Labor Parlamentaria

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre las actuaciones del Servicio Médico Legal y demás organismos del Estado que sean competentes en la custodia y pericia de los restos óseos que se encuentran en custodia judicial desde el año 2001 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Para la discusión de este proyecto se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Diputada informante de la comisión especial investigadora es la señora Lorena Pizarro .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 113ª de la presente legislatura, en miércoles 29 de noviembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora PIZARRO, doña Lorena (de pie).-

Señor Presidente, me corresponde rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre las actuaciones del Servicio Médico Legal en la custodia y pericia de los restos óseos que se encuentran en custodia judicial desde el año 2001 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

La integración, asistencia, intervenciones de las autoridades (diputados, diputadas, invitados e invitadas), oficios enviados, respuestas y la totalidad de las conclusiones y recomendaciones se encuentran en el informe y en las actas publicadas en la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que omitiré hacer mención de ellas para concentrarme en las conclusiones y recomendaciones aprobadas por la comisión, según los antecedentes de la síntesis de la misma.

La dictadura civil y militar que se instaló en Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 produjo miles de muertes, de torturadas y torturados, de exonerados y exoneradas, de exiliados y exiliadas.

Una de las expresiones más crueles de la acción de los agentes del Estado fue la desaparición forzada de personas.

Según el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, hay 1.469 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1.162 permanecen sin ser ubicadas.

Los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos han realizado innumerables esfuerzos para dar con sus seres queridos y ha sido un nuevo golpe para ellas y ellos saber que en el Servicio Médico Legal se encontraba un conjunto de evidencia que podría estar vinculado a sus causas sin que se hubiese periciado o se tuviese información sobre su condición.

Por tal motivo, se creó esta Comisión Especial Investigadora, destinada a conocer por qué había tal evidencia sin que el país estuviera informado de ello, cómo llegó a este organismo esa evidencia, en qué condiciones se encontraba, qué protocolo se ha aplicado, qué diligencias ha llevado adelante el Poder Judicial respecto de su existencia y quiénes son las y los responsables de tal situación.

De acuerdo con la información proporcionada por la directora nacional del Servicio Médico Legal, señora Marisol Prado , en enero de 2019, este organismo recibió de parte del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile un total de 89 cajas de cartón que contendrían evidencias asociadas a causas judiciales por violaciones de derechos humanos. Dicha autoridad aseveró que, dado que recientemente había asumido su labor, solo en febrero de 2023 ella y su equipo conocieron la existencia de tales cajas en sus dependencias, a raíz de diligencias ordenadas por la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, señora Paola Plaza .

La entrega de este material se produjo a raíz de un oficio emanado en 2012 por el ministro en visita extraordinaria para causas de derechos humanos, señor Alejandro Solís , quien instruyó al doctor Luis Ciocca , entonces jefe del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, disponer el retorno a dependencias del Servicio Médico Legal de los restos óseos que el señor ministro Juan Guzmán Tapia había enviado, en 2001, en custodia a la universidad y la documentación asociada a estos.

La rectora de la Universidad de Chile, señora Rosa Devés , precisó, en audiencia de agosto de 2023, que el juez Juan Guzmán Tapia resolvió requerir al Servicio Médico Legal que devolviera al tribunal restos óseos que obraban en su poder y que podían estar asociados con casos que él estaba llevando, los que quedarían en custodia y resguardo en el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Según la directora del Servicio Médico Legal, no hay registro de un documento que certifique cómo se produjo el envío inicial de la evidencia a la Universidad de Chile, en 2001, ni un catastro del material proporcionado en esa fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, previo al envío, el director del Servicio Médico Legal de la época, señor Jorge Rodríguez Díaz , ofició al doctor Luis Ciocca que estaban en proceso de pericias un conjunto de piezas óseas o restos de ropa, con el propósito de que el Departamento de Medicina Legal calibrara el espacio que requería para almacenar las evidencias al dar cumplimiento de la instrucción del ministro Guzmán Tapia .

La falta de un documento conductor fue ratificada también por las autoridades de la Universidad de Chile que participaron en audiencia en septiembre, indicando que no existe constancia de un inventario sobre lo entregado por el Servicio Médico Legal a la Facultad de Medicina. Sin embargo, el doctor Luis Ciocca da muestra en la comisión de un documento que comprueba la existencia de una cadena de custodia, construyendo así un listado enumerando las cajas que custodiaba su organismo, el cual se encontraba en poder de la Universidad de Chile.

La Universidad de Chile dio cuenta de que, durante algunos meses, distintos ministros de Corte enviaron material en custodia a su Departamento de Medicina Legal y también requirieron que se les enviaran algunas evidencias para realizar pericias, ya sea por parte de peritos particulares como por el Servicio Médico Legal. Sin embargo, sus organismos no hicieron pericia alguna al material que estuvo en su custodia, dado que su labor solo consistía en la custodia y resguardo.

Directivos de la Universidad de Chile aseguraron que una inundación que se produjo en dependencias del Departamento de Medicina Legal en 2014, no afectó las evidencias que se encontraban bajo su custodia. Para la recepción de las 89 cajas al Servicio Médico Legal, en enero de 2019, este organismo realizó un registro escrito y fotográfico de su contenido, lo traspasó a contenedores de plástico y comenzó el ingreso de las evidencias a su archivo.

En enero de 2021, el director nacional del Servicio Médico Legal de la época ofició al ministro en visita extraordinaria para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, informando que a la fecha solo se habían revisado 20 de las 89 cajas.

En agosto de 2022, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de entonces, señora Marcela Ríos , solicitó al director nacional del Servicio Médico Legal una propuesta de trabajo sobre el Plan de Identificación de Osamentas y su estado de avance, considerando que esta labor se enmarca en el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada de la dictadura civil y militar.

En septiembre de ese año, la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, señora Paola Plaza , solicitó a la ministra Ríos informar si su cartera o la Subsecretaría de Derechos Humanos contaba con recursos para contratar, de forma transitoria, un equipo interdisciplinario que colaborara con la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, en atención a que, con fecha 24 de agosto, el tribunal tomó conocimiento de la existencia de cajas con material sin periciar, provenientes de la Universidad de Chile, y otros antecedentes ya expuestos. Lo anterior, luego de dirigir una diligencia en casa del doctor Ciocca , quien mantenía evidencias periciales en su poder.

En febrero de 2023, se realizó un encuentro en Calama con las distintas agrupaciones de familiares de detenidas y detenidos desaparecidos, ejecutadas y ejecutados políticos sin entrega de restos de Antofagasta, Calama , Tocopilla y Santiago , en el que la ministra Paola Plaza , acompañada por autoridades y funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, a través del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, informó a los familiares sobre la existencia de las 89 cajas con osamentas y restos óseos en el Servicio Médico Legal.

De acuerdo con la información entregada por la directora del Servicio Médico Legal, según el catastro realizado en este organismo, en todo el país, sin considerar la Región Metropolitana y las 89 cajas, hay 539 protocolos de osamentas sin identificar y sin antecedentes de su data.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofició, el 30 de octubre de 2023, a esta comisión el resultado de la revisión especial realizada por su Unidad de Auditoría Ministerial a la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal.

Asimismo, resalta que, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, en el Presupuesto 2024, se incluyeron recursos para reducir la brecha de las pericias pendientes del Servicio Médico Legal, con un especial énfasis en las pericias vinculadas a casos de derechos humanos.

Las conclusiones de la comisión son las siguientes:

1.Los antecedentes proporcionados por los distintos participantes en las audiencias de la Comisión Especial Investigadora revelan que no hay explicación alguna que justifique la existencia, por más de dos décadas, de eventuales evidencias que estarían vinculadas a violaciones de los derechos humanos en dependencias de organismos del Estado sin que, salvo excepciones, se realizaran pericias para su identificación.

2.Es valorable que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya ordenado una revisión especial, a cargo de su Unidad de Auditoría, al Programa de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, en particular respecto de las 89 cajas que en 2019 la Universidad de Chile le entregó por orden judicial.

Asimismo, se considera adecuado que se realice una investigación administrativa, a cargo de un fiscal externo -en este caso, una defensora penal pública regional-, respecto de los hechos ocurridos en la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal.

De igual manera, es vital un sumario que busque responsabilidades y determine sanciones para quienes, por décadas, mantuvieron sin periciar muestras óseas que podrían pertenecer a víctimas de desaparición forzada.

3.Tanto el trabajo de esta comisión, como la revisión especial de la Unidad de Auditoría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Servicio Médico Legal revelan el sinnúmero de hechos ocurridos con evidencias periciables desde que en 2001 se adoptó por orden judicial que se trasladaran por este organismo a la Universidad de Chile y que luego volvieran a su origen.

4.No ha sido posible determinar por qué el traslado de evidencias entre organismos del Estado de tanta importancia, como es el de osamentas o fragmentos óseos, no cuente en todos los casos con la necesaria documentación conductora.

5.La acción de las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la presente administración es la que ha permitido que se concluya la clasificación de evidencias existente en el Servicio Médico Legal y que se ponga a disposición de los ministros en visita para casos de derechos humanos la información para que estos determinen las pericias correspondientes.

6.Es incomprensible que el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile haya confundido las cajas que mantenía en custodia por orden judicial con algunas cajas con elementos de su propiedad destinados al estudio de materias que le competen.

7.Las agrupaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada estuvieron en desconocimiento de lo ocurrido con las evidencias, salvo a partir de febrero de 2023, cuando la Ministra Paola Plaza reveló su existencia en dependencias del Servicio Médico Legal.

8.El Plan Nacional de Búsqueda que ha presentado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se erige como la posibilidad de impulsar la concreción de pericias para determinar, de una vez por todas, si las evidencias existentes tienen relación con la desaparición forzada de personas ocurridas durante la dictadura cívico-militar que se impuso en Chile entre 1973 y 1990.

9.Es positivo que el Ejecutivo haya incorporado recursos en el presupuesto nacional 2024 para respaldar el trabajo de las investigaciones judiciales y las pericias del Servicio Médico Legal, en el marco del desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.

Finalmente, se formulan las siguientes recomendaciones:

1.La comisión recomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que realice una permanente fiscalización para que el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, efectivamente, impulse y respalde las diligencias judiciales y las pericias que correspondan en relación con eventuales víctimas de desaparición forzada.

2.Se recomienda que se disponga de todos los recursos para identificar fragmentos y restos óseos que se encuentren en cualquier dependencia pública o privada.

3.Se recomienda que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe cuatrimestralmente a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados el avance respecto del trabajo desarrollado por el Servicio Médico Legal para la identificación de víctimas de desaparición forzada.

4.Se solicita al Servicio Médico Legal dar cuenta de los resultados de la investigación administrativa que se lleva adelante para determinar eventuales responsabilidades por los hechos ocurridos en relación con las 89 cajas que permanecían en sus dependencias.

5.Se solicita al Servicio Médico Legal dar cuenta de las medidas adoptadas para evitar que se vuelvan a repetir hechos como los detectados, en particular la inexistencia de protocolos sobre la salida o ingreso de material puesto a su consideración, y la demora excesiva para la realización de pericias vinculadas con causas de derechos humanos.

6.Se recomienda al Ejecutivo dar cuenta permanentemente a los familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos de los avances en materia de investigaciones o de acciones que tengan relación con ellos.

7.Se recomienda que se ordene periciar en laboratorios extranjeros acreditados, las osamentas que eventualmente podrían ser de víctimas de desaparición forzada, para su eficaz y pronta identificación.

Las conclusiones y recomendaciones que he detallado fueron aprobadas por la mayoría de los integrantes de la comisión, por lo que se recomienda a la Sala aprobarlas en los mismos términos.

Hago presente que en el informe se deja constancia de otras propuestas de conclusiones y recomendaciones que fueron rechazadas.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente)-

En discusión el informe de la comisión especial investigadora. Tiene la palabra el diputadoDaniel Lilayu.

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, con los resultados obtenidos por esta comisión investigadora hay una única cosa que quedó clara: el Estado ha sido cómplice en el ocultamiento de esas 89 cajas de osamentas y en la no identificación de su identidad. Los detenidos desaparecidos se transforman en un tipo de institución del Estado de Chile, algo que se quisiera mantener para no cerrar estos casos.

Es evidente que ha habido falta de voluntad en la identificación. Por eso, me parece imperativo que se disponga de los recursos necesarios para identificar los restos óseos.

Creo que los resultados de la comisión no son verdaderamente concluyentes. Yo defiendo la verdad de los hechos. Se abre toda una gama de nuevas interrogantes, y esa no es la idea de una comisión investigadora. ¿Por qué se guardaron tanto tiempo las osamentas? ¿Hasta qué punto el Estado es responsable? Sin duda, el Estado es un cómplice pasivo por mantener a esas personas sin reconocimiento, pero pareciera que existen grupos con la idea de mantener la figura de los detenidos desaparecidos.

Nosotros estamos a favor de la verdad y de que se identifiquen los restos. Es la única forma de que se termine la famosa figura del secuestro permanente. Lamentablemente, los resultados de la comisión dejan más dudas que soluciones, pues se sabe que el Estado es cómplice del ocultamiento.

Por esta razón, voy a votar en contra el informe. Espero, humildemente, que se pueda llegar a conclusiones reales en estos casos, para darle tranquilidad y justicia a las familias de los detenidos desaparecidos. No quiero una utilización política de este tema. He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente)-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme.

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, recuerdo cuando hace muchos años mostraron en las pantallas de televisión los restos óseos encontrados en Pisagua. Creo que eso me marcó en mi vida política y como persona. ¿A quién no? Había una mentira constante de que los detenidos desaparecidos no existían, que se habían ido a otro país, que estaban escondidos, que habían cambiado de identidad. Cuánto dolor causa recordar esas imágenes vistas en televisión que constataron que los cuerpos estaban en nuestro país.

Ese contexto ayuda a entender la consternación que sufrimos, creo que todos -espero que todos-, cuando supimos de estas 89 cajas que habían estado en el Servicio Médico Legal pudriéndose, apiladas como basura, sin ningún respeto, sin ninguna consideración. Entonces, el sentido de esta comisión especial investigadora se veía aún más patente ante la necesidad de darles una respuesta a los familiares de las víctimas de los detenidos desaparecidos.

Encontramos que aquí ha habido una violación sistémica de los derechos humanos. Es decir, no bastó con que su familiar haya sido torturado y desaparecido, no bastó con no saber de sus restos, no bastó con no darle sepultura; además, sus restos fueron vejados y violentados durante todos los años de la dictadura y los años de la democracia. Cincuenta años tuvieron que pasar para que esos restos volvieran a ser materia de una investigación penal, como debió haber sido desde un principio.

Cuando nos dimos a la tarea de la comisión especial investigadora, en algún momento se cuestionó el liderazgo de nuestra compañera Lorena Pizarro en la presidencia. ¿Quién más que ella podía presidir esa comisión? Se dijo que ella tenía intereses comprometidos. No sé con qué cara se dijo que ella tenía intereses comprometidos.

Sin duda, quien podía demostrar absoluta imparcialidad en aquello, porque deseaba más que nadie que se encontrase a los responsables y el resultado de esta investigación, era ella. Compañera, ha sido un honor conocerla.

(Aplausos)

Cuando estábamos en esta investigación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio la mejor respuesta, a través del plan de búsqueda, un verdadero plan de búsqueda con recursos, que pudiese terminar con esta violación sistémica a los derechos humanos.

Entonces, apareció el diputado Johannes Kaiser con la iniciativa de que la investigación se llevase a cabo igual, aunque no hubiese un vínculo con una investigación penal. En ese momento solo miré al cielo y recordé a San Mateo , que dice: “Por sus obras te conocerán”.

Nada bueno se puede esperar del diputado Kaiser .

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, el trabajo y el informe de esta comisión especial investigadora dan cuenta de la inutilidad del gasto excesivo que se hace año tras año en planes de búsqueda. Gobiernos de izquierda nos han dicho que es indispensable tener cantidades ingentes de funcionarios y recursos disponibles para identificar los restos de personas que habrían fallecido durante el gobierno militar, pero el Estado no ha sido siquiera suficientemente diligente como para establecer el origen de esos restos, que constan en recintos propiedad del Estado.

Uno se pregunta cómo tanta falta de diligencia en un tema que ha sido la agenda principal de la izquierda durante décadas. Han pretendido apoderarse de la causa de los derechos humanos, la que, por lo demás, está en conflicto evidente y permanente con su ideología, pero al mismo tiempo actúan en el tratamiento de estas investigaciones con la misma seriedad que tienen para el trabajo con fundaciones en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu); o sea, hay más aprovechamiento y enriquecimiento que seriedad.

No sé cómo les va a explicar la izquierda esta falta de prolijidad a los familiares de los detenidos desaparecidos. Quienes han representado a estos gobiernos en los últimos años ¿tienen siquiera claridad si los familiares de estas personas han aparecido o no? ¿Pueden decirles con total certeza que sus familiares siguen desaparecidos si hay restos óseos en instalaciones del Estado que han permanecido ahí abandonados como si fuesen no sé qué?

Además, me pregunto qué medidas se están tomando al respecto desde los tribunales de justicia. Hay decenas de sentencias judiciales dictadas sobre el supuesto de personas que permanecen desaparecidas desde los años 70, sobre el supuesto de delito de ejecución permanente.

Hay una mínima diligencia debida por parte de los ministros en visita, que son, a la vez, juzgadores e investigadores. Ellos permanecen impávidos ante la eventual complicidad del Estado para que estos detenidos permanezcan desaparecidos.

Los republicanos demandamos que se hagan valer todas las responsabilidades políticas, administrativas, penales y civiles que acá correspondan, y que se designe un fiscal especial para perseguir las responsabilidades penales.

Anuncio que votaremos en contra.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Lo revisaremos, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, lo que acabamos de escuchar fue la tónica dentro de la comisión investigadora del caso de las osamentas. Como muy bien explicaba nuestra compañera Marcela Riquelme , lo que hubo en el seno de la comisión fue una discusión histórica, más que centrarse en la posibilidad de buscar a los responsables y de identificar las responsabilidades administrativas de quienes efectivamente en un momento histórico de nuestro país tomaron una decisión importante.

No es menor que un juez de la república haya tomado la decisión de sacar esas 89 cajas del Servicio Médico Legal y llevarlas en custodia a la Universidad de Chile. No es menor aquello.

Tenemos que recordar el momento histórico en que estábamos, donde las instituciones del Estado no eran confiables. Veníamos saliendo de una larga dictadura y, por tanto, nadie confiaba. Ya se había mentido mucho -me sumo a los agradecimientos y a las palabras de respeto para quien presidió esta comisión-, y el juez Juan Guzmán tomó una decisión que quizá hoy en retrospectiva no se entiende mucho. En ese momento –hablamos de 2001-, él tomó la decisión de resguardar las cajas en el departamento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Su rectora señaló en la comisión: “La Universidad de Chile asumió el compromiso de custodiar y proteger las osamentas depositadas en sus dependencias en un momento histórico que no podemos olvidar. Colaboraremos con este proceso investigativo, en cumplimiento de la misión de nuestra casa de estudios de responder “a los requerimientos de la nación, constituyéndose como reserva intelectual caracterizada por una conciencia social crítica y éticamente responsable, y bajo nuestro compromiso irrestricto frente a la memoria, la democracia y los derechos humanos.”.”.

Eso se agradece desde el fondo de nuestro corazón, porque, si eso no hubiese ocurrido, hoy no tendríamos la posibilidad de iniciar un proceso de identificación de las osamentas contenidas en esas cajas. Incluso, parte de los acuerdos de esta comisión, evidentemente, dice relación con entregar más herramientas y recursos a lo que será el nuevo Servicio Médico Legal. Pero no podemos olvidar el contexto en que ocurrieron estas cosas.

Tampoco podemos olvidar la intentona de los republicanos en esta comisión, porque no se trata solo de identificar quiénes son esas personas. Ellas no llegaron a esas cajas por casualidad. Alguien las hizo desaparecer.

Por tanto, para las familias es importante no solo la identificación, sino también la justicia y la verdad. No vamos a permitir que se disocien los hechos que llevaron a esa situación, como tampoco el resultado de esas desapariciones. Vamos a estar alertas a ello. No vamos a permitir que se ingrese ningún tipo de proyecto que vaya en la lógica de profundizar la impunidad.

Obviamente, eso les molesta o incomoda, pero es parte de la obligación que tenemos como parlamentarios, sobre todo en el contexto de los cincuenta años del golpe militar.

Quiero agradecer a la Presidenta de la comisión por su valentía y por la forma en que enfrentó esta comisión. Tuvimos también ahí a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a quienes en más de una oportunidad se les dijo en la cara que mentían.

Esas osamentas son una muestra más de que en nuestro país sí se vivió el horror, sí existieron casos de desaparición forzada y de muerte, y de fusilamientos de ciudadanos y de ciudadanas.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, esta comisión especial investigadora abordó una temática tremendamente dolorosa.

Todas las personas merecen una cristiana sepultura. En ese sentido, le hemos expresado una y otra vez a todas las fuerzas políticas, al gobierno y a los parlamentarios de enfrente, que cuentan con el más absoluto respaldo para realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para identificar y dar sepultura a las personas cuyos restos no han podido ser identificados. En ese sentido, en esta comisión especial investigadora se abrigaban grandes esperanzas para colaborar en la búsqueda de la verdad.

No puedo dejar de mencionar lo estremecedor de algunos testimonios expresados por familiares de detenidos desaparecidos. Resulta verdaderamente incomprensible que el Estado en su conjunto, y en especial autoridades de distintos gobiernos -de la Concertación, de la Nueva Mayoría y de la administración de Sebastián Piñera- hayan mantenido tanto desdén frente a ese dolor.

Resulta incomprensible que el Servicio Médico Legal y la Universidad de Chile hayan mantenido en su poder osamentas humanas sin identificar, osamentas humanas en manos del Estado sin identificar por años.

¿Tienen responsabilidad? Por supuesto que esas instituciones tienen responsabilidad, y también la tienen los jueces que no persiguieron hasta el cansancio ni dieron las órdenes para identificar esas osamentas.

Lamentablemente, se han cambiado muchos nombres de calles y de estatuas, se han nominado corporaciones y fundaciones, pero no se han hecho los esfuerzos reales ni se han perseguido las responsabilidades. Eso es algo que exigimos, como también que se destinen todos los recursos para ello.

Lo conversamos con el subsecretario de Derechos Humanos y le dijimos que cuenten con los republicanos para identificar esos restos humanos.

Resultan incomprensibles algunos hechos que ocurrieron en esta comisión especial investigadora, por ejemplo, cuando se señaló que el Ejército no entregaba todas las facilidades para identificar o para realizar búsquedas en el cerro Chena. Al respecto, solicitamos convocar al comandante en jefe del Ejército, pero se nos negó.

Lamentablemente, no se buscó la verdad -con mayúsculas- en esta comisión. Por eso, rechazaremos la propuesta que se somete a votación en esta Sala.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señor Presidente, qué importante resulta buscar a aquellos seres queridos que han sido desaparecidos por la fuerza o por extrañas circunstancias.

Desafortunadamente, hemos llegado a ser un país donde la falta de empatía y la indolencia se han hecho una tradición. Más allá de respetar las conclusiones de esta comisión especial investigadora, hay chilenos que, aun viviendo en democracia, siguen desapareciendo y a nadie le importa; a nadie, ni siquiera al Estado de Chile.

Henry Vásquez es un curicano que salió el 12 de junio de 2022 en búsqueda de un trabajo, y hasta el día de hoy sigue desaparecido; Fermín Opazo , oriundo de Empedrado, salió el 13 de septiembre de 2022, y hasta hoy sigue desaparecido. Maily Chamorro Chiang salió de su casa, en Curicó, el 18 de diciembre de 2022, y hasta el día de hoy sigue desaparecida.

Creo que la búsqueda de la verdad siempre es importante, y en ello cabe responsabilidad al Estado de Chile; pero, desafortunadamente, en los últimos casos hemos visto que el Estado no ha sido profesional, no ha sido empático, pero sí ha sido indolente, sobre todo con aquellas clases sociales más vulnerables, y eso lo ha demostrado la historia. Si no llega la prensa, si no llega la televisión, a nadie le importa, porque a veces creemos que el rating es más importante, y entonces afloran todos los recursos del Estado de Chile.

Esta situación de búsqueda de la verdad y de la reconciliación es lo más pertinente para un Estado que se dice moderno, pero que, lamentablemente, en los últimos hechos de la historia de Chile, referidos a los desaparecidos en democracia, no ha estado a la altura.

¿Para qué recordar el caso de Kurt Martinson , en San Pedro de Atacama, donde me tocó trabajar, o también el caso de la vecina de Puerto Montt?

Podría estar todo el día hablando de los casos de detenidos desaparecidos, pero también de aquellos desaparecidos en democracia. Es un deber del Estado de Chile buscarlos, pero también un deber de aquel órgano que se llama Fiscalía de Chile, que tiene la labor, de manera exclusiva y excluyente, de dirigir estas investigaciones.

Entiendo que quienes la integran son abogados, no expertos en investigación, pero deben fundar su trabajo en aquellas policías que sí son especializadas, como la PDI y Carabineros .

Por eso, espero que mañana nadie de nosotros, como tampoco sus familiares, esté desaparecido ni viva esa angustia que muchos cargan en vida por años.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Finalmente, tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, sin duda, la desaparición y el secuestro de personas son hechos lamentables que nunca debiesen ocurrir, porque, más allá de qué tipo de secuestro se trate, para las familias y para las víctimas eso es brutal.

Voy a hablar de la desaparición forzada de personas bajo la dictadura cívico-militar, y de por qué luego de cincuenta años nos enfrentamos a nuevas formas de revictimización, como es enterarnos de que existen ochenta y nueve cajas que han estado perdidas por décadas, ochenta y nueve cajas que pueden o no ser de nuestros familiares; eso es parte del horror.

La incertidumbre sigue a pesar de que se nos diga que ahí pueden estar. Ni siquiera lo sabemos, pero, si algún familiar de una madre o de una esposa que buscó por décadas está allí y falleció hace pocos años, que alguien imagine un segundo lo que significa buscarlo durante toda la vida y por negligencia no encontrarlo.

Me parece inentendible, cruel e inhumano que se diga que vamos a terminar con el secuestro permanente si los y las identificamos. El secuestro permanente no se acaba con la identificación, porque tiene que ver con una herida que lacera a las familias, y que, permítanme decirles, ha lacerado por décadas a este país.

El negacionismo es una forma permanente de revictimización. Que se hable del gobierno militar y que se diga que los familiares no los quieren encontrar porque sacan provecho de las víctimas demuestra solamente la calaña de quienes fueron capaces de cometer ese crimen, que es el peor de todos, porque involucra tortura, prisión política, secuestro, asesinato, y finalmente no sabemos dónde están.

La comisión buscó los compromisos del Estado para que eso no vuelva a ocurrir, para que por lo menos nos hagamos cargo de identificar cuando encontremos alguna osamenta o fragmento óseo. Ni siquiera estamos hablando de encontrar sus cuerpos enteros, porque fueron sacados con palas mecánicas y lanzados al mar.

Señor Presidente, por su intermedio quiero decirle dos cosas al diputado Cristián Araya , quien fue parte de la comisión. En primer lugar, en relación con que quiere darles una cristiana sepultura, le digo que no es de cristianos asesinar, torturar, secuestrar ni hacer desaparecer.

Por lo tanto, si es tanta su preocupación por darles cristiana sepultura, también es importante encontrar a los responsables y saber la verdad de lo que ocurrió con cada una de las víctimas.

La propuesta del diputado Kaiser fue profundamente cuestionada por la comisión, porque no vamos a decir a los familiares, a 50 años del golpe, que a las víctimas las secuestraron y -permítanme decirlo por cruel que suene- que solo queremos identificar huesos. No es así. Nuestros desaparecidos no eran un fragmento de un hueso ni un montón de huesos hace 50 años; eran hombres y mujeres, padres de familia, que querían un Chile distinto.

Por lo tanto, queremos saber qué les pasó, quiénes los secuestraron, quiénes dieron las órdenes, qué horror vivieron hasta el último segundo. Eso es humanidad, pero, por sobre todo, es justicia en un país que se quiere llamar democrático.

El diputado Cristián Araya señaló que se quiso convocar al comandante en jefe del Ejército respecto de las búsquedas en el cerro Chena , pero la propuesta de la comisión fue otra: convocar al comandante en jefe del Ejército y a los de cada una de las ramas castrenses para que informaran a la comisión sobre el pacto de silencio que hasta el día de hoy mantienen. No se trata de hacer show o de recibir en audiencia a alguien que no tiene la información, sino de saber qué pasó con las víctimas de desaparición forzada y de conocer a los responsables.

Permítanme decir que esta Comisión Especial Investigadora llegó a conclusiones que espero que se aprueben, porque son un aporte a la garantía de no repetición. ¿Qué es la garantía de no repetición? Que la vida de ningún diputado, ya sea de enfrente, nuestro o del medio, corra riesgo por pensar distinto en un momento histórico. Eso es la garantía de no repetición.

No solo los familiares, sino también los que creemos en la dignidad del ser humano y en una democracia real pelearemos hasta el último minuto de nuestras vidas por la verdad total, la justicia plena, la identificación y la reparación, porque son fundamentales para la construcción de una democracia verdadera.

¡Qué sentido cobra en la comisión ese grito que durante tantos años dijimos: “Por la vida y por la paz, que nos digan dónde están”!

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, el Estado de Chile ha desarrollado acciones para el reconocimiento de este flagelo, de esta terrible realidad. Fue así que se crearon las comisiones Rettig y Valech .

Es inmoral que después de tanto tiempo nos enteráramos de la existencia de unas cajas con osamentas; es inmoral que el Estado de Chile no agotara absolutamente todos sus esfuerzos para identificar a quiénes pertenecían esas osamentas, de quiénes eran.

Es inmoral que miremos esta discusión desde el punto de vista partidista: si estoy aquí o allá, si pienso así o de otra forma, si estuve o no a favor de un golpe militar.

Estoy de acuerdo con la diputada Pizarro en que, si queremos construir una democracia sana y robusta, debemos avanzar. Y avanzar no es ignorar; avanzar es reconocer cada una de nuestras historias y lo malo que hemos hecho.

En lo personal, voy a votar a favor el informe, no porque crea que es un acto reparatorio hacia las víctimas, sino porque contribuye a construir una mejor democracia.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, no son solo 89 cajas las que se encuentran en el Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal ha abierto 539 protocolos en regiones, más otros en la Región Metropolitana. La directora del Servicio Médico Legal no nos pudo decir cuántos exactamente.

Estamos hablando de los restos de varios cientos de personas que se encuentran en poder del Estado desde hace décadas y que no han sido identificados, entre otras razones porque los jueces que debieron haber solicitado las pericias para la identificación no lo hicieron, incurriendo, en mi opinión, en notable abandono de deberes.

Esa, damas y caballeros, es una parte de este asunto.

En el informe de la Comisión Investigadora también se ignora lo siguiente: en la comisión se me planteó que la identificación de los restos podía impedir que se entregase justicia, puesto que se caería la figura del secuestro permanente. Es decir, por un lado, no quieren identificar y entregar los restos a los familiares en razón de mantener el sistema judicial funcionando como hasta el momento y, por otro, tampoco les interesa realmente que se haga justicia a quienes están siendo perseguidos.

Este es un tema político, y solamente por ser un tema político se ha mantenido por veinte años abierta esta ignominia, esta vergüenza nacional. Durante veinte años los jueces no han ordenado la identificación de potenciales detenidos desaparecidos, cuyas osamentas están en su poder; durante veinte años las familias no han recibido a sus deudos. Eso es la continuación de la violación de derechos humanos que el Poder Judicial chileno está cometiendo ahora, por omisión y prevaricación. Esa es la conclusión a la que yo llego.

Este informe, damas y caballeros, no va lo suficientemente lejos para identificar a los responsables de esta situación. De hecho, lo que hace es minimizar la situación.

La verdad es que Chile se merece algo mejor. Tanto las familias como la historia se merecen que el Estado de Chile se haga cargo, de una vez por todas, de esta situación e identifique y entregue los restos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la comisión especial investigadora en los siguientes términos:

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (CEI 30, 32 y 33).

Para la discusión de este informe se destinará una hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora el diputado José Miguel Castro .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 114ª de la presente legislatura, en lunes 11 de diciembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 23.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CASTRO (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, paso a informar el cometido y las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con las transferencias de fondos realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (CEI 30, 32 y 33).

Antecedentes generales

La creación de la Comisión Especial Investigadora 30 fue aprobada por la Sala el 3 de julio del 2023. La creación de las comisiones especiales investigadoras 32 y 33 fue aprobada por la Sala el 4 de julio de 2023.

Conclusiones y propuestas aprobadas por la comisión

La Comisión Especial Investigadora aprobó por simple mayoría las conclusiones y propuestas. Votaron a favor las diputadas señoras Chiara Barchiesi y Yovana Ahumada , y los diputados señores Juan Carlos Beltrán, Juan Antonio Coloma, José Miguel Castro , Juan Fuenzalida , Andrés Jouannet y Rubén Oyarzo , mientras que lo hicieron en contra las diputadas señoras Mercedes Bulnes , Éricka Ñanco y Carolina Tello , y los diputados señores Marcos Ilabaca y Raúl Soto .

Resumen de las conclusiones

I. En relación con la actitud del gobierno con ocasión de la indagatoria impulsada por esta Comisión Especial Investigadora

La falta de voluntad por parte del gobierno de cooperar con las comisiones especiales investigadoras constituidas por esta Cámara de Diputados o dar respuesta a solicitudes de información no resultan un hecho aislado.

Durante las sesiones de trabajo de esta comisión resultó recurrente la inquietud por parte de sus integrantes de conocer con exactitud el momento en que el Presidente de la República y su círculo cercano se enteraron de los hechos constitutivos del caso llamado “Democracia Viva” y de cuáles fueron sus medidas inmediatas, antecedentes que fueron consultados pese a que la fecha de cuando tomó conocimiento del caso Democracia Viva fue informada por medio de la prensa.

Igualmente, el jefe de asesores de la Presidencia se resistió a comparecer ante esta Comisión Especial Investigadora, y no fue sino después de un apercibimiento por parte de la Contraloría General de la República que mostró voluntad de comparecer y colaborar con esta instancia.

II. El caso “Democracia Viva” como la punta del iceberg

El caso “Democracia Viva” dejó en evidencia la precariedad de los controles a transferencias que se realizan desde los órganos de la administración del Estado al mundo privado. En efecto, las investigaciones que se levantaron en torno a este proyecto, y los informes que se han conocido, particularmente de la Contraloría General de la República, han permitido identificar patrones comunes a casos de corrupción que afectan a diversas estructuras del Estado.

En efecto, parece reiterada la existencia de transferencias a fundaciones que no cumplen con la especialización necesaria en la ejecución de los recursos públicos, tanto desde el punto de vista de las actividades en razón de su giro presentado ante el Servicio de Impuestos Internos como de los objetivos establecidos en los estatutos de fundaciones, entre otros.

Por otra parte, la subcontratación por parte del Estado con organizaciones privadas sin fines de lucro, con el objeto de ampliar la cobertura de políticas públicas, es una práctica ya común y generalizada, pero lamentablemente poco normada.

III. Sobre la responsabilidad de las autoridades frente al “caso Convenios”

Acerca del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (Caigg): Si bien se puede llegar a establecer que existen responsabilidades a nivel ministerial respecto de los convenios suscritos en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también se debe señalar que ha quedado de manifiesto que durante la actual administración de gobierno, y por instrucción de la auditora general de Gobierno, señora Daniella Caldana Fulss , se eliminó la reportabilidad financiero-contable de las transferencias efectuadas por parte de los organismos del Estado hacia el Caigg, decisión que es atribuida por la autoridad a un enfoque distinto para “poder mejorar el trabajo y la calidad de los auditores en terreno” y así auditar de mejor manera los recursos públicos.

Si bien lo anterior podría ser del todo plausible para el objetivo a cumplir, la reportabilidad brinda información necesaria para levantar alertas respecto de algunas de estas problemáticas.

Acerca de la directora de Presupuestos, señora Javiera Martínez Fariña : Impulsó cambios en los controles presupuestarios, particularmente a propósito de los recursos transferidos por los gobiernos regionales, que se oponen al resguardo del buen uso de los recursos públicos que ha caracterizado a la Dirección de Presupuestos, dado que, al visar las reasignaciones presupuestarias, se permitió aumentar los recursos destinados a este tipo de transferencias en desmedro de aquellas transferencias vinculadas a la inversión regional.

Acerca del ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes Cisternas :

El ministro Carlos Montes no conocía la situación que afectaba profundamente a su cartera a lo largo de todo el país, y que era manejada por diversos funcionarios. Como comisión no vemos motivos para cuestionar la veracidad de los dichos del ministro, pero ello no evita el reproche a la negligencia con la cual se condujo su cartera.

Por otro lado, si bien los secretarios regionales ministeriales realizaron transferencias de manera delegada, lo cierto es que el jefe ministerial debía fiscalizar que dicha delegación se realizara de manera ajustada a la ley.

Acerca de la exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo, señora Tatiana Rojas Leiva : Las irregularidades constitutivas del caso Democracia Viva fueron puestas en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, particularmente de la entonces subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, señora Tatiana Rojas Leiva . Concretamente, el 2 de mayo de 2023, la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, señora Carla Olivares , envió un correo electrónico a diversas autoridades del Ministerio alertando las irregularidades en el programa de Asentamientos Precarios. Se trata de una denuncia que revestía especial gravedad, toda vez que provenía de personas directamente conocedoras de los hechos y con manejo técnico en el área. Además, la comunicación apuntaba directamente contra la fundación Democracia Viva y era explícita en señalar que se encontraban en ejecución dos convenios aún, dando cuenta de la necesidad de actuar con prontitud.

El correo de denuncia es gravitante, pues permite afirmar, sin dudas, que la entonces subsecretaria Rojas conocía con anterioridad las irregularidades y que hizo caso omiso a estos antecedentes, no comunicándolo a sus jefaturas.

Acerca del jefe de asesores de la Presidencia y exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Crispi Serrano: Más allá de la resistencia del señor Crispi Serrano a comparecer ante esta Comisión Especial Investigadora, lo cierto es que el reproche que se le puede formular excede dicha situación.

De las afirmaciones del máximo asesor de la Presidencia resulta palpable que tenía conocimiento de las denuncias días antes de lo reconocido por el Presidente de la República y el resto de los funcionarios gubernamentales. Sin embargo, estando frente a uno de los casos de corrupción más escandalosos desde el retorno a la democracia, el asesor decide omitir estos antecedentes al Presidente de la República y remitirlos a la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.

Hay una falta de diligencia evidente y agravada por su cargo como jefe de asesores de la Presidencia al no haber denunciado los hechos constitutivos del caso Democracia Viva a la justicia, de conformidad con el artículo 175 del Código Procesal Penal.

Acerca del Consejo de Defensa del Estado: Sin duda, el “caso Democracia Viva”, así como el de los restantes de posible corrupción en el contexto del denominado episodio “Convenios”, existe un interés público de proteger los recursos públicos y la probidad administrativa.

Por eso, no es comprensible que luego de meses de investigación, y conociéndose los resultados contundentes de dicho proceso investigativo, así como de sendos informes de la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que le fueren procedentes.

IV. Respecto de los informes efectuados por la Contraloría General de la República sobre las transferencias de recursos del subtítulo 33, en el marco de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades, tanto a entidades públicas como privadas efectuadas por las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo a lo largo del país, así como también sobre las transferencias efectuadas por los gobiernos regionales

Tras auditar 15 de las 16 secretarías regionales ministeriales (Aysén fue excluida por falta de convenios bajo investigación), se encontraron 16 observaciones críticas, siendo la principal la ausencia de un proceso formal para seleccionar las entidades ejecutoras de proyectos del Programa Asentamientos Precarios.

Esta carencia, común en todas las secretarías regionales ministeriales evaluadas, conlleva a asignaciones directas de inversión sin justificación, falta de documentación sobre los costos estimados de los proyectos y contratación irregular de personal por fundaciones.

La falta de control en la ejecución de los convenios se evidenció en múltiples regiones del país, aunque no puede generalizarse como un modus operandi, sino como un “mecanismo” que se habría repetido a lo largo de todo el país.

Resumen de las propuestas

1.Dictar una ley marco que aborde las transferencias al interior de la administración pública con distintos proyectos.

2.Impulsar aquellas iniciativas que estén tramitándose en el Parlamento y que abordan los temas de probidad, transparencia y recursos al interior de la administración pública. Al respecto, pueden mencionarse distintos tipos de leyes, como las Nos 20.285, 19.886 y 10.336.

3.Atribuciones de la Cámara de Diputados respecto de la fiscalización a los gobiernos regionales y a las municipalidades. En razón de la escasa concurrencia que tuvimos por parte de los gobernadores regionales a la comisión especial investigadora, es necesario que el Ejecutivo impulse la celeridad en la tramitación, vía urgencia, de las mociones parlamentarias que permitan rendir cuentas a las gobernaciones regionales. Esto es sumamente importante.

4.Fortalecimiento institucional del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) En el desarrollo de la comisión especial investigadora, diversos actores subrayaron la necesidad de fortalecer a este organismo gubernamental, dotándolo de rango legal. En tal virtud, se solicita al Ejecutivo tramitar con urgencia el proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (boletín N° 16316-05).

Acciones a ejecutar:

1)Por parte del Presidente de la República, instruir a todos los órganos de la Administración pública para efectuar un levantamiento de información respecto de los sumarios que se encuentran en curso y que tengan relación con transferencias realizadas a organismos privados, con el propósito de tener una resolución de estos en el más breve plazo.

2)Separar de sus funciones a quienes estén involucrados en el denominado “caso Convenios” y renovación en las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo. Es fundamental que el gobierno envíe una señal de combate frontal a la corrupción. Asimismo, las irregularidades en las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo son de tal magnitud que ameritan reevaluar la continuidad de sus titulares y cargos directivos.

3)Fortalecimiento de las facultades de control y fiscalización de la Cámara de Diputados. De modo complementario a lo señalado en el acápite de las recomendaciones, se propone lo siguiente:

-Revisar las normas sobre comparecencia ante las comisiones investigadoras, estableciendo sanciones administrativas o, incluso, penales para aquellos funcionarios que no concurran pese a ser citados, o bien si compareciendo, entreguen respuestas evasivas o falsas, de acuerdo a lo que nos hemos dado cuenta con los últimos wasaps que se han filtrado.

-Zanjar la discusión que se ha generado acerca de la facultad que tienen estas instancias para remitir consultas o cuestionarios al Presidente de la República o a otras autoridades, incluyendo las que se desempeñan en organismos constitucionalmente autónomos.

4)Aumento de recursos a la Contraloría General de la República destinados a la contratación de personal para el desarrollo de mayor fiscalización.

Por las razones expuestas, la comisión especial investigadora del “caso Convenios” recomienda a la Sala aprobar el informe cuya síntesis he expuesto.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

En discusión el informe. Tiene la palabra, por dos minutos y treinta segundos, la diputada Chiara Barchiesi.

La señorita BARCHIESI (doña Chiara) .-

Señorita Presidenta, la palabra “convenio” significa “pacto o acuerdo”, y Chile ya tiene muy claro que el “caso Convenios” no es otra cosa que un pacto del oficialismo para defraudar al fisco y repartirse entre ellos la plata de todos los chilenos. A todas luces, hicieron un pacto para robar.

Por eso, hoy les pido, aquí y ahora, que hagamos un pacto nosotros, pero para terminar con esto, de una vez por todas, y que este gobierno le diga a Chile no solo qué pasó con Democracia Viva, sino también con todos los dineros entregados a sus amigos y socios ideológicos.

Repito: ellos hicieron un pacto para robar, y nosotros debemos hacer un pacto por la verdad. Chile merece respeto, y aquí todos debemos demostrar que respetamos a Chile y a los chilenos.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .

El señor CASTRO.-

Señorita Presidenta, si bien ya di lectura al informe contundente de la comisión especial investigadora, quiero agregar que cada día que pasa nos enteramos de cosas nuevas. Por ejemplo, vemos cómo los wasaps hoy sí pueden involucrar, posiblemente, al ministro y a Miguel Crispi , a quien dejan en muy mal pie.

Vemos que el Presidente vuelve de sus vacaciones y se lleva a Miguel Crispi a pasear en todas sus rondas y, realmente, no hacen ningún mea culpa. Ya no me impacto por el “caso Convenios”, porque la desfachatez que ha tenido este gobierno es insuperable. He visto cómo han tomado los dineros de todos los chilenos y se los han llevado, y hoy solamente tenemos a dos personas tras las rejas, aunque no como culpables, sino como procesados, en circunstancias de que hay muchas otras personas a las que todavía no se les hace ni siquiera un juicio administrativo.

Me pregunto: ¿qué pasa con la gente que falsificó firmas para darles okey a los convenios? Esos antecedentes no los tuvimos a la vista en la comisión especial investigadora, pero sabemos que esa práctica existió. ¿Qué pasa con las personas que autorizaron los convenios a fundaciones que no tenían ni siquiera un RUT ni inicio de actividades?

Realmente, es una vergüenza lo que estamos viviendo. La capacidad de impresionarse del chileno es cada vez más baja, al igual que como ocurre con los asesinatos, los desmembramientos y las desapariciones de personas. Eso no nos puede pasar. No somos un país bananero; tenemos que salir adelante, y eso solamente se consigue con transparencia.

Esperamos que este gobierno, de una vez por todas, entregue todos los antecedentes, haga un verdadero mea culpa, saque a las personas que no han actuado bien y partamos desde ahí. De lo contrario, nos iremos a un hoyo del que será muy difícil salir.

Si a lo anterior le sumamos la delincuencia y los demás problemas que tenemos como país, nos meteremos en un hoyo negro. La ciudadanía no merece vivir esta situación, no merece tener esta clase de autoridades ni esta clase de problemas; no merece vivir atemorizada ni ver cómo se van las platas de los más pobres simplemente a hacer política.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señorita Presidenta, todo esto que estamos viviendo en el último tiempo en el país y que observan las personas, hace que Chile vaya descendiendo peldaño tras peldaño. A veces, no nos percatamos de eso; solo nos damos cuenta cuando ya estamos muy abajo, cuando ya se ha bajado y seguido bajando. Eso es, fundamentalmente, la degradación política.

Se ha contribuido desde hace muchos años a la degradación política y al deterioro de las instituciones con las descalificaciones y discursos grandilocuentes. Cuando se van degradando las instituciones, se pierde una cuestión que es fundamental en democracia: la fe pública. Si se pierde la fe pública, se abren los espacios para el populismo, que comienza a colonizar al Estado, y ahí no hay vuelta atrás. Cuando eso ocurre, los espacios de lo público los empiezan a ocupar quienes están fuera del sistema, en este caso, hoy es la criminalidad. Finalmente, todo esto es sistémico.

Lo que ha ocurrido con el caso de Democracia Viva tiene mucho que ver con eso: la falta de control, la falta de ética pública, el considerar al Estado como un botín, creerse moralmente superior al resto y decir, entonces, que como se es moralmente superior, se puede hacer todo eso. Las excusas para actuar así son, por ejemplo, que otros se han apropiado de las empresas, que otros creen en la política neoliberal, y así mil discursos que se van creyendo, todo lo cual contribuye a la degradación de la política, al deterioro total.

Todo eso finalmente nos lleva a que Chile siga bajando, peldaño tras peldaño. Por eso, en definitiva, el país no avanza. Por eso, el año pasado no crecimos económicamente. Por eso, la criminalidad aumentó. Todo es sistémico.

Lo único que puede revertir eso es que devolvamos a la política el lugar que merece, y eso significa terminar con las descalificaciones, terminar con los empates y parar esto, porque, de lo contrario, quien perderá será la gente sencilla, como decía Pablo Neruda en su poema Oda a la crítica. ¡Los únicos que pierden son ellos!

Lo que ocurrió en el norte ya está sucediendo en muchas otras partes del país, como el “caso Chikawal”, que he denunciado ante la Contraloría, en el que está involucrada Conadi . Está demostrado que al menos 245 millones de pesos fueron entregados así nomás, en licitaciones truchas.

Esto va a seguir ocurriendo si no le ponemos coto, si no detenemos esto. Debe realizarse un control del Estado para que esto no siga pasando, porque, al final del día, quien pierde es la gente.

Cuando nos detenemos en esto, dejamos de hacer buenas políticas públicas; cuando nos detenemos en esto, dejamos de ponernos de acuerdo. Recordemos que la política de los acuerdos fue tan denostada hace un tiempo, pero hoy está volviendo a ser bien considerada. Este país avanzó y creció -no digo sin defectos, no digo sin hechos de corrupción; los había, pero menos que hoy- cuando nos pudimos poner de acuerdo.

En este caso, más allá de buscar responsables -la justicia será la que lo determine-, lo que nos deja esta comisión investigadora son varias cuestiones: primero, el Presidente ha sido engañado. Se sabía perfectamente que había una situación dolosa, y el Presidente no lo sabía. Eso es lo que sabemos. Lo que sabemos es que su jefe de asesores no le dijo al Presidente que tenía todos los antecedentes. Por tanto, el Presidente estuvo por lo menos diez días sin conocer lo que ocurría. Eso no puede suceder; eso es faltarle el respeto al jefe de Estado. A uno le puede gustar o no el Presidente, pero es el jefe de Estado, y lo que uno no puede hacer con el jefe de Estado es quitarle la autoridad política. Lo que hizo su jefe de asesores fue quitarle la autoridad política. Eso tiene que ver también con lo que señalé al principio: el deterioro de la política. Eso es deteriorar la democracia, es pegarle al Estado. A uno le puede gustar o no el Presidente, pero lo que uno no puede hacer es engañar al Presidente.

Lo mismo sucedió con el ministrode Vivienda y Urbanismo: no sabía; sin embargo, aparentemente, por la última información que tenemos, la subsecretaria sí sabía.

En definitiva, estamos frente a una situación penosa. No es la única; está ocurriendo en muchas partes. Eso se debe, fundamentalmente, a que tenemos un problema de deterioro de la política. Todos creen que pueden hacer cualquier cosa; total, todo vale.

Esto nos tiene que dejar como enseñanza que debemos mejorar y tratar de volver, justamente, a los mejores momentos de la política, cuando nos poníamos de acuerdo y colocábamos los intereses del país por sobre nuestras trincheras políticas.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER.-

Señorita Presidenta, tenía muchos menos años que ahora cuando vi en la televisión que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados había determinado que la Sociedad Química y Minera de Chile había cometido fraude al fisco. Pensé que era gravísimo, ya que la mismísima Cámara de Diputados lo había determinado a través de una comisión investigadora. Consideraba que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados era una institución sumamente seria y que su declaración significaba que, definitivamente, lo que señalaba era así.

Al contrario de lo que me sucedió en esa oportunidad, considero que este informe es realmente una vergüenza. Nunca había deseado tanto que ningún ciudadano pusiera atención a lo que hace la Cámara de Diputados. El informe se basa en puras declaraciones políticas. Básicamente, son tuits pegados, convertidos en un informe. Escuchen lo que dice este: “el Contralor General de la República señaló: “A nosotros no nos corresponde decir si hay un mecanismo, porque en realidad esa ya es una conclusión más bien desde el punto de vista penal.”.”. Obvio. Y la comisión sostiene luego: “Por tanto, no es aventurado o irresponsable advertir la existencia de un mecanismo o el concierto previo –o sea, delitos gravísimos- para determinar una forma de defraudar al Fisco, cuestión que ciertamente está siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público.”. O sea, acusan un delito luego de que la Contraloría y la Fiscalía les dicen que no tienen cómo determinarlo. No encontré en todo el informe una forma de sostener esto, un antecedente, un indicio o una prueba de aquel delito.

Luego el informe señala: “… en las transferencias del Programa de Asentamientos Precarios se puede advertir una perturbadora coincidencia -o sea, el legislador se siente perturbado por algo que vio- en la militancia de los involucrados,”, todos de un mismo partido político. ¡Oh! ¡Oh! Sherlock Holmes pasó y les dijo “¡que mansa investigación!”.

Esto es una vergüenza. Han convertido la seriedad de una herramienta fiscalizadora, con la cual los políticos teníamos que llegar a acuerdos para analizar el funcionamiento de las instituciones, en una sumatoria de tuits deshilachados y de declaraciones que señalan, básicamente, que a una mayoría de una comisión le carga Revolución Democrática . ¡No puede ser que la Cámara de Diputados haga informes por eso! Obviamente, voy a encontrar gente a la que le carga la Unión Demócrata Independiente, el Partido Socialista y el Frente Amplio. Si un grupo de ellos forma una mayoría y escribe un informe sobre eso, algo que tiene que ser una herramienta de fiscalización se convierte en un programa de ataques políticos.

Nosotros podríamos crear una comisión investigadora sobre los robos de los alcaldes de la UDI; podríamos crear una comisión investigadora solo de los casos de corrupción de los presidentes de la UDI, pero sería una vergüenza para con nuestro rol parlamentario, porque no nos pagan para eso, sino para algo mucho más importante.

Este informe convirtió el rigor en estridencia, la seriedad en banalidad y los acuerdos en tramitar odio. Aquello denuesta la democracia. Y cuando se denuesta la democracia…

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señorita Presidenta, seguramente varios de quienes están acá vieron la película El Padrino. En ella se narra la historia de la familia Corleone , todos con un origen común: sicilianos. No solo la familia, sino aquellos que trabajaban con ella - Tessio , Clemenza - son sicilianos. Todos tienen una forma común de enfocar los problemas y una visión del mundo común.

Sin embargo, don Corleone , para dar perfección a esta organización delictual, buscó a alguien distinto, a alguien que no fuera de Sicilia. Eligió a Tom Hagen , un irlandés, y lo nombró su consigliere. Hagen era un hombre prudente, con más experiencia, que le daba quizá una forma de impunidad a la organización.

Bueno, acá en Chile tenemos a Revolución Democrática enquistada en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con una forma común de ver los problemas, con un origen común, pero nuestro “don” buscó a alguien que venía del mundo de la Concertación, con más prudencia, con más experiencia, alguien que venía del Partido Socialista. Carlos Montes se transformó en una especie de consigliere. Al poco andar se notó su mano. Partió por culpar al gobierno anterior, lo que claramente no le resultó. Otra forma de distracción fue llamar “visitas amistosas” a los allanamientos masivos que hizo la Policía de Investigaciones en todas las oficinas del Serviu.

Cuesta creer que quien fue testigo privilegiado de este mecanismo para defraudar no haya al menos sabido de él, pero él logró desentenderse. Como decimos en el campo, se hizo el de las chacras.

Resulta cada vez más poco creíble que no haya sabido, que no conociera el mecanismo ideado por el Frente Amplio para defraudar, para utilizar las platas de todos los chilenos en fines políticos. ¿A cuántas personas que llevan años esperando por la vivienda propia, incluso con su certificado de subsidio en mano, ustedes, Frente Amplio, les quitaron ese sueño con este mecanismo defraudatorio?

Por último, ¿habrá sido nuestro irlandés concertacionista quien recomendó idear el robo de los computadores para borrar las evidencias?

Al igual que en El Padrino, vienen más sagas de esta historia.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señorita Presidenta, el “caso Fundaciones” es impresentable, es una vergüenza y es el ejemplo vivo de cómo la corrupción se ha tomado la gestión pública. Este gobierno no ha tenido la capacidad, como hemos pedido, de transparentar, de decir la verdad, de llevar a los responsables a la justicia y de que haya costos administrativos y políticos para todos aquellos que fueron parte de esta red de corrupción. A la fecha, seguimos teniendo más dudas que certezas.

Me quiero detener en la Región del Maule. Voy a citar textualmente lo que dijo el contralor general de la República, señor Jorge Bermúdez , el día 9 de noviembre. Dijo que en el Maule tenemos un tráfico de influencia muy indebido. Repito: tráfico de influencias muy indebido. Lo dijo el propio contralor en la comisión especial investigadora. Pero a la fecha, parece que la Fiscalía ha hecho oídos sordos de una declaración que está debidamente acreditada en el informe final de la Contraloría, donde hay wasaps, mails y declaraciones de la gente de la Fundación Urbanismo Social que dan cuenta de que desde el gobierno regional les pidieron contratar gente a costa de 265 millones de pesos que aún nadie devuelve ni se hace responsable. Mientras tanto, la Fiscalía Regional del Maule firma convenios con el gobierno regional por 950 millones de pesos. Dudamos…

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señorita Presidenta, más que Democracia Viva esta es la democracia reviva, porque advierto al gobierno que cada cierto tiempo esto va a revivir. Cuando las cosas se hacen mal en un comienzo, estas siempre vuelven a salir.

Es impresionante que estemos discutiendo justo hoy este informe, en momentos en que han trascendido ciertas comunicaciones entre la subsecretaria y el secretario regional ministerial que dejan meridianamente claro que La Moneda sabía y que Carlos Montes sabía. Se hablaba de que se necesitaba el visto bueno del ministro. ¿Alguien en su sano juicio cree que se puede dar visto bueno a algo que no se conoce?

El diputado informante decía que en el informe se señala que Carlos Montes no conocía los antecedentes. Esa afirmación ha quedado obsoleta desde el minuto en que hemos conocido que eso no era así.

¿Es inocuo venir a decir a este Congreso Nacional medias verdades y mentir? ¿Qué herramientas tenemos ante esa falta de rigor y esa falta de compromiso con la verdad que han tenido las autoridades de este gobierno?

Esta es una generación que se vanagloriaba por venir a subir los estándares. Nos decían que querían un Estado sin pituto, que querían un estándar de probidad mayor, y ha sido sorpresivo para todos nosotros que no queda estándar por rebajar. Han rebajado todos los estándares posibles en materia de probidad y de transparencia.

¿Es razonable, después de todo lo que hemos conocido, que todavía no se asuma la responsabilidad política por parte del ministro Carlos Montes ? ¿Qué autocrítica hacen? No pienso solo en el oficialismo, sino también en aquellos llamados sectores no alineados que no votaron a favor de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes . ¿Cómo habrían votado hoy con los nuevos antecedentes?

¿Qué va a pasar -esto siempre se olvida- con las familias de los campamentos que vieron defraudado su fondo? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque han pasado de esa manera al olvido.

Acuérdense de mí, porque esto está recién comenzando. A medida que el tiempo avanza, iremos conociendo más aristas de lo que ha sido calificado como un verdadero modus operandi para robarse la plata del Estado con fines que -podemos suponer- tienen que ver con el financiamiento de acciones políticas.

Lamentablemente, el Congreso Nacional no tiene las herramientas que debiera para hacer valer la responsabilidad. Si bien nos queda poca fe y poca esperanza, confiamos en que el Presidente de la República se acuerde de lo vehemente que era cuando estaba en esta Sala y haga cumplir la responsabilidad política, y que nos estrenemos en marzo con un gabinete nuevo, uno que no sea el gabinete de Democracia Viva.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Está zanjado el punto. Vamos a revisar la intervención del diputado Diego Schalper , para despejar cualquier duda. Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señorita Presidenta, llegaron al poder precisamente diciendo que tenían una sensibilidad por los más necesitados. Sin embargo, cuando son citados a la comisión investigadora respecto de esta situación, se demuestra, según dice el informe, una falta de voluntad por parte del gobierno para colaborar con la comisión investigadora, una constante negativa, por ejemplo, del señor Miguel Crispi , de asistir y participar en las sesiones.

¿Qué dice el informe? Dice que hay una precariedad de los controles de transferencia del Estado y que hay patrones comunes con casos de corrupción. Se habla de un mecanismo para defraudar al fisco, de transferencias a fundaciones que no tienen experiencia o que no contaban con la capacidad para realizar las actuaciones para las cuales se les estaba contratando.

También se da cuenta –dice el informe- de una estrategia financiera para evitar controles, porque dividían los montos de los contratos en diferentes convenios que individualmente no superaban los topes regionales. Así evitaban el control preventivo de la Contraloría, como una banda de delincuentes.

Adicionalmente, se constata la contratación de personas profundaciones, quienes también desempeñaban funciones en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) o en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

Lo anterior permite -dice el informe- que los integrantes de la comisión adviertan que existe un mecanismo o al menos un acuerdo previo para generar una forma de defraudación y que, en su mayoría, las personas involucradas son militantes de Revolución Democrática.

Aquí podemos mejorar las leyes, pero el principio de probidad está en el ordenamiento jurídico y les es aplicable, y robar siempre ha estado prohibido. Por lo tanto, estas actuaciones estaban prohibidas.

Lo más grave aquí es cómo se han mermado las instituciones. Han venido a la comisión y han dicho a la prensa medias verdades, y cada vez que los pillan en algo, entonces, se acuerdan de algo y empiezan a decir: “Sí, no fue con este, sino que también con este otro; sí también hicimos aquello”.

Esta situación no da para más. Se requiere un Presidente de la República que tome las riendas y vele por preservar las instituciones, porque ya estamos cansados de un gobierno que se atreve a venir a decir medias verdades. Eso le hace daño al país. No podemos enfrentar la realidad que estamos viviendo en nuestro país con un gobierno que actúa de esta manera.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Manouchehri .

El señor MANOUCHEHRI.-

Señorita Presidenta, “Ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio”. Esa popular frase grafica el actuar de ellos en el escándalo de las fundaciones.

La corrupción debe ser perseguida con fuerza, caiga quien caiga y venga de donde venga.

Lo de Democracia Viva es un escándalo. Los responsables deben pagar en la cárcel por todo el daño que han causado.

Hablemos de corrupción y fundaciones, pero hablemos de todas. Hablemos de Arquiduc y EnRed, fundaciones ligadas a la derecha. Ambas se adjudicaron proyectos en las regiones de Valparaíso y de O'Higgins. ¿En qué año? En el año 2021, bajo el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera , con un ministro de la UDI. ¡223.000 millones de pesos!

Arquiduc , ligada al exdirector regional del Serviu de Valparaíso Tomás Ochoa y al exjefe de gabinete del Serviu de la Región de O'Higgins. El Ministerio Público hoy los investiga.

También la Fundación Procultura. El señor Ochoa , que desempeñaba el cargo en el Serviu, solicitó la contratación de Procultura, la que, a su vez, solicitó la contratación de una empresa donde el mismo señor Ochoa tenía participación. Un contrato por el monto de nada más y nada menos 248 millones de pesos.

En la Región de La Araucanía, gobernada por una persona de derecha cercana al señor Kast , la jefa de la división, doña Susana Alarcón , militante de Renovación Nacional, donde les gusta mucho hacer gárgaras con este tipo de casos, recibió una retribución personal de la fundación a la que adjudicaron 365 millones de pesos. Ella está presa hoy.

De todo esto, Renovación Nacional, la UDI y Republicanos guardan cómplice silencio. Así lo hicieron en el informe de esta comisión, que no dice nada respecto de las fundaciones que ellos han promovido, porque, como es de su costumbre, les gusta tapar la corrupción cuando son militantes de sus partidos.

La corrupción debe ser combatida caiga quien caiga y venga de donde venga. He dicho.

El señor PINO.-

Señorita Presidenta, continúan las investigaciones en el “caso Convenios”; se sigue avanzando en los resultados que, al final del día, vamos a conocer más temprano que tarde.

Cuando estuvimos en la comisión que analizó la acusación constitucional, vinieron autoridades y expertos defendiendo una postura.

Espero que todos los diputados que no dieron los votos en ese momento hagan su mea culpa, dependiendo del resultado de las investigaciones del “caso Convenios”, en el cual la Fiscalía está avanzando paso a paso.

Espero que este gobierno pueda, de aquí a marzo, rectificar el camino y darnos la oportunidad de tener un Ejecutivo dispuesto a avanzar por Chile y no quedarse pegado.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señora Presidenta, “La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud”. Eso lo dijo Stendhal en su famosa novela Rojo y negro.

No seamos hipócritas. La comisión conoció casos referidos no solo a este período de gobierno, los que mostraban que fundaciones ligadas a sectores políticos de la actual oposición, entonces en el gobierno, accedieron a recursos públicos por sumas mucho mayores a las que se trataron en Democracia Viva, ya desde 2019, y esas fundaciones no han dado cuenta de su uso ni los han devuelto, hechos que actualmente se encuentran bajo investigación en el Ministerio Público.

Hay detenidos en esas causas, y son hechos que la comisión pudo conocer, pero que en su mayoría evitó referir en el informe.

Si queremos derechos sociales y servicios públicos de calidad, si queremos barrios seguros, necesitamos un Estado no necesariamente más grande, pero sí más fuerte.

No obstante, lo que se evidenció en esta Comisión Especial Investigadora fue precisamente lo contrario: la presencia de un Estado débil y atomizado de larga data, cuya principal labor por años ha sido licitar servicios públicos a instituciones privadas, pero que carece de una verdadera capacidad de acción.

Participé activamente y de buena fe en el trabajo de esta comisión investigadora y, por ello, no puedo dejar de lamentar el rumbo que tomó, buscando un protagonismo efímero de algunos.

En vez de abocarse a proponer una batería innovadora de propuestas que se hicieran cargo de los problemas, se centró en pasarle cuentas al gobierno, lo que queda en evidencia al apreciar que, a la fecha de la elaboración del informe, gran parte de lo propuesto, y que fue aprobado, estaba siendo trabajado por el gobierno y por el Congreso Nacional a través de sendas reformas a la ley de compras públicas, al Sistema Auditoría Interna y a la ley de presupuestos del sector público, que este año incorporó, entre otras modificaciones, la concursabilidad de las transferencias del Estado, elemento que fue ampliamente destacado por el contralor general de la República en la comisión como algo positivo, pero que el informe de la comisión no consignó.

Por cierto, no se puede aceptar el uso de resquicios legales para recibir recursos públicos para fines distintos de los declarados. No obstante, ello no ocurrió solamente en el caso de Democracia Viva, sino también en otros, y la comisión evitó cuidadosamente referirse a ellos. Este hecho y otros que se investigan debieron ir más allá del caso Convenios y de aquel que involucró a Democracia Viva.

No seamos hipócritas, no sigamos hablando de los demás y desconociendo los propios errores en el sector que actualmente está en la oposición.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.

El señor BOBADILLA.-

Señorita Presidenta, quiero pedirle un favor: si puede transmitirle al diputado Manouchehri , quien dijo “Caiga quien caiga”, que han convertido esta expresión en “Sálvese quien pueda”.

Transmítale ese mensaje al diputado Manouchehri , Presidenta.

Democracia Viva, ¿qué es? Es sinónimo de fraude a los más pobres; Democracia viva es sinónimo de arrogancia; Democracia viva es sinónimo de superioridad moral -la superioridad moral de Jackson-, la frase más infeliz dicha por un político en la última década y quizás en años. Crearon una verdadera máquina para defraudar a los campamentos y hacer proselitismo político a costa de los más necesitados. Eso es Democracia Viva.

Este fraude de las platas públicas no fue una acción de dos personas adultas, sino más bien una máquina para recaudar recursos públicos para hacer política. ¿A costa de quién? De los más necesitados de nuestro país.

Por eso, deben pedir disculpas a los más pobres de nuestro país, y no seguir dando…

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Ha terminado su tiempo, diputado.

Llevamos más de veinte minutos con los timbres sonando para llamar a los diputados que nos faltan para completar el quorum necesario para sesionar, de modo que haremos una suspensión por cinco minutos.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra la diputada Ericka Ñanco .

La señorita ÑANCO (doña Ericka).-

Señorita Presidenta, me correspondió ser parte de esta comisión especial investigadora que, lamentablemente, deja bastante que desear, porque -lo dije en un principio y lo reitero ahora- el informe que vamos a votar hoy contiene conclusiones que pudieron haber sido mucho mejor redactadas por un niño o niña de cinco o seis años.

Repito: esta comisión especial investigadora estuvo jugando al empate, porque, si nos ponemos a pensar en cuántos casos de corrupción ha habido en Chile y en lo que se ha hablado de ellos, bueno, pues los colegas de enfrente ganarían con creces con sus involucrados en casos de corrupción que, hasta ahora -¡ojo!-, no han pagado condena, como nos gustaría que pagaran.

Los diputados y las diputadas que aprobaron estas conclusiones se mofaron de toda la gente, porque en esta comisión solamente se investigó sobre un caso, uno de tantos. Quiero poner en perspectiva los anterior: 426 millones de pesos, comparados con 17.000 millones de pesos, que son los que robó o que posiblemente robó el gobernador de La Araucanía, quien también está siendo investigado por un caso de corrupción, respecto del cual el ejemplo de Democracia Viva queda chico.

Hablamos mucho de Democracia Viva, pero quizás les gustaría hablar mejor de “Democracia Rivas”, porque eso es lo que ellos avalan.

En esta comisión se trató de jugar al empate, castigando a un partido político en lugar de esclarecer cuáles fueron los hechos que llevaron a todo esto. Bien lo dijo el contralor general de la República, Jorge Bermúdez : es un problema de Estado, un problema dentro del sistema en el cual funcionamos.

Ese problema se combate a través de la “comisión Jaraquemada ”, que fue la que instaló el Presidente de la República en el día uno desde el cual nos vimos involucrados en este asunto, y así sucesivamente, con otro tipo de medidas.

No fue solo Revolución Democrática la que tomó acciones al respecto, sino también el gobierno, desde el mismísimo Presidente, y lo reitero. La “comisión Jaraquemada ” fue solamente una de tantas cuestiones que se dieron para investigar estos casos.

La Comisión de Expertos para la Probidad y Transparencia se creó para que estudiara una batería de medidas legislativas y administrativas que permitieran hacer frente al tema. Esas medidas fueron entregadas en septiembre de 2023 al Ejecutivo y hoy ya se están ejecutando; entre ellas, la presentación de indicaciones al proyecto de ley que modifica la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, que es la nueva ley de transparencia 2.0.

Hago un llamado a que trabajemos de manera seria, para que la gente no sienta que nos burlamos de todo el pueblo de Chile.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Vamos a revisar la intervención, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señorita Presidenta, las primeras declaraciones del ministro Montes frente al caso de Democracia Viva fueron las siguientes: “Con los datos que tengo se trata básicamente de un descriterio, de haber hecho las cosas sin medir las consecuencias de lo que se hacía.”.

Ojalá hubiese sido un descriterio. Fue una práctica habitual en casi todas las regiones del país. Para mi gusto, fue el derrumbe de la generación que transformaría la política en buenas prácticas y, además, con un alto estándar moral. “Todo se había hecho mal; todo se había hecho mal”, y ellos tenían la solución para todo lo malo en Chile. Uno se transforma en esclavo de sus propias palabras.

Siguen llegando antecedentes. Claramente, hoy sabemos que había un diseño disponible para defraudar, un mecanismo que podía ser usado de buena o de mala forma.

Por su intermedio, señorita Presidenta, le digo a la diputada Ñanco que no todo tiene que estar normado. Uno también sabe hacer las cosas bien. Hay muchas fundaciones que usan ese mismo mecanismo y lo usan bien. La diferencia es que en este caso fue usado por una generación de baja estatura moral, que usufructuó, que trató de cubrir las malas prácticas y que se saltó a la Contraloría General de la República. Lo peor es que usaron plata que estaba destinada para ir en ayuda de los más vulnerables. Para mí, esto es lo más grave. Robar es malo, pero más deplorable es robarle al más pobre.

También le quiero decir al diputado Winter –lamentablemente no está en la Sala- que, más allá del informe que él no considera un buen informe, hoy los chilenos y las chilenas hacen su propio juicio.

Habrá pocas condenas; nosotros lo sabemos.

Criticaron mucho, predicaron con fuerza y convicción, apuntando y enjuiciando, pero al final defraudaron a todas aquellas personas que apoyaron con su voto el día de las elecciones al Presidente Boric . Para colmo, no cumplieron. Por esto van a quedar marcados para toda la vida.

He dicho.

El señor LEAL.-

Señorita Presidenta, no se puede seguir defendiendo lo indefendible. Este caso, que tanto ha impactado a nuestro país, tiene verdades, certezas y hechos que están a la luz de todos y que son de público conocimiento. A raíz de este caso, hay tres personas privadas de libertad, en prisión preventiva, y tenemos a la Contraloría investigando prácticamente en todas las regiones de Chile. Esa es la realidad. Por lo tanto, seguir defendiendo lo indefendible no tiene ningún sentido.

Ayer, a través de un reportaje de un canal de televisión, fuimos testigos de audios que van despejando las dudas que teníamos. “No sabía el ministro”, dijeron todos. Pero en esos audios se escucha que la exsubsecretaria Tatiana Rojas dijo: “Espera un poquito, necesito la confirmación del ministro, que está en una charla. Baja del escenario, me llama y ahí te confirmo.”.

¿Qué significa eso? ¿El ministro realmente no sabía nada? ¿Acaso la exsubsecretaria Rojas está inventando? Todos los caminos conducen a Roma, pero no se quiere ver esa realidad, porque aquí ha habido un mecanismo para proteger a ciertas personas. Quieren que esto llegue a nivel de la subsecretaria y que allí se corte, pero esa no es la realidad. Aquí hay hechos que son gravísimos, porque se les ha robado la plata a los chilenos más pobres.

Este gobierno, desafortunadamente, va a ser recordado en unos años más como el gobierno que indultó a delincuentes, como el gobierno que entregó pensiones de gracia a delincuentes y como el gobierno en el que se les robó la plata a los más pobres, como son los que viven en los campamentos de Chile. Así va a ser recordado. Y este estigma los va a seguir porque no han querido que esto se descubra; siempre han tratado de ocultarlo. Más temprano que tarde los hechos van a salir a la luz pública y se va a descubrir que siempre tuvimos la razón: La Moneda sabía y el ministro sabía.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, ¿cuántas mentiras hemos escuchado en este Congreso? ¿Cuántas excusas? ¿Cuánta falsa superioridad moral de aquellos que están involucrados en este lamentable tema? ¿Cuánto daño les han hecho a la democracia y a la confianza de la gente con robos descarados a los más pobres a través de fundaciones?

Aquellos que llegaron a cambiar la política, la cambiaron, pero para peor. De hecho, están dando clases de corrupción a los que se creían expertos.

El ministro Montes sabía, el señor Crispi sabía, el gobierno sabía. ¿Hay un mínimo de vergüenza que los llame a tomar su sombrero e irse?

El ministro Montes ya no tiene una reputación que proteger después de lo que escuchamos el día de ayer. Su reputación, así como la reputación del gobierno, están en ruinas, así como también está en ruinas, lamentablemente, la reputación de todo un sector político y, quizás, de toda la clase política.

Han demostrado que cuando los ponen en puestos que conlleven responsabilidad, no asumen esa responsabilidad.

Dicen que la justicia tendrá que determinar quiénes son los responsables. Espero que la justicia en este caso sea ciega, que llegue hasta los más altos niveles, que exija que se cumpla la ley, y que persiga y condene a quienes no han cumplido la ley.

No cumplieron la ley, porque creyeron que la ley ya no valía. Después del 18 de octubre pensaron que tenían al país en el bolsillo, pensaron que con el primer plebiscito iban a desmontar completamente la institucionalidad e iban a tener hasta a los tribunales en el bolsillo.

Por eso se desmadraron y empezaron a meter la mano a la caja descaradamente, porque pensaron que no les iba a pasar nada, que ya era irrelevante, que Chile había caído. Pues bien, Chile no ha caído; los que van a caer son ellos, los que le metieron la mano a la caja, los que le metieron la mano al bolsillo a los más pobres de nuestro país.

He dicho.

La señorita CICARDINI, doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma

El señor COLOMA.-

Señorita Presidenta, la generación de la moral superior se cae a pedazos: mentiras, excusas, defensas corporativas, corrupción, falsa moral, “el cambio en la política”. Aquellos que predicaron que venían a hacer las cosas distinto salieron mucho peores.

En primer lugar, intentaron esconder la información; lo negaron hasta que explotó en la prensa. Intentaron negar lo que pasaba; el propio Presidente le dio el respaldo a quienes ya no están en sus cargos. Intentaron culpar al gobierno anterior con su clásica forma del empate. Tuvieron que pedir perdón por lo que dijo el contralor. Intentaron cortar el hilo por lo más delgado, sacando a la subsecretaria y a un par de seremis. El problema está instalado con Crispi en el segundo piso. Negaron que sabían y dijeron que solo era un rumor, pero seamos honestos: en la comisión especial investigadora pudimos aclarar que todos sabían, que todos los que intentaron ocultar la información sabían lo que estaba pasando. Además, allanaron el Ministerio de Vivienda, y lo calificaron como “visitas amistosas”. Hoy, 15 seremis están siendo investigadas por el Ministerio Público gracias al informe de la Contraloría. Explotaron las investigaciones en los gobiernos regionales con fundaciones de ustedes: Procultura , Democracia Viva, Urbanismo Social .

Hacemos un llamado a agilizar lo que está pasando en la Región del Maule, donde se pasaba la plata a cambio de contratos.

Estamos frente a un gobierno donde nadie asume responsabilidades. En cualquier gobierno con algo de moral, hubiesen puesto sus cargos a disposición; pero lo que ustedes hacen es optar por el sálvese quien pueda, por el aguanta lo que puedas, porque saben que es lo que les va quedando.

En las conclusiones de esta comisión especial investigadora pudimos establecer que el fraude de las fundaciones del Frente Amplio está acreditado. La participación de Revolución Democrática está acreditada. Se acreditó el desfalco a las platas de gente que sigue esperando su vivienda digna. No han asumido responsabilidades.

Estamos frente a uno de los escándalos más graves de la política chilena, y seguimos frente a un gobierno que cree que, ganando tiempo y dejando pasar las cosas, no va a suceder nada.

Creemos en la justicia: van a caer muchos.

He dicho.

La señorita CICARDINI, doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señorita Presidenta, la corrupción y la delincuencia no tienen color político; afectan a todas las instituciones democráticas y la valoración que tiene la gente sobre la política y la democracia.

Los hechos por todos conocidos respecto del “caso Convenios” nos deben mover en una sola dirección: ejercer la más categórica de las condenas, caiga quien caiga.

Sin embargo, el doble estándar de la derecha en este hemiciclo es francamente increíble. Lo que no dicen, lo que esconden en este debate son sus propios casos de corrupción, en el marco del “caso Convenios”: millones de pesos defraudados por personeros de los partidos de derecha relacionados con fundaciones en regiones, como en la Región de La Araucanía o en la Región de O’Higgins, entre otras.

Acá no se trata de la teoría del empate, pero sí de un mínimo de coherencia. Por los errores y delitos cometidos por algunas personas no podemos responsabilizar a toda una generación política; tampoco caben defensas corporativas. Sin duda, han existido responsabilidades políticas de los personeros que se han equivocado, los que están siendo investigados por la justicia.

Dejemos que las instituciones funcionen; dejemos que estos casos terminen donde deben: en el Ministerio Público, en la justicia. Pero hay que tener un mínimo de decoro, un mínimo de coherencia, porque estas situaciones nos afectan a todas y a todos, a nuestras instituciones. La gente que mira este debate por televisión piensa que acá hay buenos y malos. Lo que se corrompe es el sistema democrático. Eso es, precisamente, lo que debemos enfrentar. He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno, entre el 11 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2022, relacionados con la ejecución, modificación y cumplimiento de contratos y de normas de seguridad para recintos públicos deportivos, en la reposición del estadio municipal de San Antonio.

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Diputada informante de la comisión especial investigadora es la señora Camila Rojas .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 114ª de la presente legislatura, en lunes 11 de diciembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 22.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora ROJAS, doña Camila (de pie).-

Señorita Presidenta, paso a rendir el informe referido a hechos acaecidos en la reposición del estadio de San Antonio, los cuales han significado una inmensa demora en su realización y término.

Se trata del estadio municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante , que ha sido un anhelo importante para la comunidad sanantonina.

La creación de la comisión especial investigadora fue aprobada en abril de 2023, a petición de 64 diputados y diputadas, con la finalidad de fiscalizar los actos del gobierno, particularmente del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Deportes, entre el 11 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2022, relacionados con la ejecución, modificación y cumplimiento de contratos y de normas de seguridad para recintos públicos deportivos.

La comisión celebró diez sesiones, una de las cuales fue efectuada en la ciudad de San Antonio, con posterior visita al estadio mismo.

Los antecedentes y las exposiciones de las personas que fueron invitadas y de los funcionarios públicos que fueron citados se encuentran latamente expuestos en el informe respectivo.

Por tal motivo, me abocaré a exponer resumidamente las conclusiones a las que llegó la comisión, las que fueron aprobadas con el voto unánime de las diputadas y diputados presentes, señoras y señores Fernando Bórquez Montecinos , Sara Concha Smith , Luis Cuello Peña y Lillo , Tomás Lagomarsino Guzmán , Camila Rojas Valderrama , Luis Sánchez Ossa y Emilia Schneider Videla .

Las conclusiones pueden resumirse en lo siguiente:

1.Hubo problemas en el diseño inicial de la obra de reposición.

2.Hubo problemas en la ejecución del contrato, el cual debió modificarse en diversas oportunidades.

3.En el transcurso de la ejecución de la obra se produjo la ausencia reiterada del proyectista original.

4.Faltó adecuada supervisión de la obra y de detalles constructivos.

5.No hubo cumplimiento adecuado de las obligaciones del consultor.

6.Hubo un sinnúmero de observaciones efectuadas a la obra por los organismos estatales correspondientes, algunas de las cuales fueron subsanadas, pero otras no.

Uno de los problemas principales, al que se hizo alusión por todos los expositores, dice relación con el sistema de protección pasiva al fuego.

Sobre el particular, hubo recriminaciones cruzadas, por cuanto la empresa licitada señaló que advirtió a la municipalidad que el proyecto de protecciones al fuego no era consistente con las exigencias normativas, debido a que los productos especificados o las soluciones constructivas de protección no permitían lograr el tiempo de retardo en todos los elementos que componían la estructura soportante.

Sin embargo, por otro lado, se señaló que se hicieron las advertencias, los estudios y las propuestas, pero que no fueron considerados por el mandante.

7.Atendido lo señalado, queda claro que el proyecto y la naturaleza del convenio que da origen a la materialización de la obra ocasionó errores de diseño determinantes en el aumento de plazo y de presupuestos asociados, los que fueron descritos en el cuerpo del informe.

En el mismo proceso, cabe concluir que el deficitario control contractual a la labor del consultor inicial de la obra, señor Cristian Guixé , por los diferentes entes públicos a cargo, principalmente la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) municipal, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, y, en consecuencia, la ausencia de este en el desarrollo de la obra, dieron lugar a fallas en la construcción que ampliaron los plazos de entrega y posterior uso de las dependencias.

Por lo anteriormente señalado en este punto, resulta claro que los errores atribuibles al diseño de la obra no pudieron ser superados en la fase de ejecución de esta y que, en particular, los descuidos en el sistema de protección pasiva al fuego fueron advertidos en más de una ocasión por la empresa constructora a los organismos intervinientes, constituidos en un equipo técnico a cargo de la obra, quienes, producto de sus erradas decisiones y omisiones, dieron lugar a una infraestructura que no puede ser entregada de manera definitiva hasta enmendar cada una de las fallas que está presente hasta hoy en la obra.

En lo anteriormente expuesto, las responsabilidades principales recaen, por su rol, en el Instituto Nacional de Deportes, en la Municipalidad de San Antonio y en la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso; la responsabilidad política, en el en el Instituto Nacional de Deportes, y en particular, por la visación técnica del proyecto, esta recae en el director nacional de Chiledeportes, actual IND, señor Ricardo Loyola Moraga .

En cuanto a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso (DRAV), la responsabilidad por la aprobación del proyecto recae en su director regional, Rodrigo Pereira Puchy , mientras que durante 2019-2022, período en el que se tomaron las decisiones acerca de la pintura intumescente y la recepción provisional de la obra, la responsabilidad política recae en el director regional, Julio Pérez , y en quien actuó como directora subrogante durante parte del período más crítico, Patricia Leyton .

Además, se determinó que la falta de una adecuada fiscalización por parte de la municipalidad respecto a las acciones del consultor, así como la falta de supervisión por parte del IND, que debía revisar y aprobar el diseño como entidad técnica, según lo establecido en el convenio, fueron los hechos que generaron las fallas en el diseño, en general, y en el sistema de protección contra incendios (pintura intumescente), en particular. Estas deficiencias generaron los mayores retrasos en la ejecución de la obra.

En relación con el hecho de que el municipio es el dueño del proyecto (el mandante), la responsabilidad política por su negligente actuar recae en el jefe comunal del período 20142019, Omar Vera Castro , y, en menor medida, por tratarse de un funcionario de confianza y estar a cargo del proyecto entre 2015-2019, en Christian Ovalle Lyon , encargado de la Secpla.

8.En el período de ejecución, la empresa Valko no cumplió con los estándares de construcción y de seguridad requeridos para el proyecto, lo que impidió el uso adecuado del estadio a su máxima capacidad. Asimismo, la falta de un proyectista original que acompañara la obra y guiara su desarrollo, así como el incumplimiento por parte del IND, en su obligación de aportar a la comisión técnica, y de la DRAV, a través de su inspector fiscal, dejaron al arbitrio del oferente aspectos que llevaron a los errores y omisiones ya expuestos en este capítulo.

9.En relación con el proceso de recepción provisoria, en primer lugar, se puede indicar que de los cientos de observaciones que se hicieron al inicio de la recepción, fueron subsanadas la mayoría, pero con un bajo estándar de calidad. Además, se observa que al concluir el proceso aún existían tres fallas que quedaron inconclusas y que, sin que la empresa lo haya solicitado, la DRAV entregó una ampliación de plazo sin justificación jurídica o administrativa conocida.

En segundo lugar, es importante señalar que el municipio de San Antonio, siguiendo la recomendación de la DRAV, presentó la carpeta para la recepción final sin haber subsanado las observaciones estructurales, lo cual va en contra de la normativa vigente.

Por último, tras la recepción provisoria, se observó resistencia por parte del municipio para llevar a cabo el mantenimiento básico y operacional del recinto, dado que había discrepancias sobre quién tenía dicha responsabilidad.

10.Cabe hacer una mención especial al ítem de las responsabilidades, ya que desde el inicio de la obra se cometieron omisiones y errores graves que acompañaron su desarrollo hasta la entrega final, lo cual generó consecuencias patrimoniales y sociales que hasta el día de hoy no han podido ser subsanadas.

Por lo anterior, esta comisión especial investigadora debió establecer las siguientes responsabilidades políticas atribuibles a estas acciones u omisiones por parte de una autoridad o representante político en ejercicio de su cargo y funciones, las que, a su vez, son distintas de las responsabilidades administrativas, civiles y penales posibles de achacar a los involucrados en las distintas etapas de esta obra.

a) Responsabilidades en el diseño.

En relación con el diseño de la obra, y considerando los problemas previamente señalados en este informe, se vislumbran las siguientes responsabilidades políticas, enumeradas en orden de prelación:

-Del Instituto Nacional del Deporte (IND), por su trascendencia en la visación técnica del proyecto de 2016, la cual se torna especialmente crítica, ya que de haberse contemplado a tiempo las debidas consideraciones, se habría podido prevenir toda la cadena de eventos subsiguientes. En este contexto, la responsabilidad recae de manera individualizada en el entonces director nacional de Chiledeportes, Ricardo Loyola Moraga , figura clave en un período crucial en la ejecución del proyecto y autoridad de la institución que durante 2018 pasó a llamarse IND.

-De la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso (DRAV), en el período 20142019, por la responsabilidad en la aprobación del diseño del proyecto de Estadio Municipal de San Antonio, individualizada en su director regional, Rodrigo Pereira Puchy . Además, en el período 2019-2022, por la responsabilidad en las decisiones tomadas sobre la pintura intumescente y la recepción provisional de la obra, individualizada en el director regional, Julio Pérez , y en la directora subrogante, Patricia Leyton . Estas instancias son críticas para evaluar la calidad técnica y las condiciones de seguridad del proyecto, lo que resalta la importancia de revisar las actuaciones de la DRAV en ambos períodos.

-De la Ilustre Municipalidad de San Antonio (IMSA), por ser la institución que tenía la responsabilidad de adjudicar y liderar el proyecto de diseño de la obra -sin soslayar lo señalado más arriba acerca de la responsabilidad del IND, que tenía que revisar y aprobar el diseño como entidad técnica, según lo establecido en el convenio de diseño-, y por no realizar una fiscalización adecuada sobre el trabajo del consultor Cristian Guixé , a pesar de contar con las facultades contractuales para hacerlo.

Dada la condición de mandante de la IMSA, la responsabilidad recae, por su actuar negligente, principalmente en el jefe comunal durante el periodo 2014-2019, Omar Vera Castro , y, en menor medida, también se señala a Christian Ovalle Lyon , funcionario de confianza encargado de la Secpla entre 2015-2019, responsable del proyecto y de las decisiones que llevaron a las deficiencias previamente observadas durante el desarrollo del informe.

b)Responsabilidades en la ejecución.

En virtud de lo expuesto durante el informe, es importante destacar que esta comisión carece de atribuciones para asignar responsabilidades a entidades de carácter privado. En este sentido, al considerar que las responsabilidades de la ejecución de la obra recaen principalmente en la empresa Valko S.A., y al observar el cumplimiento en cuanto a las sanciones impuestas por las respectivas instituciones, resulta pertinente señalar que la empresa ha argumentado la falta de consenso entre las partes involucradas para determinar quién debía asumir las responsabilidades por los errores e indefiniciones del proyecto.

En consecuencia, si bien no se puede determinar la responsabilidad en cuanto a las omisiones de la empresa en la ejecución de la obra, existe una responsabilidad política debido al convenio adscrito que dio curso al proyecto, la cual recae principalmente en la DRAV, como organismo a cargo de la inspección fiscal, y en el municipio, como mandante, mediante la unidad técnica de la Secpla.

c)Responsabilidades en la recepción y mantención.

Las deficiencias en el procedimiento de recepción han resultado en el cierre actual del Estadio de San Antonio para la comunidad. Aunque se ha permitido un uso parcial de su pista atlética y cancha central, el aforo se ha limitado a tan solo cincuenta personas. Lo anterior ha evidenciado las siguientes responsabilidades políticas y administrativas:

Respecto de la recepción de la obra:

-De la Ilustre Municipalidad de San Antonio, en el periodo de la alcaldesa Constanza Lizana Sierra , por su actuar negligente al solicitar la recepción definitiva de las obras ante la DOM.

-De la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, en la fase de recepción provisional de las obras, por ser el principal organismo responsable de lo sucedido, específicamente en lo atribuible a la gestión del director regional de arquitectura del MOP, durante el período 2019-2022, Julio Pérez , y, en menor medida, la directora subrogante e IFO MOP, Patricia Leyton .

Respecto de la mantención del Estadio Municipal de San Antonio:

-De la Ilustre Municipalidad de San Antonio, por su grave omisión en el mantenimiento de las instalaciones del estadio, desatendiendo así sus obligaciones administrativas al ser mandante y propietaria de la obra. La responsabilidad recae en su actual jefa comunal por el periodo 2021-2024, Constanza Lizana Sierra , y en la directora de la Secpla, Elisa González Moya , por tratarse de una funcionaria de confianza a cargo del proyecto.

Es relevante indicar que, en la fecha de emisión de este informe, estaba en curso un sumario administrativo contra Patricia Leyton , la funcionaria a cargo de la DRAV en el período mencionado. A su vez, se sugiere que tanto la comisión de recepción provisoria como los inspectores fiscales comparten la responsabilidad administrativa de estos procesos.

En virtud de lo anterior, se identificaron las siguientes consecuencias:

En la primera sesión de la comisión, el entonces contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto , se refirió a los objetivos de la Comisión, rescatando que coinciden con el rol de la Contraloría, destacando el primero como “priorizar el control que realizamos en áreas que sean de alto impacto, y, obviamente, una de ellas es algo tan sentido para la comunidad como un estadio”. Ello nos permite concluir que hubo consecuencias graves tanto a nivel financiero como en los plazos de cumplimiento, así como se produjeron nefastas consecuencias para la comunidad, que no ha podido usar este recinto tan anhelado.

A nivel financiero, cabe destacar que esta obra contaba con un presupuesto original de 11.425.201.838 pesos, que corresponde al monto del contrato adjudicado por la empresa Valko S.A. Posteriormente a ello, hubo mayoritariamente aumentos de presupuesto y algunas disminuciones menores, modificaciones que dejaron el contrato con un desembolso de 11.983.205.338 pesos.

Hasta aquí el aumento presupuestario fue de 4,88 por ciento, algo que podría considerarse dentro de los márgenes normales de aumento presupuestario de una obra pública de esta magnitud, según nos señaló el inspector fiscal, parte de la Comisión de Recepción Final.

Sin embargo, como consecuencia de los errores de diseño y ejecución detectados a lo largo del trabajo de esta comisión, el IND le ha entregado al municipio de San Antonio la cantidad de 1.920 millones de pesos, a fin de corregir los antedichos errores, lo que terminará por darnos una cifra de costo de la obra de 13.903.205.338 pesos.

En consecuencia, el aumento total de las obras corresponde a 2.458.003.500 pesos, lo que es equivalente a un 21,5 por ciento sobre la cifra original, lo que, a su vez, se traduce en un aumento considerable de recursos públicos utilizados en la obra.

En cuanto a los plazos, si bien la obra debía estar terminada aproximadamente en 2019, ahora se señala que aquello podría ocurrir en 2024. Al respecto, se dieron explicaciones que aludían al hecho de que en el transcurso de la obra ocurrieron situaciones imprevistas, asimilables a lo que jurídicamente constituye un caso fortuito o de fuerza mayor.

Entre las causas más importantes, se señaló la revuelta social a partir de octubre del 2019 y, posteriormente, la crisis sanitaria de salud pública por la pandemia en 2020. Sin embargo, es posible concluir que estos acontecimientos no son la causa basal de los retrasos, toda vez que el primer evento mencionado significó una extensión de plazo de 30 días, y el segundo, de 60 días, y la obra tuvo un aumento del plazo primigenio de 504 días, es decir, casi el doble del tiempo originalmente convenido para el término de la obra, lo que dio como resultado un total de 1.044 días de duración.

Cabe destacar que, al día de hoy y luego de cinco años de cierre total, el estadio se encuentra abierto parcialmente, con un aforo de solo cincuenta personas. No obstante, según la información proporcionada por la municipalidad durante la visita de la comisión, el aforo ha sido incrementado a cien personas.

Por otra parte, las consecuencias no son menores para la comunidad. Uno de los aspectos que más afectan a los ciudadanos es la situación de que el estadio aún no esté habilitado para su uso definitivo. Se ha visto frustrado el sueño de toda una vida, además de que los niños de las divisiones inferiores del club no pueden usar la cancha del estadio. Muchos hinchas murieron esperando la ansiada obra sin poder siquiera conocerla.

Recomendaciones finales

1.Sobre la pronta entrega. A la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta comisión, es posible concluir que la coordinación de los diversos organismos públicos involucrados en el diseño, la ejecución y la recepción de la obra fueron deficientes. Por ello, y en concordancia con el impacto de la obra para la comunidad que espera su entrega total, es fundamental que los organismos involucrados y las autoridades pertinentes pongan como prioridad resolver cuanto antes las reparaciones que requiere la infraestructura, de modo de evitar tiempos excesivos que se sumen a la larga espera de esta obra.

2.Sobre el uso y la administración del recinto. La magnitud del proyecto en comento requiere un diseño apropiado en relación con los usos que tendría el recinto, a fin de asegurar un eficiente uso por parte de la comunidad que practique distintas disciplinas deportivas, como también la proyección de los recursos que se requerirán. No queda claro si la autoridad sobre la cual recaerá la administración del recinto cuenta con los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento, la mantención y el mejoramiento del mismo en el tiempo. En tal sentido, se hace indispensable la elaboración de un plan completo y suficiente que indique las fuentes de obtención de recursos destinados al funcionamiento del recinto y, sobre todo, que asegure las labores y trabajos de mantenimiento o reparación que se requieran durante los años en que el recinto se encuentre en uso, considerando que el financiamiento por parte de la autoridad central (IND) sería excepcional para obras o proyectos específicos. En este último sentido, resulta del todo necesario explorar los mejores caminos para determinar quién estará a cargo de la administración del recinto, dado el alto costo y responsabilidad que ello significa.

En este sentido, desde la Comisión se han manifestado tres sugerencias de cómo seguir en el porvenir:

1)Que sea el propio municipio, como ha sido hasta hoy, quien se haga cargo de su administración. En este caso, la comisión sugiere a la autoridad municipal la elaboración de una proyección de los recursos que en el futuro se requerirían para el mantenimiento del estadio, con expresa indicación de las fuentes de financiamiento y con cargo a qué recursos se realizará; es decir, un plan de administración.

2)Que el recinto sea traspasado al Instituto Nacional del Deporte, es decir al Estado de Chile, cuestión que lo mantendría como un recinto de carácter público, con lo que se garantiza el pleno acceso a la comunidad al estadio y evitar el alto gasto municipal que trae aparejada la mantención del recinto, como ocurre hoy con el Estadio Elías Figueroa Brander, de Playa Ancha.

3.Sobre el rol del IND. En relación con el rol que juega el IND en convenios de infraestructura deportiva, el que tiene la función de visar los proyectos a partir de sus competencias técnicas, es necesario que se genere un trabajo que cuente con un estudio acucioso que aporte tanto en el proceso de licitación como de revisión permanente de la obra, mediante su participación en el comité técnico. Ello podría colaborar a que situaciones como la revisada no se repitan.

4.Sobre otras acciones posibles de considerar. En lo referido a las responsabilidades políticas, se sugiere la revisión de si estas pudieran revestir a la vez responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal en el proceso de diseño, ejecución y recepción del Estadio de San Antonio.

Además, y dado los hallazgos de este informe en materia de responsabilidades administrativas, se recomienda solicitar una revisión exhaustiva de los procedimientos internos en todos los niveles involucrados en el proceso de recepción del Estadio de San Antonio.

Finalmente, y en consideración al impacto que provocó la ausencia del proyectista original, y ante la imposibilidad de esta comisión de atribuir responsabilidad política o administrativa a un privado, se sugiere estudiar las posibles responsabilidades civiles o penales del señor Cristián Guixé .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señorita Presidenta, esta comisión especial investigadora se levanta después de que en la Comisión de Deportes y Recreación tuvimos la oportunidad de recibir a dirigentes y distintas personas que plantearon problemáticas respecto del Estadio de San Antonio.

Es importante precisar las responsabilidades que recaen en el IND, en la Dirección Regional de Arquitectura del MOP y, en particular, en la ilustre Municipalidad de San Antonio, en la etapa de diseño del proyecto, punto desde el cual se han generado las deficiencias constructivas que han limitado el uso del recinto hasta el día de hoy.

Lamentablemente, a pesar de haberse investigado y, eventualmente, planteado soluciones coordinadas, en la actualidad las obras de remodelación del Estadio de San Antonio se deterioran ante la escasa mantención que realiza el municipio. Además, se ha permitido un acceso reducido a los deportistas de la comuna, las butacas se encuentran sucias y la pista atlética manchada y deteriorada por guano de aves marinas, entre otros problemas. Se trata de una inversión pública que se pierde por el paso del tiempo y por la incapacidad de ser administrada y cuidada con altos estándares técnicos.

En este sentido, se confirma lo concluido en el informe de la comisión, en cuanto a la responsabilidad que le cabe a la actual alcaldesa por graves omisiones en el mantenimiento de las instalaciones del estadio, desatendiendo sus obligaciones administrativas, lo que ha provocado los daños que hemos advertido en las últimas semanas.

Espero que por el bien y el desarrollo de la comunidad sanantonina, especialmente por sus deportistas, el estadio sea prontamente acondicionado como corresponde y exista un compromiso verdaderamente serio de las autoridades para su mantenimiento en el tiempo. Se requiere un plan concreto de mantenimiento, con financiamiento autónomo, que permita sostener la infraestructura pública construida.

San Antonio , como capital provincial, merece un estadio que sea centro deportivo para sus vecinos, así como un lugar de referencia dentro de la provincia.

Presidenta, tuve la posibilidad, junto a integrantes de la comisión, de visitar el estadio. Ya lo había visitado con antelación y también lo hice hace una semana. Además, me han llegado videos donde se aprecia que la pista atlética, lugar que es utilizado por atletas de la comuna, todavía presenta problemas de mantención.

Hago un llamado a que sigamos fiscalizando este tema y a que no dejemos abandonado este recinto, ya que el mismo es un lujo. No podemos permitir que se siga perdiendo y destruyendo como ocurre hoy.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señorita Presidenta, la comisión especial investigadora que se embarcó en la misión crucial de fiscalizar los actos de gobierno, especialmente del Ministerio de Obras Públicas y del IND, en relación con nuestro querido Estadio Municipal de San Antonio, ha descubierto escándalo tras escándalo, malversación de fondos y desprecio por nuestro patrimonio.

Desde 1974, nuestro estadio es propiedad de la Municipalidad de San Antonio, pero lo que debería ser motivo de orgullo se ha convertido en un símbolo de incompetencia.

La remodelación y modernización adjudicada a la Constructora Valko S.A., por aproximadamente 11.000 millones de pesos, se ha convertido en un pozo sin fondo de modificaciones, contratos, aumentos de costos y plazos sin ninguna justificación.

Ahí no termina la historia. Las obras obtuvieron certificado de recepción definitiva en marzo de 2021, pero ¿qué recibimos realmente? Retrasos e incumplimientos. Se cursó una multa irrisoria de 251 millones de pesos por un retraso de 75 días. Casi un cuarto de año de retraso y solo se cursó una multa que ni siquiera rasca la superficie de la corrupción.

La Contraloría emitió un informe revelando aumentos no justificados por 22,4 millones de pesos; observaciones en la aplicación de pintura intumescente y deficiencias en la recepción provisional. La negligencia y el descuido nos han costado millones.

Pero el asunto no termina ahí: el Consejo de la Sociedad Civil reveló un aumento total de costos a 14.000 millones de pesos, así como deficiencias en el diseño, ejecución y mantenimiento del estadio. Son 14.000 millones de pesos que podrían haberse invertido en educación, salud o seguridad.

Qué decir del impacto en nuestros deportistas, pérdida de eventos y condiciones lamentables para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 . Es una verdadera vergüenza. Aun más vergonzoso es escuchar que la actual alcaldesa se opone a recibir una obra por un valor de 12.500 millones de pesos, más 2.000 millones de pesos adicionales.

¿Dónde está la responsabilidad? Esto no es solo un problema por un estadio, sino un reflejo de la podredumbre en nuestro sistema. Existen responsabilidades compartidas entre el municipio, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura, etcétera. Es hora de exigir responsabilidad.

La experiencia de la empresa constructora Valko S.A. es un insulto a nuestra comunidad. No tienen experiencia previa en recintos deportivos en la comuna, pero se les confía la construcción de nuestro estadio.

¿Dónde está la lógica en eso? Se revelaron los problemas detallados, desde la falta de supervisión hasta las deficiencias en diseño, ejecución y mantenimiento.

¡Basta ya! La falta de coordinación y los problemas en la aplicación de pinturas intumescentes y resistentes al fuego son inaceptables. Las dificultades vinculadas a cambios en el proyecto y la falta de coordinación son inadmisibles. Exigimos respuestas, responsabilidades y cambios reales.

Finalmente, hago un llamado a la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana .

Hoy, el estadio se encuentra en condiciones deplorables, especialmente el césped. Habrá que invertir millones y millones de pesos. Se le ha ofrecido la mantención por doscientos millones de pesos, la cual ha rechazado por razones absolutamente ideológicas.

La comuna de San Antonio está indignada. Alcaldesa Lizana -por su intermedio, señorita Presidenta-, es hora de que usted piense en la comuna, en la provincia, en los deportistas, en la gente que vive allí. Está bien que usted haya venido de Recoleta hace cinco o seis años para ser candidata por esta comuna, pero llegó la hora de escuchar a la gente que vive en la comuna, que la habita desde hace cincuenta, sesenta o setenta años.

No puede ser que el equipo oficial que representa al Club Deportivo San Antonio Unido (SAU) sea privado de un recinto deportivo de lujo y tenga que estar literalmente buscando estadio para jugar.

Mi llamado es muy simple: alcaldesa, si usted no quiere mantener el estadio, véndalo al Instituto Nacional de Deportes (IND), para que finalmente el IND pueda mantenerlo.

Lo que usted hace es un acto de egoísmo que está desprestigiando no tan solo su gestión, sino a los que estamos en política. Por darse un gustito personal, está privando a todos aquellos que pueden ejercer una actividad deportiva, tanto a aquellos que quieren hacer actividades relacionadas con el atletismo como a aquellos que quieren hacer actividades relacionadas con el fútbol.

Quiero terminar mi intervención haciendo un llamado público a la gente de la provincia de San Antonio, para que entre todos hagamos un llamado a esta alcaldesa para que de una vez por todas termine con lo ideológico y que predomine el sentido común, con la convicción de que primero están el deporte, la salud y, sobre todo, aquellos valores que son propios de una actividad sana como es la actividad deportiva.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que el rol de fiscalización de esta Corporación es sumamente importante y, a pesar de que en oportunidades se degrada, porque se intenta sacar ventajas políticas de asuntos extremadamente complejos, también es útil, pues el combate a la corrupción es un mínimo de la gestión pública, en ningún caso un máximo.

El máximo es que la gestión pública funcione en forma excelente, como lo merece nuestra comunidad, porque así lo necesita.

En los últimos años, en el estadio de San Antonio se ha jugado un partido que tiene, por un lado, a la comunidad, a los deportistas y a esa juventud que quiere desarrollarse en torno al deporte y los buenos valores, y, por otro, a la burocracia, a la negligencia y a autoridades que les ha faltado empatía y compromiso para dar la celeridad necesaria. Porque en este caso son muchos los responsables, pero lo que nos preocupa es la solución.

A seis años del 2018, fecha en que se puso la primera piedra del recinto deportivo, esto no es más que un sueño inconcluso.

Hace solo unos días, Liliana Cancino , reconocida en la comunidad por ser vocera de la Mesa Ciudadana por la Defensa del Estadio de San Antonio, captó las imágenes de la cancha que muestran que la pista se ve nuevamente afectada con sectores secos en su gramado.

La pista del estadio solo puede ser utilizada por pocas personas. Está muy alejado el sueño de los 5.000 o, incluso, 8.000 espectadores e hinchas del Club Deportivo San Antonio Unido (SAU) que pudiesen llegar a ver a su equipo jugar en ese recinto deportivo.

Hoy, el mismo SAU tenía que viajar a Quillota, pero creo que ahora consiguieron el estadio de Cartagena.

El “tío Mella”, uno de los hinchas históricos del SAU, en la visita de la comisión a San Antonio, nos contó que hasta le ofreció a la alcaldesa pintar la reja para que no se siga deteriorando y que han costeado con su esfuerzo y bolsillo doscientos litros de agua para regar los fines de semana el estadio que está a cargo del municipio. Un estadio que se está perdiendo es una pena, es una frustración. Muchas personas murieron esperando la apertura del estadio, nos señaló.

Hoy tenemos el deber de aprobar este informe que señala con nombre y apellido las eventuales responsabilidades administrativas, que incluso pueden llegar a ser civiles o penales, pero no puede ocurrir que el estadio continúe durmiendo el sueño de los justos y que, resueltos el día de mañana todos los problemas de infraestructura, esto siga alojado en una administración a puertas cerradas.

Los espacios deportivos se tienen que comanejar con la comunidad. Quienes tienen ganas de ir a ese recinto deportivo a entrenar antes del trabajo, después del trabajo o durante la jornada laboral deben tener las llaves y las certezas de que esto se va a administrar para sacarle la mayor rentabilidad social posible. En ese sentido, si el municipio no cuenta con los recursos y no da las condiciones mínimas necesarias, lamentablemente, hay que evaluar otras posibilidades, como ocurrió con el estadio Elías Figueroa aquí en Valparaíso, que pasó al Instituto Nacional de Deportes (IND). De esta forma, se pudieron hacer cargo de la mantención, que no sería menos de 250 millones de pesos.

En un municipio que ha dicho que no tiene condiciones ni espaldas financieras con un presupuesto de 30.000 millones de pesos para atender a decenas de miles de habitantes, sabemos que ahí puede estar la solución definitiva, una vez que logremos su apertura.

Agradezco a la comunidad, porque no ha desistido en denunciar y en obtener lo justo, y a la diputada Camila Rojas , porque ha presidido intachablemente esta comisión.

Aprobaremos el informe e instamos a su…

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, primero que todo, valoro la transversalidad que existió dentro de esta comisión investigadora para arribar a las conclusiones que se pueden observar en el informe.

Creo que, independiente de colores políticos, todos tenemos absolutamente claro que es impresentable lo que ha ocurrido en la comuna de San Antonio respecto del estadio. Una obra que se prometía que iba a estar lista en 540 días lleva más de cinco años, y todavía no tenemos ninguna solución definitiva.

Hay que ser claros: no tenemos ninguna solución definitiva, porque no ha habido una conducción eficaz para llegar a soluciones por parte de la entidad dueña del estadio, que es la municipalidad, con su actual alcaldesa.

No ha habido una conducción clara para llegar a una solución coordinada con todos los actores involucrados, porque aquí tienen arte y parte el Ministerio de Obras Públicas, la empresa que construyó ese estadio, y también la municipalidad, con algunos consultores que fueron contratados en su nueva planilla, pero que tarde, mal y nunca fueron vistos alrededor de la obra, según pudimos enterarnos en la comisión.

Lo que más me ha quedado claro es que, si queremos llegar a una solución, para que se pueda poner en servicio el Estadio Municipal de San Antonio para el club social deportivo de la ciudad, para todos los deportistas de la ciudad, es indispensable que su alcaldesa entienda que el cargo que tiene es ¡para ejercerlo!, para ejercer esa posición de autoridad y coordinar a todos los actores involucrados, y no seguir dejando que pase el tiempo, con el desmedro que sabemos que eso conlleva para las infraestructuras cuando se dejan en el abandono total.

Haré un resumen de algunos aspectos que pudimos constatar en la comisión, y que hoy podemos establecer en relación con la mala construcción y el mal diseño de ese estadio.

El diseño de la obra no estaba en condiciones de ser ejecutado. Había indefiniciones que fueron resueltas muy tarde. También hubo problemas con el sistema de protección contra el fuego, para que el estadio no se incendiara en caso de alguna emergencia de ese tipo.

Asimismo, existían problemas con la red eléctrica, con las instalaciones sanitarias y con la acumulación de aguas lluvia. No había ni siquiera obras correctamente ejecutadas para la decantación de las aguas lluvia.

Había 948 observaciones en la recepción provisoria de la Dirección Regional de Arquitectura. A raíz de ello se generó una pelea, que sigue hasta el día de hoy, entre el MOP y la empresa constructora en relación con quién tenía la culpa, si la culpa fue de quien diseñó o no.

Eso no sirve de nada, no les sirve a los vecinos que esto se entrampe en un conflicto que no tiene ningún fin ni destino.

Reitero: la única persona que hoy está en posición de sentar a todos a la mesa y resolver este problema es la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana .

La obra ha terminado costando un 21,5 por ciento más de lo presupuestado, es decir, casi 12.000 millones de pesos.

Como les decía, esto se iba a resolver en un año y medio. La ejecución de dicha obra iba a durar un año y medio, pero ya han pasado cinco años. Necesitamos que exista una pronta entrega del estadio, para que pueda ser utilizado por toda la comunidad, y que se defina qué va a pasar con el uso y administración del recinto, porque, como bien dijo otro colega, si la alcaldesa de San Antonio no quiere hacerse cargo, si el municipio de San Antonio no quiere hacerse cargo del estadio, que lo traspasen al Instituto Nacional de Deportes (IND) o a otra entidad; en fin, que alguien más se haga cargo, pero no puede seguir en el abandono. Esto es una falta de respeto para todos los vecinos.

El abandono general que uno ve en la comuna de San Antonio se ve perfectamente replicado hoy en el abandono que se puede observar en su estadio, y eso es impresentable. Los vecinos de esa comuna no se merecen esto, sino algo mucho mejor. El daño que están sufriendo actualmente los deportistas de San Antonio es indecible, y la cantidad de plata que se ha despilfarrado, para tener un elefante blanco que es casi imposible de usar, de verdad que es una vergüenza, y es otro reflejo más de cómo el Estado y las entidades públicas hacen mal las cosas.

Chile se merece algo mejor.

He dicho.

-o-

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Si ustedes me lo permiten, quiero saludar a Consuelo Altamirano , y a Javier y a Pablo Cifuentes , quienes están en nuestras tribunas. ¡Bienvenido, Pablo !

-Aplausos.

-o-

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, primero que todo, como saludan a la gente y estamos hablando de una comisión que tiene que ver con el deporte y con la formación de los niños, niñas y adolescentes, quiero saludar especialmente a quien forma parte de nuestro Comité: a la querida Pascal , quien está aquí mirando atentamente cómo discutimos las futuras políticas de los niños, niñas y adolescentes.

A propósito del tema que nos convoca, quiero relevar a nuestra querida compañera Camila Rojas , quien insistió tanto en hacer esta investigación. De verdad que tiene mérito por la importancia de haber creado esta comisión especial investigadora. Los puntos que ella citó en el informe son relevantes.

Sé que es el último día, sé que a nadie le importa, pero escuchar es el principio de parlamentar, más allá de si estamos de acuerdo o no.

Respecto de las conclusiones de la comisión, quiero destacar que, además de los problemas atingentes al diseño y al contrato que se consignan en el informe, y de aquellos referidos a la licitación de la construcción, a las omisiones y a las negligencias del municipio durante la administración del alcalde anterior, señor Omar Vera , también quedan en evidencia las irregularidades en contratos adicionales y la falta de aplicación de multas, incumplimiento de especificaciones y soluciones constructivas que no cumplían con la normativa, comprometiendo con ello los tiempos establecidos en la planificación de la obra y generando retardo en la construcción de dicha estructura.

Por otro lado, hago ver la negligencia municipal que existió en la recepción definitiva del estadio, y todo lo demás que han opinado acá los diputados y las diputadas.

La ley estadio seguro elevó los requisitos que deben cumplir estos recintos para su funcionamiento con público masivo, imponiendo a sus responsables el deber de elevar los estándares de construcción y de reparación, adecuándolos para los fines de seguridad deportiva, pero sin entregar mayor financiamiento a las municipalidades ni al IND.

Por eso, si rasgan vestiduras con el IND, voy a relevar aquello en esta ocasión.

Si a lo anterior sumamos la mala gestión municipal y las negligencias administrativas, generamos un cuadro como el que fue objeto de esta comisión especial investigadora.

Efectivamente, la demora y la falta de comunicación entre el ente privado que ganó la licitación y los funcionarios de la municipalidad, de Secpla y de la DOM generó muchos problemas y retrasos innecesarios, los que se acumularon y generaron un efecto de bola de nieve.

Cuando se intervino para mejorar la situación fue demasiado tarde, porque entonces se requirió una acción superior adicional extraordinaria, con la intervención del IND y del gobierno.

Es preciso que los partidos políticos involucrados también se hagan cargo de las consecuencias de las irregularidades, ya que son los responsables políticos de la mala gestión de los gobiernos que conducen.

Es muy fácil decir que la municipalidad, que la alcaldesa o que el alcalde que está hoy en funciones debe asumir el peso de todos esos problemas, en circunstancias de que también ha habido malas gestiones anteriores. Esa es una materia que se nos presenta en muchas problemáticas e investigaciones que se están haciendo hoy en día, más allá de las comisiones especiales investigadoras de esta Cámara de Diputados.

Este tema del Estadio Municipal de San Antonio ha pegado fuerte y negativamente en el Club Social y Deportivo San Antonio Unido. Lo digo, porque he tenido contacto directo no solo con su dueño, sino también con el profe Pablo , un profe destacado, exprofe de Colo-Colo que también ve todo esto. Hoy están consiguiendo el Estadio Municipal de San Bernardo para disponer de ese espacio y poder entrenar allí.

Bien lo dijo el diputado Brito y bien lo dijeron otros diputados: debe ser muy triste para los ciudadanos de San Antonio pasar frente a esa tremenda infraestructura, bonita, maravillosa, moderna, que es el Estadio Municipal de San Antonio, y darse cuenta de que no puede ser utilizada. Más triste es escuchar cómo han muerto hinchas sin poder ver terminada esa infraestructura.

Es triste cuando acá no escuchan, es fome cuando ustedes no escuchan porque no se trata del equipo de sus amores. Yo soy colocolina, pero acá voy a defender todos los colores que tengan que ver con irregularidades en el fútbol, tanto así que soy la diputada que ha levantado todas las irregularidades, no solo con el diputado Sulantay , que es el autor del proyecto de ley sobre casas de apuestas online.

Nos hemos ganado tremendos enemigos, pero, de que estamos caminando por la vereda correcta, así es.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, lo que está pasando con el Estadio Municipal de San Antonio es el reflejo de lo que pasa en la comuna de San Antonio. Lo que está pasando en ella es que existe un profundo desapego entre las autoridades y su gente. Este no es solamente un tema de los fanáticos del fútbol; es un tema de la comunidad entera. San Antonio vive el flagelo del abandono desde hace muchos años. Por ejemplo, tenemos el Hospital Claudio Vicuña , que todavía no puede ser habilitado. ¿Por qué? Por la desidia de las autoridades de salud regionales, que todavía no logran habilitar un tremendo edificio para que se convierta en un hospital.

Si la Región de Valparaíso, si los políticos de Chile, si las autoridades que hoy gobiernan San Antonio han decidido abandonarlo, llegó la hora de generar un cambio. Llegó la hora de exigir calidad, porque la gente merece que todos puedan vivir no solamente en paz, sino además poder ser partícipes del agrado de hacer deportes.

La alcaldesa que hoy gobierna San Antonio es la gran culpable; que no le eche la culpa al resto. San Antonio merece más y lo que se vive respecto del estadio de esa comuna es un reflejo de la mala conducción política.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, voy a partir agradeciendo a las diputadas Olivera y Marzán , a los diputados Sánchez , Celis , Lagomarsino , Bórquez y especialmente al diputado Cuello , quien solicitó la creación de esta comisión investigadora; también agradezco al diputado Brito porque, sin ser parte de la comisión, se hizo parte de esta discusión.

Cuando solicitamos la creación de esta comisión investigadora, sabíamos que había responsabilidades que esclarecer. Por eso la solicitamos. Legítimamente muchos podrán preguntarse qué justifica que un tema local sea analizado en el Congreso Nacional. La respuesta es que me embarga la convicción de que los hechos que han ocurrido en San Antonio y que lamentablemente hasta el día de hoy se arrastran, revisten carácter de escándalo nacional.

Los errores y las omisiones estuvieron presentes desde la etapa de diseño y licitación del proyecto. También pasaron por la ejecución en la construcción de la obra y también tienen como guinda de la torta la falta de mantención del recinto.

Tratándose de proyectos de esta envergadura, si estos parten mal, resulta muy difícil arreglar la carga en el camino, como ocurrió en este caso, menos aún cuando el responsable de un diseño con errores no acompaña como se debe en la ejecución de la obra para ir corrigiendo cada una de las fallas y de los déficits. Peor aún es la suerte cuando los órganos técnicos, estatales y municipales encargados de fiscalizar la obra y de tomar las decisiones actúan de manera tardía y errada.

Las responsabilidades políticas de quienes lideran estos procesos dentro de las instituciones a cargo son consecuencias mínimas e ineludibles para quienes con un actuar antojadizo, incompetente o derechamente negligente han privado a todas y todos los habitantes de una provincia de este espacio deportivo y recreacional tan anhelado por décadas por la comunidad.

Así las cosas, el rol jugado por el Instituto Nacional de Deportes en la etapa de diseño y licitación de la obra fue absolutamente insuficiente. Ello, a través del director de la época, Ricardo Loyola Moraga . Lo mismo cabe señalar de la labor del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, dirigida, primero, por Rodrigo Pereira y, luego, por Julio Pérez . Todo esto durante el mandato del Presidente Sebastián Piñera .

En esta misma etapa, la labor desarrollada por la administración municipal de la época, liderada por el alcalde Omar Vera y el encargado de la Secpla, don Christian Ovalle , fue de una negligencia tal que, a mementos, asombra.

Además, y siendo inevitable mencionarlo, el abandono en la mantención del recinto, de lo que la semana pasada recién se tuvo antecedentes, a cargo de la actual administración de la alcaldesa, señora Constanza Lizana , no puede ser menos que catalogado como temerario. Podrá haber razones estructurales que corregir, y por supuesto que atendemos a que existan y que han sido señaladas; sin embargo, no hay excusa alguna para no advertir y hacer todo lo propio para detener el avance de hongos y moho o para evitar que el pasto se seque.

El establecimiento de responsabilidades, sin duda, es un hito de fiscalización, como también lo es estar hablándolo aquí en esta Cámara, pero en ningún caso nos deja tranquilos. La tranquilidad solo será posible cuando el estadio sea entregado a plenitud a la comunidad.

Por su intermedio, señor Presidente, solicito respetuosamente al Presidente de la República, Gabriel Boric , y a sus ministros que agilicen todas las correcciones que se tienen que llevar a cabo, a fin de que se puedan recomponer las confianzas entre San Antonio y los organismos gubernamentales. San Antonio es una ciudad que entrega mucho a Chile, pero que muchas veces queda mirando al lado respecto de las respuestas estatales a sus propias necesidades.

Considero de especial relevancia que este informe sea aprobado en esta Sala de manera unánime porque, siendo un problema muy focalizado y muy local, tiene la envergadura -repito- de escándalo nacional, y hay que dar respuesta a la comunidad.

Finalmente, agradezco especialmente a Liliana Cancino , al tío Mella y a la barra del SAU, que también se hicieron presentes.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la comisión especial investigadora en los siguientes términos: