Labor Parlamentaria

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar la solicitud de su excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia de la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejerzan las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley No 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para el resguardo de áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota , de Tarapacá y de Antofagasta.

Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Pido a los jefes de Comités que inscriban a las señoras diputadas y a los señores diputados que deseen hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar el control migratorio y la detección de crímenes en zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota , de Tarapacá y de Antofagasta, sesión 28ª de la presente legislatura, en lunes 13 de mayo de 2024. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, quiero formular a la Mesa una consulta que no es menor.

Sin duda, el estado de excepción constitucional de emergencia es trascendente para dos regiones en nuestro país: la del Biobío y la de La Araucanía. Muestra de ello es que se ha ido renovando sistemáticamente.

Lo menciono, porque que me llama la atención el desinterés que existe por parte del Ejecutivo, ya que no están presentes la ministra ni el subsecretario para discutir una materia tan relevante. La semana pasada asesinaron a tres carabineros y en La Araucanía se siguen produciendo atentados.

Entonces, sugiero a la Sala que suspendamos la sesión hasta que se haga presente el Ejecutivo, porque es un tema relevante para nuestra región, y el gobierno no muestra ningún interés.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputado, no corresponde suspender la sesión.

En discusión la solicitud.

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, otra vez más nos vemos frente a la ampliación del estado de excepción acotado, este estado que no ha podido resolver el problema en la zona de Biobío y de Arauco. Esto se ha visto reflejado en el vil asesinato de tres de nuestros carabineros. Tan grave es la situación que hoy la misma institución está solicitando ser relevados o cambiar la forma de controlar las medidas cautelares en la zona, demostrando que la complejidad del lugar es tan fuerte, tanto, que se hace necesario cambiar la forma de realizar esta labor, con tobilleras, equipados con GPS, o bien hacer que las personas se acerquen a firmar a unidades policiales.

Siempre se buscan soluciones parche, no una definitiva, para la facultad de decretar estado de excepción como corresponde para la zona de La Araucanía, del Biobío y de nuestras fronteras, donde están entrando delincuentes y, con ello, delitos importados, como el sicariato, motochorros, secuestros, descuartizamientos, que no teníamos anteriormente en nuestro país. Son todos delitos importados.

Los chilenos hoy necesitan verdadera seguridad, no promesas que se las lleve el viento; están pidiendo fuertemente el cierre de fronteras ¡ahora, ya!

He dicho.

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET .-

Señor Presidente, lo que estamos haciendo es debatir la solicitud de prórroga del estado de excepción de la frontera norte.

Hace tres semanas, con la Comisión de Seguridad Ciudadana, estuvimos justamente en dicha frontera. Es tercera vez que estoy en Colchane, pero lo cierto es que las condiciones no han cambiado mucho. Se puso una malla en una parte en que está la zanja, pero hay condiciones y situaciones bien irregulares, que quiero denunciar.

La primera es que con la carta del alcalde de Colchane se entra y se sale del país. Incluso, ahora se autoriza gente desde Oruro , o sea, no hay ningún control. Los militares no pueden controlar y nos señalan que de mil personas que entran, más o menos salen seiscientas. O sea, tenemos una tremenda irregularidad.

Cuando pasa algo nos escandalizamos y celebramos sesiones especiales, pero esto es una cuestión permanente.

Por otra parte, a las personas en Bolivia se les señala que vengan a Chile, total deben pasar por pasos irregulares. Si pasan por un paso irregular están dentro de Chile, y como no se expulsa a nadie, se los lleva a un campamento. Nosotros estuvimos en el campamento; allí había dos grupos: un grupo indeterminado de personas que no tenía muy claro a qué venían a Chile, y el otro era un grupo de familias, profesionales, con niños chicos, que no estaban juntos. Nos dimos cuenta de que eran distintos los objetivos por los cuales venían a Chile, pero ambos grupos estaban en un campamento. Posteriormente, se los empadrona, se los envía a otro campamento que está en Iquique, frente a la playa Lobitos , y de ahí perdemos su rastro.

Entonces, tenemos un problema estructural en la frontera norte, ya que más allá de que estén o no presentes los militares, el ingreso irregular sigue siendo permanente. El ingreso irregular se ha transformado en regular, porque ahora, además, a quienes ingresan se les da una categoría al empadronarlos, a los que finalmente se les pierde el rastro.

No sabemos si las personas son aquellas que dicen que son, porque la mayoría, o casi ninguna, presenta documentos; dicen que vienen sin ellos. Se les indica que no los muestren; por tanto, no sabemos cuál es su verdadera identidad.

Entonces, tenemos un problema de fondo que el gobierno no ha tomado en serio, en el sentido de decir si vamos a cerrar o no la frontera o si vamos a dejar que siga entrando quien quiera al país. No podemos retornar gente hacia Bolivia . Por tanto, diría que el gobierno debe estudiar qué vamos a hacer con Bolivia. No puede ser que Bolivia y Perú nos sigan mandando a todos los migrantes que vienen de otros países y no hagamos nada.

Por eso, más allá de todas las medidas, esto sigue igual. Por tanto, más allá de aprobar, da lo mismo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, efectivamente estamos viendo la renovación de esta norma que está aplicándose en el norte respecto del control de fronteras o intento de control de fronteras.

Podríamos comenzar a abordar el problema de seguridad que tenemos en nuestro país enfrentando con decisión, a lo menos, tres aspectos o situaciones. Uno de ellos es la inteligencia. Se está votando en este momento una ley de inteligencia cuyo contenido nos preocupa. En segundo lugar, podemos hablar de las cárceles, de un mejor manejo y control, y de lo que ocurre en ellas. En tercer lugar, está la situación de las fronteras, que es un tema muy muy complejo, como podrán comprender y lo hemos visto a lo largo de los años. A esto se suma una decisión reciente de este gobierno de abrir las fronteras y los pasos fronterizos 24/7 con Bolivia y con Perú. No sabemos cuál es la ganancia para Chile de aquello.

Sin embargo, hoy tenemos a las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona norte. Ante la incapacidad de las autoridades de resolver el conflicto en la frontera norte, nuevamente hemos llamado a las Fuerzas Armadas, y ellas han respondido. Unas Fuerzas Armadas que no contaban con las capacidades para hacer control se han capacitado para ello, porque han tenido la disponibilidad de adaptarse, lo que es relevante para nuestra realidad actual. Contamos con nuestras Fuerzas Armadas, que no son para todo evento, pero sí se tienen que adaptar, y así lo han hecho para la realidad actual.

Claramente, aquí es indispensable una inversión en tecnología. Se ha profundizado en las zanjas, se está hablando de la construcción de vallados o murallas, y la tecnología, por supuesto, es otro elemento que tiene que estar a disposición de lo que hoy tenemos en la zona norte. No podemos tener un soldado en cada uno de los puntos, pero la tecnología satelital, a través de drones y de otros mecanismos, nos va a ayudar a tener un mejor control de fronteras.

Vamos a aprobar esta renovación.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, me complica la ausencia del Ejecutivo en esta discusión, y le voy a argumentar por qué.

El artículo 32, número 21°, de la Constitución Política señala que la medida de la infraestructura crítica “se extenderá por un plazo máximo de noventa días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por iguales períodos con acuerdo del Congreso Nacional,…”. Para ello -agrega- “El Presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional, al término de cada período, de las medidas adoptadas y de los efectos o consecuencias de la ejecución de esta atribución.”.

Eso no se ha informado, señor Presidente. Por tanto, le solicito que suspenda la sesión hasta contar con la presencia del Ejecutivo para que nos informe cómo está avanzando la aplicación de la protección de fronteras y así nosotros podamos tomar una decisión fundada respecto de la prórroga de esta medida.

He dicho.

Tiene la palabra el señor Prosecretario.

ROJAS (Prosecretario).-

Los señores ministros tienen la posibilidad de participar en las sesiones, no es un tema obligatorio.

Mientras se da esta discusión, eventualmente ellos podrían llegar a la Sala. Intentaremos averiguar qué pasa y si alguno asistirá a este debate.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Prosecretario. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, como bien dijo el diputado Andrés Jouannet , el 19 de abril, hace pocos días, fuimos a Colchane, y la verdad es que, a diferencia de algunos colegas que estuvieron con nosotros, que señalaron que las fronteras estaban controladas, algunos fuimos al verdadero Colchane , donde claramente el descontrol es evidente respecto de la migración ilegal y donde por mucho contingente del Ejército que haya y por mucha tecnología que se tenga, porque se ha invertido en tecnología, la verdad es que si tú no puedes reconducir a ciudadanos no bolivianos a Bolivia, que son más del 80 por ciento -principalmente venezolanos-, al final, por desgracia, el Ejército solo está de forma decorativa. Y lo mismo ocurre con la PDI. Esa es la realidad.

Cuando junto con el diputado Andrés Jouannet y la diputada Alejandra Placencia , entre otros, visitamos los albergues, lo que ahí te señalan es muy claro: entre 80 y 140 migrantes, principalmente venezolanos, son albergados, les dan de comer, los atienden, les dan salud y, posteriormente, los trasladan a otro albergue, en Iquique. Y después, chipe libre. Es decir, se trasladan por todo el territorio nacional, por toda la Región de Tarapacá, por todo el norte de Chile.

Entonces, es angustiante lo que está pasando en nuestro país respecto de la migración, porque se da la apariencia de que hay control, de que está el Ejército, de que está la PDI, de que están extendiéndose las zanjas. Este es un gobierno que ahora les prende velitas a las zanjas, cuando hace algunos años decía que era algo casi atentatorio contra los derechos humanos.

Pero la verdad es que, si no se puede devolver a nadie, esa es una invitación a venir a Chile. Si los venezolanos se pasan el dato y Bolivia es una verdadera aduana: “Entren a Chile, no pasa nada, no es delito. El Ejército los recibe, los atiende y después el gobierno les pone una van, o incluso Carabineros los traslada”. Presidente, ¿usted sabe que incluso Carabineros tiene que trasladar a veces a migrantes ilegales a Iquique, perdiendo tiempo valioso que podrían dedicar al resguardo del orden público?

Esa es la realidad. No hay ningún costo -¡ninguno!- por ingresar ilegalmente a Chile.

Pero lo primero que hace el gobierno apenas llega, en vez de ponerse firme con Bolivia y empezar a ver alternativas para poder reconducir a ciudadanos no bolivianos, es dictar una resolución que prohíbe la reconducción. ¿Y qué ha pasado con eso hasta ahora? ¡Absolutamente nada! ¿Usted ha visto que haya conversaciones con Bolivia o que Chile se haya puesto firme, o bien que empiecen a reconducir de igual manera a Bolivia, a pesar de que ese país no lo permite? ¡No! Eso no ocurre.

Entonces, para que la gente en su casa entienda: el Ejército de Chile completo puede estar en las fronteras, pero no puede impedir que ciudadanos venezolanos o de otro país ingresen al nuestro y se queden de manera permanente, con lo que eso está provocando en nuestro territorio.

Los niveles de criminalidad ya no dan para más. Los niveles de violencia asociados a los delitos importados son dramáticos. Y si el gobierno no quiere tipificar como delito el ingreso ilegal, si no quiere reconducir inmigrantes a Bolivia, entonces que dé las explicaciones correspondientes, porque lo que hemos escuchado hasta ahora es que el quiere regularizar a más de 170.000 inmigrantes que han ingresado de manera ilegal a nuestro país.

Entonces, ¿cuál es el llamado ahí? ¿Cuál es la señal? Que da lo mismo ingresar a Chile de manera ilegal -¡da lo mismo!-, porque esperas un tiempo, vas a tener salud, educación y regalías por parte del Estado, y después el Estado te va a regularizar.

Es cosa de leer lo que apareció hace algunos días atrás, a propósito de la transcripción de los audios del juicio contra Los Gallegos.

Les voy a leer textualmente lo que dicen integrantes de Los Gallegos, que es una célula del Tren de Aragua, una de las bandas criminales más violentas de nuestro país, que hoy están siendo enjuiciados: “Que estaba acá tirado Chile, h… para poder entrar, porque aquí tienen que puro autodenunciarse y te entregan al tiro un papel. Y nosotros con eso ya podemos entrar y aparte que está a la mano para entrar por Bolivia y entrar por Perú”.

Eso es lo que piensan las bandas del crimen organizado: que está a la mano entrar a Chile porque no pasa nada. Y no solamente entrar, sino también salir de nuestro país.

Entonces, eso hoy nos tiene con cifras escandalosas. Durante los dos últimos años, sin contar la cifra negra, según datos de la PDI, han ingresado a nuestro país más de 100.000 personas de manera ilegal, con denuncias y autodenuncias. Es decir, se trata de la mayor cifra en la historia de nuestro país respecto de ingresos ilegales.

Usted dirá: “Pero ¿cómo, si está el Ejército en la frontera?”. Bueno, sí, pero el Ejército no puede impedir que ingresen a nuestro país si no es delito, si las zanjas aún son muy acotadas, si no tenemos una policía militar de frontera, si trasladar migrantes desde Colchane hasta Iquique en una van no es ningún delito. ¡Eso es un escándalo! Están todas las van esperando en Colchane para llevarlos. Es un negocio millonario. Salió un reportaje al respecto hace un par de días en TVN, y nadie hace absolutamente nada contra eso.

Por eso, a propósito de un proyecto del diputado Jaime Araya , incorporamos una norma para que aquello sea tipificado como tráfico de migrantes: el trasladar a migrantes ilegales desde Iquique , desde Colchane o desde el lugar que sea, por distintos lugares o interurbanamente.

Por último, sin ninguna duda, vamos a aprobar la prórroga de la medida, pero me parece que es absolutamente insuficiente en atención a la realidad que está viviendo nuestro país con la migración ilegal.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Solicito la autorización de sus señorías para que ingrese a la Sala el subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

(Habla un señor diputado sin micrófono)

Reitero la solicitud.

¿Habría acuerdo de la Sala para que ingrese el subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve , para que dé cuenta de la situación?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, hoy estamos aquí para autorizar la renovación del decreto que faculta a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para el resguardo de zonas fronterizas de la macrozona norte.

Este decreto, aparentemente, habría ayudado a la disminución en 21 por ciento en el ingreso de inmigrantes irregulares en 2023, que informó la ministra del Interior. Sin embargo, miembros de esta honorable Cámara, en una visita inspectiva a la comuna de Colchane, fueron informados por el Ejército que 18.000 personas, aproximadamente, han ingresado irregularmente a nuestro país en lo que va del año 2024. Esto claramente refleja la necesidad urgente de mantener y reforzar las medidas de seguridad en nuestra frontera.

A esto se suma que la Confederación Fuerza del Norte, que reúne a transportistas de la zona norte, ha anunciado movilizaciones para exigir medidas más drásticas en materia de seguridad pública, como el cierre de nuestras fronteras y la declaración de estado de sitio. Todos estos llamados reflejan una preocupación legítima por la seguridad y el orden público, algo que este gobierno no ha sido capaz de gestionar.

Ante estas situaciones, es imperativo que tomemos acciones decisivas para mejorar nuestra política migratoria y asegurar la frontera. Esto incluye no solo la rápida implementación de expulsiones de extranjeros que cometan delitos en nuestro país, sino que también la adopción de estrategias más efectivas para impedir el uso de pasos no habilitados y una mejor coordinación con la PDI y las Fuerzas Armadas.

Nos quedamos cortos con la zanja que proponía nuestro candidato José Antonio Kast . ¡Ahora necesitamos un muro! No queremos más inmigrantes ilegales en el país.

Aprobaremos la renovación de este decreto, pero hacemos un llamado al gobierno a implementar políticas que de verdad aseguren a largo plazo nuestras fronteras.

Insisto: necesitamos construir un muro y cerrar las fronteras, como corresponde. Hay que expulsar a todos los inmigrantes ilegales, porque es una deuda pendiente con los chilenos. ¡Exigimos un gobierno que le dé seguridad a todo Chile!

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señor Presidente, no conozco a todos los diputados representantes de la Región de Antofagasta, pero quiero decir que estuve en una reunión social en la que conversé con un colega que es cirujano en el Hospital Regional Doctor Leonardo Guzmán, de Antofagasta, quien me dijo que había un flujo permanente de pacientes colombianos con tumores cerebrales que, de forma gratuita, tenían fecha y hora para su atención y recibían todos los cuidados necesarios en el Hospital de Antofagasta.

Extraer un tumor cerebral cuesta 10 millones de pesos, y tenemos un montón de pacientes colombianos que vienen a sacarse los tumores a Chile y se devuelven a su tierra.

Me pregunto: ¿quién hace los contactos? ¿Quién les da la hora? ¿Quién les provee el lugar donde llegan en el pre- y pos-operatorio?

Solicito a los diputados de la zona que tengan la bondad de pedir una investigación sumaria en el hospital de Antofagasta respecto de este tema.

El otro tema al cual me quiero referir, que molestó al alcalde de Colchane, es el famoso paso ancestral, que es por donde entra Pedro, Juan y Diego y todos los que quieran entrar a Chile.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, quise hacer uso de la palabra, entre otras cosas, porque cuando uno mira los datos y las estadísticas que guían el actuar del gobierno, desde el punto de vista de la aplicación de estas medidas en el norte del país, en las fronteras, siento que están muy alejadas de la visión ideológica de un sector de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Pareciera ser, por los anteojos de la extrema derecha, aquí no ocurriera nada, pero ello no es así. Por ejemplo, en más de un año de la aplicación de esta medida, se ha controlado a 241.540 personas -son datos concluyentes-, de las cuales 280 han sido detenidas.

Desde el año 2023, existe una tendencia a la baja en los ingresos irregulares. Al 31 de diciembre del año pasado, hay un 21 por ciento menos de ingresos irregulares a nuestro país. Estas no son palabras al viento, sino que son datos concretos que hablan de una política pública implementada por nuestro gobierno, el que se hace cargo, con urgencia, de los temas que más preocupan a la ciudadanía.

Desde el punto de vista de la aplicación de la ley sobre infraestructura crítica, hay una tendencia a la baja en los ingresos irregulares que fueron solo de 29.707 personas y en este mismo período del año anterior se registraron 30.360 personas. Por lo tanto, hay una reducción de 2,2 por ciento.

Hay un avance en materia de expulsiones, porque aquí pareciera que eso lo resuelve todo. El año pasado hubo 946 expulsiones, desde el punto de vista administrativo y por orden judicial. Hay más expulsiones que en los años 2018, 2020, 2021 y 2022.

Me pregunto: ¿por qué la extrema derecha insiste en que el gobierno no está haciendo lo que debe? Solo por una visión ideológica y para generar daño a una política pública que cada vez es más efectiva. Esto no quiere decir que no tengamos problemas, pero digamos las cosas como son.

Por todas estas razones, la bancada del Partido Socialista votará a favor esta solicitud.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, pedí la palabra porque quiero expresar el horror que me provocan algunas intervenciones. Podemos estar de acuerdo o en contra de la solicitud que estamos discutiendo. Podemos tener opiniones distintas respecto de cómo se aborda el control de la migración, cómo se aborda el tema del narcotráfico, del crimen organizado e, incluso, el tema de la seguridad en el país, pero cuando en la Cámara de Diputadas y Diputados se pide una investigación porque alguien supo que hay 10.000 personas que tienen tumores cerebrales, me pregunto: ¿No importa la vida de las personas sino el hecho de que haya otra lista de espera? Vayamos al tema de fondo, hablemos del derecho a la salud, pero la vida de la gente tiene valor, no importa su origen ni su nacionalidad. Si la vida no tuviera valor nos transformamos en cualquier cosa, y yo me resisto a eso.

Alguien dijo “Construyamos un muro para que no entren más esos engendros”, refiriéndose a los migrantes irregulares. Me pregunto: ¿por qué no sienten la misma rabia cuando entran a Chile grandes empresarios transnacionales y nos quitan y arrebatan todo?

No, porque parece ser que la pobreza es lo que molesta. Parece ser que la seguridad solo se relaciona con la pobreza.

Pueden votar a favor o en contra de esta solicitud, pero que en la Cámara de Diputadas y Diputados el valor de la vida sea nada me parece que es un retroceso cavernario. No puedo aceptar que se haga un discurso con ese nivel de desprecio por la vida. Me parece un insulto a quienes hemos luchado para que en Chile la columna vertebral de la democracia sea el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos.

Digan lo que quieran, pero esos discursos de odio solo van a traer dolor a este país, sobre todo a las y los más pobres.

Me resisto a creer que ese es el argumento de algunas y algunos para discutir sobre un proyecto de ley como este. La verdad es que me da una vergüenza enorme que se entreguen opiniones de ese tipo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, los militares deben mantenerse en nuestra frontera. ¿Esta medida es suficiente en sí misma? Absolutamente no. Hoy, la Región de Tarapacá es la que está enfrentando de manera primaria la crisis en materia migratoria, y, además, en este minuto, con una serie de manifestaciones no solo de camioneros, sino también de conductores de transporte menor.

Acá se necesita decisión, convicción y resultados. ¿Dónde están los avances con Bolivia para las reconducciones? ¿Dónde están los avances con Venezuela para las expulsiones? Acá también es momento de pensar en decisiones extraordinarias. El muro y las zanjas, que en algún minuto se festinaron y se ridiculizaron, son eficientes y efectivos. ¿Por qué no servirían para enfrentar esta grave situación? Es muy fácil festinar cuando no se tienen las problemáticas que estamos evidenciando.

Por eso, vamos a mantener la presencia militar en la frontera. Es muy necesario y esto debe ser fortalecido.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, artículo 90 del Reglamento, en relación con el artículo 91.

El artículo 90 señala que un diputado o ministro incurre, durante el curso de la sesión, en falta al orden si falta al respeto debido a la Cámara, a los diputados o a los ministros con acciones o palabras descomedidas, o con imputaciones a cualquier persona o funcionario de dentro o de fuera de la Cámara, atribuyéndole intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes.

Señor Presidente, la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, señora Pizarro , tiene todo el derecho de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que estamos discutiendo, pero lo que estimo que no puede hacer es poner palabras en boca de otros. Ella ha hecho interpretaciones; incluso citó una cifra y la citó mal. Fuera de eso, ella hace imputaciones y atribuye intenciones o sentimientos a otros.

Creo que ella debiera argumentar respecto del proyecto que estamos votando -si le parece favorable o no-, pero no puede reinterpretar o querer decir lo que otros sintieron o quieren. La diputada dijo que se habría utilizado la expresión “esos extranjeros indeseables”. Nadie ha dicho eso; eso lo dijo ella. Me parece que lo que debiera hacer es argumentar respecto del proyecto de ley.

Por lo tanto, le solicito a la Mesa, para mantener el debido orden en la Sala, que aplique lo consignado en el número 1 del artículo 91, esto es, una advertencia, porque creo que la discusión tiene que ver con los proyectos de ley, no con interpretar o reinterpretar lo que otros quisieron decir.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales, así como de resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, correspondiente al boletín N° 16017-17.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios es la señora Lorena Fries .

Antecedentes:

-Moción, sesión 46ª de la legislatura 371ª, en miércoles 14 de junio de 2023. Documentos de la Cuenta N° 22.

-Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 21ª de la presente legislatura, en lunes 22 de abril de 2024. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora FRIES, doña Lorena (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto indicado, iniciado en moción de las diputadas Ericka Ñanco , Emilia Schneider , Ximena Ossandón y Lorena Fries , y del diputado Jorge Guzmán .

La idea matriz de la iniciativa es regular el envío y recepción, por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, de los resultados de los procesos de informes y observaciones entregados al Estado por los órganos supervisores de tratados internacionales, así como la remisión, envío y recepción del contenido de otras resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, con la respectiva presentación de tales resultados.

La promoción, desarrollo y garantía de los derechos humanos es un desafío constante para los países. El compromiso de los Estados en esta materia, plasmado en la suscripción de los instrumentos internacionales, exige medidas para adaptar el derecho y la institucionalidad interna a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

En ocasiones, el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, a través de medidas de carácter legislativo y de otro tipo, se enfrenta a problemas de diseño o implementación por factores propios de la política contingente y las dinámicas de los sistemas políticos en cada país.

En el caso del Congreso Nacional, su quehacer en el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre derechos humanos está orientado normativamente por preceptos tales como el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la sujeción de todo órgano y autoridad del Estado al control de convencionalidad en su ámbito interno, todo lo cual le impone a este poder del Estado el deber de adoptar disposiciones legislativas, en el marco de otras medidas en el derecho nacional, mediante la dictación o supresión de leyes que permitan hacer efectivos derechos y libertades consagrados por el derecho internacional de los derechos humanos.

Así, el cumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno implica para el Poder Legislativo dictar leyes futuras conformes a las obligaciones internacionales del Estado y, a su vez, revisar la legislación vigente para adecuarla a los estándares de derechos humanos.

En dicho marco jurídico es necesario mejorar los niveles de coordinación y transmisión de información entre los distintos poderes, autoridades y órganos del Estado, lo que es relevante en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La calidad de colegislador del Ejecutivo y la información que este maneja por su vinculación ante órganos del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos exige depurar los mecanismos de información hacia órganos como el Congreso Nacional, para un actuar coordinado, oportuno y eficaz en su labor.

Lo anterior resulta especialmente necesario, considerando que los órganos de supervisión de tratados someten periódicamente a los Estados parte a exámenes para identificar los avances y desafíos que tiene el país para el respeto y garantía de los derechos humanos. A partir de un proceso dialógico en donde participan los Estados, el Consejo de Derechos Humanos, del que Chile hace parte, y los comités u órganos de tratados que monitorean su cumplimiento, los países reciben recomendaciones, cuya implementación contribuye a la realización de dichos derechos dentro del margen soberano que tiene cada país para llevarla adelante.

A modo de ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile, dio cuenta, en marzo del año 2018, de deficiencias jurídicas de nuestro derecho que requerían de una respuesta legal.

En primer lugar, se evidenció la necesidad de aprobar el proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo para velar por la protección de los derechos de filiación y la patria potestad, medida que finalmente se concretó años después con la aprobación de la ley N° 21.400, publicada en el Diario Oficial con fecha 10 de diciembre de 2021.

Misma situación se dio respecto de la necesidad de aumentar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio sin excepción, que finalmente se resolvió a nivel legislativo de la mano de la aprobación del proyecto contenido en el boletín N° 14700-18 y la promulgación de la ley N° 21.515 en diciembre del año 2022.

En este escenario, una adecuada comunicación de la información contenida en la remisión y presentación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo de las observaciones y recomendaciones de los órganos supervisores de tratados internacionales ratificados por Chile, originadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como el contenido del examen periódico universal, resulta ser una medida necesaria y útil para la labor del Congreso Nacional y el cumplimiento de sus obligaciones en estas materias.

Puesto que los mecanismos de información establecidos para los Estados por estos órganos contemplan la presentación de informes de los países, de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones públicas y autónomas de derechos humanos de los países, el conjunto de información contenida en tales documentos y sus conclusiones, que se traducen en recomendaciones, resulta de gran valor para la labor coordinada de los poderes del Estado y, en particular, de la responsabilidad que en esta materia le cabe al Poder Legislativo, creando o adecuando la legislación a dichas recomendaciones.

Fundamentos de la iniciativa legal

El proyecto de ley propuesto busca mejorar la relación de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el diseño y ejecución de legislación que permita dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado en materia de derechos humanos. Esto es para que ambos poderes del Estado confluyan con más facilidad en la configuración de una agenda país en temas de derechos humanos que permita reforzar la institucionalidad y las políticas públicas, y contribuir a la integración del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno en el marco del artículo 5°, inciso segundo, de la actual Constitución Política de la República.

Sumado a lo anterior, esta iniciativa de ley se orienta a fortalecer el control ciudadano del funcionamiento del Estado y de la gestión pública. En el marco de la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, la remisión de los informes que el Estado presenta a los órganos supervisores de tratados internacionales y de los informes que el país recibe de los distintos organismos internacionales, con las correspondientes presentaciones de la autoridad competente, permite robustecer el principio de transparencia en una materia tan relevante para la democracia y el Estado de derecho como son los derechos humanos.

Por último, puedo comentar que, en la tramitación legislativa al interior de la comisión, este proyecto se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, reflejando su apoyo transversal.

Por esta razón, hago un llamado a los integrantes de esta honorable Sala a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, quiero llamar la atención de mis colegas y de la ciudadanía que nos pueda estar escuchando respecto de que este es uno de aquellos proyectos que, si no lo votamos con entendimiento, luego nos arrepentiremos de no haberlo analizado y votado como es debido. Así que pido que pongan atención para que sepan de qué se trata.

Este es un asunto un tanto complejo, pero que tiene amplias y preocupantes consecuencias. El derecho internacional público, que incluye al derecho internacional de los derechos humanos, reconoce como fuentes de normas jurídicas obligatorias para los Estados -o sea, es derecho internacional- los elementos que enumera el artículo 38, número 1, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que son las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina. Esas son las fuentes.

Sin embargo, el proyecto de ley en cuestión se enfoca principalmente en el denominado soft law o derecho blando, como son las declaraciones de sujetos de derecho internacional sin carácter vinculante, es decir, no son obligatorias, aunque son con la intención de influir políticamente.

Así, el soft law no es derecho y no forma parte de las fuentes del derecho internacional. Podríamos decir que son discusiones que podrían terminar siendo derecho, pero que en muchos casos no terminan siendo derecho jamás. Se trata de discusiones o ideas en materia internacional.

Este proyecto de ley exige que la Cámara de Diputados, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reciba y debata informes de órganos supervisores de cumplimientos de tratados y otras recomendaciones de los sistemas internacionales de derechos humanos, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en el pleno de la Cámara de Diputados, especialmente durante el examen periódico universal.

A nivel técnico, el proyecto presenta deficiencias, como la omisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, una entidad que es crucial, porque mediante su División de Derechos Humanos supervisa la información que proviene de organismos internacionales de derechos humanos.

Además, en la comisión se intentó enriquecer este proyecto con una normativa que exigía informar a la Corporación sobre el inicio de negociaciones para soluciones amistosas que pudieran requerir cambio legislativo, pero esa propuesta fue desestimada.

Es imperativo recordar que la Cámara de Diputados representa a un país soberano. Aunque es importante colaborar y respetar las directrices internacionales, no debemos permitir que la intervención de organismos externos comprometa nuestra autonomía legislativa, más aún cuando no se trata de normas, como ya dijimos, sino de discusiones o ideas que están contenidas en este derecho blando o soft law.

En este contexto, es fundamental defender la integridad y la soberanía de nuestras instituciones legislativas para garantizar que respondan únicamente a directrices y al bienestar de nuestra nación, sin ser sometidas a influencias que puedan menoscabar nuestra independencia.

Somos el Parlamento chileno, compuesto por y para los chilenos. El derecho internacional es muy relevante o importante, pero solo nos obliga cuando nosotros lo decidimos libremente al momento de aprobar un tratado internacional, como los que aquí discutimos y aprobamos.

El hecho de considerar y analizar aquello que no es un tratado internacional, sino meras prospecciones o ideas de algunos grupos que, en su mayoría, son minorías vociferantes muy bien financiadas y fuertemente vinculadas y conectadas, vulnera nuestra soberanía y, de alguna manera, pretende someternos y someter nuestra legislación a las directrices de otros países y grupos de interés.

Este proyecto de ley es relevante, porque estamos permitiendo poner demasiado oído a lo que no es derecho, sino ideas que se están discutiendo y resultados de foros internacionales que no han sido aprobados por este Congreso Nacional como tratados internacionales.

Por lo tanto, nos estamos dejando influir por esos grupos externos que no conocemos, que no hemos escogido y cuyo contenido no hemos aprobado.

Debido a todas estas consideraciones y a que la información requerida por el proyecto está ampliamente disponible en internet, y, por lo tanto, la podemos encontrar sin problema, y circula abiertamente en el foro jurídico internacional, no veo una justificación ni derechamente ninguna necesidad de aprobar un proyecto de ley como este, para obligarnos a empezar a ser sometidos y a considerar en demasía lo que no es derecho aquí ni tampoco es derecho internacional.

Por lo tanto, votaremos en contra este proyecto.

Llamo a mis colegas a poner mucho cuidado y atención en esta iniciativa y a votar con sabiduría para que después no tengamos que venir a justificar ante nuestros compatriotas por qué aprobamos un proyecto de ley como este.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señor Presidente, no confiaría en un proyecto de ley que ha sido discutido en la Comisión de Derechos Humanos sin hacer una evaluación o un estudio exhaustivo de su contenido que pueda darnos un amplio conocimiento de lo que en esta Sala vamos a votar.

Básicamente, quiero hacer mención a dos cosas que están en este proyecto de ley.

En primer lugar, obliga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a informar a la Cámara de Diputados una serie de antecedentes relativos al derecho internacional de los derechos humanos. Para abordar esto, se obliga también a la Comisión de Derechos Humanos a sesionar una vez al año.

En segundo lugar, en el caso del examen periódico universal, el proyecto obliga a esta Corporación a sesionar en esta Sala para abordar su contenido.

Al respecto, me gustaría comentar algunas cosas que me llaman profundamente la atención de este proyecto de ley.

En primer lugar, carece de una justificación que lo haga realmente necesario, ya que todos los antecedentes que la moción pretende que sean de conocimiento de esta Corporación son hoy de fácil acceso y se encuentran disponibles en internet. Además, si se quisiera fomentar la información de antecedentes del derecho internacional de los derechos humanos, el proyecto debería haber incorporado elementos que no son de fácil acceso para la Corporación, situación que no se verifica en esta moción.

En segundo lugar, la iniciativa contiene errores de técnica legislativa; por ejemplo, se refiere a los tratados internacionales, pero no los restringe al ámbito de los derechos humanos, y tampoco señala que deben estar ratificados y vigentes en nuestro país.

Además, obliga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero no menciona al Ministerio de Relaciones Exteriores, que monitorea los antecedentes emanados de los órganos de derechos humanos a nivel internacional a través de su División de Derechos Humanos.

Finalmente, en cuanto al examen periódico universal, llama profundamente mi atención que sea solamente este el instrumento que deba ser abordado en una sesión especial de esta Corporación, y no otros antecedentes.

Este instrumento es uno de los más políticos que existen, pues en su elaboración no participan expertos, sino otros Estados que realizan peticiones a sus pares, en este caso a nosotros como país, y en los exámenes periódicos universales dirigidos a Chile existen numerosos casos de naturaleza política en este instrumento.

Como ejemplos voy a mencionar dos.

En el examen periódico universal de 2014, Bolivia solicitó a Chile dar cumplimiento a eventuales compromisos internacionales relacionados con el amplio tránsito a través de los puertos del Pacífico. En segundo lugar, en el examen periódico universal de 2019, Bélgica solicitó a Chile ampliar el ámbito de aplicación de la ley N° 21.030 para despenalizar el aborto en todos los casos.

De ello se deriva que no podemos abrir la puerta a esos casos en particular, ni a otros que puedan ser eventualmente contraídos a través de este proyecto de ley.

En consecuencia, anuncio mi voto en contra de este proyecto de ley, asumiendo la responsabilidad que tengo como parlamentaria para dar estudio y discusiones exhaustivas y minuciosas a cada proyecto de ley que emana de las distintas comisiones.

En este caso, espero que los colegas atiendan a esta información y, antes de la votación, hagan un análisis exhaustivo de lo que estamos votando.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señor Presidente, me sorprende el cariz ideológico con que se mira este proyecto, pero al respecto quiero señalar lo siguiente.

Este proyecto, que tengo el honor de presentar en esta Sala, tiene una característica fundamental, que es haber alcanzado el más amplio consenso en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, no solo en la valoración común de los derechos humanos como eje rector en la definición de políticas públicas, sino sobre todo en la voluntad compartida de dotar a nuestra institucionalidad de un mecanismo efectivo para evaluar los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en Chile, permitiendo a esta Cámara proponer las medidas necesarias para su promoción y defensa.

En efecto, las obligaciones que se derivan de la ratificación de un tratado de derechos humanos son para el Estado en su conjunto, y no solo para el gobierno. Así, y habiendo entregado una parte de nuestra soberanía al asumir voluntariamente estas obligaciones a través de la ratificación de los tratados, le cabe al Congreso Nacional conocer qué espera la comunidad internacional de nosotros, del Poder Legislativo, y dar un debate democrático sobre lo que estamos dispuestos a hacer o no en materia de derechos humanos.

Independientemente del gobierno de turno, este proyecto contribuye a profundizar un aspecto de nuestra vida democrática aún en pugna, que en las diferentes narrativas suele desconocer que se trata de consensos universales que, con mayor o menor acierto, han puesto un límite al abuso de poder y han establecido mínimos de dignidad para todos y para todas.

En un momento de polarización política como el que vivimos, este proyecto refleja cómo, más allá de nuestras profundas diferencias en estas materias, compartimos la convicción espero- de que la dignidad humana debe ser promovida y defendida, y de que estamos dispuestos a debatir cómo lograr eso de la mejor manera.

Sobre ello versa este proyecto, en la medida en que institucionaliza reuniones anuales entre el Poder Ejecutivo y esta Cámara para compartir la información relativa a informes y resoluciones de los órganos llamados a supervisar los tratados de derechos humanos que voluntariamente hemos suscrito y ratificado.

En el caso de la recepción de resultados del examen periódico universal efectuado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dicha información deberá ser recibida y presentada ante la Cámara de Diputadas y Diputados en una sesión especial.

Ciertamente, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano político, al que concurren todas las voluntades de los Estados, y de ahí surgen recomendaciones que no son obligatorias para Chile, pero que, sin duda, al menos deberíamos conocer, porque en la misma comisión no se conocía ninguno de tales informes.

Esta instancia nos permitirá disponer, de forma oportuna y suficiente, de los antecedentes necesarios para debatir cómo mejorar el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de derechos humanos, porque de eso se trata: de hacer de los derechos humanos no solo una declaración de voluntades compartidas, sino también un ámbito de decisiones concretas, a través de las cuales nos hagamos cargo de nuestras debilidades y deficiencias, debatiendo democráticamente sobre el mejor modo de superarlas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, una de las motivaciones más grandes que tuve para postular a mi cargo de diputado fue poder contar con la facultad de fiscalizar las acciones de quienes nos gobiernan.

Lamentablemente, este gobierno ha incumplido sistemáticamente su obligación legal de responder ante tales fiscalizaciones mediante oficios. Es por ello que valoro la priorización de esta iniciativa legal, que establece la obligación de que el Ejecutivo realice una especie de cuenta pública destinada a responder sobre el cumplimiento de los tratados internacionales a los que está suscrito nuestro país.

Además, esta iniciativa legislativa busca fomentar el control ciudadano sobre el funcionamiento del Estado y la gestión pública.

La transparencia en la rendición de cuentas es un principio fundamental en una democracia, y el acceso a la información relevante sobre los derechos humanos es esencial para garantizar la participación informada de la ciudadanía en los asuntos de interés público.

Nuestro país, como parte de los diversos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, tiene el deber moral, pero también legal, de garantizar su cumplimiento. Esto no solo implica un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas, sino también una obligación jurídica derivada de habernos hecho parte de esos instrumentos internacionales.

Con la aprobación de este proyecto de ley podremos mejorar la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en la elaboración y ejecución de legislación relacionada con los derechos humanos, al establecer un mecanismo más eficiente para la transmisión de información relevante entre ambos poderes del Estado, facilitando así la adopción de medidas legislativas que fortalezcan la protección de los derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, no puedo dejar de reiterar que actualmente el Ejecutivo cuenta con una manera concreta de mejorar el traspaso de información hacia el Legislativo, y esa forma es ¡que contesten los oficios que este órgano colegiado constantemente envía!, los que, de forma preocupante, casi nunca son respondidos. En aquellos casos minoritarios en que sí son contestados, eso ocurre con gran demora, y -¡ojo!- a pesar de que están mandatados por ley para hacerlo.

Volviendo al tema que nos convoca, confío en que la aprobación de esta iniciativa legal contribuirá significativamente a fortalecer nuestra institucionalidad democrática y a garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales de todas las personas de nuestro país.

Por todo lo anterior, anuncio mi voto favorable.

Iorana e maururu.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los colegas.

Yo, personalmente, me declaro como alguien que defiende la inclusión del país en los sistemas internacionales y multilaterales, tanto en materia de derechos humanos como de relaciones exteriores en general.

Sin embargo, ello no implica la pretensión de algunos sectores, que legítimamente están en este Congreso, de aplicar de manera inmediata la legislación extranjera, incluso, a veces, con primacía al derecho interno, lo cual en doctrina se conoce como bloque de constitucionalidad de los derechos y la aplicación inmediata de los mismos, que en la práctica se traduce en la homogenización de nuestro derecho interno con el derecho internacional.

¿Estamos obligados a eso, como aquí, a veces, se pretende defender? La respuesta es no. Nuestro país tiene el legítimo derecho a tener una legislación distinta, lo cual no solo es inherente a Chile -lo digo porque alguien podría preguntar por qué Chile tiene esta anomalía-. Existe un fallo muy relevante del Tribunal Constitucional Federal Alemán, a propósito de la aplicación del sistema europeo y también, en su minuto, del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el cual dicen: “Ningún problema con el derecho internacional, pero aquí lo que prima es la Constitución alemana y la legislación interna. Por lo tanto, si usted quiere aplicar derecho internacional en Alemania -pasa lo mismo en Chile-, se tiene que sujetar al derecho interno.”.

Por lo tanto, ¿hacia dónde avanza este proyecto? Porque usted se preguntará, señor Presidente: “¿Qué tiene que ver todo lo que ha dicho con este proyecto?”. En el fondo, lo que pretende esta iniciativa es traer al seno de la Comisión de Derechos Humanos y a la Sala del Poder Legislativo no solo la discusión sobre los tratados -los tratados siempre se van a discutir, porque para que se apliquen en Chile deben tramitarse como ley simple-, sino también sobre las resoluciones y recomendaciones de órganos internacionales, que no son vinculantes para Chile, y que, en ningún caso, son neutros, como lo puede comprobar cualquiera que lea las recomendaciones que provienen de esos organismos. Basta mirar, por ejemplo, lo dispuesto por el órgano relativo al protocolo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que establece el derecho al aborto libre, entre otros, como parte del inventario; o el Protocolo de San Salvador -si queremos un tema menos polémico-, que dispone la obligatoriedad de establecer resoluciones judiciales directas en materia de derechos sociales, lo cual nuestro país no ha acogido y parece poco recomendable acoger.

¿Qué quiero decir con aquello? Que, de buena fe y bajo el argumento de que es necesario informarse sobre la normativa señalada, se pretende, en los hechos, que la comisión respectiva y la Sala de la Cámara de Diputados deban destinar una sesión para discutir temas que no son vinculantes para Chile.

¿Es un ejercicio académico, doctrinario o filantrópico? No. La verdad es que lo que se pretende es realizar un ejercicio legislativo. Es traer al seno de esta Cámara discusiones que, en el fondo, van en una línea con la que se simpatiza. Yo, al menos, considero que esto es improcedente; Chile no tiene una obligación de esta naturaleza.

A mi juicio -reitero-, lo que se pretende, imagino que de buena fe, bajo el pretexto de que hay poca información al respecto, traer una materia en particular a discusión legislativa. Creo que es un salto lógico demasiado grande. Bastaría con que se ponga a disposición de los parlamentarios un informe por escrito. Una cosa así no motiva una discusión en la Sala.

Me parece que lo que hay detrás en realidad, incluso al establecerse la responsabilidad administrativa del ministro de Justicia, en la eventualidad de que no propicie el cumplimiento de la disposición, es impulsar que esas resoluciones y recomendaciones, no vinculantes para Chile, que tienen un contenido ideológico específico, tengan sede en este Congreso. Chile no está obligado a aquello; no hay ningún argumento para que aquello se haga.

Como dijo con toda honestidad la diputada Fries cuando expuso, se busca fortalecer lo que llamaremos, a nivel judicial, el control de convencionalidad, lo cual en el Congreso denominamos bloque de constitucionalidad, que es aplicar la normativa internacional con efecto inmediato.

En lo personal, insisto en que tengo toda la motivación de que Chile se inserte en materias de derecho internacional y de que hagamos propios los temas de derechos humanos, pero siempre, siempre, como lo hacen las democracias modernas, respetando la soberanía nacional y el derecho que tiene este Congreso a legislar de acuerdo con los intereses de Chile y, en razón de eso, aplicar la normativa internacional.

Distinto es confundir la inserción de Chile en el concierto internacional con la homogenización normativa, que pretenden ciertos sectores progresistas, de carácter internacional.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, no soy autora de este proyecto, pero sé que se discutió en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y que tuvo un respaldo muy importante en razón de su objetivo, el cual en nada se condice con lo que señaló quien me antecedió en el uso de la palabra. ¡En nada!

Cuando hablamos de derechos humanos y sobre todo del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos referimos a órganos, convenciones y tratados que se ha dado la humanidad para intentar avanzar en mínimos civilizatorios que pongan en el centro los derechos de las personas.

La comunidad internacional ha conocido horrores en los que los derechos humanos y el respeto a los mismos no han estado en el centro. Y no muy lejos, aquí en Chile y en América Latina lo vivimos, de manera sistemática, durante 17 años.

Por ello, debemos acrecentar la importancia de estos valores, lo cual no se llama intervencionismo, sino dignidad de los pueblos. Tampoco se trata de la lógica del diputado Schalper respecto de que son ideas de sectores muy condicionados por una ideología, sino de tratados que hablan de mínimos éticos y que respetan los derechos de las personas.

La comunidad internacional, entre otras acciones, ha hecho que distintos órganos realicen una revisión del cumplimiento de los tratados que los países han ido firmando.

Quiero contar que hace poco -no sé si en este hemiciclo se sabe- Chile rindió cuenta ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que, hace cinco años, se hizo una serie de recomendaciones que, si uno las lee, comprobará que solo fortalecen la democracia. ¡Vaya que sería importante que estos espacios de análisis y deliberación se diesen, por ejemplo, en esta Sala, en función de ver cómo aportamos para consolidar y fortalecer la democracia, en términos del respeto a los derechos de las personas!

Quienes creen que lo anterior es una aberración son las mismas y los mismos que creen que el respeto a los derechos humanos se relativiza. Estos son temas fundamentales, que deben ser considerados porque en Chile y en el mundo hay un retroceso muy peligroso en esta materia. Se están relativizando acuerdos mínimos que adoptamos a partir de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reitero que hoy se están relativizando. En este mismo Congreso a veces se pretende avanzar en iniciativas legislativas que relativizan el respeto a los derechos humanos.

Estoy muy de acuerdo en que todas y todos, alguna vez, analicemos las falencias que nos informan y las recomendaciones que nos entregan los organismos internacionales para mejorar, robustecer y, a fin de cuentas, consolidar una democracia centrada en los derechos de las personas. De otra manera, nunca vamos a tener una democracia con mínimos éticos, que se sacuda de una herencia tan brutal como la herencia autoritaria de la dictadura civil y militar, que tanto dolor ha traído a Chile en las décadas posteriores.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, teníamos una apuesta sobre si en este debate se iba a mencionar o no al Presidente Pinochet , y claramente gané: lo mencionó la diputada Lorena Pizarro al finalizar su intervención.

Sabemos que esta compleja red de organizaciones internacionales, de derechos que no son derechos, de acuerdos que nadie acuerda, de recomendaciones que uno nunca sabe quién ni para qué se recomiendan, es decir, estos espacios relacionados con los derechos humanos, está especialmente infestada por la izquierda ideológica, lamentablemente.

Quizás, incluso puedo darle un punto a la diputada Fries , por intermedio del señor Presidente: sería bueno saber qué se está recomendando en estos espacios internacionales, porque quizás podría permitir desnudarlos y tener más conciencia sobre en qué están, qué proponen y en qué se gastan millones de dólares que podrían gastarse en otras cosas. Sabemos que esto no es inocuo, lamentablemente. Hay fallos de la Corte Suprema y proyectos de ley que se justifican en estos derechos que no son tales.

Abrir la Sala de la Cámara de Diputados a recomendaciones de un sistema de organizaciones internacionales que como mínimo es cuestionable, creo que podría afectar nuestra soberanía.

Además, se producen contradicciones. Entre los pactos ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes está el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 4.1 señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.”.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño tutela el derecho a la vida en su artículo 6 y reconoce la personalidad del niño no nacido.

Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Por lo tanto, es explícito, es claro, es difícil de equivocarse en la interpretación, pero después vemos cómo la Cedaw hace todo lo posible para legitimar el crimen del aborto.

Evidentemente, hay interpretaciones posteriores que han ido cambiando pese a que la redacción y comprensión, por ejemplo, del Pacto de San José de Costa Rica es inequívoca. Lo mismo sucede con una serie de otros acuerdos, tratados, recomendaciones y otro tipo de escritos.

Por otra parte, sabemos cuál será la realidad de lo que acá pasará. Probablemente, el día que vengan a exponer habrá muy pocos diputados en la Sala.

Creo y valoro la buena intención de los parlamentarios que propusieron esta iniciativa, pero creo que no es lo más eficiente ni la alternativa que resguarda de mejor manera nuestra soberanía.

Si bien me parece importante saber qué están haciendo estos organismos internacionales que se llevan grandes sumas de dinero y que son referentes de un sector político, también creo que debemos resguardar la soberanía de este espacio. Me parece que sería darles una vitrina de manera injustificada. Creo que hay otros espacios. Personalmente, creo que era mucho más recomendable que esto solo quedara en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que es el espacio especializado en esta materia, y no en esta Sala.

Anuncio que votaremos en contra. Hemos presentado algunas indicaciones, y esperamos que en la comisión se pueda mejorar este proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista va a apoyar este proyecto de ley, porque creo que propone algo a lo que es difícil oponerse, algo muy difícil de cuestionar. En efecto, esta modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional solo propone que en esta Cámara pueda haber una sesión especial, una vez al año, para conocer cómo se comporta Chile como Estado y como sociedad en su conjunto respecto de los compromisos internacionales que se suscriben en diversos tratados internacionales.

Creo que celebramos como trescientas sesiones al año, pero hay algunos que desde ya anuncian su voto en contra de este proyecto. No sé si lo hacen por flojera -también puede ser una razón, que no se debe descartar- o simplemente por una razón ideológica. Sin duda, el sector de la ultraderecha de esta Cámara tiene una bandera muy curiosa, que es la del antiglobalismo. Ella está en contra de cualquier orden mundial, de cualquier orden global; no tan solo de un orden, sino de cualquier acuerdo global.

La ultraderecha demoniza de alguna manera que en el mundo nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, en la Carta de Naciones Unidas y en los grandes tratados internacionales sobre derechos humanos, en los que precisamente buscamos que la humanidad se imponga sobre la barbarie, la muerte, la guerra, las guerras civiles, en toda clase de conflictos humanos que asolan nuestro planeta. La ultraderecha está en contra de eso. Ella dice que limita nuestra autonomía como país; pero la verdad es que Chile busca insertarse a nivel internacional, busca tener normas comunes, normas filosóficas, normas de comportamiento humano, valiosas en todo el mundo, y como país chico también apunta a comerciar con otros países y sacar el mejor provecho del mundo. No tenemos la actitud retrógrada, xenófoba y aislacionista que tiene la ultraderecha chilena y mundial.

Cuando se firman tratados internacionales, sobre todo varios de aquellos que acá se han mencionado, Chile se compromete a hacer cambios en nuestra legislación, por ejemplo, para respetar de mejor manera los derechos de las mujeres, para proteger más a las mujeres de la violencia intrafamiliar, para mejorar nuestras normas anticorrupción, porque en las relaciones humanas de países, de zonas y de todo el mundo, son valores compartidos.

Esos tratados establecen que cada cierto tiempo, generalmente una vez al año o cada cuatro años, hay algunos exámenes a los que todos los países que suscribieron esos tratados se someten voluntariamente, para saber cómo hemos avanzado. En este contexto, estos organismos internacionales, que uno mismo ha construido y apoyado, incluso financiado, en alguna medida, hacen recomendaciones sobre lo bueno que ha hecho el país y sobre lo que falta por hacer. Son recomendaciones, no obligaciones.

Por lo tanto, este proyecto trata de que esas recomendaciones, que no son vinculantes, puedan ser conocidas por este Congreso. ¿Cómo no va a ser importante que en virtud de la convención para combatir el cohecho, instancia en la cual participé en Francia, en la OCDE, ante el examen que rindió Chile, se le diga que tiene una legislación atrasada y que puede mejorarla para perseguir la corrupción política, militar y económica, y se le sugieran varias medidas? ¡Son sugerencias!

¿Cómo no va a ser importante que Naciones Unidas revise nuestra legislación en materia de impunidad, de persecución del crimen, incluso del crimen organizado, y nos haga recomendaciones sobre cómo tener mejores policías, sobre cómo protegerlos de mejor manera ante esta amenaza global? ¿Cómo no va a ser importante que nos juntemos los países para perseguir el crimen organizado y adoptar medidas que nos permitan enfrentar en común este fenómeno?

Entonces, para todo lo anterior, este Congreso necesita conocer lo que está ocurriendo a nivel internacional, el informe que emiten estos organismos sobre cómo lo está haciendo Chile, las recomendaciones, las sugerencias que nos hacen, para mejorar nuestras leyes y derrotar realmente los flagelos que tiene la humanidad acá en Chile.

No obstante, algunos parlamentarios de la ultraderecha dijeron que votarán en contra. Inexplicablemente, no comparto esta opinión. Nosotros votaremos a favor. He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano .

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señor Presidente, decidí intervenir acá en la Sala, porque cuando revisamos el contenido del proyecto, parece muy distinto a lo que algunos diputados han señalado como casi una bandera de lucha. Ellos hablan de la sobreideologización o de teorías bastante conspirativas sobre algunos Estados o de algunas corrientes ideológicas metiéndose en las decisiones de nuestro país.

Sin embargo, creo que, tal como lo dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Leonardo Soto , acá la única tendencia que hoy es ideológica y que se ha dibujado como una matriz a nivel mundial han sido estos antiglobalistas, que incluso reniegan del derecho internacional.

¿Por qué lo digo? Porque el derecho internacional ha estado en boga como una manera de resolver conflictos, ya que los conflictos que tenemos en nuestro país hoy no son los únicos que existen. Por ejemplo, si hablamos de una situación internacional en que hay guerras, en que hoy sí debe haber ciertas observaciones o incluso una acción del derecho internacional, porque, si no, no serviría, pues, finalmente, ahí estaríamos faltando a lo que significa la construcción de estos acuerdos entre naciones.

Ahora sí iré al detalle del proyecto. Su idea matriz es regular el envío y recepción por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados de los resultados de los procesos de informes y observaciones entregados al Estado por los órganos supervisores de tratados internacionales, así como la remisión, envío y recepción del contenido de otras resoluciones y recomendaciones.

Quería decir esto, porque, en palabras sencillas, lo que hoy han expresado acá algunos diputados en términos muy muy coherentes es no tener una sesión más, e incluso no trabajar más, no tener más pega. Acá, claramente, hay que revisar las recomendaciones. O sea, las recomendaciones no son para analizarlas por internet, como lo sugirió una diputada de la república, o ver si nosotros adscribimos a ellas y después hacer el video, sino que esto hay que hacerlo seriamente. Si tenemos recomendaciones, bueno, entonces discutámoslas en pleno en esta Corporación, porque también para eso venimos acá: para robustecer la legislación -claramente, habrá ideas respecto de las recomendaciones-, para hacerlo con iniciativa de los presentes. Pero eso no significa una injerencia dentro de nuestras problemáticas de Estado, porque serán incluso los mismos diputados y diputadas quienes verán si toman ese tipo de recomendaciones -espero que así sea-, pero que serán iniciativas.

Entonces, quiero desdibujar un poco lo que se ha dicho acá, porque muchas veces cuando se tiende a esta teoría conspirativa, a ese tiktok que es fácil, que llega y dice: “Bueno, acá vamos a estar todos obligados”, nosotros tendemos a desinformar a la población. Cuando hay una corriente antiglobalista que incluso niega el rol de organismos internacionales, como Naciones Unidas, en la resolución de conflictos, es faltar hoy en el sentido de ver avances civilizatorios, sobre todo cuando el derecho internacional está tan trastocado. Acá, muchas veces distintos diputados y diputadas rasgan vestiduras con conflictos internacionales, e incluso muchos dicen: “¿por qué el derecho internacional no hace nada?”.

Creo que acá hay una recomendación que es supersencilla y que solo contempla trabajar un día más de recomendaciones acerca de cómo nosotros podemos adaptar nuestra legislación. No es nada del otro mundo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, quiero señalar que este proyecto, presentado por diputadas, es muy importante, y hoy todos debiéramos debatir sobre él.

Como parlamentarios y parlamentarias, estamos llamados a humanizar, a respetar los derechos fundamentales dentro de un mínimo ético, lo cual es importante tener en consideración. Y lo que hace este proyecto es solicitar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo establecer estas relaciones y coordinaciones, en que hay diversos informes, sugerencias de relatores importantes con respecto a los distintos tratados internacionales que incorporan los derechos humanos.

Aquí se consagran principios importantes, como el respeto y la integridad cultural, donde nadie puede sentirse discriminado.

Debido a nuestro actuar, también en este Parlamento hemos tenido que lamentar posteriormente situaciones complejas, de odio, cuando es precisamente él quien debe visar y revisar todas aquellas normativas que se enmarcan dentro del respeto a los derechos humanos.

Por lo tanto, quiero centrarme en lo siguiente.

El Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional. Es un tratado sobre el cual el Poder Ejecutivo también ha olvidado las diversas recomendaciones que han hecho los relatores en materias en las cuales se deben presentar diversas normativas y proyectos de ley. Al mismo tiempo, hay que hacer modificaciones en los tres poderes del Estado, y el Ejecutivo tiene que adoptar las medidas administrativas que puedan llevarlo a cabo en materia de toma de decisiones de los propios pueblos originarios, y así también todas aquellas materias que deben realizarse a través del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Por lo tanto, ninguna de las recomendaciones que se han hecho hoy se ha podido ejecutar. Por eso es tan importante la revisión de los diversos tratados en estas materias, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, pero también, en este caso, con el derecho que tienen los pueblos originarios al bienestar espiritual, a la tierra, al territorio. La verdad, a la fecha, si evaluamos, esta ha sido una de las situaciones complejas que ha tenido que enfrentar el Estado chileno. Porque el Convenio 169 entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009, y si al día de hoy revisamos y vemos todas las recomendaciones, la verdad es que podríamos decir que prácticamente estamos como cuando se generaron las discusiones en 2008 y 2009, cuando existía la esperanza de hacer aquellos cambios.

Este Parlamento también ha hecho oídos sordos con respecto a las diversas modificaciones. En la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios trabajamos las recomendaciones y la propuesta de participación y consulta que debiera establecerse para las diversas mociones y proyectos aquí, en el Parlamento, pero eso quedó dormido en dicha instancia.

Por lo tanto, creo que este proyecto permitirá tener conocimiento cada año de cuáles son aquellas recomendaciones y sugerencias que se hacen al Estado chileno en materia de diversos convenios y tratados internacionales.

Así, valoro mucho a quienes presentaron esta iniciativa.

De igual manera, solicito a quienes se encuentran acá comprometernos con los derechos humanos y humanizar más este Parlamento.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, vale la pena partir señalando algo sobre lo cual todos deberíamos estar al tanto y que también se ha reiterado en lo que ha sido esta discusión respecto a la idea matriz, que no es nada más que facilitar o establecer un procedimiento por el cual nuestro país y nosotros y nosotras, como legisladores, tomemos conocimiento respecto a las observaciones de organismos internacionales, que sugieren -“sugieren”, porque no es una obligación- que, de una u otra forma, adecuemos nuestra legislación, para hacernos cargo sobre algunas falencias que podamos tener en cuanto a la protección de derechos humanos.

Cabe señalar que me resultan preocupantes los constantes discursos de la derecha, en que parecen atribuir una especie de sesgo a los derechos humanos, cuando precisamente estos son derechos para los humanos, por si no se había entendido. Es decir, asisten a los trabajadores de temporada, a los vendedores, a los jóvenes, a los niños. Asisten, a los conscriptos de Putre, por ejemplo, cuando no hemos escuchado a ningún personaje de la derecha reclamar por la tremenda vulneración de derechos humanos que ejercieron contra esos jóvenes humildes, de trabajo que se metieron al Ejército a hacer su servicio militar con la esperanza de salir adelante. ¿Y sabe por qué, Presidente? Porque parece que los pobres son los que no tienen derechos humanos; parece que a los que vulneran no tienen derechos humanos. Porque si hubiera sido un general al que le hubiera pasado lo que les pasó a los conscriptos, les aseguro que la derecha hubiera estado rasgando vestiduras. ¡Hasta el día de hoy no hemos visto ningún tipo de reclamo contundente respecto a lo que vivieron los conscriptos, entre otras muchas otras cosas!

Por eso -para que el diputado Schalper pueda terminar de escucharme-, y voy al punto, porque estamos hablando de derechos humanos, y esto es vulneración de derechos humanos, me parece importante que cada cuatro años, obviando los resquemores -parece- y las incomodidades que tienen para hablar de derechos humanos, podamos leer aquí un informe y discutir cómo nosotros, como legisladores y legisladoras, podemos adecuar nuestra legislación para protegerlos a todos, a civiles y a uniformados, porque ese es nuestro trabajo y el de cualquier Estado democrático. Ninguna persona, independientemente de su condición social o empleo, debe verse afectada de alguna forma en sus garantías fundamentales, porque, de producirse aquello, no estamos en una democracia. Así de simple.

Quizás a la derecha -me parece que se confirma con su reacción injustificable- le molesta que esto sea un tema, pero la verdad es que será un tema apenas cada cuatro años. Pero qué importante es que los legisladores que asuman tengan esa noción clave, porque cuando hubo una dictadura en este país, el Congreso Nacional estuvo cerrado, y justo en ese período se vulneraron los derechos humanos.

Entonces, qué importante es que, una vez que reanudó sus funciones el Congreso Nacional, un espacio de representación popular, donde se democratizan las discusiones y se garantizan los derechos de los ciudadanos, quienes formamos parte de él podamos estar en una constante reflexión respecto de cómo garantizamos a los chilenos y chilenas, a quienes habitan este territorio, que pueden vivir en condiciones mínimas y dignas, y que el Estado debe asegurar aquello.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, me resulta absolutamente relevante lo que discutimos en este proyecto. Quizá no tiene la connotación política de otros temas que pudieran dar rédito electoralmente, pero estamos hablando de cuestiones trascendentes, que tienen que ver con lo que entendemos por la civilización, con el sentido de humanidad propiamente tal.

El proyecto propone nada más que la posibilidad de informar a la Cámara de Diputadas y Diputados sobre las observaciones entregadas al Estado por los órganos supervisores de tratados internacionales y ver la posibilidad de su implementación en el derecho interno, a través de nuestra labor legislativa. Nada más que eso: informar.

Por lo tanto, me llama la atención que haya algunos diputados que no quieran que se nos informe. No hablamos de la adopción ni de la fuerza compulsiva de tales o cuales actos, sino simplemente del derecho a informarnos para ver cuál es nuestro actuar respecto del cumplimiento de ciertos tratados internacionales, sobre todo cuando estos versan o tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas.

¿Cómo es posible que en la Cámara de Diputadas y Diputados haya personas que no estén de acuerdo con que seamos informados, nada más que informados, respecto de este tema? ¿Será que construyen precisamente su discurso político desde la desinformación? No quisiera pensar aquello.

Sí sostengo, como ya señalé, que estamos discutiendo las cuestiones más trascendentes que nos corresponden como Congreso Nacional y que dicen relación con este cambio de época que estamos viviendo, a propósito de la globalización y de los grandes desafíos que tendremos que afrontar producto de los efectos de la migración, las redes de narcotráfico a nivel internacional y otros temas.

Chile ya no es una isla, ya no tenemos una mentalidad provinciana, sino que debemos estar insertos en el contexto internacional, formamos parte de una civilización y las medidas que atenten contra ella simplemente son retrocesos civilizatorios. En esa dirección avanza el derecho, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de esa catástrofe surgió el principio de la democracia constitucional, que ya no reconocía como límite solamente la soberanía nacional, sino además las propias Constituciones . Y después de las Constituciones, los tratados internacionales. Por eso, nuestra Constitución señala, en el artículo 5°, que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”. Por lo tanto, nada nuevo se está discutiendo, no es más que la implementación de aquello que señala nuestra propia Constitución en el artículo 5°.

Son avances civilizatorios que se van incorporando en los tratados internacionales, como el derecho de gentes y el principio de irretroactividad, el bloque de constitucionalidad. Reitero que son avances civilizatorios, son conquistas del mundo del derecho. Es importante señalar que los derechos fundamentales muchas veces son contramayoritarios, porque es mucho más fácil hablarle a la gente, por ejemplo, contra los inmigrantes, porque da rédito electoral, y son contramayoritarios en ese sentido, pero son conquistas civilizatorias. Los derechos fundamentales son conquistas y tienen que ver con el avance de la humanidad. No es más que eso.

Entonces, miro con desconsuelo que haya personas que ni siquiera quieren que se informe respecto del cumplimiento de esto.

Yo soy muy chileno, amo este país, amo la bandera, amo los símbolos patrios y creo profundamente en la soberanía de los pueblos y en la soberanía del pueblo chileno, pero reconozco, y siempre voy a reconocer cómo limite a esta soberanía, los derechos fundamentales de cualquier ser humano, de cualquier persona y, por lo tanto, reconozco cómo limite a la soberanía las grandes conquistas de la humanidad y de la civilización.

Voy a votar a favor de esta iniciativa.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, no pensaba hablar sobre este proyecto, pero la intervención reciente de mi querido colega Nelson Venegas , a quien le tengo mucho cariño, me obliga a hacer una pequeña aclaración amistosa.

Aquí no se trata de que nos opongamos a la existencia de tratados internacionales o que no queramos que se conversen estos temas en el Congreso Nacional. Las normas del derecho internacional son distintas al derecho interno. Un ejemplo claro y simple es que, en materia de derecho internacional, la costumbre es ley. En Chile solo es ley cuando la ley se remite a ella.

Por lo tanto, nuestro problema fundamental con este tipo de normas es que se valide de alguna manera que, a través del paso de una recomendación que no tiene carácter vinculante con un órgano reconocido por el derecho, tan importante como el Congreso Nacional, eventualmente signifique sostener que esa recomendación pueda tener carácter vinculante. Ese es, básicamente, el gran problema que tiene esta iniciativa.

Recientemente, hemos visto que algunos fallos en materia internacional se sustentan en algunas declaraciones hechas por personeros de otros países que podrían sustentar la posición de otras naciones. Para qué hablar del tema del pisco o del tema del mar, en los cuales nos hemos tenido que defender.

Entonces, esto no se trata de que un sector está más por los derechos humanos que otro sector, sino de que este tipo de recomendaciones pasen por el Congreso Nacional y finalmente existan resoluciones o documentos oficiales que puedan significar, eventualmente, a la luz del derecho internacional, que sean considerados ley, lo que me parece peligroso. Tengo todo el derecho de representar mi posición ante el Congreso Nacional y votar en contra por esa calidad. No lo hago por lo que se debate en sí mismo, sino por las consecuencias que puede tener una legislación, que puede ser muy loable e interesante. Creo que debemos conocer esas resoluciones y aquellas que las consideremos valiosas, en uso de nuestra soberanía parlamentaria y también del Presidente de la República, como colegislador principal, se incorporen al derecho interno, pero como una manifestación de nuestra soberanía. Ese es el peligro que vemos en este proyecto.

Desde esta tribuna, reivindico el respeto irrestricto a los derechos humanos, sin distinguir raza, sexo, color ni condición social, pero otra cosa muy distinta es debilitar nuestro sistema jurídico y ahí está, querido diputado Venegas , nuestro reparo.

Por eso, posiblemente, no podamos acompañarlos en esta peligrosa iniciativa que, por muy loable que parezca ser, condiciona negativamente nuestro ordenamiento jurídico.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputado, su punto de vista lo acaba de expresar a cabalidad y en buen tono, lo cual agradezco.

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, de verdad sorprende escuchar a las nuevas generaciones de derecha, porque en vez de haber evolucionado conjuntamente como lo hicieron las generaciones anteriores, que fueron capaces de abordar el tema de los derechos humanos sin vergüenza ni culpa, resulta que a las nuevas generaciones de derecha les irrita tocar el tema de los derechos humanos, como si sintieran que deben hacer un mea culpa.

Uno esperaría -es lo que llama la atención- que sean capaces de entender la integridad de lo que significa el concepto de derechos humanos universal y sin fronteras. Y cuando digo sin fronteras me refiero también a que no deberían existir fronteras ideológicas dentro de los propios países.

Ellos deben saber -lo reitero y lo he dicho en diversas ocasiones- que, si el día de mañana ellos sufrieran la persecución, la muerte que nosotros sufrimos, seríamos los primeros en salir a defenderlos, porque hay que entender que la dignidad humana está por encima de cualquier diferencia.

Entonces, cuando se está planteando el tema de informar, no estamos diciendo algo tan grave, tal como escuché a quien me antecedió en el uso de la palabra, que señaló que esta iniciativa es peligrosa. ¡Cómo va a ser peligroso informar en materia de derechos humanos!

De verdad espero que las nuevas generaciones de derecha se sacudan un poco, porque en épocas pasadas recuerdo haber visto en esta misma Sala a parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional que reconocían que en Chile se violaron los derechos humanos durante la dictadura y juraron que nunca más iban a permitir que eso ocurriera en nuestro país. Entendieron el concepto implícito de lo que significan los derechos humanos en el marco del respeto a la dignidad del ser humano.

Cuando uno escucha a estas nuevas generaciones, de verdad, Presidente, no logra entender lo que sucede; es un retroceso enorme desde el punto de vista valórico y de principios. Están cuestionando lo que generaciones pasadas de su sector defendieron en esta Sala. Si leyeran los discursos de Longueira, Chadwick y Allamand , por citar algunos líderes del pasado, nada tienen que ver con los discursos que uno escucha hoy. Ellos jamás se hubieran opuesto a que este Congreso estuviera informado; por el contrario, fueron capaces de abrirse, de investigar, de condenar las graves violaciones a los derechos humanos que hubo en nuestro país. Y cada vez que ocurran dentro de Chile o fuera de Chile, tenemos que condenarlas con energía, con decisión, porque la base principal de los derechos humanos es entenderlos como un concepto universal y sin fronteras, sin límites.

Los derechos humanos son solidarios entre sí; basta con que uno no se respete, para que después no se respete ninguno. Lo estamos viendo hoy. Algunos países, en aras de la justicia social, ahogan la libertad; otros, en aras de la libertad, ahogan la justicia social. Libertad y justicia social van de la mano; ahí está la esencia del respeto a los derechos humanos.

¿Por qué considerar peligroso y un atentado a este Congreso el hecho de que el día de mañana se le informe? Espero de verdad que haya un remezón en las conciencias de las nuevas generaciones de parlamentarios de derecha, que estén a la altura de sus dirigentes del pasado y no tengan vergüenza, pero sí la fuerza, de condenar la violación de los derechos humanos en nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, al escuchar ciertas intervenciones, uno podría pensar que aquí estamos hablando de algo profundo y de fondo respecto de los derechos humanos, pero lo que ha salido a la luz es la postura de la derecha más extrema de este Congreso Nacional respecto de la existencia de los derechos humanos. Para ella los derechos humanos son un problema, son una molestia, es algo que le impide avanzar en el cumplimiento de sus objetivos políticos.

Uno podría pensar, de acuerdo a esas mismas intervenciones, que aquí estamos ante una norma que cambia los tratados de derechos humanos suscritos por nuestro país, pero lo cierto es que la norma es supersimple. Lo único que hace es regular la entrega de informes respecto de lo que ocurre en materia de derechos humanos y en el cumplimiento de los tratados internacionales, para que la Comisión de Derechos Humanos reciba esa información, la trate y en algún momento sea presentada en sesión especial a la Cámara de Diputados. Estamos hablando de información, de recabar información.

(Habla un señor diputado sin micrófono)

Diputado, da lo mismo si a usted le molesta escuchar a la ciudadanía. Ese es problema suyo.

Esa es la actitud de la derecha irresponsable, de la derecha a la que no le gusta escuchar a la ciudadanía. Eso, efectivamente, es un tremendo retroceso.

Uno esperaría, sobre todo de la derecha supuestamente más democrática, más joven, que hubiera olvidado esas trancas. Lamentablemente, siguen con la misma forma de pensar que utilizaba la derecha cuando en Chile se asesinaba, se torturaba y se hacía desaparecer gente. Esos resabios, que en el último tiempo han aparecido con más fuerza, son los que están marcando la discusión del día.

Uno hubiera esperado que, ante la solicitud de informes, ante la solicitud de escuchar, como ocurre en múltiples procesos, esto fuera tramitado sin problemas. De hecho, en la ley de presupuestos, las glosas de información son aprobadas sin discusión. Sin embargo, aquí vemos cómo la derecha retrógrada nos invita a rechazar la entrega de este tipo de información.

En esto me pongo del lado de los derechos humanos y del avance de respetar los derechos humanos en el lugar del mundo donde estos se violen. En eso no podemos tener doble lectura. Por lo menos, la bancada del Partido Socialista siempre va a estar del lado de los derechos humanos.

Obviamente, vamos a apoyar con toda la fuerza una norma tan simple como la que consagra el proyecto, la que solo regula la entrega de información por parte de organismos de derechos humanos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, por su intermedio, lo primero que quiero decirle a los diputados de izquierda es que nosotros no nos vamos a echar para atrás con sus constantes golpes y su constante asedio. Nosotros estamos aquí para tratar de instruirlos y mostrarles el camino de la verdad.

Ustedes deberían estar pidiendo perdón por la cantidad de pactos humanitarios que han suscrito a lo largo de su historia y que hoy tienen a la humanidad en la dirección del fracaso total. Gracias a nosotros, eso, de alguna forma, se restringe.

Deberían estar pidiendo perdón por el Pacto Verde; deberían estar pidiendo perdón por montar todos esos pactos humanitarios que ponen en riesgo la vida humana; deberían, de una vez por todas, borrar de su mente la demoníaca Agenda 2030 y deberían, de una vez por todas, entrar en un debate político donde entendieran que los conservadores no somos un riesgo, sino que somos los que vamos a tratar de recuperar, de levantar y de trabajar para que el clima y la naturaleza dejen de ser un meme, porque ustedes los han transformado en un meme, pero ahora ustedes parecen un meme.

Por supuesto, vamos a derogar absolutamente todo aquello que atente contra la vida humana, contra nuestra historia, contra nuestras tradiciones y contra nuestra vida, que es lo que han intentado hacer desde hace mucho tiempo. Lo vamos a hacer atendiendo a nuestras potestades y nuestra fuerza legal, porque es la forma en que nosotros trabajamos a través de la democracia.

Lamentablemente, los derechos humanos son parte de una sola democracia, no son parte de las dos democracias. Hay un ejemplo muy claro -me voy a salir cinco segundos del debate-: lamentablemente, cuando murieron esos tres carabineros, el mismo día o el día siguiente el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) quería sacrificar a ese naval que les salvó la vida a unos carabineros.

Esos son los derechos humanos que ellos quieren, esos son los derechos humanos que a ellos les gustan, esos son los representantes de los derechos humanos que ellos quieren que vengan aquí a explicarnos, a contarnos y a proponernos tratados.

Por mi parte, ¡por ningún motivo eso pasará! ¡Jamás! Por mi parte, eso no va a pasar.

Volvemos un poco a lo mismo. ¿Qué va a pasar con estos falsos filántropos que acumulan tierras, que tienen abandonados a los agricultores y que, a la vez, impulsan experimentos con la vida humana? Para ellos eso es parte de los derechos humanos. Para mí eso es una negativa constante.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en un principio, yo también pensé que este solo era un proyecto de información, como nosotros la solicitamos tantas veces en la ley de presupuestos. En ese sentido, ¿por qué no ser informados? Pero una cosa muy distinta es quiénes son los actores que vienen a informar aquí. No son actores, no son Estados, no son embajadores, sino que son organizaciones internacionales, nada más. Se trata de organizaciones internacionales que vienen aquí a darnos consejos, las mismas organizaciones que, por lo demás, proponen políticas que se transforman en un desastre en todos los países que las aplican. Hablo del tema migratorio, porque esa es una de las razones por las cuales no controlamos nuestras fronteras. Aquí todo se ha transformado en derechos humanos, incluso el control de las fronteras.

También hablo del sistema carcelario, de cómo tratamos a nuestros carabineros y de la justicia militar. En todo se meten estas organizaciones, que yo no sé quién las financia o quién las mandata, y ahora van a venir aquí a darnos lecciones de cómo debemos adaptar nuestra legislación, para que esté de acuerdo con la legislación internacional.

Por lo que sé, nosotros les debemos respuestas a los ciudadanos de Chile y no a las organizaciones internacionales de derechos humanos. ¡Somos un país democrático!

No hablo de organizaciones internacionales de derechos humanos que tengan un rango supraestatal. ¡No! Aquí puede venir cualquiera a hacernos comentarios.

Aquí hablamos de lo que se ha denominado soft law, que son resoluciones de estos organismos. En la Organización de las Naciones Unidas se reúnen cuatro mil gatos, que se pegan sus buenos “pericotazos”, que se comen sus buenos asados en Nueva York y que salen a comprar sus carteras Gucci, después de cobrar su sueldo de 20.000 dólares mensuales, libre de impuestos, por lo demás. ¿Esos revolucionarios de capuchino nos van a venir a dar consejos respecto de cómo tenemos que hacer las cosas? Ellos vienen a atacar a nuestra fuerza pública. Muchas veces, vienen a inventar violaciones a los derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? Esas organizaciones viven de encontrar algo que criticar.

Todavía me acuerdo de lo que demoró cierta alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En la práctica, la tuvieron que empujar con una pistola en la espalda para que sacara un informe respecto de lo que estaba sucediendo en Venezuela. ¡Para qué hablar de Cuba! Después ella se fue corriendo y saltando a saludar a Fidel Castro , mientras le hacía odas a Ho Chi Minh.

¿A esa gente le vamos a dar un espacio aquí para que nos venga a predicar? Para que nos vengan a predicar ¿con qué en la mano?

Seamos bien honestos: ¿quién preside el foro de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género? Señor Presidente, ¿usted lo sabe? ¡ Arabia Saudita !, ¡ Arabia Saudita ! Por favor, ¿de qué me están hablando? Pakistán está en el Comité de Derechos Humanos.

Prácticamente, esto es como la Liga de la Justicia, en cuya trama también había un grupo de villanos. Todos los villanos del mundo están sentados en el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Ellos van a venir a darnos consejos? ¿Ellos van a mandar a alguien aquí a decirnos cómo estamos haciendo mal las cosas? ¿De qué me están hablando?

Honestamente, en un principio pensé que esta cuestión era inofensiva, pero no lo es, porque nos van a venir a decir qué tenemos que hacer.

A mí, como parlamentario por el distrito N° 10, por la Región Metropolitana, por las comunas de Santiago, Ñuñoa , San Joaquín , La Granja, Macul y Providencia, el único que me dice qué tengo que hacer es mi patrón, que es el votante, y no algún gringo o apernado que salió por inútil de algún sistema político del resto de occidente que viene a decirnos cómo hacer las cosas. ¡No! Yo les respondo a mis votantes. No les respondo a esas organizaciones internacionales de revolucionarios de caviar. ¡Basta!

Aquí tienen espacio aquellos que se lo merecen, no aquellos que se han desprestigiado hasta el punto de transformarse en intragables, desde el punto de vista del respeto internacional.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Antes de seguir dando la palabra, quiero recordarles que este proyecto de ley se trata de información que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene que entregar en relación con los convenios internacionales que Chile ha suscrito. Eso es lo primero.

Lo segundo que quiero recordarles es que los convenios internacionales se suscriben con la aprobación del Congreso Nacional, es decir, de ambas cámaras. Simplemente, lo recuerdo para que en el debate nos centremos en lo que corresponde.

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, creo que hay que recordar el origen de los derechos humanos. Si bien tienen su origen más concreto en la denominada Comisión Roosevelt, que encabezó Eleanor Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que el antecedente histórico es bastante anterior.

Hay una serie de atrocidades que sucedieron en la humanidad que nos hicieron reflexionar y pensar que hay ciertos derechos fundamentales que son incluso anteriores a la constitución del Estado y que no pueden ser violados por ningún Estado. Los derechos fundamentales son un límite al poder. Por lo mismo, sinceramente, me extraña que el diputado Johannes Kaiser lo niegue con tanta fuerza.

Reitero: los derechos fundamentales son un límite al poder, para que el poder establecido no pueda traspasar y abusar arbitrariamente de los individuos.

Esa idea tan básica de liberalismo y tan universal, lamentablemente, está siendo cuestionada no solo en este Congreso en Chile, sino también en muchos congresos en el mundo, por el surgimiento de sectores que olvidaron las atrocidades que la humanidad tuvo que vivir, en circunstancias de que por esa razón surgió una aspiración o un consenso, que son los derechos humanos. Por supuesto, son una aspiración, porque no están resueltos. Si los derechos humanos estuvieran resueltos, no sería necesaria la organización que nos hemos dado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, etcétera. Si los derechos humanos estuvieran resueltos en el mundo, no sería necesario todo eso. Sin embargo, dadas las atrocidades y dado el uso y abuso del poder, sí es necesario fijar un consenso que nadie, en ninguna circunstancia, pueda violar.

Como señalé, esta idea tan humanista no solo tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, sino también con antecedentes anteriores, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa o la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, declaración poco conocida, pero que estableció un grupo de mujeres liberales en paralelo al proceso de la Revolución Francesa. Vale la pena leerla, porque es realmente un acto poético y revolucionario lo que hicieron en esa declaración.

Por todos estos antecedentes, me parece que venir a cuestionar un consenso civilizatorio tan básico como el hecho de que el poder no atropelle los derechos fundamentales de las personas, o que eso sea un problema tan incómodo como para que alguien quiera votar en contra este proyecto de ley, que lo único que pretende es que Chile entregue información a los organismos competentes, y que estos a su vez puedan reportar en Chile, en la Comisión de Derechos Humanos de nuestra Cámara, la situación, los indicadores, los índices, los reportes que se hacen anualmente; en definitiva, la situación de los derechos humanos en el mundo, y en Chile en particular… Nada de eso sería posible -los derechos humanos como fundamento- si no existiera la comunidad internacional. Sé que aquí algunos de ustedes niegan la comunidad internacional organizada a través de Naciones Unidas; claro, no les gusta, pero la verdad es que, para que esa aspiración en materia de derechos humanos se nos acerque al menos un poquitito, debemos actuar colectivamente y a través de la comunidad internacional.

La comunidad internacional debe presionar a los gobiernos de turno para que los derechos humanos se respeten, así de simple, y para que se eviten las atrocidades que se cometieron en el pasado.

Sé que la memoria es frágil y sé que las nuevas generaciones incluso pueden cuestionar algo como esto, pero la verdad es que, si uno examina la memoria de nuestro propio país en materia de abusos, y las atrocidades que se cometieron en Chile y en el mundo -en algunas partes del mundo, lamentablemente, se siguen cometiendo-, podremos ver que no tenemos derecho alguno a cuestionar un consenso civilizatorio que le ha entregado a la humanidad el período de mayor paz y prosperidad del que podamos tener memoria.

Este período de Naciones Unidas, desde el término de la Segunda Guerra Mundial en adelante, es el que ha traído más paz, más bienestar material y más prosperidad a los pueblos.

Por lo tanto, si alguien aquí quiere cuestionar los derechos humanos, o, peor aún, cuestionar a la Organización de Naciones Unidas en sí misma, deberá cuestionar también el período de mayor paz en la historia de la humanidad, así de simple; con problemas, como vemos con ocasión de la invasión de Rusia a Ucrania; con muchas dificultades; con las atrocidades que se están cometiendo en Gaza por parte de Netanyahu, un extremista; también en Cuba, en Venezuela, las que quiera. Pero esta aspiración no hay que…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado Mirosevic . Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, el diputado Mirosevic habló sobre los abusos que han ocurrido en el pasado desde el poder. Al respecto, yo le podría decir que, hoy en día, quienes más abusan del poder son los burócratas de los organismos internacionales, que no han sido electos por nadie y que hoy manejan miles de millones de dólares para imponer su ideología, para imponer consensos que no son aprobados ni ratificados absolutamente por nadie.

Aquí estamos hablando precisamente del problema y del peligro del soft law, y lo quiero citar aquí literalmente para que usted, Presidente, no diga después que estamos hablando de alguna cuestión distinta.

Aquí se habla de informes periódicos sobre cumplimiento de resoluciones y recomendaciones ante los organismos supervisores; no solo de tratados internacionales, que son los que se ratifican aquí en el Congreso Nacional, sino de resoluciones y recomendaciones.

Eso es el soft law, esa es la normativa ratificada en estos órganos extranjeros allá en Nueva York, o en otras ciudades de otros países del mundo, por burócratas no electos por nadie y que quieren imponernos acá en Chile.

Nosotros no somos un apéndice de organismos internacionales, somos un país independiente; aquí en Chile se elige a nuestros representantes, y no vamos a aprobar una norma para inventarle un atajo a la ex-Presidenta Bachelet para que pueda gobernarnos desde la ONU sin ser electa por los chilenos. Porque de eso estamos hablando aquí, básicamente: de que los progres y de que la izquierda puedan elegir a sus presidentes paralelos en los organismos internacionales y andar mandoneando a los demás países desde esa tribuna sin ser electos absolutamente por nadie.

Lo que quiere la izquierda es entregarnos en bandeja a esos burócratas internacionales que no son electos por nadie, lo cual es verdaderamente inaceptable.

La defensa de los derechos humanos tiene una larga tradición en nuestro país, y la vamos a regular aquí en Chile a través de representantes electos por los chilenos, y no de representantes electos por otros, no de burócratas ni de autoridades electos en otros lugares del mundo.

Tenemos perfectamente claro que lo que corresponde defender en este Congreso Nacional es la legislación interna, las normas que sean aprobadas acá, así como que existan tratados internacionales que sean ratificados también por quienes detentan el poder y gobiernan en nuestro país, y que no se nos imponga una obligación de estar constante y periódicamente rindiéndoles cuenta a organismos como la ONU u otros órganos internacionales, cuando a los únicos que debemos rendirles cuenta es a nuestros electores y a todos los chilenos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Irarrázaval .

El señor IRARRÁZAVAL.-

Señor Presidente, no suelo usar mucho esta tribuna, pero hemos sido increpados como sector con ocasión de este proyecto, en particular por la bancada del Partido Socialista, a cuyos representantes quiero decirles, por intermedio del señor Presidente, que nosotros sí reconocemos que en Chile se violaron los derechos humanos, situación que condenamos, igual como condenamos las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en día en Chile, bajo este gobierno, sobre las cuales no han dicho nada desde allá enfrente. Me refiero no solamente a los tres carabineros asesinados, que han sacado tantas veces a colación, sino, por ejemplo, a las listas de espera en los hospitales.

Existen miles de muertos, un verdadero genocidio causado por la burocracia estatal y por la falta de atención. ¿Algún organismo internacional ha dicho algo al respecto? Ninguno. ¿De qué sirve este proyecto al respecto? Es cuestionable.

En relación con los estudiantes sin clases, el yerno del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona , tiene sin clases a miles de estudiantes a lo largo de Chile. ¿Algún organismo de derechos humanos ha dicho algo al respecto? Ninguno, Presidente.

Votar a favor este proyecto sería como dejar a cargo de la seguridad de los chilenos a alguien que alguna vez se haya encadenado por el terrorista Llaitul ; es eso, es lo mismo, no sirve de nada.

Al revés, esos organismos internacionales están llenos de operadores que lucran con el negocio de los derechos humanos. Nosotros los chilenos tenemos perfectamente claro quiénes están efectivamente del lado de los derechos humanos de las personas y quiénes no.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, lo que estamos discutiendo hoy, o lo que deberíamos discutir, no es la polarización que existe hoy en Chile respecto de una definición histórica que está más o menos clara: en Chile se violaron los derechos humanos; hubo una dictadura brutal que es reconocida aquí y en cualquier parte, en lugares donde hay democracia.

Lo que estamos haciendo es una cuestión normal y que no debe asustar a nadie, porque nosotros también defendemos nuestros derechos cuando desde afuera tratan de imponernos cuestiones que creemos que no son justas.

No obstante, acá es distinto, porque estamos discutiendo un proyecto de ley que modifica una ley orgánica constitucional para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos a cumplimientos de tratados internacionales, así como resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos; nada más y nada menos que eso. Es algo fundamental.

Si no aprobamos esto, nuestra democracia se debilita; así de simple, y no digamos otra cosa. La democracia consiste en derechos civiles y en libertades públicas; esos son los fundamentos de la democracia. Cuando estamos hablando de derechos civiles, estamos hablando de derechos humanos; cuando hablamos de libertades públicas, hablamos de derechos humanos.

No vivimos aislados del mundo; más allá de todos los problemas que tenemos con la migración ilegal y todas esas cosas, no vivimos aislados: vivimos en un mundo y nos insertamos en las democracias, y tratamos naturalmente de mejorar nuestra democracia, pese a que hoy tiene grandes debilidades, debido fundamentalmente a que el Estado no es capaz de garantizar la seguridad a sus ciudadanos, a que el Estado tampoco es capaz de garantizar seguridad social a sus ciudadanos, y, por tanto, se debilita la democracia. Sin embargo, el Estado tiene el deber de asegurar los derechos humanos.

En ese sentido, es condición sine qua non estandarizarse a partir de lo que son los derechos humanos en las democracias, fundamentalmente en las democracias occidentales o en aquellas de larga data.

Por lo tanto, tenerle miedo a eso es no entender la democracia. Parece que nos gusta la democracia en un sentido, pero no en otro. La democracia nos tiene que gustar en todo sentido.

El proyecto que vamos a aprobar hoy -espero que así sea- contribuye justamente a consolidar un poco más nuestra democracia.

Tenemos debilidades -lo acabo de decir-, porque no somos capaces de garantizar ciertas seguridades. El Estado no está cumpliendo con su función básica y primaria, que es garantizar la seguridad -para eso se creó el Estado-. Pero, por otra parte, el Estado, con todo el poder, dado que tiene el monopolio de la fuerza, también debe garantizar los derechos humanos de aquellos que le han otorgado ese poder.

Por eso se da esta discusión respecto de una situación histórica que la propia historia ya definió. Existe consenso respecto de la situación que ocurrió en Chile, a lo cual hice referencia en la primera parte de mi intervención. Pero esa no es la discusión. La discusión tiene que ver con cómo podemos continuar aprobando en el futuro este tipo de iniciativas, que consolidan los derechos humanos y garantizan que el Estado no cometa abusos. En caso de que esto último ocurra, existen organismos nacionales encargados de impartir justicia, pero también organismos internacionales que nos pueden llamar la atención. Eso es todo. Eso nos ayuda y, naturalmente, mejora nuestra democracia.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, voy a votar en contra este proyecto de ley, y lo haré por convicción.

Lo que se busca con esta iniciativa es que la Cámara de Diputados, a través del Ministerio de Justicia, pueda recibir “informes y antecedentes relativos a los resultados de los ciclos de presentación de informes ante los órganos supervisores del cumplimiento de tratados internacionales, así como de otras resoluciones y recomendaciones…”.

En la práctica, lo que va a pasar será que nos vamos a llenar de informes de organismos internacionales en los que al menos yo no confío. Así como en Chile no confío en el INDH, tampoco confío en esos organismos internacionales, porque tienen un sesgo político evidente.

¿Por qué digo esto? Porque en el INDH, hasta donde sé, no hay gente de derecha, salvo algunos directores cuoteados políticamente. Es un antro de la izquierda. Asimismo, no confío en esos organismos internacionales, llenos de progres que están dictando cátedras en el extranjero. No confío en ellos. Siento que los derechos humanos se miran con un ojo: el ojo izquierdo. No se miran con el ojo derecho. Cuando hay gobiernos ideológicamente afines a la izquierda, esos organismos suelen mirar para el techo cuando algo no les conviene. Pero cuando la ideología del gobierno o del Presidente de turno es contraria a la suya, se lanzan cual hienas tras esos gobiernos.

Por eso, no estoy disponible para que nos llenemos de informes de organismos de izquierda que pretenden dictar cátedra respecto de cómo tenemos que hacer las cosas en Chile.

Actualmente, los derechos humanos no nos representan a todos. Sí creo en los derechos humanos como derechos inherentes al ser humano. En lo que no estoy de acuerdo es en cómo actúan o cómo se comportan quienes forman parte de esos organismos. ¿Actúan con el mismo estándar o con estándares distintos? No actúan con el mismo estándar; depende de las circunstancias y de quiénes se trate.

No estoy disponible para votar a favor una iniciativa que hará que nos llenemos de informes de organismos que tienen un sesgo político evidente y que se van a erigir para darnos cátedras desde Nueva York. No estoy dispuesto para eso, porque simplemente no confío en ellos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás de Rementería .

El señor DE REMENTERÍA.-

Señor Presidente, quiero aceptar y valorar la honestidad que han tenido los parlamentarios del lado derecho de esta Sala, que dicen que no creen en los derechos humanos. Eso ha sido bastante simple. Además, es un tema histórico, porque no lo creyeron en los 90, cuando empezaron los juicios de derechos humanos, ya que decían que se trataba de una persecución. Hace poco presentaron una iniciativa que buscaba que ciertas personas que estaban cumpliendo penas carcelarias por los delitos más atroces que han ocurrido en la historia de Chile se fueran a sus casas. Entonces, obviamente están siendo honestos al afirmar que no creen en los derechos humanos.

Déjenme decirles que tanto el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aparecen precisamente para combatir las barbaries históricas cometidas contra las personas.

Los derechos humanos no son lo que esos diputados afirman. Los derechos humanos no tienen visión política. No existen derechos humanos de izquierda o de derecha. Los derechos humanos, como bien se establece, son universales.

Los organismos que algunos diputados critican emiten informes contra países de todo el mundo, con distintas visiones políticas. Generalmente, los gobernantes a los que ello no les gusta critican a tales organismos.

Quiero hacer el siguiente punto: algunos diputados hablan tanto en contra de la ONU o de la OEA, en circunstancias de que José Antonio Kast es el presidente del llamado Political Network for Values . Participan de una red de derecha internacional; corren y hacen peregrinaciones a Budapest para reunirse con un autoritario como Viktor Orbán ; fueron rápidamente a ver a Jair Bolsonaro cuando resultó elegido; hoy la moda se llama Javier Milei . Dicen que nadie se puede meter en Chile, pero le van a preguntar a todo gobernante extranjero qué hacer cuando eventualmente ellos lleguen al gobierno.

Creo que aquí hay una contradicción, más allá de la posición de algunos diputados. Es lamentable, porque durante años -no quiero generalizar a todo el sector derecho de este hemiciclo- hubo un avance respecto de la valoración de los derechos humanos como un valor universal.

Es necesario que lo tengamos claro. En este Congreso tenemos normas que están protegidas y que son superiores, como los derechos humanos. No me parece correcto que alguien quiera decir que estos derechos tienen una u otra posición política, o que se pretenda criticar a instituciones que han sido un aporte significativo para Chile en muchos momentos, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, o criticar los distintos tratados internacionales.

Hacer terraplanismo internacional no tiene sentido en este momento. Es como cuando se decía que los países serios se estaban saliendo de la ONU, en circunstancias de que en la historia no existe un solo país que se haya retirado de la ONU. Creo que en esta materia hay que tener posiciones serias.

Esta iniciativa busca cumplir con algo que Chile ha hecho siempre: responder informes y emitir opiniones, para lo cual se crea un mecanismo administrativo y legal.

Creo que estamos cayendo en una falsa discusión. Los derechos humanos son universales y debemos protegerlos y defenderlos donde sea que se violen. En ello no podemos tener dos posiciones.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señor Presidente, creo que en la Sala nadie está en contra del concepto de derechos humanos ni de institucionalizar la defensa de los derechos humanos.

No obstante, nadie puede estar ajeno al hecho de que la institucionalidad vigente ha sido altamente ineficaz, por ejemplo, para detener el éxodo de más de siete millones de venezolanos, que tiene a toda Latinoamérica y a sus habitantes viviendo con temor e inseguridad.

En ese sentido, me da mucho temor aprobar este proyecto de ley, que no solo habla del cumplimiento de tratados y compromisos afianzados y discutidos en nuestro país, sino incluso de dar cumplimiento a oficios, recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales.

Creo que es hora de que los organismos internacionales revisen también la institucionalidad. Hoy, en las fronteras del norte de Chile están instalados los organismos internacionales enarbolando la bandera de los derechos humanos, lo que facilita, sin ningún control, el ingreso a nuestro país de personas sin ninguna identificación.

Por lo tanto, también es importante velar por los derechos humanos de los habitantes de nuestro país. No es menor que muchas personas, sin ninguna distinción política, hoy cuestionen la eficacia de los organismos internacionales que se han arrogado la institucionalidad de defender los derechos humanos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, este proyecto institucionaliza un mecanismo de entrega de información del Poder Ejecutivo al Legislativo, que nace de la necesidad de crear un modelo de cumplimiento de sentencias y recomendaciones de tribunales y organismos internacionales en materia de derechos humanos, sobre lo que es clave que el Congreso Nacional debe tener un rol definido.

Resulta al menos extravagante todos los denuestos que se han formulado en esta instancia respecto del papel de los organismos internacionales, en particular del papel de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el concepto de derechos humanos, ya que parece que lo consideran una suerte de muro para la lucha contra el narcotráfico.

Es inconcebible que en este hemiciclo los diputados que han intervenido en este sentido ignoren en forma absoluta lo que la comunidad internacional ha hecho durante décadas, la comunidad internacional civilizada, décadas de esfuerzo para construir un sistema que arregle los problemas entre los Estados y en que los ciudadanos de cada Estado no puedan ser maltratados de manera impune.

Estas décadas de sostenido esfuerzo surgen fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial ante el horror del holocausto contra el pueblo judío que provocaron los nazis. Eso es, ni más ni menos.

Por lo tanto, incluso, da vergüenza ajena escuchar las palabras que aquí se han emitido, los denuestos, el que se trate a las Naciones Unidas poco menos que como un organismo que plantea, como han señalado algunos terraplanistas, la famosa agenda global que tanto atacan.

Es impresentable -insisto- que diputados, además, hayan denostado el concepto de derechos humanos. ¿De qué se trata esto? ¿Les molesta el concepto de “derechos humanos”? ¿Les molesta que ese concepto, que consagra el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y psíquica sea un derecho universal, un derecho inherente a la condición humana? ¿Les molesta que los maltratos de los Estados a sus ciudadanos sean los crímenes que más repugnan la conciencia de la comunidad internacional civilizada? ¿Les molesta?

¡Por favor, tengamos un mínimo de pudor histórico! Al menos traten de disimular realmente que los derechos fundamentales de las personas y su garantía y protección les molesta, porque al parecer les molesta en la agenda que tienen.

Pero con toda claridad hay quienes hemos dedicado la vida al movimiento de derechos humanos y no vamos a permitir estos retrocesos cavernarios y brutales que están afectando al ser humano, en definitiva.

He dicho.