Labor Parlamentaria

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, correspondiente al boletín N° 15661-07.

Por acuerdo de los Comités, el plazo de inscripción para hacer uso de la palabra será de hasta treinta minutos después de iniciada la discusión y se votará con los que hayan intervenido, pudiendo insertar sus discursos quienes no alcancen a hacerlo.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Cabe a ser presente que el informe ya fue rendido.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 141ª de la legislatura 371ª, en martes 5 de marzo de 2024, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta)

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señora Presidenta, la bancada del Partido Socialista votará a favor en general gran parte del articulado de este proyecto de ley que busca fortalecer, mejorar e, incluso, endurecer la persecución penal en materia de reincidencia de imputados.

Esto tiene varias razones: primero, el contexto en que estamos. Chile enfrenta, como nunca, un problema de seguridad muy relevante, lo que obliga a tensionar su sistema judicial, su sistema penal, para atender la demanda de mayor seguridad, de mayor tranquilidad que tienen millones y millones de chilenos, especialmente frente a la nueva criminalidad, al nuevo crimen organizado.

Por eso, la reincidencia es algo importante, ya que las personas delincuentes que han cometido uno, dos, tres delitos, varios delitos, y vuelven al sistema penal como imputados deben tener un correlato, una consecuencia, por su permanente adhesión a los patrones delincuenciales.

Este proyecto de ley agrava la pena del reincidente, y más aún la del multirreincidente. Establece y da reglas específicas a los tribunales para que les sean aplicadas sanciones más altas, más severas. No es lo mismo un imputado primerizo que alguien que es multirreincidente. Estas normas establecen una clara diferencia, lo que permitirá neutralizar sobre todo al reincidente de toda clase de delitos graves.

Además, la iniciativa introduce un conjunto de modificaciones que son muy importantes. En particular, he respaldado entusiastamente lo que establece en materia de cooperación eficaz, la que se regula de manera sistémica. Se trata de los incentivos que se producen en el sistema judicial a los delincuentes para que puedan colaborar con la investigación, entregar a los cabecillas, a los jefes de sus bandas criminales, con el objeto de que estos puedan recibir sanciones ejemplares.

Por supuesto que hay beneficios asociados, pero es la manera en que en todas partes del mundo se ha logrado desbaratar a las grandes mafias, como la italiana y la turca, entre otras. Por eso, hay que aprobar este proyecto de ley.

Sin embargo, la iniciativa tiene tres problemas graves, que también hay que enfrentar: en primer lugar, tiene una norma defectuosa que establece, erradamente, que un imputado enajenado mental, que tiene demencia, se mantenga en la cárcel privado de libertad a la espera de un informe psiquiátrico legal, el cual es de carácter obligatorio y que demora entre uno y dos años en obtenerse.

Han sido innumerables los enajenados mentales que han sido asesinados, que se han suicidado o que han sufrido violaciones múltiples al anterior de la cárcel. Hace treinta días, uno se suicidó en la cárcel de la Penitenciaría al estar en contacto con la población criminógena.

Finalmente, también hay que rechazar lo del punto medio de la determinación judicial de la pena.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señora Presidenta, claramente voy a votar a favor este proyecto en general, atendiendo al enfoque que se le está dando en este proceso. Creo que endurecer las penas es algo que va en la línea correcta respecto de lo que estamos viviendo.

No obstante, hay que hacer presente lo que se ha hablado sobre la prisión preventiva. Ha habido casos de personas que han estado privadas de libertad, en prisión preventiva, un año ocho meses, dos años, y al final del trámite judicial resultan inocentes.

Justicia y reparación -digámoslo con todas sus letrasno ha habido en varios de los casos que han sido de connotación nacional, en los que los medios de comunicación, de manera sensacionalista, llegan en la etapa inicial, pero en la etapa posterior nadie hace siquiera una reparación de imagen cuando corresponde.

Por otra parte, hago un llamado a los colegas de derecha e izquierda, atendiendo la n ecesidad actual de la ciudadanía. Soy autor de un proyecto de ley que busca que el delito de corrupción no prescriba, pero, lamentablemente, no ha habido voluntad de este Parlamento para abordar ese tema.

Hay que perseguir los delitos de corrupción, y estos no deben prescribir. Es lo que pide la ciudadanía en este momento, más allá del combate al crimen organizado. Creo que también hay que perseguir a las organizaciones delictuales que desfalcan al Estado de Chile a través de distintos mecanismos, como municipalidades, corporaciones o posición dominante política.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señora Presidenta, a mi juicio, este es el proyecto más importante o la modificación más importante a la reforma procesal penal, pues establece y propone un nuevo artículo 69, una nueva forma de computar la pena. Actualmente, los tribunales siempre aplican desde el mínimo de la pena propuesta en el Código Penal. Lo que establece este proyecto de ley es que, por causa justificada, se pueda modificar, pero la regla general es que se aplique la media de esa condena propuesta. Así, por ejemplo, en el caso de presidio mayor en su grado mínimo, de cinco años y un día a diez años, que el tribunal deba partir de los siete años y medio para poder ponderar y aplicar esa condena.

Además, este proyecto de ley propone un artículo 68, que también es muy importante, que establece un marco rígido para la aplicación de las condenas, excluyendo el grado mínimo si es compuesto o el mínimo si consta de un solo grado, cuando concurren agravantes en la comisión de un delito, cuando se está cumpliendo una condena y hay un quebrantamiento de la misma, si existe una condena anterior de mayor o igual pena o si existe condena por delitos de la misma especie. Vale decir, se agrava la pena para los reincidentes. Esta es una norma fundamental.

Además, este proyecto de ley propone una norma extraordinaria en nuestra legislación, que es sumamente importante para desbaratar el crimen organizado, que dice relación con la cooperación eficaz. Hoy ya se aplica en delitos económicos y en la ley de drogas. Dicha norma permite, a través de una cooperación eficaz, calificada, de los condenados, descompartimentar los secretos o la forma en que trabaja el crimen organizado. Por eso, esta norma es fundamental.

Además, este proyecto de ley establece una serie de normas, también en materia de crimen organizado, que van a permitir proteger a todos los intervinientes dentro del proceso penal, para el debido resguardo frente a las amenazas del crimen organizado.

Dentro de muchas normas, también propone la reformalización, que hoy es una práctica judicial. Cuando en el desarrollo de un proceso criminal existen nuevos antecedentes, hay una práctica judicial que permite la reformalización, no iniciar de nuevo. Lo que hace este proyecto de ley es reconocer esa práctica, darle asidero legal y permitir que los procesos criminales avancen de manera más rápida.

Finalmente, se va a reponer una indicación que tiene por objeto que, efectivamente, dentro del proceso penal se pueda, tal como ocurre después de la ley de agenda corta para delitos contra la propiedad, desarrollar procedimientos abreviados en otro tipo de delitos, para agilizar las condenas…

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señora Presidenta, desde hace más de veinte años está en vigencia la reforma procesal penal, que alteró el sistema de persecución y enjuiciamiento de los delitos y crímenes que ocurren en Chile. Este sistema se caracteriza por incluir un organismo autónomo que investiga y persigue la responsabilidad penal, el Ministerio Público -la Fiscalía-, además de otros intervinientes, como la Defensoría Penal Pública, que provee asistencia y defensa a los imputados que no cuentan con una defensa privada.

Desde dicha época, la reforma procesal penal ha sido objeto de múltiples otras reformas, modificándose aspectos de la persecución que se han estimado como deficitarios o que incentivaron cambios para que sea óptima. Dentro de estos últimos cambios están, por ejemplo, las más recientes modificaciones para la persecución del crimen organizado.

Uno de los aspectos recurrentes que es criticado por los expertos es la tolerancia que el propio sistema tiene con la reincidencia y la reiteración criminal, esto es, aquellas personas que delinquen en múltiples ocasiones y siguen obteniendo condenas de baja entidad, lo que favorece su libertad, o bien tienen múltiples detenciones, exigiendo un trabajo de las policías que no presenta un correlato en el aspecto judicial.

Lo anterior incentivó la presentación de esta iniciativa de ley, propuesta por el Senado, que sufrió importantes modificaciones tras la participación del gobierno y su paso luego por la Cámara de Diputados. Así, si bien la idea central del proyecto es practicar modificaciones para rigidizar el sistema de aplicación de penas y evitar que la reincidencia no sea objeto de sanciones graves, se han introducido múltiples otras modificaciones, y entre las más valoradas están ciertos aspectos del sistema procesal penal.

Me quiero referir solamente a un par de ellas. Primero, las nuevas reglas de determinación de la pena y mayores medidas de protección de intervinientes y sujetos procesales. En este caso, se modifica el Código Procesal Penal para incorporar nuevas medidas de protección de los distintos intervinientes del proceso penal que están sometidos a riesgo, por ejemplo, fiscales o abogados asistentes del fiscal del Ministerio Público, jueces, agentes encubiertos, informantes, agentes reveladores, testigos protegidos, peritos y víctimas.

En el caso de las nuevas reglas de determinación de la pena, se modifica el Código Penal para incorporar nuevas reglas de determinación de las penas, orientándolas hacia una sanción más drástica en el caso de condenados reincidentes y generando un nuevo marco de determinación por el que el juez, como regla general, dispondrá la pena media del grado o cuantía que señale la ley, incorporando asimismo los criterios para disminuirla o elevarla.

Vamos a votar a favor este proyecto, porque es necesario ir endureciendo penas y haciéndolas efectivas. La población no entiende por qué hoy los delincuentes están libres y ella está encerrada en su casa.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley viene a reforzar una situación compleja que ha estado enfrentando la justicia y, por supuesto, la sociedad. Mucha gente que comete delitos lo hace de manera reiterada. La reiteración en la comisión de un delito conduce a que ciertos jueces la perciban con mayor severidad, pero no siempre ocurre así.

Este proyecto tiene por intención sancionar con mayor dureza a quien se ha negado a resocializarse, a quien ha tomado la decisión voluntaria de mantenerse en el camino de hacer daño a sus conciudadanos. Por eso, es de toda lógica aprobarlo y respaldarlo.

En Chile, el delincuente tiene que tener claro que su accionar tiene consecuencias que le van a hacer la vida más difícil a él; que el Estado está dispuesto a quitar la libertad y una serie de beneficios a aquel que le hace daño a su prójimo.

Sin esa conciencia, vamos a seguir teniendo casos en los cuales hay personas con multiplicidad de condenas y que siguen circulando entre nosotros. Eso debe terminar. Espero que este proyecto de ley ayude a terminarlo.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, la reforma procesal penal, conocida por establecer lo que comúnmente se denomina la puerta giratoria, ha permitido que delincuentes, tras cometer crímenes, queden en libertad, debido a los largos plazos de investigación, salidas alternativas y suspensiones condicionales. Esta situación ha contribuido a que los asaltos y la delincuencia continúen siendo una constante en las calles de Chile, de manera especial en las calles de regiones que solían ser tranquilas.

Apoyaré este proyecto de ley, ya que propone limitar la concesión de salidas alternativas y suspensiones condicionales del procedimiento, evitando así que reincidentes queden libres en las calles.

Además, resalto otros mecanismos, como la protección a fiscales que investigan el crimen organizado y la cooperación eficaz para facilitar la obtención de antecedentes que permitan esclarecer la comisión de delitos.

Es crucial que aprobemos los artículos que permiten la reformalización de la investigación penal. Esto clarificará las normas sobre la carga y el estándar de prueba, mejorando la eficacia del proceso penal, y un procedimiento abreviado que permitirá un uso más eficiente de los recursos en tribunales y fiscalías, enfocándose así en delitos de mayor connotación social.

Sin embargo, la problemática no termina aquí. No avanzaremos ni lograremos un sistema penal más efectivo sin un sistema penitenciario capaz de gestionar adecuadamente la creciente población penal. Esta población recibe garantías disfrazadas de derechos humanos que en realidad facilitan la comisión de delitos desde el interior de los recintos penitenciarios.

Si no abordamos la problemática carcelaria este año, enfrentaremos un colapso inminente. Votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señora Presidenta, este es uno de los proyectos de reforma más importantes y más sustantivos aplicados a nuestro Código Procesal Penal durante su vigencia. Sin duda, tiende a resolver situaciones muy complejas.

Quiero hacer algunas apreciaciones.

En cuanto a la reformalización, de una u otra manera esta ya existe; el Ministerio Público ya la aplica. En lo que se refiere a la enajenación mental, ello, eventualmente, podría vulnerar ciertos tratados internacionales, que, como todos sabemos, es una materia incorporada en el artículo 5° de la Constitución.

Con todo, la reflexión que quiero hacer es en torno del tema político vinculado con la seguridad. Soy una persona de izquierda y siento que la seguridad no es un tema que deba ser patrimonio de los sectores de derecha. La izquierda chilena o los sectores progresistas también deben tener un discurso asociado al tema de la seguridad. ¿Acaso los ideales que promovió la izquierda no son los de protección frente al abuso? Así ocurrió con los trabajadores vulnerados en sus derechos por sus explotadores; así ocurrió con los campesinos que también eran vulnerados por un sistema de producción casi feudal; así ha ocurrido con la industria, donde trabajadores también han sido vulnerados por el abuso del capital financiero y usurero; así ha ocurrido con las mujeres vulneradas en sus derechos por la violencia patriarcal; así ha ocurrido con el tema de las diversidades sexuales, donde en muchas ocasiones personas han sido discriminadas. La izquierda siempre ha asumido un rol de protección.

Pregunto, por su intermedio, señora Presidenta, ¿la gente que vive en las poblaciones no es objeto de vulneración y abuso por parte de redes criminales que viven en las mismas poblaciones? ¿No es acaso la gente más sencilla, la más humilde, la que vive en las poblaciones, la que debe estar encerrada? ¿Acaso no ven cómo sus hijos ni siquiera pueden salir a la calle porque pueden caer en una red de tráfico o algo por el estilo?

Creo que la izquierda debe actuar sin complejos en temas de esta naturaleza. Antes defendíamos a ciertas personas, porque invocábamos su estado de necesidad -muchas veces la gente robaba porque tenía hambre-, pero seamos honestos: lo que hoy ocurre con la delincuencia tiene que ver con cuestiones mucho más complejas.

Como señalé, las redes de narcotráfico y criminales mantienen atemorizado a nuestro pueblo. La gente con recursos tiene cámaras de vigilancia, tiene guardias privados, tiene mejores policías municipales, vive en condominios cerrados, pero la gente que nosotros defendemos, que es la gente trabajadora, la gente de esfuerzo, la gente que sueña con un futuro mejor, también requiere seguridad y debemos otorgársela.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señora Presidenta, sin duda voy a apoyar y votar a favor este proyecto, porque apunta en la dirección correcta, como tantas iniciativas. Indudablemente, es un grano de arena, pero debe sumarse a otras iniciativas, como la presentada hace un tiempo para agravar la pena de aquellos inmigrantes en situación irregular que cometen delitos. ¿Por qué? No se trata de discriminar, pero existe una atenuante, cual es la irreprochable conducta anterior, que muchas veces se aplica a estos inmigrantes, sin que realmente esas personas tengan irreprochable conducta anterior. Lo que ocurre es que no contamos con los antecedentes penales de esos inmigrantes en situación irregular.

Hay varias modificaciones que podemos introducir a la persecución penal, a las sanciones penales, pero no olvidemos que el camino para solucionar la grave crisis de seguridad que vive Chile no solo pasa por las leyes, por iniciativas legislativas, sino también por otras vías. Impedir que se siga dirigiendo el crimen desde las cárceles no necesita de una nueva ley; evitar que los privados de libertad, a través de llamadas a celulares, dirijan verdaderas bandas de crimen organizado, no requiere de nuevas leyes; tener mejor y mayor dotación de carabineros no requiere de nuevas leyes; dotar de mejores condiciones a Gendarmería no requiere de nuevas leyes. Lo que sí se requieren son recursos.

Por eso, pedimos e insistimos en que el gobierno, al mismo tiempo que apoya estas iniciativas, no descuide las materias económicas.

Día tras día Chile se está empobreciendo más, y todos tenemos claro que para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos necesitamos de recursos. Así que el llamado es a no seguir empobreciendo Chile.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señora CONCHA (doña Sara).-

Señora Presidenta, quiero partir respaldando este crucial proyecto de ley, que busca modificar ciertos cuerpos legales, con el único objetivo de mejorar la persecución penal, enfocándose, especialmente, en la reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

La seguridad y el bienestar de nuestra sociedad son responsabilidades fundamentales de cualquier gobierno. Por eso es muy importante fortalecer nuestro sistema judicial y penitenciario, para garantizar que quienes infrinjan la ley sean debidamente responsabilizados y que se adopten medidas efectivas para prevenir la reincidencia.

Este proyecto de ley propone una serie de medidas destinadas a lograr estos objetivos. En primer lugar, busca establecer penas más severas para aquellos que reinciden en la comisión de delitos, reconociendo que la reincidencia es un factor importante por considerar en la determinación de la pena.

Además, propone implementar programas de rehabilitación y reinserción social más efectivos para los infractores, con el fin de reducir las tasas de reincidencia y brindar una oportunidad real de reintegración a la sociedad de manera productiva.

Es importante destacar que este proyecto de ley también aborda, específicamente, los delitos de mayor connotación social, aquellos que tienen un impacto significativo en la seguridad y en el bienestar de nuestra comunidad. Al fortalecer la persecución penal de estos delitos, de alguna manera estamos enviando el mensaje claro de que no toleraremos la violencia, el crimen organizado o cualquiera forma de conducta que amenace la tranquilidad pública.

La aprobación de este proyecto de ley es importante para nuestros esfuerzos por construir una sociedad más segura y tranquila para todos, en medio de una de las más grandes crisis de seguridad que enfrentamos como país.

Desde el Partido Social Cristiano anunciamos nuestro voto a favor del proyecto de ley.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Se ha renovado una indicación de los diputados Andrés Longton y Cristián Araya para intercalar en el nuevo inciso final que se incorpora al artículo 132 del Código Procesal Penal, en el numeral 5) del artículo segundo del texto propuesto por la Comisión de Constitución, entre la expresión “Penal,” y la palabra “el”, lo siguiente: “de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos,”.

Se ha renovado una indicación de los diputados Andrés Longton , Jorge Alessandri , y Raúl Leiva , y de la diputada Pamela Jiles , para agregar un nuevo numeral para reemplazar, en el inciso primero del artículo 222 del Código Procesal Penal, luego de la frase “o participación en un delito al que la ley le asigna pena de crimen,” la conjunción “y” por “o”.

Se ha renovado una indicación del diputado Gustavo Benavente , para incorporar un nuevo número al artículo segundo del proyecto, para modificar el artículo 234 del Código Procesal Penal, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación es para agregar el siguiente nuevo número al artículo segundo del proyecto, para modificar el artículo 234 del Código Procesal Penal de la siguiente manera:

“xx) Al artículo 234 del Código Procesal Penal, incorpórese los siguientes incisos segundo e inciso final:

“Antes de vencido el plazo indicado en el inciso anterior, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar ante el juez de garantía que se aumente dicho plazo en el caso de que existieren diligencias investigativas pendientes que hagan necesario dicho aumento. En ningún caso el plazo judicialmente determinado por el juez de garantía, incluyendo sus aumentos, podrá exceder de dos años desde que hubiere sido formalizada la investigación.

La resolución que rechace la solicitud de aumento de plazo de investigación será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público. Mientras el tribunal de alzada no resolviere dicho recurso o estuviere pendiente el plazo para interponerlo, no podrá cerrarse la investigación.”.”.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación del diputado Andrés Longton es para introducir el siguiente artículo sexto: “Artículo sexto: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la Ley Penal:

1) Modifícase el artículo 18 de la siguiente manera:

a) Sustitúyase en el inciso primero la palabra “cinco” por la palabra “ocho”, y la palabra “diez” por la palabra “quince”.

b) Incorpórese el siguiente inciso final nuevo: “Tratándose de los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474, 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley Nº 17.798; en los artículos 416 y 416 bis números 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis números 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B números 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado cometidos por menores de dieciséis años, las sanciones establecidas en las letras a) y b) del artículo 6° no podrán exceder de 15 años.”.

2) Incorpórese al artículo 21 el siguiente inciso final nuevo: “La regla dispuesta en el inciso precedente no resultará aplicable tratándose de adolescentes mayores de dieciséis años respecto de aquellos delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436 inciso primero, 474 y 475, todos del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley Nº 17.798; en los artículos 416, 416 bis números 1 y 2 y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis, números 1 y 2 y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B, números 1 y 2; y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado.”.

3) Agréguese en el artículo 23 un inciso final nuevo del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, tratándose de adolescentes infractores que hubieren sido sancionados previamente de conformidad a las normas de esta ley por algún delito que tenga asignado pena de crimen, si fueren condenados por los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 365 bis, 372 bis, 390, 391, 433, 436, inciso primero, 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis Nos 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis, Nos 1 y 2, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B, Nos 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado, se deberá aplicar la sanción más gravosa dispuesta para el tramo respectivo.”.

4) Agréguense al artículo 32 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos:

“La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la internación provisoria en un centro cerrado será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso, la circunstancia de haberse decretado, a petición de cualquiera de los intervinientes, alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno. Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436, inciso primero; 474 y 475 del Código Penal; en el inciso primero del artículo 14 D de la ley N° 17.798; en los artículos 416, 416 bis, Nos 1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17, 17 bis, Nos 1 y 2, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en los artículos 15 A, 15 B, Nos 1 y 2, y 15 C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile o cualquier otro delito sancionado con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado.

El adolescente que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare ya en internación provisoria, no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la internación provisoria. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada, o más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.

5) Incorpórense las siguientes modificaciones al artículo 52:

a) Suprímase en el inciso primero la frase “y según la gravedad del incumplimiento”.

b) Agréguese un inciso final nuevo del siguiente tenor:

“El quebrantamiento de la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social será sancionado con la internación en el propio centro por un período idéntico al tiempo que durare el quebrantamiento, hasta un máximo de un año, el que se cumplirá con posterioridad al término de la pena originalmente impuesta.”.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Cabe hacer presente que la Comisión de Constitución declaró inadmisible la indicación precedente, por alejarse de las ideas matrices del proyecto. El diputado Longton ha solicitado la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Para defender la admisibilidad de la indicación, tiene la palabra el diputado Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, el título del proyecto dice: “con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social”. La indicación va directamente en esa línea, porque va a mejorar la persecución de los menores de edad y a establecer una sanción mayor cuando cometan delitos. Y es el derivado precisamente de esas ideas que contiene el proyecto y que se han plasmado en la modificación de distintas normas del Código Penal y del Código Procesal Penal, en distintos ámbitos de la persecución penal y en los delitos de mayor connotación social.

¿Y qué establece la indicación, señor Presidente? Sube la pena respecto de los delitos cometidos por menores de edad entre 14 y 18 años. Hoy, el tope máximo de la pena para un menor entre 14 y 16 años de edad, independientemente del delito que cometa -secuestro, homicidio, sicariato-, es de cinco años. Lo dejamos en ocho años. Para un menor entre 16 y 18 años de edad, lo subimos de diez a quince años. Además, en los delitos más graves, como violación, homicidio, secuestro con homicidio, excluimos el mínimo de la pena. Hoy día, lo que se establece es que cuando comete un delito de esta envergadura un menor de edad, tiene que aplicársele una pena menor al mínimo en un grado. Y cuando este menor de edad, que hoy día vemos cada vez con mayor frecuencia cometiendo delitos graves, comete un delito nuevamente, es decir, es reincidente -va con las ideas matrices del proyecto-, se le aplicará el máximo de la pena. Además, se establece que, cuando un tribunal establece que un menor tiene que ir a internación provisoria y se está apelando esa internación provisoria, no puede quedar mientras tanto en libertad. Cuando ese menor de edad se fuga de la internación provisoria y es encontrado por las policías, tiene que recuperar ese tiempo perdido en la internación provisoria, porque es tremendamente injusto que a alguien que quebranta la pena se le contabilice como que la estaba cumpliendo cuando estaba en libertad.

Señor Presidente, no puede ser que los menores de edad tengan, hoy día, una pena tan baja que, en la práctica, hace que se les utilice o ellos mismos cometan delitos directamente, porque saben que no van a pasar un día privados de libertad.

Eso es lo que, en palabras simples, hace esta indicación, que obviamente se condice con las ideas fundamentales o matrices del proyecto, porque habla directamente de la reincidencia y de la penalidad, en este caso, de los menores de edad.

Muchas gracias.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Para defender la postura de la comisión, tiene la palabra el diputado Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, hay momentos para bromear y hay momentos para trabajar. Este es un momento en que hay que trabajar y ser rigurosos.

El artículo 69 de la Constitución Política establece claramente: “Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.”.

Las indicaciones que formula el diputado Longton fueron rechazadas por la Comisión de Constitución, porque claramente están fuera de las ideas matrices del proyecto. No solo eso, las indicaciones del diputado Andrés Longton pretenden modificar la ley de responsabilidad penal adolescente, la ley N° 20.084, norma modificada recién por la ley N° 21.527, en enero del año pasado, que ni siquiera entra en vigencia, porque esta disposición estableció un periodo de vacancia legal de doce, veinticuatro y treinta y seis meses.

No solo eso, a través de esta indicación -como dice el trámite legislativo, relaciona un aspecto específicose pretende modificar absolutamente, en derecho penal sustantivo y adjetivo, la ley de responsabilidad penal adolescente.

Estoy de acuerdo con discutir una norma de esta naturaleza -lo he planteado de manera pública-, pero no me parece que se pretenda una reforma tan sustancial, desde el punto de vista del derecho penal y del derecho procesal penal, a través de una indicación que no ha sido discutida en ninguna instancia.

Tanto es así que en la Comisión de Constitución fue declarada inadmisible y no ha sido objeto de discusión alguna por los diputados o por algún experto, y tampoco por el Ministerio de Justicia.

No solo se pretende modificar esas normas, sino que, a través de esta indicación, se pretende modificar el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

Vale decir, señor Presidente, esta indicación es total y absolutamente inadmisible no solo en la forma que establece el artículo 69, sino que se exacerba lo que se ha denominado contrabando legislativo. Lo misceláneo tiene que tener un límite y un tope. Se pretende legislar derecho penal sustantivo y adjetivo a través de una indicación que fue declarada inadmisible en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y que no ha sido discutida.

Por eso, debe declararse inadmisible.

He dicho.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación del honorable diputado Andrés Longton dice lo siguiente:

“Artículo séptimo: Autorízase al Presidente de la República a recompensar a aquellas personas que, de manera voluntaria, aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de invest igaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal o hechos que pudieren importar la imputación de los delitos contemplados en los artículos 141, 142, 268 ter, 268 quáter, 323 en relación con los artículos 324 a 326, 391, 395, 396, 397 N°1, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 474, 475 y 476, todos del Código Penal; en la Ley N° 18.314; en la Ley N° 21.459; en la Ley N° 12.927 cuyo texto actualizado y refundido ha sido fijado por el decreto N° 890, de 1975; en la Ley N° 17.798 cuyo texto coordinado, refundido y sistemat izado ha sido fijado por el decreto N° 400, de 1977, cuando importaren una pena de crimen; en la Ley N° 20.000, cuando importaren una pena de crimen; en la Ley N° 19.913; en los artículos 416 y 416 bis N° 1 del Código de Justicia Militar; en los artículos 17 y 17 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Ch ile; en los artículos 15 A y 15 B, N° 1, de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y que resu ltaren útiles para la detención de los responsables y/o la acreditación de los hechos denunciados.

El Presidente de la República, mediante decreto supremo, fijará la forma en la que se recompensará, así como el mecanismo de entrega y recepción de la información. Dicho decreto supremo deberá contemplar reglas para proteger la identidad y seguridad de aquellas personas que aportaren información y fueren beneficiadas con la recompensa.

No podrán gozar de esta recompensa los empleados públicos, aquellas personas que figuren como víctimas, querellantes o imputados en las respectivas investigaciones penales, ni aquellas personas que, por disposición legal, estén obligadas a denunciar el conocimiento que tomaren de la perpetración de crímenes o simples delitos.

Aquellas personas que, a sabiendas y buscando beneficiarse, aportaren antecedentes falsos, serán castigadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 269 bis del Código Penal.”.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Cabe hacer presente que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento declaró inadmisible la indicación precedente, por tratarse de materias que inciden en la administración financiera del Estado.

El diputado Andrés Longton ha solicitado la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Para defender la postura de la admisibilidad de la indicación, tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, esta indicación no es inadmisible y no incide en la administración financiera del Estado, porque se le entrega al Presidente de la República esta facultad a través de un decreto supremo. De hecho, se establece que “El Presidente de la República, mediante decreto supremo, fijará la forma en que se recompensará, así como el mecanismo de entrega y recepción de la información.”.

Por lo tanto, no estamos incidiendo, sino que estamos diciendo que el Presidente tiene la facultad, mediante decreto supremo, de utilizar esta herramienta, que es fundamental en otros países, respecto a la entrega de información, para mejorar la persecución penal de las policías y del Ministerio Público mediante recompensas.

Esto no es algo muy distinto de lo que se hace en democracias modernas, y, en el caso de Chile, está establecido solamente para los delitos más graves en nuestra legislación. Todos hemos visto con sorpresa y estupor cómo el crimen organizado ha ingresado de manera fuerte a nuestro país y cómo la cantidad de imputados no conocidos es cada vez mayor, mientras que la cantidad de homicidios va al alza sostenidamente.

La recompensa que el Presidente determinará va a traducirse en mayor entrega de información, lo que es vital y fundamental para la persecución penal.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Para defender la postura de la comisión, tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, trataré de ser breve.

En primer lugar, esta es una norma inadmisible porque claramente está lejos de las ideas matrices del proyecto, y, en segundo lugar, porque se refiere a organización y atribuciones, y también a gasto fiscal por parte del Ejecutivo, que son materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. La Constitución, que algunos dicen defender, lo establece de manera clara y meridiana.

Además, lamentablemente, se alude no solo a la admisibilidad, sino a temas de fondo. Esta es una materia que, claramente, debe ser debatida y discutida; es un tema de política criminal, que en el derecho comparado y en la legislación comparada tiene recursos permanentes. En esas legislaciones, existen normas específicas, que deben ser debidamente reguladas.

A mi parecer, entregar esa atribución mediante un decreto supremo conculca incluso la propia idea de un sistema de recompensas.

Por eso y por las razones expuestas en mi anterior intervención, que doy expresamente reproducidas por economía procesal, esta indicación debe ser declarada inadmisible.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.903, que Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica Otras Normas, con el objeto de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía, correspondiente al boletín N° 16497-04.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Educación es la señora Helia Molina .

-Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 126ª de la legislatura 371ª, en jueves 4 de enero de 2024. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 138ª de la legislatura 371ª, en lunes 29 de enero de 2024. Documentos de la Cuenta N° 8.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora MOLINA, doña Helia (de pie).-

Señora Presidenta, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Educación, me corresponde informar sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.903, que Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica Otras Normas, con el objeto de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía, iniciado en una moción de los senadores y senadoras Carmen Gloria Aravena , Fidel Espinoza , José García , Yasna Provoste y Gustavo Sanhueza , en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, correspondiente al boletín N° 16497-04.

Constancias reglamentarias

1) Idea matriz o fundamental

La idea matriz de la iniciativa consiste en modificar el inciso segundo del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903, con la finalidad de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía, suprimiendo la distinción asociada a su fecha de creación y años de acreditación.

2) Normas de quorum especial

El Senado consideró que no hay normas de este carácter, calificación con la cual la comisión coincidió.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda

El proyecto de ley aprobado por la comisión no requirió s er conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

4) Aprobación del proyecto

El proyecto de ley fue aprobado en general y en particular por unanimidad. Votaron a favor los diputados y diputadas Mónica Arce , Héctor Barría , Sergio Bobadilla , Helia Molina , Alejandra Placencia , Gaspar Rivas , Emilia Schneider , Stephan Schubert y Daniela Serrano .

Tramitación del proyecto

En la discusión de esta iniciativa participaron el senador José García Ruminot y la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Arratia .

El senador, en su calidad de autor, explicó el contenido del proyecto de ley, señalando que las carreras de pedagogía ofrecieron, en su oportunidad, carreras de licenciatura en pedagogía como continuadoras de carreras técnicas. Sin embargo, fruto de distintas modificaciones a la carrera docente, quedó establecido que quienes cursaban esta modalidad de educación deberían rendir nuevamente la prueba de selección universitaria, quedando supeditada la continuidad de estudios al puntaje que obtuvieran los estudiantes en dicha evaluación.

En razón de lo anterior, manifestó que los estudiantes reclamaron aquello, porque no fue lo ofrecido, ya que, al aprobar la carrera técnica, inmediatamente deberían poder continuar con la licenciatura en pedagogía.

En este orden de ideas, indicó que en la ley de reajuste del sector público se eliminó este requisito. Sin embargo, se generó un nuevo problema, ya que quedaron sin requisitos de admisibilidad las carreras que tienen menos de tres años de acreditación y aquellas carreras con autorización previa al 2019, razón por la cual los decanos solicitaron que se genere un proyecto que homologue los requisitos de admisión a las carreras de pedagogía.

En el intertanto, la Superintendencia de Educación Superior dictaminó que deben aplicarse las mismas normas para todos. Así las cosas, manifestó que el objetivo de este proyecto de ley es otorgar certeza jurídica al consagrar en una ley lo señalado por el dictamen de la Superintendencia.

Finalmente, sostuvo que la urgencia de esta norma viene dada por el hecho de que actualmente es período de matrículas para las universidades.

Por su parte, la subsecretaria afirmó que el Ejecutivo está de acuerdo con el proyecto de ley, puesto que viene a subsanar un vacío legal que se produjo. Recalcó que es un proyecto de carácter transversal, que cuenta con el apoyo de todos los actores en educación.

La comisión, concordando plenamente con la propuesta, la puso en votación.

El proyecto resultó aprobado, tanto en general como en particular, por unanimidad. De esta forma, la comisión aprobó el texto del proyecto en los mismos términos en que lo hiciera el Senado.

En definitiva, el proyecto aprobado consta de un artículo único que suprime, en el inciso segundo del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903, la frase “implementados con anterioridad al año 2019 que cuenten con una acreditación mínima de tres años.”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Honorables diputados y diputadas, por falta de quorum para sesionar, voy a suspender la sesión por algunos minutos.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Continúa la sesión. En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Helia Molina .

La señora MOLINA (doña Helia).-

Señor Presidente, un estudio realizado en el 2019 por el Centro de Políticas Públicas, en conjunto con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, estipuló que un 58 por ciento de los docentes en la enseñanza media carece de título pedagógico, cifra que, según el propio Mineduc , ha ido en aumento.

Por eso, la presente iniciativa de ley tiene como objetivo asegurar la calidad del sistema educacional, fortaleciendo la ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, permitiendo avanzar en el desarrollo profesional a través de la homologación de requisitos de admisión universitaria para la carrera y programas de pedagogía, como también la prosecución de estudios.

La educación media técnico-profesional abarca 37 por ciento del total de los estudiantes de tercero y cuarto medio de todo el país para el 2022. Representa más del 50 por ciento de la matrícula del primer año en carreras universitarias de pregrado.

Actualmente contamos con un vacío legal, ya que no se les permite a las y a los profesionales técnicos que han estudiado pedagogía con menos de tres años de estudios que puedan reconocer sus estudios para continuar la licenciatura.

Existen obstáculos, pues deben rendir nuevamente la prueba de selección universitaria, quedando su desarrollo profesional docente supeditado al puntaje que obtienen para continuar sus estudios. Aquello es inaceptable y va en contra del fortalecimiento del desarrollo profesional docente.

Por ello, valoro esta iniciativa de homologación de requisitos de admisión a las carreras de pedagogía, porque pone en el centro y en valor el desarrollo docente, entrega certeza jurídica para las 46 instituciones públicas y privadas que entregan educación técnico-profesional y, sobre todo, permitirá a 18.000 docentes cursar la carrera de pedagogía.

Señor Presidentes, como dijo Nelson Mandela , la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Estamos cambiando vidas, estamos fortaleciendo la educación pública y estamos dando mayores oportunidades a esos futuros docentes.

Por eso, votaré a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios contemplados en la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, correspondiente al boletín N° 14744-35.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad es la señora Catalina del Real.

Antecedentes:

-Moción, sesión 111ª de la legislatura 369ª, en martes 14 de diciembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, sesión 92ª de la legislatura 371ª, en martes 17 de otubre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora DEL REAL, doña Catalina (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios contemplados en la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (boletín N° 14744-35), iniciado en moción de los diputados y diputadas Bernardo Berger , Sofía Cid , Catalina del Real (autora), Camila Flores , Harry Jürgensen , Carolina Marzán , Claudia Mix y Francesca Muñoz .

La idea matriz de esta iniciativa es lograr hacer más expeditos y eficientes los trámites relativos al otorgamiento y/o renovación de los beneficios le gales que el Estado confiere a personas con discapacidad, como asimismo precisar los criterios para el otorgamiento o renovación de tales ayudas.

Sobre el particular, cabe recordar que la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, define el término “persona con discapacidad” como “aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.”.

El II Estudio Nacional de la Discapacidad señala que en Chile hay un total de 2,8 millones de personas con discapacidad, de las cuales 2,7 millones son adultos mayores de 18 años; es decir, el 20 por ciento de la población nacional de adultos tiene discapacidad. Es más, dicho estudio precisa que el 16,7 por ciento de la población de dos años y más años se encuentra en situación de discapacidad. El propio instrumento demuestra que el 6 por ciento de las personas discapacitadas declara no tener acceso a rehabilitación. Los mismos datos muestran que una de cada cuarenta personas tiene una discapacidad de grado severo, y que el 34,6 por ciento de los hogares tiene al menos un integrante con discapacidad.

En relación con el género, se sostiene que el 58 por ciento de las personas discapacitadas son mujeres, y que la deficiencia más prevalente es física, con el 31,3 por ciento, seguida de la visual, con el 19 por ciento.

Por otra parte, subrayan que el acceso a los servicios relacionados con la discapacidad constituye un derecho humano y, como tal, una preocupación de la sociedad que debe ser asumida desde la perspectiva intersectorial, ya que la multicausalidad de la discapacidad y la complejidad de los diversos factores que interactúan para producirla nos empujan a buscar enfoques y estrategias que permitan dar respuestas integrales insertas en los programas y políticas públicas de atención a las personas con discapacidad para su rehabilitación e inserción social.

Para lograr lo anterior, es necesario hacer más expeditos y eficientes los trámites relativos al otorgamiento y/o renovación de los beneficios que el Estado otorga a las personas con discapacidad. Por ejemplo, cuando una persona cambia de categoría al cumplir 18 años, para el pago del subsidio de pensión, la aceptación o rechazo demora entre cuatro y ocho meses. Si es aceptada la solicitud, el pago, que es retroactivo, demora entre dos y cuatro meses, con la consiguiente merma económica o perjuicio para la familia y el eventual beneficiario.

En materia de gestión, es absolutamente necesario adecuar o modificar los criterios para el otorgamiento o renovación de subsidios y/o pensiones que el Estado concede a las personas en situación de discapacidad, teniendo a la vista las innumerables trabas que hoy el sistema produce, lo que provoca una excesiva burocracia en las postulaciones para tener acceso a los citados beneficios, y transforma el eventual apoyo en un trato denigrante.

Recordarán ustedes que el programa de gobierno del Presidente Piñera para el periodo 2018-2022 estableció la necesidad de promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y etapas del ciclo vital, de manera que puedan concretar una efectiva inclusión social. Obviamente, el mismo establece dentro de sus objetivos y medidas en materia de discapacidad perfeccionar la legislación de seguridad social para las personas con discapacidad, de forma que jóvenes con discapacidad no pierdan los beneficios de su plan de salud familiar por el hecho de trabajar. También se flexibilizarían los requisitos para mantener el derecho al pilar solidario, en el caso de quienes opten por trabajar.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, este está sustentado en un artículo único que tiene por finalidad agregar en el artículo 12 de la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, un inciso tercero del siguiente tenor: “El Estado propenderá la utilización de herramientas que garanticen el acceso más expedito posible de las personas con discapacidad a los beneficios establecidos por ley. Esto incluirá tanto medidas administrativas destinadas a adecuar, cuando sea necesario, los trámites y procedimientos administrativos en los que participen personas con discapacidad, como la incorporación de tecnologías diseñadas para promover la inclusión en los servicios públicos. En cualquier caso, el Estado deberá procurar eliminar toda medida, trámite o procedimiento que pudiese menoscabar la dignidad de las personas con discapacidad.”.

Durante el debate en general del proyecto, la comisión escuchó a diversas personas, incluyendo a familiares directos de un niño de 12 años, de nombre Matías , cuyo recuerdo da el nombre coloquial a esta iniciativa, pues falleció tras soslayar un verdadero calvario entre trámites burocráticos y excesivas esperas para que el Estado, a través de sus diversos servicios, lo reconociera como sujeto activo de los beneficios asociados a su evidente discapacidad.

La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad aprobó este proyecto por unanimidad, tanto en general como en particular, lo cual es la razón más poderosa que me lleva a solicitar a la Sala que de igual modo apruebe esta loable iniciativa, y con ello rendir un homenaje póstumo al joven Matías , quien con su vida dio forma y sustento indeleble a cada una de las ideas matrices de este proyecto de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, este proyecto, del cual soy patrocinante -agradezco mucho a la diputada Catalina del Real que me haya invitado a participar en él-, tiene un profundo sentido humano, social y de derechos, que voy a graficar en un ejemplo muy concreto. Hace un tiempo me reuní con miembros de la Corporación Apert Chile, una institución que vela por las personas con síndrome de Apert.

¿Qué es el síndrome de Apert? Es una de las tantas llamadas enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, que afecta la cara, el cráneo, los dientes, las manos, y los pies en algunas ocasiones.

Luzmenia Valencia , que es coordinadora de la Corporación Apert Chile, nos contó las diversas problemáticas que tienen las personas al no tener huellas en sus dedos, ya que no pueden acceder a los servicios que ofrecen las diversas instituciones que utilizan el registro de huellas para identificarse, por ejemplo, en su atención de salud. En el sistema público no existen mayores inconvenientes, porque pueden acceder mediante su RUT. Pero cuando deben atenderse en la salud privada comienzan las trabas y las limitaciones, ya que al cumplir los siete años de edad son los propios niños o niñas os que deben inscribir sus huellas para adquirir bonos de atención médica, siendo imposible para ellos cumplir con este requisito.

Tras visibilizar este problema, afortunadamente una empresa se puso en contacto con la organización y realizó una jornada completa para varios de sus integrantes. Durante esta jornada se logró el registro de los participantes a través de las palmas y otras partes del cuerpo para que finalmente puedan tener atención digna en la salud, como merecen.

Otra situación ocurre también cuando comienzan a adquirir la mayoría de edad, pues se ven discriminados al no poder realizar muchos de sus trámites, por ejemplo, en BancoEstado. Lo anterior desembocó en una reunión que tuvimos con el presidente de dicha institución, en la cual entendieron desde el plano humano esta situación y se comprometieron a trabajar junto con las organizaciones, para encontrar una solución para la correcta identificación de todas las personas que sufren estos síndromes y enfermedades en el menor tiempo posible.

¿Por qué cuento esta experiencia de Apert Chile? Porque corresponde a una de las tantas instituciones que representan a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que, al no tener la posibilidad de desarrollar de manera expedita diversos trámites, se ven envueltos en la vulneración de sus estados de salud y también muchas veces al maltrato. Y son las organizaciones las que se han tenido que hacer cargo de situaciones de las que debería hacerse cargo del Estado.

Por eso, felicito a la Corporación Apert Chile, así como a tantas otras que hoy están levantando situaciones como esta, en una lucha constante por vivir en igualdad de condiciones y derechos.

Este proyecto va en la vía correcta. Por eso, colegas, los invito a apoyarlo, porque el Estado tiene que hacerse parte. Todas las personas tienen que ser sujetos de derecho en este país, como siempre hemos insistido en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que en enero recién pasado cumplió tres años, en la cual nos sentimos muy orgullosos por haber sido capaces de levantar esta y muchas otras demandas que por mucho tiempo habían sido silenciadas y postergadas por parte del Estado.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, el proyecto que hoy se somete a nuestra votación se estructura sobre la base de que el acceso a los servicios relacionados con la discapacidad constituye un derecho humano, y como tal su respeto y fomento debe ser una labor asumida de manera intersectorial y responsable.

Según el Estudio Nacional de Discapacidad, actualmente en nuestro país existen más de 2.800.000 personas con discapacidad.

Por otro lado, el criterio utilizado por nuestra legislación para determinar personas con discapacidad es bastante amplio. Se incluye en él a personas que sufren deficiencias físicas, mentales y sensoriales. Por lo tanto, resulta indispensable dar una respuesta eficaz y oportuna al importante número de personas que tienen algún grado de discapacidad, evitando las trabas burocráticas y los trámites complejos a los que muchas veces se ven sometidas.

En el cumplimiento del deber de crear las condiciones necesarias para el bien común y la satisfacción de necesidades públicas, nos parece que el proyecto viene a ser un aporte al hacer más expeditos y eficientes los trámites relativos al otorgamiento y renovación de los beneficios que el Estado otorga a personas con discapacidad, como asimismo al precisar los criterios para el otorgamiento de renovación de tales ayudas.

Otro elemento valorable es la incorporación de tecnologías diseñadas para promover la inclusión en los servicios públicos, que son indispensables para el adecuado desenvolvimiento de las personas, de manera que su acceso no debe verse obstruido por las dificultades propias de alguna forma de discapacidad.

Claramente voy a votar a favor.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este es un proyecto que, sin duda, vamos a acompañar y apoyar como Demócratas, y, por cierto, desde nuestra bancada, porque también somos parte de esta comisión.

Es un proyecto importante, que busca hacer más expeditos y eficientes los trámites relativos al otorgamiento o renovación de beneficios que el Estado otorga a personas con discapacidad, como asimismo precisar los criterios para el otorgamiento de tales ayudas.

Asimismo, es necesario señalar que más allá de la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión, respecto de la cual necesitamos seguir avanzando, nosotros también hemos ido aprobando otras materias, pero finalmente sus resultados dependen de cómo se interpreta, de cómo hace la bajada la institucionalidad, en este caso, el Estado, respecto de lo cual tenemos una deuda. Me refiero, por ejemplo, a la ley TEA, en la cual hemos avanzado junto con la diputada Carolina Marzán , pero que a veces no baja a través de la institucionalidad, sea salud, sea educación o cualquier organismo, o a lo que pasa con los cuidadores y cuidadoras.

Entonces, existe una buena voluntad en este Congreso Nacional, pero finalmente quien tiene que ejecutar las leyes da cuenta de que no se implementan como se debe o según la expectativa ciudadana. Cada vez que se levantan este tipo de leyes nosotros estamos relacionándonos con organizaciones, con padres de personas en situación de discapacidad, y, por lo tanto, creamos una expectativa. Por eso, si no somos capaces de abordar esto con el Ejecutivo al frente, con la voluntad de incorporar recursos en la política pública, son leyes muy bonitas, pero que al final no se plasman en la realidad.

Creo que ese es nuestro desafío en materia de inclusión, en materia de discapacidad. Quizás estamos abordando la legislación, pero no su ejecución desde la política pública.

Por tanto, este también es un llamado al gobierno. Sería bueno que hubiera personeros de gobierno, pues si bien es un proyecto iniciado en moción, sería bueno que lo acompañaran, más aún cuando a veces hemos estado solos legislando en estas materias.

Entonces, hago el llamado a apoyarlo, pero creo que esto no está completo, más si el Ejecutivo finalmente solo viene acá cuando le interesan sus proyectos, no los que nosotros levantamos en representación de nuestros territorios. Eso no da cuenta de un buen rol de colegislador con los parlamentarios.

Por tanto, hago un llamado al gobierno a ponerse en los temas sociales de la discapacidad, de la inclusión, así como a fortalecer esos servicios, como el Senadis, organismo que hoy no da el ancho para la realidad que tenemos y que vamos a tener mañana, precisamente por las personas que van perdiendo su movilidad, además de los diversos temas y desafíos que tenemos en regiones, en comunas, en las islas, donde hay una inequidad territorial de la cual no nos estamos haciendo cargo.

Este es un bonito proyecto y valoro a los parlamentarios que lo presentaron, pero va quedando corto en su aplicación, en sus recursos y en la política pública.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina del Real.

La señora DEL REAL (doña Catalina).-

Señor Presidente, honorable Cámara, hace alrededor de diez años conocí a Matías, un joven con parálisis cerebral, que nació con esa condición y que vivía junto con su madre en un hogar modesto de Peñalolén. Su vida era difícil y con pocos recursos, pero su madre siempre estaba pendiente de sus necesidades y tratando de sacarlo adelante.

Cuando cumplió 18 años de edad, le tocó hacer el trámite, que finalmente es impulsado en este proyecto de ley, que tiene por objeto cerciorarse de que una persona tiene una discapacidad permanente. En su caso, era lógico que con una parálisis cerebral de esa magnitud no podría mejorarse. Edith tuvo que partir con Matías, llevarlo en su silla de ruedas, con su balón de oxígeno. Tuvieron que subirse en una micro, ir hasta el centro, llegar a hacer una fila, hacer trámites, papeleos, y pasar varios meses sin recibir su pensión. ¿Por qué? Porque esta burocracia del Estado tenía que definir si realmente el daño de Matías era permanente.

La verdad es que fue complejo. Yo la conocí un poco después de esto; obviamente, si no, la hubiera ayudado con sus trámites. Poco después yo salí elegida diputada. Llegué a esta Cámara y dije que quería integrar una comisión de discapacidad, justamente para levantar este tema, pero me encontré con la sorpresa de que hace seis años no había una comisión sobre discapacidad.

Por tanto, con un grupo transversal de diputados y diputadas, a quienes valoro y de verdad reconozco, formamos una bancada transversal por la discapacidad.

Luego de varios años, junto con la diputada Carolina Marzán y otros diputados, presionamos y transformamos, finalmente, esta bancada en una comisión permanente de la Cámara, en donde volvimos a levantar este tema, que no pudimos poner en tabla en la Comisión de Desarrollo Social.

Este proyecto me llena de orgullo -se lo dedico a Matías, quien falleció hace tres años, y a su madre, Edith -, porque mejora la vida de muchos niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

Mucha gente no lo sabe, pero en Chile el 20 por ciento de la población presenta algún grado de discapacidad. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo, visibilizar esta situación y ponerla sobre la mesa.

Por eso, invito a aprobar por unanimidad este proyecto.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto facilitar los trámites para otorgar y renovar los beneficios que el Estado otorga a las personas con discapacidad.

Según el III Estudio Nacional de la Discapacidad, hay casi 3 millones de personas con discapacidad en nuestro país. Y es lamentable que, pese a ello, nos falte tanto para ser verdaderamente inclusivos. No me refiero solo a la infraestructura física necesaria para que las personas con discapacidad se desenvuelvan libres y de manera independiente, sino más bien a algo más sencillo que eso, que es de lo que trata este proyecto. No tiene que ver con recursos, sino con sentido común y con un poco de voluntad. Si pensamos que el Estado es sumamente complejo y limitante en lo relativo a la realización de trámites, imaginémonos cómo esto afecta a las personas que tienen algún tipo o grado de discapacidad.

Chile nunca será un país más justo si no nos preocupamos de este grupo humano. Eso es tremendamente grave si pensamos que nadie está libre de sufrir algún tipo de discapacidad o de tener algún familiar que pueda padecerla. Seamos más inclusivos, pero de verdad.

Valoro tremendamente este proyecto y, sin duda, lo voy a votar a favor. Sin embargo, se necesitan más iniciativas en esta materia, especialmente si consideramos que es un tema que tiene el potencial de generar múltiples acuerdos desde el punto de vista político.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, obviamente, voy a apoyar este proyecto de ley, iniciado en moción, que establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios contemplados en la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

¿Por qué leí su título? Porque suena bonito. Espero que no sea letra muerta.

La semana pasada fue a mi oficina parlamentaria, a visitarnos, una vecina de Coronel que tiene dos hijas que nacieron sordas. Ella me contó acerca de las serias dificultades que ha tenido para educar a sus hijas, porque los colegios no tienen personas especializadas en lenguaje de señas. Me comentó que cuando, por alguna enfermedad, llevaba a sus hijas a los cesfam, allí nadie está capacitado en lenguaje de señas, por lo que no es posible entender qué les duele o molesta a sus hijas para saber qué necesitan.

Hoy día, en los servicios públicos, en general, no hay personas capacitadas en lenguaje de señas.

Entonces, repito, es un bonito proyecto, tiene un hermoso título, pero espero que lo hagamos realidad, que lo hagamos carne, porque de lo contrario será letra muerta.

Hoy día, tenemos chilenos con diferentes discapacidades, una de las cuales es la sordera. Espero que este proyecto se haga realidad, y para eso se les debe exigir a todos los organismos públicos -municipalidades, gobernaciones, ministerios y el propio gobiernotener en sus dependencias personas capacitadas para entender y comunicarse con lenguaje de señas. Repito: de no ser así, este hermoso proyecto, con este hermoso título, será letra muerta.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, la necesidad de avanzar hacia una sociedad inclusiva es una cuestión en la que debemos trabajar día a día.

El proyecto de ley que se somete a votación establece criterios para facilitar el acceso a los beneficios de la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, por lo que es un avance, ya que el Estado tiene el deber de propender a facilitar el acceso de forma expedita para ello.

Si bien en nuestro país tenemos avances sobre estas materias, debemos seguir perfeccionando el acceso. Es por eso que, en este proyecto de ley, se garantiza el acceso más expedito a los beneficios establecidos por ley y se fija la utilización de tecnologías en los servicios públicos, para hacer más inclusivos todos los tipos de servicios que presta el Estado. A su vez, el Estado debe asegurar que no se menoscabará la dignidad de las personas con discapacidad, y, por ende, debe mejorar los procedimientos que realiza.

Lo anterior genera un mayor y mejor escenario para las personas con discapacidad, pues se les garantiza la inclusión e igualdad, mejorando su calidad de vida y la de sus familias.

La bancada del Partido Socialista votará a favor este proyecto de ley, pensando siempre en la necesidad de poder ir construyendo, paso a paso, una sociedad de derechos, una sociedad inclusiva, en la cual nadie se quede atrás, para que, en definitiva, podamos avanzar hacia una mejor democracia y un mejor Estado mediante el mejoramiento de sus instituciones.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez .

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señor Presidente, nos encontramos ante una importante oportunidad de avanzar en la protección y en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Este proyecto representa un compromiso fundamental con la inclusión y la equidad, valores que deben guiar nuestra acción como Cámara de Diputados.

Lamento que hoy día no esté presente el Ejecutivo en la Sala impulsando este proyecto y comprometiéndose realmente con las personas en situación de discapacidad.

Tenemos muchas leyes que han sido muy difíciles de implementar, por lo que hay que tener mucho cuidado con las expectativas que, muchas veces, se les entrega a las personas con discapacidad, que bastante mal lo han pasado en esta sociedad, que, hasta hace poco, tenía cero empatía con ellas y poca conciencia social de lo que significa la inclusión.

Es crucial que, como Parlamento, apoyemos esta iniciativa, porque refleja nuestro compromiso con la justicia social y el progreso, protegiendo los derechos de las personas con discapacidad. Es esencial unirnos para apoyarlas con medidas que les permitan superar barreras de acceso a sus derechos fundamentales.

Aún tenemos mucho por avanzar, y para ello se necesita un compromiso real. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer y que este proyecto no va a resolver todos los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad, pero es un paso importante en la dirección correcta. Nuestro deber es seguir adelante, avanzando en mayores oportunidades y en un trato digno.

Por eso, insto a todos mis colegas a aprobar este proyecto de forma unánime y a trabajar juntos para asegurar su implementación, que es lo más importante, porque -insistotenemos muchas leyes relacionadas con la discapacidad cuya implementación, lamentablemente, ha fallado. No podemos permitir que las barreras burocráticas y los trámites engorrosos sigan siendo un obstáculo para el acceso y para los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Es importante que la Cámara de Diputados, de forma unida, envíe un mensaje claro de inclusión y de solidaridad mediante la aprobación esta iniciativa y así poder hacer la diferencia en la vida de miles de personas que viven en situación de discapacidad.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, las personas con discapacidad siempre han tenido más riesgo de caer en pobreza debido a la falta de oportunidades laborales, dificultad para realizar actividades, movilidad limitada, discriminación, entre otras cosas.

Hace algunos años, personas que sufrían de discapacidades producto de enfermedades sindrómicas eran ocultadas en el sector más oscuro de sus casas. Esa realidad ha cambiado. Hoy, la inclusión de personas con distintos tipos de discapacidad significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan dentro de nuestra sociedad. Asimismo, ello garantiza que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos.

Hoy tenemos una actividad muy hermosa en el salón del Senado. Los invito a todos. Hay una fundación que trabaja con muchos niños que poseen una discapacidad mucho mayor que la de aquellos que tienen alguna posibilidad laboral. Tienen cuidadores, que son familiares. En ese sentido, desde esta Cámara hemos luchado para que el estipendio de los cuidadores pueda aumentar. Consideremos no solamente a quienes tienen posibilidades laborales, sino también a aquellas personas que tienen discapacidades mayores y requieren mayor protección.

Esta Cámara entregó financiamiento a la fundación Deportistas por un Sueño. Espero que esta Corporación la siga apoyando. Es una labor que no puede ser realizada por el Estado. Quienes están involucrados con ella la llevan adelante entregando mucho amor.

Los invito a todos, colegas diputados, a reunirnos en esa actividad a las 14:00 horas, en el salón del Senado.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, nos encontramos estancados. Ya no podemos seguir regulando el derecho a la inclusión social solamente a nivel legal. Tenemos el deber de elevarlo a rango constitucional, como un derecho fundamental de las personas. Es nuestro deber reconocer y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

Hoy debatimos la aprobación de un proyecto de ley que intenta avanzar positivamente en materia de inclusión social, mandatando al Estado a que propenda a la generación de políticas públicas para facilitar el acceso y mejora en la obtención de beneficios para personas con discapacidad. Sin embargo, este proyecto no consagra un deber imperativo para el Estado.

Recordemos en este hemiciclo el sensible e inconcluso caso de la joven activista y profesora sorda Camila Villavicencio , quien fue encontrada muerta el 15 de octubre de 2022 al interior de la casa de un excompañero de colegio, quien hoy es imputado por diez casos de violación y abuso sexual en la comunidad sorda.

Es inaceptable que las instituciones encargadas de investigar los delitos, en este caso la PDI, no cuenten con intérpretes de lengua de señas. Es realmente vergonzoso que durante el proceso judicial no permitiesen a los integrantes de la familia de Camila declarar como testigos por el solo hecho de ser sordos y no contar con intérpretes.

Para finalizar, desde esta diputación inclusiva, humanista, transformadora, votaré a favor este proyecto.

Por Camila Villavicencio , por su familia y toda la comunidad sorda, hago un férreo llamado a que se asegure, en la práctica, la implementación y capacit ación de intérpretes de lengua de señas chilena en todas las instituciones públicas, como parte de las políticas de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que deroga la ley N° 18.356, que Establece normas sobre control de las artes marciales y deroga la ley N° 18.039, e incorpora el concepto de artes marciales en la ley N° 19.712, del Deporte, correspondiente a los boletines Nos 15767-29 y 16248-29.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Deportes y Recreación es el señor Roberto Arroyo .

-Antecedentes: Mociones:

-Boletín N° 15767-29, sesión 9ª de la legislatura 371ª, en martes 28 de marzo de 2023. Documentos de la Cuenta N° 7, y

-Boletín N° 16248-29, sesión 72ª de la legislatura 371ª, en lunes 4 de septiembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 28.

-Informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 130ª de la legislatura 371ª, en lunes 15 de enero de 2024. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ARROYO (de pie).-

Señor Presidente, honorables diputadas y diputados:

Como diputado y cultor de artes marciales del estilo kenpo o kárate americano, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley que deroga la ley N° 18.356, que Establece normas sobre control de las artes marciales y deroga la ley N° 18.039, e incorpora el concepto de artes marciales en la ley N° 19.712, del Deporte, iniciado en las siguientes mociones refundidas, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

1. Moción de los diputados señores Andrés Camaño Cárdenas , Andrés Giordano Salazar , Jorge Guzmán Zepeda , Jaime Mulet Martínez, Marco Antonio Sulantay Olivares , Cristián Tapia Ramos y del diputado que habla, y de las diputadas señoras Marisela Santibáñez Novoa y Érika Olivera de la Fuente (boletín N° 15767-29).

2. Moción de los diputados señores Jorge Brito Hasbún , Andrés Giordano Salazar , Daniel Manouchehri Lobos, Marco Antonio Sulantay Olivares , Cristián Tapia Ramos , Sebastián Videla Castillo y de quien habla, y de la diputada señora Marisela Santibáñez Novoa (boletín N° 16248-29).

La idea matriz del proyecto de ley consiste en eliminar el tratamiento diferenciado de determinadas artes marciales respecto de los demás deportes, amparando todas estas disciplinas deportivas bajo una misma regulación, la de la ley N° 19.712, del Deporte.

En la moción se dan a conocer los siguientes antecedentes.

-En el boletín N° 15767-29 se señala que la ley N° 18.356 establece como artes marciales a estilos como el aikido, hapkido, jet kune do, kung fu, krav maga, jiu-jitsu, sambo, savate o tai chi, y sus múltiples derivados y combinaciones. Desde 2003 se excluyó de la aplicación de esta normativa legal a la esgrima, el box, el judo, la lucha, el kárate, el taekwondo y el kendo, pues no son considerados como artes marciales, sino como deportes, por lo cual son aplicables para su ejercicio y control las normas de la ley N° 19.712, del Deporte, lo cual genera desigualdad.

En la década de 1970, el Ministerio de Defensa Nacional configuró las bases para un marco regulatorio de las artes marciales, asignándose, finalmente, con la dictación de la ley N° 18.356, en 1984, el rol de autoridad en esta materia a la Dirección General de Movilización Nacional, correspondiéndole en su ejercicio la responsabilidad de fiscalizar y controlar los establecimientos, actividades, materiales, elementos y personas relacionadas con la enseñanza, práctica y difusión de las artes marciales.

El ejercicio de determinadas artes marciales podría incrementarse al tratarlas como una actividad deportiva, sin estar sus estudiantes e instructores sujetos al pago de tarifas para permisos y diligencias que, según se estimaba hace algunos años, solo servían para financiar los gastos operacionales en que se incurría en la aplicación de la misma ley N° 18.356.

La consideración de estas disciplinas como artes marciales permitiría proyectar su des arrollo, así como también la mejora e impulso de proyectos con jóvenes y n iños en riesgo social; conseguir mayor apoyo del sector privado y de entidades públicas, así como logar su inserción en establecimientos educacionales, contribuyendo con ello a disminuir los niveles de sedentarismo de nuestra sociedad, mejorar los índices de productividad laboral, aportar a crear nuevas fuentes de trabajo y mostrar Chile al mundo en una labor de promoción turística y deportiva, a través de la participación de los mejores exponentes en eventos deportivos internacionales.

Algunas modificaciones de la ley N° 18.356, como de la ley N° 19.867, han excluido a determinadas disciplinas del carácter de artes marciales, dejándolas solamente como disciplinas deportivas, tal como sucedió con el boxeo, la esgrima, el judo, la lucha, el karate, el taekwondo y el kendo, estableciendo de esta manera una discriminación arbitraria entre algunas actividades y otras de similares características, y, a la vez, un contrasentido, ya que muchas personas tradicionalmente han considerado el karate, por ejemplo, como un arte marcial, pudiendo constituir incluso una razón determinante para su práctica.

Por otra parte, el boletín N° 16248-29 se refiere específicamente a la disciplina conocida como kickboxing, y señala que se trata de un deporte de combate que puede practicarse a nivel competitivo o recreativo, que fue reconocido como deporte olímpico el 21 de julio de 2021 por el Comité Olímpico Internacional.

Conforme a la legislación vigente, el kickboxing y otras artes marciales se regulan por medio de la ley N° 18.356, que establece normas sobre control de las artes marciales, y su reglamento respectivo, junto con el decreto 42 del Ministerio de Defensa Nacional, por el que se aprueba el reglamento complementario de esta misma ley. La fiscalización del cumplimiento de dichas normas corresponde a la Dirección General de Movilización Nacional, a las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile, que son los responsables de controlar a las personas que practican artes marciales, el uso de los implementos y materiales destinados a ellas, como también de los recintos o locales en que estas se desarrollen.

El término “arte marcial” se encuentra definido en el artículo 1 de la ley N° 18.356 como “todo sistema, procedimiento o técnica de lucha o combate personal, con propósito de ataque o defensa, sea mediante la utilización de elementos materiales o el solo uso del cuerpo humano.”.

Por otro lado, los deportes de box, esgrima, judo, lucha, karate, taekwondo y kendo no son considerados como artes marciales, y les son aplicables para su ejercicio, fomento, protección y control las normas de la ley Nº 19.712, del Deporte, con el objeto de que ellos se desarrollen de acuerdo con la reglamentación que les dé un carácter estrictamente deportivo, sin que su fiscalización, control o regulación pueda estar sujeta a pago de ninguna especie.

Se produce una discriminación por el hecho de que algunas artes marciales se regulen a través de una normativa con mayores requisitos y fiscalización, en contraposición a otras disciplinas, que también caben dentro del concepto de artes marciales, pero que son reguladas como deporte, sobre todo teniendo a la vista el significativo impacto de aplicar esta normativa más gravosa a la práctica del kickboxing, ya que, al requerir autorizaciones especiales de ciertos organismos públicos, el incumplimiento de esta disposición podría generar la aplicación de medidas y sanciones, como la suspensión de alumnos e instructores, e, incluso, la prohibición total de la práctica de este deporte, lo que desincentiva notablemente el ejercicio de disciplinas como la comentada, u otras de similar naturaleza a las cuales afecta el mismo problema, poniéndolas incluso en desventaja frente a otras disciplinas de contacto físico.

En el marco de la discusión general, se recibió al ministro del Deporte, al director general de Movilización Nacional y a diversos representantes de las artes marciales, quienes dieron a conocer sus opiniones en torno a esta iniciativa legal.

Cabe destacar que este proyecto de ley fue aprobado en general por mayoría de votos y que el texto aprobado en particular por la comisión consta de dos artículos permanentes y una norma transitoria, mediante los cuales se deroga la ley N° 18.356, que establece normas sobre control de artes marciales y deroga la ley N° 18.039, y se dispone en la ley N° 19.712 que serán consideradas como deporte las artes marciales, que se definen para tales efectos, quedando sometidas a las normas de esta ley todas las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que desarrollen cualquier actividad relacionada con las artes marciales, radicando en un reglamento, que deberá dictarse dentro del plazo de seis meses a partir de la publicación de esta ley en proyecto, el establecimiento de los procedimientos de fiscalización y los requisitos que deben cumplir los instructores y estudiantes involucrados en las actividades de las artes marciales.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, quiero decir claramente que voy a votar en contra este proyecto de ley, e invito a la Sala a que también lo haga, por los motivos que pasaré a señalar.

Actualmente, corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de la Dirección General de Movilización Nacional, fiscalizar el estricto cumplimiento de la ley de artes marciales y adoptar medidas de control sobre los establecimientos, los elementos, tipo linchacos u otros; las actividades y las personas relacionadas con la enseñanza, práctica y difusión de las artes marciales, según consta en el artículo 2° de la ley N° 18.356.

Para efectuar la fiscalización y el control que la ley pone a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, actúa como autoridad central la Dirección General de Movilización Nacional, según consta en el artículo 4° del reglamento complementario de dicha ley.

Específicamente, la Dirección General de Movilización Nacional actúa como autoridad nacional en materias de su competencia, ya sea por sí o por medio de las autoridades fiscalizadoras designadas por orden ministerial, es decir, por el Ministerio de Defensa Nacional, según consta en el artículo 8°, letra c), del reglamento complementario. Esta tarea se realiza en conjunto con 35 comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas a lo largo del país, desde Arica a Porvenir, actuando todas ellas como autoridades fiscalizadoras y jurisdiccionales.

Por otro lado, existe un trabajo mancomunado y colaborativo entre diferentes órganos del Estado, tales como Carabineros de Chile, la Policía Marítima, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Fiscalía nacional. Este trabajo colaborativo, por ejemplo, junto con Carabineros de Chile, supone que las 194 comisarías existentes a lo largo del país deban controlar y fiscalizar, a lo menos una vez a la semana, el cumplimiento de la ley, lo que se traduce en 10.282 fiscalizaciones al año. Sin embargo, de aprobarse esta iniciativa, esas fiscalizaciones ya no se realizarán.

Por tanto, se debe considerar que la Policía Marítima, el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Aeronáutica Civil diariamente realizan controles en las fronteras, en los puertos y en los aeropuertos de nuestro país respecto de este tipo de instrumentos, como el linchaco, así como fiscalizaciones a todos los implementos y material escrito y audiovisual relacionados con las artes marciales que ingresan y salen de nuestro país.

De prosperar esta iniciativa, es decir, de derogarse la ley correspondiente, se podría generar un debilitamiento de la seguridad pública de nuestro país y la eliminación de un instrumento valioso que el Estado de Chile provee a sus ciudadanos: poder conocer la certificación de los maestros de artes marciales y los establecimientos a los cuales asisten padres e hijos.

Finalmente, resulta complejo que la totalidad de los implementos no tenga ningún tipo de relación.

Por tanto, como acabo de señalar, invito a la Sala a rechazar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señor Presidente, intervendré bien cortito y al callo. Es bien importante entender que las artes marciales pueden ser un instrumento de daño o muerte al contrincante.

Desde ese punto de vista, la ley que se pretende derogar establece un control específicamente a las personas y a las escuelas que enseñan artes marciales. En consecuencia, dado el nivel de delincuencia, de crimen organizado y de inseguridad que se vive en Chile, es fundamental que siga existiendo el control de la Dirección General de Movilización Nacional.

Si esto pasa a ser simplemente deporte, vamos a tener, especialmente en mi zona del sur y, probablemente, en muchos sectores de Chile, como Iquique, Santiago o donde sea, escuelas donde habrá guerrilleros entrenando sin ningún control.

Voy a votar en contra este proyecto de ley, dado que considero fundamental que estas artes marciales sigan siendo controladas, como lo son hoy día. Es más, creo que la ley debería ser modificada a fin de ampliar su espectro a otras artes marciales que en su minuto quedaron fuera.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, este proyecto busca derogar la ley que establece normas sobre control de las artes marciales, a fin de que estas sean entendidas como un deporte. La idea es terminar con la discriminación que sufren ciertas disciplinas en Chile, que desde la dictadura y hasta el día de hoy son supervisadas por las Fuerzas Armadas, lo que impide que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.

Hoy, disciplinas como el tai chi deben ser supervisadas por militares. Las escuelas, los instructores y los deportistas deben cumplir una serie de requisitos que les impiden desarrollar sus prácticas en igualdad de condiciones con sus pares en el mundo, lo que es absurdo.

Por eso, celebramos que después de tanto tiempo se derogue la referida ley y se deje de discriminar arbitrariamente a algunas disciplinas en el país, una lógica que solo existe en Chile y que pone a nuestros deportistas en riesgo, ya que les impide desarrollarse.

Considerar disciplinas marciales como deporte no es nuevo, pues en el pasado otras artes marciales, como el judo, la lucha, el kárate, el taekwondo, el kendo fueron consideradas deportes, por lo que ya no deben someterse a la referida supervisión. Prácticas como el box y la esgrima han seguido la misma línea.

Crear más deportistas en el país es un motor de cambio importante que nos ayudará a cerrar espacios a vicios como las drogas, la delincuencia y tantos otros a los que se enfrentan nuestros jóvenes y niños, más aún hoy, cuando el avance de la delincuencia lesiona a nuestro país. La práctica de estos deportes nos ayudará a inculcar valores y a promover una vida más sana para todos y todas.

Por eso, hoy celebramos este proyecto y anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, personas que me precedieron en el uso de la palabra plantearon una serie de riesgos o dificultades que irían de la mano de la derogación de la norma sobre control de las artes marciales. Una de ellas sería que no se realizarían las 10.200 fiscalizaciones que ha efectuado la Dirección General de Movilización Nacional o, en su defecto, Carabineros. En este caso vemos un ejemplo de cómo se malgastan los recursos de Carabineros y de la Dirección General de Movilización Nacional.

Las artes marciales no son solo un deporte, sino también una capacidad, en cuyo entrenamiento se va aprendiendo disciplina y autodisciplina. De hecho, son un instrumento para sacar a los niños de las calles o para sacarlos o alejarlos de las bandas. No veo la razón por la cual el Estado, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, debiese estar controlando todo ese espectro, que no solo es deportivo, sino un espacio en el que también se enseña autodefensa. En un momento como el que vivimos ahora, la autodefensa es fundamental para la gente. Sé que muchos confían fundamentalmente en el Estado en materia de seguridad. Creo que el Estado -esa es su función primordial– tiene que entregar seguridad. Pero también entiendo que una persona que está siendo víctima de un delito no puede esperar a que llegue la policía, porque el delito va a haberse consumado. Si tiene las posibilidades de defenderse a sí misma, o a otros, va a hacerle un aporte a la sociedad.

Las artes marciales, no solo en Chile, sino también en el resto del mundo, son un instrumento para socializar a niños que de otra manera caerían con facilidad en poder de bandas delictuales, fundamentalmente por la falta de padres en los hogares y de referentes masculinos que los puedan articular de manera positiva. Lamentablemente, ese es un hecho que se ha transformado en una realidad social.

Las escuelas de artes marciales, el servicio militar y la educación pública lo que hacen es tratar de compensar un poco la pérdida de capacidades socializadoras que ha tenido la familia. No veo ninguna razón por la cual nosotros debiésemos debilitar este instrumento de socialización, en el que los niños pueden encontrar roles masculinos a los cuales seguir -roles masculinos positivos-, al tiempo que entrenan y se preparan para poder defenderse a sí mismos y a terceros.

Porque Carabineros no tiene por qué dilapidar sus pocos recursos para ir a fiscalizar escuelas de artes marciales, y porque quiero ver florecer las artes marciales en este país, voy a votar a favor esta iniciativa. Es una buena iniciativa, que va de la mano de aquello en lo que creo profundamente: un ciudadano tiene el derecho no solo a la vida y la integridad física, sino también a las capacidades para poder defenderlas.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, este proyecto es muy importante.

Me permito señalar que quienes han anunciado su voto en contra no han escuchado cuál es el problema que este proyecto viene a solucionar. Lo explico con el siguiente ejemplo: El kickboxing es un deporte que surge de una adaptación del muay thai, que mezcla técnicas de otros deportes, como el boxeo, el taekwondo y el kárate, y que permite golpes desde la cintura hacia arriba y también con las tibias en los muslos del contrincante. Pero existe una paradoja: el muay thai está comprendido en la Ley del Deporte, pero el kickboxing, en la Ley de Artes Marciales, en circunstancias de que el kickboxing viene del muay thai. La práctica del kickboxing es fiscalizada por militares en los gimnasios, y para desarrollarla se tiene que pagar un monto anual. En cambio, para la práctica del muay thai eso no ocurre; además, es un deporte que puede ser promovido por el Estado. Sin embargo -reitero-, el kickboxing es hijo del muay thai. Es una contradicción que solo se explica en que la restricción al kickboxing se estableció en 1985, cuando no existía democracia en Chile y cuando se veía como una amenaza que los ciudadanos pudiesen desarrollar capacidades para defenderse.

El kickboxing es muy importante en la vida de miles y miles de niños de nuestro país, a quienes les ha cambiado sus vidas. En nuestra Región de Valparaíso tenemos el orgullo de ser cuna de campeones y campeonas nacionales de kickboxing. Uno de esos semilleros de campeones es el Equipo Silva, que durante el verano pasado desarrolló prácticas de esa disciplina en la Playa del Deporte, en Viña del Mar; en los cerros de Valparaíso y en los centros de salud familiar a niños, niñas y adolescentes. Hemos sido testigos del impacto positivo que tiene en los barrios la práctica libre del kickboxing.

Quisiera que lo pudiéramos practicar en todos los rincones del país, pero para eso es necesario que sea considerado un deporte, y no una disciplina que hay que restringir y por la cual hay que pagar para poder practicarla.

Por eso, agradecemos que la Comisión de Deportes en forma transversal haya suscrito este proyecto y haya querido tramitarlo con sentido de urgencia. Pedimos al gobierno que apoye su tramitación en el Senado para que no duerma el sueño de los justos. La situación que aborda este proyecto es un ejemplo de cómo normas anticuadas, cuyo origen tiene una explicación, pero no así el hecho de que se mantengan, tienen que dar paso a leyes que promuevan los buenos valores en nuestra sociedad.

Si hacemos alusión a la crisis de seguridad -muy bien lo señaló mi antecesor en el debate-, no hay nada más ridículo que destinar a agentes del Estado, a militares o a policías a fiscalizar a sanos deportistas -a quienes, además, les cobran-, desatendiendo la crisis de seguridad.

Por ello, esperamos que este proyecto se apruebe transversalmente y ojalá por unanimidad. Pedimos a quienes han manifestado su crítica a esta iniciativa que escuchen cuáles son los problemas y los dolores que esta iniciativa viene a solucionar.

Aprovecho de enviar el siguiente mensaje a la Dirección General de Movilización Nacional, que no tiene ni transparencia ni control respecto de las finanzas, ni tiene mecanismos para rendir cuenta de los ingresos que recibe por los permisos que se les debe pagar: estamos trabajando en una adecuación normativa para que exista trazabilidad de los recursos en esa institución; porque tanto para los permisos para practicar kickboxing como para los permisos para la tenencia de armas entregan un váucher escrito a mano, sin un sistema que dé cuenta de cuánta es la recaudación total y cuánto es lo que se obtiene por la fiscalización a las armas y a las artes marciales.

¡Que todas las artes marciales vayan a la Ley del Deporte! ¡Que exista todo el fomento al deporte en los barrios, y el cultivo de los buenos valores en nuestra juventud! Ese es un camino que como país debiésemos propiciar, independientemente de los sectores polític os, lo que también va a contribuir a la crisis de seguridad.

Por supuesto, aprobaremos la iniciativa.

Agradezco a la escuela de kickboxing y artes marciales mixtas Equipo Silva, de Valparaíso, porque ellos nos han motivado a darle urgencia a este proyecto, que esperamos pronto se concrete en ley.

He dicho.

-Aplausos.

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, como todas las demás iniciativas, que deben pasar por sus respectivas comisiones, este proyecto de ley fue estudiado con detenimiento en la Comisión de Deportes y Recreación. Por lo tanto, no es algo que hayamos pensado de la noche a la mañana.

Esta ha sido una necesidad, una aclamación de cientos y cientos de deportistas de clubes deportivos, asociaciones y federaciones, entre otros, que se dedican a estos deportes de contacto.

¿Por qué ocurre esto? Porque en torno a la actividad han surgido distintas preocupaciones. Por ejemplo, en este deporte, si un instructor está en una población o en una multicancha y es sorprendido enseñando esta disciplina a niños que necesitan espacios para practicar deporte, le cursan una multa. Así de sencillo.

Considerando que en este hemiciclo hablamos a diario y con mucha justificación sobre la seguridad, sobre cómo combatir la sensación de inseguridad y cómo prevenir que el día de mañana todos estos jóvenes y niños entren a bandas y a la delincuencia, debemos tener claro que el deporte es una tremenda herramienta para lograr estos objetivos.

Dicho esto, creo que los parlamentarios que han manifestado que no aprobarán la iniciativa se confunden, ya que no solo se está derogando la ley, sino que, además, se incorpora el concepto de artes marciales en la Ley del Deporte. Ese es el corazón del proyecto.

Por otra parte, cuando participamos en torneos internacionales, como los Panamericanos o los Juegos Olímpicos, entre otros, enfrentamos una tremenda desventaja, ya que Chile es uno de los pocos países que no tienen esta calificación de deporte en las artes marciales.

Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguir manteniendo a estos jóvenes, a quienes les gusta este deporte, encerrados en sus casas, parados en las esquinas o consumiendo drogas o alcohol?

Me gustaría que todos vieran el tremendo trabajo que hicimos en la Comisión de Deportes y Recreación. Lo digo, porque esta no es solo la opinión de los parlamentarios que integramos esa instancia. De hecho, recabamos información de distintas agrupaciones, y ninguna de las personas que expusieron ante la comisión consideró que esto fuera algo negativo.

La gente está esperando que hagamos realidad este cambio e incorporemos el concepto de artes marciales en la Ley del Deporte, porque el país lo necesita. Chile no puede estar truncando los sueños de tantos jóvenes que quieren hacer deporte.

Me gustaría ver en las poblaciones, las multicanchas llenas de gente practicando estas disciplinas, al igual que sucede con el fútbol y otros deportes. Además, me gustaría presenciar competencias de artes marciales tanto en colegios como en polideportivos. Para ser competitivos se necesita entrenamiento y capacitación, y en Chile contamos con grandes exponentes de estos deportes.

Por las razones expuestas, anuncio que como bancada vamos a votar a favor este proyecto de ley.

A quienes en estos momentos están pensando en rechazar la iniciativa, les pido que se pongan en los zapatos de aquellos jóvenes y personas que quizás quieren practicar otros deportes, pero no tienen las condiciones económicas necesarias para hacerlo.

Si desentramamos este tipo de proyectos, tendremos menos jóvenes insertos en la delincuencia, el alcoholismo o la drogadicción, y, en consecuencia, más deportistas para Chile y mejores personas.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión ha sido revisado exhaustivamente. Como señaló el diputado Tapia , no es algo que hayamos visto ayer para presentarlo hoy día y darle celeridad, sino que se trata de una iniciativa en la que venimos trabajando hace mucho tiempo. De hecho, a la comisión concurrieron muchas personas, incluidas autoridades del Ministerio del Deporte y de la Dirección General de Movilización Nacional, entre otras, quienes presentaron sus descargos para que finalmente pudiéramos emitir nuestras opiniones al respecto.

Esto va de la mano con un tema histórico, ya que años atrás se decretó que las escuelas de artes marciales eran prácticamente escuelas de guerrilla. Por tanto, esto todavía es un resabio de un pasado autoritario que generó desigualdades en el deporte. Lo digo, porque después de 2003, algunas personas, probablemente aquellas con contactos o pitutos, lograron que algunas de estas disciplinas fueran reconocidas como deportes. Así se generó la desigualdad.

El jiu-jitsu y el judo, por ejemplo, son similares, al igual que el kárate y el kung -fu; es decir, quien no conoce las vestimentas prácticamente no podría diferenciarlas. Pero en lo que respecta a su regulación, solo algunas de estas actividades están contempladas en la ley de control de artes marciales. Este es el problema, ya que algunas personas están sujetas a dicha ley por practicar estos deportes, mientras que otras, que realizan actividades similares, están reguladas por la Ley del Deporte.

Por lo tanto, este proyecto de ley propone establecer la igualdad en torno a estas disciplinas. Debemos dejar de hablar de una ley de control de las artes marciales e incorporar estas actividades en la Ley del Deporte para traer justicia a quienes las practican.

En lo personal, como practicante de artes marciales, específicamente del estilo kenpo americano, sé que al practicarlas desde joven se adquiere seguridad, la cual se refleja en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, se termina el bullying, ya que quienes lo padecen suelen ser personas que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. En cambio, cuando uno tiene una herramienta de defensa personal, la probabilidad de sufrir bullying desaparece.

Por lo demás, si estuviéramos a favor de restringir o regular la práctica de deportes de contacto, hasta el fútbol se vería afectado. Aunque sabemos que a algunos futbolistas les gusta más el teatro que el contacto, fuera de bromas, el contacto físico no es una razón para regular algunos deportes en leyes distintas.

Aunque algunos colegas presentes, debido a su desconocimiento, mencionaron el uso de armas en las artes marciales, no conozco ningún caso en el que una persona haya resultado afectada por el uso de armas en estas disciplinas. Además, es importante destacar que la mayoría de estas armas son solo para demostración. Sin embargo, tenemos la esgrima, regulada por la Ley del Deporte, y nadie tiene problemas con eso.

Es más, señor Presidente, si yo le regalo un cuchillo, comprado hoy en la calle, usted se transforma en el portador de un arma blanca, y eso no se fiscaliza.

Por lo tanto, esto se deberá regular mediante la creación de un reglamento, trámite que no toma más de seis meses.

Las artes marciales no solo son el arte de defenderse, sino también una disciplina deportiva. Las personas que practican este deporte se caracterizan porque tienen mayor autocontrol, pues su práctica les entrega seguridad en distintas áreas de su vida, y eso lo puedo afirmar por mi propia experiencia. Mejora la autoestima, ayuda a eliminar el bullying, otorga seguridad y disciplina, y, como deporte, mejora los índices de salud, eliminando el sobrepeso y dejando atrás el sedentarismo. Es un deporte que podemos incorporar en los colegios y así ayudar a mejorar los índices de salud.

Espero que desde esta Cámara de Diputados salga el apoyo hacia los deportistas, un apoyo para que terminemos con esta desigualdad que hace que, por un lado, se le llame deporte, y, por el otro, esté bajo la ley de control de armas. Eso no puede ser, es una irregularidad.

Como Cámara de Diputados, hoy tenemos la oportunidad de poner mayor control sobre las artes marciales y considerarlas dentro de la Ley del Deporte.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señora Presidenta, primero, quiero hacer eco de lo señalado por algunos parlamentarios que son miembros de la Comisión de Deportes y Recreación, en cuanto a que este proyecto fue extensamente discutido en ella. Tuvimos como invitados a personas que practicaban estos deportes y a representantes de la Dirección General de Movilización Nacional. Hemos llegado a la convicción de que aquí no pueden existir barreras de entrada para la práctica del deporte. Este no es un tema de seguridad, sino más bien de impulsar correctamente la práctica de un deporte por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La Dirección General de Movilización Nacional señaló que, de mantenerse vigente la ley, eso les permite dar un orden a la actividad y fiscalizar. ¿Qué fiscalizan? A quienes enseñan y a quienes practican. Ahí tenemos un primer problema.

Un niño que quiera practicar artes marciales hoy no puede ir directamente a una escuela a aprender y practicar este deporte, sino que debe ir primero a la Dirección General de Movilización Nacional para que le entreguen un certificado que lo autorice a su práctica. Si a ese niño no le gustó la actividad que realizó y quiere probar otra disciplina deportiva, debe ir a dar de baja su autorización, para generar un nuevo certificado que le permita practicar otro deporte. Entonces, estamos poniendo una barrera de entrada para la práctica de un deporte.

Ahora bien, respecto de fiscalizar a quien realiza la enseñanza, eso sí lo podemos validar, porque es importante saber quiénes están enseñando o promoviendo la práctica de un deporte.

Un invitado a la comisión hizo la siguiente comparación: si a alguien le gusta, por ejemplo, el fútbol o el tenis y quiere aprender su práctica y tener la certeza de que la persona que está enseñando está debidamente acreditada, debe ir a consultar a la federación respectiva, pero en ningún caso hay una barrera para que esa persona pueda enseñar la práctica del deporte.

El objetivo de esta fiscalización es evitar algunas conductas, impedir que un delincuente enseñe la práctica de un deporte; pero nada nos asegura que ese mismo delincuente pueda enseñar otro deporte que no requiere una certificación.

El otro elemento que se fiscaliza es el uso de los instrumentos asociados a la práctica de estos deportes. En lo personal, le daba cierto mérito a lo que nos dijo la Dirección General de Movilización Nacional, por cuanto hay instrumentos propios de la práctica que pueden ser considerados como armas. Al respecto, salí a recorrer ferias en la Región del Maule y he recorrido ferias de todo Chile, y he comprobado que esos mismos insumos que supuestamente están prohibidos, que supuestamente están sujetos a una fiscalización, se están vendiendo en todas partes.

Entonces, he llegado a la convicción de que aquí estamos en presencia de un deporte. Por tanto, debe ser regulado por la Ley del Deporte, no por una ley que pone barreras de entrada a quienes desean practicarlo, por un tema de seguridad.

Comparto lo que han dicho el diputado Arroyo y el diputado Tapia . Voy a votar a favor este proyecto, porque considero que la práctica del deporte debe impulsarse en todo momento, en todo lugar, y, por cierto, a nivel internacional estas prácticas son consideradas deportivas.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señora Presidenta, voy a votar a favor esta iniciativa, porque en mi larga carrera de psiquiatra en hospitales públicos pude comprobar cómo el acercarse a artes marciales alejó a pacientes de la agresividad que tenían por estructura de personalidad, y a muchos de ellos los alejó de sus adicciones.

Agradezco al diputado Arroyo , quien la presentó, y a las personas que son partidarias de esta ley en proyecto, porque, claramente, como se dijo aquí, las artes marciales también enseñan a ser mejores personas.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica las leyes Nos 19.968 y 20.066, en el sentido de considerar el síndrome de alienación parental como acto constitutivo de violencia intrafamiliar, correspondiente al boletín 10516-18.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de la Familia es la señora Mónica Arce .

Antecedentes:

-Moción, sesión 121ª de la legislatura 363ª, en martes 19 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Familia, sesión 121ª de la legislatura 370ª, en jueves 19 de enero de 2023. Documentos de la Cuenta N° 21.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

En reemplazo de la diputada Mónica Arce , rinde el informe la diputada Lorena Pizarro .

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora PIZARRO, doña Lorena (de pie).-

Señora Presidenta, honorable Cámara, la Comisión de la Familia viene a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica las leyes Nos. 19.968 y 20.066, en el sentido de considerar el síndrome de alienación parental como acto constitutivo de violencia intrafamiliar.

El proyecto se inició en moción parlamentaria de los entonces diputados señores y señoras René Manuel García , Felipe Kast , Cristián Monckeberg , Paulina Núñez , Diego Paulsen , Karla Rubilar , Marcela Sabat , David Sandoval , Alejandro Santana y Germán Verdugo .

Participaron en el debate de esta iniciativa la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señorita Antonia Orellana ; el exministro de Desarrollo Social y Familia, señor Giorgio Jackson Drago , y la directora a cargo de la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, señora Verónica Vymazal .

Se hace presente que la iniciativa no tiene urgencia.

Idea matriz o fundamental del proyecto

Son dos.

1. Modificar la ley de violencia intrafamiliar, incorporando el síndrome de alienación parental como causal de la misma.

2. Facultar a los tribunales de familia para decretar medidas cautelares referidas al cuidado personal y a la relación directa y regular entre el menor y el progenitor que comete dicha conducta.

Fundamentos de la moción

Señalan sus autores que el síndrome de alienación parental es un trastorno que se presenta en la niñez y que se traduce en una denigración sistemática hacia uno de los progenitores con los que el menor tenía previamente una relación de afecto. De esta manera, la buena relación que existió entre el progenitor con su hijo resulta gravemente dañada por el actuar del otro padre, que, sistemáticamente, predispone negativamente al niño, generalmente en el marco de una separación.

El síndrome de alienación parental es una forma grave de maltrato infantil y debe ser enfrentada y sancionada por la ley. En efecto, en algunos países la alienación parental es considerada como una vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes y es sancionada como tal. En todo caso, se trata de una figura de aparición reciente y, por lo general, se incorpora en normas referentes a relación directa y regular o cuidado personal.

Caso concreto de lo anterior, y quizás extremo, es la figura penal que contiene la legislación argentina para el padre que ponga barreras al ejercicio del derecho del otro progenitor a una relación directa y regular. Sin embargo, la discusión en torno a su realidad concreta no es pacífica y existen especialistas que se permiten discutir su existencia ante una eventual precariedad de la evidencia científica. No obstante esto y alejándonos de la discusión en esa sede, es del caso señalar que basta la observación de procesos judiciales de relación directa y regular, alimentos, divorcios o cuidado personal, para constatar empíricamente la existencia del síndrome de alienación parental.

Los daños que produce esta situación no son menores e incluso ya cuenta con víctimas fatales en otras latitudes. Se trata de niños, niñas y adolescentes que, angustiados ante el conflicto de lealtades al que son expuestos por sus progenitores, han decidido quitarse la vida.

Por ello, sometemos esta moción a trámite legislativo, en el entendido de que si bien no se trata de un acto criminal, corresponde sancionarlo en carácter de violencia intrafamiliar por las cicatrices que deja en niños, niñas y adolescentes y en la relación sana a la que estos tienen derecho con sus progenitores, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por lo mismo, esta iniciativa pretende modificar la ley de violencia intrafamiliar, incorporando el síndrome de alienación parental como causal de la misma. Asimismo, se faculta a los tribunales de familia para decretar medidas cautelares referidas al cuidado personal y a la relación directa y regular entre el menor o la menor y el progenitor que comete la conducta.

Discusión del proyecto de ley

Tras escuchar a los invitados e invitadas y autoridades de gobierno ya se ñaladas y tras debatir sus argumentaciones, la comisión decidió rechazar por unanimidad la idea de legislar el proyecto, por las siguientes consideraciones.

1. El síndrome de alienación parental afirma que uno de los progenitores de la niña o niño inocula un relato, hace creer que fue víctima de un abuso sexual por parte del otro progenitor, abuso que nunca habría ocurrido. Por eso se usa el término alienación, porque el progenitor alienaría el cerebro de su hijo o hija creando falsos recuerdos.

Ahora bien, sepan ustedes que no existe evidencia científica alguna que respalde este supuesto. En otros términos, se estaría afirmando que el niño o niña daría un testimonio influenciado por la madre u otro familiar e inducido a mentir.

Del mismo modo, sepan ustedes que desde la comunidad científica tal síndrome siempre ha sido rechazado por no cumplir con los mínimos necesarios para ser calificado como un síndrome.

2. Por otro lado, el mencionado síndrome de alienación parental se estaría utilizando de manera recurrente para desacreditar las denuncias de violencia de género realizadas por mujeres en contra de sus agresores y padres de sus hijas e hijos.

Así, el comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém Do Pará ha expresado su preocupación y la urgencia de trabajar en frenar el uso extendido en la región del síndrome de alienación parental, pues es un concepto sin base científica que está siendo utilizado para deslegitimar las denuncias de las mujeres por violencia en su contra y hacia sus hijos e hijas.

3. El proyecto no se hace cargo de la posible utilización de los hijos como medio de ataque en contra del otro progenitor, siendo este también víctima de dicha violencia, y tampoco se hace cargo de las alegaciones de que el mencionado síndrome es usado por hombres separados de sus parejas como estrategia usual para obtener el cuidado personal de sus hijos y así dañar a la mujer, luego de la separación, ejerciendo de esta manera violencia contra ella.

Por último, el proyecto tampoco se hace cargo de las gruesas y contundentes críticas realizadas al concepto por la comunidad científica, que, en palabras de Willis y O’Donohue, constituye un grave peligro si se acoge legislativamente, pues puede servir para ocultar casos reales de abuso y hacer que los niños y niñas queden bajo la custodia del padre o madre maltratador.

Así, los referidos autores señalan que el síndrome de alienación parental, tal como lo definió su creador en 2001, el doctor Richard Gardner , es un constructo pseudocientífico, mal definido, pobremente investigado y controvertido, que surge principalmente en el contexto de las disputas por custodias de los hijos.

El síndrome se manifiesta supuestamente como una campaña irracional e injustificada de denigración contra uno de los padres durante los procedimientos de custodia. Se supone que es el resultado de la combinación del “lavado de cerebro” de un progenitor o progenitora y el adoctrinamiento respecto de la difamación del padre o madre, que es el objetivo.

Desafortunadamente, hay pocas evidencias para apoyar que la alienación parental presenta un síndrome científicamente válido. No hay patogenias, desarrollo de la patología, patrones familiares o selección de tratamientos a aplicar que sean comúnmente reconocidos o con apoyo empírico, que sean indicados para actuar ante los síntomas propuestos por el síndrome de alienación parental. Esto ha llevado a que sea rechazado por casi la totalidad de la comunidad científica.

Finalmente, cuando se emplea en el contexto legal, el síndrome de alienación parental es excepcionalmente peligroso, ya que también se puede utilizar como justificación para separar a los niños y niñas de sus cuidadores o cuidadoras -con el que mejor se encuentranante la acusación del no preferido o preferida por ellos de que han sido “alienados”.

Por esta razón y por respeto al principio del interés superior del niño o la niña, la Comisión de la Familia viene en proponer a este honorable hemiciclo el rechazo de este proyecto de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, el síndrome de alienación parental es un tipo de violencia ejercida por uno de los padres sobre un hijo en común, con el único fin de separar al menor de uno de sus padres. Los estudios revelan que se da en ambos sexos, pero que este crimen feroz se da en mayor número en el caso de las madres, quienes acceden primariamente a los custodios del menor.

El síndrome de alienación parental (SAP), también conocido como obstrucción de vínculos parentales, es un tipo de violencia que se ejerce contra un menor, especialmente cuando ocurre la separación de los padres, pero hay que tener mucho cuidado, porque también se da cuando están en vida en común.

El SAP está respaldado por la ciencia, por psicólogos, por psiquiatras, por la justicia, por abogados, y también el SAP se puede dar con algún familiar del padre custodio, que puede ser un hermano, un abuelo, un tío o cualquier otro pariente, que vulnera los derechos del niño; eso es lo importante. Aquí lo que se hace es vulnerar los derechos del niño a través de la violencia contra un menor.

Principalmente, lo que busca es impedir las visitas o impedir todo tipo de contacto, ya sea telefónico, vía mail, vía WhatsApp, etcétera. Eso es lo que buscan: que se quiebre la relación de uno de los padres con ese menor con el único fin de provocarle un daño gigantesco al padre, pero lo que no se entiende es que se le provoca un daño mucho mayor a ese menor.

El SAP se asemeja mucho al Munchausen syndrome by proxy (MBP) o síndrome ficticio a terceros, ya que se fabrica una razón para privar a un niño de la presencia de uno de sus progenitores, generalmente inventando algún tipo de enfermedad que padece la madre o el niño en custodia, impidiendo al padre poder ver al menor.

El SAP requiere un tercero que le crea. En esto ejercen un trabajo atroz algunos terapeutas, psicólogos o psiquiatras que ven a esos niños y que dicen que, efectivamente, ese niño ha sido vulnerado. La causa es imposible de determinar. ¿Por qué un psicólogo o un psiquiatra van a intervenir de esa forma para que un padre no pueda ver a un hijo? Puede estar ideologizado, puede tener algún tipo de relación afín con la otra persona. Es muy difícil de creer, pero existe.

Otros autores han asimilado el SAP con la folie à deux, su nombre en francés. En el caso de la “locura de dos”, el padre alienante y el niño viven una historia en común en que se lanzan en una locura conjunta en la cual uno de los padres es el bueno y el otro es el malo, a veces acompañado de elementos delirantes, relatos que van de manera progresiva construyendo una historia en donde el progenitor es un maltratador, es un alcohólico, no le da plata a la madre o la madre no ejerce lo que la ley le está pidiendo que exija, en fin.

Cuando no se puede comprobar este tipo de actos, ¿qué pasa? Se interpone una denuncia por abuso sexual. ¿Qué hace la ley inmediatamente? Coartar las visitas o algún tipo de relación comunicacional que pueda tener ese padre con ese hijo por años.

En la alienación parental, el niño experimenta una pérdida extrema, porque desaparecen de su vida el progenitor, sus abuelos y los amigos y parientes de este progenitor. El niño no puede reconocer esta pérdida ni estar en duelo por ella; los buenos recuerdos que pueda tener se ven destruidos. En los casos severos de SAP se construye en el niño un relato de maltrato que no ha sufrido, lo que contribuye a una distorsión cognitiva que puede tener consecuencias graves en su desarrollo psicológico. Algunos autores llegan a proponer que pueden desarrollarse casos psicóticos -miren lo grave que puede serpor la mentira que puede ejercer alguno de los progenitores sobre el niño.

La alienación parental es un proceso mediante el cual el hijo es programado para conseguir que acabe odiando a uno de sus padres. Cuando el síndrome se acaba instalando en el menor, este acaba actuando de forma autónoma y contribuye por su cuenta a la campaña de denigración del padre alienado. El síndrome de alienación parental es uno de los crímenes más feroces que puede cometer un padre con su hijo, es uno de los crímenes más feroces que se puede cometer con un menor.

Espero que la Cámara de Diputados apruebe este proyecto y lo incluya, lo tipifique como violencia intrafamiliar, porque eso es.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, creo que tenemos que ser muy responsables a la hora de legislar, precisamente pensando en los niños, niñas y adolescentes que pueden ser víctimas de este proyecto de ley. Tenemos que hacerle caso a la ciencia y no inventar, por ley, síndromes que no existen.

Nos tiene que llamar la atención que si bien este proyecto fue presentado hace tiempo por anteriores diputados, todos de derecha, hoy día, con esta nueva composición del Parlamento, este proyecto fue rechazado por unanimidad en la comisión, por todos los integrantes, de distintos colores políticos, y eso ocurrió por la siguiente razón: porque este síndrome no existe. Lo que sí existe es el desprestigio de un padre hacia otro a través de los niños. Eso existe, evidentemente, pero el maltrato psicológico ya está sancionado, la obstrucción a la justicia está sancionada e inducir a falso testimonio también está sancionado.

Si aprobamos este proyecto de ley, vamos a estar legalizando este síndrome, que no existe, y a los únicos a quienes les va a servir es a los abusadores, porque va a poner en entredicho el testimonio de los niños, niñas y adolescentes. Ese es el real peligro al que nos enfrentaríamos si llegáramos a aprobar este proyecto de ley; es decir, le haríamos un flaco favor a nuestra sociedad.

Por lo tanto, les hago un llamado a revisar, a conversar en sus bancadas con los miembros de la comisión, que votaron y recomendaron rechazar la idea de legislar. En esa comisión participa el diputado Teao , el diputado Becker , la diputada Gazmuri . Conversen con esos diputados, porque ellos escucharon a las personas que expusieron en la comisión.

Si este Parlamento quiere hacerle bien al país, debiéramos rechazar este proyecto por unanimidad, porque pone en peligro precisamente a los niños y niñas más desprotegidos que han sido abusados por uno de sus padres, porque si este síndrome inventado ha servido de algo en el mundo es para dejar en libertad a los abusadores y poner en entredicho y deslegitimar los testimonios de niñas y niños abusados.

Así que les hago un llamado: por favor, rechacemos este proyecto, porque no le hace bien al país.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, efectivamente, este proyecto fue votado en contra por todos los miembros de la comisión, pero al pasar el tiempo y al analizar las situaciones, como miembro de la comisión, me cuesta entender por qué le diríamos que no a un proyecto de dos artículos que, para ser preciso, agrega un inciso final en el artículo 5, que dice: “Asimismo, habrá violencia intrafamiliar cuando un integrante del grupo familiar realice cualquier acción destinada a transformar la conciencia de un menor con miras a impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.”.

No habla de hombres o mujeres, no habla de mamás o papás, sino de un padre que utiliza la posición de padre para desprestigiar al otro. Supongo que lo han escuchado alguna vez. Esto no es algo que ocurra en Marte; sucede cuando existen malas relaciones, cuando, por distintos motivos, se quiere desprestigiar a un padre para que no tenga un buen resultado en juicio, cuando existe una situación de vida en común imposible y no queremos ver más al padre o a la madre.

Hay padres -lo hemos escuchadoque utilizan a los niños para generar situaciones fictas. Lo que queremos es que esto sea considerado violencia, porque, claramente, el que recibe la violencia es el menor. ¿O lo que estamos buscando es que ese hijo no quiera ver a su padre porque le teme, o a su madre porque la odia?

Entonces, los invito a desideologizarse, porque en esta discusión el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género realizó una acción poderosa: pidió ser escuchado y prácticamente amenazaba a quienes osaban argumentar a favor y decía que estaban promoviendo el abuso sexual. Y uno se pregunta, respecto de este artículo -es lo principal-, ¿dónde está aquello?

¿Porque la persona que creó el concepto fue acusada de abuso sexual? Ese es un problema aparte. El problema es que es una realidad que padres y madres utilizan a los niños para las peleas propias; es una realidad que padres y madres, para destruir el vínculo, crean realidades fictas en los niños. Debemos perseguir esa conducta.

Debemos buscar el fin último del derecho de familia, que es el bien superior del niño, no privilegiar a hombres o mujeres, como claramente argumentó el Ministerio de la Mujer en la Comisión de la Familia.

Por eso, invito a revisar bien este proyecto. Más allá de quedarse con los títulos, los invito a ver la realidad que viven en Chile los niños de padres separados, la realidad que viven esos niños cuando hay una mala relación y son víctimas de su padre o de su madre.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.- Señor Presidente, el rechazo de un menor hacia uno de sus progenitores, provocado por la manipulación del otro mediante diversas actitudes y comportamientos tales como el menosprecio delante del hijo o hija, hacer comentarios negativos, mentir o manipular la realidad, bloquear la comunicación y la convivencia, premiar el desprecio, infundir temor, ridiculizarlo si se expresa positivamente de la contraparte, o el uso de prebendas o regalos, que es muy común, a modo de verdaderos cebos para capturar la atención del menor, en menoscabo del otro progenitor, es, sin duda, una forma muy común y normalizada de violencia pasivo-agresiva, que termina dañando el desarrollo de un menor de edad. En otras palabras, es una forma de vulneración de los derechos de la infancia.

El síndrome de alienación parental actualmente no está reconocido como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS); por lo tanto, es un debate pendiente, pese a que es un hecho irrefutable que se utiliza a los hijos e hijas como una especie de arma para agredir pasiva-agresivamente al otro progenitor.

Esto es muy frecuente en el contexto del divorcio, pero también en relaciones en que, no habiendo un divorcio consumado, claramente hay elementos tóxicos y disfuncionales que terminan afectando además el régimen de visitas y los patrones de apego parental.

Por todo lo expuesto, anuncio mi apoyo decidido a este proyecto de ley.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen .

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, siendo un firme defensor de la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad, tengo el deber de buscar todas las formas posibles para proteger a los padres y, por supuesto, también a los hijos. En ese sentido, es imperativo comprender que los hijos no son un objeto, sino personas sujetos de derechos, y que entre esos derechos se encuentra el derecho esencial de crecer y madurar en un entorno adecuado, generando, por supuesto, lazos tanto con su madre como con su padre.

Por tal razón, la ley siempre y en toda circunstancia debe cautelar lo que nuestra legislación denomina interés superior del niño, el cual tiene su fundamento en el derecho inalienable de ambos padres a educar a sus hijos, derecho que incluso han intentado socavar.

No resulta aceptable que uno de los padres, cualquiera que sea, utilice a un hijo como un medio para resolver sus disputas con el otro progenitor. Esto es gravísimo y solo afecta al hijo, quien ve menoscabados por mucho tiempo, quizás por siempre, su vida y su desarrollo.

El presente proyecto de ley va en la línea correcta. En países como Canadá, la alienación parental hace rato es considerada un delito, y en muchos países se celebra oficialmente el día de la concienciación sobre la alienación parental.

¿Por qué se tipifica como violencia intrafamiliar la alienación parental? Porque la indebida manipulación de conciencia ejercida sobre un menor, abusando de una posición de superioridad y, de paso, malinterpretando sus afectos y confundiendo y obstaculizando el normal desarrollo de ese niño o de esa niña, es un menoscabo tremendamente complejo de reparar.

Por ello, es esencial impedir que ello ocurra. Es un deber del Estado, por medio de una legislación adecuada, tutelar la estabilidad de la familia. Para ello es indispen sable que los hijos tengan un medio donde ambos padres participen en igualdad de condiciones en su educación y en su desarrollo.

De la estabilidad de la familia no solo dependen las relaciones entre padres e hijos; dicha estabilidad también es la base para construir una mejor sociedad.

Solo puedo apoyar con mucha fuerza un proyecto como este. Agradezco que la familia, al menos hoy, con este proyecto en discusión, esté en la agenda de nuestra labor legislativa.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, primero, quiero expresar que el rechazo unánime de este proyecto de ley en la comisión -por eso me sorprenden las intervenciones en la Sala de quienes en su momento lo rechazaronse dio después de escuchar a distintas autoridades, tanto del ámbito de la salud mental como de organizaciones, que lo primero que señalaron -de allí quiero partir esta intervenciónes que este es un síndrome no reconocido por la comunidad científica internacional. Es más, tiene bastantes cosas en contra que habría que considerar.

Se señala que es utilizado como argumento para disfrazar las denuncias que se hacen por abusos de todo orden en contra de niñas, niños y adolescentes por alguno de sus progenitores. Eso es gravísimo, porque si bien hay que resguardar los derechos de las madres y de los padres, lo fundamental en esta discusión debe ser resguardar los derechos, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.

Resulta complejo que pensemos aprobar un proyecto de ley cuyo fundamento es un síndrome no reconocido. Es más, el análisis que hicieron quienes asistieron a la comisión -aquí no se ha señaladoes que recurrir a este síndrome se utiliza por alguno de los progenitores para dejar en indefensión a las o los menores que viven vulneración de sus derechos por quien utiliza este accionar. Por lo tanto, no es menor lo que vamos a aprobar -si así ocurriere-, porque lo que haríamos sería legitimar un instrumento que deja en la indefensión a niñas, niños y adolescentes. No es que no estemos por la protección de niñas, niños y adolescentes; no es que nos sea indiferente a quienes estamos en contra. Todo lo contrario; lo que señalan expertas y expertos que asistieron a la comisión es que la recurrencia a invocar este síndrome generalmente se debe a la idea de que una progenitora o un progenitor justifica su accionar mediante negar lo que la niña, el niño o el adolescente señala en su testimonio. No se niega lo que manifiesta el adulto o la adulta, sino que se cuestiona lo dicho por la víctima. Eso es de extrema gravedad, porque sitúa la discusión desde una perspectiva adultocéntrica, no de quienes son directamente afectadas o afectados.

¿Habrá alguien acá en contra de otorgar más protección a los infantes del país? Nadie, pero hagámoslo correctamente, porque este síndrome, este recurso, es utilizado para lo contrario: para dejar en la indefensión a niñas, niños y adolescentes que son agredidos o agredidas por alguno de sus progenitores o por un adulto responsable.

Por lo tanto, es muy delicado aprobar este proyecto de ley.

Quiero insistir en que al sustentar la existencia de un síndrome que la comunidad científica internacional y la Organización Mundial de la Salud no reconocen estaríamos retrocediendo y legislando de manera muy irresponsable. Con las niñas, los niños y los adolescentes tenemos la obligación de nunca equivocarnos.

He dicho.

MEDIDAS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS A FIN DE INCREMENTAR REQUISITOS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES A FUNDACIONES O CORPORACIONES (Solicitud de resolución N° 996)

El señor CIFUENTES (Presidente).-

El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva de la primera solicitud de resolución.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

No hay inscritos para hablar a favor ni en contra.

PATROCINIO DEL EJECUTIVO PARA AGILIZAR TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS (Solicitud de resolución N° 997)

El señor CIFUENTES (Presidente).-

El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva de la siguiente solicitud de resolución.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LABOR QUE REALIZAN DIRIGENTES Y DIRIGENTAS SOCIALES Y COMUNITARIOS (Solicitud de resolución N° 1012)

El señor CIFUENTES (Presidente).-

El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva de la siguiente solicitud de resolución.

PAGO DE BENEFICIOS LEGALES A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN TRASPASADOS A SERVICIOS LOCALES DE EDUCACIÓN (Solicitud de resolución N° 1014)

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde tratar la siguiente solicitud de resolución.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

VACUNACIÓN OBLIGATORIA Y PREVENTIVA PARA TÉCNICOS EN VETERINARIA (Solicitud de resolución N° 1015)

El señor CIFUENTES (Presidente).-

A continuación, corresponde tratar la resolución N° 1015.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

No hay inscritos para hablar a favor ni en contra.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Diputado, según la Secretaría, esa solicitud debe ser ejercida directamente, no a través de la Sala.

-Los textos íntegros de las solicitudes de acuerdos y de resoluciones figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:

https://www.camara.cl/fiscalizacion/Acuerdos/proyectos_acuerdo.aspx

-o-

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.