Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con el debate del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas, correspondiente al boletín Nº 15701-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Cabe hacer presente que, por acuerdo de los Comités Parlamentarios, no se podrá pedir el cierre del debate de este proyecto en esta sesión.

Asimismo, que el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana ya fue rendido.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 50ª de la presente legislatura, en martes 9 de julio de 2024, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

El señor BÓRQUEZ.-

Señorita Presidenta, estimados colegas, para nadie es noticia que la crisis de seguridad está desatada en gran parte de nuestro territorio nacional, y yo soy partidario de que las emergencias deben ser tratadas con especial atención y con medidas extraordinarias.

La verdad es que uno se pone a observar la cantidad de proyectos de ley que hemos aprobado en materia de seguridad y son muchos, pero los delincuentes siguen persistiendo. Entonces, nos faltan más proyectos, medidas más duras contra los infames que no dudan en asesinar a personas con tal de triunfar en la comisión de sus delitos. Contra estos no hay que tener ningún tipo de piedad; la ley debe ser aplicada con toda la dureza y el rigor posible.

Debemos dar una señal, sí, estimados colegas, pero también debemos concretar resultados, y en eso el gobierno tiene toda la responsabilidad. Las personas necesitan sentirse más seguras, más resguardadas, y en estos más de dos años de gobierno eso no se ha podido conseguir: les ha fallado a todas esas familias que han perdido un familiar en manos de delincuentes.

Por supuesto que voy a votar a favor esta iniciativa, pues no existe nada más valioso que la vida de las personas, especialmente la de niños inocentes, pero también necesitamos que el gobierno, este gobierno, se ponga los pantalones y sea capaz de dar la pelea contra los delincuentes. Si no nos unimos como partidos políticos, no podremos triunfar.

Espero que este proyecto cuente con todo el apoyo transversal.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señorita Presidenta, desde hace varios años hemos venido discutiendo en este Congreso modificaciones, tanto al Código Penal como a leyes complementarias, orientadas a mejorar el régimen punitivo en aquellos delitos de mayor connotación social.

Lamentablemente, aquellas discusiones legislativas, tal como lo es esta, se han dado dentro de un contexto social nacional de inseguridad en el cual la delincuencia se ha desplegado en prácticamente todos los barrios del país y ha encontrado en la violencia sin escrúpulos su arma más eficiente para cometer los delitos. Las últimas semanas en Chile son la muestra de esa realidad: comunas como Lampa, Quilicura y otras se han visto impactadas por la violencia y la delincuencia sin una fuerte respuesta por parte del Estado ante el temor de los vecinos y vecinas.

Hemos hablado con frecuencia de violencia absurda e innecesaria, de asesinatos de niños, niñas y adolescentes que no tienen manera de defenderse, de homicidios provocados simplemente por el robo de un celular o de un vehículo. El fenómeno de la delincuencia violenta no reconoce límites ni autoridad y, sin duda, el tratamiento penal hoy no es suficientemente estricto para desincentivar estas conductas. Ello, sumado a otros beneficios, como la posibilidad de la libertad condicional, nos lleva a concluir que la reacción del Estado ante este fenómeno es insuficiente, dando paso al temor fundado de las personas y sus familias.

Elevar la pena de presidio perpetuo calificado de cuarenta a cincuenta años sin duda es una señal en el sentido correcto en casos de homicidio, secuestro, violación, entre otros.

Además, hacer más severo el tratamiento penal de las personas reincidentes incrementará las penas, lo cual va en concordancia con el fenómeno de la delincuencia habitual en el país.

Este proyecto orienta en forma adecuada la legislación penal hacia el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, pues no basta con que formalmente aumentemos las penas aplicables cuando en el caso concreto la valoración de atenuantes rebaje la pena efectiva.

Finalmente, quiero poner énfasis en la urgencia de que estos proyectos sean acompañados con políticas públicas impulsadas por el gobierno sobre aumento de dotación de personal policial y fiscales del Ministerio Público para la investigación y persecución de delitos.

A la vez, una aplicación más rigurosa de las penas tendrá un impacto en la ocupación de los recintos carcelarios, para lo cual debemos prepararnos como Estado proyectando la construcción de aquellos en lugares idóneos, sin que nuevamente sea la ciudadanía quien cargue con la consecuencia de vivir al lado de la delincuencia.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señorita Presidenta, este proyecto muestra una vez más cómo la derecha enfrenta el tema de la delincuencia: propuestas vociferantes, irresponsables y, básicamente, sin evidencia.

Nadie ha podido demostrar que un aumento de las penas de esta magnitud, pasar de cuarenta a cincuenta años efectivos, sea un elemento disuasivo para quienes están dispuestos a delinquir. En 2022 se elevó la pena máxima para homicidios, y no hay señales de que haya reducido su incidencia.

Además, no toma en cuenta la dimensión rehabilitadora de cualquier política criminal seria. Quienes sean castigados con cincuenta años de presidio efectivo en su mayoría no saldrán de la cárcel y no tendrán incentivos para cambiar su conducta delictual; al contrario, se convertirán en elementos problemáticos para la administración de los recintos penitenciarios. Todo esto, sin considerar el hacinamiento y déficit de infraestructura que, una y otra vez, nos muestra la evidencia con sus problemas de convivencia, violencia y descontrol. Es cosa de ver las noticias nomás.

Sin embargo, este proyecto no solo es ineficaz, sino que nos distrae de lo verdaderamente importante: perfeccionar los instrumentos para obtener mejores resultados en la investigación y persecución de quienes delinquen. Así lo manifestaron los representantes de las policías en la comisión, y ese debe ser el eje de nuestras reflexiones y debates.

Lo que de verdad disuade a quienes van a delinquir es la posibilidad real de ser detenidos. Si esperan no ser capturados, la amenaza de la pena será irrelevante en su decisión de violar la ley.

Por último, no puedo dejar de referirme al intento del sector de enfrente de pasar de nuevo una indicación, subrepticiamente y excediendo inconstitucionalmente las ideas matrices del proyecto, destinada a dar beneficios a los criminales de Punta Peuco.

Llamo a dejar de lado la hipocresía y a que digan que para ellos un criminal de lesa humanidad es menos peligroso que los regulados por este proyecto. Así, la ciudadanía entenderá las verdaderas motivaciones de un proyecto que, en lugar de avanzar, crea más problemas y obstáculos para una política criminal eficiente.

Insisto: la seguridad de la ciudadanía es un tema serio y hay que tomárselo como tal.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, es efectivo lo que decía la diputada que me antecedió en cuanto a que las penas no siempre son disuasivas. Eso es correcto, especialmente cuando no se persigue a los criminales, pero también es cierto que a aquellos a los que se persigue y se captura debe condenárseles en relación con el delito cometido, esto es, deben recibir una pena proporcional al delito cometido.

En muchos casos, en nuestro país, eso no se produce, no solamente en materia de crímenes violentos, sino que también en otras materias.

Ha sido el sector que apoya a este gobierno, y antes cuando era oposición, el que ha hecho hasta lo imposible por reducir la capacidad de nuestras policías para capturar a delincuentes, y lo ha hecho atacando a Carabineros y desautorizando a la Policía de Investigaciones. Incluso, algunos han puesto en tela de juicio la acción de la Fiscalía cuando esta se dirige hacia sus correligionarios.

Ahora bien, espero un poco de honestidad intelectual respecto de la indicación que propusimos sobre conceder libertad condicional a las personas condenadas mayores de 75 años que sufran una enfermedad terminal o inhabilitante, es decir, aquellas personas que no puedan cumplir con el régimen carcelario.

La diputada que me antecedió en el uso de la palabra mencionó que estaríamos hablando de criminales condenados por delitos de lesa humanidad. El mínimo de honestidad intelectual debería llevar a esa diputada a reconocer que, en la propia Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, tanto Gendarmería como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han reconocido que en Chile no hay condenados por crímenes de lesa humanidad.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado por nuestro país en 2009 y, al no tener carácter retroactivo, según el propio Estatuto, eso significa que el tratado no se aplica a delitos cometidos con anterioridad.

Por otro lado, a propósito del tema de la resocialización, a la cual también se han referido otros diputados, sabemos perfectamente que en ciertos casos no les interesa ni les molesta mayormente que una persona muera en la cárcel si es su opositor político. Incluso más, no les molesta que personas que son de su sector político y que han cometido delitos similares sigan libres.

Esa es una de las razones por las que se oponen a una norma que, por lo demás, no está orientada específicamente a quienes están en Punta Peuco, como lo planteó la diputada que me antecedió, sino que está orientada a todo prisionero mayor de 75 años que cumpla con las condiciones descritas, porque es prácticamente imposible para Gendarmería, desde el punto de vista médico, atender a personas en esa situación.

Tanto es así que la propia Corte Suprema ha levantado la voz para señalar la incapacidad de Gendarmería de entregar un tratamiento conforme a los derechos humanos. Es decir, en este momento, se están violando los derechos humanos y eso deberían reconocerlo, de una vez por todas. Si no son capaces de corregirlo, entonces hay que hacer algo para evitar que esto continúe.

Por otra parte, quiero recordar que, a partir de 1990, en Chile también funcionó un aparato de represión, que se llamó “La Oficina”, la que, en algún momento, fue acusada, por lo menos desde la extrema izquierda, de haber ordenado asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, situación que nunca fue juzgada, perseguida ni investigada y, por lo demás, se actuó en contra de las mismas personas que fueron reprimidas antes de 1990.

Ahí vemos que cuando conviene, sí, y cuando no conviene, no. Ahora, son los mismos que están pidiendo que las tropas vuelvan a salir a las calles a reprimir la criminalidad y la delincuencia. Son los mismos que quieren dejar que se pudran y mueran en prisión, cumpliendo un régimen carcelario, personas que nunca debieron haber entrado allí. Esas son las inconsistencias de nuestro sistema.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señorita Presidenta, nadie discute que los delitos cuya pena se pretende aumentar, a través de este proyecto, son graves y, sin duda, atentan contra la condición humana, por lo que requieren una respuesta estatal íntegra y sólida.

Pero seamos responsables. Este proyecto está planteado sobre la base de discursos -y así no se puede legislar afiebrados que sólo refuerzan un Estado punitivo y no un Estado social de seguridad, sin ocuparse de una solución acorde a lo complejo de estas situaciones.

Por una parte, el proyecto modifica el Código Penal para que la libertad condicional pueda ser solicitada una vez que hayan transcurrido 50 años de prisión efectiva, pero, al mismo tiempo -es curioso-, se nos presenta una indicación del todo inconstitucional que hace una excepción curiosa –reitero a este aumento de penas, para que se pueda conceder la libertad condicional a personas condenadas que hubieran cumplido 75 años de edad y padecieran de una enfermedad terminal o inhabilitante, lo que, por cierto, es una condición humanitaria.

Me gustaría que quedara claro que esto es parte del permanente intento de proporcionar impunidad a los criminales de lesa humanidad de la dictadura, quienes, en su mayoría, cumplen condena en el penal Punta Peuco y que han pasado prácticamente una vida en impunidad.

Además, lo relevante es entender que aprobar o rechazar esto no soluciona el problema real, que es la falta de verdad social, porque recordemos que, en relación con los crímenes de lesa humanidad, existen verdaderos pactos de impunidad y son los crímenes que más repugnan a la conciencia civilizada de la comunidad internacional, y esa repugnancia sigue vigente.

Me gustaría ver que quienes se precian de demócratas tengan el mismo ahínco para legislar sobre cómo hacer efectivo los derechos de quienes han sido históricamente vulnerados y no en contribuir a esta inflación penal con medidas afiebradas, sin respaldo de las ciencias penales correspondientes.

He dicho.

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señorita Presidenta, debemos reconocer que nos encontramos en un profundo problema de seguridad, respecto del cual no hemos podido encontrar las herramientas eficaces para hacernos cargo.

Mi distrito, el N° 8, que comprende las comunas de Lampa, Quilicura y Maipú , entre otras, ha llenado las portadas de los medios de comunicación por horrendos crímenes cometidos contra las personas.

Me pregunto: ¿hasta cuándo debemos seguir esperando medidas fuertes en contra de la delincuencia? Es necesario realizar todos los esfuerzos necesarios para combatir este flagelo. El proyecto contiene algunas cuestiones que se valoran, como el aumento de penas y el incremento de requisitos para obtener beneficios penitenciarios para quienes cometan estos delitos. Esto es para todos por igual: ricos y pobres.

Los homicidios y delitos violentos se han incrementado durante los últimos años. Por ello, debemos aplicar todas las medidas que supongan mejorar y robustecer la legislación contra la delincuencia. Por mi parte, estaré disponible a apoyarlas; sin embargo, no podemos relativizar los hechos delictuales y no tratar con la misma vara a los delincuentes que cometieron crímenes de lesa humanidad. Eso es un insulto a los miles de víctimas que dejó la dictadura.

Ahora bien, si legislamos para agravar las sanciones a quienes cometan crímenes contra las personas, que la futura ley sea justa para todos y no sea elitista; que todos los delincuentes paguen, tanto pobres como ricos. Ello lo digo porque la situación del padre del senador Javier Macaya es algo increíble. No podemos legislar sobre esta materia si no somos capaces de aplicar justicia. La vulneración a los niños es un delito grave, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad.

Ojalá esta norma sirva para que las personas que tienen tanto poder paguen con cárcel y no salgan a los 75 años de edad porque tienen alguna dolencia. El dolor que ellas han causado en las familias de las víctimas es algo irreparable y para toda la vida.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley modifica diversos cuerpos legales, para agravar sanciones ante crímenes contra la vida de las personas. Pero quiero hacer una pregunta bien concreta, a fin de sincerar este debate. ¿Este aumento de sanciones, de penalizaciones, es para todos los chilenos? ¿Es para todos y todas por igual o vamos a seguir dando la señal de que somos rigurosos y duros con algunos, pero respecto de otros, que cometen delitos gravísimos contra niños de nuestro país, solo vamos a aplicar medidas de arresto domiciliario?

Es necesario que sinceremos este debate, no por una cuestión coyuntural, sino porque la gente está dejando de creer en las instituciones, dentro de las cuales el Congreso Nacional de la república es fundamental. Lo que está ocurriendo con este tipo de determinaciones contribuye a deslegitimar nuestro actuar. No es posible que pidamos aumento de penas para algunos mientras, prácticamente, liberamos a otros; de ello debemos hacernos responsables. No podemos seguir evadiendo el debate respecto de esta situación, porque es algo que nos corresponde a todos analizar profundamente, no solo respecto del Congreso, sino de todos los poderes del Estado. Hay que analizar por qué en tal o cual caso la justicia aplica medidas cautelares cuando se cuenta con mejores abogados, por lo general pagados, y el victimario puede salir libre rápidamente. Eso no lo podemos aceptar. Ese análisis también toca a otros órganos del Estado.

Señorita Presidenta, por su intermedio, quiero consultar al ministro de Justicia, que se encuentra presente en la Sala, cómo es posible que haya condenados que ni siquiera pasan un día en la cárcel, como ocurrió en uno de los últimos casos que vimos, donde Gendarmería autorizó que la persona pudiera permanecer en el hospital del recinto penitenciario.

El Estado de derecho tiene fundamentos y principios sustanciales y básicos, y uno de ellos es la igualdad ante la ley, ante la justicia. No sacamos nada con aprobar este tipo de sanciones si, por otro lado, estamos contribuyendo a deslegitimar con injusticias, como las que se están viviendo ahora, todo lo que dice relación con el Estado de derecho.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .

El señor CASTRO.-

Señor Presidente, estamos cosechando lo que este gobierno plantó hace mucho tiempo: horadación de las policías, generación de una migración ilegal absolutamente descontrolada, que solo tiene sanción de multa y no la equivalente a un delito.

Durante años hemos visto cómo recrudecen los delitos violentos que afectan la integridad física de las personas. Entre los que han aumentado su ocurrencia se encuentran el homicidio, el sicariato y otros delitos violentos, como el secuestro. Es más, entre los años 2022 y 2023, en los dos primeros años de gestión del actual gobierno, se registraron las cifras más altas de homicidio de las que se tenga registro. Es ineludible, entonces, hacernos cargo de la realidad criminal, por lo menos nosotros desde el Parlamento, ya que es un problema que atemoriza y constriñe a millones de chilenos. Por ello, hay que efectuar las necesarias reformas procesales y de gestión a la actual policía. La modificación de normas penales sustantivas conlleva un disuasivo para la comisión de esos delitos.

En ese contexto, la propuesta plantea instituir una nueva pena de presidio perpetuo efectivo, la que será aplicable en el caso de los crímenes más graves, que actualmente se sancionan con pena de presidio perpetuo calificado, aumentando la condena de 40 a 50 años la prisión efectiva, la que debería cumplirse antes de acceder a cualquier tipo de libertad condicional. Asimismo, en otros delitos, como el homicidio, se incrementa el tramo mínimo de penalidad aplicable, ya que es necesario mantener una coherencia penal entre las distintas clases de delitos.

En síntesis, se busca agravar la respuesta penal ante los hechos que hoy revisten una particular connotación social, como son los hechos delictivos violentos. Esperamos que se produzca una disuasión en su realización y una disminución real de la ocurrencia de estos condenables sucesos.

Siempre he estado con la seguridad ciudadana; fue mi compromiso de campaña. Por eso este proyecto, que estoy seguro de que se va a aprobar, lleva mi firma.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, una de las cosas que hay que dejar sentadas es que este proyecto es un nuevo antecedente que evidencia que sectores de la derecha solo buscan generar un impacto comunicacional más que dar una solución real a las necesidades de los chilenos y chilenas en materia de seguridad.

Sin duda, el Estado debe hacerse cargo de los homicidios, parricidios, femicidios, que son los delitos que cuentan con las penas más altas, porque son los más graves que afectan a nuestra sociedad. En nuestro ordenamiento jurídico ya están tipificados con la severidad que ameritan; por lo tanto, hoy los esfuerzos legislativos deberían centrarse en mejorar la persecución penal, para lograr identificar a los autores de esos delitos tan graves, a fin de que puedan cumplir la pena que corresponda. Eso es lo que nos indica la evidencia y la evolución de los delitos antes mencionados.

En la discusión de esta iniciativa se ha intentado solapar algo que es muy grave, y se ha intentado disfrazar como si fuera parte de este proyecto de ley. En efecto, la derecha aprobó una indicación que busca conceder la libertad condicional a personas condenadas mayores de 75 años de edad que padezcan una enfermedad terminal o inhabilitante.

Hay que decir la verdad, Presidente: lo que se busca es que los genocidas, autores de crímenes de lesa humanidad de Punta Peuco, puedan volver a sus casas. ¡Esa es la verdad! Eso significa que les vamos a entregar beneficios a criminales que no han tenido ningún arrepentimiento de sus actos y que no han colaborado con la justicia. Son criminales que, si decimos respetar la vida, tienen que cumplir sus condenas tras las rejas.

Si este proyecto busca valorar la vida y decir que atentar contra esta es lo más grave, entonces esa indicación no puede aprobarse. No podemos dar ningún espacio para que aquellos que realizaron torturas, asesinatos y desapariciones en contra de nuestros compatriotas tengan este beneficio.

Ante esta aberración, lo que hemos hecho, de manera transversal, junto con todas las bancadas del oficialismo y de la Democracia Cristiana, es pedir a la Mesa que se declare inadmisible esa indicación, porque, además de estar fuera de las ideas matrices del proyecto, significa validar la impunidad y poner en riesgo la institucionalidad democrática que tanto costo nos ha significado como sociedad. Esto también sería una mala señal hacia el país, porque no seríamos capaces de garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir en Chile.

Llamamos a rechazar este proyecto, porque, primero, no estamos disponibles para populismos con medidas poco efectivas, y, segundo, porque no estamos disponibles para retroceder ni un paso en materia de verdad y justicia.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, me voy a quedar con una de las últimas frases de la diputada comunista que me antecedió en el uso de la palabra, en la cual señaló que se realizaron -cito textual “torturas, asesinatos y desapariciones en contra de nuestros compatriotas” y que, por tanto, no podía concederse ningún beneficio a alguien que hubiese cometido un delito de esas características. Entonces, frente a esa premisa, ¿qué pena merece un sicario que secuestra, tortura, viola y mata a una persona inocente?

También, desde la izquierda, señalaban que la pena de presidio perpetuo efectivo era una política penitenciaria y una política penal populista. Entonces, ¿qué pena merece esa persona? Recién me dijeron que las penas del infierno, pero ¿por qué no se aplica eso cuando se trata de un sicario? ¿Por qué no se aplica eso cuando se trata de los asesinos del teniente Ojeda?

Parece que lo único que les preocupa es seguir persiguiendo a unos viejitos que están bastante decrépitos, muchos de ellos con enfermedades terminales. Ahí son muy valientes, pero cuando se trata de un comando venezolano mandado por la narcodictadura de Nicolás Maduro son compasivos, piadosos, misericordiosos, y parecen hasta cristianos. Ahí les cambia la figura. Eso es parte de las inconsecuencias permanentes a las que nos tiene acostumbrado la izquierda radical.

Hay varias cosas en este proyecto. Por una parte, está la pena de presidio perpetuo efectivo. Eso se está incorporando, porque al final del día un asesino que secuestró, torturó, violó y asesinó a una persona, y que después hizo desaparecer su cuerpo, difícilmente va a encontrar algún programa de reinserción. Creo que esa es una de las primeras cosas en las que deberíamos ponernos de acuerdo.

También deberíamos dejar la hipocresía que tenemos permanentemente, especialmente desde los discursos de la izquierda, en que señalan que para esa persona que no usaba uniforme sí hay programas de reinserción que funcionan.

No hay ninguna experiencia exitosa, ninguna experiencia efectiva, ninguna experiencia basada en evidencia -muletilla que les gusta usar permanentemente- que diga con todas sus letras que ese sujeto va a tener un plan de reinserción y se va a incorporar a la sociedad. Ese es el doble estándar permanente en el discurso.

Una de las modificaciones más relevantes en este proyecto está justo al final, cuando modificamos, mediante una indicación que presentamos, la ley N° 20.084, sobre el sistema de responsabilidad adolescente, toda vez que sube las penas a las cuales los menores de edad van a estar sujetos, de cinco a diez años y de diez a quince años. Gran parte de los jóvenes que participan en hechos delictuales más peligrosos son precisamente menores de edad. Lamentablemente, hechos deleznables, que yo creo que aquí todos condenamos, hoy quedan casi en la impunidad.

Si bien este es un proyecto que avanza para reconocer efectivamente que la escoria de esta sociedad debe ser combatida en forma muy severa y que los delitos que están abordados en este proyecto de ley deben ser sancionados en la forma más drástica posible -en esto tenemos que ser muy claros-, creo que esto puede quedar en el aire si no hay una estrategia decidida de parte del gobierno que hoy preside Gabriel Boric para enfrentar la delincuencia. De lo contrario, esto solo será una modificación de carácter legal que no tendrá un correlato en el terreno. Para eso se necesita una política pública efectiva y que realmente gestionen.

Señor Presidente, por su intermedio quiero pedirle al señor ministro que se pronuncie sobre el tan cuestionado articulado que hace referencia a aquellas personas condenadas a la pena de presidio perpetuo efectivo que pueden acceder al beneficio, porque creo que, para tranquilidad del zurderío, este no aplicaría a los presos políticos militares que están en Punta Peuco o en Colina I. Sin embargo, sería relevante que el señor ministro se pronunciara.

Creo que su reacción probablemente nos lleve a la norma general en este tipo de materias. Asimismo, creo que aquí están haciendo un escándalo, porque, en el fondo, lo que no quieren hacer es endurecer la mano frente a los delincuentes que hoy están asesinando a chilenos inocentes, y que buscan cualquier oportunidad para hablar del pasado y no construir el futuro.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputada Nathalie Castillo , la Secretaría revisará la intervención que usted señala.

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, iorana korua.

Hoy discutimos un proyecto de ley muy relevante ante los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país y que tienen a las familias de Chile muy preocupadas. Este proyecto de ley busca endurecer las sanciones penales en aquellos crímenes que atentan contra la vida de las personas. No podemos ignorar la preocupación que nos causa el alarmante aumento de homicidios en nuestro país este año.

Según datos de la Fiscalía Nacional, en los primeros meses del año hemos visto más de 1.107 víctimas de homicidios, duplicando los casos respecto del año anterior. Comunas como Viña del Mar concentran el 2,8 por ciento de los homicidios a nivel nacional, y la Región de Valparaíso representa una de las tasas más altas en homicidios consumados en todo el país. Las razones son variadas, desde conflictos familiares hasta situaciones relacionadas con el consumo de alcohol, pero la realidad es que estamos frente a una crisis que necesita una respuesta firme: la famosa mano dura.

El objetivo de este proyecto es fortalecer la protección de la vida mediante cambios significativos en nuestras leyes. Proponemos establecer el presidio perpetuo efectivo, que requiere cincuenta años de cumplimiento efectivo antes de acceder a la libertad condicional, para delitos graves que tengan como resultado la muerte de una persona.

También se actualiza y se refuerza la legislación sobre el delito del sicariato, equiparándolo en penas al homicidio calificado. Además, se aumenta el rango mínimo de pena para el homicidio simple y se implementa un marco rígido para determinar penas en delitos como parricidio, femicidio, homicidio simple y homicidio calificado, obviamente considerando la gravedad y la reincidencia en estos delitos.

Estas medidas buscan desincentivar y castigar de manera contundente los actos que atentan contra la vida. Como legisladores, debemos actuar con determinación ante esta situación.

Anuncio mi voto favorable a este proyecto de ley, consciente de que este es un paso necesario para cumplir nuestro rol y nuestro compromiso de proteger a los ciudadanos y a las familias, y de garantizar un entorno seguro para todos. Reconozco que este es solo un paso de otros más que hay que dar para abordar la compleja problemática de la violencia homicida en nuestro país. Este paso es crucial y, por consiguiente, no lo podemos postergar.

También es fundamental que como sociedad aceleremos esta transición de iniciativas legislativas, como lo es esta. Sé que desde el Congreso Nacional hacemos nuestro trabajo, pero debemos informar a la ciudadanía que quien tiene el poder para manejar las policías, así como los recursos para implementar políticas y luchar contra esta situación homicida en el país no es el Congreso Nacional, sino el gobierno, que tiene la autonomía y el poder para incidir en estas cifras, para garantizar la seguridad a las familias ante esta oleada de homicidios.

Señor Presidente, por su intermedio le pedimos por favor al Presidente Gabriel Boric desde el Congreso Nacional que ponga la famosa mano dura, que deje a un lado la ideología y que les dé a las familias lo que necesitan: garantizar la seguridad en las calles, en los colegios, en sus trabajos, y un largo etcétera, por lo que estamos viviendo hoy.

Como dije, anuncio mi voto a favor. Como legisladores estamos dispuestos a conversar, a discutir y también a ver los distintos caminos en términos legislativos, pero ya sabemos quiénes tienen las riendas del país, quiénes tienen los recursos y quiénes manejan las policías.

Desde ya, como se dice, que se pongan los pantalones y que se la jueguen por las familias de Chile.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Yovana Ahumada .

La señorita AHUMADA (doña Yovana) .-

Señor Presidente, no me gusta tener que estar hablando sobre proyectos de ley de este tipo, ni tampoco abordando situaciones tan graves, pero la crisis de seguridad que estamos viviendo en el país nos obliga.

Le quiero hablar a la gente de Antofagasta, nuestra región, donde se ha registrado un aumento de homicidios.

Seamos realistas. Lamentablemente, este tipo de acciones tienen que ver en su mayoría con bandas del crimen organizado y con sicariato. Hoy en día tienen armas, están instaladas en nuestras regiones y nos están asesinando. Esa es la triste realidad que estamos viviendo, principalmente en las regiones del norte del país.

Citaré a continuación algunos titulares.

Detienen a una banda de sicarios por tres homicidios en Antofagasta. Homicidio en Antofagasta: murió al ser baleado fuera de su casa. Inseguridad en Antofagasta: delitos aumentan en un 172 por ciento. Brigada de Homicidios de la PDI detuvo a un extranjero por homicidio ocurrido en 2022 en Antofagasta. Y así, la situación suma y sigue.

Por otro lado, los homicidios han aumentado en casi un 50 por ciento entre 2023 y 2024, de 13 a 24 casos. Esa es la realidad que impera hoy.

Puede ser que esto no solucione el problema de fondo. Necesitamos articular estas leyes y otras más, y también necesitamos hacer cambios en el tema carcelario; debemos actualizarnos y asumir la crisis de seguridad que estamos viviendo.

Acá debemos colocar las ganas, la energía y los recursos en esa línea. Debe ser una prioridad de todos, por el bien de todos, de todos quienes vivimos en el país. Creo que ese debe ser el foco.

Por eso, voy a apoyar este proyecto. Lo que buscamos es que las personas, independientemente de quiénes sean, entiendan que esto es “vida por vida” cuando le quitan la vida a otra persona.

Esto no es una casualidad, esto no es una libertad. Acá hay que hacerse responsable de las cosas que se hacen, y quitarle la vida a una persona es algo grave, es un delito y debe ser castigado de esa manera.

Debemos dar señales. ¡Mano dura! Así debe ser, y no solo desde el Congreso Nacional, sino también desde los poderes Ejecutivo y Judicial.

Acá debemos articularnos todos. No debemos atrincherarnos en un sector o en otro. Hay que responderle a la ciudadanía, y en eso debemos trabajar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, me quiero sumar a todas las expresiones de repudio absoluto que se han vertido en esta Cámara respecto de la presencia en Chile del crimen organizado y del narcotráfico, que nos muestran formas de operar que causan temor y que tienen a la población en una profunda preocupación.

Desprecio profundamente a quienes permitieron que ingresara a Chile el Tren de Aragua y otras bandas, y lamento que hoy debamos enfrentar esta realidad. Cada cual asumirá su responsabilidad, cuando decían ¡vengan todos!, incluso los indocumentados.

No creo que lo hagan, porque, haciendo referencia a la honestidad intelectual de la que habló el diputado Johannes Kaiser , parece ser que esa honestidad intelectual no llega hasta asumir la responsabilidad que tienen como sector por la presencia de estos criminales en nuestro país, con formas de actuar, como dijo por su parte el diputado republicano Cristián Araya , en relación con secuestros -creo que a mi papá lo secuestraron-, tortura -creo que lo torturaron-, asesinatos -lo asesinaron-, y a esconder sus cuerpos -todavía no lo encontramos-; parece que trajeron a los más dignos hijos de la dictadura, una copia de lo que fue la dictadura en nuestro país, y no se hacen cargo. Lo peor es que hacen verborrea respecto del tema, pero en el fondo no tienen la más mínima preocupación por lo que está viviendo la gente en las poblaciones.

Levantemos el secreto bancario. Ahí se sigue la ruta del dinero y se puede desmantelar a estas organizaciones criminales; invirtamos en inteligencia, que es lo que nos permitirá perseguir a estas organizaciones especializadas, que no se combaten igual que el crimen común; persigamos a los responsables intelectuales de estos crímenes, y veamos cómo han permeado distintos espacios del Estado.

Por el contrario, están pidiendo que legislemos sobre algo que ya existe. ¿O el crimen no se sanciona con cadena perpetua? ¿El secuestro no se sanciona de igual manera? ¿Y la tortura? La pedofilia, en la mayoría de los casos, menos si soy hijo de una autoridad de la derecha sentenciado a seis años de cárcel, y además me voy para la casa mientras espero condena.

Ese mismo sector que presentó este proyecto de ley no ha dicho nada respecto de esa aberración, en primer lugar, respecto de la defensa que hace el presidente de la UDI -espero que no se exalten-, quien dijo que a su padre lo grabaron sin su consentimiento.

“¡Permiso, violador, voy a grabar la aberración que está haciendo!”. ¿Eso espera que se le diga?

Cuando dice “estoy del lado de mi padre”, es cierto, podrá visitarlo, podrá decir que es su padre y que por desgracia tiene que estar con él, pero otra cosa es justificar una aberración como esa.

La impunidad es lo que permite aberraciones como la del crimen organizado, y la impunidad hace ver que un pederasta o un pedófilo esté lleno de beneficios.

¿Alguien cree que este crimen organizado tiene algún temor ante ese poder? Saben muy bien dónde ir: al poder económico, que les va a permitir actuar con mayor impunidad en Chile.

Si de verdad les interesa la gente, apliquen esa honestidad intelectual y empecemos a legislar para que esa realidad termine en Chile. Lo otro es una verborrea que sigue sometiendo a la población al flagelo del crimen organizado y del narcotráfico. La pobreza es nido para que se puedan sustentar en el tiempo en estos crímenes.

¡Término del secreto bancario!, pero no si van al supermercado; inteligencia policial, y, sobre todo, terminar con la tesis de que los pobres están condenados a vivir bajo ese flagelo, que ustedes introdujeron en Chile.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Durán .

El señor DURÁN (don Jorge).-

Señor Presidente, parece que un sector de la izquierda no entiende muy bien este proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas. Este proyecto busca proteger la vida e ir con mano dura contra aquellos delincuentes que están asesinando a nuestros chilenos.

Estamos aburridos de ver diariamente en los noticieros que aparecen los cuerpos de personas brutalmente asesinadas. Pero, ¿qué vemos de parte de la izquierda? Excusas. Relativizan e inventan una u otra cosa relacionada con hechos ocurridos hace muchos años, de los detenidos desaparecidos, de la dictadura. ¡Estamos hablando del presente, no del pasado! Hoy están matando chilenos, día a día, y necesitamos leyes mano dura contra los delincuentes. Sin embargo, tenemos una izquierda cómplice de la delincuencia, que, una y otra vez, se llena la boca hablando de la derecha, pero cuando llega la hora de votar los proyectos de seguridad, los rechaza. Es la derecha la que está apoyando al gobierno para impulsar los proyectos de seguridad.

En esta oportunidad, quiero pedir al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se encuentra en la Sala, que me preste atención, porque le quiero solicitar, por favor, que presente un proyecto sobre el delito de cuello y corbata, el cual sancione con las penas más altas a las autoridades del Estado -ministros, subsecretarios que, según sus declaraciones de patrimonio e intereses, sean socios o accionistas de empresas que facturan millones al Estado. Eso es delito de cuello y corbata.

Ministro, le pido, por favor, que impulse ese proyecto de ley, porque creo que actualmente hay mucho delito de cuello y corbata y no se está hablando nada al respecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, el aumento de la delincuencia y la aparición de nuevas bandas criminales vinculadas con delitos de mayor gravedad, como el robo con homicidio, los secuestros con homicidio, las violaciones con homicidio, entre otros; la especial preocupación por la aplicación de la libertad condicional a ese tipo de delincuentes, como ocurrió con el señor Hugo Bustamante , asesino de la joven Ámbar Cornejo , y además la necesidad de la población, en general, de contar con una justicia penal que sancione de mejor manera ese tipo de delitos, hacen que una nueva norma en ese sentido aparezca como una solución esperanzadora.

A modo de ejemplo, de acuerdo con un informe elaborado en marzo del presente año por la Biblioteca del Congreso Nacional, “en los últimos años ha habido un sostenido aumento del delito de homicidio, de modo que, en comparación con el año 2018, en los últimos cinco años ha existido un alza del 42,5 por ciento, llegando a 6,7 casos por cada 100.000 habitantes, en 2022.”.

Les quiero decir que, en mi distrito, el N° 21, que incluye a la comuna de Lota, el alza es mucho más del doble; incluso, es cuatro veces más. En el primer semestre del presente año ha habido siete homicidios en solo seis meses. La comuna de Lota tiene cerca de 50.000 habitantes, es decir, la mitad del indicador de los 100.000 habitantes señalado en el informe, y, además, en un año, se han registrado siete homicidios. Hablo de homicidios y crímenes que incorporan también a estudiantes, en las afueras del colegio, matándose a cuchillazos.

Este informe también delata y habla del uso de armas de fuego cuando se perpetran los delitos. En 2018, el uso del arma de fuego representaba el 42 por ciento del total de casos de homicidios, y a la fecha llega al 53,9 por ciento. Esto significa un aumento de 28 por ciento del uso de armas de fuego en cinco años.

Por supuesto, en este orden de ideas, las cifras no hacen más que respaldar la necesidad de adoptar medidas disuasivas para prevenir la comisión de esos delitos, los que, por lo demás, han ido evolucionando en sus niveles de violencia. Por ello, aumentar la perpetua efectiva 10 o 15 años, según el caso, para los adolescentes, me parece una política correcta.

Durante la última semana hemos visto la crisis gravísima a que hemos llegado, que no pensamos que iba a ocurrir, con la masacre de personas: 17 muertos prácticamente en un fin de semana. Vimos cómo en las comunas de Quilicura y de Lampa, de manera planificada, se asesina a las personas. Parecía que no iba a ocurrir nunca.

Parecía que a los autores del asesinato brutal de los carabineros en mi comuna, la de Cañete, en el sector de Huentelolén -los carabineros luego fueron quemados, y ese hecho movilizó a todo el Estado hacia la zona, a la comuna de Los Álamos: Presidente, ministro, presidente de la Corte Suprema, fiscal nacional, en fin, todos allá-, se les iba a buscar y a perseguir como perros por cielo, mar y tierra, pero aún no sabemos nada.

Entonces, estoy de acuerdo con estas iniciativas más duras para sancionar a quienes son los responsables, a quienes han cometido los delitos, pero para eso, primero, hay que encontrarlos, hay que saber dónde están. No se los puede haber tragado la tierra.

También necesitamos prevención para que esos delitos no ocurran. Lo hago presente porque esta futura ley va enfocada a la sanción. Me parece bien que las sanciones sean más duras, que haya más mano dura, y fuerza y firmeza para condenar a estos homicidas, en el marco de una crisis que va cada día escalando, pero la prevención hoy tiene que funcionar también, así como la persecución y la investigación para llegar a determinar quiénes son los responsables.

Lo dijo el fiscal nacional: las leyes están; hay que cumplirlas y hay que hacerlas efectivas. Nosotros tenemos un estado de excepción y con ese estado de excepción, en mi provincia de Arauco, se cometió el asesinato de los carabineros. Hoy se pide estado de excepción para la Región Metropolitana de Santiago -lo hemos pedido-, incluso estado de sitio. Y no lo pidió la derecha; lo pidió el exministro y actual senador Insulza , o sea, la izquierda. La izquierda, incluso, lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque hay algunos que se dan cuenta -sensatosde que este gobierno no ha sido capaz de enfrentar la violencia, el homicidio y el crimen organizado con las herramientas que hoy tiene.

Por lo tanto, como hay un descontrol, tienen que aplicarse medidas excepcionales, que esperamos que sean excepcionales, de modo que en la Región Metropolitana no terminen, como nosotros, con un estado de excepción que se ha hecho permanente.

Esta futura ley me parece que va en el camino correcto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que la delincuencia está descontrolada -ya hemos hablado en muchas ocasiones de este tema-, y este proyecto de ley básicamente viene a aplicar, una vez más, esa receta que ya hemos probado desde hace bastante tiempo, que es aumentar las penas. Aumentar las penas puede ser útil, pero no basta por sí solo.

Veamos algunas cifras. La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana señala que la inseguridad llegó a un 90,6 por ciento, la más alta de la historia, y que un 21,8 por ciento de los hogares, casi un 22 por ciento, ha sido víctima de delitos de mayor connotación social.

Otro dato: entre 2018 y 2022, Chile subió su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 4,5 a 6,7.

Al final, todos estos datos son una foto, son una señal de que en este país la cosa está mal, pero, lamentablemente, estamos viendo que este gobierno, que el Presidente de la República, se ha acostumbrado a echarle la culpa al Congreso, ya que dice que tenemos que avanzar con esta o con otra ley, que hay que cambiar las reglas por acá o por allá, en circunstancias de que la verdad es que el gobierno cuenta con múltiples herramientas a las cuales podría echar mano para mejorar un poco la situación que estamos viviendo actualmente.

Entre otras cosas, hace algunos días se hablaba de que se va a construir una cárcel de alta seguridad, de que se van a construir más cárceles, pero supuestamente se necesitaba una modificación en el Congreso. En ese sentido, le recuerdo al ministro, por su intermedio, señor Presidente, que el año pasado ya aprobamos un proyecto de ley para facilitar los trámites administrativos, para hacer todo menos burocrático, más fácil. Por tanto, me gustaría saber en qué hemos avanzado hasta la fecha. Quizás el ministro pueda contarnos qué cárceles se están construyendo hoy en otros lugares del país.

Hay que avanzar en materia de control fronterizo. Hace mucho tiempo nos dimos cuenta de que buena parte de los delincuentes que están matando gente en las calles son extranjeros que han entrado ilegalmente, pero el gobierno todavía no encuentra la forma de sacarlos del país.

Pongámonos de acuerdo, generemos un acuerdo transversal, porque esto ya no puede seguir en la incertidumbre, en el aire. No podemos seguir discutiendo el problema de la inmigración descontrolada, pero, al parecer, no se haga nada. ¿Cuántas expulsiones administrativas se han hecho durante este año? Me gustaría que el ministro, por su intermedio, señor Presidente, nos explique cuántas expulsiones hubo el año pasado en relación con años anteriores.

Otro aspecto: respecto de los beneficios de cumplimiento de penas en libertad, hablamos muy poco. Antes le decía al ministro que debemos avanzar en proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso, pero que sí hacen cambios de fondo, puesto que no solo permiten aumentar las penas, sino decir a los delincuentes más peligrosos que no podrán salir nunca más con un beneficio de cumplimiento de penas en libertad.

Creo que ese es un paso que debemos dar, ya que no podemos estar navegando para ver a qué punto intermedio podemos llegar con los tribunales de justicia; debemos ponerle un párele de una buena vez. Quienes somos de la Región de Valparaíso recordamos muy bien el caso de Ámbar Cornejo. Hugo Bustamante estaba libre porque una comisión de libertad condicional así lo decidió, de manera que Ámbar murió asesinada porque una comisión de libertad condicional del Poder Judicial de este país así lo resolvió. Su muerte es culpa del Estado.

¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que en este país se adopten definiciones categóricas y duras? ¡Ni un homicida más, ni un violador más, ni un criminal peligroso más que cumpla penas en libertad! Si se les condena a 20 años de cárcel, que cumpla los 20 años dentro de la cárcel y no salga ni un día antes, porque se trata de gente que no es rehabilitable.

Además, como decía, se necesitan más cárceles. Sin embargo, no es necesario que empecemos a construir cárceles desde cero, por lo menos para empezar a enfrentar hoy esta crisis. Hace unos días, conversé con un militante del Partido Republicano que había estado en Chaitén Viejo, si no me equivoco, y allí hay una cárcel abandonada desde cuando toda la gente huyó debido a una erupción volcánica.

¿Cuántas cárceles abandonadas más habrá en el país? Quizás el ministro tenga esa cifra.

¿Cuánta infraestructura estatal podemos recuperar para cumplir estos fines en unos pocos meses más, y no tener que esperar varios años a que esta infraestructura se construya completa de nuevo? No estoy diciendo que esos edificios recuperados sean usados para los delincuentes más peligrosos, pero, por último, que se utilicen para los delincuentes de baja y mediana peligrosidad, y la infraestructura más moderna la podemos usar para los delincuentes más peligrosos. Hay que aplicar un poquito más de ingenio, porque no es necesario pasar por el Congreso para resolver cada problema.

Invito al Presidente de la República a aplicar un poquito más de ingenio, a resolver los problemas hoy y no esperemos a que estas cosas salgan del Congreso.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, la verdad es que este proyecto de ley, en mi opinión, es absolutamente inconducente, pues solo establece, modificando el artículo 21 del Código Penal, una nueva pena que es inaplicable. Hoy, la problemática que tenemos es de persecución criminal por imputado desconocido. Esa es la urgencia que nosotros vemos, y por eso es necesario fortalecer la institucionalidad en materia de persecución criminal.

Cuando se denomina a algún proyecto como populismo penal, este se enmarca en cada uno de sus vértices, en 90 grados. Esto es populismo puro y duro, porque no entrega ninguna herramienta, incluso establece inhabilidades que no están asociadas a la comisión de ninguna figura delictiva, y lo único que hace es, de contrabando, introducir una indicación que permita que salgan en libertad violadores de derechos humanos y condenados por delitos gravísimos que tengan más de 75 años de edad.

Por consiguiente, este proyecto de ley -insisto-, que no agrega absolutamente nada a la persecución criminal, solo tiene por objeto establecer el endurecimiento de la pena. En la comisión nos hicimos la pregunta de cuántas personas hoy están cumpliendo penas de presidio perpetuo calificado. ¿Cuántas eventualmente podrían llegar al presidio perpetuo efectivo, que solo eleva el rango en 10 años? Esto es única y exclusivamente populismo penal, que no conlleva nada, y hemos visto que el aumento de las penas sin sustancia es inconducente.

Algunos podrán satisfacer ansias comunicacionales de ser más duros en la persecución criminal, pero cuando hablamos de persecución criminal, de fortalecimiento del Ministerio Público, de fiscalía supraterritorial, de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, muchos de estos proyectos los hemos visto en la Comisión de Seguridad Ciudadana con un amplio consenso.

Sin embargo, esto, efectivamente, es mero populismo, es inconducente, y por eso lo vamos a rechazar, porque además lo utilizan como un vehículo subrepticio para dar libertad a violadores de derechos humanos condenados por crímenes de lesa humanidad, y eso es absolutamente inadmisible.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, el contexto de lo que estamos hablando tiene que ver con el aumento delictivo y la aparición de nuevas bandas criminales vinculadas a delitos de mayor gravedad, como robo con homicidio, secuestro con homicidio, violaciones con homicidio, entre otros muy graves y que afectan la sensación de seguridad de nuestros vecinos.

Además, debemos considerar la especial preocupación que existe en la ciudadanía por la aplicación de la libertad condicional respecto a este tipo de delincuentes, teniendo presente la necesidad de la población en general de una justicia penal que sancione de mejor manera esta clase de delitos. En este sentido, una nueva norma aparece como una solución esperanzadora.

A modo de ejemplo, de acuerdo con un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional en marzo del presente año, en los últimos años ha habido un sostenido aumento del delito de homicidio, de modo que si comparamos con el 2018, en estos últimos cinco años ha existido un alza del 42,5 por ciento, llegando a 6,7 casos por cada 100.000 habitantes en 2022.

Por otro lado, el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señala que mientras en el 2018 el uso de armas de fuego representaba un 42 por ciento del total de casos de homicidios, desde el 2020 se produjo una sostenida alza, alcanzando dicho año un 45,3 por ciento, tendencia que se va replicando en 2021 y 2022, en que el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego llegó a un 47,8 y a un 53,9 por ciento, respectivamente.

Realmente preocupa el incremento de homicidios con armas de fuego.

Lo anterior claramente implica un aumento de un 28 por ciento de estos delitos en menos de cinco años. En ese sentido, aquí no podemos hablar de percepción de la violencia, sino que tenemos que hablar de datos duros, y, desde ese punto de vista, no estoy de acuerdo con lo que siempre dice nuestra ministra Carolina Tohá .

Las cifras no hacen más que respaldar la necesidad de adoptar medidas disuasivas para prevenir la comisión de estos delitos, que por lo demás han ido evolucionando en sus niveles de violencia, de manera que quienes los cometen no puedan acceder tan fácilmente a la libertad condicional.

Claramente, los delincuentes deben estar en las cárceles y no en las calles. Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto de ley tiene un nombre rimbombante que parece que tiene mucho sentido en el contexto actual en que nos encontramos como país, con este brote y rebrote de una nueva criminalidad muy violenta, que comete delitos que por lo menos en cuanto a su ejecución no se conocían en Chile, a través de sicariatos, de matanzas masivas, todas muy violentas y crueles.

Este proyecto de ley dice que lo que busca es modificar diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas; es decir, busca aumentar las penas para los delitos más violentos, particularmente los que tienen que ver con la privación de la vida. En principio uno podría estar de acuerdo con eso, pero cuando comienza a estudiarlo un poquito más de fondo, se da cuenta de que este proyecto no tiene ningún sentido, es una completa irresponsabilidad y, además, está plagado de errores técnicos y de una cierta frivolidad en el trato de los tipos penales.

Enfrentar este fenómeno de la delincuencia se hará con mayores facultades de las policías y en nuestro sistema judicial, con penas que ya hemos subido: hay 52 leyes que han aumentado con creces la severidad de nuestro marco penal. Pero este proyecto es un pálido reflejo de un populismo frívolo en materia penal, y explicaré por qué.

Lo primero que hace la iniciativa -acá varios se han jactado de eso es aumentar la pena de presidio perpetuo calificado a presidio perpetuo efectivo. Hoy, el presidio perpetuo calificado obliga a las personas que han sido condenadas por delitos que conllevan a estas penas a tener a lo menos cuarenta años de cárcel efectiva, ¡cuarenta años! Es decir, si alguien entró a los treinta años, va a salir a los setenta. Pero aquí se aumenta la pena a cincuenta años. ¿Mueve la aguja el hecho de que aumentemos la pena en diez años más? Parece que algunos creen que las personas que cometen estos delitos leen el Código Penal antes de saber qué delito van a perpetrar.

Esto no disuade a nadie y no tiene ningún efecto, porque, además, los condenados a esta clase de penas, por lo menos en las últimas décadas, han sido muy pocos.

Lo segundo es que -es algo bien curioso el diputado Kaiser presentó una indicación que busca liberar a los presos de Punta Peuco cuando cumplan setenta y cinco años de edad. Dice que no se aplica este presidio perpetuo calificado extendido a cincuenta años cuando la persona condenada por este delito cumple setenta y cinco años de edad privada de libertad. En ese caso –señala deberían optar a la libertad condicional.

Lo primero que quiero decir a los colegas que han defendido esto, y al mismo diputado Kaiser , que no se aplica a nadie de Punta Peuco, porque la pena de presidio perpetuo que hoy existe se dictó con posterioridad a 1990, y todos ellos cometieron delitos antes de ese año: entre el 73 y el 90. Algunos tienen penas muy largas, pero eso sucede porque se les suman varias penas, pero no presidio perpetuo; por lo tanto, tampoco se les aplicaría. Y, eventualmente, si se les pudiera aplicar, no significa que estos genocidas, estos asesinos múltiples saldrían automáticamente en libertad, sino que podrían optar a la libertad condicional según las reglas generales que impiden o restringen enormemente a estos verdaderos delincuentes, genocidas, criminales de lesa humanidad que puedan optar a una libertad condicional.

Por lo tanto, la verdad de las cosas es que este es un debate que no tiene sentido ni para los presos de Punta Peuco ni para nosotros. Es una mala señal, ¡por supuesto!, y por eso lo vamos a rechazar. Pero insisto en que esto no tiene sentido.

Lo otro que hace el proyecto es decir que crea el crimen de sicariato, esto es, mandar a matar a alguien prometiendo un pago por ello: el crimen por encargo, por promesa remuneratoria. Este delito existe desde hace décadas, desde hace mucho tiempo. Nosotros creamos el delito de conspiración de sicariato hace un año, que era lo que faltaba. Pero –reitero ya existe hace rato. Es más, hay gente condenada por esto. La famosa Quintrala , quien mandó a matar a un familiar en Providencia, está condenada por sicariato, al igual que el sicario. ¿Qué hace este proyecto de ley? Le pone el nombre de sicariato al delito.

Estamos cansados de este populismo penal, frívolo, sin sentido, que busca sacar provecho del miedo de la gente, de los impulsos más profundos de las personas con fines comunicacionales, pero no reales.

Por eso, este proyecto no tiene sentido; tiene defectos técnicos, y lo vamos a rechazar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, es curioso cómo algunos se quejan del caos y la ruina que ellos mismos han provocado, siempre mirando hacia al lado o culpando a otros, como si ellos fueran libres de todo lo que está pasando hoy día en nuestro país.

Se olvidan los locutores del comunismo y de la izquierda de todos sus llamados a la subversión, de todos sus llamados al crimen, de todos sus nexos con el narcoterrorista Nicolás Maduro . De allá viene el Tren de Aragua. De allá vienen los crímenes más brutales que hoy día está sufriendo nuestro país. Pero ellos lo desconocen; no saben hoy día quién es Nicolás Maduro .

Más preocupado de su agenda morbosa y despreocupándose completamente del crimen, este gobierno comete un doble y grave descuido, que es que en gran medida Chile se ha convertido en un paisaje aberrante por culpa de ustedes. Hoy, en nuestro país muchas familias están en juego. ¿Por culpa de quién? Por culpa de la ideología del comunismo, de la forma en que se tratan estos temas por parte del Frente Amplio y, por supuesto, de la mera incongruencia que tiene el gobierno para enfrentar la delincuencia.

Una violencia inusitada, brutal y reiterada se ha apoderado de nuestros barrios, y no ha sido casualidad: todo fue un plan que hoy sencillamente no supieron sostener.

Me parece bien aumentar el límite de años en la responsabilidad penal adolescente, así como la tipificación del sicariato, y también que aquellas personas que tienen setenta y cinco años o más y están cumpliendo penas en la cárcel con enfermedades graves puedan salir.

Varios diputados se han referido a Punta Peuco. En Punta Peuco hay personas que salvaron a nuestro país de una de las plagas más graves que puede existir, el comunismo, que tenía sometido a nuestro país a una de las situaciones más caóticas que ha registrado la historia de nuestra nación. Esas personas hoy día merecen respeto y cuidado, como cualquier ser humano. No puede ser que mueran, producto de una enfermedad grave, esposados a una camilla, en la mitad del pasillo de un hospital. Un poco de humanidad, la misma humanidad que el comunismo no ha tenido, porque lo que ha hecho durante la historia ha sido hacerla desaparecer, ya que esa es su costumbre.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, nuevamente estamos debatiendo un proyecto de ley que aumenta las penas para determinados delitos. Es una verdadera lástima que sigamos debatiendo proyectos de populismo penal; es una lástima que se siga proponiendo aumentar las sanciones a los delitos como una solución al problema de la delincuencia y la crisis de seguridad pública, cuando sabemos muy bien que esa es una fórmula que fracasó. Está comprobado que un castigo más alto no disuade a los delincuentes a cometer un delito, no evita que se cometan delitos, por lo que no disminuyen; por el contrario, el aumentar las sanciones solo agrava la situación de sobrepoblación carcelaria y hace imposible la reinserción y la rehabilitación social de quienes han infringido la ley.

En realidad, lo que se necesita son políticas de prevención y persecución del delito de largo plazo, políticas de Estado, como las que hemos aprobado en este hemiciclo: la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía Supraterritorial, que realmente ayudan de manera efectiva, concreta y sostenible en el tiempo a combatir la delincuencia. Sin embargo, lo más preocupante es que estamos ante un verdadero Caballo de Troya: pretenden hacernos creer que quieren aumentar las penas para fortalecer la seguridad en nuestro país, pero, en realidad, están usando este proyecto para permitir que los condenados mayores de 75 años de edad cumplan las penas en su casa y no en la cárcel. Eso es algo que no debemos dejar pasar.

Señor Presidente, por su intermedio quiero preguntar a mis colegas: ¿ustedes creen que las personas mayores de 75 años no cometen delitos? ¿Creen que no son capaces de cometer delitos terribles y reprochables? ¿Cuántos años tiene Eduardo Macaya , recién condenado a seis años de prisión efectiva por abusos sexuales en contra de menores de edad? Tiene 73 años.

Si este proyecto de ley es aprobado con la indicación que se ha propuesto, Eduardo Macaya podría estar solo dos años en la cárcel y cumplir el resto de su condena en su casa. Me parece impresentable y totalmente contradictorio con el espíritu de esta moción, que es fortalecer la seguridad. No tratemos de negar lo evidente: lo que se busca con esta indicación es liberar a los presos del penal Punta Peuco.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en Chile hoy día hay 265 personas privadas de libertad que tienen más de 75 años, 146 de las cuales son personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Está claro cuál es el verdadero objetivo de esta indicación, es evidente a quiénes quieren favorecer.

No estamos disponibles, por ningún motivo, a permitir que se engañe de esta manera a la ciudadanía. Hablan de combatir la delincuencia, pero, en realidad, lo que pretenden es que los peores delincuentes, los peores criminales, las personas que cometieron los delitos más aberrantes en la historia de este país sean liberados.

Este es un mal proyecto de ley, pues no ayuda a combatir la delincuencia; muy por el contrario, agrava la crisis carcelaria y genera un problema mayor a la hora de reinsertar a las personas que han cometido delitos. Es un proyecto que deja en libertad no solo a personas mayores de 75 años que cometieron delitos terribles contra niños, como Eduardo Macaya , sino también a los antipatriotas que tomaron las armas en contra del pueblo de Chile y cometieron los delitos más horrendos de nuestra historia.

Por eso, no hay lugar para matices. Rechazaré este proyecto categóricamente.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, a estas alturas, los chilenos echan de menos a los famosos lanzas, delincuentes que, a lo más, te arrebataban un accesorio, como un collar o el teléfono celular, y arrancaban sin hacer daño a la víctima. Hoy en día nos enfrentamos a una situación totalmente diferente, con delitos de la mayor gravedad. En su momento, nos sorprendimos con los portonazos, y luego, con los abordazos, pero ahora todas las semanas tomamos conocimiento de asesinatos, descuartizamientos, sicariatos, secuestros.

¡Hasta del extranjero se vendría a matar personas a nuestro país! Nuestros vecinos temen salir de sus casas y ni siquiera en sus estas pueden estar seguros. ¡Para qué hablar del respeto a los carabineros, los encargados del orden y la seguridad pública! ¡Turbas de inmigrantes y de delincuentes, a vista y paciencia de todo el mundo, los agreden y golpean sin ninguna contemplación!

En las comunas que represento, entre ellas La Cisterna, la delincuencia está de moda y la frecuencia de delitos de mayor connotación social es noticia casi todos los días. El alcalde de La Cisterna nunca exigió al gobierno ser incorporado al famoso Plan Calles sin Violencia.

Lamentablemente, el Plan Calles sin Violencia es solo un eslogan, porque no ha demostrado ninguna efectividad, pues la delincuencia y la violencia se han tomado todos los sectores, dejando a la gente desprotegida y abandonada. La gente nos pregunta ¿qué hacen ustedes en el Congreso? Y yo me pregunto ¿por qué los verdaderos responsables de la seguridad pública no se hacen cargo? La causa es que el gobierno no tiene una mano firme contra la delincuencia.

Soy uno de los autores de este proyecto que agrava las penas ante crímenes contra la vida de las personas, pero, ¡ojo!, falta una política más integral, decidida, con inteligencia y coordinación de varios servicios, no con frases bonitas y cero gestión.

Llamo a la Sala a aprobar este proyecto. La gente será la que juzgue quiénes estamos a favor de la seguridad y quiénes prefieren actuar con mano blanda con los delincuentes.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Manouchehri .

El señor MANOUCHEHRI.-

Señor Presidente, este proyecto es una aberración. Ellos quieren que pederastas, narcotraficantes, asesinos y torturadores, por el solo hecho de cumplir 75 años de edad, puedan salir de las cárceles a cumplir su condena en la comodidad de sus hogares.

Escuchen bien: si se aprueba este proyecto se beneficiaría a más de 800 criminales, incluyendo a 66 violadores de menores de 14 años, 139 asesinos, 137 abusadores sexuales de menores, 145 secuestradores, 76 narcotraficantes y 28 torturadores. Se trata de un proyecto que habría beneficiado, si estuvieran vivos, a personas como Claudio Spiniak , Paul Schäfer y Fernando Karadima , y que hoy favorecería a pederastas como Eduardo Macaya o a criminales que violaron a mujeres enfrente de sus hijos, utilizando animales, para infligir terror en medio de las torturas, solo por pensar diferente.

Quienes se llenan la boca hablando de la mano dura contra la delincuencia, hoy están a punto de liberar a los peores criminales. ¡Los asesinos, pederastas, violadores y torturadores se deben secar en la cárcel!

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, cuando la gente me pregunta qué puede hacer el Parlamento para perseguir a los delincuentes que tienen secuestrados a todos los chilenos, la respuesta es endurecer la mano legalmente.

Este proyecto de ley no solo es necesario, sino también urgente, porque introduce el presidio perpetuo efectivo en el artículo 21 del Código Penal. Esa pena, que consiste en 50 años de privación de libertad, sin posibilidad de libertad condicional -salvo casos extremos-, se convertirá en la sanción más severa de nuestro Código Penal.

Asimismo, se modifica el artículo 91 del mismo código, para que aquellos que, durante su condena, cometan delitos graves que merecen la pena de presidio perpetuo calificado, puedan ser sentenciados a presidio perpetuo efectivo.

Además, se permite la aplicación de esta nueva pena a delitos atroces, como, por ejemplo, el secuestro con resultado de muerte, la tortura con resultado de muerte, el homicidio de fiscales y defensores públicos en ejercicio de sus funciones, la violación con resultado de muerte, el parricidio y el femicidio; el homicidio de miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. ¡Esto es lo que esperan los chilenos, que se sequen estos malditos en la cárcel!

El proyecto también actualiza la tipificación del sicariato, estableciendo una figura autónoma en el nuevo artículo 391 bis del Código Penal, con penas que van desde el presidio perpetuo simple hasta el presidio perpetuo efectivo. Con estas normas se permitirá que estos asesinos a sueldo no sigan impunes.

Para los delitos de parricidio, femicidio, homicidio simple y homicidio calificado, se establece un marco rígido de aplicación de la pena. El juez deberá determinar la cuantía de la pena, considerando las atenuantes, pero sin poder reducir la pena por debajo de los límites indicados. ¡No más indulgencia para los asesinos!

La inseguridad en nuestro país ha alcanzado niveles inaceptables. En los últimos cinco años, en Chile, la tasa de homicidios ha aumentado de 4,5 por ciento a 6,7 por ciento por cada 100.000 habitantes. En 2018, se cometieron 845 asesinatos, pero en 2022 se llegó a la cifra de 1.322 homicidios. La violencia ha recrudecido debido a la presencia de bandas de crimen organizado, como, por ejemplo, el Tren de Aragua o Los Gallegos.

Frente a estas cifras, con justa razón los chilenos nos dicen que trabajemos y hagamos leyes. ¿Cuál es la respuesta de la izquierda radical? Que no es la forma, que hay que buscar mecanismos efectivos de persecución, que no hay que criminalizar, que los crímenes de la dictadura, que la ultraderecha, etcétera. ¡Puras excusas! El asesino Celestino Córdova , condenado por quemar a dos ancianos, o quedaba libre o cumplía la condena en un jardín infantil. ¡Ahí no decían nada!

Es hora de tomar decisiones difíciles, señor Presidente. Este proyecto endurece las sanciones para que los delitos contra la vida sean los que reciban mayor sanción, otorgándole, como sociedad, un gran valor a ese bien jurídico. Esta nueva normativa no busca simplemente aumentar las penas, sino ajustarlas a la brutalidad y frecuencia con que se cometen los delitos, especialmente en las comunas de mi distrito, como Lampa y Quilicura .

¡Para qué hablar del abandono en que se encuentran las comunas de Maipú y Cerrillos! ¿Acaso el Partido Comunista y sus aliados de la izquierda no están de acuerdo en que la tipificación del sicariato es fundamental para combatir las bandas criminales que utilizan esos métodos? En cambio, hablan de levantar administrativamente el secreto bancario, como si con eso se pudiera encontrar una transferencia, una coima o un justificante de la compra de un arma por Mercado Libre o AliExpress.

Podemos demostrar con nuestro voto si vamos a endurecer la mano a través de nuestra legislación o seguirá el doble estándar. Algunos seguirán vociferando, como el Presidente de la República, en los medios de comunicación que van a perseguir a los delincuentes como perros. Sin embargo, pareciera que son un montón de perros chicos ladrando a delincuentes que no le tienen miedo a nada ni a nadie.

Señor Presidente, votaremos a favor esta norma, por Chile y por los chilenos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, saludo a los ministros presentes, quienes mantienen una festiva conversación.

Tenemos un desastre en materia de delitos contra la vida. Este gobierno ha anotado un récord histórico en la cantidad de homicidios consumados y frustrados en algunos casos, que han afectado el bien jurídico más relevante, que es la vida de las personas.

Hemos hablado de los delitos importados que no conocíamos en Chile: sicariatos, secuestros con resultado de muerte, violaciones con resultado de muerte, en fin. Más grave todavía es que tenemos una cifra inédita de fallecimientos de menores de edad. Por lo tanto, el gobierno tiene que tener conciencia de algo que es un dato de la causa: estamos ante la crisis más grave de la historia de Chile en materia de delitos contra la vida.

Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que no hay conducción. Los chilenos se preguntan: ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el Presidente de la República? Tuvieron que morir más de quince personas para que suspendiera un viaje internacional que tenía por única finalidad una cuestión que no era de principios ni era relevante para el Estado de Chile.

No hay conducción. Uno no ve al Presidente de la República a la cabeza de la crisis, sino que más bien lo ve intentando desligar permanentemente responsabilidades.

No hay plan de acción. ¿Cuál es la estrategia a seguir por parte del gobierno para enfrentar esta situación? ¿Cuál es el seguimiento? Se improvisa y se hacen permanentes anuncios que después no perseveran.

Lo más difícil es que siguen los prejuicios ideológicos. Cuando escucho aquí hablar a la diputada Maite Orsini una vez más de populismo penal, me recuerda cuando hablaban de la “ley Nain-Retamal” como de una ley de gatillo fácil, cuando hablaban de la migración ilegal como de un derecho humano y, por lo tanto, llevaban al Tribunal Constitucional la posibilidad de devolver a los migrantes ilegales, o cuando hablaban de que el uso de militares era la militarización del Wallmapu, en circunstancias de que hoy un alcalde del Frente Amplio salió a pedir militares.

Entonces, ¿hasta cuándo este doble estándar y esta falta de consistencia que tiene a los chilenos encerrados en sus casas y aterrados frente a la peor crisis de seguridad de nuestro país?

Este proyecto de ley busca algo muy simple: establecer el presidio perpetuo efectivo, que se tenga que pasar cincuenta años de reclusión real para optar a un beneficio carcelario; busca incrementar las penas de los delitos contra la vida en sus más diversas variantes; busca crear el presidio perpetuo efectivo -escúchenme bien en asesinatos contra funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile -los mismos que hacían gárgaras con este tema en Los Álamos hoy van a votar en contra-; busca incrementar las penas en los delitos cometidos por adolescentes. Los mismos que dicen que van a perseguir los delitos como perros hoy demuestran su falta de dientes.

Los chilenos están cansados del doble estándar y de ver a un Presidente que es verbalmente implacable, pero aquí sus parlamentarios votan en contra sus proyectos. Por lo tanto, desafío a los chilenos a que hoy vean cómo la izquierda chilena, una vez más, va a votar en contra de proyectos que dan herramientas para enfrentar el delito que estamos viviendo.

En el Congreso pueden decirse muchas cosas, pero lo que no se puede decir son mentiras flagrantes. Cuando una persona miente flagrantemente, está de mala fe o es ignorante. La verdad es que lo que se está estableciendo respecto de las personas mayores de 75 años es que puedan tener ciertos beneficios si -me permito leer “padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante.”. Pero esa parte humanitaria la omiten, porque no les conviene.

Quiero citar al padre Fernando Montes , cuando el 6 de marzo del 2016 decía: “… en un contexto donde yo he sido claro y preciso: he sido un fuerte, fuerte, fuerte opositor a los atropellos de los derechos humanos. Personalmente, hasta expuse mi vida en defensa de esos derechos -a diferencia de varios de aquí que hablan desde la tribuna-. Sin embargo, si hay que castigarlos, debe hacerse de manera civilizada”.

La pena no es venganza, por más que lo quisieran algunos en esta Sala. Por consiguiente, una persona enajenada mental, inhabilitada o demente no debe terminar su vida presa. Ese es un derecho humano fundamental. Los mismos que hacen gárgaras en una dirección no tienen el coraje de hacerlo en la otra dirección, como sí lo hace el padre Fernando Montes . Lo cito a él, porque me imagino que es una autoridad, al menos intelectual, para varios de los que están en esta Sala.

Vamos a votar a favor este proyecto, porque tenemos la convicción de que uno no puede en la prensa decir que es implacable y aquí votar en contra, como lo ha hecho la izquierda chilena, cuya última exponente, la ministra Camila Vallejo , se ha permitido decir que el gobierno anterior no tuvo la suficiente anticipación. ¡Por favor, votaron todo en contra! El descaro tiene límites, y aquí han superado todos los límites.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, creo que, respecto del diagnóstico, vamos a encontrar muchos puntos de coincidencia, porque efectivamente vivimos un momento de una crisis de seguridad salvaje y los delincuentes sienten que los recintos penitenciarios son unas verdaderas vacaciones. Pero ¿este proyecto de ley es la herramienta para llevar adelante la solución a los graves problemas de seguridad que hoy nos presenta el país?

Aquí uno escucha discursos populistas como el del diputado Diego Schalper , que se retiró de la Sala después de decir varias cosas, o el del diputado Agustín Romero , que distingue entre los buenos y los malos, los blancos y los negros, la izquierda y la derecha, y resulta que la seguridad pública ataca por igual a los de izquierda, a los de derecha, a los blancos, a los negros. Aquí ninguno tiene esa superioridad moral para establecerse por sobre los demás.

Me pregunto: ¿de qué sirve categorizar en una tercera vía la pena de presidio perpetuo? Porque actualmente conocemos el presidio perpetuo simple y el presidio perpetuo calificado, y hoy inventan una nueva figura que es presidio perpetuo efectivo.

Digámosle a la ciudadanía cuál es la gran receta de la derecha que motivó este proyecto de ley para darle solución definitiva a los problemas de la gente. A los vecinos y vecinas que nos están mirando atentamente en sus casas, la derecha les dice que al aumentar el presidio perpetuo de 40 a 50 años se solucionarán sus problemas de seguridad. Ese es el discurso populista de ciertos sectores de la derecha: el aumento de diez años en prisión efectiva.

¿Esa es la solución responsable? Lo cierto es que denota un nivel de ignorancia y de populismo que hemos visto en otras oportunidades por parte de esa derecha que tiene ese doble estándar.

Lo único que intenta hacer la derecha con este proyecto no es el aumento a 50 años de presidio, sino que meter por contrabando una norma que busca liberar a 776 criminales que actualmente se encuentran en las cárceles con una norma válvula, porque me dicen: “No es para todos los mayores de 75 años; es para aquellos que padecen una enfermedad terminal o una enfermedad inhabilitante”.

Pero ¿qué es enfermedad inhabilitante? ¿Quiénes se verán hoy beneficiados? La diputada Maite Orsini nos dio un ejemplo: el abusador sexual padre del presidente la UDI. Ahí hay un beneficiario. Eso es lo que hoy busca la derecha con esto.

¿Qué nos dice la derecha? 50 años de presidio efectivo. Al respecto, hagamos un ejercicio: un delincuente de 30 años de edad condenado a presidio perpetuo calificado, con las actuales normas, o a presidio perpetuo efectivo, con las normas que se proponen, a los 75 años de edad llevará 45 años de cumplimiento de la pena. Ese delincuente, con una enfermedad inhabilitante, concepto válvula que la derecha intenta meter de refilón para liberar a todos los mayores de 75 años de edad, no terminará de cumplir su pena.

En consecuencia, ¿un delincuente de 40 años de edad cumplirá la pena de presidio perpetuo efectivo? ¡No! Esto en ningún caso va a solucionar los problemas que hoy vive la seguridad de nuestro país. Esta es una norma mal hecha. Esta es una norma llena de simbolismo y populismo. Esta es una norma, incluso, con deficiencias técnicas.

¿Por qué hoy la derecha nos plantea en el Párrafo I quater, que se pretende incorporar en el Título VIII del Libro II del Código Penal, una modalidad diferente a lo que este Congreso Nacional resolvió? Estamos prontos a dictar la ley de reincidencia, pero la derecha nos invita a que esta norma que acabamos de aprobar de manera absolutamente transversal sea cerrada y nos plantea una nueva fórmula que modifica el artículo 68 ter.

Esta norma no sirve de nada. Es mero discurso, es mero aprovechamiento, es tratar de darles, por la ventana, un beneficio a 776 criminales que deberían estar secándose en la cárcel, y la derecha quiere dejarlos en libertad.

¡Digan la verdad, digan lo que sienten!

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, parece que esto fuera una norma de derecha o de izquierda, pero es una norma para la persecución criminal, la misma que motivó la suspensión del viaje de un Presidente, que hizo anunciar una cárcel, que la semana pasada hacía que el Partido Comunista nos llamara a hablar de un acuerdo por la seguridad y que los socialistas nos dijeran estar a favor de un estado de sitio en Santiago; pero hoy, cuando hablamos de elevar las penas, resulta que es un problema de derecha o de izquierda.

Es un problema de ocho líneas en un proyecto de ley cuyo documento comparado tiene 49 páginas. ¿Qué les molesta? Quizás no les molesta el artículo 32 quater, que habla de la libertad de las personas mayores de setenta y cinco años con enfermedades graves, terminales e inhabilitantes, personas que son un problema dentro de las cárceles, y que fuera de ellas no pueden hacer nada, porque son incapaces de moverse.

Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que las penas deben ser aplicadas con ánimo de venganza, o con ánimo de que esas personas retribuyan efectivamente a la sociedad, o de inhabilitarlas para cometer delitos? Alguien en esas condiciones no va a poder cometer delitos, no tiene ninguna condición posible.

Quizás les molesta más que este mismo proyecto considera una norma para inhabilitar las pensiones de gracia, las que se dieron a violadores en este gobierno, en ningún otro. En este gobierno se dieron pensiones a violadores, así que no tengamos este doble discurso.

¿Qué les molesta del proyecto? Que estemos avanzando con fuerza en perseguir a criminales, con esa fuerza que el Presidente manifiesta en público, pero que este gobierno no es capaz de llevarla a los votos en el Parlamento.

Este Parlamento manifiesta la verdad de este gobierno -del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista-; aquí se manifiesta la verdad, no en el punto de prensa en La Moneda, donde le prometen a Chile que van a avanzar en seguridad, y concentramos la discusión en una cárcel que no va a ver este gobierno; los chilenos no la van a ver en este gobierno, pero lo que sí van a seguir viendo es una lucha criminal que afecta gravemente a Chile, porque estas muertes que aparecen día a día -vemos pedazos de personas, vemos cinco muertos, siete muertos corresponden a una lucha criminal que va a terminar entre los delincuentes, y, cuando ello ocurra, acuérdense de que también van a caer los chilenos honestos.

Eso es lo que no está claro en la izquierda chilena: que debemos encerrar a esos asesinos de verdad, quienes deben estar cincuenta años presos, y que debemos terminar con el crimen organizado. Esos tipos son capaces de asesinar físicamente y de organizar asesinatos, de perseguir a los honestos y a los no honestos.

Hoy en día se están matando entre delincuentes, pero, cuando eso afecte a sus hijos o a su compañero de asiento, quizás les va a molestar.

Hoy en día, en que ese fenómeno se desarrolla en las poblaciones marginales, donde unos niños celebran un cumpleaños y terminan muertos, parece que les da lo mismo. Durante la semana pasada reaccionaban con espanto, pero en esta, sobre la base de un artículo que podrían votar de manera separada… ¡Digan la verdad, aquí tratan de echarse un proyecto por un artículo! Aquí se puede pedir votación separada; lo pueden votar aparte y lo pueden rechazar.

Digan la verdad: no les interesa perseguir a los delincuentes, porque hace dos semanas estaban defendiendo a una banda armada en Villa Francia, porque esa es su verdadera alma. Tienen un nexo con el lumpen que no son capaces de cortar. Demostraron ese nexo con las pensiones de gracia, y lo demostraron hace dos semanas defendiendo a la banda armada que fue detenida en Villa Francia.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

La Mesa lo va a revisar, diputado Ilabaca . Tiene la palabra al diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, las socialistas y los socialistas vamos a rechazar este proyecto de ley, porque se pretende dejar libres a más de ochocientos narcotraficantes, pederastas, delincuentes y violadores de derechos humanos por el hecho de tener una enfermedad inhabilitante y cumplir setenta y cinco años de edad.

Digamos las cosas como son: la extrema derecha hace gárgaras con el presidio perpetuo efectivo, un nuevo tipo penal, pero lo que no dice es que si se trata de violadores de derechos humanos, estos no cumplirán sus penas de manera efectiva.

Digamos las cosas como son: adoran un proyecto plagado de populismo penal y de grandes anuncios, pero sin hacerse cargo de los temas de fondo en materia de seguridad.

¿Qué dicen, por ejemplo, respecto del secreto bancario y de la investigación de la ruta del dinero? ¡Nada!

No obstante, algunos se han atrevido a decir las cosas como son y han hablado con la verdad, de manera transparente. Es el caso, por ejemplo, del diputado Urruticoechea , quien, defendiendo esta norma, dijo: “Debemos tener respeto y reconocimiento por aquellas personas violadoras de los derechos humanos que -en sus palabras habrían colaborado con Chile”.

Ese es el objetivo central de este proyecto de ley: permitir que los presos de Punta Peuco queden en libertad y no cumplan sus penas. Más aún, en el contexto en que estamos, quieren dejar libres a narcotraficantes, a pederastas y a delincuentes.

El doble estándar de la derecha y de la extrema derecha sobre estas materias es extremadamente grave; es populismo penal, que no permite absolutamente nada para combatir los temas de seguridad, y, peor aún, refuerzan su política respecto del negacionismo de las violaciones a los derechos humanos.

Por todas estas razones, la bancada socialista votará en contra este proyecto de ley.

He dicho.

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto que, sin duda alguna, viene a reforzar un área que está teniendo serias falencias en nuestra sociedad; porque si en algo Chile ha tocado fondo es en materia de delincuencia y criminalidad.

Cada vez estamos ante delitos más violentos y crudos; primero te matan y después te roban. Así es la situación en el país. La población penal es cada vez más violenta. No solo en las calles existe seria peligrosidad, sino también al interior de los penales.

Estimados colegas, tenemos que enfrentar con altura de miras esta realidad que azota a nuestro país. Eso implica que los delitos establecidos en este proyecto, que son delitos gravísimos, contra la vida de las personas -lo más sagrado y lo más importante, lo que no tiene valor, lo que nadie podrá resarcir, lo que ninguna condena ni indemnización puede resarcir-, deben penalizarse con un presidio perpetuo de al menos cincuenta años. ¿Cómo no va a ser razonable algo así?

Espero que a ninguno de nosotros nos ocurra que nos maten o violen a un hijo, o que asesinen a algún familiar, pero si a alguno le pasara algo así, imagino que esperaría que el criminal no quede libre después de unos pocos años y que no camine libremente por las calles del mismo sector donde uno vive, riéndose en la cara de las víctimas y cometiendo, lo más probable, los mismos delitos nuevamente; porque quienes cometen delitos de esta gravedad contra las personas generalmente no tienen rehabilitación para la sociedad.

¿Qué es lo que uno espera, ya que no existe la pena de muerte en Chile para delitos tan graves como ese? A lo menos, que los responsables estén toda la vida presos. Y si no se puede que estén presos toda la vida, que a lo menos lo estén durante cincuenta años y que en ese período no tengan la posibilidad de salir. Eso es lo que estamos estableciendo en este proyecto.

Algunos en la Sala hablan de populismo penal cada vez que buscamos subir las penas o bajar la edad de imputabilidad penal para los menores de edad; siempre es populismo penal. Desde mi punto de vista, lo que tratan de buscar, camufladamente, es la protección y el blindaje a los delincuentes; pero, en vez de decirlo así, derechamente, lo que hacen es hablar de populismo penal. Si tenemos que ser tachados de populistas penales por pedir que esos criminales estén a lo menos cincuenta años en la cárcel sin beneficio alguno, no tengo ningún problema: lo soy; bienvenido sea. Que me digan que soy una abogada populista penal me da lo mismo. Porque medidas como aquella es lo que la gente espera de nosotros. Estamos hablando de delitos en particular, ante circunstancias específicas y muy claras.

Por otro lado, lo que ha generado mucha controversia por parte de los colegas de izquierda -¡cómo no! es la posibilidad de que, por causas humanitarias, a determinadas personas se les entregue el beneficio de terminar sus condenas con arresto domiciliario total. ¿Para qué? Para que las personas que tengan enfermedades terminales, que estén desahuciadas y acreditadas médicamente en esa condición, vayan a morir a sus casas. No es para que cualquiera que cumpla setenta y cinco años de edad simplemente salga porque sí. No, se trata de aquellos casos en que un especialista médico dice que la persona está con una enfermedad terminal y que va a morir de todas maneras. La idea es que, en vez de morir en la cárcel, vaya a morir a su casa. Porque eso pasa. Muchas de esas personas ni siquiera saben que están en una cárcel, porque es tal el nivel de su enfermedad, que pierden la razón. ¿Y quiénes son los que terminan cumpliendo realmente esa condena? Sus familiares.

Pero bueno, la humanidad y el amor al prójimo, de lo cual ellos hablan, se terminan hasta que les toca, con acciones concretas, demostrar que sus palabras no son solo discursos, sino también hechos.

Espero que aprobemos este proyecto. Llamo a todos a que lo hagamos, porque es lo que la sociedad chilena espera de nosotros.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señorita Presidenta, por su intermedio, quiero responder al diputado Donoso , que preguntó qué es lo que nos molesta de este proyecto.

Lo que molesta es que los violadores de derechos humanos se vayan para la casa. O nos arrepentimos o no nos arrepentimos de los crímenes que se cometieron en la dictadura.

¡Demos un debate franco al respecto! Molesta el doble discurso, diputado, a pesar de que ustedes reclamen y digan “¡cómo puede ser!”. Sí, molesta el doble discurso. Dicen que hay que perseguir a los delincuentes -en eso estamos completamente de acuerdo-, pero si estos se encuentran entre sus filas o si se trata del padre del presidente de su partido, ¿mantienen el mismo discurso?

Estoy de acuerdo en que sí hay que perseguir la delincuencia, pero no me parece adecuado que los narcotraficantes, los pederastas y los violadores de derechos humanos en nuestro país se vayan para la casa. Lo que corresponde es que cumplan sus condenas en la cárcel.

Sí estamos viviendo una crisis de seguridad, pero si vamos a hablar en serio de ella, sobre todo del crimen organizado en nuestro país, de una vez por todas tomemos una decisión sin dobles discursos en este Congreso Nacional. Levantemos el secreto bancario y hagamos la persecución de la ruta del dinero, no para que conozcan lo que compramos en el supermercado, como dijo por ahí un senador, sino para ver quiénes hoy están legislando a través del crimen organizado. Así es como implementamos medidas efectivas en materia de seguridad.

Lo que molesta son los dobles discursos; porque no habíamos escuchado tanta humanidad por parte de la derecha, hasta que vieron la oportunidad de dejar libres a los criminales de Punta Peuco.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a los señores ministros, a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

¿Cuál es la mayor preocupación de los chilenos? La seguridad; el aumento de la delincuencia.

Este proyecto de ley debe ser claro en términos de endurecer y aumentar las sanciones, lo que solicitan muchas personas a quienes representamos. Los chilenos necesitan sentirse más seguros; requieren poder circular, recorrer sus comunas y trasladarse de un lado a otro con tranquilidad y seguridad.

Los parlamentarios vemos permanentemente los medios, escuchamos las noticias, leemos el diario y, sobre todo -lo más importante en mi concepto-, escuchamos a los vecinos que representamos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Mayor seguridad; que se den señales claras y precisas en este Congreso en orden a entregar mayor seguridad a la gente.

En La Araucanía, región que represento, muchos vecinos se sienten abandonados. Puntualmente, el alcalde de la comuna de Collipulli, Manuel Macaya , ha señalado claramente que su comuna está abandonada. El gobierno no lo apoya. Por su parte, en la comuna de Victoria, lamentablemente, han aumentado considerablemente los robos y otros delitos. Para qué hablar de la comuna de Angol, que enfrenta similares condiciones, al igual que los vecinos de Traiguén, entre otros casos.

La delincuencia está desbordada. Quienes hoy cometen delitos no tienen ningún respeto ni temor a la ley, porque saben que van a salir libres en cualquier minuto.

También es necesario destacar y apoyar a los funcionarios de la PDI y de Carabineros de Chile. Solo ayer, en la comuna de Temuco, carabineros, en un rápido despliegue con nuestras policías y con el apoyo de la comunidad, lograron ubicar a una menor que había sido sustraída del Hospital Regional de Temuco. La gente quiere sentirse más tranquila, más segura.

Este proyecto señala que “aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante” se les concederá libertad condicional. Efectivamente, creo que en ese caso hay una razón humanitaria. Muchas veces utilizamos la expresión “humanitaria”, y aquí podemos dar una señal, pues creo que se puede establecer en este proyecto.

¿Cuál es la mayor preocupación de los chilenos? La falta de seguridad y el aumento de la delincuencia.

Las modificaciones que propone esta iniciativa son una demostración clara del apoyo del Congreso Nacional a todos los chilenos, que lo único que piden hoy -lo pueden comprobar si recorren las ciudades, las poblaciones y los sectores rurales es clemencia, porque quieren vivir con tranquilidad y seguridad.

Para terminar, quiero enviar un saludo muy especial a todos los adultos mayores, quienes también necesitan tranquilidad para vivir en paz.

Votaré a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señorita Presidenta, en tiempos en que se habla mucho de crimen organizado debemos saber que una de las formas en que se financia es con el contrabando. Lo menciono porque debiéramos establecer como tipificación el contrabando legislativo, ya que en un proyecto que tiene un excelente título están metiendo de contrabando la libertad para los criminales de lesa humanidad.

Por su intermedio, señorita Presidenta, recientemente una diputada que me antecedió en el uso de la palabra dijo que ojalá nunca les maten a un familiar. Le quiero decir que a nuestra compañera Lorena Pizarro no le mataron solo a un familiar. Ojalá nunca su familia sufra torturas. También le quiero decir que el padre de la compañera María Candelaria Acevedo , Sebastián Acevedo , se quitó la vida para salvar a sus hijos que estaban siendo víctima de tortura. Dijo esa diputada que ojalá ninguna de esas familias sufriera las atrocidades que comete el crimen organizado. Pues bien, buena parte de los compañeros y compañeras del Partido Comunista sufrieron en carne propia, así como sus familias, los horrores que hoy algunos sufren a manos del crimen organizado.

Eso es lo que hizo la gente que está en Punta Peuco, de manera que meter de contrabando una norma que libera a esos criminales me parece una falta de respeto a la historia de nuestro país.

No estoy disponible para votar a favor este proyecto, ya que propone soluciones a problemas que se van a ver en el futuro, en cincuenta años más. Tenemos una crisis hoy, pero reitero que las soluciones que nos plantea esta iniciativa son para cincuenta años más.

Si bien son muy discutibles varias de sus proposiciones -en la Comisión de Seguridad Ciudadana no tuve problema en aprobar algunas de sus normas-, pero me parece gravísimo cuando hablamos de faltarle el respeto a la historia de nuestro país, al dolor de las familias que sufrieron todos los crímenes atroces que cometieron los delincuentes que están en Punta Peuco.

Quiero hacerme eco de lo que señaló el diputado Manouchehri , quien dio a conocer no solo una lista detallada de los criminales de lesa humanidad, sino también de quienes cometieron otros delitos atroces que se verán beneficiados con este proyecto, porque aquí hay una parte de la derecha que quiere liberar a cualquier precio a los delincuentes de Punta Peuco, a torturadores como Miguel Krassnoff , para lo cual están dispuestos, por ejemplo, a beneficiar a un potencial condenado como sería Eduardo Macaya , que probablemente en dos años podría quedar libre si se dictara esta normativa.

Entonces, si efectivamente queremos combatir el crimen organizado, la delincuencia y dar respuesta a ese problema que afecta hoy a la sociedad chilena, hagamos las cosas bien, con rigurosidad y en serio. No obstante, por la desesperación de liberar a quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos, no aprovechen de meter una norma de contrabando para su liberación y vengan hoy a decir que están pensando en la sociedad chilena, porque no lo están haciendo.

Que digan qué sentido tiene que pederastas y narcotraficantes mayores de 75 años de edad pueden salir de libertad en virtud de esta norma; que digan si eso es pensar en el bienestar de Chile.

Lo que están haciendo es usar el dolor de las familias que están siendo víctimas del crimen organizado en distintas partes de nuestro país, en distintas poblaciones, sobre todo en los sectores más modestos, para aprovechar de sacar de la cárcel a los narcotraficantes, a los delincuentes mayores de 75 años de edad, porque es la única fórmula presentable para que pase piola, y para que -perdone la expresión, señorita Presidenta pase inadvertido que dejarán en libertad a Miguel Krassnoff y a los distintos secuaces de las violaciones de los derechos humanos, que practicaron las torturas más horrorosas en nombre de la patria.

Hay algo que no puede pasar inadvertido: lo más terrible de esos crímenes es que hay algunos que dicen “esos comunistas bien muertos están”, quienes añaden que si hubiera que repetir esos crímenes, sin duda, lo volverían a hacer.

Quienes los cometieron no tienen remedio, no tienen solución, como dijo muy bien un diputado de la UDI; por tanto, se deben quedar en la cárcel y se deben secar allí.

El único bien que le pueden hacer a Chile es demostrar a la generación actual, así como a las futuras generaciones, que cuando quienes portan un arma de fuego violan los derechos humanos, nada, ni padecer las enfermedades que tienen, los liberará de la cárcel. Esa es la garantía y ese es el único aporte que le harán a la historia de nuestro país.

Por lo tanto, llamo a rechazar este proyecto. No tengo ningún problema en votarlo a favor, pero, por favor, díganles la verdad a los chilenos: lo que votaremos hoy no permite efectuar una votación separada, porque reglamentariamente no se puede hacer.

Digamos la verdad. Aquí lo que se quiere hacer es liberar a los criminales de Punta Peuco, al precio que sea, incluso, permitiendo que Eduardo Macaya , potencial condenado, si se ratifica su condena, pudiera salir después de cumplir dos y no seis años de cárcel, y que narcotraficantes, pederastas y delincuentes comunes sean beneficiados por esta norma. Me parece que es en extremo grave.

Finalmente, llamo fundamentalmente a los parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI, a los que genuinamente les reconozco una vocación democrática, particularmente al diputado Schalper , que ha demostrado un compromiso con los derechos humanos, a reflexionar su voto en esta materia.

He dicho.

El señor SAUERBAUM.-

Señorita Presidenta, la delincuencia está totalmente descontrolada y los chilenos requieren una respuesta del Parlamento.

Es bien complejo pasearse por las calles de nuestros distritos y escuchar a la gente preguntarnos qué estamos haciendo para detener a quienes hoy la tienen con temor y no la dejan vivir tranquilos.

La verdad es que lo poco y nada que puede hacer este Parlamento es en materia penal, en materia legislativa, y este proyecto nos da la oportunidad de aumentar las penas, con el objeto de que realmente sean efectivas, mediante la asimilación del presidio perpetuo calificado al presidio perpetuo efectivo, pero aumentándolo hasta 50 años, de modo que es una posibilidad real de hacer efectivas penas que hoy los chilenos ven que lamentablemente no se cumplen.

Me pregunto por qué un grupo de feministas de este hemiciclo votarían en contra, por ejemplo, de una norma que modifica la pena aplicable al delito de femicidio con vínculo y sin vínculo. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué votaría un grupo de parlamentarios en contra de una norma aplicable al delito de sustracciones de menores? No se explica.

La verdad es que aquí hay un evidente complejo de la izquierda en materia de delincuencia, que no les permite ver mucho más allá del daño que se está haciendo a la sociedad chilena.

Esa norma lo único que persigue es aumentar los delitos en contra de la vida de las personas. Por eso, no se explicaría un voto en contra de quienes hoy nos llaman permanentemente a acuerdos de seguridad pública, pero finalmente terminamos viendo al Partido Comunista y al Frente Amplio, en particular, votando en contra de los proyectos, incluso, propuestos por su propio gobierno.

Si quieren voten en contra de esta norma que les molesta tanto, que tiene que ver con quienes hoy tienen más de 75 años de edad, y que en muchos casos tienen demencia senil, debidamente acreditada por un certificado médico, porque entendemos sus traumas y sus complejos. Pero la verdad es que no son excusas para no aplicar mano dura en contra de la delincuencia que hoy nos tiene agobiados.

El presidio perpetuo calificado que hoy se impone en varias de las normas, que son, incluso, delitos importados, como el secuestro, el sicariato, las sustracciones de menores y otros, significa que tales delitos tienen que ser necesaria y debidamente castigados.

Por lo tanto, pedimos a la izquierda que deje atrás los complejos y les dé hoy la certeza a los chilenos de que de verdad estamos trabajando en proyectos que puedan darles seguridad para que vivan más tranquilos.

Nos acaban de informar de que, en el centro de la ciudad de San Carlos, comuna pequeña donde vivo, acaban de asaltar hace quince minutos el local de Sencillito que allí se encuentra. El dueño del local respondió con arma de fuego, porque había sido amenazado. Hubo disparos y murió un cliente.

¿Qué le decimos a esas personas? ¿Qué le decimos a los familiares de esa persona que había ido a pagar la luz respecto de estos proyectos de ley que son para aumentar penas a quienes delinquen impunemente en Chile?

Lamentablemente, tenemos un panorama complejo respecto de estas materias, lo que hace que los chilenos hoy lo estén pasando muy mal.

Si tienen de verdad la iniciativa de llevar adelante el proyecto de seguridad pública, por ejemplo, ¿por qué votan en contra permanentemente el proyecto que declara la migración ilegal como un delito? ¿Por qué? No se explica.

Entonces, pedimos un poquito de consecuencia a quienes dicen que perseguirán como perros a la delincuencia, pero que finalmente se transforman en unos perros toy, de esos que los cuicos de Ñuñoa andan trayendo en la cartera, porque no persiguen a nadie.

Hay impunidad total y los delincuentes lo saben.

Venir a delinquir a Chile es la papa, porque tenemos penas de presidio que son bastante menores; tenemos jueces con mano blanda que nos echan la culpa a nosotros. Hoy, cuando se encara a la justicia, los jueces dicen que vayan a hablar con los legisladores para que aumenten las penas y sean realmente efectivas.

¿Qué responde el gobierno después de una serie de muertes, incluso de niños? Responde que hará una cárcel de alta seguridad en cinco años más. Esa es la respuesta del gobierno, del Frente Amplio y del Partido Comunista, que nos tiene agobiados con la delincuencia.

No hay excusa alguna para votar en contra de un proyecto de ley que lo único que hace y cuya intención verdadera es aumentar las sanciones a los crímenes contra la vida de las personas y que las cadenas perpetuas sean realmente efectivas.

Vamos a votar a favor con entusiasmo este proyecto.

He dicho.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN A SECTOR DE SUPLEMENTEROS DE CHILE (Solicitud de resolución N° 1147)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1147.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Solicitud de resolución N° 1147, de los diputados Karol Cariola , Alejandro Bernales , Nathalie Castillo, Luis Alberto Cuello , Rubén Darío Oyarzo , Juan Santana , Daniela Serrano y Gael Yeomans , en virtud de la cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República que instruya a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para que tome las medidas administrativas y legislativas necesarias para dar debido reconocimiento y protección al sector de las y los suplementeros de nuestro país y, en especial, que sean reconocidos como Patrimonio Cultural Nacional.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay inscritos para hablar a favor ni en contra de la solicitud de resolución.

ENVÍO DE PROYECTO PARA FACILITACIÓN DE EJERCICIO DE DERECHO A SUFRAGIO EN ELECCIONES POPULARES A PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS DE CHILE (Solicitud de resolución N° 1152)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1152.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Solicitud de resolución N° 1152, de los diputados Chiara Barchiesi , Cristián Araya , Juan Irarrázaval , Benjamín Moreno y Agustín Romero , en virtud de la cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República presentar un proyecto de ley que facilite al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile ejercer el derecho al sufragio durante procesos de elecciones populares.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay inscritos para hablar a favor ni en contra de la solicitud de resolución.

ENVÍO DE PROYECTO PARA IMPEDIMENTO DE CELEBRACIÓN DE COMICIOS DE CUALQUIER TIPO EN FIN DE SEMANA PREVIO AL 24 DE DICIEMBRE (Solicitud de resolución N° 1154)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1154.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Solicitud de resolución N° 1154, de los diputados Chiara Barchiesi , Fernando Bórquez , Juan Irarrázaval , Harry Jürgensen , Daniel Lilayu , Andrés Longton , Benjamín Moreno , Gaspar Rivas , Agustín Romero y Stephan Schubert , en virtud de la cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República presentar un proyecto de ley que reforme la institucionalidad electoral con miras a impedir que existan comicios de cualquier tipo el fin de semana previo a las fiestas de fin de año.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay inscritos para hablar a favor ni en contra de la solicitud de resolución.

ELIMINACIÓN O DISMINUCIÓN DE REQUISITO DE AVALÚO FISCAL EN VIVIENDAS DE 950 UF CON PRESENCIA DE ASBESTO CEMENTO PARA POSTULANTES A PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS DE DECRETO SUPREMO N° 27, DE 2016 (Solicitud de resolución N° 1155)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1155.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Solicitud de resolución N° 1155, de los diputados Claudia Mix , Félix Bugueño , Camila Rojas y Patricio Rosas , en virtud de la cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República evaluar una eliminación o disminución del requisito de avalúo fiscal en viviendas de 950 UF que presenten asbesto cemento, en relación con quienes postulan al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios del decreto supremo N° 27, de 2016.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay inscritos para hablar a favor ni en contra de la solicitud de resolución.

ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBÍO (Solicitud de resolución N° 1156)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1156.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Solicitud de resolución N° 1156, del diputado Roberto Arroyo , en virtud de la cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República iniciar la elaboración del proyecto para la construcción del nuevo hospital de la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay inscritos para hablar a favor ni en contra de la solicitud de resolución.

FACULTAD A ESCUELAS ESPECIALES O CENTROS DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO DE CUARTO MEDIO CON FINES LABORALES (Solicitud de resolución N° 1157)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1157.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Solicitud de resolución N° 1157, de los diputados Danisa Astudillo , Mónica Arce , Héctor Barría , Sergio Bobadilla , Helia Molina , Alejandra Placencia , Marcia Raphael , Hugo Rey , Gaspar Rivas y Juan Santana , en virtud de la cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República que adopte las medidas pertinentes con el fin de facultar a las escuelas especiales y/o centros de capacitación laboral para que puedan emitir certificados de estudio de cuarto medio con fines laborales y, con ello, habilitar a los alumnos egresados de dichos establecimientos a postular y acceder a un empleo.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay inscritos para hablar a favor ni en contra de la solicitud de resolución.

INCORPORACIÓN DE FIBROMIALGIA EN CATÁLOGO DE PATOLOGÍAS DE LEY QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN SALUD (Solicitud de resolución N° 1158)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1158.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Solicitud de resolución N° 1158, de los diputados Ana María Bravo , Danisa Astudillo , Daniella Cicardini , Tomás de Rementería , Marcos Ilabaca , Daniel Manouchehri , Daniel Melo , Jaime Naranjo , Emilia Nuyado y Leonardo Soto , en virtud de la cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Salud para incorporar la fibromialgia al catálogo de patologías establecidas en la ley N° 19.996, de garantías explícitas en salud.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay diputados inscritos para hablar ni a favor ni en contra de la solicitud de resolución.

RECURSOS PARA FINANCIAR LA REPARACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DEL CENTRO DE SALUD MAPUCHE DE LA COMUNA DE GALVARINO (Solicitud de resolución N° 1.163)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1.163.

El señor Prosecretario dará lectura a su parte dispositiva.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

La solicitud de resolución es firmada por los diputados Vlado Mirosevic , Alejandro Bernales , la diputada Viviana Delgado y los diputados Luis Malla y Sebastián Videla , en virtud de la cual solicitan a su excelencia el Presidente de la República destinar recursos suficientes para financiar la reparación y el funcionamiento permanente del Centro de Salud Mapuche de la comuna de Galvarino.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay diputados inscritos para hablar ni a favor ni en contra de la solicitud de resolución.

MEDIDAS LEGALES, PRESUPUESTARIAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL PÚBLICO EN LA COMUNA HUALAIHUÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS (Solicitud de resolución N° 1.164)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1.164.

El señor Prosecretario dará lectura a su parte dispositiva.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Para hablar a favor de la solicitud de resolución, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Bórquez .

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay diputados inscritos para impugnar la solicitud de resolución.

PROYECTO DE LEY DESTINADO A REGULAR LAS FERIAS LIBRES (Solicitud de resolución N° 1.165)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1.165.

El señor Prosecretario dará lectura a su parte dispositiva.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

La solicitud de resolución N° 1.165 es firmada por los diputados Félix Bugueño, Luis Alberto Cuello , las diputadas Claudia Mix , Camila Musante y Camila Rojas y los diputados Hernán Palma y Patricio Rosas , en virtud de la cual solicitan a su excelencia el Presidente de la República que instruya al ministerio correspondiente para que estudie un proyecto de ley destinado a regular las ferias libres.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay diputados inscritos para hablar ni a favor ni en contra de la solicitud de resolución.

GESTIONES PARA IMPLEMENTAR UNA PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN LA COMUNA DE RETIRO, REGIÓN DEL MAULE (Solicitud de resolución N° 1.166)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución N° 1.166.

El señor Prosecretario dará lectura a su parte dispositiva.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay diputados inscritos para hablar ni a favor ni en contra de la solicitud de resolución.

-Los textos íntegros de las solicitudes de acuerdos y de resoluciones figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:

https://www.camara.cl/fiscalizacion/Acuerdos/proyectos_acuerdo.aspx

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La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Queremos saludar a las señoritas Francisca Vargas y María Paz Cabrera , representantes de La Voz del Estudiante, de La Serena, invitadas por la diputada Carolina Tello .

Bienvenidas a la Cámara de Diputadas y Diputados.

-Aplausos.