Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código de Aguas en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas, correspondiente a los boletines Nos 15996-33 y 16155-09.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación es la señorita Carolina Tello .

Antecedentes: Mociones:

-Boletín 15996-33, sesión 40ª de la legislatura 371ª, en martes 6 de junio de 2023.

Documentos de la Cuenta N° 8, y

-Boletín 16155-09, sesión 63ª de la legislatura 371, en lunes 7 de agosto de 2023.

Documentos de la Cuenta N° 22.

-Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, sesión 32ª de la presente legislatura, en miércoles 29 de mayo de 2024. Documentos de la Cuenta N° 34.

La señorita TELLO, doña Carolina (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, paso a informar respecto del proyecto de ley del epígrafe, de origen en dos mociones, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de discusión inmediata.

Primero, el boletín N° 15996-33, que modifica el Código de Aguas en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas, cuyos autores son las diputadas y diputados Héctor Barría , María Francisca Bello , Nathalie Castillo , Diego Ibáñez , Camila Musante , Marcela Riquelme , Jaime Sáez , Consuelo Veloso y Nelson Venegas .

Segundo, el boletín N° 16155-09, que modifica el Código de Aguas para aumentar el área de protección de los pozos de servicios sanitarios rurales, cuyos autores son la diputada Yovana Ahumada y el diputado Víctor Pino .

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en fortalecer las medidas existentes y agregar otras nuevas de protección en torno a pozos de captación de aguas subterráneas, con el objetivo de resguardar la provisión de agua extraída para consumo humano por parte de organizaciones comunitarias o cooperativas que prestan servicios sanitarios rurales.

Respecto del fundamento de la iniciativa legal, que consta en el boletín N° 15996-33, señalan los mocionantes que los comités o cooperativas de agua potable rural (APR) son más de 2.000 organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios sanitarios de agua potable y saneamiento a la población en todas las zonas rurales del territorio, las que en la actualidad están viendo amenazadas sus fuentes de agua, tanto en cantidad como en calidad, por efecto del cambio climático, la sequía y el desarrollo poco sustentable o no sostenible de algunas actividades industriales, agrícolas o mineras, entre otras múltiples razones.

Agregan que la idea de este proyecto es responder a la necesidad de mejorar la protección de las fuentes de agua de las APR, las que, según datos de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, en la mayoría de los casos corresponden a pozos de captación de aguas subterráneas.

De esta manera, en el proyecto de ley presentado se propone una modificación al Código de Aguas que permitiría cambiar el criterio de determinación de áreas de protección de las fuentes de agua, especialmente de las destinadas a consumo humano, desde uno meramente administrativo del recurso hacia el criterio de sostenibilidad ecosistémica de los acuíferos y, por sobre todo, de protección del derecho humano al agua y a un ambiente saludable.

Respecto del fundamento de la iniciativa legal que consta en el boletín N° 16155-09, los mocionantes señalan que la escasez de agua en Chile se ha convertido en un desafío permanente, apremiante, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso al agua potable es vital para la supervivencia y el desarrollo de las comunidades, lo que hace necesario tomar medidas concretas para garantizar su suministro y proteger este recurso esencial.

En ese contexto, las aguas subterráneas son un elemento esencial del ciclo hidrológico y un valioso recurso natural que constituye una de las principales fuentes de agua para la agricultura y para usos domésticos e industriales en todo el mundo, por lo que cerca de la mitad del agua potable del mundo y el 43 por ciento del agua que se consume efectivamente para la irrigación provienen de fuentes subterráneas. De esta manera, la ampliación del área de protección de los pozos se vuelve crucial para preservar la calidad y disponibilidad del agua potable para los servicios sanitarios rurales y cooperativas.

La sobreexplotación de acuíferos, la contaminación por actividades humanas y la falta de regulaciones adecuadas han generado riesgos significativos para la salud pública en las comunidades rurales, por lo que resulta necesario fortalecer las medidas de protección y seguridad del agua, adoptando una visión a largo plazo que priorice la conservación de este recurso vital.

Resumen del contenido del proyecto

El proyecto de ley consta de un artículo único que modifica el artículo 61 del Código de Aguas, incorporándole tres incisos nuevos -segundo, tercero y cuartoa continuación del inciso único con que contaba el artículo.

Trabajo realizado por la comisión

Durante el estudio en general del proyecto se recibió al director general de Aguas, señor Rodrigo Sanhueza ; al asesor en materias hídricas del Ministerio de Obras Públicas, señor Carlos Estévez ; al secretario de la Junta de Vigilancia del Río Hurtado, señor Edgard Anjel Véliz ; al concejal de la Ilustre Municipalidad de Petorca, señor Álvaro Escobar Pastén ; al presidente de la Unión de Agua Potable Rural de la Cuenca del Río Petorca, señor Hernán Galvarino Díaz ; a los miembros del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica, señora Daniela Rivera y profesor Guillermo Donoso ; a la representante de APR de la Región del Biobío, señora María Cruz Viveros ; a la representante de APR Elqui, señora Claudia Cereceda ; al gobernador regional de Valparaíso, señor Rodrigo Mundaca , y a la subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales, señora Denisse Charpentier .

Las observaciones realizadas por los invitados e invitadas están contenidas in extenso en el informe de la comisión.

Efectuada la votación en general de las mociones refundidas, fueron aprobadas por mayoría de votos: 6 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Yovana Ahumada (en reemplazo del diputado señor Víctor Pino) , María Francisca Bello , Nathalie Castillo y Marta González , y los diputados señores Héctor Barría y Nelson Venegas . Votaron en contra la diputada Chiara Barchiesi y el diputado Benjamín Moreno . Se abstuvo el diputado Cristóbal Martínez .

En la discusión particular de las mociones refundidas que modifican el artículo 61 del Código de Aguas, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva, sobre la cual versó la discusión.

En concreto, el proyecto de ley aprobado por la comisión consta de un artículo único, que modifica el artículo 61 del Código de Aguas, incorporándole tres incisos nuevos -segundo, tercero y cuartodel siguiente tenor:

“Artículo único.- Incorpóranse en el artículo 61 del Código de Aguas, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“En los casos de pozos explotados por un servicio sanitario rural conforme a lo dispuesto en la ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá solicitar fundadamente a la Dirección General de Aguas la autorización para la constitución de una franja o radio de protección superior a 200 metros, de conformidad a lo señalado en el inciso anterior.

La franja o radio de protección podrá considerar asimismo la protección de las aguas subterráneas frente a la intrusión salina de origen terrestre o marítimo.

La infracción a la prohibición establecida en el inciso primero de este artículo será sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 173 N° 4 de este Código, pudiendo además la Dirección General de Aguas adoptar las medidas señaladas en el artículo 299 ter.”.”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PULGAR.-

Señorita Presidenta, nuevamente voy a votar a favor este proyecto, que va en la dirección de apoyar a los más postergados: los que viven en la ruralidad, los que no tienen acceso a agua potable rural, aquellos a quienes muchas veces se les hacen promesas en campaña, sobre todo ahora que están apareciendo los ofertones en el sentido de que en la ruralidad van a tener alcantarillado, van a tener agua potable rural, van a tener mejor conectividad y les van a arreglar los caminos. Es increíble cómo afloran los ofertones, incluso por aquellos que estuvieron en el poder durante 12 años y ni siquiera fueron capaces de gestionar un baño químico para esas personas.

Claramente, la problemática de las aguas subterráneas es un gran tema que, por lo menos en el Maule, demuestra inequidad, porque quien tiene más recursos puede perforar un pozo más profundo para llegar a las napas donde hay mayor concentración de agua y con ella regar grandes extensiones frutícolas. Esa posibilidad no la tienen las pequeñas juntas de vecinos ni los pequeños comités, que desafortunadamente día a día se desgastan a través del trámite burocrático. Lo vivió y lo sigue viviendo la comunidad de El Monte, en la comuna de San Clemente, a la que le han pedido -lo vimos tras hacerle un seguimiento y un acompañamiento un sinnúmero de documentos. Al final, parece que sale más barato y más cómodo ir a comprar agua embotellada para subsistir.

“Hasta que la dignidad se haga costumbre”: esa era la consigna. Sin embargo, vemos que el gobierno, más allá de dar facilidades para el acceso al agua potable rural, genera trabas. En efecto, hemos tenido trabas con un sinnúmero de funcionarios de los que uno se pregunta cómo llegaron a ese cargo si no saben gestionar. Muchos de ellos son ignorantes -perdónenme que lo diga con esa palabra-, pues no saben muchas veces cómo tramitar un documento o de qué se está hablando.

Reitero mi apoyo a esta iniciativa, pero pido al gobierno, sobre todo a las autoridades comunales, poner mayor énfasis en las necesidades de la gente en la ruralidad, y no solamente ahora -insistocuando las vemos repartiendo cajas con mercadería.

También les pido que no se cuelguen del siguiente temporal, que comienza la madrugada de mañana. No vamos a ir a comprar las botas al mall de Lo Barnechea para luego llevarlas a conocer el barro, ponerle unas pocas manchas, subir una foto de esas botas, de casi 200.000 pesos, a redes sociales y decir: “Estamos con ustedes, los damnificados del Maule”.

He dicho.

La señora CONCHA (doña Sara).-

Señorita Presidenta, quiero intervenir en esta materia, ya que considero que es vital la prevención respecto de uno de nuestros recursos más preciados, como es el agua subterránea, sobre todo en un mundo donde la escasez hídrica es una realidad cada vez más apremiante.

Es nuestra responsabilidad como legisladores fortalecer las medidas de protección en torno a los puntos de captación de agua subterránea. Actualmente, en Chile contamos con una medida estándar de protección que establece una distancia fija de 200 metros alrededor de los pozos de captación. Si bien esta medida ha sido un paso en la dirección correcta, no podemos ignorar que las condiciones hidrogeológicas varían significativamente de una región a otra.

Al analizar estas condiciones, podemos determinar con mayor precisión la distancia necesaria para proteger adecuadamente los puntos de captación de estas aguas subterráneas y desarrollar políticas y medidas de protección de este recurso tan vital, lo que no solo garantizará la seguridad hídrica a largo plazo, sino que también evitará la sobreexplotación de nuestros recursos naturales.

Es importante que actuemos con prontitud y decisión en este asunto. El agua subterránea es un recurso invaluable que sustenta la vida y la actividad económica en numerosas comunidades de nuestro país. Fortalecer las medidas de protección en torno a los pozos de captación es una inversión a futuro, para las generaciones venideras y la sostenibilidad de nuestro ecosistema.

Por eso, considero votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley comprende un beneficio que va directamente a los comités de agua potable rural. Son más de dos mil las organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios sanitarios a la población, es decir, agua potable y saneamiento en todas las zonas rurales de nuestro país.

Pero ¿qué pasa hoy? Estas cooperativas están viendo amenazadas sus fuentes de agua, tanto en la calidad como en la cantidad, por el cambio climático, la crisis hídrica, el saqueo o robo o extracción ilegal de agua -pónganle el calificativo que quieran-, el desarrollo no sostenible de algunas actividades industriales, agrícolas, mineras, entre otras múltiples razones que, además, comparten las propias directivas de los APR, con las cuales hemos conversado en diversas oportunidades sobre esta situación de resguardar la calidad, la continuidad y la cantidad del recurso.

Este proyecto lo discutimos en la Comisión de Recursos Hídricos, y, evidentemente, hay diferencias ideológicas respecto al agua y su propiedad. Ese es otro debate que debemos dar en este Congreso en materia constitucional. Pero en vista también de las garantías de seguridad que se han expuesto desde la Cámara de Diputados -el fast track legislativo sobre seguridad-, creo que la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria también pasan por problematizar y legislar sobre la tenencia del recurso, los derechos de agua y, además, de lo que significa esta continuidad y respeto a quienes viven principalmente en espacios más complejos y que son afectados por la sequía.

Entonces, la protección para las captaciones de aguas subterráneas se materializa como un radio en torno al pozo que no distingue las condiciones hidrogeológicas del emplazamiento de las captaciones ni su diámetro ni su profundidad, dado que la protección de la calidad del agua es prácticamente inexistente en la normativa actual. A nuestro parecer, esta es la figura más sencilla de proteger, pero también es la opción que menos garantiza una protección real del acuífero, ya que, en cada caso, para poder establecer las áreas de influencia y las franjas de protección coherentes a la realidad, se requiere una condición hidrogeológica y el entorno de cada punto de extracción, puesto que, de otro modo, la medida de protección preestablecida puede ser insuficiente.

Entonces, la crisis que se arrastra por más de una década, por ejemplo, en la Región de Coquimbo o en la de Valparaíso, se va agudizando, por lo que la solución al consumo de agua humano, que es el derecho que queremos garantizar y mantener, es a través de la gestión, protección y mantención de este recurso.

Esta iniciativa va en beneficio de los comités de agua potable rural que presten servicios sanitarios y a las empresas concesionarias de servicios sanitarios. Además, considero que ella se presenta sin ánimo de hacer campaña electoral, sino por el compromiso con el campesinado.

Por eso, es importante, a propósito de los anuncios del PresidenteGabriel Boric en esta materia, que esto venga con la holgura necesaria del Ministerio de Hacienda, para que no se cierren las puertas a la seguridad hídrica por falta de presupuesto, ya que se trata de una demanda de la agricultura familiar campesina de nuestro país.

He dicho.

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señorita Presidenta, la crisis hídrica ha golpeado con fuerza en los últimos años en nuestro país, en especial en la Región de Coquimbo, que represento, que hoy ve cómo la megasequía que nos ha azotado durante los últimos años nos tiene en una situación de emergencia hídrica con profundas y devastadoras consecuencias, en especial para nuestros valles, poniendo en riesgo la continuidad del abastecimiento para el consumo humano.

En este escenario, los APR cumplen una labor esencial en el suministro de agua, en particular en realidades como la de nuestra Región de Coquimbo, donde más de 160.000 habitantes de nuestras provincias acceden al agua gracias a la relevante labor que realizan. Y es precisamente en esa labor y la necesidad de protección de las fuentes de agua disponibles que este proyecto adquiere relevancia.

Hoy aprobaremos este proyecto -esperamos que ello se haga de manera transversal-, que tiene como objetivo central generar zonas de protección en torno a los pozos de agua potable rural con el fin de evitar la contaminación que se puede provocar a las aguas subterráneas por otras actividades productivas.

Proteger la calidad del recurso hídrico para asegurar condiciones a la salubridad y, a la vez, promover la preservación y protección medioambiental son pilares normativos mínimos para asegurar la sostenibilidad en un escenario que es altamente complejo y que requiere el cuidado integral del recurso no solo para hoy, sino también para las futuras generaciones.

Valoramos profundamente esta propuesta, que avanza en cambiar el criterio de determinación de áreas de protección basándose en una visión de sostenibilidad ecosistémica y en la protección del derecho humano al agua.

Por eso, reitero que aprobaremos este proyecto de ley. Esperamos que esta Sala así también lo haga por una importante mayoría.

He dicho.

El señor BARRÍA.-

Señorita Presidenta, nos alegramos de que en el Congreso Nacional, en esta Cámara de Diputados, al fin, después de mucho tiempo, estén sobre la mesa temas que tengan relación con el agua, en particular con el agua potable rural.

Quiero destacar a mis colegas, quienes en varias ocasiones me han invitado -soy uno de los autores del proyectoa formar parte de esta discusión, así como también hacer un llamado de atención, porque el hecho de que estemos hablando del agua, del agua potable tiene que hacer sentido en el gobierno, en las estructuras y también en la mirada de la política. Estamos ante temas de verdad graves, asuntos de los cuales depende mucha mucha gente.

Por tanto, destaco aquí a María Francisca Bello , a Nathalie Castillo , a Diego Ibáñez , a Camila Musante , a Marcela Riquelme , a Consuelo Veloso , a Nelson Venegas y también a quien les habla por sacar adelante este proyecto, que, en síntesis, busca resguardar la extracción de agua para consumo humano por parte de las cooperativas de servicios sanitarios rurales.

Luego de un arduo trabajo deliberativo, la iniciativa fue mejorada por medio de una indicación sustitutiva, delegando en la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales resolver la solicitud y hacerla en nombre de las APR. Por lo tanto, con esto también estamos alivianando la mochila de responsabilidad de los APR, a los que recordemos que se les cambió el nombre, pero también eso significa mayores atribuciones y responsabilidades.

Por lo tanto, el llamado y la invitación al gobierno y al Ministerio de Obras Públicas es a que en la discusión del proyecto de ley de presupuestos para 2025 consigne los recursos necesarios para que esta iniciativa parlamentaria, que contó con las adiciones del gobierno, tenga la prosperidad que se merece, porque el futuro de muchas familias, principalmente rurales y campesinas, depende de este tipo de proyectos.

Que el agua, en particular el agua potable rural, continúe formando parte de la discusión de la Cámara de Diputadas y Diputados, para seguir construyendo cada día una buena política.

He dicho.

El señor NARANJO.-

Señorita Presidenta, me parece de la mayor relevancia la discusión que estamos teniendo sobre esta materia. ¿Por qué lo señalo? Porque cuando en la década de los 90 nuestro país fomentó un modelo de desarrollo exportador para generar crecimiento, empleo y distribución de la riqueza en el territorio -quedó a la vista que dicho modelo ha dado buenos resultados a través de los distintos acuerdos comerciales que se han firmado-, resulta que la agricultura, en particular la agricultura agroexportadora, basada principalmente en los frutales y las viñas, comenzó a hacer plantaciones en forma ilimitada, generando serios trastornos en materia de agua. Se hicieron muchas plantaciones y, a través de ellas, captaciones de aguas profundas que ocasionaron –reitero- serios trastornos en todo lo que significó el acceso al agua potable por parte no solo de los APR, sino también de aquellos campesinos y productores agrícolas menores.

De esa manera, me parece bien que estemos legislando sobre esta materia, en que claramente estamos poniendo límites al uso indiscriminado del agua por parte de algunos, que estaba afectando principalmente a los comités de agua potable rural (APR).

No hay que olvidar que entre las modificaciones que introdujimos al Código de Aguas está que la prioridad es el consumo humano, lo cual debemos garantizar.

Al mismo tiempo -algo no menor-, respecto de aquellas personas que vendieron los derechos de aprovechamiento de aguas, que hicieron negocios con el agua y la comercializaron, espero que, a través de la reinscripción de los derechos de aprovechamiento de agua, como lo estipulan claramente las modificaciones al Código de Aguas, de una vez por todas esas aguas vuelvan a ser usadas en fines productivos. El agua no debiese seguir siendo transada como una mercancía en nuestro país.

Valoro lo hecho por quienes impulsaron la presente iniciativa, porque va en la dirección correcta de utilizar adecuadamente un recurso escaso.

El cambio climático está trayendo serios trastornos. Con esta medida, se está protegiendo el consumo humano del agua por sobre los intereses de aquellos que quieran utilizarla para otros fines.

Anuncio mi voto a favor de la iniciativa.

He dicho.

El señor BENAVENTE.-

Señorita Presidenta, por su intermedio quiero hacer una precisión histórica al diputado Naranjo : el modelo exportador de Chile, que fortaleció nuestra agricultura y puso el esfuerzo de tantos compatriotas en todo el mundo, no se generó a partir de 1990, sino de 1980.

Dicho lo anterior…

(El diputado Naranjo interviene sin micrófono)

¡Por favor, señorita Presidenta, llame al orden al diputado Naranjo!

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Diputado, por favor, no grite de un lado a otro.

Continúe, diputado Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señorita Presidenta, si bien entiendo la idea matriz del proyecto y la considero muy buena, desde el punto de vista de la técnica legislativa me parece que genera dificultades y es ambiguo.

En primer lugar, el actual artículo 61 del Código de Aguas ya precisa que la resolución que otorgue el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas establecerá una franja o un radio de protección de 200 metros, medidos en terreno. Además, no distingue un tipo de pozo, sino que se refiere a todo pozo que se construya o se genere.

Además, agrega el artículo 61: “En casos justificados se podrá autorizar una franja o radio superior a los metros indicados, como en los casos de los pozos pertenecientes a un servicio sanitario rural o a una cooperativa de servicio sanitario rural.”.

Por lo tanto, el inciso segundo que pretende incorporar el proyecto va a generar una confusión. ¿Qué inciso aplicamos si la situación es similar? ¿Cuál es la norma que rige?

Luego, el mismo inciso segundo que se quiere incorporar al artículo 61 del Código de Aguas hace partícipe a un nuevo organismo, porque la Dirección General de Aguas solo podrá actuar a petición de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Así que, en el caso de los pozos, es muy probable que, mayoritariamente, el establecimiento de una franja de protección superior a 200 metros sea tramitado de forma más lenta.

En tercer lugar, a mi juicio, genera confusión el inciso segundo del proyecto, que pasaría a ser el tercero del artículo 61, puesto que no queda claro qué se aplica ante la situación que describe. El inciso establece: “La franja o radio de protección podrá considerar asimismo la protección de las aguas subterráneas frente a la intrusión salina de origen terrestre o marítimo.”. ¿Qué pasa en ese caso? Si hay intrusión salina, ¿qué procede? ¿Se amplía el radio de protección o se prohíbe, por ejemplo, la construcción de una planta salina? La norma no lo dice; solo consigna que la franja de protección debe considerar dicha situación. Entonces, no está claro el efecto de este inciso tercero.

Creo que es importante señalar esto, porque se trata de un asunto de técnica legislativa.

He dicho.

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señorita Presidenta, la saludo a usted y a los colegas.

Respecto de las interrogantes que planteó el diputado Benavente , qué bueno que sus observaciones sean de forma y no de fondo. Aquello demuestra que estamos estableciendo ciertos criterios igualitarios en la materia. Al respecto, es muy importante que entendamos que la preservación y el cuidado del agua es un tema de utilidad pública que hoy nos afecta a todos como sociedad.

Por lo tanto, reitero, me parece muy bien que las observaciones sean de forma y no de fondo.

Ahora, en cuanto a la forma, debo aclarar, humildemente, que no se crea un organismo nuevo ni tampoco se restringen facultades.

Para aclarar el punto al diputado Benavente , los servicios sanitarios rurales tienen la facultad de solicitar la autorización para la constitución de una franja. Incluso, pueden pedir, fundadamente, que se establezca un radio de protección superior a 200 metros.

Lo que hace la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales es, por ejemplo, preocuparse de si existe infiltración de aguas salinas u otras, porque puede haber un elemento que el propio servicio sanitario rural no visualice o no haya observado al momento de solicitar este permiso.

Por lo tanto, como la subdirección pide la autorización, finalmente es la Dirección General de Aguas (DGA) la que, también fundadamente, puede otorgar esta autorización.

Quiero hacer presente que me preocupa mucho lo relativo a las infiltraciones.

En ese sentido, apelo a los parlamentarios que representan a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins -a mi compañera de enfrente-, porque en el sector de Todos los Santos, de la localidad de San Francisco de Mostazal, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) construyó un paso bajo nivel, lo que provocó que se drenara parte de un acuífero importantísimo para la agricultura familiar campesina y para las viviendas de ese sector.

Sé que para solucionar el problema están realizando un trabajo conjunto la Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y el municipio, entre otros organismos. Les envío un saludo cariñoso a los vecinos del sector.

Precisamente, el proyecto en debate tiende a priorizar y a dar protección ante situaciones de esa naturaleza. Hoy día los 200 metros de franja de protección no son suficientes.

¿Será que en el futuro deberemos declarar servicios de utilidad pública a los APR? Me lo planteo.

Agradezco a la diputada Bello por invitarme a firmar el proyecto, y, sin duda, como bancada lo aprobaremos.

He dicho.

El señor MORENO.-

Señorita Presidenta, no dudo de que la intención del proyecto es buena, pero creo que no considera dos aspectos fundamentales cuando se trata de legislar sobre aguas subterráneas.

En primer lugar, tanto en la institucionalidad pública como en la privada no se conoce en profundidad la calidad, el tamaño, la profundidad y la permeabilidad de los acuíferos, la estructura de sus rocas y varios otros factores que influyen en un pozo subterráneo o en las aguas subterráneas, que abastecen a los distintos comités de agua potable rural.

Reitero: sin perjuicio de que el objetivo del proyecto es bueno y noble, creo que la iniciativa no suma, por diferentes razones.

Una de ellas es que lo que señala el inciso primero del proyecto, que pasaría a ser segundo del artículo 61 del Código de Aguas, se puede hacer actualmente. ¿Cuál es la única diferencia sustantiva? Que hoy un comité de agua potable rural o el propietario de un pozo, si quiere que se establezca un rango de protección mayor a los 200 metros que permite la ley, puede presentar directamente la solicitud a la Dirección General de Aguas, mientras que, según la nueva norma que se pretende agregar, ahora esa persona deberá elevar una solicitud a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales para que ella lo represente. Es decir, le estamos agregando burocracia a lo que puede ser mucho más fácil.

Repito: la materia hoy se encuentra completamente regulada en el Código de Aguas, que, dicho sea de paso, se actualizó hace solo dos años.

En segundo lugar, el segundo inciso que se pretende agregar al artículo 61 del Código de Aguas, señala que la franja o radio de protección podrá considerar la protección de las aguas subterráneas frente a la intrusión salina de origen terrestre o marítimo. Ningún radio mayor protegerá de la intrusión salina, sobre todo de la marítima. La intrusión salina no se produce por cercanía del pozo, sino porque hay fuentes de agua, superficiales o subterráneas, de carácter salino, que se mezclan con el pozo del cual se saca agua. Lo anterior no depende de cuántos pozos haya, sino de las características propias del pozo, como la dinámica de la recarga de los acuíferos, los cambios en los niveles del mar, las proximidades con cuerpos de agua salada, la permeabilidad de las estructuras del suelo de las rocas de los distintos pozos. Es decir, la intrusión salina no tiene nada que ver con la cercanía de un pozo a la fuente.

Si bien el proyecto tiene buenas intenciones, no suma y solo tiende a confundir. Por eso, vamos a votar en contra.

He dicho.

-Aplausos.

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, este es otro de esos proyectos en que las buenas intenciones terminan siendo sofocadas por la mala técnica legislativa.

Con este proyecto se pretende mejorar y ampliar las medidas de protección alrededor de los pozos de captación de aguas subterráneas, para asegurar que las comunidades rurales tengan un suministro seguro y continuo de agua potable.

Ahora bien, se le puede cuestionar a este proyecto que el aumento del radio de protección carece de justificación técnica clara, lo que podría resultar en medidas arbitrarias y poco efectivas. Además, un enfoque de radios de protección fijos puede no ser adecuado para todas las situaciones, ya que las condiciones hidrogeológicas varían significativamente entre diferentes áreas.

Por otro lado, considera una complejidad en la implementación, porque la aplicación de radios de protección variables, según justificaciones específicas, puede complicar la gestión y supervisión por parte de las autoridades, aumentando la carga administrativa y burocrática, lo que implicaría costos significativos para las organizaciones comunitarias y cooperativas, especialmente aquellas con recursos limitados.

Asimismo, el doctor Arumi afirma que el proyecto contiene un error al plantear la extensión del radio de protección para la constitución de otros derechos de agua a mil metros, ya que ello no solo es innecesario, puesto que el radio actual de protección de 200 metros funciona bastante bien, sino que en la práctica es extremadamente complejo, porque generará problemas de interferencia con captaciones existentes y además con cursos superficiales.

Sé que muchas veces el voluntarismo nos lleva a apoyar iniciativas que pueden ser contraproducentes. En este caso específico, dado que es una norma técnica y no debe ser ideológica, debemos votar sobre la base de la utilidad técnica de la norma. Creo que queda claro, de la mano de los discursos, que la utilidad técnica de esta norma es, cuando menos, dudosa.

Voy a votar en contra.

He dicho.

El señor PINO.-

Señorita Presidenta, primero que todo, quiero saludar a la señora María Macaya , presidenta del APR Barrio Alto, comuna de Canela. Cuando con la diputada Ahumada presentamos este proyecto, conversamos con representantes de ese APR para interiorizarnos de las necesidades que existen en el territorio.

Es fácil criticar cuando no se es parte de la discusión. Y no se es parte de una discusión cuando se extiende una invitación a todos los parlamentarios de una comisión a una determinada actividad, pero solo asisten los asesores de tres o cuatro diputados y no los 13 diputados integrantes de la misma.

Cuando se nos cursa una invitación para asistir a una comisión o a una mesa técnica, acudamos o enviemos a un asesor. Con eso evitaremos discutir largamente temas que podrían haberse resuelto en una mesa técnica, entre cuatro paredes, con las personas correspondientes, llegando a las mejores soluciones.

Por mi parte, escuchar lo que la gente me pide cuando recorro las comunas de mi Región de Coquimbo es fundamental. Además, es importante brindar al menos un poco de apoyo a las comunidades de mi zona, especialmente a las rurales, muchas de las cuales enfrentan una crisis hídrica que, lamentablemente, las afecta gravemente. Tenemos muchas comunidades interiores en las provincias de Limarí y Elqui que están sufriendo los efectos de la sequía y pasando por momentos difíciles.

Nuestros crianceros no tienen agua ni alimento para sus animales, y muchos de ellos se ven obligados a abandonar sus tierras y trasladarse con sus hijos a las ciudades más cercanas para sobrevivir. Eso se debe, principalmente, a la escasez de agua.

Por lo tanto, insto a esta Cámara a votar a favor este proyecto. Creo que estar dispuestos a escuchar lo que la gente nos pide cuando la visitamos, cuando la acompañamos, es fundamental. Cuando hablamos de legislar, fiscalizar y representar, este último rol es uno de los que considero más importantes para nosotros los diputados, aunque a veces también sea el más difícil de cumplir.

He dicho.

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señorita Presidenta, este es un proyecto concreto, que viene a responder las sentidas demandas de los comités de APR y cooperativas de agua potable rural. Más de dos mil organizaciones se vieron afectadas y amenazadas cuando algunos privados procedieron a establecerse en un radio no superior a 100 metros, afectando la calidad del agua de familias que viven en la ruralidad.

El trabajo que les tocó realizar a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, a la Segpres, al MOP y a la DGA hoy se viene a concretar en un proyecto. Seguramente, todos aquellos que no viven en la ruralidad o conocen poco de esta realidad, hoy votarán en contra este proyecto, a pesar de que la iniciativa viene a dar protección a todos aquellos comités de agua potable rural que necesitan ser apoyados y protegidos.

Convoco a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias a votar a favor este proyecto de ley, porque va a entregar protección a aquellas familias que viven en sectores donde el déficit de agua y el cambio climático han provocado que muchas quedaran sin agua.

Este proyecto modifica el artículo 61 del Código de Aguas para proteger los puntos de captación de las aguas subterráneas.

He dicho.

El señor ALESSANDRI.-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, este proyecto de ley, que modifica el Código de Aguas en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas, realiza tres modificaciones:

La primera, contenida en el nuevo inciso segundo que se introduce al artículo 61, señala que en los casos de pozos explotados por un servicio sanitario rural, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá solicitar la autorización para la constitución de una franja o radio de protección superior a 200 metros.

Lo anterior ya existe. Ese nuevo inciso reitera lo que señala la norma actual en el vigente inciso primero, con la única diferencia de que centraliza la función en una subdirección distinta, la de Servicios Sanitarios Rurales, que actuará realizando la solicitud a la DGA. Por lo tanto, dicha modificación es reiterativa.

La segunda, contenida en el nuevo inciso tercero, señala que la franja o radio de protección podrá considerar la protección de las aguas subterráneas frente a la intrusión salina de origen terrestre o marítimo. La modificación podría ser una innovación. Si bien se entiende el fin, esto es, evitar que se contaminen las aguas subterráneas, lo que no queda claro son los efectos que genera, por ejemplo, si ello implica que se pueda prohibir la construcción de obras que podrían provocar una intrusión salina; si, en virtud de una eventual intrusión salina, se puede tener como caso justificado, al tenor del inciso primero, para decretar un radio superior de más de 200 metros. La norma es ambigua, porque no queda claro cuáles son las atribuciones que se otorgan a la autoridad.

El tercer cambio que hace está en el nuevo inciso final del artículo único del proyecto, que establece una sanción para la infracción a la prohibición de instalación de obras en esa área de protección de 200 metros.

Actualmente, la norma omite cuáles son las sanciones para la infracción a las prohibiciones. Esta disposición señala que será sancionado de conformidad con lo previsto en el artículo 173, número 4, del Código de Aguas -o sea, una multa de cuarto grado cuando se realicen actos u obras sin contar con el permiso de la autoridad competente. Además, permite a la Dirección General de Aguas (DGA) adoptar algunas medidas.

La norma parece ir en la dirección correcta, porque llena un vacío, pero, a nuestro juicio, no es necesaria, no es clara y es reiterativa.

He dicho.

El señor VENEGAS.-

Señorita Presidenta, antes que todo, quiero señalar que este proyecto, que nació de una moción parlamentaria encabezada por la diputada Francisca Bello , no es un proyecto al voleo, sino que ha sido concienzudamente trabajado en conjunto con las distintas dependencias del Ministerio de Obras Públicas, básicamente con la Dirección General de Aguas. Pero no solo eso, porque lo más importante es que este proyecto contó también con la asesoría de los servicios de agua potable rural, que anteriormente eran los comités de servicios sanitarios, que antiguamente eran los APR. Se trata de más de 2.000 organizaciones que existen a nivel nacional, que tienen asesoría de distinta naturaleza, como, por ejemplo, con ingenieros hidráulicos, y que día a día, sin fines de lucro, realizan una encomiable labor para dar agua a un vasto sector de la ciudadanía en nuestro país, básicamente, a la gente que vive en el campo, a la gente de los sectores rurales.

En términos concretos, lo que ocurre es que -por eso los que estamos en la Comisión de Recursos Hídricos, de una u otra manera, llegamos a ahí tenemos conocimiento de que, cuando hay un determinado terreno agrícola y se quiere desarrollar una actividad agrícola asociada, muchas veces se cava un pozo tan profundo que seca todos los sectores que están alrededor de ese pozo. En los sectores que están alrededor de ese pozo vive la misma gente que trabaja en esos sectores agrícolas y que, lisa y llanamente, se queda sin agua para su consumo. Es decir, se privilegia la extracción para fines agrícolas -con eso no tengo ningún problema-, pero el problema es que seca todos los sectores que están alrededor, incluso más allá de los 200 metros del radio que se establece en este proyecto de ley.

Este no es un proyecto de ley porque sí; no nace de la nada. Nace del conocimiento concreto y empírico de la realidad que viven, como señale, miles de comités de agua potable rural o servicios sanitarios.

Por supuesto, creo que hoy es más importante dar mayores facultades o, a lo menos, mejorar las condiciones de funcionamiento de las subdirecciones de servicios sanitarios para que efectivamente exista una mayor capacitación y se desarrolle un mejor trabajo asociado a dar y otorgar agua a los sectores rurales, básicamente.

Este es un proyecto humanamente necesario. En los sectores rurales, la gente que vive en el campo -óiganlo bien- muchas veces no tiene agua para beber. Entonces, ¿para qué es este proyecto? Para procurar agua para los sectores agrícolas que están alrededor.

Por supuesto, la bancada socialista, que está muy preocupada de los derechos, sobre todo de los campesinos, de la gente del campo y de la gente que vive en esos sectores, va a votar a favor este proyecto.

He dicho.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Jorge Alessandri .

Antecedentes:

-Moción, sesión 130ª de la presente legislatura 371ª, en lunes 15 de enero de 2024.

Documentos de la Cuenta N° 15.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 32ª de la presente legislatura, en miércoles 29 de mayo de 2024. Documentos de la Cuenta N° 32.

El señor ALESSANDRI (de pie).-

Señorita Presidenta, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar al fiscal nacional del Ministerio Público y al director general de la Policía de Investigaciones como miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional, iniciado en moción de los siguientes diputados y diputadas: Joanna Pérez , Yovana Ahumada , Miguel Ángel Calisto , Andrés Longton , Érika Olivera , Víctor Pino , Marlene Pérez , Catalina Pérez , Jorge Saffirio y Héctor Ulloa .

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en modificar la Constitución Política de la República con la finalidad de incorporar al fiscal nacional del Ministerio Público y al director general de la Policía de Investigaciones como miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional.

Durante la discusión del proyecto, concurrió a exponer por parte de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público el señor Ángel Valencia , fiscal nacional del Ministerio Público, acompañado por el señor Ignacio Castillo , director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, y el señor Luis Fernando Saffie , jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica. Por parte de la Dirección General de la PDI expuso el señor Paulo Contreras , director general subrogante y prefecto general, acompañado del señor Erick Menay , jefe nacional de Gestión Estratégica y prefecto inspector, y de la señora Tamara Asenjo , subcomisaria.

Los autores de la moción sostienen que las funciones del Cosena son amplias y de gran relevancia. Este organismo asesora al Presidente en la declaración de estados de excepción, en situaciones que comprometan la paz o la seguridad interna o externa del país, así como respecto de las políticas que puede adoptar la investigación penal para el control de la seguridad pública. Además, juega un papel crucial en la promoción y protección de la soberanía nacional, la integridad territorial y el orden institucional.

Su capacidad para influir en decisiones estratégicas lo convierte en un pilar fundamental en la defensa y seguridad del país, situación que hoy se encuentra débil al quedar marginados de su integración quienes lideran al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones, puesto que su rol es, por tanto, preventivo y reactivo, adaptándose a las cambiantes dinámicas de seguridad tanto a nivel nacional como global.

Añaden que por estas razones, frente a la actual crisis en materia de seguridad pública, la creación de la Fiscalía Supraterritorial, que se constituye como el brazo investigativo directo del fiscal nacional en delitos de alto impacto social, y el trabajo táctico, logístico, investigativo y de inteligencia de la Policía de Investigaciones, se hace absolutamente necesario establecer una actualización de los miembros de este consejo, incorporando al fiscal nacional del Ministerio Público y al director general de la Policía de Investigaciones como miembros permanentes de este órgano, posibilitando una mejor gestión en el análisis y persecución de delitos, y el manejo de esta crisis en seguridad pública.

El proyecto consta de un artículo único que modifica el inciso primero del artículo 106 de la Constitución Política de la República. Este inciso establece: “Habrá un Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda. Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República”.

El proyecto agrega en ese listado de los integrantes mencionados del Cosena al director general de la Policía de Investigaciones y al fiscal nacional del Ministerio Público.

Habiendo la Comisión aprobado este proyecto, solicito igualmente su aprobación a esta honorable Sala.

He dicho.

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, en primer lugar, deseo saludar a los diputados y diputadas, especialmente a quienes, de manera transversal, firmaron este proyecto.

Hoy, la lucha contra el crimen organizado y todo lo que tiene que ver con el ámbito delictual obliga a nuestro país a aprovechar de la mejor manera la institucionalidad existente.

El Cosena es un órgano asesor del Presidente de la República, y creemos que, así como lo manifestamos en la Comisión de Constitución -agradezco a todos sus integrantes la tramitación que le dieron, porque lo abordaron ampliamente-, donde además participó el fiscal nacional, valoramos que hoy podamos incorporar en la Constitución, en materias concernientes a su trabajo, pero además entregando asesoría, puesto que el rol que hoy desempeña el Ministerio Público en la administración de justicia y en la lucha contra la delincuencia va más allá de una simple persecución de los delincuentes; también se ocupa de coordinar políticas públicas para prevenir el crimen, una tarea crucial para nuestra seguridad y bienestar, actuando con independencia y objetividad, situación que es tremendamente valorada. Asimismo, protege los derechos de las víctimas, garantiza procesos justos y equitativos, y mantiene la fe en el sistema judicial.

Por cierto, la integración al Cosena de la PDI, que lidera los esfuerzos para investigar y combatir los delitos de alto impacto social, mejoraría el análisis y la gestión en la lucha contra el crimen, haciéndola mucho más eficaz y proactiva.

En estos tiempos de crisis en seguridad pública, urge fortalecer nuestras instituciones, y con este proyecto se busca aquello.

Creemos que el gobierno ha tomado muchos proyectos antiguos y algunos nuevos, algunos de los cuales iniciados en mociones parlamentarias, y los ha incorporado en una agenda, y si bien este no ha sido considerado como prioridad para una posible agenda nueva, valoramos que la Presidenta de la Corporación, junto con los demás miembros de la Mesa y otros diputados, lo haya puesto en tabla.

Creemos que hay que dar señales y respaldar a nuestras instituciones. El trabajo que ha hecho la PDI ha sido tremendamente importante en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, en el control fronterizo y en el esfuerzo que despliegan en todo el territorio nacional. Por cierto, en este caso participa también la Fiscalía.

Por lo tanto, sobre la base del trabajo que hemos realizado de manera transversal con los diputados en este proyecto, como ustedes pueden ver, como bancada Demócrata hemos pedido apoyar este proyecto y dar un respaldo a nuestra institucionalidad, porque así vamos a seguir avanzando.

Nuestra bancada ha tenido la mejor voluntad para aprobar todos los proyectos en materia de seguridad que ha propuesto el gobierno, como en los casos de estados de excepción constitucional, protección de infraestructura crítica, fortalecimiento de las cárceles, y esta es una tarea y una señal tremenda.

Por lo tanto, les pido su apoyo a los diputados y diputadas, y nuestra bancada va a acompañar este proyecto, que ha liderado el Presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto .

He dicho.

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señorita Presidenta, considero importante la participación constante del director general de la Policía de Investigaciones y del fiscal nacional del Ministerio Público como miembros del Consejo de Seguridad Nacional.

El Cosena desempeña un papel relevante en la formulación de políticas y estrategias relacionadas con la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado en nuestro país. La inclusión del director general de la PDI y del fiscal nacional del Ministerio Público como miembros activos de este consejo garantizaría una representación equilibrada de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y de perseguir el delito.

Incluso, proporcionaría una perspectiva única y experta sobre las tendencias delictivas, los desafíos operativos y las necesidades de investigación y persecución penal. Su participación permitiría también una coordinación más efectiva entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y del sistema judicial, lo que a su vez fortalecería la capacidad del Estado para combatir de manera más eficaz la delincuencia, y así proteger a nuestros ciudadanos.

Considero relevante la participación constante del director general de la PDI y del fiscal nacional del Ministerio Público como miembros activos del Cosena, con el fin de promover una respuesta integral y eficaz a los desafíos de seguridad que enfrentamos como país.

Por lo mismo, invito a los colegas a apoyar esta iniciativa, y de esa manera fortalecer el Estado, el derecho y la protección de nuestros ciudadanos.

Por todo lo expuesto, votaremos a favor de este proyecto de reforma constitucional.

He dicho.

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señorita Presidenta, creo que el proyecto en debate puede tener buenas intenciones, pero yerra en la manera en que debemos abordar la situación de seguridad pública en nuestro país, porque no se trata de llegar y determinar la composición de un organismo como el Consejo de Seguridad Nacional sin ir a sus inicios.

Esa instancia no nació de la nada, sino en plena dictadura civil-militar, cuando la junta militar de la dictadura, presidida por el dictador Augusto Pinochet , envió las orientaciones para el estudio de la nueva Constitución a lo que hoy se conoce como la Comisión Ortúzar, que buscaba crear un poder de seguridad, un poder militar que pudiese incidir en la vida democrática; es decir, fueron las propias Fuerzas Armadas las que en algún momento dijeron “Si no estamos nosotros en el poder, tenemos que incidir de todas maneras”.

Efectivamente, uno puede ver la construcción literal de lo que fue el Consejo de Seguridad Nacional durante la dictadura, en que se creaba y se entregaba esa garantía de supervivencia del Estado desde una supervigilancia, y los principios de la institucionalidad que las propias Fuerzas Armadas se autoimponían defender.

Evidentemente, eso no era una cuestión nueva. Lo plantearon desde el primer día, una vez ejercido el cruento golpe de Estado, en cuanto a cuál iba a ser la función de las Fuerzas Armadas en la injerencia de la política nacional, y aquello nace necesariamente de lo que se entiende como la doctrina de seguridad nacional.

En la actualidad, este resabio que es el Consejo de Seguridad Nacional, que tras las reformas incorporadas constitucionalmente desde 1990 en adelante, particularmente en 2005, si bien pierde esos objetivos en particular, su noción sigue estando bajo el paraguas de la doctrina de seguridad nacional, y eso, evidentemente, es preocupante, porque, si queremos abordar una problemática de seguridad pública, hagámoslo desde la seguridad pública y creemos una instancia asesora que permita al Presidente de la República tomar acciones concretas en esa materia, en la que puedan participar el fiscal nacional del Ministerio Público o el director general de la Policía de Investigaciones. No habría ningún inconveniente en ello, pero mezclar conceptos o entender que la seguridad nacional y la seguridad pública son sinónimos es entrar en un debate complejo, y más complejo aún es entender que esta institucionalidad, heredada de la dictadura civil-militar, nos podrá servir hoy para un tema tan complejo como es la seguridad pública actual.

El crimen organizado no se va a resolver desde una lógica de la seguridad nacional, ni bajo esa doctrina, y el narcotráfico tampoco se resolverá bajo la misma lógica. Tenemos que avanzar en crear una institucionalidad que permita perseguir de manera eficiente, en este caso particular, la ruta del dinero y cómo el narcotráfico llega a nuestras poblaciones, y no seguir reviviendo una institucionalidad que, evidentemente, no fue creada para ese efecto.

Por el contrario, deberíamos estar discutiendo su eliminación en favor de otra figura que permita asesorar como corresponde al Presidente de la República, en lugar de utilizar aquella que -insistofue creada en su momento para seguir con un intervencionismo de las Fuerzas Armadas, pero particularmente mirando que el enemigo era interno, eran precisamente nuestros vecinos y vecinas, es decir, el pueblo de Chile.

He dicho.

La señorita BRAVO (doña Marta) .-

Señorita Presidenta, al discutir este proyecto de reforma constitucional debemos tener muy presente que la seguridad nacional es el tema al que debemos dar mayor atención en este tiempo, y por eso es altamente necesario que el Cosena cuente con la participación del fiscal nacional y del director general de la Policía de Investigaciones.

No debemos olvidar cuáles son las funciones de este consejo. En primer lugar, su objetivo es asesorar al Presidente de la República en materias ligadas a la seguridad de la nación y representar a cualquier autoridad establecida por la Constitución su opinión frente a algún hecho, acto o materia que a su juicio atente gravemente contra las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional.

Es importante destacar que este proyecto ha sido valorado tanto por el Ministerio Público como por la Policía de Investigaciones, y que ambas instituciones hicieron hincapié en que actualmente el concepto de seguridad nacional ha avanzado desde una lógica de la seguridad exterior del Estado a una mayor preocupación por las amenazas internas que han surgido por la crisis de seguridad y el orden público.

Por estas razones, voy a votar a favor esta iniciativa, pues me parece que se encuentra bien enfocada al objetivo de enfrentar la crisis de seguridad desde un espacio colaborativo en el que participen las autoridades con mayor incidencia en materia de seguridad pública.

He dicho.

El señor BERGER.-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, coincido plenamente con que instituciones tan especializadas en materia de seguridad pública, investigación y persecución de delitos y crimen organizado, como el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, son claves en la composición del Consejo de Seguridad Nacional. Por eso, daré mi apoyo absoluto a este proyecto de ley, porque es una adecuación necesaria en los tiempos actuales y dada la gravedad de los hechos que estamos enfrentando no solo internamente, sino también a nivel internacional, toda vez que estamos comenzando a generar un escenario crítico con los anuncios que está haciendo el gobierno en materia internacional, sin medir en forma responsable las consecuencias que nos pueda acarrear como país. Es hora de que el gobierno entienda la gravedad extrema de las amenazas internacionales, sobre todo frente al crimen organizado y otras organizaciones que han ingresado al país a vista y paciencia del gobierno, atentando contra nuestra soberanía y seguridad interna, como sucedió con el asesinato del teniente Ojeda.

En el escenario actual, debemos, sí o sí, dar mayor relevancia y presencia al Cosena. Espero que el Ministerio Público, que se adhiere a través de este proyecto, actúe poniendo el foco en el enemigo real, el crimen organizado y las bandas extranjeras, y no en los enjuiciamientos a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, como lo han venido haciendo durante los últimos años.

Por otro lado, y aunque claramente es positivo incluir en el Cosena a las instituciones señaladas, también es claro que si el gobierno realmente quisiera poner freno a la delincuencia y al crimen organizado no necesitaría de proyectos de ley para reunirse y coordinarse. Esto es lo que debería hacer para su funcionamiento normal si realmente hay voluntad de proteger a sus ciudadanos y de poner freno a este flagelo que estamos viviendo.

He dicho.

El señor SOTO (don Raúl).-

Señorita Presidenta, quiero manifestar mi apoyo a esta iniciativa.

Hay que recordar que en febrero de este año fue el Presidente de la República, don Gabriel Boric , quien convocó al Cosena para abordar materias de seguridad pública, para abordar la implementación de la ley de protección de infraestructura crítica, para abordar materias delictuales y de crimen organizado, y para ver fórmulas, de ser viable, de incorporar a las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad, tal como se hizo en la frontera norte. Se dijo en su momento que se iban a utilizar todas las herramientas constitucionales para enfrentar la crisis de seguridad, y que por eso se convocaba al Cosena por parte del Presidente de la República.

Se cuestionó ampliamente en su momento que si se decidía políticamente utilizar esta instancia para abordar temas de seguridad pública interna, como la seguridad y el crimen organizado, por razones lógicas debía estar presente el Ministerio Público, a través del fiscal nacional, y el director general de la Policía de Investigaciones, que son probablemente las instituciones de este país que más antecedentes tienen de delincuencia y, específicamente, de crimen organizado.

Por lo tanto, me parece absolutamente lógico que, como consecuencia de esa decisión y de esa acción del Presidente Gabriel Boric , hoy se dé un respaldo transversal a esta iniciativa, que lo que hace es robustecer aún más ese órgano, para que en caso de que, siguiendo la línea de acción del propio Presidente, se decida, por razones de emergencia y de seguridad interna, nuevamente convocar y utilizar esta herramienta, estén todos los actores que algo tienen que decir en esta materia y que la conocen en profundidad.

Me parece absolutamente lógico, de sentido común, razonable y necesario que este proyecto se apruebe. Por lo tanto, no entiendo la razón por la cual el gobierno nos está solicitando hoy rechazar esta iniciativa. Es una inconsecuencia y una incoherencia con las decisiones políticas y las acciones políticas que se tomaron en febrero cuando el Presidente convocó al Cosena. Si el Presidente no quería abrir la puerta de utilizar al Cosena por razones de seguridad pública interna, ¿por qué lo hizo? Si lo hizo, lo consecuente entonces es que ampliemos esta convocatoria, para que, en caso de ser necesario, estén todos los actores, como ya he señalado.

Claro, hoy parece que el tema es el aborto, que forma parte de otros temas, y, por tanto, no está en la primera plana de los diarios ni de los noticieros el tema de la seguridad. Pero ¿cuánto nos va a durar eso? ¿Cuánto nos va a durar, si la crisis de seguridad no ha terminado? Por eso, cuando sea necesario volver a ocupar esta herramienta, debemos tener a todos los actores incorporados de manera institucional, de modo que no tengamos que estar concurriendo a invitarlos de manera informal, como si fueran actores secundarios, cuando todos sabemos que el fiscal nacional y el director general de la PDI, al igual que los otros actores que están en el Cosena, saben y tienen mucho que aportar y decir en esta materia.

No entiendo la incoherencia, no entiendo la inconsecuencia. Creo que es de toda lógica apoyar esta iniciativa. Me parece que si el Presidente abrió esa puerta, hay que respaldarlo, y no entiendo por qué se está haciendo otra cosa por parte de algunos sectores del oficialismo y por parte del propio gobierno, que entiendo que está en una posición contraria.

He dicho.

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, se debe entender lo siguiente: el Consejo de Seguridad Nacional es un órgano consultivo para ayudar al Presidente en materia de seguridad nacional.

Es cierto que este órgano nació en otra época, en una época, podríamos decir, incluso más sencilla, más feliz, si queremos. A algunos que andan diciendo que era una dictadura les pregunto: ¿cuándo nació el Consejo de Seguridad Nacional en los Estados Unidos? Se los voy a repetir: cuando nació en Chile, nosotros teníamos ciertas amenazas o enfrentábamos ciertas amenazas, muchas de las cuales venían en franca decadencia, entre otras cosas porque a sus padrinos en Cuba y en la Unión Soviética se les había acabado la plata.

Pero hoy en día efectivamente estamos enfrentando nuevas amenazas, las cuales vienen de la mano del narcotráfico, incluso de narcogobiernos, como el venezolano, que actúan con impunidad y a distintos niveles, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel de mafias organizadas y criminales.

Hasta el momento, no tenemos una estructura de seguridad que se haya hecho cargo de ese cambio en las amenazas a nuestra seguridad nacional, que vienen de la mano no solamente de grupos terroristas y criminales transnacionales, sino también del encaje que estos tienen con Estados que se dedican a promoverlos o que los utilizan para sus propios fines, para fines también de inteligencia o, como lo vimos aquí en Chile en el caso del teniente Ojeda , para perseguir a su disidencia política.

Entonces, por lógica, es importante sumar al Consejo de Seguridad Nacional, cuyos integrantes desde el interior pueden combatir esas amenazas, disponen de información que les sirve también a los otros actores del sistema para entender mejor las amenazas, y, en especial, porque teniendo reunidos a todos los actores, todos ellos pueden entregar un mejor consejo al Presidente de la República para que tome las medidas necesarias que conduzcan a restaurar efectivamente la seguridad nacional, ya que esta hoy no solo se encuentra amenazada por divisiones de tanques en nuestras fronteras, sino por divisiones de maleantes dentro de nuestras poblaciones. Eso hay que aceptarlo como la nueva forma de lucha que tiene que enfrentar también el Estado de Chile.

Terroristas, narcotraficantes, agentes extranjeros, todos ellos son una amenaza para la seguridad de los chilenos y para la existencia misma del Estado de Chile. No nos equivoquemos, porque hay territorios que han sido ocupados por el terrorismo, por las bandas de los narcos, donde ya no entra la policía chilena, donde ya no entras sin vehículos blindados. Esa es la situación en que nos encontramos. Aquí solo estamos corrigiendo la perspectiva del jefe de Estado, nada más, en el sentido de ampliar la cantidad de información de la que puede disponer para tomar mejores decisiones.

Quien se opone a esto no lo hace con buenas razones. Quien se opone a esto -hasta el momento, eso se ve en la mayoría de los discursos lo hace desde un trauma quizás histórico. Y hay otros que se oponen porque no les conviene, lo que también es una verdad, porque demasiado cercanos son los nexos con ciertos países que utilizan al narco para sus propios fines políticos y de supresión de la oposición.

Entonces, voy a votar a favor esta iniciativa, porque no creo que dañe, porque el Consejo de Seguridad Nacional no es un órgano resolutivo, sino consultivo. Si ustedes quieren que el Presidente no reciba buenos consejos, entonces, explíquenselo a la gente, porque yo no podría.

He dicho.

La señora MORALES (doña Karol).-

Señorita Presidenta, quiero contarle a la Sala que, lamentablemente, en la Comisión de Constitución vimos este proyecto de reforma constitucional en un marco muy limitado. Hubo intentos por parte del Ejecutivo y de algunos parlamentarios para que se ampliara el debate, ya que esta propuesta propone actualizar el Consejo de Seguridad Nacional.

Por supuesto que estamos de acuerdo con actualizar una institución que la verdad es que está desactualizada y que forma parte de la herencia de la primera redacción de la Constitución en los años 80, cuando todavía el poder militar no se subordinaba al civil. Se han hecho modificaciones al texto en estas décadas, pero, sin duda, era necesario actualizarlo.

Es por eso que durante el análisis en la comisión algunos propusimos abrir el debate, e incluso el Ejecutivo nos acompañó en eso. Dijimos: “Abramos el debate y tengamos invitados e invitadas para escuchar de qué manera este órgano puede colaborar realmente o no en el gran desafío que significa avanzar en seguridad en nuestro país hoy en día”. Sin embargo, no hubo la voluntad política para ello ni tampoco para llegar a un término medio. Porque ¿qué ocurre? La Constitución es bien clara al señalar que el Consejo de Seguridad Nacional ve temas de seguridad nacional, esto es, de seguridad interna y externa, y, por tanto, era complejo incluir al fiscal nacional en todas las reuniones de este organismo. Por eso hubo voluntad política por parte del oficialismo y del gobierno para lograr una mejor redacción para establecer que la Policía de Investigaciones ingresara a aquel como miembro permanente, pero que el Ministerio Público quedara como uno de aquellos miembros que pueden ser convocados a las reuniones que celebre. Lamentablemente, los votos no estuvieron para eso: la oposición insistió en la redacción original.

No obstante ello, hago un llamado a los parlamentarios, porque entiendo que se ha renovado la indicación que permitiría el ingreso de la Policía de Investigaciones de manera permanente al consejo y que el Ministerio Público quedara como uno de aquellos que pueden ser invitados. Ojalá pudiéramos aprobarla y, de alguna manera, avanzar, porque efectivamente es un buen punto el que señala que en dicho consejo está Carabineros de Chile, y no la Policía de Investigaciones.

Así, ahí vemos un camino que es posible transitar para que este proyecto pueda colaborar.

Pero todavía nos quedamos cortos, porque queríamos actualizarlo realmente.

En ese sentido, llamo a la Sala a votar a favor una indicación que he renovado, que busca actualizar a nuestros tiempos uno de los objetivos del Consejo de Seguridad Nacional, ya que sabemos que el concepto “seguridad nacional” es añejo, muy propio de la Guerra Fría, de la Escuela de las Américas, del siglo pasado. Por lo tanto, la propuesta es reemplazarlo por lo que hace efectivamente este tipo de consejos, que es entregar asesoría en materia de seguridad interna y externa.

Lamentablemente, la secretaría de la comisión declaró inadmisible la referida indicación.

Sin embargo, espero que hoy se declare admisible y, finalmente, se vote a favor.

He dicho.

El señor SAFFIRIO.-

Señorita Presidenta, el proyecto en discusión, del que soy mocionante junto con mi bancada, tiene por finalidad integrar al fiscal nacional y al director general de la PDI como miembros permanentes del Cosena, órgano encargado de asesorar al Presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional. Pero para esto es necesario recordar que la reforma constitucional de año 2005, impulsada por el Presidente Ricardo Lagos , modificó la figura de este consejo, pasando a ser un organismo meramente asesor convocado solo por el Presidente de la República, en un intento de dejar la imagen del consenso y dejar atrás su estrecha relación con la dictadura.

Hoy por hoy, quienes componen el Cosena son el Presidente de la República, los respectivos presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema; los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el contralor general de la República.

Bajo las nuevas situaciones que amenazan al país, creo que este proyecto va en la línea correcta y constituye un gran avance, especialmente para empezar a apartar y separar de forma definitiva la imagen que tiene el Cosena de la dictadura militar. Ello, porque de ser un órgano heredado de esa difícil etapa de nuestra historia, queremos avanzar en la misma línea que se planteó en el 2005 por el Presidente Lagos, pero considerando el crimen organizado, el narcotráfico y los nuevos delitos como amenazas a la seguridad nacional, como se establece en las nuevas definiciones internacionales sobre esta materia. También, porque incorporar tanto al fiscal nacional como al director general de la PDI significa establecer más presencia de civiles en el consejo, reinterpretando, como señalé, la seguridad nacional, entendiendo que hoy nos encontramos con la presencia de nuevos tipos y figuras delictuales, nuevas formas de cometer tales ilícitos, de un crimen organizado que necesita nuevas formas de ser enfrentado, del terrorismo y el narcotráfico, que provocan grandes amenazas a la seguridad interna de nuestro país, por lo que debe considerarse la visión de las autoridades civiles para la persecución e investigación de estos hechos, situación que hoy solo se encuentra representada por la Corte Suprema, las autoridades políticas de este Congreso y el Presidente.

Lo anterior, porque el rol que ha cumplido el Ministerio Público en materia de seguridad nacional es incuestionable y no queda más que reconocer su ardua labor en la persecución del crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, lo que convierte a esta institución en un pilar fundamental para conocer cómo y cuándo perseguir a quienes cometen tales conductas delictivas.

Tampoco podemos dejar de lado el importantísimo rol que juega la Policía de Investigaciones, que es clave en el sistema de seguridad del país, entendiendo a la PDI no solo como un mero investigador, sino también como una fuerza de tarea altamente especializada que trabaja en la prevención, el control y la sanción de las actividades delictivas, y además por ser los representantes del Estado de Chile ante la Interpol, lo que permite que se intercambie información altamente relevante para el rol asesor del Cosena.

La integración de estos nuevos miembros permitirá al Presidente de la República tener la información necesaria y de primera mano para una mejor coordinación entre las diferentes fuerzas e instituciones encargadas de la seguridad, destinando recursos y estrategias para hacer frente a todos aquellos que amenazan nuestra seguridad.

Es por ello que anuncio mi voto a favor de esta iniciativa, agradeciendo a mi bancada por la invitación e impulso de iniciativas que van en la línea de reforzar la seguridad de toda la ciudadanía chilena.

He dicho.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señorita Presidenta, este proyecto de reforma constitucional busca incorporar al fiscal nacional del Ministerio Público y al director general de la Policía de Investigaciones como miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional, el cual se encuentra establecido en nuestra Constitución.

Es un organismo vigente, que ha sido convocado por el Presidente Gabriel Boric y anteriormente por varios expresidentes, como Sebastián Piñera y Ricardo Lagos . De acuerdo con la Constitución, su objetivo es tratar materias relativas a la seguridad nacional y otras que establece la misma Constitución, como, por ejemplo, en el caso de que Chile declare la guerra a otro país. Así, en caso de guerra exterior, tiene que ser convocado el Consejo de Seguridad Nacional.

La idea básica inicial de su establecimiento en la Constitución de 1980, en plena dictadura, era que fuera convocado para materias relativas a amenazas externas al país, amenazas a la integridad territorial del país, a las fronteras, hipótesis básicamente de guerra. Ha ido derivando en el tiempo a otras materias, sobre todo por las convocatorias que hizo el entonces Presidente Piñera y el Presidente Gabriel Boric , sobre temas de orden público, en el primer caso, durante el estallido social, y en el segundo caso, el Presidente Gabriel Boric lo ha convocado para discutir sobre el crimen organizado y el crimen transnacional.

Estamos dispuestos, a pesar de su origen antidemocrático, a modernizar este tipo de instituciones para mirar hacia el futuro. Hay que rescatar las cosas buenas que tiene, como, por ejemplo, el ser una comisión asesora que cumple un objetivo y, en consecuencia, no buscamos eliminarla, sino mejorarla.

Lamentablemente, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la oposición se negó a eso, y quiso imponer la idea de que se integren como miembros permanentes de ella el fiscal nacional del Ministerio Público y el director general de la PDI, sin darse cuenta o sin que le importe que la esencia de las funciones que cumple el Cosena tiene que ver con la seguridad exterior del país.

El director general de la PDI, que depende del Presidente de la República, no tiene ningún inconveniente en participar en esos debates. Pero le pido a los colegas que van a votar a favor de esta reforma que lo piensen bien. ¿Qué tipo de debate van a hacer las Fuerzas Armadas sobre amenazas exteriores a Chile? Seguramente, van a discutir labores de inteligencia, de contrainteligencia, de espionaje, asuntos de frontera que, a veces, no registra la prensa. Y allí estará presente, por esta reforma constitucional, el fiscal nacional del Ministerio Público, cuya función es perseguir delitos y que está obligado, si conoce de algún delito, a abrir un procedimiento judicial.

Entonces, les pido a mis colegas que razonen y se den cuenta de cómo entran en contradicción las funciones de defender la seguridad nacional si se obliga a que el Ministerio Público, particularmente el fiscal nacional, esté presente. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, compañeros y compañeras. Eso desnaturaliza al Consejo de Seguridad Nacional.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la seguridad interna y el orden público, claro que puede estar el fiscal nacional y todas las demás autoridades, porque ahí sí que tiene él un rol importante como parte del engranaje de nuestro sistema judicial.

Hicimos varias propuestas para salvar esta mala reforma constitucional, que va a dañar al Cosena. Propusimos cambiarle el nombre a Consejo de Seguridad de la República y dijeron que no. Luego, propusimos el nombre de Consejo de Seguridad Externa e Interna, pero nuevamente dijeron que no.

A raíz de todo esto, propusimos una cosa bastante razonable: que forme parte del Consejo de Seguridad Nacional el director general de la PDI y pueda estar presente el fiscal nacional del Ministerio Público cuando así lo decida el Presidente, tal como invita a participar a los ministros. ¡Y dijeron que no! Recordemos que en la última convocatoria que hizo el Presidente Gabriel Boric sí estaba presente el fiscal nacional del Ministerio Público, porque está dentro de sus atribuciones presidenciales convocarlo cuando se requiera. Queríamos que se le diera flexibilidad.

No podemos subirnos a un bus sin saber a dónde va, cuál es el propósito y cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad Nacional, y aquí ustedes están subiendo al bus del Cosena a instituciones que solo pueden perjudicar el funcionamiento de esta institución. Les pido a mis colegas que entren en razón.

Veamos la posibilidad de modernizar esta institución, que es muy distinta a la que fue concebida originalmente.

El diputado Johannes Kaiser hizo loas al Cosena que creó la dictadura, diciendo que era un organismo modernísimo y democrático. Ese Cosena de la dictadura, que se cambió durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, podía autoconvocarse por dos comandantes en jefe, incluso, contra la opinión del propio Presidente de la República. Así, el Cosena representaba al Presidente la opinión que sus miembros tenían y que podía ser contraria a la del Presidente de la República. Además, el Cosena designaba a senadores designados y podía acusar al Presidente de la República por notable abandono de deberes ante el Congreso Nacional.

¿Eso es democracia para algunos parlamentarios de la ultraderecha? Creo que no. No nos afirmamos en esta idea dogmática. Queremos modernizarlo, pero hay que hacerlo bien. En esta oportunidad, no vamos a dar nuestro voto a favor a una mala reforma constitucional que daña al Consejo de Seguridad nacional.

He dicho.

El señor SCHALPER.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo al ministro de la Segpres.

Llama la atención que, habiendo transcurrido casi veinte años de la reforma constitucional de 2005, se siga juzgando a esta institución con un espejo retrovisor de veinte años. El 2005 se hizo la reforma para que el Cosena pase a ser un consejo asesor y ya no tenga las atribuciones que tenía a principios de la democracia.

Reitero que llama la atención que se siga insistiendo en la lógica de los años 90 cuando han transcurrido, insisto, veinte años desde que esta institución fue reformada. Sorprende que se diga que modernizar la institución es cambiarle el nombre. En el fondo, creen que con un cambio de nombre la cosa se mejora, y la verdad es que llega a ser angustiante el que no se den cuenta de que el Presidente actual también citó al Consejo de Seguridad Nacional.

¿Por qué es importante el Consejo de Seguridad Nacional en estas materias? Porque hoy día el crimen transnacional no reconoce fronteras. Se están quedando con una versión absolutamente anticuada de lo que era la lucha contra el crimen organizado.

¿Por qué en Ecuador se emplean fuerzas militares para intervenir las cárceles? ¿Cuál fue la argumentación? Que la lucha contra el crimen transnacional ya se había transformado en un tema de seguridad nacional y, por lo tanto, era necesaria la participación de las fuerzas militares.

Cuando escucho a un alcalde del Frente Amplio decir que se necesitan militares en las calles, no veo por qué algunos se escandalizan tanto en mantener el nombre del Consejo de Seguridad Nacional. Quizá podríamos invitar al alcalde de Maipú para que nos ilumine en la conversación.

¿Hasta cuándo esta permanente anteojera ideológica para todo lo que tenga que ver con análisis de este tipo? Los temas de orden público hoy día, cada vez más, son cuestiones de carácter transnacional, porque combatir, por ejemplo, al Tren de Aragua hace bastante rato que no es un tema puramente policial.

Me da la impresión de que la incorporación de la Policía de Investigaciones no reviste mayor discusión. Sí ha habido alguna discusión a propósito de incorporar al fiscal nacional del Ministerio Público, pero ¿a alguien le cabe alguna duda de que la Fiscalía, especialmente a propósito de los últimos casos que hemos conocido, como el asesinato del teniente Ojeda , no tiene un rol que cumplir en el combate al crimen transnacional?

Por lo tanto, llama la atención que se den argumentaciones complicadas para no dar pie a algo tan sencillo. Cuando se dice, como una cosa inteligente, que le dejemos la facultad al Presidente de decidir que esté o no esté el fiscal nacional, eso es indisponer al Presidente con la Fiscalía. Aquí creen que, por darle una potestad al Presidente, lo alivianan; es todo lo contrario, lo complican, porque va a tener que dar explicaciones de por qué no invitó al fiscal nacional. Entonces, lo que parece una idea muy inteligente, en la práctica, termina siendo una incomodidad para el Presidente.

Si realmente hay interés en mejorar el proyecto, si realmente hay interés en modernizar y hacer carne todas las buenas intenciones que se han manifestado, solo comparables a los primeros veinte minutos de la cuenta pública -usted sabe que después tomó una cauce distinto-, lo que corresponde es votar a favor en general el proyecto. No es sostenible decir que hay afán en mejorar el proyecto, que hay indicaciones presentadas, que el proyecto volverá a la comisión técnica, pero que hay que votarlo en contra en general. Fíjese que hasta hace poco nos reprochaban una cosa muy tremenda de ese tipo cuando debatíamos la reforma previsional.

Para terminar mi argumentación, espero que, con la misma potencia con que se señaló en la cuenta pública que se va a apoyar con más fuerza a Carabineros y a los militares, cuestión que hasta hace poco muchos consideraban atroz, voten a favor el proyecto y no se escuden en una cosa conceptual para no apoyar algo que es de sentido común y que, como hemos dicho, el Presidente Boric ya ha convocado.

Así como, en palabras de un colega, líder espiritual de algún sector de este Congreso Nacional, el Presidente fue capaz de convocar al Cosena, seamos capaces de apoyar esta moción.

He dicho.

El señor MEZA.-

Señorita Presidenta, cuando el sabio apunta a la luna, los tontos le miran el dedo. ¿Qué significa eso? Que uno puede quedarse en las nimiedades, uno puede quedarse en los nombres, uno puede quedarse en las cosas que no tienen mayor relevancia, o puede atender el fondo del asunto. A lo que quiero invitar a esta Cámara es a centrarnos en el fondo del asunto. Y si uno se centra en el fondo del asunto y empieza a ver la realidad que vive la inmensa mayoría de los chilenos en materia de seguridad, se da cuenta -por eso se ha legislado tanto de que ya se sobrepasaron las capacidades del Estado para resguardarla.

Nuestra frontera está desbordada, nuestra fiscalía no cuenta con fiscales suficientes, cuestión que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, por supuesto que hay que pensar en modernizar las instituciones. Es evidente.

En la última cuenta pública, el Presidente Boric describió un país en donde parece que todo está perfecto. Me pregunto qué país es el que gobierna el Presidente Boric . Busqué hoy entre las ofertas de Cyberday, pero no hay pasajes a ese país. Me habría gustado conocerlo, porque el país en el que vivimos los chilenos es totalmente distinto. El país en el que vivimos requiere la existencia de un órgano como el Consejo de Seguridad Nacional reforzado, pensando en el mayor de los problemas: la seguridad. Hoy se niegan a discutir ese tema, porque hay un nombre que no gusta, el que pudo haberse cambiado hace veinte años y no se cambió.

Cuando el diputado Schalper recordaba que esto pasó por una reforma en 2005, pensaba dónde estaba yo en 2005. Estaba en tercero medio, Presidenta. Hoy -aprovecho de decirlo– mi guagua cumple seis meses. ¿Aún estamos pegados en lo que se discutía en 2005?

¿Todavía? No tiene ningún sentido centrarse en esas cosas.

Esta es una buena reforma, porque incorpora a dos actores que son fundamentales en un Consejo de Seguridad Nacional: el Ministerio Público -en este caso, el fiscal nacional– y el director de la PDI. La necesidad que tenemos hoy como país no es la misma de 2005, y, por supuesto, no es la misma que teníamos cuando se dictó la actual Constitución en 1980.

Las discusiones respecto de la firma o no firma, de si la Constitución es de tal o cual Presidente o de tal o cual intelectual, ya se superaron. En diciembre pasado, muchos de los que aquí critican la Constitución la defendieron fervientemente, logrando validarla democráticamente en dos oportunidades. Los felicito. Gracias a eso tenemos un Consejo de Seguridad Nacional y la oportunidad de fortalecerlo y mejorarlo. Espero que así ocurra el día de hoy.

He dicho.

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, este proyecto ha sido valorado tanto por el Ministerio Público como por la Policía de Investigaciones. Ambas instituciones hicieron hincapié en que en la actualidad el concepto de seguridad nacional ha avanzado desde una lógica de seguridad exterior del Estado a una mayor preocupación por las amenazas internas que han surgido por la crisis de seguridad y el orden público.

Desde 2005, de las cuatro convocatorias al Consejo de Seguridad, las últimas dos han sido por razones de seguridad y orden público. Por lo tanto, incorporar a esas dos instituciones que son trascendentales para la seguridad y el orden público es completamente necesario y lógico.

El fiscal nacional dirige el organismo que tiene por objeto perseguir la comisión de delitos, luchar contra la impunidad y proteger a víctimas y testigos. Por su parte, el director general de la PDI dirige al cuerpo policial que tiene, según su ley orgánica, funciones que incluyen contribuir a la investigación de delitos en cumplimiento de los requerimientos del Ministerio Público, prevenir actos atentatorios contra la estabilidad de organismos fundamentales del Estado, como la contrainteligencia en materia de inteligencia nacional, y controlar la entrada de extranjeros al territorio chileno en los puntos fronterizos, teniendo el honor de representar al Estado de Chile ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El mismo Presidente de la República reconoció en el acta del Cosena del 5 de febrero que “esta unidad de esfuerzos es necesaria para afrontar el desafío del crimen organizado y el aumento de los delitos violentos”, haciendo alusión a la protección de la infraestructura crítica y otras materias vinculadas a la seguridad nacional.

Según las encuestas, actualmente la seguridad es la primera prioridad para los chilenos, lo cual es un efecto esperable. La tasa de homicidios se ha duplicado en diez años y en cinco años los homicidios con autor desconocido aumentaron de 23 a 41 por ciento. Esto, claramente, da señales de cómo se ha profesionalizado el sicariato y el crimen organizado.

Como una forma de combatir la delincuencia y los delitos de carácter terrorista en regiones, que es lo que me interesa, necesitamos la inmediata creación en la provincia de Osorno de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), de la Policía de Investigaciones, y la Unidad de Control del Orden Público de Carabineros (COP). Esto lo he pedido muchas veces, al menos, en cinco oportunidades.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor CALISTO.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, como todos sabemos, el Cosena nace en 1980 con la Constitución. Evidentemente, cuando retornó la democracia fue criticado, porque podía ser autoconvocado solo por dos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Estábamos frente a una institución con resabios dictatoriales de control, lo que amenazaba nuestra democracia y la figura de la institución presidencial.

Sin embargo, esa situación fue modificada y reformada en 2005 por el Presidente de la República Ricardo Lagos, convirtiendo a ese organismo asesor en uno que solo podía ser convocado por el Presidente de la República. Con algunas mejoras que había introducido el entonces Presidente Aylwin , y, luego, involucrando al Contralor General de la República, se les dio mayor participación a los civiles, mucho más que participación de las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

Por eso, es tremendamente importante el debate que damos hoy. Hay que recordar que el Cosena ya ha sido citado cuatro veces, las últimas dos por el Presidente Boric y por el Presidente Piñera . Ambas convocatorias obedecieron a razones de seguridad y orden público. Evidentemente, no solo se trataba de razones de seguridad y orden público relacionadas con asuntos internos, sino también con eventuales influencias de otros países, de organizaciones, particularmente de organizaciones criminales que estaban afectando la estabilidad política de nuestro país.

Por eso, luego de la última sesión del Cosena, la discusión en este Congreso Nacional, incluso la discusión pública, se ha centrado en la necesidad de incorporar a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía como integrantes de ese organismo. ¿Por qué? Porque, evidentemente, frente a la nueva criminalidad, frente a los nuevos hechos, se requiere adoptar esta medida. Hoy, la delincuencia es transnacional. Tenemos grupos organizados, grupos terroristas que están actuando en nuestro país, como el Tren de Aragua, o lo que pasa en La Araucanía, donde algunos señalan que existen vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o lo que pasó, por ejemplo, con el asesinato o la muerte del teniente Ojeda .

Entonces, le pregunto a esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente: ¿quién anunció, investigó y declaró públicamente que el asesinato del teniente Ojeda tenía vínculos o estaba coordinado desde Venezuela? Lo dijo la Fiscalía. La Fiscalía informó a todo el país que ese asesinato había sido coordinado desde Venezuela.

¿Quién señaló las investigaciones respecto de Hezbolá? La Fiscalía. Por eso es tan importante que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones participen en este órgano asesor del Presidente de la República, para que entreguen antecedentes que sean de utilidad para la política pública y para la toma de decisiones del Presidente de la República en materia de seguridad y nuevos delitos en nuestro país, como el contrabando, el sicariato, la trata de personas, entre otros.

La participación y la acción de los grupos terroristas no es menor. Hoy nuestra seguridad interna evidentemente depende de la influencia de esos grupos en nuestro país. Por eso es tan importante que su excelencia el Presidente de la República tenga a disposición todas las instituciones necesarias para la entrega de información en este organismo que se cita de manera extraordinaria para situaciones importantes relacionadas con la seguridad del país.

Por esa razón, desde la Comisión de Constitución, pedimos con este proyecto de ley que se integren a este organismo la Policía de Investigaciones y la Fiscalía.

Ahora, aquí ha habido algunos cuestionamientos de cierto sector político que señala que la Policía de Investigaciones tiene que estar de manera permanente en el Cosena, pero no la Fiscalía. Creo que es un tema que perfectamente se puede discutir. Si en esta honorable Sala se aprueba el proyecto en general, se puede discutir en particular alguna indicación que haga mejoras a esta propuesta.

He dicho.

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señorita Presidenta, después de haber escuchado todos los argumentos y de haber sido consultada por diversos personeros relacionados con el gobierno y asesores de parlamentarios de gobierno sobre la alternativa de que el Ministerio Público sea parte del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), medida con la cual el gobierno obviamente no está de acuerdo, le dimos una vuelta a este asunto con el diputado Johannes Kaiser y llegamos a una conclusión al respecto.

Creo que la respuesta es bastante simple: si en una reunión del Cosena el Ministerio Público se entera de la posible comisión de un delito en territorio nacional -aun cuando estuviera relacionado con un delito fuera de Chile-, tendría la obligación de investigar, y en una de esas no hay tanto interés en que el Ministerio Público investigue cierto tipo de delitos. Por lo tanto, no se quiere que ese organismo sepa de la eventual comisión de esos delitos.

Sobre todo por esta razón, voy a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.