sello verde.

Lo que hace este proyecto de ley es establecer con claridad la definición del concepto de ecoblanqueo o lavado verde de imagen. No todo aquello que se dice que es verde lo es en los hechos y en la práctica. El proyecto busca establecer en la ley la figura del ecoblanqueo y dotar de mayores herramientas a los organismos encargados de la fiscalización y sanción adecuada de quienes incumplan esta ley.

Por lo tanto, hago un llamado a ponernos a la vanguardia en esta materia, desde el punto de vista legislativo. Las grandes empresas, en particular de la minería, tienen políticas de responsabilidad social empresarial, muchas de las cuales se resumen en documentos o libros con buenas imágenes y excelentes fotografías, pero cuando uno ve los procesos productivos, la trazabilidad que existe desde el punto de vista del daño al medio ambiente, como, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, no existe absolutamente nada de sustentabilidad. El objetivo del proyecto de ley es que ese tipo de situaciones no ocurra.

La Cámara de Diputadas y Diputados debe decidir cuáles intereses va a privilegiar: ¿los de las personas, los ciudadanos, los consumidores o los de aquellas grandes empresas que mienten para vender productos? Vemos procesos productivos que no dicen relación con la sustentabilidad. Por lo tanto, hay que tomarse en serio este debate.

No buscamos restringir, como se ha dicho acá, la libertad de expresión. Lo que no queremos es que se mienta. Queremos que la sustentabilidad y las políticas verdes sean efectivas en los hechos, en las prácticas y en los relatos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Mónica Arce .

La señorita ARCE (doña Mónica) .-

Señor Presidente, en el norte de nuestro país, en Calama específicamente, los chilenos mueren de cáncer por los vestigios que han dejado las industrias usureras. Siete de cada diez habitantes de Calama se enferman de cáncer al pulmón, y cinco de ellos fallecen por la enfermedad.

Imagínese, compañeros, lo que es vivir en una ciudad que te asegura morir de cáncer. ¿Algunos de los presentes, que tenemos ciertos privilegios, viviríamos ahí? ¿Las autoridades de gobierno vivirían en Calama o en las zonas de sacrificio de nuestro país? En lo personal, no llevaría a mis hijos a morir allí.

En el distrito que represento, en la comuna de San José de Maipo, existen empresas que han llegado a destruir el medio ambiente, como el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo . ¡Y ni siquiera tributan en mi comuna!

San José de Maipo es un municipio con recursos escasos. El negacionismo medioambiental es peligroso, y muchas empresas se han querido vestir de ecofriendly en su caratula, pero si uno mira bien lo que sucede, puede constatar que están destruyendo el medio ambiente de forma absolutamente impune.

Este proyecto viene a hacer justicia con aquellas empresas que se visten de buena onda, de medioambientalistas, y las obliga a mostrar su verdadera cara.

Una vez el ex-Presidente Piñera dijo que Chile era un oasis. Estoy muy de acuerdo con él: Chile es un oasis para los ricos empresarios extractivistas y usureros que destruyen nuestra tierra.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señor Presidente, ojalá esta sea una gran semana, en la que se logren acuerdos fructíferos, sobre todo en materia de pensiones. En ese sentido, hoy va a ser un día clave para nuestro país, principalmente para los adultos mayores y para las personas que cotizan.

Ahora bien, respecto de esta propuesta, nada más y nada menos es un llamado a hacer las cosas bien. Si las empresas tienen como propuesta empatizar con el entorno, ello debe hacerse bien. Ese es el espíritu de la iniciativa. No se trata de satanizar o demonizar el emprendimiento; por el contrario, se busca que la responsabilidad social se cumpla como corresponde, que no sea para blanquear o para reinvertir los recursos en la misma empresa, sino que debe existir un diálogo con el territorio en el cual se desarrollan los emprendimientos. Reitero que ese es el espíritu del proyecto. Al menos de nuestra parte, hacemos un llamado a que se hagan las cosas con claridad, con transparencia.

Nuestro país ha pasado por momentos difíciles en el último tiempo, pero, seamos justos, en otros gobiernos también ha pasado este tipo de situaciones.

¿Por qué votaré a favor de esta iniciativa que sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen? Porque nos encontramos con un espíritu un poco colonialista, que aparece cada cierto tiempo.

En mi viaje hasta acá desde la Región de Los Lagos, escuché a un exsenador de la república que nos llama a comer aire, porque las proteínas están en el aire. Bien por ese tipo de propuestas, pero no condenemos a los agricultores y a los ganaderos que se sacan la mugre trabajando, que se levantan muy temprano para tener con qué parar la olla.

A mirar con ojo de lince, a mirar con lupa estas propuestas, porque a veces tras una política de responsabilidad social empresarial o imagen verde se ocultan situaciones difíciles. Se dictan cátedras respecto de lo que sucede en Europa, sin considerar que los europeos, en su historia de colonización, destruyeron continentes. ¡Y hoy nos quieren dar lecciones!

Ojalá seamos capaces de apoyar este tipo de iniciativas para que nuestro país, tal como dijeron diputadas y diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, no se preste para el lavado de imagen de ningún tipo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde tratar el segundo informe del proyecto de ley, originado en moción, que modifica el Código Penal para aumentar las sanciones a quienes arrojen basura en sitios eriazos y espacios públicos, correspondiente al boletín N° 15815-07.

Para la discusión del proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el señor José Meza .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 110ª de la presente legislatura, en martes 28 de noviembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 5.

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 83ª de la presente legislatura, en miércoles 27 de septiembre de 2023, ocasión en que se rindió el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En reemplazo del diputado José Meza , rinde el informe el diputado Francisco Pulgar , a quien ofrezco la palabra.

El señor PULGAR (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vengo en informar sobre el proyecto de la referencia, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción de las diputadas y diputados Jaime Araya Guerrero , Daniella Cicardini Milla , Félix González Gatica , Marcos Ilabaca Cerda , Daniel Manouchehri Lobos , Daniel Melo Contreras , José Carlos Meza Pereira , Camila Musante Müller , Hugo Rey Martínez y Marisela Santibáñez Novoa .

La Cámara de Diputadas y Diputados, en sesión ordinaria del 28 de septiembre del 2023, aprobó en general el proyecto de ley de la referencia, cuya idea matriz es introducir modificaciones al Código Penal con la finalidad de aumentar las sanciones penales respecto de las personas que boten o arrojen basuras en sitios eriazos, en espacios públicos o en zonas protegidas por el Estado de Chile.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley, con las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta comisión para segundo informe reglamentario.

Cabe hacer presente que en este trámite reglamentario se presentaron cinco indicaciones, cuatro de las cuales fueron rechazadas. Fue aprobada una que propuso reemplazar el número 1) del texto aprobado en el primer informe, mediante la cual se propuso establecer en forma más detallada la conducta por sancionar, precisar qué se castigará cuando se bote basura o desechos, tanto en sitios públicos como privados, y disponer en forma más precisa las penas que se aplicarán.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto introduce modificaciones en el Código Penal para aumentar las sanciones penales respecto de aquellas personas que boten o arrojen basura en sitios, en espacios públicos o en zonas protegidas por el Estado.

Me parece de extrema necesidad que como país seamos capaces de adoptar una nueva cultura en el cuidado del medio ambiente, pues con ello lograremos brindar mejor calidad de vida y mejores condiciones de salud a todos los chilenos.

Asistir a puntos limpios para reciclar o mantener los espacios públicos limpios son solo algunas de las conductas que podemos adoptar para generar cambios reales y fomentar que las futuras generaciones normalicen el cuidado del medio ambiente sin que ello suponga una carga.

Cuidar nuestro espacio físico es preocuparnos por nuestro bienestar y por el de los demás, por lo que espero, firmemente, que seamos capaces de avanzar en el fomento del cuidado del medio ambiente a pequeña escala, introduciendo medidas en las comunidades, no solo preocupándonos de firmar grandes acuerdos internacionales sobre la materia.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, me pregunto cuál es la dimensión simbólica que queremos crear en nuestra sociedad con esta modificación: ¿un país sancionador con encarcelamientos masivos o un país preventivo, promotor de educación, fomento y cultura del ambiente?

Parece que la vía más prometedora con esta modificación sería el aumento de la criminalización de la población y no la construcción de mecanismos que disminuyan la posibilidad de conductas ilícitas o delictivas.

Todos y todas deseamos una comunidad en que las personas lo piensen dos veces antes de arrojar o abandonar basuras en los espacios públicos o en áreas de la naturaleza; sin embargo, ese pensamiento debe provenir de la conciencia de no contaminar para preservar y conservar, no de la imposición de una sanción.

Chile está en deuda con la educación ambiental. Los resultados del estudio de investigación Reciclando-Ando, realizado el año pasado por Circula el Plástico y GFK Chile, arrojó cifras alarmantes: solo el 12 por ciento de la población chilena estaba preocupada por el medio ambiente, exhibiendo este ítem un aumento de solo un 2 por ciento entre 2022 y 2023.

La investigación concluyó que la relevancia de la protección del medio ambiente como causa ciudadana alcanza solo un 25 por ciento, teniendo una baja de 11 puntos tras cuatro años al alza.

Otro de los resultados que destacó la investigación fue sobre la preocupación por el aumento de la basura, la cual disminuyó de un 53 a un 47 por ciento.

La ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, señala en su artículo 4, inciso primero, que es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. Asimismo, la ley Nº 20.370, General de Educación, contempla la educación ambiental.

Por otro lado, es trascendental seguir trabajando en la normativa de regularización de la gestión de residuos, con políticas orientadas a la reducción, reparación y reutilización y reciclaje, en miras de eliminar y prevenir los vertederos ilegales de residuos sólidos, pues consideramos que es grave que estos existan.

Si queremos transformar la sociedad y tener una ciudadanía más consciente y responsable, debemos ser consecuentes con la aplicación de las normativas vigentes, siendo esto tarea de todos y todas, con la participación activa del Estado, universidades, escuelas, empresas y organismos no gubernamentales.

Por ello es fundamental, en primer lugar, seguir trabajando con más fuerza en políticas concretas de educación orientadas al incentivo del cuidado del medio ambiente y no desincentivar prácticas que están fuera de la cultura de nuestra ciudadanía mediante su criminalización.

No estoy por el crimen y castigo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, respecto de este proyecto de ley, la verdad es que en Singapur sería considerado un poco duro. Estoy de acuerdo en que hay que sancionar a las personas que lanzan basura a la calle o que generan microbasurales, o, peor aún, a aquellos que han hecho de la basura una industria.

Creo que el proyecto de ley tiene una falla, cual es que no hace una diferenciación entre unos y otros, es decir, entre aquellos que generan un problema ambiental serio a partir de la industria de la basura y quienes, por ejemplo, lanzan un cigarrillo a la calle. Ello es exactamente lo mismo de acuerdo con el texto del proyecto.

Vamos a empezar a utilizar los medios de un sistema judicial que está completamente superado, que es incapaz de controlar al narco, que es incapaz de controlar los asesinatos y el sicariato; un sistema judicial que, en la práctica, está acabado por la sobredemanda, para perseguir no solamente a aquel que comete un delito ambiental a través de la creación de basurales ilegales, sino también al ciudadano normal y corriente que sin tener, quizás, ni siquiera algo malo en mente, lanza un cigarrillo a la calle. Sume usted a eso que, por ejemplo, en la comuna de Santiago no es posible encontrar un basurero, porque no los hay o porque los destruyeron el 18 de octubre. No queda ni uno y tampoco los han repuesto, situación que se repite en diversas comunas de Santiago. Este es el país sin basureros públicos.

A pesar de que en ciertos casos específicos se está proponiendo una norma que sanciona penalmente una conducta que es una incivilidad, me parece que la iniciativa se pasa un par de pueblos. Si hubiesen definido mejor la conducta, encantado de respaldar la iniciativa; sin embargo, así como está, puede generar la inconsecuencia de que un narco salga con libertad vigilada y un tipo que lanzó un cigarrillo en la calle termine preso por un determinado periodo de tiempo.

Eso no puede ser, señor Presidente. Creo en la proporcionalidad entre la pena y el delito cometido. Aquí, cuando menos en ciertos casos que podrían llegar a producirse, esa proporcionalidad no está dada.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señor Presidente, quiero reiterar lo que he dicho en otras intervenciones: Santiago no es Chile. Qué fácil es comentar temáticas o problemáticas cuando se vive en zonas de carácter urbano, donde muchas veces se le echa la culpa a la falta de basurales o a la falta de información.

La pregunta es a dónde va la basura que se produce en Santiago. ¿Queda en Santiago? ¿A dónde va? ¿A dónde va lo que se produce? ¿Se han preocupado de eso? No, porque simplemente alguien tiene que sacar la basura, y mientras menos sepamos es mejor.

Entonces, vayan a las zonas regionales. Estamos llenos de vertederos. ¿A quién le importa eso? A los que somos de regiones. Hoy, el gran conflicto es que recibimos basura de distintas regiones. Las regiones nos bancamos los microbasurales y los grandes basurales. ¿Por qué? Porque en esas zonas hay menos votantes.

De repente es casi paradójico cuando vemos las corridas que se organizan en grandes ciudades, con camisetas que dicen: “Corremos por el medio ambiente”, en circunstancias de que ni siquiera son capaces de hacerse cargo de su basura. ¿Cuál es el porcentaje de reciclaje que genera Santiago? En Chile no faltan más carteles, sino que falta educación. Las regiones seguimos bancándonos el gran problema de la generación de basura no solo en los microbasurales, sino también en los grandes basurales.

Veamos el caso de los basurales en Teno y del megavertedero que quieren hacer entre las comunas de Linares, Colbún , Villa Alegre y San Javier . Vayan a ver cómo se oponen las comunidades. Generamos menos basura, pero tenemos que hacernos cargo de la basura de las grandes ciudades, porque ellas no saben cómo manejarla. Las grandes ciudades solo piden más basureros, pero nosotros pedimos con este proyecto más justicia.

Claramente, este proyecto de ley sanciona con pena gravosa a quienes boten basura, porque la basura es un negocio.

Vuelvo a insistir de manera responsable en que las grandes empresas financian campañas políticas. Muchos de los que han llegado a este Parlamento han sido financiados por grandes empresas. No digo que eso sea malo, pero se ve poco higiénico.

Por lo tanto, como parlamentario de región, voy a seguir luchando por ser regionalista y por que la basura se la banquen quienes la generan, para que las regiones no tengamos que ser el patio trasero de la gran capital llamada Santiago de Chile.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, este proyecto de ley modifica el Código Penal para aumentar las sanciones a quienes arrojen basura en sitios eriazos y espacios públicos -medida que, en lo personal, comparto plenamente-, como una forma de proteger y cuidar nuestro entorno, sobre todo en mi distrito, el N° 25, donde las bellezas naturales son parte del paisaje permanente en comunas como Frutillar, Puyehue , Llanquihue , Puerto Octay o Puerto Varas, por nombrar algunas.

Además, comparto que se haya especificado claramente cuáles son las infracciones y cuáles serán sus castigos, ya que anteriormente consideraba que las penas eran desproporcionadas. Por ejemplo, castigar con presidio menor a quien arroje un papel en la calle, misma pena que hoy se contempla para el porte ilegal de armas o el maltrato de obra a carabineros, sin duda, era desproporcionado.

Con la modificación hecha en la comisión, queda claramente establecido que al que ensucie, arroje o abandone basura, materiales o desechos de cualquier índole en calles, plazas, sitios eriazos, espacios públicos u otros bienes nacionales de uso público se le aplicará la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad o una multa de cuatro unidades tributarias mensuales, mientras que quien encargue o transporte, mediante vehículos motorizados o no motorizados, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo a los lugares antes indicados o en vertederos o depósitos clandestinos será sancionado con la pena de prisión en su grado mínimo a máximo, considerando la cantidad de basura o de desechos arrojados en esos lugares.

El hecho de entregar facultades a los municipios para que mejoren su gestión de notificar, multar y exigir cierres y limpieza en sitios eriazos es, sin duda, un buen aporte para mejorar este proyecto.

Claramente, voy a votar a favor.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, fui uno de los firmantes de este proyecto. Soy ecologista y estoy muy preocupado de los basurales que hay en mi propia región. Sin embargo, este proyecto no quedó bien. Por consiguiente, nuevamente voy a tener que votarlo en contra, y voy a explicar por qué voy a votar de esa manera.

Al día de hoy existen sanciones de multas y del retiro del vehículo. O sea, se le puede quitar el vehículo a alguien que va a arrojar basura, pero eso no se cumple. No hay fiscalización. Simplemente, se deja hacer y terminamos con tremendos basurales en todos lados.

Los vecinos tienen la posibilidad de denunciar en el juzgado de policía local, de llamar a su municipio o de llamar a Carabineros, porque hay una sanción administrativa, que es una multa y el retiro del vehículo, pero lo que hace este proyecto es transformarla en una pena de cárcel.

Por lo tanto, la práctica nos juega en contra. La pena que establece este proyecto es desproporcionada, porque no distingue entre un vecino que va a botar una bolsa de basura en la calle y alguien que sistemáticamente cobra por llevarse los escombros y acumularlos en algún lugar en particular. No hace distingos, porque el proyecto dice: “arrojare o abandonare basura”. Es decir, puede ser un joven de catorce años arrojando un papel de helado en la plaza. Me van a decir que no hagamos esas comparaciones, pero sí debemos hacerlas, porque se trata de una modificación al Código Penal, y ahí las cosas son o no son.

Entonces, como en la práctica no se podrá llamar al municipio ni acudir al juzgado policial local, lo que tiene que hacer un vecino que quiere denunciar es ir al sistema penal, es decir, meterse en un juicio penal. ¿Qué vecino va a hacer aquello? ¿Qué vecino va a ir a un tribunal? Entonces, por un lado, nos estamos haciendo una trampa, porque finalmente se debilita la denuncia, y, por otro, no se hace ningún distingo entre quienes generan un gran problema y quienes pueden, tal vez, generar un problema menor.

Entonces, esta iniciativa no va en el sentido correcto. Se ha demostrado que no es cierto que aumentar las penas cambie una conducta. Lo que se necesita es que se aplique la ley actual, que los municipios hagan su pega y que los carabineros hagan su pega y atiendan las denuncias que hoy presentan los vecinos y las vecinas, que, de convertirse este proyecto en ley, no van a presentar, porque nadie quiere meter preso al vecino de al lado.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, este proyecto busca introducir modificaciones al Código Penal, con el objeto de aumentar las sanciones a quienes resulten responsables de botar basuras en sitios eriazos, en espacios públicos o en zonas protegidas por el Estado.

Si bien este proyecto suena bastante bien en principio, la verdad es que se excedieron notoriamente con las penas; se fueron al chancho. Es más, me parece que esto constituye una burla para aquellas familias que han perdido un ser querido durante el último tiempo a causa de la seguidilla de asesinatos que azota a nuestro país o para quienes han sido víctimas de un robo grave.

¿Qué hacemos aquí? Legislamos para castigar a los que arrojan basura como si eso fuese un delito igual de grave que manejar en estado de ebriedad o portar un arma blanca. ¿Acaso no se dan cuenta de que este tipo de cosas nos alejan aún más de la ciudadanía? ¡Y para qué decir al gobierno!

Por eso, estimados colegas, les pido en serio dar la prioridad que le corresponde a la agenda de seguridad. No tengan miedo a entregar mayores facultades a Carabineros, porque eso es lo que Chile necesita. Por supuesto que se requieren espacios limpios y sin contaminación, pero los invito a poner los temas sobre la balanza.

Los que trabajamos en política sabemos que no siempre se puede seguir la línea de lo que uno quiere, porque los intereses y las necesidades de Chile son más importantes. Debemos entender que hoy en día el tema más relevante de todos es la seguridad de los chilenos. De nada sirve que discutamos sobre salud o pensiones si no somos capaces de asegurar el derecho a la vida que nuestra Constitución otorga a todas las personas.

Si no evitamos que sigan ocurriendo asesinatos y tantos otros delitos graves, estaremos perdiendo la guerra contra la delincuencia y les estaremos dando la espalda a los chilenos.

Entonces, me parece bien que se eleven las penas para quienes arrojen basura en sitios eriazos, pero, por favor, no le demostremos a la ciudadanía que en el Congreso Nacional consideramos que eso es igual de grave que un delito que pone en riesgo nuestra seguridad.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señor Presidente, la crisis de la basura es un problema que se ha invisibilizado tanto, que hoy somos el país de Sudamérica que más desechos produce al día, con 1,6 kilos por persona. A esto se suma que en nuestro país no existe una cultura de reciclaje, y los pocos que sí la tienen no cuentan con los espacios para realizarlo. Sin ir más lejos, de los casi 8 millones de toneladas de residuos domiciliarios que generamos cada año, apenas el 4 por ciento se recicla.

Las comunas del distrito Nº 8, que represento, se han convertido hoy en el basurero de la Región Metropolitana. Los vertederos ilegales, que hemos denunciado incansablemente, han sumido a la comunidad de Tiltil en condiciones insalubres e indignas, en que sus residentes se ven obligados a convivir con plagas de moscas, con la presencia constante de ratones y con la molestia de malos y dañinos olores.

Botar basura es un crimen y debemos sancionarlo como tal. Es un crimen contra el medio ambiente y contra la salud pública, y evidencia un desprecio por el entorno y por el bienestar comunitario.

Valoro este proyecto para aumentar las sanciones a quienes arrojen basura en sitios erizos, espacios públicos y zonas protegidas, pero, seamos claros, esta no es la solución. Necesitamos abordar las raíces del problema, y eso implica un compromiso con la educación y la implementación de políticas sanitarias efectivas.

Como planteé en un proyecto que presenté, tenemos que fomentar la educación ambiental para aprender a vivir en comunidad con nuestra naturaleza, para inculcar la importancia del reciclaje y promover el tratamiento responsable de la basura.

Sin duda, la aprobación de este proyecto es un avance significativo, pero el éxito verdadero vendrá cuando exista un compromiso con el cuidado del medio ambiente.

La ecuación es simple: si queremos un futuro, cuidemos y respetemos nuestra naturaleza.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, creo que la intencionalidad del proyecto es bastante importante, sobre todo por lo que significa botar basura en lugares eriazos, incluso en plazas.

Lo podemos ver en mi distrito, en la zona sur de Santiago, donde en forma reiterada llega gente, generalmente con desechos de construcción, a tirarlos en lugares eriazos. Como bien se dijo, a veces las multas no son las que deberían ser.

Lógicamente, hay que hacer una distinción entre tirar papel y ese otro tipo de actividad, que muchas veces es un negocio, porque a esa persona le pagan por retirar y después botar los escombros, y, obviamente, no hay un control para efectos de verificar que los vayan a tirar a los vertederos legales.

Obviamente, hay que hacerle modificaciones a este proyecto, porque, insisto, no se puede igualar a una persona que tira un papel en la calle con la gente que hace de esto un negocio. Es por ello que los municipios han adoptado la medida de retirar cachureos cada cierto tiempo. Eso lo hemos visto en nuestras comunas, y los municipios invierten cuantiosos recursos en retirar basura, que equivale a varias toneladas.

Creo que las sanciones de cárcel para eso están muy bien, sobre todo para esa gente que hace un verdadero negocio con ir a botar escombros.

Insisto en que muchas veces en las plazas falta mucha más fiscalización, pero eso depende de cada municipio y de los recursos que tengan.

Estoy en contra de que una persona pueda llegar a la cárcel por tirar un papel a la calle. En cambio, en el caso de aquellas personas que hacen un negocio de esto con sus vehículos, obviamente, se deberían aplicar las sanciones más duras que correspondan, porque es la única manera de que entiendan.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señor Presidente, respecto de la situación de la basura, hay muchas cosas que hacer, como, por ejemplo, avanzar en educación medioambiental; pero, por otra parte -para qué estamos con cosas-, también llegó el momento de elevar las sanciones.

A veces se alega falta de información, pero hoy, más que nunca, tenemos mucha información. También hay desinformación, pero, ¿cómo nadie va a saber que llevar basura a sitios eriazos o públicos es ilegal, y que una persona puede ser sancionada por ello?

Eso es de sentido común, más aún cuando vemos que numerosas juntas de vecinos, organizaciones sociales y municipios hacen esfuerzos por recuperar sus plazas y multicanchas, y por mantener sus espacios lo mejor posible.

No obstante, todavía existen inescrupulosos, mujeres y hombres, que no los cuidan, y que además generan un negocio, como se señala en esta propuesta, con la cual estoy totalmente de acuerdo.

No nos gusta llegar a este tipo de instancias, pero ya se han generado campañas informativas.

Reitero: sin duda, se pueden hacer cosas mejores y se puede plantear esto en los espacios educativos, en los colegios, para tener mayor consciencia, pero al mismo tiempo debemos frenar esto que está ocurriendo.

Lamentablemente -lo digo como exalcalde-, muchas veces los alcaldes son sindicados como responsables, pero no son ellos quienes botan la basura ni quienes no cuidan los espacios.

Apoyemos este tipo de normativas. No son para nada agradables, no es algo alegre estar votando sanciones, pero ya no queda otro camino.

En esa misma línea, quiero aprovechar esta instancia para hacer un llamado a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Bienes Nacionales y a diversas instituciones que cuentan con terrenos, no los cuidan ni los traspasan. Pongo como ejemplo la situación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que cuenta con muchos terrenos en Frutillar, en el sector de Ovejería, en la ciudad de Osorno, pero por diversos trámites no traspasa esos terrenos para sacar adelante la política de vivienda del gobierno, en conjunto con los respectivos municipios.

Por cierto, al estar abandonados esos sitios, son tierra fértil para generar basurales a gran escala en esos territorios.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY.-

Señor Presidente, soy uno de los diputados firmantes de este proyecto, que nació de la inquietud generada por las denuncias de muchos dirigentes sociales, en diversos rincones del país, quienes han reclamado constantemente porque muchos vecinos les van a botar basura a las puertas de sus casas, a los sitios eriazos cercanos a sus domicilios y en los bordes de ríos, donde la gente aprovecha el verano para ir a vacacionar, a pasar unos días agradables, pero se encuentran con toneladas de basuras arrojadas por inescrupulosos.

Mediante este proyecto se busca terminar con esa situación, y entregarle los espacios de recreación al aire libre a las familias chilenas, como corresponde.

Este proyecto señala: “El que ensuciare, arrojare o abandonare basura, materiales o desechos no comprendidos en el artículo 305 de este Código, en calles, plazas, sitios eriazos, espacios públicos u otros bienes nacionales de uso público o en bienes privados, que no cuenten con la autorización respectiva de la autoridad competente, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de cuatro unidades tributarias mensuales y prestación en beneficio de la comunidad.”.

Por lo tanto, lo que se materializará no es inmediatamente la pena de presidio. Hay otras dos penas accesorias que se van a desarrollar de forma previa, dependiendo también del delito o de la situación en que esté incurriendo la persona. También dispone que el que encargue o transporte, mediante vehículo motorizado o no motorizado el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Obviamente, esa conducta debe abordarse con mucha fuerza.

Nuestros vecinos están cansados de esta situación. Mucha gente de los sectores rurales se siente pasada a llevar porque le ensucian su entorno. Es algo que lleva mucho tiempo ocurriendo. Con este proyecto de ley de una vez por todas se toman las riendas y se soluciona en parte ese lamentable problema.

Hay otros proyectos de ley que están pendientes, que están siendo tratados en la Comisión de Medio Ambiente y que también van a colaborar en abordar el problema de la basura. El tema de fondo es cómo reciclamos y de qué forma lo estamos haciendo. Es una práctica que lamentablemente no ha alcanzado transversalmente a toda la sociedad. Es algo en lo que debemos trabajar muy fuerte. Si un proyecto en ese sentido se aplicara de forma correcta, estaremos solucionando en parte el problema de la basura.

Pero hoy, más que todo, necesitamos aumentar las sanciones a los inescrupulosos que lamentablemente contaminan nuestros sectores rurales, nuestros lagos y ríos, nuestros espacios públicos y a nuestra comunidad.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, me sorprende la mala memoria del chileno. El 23 de junio de 2023 el río Mapocho se desbordó en la comuna de Pudahuel, en La Botella, en el sector de Noviciado, producto de toneladas de basura que formaron un dique en ese río. Esta situación vergonzosa se repite en distintas comunas de nuestros distritos. En mi distrito, en particular, cuando voy a El Trebal, lo que encuentro es un asco: cerros cubiertos de basura.

Lo que ocurre es que hoy en Chile la legislación no es suficiente para hacerse cargo del problema, porque existe una multa por botar basura, que para los inescrupulosos es preferible pagarla, versus lo que les cobrarían por contratar un camión para que se lleve toda la mugre, que finalmente es tirada en cualquier parte, haciéndoles la vida imposible a los vecinos, especialmente a los más pobres de mi distrito.

Hay que tener mano dura con esas conductas. No se puede seguir tolerando que la gente haga lo que quiera. A veces escucho que alguien dice: “Es que es un niño que bota un papel”. ¡No se pueden botar papeles! ¡No se puede manejar un auto e ir tirando basura por el camino! ¡Eso no se puede hacer!

Seamos estrictos en este tema. No podemos vacilar, al menos, en demostrarle a la gente que nos preocupamos por su calidad de vida. No corresponde que algunos chilenos vivan en un basural y otros vivan en unos jardines maravillosos. Esa situación es injusta y no la tolero, porque no corresponde.

Entre todos tenemos que buscar la manera de ser estrictos, de forma tal que los inescrupulosos y maleducados, esa gente que cree que puede abusar del otro, dejen de actuar así de una vez por todas.

No es contraproducente hablar de este tipo de proyectos de ley en la situación y en la crisis de delincuencia en la que estamos. Eso no tiene nada que ver. Este tema también es importante, porque los ambientes limpios, aquellos donde la gente puede vivir con dignidad, también colaboran a vivir de mejor manera. La marginalidad, el mirar al otro con desprecio, el creer que el otro vive en un basural también genera delincuencia. Esa es la falta de equidad más grande que puede haber, y me rebelo frente a eso.

Este proyecto de ley avanza en el sentido correcto. Los chilenos quieren mano dura: mano dura contra la delincuencia y también mano dura en este tipo de situaciones. He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, felicito la iniciativa de los parlamentarios de aumentar las penas a quienes arrojen basura en sitios eriazos y espacios públicos.

Cuando uno viaja a distintas ciudades, ve en los caminos rurales que hay letreros que dicen “No botar basura” y que indican el monto de la multa por incumplir esa orden. Sin embargo, abajo del mismo letrero hay basura. En realidad, la gente se ríe de esos carteles en los que se indican las ordenanzas municipales que establecen multas por botar basura.

Cuando uno anda perdido en la ruta y no sabe cuánta distancia falta para llegar a determinada ciudad, porque no hay ninguna señalética que lo indique, uno tiene que ver la cantidad de basura que hay a la orilla del camino. Mientras más basura hay en el camino, más cerca está de la ciudad a la cual desea llegar. Es impresionante la cantidad de basura que hay en las distintas rutas.

Por lo tanto, me parece bien establecer una pena privativa de libertad, aunque sea baja, porque estamos hablando de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 541 días. Es muy difícil que una persona necesariamente tenga que cumplir la privación de libertad; seguramente habrá una pena alternativa.

Agradezco y felicito la iniciativa porque es la única manera de que los respectivos municipios no causen risa por instalar carteles ridículos en distintos lugares, en los que indican que solo se aplicarán multas por botar basura. Si no aumentamos las penas, la basura va a comunicar a distintas ciudades.

Conversaba con un colega sobre esa situación en que, normalmente, pareciera que, en el trayecto desde la ciudad hasta los vertederos, a los camiones se les va cayendo la basura por el camino, o no alcanzan a llegar a los vertederos o a los rellenos sanitarios, porque la basura está desperdigada por distintos lugares. Además, se trata de diferente tipo de basura: plásticos, neumáticos, refrigeradores, cocinas, etcétera. Es algo impresionante.

Por lo tanto, la única manera de poder cambiar la actitud de los chilenos hoy es a través de este tipo de iniciativas.

Votaremos favorablemente este proyecto porque es la manera de ir luchando en favor del medio ambiente y de tener un lugar más digno donde vivir.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, evidentemente lo que aborda el proyecto es un problema transversal y muy frecuente en nuestro país. Nadie tiene por qué soportar el vivir en un basural, como es el caso de muchas ciudades, como es el caso específico de la capital. Santiago centro lamentablemente esta convertido en un basural tanto por el mal comportamiento especialmente de comerciantes ambulantes, como también por la falta de eficacia del municipio a la hora de recoger la basura.

Quiero detenerme en un punto específico.

Este proyecto de ley, que es respaldado trasversalmente, lo que busca es aumentar las penas. Pasamos a penas de presidio, incluso de presidio menor en su grado medio, incluidas multas, que llegan a las 150 UTM. La única reflexión que cabe hacer -en esto me detengo porque es la razón por la que solicité la palabra- es que en este caso sí cobra sentido el aumento de las penas. A muchos que normalmente se oponen sistemáticamente a aumentar las penas les digo que en este caso sí es disuasivo el aumento de penas y sí tiene sentido. Cuando se trata de sancionar de forma más severa delitos contra la integridad física, hay muchos que dicen que el aumento de penas no tiene ninguna eficacia. Cuando se trata de aumentar las penas por agresión a carabineros, hay muchos que buscan explicaciones de todo tipo para no apoyar esos proyectos de ley. La pregunta es si tendremos que pasar como delito medioambiental el lanzamiento de una bomba Molotov contra carabineros para que todos apoyemos un proyecto de ley que aumente las penas por esa conducta. Creo que no.

Advierto que cada vez que escuche a algunos colegas que apoyaron este proyecto decir después que aumentar las penas no tiene sentido y no va a afectar ni va a influir en reducir la comisión de delitos, les haré presente su inconsecuencia, la que va a quedar de manifiesto.

Apoyaremos este proyecto y esperamos que rápidamente se convierta en ley de la república, porque, sin lugar a dudas, más allá de las diferencias políticas que podamos tener en este hemiciclo, aborda un problema real, una urgencia social. Es de las cosas para las que estamos. Esperamos que esta iniciativa tenga una tramitación ágil como corresponde.

Votaremos a favor.

He dicho.