Labor Parlamentaria

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 20.430, para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y la ley N° 21.325, en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresen de forma irregular al territorio nacional.

Para la discusión de este informe se otorgarán tres minutos por bancada.

Antecedentes:

-Oficio del Senado. Documentos de la Cuenta N° 28 de este boletín de sesiones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el informe de la Comisión Mixta. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que desde hace mucho tiempo ha habido mucha holgura de manga con el ingreso de inmigrantes en condición irregular, de la libertad con que esas personas quedan circulando dentro de nuestro país y también de la laxitud con que se ha utilizado la condición de refugiado.

Este es un buen proyecto de ley. Lo que ha salido de la Comisión Mixta es una buena propuesta. Por lo mismo, desde la bancada republicana votaremos a favor. Creemos que es una buena propuesta por algunas razones que quiero explicar.

En primer lugar, en la Comisión Mixta se logró reducir el plazo para este procedimiento, pasando de 90 a 60 días. Sin duda, esto va a hacer más expedito el trámite para determinar si un migrante puede o no optar a la condición de refugiado.

No podemos extender infinitamente estos procedimientos en el tiempo, porque a lo único que eso colabora es a que las personas que han ingresado en condiciones no completamente regularizadas se puedan esfumar o desaparecer dentro del país. Por eso, es indispensable que esto se haga en forma rápida, para que se pueda determinar sin mayor extensión si esas personas pueden ser refugiadas o no.

En segundo lugar, la Comisión Mixta estableció que uno de los requisitos para optar a la condición de refugiado es haber llegado directamente al país. Eso es clave, porque sabemos perfectamente que hay otros países latinoamericanos que, lamentablemente, por estar bajo el yugo de dictaduras comunistas, están generando en el fondo una diáspora muy relevante de gente que sale de esos países y trata de llegar a Chile. Sin embargo, para llegar a nuestro país pasan por muchos otros países antes, donde su situación de seguridad personal está garantizada.

Entonces, venir a alegar a Chile que es indispensable que puedan entrar a nuestro país, para que se garantice su seguridad frente a la persecución que hacen países con las características de las dictaduras que los dominan, no es correcto, porque no se cumple la condición de que es indispensable entrar a nuestro país. Por eso, esta norma es positiva.

También se pretende establecer una clara distinción entre la manifestación inicial realizada por el extranjero ante la autoridad migratoria en la frontera y la solicitud formal de refugio presentada ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Esto ayuda a hacer un procedimiento más ordenado, a hacer un filtro previo y a establecer que una persona no puede mañosamente alegar en la frontera que quiere ser refugiada porque sí, sino que tiene que seguir un conducto regular.

Por eso, como señalé, este es un buen proyecto de ley. Los republicanos vamos a apoyarlo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, no hay nada que perjudique más a los refugiados que no tener muy bien categorizados la situación, las causales y los procedimientos relativos a la condición de refugiado, porque aquí se trata de que nuestro país, que es una democracia libre, les dé asilo o espacio a ciertas personas que huyen de dictaduras sangrientas que todavía subsisten no solo en nuestro continente, sino en el mundo.

Hace poco conocimos a unas deportistas que, en el seno de los juegos panamericanos, tomaron esa decisión y encontraron el respaldo del Estado de Chile.

Por lo mismo, si bien nosotros vamos a aprobar este proyecto, quiero dejar constancia de dos cosas que no quedaron bien.

La primera es el inciso final del artículo 2° de la ley N° 20.430 que se propone incorporar, cuando dice que la persona tiene que venir directo de otro país, pero puede hacer escala por 60 días en un país intermedio. Me parece que eso es un error. Entiendo que fue fruto de las negociaciones en la Comisión Mixta, porque algunos decían que con eso se beneficiaban, por ejemplo, las diásporas de algunas persecuciones que conocemos en el Medio Oriente. Eso es un error, porque 60 días es demasiado tiempo. Básicamente, eso va desvirtuando la idea de que tengamos personas que vengan directamente de aquellos países en donde están siendo víctimas de persecución.

Lo segundo es que me parece bien que hayamos cambiado el criterio de no sanción por ingreso irregular por uno en que, en definitiva, se establece que toda persona que ingrese irregularmente al país y quiere tener refugio no es que no tenga sanción, sino que tiene que presentarse lo más pronto posible ante las entidades administrativas del país, porque -esto está conectado con el tercer proyecto que veremos hoy Chile tiene que asumir que ingresar de manera ilegal al país es algo que no vamos a aceptar, que el ingreso irregular al país no está en el marco del refugio y que, por lo tanto, tenemos que hacer una separación muy nítida entre los refugiados y aquellos que pretenden valerse de esa categoría para hacer ingreso ilegal al país.

Por lo tanto, me parece que este proyecto avanza en el sentido correcto. Desafortunadamente, hubo algunas personas en el Senado que impulsaron esas dos normas. Entiendo que la comisión mixta siempre es fruto de una negociación, pero creo que debimos haber sido más exigentes, porque esta escala de 60 días que quedó en el inciso final del artículo 2º de la ley N° 20.430 -acuérdese de mí va a ser una pequeña entradita para que se nos cuelen personas que no vienen estrictamente en condición de refugiadas.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, la figura del refugio no puede seguir siendo mal utilizada como un falso comodín para ingresar a nuestro país.

De acuerdo con lo que planteó el Servicio Nacional de Migraciones, en el año 2022 ingresaron 5.000 solicitudes y se otorgaron 59. En el segundo semestre del 2023, ingresaron 2.553 solicitudes, formalizándose solo 43.

De modo tal que lo importante era despejar aquellas solicitudes carentes de fundamento y justificación de aquellas que efectivamente son requeridas por extranjeros cuya vida o integridad, por razones humanitarias, políticas o de otra índole que establezca la propia ley, corren grave peligro o se encuentran actualmente amenazados.

Es así que era absolutamente necesario explicitar con claridad los requisitos, las condiciones y los límites destinados a poner un freno efectivo en la práctica, ante la utilización indiscriminada de esta herramienta, ya que una cosa es atender al refugiado, resguardando su esencia, y otra cosa muy distinta es pretender por esta vía abrir solapadamente, de par en par y a destajo, las puertas de la frontera chilena, dada la realidad de país, cuestión que es conocida por todos, que, a estas alturas, ya no resiste mayor análisis y que ha generado consecuencias muy complejas, con espacial gravedad en el norte del país.

En la discusión en la Comisión Mixta se termina por sepultar la idea del tercer país seguro en relación con los territorios por los que el o los solicitantes han transitado previamente, dejando una regla clara que evita vicios y que se tergiverse la herramienta de refugio, puesto que ahora queda expresamente establecido que “Se entenderá que llegan directamente quienes lo hacen en un viaje con escalas siempre que la estadía en un tercer país no se haya extendido por más de 60 días. En casos calificados el Subsecretario del Interior podrá ampliar este plazo.”.

Finalmente, el presente proyecto que hoy nos convoca constituye un aporte real y efectivo para descomprimir el sistema del Servicio Nacional de Migraciones, con el fin de acoger aquellas solicitudes que resulten fundadas, y, luego de un análisis en un procedimiento reglado inicial, rechazar las que sean infundadas, para proceder luego a la expulsión de aquellos migrantes de conformidad con las reglas generales.

Ojalá que la misma rigurosidad con que se ha legislado en una materia excepcional, específica y particular, como es el refugio, inspire al Ejecutivo a no desviarse de la senda de potenciar una migración ordenada y segura, evitando posibles perdonazos migratorios a quienes hayan ingresado a nuestro país mintiendo o fingiendo una condición que no les corresponde, de manera ilegal o irregular, y que, por cierto, se mejoren los procedimientos, ejecutando las medidas de expulsión a nivel nacional.

Por tanto, votaré favorablemente esta iniciativa.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, tras haber participado en la discusión de este proyecto en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, quiero agradecer al diputado Bernardo Berger que me haya cedido su lugar en la Comisión Mixta, donde continuamos con dicha tramitación.

Es efectivo que hemos entregado al Servicio Nacional de Migraciones un instrumento que permite descomprimir el problema que tiene con las solicitudes de refugio infundadas. En la práctica, tales solicitudes entregaban a quien las hiciere un permiso para permanecer en Chile por ocho meses, renovable; es decir, el solo hecho de mencionar la palabra “refugio” significaba que la persona podía permanecer en nuestro país, situación que nos parecía absolutamente inaceptable.

Hemos avanzado en la tramitación de este proyecto de ley. Se agradece la disposición del gobierno a ceder en ciertos aspectos, pero debo decir que estamos muy lejos de un sistema perfecto en esta materia.

¡Dos años! Dos años es el tiempo que, según el director del Servicio Nacional de Migraciones, requerían para tramitar una solicitud de refugio. Ese es un tiempo inaceptable, absolutamente inaceptable, tanto para el Estado de Chile, en lo que se refiere a sus obligaciones internacionales, como respecto de la persona que está solicitando refugio, que tiene derecho a recibir una respuesta pronta.

Eso significa que de la mano de esta legislación debe venir también un esfuerzo del Ejecutivo. Esperamos que, al descomprimir las solicitudes, que llegaron a más de 20.000 acumuladas en el servicio, demos la posibilidad de responder con mayor premura a quienes soliciten la protección del Estado de Chile con una razón de peso.

Estamos cerrando una puerta para la inmigración ilegal, pero quedan muchas otras abiertas; se mantiene la frontera abierta y se mantiene la incapacidad del Estado de Chile para expulsar a quienes, pese a haber ingresado ilegalmente a nuestro país, se mantienen en él.

Este esfuerzo que debemos hacer para regularizar el control de fronteras y, entre otras cosas, para controlar la criminalidad, tendrá que ser común. Así como en el esfuerzo común para ponernos de acuerdo en este proyecto, también deberemos ponernos de acuerdo en otros proyectos, que nos permitan recuperar nuestro control migratorio.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que este proyecto es importante, porque permite a la Cámara de Diputados, y particularmente al Congreso Nacional, separar a quienes tienen calidad de refugiados de aquellos que ocupan los beneficios de inmigración para delinquir y para ingresar al país con otros propósitos.

Uno se pregunta por qué a todos quienes estamos en el Congreso Nacional nos preocupa la situación migratoria. La respuesta es porque hoy tenemos la puerta abierta en el norte. Tenemos un ingreso irregular que está afectando a la zona norte del país y a la Región Metropolitana, pero esto está llegando a todos los rincones del país.

Por eso, es muy importante determinar quiénes tienen realmente calidad de refugiados, como se señala en este proyecto, y quiénes tienen otros propósitos.

Creo que el gobierno debe transparentar y ayudar en este proceso. Es necesario que en el norte, sobre todo en la zona de Arica, se revise lo que está pasando, por ejemplo, en los campamentos de refugiados, donde hoy en día están funcionando muchas organizaciones nacionales e internacionales.

Hay que saber diferenciar -como decimos en el sur, separar las papas del caldoy tramitar de manera ágil los casos de quienes solicitan refugio, pero también determinar quiénes deben ser inmediatamente deportados a su país porque tienen antecedentes delictuales fuera de Chile.

No obstante, eso no está funcionando. Hoy en día, lamentablemente, se está materializando un ingreso irregular; no existen filtros en Perú, en Colombia ni en Ecuador. Para qué le digo cómo va a aumentar esta situación a propósito de la crisis política que hoy está afectando a Ecuador.

Por lo tanto, si no somos capaces de aplicar esta ley en proyecto que vamos a sacar en el Congreso Nacional, que permitirá determinar la calidad de refugiados y agilizar los procesos administrativos, y además no somos capaces de generar vínculos con los países vecinos para establecer los filtros necesarios, nos vamos a llenar de personas y de organizaciones criminales.

Hoy ya estamos viendo los malos resultados de tales carencias en nuestro país.

Por ello, solicito a la Mesa de la Corporación que, cuando se discuta este tipo de proyectos, que son tan importantes, estén presentes en la Sala los ministros competentes del gobierno, porque de otra manera esto terminará siendo solo una alegoría.

He dicho.

Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Aguas con el objeto de facilitar la construcción de tranques de uso agrícola, correspondiente al boletín N° 16193-01.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

El informe de este proyecto ya fue rendido en la Sala.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 96ª de la presente legislatura, en martes 24 de octubre de 2023, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señor Presidente, reforzaré nuevamente algo que he dicho en varias ocasiones en la Sala. Me van a disculpar mis colegas si parezco disco rayado, pero creo que cuando presentamos proyectos de ley sin revisar primero el cumplimiento de las actuales normas, lo que hacemos es generar un superávit legislativo que en nada es positivo para nuestra función legisladora ni para el país.

¿Qué quiero decir con esto? Que muchas iniciativas se presentan como una solución, una salida, una alternativa a la crisis hídrica en Chile y a la escasez del recurso hídrico para distintos tipos de actividades, ya sean de carácter agrícola, para el consumo humano o con fines industriales.

En ese sentido, nuevamente quiero hacer hincapié en que ojalá en algún momento tomen en consideración desde el Ejecutivo lo que hemos señalado respecto de hacer uso de lo que establece el Código de Aguas en relación con los derechos de aprovechamiento que no se utilizan y que no pagan sus patentes por no uso.

Dije muchas veces la palabra “no”.

Cuando existen derechos de aprovechamiento de aguas que no se utilizan, y por otro lado decimos que hoy no hay suficientes recursos para la agricultura ni para el consumo humano, no se entiende que se presenten más y más iniciativas legislativas en esta línea.

De verdad, creo que estamos generando un superávit legislativo en esta materia, cuando hoy en día, si el Ministerio de Obras Públicas decidiera otorgar presupuesto a la Dirección General de Aguas para asignarse los derechos de aprovechamiento que salen a remate, el Estado tendría muchísimos más recursos hídricos para asignar, según los usos prioritarios que se establecieron en la reforma del año 2021.

Nuevamente pido disculpas por parecer disco rayado, porque esto lo he repetido en un montón de ocasiones: nuestro ejercicio de generar un superávit legislativo no es bueno para la función que cumplimos en el Congreso Nacional, y normas que dan salida a la crisis ya existen.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, el objetivo de este proyecto es modificar el Código de Aguas para facilitar la construcción de tranques de uso agrícola, lo cual me parece una medida muy positiva dentro de las políticas públicas necesarias para enfrentar la crisis hídrica que experimentamos como país desde hace ya varios años.

El agua es un bien esencial para el buen uso del sector agrícola, el cual a su vez es fundamental para asegurar los alimentos a la población, como bien todos sabemos.

Por eso es tan importante contar con obras de acumulación de agua de menor tamaño en el sector agrícola. Para ello, el proyecto elimina la burocracia que existe actualmente para autorizar su construcción, ya que dichas obras, según la normativa vigente, se elevan a la categoría de embalses.

Voy a apoyar esta iniciativa pues el rubro agrícola requiere que desde el Congreso Nacional le otorguemos soporte y soluciones reales para enfrentar la crisis, especialmente en las regiones que fueron afectadas potentemente por las inundaciones del pasado invierno, como lo fue mi Región de Ñuble.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, lo señaló quien acaba de intervenir: se requiere abordar la complejidad que provocan situaciones como la ocurrida en el invierno recientemente pasado.

Los embalses no solamente pueden producir el efecto de acumular el agua que en invierno cae en forma abundante en algunos sectores, lo que permite regar extensiones agrícolas importantes para abastecer de alimentos de buena calidad a la población, sino que también permiten en algunos lugares acopiar el agua que en algún momento baja en forma exagerada -por así decirlo desde la cordillera, lo que da cierta seguridad a algunos sectores poblacionales.

Por lo tanto, cuando se habla de este tipo de iniciativas, no solamente se está pensando en la producción agrícola propiamente tal, que es claramente necesaria en nuestro país, pues la acumulación de agua garantiza que terrenos que tienen la característica de cultivables puedan producir alimentos en mejores condiciones -no hablo solamente de sectores de secano, por así decirlo, sino también de aquellos que permitan ser regados y, con ello, entregar mejores alimentos-, sino también, como ya señalé, en dar cierta seguridad a la población.

Es en lo anterior donde se puede encontrar la particularidad de este proyecto. Seguramente, en su momento, esta iniciativa surgió solamente con el objetivo de permitir embalsar agua dulce para que fuera destinada a actividades agrícolas; sin embargo, después de lo ocurrido en el invierno recientemente pasado, este proyecto también dará cierta tranquilidad a determinados lugares, pues permitirá evitar que el agua, que es tan necesaria y que es parte de la vida, sea un elemento que atente contra la vida y la integridad física de las personas y las propiedades de quienes habitan en distintos lugares.

Votaremos favorablemente esta iniciativa para que se convierta en ley de la república.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, pese a las anomalías climáticas de los últimos meses, Chile experimenta desde hace años una situación de déficit hídrico importante, lo que exige que las políticas públicas avancen hacia medidas de prevención y mitigación de sus efectos.

La escasez de este vital elemento puede acarrear problemas de salud pública, como la afectación del agua para consumo humano y para el saneamiento, así como problemas en la producción de ciertos bienes y servicios que dependen del agua para su funcionamiento.

El sector agrícola es uno de los más afectados por el déficit hídrico, lo que tiene impacto evidente no solo en el funcionamiento de este sector productivo, sino, incluso, en el acceso al alimento por parte de la población.

En el distrito 25, que represento, el distrito de la carne y la leche, particularmente en el sector agrícola, debo recalcar la relevancia de contar con obras de menor tamaño para lograr acumular agua de manera diferente a los embalses, cuya complejidad e impacto requieren, sin duda, una mayor fiscalización. Así me lo han manifestado agrupaciones de pequeños agricultores que ven en este mecanismo una forma de mejorar su producción de forma natural, producción que ha disminuido más de 7 por ciento en 2023, lo que afectó la producción de leche, frutas y verduras. Es algo lógico decir que la leche tiene mucho que ver con el agua; si las vacas no tienen agua para consumir, no producen leche.

La normativa vigente representa una dificultad en materia de otorgamiento de permisos para la construcción de obras de acumulación de agua de menor tamaño. Es el caso de los tranques de uso agrícola, pues hoy son considerados genéricamente dentro de la categoría de embalses, lo que, en consecuencia, implica una traba burocrática y un retraso importante para su construcción.

Claramente voy a votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, quiero partir con la siguiente frase: si el campo muere, la ciudad no come. Eso es lo que actualmente está pasando.

Lamentablemente, nuestros sectores rurales, el mundo agrícola, están sufriendo una grave crisis. La falta de agua está haciendo estragos con todas las producciones agrícolas.

Por eso creo que este tipo de proyectos le hacen bien al país. Le hacen bien porque nos preocupamos de algo tan vital como es el agua para poder regar todos los sembrados, cuyos productos llegan a nuestras mesas.

Quiero hacer hincapié en una situación puntual que está pasando en nuestra Región de Ñuble. Lamentablemente, existe un grupo de regantes, conocidos como los regantes “blancos”, que llevan 20 años esperando que el Estado les entregue el riego. Son 1.800 agricultores a quienes su solicitud se les ha tramitado gobierno tras gobierno. ¿Por qué saco este hecho a colación? Porque la propia DGA, a propósito de que esos regantes están esperando desde hace tantos años, de un momento a otro, sin antecedentes previos, entregó cerca de 10.000 hectáreas de riego a los canalistas del canal Zañartu . Reitero: 10.000 hectáreas de riego adicionales. Imagínense. Sin embargo, los regantes blancos llevan años esperando.

Por tanto, el agua no puede ser entregada a unos y ser cortada a otros. Creo que hay que ser muy responsable al momento de entregar este recurso vital, y sobre todo hay que apoyar para que la agricultura cuente con él.

La iniciativa que hoy estamos tratando, que busca facilitar la construcción de tranques agrícolas, es muy necesaria, porque en las regiones cada día estamos viendo cómo el agua cada vez se hace mucho más escasa.

Voy a apoyar este proyecto, porque no solamente tenemos que preocuparnos de lo que está pasando hoy, sino también del desastre que va a pasar en el futuro si no nos hacemos cargo de esta situación.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señor Presidente, en nuestra Región de Los Lagos, si bien no existe una cultura de canalistas o del uso de tranques, ello es algo que será inevitable a corto plazo.

En la región tenemos una situación de déficit hídrico que cada año está afectando más y más a la agricultura, a la ganadería, pero también a la supervivencia, por diversas circunstancias. Por ejemplo, la gente que tiene que irse a vivir a los sectores rurales, por no encontrar una solución en la ciudad, también necesita de agua potable rural.

Por lo tanto, qué bueno que avancemos en esta iniciativa, que facilita la construcción de tranques de uso agrícola. No obstante -conversé al respecto con el diputado Undurraga -, hay que poner mucha atención en que esto no puede ser para la chacota. También hay que cumplir con ciertas medidas, con ciertas normas, porque generar construcciones sin algunos vistos buenos o sin algunas autorizaciones, podría provocar problemas a quienes viven alrededor de los tranques que se construyan. Deben tomarse algunos resguardos.

Hay que partir, por supuesto, de la base de que las cosas hay que realizarlas; pero también hay que mejorarlas, para que no sean un problema, sino una solución.

En la misma línea, comparto lo señalado por el diputado Camaño en cuanto a que el agua debe estar disponible para la gente, de manera que tenemos que terminar con los abusos. El agua acumulada en esos tranques no puede estar disponible solo para algunos, en desmedro de la gran mayoría que la requiere, como los pequeños agricultores y las familias que viven en los sectores rurales.

Por lo tanto, votemos a favor esta iniciativa, a fin de que sea mejorada en la comisión técnica respectiva.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, el agua es vital para la agricultura, para la vida humana y para la alimentación. De allí que cuando se comienzan a rigidizar las normas a un punto tal que los agricultores, para hacer un embalse de mediano tamaño, deben solicitar las mismas autorizaciones que se exigen para construir un embalse de una central hidroeléctrica, de una industria importante, con trámites que no llegan a ser reales para un agricultor, lo que en definitiva estamos haciendo es impedir el buen uso del agua, impedir que las personas puedan acumular agua en invierno o durante la noche, con el objeto de dar mejor uso a un recurso que es escaso y que en muchos lugares de Chile supone una dificultad que hace imposible el cultivo de distintos productos.

Por eso es bueno alivianar esa carga y que los agricultores tengan la posibilidad de construir tranques de mediano tamaño sin la burocracia que les está siendo exigida, pero con la seguridad suficiente que se requiere.

Al respecto, nos habría gustado que el Ejecutivo patrocinara algunas indicaciones para dotar de atribuciones, por ejemplo, a la Dirección de Obras para autorizar la construcción de tranques, a fin de dar seguridad a estas obras. Lamentablemente, el Ejecutivo no se hizo parte durante la tramitación de este proyecto y este continuó su curso. Esperamos que la iniciativa siga avanzando, porque es esencial para la agricultura, para el desarrollo del país y para que los alimentos estén disponibles a precios razonables. Para ello es fundamental la construcción de tranques de uso agrícola, porque permitirán continuar con la producción de alimentos para la población y que el agua se convierta en vida. Así seguiremos dándole vida a la agricultura en Chile.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, parto mi intervención valorando enormemente este proyecto, pues sin duda alguna viene a reconocer una realidad que vivimos quienes representamos regiones o distritos con vocación agrícola. La agricultura está cada vez con más problemas y complejidades en nuestro país, a propósito de la sequía que vivimos en algunas regiones, particularmente en la Región de Valparaíso, que represento.

¡Pucha que cuesta ser agricultor! Cuesta mucho poder generar que las nuevas generaciones también quieran seguir con esta actividad tan bonita, pero que es tan esforzada y que tanto cuesta. Los agricultores son unos enamorados de su actividad. No saben de descanso con tal de poder trabajar la tierra todos los días.

Sin duda alguna, el Estado tiene que contribuir y apoyar también a estos particulares en aquello que está fuera de su alcance, lo que tiene que ver precisamente con el objeto de este proyecto, como es la facilitación de la construcción de tranques de uso agrícola. Sin agua no hay agricultura, y sin agricultura no hay seguridad alimentaria, de modo que la falta de embalses y las consecuencias que esto puede generar son, sin duda alguna, gravísimas.

La construcción de tranques, en algunos casos también los embalses, demora mucho tiempo; su construcción tarda años. De allí que es lamentable que, en años lluviosos, como el 2023, no haya estado construido este tipo de infraestructura hídrica. Duele ver cómo se pierde esa agua que, sin duda alguna, se podría encauzar a través de la acumulación en estos tranques. Por eso es importante que este tipo de tranques se construyan, ojalá, en el más breve plazo posible, y tengamos la mayor cantidad posible, porque generan un efecto positivo en la economía nacional.

Quiero rescatar y reconocer lo que hacen algunas comunidades agrícolas cuando tienen estos tranques o embalses: apoyan con agua a los sistemas de agua potable rural, conocidos, por la nueva norma, como los servicios sanitarios rurales. En muchas ocasiones, se ven favorecidos con la construcción de estos embalses porque existe un trabajo colaborativo entre agricultores y dirigentes de las APR, lo que es sumamente importante.

Creo que hay un consenso bastante generalizado en cuanto a que el primer uso del agua debe ser para el consumo humano, pero también se necesita la seguridad alimentaria, pero para eso necesitamos tener agricultura, que necesita contar con agua.

Por lo tanto, valoro este proyecto. Creo que elimina un poco la burocracia estatal de estos proyectos tan necesarios y, ojalá, tengamos la mayor cantidad posible en todo el territorio de nuestro país y en el más breve plazo. Así es que lo estaremos apoyando y con mucho gusto.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Clara Sagardía .

La señora SAGARDÍA (doña Clara).-

Señor Presidente, votaré en contra este proyecto, ya que es atentatorio respecto del rol garante del Estado al eximir de la evaluación técnica de la Dirección General de Aguas obras de envergadura tal que su eventual colapso puede significar riesgo para la población y para la infraestructura de terceros, así como potenciales efectos ambientales no evaluados en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Este proyecto busca modificar el artículo 294 del Código de Aguas, que actualmente señala que se requiere de la aprobación de la Dirección General de Aguas la construcción de obras sobre embalses de capacidad superior a 50.000 litros cúbicos o con una altura de cinco metros. Sin embargo, este proyecto de ley pretende modificar dicha normativa, dejando solo aquellos embalses de capacidad superior a 250.000 litros cúbicos y un muro de 15 metros de altura, quedando efectos a dicha aprobación, obviando las normas ambientales y, por sobre todo, los impactos o las consecuencias negativas que esto pueda traer a la población.

Lo que se pretende con este proyecto de ley es restringir la autorización de la Dirección General de Aguas y también la evaluación de impacto ambiental de estas obras, lo que generará inseguridad en la construcción y en el uso de dichas obras. Dichos embalses deben pasar por la autorización de estos organismos técnicos, dado su riesgo sobre la población e infraestructura o la contaminación de las aguas. Requieren un tratamiento técnico especial que el legislador ha entregado a la Dirección General de Aguas. Tal es el riesgo que representan estas obras para la seguridad de terceros y para el medio ambiente que la ley no distingue si se desarrollan o construyen sobre un cauce natural o no, toda vez que, por sí solas, representan un gran riesgo.

Lamentablemente, este proyecto quiere obviar dichas autorizaciones, sin importarle el riesgo para la seguridad de la población.

Es cierto que necesitamos tener fuentes de agua. También es cierto que las personas ya están yéndose de las ciudades a las zonas rurales, pero eso no significa que, a tontas y a locas, tengamos que hacer proyectos que no van a solucionar una situación y suponen un problema para el medio ambiente, que también es problema de todos.

He dicho.

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, correspondiente al boletín N° 15261-25.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Andrés Longton .

Antecedentes:

-Moción, sesión 58ª de la legislatura 370ª, en martes 9 de agosto de 2022. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 88ª de la presente legislatura, en martes 10 de octubre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor ARAYA, don Jaime (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana vengo en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en una moción de los diputados señores Andrés Longton , Jorge Alessandri , Jaime Araya, José Miguel Castro , Andrés Jouannet y Diego Schalper , y de las diputadas señoras Yovana Ahumada , Sofía Cid , Catalina del Real y Francesca Muñoz , que modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, correspondiente al boletín N° 15261-25, sin urgencia.

Ideas matrices o fundamentales

Las ideas centrales del proyecto se orientan al siguiente objetivo: consagrar como delito el ingreso clandestino al territorio nacional por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio.

Para establecer lo anterior, se pretende modificar la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería.

No hay normas de carácter orgánico constitucional ni de quorum calificado. Tampoco contiene normas que requieran trámite de Hacienda.

Acerca de la votación general del proyecto, debo señalar que en la sesión N° 47, de 19 de abril de 2023, fue aprobado en general por mayoría de votos.

Votaron a favor la señora diputada y los señores diputados Jorge Alessandri (Presidente), Cristián Araya , Jaime Araya , José Miguel Castro , Andrés Longton , Diego Schalper y Flor Weisse , en reemplazo del diputado Henry Leal . Votaron en contra las diputadas Mercedes Bulnes , en reemplazo de la diputada Lorena Fries , y Alejandra Placencia . No hubo abstenciones.

Respecto de los artículos e indicaciones rechazados, se consignan detalladamente en el informe.

Consta en el artículo único que, mediante dos numerales, se modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería.

Se establece en su artículo 9 una excepción a la declaración de que la migración irregular no debe criminalizarse, al consagrar un nuevo párrafo III, que contiene un artículo 119 bis, referido a los delitos migratorios.

Discusión y votación general del proyecto

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción y las opiniones y observaciones planteadas por las autoridades e invitados, las señoras diputadas y los señores diputados fueron del parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Puesta en votación en general la idea de legislar, se aprueba por mayoría de votos, en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas.

Discusión y votación particular

El texto de la moción, es decir, su artículo único, conforme a las indicaciones formuladas y a los acuerdos adoptados por la comisión, tuvo un tratamiento del que se da cuenta en detalle en el informe elaborado al efecto.

Con posterioridad a un extenso debate sobre el tratamiento jurídico que se le debe otorgar a los migrantes que ingresan clandestinamente a nuestro país, respecto del artículo 9 de la ley de Migración y Extranjería, se consigna que no se debe criminalizar la migración irregular y que, por ende, no es constitutiva de delito. Se aprueba la excepción a esta regla en orden a tipificar ciertos hechos como delitos migratorios.

Luego, se formulan diversas indicaciones, entre las cuales los diputados Jorge Alessandri, José Miguel Castro , Henry Leal , Andrés Longton , Ximena Ossandón y Diego Schalper presentaron una indicación sustitutiva que se aprueba y que mejora la figura penal que consagra el tipo de ingreso clandestino al territorio nacional que contenía la moción, que establece:

1) El que hiciere ingreso al territorio nacional de manera clandestina, por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo -de 61 días a 540 díaso multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

2) Esta conducta no se aplicará a extranjeros que reúnan las condiciones para ser reconocidos como refugiados en Chile, siempre que en este caso provengan directamente del territorio donde su vida o libertad está amenazada. Tampoco se aplicará a niños, niñas o adolescentes, o al padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal.

3) El extranjero que ingresare al territorio nacional mediante alguna de las conductas referidas precedentemente y que exista a su respecto una causal de impedimento o de prohibición de ingreso, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, de 541 días hasta cinco años.

4) Además, se consagra que será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo el que entrare a territorio chileno o intentare salir de él valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso o faltando a la verdad en la información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o salida del territorio nacional.

5) Se añade que procederá siempre la expulsión al extranjero del territorio nacional una vez cumplida la pena en términos de las conductas delictuales antes citadas.

6) Se consagra respecto de las investigaciones y procesos penales referidos a este delito una serie de reglas para ser más eficaces en su persecución.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor TRISOTTI.-

Señorita Presidenta, toda iniciativa legal que tenga por objeto frenar, controlar y sancionar el ingreso clandestino de migrantes a Chile va a contar con mi aprobación. Cómo no, si la crisis migratoria desencadenada hace varios años terminó por hacer colapsar a pequeñas localidades, como Colchane, en nuestra Región de Tarapacá.

Cómo no, si fue Iquique la comuna que evidenció indigencia y carpas instaladas en sus playas, con miles de migrantes que ingresaban irregularmente por nuestras fronteras, en un escenario que generó inseguridad y abandono de los espacios públicos, como la plaza Brasil, en el centro de la ciudad, que hasta el día de hoy no se reconstruye.

Cómo no, si cuando hablamos de criminalidad asociada a bandas delictuales internacionales de alta peligrosidad, hablamos de muerte, de secuestros y de miedo, inicialmente en la macrozona norte, y, por la falta de decisión y fuerza del gobierno, hoy, lamentablemente, en todo el país. Decir lo contrario es engañarnos.

Esta iniciativa apunta a evitar la impunidad respecto de extranjeros y extranjeras que vienen a delinquir, a no respetar nuestra soberanía y a burlar nuestras fronteras en búsqueda de beneficios sociales, que muchas veces ni siquiera podemos asegurar a muchos de nuestros compatriotas.

Con este proyecto no se puede ser ambiguo ni ideológico. Muchos parlamentarios y parlamentarias de izquierda que obstaculizaron en su momento la nueva ley de migraciones tienen la oportunidad de sincerar posiciones y reivindicarse con el verdadero interés en esta materia: desincentivar y sancionar los ingresos clandestinos de migrantes al país. Esto pide Chile y clama el norte del país cuando, según datos estadísticos entregados por la PDI, las denuncias por ingresos clandestinos estarían en sus máximos históricos.

No basta con decirles “se regularizan o se van”, si al final del día existe complacencia y la creencia de que la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera resolvería el problema. Es difícil lograrlo sin las atribuciones y las facultades suficientes para expulsar administrativamente, sin poder reconducir con un bloqueo sistemático del gobierno boliviano, aún sin resolución, y con procesos que tardan muchísimos meses en el Servicio Nacional de Migraciones.

La idea es que este servicio se convierta en una institución ejecutiva y no decorativa, ya que, pese a las medidas pregonadas para frenar la migración irregular, el fenómeno no se ha detenido, sino mutado y fortalecido, de acuerdo con las cifras actualizadas.

Por tanto, este proyecto establece que el extranjero que ingrese por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio será sancionado con la pena de presidio y multa. Pero si además existiera una causal de prohibición de ingreso o uso de documentos de identidad o de viaje falsos, o falta a la verdad ante la autoridad competente, la pena será más gravosa, procediéndose también a la expulsión del territorio nacional una vez cumplida esta pena.

Además, se establecen las reglas que deben seguirse por el Ministerio Público y los tribunales para la eficacia de la investigación y el proceso en caso de flagrancia, destacando que no procederán los beneficios y penas sustitutivas de la ley N° 18.216, manteniéndose la reconducción o devolución inmediata en caso de flagrancia.

Por último, en cuanto a las salidas alternativas del proceso penal, si el fiscal, con acuerdo del imputado, solicita la suspensión condicional del procedimiento, podrá imponerse como condición por cumplir la expulsión del imputado del territorio nacional con prohibición de ingreso por el lapso que se fije como plazo para dar por cumplida esa condición. Si se acuerda la expulsión, el tribunal pondrá al imputado a disposición de la PDI para que lleve a cabo la implementación de la medida, procediéndose a la internación del condenado hasta la ejecución de la expulsión.

En síntesis, no se trata de criminalizar la migración ni generalizar sus malos efectos, sino de no romantizar la migración ilegal y clandestina, de modo que no resulte sin sanción real no respetar nuestros límites y soberanía.

Por tanto, vamos a aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor SCHALPER.-

Señora Presidenta, cuando algo se legisla, en ocasiones no tiene la misma claridad que cuando la materia evoluciona. El diputado De Rementería , del Partido Socialista, dijo que fue un error romantizar la migración ilegal. Efectivamente, uno de los errores que cometió la oposición durante el gobierno anterior fue hacer todo lo posible por dificultar la tramitación del proyecto de ley sobre migración. En la Comisión de Derechos Humanos, donde participé en la tramitación del proyecto, se insistió hasta el cansancio en que existía el derecho humano a migrar, y que en virtud de tal derecho, el gobierno y el Estado de Chile no podían establecer barreras exigentes, porque, en tal caso, complicábamos el derecho a migrar. Como todo derecho, obviamente, tiene limitaciones, y los Estados tienen derecho a exigir condiciones adecuadas para su ejercicio.

¿Qué pretendemos hacer hoy? Pretendemos establecer -soy coautor de la iniciativa que aquellas personas que ingresen ilegalmente al país respondan por los delitos que cometen.

¿Por qué? Primero, para provocar que esas personas tengan que responder ante una fiscalía y ante un juzgado de garantía para enrolarlas.

El problema que tenemos hoy -en su minuto lo explicó muy bien el fiscal nacional, a través del llamado “criterio Valencia ”es que muchos inmigrantes ilegales cometen delitos, y, luego, nunca se les vuelve a encontrar.

Advierto una cosa para que ojalá sea analizada por el gobierno y el subsecretario Monsalve: cuando a los migrantes se les enrola en una causa judicial, se les concede un RUT transitorio. Quiero que el gobierno investigue si al alero de ese RUT transitorio no están, por ejemplo, haciendo transacciones de automóviles. Perdóneme la expresión muy de mi distrito -el diputado Coloma me va a entender-, pero sería “la cueca en pelotas” si con el RUT que les dan para enrolarlos judicialmente pueden comprar automóviles. Ese RUT tiene una sola finalidad: ponerlos a disposición de los tribunales del país, no que cuenten con eso para que el día de mañana puedan hacer transacciones en Chile.

Por eso, lo que buscamos es que el Estado de Chile disponga de las herramientas punitivas necesarias para combatir la inmigración ilegal.

Señor Presidente, por su intermedio les digo a aquellas personas del Frente Amplio y del Partido Comunista, que sé que reflexionan más allá de los eslóganes, que combatir la inmigración ilegal es fundamental. Colega Serrano , ello es fundamental, para ir en defensa de los sectores urbanos que hoy están sufriendo el flagelo de la inmigración ilegal.

Le voy a contar una anécdota.

Una vecina de la zona oriente de Rancagua me dijo: “¿Usted, diputado, conoce este ruido?”. Y enseguida emite el sonido “chiiiii”. “Son los pollos que fríen los inmigrantes ilegales. Con ese sonido me despierto todas las mañanas”.

Esa es la realidad que viven los sectores populares del país. Nuestra misión es ir en su defensa y enfrentar la inmigración ilegal. A algunos les parece gracioso lo que cuento, pero créanme que a los vecinos de Rancagua no les parece gracioso.

Por lo tanto, nuestra tarea es enfrentar la inmigración ilegal, porque hoy ello está siendo parte del problema. Hoy, las bandas de narcotraficantes se están valiendo de inmigrantes ilegales como soldados para tomar control de nuestras poblaciones. Esa es la realidad.

Pregúnteles a los gendarmes de las cárceles del norte cuántas de las personas que hoy están privadas de libertad -más allá de la sobrepoblación penal de personas extranjeras son inmigrantes ilegales.

Debemos dejar de hablar sobre cosas etéreas; tenemos que entrar al problema de fondo. Por lo mismo, hemos presentado este proyecto, el que vamos a apoyar con toda la fuerza del mundo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto modificar la Ley de Migración y Extranjería, a fin de que el ingreso clandestino al territorio nacional sea considerado como un delito en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual es esencial para enfrentar esta crisis migratoria de una vez por todas.

Que vamos a llegar tarde, vamos a llegar tarde. Eso no se discute. Ya llegamos tarde para salvar a quienes han perdido la vida en manos de asesinos extranjeros, pero podemos evitar que esos asesinatos y otros horribles crímenes sigan ocurriendo reiteradamente en nuestro país.

Estimados colegas -por su intermedio, Presidente-, no vengan con cosas: todos sabemos acá que la crisis migratoria y la crisis de seguridad van de la mano, y aunque el oficialismo gaste su tiempo culpando al gobierno anterior, la verdad es que es esta administración la que no ha sido capaz de enfrentar la delincuencia con mano dura. Va a completar dos años en el poder. Es hora de que se haga responsable. Es el oficialismo el que le da la espalda a las víctimas de los horribles crímenes cometidos por extranjeros.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señor Presidente, claramente, la migración ha sido un problema desde hace bastante tiempo para distintos gobiernos. Esto no es culpa de este gobierno, sino de lo permisivo que fue el segundo gobierno de Bachelet y de la gestión del entonces Presidente Piñera . Todo ello colapsó durante la actual administración.

Esta es una situación que no solo se está dando en el norte de Chile, sino también en la Región del Maule. Uno se pregunta cómo en el Maule. Según las últimas denuncias recabadas, estamos teniendo problemas con personas que están entrando por el paso internacional Pehuenche , donde en vehículos provenientes de Argentina y a pocos metros del complejo fronterizo, sus ocupantes descienden con bolsos y atraviesan por sectores no habilitados. Es una situación que nos preocupa; desafortunadamente, las autoridades de mi región no se ocupan.

Espero que con este proyecto tengamos más herramientas. Sin embargo, más allá del trabajo que hacemos en materia legislativa, claramente tenemos una dinámica operativa que no está dando resultados. Tenemos muchos jefes en distintos servicios, pero no tienen la experiencia ni los conocimientos en este tipo de materias, perjudicando a nuestro país y a nuestras regiones.

El Maule vive una situación de migración compleja, sobre todo en esta época, en que muchas empresas frutícolas demandan mano de obra y contratan extranjeros como temporeros. Hace poco recibí una denuncia en la comuna de Molina de alrededor de doscientos ciudadanos bolivianos, quienes prácticamente estaban hacinados en un galpón, información que fue canalizada a través de la Policía de Investigaciones de mi región.

Insisto: la situación es compleja. Claramente, la migración viene asociada al crimen organizado y a los últimos hechos de violencia que han afectado a nuestro país. Aquí me van a perdonar todos aquellos ciudadanos extranjeros de bien que han sido un aporte al país, pero, desafortunadamente, los actos de sangre que ha vivido Chile los han llevado a cabo ciudadanos extranjeros.

Voy a votar a favor este proyecto, y espero que el gobierno de turno y los que vendrán hagan cumplir las disposiciones de esta iniciativa.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, ¡pucha que nos costó que este proyecto de ley se pusiera en tabla! Venimos peleándolo hace harto tiempo.

Lamentablemente, las urgencias y las discusiones inmediatas las impone el gobierno y son lo que son. Otros proyectos dominan las tablas y terminan priorizándose. Eso la ciudadanía no lo entiende. Hay proyectos de ley que tratan temas que pueden ser importantes o interesantes, pero que no tienen la gravedad y la urgencia de las cosas que, gracias a Dios, estamos discutiendo hoy.

Partimos con un proyecto de ley que se relaciona con la determinación de la condición de refugiado, que restringe mucho más el uso de las herramientas para el efecto. Ahora lo complementamos con otro proyecto de ley que establece penas -dado que es una cuestión que hasta hoy no estaba sancionada para quien ingresa clandestinamente al país.

De este proyecto de ley solo lamento lo bajo de las penas, porque en el caso de la conducta general, establecida en el primer inciso del artículo 119 bis propuesto, hablamos de presidio menor en su grado mínimo; o sea, ese es el desde del desde, lo más bajo que se puede aplicar como sanción. Esa pena ameritaría el ingreso clandestino al país.

La pena va aumentando en el caso de algunas calificantes especiales, pero es interesante, valorable y destacable que se está sancionando algo que hasta el día de hoy no se sanciona.

Además, se señala que se procederá siempre a la expulsión del extranjero del territorio nacional una vez cumplida la pena.

Entiendo que la expulsión se hará efectiva incluso en los casos de pena remitida. Como sabemos quienes entendemos un poco del sistema de derecho penal, la pena de presidio menor en su grado mínimo es tan baja que termina siendo remitida, es decir, no se cumple pena efectiva en la cárcel. En esos casos las personas van a ser expulsadas inmediatamente del país. Eso está esperando la ciudadanía. Eso viene demandando la ciudadanía desde hace mucho tiempo, porque no puede ser que en nuestro país sea absolutamente gratis entrar por la ventana, desaparecerse del Estado, circular como Pedro por su casa y aprovecharse además de un montón de beneficios sociales que entrega el Estado de Chile, ya que estas personas son calificadas con una nota de vulnerabilidad mayor que la de los chilenos más pobres que tenemos en nuestro país, lo que significa acceso prioritario a la salud, a la educación para sus hijos, a las salas cuna, a los jardines infantiles, etcétera.

En verdad, es vergonzosa la forma en que el Estado de Chile está tratando a los chilenos más pobres, producto de esta inmigración descontrolada. Lo único que hemos estado haciendo es importar pobreza. Esa es la lamentable realidad.

Evidentemente, tenemos problemas en nuestro país, pero la realidad en los barrios de Latinoamérica, especialmente de los países que han estado bajo el yugo de dictaduras comunistas y gobiernos populistas de izquierda, es que las condiciones de pobreza y vulnerabilidad son tan abismantes que, cuando esas personas llegan a Chile, quedan en la indefensión más tremenda.

Pero eso no puede ser una justificación para que estemos destinando miles de millones de pesos a entregar una atención a personas que entran a nuestro país en forma completamente irregular y dejando en la desprotección y en el abandono total a chilenos que necesitan de ese gasto público, de ese apoyo por parte del Estado, especialmente en lo que tiene que ver con la atención de salud y con el acceso a la educación, a las salas cuna y a los jardines infantiles.

Si hacemos aquello, nos estamos disparando en los pies, nos estamos dañando a nosotros mismos y estamos haciendo mucho más difícil ese camino a la superación de la pobreza, que todos aquí decimos defender.

Los discursos pueden ser importantes, pero debemos reflejar nuestro compromiso con acciones concretas, y la acción más concreta y decidida que podemos tomar en este momento es cortar el grifo a la importación de pobreza que viene haciendo nuestro país desde hace mucho tiempo.

Ya tenemos suficiente trabajo con la pobreza que debemos enfrentar y superar de los chilenos que viven en esa condición. No podemos permitirnos aumentar esa situación con gente extranjera que hoy no está en condiciones de aportar al desarrollo del país.

He dicho.

La señorita AHUMADA (doña Yovana) .-

Señor Presidente, hoy nos corresponde discutir este proyecto de ley, que es necesario para enfrentar la migración irregular y a todos aquellos que han ingresado a nuestro país en esa forma, porque no conocemos quiénes son, dónde están ni tampoco qué hacen.

Hoy nos damos cuenta de que la inseguridad se ha tomado los espacios en nuestro país, sobre todo en la Región de Antofagasta, donde además hemos tenido un flujo permanente de ingresos ilegales. Insisto en que no conocemos quiénes son. Lo peor es que hoy las bandas del crimen organizado que están instaladas en nuestra región no solo afectan a nuestros vecinos y vecinas, sino que también están manejando las cárceles, con aquellos reclusos que están en las cárceles de Calama, de Antofagasta y de toda nuestra región.

Si a este tema no le ponemos la urgencia que corresponde, si no aplicamos esta norma, si no corremos, no podremos solucionar el problema de seguridad. Si bien vemos al Ejecutivo hablando de seguridad, lamentablemente no lo vemos corriendo ni colocando la urgencia en la seguridad de los vecinos y vecinas de nuestro país, sobre todo de la Región de Antofagasta.

Este proyecto tiene algo muy importante, que es el criterio Valencia , que establece que aquella persona que no conocemos, que no sabemos quién es, porque no tenemos sus antecedentes, debe quedar retenida, no como se había estado haciendo hasta hace algún tiempo.

En este punto voy a hacer alusión a la ministra Camila Vallejo , quien dijo en su minuto que le habían entregado el país patas para arriba y que había una crisis. Harto tiempo se demoró en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque desde que llegó este gobierno estamos viviendo una crisis en la Región de Antofagasta y en la macrozona norte, y no se ha detenido.

Hoy vemos homicidios y asesinatos. Uno entiende que no se quiera mostrar la realidad de manera pública a través de los medios de comunicación, pero esto ya dejó de ser una sensación. Es una realidad que estamos viviendo en el norte. Por consiguiente, estamos pidiendo que se nos escuche y que también se nos proteja. Es nuestro derecho y una obligación del Estado, que hoy no ha dado el ancho.

Estamos llegando tarde. ¿Cuándo vamos a ser capaces de prevenir y no de reaccionar? Aquí está en juego la vida de cada uno de nosotros. Lo peor es que hemos visto cómo las bandas del crimen organizado han asesinado a niños. ¡Eso es lo grave! Seguimos agudizando la situación.

Entonces, necesitamos acciones reales y concretas. Este proyecto, como muchos otros, debiera tener el apoyo del Ejecutivo. Lo digo porque aquí se está trabajando, pero sin la urgencia y sin el apoyo del Ejecutivo. Eso también se tiene que saber. Este proyecto nunca fue priorizado.

Por eso, hago un llamado al Ejecutivo para que deje de decir cosas que suenan muy bonitas, como la protección de la infraestructura crítica en las fronteras, en circunstancias de que ni siquiera nació de este gobierno colocar la infraestructura crítica con la protección de las fronteras. Eso fue posible porque los diputados del norte pedimos estado de excepción constitucional cuando estábamos en crisis, y seguimos en crisis.

Espero que se tome conciencia de la realidad. Acá no se trata de izquierdas y de derechas, sino de la situación crítica que estamos viviendo como país, sobre todo en nuestra región.

Por eso, anuncio que voy a aprobar este proyecto y todos los que vengan respecto de esta materia, porque aquí no se trata de discriminar a las personas migrantes que vienen a trabajar y a ser un aporte a nuestro país. Hay muchas que, por supuesto, son destacables, pero tampoco podemos colocar en primer lugar a aquellos migrantes irregulares y dejar en el olvido a aquellos migrantes que ingresaron al país por la vía correcta, pero que todavía no pueden regularizar su documentación.

Sin embargo, damos perdonazos a los últimos que llegaron, en circunstancias de que ni siquiera sabemos quiénes son.

Entonces, seamos honestos. Hagamos las cosas de manera correcta. Tenemos una crisis político-social, una crisis en materia de vivienda, una crisis en materia de salud y una crisis en materia de educación en nuestra región y en el país. Sin embargo, estamos dejando a los últimos primero y a los chilenos al final de la fila. Eso es injusto. Si no están convencidos de ello, pregúntenles a las mamás que van a buscar un cupo en los jardines en donde los chilenos no tienen cupos. Esto lo sabía el ministro de Educación en su minuto.

Espero que haya apoyo y que avancemos, dejando a un lado las peleas y las trincheras, y pensando en el bien de la mayoría de los chilenos, no en el de unos pocos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señor Presidente, finalmente, hoy se va a corregir una brutalidad, un crimen, porque esos son los únicos conceptos para calificar lo que hizo el entonces Presidente Piñera , cuando sacó su famosa ley de migración y extranjería, estableciendo que el ingreso ilegal a Chile no iba a ser un delito, sobre la base de las doctrinas “derechohumanistas” que señalan que el mundo es abierto y cada persona tiene derecho a circular libremente y a elegir el país que más le guste para asentarse a vivir, lo cual es totalmente falso, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de 1948, no establece el ingreso a un país como un derecho humano, sino solo la salida.

Dicha ley, además de contener esa brutalidad que acabo de mencionar, establece en artículos anteriores que el Estado de Chile debe satisfacer las necesidades y derechos sociales de los migrantes hasta el máximo de los recursos públicos existentes y factibles. Además, le entrega al inmigrante ilegal -no solo al regular, sino también al ilegal los mismos derechos en salud y en educación pública que a los chilenos.

Las bienaventuranzas de Jesucristo en el monte de los Olivos deberían tener una nueva estrofa: “Bienaventurados los que vienen de otro país, porque de ellos serán los beneficios”.

¡No, señores! Chile es de los chilenos, y el Estado de Chile no tiene ningún deber de otorgar al inmigrante aquellos derechos que su propio país fue incapaz de darle. Chile no es el Hogar de Cristo de Latinoamérica, y el inmigrante que entre en forma ilegal a Chile, que vaya a la cárcel, como siempre debió ser, no como el criminal de Piñera estableció durante algunos años en su ley criminal.

(Aplausos)

Basta con que el inmigrante ponga un pie en Chile para que inmediatamente empiece a gritar que se le deben derechos. ¡No, no se le debe nada! El Estado de Chile no le debe nada al inmigrante, absolutamente nada; que vaya a pedir a su propio país.

Entiendan de una vez por todas que Chile no les debe nada; son ustedes los que necesitan a Chile, no es Chile el que necesita a los inmigrantes, y tampoco existe en ninguna parte, ni en ningún tratado internacional, el derecho a exigir en país ajeno.

Basta ya de decirles a los chilenos que el ingreso a Chile o a cualquier otro país es un derecho humano, porque no lo es. ¡No lo es!

No solo debemos partir por aquí; debemos terminar con los derechos que la ley criminal de Piñera les entrega a los inmigrantes. Los recursos de los chilenos son para los chilenos, son para la gente de este país. Ese es el crimen final, una ley que castiga a los chilenos y los trata como extranjeros en su propio país, mientras el que viene desde fuera es recibido con los brazos abiertos.

Reitero: basta con que pongan un pie en Chile para que inmediatamente el Estado les entregue derechos, y muchos de ellos empiecen a exigir derechos.

Votaré a favor de este proyecto de ley, porque está bien que, de una vez por todas, el que se mete por la ventana en lugar de entrar por la puerta no vaya a otro lugar que no sea la cárcel.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

La Mesa hace llegar un saludo a una delegación de la fundación Lonquén Solidario que se encuentra en las tribunas, que fue invitada a asistir a esta sesión por la diputada Marisela Santibáñez .

Sean bienvenidos y bienvenidas.

-Aplausos.

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, somos 36 diputados quienes estamos presentes en la Sala. Me habría encantado que estuvieran todos para que saludaran a las tías y a los tíos de Lonquén que están en las tribunas.

Ya están sonando las alarmas. Uno hace el esfuerzo para traer a la ciudadanía, a la gente, pero, lamentablemente, no hay quorum. Tenemos 37 diputados presentes, de 154 en ejercicio.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, la crisis de seguridad que estamos viviendo no tiene precedentes en la historia de nuestro país.

Lamentablemente, en la actualidad la inmigración ha pasado de ser un aporte cultural, que contribuía al desarrollo y al crecimiento de nuestro país, a tener una relación directa con el aumento de la criminalidad, como consecuencia de la inmigración clandestina, que ha atraído a personas con registros criminales que vienen huyendo de la justicia de sus países de origen, para seguir delinquiendo en el nuestro.

Los secuestros, el sicariato, el narcotráfico y otros ilícitos, como la trata de personas para el comercio sexual, claramente están ligados a la inmigración clandestina.

Por lo tanto, es crucial que tomemos conciencia y entendamos que, al concebir la inmigración clandestina como un delito, no estamos vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos, ya que este proyecto de ley no dice relación con la protección a aquellas personas cuya vida es amenazada en el país del cual sale, como es el caso de los refugiados, sino que sanciona la inmigración clandestina que está llegando a Chile, y que se vincula en gran medida con las organizaciones delictivas que se están instalando en nuestro país.

Por lo tanto, consagrar la reconducción inmediata en el caso de flagrancia, la expulsión, la privación de libertad y la prisión preventiva cuando sea necesario, además de multas en los casos que corresponda, va en la línea correcta.

Es hora de que dejemos de proteger la delincuencia y la criminalidad internacional bajo el argumento de los derechos humanos mal concebidos, y empecemos a cumplir con nuestro deber de Estado, que es proteger la vida de las personas inocentes de nuestro país.

Apoyo el presente proyecto en todas sus partes.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley es lo que la ciudadanía espera. Cuando hablamos de inmigrantes que ingresan clandestinamente a nuestro territorio, vemos que ya tenemos esa experiencia, fundamentalmente en nuestro querido norte de Chile, y no solo en un paso fronterizo, sino que en muchos otros pasos ingresan clandestinamente.

Cuando un extranjero ha venido a contribuir a este país, se le han abierto las puertas porque ha entrado por la puerta ancha, no por esa ventana cerrada. Cuando hemos tenido la experiencia del ingreso clandestino, ahí tenemos bandas organizadas, como el Tren de Aragua y otras que están trabajando en la oscuridad.

Son proyectos que nos hacen sentido, porque la única manera de proteger a nuestra ciudadanía es entregar penas efectivas y drásticas, para que, cuando quieran ingresar clandestinamente a nuestro país, lo piensen dos o tres veces.

Cuando hemos analizado lo que pasaba hace 10 o 15 años en nuestro Chile, especialmente en nuestras fronteras, nos hemos dado cuenta de que esto no se veía.

Este fenómeno se empezó a desarrollar paulatinamente a raíz de ciertas invitaciones a nuestro país, sin considerar el efecto grave que estamos pasando hoy, porque una cosa es el ingreso clandestino, pero luego el problema aumenta con los delitos, una vez que esas personas se van insertando en cada una de las comunas de nuestro territorio.

Debemos trabajar sobre la base de leyes que sean efectivamente condenatorias, para que empiecen a entregar la paz que necesitan nuestros habitantes.

Reitero que, en la medida en que ingresan por esos pasos clandestinos, principalmente en el norte, de alguna manera llegan también a la zona central y hasta el sur.

Por eso, no basta solo con este proyecto, sino que debemos tomar medidas mucho más estrictas, no solo en los controles fronterizos, sino también una vez que hayan ingresado a nuestro país.

Lo he dicho muchas veces: tenemos retenes y peajes en las carreteras, pero tales rutas no están custodiadas para controlar a esta gente que ha ingresado a nuestro país.

Entonces, una cosa es tener esta ley y restringir más los pasos, pero ¿cómo los captamos después si no tenemos controles en las carreteras ni tenemos aún la tecnología de drones, de cámaras, ni efectivos policiales que resguarden las vías y controlen a quienes han ingresado clandestinamente a nuestro país? No sacamos nada con tener leyes castigadoras, leyes ejemplares, si no capturamos a estas personas que solo vienen a cometer delitos.

También quiero hacer presente, porque creo que es necesario, que no hay que poner en el mismo saco a todos los extranjeros que han ingresado al país. Nos pasó como experiencia que hace más de una semana en Copiapó hubo un incendio de un inmueble en el que habitaban siete familias extranjeras. Todas ellas eran gente de trabajo. El castigo para ellas fue que la gente decía que en ese inmueble vivían delincuentes; sin embargo, vivían niños chicos.

Por eso, hago un llamado a distinguir entre los que ingresan clandestinamente, los que son delincuentes, los que son narcotraficantes o los que están en bandas organizadas versus aquellas personas que han visto en nuestro país una ventana que permitirá dar tranquilidad a sus familias. Hay muchos extranjeros que sí han contribuido y que siguen contribuyendo por el bien de nuestra sociedad.

He dicho.

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señor Presidente, todos sabemos de la grave crisis de migración que tenemos, sobre todo de la migración ilegal que nos afecta a todos y todas en nuestro país. Es un problema que ya no puede esperar ni un minuto más.

Sabemos que Chile es un país que ha recibido históricamente a personas de diversas partes del mundo, que han aportado con su trabajo, su cultura y su solidaridad al desarrollo de nuestra patria. Reconocemos y valoramos enormemente la presencia de personas que vienen de diferentes países y culturas como una riqueza y una oportunidad para crecer juntos. Sin embargo, también sabemos que hay personas que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de muchos migrantes, a quienes, aun antes de llegar a nuestro país, someten a condiciones de explotación, abuso y violencia. Estas personas, que se dedican a la trata de personas, al narcotráfico y a otros delitos, ponen en riesgo la seguridad nacional y también la convivencia pacífica que hoy tenemos. Además, atentan contra la dignidad y los derechos humanos de los propios migrantes, que arriesgan la vida para cruzar la frontera por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio, que es una de las conductas que hoy queremos que se regulen a través de este proyecto de ley.

Por eso, tenemos la responsabilidad de legislar para proteger a nuestra nación y a los migrantes que quieren integrarse a nuestra sociedad. Debemos aprobar rápido este proyecto de ley, que modifica la Ley de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

Con esta iniciativa buscamos desincentivar el ingreso irregular de personas extranjeras a nuestro país, por la vía de sancionar penalmente a quienes lo hagan por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio, y de proceder a su expulsión una vez cumplida esa pena.

Así también podremos combatir más eficazmente a las redes criminales que se lucran con el sufrimiento de los migrantes y que amenazan nuestra soberanía y nuestro orden público, que es el grave problema que tenemos.

Pero no nos quedamos solo en el castigo; también queremos facilitar la regularización y la integración de los migrantes que cumplen con todos los requisitos legales para ingresar y residir en nuestro país y que respetan nuestras leyes y nuestras costumbres.

Por eso, el proyecto de ley establece excepciones para los casos de personas que reúnan las condiciones para ser reconocidas como refugiados en nuestro país, o que sean niños, niñas y adolescentes o ciudadanos directos.

En todos los casos se intentará siempre la medida de la reconducción o devolución inmediata, y, si ello no fuere posible, se pondrá al infractor a disposición del tribunal respectivo.

De esta manera, garantizamos el derecho de asilo y la protección de la infancia, que son principios fundamentales de nuestra Constitución y también de los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito.

Desde el Partido Social Cristiano apoyamos esta iniciativa de ley que busca, en cierta manera, fortalecer nuestra seguridad nacional y la de los propios migrantes. No se trata de cerrar las puertas a quienes vienen a aportar a nuestro país, sino de regular la migración de una manera más ordenada, segura y también de una manera más humana.

Solo así podremos, de alguna forma, contribuir a que tengamos un Chile mucho más justo, más acogedor, seguro y más próspero para todos los que somos de nacionalidad chilena, pero también para aquellos que vienen a hacer un aporte positivo desde otros países.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto de ley pretende reformar la Ley de Migración y Extranjería con el fin de consagrar el ingreso clandestino al territorio nacional como un delito en nuestra legislación, lo cual hoy en día parece ser la solución disponible para enfrentar la crisis migratoria. Es así que estamos empeñados en ejercer algunas medidas en forma urgente, las que deben ser más duras y capaces de terminar con el desastre que ha dejado el ingreso clandestino de extranjeros a Chile durante el último tiempo.

No es posible que el ingreso clandestino sea considerado una mera falta administrativa y que las policías y el Servicio Nacional de Migraciones no puedan actuar de manera eficiente al no contar con las facultades suficientes.

Espero que todos podamos entender la magnitud de los problemas que ha traído el ingreso de extranjeros a nuestro país por pasos no habilitados, y que una de las soluciones que hoy parece funcional y plausible es tipificar esa conducta como delito.

He dicho.

El señor LEE .-

Señor Presidente, tipificar como delito el ingreso clandestino a nuestro país es una reacción tardía, pero correcta; a mi juicio, todavía es insuficiente. Es una reacción a un problema que afecta a todo Chile, pero los primeros territorios en sufrirlo fueron las regiones del norte: Arica y Parinacota , Tarapacá , Antofagasta , donde los instrumentos que miden la sensación de inseguridad sitúan a Arica, Iquique y Antofagasta en los primeros lugares, como también estuvieron en los primeros lugares en los indicadores de hechos de violencia. Sin embargo, este gobierno debutó retirando el estado de emergencia en la macrozona norte sin fundamento alguno, más que uno solo. Hoy, tiempo después, terminó reconociéndolo. Ellos romantizaron la inmigración descontrolada. Recuerdo muy bien ese hecho, porque muchas autoridades políticas locales irresponsables declaraban que había cierta seguridad en los ciudadanos del norte al circular por sus calles y por el centro de sus ciudades. Grave error. Se equivocaron cuando decían que migración no era sinónimo de delincuencia ni de crimen, porque el descontrol migratorio claramente está asociado al aumento de tasas de delito de diversa índole.

Muchos globalistas hablaron de derechos humanos olvidando los derechos de los chilenos, como asimismo los derechos de los propios extranjeros asentados en Chile, pues son ellos, los extranjeros, las primeras víctimas de la extorsión, de la violencia y de los homicidios.

Pero seamos sinceros: este proyecto nace en el Congreso Nacional sin el real apoyo ni voluntad del gobierno. Así no servirá de mucho. No puede ser que hasta ahora la principal política que detuvo en parte la migración fue un criterio, el criterio del fiscal nacional, conocido como “criterio Valencia”, que realmente ocasionó un momentáneo freno al descontrol migratorio.

Voy a votar a favor esta iniciativa legislativa, pero, sobre todo, voy a fiscalizar su cumplimiento por la seguridad de Chile, por la seguridad de todos y para corregir el grave error que cometió el Estado chileno de haber abandonado el norte de Chile.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, queremos que la migración sea regular y ordenada, no perjudicar a quienes vienen a nuestro país en busca de oportunidades y que cumplen con todos los trámites y requisitos exigidos. Con esta iniciativa queremos perseguir, con el máximo rigor de la ley, a quienes intentan burlar nuestra institucionalidad y debilitar nuestras fronteras para cometer delitos graves y convertir a nuestro país en un foco de bandas criminales internacionales.

Por lo tanto, llamo a ser categóricos en dar una señal clara y contundente a todos los chilenos, quienes nos miran con el anhelo político de que nos hagamos cargo de esta crisis.

Es bueno recordar que el problema de la migración viene desde los tiempos de la Presidenta Bachelet , pero también es justo decir que se acrecentó en el gobierno anterior. Así que no le echemos toda la culpa al gobierno actual, que de alguna manera se ha tenido que contradecir de lo que quienes lo integran decían en el pasado, para tratar de regular de una mejor forma esta crisis que se ha descontrolado. Ello ha originado que si bien para los chilenos el acceso a derechos básicos como la salud y la vivienda siempre han sido una problemática, ahora, al sumar la cantidad de migrantes que han llegado a nuestro país, obviamente, aquello se ha hecho cada vez más difícil, porque ha significado un costo para todos: para el Estado y para todos los chilenos.

Como bien se ha dicho, así como fue en el pasado, hoy muchos migrantes están contribuyendo al desarrollo de nuestro país y cumpliendo las leyes. Creo que la clave para solucionar el problema con los migrantes, principalmente de Venezuela, es que en ese país haya democracia y libertad, porque hoy está ante una dictadura. Uno de los países más ricos de América Latina está en un caos económico terrible.

Sin embargo, también es importante que los países que tienen un bloqueo contra ese país flexibilicen sus políticas, exigiéndole que haya mayores libertades, democracia y elecciones libres. Creo que esa es la solución: que Venezuela vuelva a ser lo que era antes, para que no siga sucediendo lo que está pasando hoy, cual es que personas escapan de esa dictadura, porque pasan hambre, y vienen a países como el nuestro, donde sus instituciones están presentes. Eso es lo importante.

Siempre he pensado que la solución es que se flexibilicen los bloqueos que hay contra Venezuela, para terminar con esta migración tan grande, más o menos de seis o siete millones de personas, que han tenido que abandonar su país por hambre, quienes han venido a nuestro país porque tenemos instituciones importantes. Eso es lo que ocurre. ¡La verdad duele muchas veces!

Por eso, voy a votar a favor este proyecto, aunque, como dijo un colega que me antecedió en el uso de la palabra, establece sanciones bajas. No obstante, es algo para empezar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, la verdad no tenía considerado intervenir en el debate, pero lo que me motivó a plantear mis pensamientos delante de ustedes es simplemente lo que he escuchado durante la discusión del proyecto. Como en la interpretación de la ley siempre es muy importante conocer la historia fidedigna del establecimiento de la ley, no me gustaría dejar algunas cuestiones sin decir, por lo menos para cuando vuelva un poco la cordura y volvamos a pensar con un sentido más humano, más razonable.

Salgamos de esta encrucijada en que nos encontramos en este tiempo, que a veces nos lleva a cierto grado de populismo; que se sepa que este diputado estuvo en desacuerdo con algunas de las palabras que se emplearon acá.

Quiero señalarlo, estimados diputados, porque no es popular hablar de los derechos de los inmigrantes, como si los inmigrantes no fueran seres humanos. Escuché recién decir a un diputado, con gran soltura, que la Declaración de los Derechos Humanos no se refería al tema de que los seres humanos tenían que ser vistos desde la perspectiva de cada nación. Los derechos humanos son universales. Así está establecido en la declaración del 10 de diciembre de 1948, y eso no es porque sí. Es más, ha sido incorporado en el ordenamiento de todos los países, que muchas veces también han recibido a chilenos.

Esto no se trata de romantizar la inmigración. Por supuesto que no se trata tampoco de que esta se haga de manera desordenada, sino simplemente de volver a la racionalidad en materia de preceptos que hoy, insisto, pueden ser contramayoritarios, pueden ser impopulares, pero que tienen que ver, estimadas y estimados colegas, con los derechos humanos. Los extranjeros también tienen derechos humanos; nunca nos olvidemos de eso.

No dejaremos entrar a aquellos que no corresponda. Lo haremos de manera controlada, lo haremos de manera ordenada, pero nunca me gustaría dejar de decir que los derechos humanos son universales. No porque lo diga yo, es porque lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948.

Además, no hay que olvidar que los grandes constructores de este país, de nuestro ordenamiento jurídico, de la institucionalidad en nuestro país, también fueron inmigrantes. A propósito de lo que escuché recién, el más grande exponente de la legislación, cuya obra aún nos rige, es el redactor del Código Civil, don Andrés Bello , venezolano que fue creador y rector de la Universidad de Chile.

Aun más, queridos colegas, veo el apellido de ustedes y casi todos tienen apellido extranjero. Entonces, seamos ordenados, seamos razonables. Tenemos que vincular el tema de la inmigración con las nuevas lógicas que ofrece la globalización, y lo tenemos que hacer como corresponde. Pero nunca olvidemos que las leyes siempre tienen que prevalecer, pero por sobre todas las cosas los derechos fundamentales, sin importar raza, nación, edad, sexo o condición. No lo digo yo, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, quiero señalar que coincido con el diputado que me antecedió en el uso de la palabra en que Chile fue construido en gran medida por personas de nacionalidad extranjera; pero, paradójicamente, hoy tenemos un serio problema con la migración descontrolada. No hay que meterlos a todos en el mismo saco. Aquí está esa persona que entró a tu casa por distintos motivos, pero no por la puerta, sino que saltó la reja.

Tenemos un grave problema migratorio que ocurre no solo en Chile, sino también en Centroamérica, y estamos viendo las repercusiones en los distintos países a partir de cómo están reaccionando. Argentina quiere conversar con nosotros; Perú está viendo lo que hace; para qué decir Ecuador . Pero está repercutiendo seriamente en Chile, como todos sabemos, ya que tenemos muchísimos ingresos clandestinos, que han ido aumentando en el último tiempo, y como son clandestinos tampoco sabemos cuál es la cifra exacta.

Efectivamente, algunos se autodenuncian, pero no es la totalidad, porque tenemos muchas personas que, supuestamente, son criminales -lo que en algún minuto se denominó como “personas fantasmas”que entran al país y parece que no tuvieran historia, que no tuvieran vida hacia atrás. Es un fenómeno que hoy día está facilitando el tráfico, la trata de personas, incluso de niños, por lo que no resulta asombroso que las principales organizaciones criminales transfronterizas de Sudamérica ya estén operando en Chile. Todos sabemos que en Chile están el Tren de Aragua, el Cartel de Cali o Los Pulpos, que son algunas de las bandas criminales que nuestras autoridades están tratando de desarticular. No sabemos con cuánto éxito, pero claramente los esfuerzos se están haciendo. En el fondo, aprovechándose de esta inmigración irregular, las bandas de crimen organizado están haciendo lo que se les ocurre en nuestro país.

Por lo mismo, necesitamos con urgencia abordar el problema también desde la óptica penal. No es lo ideal, pero estamos en una situación de inseguridad y de delincuencia en nuestro país que, si bien no se le puede atribuir completamente a ello, claramente, estos carteles están cambiando la cultura de las personas que normalmente delinquían en Chile.

Sabemos que los órganos administrativos no son suficientes; de hecho, todos sabemos que el Servicio Nacional de Migraciones está saturado y las expulsiones prácticamente no se materializan. Las cifras indican que son muchísimas las personas que están listas para ser reconducidas a sus países de origen, pero por distintos motivos no se ha podido hacer. El resguardo militar de la frontera no ha hecho aquello a lo que tanto aspirábamos: que disminuyeran drásticamente los ingresos clandestinos. No ha podido hacerlo porque no tiene las herramientas necesarias.

De allí que tipificar como delito esta conducta me parece coherente, ya que, en buen chileno, no es bienvenido quien entra por la ventana y, además, viene a delinquir, afectando a todo Chile, pero en forma especial a los ciudadanos más vulnerables. La iniciativa plantea una regulación especial para hacernos cargo de esta situación, y me parece muy importante.

En síntesis -no voy a detallar lo que dice el proyecto, porque todos lo conocemos-, necesitamos incluir en nuestra legislación penal el declarar como delito el entrar irregularmente a nuestro país -no me parece una locura, porque cuando uno se lo explica a la gente, lo entiendenpara favorecer la actuación de las policías y de los militares que resguardan nuestra frontera. Es una medida que permitirá identificar de mejor manera quién ingresa a Chile, cuáles son sus antecedentes penales y evitar a toda costa el ingreso de personas que vienen a hacer el mal a nuestro país.

Es una herramienta más que va a ser usada por los controles fronterizos de buena forma para que no tengamos más personas fantasmas, personas sin pasado, que vulneran, día a día, nuestro territorio, perjudicando a nuestros compatriotas y cambiando nuestra cultura.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señor Presidente, creo que los autores de este proyecto son los mismos que creen que cancelando la actuación de Peso Pluma en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vamos a ganar la batalla contra el narcotráfico. Es totalmente ridículo, no tiene ningún sentido y eso hay que ponerlo en perspectiva en base a dos argumentos que he escuchado en la Sala.

Primero, desde el punto de vista de los recursos, mucho se habla de los recursos, de que los migrantes utilizan los recursos del Estado de distintas formas. Pregunto: ¿ustedes creen que generando prisión efectiva y prisión preventiva a cada migrante que entre por la frontera no va a pasar lo mismo?

Actualmente, tenemos una sobrepoblación penal y el costo de cada persona en prisión preventiva o condenada es de 920.000 pesos. Y lo que buscan los autores de este proyecto es llenar las cárceles con los migrantes que ingresan de forma irregular al país. O sea, desde el punto de vista económico, no tiene ningún sentido, salvo que estén de acuerdo con los dueños de las cárceles concesionadas, que también puede ser posible. Sería bueno transparentar el debate.

Entonces, si hablamos de costos, este proyecto genera mayores costos que agilizar las medidas administrativas que ha ido tomando el Estado para lograr las reconducciones o las expulsiones vía administrativa. Ese primer punto es esencial.

Segundo, hay que hacerse cargo del problema de manera integral y no para el panfleteo. Yo vengo de la Región de Tarapacá, fui concejal de la comuna de Iquique cuando comenzó la situación migratoria y la respuesta del gobierno de turno, encabezado por Sebastián Piñera , era señalar que no había ningún problema. Es más, el entonces intendente, señor Miguel Ángel Quezada , comentaba en los medios nacionales: “El Plan Colchane, desde que lo he implementado, ha sido exitoso. El plan está funcionando, está activo. Hoy día no hay personas, como se ha querido mostrar, que se estén quedando o haciendo algún destrozo”. Esa declaración fue realizada en 2020.

¡Tomémonos con seriedad el debate! Bueno, de Miguel Ángel Quezada no vamos a esperar nada, porque hoy está formalizado por fraude al fisco por haber hecho negocios con las cajas de alimentos durante la pandemia. Quizá, después, nos vamos a dar cuenta de que también tenía una red de coyotes para ingresar migrantes y así ganaba plata por todas partes. Dicho sea de paso, era militante de la UDI, para que se hagan cargo.

¿Hablemos de migración? Hagámoslo, pero no mezclemos su situación con la del crimen organizado, porque para algunos ahora todo es crimen organizado. ¿Queremos hablar de crimen organizado? Levantemos el secreto bancario, avancemos en modificar la Unidad de Análisis Financiero para que tenga mayores recursos y competencias, empecemos a mejorar la investigación en delitos de carácter económico. Al gran crimen organizado esta ley le va a dar lo mismo, porque no vamos a lograr nada.

Por consiguiente, junto con considerar lo que señalaron los diputados respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos -el diputado Venegas se hizo cargo de esa parte nos damos cuenta de que, estructuralmente, este proyecto no sirve de nada, es solamente un panfleteo para hacerse cargo de una situación.

Ahora bien, los invito a visitar el norte de Chile, donde siguen existiendo situaciones de criminalidad y van a seguir existiendo, porque el narcotráfico no llegó con los migrantes, venía de mucho antes. Los invito a comprobar si aún existen playas tomadas, si las plazas están convertidas en campamentos. Esas imágenes ya no se ven, porque se han tomado decisiones desde lo administrativo que han conducido a encontrar soluciones.

Eso debe ser parte de este debate, pero, lamentablemente, no es así. Sin duda, van a seguir con este panfleteo, que, en definitiva, no va a solucionar la situación migratoria, y lo único que va a generar son grandes utilidades para los dueños de las cárceles de Chile.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, al escuchar atentamente las intervenciones de algunos colegas parlamentarios, me llama mucho la atención cuando se empieza a decir que los migrantes tienen que hacer cosas en sus países, que se queden allá. Lo encuentro supergrave.

Chile es un país de extranjeros, de migrantes, empezando por los españoles que llegaron al país; también tenemos la inmigración alemana, que impulsó el desarrollo del sur, etcétera. La gran mayoría de los parlamentarios de esta Cámara, y que hacen un aporte al país, tienen apellidos extranjeros, tienen familiares en otros países. Mi abuelo era chino, y estoy muy orgulloso de que él haya migrado a Chile. Ingresó por el norte y aquí sus descendientes estamos aportando al país, lo cual nos da mucho orgullo.

(Aplausos)

Cuando hablamos de inmigración, hay que diferenciar aquella que se hace de buena forma. Chile necesita inmigrantes, necesita la savia nueva que proporcionan los extranjeros, el aporte que pueden hacer al país. El problema es que somos testigos de una gran cantidad de extranjeros que han ingresado a nuestro país de manera ilegal por pasos no habilitados y que evaden el control migratorio. Ese es el problema.

Muchos de estos ciudadanos extranjeros, encontrándose en una situación ilegal en nuestro país, han sido protagonistas de delitos de diversa magnitud, como los que, por ejemplo, atacaron a Carabineros en Puerto Montt y dejaron a varios funcionarios policiales con lesiones de diversa gravedad, o como el asesinato del suboficial Daniel Palma , cometido por personas que están en Chile en calidad de ilegales y que han estado involucrados en asaltos y robos de extrema violencia en todo el país. En mi región, las comunas de Frutillar, Osorno y Puerto Varas, tampoco han estado ajenas a esta situación.

En todos estos casos hay un denominador común: son personas que están de forma ilegal en Chile y solo han venido a delinquir, algunos de los cuales pertenecen a bandas de crimen organizado que, incluso, operan desde el extranjero. Todo esto nos lleva a tener un sentido de urgencia para modificar la legislación vigente respecto de la tipificación del delito de ingreso clandestino a nuestro territorio nacional.

Es por ello que este proyecto, al tipificar como delito la conducta de ingreso clandestino, permite la detención de las personas que incurran en esta conducta, lo que actualmente no es posible al ser considerada una mera falta administrativa.

Como se sabe, el número de ingresos por pasos no habilitados es muy superior a las expulsiones judiciales y administrativas llevadas a cabo por el gobierno, razón por la cual tipificar esa conducta como delito obliga a agilizar las expulsiones y descomprimir el sistema.

Por ejemplo, se elimina la dificultad que se genera ante la necesidad de notificar al extranjero cuyo domicilio se desconoce, ya que se procede de forma inmediata a su expulsión.

Apoyo esta iniciativa, pues de alguna manera tenemos que combatir la inmigración y todo lo que significa para nuestro país.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, soy uno de los autores del proyecto. Si uno examina las cifras, desde que la migración ilegal dejó de ser delito hemos tenido la mayor cantidad de ingresos ilegales en la historia de nuestro país. Antiguamente, la legislación no se aplicaba, principalmente, porque estaba regulada en un decreto ley. Hoy, se establece un procedimiento no tanto en la dirección de que quienes ingresan de manera irregular vayan a la cárcel, sino que sean expulsados rápidamente. Cuando se entrega la primera facultad a los gobiernos de turno empiezan los problemas, empiezan las dificultades administrativas, muchas veces acompañadas por sesgos políticos e ideológicos.

Hay que recordar el comportamiento durante la legislatura anterior de quienes hoy son gobierno. A esas personas les interesaba detener las expulsiones, detener los aviones con expulsados, para lo cual concurrían al Tribunal Constitucional. Querían que los ilegales tuvieran viviendas desde el día uno; querían que los regularizaran a todos; querían empadronamiento biométrico. 164.000 personas ingresaron de manera ilegal al país. Parte de eso se asocia con el crimen organizado y la importación de delitos.

Si alguien ingresa a la casa de alguien por la ventana o la puerta, sin que se encuentren los moradores, eso en cualquier país del mundo es un delito; en cambio, ingresar a Chile por las fronteras de manera ilegal es una falta administrativa. No hay ningún tipo de disuasivo para ingresar al país. No pasa nada si alguien ingresa a Chile y da un nombre falso, porque después de un tiempo la persona es regularizada. Preguntémosle a todos los formalizados del Tren de Aragua cómo ingresaron a Chile. Son todos ilegales, pero no los pillan por ser ilegales, sino porque cometen un delito, y cuando lo hacen ya es tarde. En muchos países del mundo se está avanzando en esta materia. Hace pocos días, Francia endureció sus normas de migración y penalizó también la migración ilegal. También lo han hecho Japón , Australia e Italia. O sea, no es algo desconocido en el mundo.

En estos dos últimos años, según cifras de la PDI, hemos tenido más de 90.000 ingresos ilegales. Este año -el subsecretario lo decía con mucho orgullo han sido expulsadas administrativamente un poquito más de 300 de las 44.000 personas que ingresaron a Chile.

Señor Presidente, eso es inaceptable por dónde se lo mire. Es inaceptable para la mayoría, que ve cómo el país se satura y se empobrece. Muchos migrantes regulares que -hay que decirlo son un tremendo aporte, así como chilenos residentes, no solo no tienen acceso a servicios básicos o servicios públicos, sino que ven cómo el país se desborda y el privilegio y la prioridad la tienen los irregulares, los ilegales.

Ni hablar de los que vienen a cometer delitos en nuestro país. En las cárceles chilenas ya tenemos más de 7.000 extranjeros, la mayoría, por cierto, sujetos ilegales que han cometido delitos y por los cuales han sido condenados. El porcentaje de encarcelados extranjeros subió al 14 por ciento y en las cárceles del norte ya sobrepasa el 50 por ciento. Mientras tanto, los migrantes pasan por las fronteras como Pedro por su casa.

Lo que busca este proyecto es algo muy simple: que se privilegie la reconducción, que haya un procedimiento expedito, procedimiento monitorio, suspensión condicional del procedimiento cuando proceda, para que haya un reconocimiento de los hechos e, inmediatamente, por orden judicial, se expulse.

En los hechos se ha demostrado que son mucho más rápidas las expulsiones judiciales, porque hay un mandato judicial y porque se empadrona, se toman las huellas, se aplica el registro biométrico, se tiene la identidad de la persona.

El gran problema hoy es que muchas personas ingresan a cometer delitos. Cuando se les pregunta cómo se llaman, dicen cualquier nombre. Por esa razón, muchos de ellos quedan en libertad, en circunstancias de que son sicarios reconocidos en sus países de origen. Hace poco fue encontrado un ciudadano ecuatoriano buscado por la Interpol. Resultó que tenía una peluquería y era uno de los asesinos más buscados en su país. Esa es la impunidad que se vive a diario en Chile. Hay un cansancio generalizado en el país, pues este tipo de situaciones no tiene ninguna sanción, se normaliza y después se regulariza a los extranjeros.

Esto tiene indignado a gran parte del país, que debe convivir con el flagelo de la delincuencia, con los delitos tremendamente violentos y con la injusticia que existe en relación con quienes cumplen con las leyes versus quienes no las cumplen y el tratamiento que se les da a cada uno de ellos.

Señor Presidente, este es un proyecto que debería ser aprobado, con el fin de dar una señal clara al país de que quien ingresa por la ventana a nuestro país va a tener una sanción penal.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, sobre este tema hay muchas cosas que se podrían decir. Algunas ya las han dicho algunos colegas, pero hay otras que no se han dicho y se deberían decir.

Este proyecto busca convertir en delito algo que antes ya era delito: el ingreso ilegal a nuestro país. Hay quienes están en contra de esa idea y lo van a demostrar con su voto en un rato más. Me llama la atención que uno de sus argumentos sea que con esto se van a llenar las cárceles. Me parece más sorprendente aún que ese argumento venga de representantes de la zona norte, donde hay cárceles en que más de la mitad de los internos son extranjeros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué realidad viven?

Señor Presidente, la idea que hay detrás de este proyecto, el espíritu de este proyecto es justamente que no se llenen las cárceles; que ojalá se pueda llegar, como dijo el diputado Longton , a suspensiones condicionales; a que exista una efectiva reconducción. Uno no saca nada con vivir en una comuna fronteriza o en una región atestada y abrumada por la inmigración ilegal si no abre los ojos y mira a su alrededor.

Algunos también nos preguntaban si conocíamos la zona norte. Hace no mucho tiempo visité la zona norte, la ciudad de Arica, el complejo fronterizo de Chacalluta, la comisaría y las cárceles, donde uno ve que ya hay pabellones completos para extranjeros.

Entonces, les pediría un poquito más de sentido de realidad, que cuando vuelvan a sus distritos pregunten en la calle si la gente cree que debiese ser o no delito el ingreso ilegal a nuestro país. ¡Pregunten! ¡En las inauguraciones hacen fila para ir a cortar cintas, pero cuando deben dar explicaciones a la gente todos se esconden!

Señor Presidente, aquí vamos a ver efectivamente quién es quién, porque yo creo entender cuál es la razón de algunos de no querer que exista este delito. Ayer escuchábamos una exposición del Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre la política migratoria. Uno de los requisitos para regularizar a casi 160.000 extranjeros ilegales en nuestro país, que ya están empadronados, es que no cometan delitos. Es obvio que si quieren regularizar a mansalva, a diestra y siniestra, a todo el que ingresa de forma ilegal a nuestro país, no les conviene que exista este delito. ¡Obvio! Nuestra aproximación es totalmente contraria: creemos que sí debe existir este delito. Cualquiera persona que quiera entrar a nuestro país a ser un aporte debe ingresar como corresponde.

¿Cuál es la imagen que vamos a dar a quienes queremos que vengan a aportar a nuestro país si de entrada les decimos que pueden incumplir las reglas? ¿Entran de forma ilegal y a nosotros nos da lo mismo? Por eso después no cumplen la ley, si la primera, y la más importante de todas, que es ingresar como corresponde, no la cumplen, y pareciera que a nosotros nos da lo mismo.

Por lo menos, yo no estoy disponible para esa farsa de que hay un Estado de derecho en la frontera.

Por lo tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios. Van a estar nuestros votos a favor en cada proyecto de ley que apunte a cerrar nuestras fronteras a los migrantes ilegales.

Las fronteras van a estar abiertas a todos los que quieran entrar en forma legal -siempre ha sido así-, porque todos ellos son bienvenidos a nuestro país, pero no para los que quieran ingresar en forma ilegal.

Aquí vamos a ver dónde está el gobierno. Hoy el Presidente se viste de otra forma, habla de otra manera, tiene otros énfasis y otras frases, pero vamos a ver dónde está su gobierno; es decir, si van a estar por apoyar lo que dicen hoy o lo que decía el Presidente de la República cuando era diputado: “Bienvenidos, ilegales. Vengan ilegales, porque da lo mismo”.

¿Cuántas veces cuestionaron a quienes hablaban de inmigración ilegal, diciendo: “No existe nadie ilegal”? Ahora existe gente ilegal. Siempre ha existido gente ilegal que ha entrado en forma ilegal a nuestro país, pero ahora va a ser un delito. Espero que algunos tengan el sentido común de apoyar este proyecto, como lo haremos nosotros los republicanos.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado don Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, parece que a nadie le importa el ataque con una granada a una carabinera, así como tampoco importan los tres secuestros en noviembre ni los golpes que recibió personal de Carabineros en Alto Bonito, en Puerto Montt, propinados por extranjeros que hasta el día de hoy están impunes.

Estuve en Arica visitando la cárcel de Acha y también el cerro Chuño , donde se asentó el Tren de Aragua. Obviamente, voy a compartir la información al respecto.

Fíjense que el 45 por ciento de las personas que están en la cárcel de Acha son extranjeras, de distintas nacionalidades, que han venido a Chile a delinquir. La mayoría de ellas ha ingresado a nuestro país por pasos ilegales. Eso es lo que busca tipificar este proyecto: el ingreso clandestino.

Por eso, no estoy de acuerdo con lo que señaló el diputado Daniel Lilayu cuando habló de aquellos que vienen a aportar. El que viene a aportar y entra por la puerta es bienvenido. Eso está más que claro. Ahora, aquel que viene a aportar al país debe hacer lo que se espera de cualquier invitado a una casa, cual es tocar el timbre y entrar por la puerta, no entrar por la ventana y traer cuarenta o más invitados, porque debe existir orden.

Este proyecto de ley aborda una situación que denuncié anteriormente: desde hace casi un año, a través de algunas instituciones del Estado, se pretende de alguna manera blanquear la inmigración ilegal.

Efectivamente, esta es una inmigración ilegal, no solamente irregular como la quieren ver desde el gobierno. Tenemos una inmigración ilegal desbordada. En ese sentido, invito a aquel diputado que habló de Colchane a recordar que todos los alcaldes del norte salían llorando en los matinales por la inmigración ilegal desbordada en sus comunas.

Junto con ello, la inmigración ilegal trae aparejado el aumento de la delincuencia y la violencia, con muchos delitos que no habíamos visto en Chile. Hace pocas semanas, tres cuerpos amarrados y con disparos aparecieron en distintos puntos de la Región del Biobío.

En el año 2021, Venezuela cerró dos cárceles con veinte mil delincuentes, con decretos de expulsión y todos sus antecedentes borrados. Por esa razón, teníamos personas de esa nacionalidad y sin antecedentes cometiendo delitos. Por eso, no quedaban en prisión preventiva.

Entonces, el fiscal Ángel Valencia tuvo que aplicar un criterio para que quedaran en prisión preventiva los extranjeros que cometen delitos y que aparecen sin antecedentes. El criterio Valencia se utilizó y la verdad es que ayudó bastante a disminuir la presión en la frontera.

Pero tuvimos otro problema: a la gente que quería salir del país no la dejaban hacerlo, porque, como entró en forma irregular, no podían acceder a una forma regular para salir del país. O sea, no solo evitamos que entren, sino también que salgan. Estamos mal ahí.

Sin perjuicio de los inmigrantes que vienen legalmente a hacer un aporte a nuestro país, aquí se ha buscado implementar una política de total blanqueamiento de la inmigración ilegal, a la cual me sigo oponiendo.

Voy a votar a favor este proyecto, porque, justamente, con esta normativa se va a tratar de controlar la inmigración ilegal.

El que no esté de acuerdo con esta normativa que intente entrar en forma ilegal a cualquier otro país, como, por ejemplo, a Estados Unidos de América, país que, incluso, tiene una policía específica de inmigraciones. ¿Por qué? Porque los países necesitan controlar quiénes entran a su territorio. Quienes entran deben ser personas que vienen a aportar. Ellas son bienvenidas.

Es más, abrazo a aquellos que vienen a aportar, pero no a aquellos que entremedio se mezclan, que vienen solo a delinquir y que pertenecen a bandas organizadas que hoy están identificadas cómo operan en Chile. No me vengan a decir que la gente de aquellos países viene porque le gustan las playas de Chile. Esa gente viene por otras situaciones.

Espero que este proyecto sea aprobado, porque es una de las pocas medidas que podemos tener para proteger a nuestro país de las situaciones que están ocurriendo y que en algún momento denuncié, como son los secuestros y los sicariatos, que han ido en aumento en nuestro país.

Nosotros debemos trabajar para defender a nuestra ciudadanía, a las personas que nos eligieron para estar aquí. Este proyecto de ley es para defender a la gente y a nuestro país.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero leer unas cifras que no son mías. Más que decir: “¿Por qué el resto actúa así?” o hacer discursos tan “productivos” como el del diputado José Carlos Meza , quiero entregar cifras.

Al respecto, lo primero que quiero decir es que el análisis de las estadísticas -esto es del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)indica que, al 31 de diciembre del 2022, había un estimado de 107.223 personas extranjeras residentes en Chile en situación irregular, lo que corresponde al 6,6 por ciento de la estimación para ese año. Ese porcentaje ni siquiera supera los dos dígitos.

Además, el informe de estadísticas del Ministerio Público -lo pueden buscar señala que, entre el 2022 y el 2023, menos del 10 por ciento de las personas formalizadas por delitos corresponde a la población migrante. ¡Vaya que se cae la teoría de que el ingreso de migrantes está vinculado con los delitos y la inseguridad en nuestro país!

Reitero: no son cifras mías; son cifras del INE y del Ministerio Público.

Quiero agregar, porque parece que este tema aquí no importa, que el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de la ONU ha señalado que la migración solo puede ser una falta administrativa y, por lo tanto, no se puede imponer una sanción penal. No es una idea loca, sino que tiene que ver con que en el centro de las naciones debe estar el respeto a los derechos de las personas. Sé que para algunos eso es relativo, pero para algunas de nosotras esta es la clave de cómo se construye una democracia o no.

También quiero decir que uno de los principios que rigen la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, está en su artículo 9, que dice: “No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito.”.

Entonces, uno se cuestiona cuál es el objetivo de este proyecto. El objetivo es ser un facilitador para hacer puntos comunicacionales respecto de que estamos muy comprometidos con el combate a la delincuencia, que está vinculada con la pobreza de los migrantes que buscan mejores condiciones de vida no solo en Chile. Alrededor del mundo, la gente de los pueblos que son maltratados y viven mucha injusticia social se traslada para buscar mejores condiciones de vida.

Por otra parte, me parece muy importante señalar que la consecuencia de criminalizar la migración es que el crimen organizado se sofistica y captura a esa gente que está en condición irregular, porque no tiene cómo sobrevivir.

Por lo tanto, es pan para que se sofistiquen los crímenes, la trata de blancas y tantas otras formas brutales en que vive la migración pobre. Lo digo, porque aquí nadie habla de la migración del gran empresariado: tenemos entregado el país a empresas transnacionales.

Aquí a nadie le importa que vengan grandes empresarios y se lleven las riquezas de Chile. Es más, ayer los defendían, hablaban del gran empresariado y de cómo el trabajador o trabajadora, entre ellos migrantes, si exigían dignidad laboral, perdían su fuente de trabajo. Con el pretexto de cuidar a los trabajadores y trabajadoras, seguimos protegiendo al gran empresariado.

Basta de buscar medidas facilistas para enfrentar una tragedia de la humanidad, como es la migración; basta de disfrazar la inseguridad que vive el país a raíz del crimen organizado y del narcotráfico con medidas represivas, y de no hacernos cargo de que en Chile debemos avanzar en medidas y políticas que mejoren la inteligencia para terminar con esto.

He dicho.

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señorita Presidenta, el artículo 373 de nuestro Código Penal sanciona las faltas al pudor y a las buenas costumbres.

Ayer se aprobó sancionar como delito botar basura. Me cuesta entender que hoy el zurderío se oponga a que se sancione como delito el ingreso ilegal a Chile. Es evidente que hay una inconsecuencia de parte del rojerío.

Votaremos a favor.

He dicho.

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señorita Presidenta, durante los últimos años nuestro país ha experimentado un crecimiento de la población migrante. Resulta innegable que esta nueva realidad poblacional es un desafío para la sociedad chilena, pero estamos muy mal si continuamos tratando la crisis migratoria y la crisis de seguridad como una misma cosa, y estaremos peor si creemos que el camino para solucionar cualquiera de ellas, la migratoria o la de seguridad, es este proyecto de ley, principalmente por dos razones.

En primer lugar, porque migrante y delincuente no son sinónimos; no todos quienes ingresan al país cometen delitos, y no es verdad que los migrantes cometan más delitos que los chilenos.

La mayoría de los migrantes, cuando vienen a nuestro país, buscan mejores oportunidades, buscan protección. Son artistas, deportistas, trabajadores de todos los sectores, personas que han nacido fuera de nuestras fronteras y que han llegado a Chile a enriquecer nuestra cultura, a aportar a nuestra sociedad y a hacer que nos sintamos orgullosos. Algunos de ellos han ingresado a nuestro país por pasos no habilitados.

En los recientes Juegos Panamericanos, sin ir más lejos, celebramos la presea de oro de Santiago Ford, medallista que representó con mucho orgullo a nuestro país. Él nació en Cuba e ingresó a Chile caminando por el desierto, por un paso no habilitado.

Criminalizar la migración solo aumenta la problemática de seguridad, porque deja a las personas migrantes en una posición de mayor vulnerabilidad, aumentando el riesgo de que efectivamente cometan delitos como medio de supervivencia.

La migración irregular y la situación precaria de las personas migrantes son problemas relacionados con la vulnerabilidad y con la pobreza, no necesariamente con la seguridad pública.

En segundo lugar, este proyecto no es útil, ya que solo ralentiza los procesos. Este proyecto no solo contraviene el derecho internacional y los tratados internacionales ratificados por nuestro país en la materia, sino que además entorpece y ralentiza los procesos de expulsión.

Si aprobamos este proyecto, el procedimiento de expulsión de una persona que haya ingresado en forma ilegal a nuestro territorio ya no consistirá solamente en una decisión administrativa, sino que tendrá muchos más pasos: esa persona deberá ser detenida, llevada ante un juez de garantía y sometida a un proceso penal, y, si es condenada, deberá cumplir su condena en una cárcel chilena, y luego de todo lo anterior podrá ser expulsada.

Así, lo que hacemos es desgastar todos nuestros recursos de persecución penal, que ya son escasos -policías, fiscales, tribunales y cárceles, que ya están sobrepobladas-, en vez de utilizar directamente la vía de la expulsión administrativa, que ya existe.

A todas luces, se trata de una política ineficaz, emanada de un proyecto de ley -quiero decirlo con todas sus letras tremendamente populista.

Este no es el camino; no es la forma adecuada de enfrentar esta problemática. Requerimos de una política pública relativa a la migración con un enfoque más humanitario, en lugar de enfocarnos en la seguridad y en la estigmatización de los migrantes; necesitamos una fórmula más ética, más efectiva, para poder abordar las complejas cuestiones relacionadas con la migración en el país.

He dicho.

La señorita BARCHIESI (doña Chiara) .-

Señorita Presidenta, estamos ad portas de votar un proyecto de ley para tipificar como delito el ingreso clandestino a nuestro país.

Si una persona quiere entrar a la casa de otra, debe tocar el timbre y pedir permiso; no puede entrar por la ventana. Me gustaría saber cuántos de los diputados que van a votar en contra este proyecto de ley dejarían la ventana abierta para que entre cualquiera.

Chile es la casa de todos nosotros, y no podemos tener las ventanas abiertas para que entre cualquiera. ¿Por qué? ¡Porque entran a Chile bandas criminales a asesinar personas!

Todos los días nos despertamos con un asesinado, con un secuestrado. ¿Cómo no vamos a solidarizar con ellos? El problema es que a muchos ya no les importa, porque lo estamos normalizando.

Esto afecta muchísimo también a los migrantes legales, a las personas que quieren venir a trabajar a nuestro país. ¿Cómo no se dan cuenta de eso?

Entonces, llegamos al absurdo -ha ocurridode que, por ejemplo, una persona que ingresó ilegalmente a nuestro país asesina a un carabinero, y cuando la detienen da un nombre distinto al que dio la última vez que la habían detenido. En suma, ni siquiera sabemos cómo se llama.

¿Cómo vamos a seguir viviendo de esta manera?

Otro aspecto que creo que los diputados de gobierno tampoco consideran es la trata de personas. ¿Cuántas personas han muerto en los bofedales, en el desierto? ¿Cómo van a normalizar el ingreso ilegal, sin darse cuenta de que están vulnerando los derechos de esas personas? ¿A cuántos los tienen de burreros? ¿Cuántos son víctimas de los coyotes? ¿A cuántos los tienen para tráfico de armas y de drogas? Piensen en cómo se vulneran los derechos de los niños debido al tráfico de personas.

Todos esos son aspectos que no están considerando. Por eso es tan importante ordenar la migración.

Insisto: si alguien quiere entrar a nuestra gran y maravillosa casa que es Chile, debe tocar el timbre, pedir permiso e identificarse, y nosotros tenemos todo el derecho a decidir si aceptamos o no que ingrese, según quien sea.

He dicho.

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señorita Presidenta, creo que este es un proyecto tremendamente necesario. Estamos viviendo una crisis de seguridad, de violencia y de criminalidad que creo que tiene una relación directa con la inmigración ilegal.

Se dice irregular, pero finalmente se trata de quienes ingresan sin cumplir las normas, normativas, reglamentos y legislaciones, que están hechos para cumplirlos. Por eso, quienes no los cumplen deben ser sancionados con la mayor rigurosidad.

No cabe duda de que enfrentamos una situación que se debe tratar con mano dura, y para tener mano dura hay que tener sanciones duras.

Me parece bien que las personas que no cumplan con esas normas, que no han venido a trabajar ateniéndose a lo que nuestro país les exige para entrar, deban cumplir las penas que se les impongan, porque han venido con otras intenciones, con malas intenciones, con intenciones de dañar, de matar, de ingresar droga, de seguir aumentando el narcotráfico y el terrorismo.

Por ello, la señal debe ser muy dura en el sentido de que a nuestro país no es gratis entrar y pasearse como Pedro por su casa sin cumplir ninguna norma y seguir tan campante, haciendo que cada día haya más víctimas de crímenes escabrosos, como descuartizamientos y mutilaciones. Crímenes que no veíamos antes, hoy están ocurriendo en nuestro país.

Estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto. Espero que después, como se señala, una vez cumplidas las condenas, las expulsiones sean inmediatas, de modo que esas personas no estén ni un minuto más en nuestro país.

He dicho.

El señor MALLA.-

Señorita Presidenta, en Arica no vamos a tolerar más la migración ilegal ni el ingreso clandestino.

Hoy votaré a favor de que se tipifique el ingreso ilegal a Chile como un delito.

Nuestra frontera norte, en Arica, ya colapsó. No podemos seguir con controles débiles y vulnerables. Esta situación la tenemos que parar; así lo pide nuestra gente. Es así de simple.

Las personas que sí quieren venir a contribuir a nuestra sociedad, a trabajar, a buscar una mejor vida, lo podrán hacer, pero de forma legal y por pasos habilitados; pero a los que quieran saltarse la fila hoy les cerraremos la puerta.

La agudización de la crisis migratoria no ha sido fácil, porque muchas bandas se han aprovechado de esta situación. Se tomaron la frontera, se tomaron Arica, se tomaron Cerro Chuño y los barrios de mi ciudad. ¿Para qué? Para delinquir, para armar sus bandas delictivas, para aprovecharse de nuestra gente y llenarla de miedo. No les bastó con delinquir en otros países, sino que están intentando tomarse el nuestro también.

Por eso, esta situación debe detenerse con fuerza, con el máximo control y con las penas más duras. No vamos a permitir que se sigan colando criminales por nuestra frontera y ocupen el norte para sus operaciones ilícitas de tráfico, crímenes de sangre, trata de personas y extorsiones.

Porque quiero recuperar el Arica de antes, porque quiero recuperar la primavera que nos quitaron, porque quiero a Arica segura y tranquila, voy a votar a favor esta iniciativa para tipificar el ingreso clandestino por la frontera como un delito.

He dicho.

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, por más que muchas veces se quiera torpedear este proyecto, es necesario sacarlo adelante. Este proyecto sí ha sido torpedeado por las distintas bancadas, que no querían tratarlo; pero es necesario instalarlo.

Desde un espacio de centro hemos ayudado al gobierno en muchas materias, no solo en las concernientes a la migración, sino también a las 31 medidas sobre seguridad. Sin embargo, es necesario dar señales claras y no usar la dicotomía de decir una cosa y hacer otra, y torpedear por abajo. Chile necesita una migración ordenada, regular y segura.

Hoy también votaremos un proyecto que es importante en materia migratoria, que dice relación con la ley de refugiados. Aquí nadie está en contra de aquello. Nosotros en la Comisión de Gobierno Interior trabajamos y mejoramos esa iniciativa, que hoy será votada y que espero que se convierta en ley, porque también tiene que haber un marco de derecho para los migrantes, ya que, por cierto, nuestro país se ha ido conformando gracias a la migración; pero esta debe ser ordenada, regular y debe respetarse; los extranjeros no deben venir a delinquir ni a traer bandas que operen en las calles y en las cárceles, de modo que aquí no se reproduzca lo que están viviendo otros países del continente.

Por lo tanto, hago un llamado a poner los temas donde está puesta la voluntad y las palabras, y a poner esos votos que se necesitan para poder controlar la migración irregular.

Por cierto, se requiere cuidar nuestras fronteras. Para eso estamos aquí: para trabajar y para legislar. Por su parte, el gobierno está para ejecutar las leyes que hemos aprobado. Lo señalo porque también hemos que constatado que hay leyes, como la de control de identidad migratorio preventivo, que no se estaban cumpliendo, pese a que en la Comisión de Gobierno Interior, de manera transversal, hemos dicho al gobierno que cumpla la ley.

Y hoy hacemos el mismo llamado. El gobierno incorpora proyectos en materia de seguridad municipal y en materia de prevención, para los cuales estamos disponibles; pero el gobierno no pone los recursos. Entonces, créanme, diputados y diputadas, así es muy difícil avanzar.

Dejémonos de verborrear sobre la voluntad y hagamos que esta se exprese en votos, en recursos y en acciones.

He dicho.