Labor Parlamentaria

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

En primer lugar, corresponde ocuparse del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago (boletín N° 12.042-15), con segundo informe y nuevo segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y urgencia calificada de "suma".

Esta es la discusión en particular de la iniciativa.

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 12.042-15) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

El señor Secretario hará la relación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley señalado.

Cabe señalar que esta iniciativa fue aprobada en general en sesión del 19 de diciembre de 2023 y, como dijo el señor Presidente , cuenta con un segundo informe y un nuevo segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en su oportunidad.

La referida comisión deja constancia en ambos informes, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos del proyecto de ley que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Dicha instancia en su segundo informe efectuó un conjunto de modificaciones al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Posteriormente, en su nuevo segundo informe, junto con consignar las modificaciones antes hechas, introdujo una nueva enmienda a la iniciativa, la que también sancionó en forma unánime.

Asimismo, realizó algunos ajustes formales de referencia en el texto del proyecto, como consecuencia de la dictación de la ley N° 21.678, que establece el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial del 3 de julio del año en curso.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.

Sus señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, todas las cuales consigna en su nuevo segundo informe, y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.

Es todo, señor Presidente.

La señora ÓRDENES.-

Gracias, señor Presidente.

El proyecto que esta Sala va a discutir en particular en esta oportunidad, que se encuentra en segundo trámite constitucional, modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago.

Esta iniciativa se originó en una moción de los honorables diputados señoras Sofía Cid , Francesca Muñoz y Ximena Ossandón , señores René Alinco, José Miguel Castro , Frank Sauerbaum , Diego Schalper y Gonzalo Winter y de las exdiputadas señoras Jenny Álvarez y Aracely Leuquén , y tiene urgencia calificada de "suma".

Cabe consignar que, luego de su aprobación en general por la Sala del Senado, el 20 de diciembre de 2023, se fijó como plazo para presentar indicaciones el día 18 de enero de 2024, oportunidad en la que se presentaron quince indicaciones.

Posteriormente la Sala, en sesión ordinaria, acordó remitir nuevamente el proyecto de ley en estudio a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para un nuevo segundo informe. En dicha instancia se presentó una indicación.

El objetivo de la iniciativa es establecer la obligación de las concesionarias de servicio público telefónico, antes de iniciar la provisión del servicio telefónico a usuarios que no tengan asociados la facturación mensual o el cobro de un cargo fijo, de requerir los datos necesarios para su individualización.

En ese sentido, este proyecto se incluye dentro de la agenda de seguridad, pues pretende que todos los usuarios de telefonía o de transmisión de datos móviles se encuentren debidamente identificados, en consideración a que los teléfonos de prepago han sido una herramienta utilizada para cometer delitos, entre ellos estafas y extorsiones. Por lo tanto, se hace necesaria la identificación del titular del equipo para una adecuada persecución de actos ilícitos.

La moción pretende generar una serie de beneficios para la política regulatoria de las telecomunicaciones, como la seguridad pública, entre otras. A saber:

-Mejora la seguridad y la prevención del delito.

-Facilita la investigación criminal.

-Establece un control respecto de teléfonos robados y del mercado negro.

-Otorga transparencia en el uso de servicios de telecomunicaciones, permitiendo a los proveedores de servicios y a las autoridades tener una mejor comprensión de la base de usuarios.

-El registro puede ayudar a prevenir el uso fraudulento de identidades y la creación de cuentas falsas, que son comunes en estafas y en otras actividades ilícitas.

-Con respecto al tema de protección de menores, al requerirse el registro, se puede tener un mejor control sobre el acceso de los menores a los servicios de telefonía.

-Además, establece la penalización por la adulteración del IMEI y por otras prácticas ilícitas relacionadas con los dispositivos móviles, contribuyendo así a un entorno de telecomunicaciones más seguro y regulado.

La Comisión, en este nuevo segundo informe, se abocó al estudio de la única indicación presentada al texto del proyecto de ley en sala, dejando constancia del debate de que fue objeto, como asimismo de la disposición en que ella incide y del acuerdo adoptado sobre la misma.

La nueva indicación, presentada por el honorable senador señor Chahuán , signada con el número 9 bis, propone agregar en el inciso primero del artículo 26 quinquies propuesto, a continuación de la voz "robados", las palabras "hurtados o extraviados".

Esta nueva redacción es más precisa en términos penales, puesto que la norma aprobada solo consideraba la hipótesis del robo de los dispositivos; en cambio, la nueva indicación propone ampliar el bloqueo efectivo de los dispositivos que son hurtados o extraviados.

Durante el debate se recordó que esta iniciativa ha tenido diversas interpretaciones acerca de la factibilidad de las nuevas medidas que se pretenden aplicar por parte de la industria. Inicialmente existió cierta resistencia con el proyecto de ley, porque se estimó que afectaría las ventas; sin embargo, no es posible determinar dicha baja por el solo hecho de que las personas deban verificar su identidad.

Por otra parte, se ha señalado que esta nueva normativa podría generar reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor por el cambio de las condiciones contractuales. Sin embargo, se trata de la dictación de una nueva ley que se debe cumplir y que cambiará el marco regulatorio, para lo cual se requiere un adulto responsable de cada chip que esté cursando tráfico en el país.

Además, se plantearon algunas aclaraciones con relación a la incorporación de la clave única para el registro de la telefonía de prepago y a la situación en que se encuentran los teléfonos de prepago que se hayan comercializado con anterioridad a la entrada en vigencia de esta iniciativa legal.

Al respecto, se consignó que el mecanismo que se debe impulsar en el futuro es la identidad digital. La clave única no es en la actualidad un buen mecanismo para abrirlo al uso ciudadano, porque implica costos mayores, se arriesga una plataforma que se ha estabilizado en el tiempo en el ámbito público y su uso debe quedar subordinado a la factibilidad técnica.

Asimismo, se señaló que en la actualidad existen alrededor de ocho millones de dispositivos que cursan tráfico en modalidad de prepago, que no están registrados y que deberán estarlo en el futuro cuando se realice la carga a un teléfono de prepago, en que el usuario deberá registrarse y verificar su identidad.

En relación con el registro de los IMEIque han sido no comercializados a la fecha de la publicación de la ley, las empresas de telecomunicaciones, en el mismo acto en que el teléfono active una carga, producto de la señalización de la comunicación que se establece con la antena, obtendrán el IMEI, el número de serie de la tarjeta SIM y el número de red del teléfono, con lo cual contarán con todos los antecedentes que se pueden asociar, para luego agregar la identificación del adulto responsable del uso de esa línea.

En cuanto a la sanción para el usuario que no se registra, ella está implícita, ya que no podrá usar el servicio porque no se activará la carga.

Respecto a la estructura del proyecto, este quedó estructurado sobre la base de un artículo permanente y uno transitorio.

Las modificaciones incorporadas a la iniciativa durante la discusión en particular en la Comisión, incluyendo la nueva indicación presentada y aprobada, en líneas generales, son las siguientes:

1.- Se incorpora la obligación de almacenamiento y actualización de información de los usuarios y suscriptores, estableciéndose el deber de las concesionarias de servicio público telefónico y de transmisión de datos, para la provisión de dichos servicios, de mantener un registro actualizado de los usuarios de prepago, cuya información tendrá que almacenarse por un plazo de cinco años, que contenga la identificación de sus suscriptores o usuarios.

2.- Financiamiento del sistema de bloqueo de dispositivos robados: se establece que las concesionarias deberán financiar un sistema para el bloqueo efectivo de dispositivos robados, con especificaciones que serán definidas por la Subsecretaría.

En este sentido, se incorpora un artículo 26 quáter, nuevo, que pasó a ser quinquies, en orden a determinar que las concesionarias deberán financiar un sistema que permita el bloqueo efectivo de los dispositivos robados, hurtados o extraviados, y en que además se considera la potestad de la Subtel de dictar una norma técnica con la que debe cumplir este sistema, incluyendo mecanismos y condiciones.

3.- Dado que el proyecto de ley en discusión forma parte de la agenda de seguridad, su texto se modificó de tal manera que atendiera las necesidades de la persecución criminal, principalmente el crimen organizado. Así, se tipifica como delito la adulteración del IMEI, de forma de poder perseguir penalmente a quienes llevan a cabo el ilícito, cuya sanción se establece en concordancia a las sanciones asociadas a la falsificación de instrumento privado, regulado en el artículo 197 del Código Penal.

4.- Se establece un artículo transitorio en virtud del cual la norma técnica aludida en el artículo 26 ter propuesto, relacionada con el registro de prepago, debe ser dictada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en el plazo de seis meses, desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, lo que permite a dicha institución contar con el tiempo para su socialización con los concesionarios de telecomunicaciones.

Finalmente, debo señalar que el proyecto fue aprobado en particular por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.

Hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado.

Es cuanto puedo informar en mi calidad de presidenta de la Comisión.

He dicho.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto de ley obliga a las concesionarias de servicio público telefónico y de transmisión de datos, antes de iniciar la provisión del servicio telefónico a usuarios que no tengan asociados la facturación mensual o el cobro del cargo fijo, requerir los datos necesarios para su individualización. El registro deberá consignar los datos de quienes contratan los servicios de telefonía en la modalidad de prepago, así como también los códigos para la debida individualización del equipo y otros datos que establezca la Subsecretaría, debiendo estar disponible este registro por un plazo de cinco años.

La masificación de las tarjetas SIM mediante su venta en diferentes puntos y comercios del país, incluidos quioscos y comercio ilegal, hoy facilita a los delincuentes la ejecución de delitos en forma anónima.

Constituye un hecho evidente que uno de los medios más fáciles que tienen, en materia de comunicación, las bandas criminales es el servicio prácticamente anónimo de telefonía de prepago, incluso desde el interior de los recintos penitenciarios.

Ello demuestra que esta norma es fundamental. Entonces, lo relativo a delitos cada vez más comunes, como las famosas estafas telefónicas, las llamadas inoficiosas a números de emergencia, la coordinación de delitos dentro de las cárceles y el crimen organizado hoy, por fin, lo estamos legislando

Esta es una medida que ya existe en muchos países desarrollados. Y, desde esa perspectiva, las concesionarias van a tener que financiar un sistema que permita el bloqueo efectivo de los dispositivos robados, hurtados o extraviados. De esta forma, se persigue que los dispositivos sustraídos ilegalmente no puedan ser comercializados ni volver a utilizarse.

Es un gran proyecto que está en la agenda de seguridad.

Gracias, Presidente .

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

Saludo a la ministra de Obras Públicas, que nos acompaña.

Dicho lo anterior, quiero indicar que el proyecto que hoy votaremos es de vital importancia para la seguridad de nuestra sociedad, toda vez que, según las estadísticas oficiales de Carabineros de Chile, el uso de la telefonía de prepago está asociado al 90 por ciento de los delitos actualmente cometidos.

De la misma forma, el 78 por ciento de las interceptaciones telefónicas relacionadas con delitos de narcotráfico también están asociadas al uso de tarjetas de prepago. Además, se ha comprobado que en 4.314 casos de investigación de delitos; en 776 de delitos de abusos sexuales, y en 49 mil delitos económicos se ha detectado el uso de tarjetas de prepago.

Por este motivo fundamental resulta necesario establecer la obligación de las concesionarias de servicio público telefónico, antes de iniciar un servicio telefónico con usuarios que no tengan asociados la facturación mensual o el cobro de un cargo fijo, de requerir los datos necesarios para su individualización.

Actualmente no existen barreras de entrada a los servicios telefónicos de prepago, lo que ha permitido su masificación, puesto que no se exigen mayores formalidades en el comercio para la adquisición de tarjetas. Tampoco se firma un contrato de prestación de servicios ni se requiere una identificación del adquirente.

Con el uso de la telefonía de prepago se han detectado varios tipos de ilícitos de mayor frecuencia, puesto que el anonimato que entregan los números de prepago es la principal herramienta para delinquir, ya sea mediante estafas telefónicas que ocurren desde distintos lugares y no solo desde el territorio nacional, o bien, llamadas inoficiosas que saturan los servicios de emergencia, o la coordinación de actividades delictivas desde los recintos penitenciarios o desde el exterior.

De igual manera, en la investigación de delitos de estafas en sus distintas modalidades, como la falsa encomienda internacional, o falsos préstamos de cooperativas, amenazas a las autoridades, narcotráfico, abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en línea, extorsiones, usurpación de identidad, secuestros de WhatsApp, entre otros, se puede observar que se usan las tarjetas de prepago para cometer estos delitos, lo que demuestra la importancia de la iniciativa legal que hoy vamos a votar.

Para combatir todos estos tipos de delitos, que actualmente son comunes en nuestro país y que afectan a cientos de personas diariamente, es que se volvió prioritario lo tocante a la discusión de este proyecto, que tiene directa relación con la agenda de seguridad que este Congreso ha priorizado en los últimos meses.

Gracias a una mesa técnica conformada por los asesores parlamentarios, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio de Transportes, se logró consensuar una serie de indicaciones que permitieron mejorar el proyecto y su aplicación práctica y legal, recogiendo las sugerencias del Ministerio Público, de Carabineros de Chile y de las empresas de telecomunicaciones.

El principal cambio consiste en eliminar el uso de la clave única como autentificador de identidad, ya que el acceso a este instrumento público por parte de privados resultaba complejo, razón por la cual se optó por utilizar la autenticación biométrica, la cual es posible para todos los equipos celulares que hoy existen en el mercado y que es un mecanismo que permitirá asegurar o mejorar la veracidad del titular del teléfono de prepago.

De la misma forma se acordó dejar una serie de aspectos técnicos del registro de usuarios de las tarjetas de prepago, ya sea de su forma de verificación, información y actualización, en un reglamento que la Subsecretaría de Telecomunicaciones dictará en un plazo de seis meses después de aprobada la norma.

Ello, ya que se concordó que este mercado es de una alta modernización tecnológica, por lo que en el corto plazo diversos cambios tecnológicos pueden mejorar u optimizar las medidas de identificación y registro, las cuales podrán ser incorporadas a esta nueva normativa con mayor facilidad si están reguladas en un reglamento y no en el texto de la ley.

Por todo lo anterior, Presidente, considero necesario aprobar esta nueva normativa, de manera de regular un mercado que hoy es utilizado intensamente para cometer delitos de alta connotación social, sin que nuestras autoridades o policías tengan las herramientas adecuadas para combatirlos.

Votaré a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Gracias, Presidente.

En este proyecto de ley, que hemos tramitado en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el énfasis principal está puesto en que hoy día más o menos el 70 por ciento de la población que usa telefonía móvil lo hace en modalidad de pospago y un 30 por ciento aproximadamente en modalidad de prepago.

Esta cifra era al revés hace diez años. Esto ha cambiado el esquema en que hoy se utilizan los dispositivos y se ha prestado precisamente para el delito. Como en tantos otros mercados, aquí también se produce el delito a partir de la estafa, de la extorsión y de otros actos ilícitos, incluso desde los propios recintos penales.

Por eso en este proyecto, que se establece en la agenda de seguridad -es el estatus que tiene-, se aborda todo lo que tiene que ver con la identificación del usuario, algo que actualmente es predilecto por quienes quieren efectuar distintos ataques, desde el comercio electrónico hasta los hostigamientos o bullying, precisamente porque se refugian en el anonimato.

En tal sentido, la característica de identificación y registro de usuarios permite llevar el control verdadero de las actividades ilícitas, facilitando además la geolocalización y la recuperación en caso de robo o pérdida.

En tal sentido, el denominado "IMEI", que es el identificador móvil que se adultera, delito que hoy también se comete, es un aspecto esencial que permite evadir a la policía o a las acciones de este tipo, que son ilícitas a partir de la adulteración de ese registro que está en los equipos.

Ahí también existe una sanción que se establece de manera taxativa. Y, finalmente, hay un registro de datos de manera precisa para salir del anonimato.

Yo creo que la tendencia, si sigue la modalidad de pospago, que sería lo propio, es a que debiera disminuir el prepago; pero, al mismo tiempo, si esto prospera como ley, debemos tener la garantía de que detrás de cada móvil existe alguien identificable: no hay una banda, no hay un estafador, no hay un ilícito, no hay una persona que quiera perjudicarme cuando me está llamando, lo que pasa frecuentemente hoy día, sino que existe alguien que es asumible por su identidad y por su reserva de información.

Por eso me parece razonable respaldar esta iniciativa.

Gracias, Presidente .

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero referirme, en lo general y en lo particular a este proyecto, que, tal como se ha señalado, viene con nuevo segundo informe de la Comisión de Transportes.

¿Por qué ha sido necesario esto? Para que podamos, ojalá, mejorar el proyecto.

Estamos atrasados y esta iniciativa es incompleta. Pero, tal como se ha señalado, es necesaria para avanzar en la agenda de seguridad.

¿Por qué estamos atrasados?

Fíjese, señor Presidente , que una de las cosas que se puso como novedad fue definir como delito la adulteración del IMEI. Este identificador tiene un código de quince o dieciséis dígitos si usted considera los IMEI con versión de software, el cual puede ser cambiado; con eso se modifica el número de serie. Es como el VIN del vehículo; o sea, se altera, uno puede cambiarlo y pareciera que fuera otro.

Eso lo realizó Australia el 2003. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estamos veinte años atrasados con respecto a lo que el mundo hace en estos temas tecnológicos. No creo que ese sea el tiempo que uno deba esperar, tenemos que ser un poco más rápidos.

En segundo lugar, con este proyecto no se va a solucionar el problema, en que creemos que, mediante las normas que establece, los delincuentes no van a poder seguir ejecutando lo que hasta ahora realizan. Un SIM card vale 1.500 pesos y lo puede registrar cualquier persona; de hecho, va a aparecer un tráfico de tarjetas SIM, va a ser un negocio para intermediarios, porque los delincuentes van a seguir usando la tecnología. La tecnología es neutra, no es ni buena ni mala.

Pero ¿dónde llegamos al problema? Los equipos, los dispositivos no los ingresan las compañías telefónicas, sino los fabricantes de estos, las marcas o las multitiendas, y ellos no son parte del registro. Entonces, tenemos un vacío, porque les estamos dando una carga a quienes van a transportar los datos, pero no a quienes ingresaron los vehículos. Lo señalo así porque esto es lo mismo que entrar automóviles al país sin el registro del VIN: ¡así de claro!

¿Alternativas? Lo primero -y ojalá lo podamos ver en el proyecto de ley sobre cumplimiento tributario, donde vamos a tratar lo relativo a agentes aduaneros y a Aduanas- sería poner una indicación para que establezcamos registros de ingreso de los IMEI. O, en segunda instancia, convocar a algunos parlamentarios, ojalá con el patrocinio del Gobierno, para mejorar la ley.

Dado que no se pudo hacer más, creo conveniente hacer el punto en el sentido de que estamos atrasados y que lo planteado es insuficiente: falta. Y aquí espero que la subsecretaria general de la Presidencia, que ha estado entrando y saliendo de la sala, pueda cumplir el compromiso de identidad digital robusta que debemos tener en el país; porque si no, tampoco los vamos a poder registrar.

El mercado de los prepagos es de ocho millones de teléfonos, y lo sabemos; pero vuelvo a insistir: por 1.500 pesos cualquiera puede tener un número telefónico con un SIM card que va a ocupar para una llamada.

¿Qué pasa, y aquí viene lo práctico? Que probablemente activemos los sistemas de georreferenciación y la Fiscalía sepa dónde está el teléfono, pero va a estar en una población narco o en Temucuicui: ¿Va a ir el Ejecutivo con toda su capacidad, va a ir el Ministerio Público con sus fiscales a sacar ese teléfono? ¡Esa es la realidad! O sea, aquí vamos a tener información, pero queremos ver si efectivamente va a haber capacidad para ejercer esa nueva autoridad que tenemos.

Dejo planteado el punto, porque, por un lado, queremos subir la norma para ponernos al día -estamos atrasados en veinte años- y, por otro, también tenemos que realizar acciones concretas. Esto significa que debemos perfeccionar nuestro sistema de persecución penal. Si efectivamente aparecen nuevos delitos, ¿cómo los vamos a verificar? Eso se hace, por ejemplo, con más brigadas de cibercrimen en la PDI -si no, no van a poder perseguir delitos de ese tipo-, o con capacidad efectiva para poder incautar aquellos teléfonos que sabemos dónde están, pero por temor ello no se hace.

Y, finalmente, con relación a las listas de teléfonos bloqueados, hay que ejecutar las acciones que correspondan; porque si eso no funciona bien, la ley en proyecto no va a servir para absolutamente nada.

Por eso pensaba abstenerme, pero creo que no es la señal correcta; la señal correcta es: "¿Qué podemos hacer?". Y lo que podemos hacer, por lo pronto, es mejorar los sistemas de importación para tener registros de IMEI y cambios de este; para saber los VIN de los vehículos, de estos chasis, que son los dispositivos, a fin de conocer quiénes los van teniendo y así tener real control, cosa que si se usa un SIM card de las tecnologías que vengan, sea GSM, 2G, 3G o 4G -está cambiando muy rápido la tecnología-, contemos con la capacidad para hacer uso efectivo de esa fuerza que tiene el Estado para mantener el Estado de derecho en este mundo de la tecnología que está generando problemas.

Por último, quiero señalar que tomé la decisión de apoyar la iniciativa; pero, tal como lo señalé, debemos buscar la forma, por medio de indicaciones, para mejorarla en la parte del registro de ingreso de los teléfonos al país y también para ver la efectividad del cumplimiento de lo que la norma señala.

Esperamos -y este mensaje es para la subsecretaria- que el reglamento que ha de ser emitido en seis meses más considere los elementos en discusión, y esto que quede para la fiel historia de la ley. Porque ese reglamento podría ayudar, pero si no tiene la fuerza de una ley, probablemente no seamos capaces de cumplir con lo que queremos.

Señor Presidente, voto a favor, con estas observaciones, esperando que podamos mejorar este proyecto.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidente.

Sin duda el senador Pugh tiene mucha razón en que debemos fortalecer nuestra legislación, para adecuarnos al avance que tiene la tecnología.

Pero también no es menos cierto -y así lo creo- que todos en esta sala y quienes nos ven a través de los distintos medios han recibido alguna llamada telefónica con indicios de ser alguna estafa que se hace por esta vía. También es cierto que muchas de esas llamadas se efectúan incluso desde nuestros centros penitenciarios.

La verdad es que cuando uno ve la trazabilidad de estos chips, constata que no tienen ninguna. Por eso es tan importante aprobar este proyecto, para que tengamos el conocimiento y la identificación de las personas que los adquieren, y, además, regulemos que estos efectivamente tengan que ser vendidos en comercios establecidos.

Como la agenda de seguridad hoy es una prioridad en nuestro país y es una urgente necesidad, este proyecto reviste gran relevancia para tener registrado a quiénes adquieren estos chips, que son utilizados mayoritariamente en la comisión de delitos cibernéticos, tales como estafas, o incluso secuestros cibernéticos, que no están tipificados en nuestro sistema legal, porque no existe el cuasidelito de secuestro; y como en la práctica no se tiene secuestrada a la persona, sino que se da a entender a través de la llamada telefónica que ella lo está, finalmente no se puede llevar a cabo la persecución legal de esos casos.

Creo y comparto plenamente lo que manifestaba el senador Pugh en cuanto a que también tenemos que ir hacia la regulación de la internación de los diferentes chips, de los medios electrónicos, a fin de que nos permita ir teniendo la trazabilidad necesaria para que, en caso de la perpetración de algún delito, podamos cercar efectivamente a aquellos que lo cometen.

Es una base importante, Presidente , y por eso voto a favor.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidente.

Aprovecho de saludar a la ministra de Obras Públicas, presente en la sala.

Desde la Comisión de Seguridad, que presido, me permito comentarles a los colegas que tanto en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, donde vimos nacer este proyecto, como en lo que hemos venido trabajando en la búsqueda de instrumentos que permitan combatir no solamente el delito, sino también particularmente el crimen organizado, hemos constatado las dificultades por las que atraviesan investigaciones especiales de nuestras policías, las dificultades que tienen quienes están detrás de delincuentes para geolocalizarlos, en fin, lo que puede ocurrir con cualquier otro teléfono en que hay un responsable detrás, pero con los teléfonos de prepago ello se hace imposible de realizar.

Las informaciones varían; pero se estima que más del 80 por ciento de los delitos que se cometen a través de instrumentos como los aparatos telefónicos se realizan con los de prepago, porque no hay trazabilidad de sus chips, porque la comunicación no permite identificar ningún tipo de responsable, porque los aparatos no se pueden seguir con ninguna técnica, y suma y sigue.

Y aquí solamente quiero dar un dato, más que entrar en detalles del proyecto. Para quienes estamos trabajando en representación del Senado de la República frente a la Unión Europea, en ninguno de los veintisiete países que la conforman siquiera existe la modalidad de prepago: ¡no existe! Y no existe porque no puede esconderse una persona detrás del anonimato y manejar desde allí redes sociales, correos electrónicos, redes como las de WhatsApp, que no son perseguibles. ¡Y sencillamente no existen! Y no solamente en la Unión Europea. Podríamos revisar una larga lista de países que han debido tomar este tipo de decisiones y donde cada persona que compra una tecnología de comunicación está obligada a identificarse.

En ese contexto, creo yo, Presidente , que no cabe otra explicación. Podremos interpretar y señalar, con razón, que este proyecto es incompleto, que Chile está atrasado en este tipo de decisiones políticas, que buscan evitar que el avance de la tecnología nos siga colocando en una situación precaria y a merced de organizaciones que sí tienen la capacidad de tomar decisiones inmediatas y resolver sus necesidades y que poseen las lucas suficientes, y más que suficientes, para comprar toda la tecnología que quieran.

Mientras tanto, nuestras policías, nuestro precario sistema de inteligencia se debe ceñir a los términos de la burocracia nacional. Y por ello nos vamos quedando desfasados.

El proyecto, más allá de cualquier preocupación que genera a causa de que no cumple todas las expectativas, debe ser aprobado con la mayor urgencia posible.

Cualquiera que esté ligado a la investigación o a la revisión de los datos de delincuencia podrá darse cuenta a la primera lectura, y con la mayor facilidad, que esta es una de las puertas más sensibles que existe en nuestro país para cometer delitos. Cualquier banda delictual puede tener en sus bolsillos veinte o treinta chips que va intercambiando constantemente y con ello no permite que nadie siquiera pueda saber qué está pasando con su organización, cosa que no se produciría con la presente iniciativa.

Pero esta legislación debe ir acompañada de un control del contrabando para evitar el ingreso ilegal de este tipo de aparatos y de toda la cadena que está ligada a las comunicaciones.

Por tanto, Presidente, creo que la iniciativa debemos aprobarla con urgencia, así como otras relacionadas.

Gracias, Presidente .

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidente.

Seré bien breve.

Es efectivo que resulta indiscutible el atraso que tenemos para legislar sobre estos temas. Ya lo expusieron latamente el senador Kenneth Pugh y también el senador Iván Flores.

El año 2023, el Congreso Nacional, a través de su biblioteca, elaboró un informe donde se señala que alrededor de ciento sesenta países ya optaron por crear sistemas de inscripción de elementos de este tipo.

Y desde el 2021 hay un porcentaje importante a nivel mundial que trabaja, justamente, para controlar esta materia.

Nosotros estamos muy muy atrasados.

Pero también debemos reconocer la incapacidad de las compañías para autentificar la identidad de los usuarios de prepago. Es más, conversábamos hace poco y nos enteramos de que ya no solo son tarjetas SIM físicas, sino que ahora pueden comprarse virtualmente, y ahí es muy difícil capturar este tipo de información.

Yo tengo mis dudas respecto al reglamento. Y con esto no quiero ser negativa. Basta ver la actual situación del cableado en desuso, por ejemplo. Alguien podría pensar "no tiene nada que ver", pero sí tiene, porque nosotros aprobamos hace más de cuatro años la ley que implicaba que toda la cablebasura debía ser retirada de las calles -con lo cual probablemente tendríamos muchos menos cortes de luz-, pero todavía no se redacta el reglamento.

Hay una situación permanente respecto de que los reglamentos no existen.

Otro ejemplo: en la Ley de Plásticos de un Solo Uso tampoco tenemos el reglamento requerido.

Por consiguiente, ¿por qué esta ocasión vendría siendo la excepción? A no ser que también se haga un fast track en relación con los reglamentos vinculados a temas de seguridad y que se redacten con la urgencia respectiva; de lo contrario, vamos a mantener ciertas situaciones siempre pendientes.

Además de lo que planteó el senador Pugh, donde hay un 30 por ciento de situaciones con la tarjeta SIM que no serán abordadas por el proyecto.

Entonces, como una señal importante y para destacar que este asunto no se aprobó por unanimidad, sino que hubo alguien que se abstuvo para dejar registrado en la historia de la ley lo relevante de publicar el reglamento dentro del plazo, y la necesidad de presentar otro proyecto más amplio en el que se incorporen ciertos temas, me voy a abstener.

Gracias.

--Se aprueba en particular el proyecto (31 votos a favor, 2 abstenciones y 1 pareo), y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, Huenchumilla, Keitel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Se abstuvieron la señora Aravena y el señor Kusanovic.

No votó, por estar pareado, el señor Araya.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Mesa se encuentran registrados tres pareos.

El señor WALKER ( Vicepresidente ).-

Continuando con el Orden del Día, pasamos al segundo asunto de la tabla, que es el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para establecer el deber de adopción de medidas de seguridad para las concesionarias de obras públicas y modificar las penas para los delitos que indica, con informe de la Comisión de Seguridad Pública e informe de la Comisión de Obras Públicas. El proyecto fue discutido en general y en particular por ambas instancias (boletines Nos 15.073-07 y 15.253-09, refundidos).

Saludamos nuevamente a la ministra de Obras Públicas.

Se ofrece la palabra al señor Secretario para la relación del proyecto.

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 15.073-07 y 15.253-09, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley que ha referido.

Esta iniciativa tiene por objeto imponer a las concesionarias de obras públicas viales el deber de entregar el servicio en condiciones de seguridad para los usuarios y sus bienes, adoptando las medidas de vigilancia, seguridad y asistencia, que deberán estar contempladas en las bases de licitación.

Asimismo, el concesionario deberá permitir el acceso del Ministerio Público a la información e imágenes, cuando este lo requiera en el marco de la investigación de un delito, y a las policías en tiempo real, sin necesidad de requerimiento, en caso de flagrancia.

Cabe señalar que la iniciativa cuenta con informes de la Comisión de Seguridad Pública y de la Comisión de Obras Públicas, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en su oportunidad.

La Comisión de Seguridad Pública, en su informe, hace presente que discutió en general y en particular esta iniciativa de ley, en virtud del acuerdo adoptado en la sesión del Senado de fecha 9 de mayo del año 2023, y propone que en la Sala sea considerado del mismo modo.

La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus integrantes, honorables senadores señora Vodanovic y señores Flores, Kast, Kusanovic y Ossandón. En particular aprobó la iniciativa en los términos y con las votaciones que consigna en su informe, resultando de sus acuerdos un texto compuesto por un artículo único con tres numerales.

Además, la mencionada instancia propone una denominación común para las iniciativas refundidas del tenor que sigue: "Proyecto de ley que modifica el D.F.L N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, para obligar a las concesionarias de obras públicas viales a adoptar medidas de seguridad".

Por su parte, la Comisión de Obras Públicas señala que, habida cuenta de que el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Pública es de artículo único, y de conformidad al artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió la iniciativa en general y en particular a la vez, y propone que la Sala proceda de igual forma.

Asimismo, dicha comisión deja constancia de que aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros, honorables senadores señores Castro Prieto, De Urresti, Gahona y señoras Gatica y Sepúlveda. En particular, en tanto, aprobó la iniciativa en los términos y con las votaciones que consigna en su informe.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 82 y 83 del informe de la Comisión de Obras Públicas y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Cabe señalar que los honorables senadores señora Aravena y señores Pugh, Castro Prieto, Flores y Ossandón han presentado una indicación que recae en el número 2 del artículo único del proyecto, del siguiente tenor:

Para reemplazar en el inciso primero del artículo 44, nuevo, agregado por el numeral 2 del artículo único del proyecto, la frase que comienza con la expresión "en tiempo real" y termina con "adulteración de patentes", por la siguiente: "de forma automatizada, en tiempo real e interoperando con éstas, la información relativa, al menos, a la placa patente o ausencia de la misma, marca, modelo y color de los vehículos motorizados que circulen por las obras, de acuerdo a sus respectivas facultades legales en materia investigativa o en el rol de policía preventiva de Carabineros de Chile, con el fin de detectar aquellos vehículos alterados y/o cuyo robo ha sido denunciado o detectado en flagrancia, o respecto a los cuales existan antecedentes de su utilización en delitos, o que circulen con placas patentes alteradas o sin la misma, así como para informar y alertar de eventuales delitos o infracciones que se produzcan al interior de las obras".

Es todo, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

La iniciativa de ley en estudio corresponde a dos mociones refundidas por la Sala, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el día 9 de mayo del año 2023. La primera de ellas es de autoría de los honorables senadores señor Ossandón , señora Gatica y señores Insulza , Prohens y Pugh , y corresponde al boletín N° 15.073-07. La segunda, en tanto, es de los honorables senadores señoras Rincón y Órdenes y señores Castro González , Flores y Walker , y está contenida en el boletín N° 15.253-09.

Esta propuesta legal fue analizada previamente por la Comisión de Seguridad Pública, y sobre el texto despachado por ella, conformado por un artículo único que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas, basó su estudio la Comisión de Obras Públicas.

El presente proyecto se estructura en base a un artículo único y a una disposición transitoria, motivo por el cual, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento del Senado, la instancia legislativa que presido la discutió en general y en particular a la vez, y recomienda a la Sala proceder del mismo modo.

El objetivo del proyecto en examen consiste en imponer a las concesionarias de obras públicas viales el deber de entregar el servicio en condiciones de seguridad para los usuarios y sus bienes, adoptando las medidas de vigilancia, seguridad y asistencia que deberán estar contempladas en las bases de licitación.

Asimismo, busca permitir el acceso a la información e imágenes por parte del Ministerio Público cuando este lo requiera, en el marco de la investigación de un delito, y a las policías en tiempo real, y sin necesidad de requerimiento, en caso de flagrancia.

La Comisión de Obras Públicas dedicó nueve sesiones al estudio en general y en particular de esta iniciativa de ley.

En las mencionadas sesiones, recibió en audiencia a representantes de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas; de la Subsecretaría de Prevención del Delito; de Carabineros de Chile; de Copsa A.G.; de la agrupación de víctimas de la delincuencia y de la inseguridad en las autopistas concesionadas, y del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo.

Durante su análisis, los integrantes de la Comisión concordaron en que la inseguridad en las rutas concesionadas importa un gran riesgo para las personas que las utilizan. Por ello, compartieron la propuesta de la Comisión de Seguridad Pública, en orden a que las concesionarias de obras viales colaboren en materia de seguridad pública, imponiéndoles medidas en pos de los usuarios y sus bienes.

Con todo, estimaron conveniente efectuar algunas enmiendas al texto despachado por la instancia legislativa referida.

En efecto, a fin de precisar la redacción del proyecto, acordaron dejar claramente establecido que este se circunscribe a las autopistas concesionadas, evitando su extensión a otras infraestructuras que también poseen tal carácter, como cárceles y hospitales.

Por otro lado, simplificaron el número 1 aprobado por la Comisión de Seguridad Pública.

El texto despachado por esta instancia se limita a agregar al artículo 23 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas un número 3, nuevo, a fin de imponer a los sujetos indicados la obligación de adoptar las medidas de protección y seguridad en los bienes que administran.

El citado numeral puntualiza que las bases de licitación respectiva considerarán los deberes de vigilancia, seguridad y asistencia, además de determinar las sanciones procedentes y las demás condiciones exigibles para proteger los derechos de los usuarios en caso de incumplimiento.

Relevando la importancia de la enmienda propuesta, el director general de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas puso de relieve que actualmente, por ejemplo, la asistencia brindada por las autopistas tiene su origen en un protocolo suscrito entre el órgano que encabeza y las concesionarias, y que esta iniciativa permitirá elevarlo a rango legal.

El número 2, aprobado por la instancia legislativa que presido, a su vez, incorpora a la Ley de Concesiones de Obras Públicas un artículo 44, nuevo, que complementa el precepto anterior. De hecho, impone al concesionario de infraestructuras viales la obligación de dar acceso a la información o imágenes obtenidas por medio de sus dispositivos electrónicos o manuales de cobro al Ministerio Público y a las policías.

Al respecto, la Comisión connotó que la inclusión de tecnologías en las vías, como cámaras de seguridad, lectores de patentes y sistemas lumínicos, entre otros, constituye una pieza fundamental para prevenir la perpetración de delitos, para pesquisarlos y para contar con medios de prueba, todo lo cual redundará en mayor seguridad en las rutas.

Cabe hacer presente que en este punto los legisladores de la instancia atribuyeron especial relevancia a la interoperabilidad.

Producto de lo anterior, el precepto en examen dispone, en su inciso segundo, que "los convenios que se celebren deberán garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información".

De igual modo, los parlamentarios consideraron fundamental la existencia de una entidad que, con ayuda de la inteligencia artificial, gestione los datos, con el fin posibilitar la pronta actuación de las entidades correspondientes.

Atendiendo a esta última inquietud, el director general de Concesiones dio a conocer que la Administración actual trabaja en que Sitia (Sistema Integrado de Teleprotección e Inteligencia Artificial), que se encuentra alojado en la Subsecretaría de Prevención del Delito -es un programa nuevo de dicha repartición-, asuma tal función.

Sin embargo, los mayores esfuerzos de la Comisión estuvieron centrados en persuadir al Ejecutivo respecto de la necesidad de extender las exigencias de esta futura ley a los contratos de concesión en ejecución.

En este punto, la unanimidad de los miembros de la comisión hizo ver que, sin una norma en tal sentido, esta propuesta legal será letra muerta, toda vez que la mayoría de las rutas concesionadas quedarían exentas de estos significativos deberes.

En línea con lo expuesto, advirtieron a los representantes de la Dirección General de Concesiones que muchos convenios vencen a partir del año 2040 y otros cerca del año 2060, con lo cual los mayores estándares de seguridad anhelados por la ciudadanía tardarán años en llegar.

Fruto de la demanda antedicha, Su Excelencia el Presidente de la República presentó una indicación para consultar una norma en esa dirección.

El artículo transitorio sugerido impone al Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, realizar las acciones tendientes a modificar los contratos de concesión de obras viales vigentes que no cuenten con medidas de seguridad en un plazo máximo de cinco años, ello con el objeto de incorporar las medidas de vigilancia, seguridad y asistencia de esta ley y las respectivas sanciones en caso de incumplimiento.

Si bien sus señorías valoraron la propuesta anterior, algunos discreparon de este plazo de cinco años propuesto, considerándolo excesivo.

Al respecto, pormenorizaron que, habida cuenta del escenario de inseguridad del país, resulta urgente velar por la pronta aplicación de las obligaciones de la iniciativa en estudio.

En relación con dicha crítica, el director general de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas justificó el período citado en que el establecimiento de este tipo de tecnologías en las vías actualmente concesionadas no solo implica acuerdos complementarios -recogidos en un decreto supremo-, a fin de modificar los contratos celebrados respecto de la ruta 5, las vías transversales y las urbanas, sino que también diseñar un proyecto; construirlo con la tecnología requerida y de acuerdo a las características de las zonas involucradas, y ponerlo en marcha en cada una de ellas.

Asimismo, algunos legisladores criticaron la redacción del precepto en examen, al sostener que el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con la Secretaría del Interior y Seguridad Pública, realizará las acciones tendientes a modificar los contratos de concesión.

Al efecto, postularon que tal locución deja entregada a la voluntad del Ejecutivo de turno la enmienda de los convenios.

Los representantes de la referida Secretaría de Estado, por su parte, justificaron su empleo en que permitirá mayor flexibilidad para lograr la inclusión de las obligaciones mencionadas en materia de seguridad en los diversos tipos de contratos de concesión vial.

Como consecuencia de tales reparos, en una primera votación los honorables senadores señora Gatica y señor Núñez se pronunciaron a favor de la disposición transitoria; el honorable senador Flores se manifestó en contra; en tanto que el honorable senador De Urresti se abstuvo. No obstante, repetida la votación, de conformidad a lo prescrito en el artículo 178 del Reglamento del Senado, la norma fue aprobada con enmiendas formales por la totalidad de los miembros presentes, honorables senadores señora Gatica y señores De Urresti , Flores y Núñez .

El resto del artículo único propuesto contó con el respaldo de la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, proponiéndose igual criterio a la Sala.

Es todo, Presidente .

He dicho.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Saludo a la ministra de Obras Públicas, presente en la sala, y también al ministro de la Segprés.

Acabo de enterarme de que debo rendir el informe. Voy a tratar de consolidar las ideas de lo que tratamos en la Comisión de Seguridad en el primer trámite de tres mociones, de las que finalmente resolvimos refundir dos, debido a que estimamos que, por alejarse un poco de la idea matriz de mejorar las condiciones y el estándar de seguridad de las vías concesionadas, la otra iniciativa debía estudiarse de manera separada.

De esa manera, nos quedamos con el acuerdo de la Sala para refundir el boletín N° 15.253-09, de las señoras Rincón y Órdenes y los señores Castro González , Flores y Walker , con el boletín N° 15.073-07, del señor Ossandón , la señora Gatica y los señores Insulza , Prohens y Pugh .

En términos generales, debo decir que siempre primó el convencimiento de que, a casi tres décadas de haberse iniciado el proceso de obras concesionadas en nuestro país, dada la imposibilidad del Estado de resolver necesidades urgentes por no contar con los recursos necesarios, había que explorar y trabajar en un acuerdo público-privado.

Con ese espíritu, y debido al notable cambio cualitativo y cuantitativo de la infraestructura vial de nuestro país, se siguieron explorando otros servicios, como los carcelarios y hospitalarios, que permitían avanzar rápidamente en inversiones, las que luego el privado recuperaría por aportes directos del Estado o, como en el caso de las obras viales, con el pago que hacemos todos del correspondiente peaje.

En este contexto, y transcurridas ya casi tres décadas, estamos en absoluto convencimiento, y eso fue parte principal del debate, de que es necesario mejorar los estándares de seguridad. Esto por dos razones: el país ya no es el mismo de hace veinte o treinta años, hoy existen nuevas formas de cometer delitos; y, en el caso de las obras viales, que es el asunto principal de este proyecto, los diseños que están en operación muestran deficiencias que facilitan la ejecución de hechos delictuales.

Ejemplo de lo anterior son los accesos o salidas de una sola vía, que permiten los portonazos o los abordajes con mayor facilidad; los puntos oscuros dentro de las rutas, que impiden percatarse y percibir el aparecimiento de delincuentes; la ubicación de cámaras de seguridad con las cuales se graba, pero que para obtener el video se debe solicitar mediante una orden judicial -y esto demora un par de meses-, imposibilita finalmente una actuación rápida o inmediata por parte del operador de la ruta concesionada, esto es, la concesionaria, o de las instituciones públicas que tienen que velar por la seguridad de las personas.

Dicho esto, lo que hemos obtenido como resultado es un proyecto que, por un lado, busca mejorar las condiciones estructurales de las vías: la iluminación, algunos diseños, ir cerrando las puertas a algunos puntos débiles, mejorar la vigilancia y particularmente, ¡particularmente!, y ese es el corazón de una de las dos iniciativas, contar con un sistema de televigilancia interoperativa en tiempo real, lo que fue informado por mi colega Núñez como parte de la discusión de la Comisión de Obras Públicas.

Cámaras como las que usamos hoy la verdad es que solo sirven para tener pruebas ante un tribunal y perseguir a algún delincuente. Necesitamos cámaras interoperativas en tiempo real, y eso es parte de la indicación que presentamos con algunos senadores.

En términos generales, tuvimos una buena respuesta del Ministerio de Obras Públicas; debo decirlo, y está escrito en este lato informe de la Comisión de Seguridad, del que estoy dando cuenta de memoria, porque la verdad es que leerlo sería un lío.

No fue fácil al principio. ¿Por qué? Porque hoy, dentro de todas las concesiones de vías que están operando y de las que están en licitación -y era parte de nuestro apremio señalarlo al Ministerio de Obras Públicas-, si no hacemos esta modificación de estándares, tendremos que esperar veinticinco años más hasta cuando terminen. Ya sabemos que modificar contratos de licitaciones internacionales es extremadamente complejo y caro para el país, sea porque nos cobran las obras, sea porque hay que prorrogarles los plazos.

Dicho esto, nosotros le habíamos pedido al Gobierno la mayor urgencia para que antes de iniciar -si mal no recuerdo- once licitaciones de rutas importantes en nuestro país, previo a que se preparen las bases, se envíen a Controlaría y se haga la licitación, necesitábamos mejorar los estándares de estas vías.

No ocurrió así. Y por esa razón presentamos un artículo transitorio, que es clave, porque, aunque aprobemos este proyecto, y fue parte de la discusión tanto de la Comisión de Seguridad como de la de Obras Públicas, si no queda claramente dicho en un transitorio, esto va a ser aplicable en veinticinco años más. Si uno revisa la lista, las concesiones de las rutas vencen el 2036, el 2042, el 2051, y ese de nuevo va a ser otro país, completamente distinto.

Nosotros señalamos que, una vez promulgada la ley, las empresas debieran contar con dos años para ponerse en el mismo estándar de condiciones de seguridad. En el momento no tuvimos el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, luego ocurrió en la Comisión de Obras Públicas, ya lo han señalado. Espero que haya una apertura para que eso afectivamente se produzca, porque si no, va a ser letra muerta: vamos a tener estos cambios en veinticinco años más ¡o más!

Así las cosas, Presidente , este es un proyecto tremendamente necesario, de mucha coyuntura respecto de lo que está pasando en materia de inseguridad en nuestro país, particularmente en las rutas. Tenemos que darle certezas al usuario; permitir que existan los negocios privados, pero con cierta mayor regulación. Porque hoy este es un buen negocio para las concesionarias, tal vez demasiado bueno, y, en ese contexto, tendrían que estar disponibles para invertir más en la seguridad de quienes transitan por esas vías.

Los peajes forman parte de otra discusión. Este proyecto se centra exclusivamente en cómo mejoramos el estándar de seguridad, lo que pagamos las chilenas y los chilenos por el uso de estas vías bien merece una mejor respuesta ahora por parte de quienes construyen, modifican o administran las rutas concesionadas y no en veinticinco años más, Presidente .

Yo creo que hay que aprobar esta iniciativa. Lo que se ha logrado no era lo que queríamos del todo. Intentamos que se considerara la ley del consumidor. Ahí hay un debate jurídico, nosotros creíamos tener razón, pero no lo logramos. Hay una discusión respecto del -comillas- "impuesto" que pagan las concesionarias a través del peaje, es una cuestión más bien legal que habrá que seguir planteando. Pero, en términos de lo que logramos en seguridad, este proyecto es atendible.

Me preocupa mucho el artículo transitorio, aprovechando la presencia de la ministra y del ministro, quisiera que pudieran plantear la postura del Gobierno en ese sentido.

Es todo cuanto tengo que informar. Solo quiero agregar que finalmente este proyecto lo aprobamos por unanimidad en la Comisión de Seguridad en esa línea.

Gracias, Presidente .

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

El día lunes, cuando revisábamos las distintas iniciativas que íbamos a someter a consideración de la Cámara, se dio cuenta del proyecto de ley, que ya aprobamos, de telecomunicaciones en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicio de telefonía en modalidad prepago y esta moción parlamentaria, de la cual soy autora junto con otros colegas -aquí se han refundido dos mociones-. La verdad es que tenía todo el sentido abordarlas por la agenda de seguridad que hemos debatido latamente en el Senado y en el Parlamento en general.

La inseguridad generalizada que vive nuestro país afecta no solo a las familias en sus hogares, sino también en los espacios públicos, incluidos caminos y carreteras.

Por ello, presentamos este proyecto hace dos años junto a usted, senador Walker ; al senador Castro González ; a la senadora Órdenes; y al actual presidente de la Comisión de Seguridad , Iván Flores . Y lo propio hicieron los senadores Ossandón , Gatica , Insulza , Prohens y Pugh.

Y cuando miramos el resultado del trabajo de la Comisión nos alegramos, porque recoge la inquietud que teníamos cuando suscribimos esta moción parlamentaria.

Presidente , aunque los delitos relacionados con el robo de vehículos han disminuido porcentualmente, todavía representan un número significativo. Solo en 2023 se registraron más de diez mil vehículos robados, muchos de los cuales están asociados a delitos cada vez más violentos, incluyendo homicidios y secuestros.

Además, es urgente detener a quienes cometen estos ilícitos, ya que los detenidos por estos hechos están un paso adelante en la escuela del delito. De los detenidos en 2023 por estos delitos, el 44 por ciento tiene entre dos y cuatro detenciones acumuladas, y un tercio de ellos registra más de cinco detenciones.

Por tanto, frenar el avance en la escuela del delito es un deber principal del Estado.

Estos robos se llevan a cabo a través de dos modalidades. Una es el robo de automóviles en circulación, mediante el uso de violencia, intimidación o sorpresa, conocido como "encerronas" y "portonazos". Y la segunda es el robo de vehículos estacionados sin conductor a bordo.

Este proyecto tiene como objetivo imponer a las concesionarias de obras públicas viales la obligación de entregar el servicio en condiciones de seguridad para los usuarios y sus bienes -ya lo decían los colegas que entregaban el informe-, adoptando las medidas de vigilancia, seguridad y asistencia necesarias.

Quiero agradecer al presidente de la Comisión de Seguridad Pública por las mejoras que los colegas introdujeron en este proyecto.

Estas modificaciones no solo han fortalecido el espíritu de la iniciativa, sino que han asegurado que las concesionarias de obras públicas cumplan con su responsabilidad de proteger a los usuarios de nuestras carreteras y autopistas.

Respecto de la primera modalidad de robo mencionada, durante el primer semestre de este año la cantidad de autos robados fue casi la misma que la de todo el año 2021.

En cuanto a los robos de vehículos estacionados, en 2020 hubo 341 casos; en 2021, 386; y a mediados de 2022 los casos ya acumulaban 255.

De los 607 robos de vehículos en circulación mediante el uso de violencia, intimidación o sorpresa, en 38,2 por ciento del total hubo interacción entre el delincuente y las víctimas.

La verdad es que cada vez es más común, Presidente , que todos y cada uno de nosotros, nuestros familiares, conozcamos de algún cercano, conocido, pariente que ha sufrido de esta situación.

Estos robos de autos en movimiento se realizan en torno a las autopistas urbanas.

Entonces, es muy importante -si me diera un minuto más, se lo agradecería- la incorporación de tecnología avanzada en las autopistas. Cámaras de televigilancia y lectores de patentes que permiten una detección oportuna de vehículos con orden de encargo o patentes alteradas facilitarán a las autoridades policiales la captura de los delincuentes.

Además, estas medidas no solo facilitarán la labor del Ministerio Público y de las Fuerzas de Orden, sino que también servirán como un poderoso disuasivo de este crimen.

Es indispensable la disposición que obliga a las concesionarias permitir el acceso al Ministerio Público y a las policías a la información en tiempo real, especialmente en casos de flagrancia. Y creo que los autores podrán explicar la indicación que quieren introducir y que me parece de toda lógica, porque necesitamos más y mejor información.

Finalmente, quiero subrayar la importancia de implementar estas medidas cuanto antes. Aquí se ha hablado de cinco años como un plazo total. Ojalá que en el trabajo de coordinación del Ministerio -y me consta el esfuerzo de la ministra- con las empresas se pueda acelerar este plazo.

La seguridad es responsabilidad de todos, Presidente .

Así como veíamos los desastres en materia eléctrica en estos días, la labor del municipio, de la superintendencia, de las empresas y de vecinas y vecinos hacen y marcan la diferencia.

Gracias, Presidente .

El señor GAHONA.-

Gracias, Presidente.

Hoy discutimos un tema de vital importancia para los ciudadanos que utilizan las autopistas de nuestro país. Nos referimos al proyecto de ley sobre seguridad en autopistas concesionadas.

Esta iniciativa busca requerir a las concesionarias de obras públicas viales que adopten medidas de seguridad para proteger a los usuarios y sus bienes.

La necesidad de este proyecto surge de la creciente preocupación por la seguridad en nuestras autopistas. Los constantes casos de delincuencia, como encerronas, robos de vehículos, algunos de ellos ocurridos en vías concesionadas, han puesto en evidencia la necesidad de contar con medidas más adecuadas para proteger a los conductores.

Esta situación ha llevado a que los ciudadanos demanden un marco regulatorio más robusto que garantice su seguridad al transitar por estas vías.

Este proyecto de ley surge de la fusión de dos mociones presentadas por varios senadores en 2022, preocupados por la seguridad de las autopistas concesionadas.

La primera moción proponía la adopción de medidas de seguridad; y la segunda buscaba modificar el decreto supremo Nº 900, que fija el texto refundido de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, para incluir estas medidas.

Ambas mociones fueron estudiadas y votadas en las comisiones pertinentes del Senado y se consolidaron en un solo proyecto con una indicación sustitutiva del Ejecutivo, la cual fue aprobada por unanimidad.

Esta iniciativa introduce varias modificaciones importantes.

En primer lugar, incorpora una nueva obligación para las concesionarias de adoptar medidas de protección y seguridad en las obras viales. Estas incluyen, por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad, cámaras térmicas, sistemas lumínicos y lectores de patente, entre otras.

Es importante destacar que las medidas específicas deberán ser detalladas en las bases de licitación, considerando la naturaleza y ubicación de cada concesión, para asegurar una implementación efectiva y adecuada.

Además, el proyecto de ley establece que las concesionarias deberán entregar a las autoridades competentes la información captada por sus sistemas de vigilancia.

El Ministerio Público tendrá acceso a esta información cuando lo requiera en el marco de una investigación. Las policías, por su parte, podrán acceder a los datos en tiempo real y sin necesidad de requerimiento previo, en caso de flagrancia.

Esto permitirá una respuesta más rápida y eficaz ante situaciones de emergencia, mejorando la seguridad en nuestras autopistas.

Para garantizar la adecuada implementación de estas medidas, el proyecto de ley también contempla una disposición transitoria. Esta establece que el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, podrá realizar las acciones tendientes a modificar los contratos de concesión de obras públicas viales vigentes que no cuenten con las medidas de seguridad en un plazo máximo de cinco años.

Es relevante mencionar que el MOP ya cuenta con la facultad de modificar estos contratos, conforme al decreto supremo N° 900, de 1996. Este plazo de cinco años parece sensato para permitir que las concesionarias se adapten a las nuevas exigencias. Las modificaciones realizadas deberán ser informadas anualmente a las Comisiones de Obras Públicas de ambas cámaras del Congreso.

En conclusión, señor Presidente , este proyecto de ley es un paso fundamental para mejorar la seguridad de nuestras autopistas concesionadas. Al exigir que las concesionarias adopten medidas de protección y seguridad y al facilitar el acceso a la información captada por los sistemas de vigilancia a las autoridades competentes, se busca proteger a los usuarios y sus bienes, así como reducir la delincuencia en nuestras rutas.

Por esta razón, les solicito a todos los presentes apoyar este proyecto de ley y que avancemos hacia un sistema de autopistas más seguro y confiable para todos los chilenos.

He dicho, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor NÚÑEZ .-

Presidente , yo ya entregué el informe y creo que este detalla muy bien la situación.

Solo quería destacar un aspecto que se discutió en la Comisión y que me parece relevante para el conocimiento de los senadores y las senadoras. Lo más importante para combatir realmente los delitos que se producen en autopistas -lamentablemente, van en aumento- es esta famosa interoperabilidad, la que permitirá que la información que emane de las autopistas esté disponible tanto para el Ministerio Público como para las policías, ya sea la PDI o Carabineros.

El gran tema es quién será capaz de procesar toda esa información.

Es un punto muy relevante que nos hizo ver el senador Iván Flores, pues es mucha la información que va a fluir.

Y la verdad es que ahí hay un compromiso, que no es de la ministra de Obras Públicas , sino del subsecretario de Prevención del Delito , de que iba a tener el programa Sitia, que nos mostró, que estaba ya en marcha en forma de programa piloto; y no es una promesa, es algo en que se está avanzando. Pero es muy importante que esté cien por ciento implementado para poder usar toda esta información de manera idónea.

Así que quería destacar ese compromiso del Gobierno en esa materia que es fundamental, porque, si no hay programas de inteligencia artificial capaces de procesar, probablemente, todas estas imágenes que van a estar en tiempo real no van a permitirnos prevenir y combatir los delitos que se espera en este proyecto de ley.

Eso, Presidente .

Muchas gracias.

El señor DE URRESTI.-

Muchas gracias, Presidente.

Saludo, por su intermedio, a la señora ministra.

En el seguimiento del debate, nosotros hemos abordado por distintas aristas este proyecto, que sin lugar a duda va en el camino correcto, absolutamente.

En la discusión, que se ha prolongado durante varios meses, hay un consenso: que las autopistas son un terreno bastante fuera de cobertura de muchas normas legales.

Está la inversión, está el carácter más expedito, sobre todo en las autopistas urbanas, donde el acceso por parte de efectivos de Carabineros, de bomberos o de ambulancias es tremendamente difícil porque los accesos -valga la redundancia- están restringidos o solo en determinados lugares se puede ingresar o salir. Entonces, cuando se comete un delito dentro de las instalaciones, particularmente aquellas subterráneas, es tremendamente difícil intervenir.

Y, por otro lado, se consignaba que las autopistas hoy día son el espacio ideal, el espacio privilegiado, donde circulan miles, miles de vehículos. Y con la sola lectura de la patente a través de la tecnología tú puedes detectar y hacer un chequeo, una interoperabilidad -como señalábamos-, en que se identifica claramente que una patente no corresponde al modelo de vehículo, al color, y eso, con un sistema interoperativo, debiera en tiempo real hacer saltar inmediatamente esa alarma, de manera de que en el pórtico siguiente o en la salida siguiente haya un sistema para el respectivo control.

Nosotros insistíamos, ministra -por su intermedio, Presidente -, en que la tecnología debe ser amigable y estar en línea con Carabineros. Las autopistas tienen facultades para retirar vehículos por seguridad, con grúas y cosas de esa naturaleza, pero carecen de facultades policiales. Pero sí tienen una base de datos en línea de miles, y creo acercarme a millones, de vehículos que circulan diariamente.

Entonces, nosotros planteábamos de qué manera se utiliza ese conocimiento y la tecnología para que, en línea, se activen protocolos con las fuerzas de Carabineros, con el fin de que, en la salida correspondiente, haya un sistema integrado con las policías, para que se pueda proceder a la detención o, al menos, a cursar las infracciones. Porque sería desutilizar la capacidad tecnológica que el registro simplemente sirviera a posteriori, cuando ya se cometió un delito.

Y poníamos el ejemplo de la Fiscalía -y vaya un reconocimiento para ella y para quienes trabajaron detrás de eso-, porque, triangulando imágenes, pudieron determinar dos o tres vehículos que se repetían circulando durante los megaincendios de Viña del Mar. Y producto de eso, chequeando y cruzando esa información, se fueron achicando las posibilidades y se pudo identificar el vehículo y a algunos de los imputados por ese delito. Eso fue a posteriori, con la utilización de esos registros.

Entonces, nosotros creemos que tiene que haber un sistema activo, interoperativo, en relación directa con el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito o con la institución que corresponda.

Eso excede un poco a Obras Públicas propiamente tal, a Concesiones, pero es lo que, al menos a mí, me ha llevado a votar a favor, en dar la discusión. Creo que hay consenso para entender la interoperabilidad de las imágenes, de los registros para poder utilizarlos.

Yo voy a votar a favor.

También adelanto, Presidente , que la indicación viene a perfeccionar y a desarrollar de mejor manera lo que habíamos consignado. Creo que debiéramos buscar una fórmula respecto de su redacción y, de esa forma, contar con una buena ley que avance sobre el particular.

Este proyecto se encuentra en primer trámite, por lo que sería interesante, ministra -ya que está el ministro de la Segprés , Álvaro Elizalde , siguiendo esta discusión-, que en la Cámara de Diputados pudiéramos contar con la participación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de la Subsecretaría del Interior o de Carabineros, para que el sistema sea integrado, de modo que no tengamos simplemente mayor cantidad de registros, pero sin eficacia en el retiro de los vehículos o en cursar las infracciones.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor ESPINOZA.-

Presidente , solo quiero valorar la iniciativa.

Creemos que es fundamental modernizar todos aquellos aspectos que signifiquen mayor seguridad. Muchas veces las rutas concesionadas son objeto -y aquí se ha dicho con mucha fuerza- de delitos de diversas características. Por lo tanto, es primordial un proyecto de este tipo, que además modifica diversos cuerpos legales para establecer elementos que permitan mejorar la situación y abordar estos hechos.

En tal sentido, quiero señalar con firmeza que valoro tremendamente la iniciativa en comento, porque establece la obligación para las concesionarias de obras públicas en orden a adoptar medidas de seguridad y modifica las penas para los delitos que allí quedan incorporados.

La cantidad de hechos que ocurren a diario hacen necesario ir avanzando en esta materia.

Ser más exigentes con las concesionarias y que la información quede en línea con las policías permitirá desbaratar estas bandas criminales que provocan muchas veces la inseguridad de la población.

Lamentablemente, esto no puede ser algo automático, por las razones que aquí se han indicado, pero creemos que es un avance importante, que valoramos. Y, por lo tanto, vamos a votar favorablemente, como corresponde, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Por su intermedio, saludo a la ministra de Obras Públicas , presente en la sala. La felicito por el gran trabajo que hace por el desarrollo del país. El Ministerio de Obras Públicas tiene la tremenda carga de ejecutar un desarrollo no solo físico. Curiosamente, al lado de cada autopista concesionada van cables de fibra óptica.

Todas las construcciones se están haciendo tanto físicas como digitales. Y se habla de la construcción de una nueva república de Chile, una república digital.

Por eso, este proyecto tiene factibilidad tecnológica, incluso con la indicación.

Señor Presidente , quiero explicar en forma simple qué es la interoperabilidad. Y si el ministro secretario general de la Presidencia lo permite, me gustaría señalarle a la ministra que para un abogado básicamente se trata de certeza jurídica de actos digitales.

Aquí no estamos hablando de traspasos de datos o del antiguo sistema BUD (Banco Unificado de Datos), que consistía en "mándeme una vez al día lo que tenga". De lo que estamos hablando es de pasar de sistemas de gestión documental a sistemas transaccionales, de transacciones que son certeras, seguras y que constituyen evidencia.

Eso se logra de forma distribuida con la tecnología. Hoy, la cámara, el edge computing, es capaz de hacer todo lo que estamos haciendo, no necesitamos centros en donde llegue todo a un lugar. Y esa capacidad se recoge con los cables de fibra óptica.

Entonces, no podríamos hacerlo si no existiera, por un lado, el desarrollo de fibra óptica nacional -uno de los sistemas más rápidos del mundo, reconocido así todos los años en los foros internacionales-, y, por otra parte, la capacidad que hoy tiene la tecnología: las cámaras.

¿Y por qué es importante esto? No lo es solo por la seguridad, sino por todo.

Fíjese, señora ministra -por su intermedio, Presidente -, que para el Ministerio de Transportes esto es fundamental. Ellos aspiran, con Conecta Logística, a ser uno de los diez países más eficientes en gestión logística.

Y eso se logra con data, con big data. Necesitamos recoger todos esos datos, todos, y no solo la placa patente, sino también el tamaño, si es un camión, si va cargado o no, anonimizando -para respetar la vida privada-, de manera de ocupar la información que permita gatillar las alarmas para que la persecución o la prevención a cargo del Estado se pueda ejecutar.

En materia preventiva, especialmente vehicular, eso le corresponde a Carabineros de Chile. Incluso, se hacen cargo de los accidentes del tránsito, a través de la SIAT. Entonces, aquí también tenemos un apoyo a accidentes.

Todo esto es data que ayuda a manejar de mejor forma el flujo, especialmente en estas autopistas concesionadas. Va a ayudar en temas logísticos, va a ayudar en temas de seguridad, va a ayudar para esclarecer accidentes.

Y por eso hay que fijar nuevas reglas. De eso estamos hablando.

Nos falta la ley de gobernanza e interoperabilidad, ya que todavía no definimos la interoperabilidad en Chile.

Esta tiene cuatro capas: una capa técnica encriptada; una capa semántica, que permite el lenguaje de los computadores; una capa organizacional, para entender de qué está hablando cada organización, y una capa jurídica. Ese es el modelo europeo.

Entonces, yo invito a la Secretaría General de la Presidencia a que avancemos con la mesa técnica existente para que tengamos una ley de gobernanza e interoperabilidad, y así usar la data tal como se señala, en tiempo real, pero de manera transaccional.

No es que se deba pasar de unos a otros. La data está disponible, y permite tomar decisiones acerca de cómo perseguir a un actor criminal, cómo contribuir a una investigación, o cómo mejorar la logística o la seguridad de la autopista. Todos ganan.

Contra el crimen organizado debemos estar todos unidos; aquí no se compite, todos colaboramos, incluido el sector público y el sector privado. Poniéndonos eso como la meta, lo vamos a lograr.

Quiero recordar entonces a esta fundación de derecho privado sin fines de lucro, Conecta Logística, que, por primera vez, el 10 de octubre de este año, va a entregar un premio en esta innovación. Usemos también esto como un vehículo de desarrollo para generar nuevas profesiones basados en esa data.

Ese es el trabajo que deben tener las empresas concesionarias: ayudar a construir conocimiento que también persiga al crimen. Si lo logramos, lo vamos a poder hacer.

Yo por eso invito a votar a favor de esta indicación y después, con el Ejecutivo , a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio del Interior y la nueva Secretaría de Gobierno Digital, a sacar la ley de gobernanza e interoperabilidad que nos va a resolver varios problemas.

Voto a favor, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor VELÁSQUEZ.-

Gracias, Presidente.

Un saludo afectuoso a la ministra de Obras Públicas .

Y por supuesto que vamos a votar de manera favorable este proyecto, sobre todo después de escuchar todas las bondades que tiene.

Está disponible la tecnología, y creo que hay un criterio que se ha ido acuñando en todo el espectro del mejoramiento urbano y, por supuesto, las carreteras, que tiene que ver con elevar los estándares en todo sentido, sobre todo si con eso la tecnología nos permite combatir el crimen común, el crimen organizado, y avanzar en todo lo que implica mayor seguridad en el tema que nos convoca, el mejoramiento de las autopistas, las carreteras, en razón de estas concesiones.

Y lo digo porque la ministra estuvo hace pocos días en Calama, región de Antofagasta, e hizo anuncios bien interesantes acerca del mejoramiento de carreteras.

Usted sabe, ministra, que recién en estos días se está entregando la autopista entre Antofagasta y Calama . La región no contaba con ninguna de este nivel, y después de, no sé, doce, quince, dieciocho años desde que se licitó el primer tramo de Antofagasta a Carmen Alto, hoy recién está llegando a Calama.

Lo manifiesto, como en más de alguna ocasión, sobre todo a su cartera, que es tan importante, porque no solo la región de Antofagasta, sino también la provincia de El Loa hoy día alojan tres, cuatro políticas públicas de un impacto tremendo para el desarrollo del país.

Y ahí quisiera pedirle su colaboración. Usted ya estuvo allá, e hizo importantes anuncios en el mejoramiento de los tramos, pero me parece que debemos elevar la mirada para tener autopistas en la región.

Hay un tramo que podemos apurar aún más con su intervención, ministra, en lo tiene que ver con el área de concesiones: el tramo entre Calama y San Pedro de Atacama, hoy día de muy bajos estándares, que va a ser la columna vertebral de la primera política pública del litio.

Pero además nos olvidamos de las cuatro divisiones que tiene Codelco en los alrededores de Calama, en la provincia de El Loa.

Si algo necesita el planeta hoy día, es cobre, litio, energías limpias. Hay una política pública no declarativa, que son las energías limpias y el desarrollo del hidrógeno verde.

Usted además sabe, y lo ha manifestado, acerca del anhelado Corredor Bioceánico en el norte, al que hasta hace algunas semanas el Presidente dio un impulso tremendo.

Pero falta acelerar allí porque, hoy día, si llegan los inversionistas, es cosa de mirar y decir: "Bueno, y ¿cuáles son las carreteras? ¿Por aquí van a transitar los vehículos de alto tonelaje de la minería?". Debemos apurar aquello porque la unidad de concesiones nos dijo tiempo atrás: "Hay que colocarse a la fila". ¡Todavía este tramo no es declarado de interés público!

Entonces, uno dice: "Indudablemente que nos entregan criterios técnicos, pero la región de Antofagasta, en su conjunto, es de alto interés público para el país". Cuesta a veces entender esto y, a ratos, uno dice que ya no sabe cómo convencer.

Creo que usted ha sido de las ministras que se han sensibilizado en el tema: llegó y asumió varias tareas y compromisos hace poco con el gobernador regional en Antofagasta.

No obstante, falta mirar ahora cómo vamos a la autopista, porque la gente de Vialidad, a nivel nacional, nos dice: "El mejoramiento que vamos a hacer son algunos metros de berma que construiremos para la izquierda y para la derecha". Y uno dice: "Por favor, aprovechemos los recursos porque ya están destinados", ya que, claro, se planifican con largo plazo, con mirada de futuro.

Entonces, yo les pediría aquello porque probablemente las visitas de personajes muy importantes, Presidentes de la República , equipos de ministros, de empresarios, no recibirían muy bien las paupérrimas pistas que tenemos en algunos tramos.

Estamos hablando de política pública.

Bien por este proyecto, para aquellas regiones que desde hace décadas y décadas tienen autopistas, y que hoy día estamos alhajando un poquito.

Gracias, Presidente .

La señora SEPÚLVEDA.-

Muchas gracias, Presidente.

A mí me tocó revisar este proyecto cuando estaba en la Comisión de Obras Públicas, y debo decir que yo comparto el tema de las concesiones.

Creo que es un sistema que se ha ido perfeccionando, que se ha utilizado en varios otros rubros y que, de alguna manera, ha dado soluciones importantes a problemas de infraestructura que nos llevaría años y años poder construir si no tuviéramos tal sistema, pero hoy día colocando el foco en las personas, en los usuarios.

Y pienso que aquí hay una deuda muy importante en términos de cómo nos vamos relacionando con los problemas de seguridad que hoy día tenemos. No estamos en línea con Carabineros, no se puede responder si se robaron un vehículo o no, hay adulteración de patentes, etcétera.

Tuvimos la posibilidad de conversar con Carabineros en su minuto y estaba, yo diría, toda la capacidad e inteligencia y solo había un tema de coordinación que debemos mejorar. O sea, en la infraestructura de acceso donde hoy día tenemos las complicaciones, sí, ahí tenemos que mejorar con cámaras, con dispositivos, etcétera.

Pero también cuando se pasa por las carreteras concesionadas, perfectamente podríamos hacer un trabajo mucho más coordinado con las policías para este sistema de seguridad.

Yo creo que es importante colocar en el centro hoy, en todos los aspectos, el tema de la seguridad y cómo vamos controlando estos vehículos permanentemente.

Pero quiero hacer un paréntesis en esta intervención, Presidente , si usted me lo permite, porque quiero aprovechar que la ministra está acá. Y no puedo dejar de hablar de esto, con las complicaciones que tenemos con las empresas eléctricas y que tenemos con muchos vecinos y vecinas de nuestras regiones que están sin luz hoy día.

Pero al mismo tiempo, en los sistemas de agua potable rural, al no tener luz, tampoco hay agua. Y, si me permite, me acaba de llegar esto (la senadora muestra un documento): son veintisiete APR, ¡veintisiete APR!, de la región de O'Higgins que no tienen agua ni tienen luz.

Entonces, yo quiero pedirle a la ministra, por su intermedio, algo que hemos planteado durante mucho tiempo: cómo hacemos prevención. Hoy día, por la condición que tienen los APR como servicios sanitarios rurales, deben colocar generadores que estén a cargo o que sean financiados por la CGE, que estén en los proyectos de ampliación y mejoramiento. Pero necesariamente debemos tener una fórmula para que las personas de los sectores rurales no queden sin luz y tampoco sin agua.

Eso no puede ser, pues son los dos servicios básicos más importantes que tienen que dar algo tan básico como son los sistemas de agua potable rural.

No quería dejar de plantear esto, Presidente . Está la ministra de Obras Públicas acá, que tiene que ver con las concesiones, con el sistema de seguridad, pero también con esto que están viviendo muchos vecinos y vecinas, quienes lo están pasando pésimo después de los más de siete días de interrupción que se van a cumplir, porque esto empezó el jueves 1 de agosto.

Gracias, Presidente .

--Se aprueba en general y en particular el proyecto, salvo la indicación referida (28 votos a favor y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Espinoza, Flores, Gahona, Kast, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Núñez, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Moreira.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Mesa se han registrado siete pareos.

--Con la misma votación anterior, se aprueba la indicación antes individualizada.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Queda aprobado el proyecto de ley en general y en particular, y es despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.

El señor WALKER ( Vicepresidente ).-

Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que haga la relación. Y hay acuerdo para abrir la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

Conforme al acuerdo de la Sala, el señor Presidente pone en discusión el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas, y modifica los cuerpos legales que indica, en materia de plazos de entrada en vigencia de sus obligaciones, iniciativa correspondiente al boletín N° 16.849-12.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.849-12) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el cual despachó un artículo único que, mediante dos numerales, introdujo modificaciones en los artículos primero y segundo transitorios de la ley N° 21.368, con la finalidad de extender el plazo de entrada en vigencia de las obligaciones establecidas en dicha norma.

A su respecto, la Cámara de Diputados modificó el texto de la iniciativa.

Cabe señalar que el Senado aprobó una letra b) en el número 2 del artículo único, cuyo objetivo era ampliar el plazo para alcanzar el porcentaje de plásticos recolectados y reciclados en el país que deberán incorporar las botellas plásticas desechables, de un 15 por ciento al año 2025 y un 25 por ciento al año 2030, por un 15 por ciento al año 2026 y un 25 por ciento al año 2031. Esta letra b) fue eliminada por la Cámara de Diputados, y ahora el Senado debe pronunciarse sobre la enmienda introducida por dicha Corporación.

En el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por esta cámara de origen en el primer trámite constitucional y la modificación efectuada por la cámara revisora durante el segundo trámite constitucional.

Es todo, señor Presidente.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , este proyecto fue discutido en la Comisión de Medio Ambiente en su momento y tuvo una aprobación unánime por parte de sus miembros. Lo que busca es simplemente establecer un plazo definido, adicional, para que el Gobierno pueda dictar el reglamento al que la propia ley se remite.

Soy uno de los coautores de la Ley de Plásticos de un Solo Uso, y, por supuesto, tengo especial interés en que finalmente dicha normativa se cumpla. Pero hoy día se ha presentado una dificultad debido a que el Ejecutivo no ha dictado el reglamento al cual se remite justamente la aplicación de la ley.

Por tanto, lo que hace este proyecto es establecer un plazo definido para aquello.

Se discutieron dos alternativas: o establecer un plazo adicional a la dictación del reglamento, pero eso podía generar incertidumbres con respecto a si el Ejecutivo cumplía o no con aquel, u otra fórmula. Y se optó por constreñir el plazo a uno razonable que también forzara al Ejecutivo a cumplir con su obligación de despachar el reglamento.

Por eso que ahora se ha determinado un plazo sensato, y creo que es razonable aprobar dicha proposición en este tercer trámite.

He dicho, señor Presidente.

El señor GAHONA.-

Gracias, Presidente.

Simplemente deseo reforzar lo que ha señalado el senador Chahuán , cual es que efectivamente este es un proyecto que permite modificar los plazos para que así el reglamento genere las certezas correspondientes respecto de todos los que están regulados por la ley.

Por tanto, de este modo se agiliza el mecanismo o, mejor dicho, se da un plazo al Ejecutivo para que pueda dictar el reglamento y, también, se generen las certezas pertinentes a todos quienes se encuentran regulados en dicha normativa.

Así que la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, por unanimidad, es aprobar el proyecto.

En la Cámara de Diputados uno de los numerales se retiró, pero nos parece que eso no afecta en gran medida el proyecto de ley que se ha presentado.

En consecuencia, creemos que lo más recomendable hoy día es aprobar esta iniciativa, Presidente .

He dicho.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Primero, quiero agradecer la disposición de todos los senadores y, por cierto, la de usted también de llamar a reunión de comités y así poder estar viendo este proyecto en su tercer trámite.

Acá de lo que se trata no es solamente aplicar o aprobar legislaciones necesarias para el medioambiente y mejorar la calidad medioambiental del país, sino que además estas normas tienen que ser coherentes y cumplir con todos los trámites.

Parte de la legislación o muchas de las leyes que nosotros aprobamos mandatan a una reglamentación más pormenorizada, y eso se hace a través de un reglamento, que es lo que se busca acá, porque había una ley que mandaba dictar un reglamento, lo que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Y podría darse la inconsecuencia de que el 13 de agosto, si mal no recuerdo, entre en vigencia esta ley sin un reglamento, lo que haría que tuviera una aplicación no siempre prudente, no siempre consecuente con el espíritu del legislador, sino que, muy por el contario, que fuera aplicada de manera desigual, generando una multiplicidad no solamente de costos económicos, sino también de judicializaciones.

Por eso, Presidente, nosotros votamos a favor de la ampliación del plazo propuesto en este proyecto.

Gracias.

He dicho.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, por un principio de fair play, y es como siempre hemos trabajado en este Senado, se ha dado el acuerdo para poder ver este proyecto.

Quisiera señalar que yo fui una de las voces disidentes al momento de discutir esta iniciativa, porque creo que la norma que precisamente regula o modifica la entrada en vigencia de la Ley de Plásticos de un Solo Uso y Botellas Plásticas fue algo que nosotros consensuamos en su momento, en el camino de la economía circular, de poder ir eliminando los plásticos.

Entiendo que exista una tardanza, a veces una demora o alcance de tiempo, para dictar los reglamentos. Y uno también en eso es solidario con el Ejecutivo , pero yo no escuché ninguna argumentación de fondo de por qué ocurre aquello.

Veo que este proyecto tiene una serie de beneficios, especialmente para la industria, para quienes producen, y también especialmente para la industria de la "comida masiva", como se le llama, que utiliza permanentemente esto.

Creo que aquí hay una serie de empresas involucradas, como -y lo digo con nombre y apellido- McDonald's, que es una empresa de comida chatarra que no solo incumple, sino que también tiene una pésima política desde el punto de vista nutricional. Y ella se verá beneficiada con esta norma. Recuerdo que incluso en algún momento hicimos ciertas regulaciones a la entrega de sus productos asociados a incentivos para los niños. Sin embargo, se va a ver claramente beneficiada.

La cantidad de residuos plásticos que hoy día se están generando en la industria, no en el restorán de la esquina o de Valdivia o de La Serena o de Coquimbo, sino en estas grandes cadenas, es enorme. Es enorme en la disposición final, porque se terminan atochando y llenando los vertederos, como también lo es desde el punto de vista de la sostenibilidad.

Quienes votamos e impulsamos en su oportunidad el proyecto que regula la entrega de plásticos para que esto se pudiera hacer dentro de un plazo, de ninguna manera tuvimos en vista esta prórroga.

Entiendo una prórroga cuando hay una necesidad de Estado o de adecuación, pero creo que acá que se ve tremendamente beneficiada una determinada industria y, particularmente, este tipo de negocios de comida rápida, las grandes cadenas, no las pequeñas, que, sin lugar a dudas, se han ido modificando y rectificando su situación.

Por eso, Presidente, yo voy a mantener mi votación en contra, en el entendido de que se sigue beneficiando, mejorando y prolongando el negocio de contaminación a empresas de un determinado sector, las que, no digamos que van a quebrar ni mucho menos, continuarán lucrando y teniendo grandes ganancias a costa del medioambiente.

Pienso que Chile debe tener un compromiso. Por eso, me habría gustado que estuvieran acá representantes del ministerio para que explicaran a qué efectivamente se debe esta tardanza, si es un problema de cuadros técnicos, de complejidad. Porque no podemos, producto de la imposibilidad de tener una determinada reglamentación, prolongar o modificar el fondo de una ley. Creo que eso es eludir el debate de fondo.

Democrática y particularmente, en medioambiente nosotros tenemos que ser consistentes y permanentes en el tiempo para efectos de lograr los objetivos, dar un mensaje a la industria y a los consumidores, cambiar nuestros hábitos e incentivar la transformación verde y sostenible.

Creo que esto no es un buen mensaje para quienes aspiramos a un medioambiente libre de contaminación o a una economía verde, a una economía circular y, también, a cambios de hábitos.

Señor Presidente , voy a votar en contra de esta iniciativa, porque mantengo la votación con que me pronuncié en la primera parte de esta discusión, porque este proyecto, al prolongar esta situación y dar estos plazos, debería haber tenido una discusión mucho más de fondo con los actores involucrados, con los distintos intervinientes y no simplemente que esto se traduzca en entregarles más años a empresas contaminantes del plástico y a las grandes cadenas de comida rápida.

He dicho.

--Se aprueban las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados (17 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención) y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espinoza, Flores, Gahona, Kusanovic, Pugh, Saavedra, Sanhueza y Walker.

Votaron por la negativa los señores De Urresti y Velásquez.

Se abstuvo el señor Latorre.