Labor Parlamentaria

En el Orden del Día, corresponde tratar el segundo informe reglamentario del proyecto de ley, iniciado en moción, que crea un permiso laboral para que dirigentes de comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales puedan atender emergencias en su operación, correspondiente al boletín N° 16299-13.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación es la señorita Carolina Tello .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, sesión 42ª de la presente legislatura, en lunes 17 de junio de 2024. Documentos de la Cuenta N° 9.

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 17ª de la presente legislatura, en miércoles 10 de abril de 2024, ocasión en que se rindió el primer informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En reemplazo de la diputada Tello , rinde el informe la diputada Carolina Marzán .

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora MARZÁN, doña Carolina (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, paso a informar sobre el proyecto de ley que crea un permiso laboral para que dirigentes de comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales puedan atender emergencias en su operación, iniciado en moción de los diputados y las diputadas Héctor Barría , Felipe Camaño , Nathalie Castillo , Marta González , Carolina Marzán , Cosme Mellado , Emilia Nuyado , Víctor Pino y Jaime Sáez , en primer trámite constitucional y segundo reglamentario.

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en otorgar un permiso a las y los dirigentes de los comités y cooperativas de agua potable rural para acudir a solucionar emergencias producidas en la operación y gestión de los servicios de agua potable rural que representan, sin que ello importe una ausencia en sus trabajos.

Respecto del fundamento de la iniciativa legal, se señala por los mocionantes que, según la encuesta Casen de 2017, casi un millón y medio de chilenos no cuenta con agua potable y/o baño en sus viviendas, situación que se agrava en las zonas rurales. Así, de acuerdo con información publicada por la Dirección de Obras Hidráulicas en 2019, existen a la fecha cerca de 1.897 sistemas de agua potable rural a lo largo del país, que abastecen el 99 por ciento de la población rural, alcanzando casi 1.740.639 habitantes.

Los sistemas de agua potable rural se han convertido en servicios esenciales para el acceso al agua de las comunidades. De esta forma, las asociaciones de APR trabajan para abastecer de agua potable a las comunidades rurales, ejecutando proyectos de inversión y asesoría, en compañía de los actores locales y dirigenciales, quienes se encargan de administrar, operar y mantener los sistemas que les brinden el agua que requieren.

Los sistemas de agua potable rural (APR) son administrados, mantenidos u operados por la misma comunidad organizada en comités o cooperativas. Para el funcionamiento de estos se cobra una tarifa por los consumos de agua potable, garantizándose la sustentabilidad del servicio.

Ahora bien, son los y las dirigentes de los comités y cooperativas quienes se hacen cargo en gran medida de la operatividad, de la contaduría y de que el servicio se entregue de la mejor manera posible a sus usuarios.

En medio de ese valioso compromiso, las y los dirigentes, además de ejercer sus labores en sus propios lugares de trabajo, se hacen cargo de garantizar el derecho humano al agua. Es aquí donde se genera el conflicto para ejercerlo sin ser sancionados o despedidos por sus empleadores, puesto que él o la dirigente que está trabajando debe pedir permiso para salir a atender una urgencia de los APR. En el caso de que este no se les otorgue, su salida para atender dicha urgencia se contabiliza como inasistencia, lo que puede provocar el despido del trabajador. Por eso es fundamental que el ejercicio de su cargo sea compatible con el ejercicio propio de sus labores en sus puestos de trabajo.

Resumen del contenido de la iniciativa

El proyecto de ley propone agregar un artículo 56 bis en la ley N° 20.998, que Regula los Servicios Sanitarios Rurales, a través de un artículo único del proyecto, el cual fue modificado en su inciso segundo, además de añadirle un inciso tercero nuevo, producto de las indicaciones aprobadas en la comisión.

Trabajo realizado en la comisión

En la comisión se discutió en particular las indicaciones presentadas en la Sala por el diputado Benjamín Moreno , cuyas observaciones están contenidas in extenso en el segundo informe de la comisión.

En concreto, el proyecto de ley aprobado en la comisión, en segundo trámite reglamentario, consta de un artículo único que agrega un artículo 56 bis en la ley N° 20.998, que Regula los Servicios Sanitarios Rurales: “Artículo único.- Agrégase, en la ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales, el siguiente artículo 56 bis:

“Artículo 56 bis.- Las y los dirigentes que se desempeñen en algún cargo en la directiva o representen legalmente a un comité o cooperativa de servicios sanitarios rurales estarán facultados para acudir a resolver las emergencias que amenacen con poner en riesgo la continuidad operativa o la seguridad de los servicios sanitarios rurales. Sean estas por fallas en la infraestructura, por amenazas a la salud pública, por eventos climáticos extremos, por incendios, por fallas o cortes de suministro, a raíz de un desastre natural u otras circunstancias que exijan una respuesta inmediata para salvaguardar los mencionados servicios.

Asimismo, podrán concurrir a actividades tales como procesos de capacitación técnica, congresos formativos, comisiones legislativas parlamentarias o acudir a citaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y sus distintas unidades que lo conforman. El dirigente tendrá plazo de 48 horas previas para avisar a su empleador.

Tratándose de las emergencias y actividades a que se refieren los incisos primero y segundo de este artículo, los dirigentes deberán acreditar fehacientemente la concurrencia a cualquiera de dichos eventos a su empleador mediante cualquier medio apto para producir fe, como fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido o cualquier otro medio análogo.

El tiempo que estos destinen en la atención de estas emergencias que amenacen con poner en riesgo la continuidad operativa o la seguridad de los servicios sanitarios rurales, así como también a concurrir a las actividades citadas por la autoridad descritas en el inciso anterior, será considerado como trabajado para todos los efectos legales. El empleador no podrá, en caso alguno, calificar esta salida como intempestiva e injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo establecida en la letra a) el número 4 del artículo 160 del Código del Trabajo o como fundamento de una investigación sumaria o de un sumario administrativo, en su caso.

Las y los dirigentes que se desempeñen en algún cargo en la directiva o representen legalmente a un comité o cooperativa de servicios sanitarios rurales deberán dar aviso a la Inspección del Trabajo, del territorio respectivo, sobre su calidad de dirigente de un comité o cooperativa de agua potable rural y actualizarán la información cuando corresponda.”.”.

Es todo cuanto puedo informar, de conformidad con lo acordado por la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En nombre de la Corporación, saludamos al Centro Cultural Las Palmeras Sector A de las Palmas, Forestal, de Viña del Mar, y particularmente a su presidente, señor Santiago Castro Quiroz , quienes han sido invitados por el diputado Jorge Brito .

Bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados.

El señor CAMAÑO.-

Señorita Presidenta, celebro este proyecto con mucho orgullo, del cual soy coautor, que crea un permiso laboral para que dirigentes de comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales puedan atender emergencias en su operación.

En estos días, donde hemos visto serias emergencias en distintos puntos de nuestro país, y enfocándome precisamente en nuestra Región de Ñuble, hemos visto cómo se han desplegado nuestros dirigentes de servicios sanitarios rurales, siempre dispuestos y prestos a poder acudir a la emergencia y poder garantizar ese servicio tan vital, como es el agua, a los vecinos y vecinas.

Por eso, celebro este proyecto que, en definitiva, les genera este permiso laboral en una función que es tremendamente ingrata, difícil y que muchas veces los propios socios de los comités no comprenden. Por eso, cuando generamos este tipo de iniciativas, que permite ayudar a nuestros dirigentes, siempre contará con nuestro apoyo.

Por otro lado, quiero decirles que más de 8.300 familias de la región aún dependen de camiones aljibe, que es un negocio que lleva años en nuestra región, y por eso pregunto si saben lo que significa vivir con 350 litros a la semana. O sea, me imagino que eso no está en sus mentes y ni siquiera saben el dolor que estas familias sienten en los sectores rurales al tener que recibir tan poca agua.

Para qué decir el daño que hacen los propios camiones aljibe a los caminos y a los puentes. Muchas veces, esos camiones aljibe ni siquiera pueden llegar a destino para entregarle el agua a la gente porque los caminos de la región están reventados. Es una situación que lamentablemente pasa, y por eso me habría gustado que el Ejecutivo hubiese escuchado y dado respuestas a este proyecto, porque es urgente que el Estado, de una vez por todas, se haga cargo de un tremendo flagelo y de una necesidad, como es entregarles dignidad y un recurso vital, como es el agua potable, a nuestros vecinos de la ruralidad.

Necesitamos que haya un cambio urgente y una medida real, y dejar estas soluciones parche que se han quedado por tantos años en nuestra región.

Por eso, me gustaría que la propia Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) tuviese en la ley de presupuestos, por lo menos, un incremento para integrar a cuatro funcionarios más, que es lo que hemos conversado que faltan en nuestra región, para poder agilizar ciertos proyectos que, lamentablemente, llevan durmiendo por muchos años.

Creo que estos son proyectos que le hacen bien al país, que están aterrizados en la gente, y, sin lugar a dudas, somos portavoces para buscar la solución.

Obviamente, voy a votar favorablemente este proyecto, porque está totalmente concentrado en las necesidades de nuestro país.

He dicho.

El señor SAFFIRIO.-

Señorita Presidenta, ser dirigente de un comité de agua potable rural no es una tarea sencilla. El mantener el funcionamiento de la red que dará sustento de agua a diferentes familias de un sector rural es altamente complejo y en muchas ocasiones una responsabilidad tan grande como un trabajo formal remunerado.

Sin embargo, esta actividad en la mayoría de los casos se hace de manera absolutamente gratuita, significando casi siempre que no se recupere el dinero de los pasajes, de los traslados o de los trámites con ocasión de las emergencias. Es en esta última instancia donde más problemas se generan, puesto que las emergencias son situaciones que no son previsibles y que, si se realiza la labor de dirigente y, además, la de trabajador, pueden significar abandonar el lugar de trabajo para no dejar sin suministro de agua a las familias que dependen de este elemento.

Lo mismo ocurre cuando es necesario que ellos vayan a reuniones o, incluso, como hoy, cuando deben acudir a instancias legislativas a representar y dar a conocer su experiencia como dirigentes de un APR.

Por eso este proyecto es tan relevante, porque otorga al dirigente la posibilidad de imputar a su jornada laboral algunas horas que dedica a su labor dirigencial, ya sea atendiendo emergencias, reuniéndose con autoridades o participando en las discusiones parlamentarias. Esto es de todo derecho, ya que los imprevistos ocurren y la comunidad necesita la ayuda de estos dirigentes para obtener un suministro tan vital como es el agua.

Por esa razón, este proyecto impacta positivamente en la vida de miles de familias de nuestro país al permitir que sus dirigentes puedan acudir a estas emergencias y reuniones, con requisitos, como debe ser, pero reconociendo la labor de una persona que abnegadamente compatibiliza su trabajo y su amor por la comunidad que representa.

Por ello, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa. Espero que sea apoyada por mis colegas, puesto que lo que estamos haciendo hoy es una ley para las más abnegadas y fraternas personas de nuestro país: los dirigentes rurales de APR.

He dicho.

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley busca otorgar un permiso a los dirigentes de comités y cooperativas de agua potable rural para que puedan asistir a solucionar emergencias relativas a la gestión del servicio de agua potable rural sin que esto les genere un perjuicio en sus trabajos.

Sin duda que el agua es el elemento más esencial para la subsistencia del ser humano, y si existen problemas con su suministro, se ponen en riesgo las medidas de higiene de muchas familias que dependen de los servicios de agua potable rural.

Debemos destacar a los dirigentes de estas agrupaciones, que realizan su trabajo de manera voluntaria, como, por ejemplo, a la señora Violeta Escudero y a muchos otros de mi Región de Ñuble, todo por el bien de la comunidad. Por eso es tan importante que la ley les garantice que no tendrán problemas en su trabajo por tener que asistir a emergencias relacionadas con los servicios sanitarios.

Por supuesto que voy a votar a favor de esta iniciativa, y espero que una vez que sea ley exista un control efectivo que permita verificar que los empleadores cumplen con la medida.

He dicho.

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señorita Presidenta, el Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario se celebra en nuestro país el 7 de agosto de cada año y su objetivo es justamente relevar la labor de los dirigentes vecinales y comunitarios y, por supuesto, su rol en la sociedad.

En 2023, fui invitada a una ceremonia para celebrar junto con ellos y ellas en San Esteban, comuna del distrito que represento, y luego de terminada aquella, al momento de retirarme, unos dirigentes de APR me estaban esperando y me manifestaron su preocupación por la materia que hoy estamos discutiendo, ya que al momento de acudir a emergencias, una acción tan vital, tan necesaria para la comunidad, ellos tienen conflictos con sus empleadores, quienes muchas veces los amenazan con despedirlos o con descontar de sus remuneraciones el tiempo no trabajado.

Que el servicio sanitario rural funcione de manera correcta significa que cientos de familias perciban el vital elemento de manera correcta, por decirlo de manera muy simple. Por lo tanto, la función que desarrolla cada uno de los dirigentes y dirigentas debemos entenderla como esencial, ya que el derecho al agua es un derecho humano fundamental. De no existir esta labor, el Estado no tendría como dar cumplimiento al requerimiento garantizado por Chile, desde la modificación del Código de Aguas en 2022. Menciono esto porque, aunque parezca evidente, la lucha por el acceso al agua en nuestro país sigue siendo una lamentable constante.

Cabe destacar que durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Recursos Hídricos se incorporó una indicación muy pertinente, que también fue levantada por ellos y ellas, que habla de las capacitaciones, de las reuniones para gestionar y obtener agua, que son fundamentales para la comunidad, cuando fueran citados por la autoridad competente.

Llamo a aprobar este proyecto, ojalá de manera transversal, porque es vital, sobre todo para quienes colaboraron en esta tramitación, como doña María Laura León , dirigenta del APR Santa Rosa de Colmo ; don Raúl Vera , dirigente del APR El Rungue, de Puchuncaví, y vicepresidente de APR Chile; don Rufino Hevia , coordinador de APR Chile Región de Valparaíso, también del APR a nivel nacional e integrante de la mesa única nacional (MUN), entre otros.

Pero también quiero saludar muy cariñosamente a tantos dirigentes y dirigentas anónimos que cumplen esta abnegada labor, que muchas veces no son reconocidos ni mencionados.

He dicho.

La señora TELLO (doña Carolina).-

Señorita Presidenta, en la Región de Coquimbo, que represento, según datos del Observatorio Sistemas de Agua Potable Rural, existen 173 comités de APR formalizados, con una población abastecida que supera las 166.000 personas.

En una región como la nuestra, azotada por una sequía que hoy nos golpea con más dureza y tiene a la zona en una situación de alerta hídrica, la labor que desempañan los APR en asegurar el acceso al agua para el consumo humano es esencial.

Dentro del esquema organizacional que tienen los APR y los servicios sanitarios rurales, es relevante la labor que realizan los dirigentes y dirigentas, tanto de los comités como de las cooperativas de agua potable rural, quienes ejercen una serie de labores para asegurar el abastecimiento. Esa labor no remunerada, como recién se dijo, muchas veces se ve enfrentada a disyuntivas como, incluso, tener que dejar las dirigencias, por el tiempo utilizado y los problemas en sus lugares de trabajo por el hecho de cumplir ese rol para poder abastecer a la comunidad.

Este proyecto de ley busca precisamente proteger la labor que realizan estos representantes, permitiéndoles atender emergencias relativas al funcionamiento de los APR frente a emergencias tales como incendios, cortes de suministros, temas de salud pública, catástrofes, entre otras situaciones que, además, hemos visto una y otra vez en los últimos días, a propósito de las emergencias por el sistema frontal.

Por supuesto, aprobaremos y celebramos esta medida, que busca otorgar protección a las y los dirigentes en su fuente laboral, evitando de esta manera sanciones o despidos por realizar una labor muy fundamental para asegurar el consumo humano en la ruralidad de mi Región de Coquimbo y, por supuesto, también en nuestro país.

Espero que este proyecto se apruebe de manera transversal -lo aprobamos prácticamente de manera unánime en el último trámite reglamentario en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificacióny así poder dar hoy una buena noticia a los dirigentes y las dirigentas, con el fin de que puedan tener esta tranquilidad y seguridad en el desempeño de su labor.

He dicho.

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señorita Presidenta, primero, quiero decir que vamos a aprobar este proyecto.

Además, deseo hacer un reconocimiento a una gran dirigenta nacional de los APR en la Región de La Araucanía y a nivel nacional, Yorki Riquelme , porque trabaja incansablemente por sus asociados.

Pero quiero dejar para la historia de la ley lo siguiente. Lo que dice el proyecto, en cuanto a que los dirigentes de APR “estarán facultados para acudir a resolver las emergencias que amenacen con poner en riesgo la continuidad operativa o la seguridad de los servicios sanitarios rurales”, me parece extraordinariamente bien, porque es la continuidad operativa de los APR.

Pero ¿sabe lo que pasa? Con el inciso segundo que se agregó en el segundo trámite reglamentario al artículo 56 bis les estamos dando fuero sindical, sin serlo, a los dirigentes de los APR, porque les estamos diciendo que “podrán concurrir a actividades tales como procesos de capacitación técnica, en congresos formativos, en comisiones legislativas parlamentarias o citaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y sus distintas unidades que lo conforman. El dirigente tendrá plazo de 48 horas previas para avisar a su empleador.”. Y el empleador no podrá oponerse.

En consecuencia, se incorpora un nuevo requisito para obtener trabajo: si se es o no dirigente de APR.

Quiero dejar constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que votaré a favor, pero que la ley en proyecto puede llevar a que ciertas empresas consideren que no les resulta beneficioso contratar a un dirigente de APR, producto de que tendrá fuero para acudir a otras actividades en cualquier momento, incluso cuando la empresa lo necesite.

Hay que reconocer el trabajo de los dirigentes de los comités y cooperativas de agua potable rural. En mi opinión, este proyecto de ley, que se inició en una moción, lo hace en su justa medida; pero el punto que planteé es tremendamente importante, porque repercute en un trabajo distinto al que realizan los dirigentes de los APR.

Por lo tanto, creo que en el futuro hay que pensar en que la directiva o quienes estén a cargo de un APR reciban una remuneración, para que no deban buscar su sueldo en un lugar distinto, considerando todas las cortapisas que pueden ponerles en su lugar de trabajo para que no cumplan su labor de dirigentes.

Anuncio mi voto a favor del proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señorita Presidenta, espero que este proyecto pueda ser aprobado para que pase a segundo trámite constitucional, dada la importancia que tienen los APR y sus dirigencias a nivel nacional.

La ley que regula los servicios sanitarios rurales señala que la administración de los recursos hídricos de una comunidad se realiza de forma colectiva, a través de una gestión eficiente y eficaz. Es relevante por cuanto constituye un modelo para que otras comunidades puedan administrar otros recursos naturales.

Es un desafío hacer gobernanzas participativas de nuestros recursos naturales, tal como hoy lo hacen los APR, cuyos dirigentes cumplen su labor de manera sacrificada, voluntaria y sin fines de lucro.

Por eso, el proyecto de la diputada Marzán cobra mucha relevancia, porque permitirá que los dirigentes de APR, que realizan gestiones para garantizar el consumo humano del agua y su saneamiento básico, tengan, en sus espacios laborales, permisos o fuero para realizar tareas vinculadas con este bien social.

Respecto de lo señalado por el diputado Mellado , su argumento se escuchó en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, y quedó bastante claro que el ser dirigente social, en este caso específico de APR, no debe ser jamás un impedimento para que el empresariado ponga cortapisas al desarrollo de la función social que cumplen no solo los dirigentes de los APR, sino también otros dirigentes. Por lo tanto, prácticas de tipo antisindical no deberían existir.

También es importante señalar que este proyecto sufrió algunas modificaciones, a fin de acotar, dentro de un margen razonable, las actividades a las que dirigentes pueden concurrir. Por ejemplo, se señala que, en caso que se deba atender a una emergencia, se deberá acreditar la concurrencia mediante fotografías y videograbaciones, entre otros medios.

Quiero poner una alerta, porque es sumamente grave que se establezca una restricción o un requisito completamente innecesario para cumplir la función de dirigente. Es una discriminación arbitraria y contraria a la idea matriz del proyecto. ¿Cómo vamos a solicitarle a un dirigente de un APR, que no cobra dinero, que no lucra con esta actividad, que cuando concurra a atender una emergencia deba justificar aquello mediante fotografías o videos? Ese es uno de los elementos que solicitaremos que se descarten en el curso de la tramitación del proyecto.

Recordemos que la función que cumplen los APR es operar fuentes de agua potable para aquellas poblaciones que el Estado no ha sido capaz de abastecer.

A raíz de las emergencias hidrometeorológicas que hemos vivido durante el último tiempo, principalmente en la Región de Coquimbo, pero también en la Región de Valparaíso, creo necesario otorgar facultades a los APR para que estas organizaciones se sigan fortaleciendo de la mano del Estado.

Aprovecho de mandar un saludo a la Mesa Única Nacional, con la que hemos trabajado todos los proyectos que garantizan el derecho humano al agua.

He dicho.

El señor VENEGAS.-

Señorita Presidenta, quiero hacer una pequeña reflexión.

Cuando uno se contacta con autoridades políticas, de todas las tendencias, que viven y trabajan en Santiago o en sectores urbanos, se puede apreciar que existe un desconocimiento prácticamente total de la labor que cumplen los APR, que hoy se llaman servicios sanitarios rurales. Son casi instituciones desconocidas, lo cual genera, muchas veces, que no existan políticas públicas destinadas a fortalecer y mejorar las condiciones de dichas organizaciones.

Estamos hablando de una institución que satisface la necesidad de provisión de agua potable a más de 1.500.000 habitantes. Incluso, me arriesgo a decir que la cifra es mucho mayor, si consideramos los sectores rurales presentes en la mayoría de las comunas de Chile. Por de pronto, en el distrito que represento, prácticamente todas las comunas se abastecen de APR, que hoy se denominan servicios sanitarios rurales.

Tal como se señaló, este tipo de organizaciones son sin fines de lucro, y, a pesar de que otorgan un beneficio social, sus dirigentes, en muchas ocasiones, no pueden acudir a solucionar emergencias producidas en la operación y gestión de los servicios, porque no cuentan con el permiso en sus trabajos. Incluso, muchas veces deben pagar de su propio bolsillo los servicios que prestan.

Insisto: no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de un pasatiempo, sino de gente que tiene a su cargo la responsabilidad de otorgar el suministro de agua potable a un gran número de personas. ¡No es cualquier cosa!

Por lo tanto, este proyecto de ley va en la dirección correcta -felicito a los mocionantesy voy a votarlo a favor, porque entiendo la importancia del rol que desempeñan los dirigentes de APR, que participan en las reuniones de directorio, pero también deben hacerse cargo de atender las emergencias que afectan la provisión de agua.

En el último tiempo, en el que hemos estado tan sujetos a emergencias y desastres producto del cambio climático, la importancia de los APR y de sus dirigentes es mucho mayor.

La medida propuesta es fundamental y muy necesaria para que los dirigentes, insisto, ayuden a que nuestro pueblo tenga el abastecimiento de agua que requiere.

Hoy en día, las circunstancias obligan a los dirigentes a estar capacitándose constantemente para que el agua que bebe nuestro pueblo sea de mejor calidad.

Estamos hablando de una necesidad primaria. Por tanto, aprovecho la oportunidad para reivindicar, valorar y posicionar en el sitial que corresponde a estas tremendas personas que están a cargo de proveer de agua a nuestro pueblo. Lamentablemente, en muchas oportunidades, cuando deben ir a cobrar, reciben insultos, recriminaciones; su labor es incomprendida, pese a que son ellos los responsables de la distribución de este bien tan básico y que es un derecho fundamental.

He dicho.

El señor PULGAR.-

Señorita Presidenta, el proyecto de ley aborda una situación pendiente con los dirigentes de APR, cual es otorgarles un permiso para salir de sus trabajos por temas de emergencia o capacitación.

En mi mano sostengo un vaso con agua. Para muchos es fácil acceder a ella en sus hogares, lo que no ocurre en muchos sectores de la ruralidad. Para que ese elemento llegue a distintas comunidades transcurren años de espera burocrática, años para que los dirigentes consigan ese objetivo. Esos dirigentes muchas veces son denostados, no reconocidos, injuriados, etcétera.

¿Cómo no recordar a don Ireño , del APR de Boyeruca, o a don Gabriel Valenzuela , de la Asociación de APR, o a los dirigentes del sector Los Montes, en la comuna de San Clemente?

En el APR de Los Montes, en San Clemente, se está pidiendo una extensión. Hemos tenido reuniones con la alcaldesa de San Clemente, con sus profesionales, con la gente de la Dirección de Obras Hidráulicas. Hace un mes se habló con el ingeniero Claudio Contreras-doy su nombre y apellido para que hiciera una corrección al tema del APR. Ha pasado un mes. Un dirigente fue a consultar por la modificación, ya que yo había insistido en muchas ocasiones. La respuesta del señor Contreras fue que a él no le interesaban las leyes de este Congreso y que él se regía por lo que señala el municipio. ¡Ese es el personal que dirige la alcaldesa de San Clemente, señora María Inés Sepúlveda !

Entonces, volvemos a lo mismo. Seguramente, al señor Contreras le es fácil llegar a su hogar, tomar un vaso, abrir la llave y sacar agua, pero muchas comunidades no tienen esa facilidad. Para qué hablar de la comunidad Los Álamos, mi comunidad, que lleva años esperando un APR.

Este proyecto de ley, que busca otorgar un permiso a los dirigentes de APR, claramente hace algo de justicia, porque el sistema estatal ha sido incapaz de manejar esos servicios. Se los hemos entregado a ciudadanos, pero tampoco se han hecho capacitaciones ni dado herramientas, menos aún financiamiento, porque se trata de una labor ad honorem.

He dicho.

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señorita Presidenta, primero que todo, quiero felicitar a la autora de este proyecto, la diputada Carolina Marzán . Este es un tema que toca a muchos de nuestros distritos. En mi distrito, en la Región Metropolitana, solo hay una comuna urbana; el resto es parte de la ruralidad.

Quiero destacar el trabajo que hacen los dirigentes de San Pedro de Melipilla, quienes hacen un sacrificio enorme. Son dirigentes que se entregan, que se sacrifican. Son ellos los que se dirigen al APR para cambiar la bomba. Ese tipo de situaciones muchas veces implica que se enfrenten con el resto de la comunidad. Cuando algo no funciona son ellos los que deben dar la cara, como si ellos fueran los responsables de dar agua a su comunidad.

El APR de San Pedro de Melipilla no solo ayuda a su gente, sino también a Bomberos y Carabineros, a toda la comunidad, a casi todo San Pedro de Melipilla. Por ellos alzo la voz y por ellos pido a los diputados que sientan que lo que busca el proyecto es un derecho y que valoren lo que hacen los dirigentes por el resto de la comunidad. En el caso de San Pedro de Melipilla, el lugar donde se juntan los dirigentes fue construido por ellos mismos. Además, como he dicho, deben velar por que no le pase nada a la bomba. Esas cosas no se valoran.

Estamos hablando de momentos clave. Recién hablaba con el diputado Mellado sobre que, efectivamente, hay momentos clave, urgentes. Si los dirigentes, que tienen todo el conocimiento para manejar la bomba, no llegan en los momentos urgentes, créanme que después son ellos quienes reciben todas las críticas. Es como ser presidente de una junta de vecinos, pero con una responsabilidad mucho más grande, porque acá se trata de dar agua para consumo humano o para el regadío de toda una comunidad.

De verdad, valoro muchísimo esta moción. Vuelvo a felicitar a la diputada Marzán . Usted, señor Presidente, no se imagina el valor que le dan los dirigentes de APR a esta moción.

Votaré a favor el proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señor Presidente, quiero destacar la labor de todos quienes patrocinaron esta moción: las diputadas Nathalie Castillo , Marta González , Carolina Marzán-autora del proyecto y Emilia Nuyado , y los diputados Felipe Camaño y quien les habla, Héctor Barría .

Creemos que este tipo de acciones son importantes, significativas. Sé que personas que viven en la ciudad y solo pagan la cuenta del agua no ven el trabajo importante que se lleva a cabo en los sectores rurales para que les llegue este vital elemento. Incluso, pueden ver con desprecio este proyecto. Para sectores campesinos o algunas villas o ciudades, como Puerto Octay o Puyehue, donde el agua es administrada a través de convenios entre los municipios y algunas cooperativas de agua potable rural, la iniciativa es trascendental.

Se ha querido instalar la idea de que este tipo de proyectos son populistas. Eso es desconocer la realidad de personas que se esmeran para que los demás vivan mejor. En general, el dirigente social, el dirigente de comité de agua potable rural tiene una alta valoración de la comunidad. No es cualquier persona; es responsable y ha cumplido funciones en otras organizaciones. En los territorios existe una especie de pirámide organizacional en la que se insertan los sistemas de agua potable rural.

Por lo tanto, es muy importante que ante urgencias o situaciones similares, los dirigentes puedan contar con un permiso laboral, lo que tiene que ver con una mirada de economía circular, tan en boga en estos días; con una mirada comunitaria y solidaria. Muchas veces, los mismos trabajadores deben resolver los temas del agua potable rural, pues la empresa o pyme en las que trabajan depende del agua potable rural.

Este es un proyecto en el que todas y todos ganan. Estas no son vacaciones para el dirigente o un espacio para cualquier cosa -a veces uno escucha comentarios lamentables-, sino que tiene que ver con el sentido profundo de quienes trabajan y conocen bien su país.

En nombre del distrito N° 25, de la Región de Los Lagos, que represento, y de tantos dirigentes de comités de APR que están observando la discusión de este importante proyecto, mi voto será a favor. Comprometo, además, el voto positivo de la bancada de la Democracia Cristiana.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, estimados colegas, en el corto tiempo de que dispongo, quiero subrayar la importancia de este proyecto de ley que busca otorgar un permiso a los dirigentes de los comités y cooperativas de agua potable rural para atender emergencias.

La iniciativa responde a una necesidad urgente, cual es asegurar la continuidad y seguridad de los servicios de agua potable en nuestras comunidades rurales. Los dirigentes de esos comités y cooperativas son la primera línea de defensa ante emergencias que puedan comprometer el suministro de agua, lo que puede afectar directamente la salud pública y el bienestar comunitario.

Permitir que dichos dirigentes se ausenten de sus trabajos para atender emergencias sin penalizaciones laborales es un reconocimiento justo a su dedicación y un incentivo para que más personas se involucren en esta crucial función, que es directa para la comunidad.

Además, esta medida fortalece la resiliencia de nuestras comunidades rurales, asegurando que las respuestas a las emergencias sean rápidas y efectivas.

En definitiva, este proyecto de ley es una inversión en la salud y en el bienestar de nuestras comunidades rurales, sobre todo para los dirigentes sociales de los APR de mi gran querido Chiloé , a los cuales en estos segundos rindo un gran homenaje, ya que son un apoyo directo para quienes trabajan incansablemente para garantizar el acceso a servicios esenciales.

Por eso, saludo a don Jonathan Farah , presidente de la Asociación Provincial de Comités de Agua Potable Rural; a don Raúl Troncoso , vicepresidente; a doña Bernadita Hernández , tesorera, y a doña Carmen Chiguay , secretaria. Ellos valoran este proyecto que viene a reconocer y a proteger la labor de los dirigentes, de aquellos que se deben ausentar de sus labores personales en pro de concurrir a servir en los comités ante alguna emergencia. Este es un avance hacia la protección de ese rol.

En esa misma idea, es necesario destacar que el dirigente ocupa mucho espacio de su tiempo familiar o laboral para realizar actividades de los APR, como son las mesas de trabajo, las coordinaciones, las gestiones, los trámites, etcétera, porque no solo se concurre ante una emergencia.

Por esta razón, se destaca y valora que estemos avanzando hacia la real protección de estos servidores públicos sin honorarios, que cumplen una función tan importante y honorable en la comunidad rural de nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los colegas parlamentarios, a los dirigentes sociales y a los funcionarios de la Corporación.

Mi compromiso siempre ha estado con los vecinos de los sectores rurales y urbanos, en donde destaco el rol de sus dirigentes, porque si es difícil serlo en el mundo urbano, imaginen lo complejo que resulta serlo en zonas aisladas, alejadas y rurales, donde las viviendas están distantes unas de otras, donde los pocos recursos con que cuentan muchas veces son usados para asistir a una reunión o tramitar algún documento. Eso se hace solamente con recursos propios de los dirigentes.

Por eso, hoy votaré a favor este proyecto de ley, que establece que los dirigentes que se desempeñen en algún cargo en la directiva de un comité o cooperativa de servicios de agua potable rural puedan estar facultados para ausentarse de sus trabajos y acudir a resolver las emergencias que puedan poner en riesgo la continuidad operativa o la seguridad del servicio sanitario, es decir, del APR.

A través de este voto, quiero felicitar a todos los dirigentes de los APR de La Araucanía. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la destacada labor realizada por la presidenta nacional de APR Chile, Yorki Riquelme ; en Corretué, comuna de Curacautín, Rodolfo Huenuhueque Campos ; en Malalcahuello, también localidad de Curacautín, Jorge Fuentes ; en el APR de Manzanar, Marcial Marambio ; en Rariruca, una hermosa localidad, Débora Inostroza ; en Río Blanco, Luis Parra ; en Santa Ema, Laura Campos , entre otros; en Vega Larga, Cecilia Lillo ; en Guallipulli, una comuna distinta y muy distante, César Opazo , y en Santa Julia , Patricio Liberona y su directiva, con quienes solo hace unos días estuvimos reunidos para apoyarlos.

Mi respeto para cada uno de ellos y sus directivas. Este diputado, más allá del cargo, seguirá apoyando, colaborando y estando en terreno para ayudar.

Anuncio que votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En nombre de esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados, saludo a una delegación de 44 alumnos de cuarto medio del Liceo Bicentenario Hannover, de la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

¡Bienvenidos a la Corporación!

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Pino .

El señor PINO.-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto, una vez que sea aprobado en el Congreso, va a marcar un antes y un después. Ojalá que en este primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados pueda ver la luz con votos favorables y transversales, como ocurrió en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, que me ha tocado presidir, en donde se aprobó, tanto en general como en particular, por 10 votos, por la unanimidad de los asistentes en ese momento, por diputados de diferentes sectores políticos que vieron, más que cualquier otra cosa, el bien común, el bien de la comunidad y el bien de los involucrados en este proyecto, que son los dirigentes de los APR, los dirigentes de las comunidades de agua potable rural, los dirigentes que hoy sostienen en el mundo rural que cerca de 2 millones de personas puedan recibir agua potable día a día.

En este punto, quiero destacar a don Rufino Hevia , de APR Chile, porque siempre ha estado en contacto con nosotros como comisión. Ellos siempre se han comunicado y han estado pendientes, por intermedio de sus equipos, de las discusiones que hemos llevado a cabo en la comisión, en diferentes materias relacionadas con los servicios sanitarios rurales.

También quiero destacar a don Luis Alfaro , presidente de la Asociación Gremial de Agua Potable Rural de la provincia de Limarí, de la Región de Coquimbo, una destacada autoridad en el mundo del agua potable rural en mi región, con reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, por la gestión y el trabajo desinteresado que ha realizado a lo largo de toda su vida. Así que mi reconocimiento es para don Luis Alfaro , a quien tengo el honor de conocer y de respetar mucho.

Este proyecto va a permitir que rinda frutos el trabajo realizado durante casi un año en Santiago, en la Región Metropolitana, donde prácticamente cada semana muchos dirigentes de los APR fueron citados a reuniones en el Ministerio de Obras Públicas, para trabajar en una mesa única nacional, que en marzo terminó su trabajo y que hoy está elaborando los informes correspondientes, a fin de que se presente en esta Cámara de Diputados un proyecto de ley para actualizar la ley Nº 20.998, que Regula los Servicios Sanitarios Rurales.

Los cambios que vienen en este trabajo mancomunado, entre los representantes de los servicios sanitarios rurales y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), de la Dirección General de Aguas (DGA) y de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, nos van a permitir, una vez que los proyectos para modificar esta ley estén ingresados, avanzar en verdaderas políticas públicas en torno al agua potable rural para nuestra gente.

Esto es un avance, por lo cual llamo a esta Cámara de Diputados a aprobar este proyecto, para avanzar en soluciones para nuestra gente.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, en nuestra Región de La Araucanía existen más de trescientos sistemas de agua potable rural (APR). Es una de las regiones que tiene más sistemas de APR. Ojalá que vuelvan a llamarse APR, como siempre se llamaron y como sus socios quieren que se sigan llamando.

Hace algunos días, en esta Sala se cometió un error: se aprobó prácticamente por unanimidad una solicitud de resolución en donde se pedía al Presidente de la República que volvieran las sanitarias a gestionar el tema de los APR.

Esa petición, que se aprobó por unanimidad, fue rechazada por los dirigentes de los APR de Chile, porque lo que ellos quieren es que se le dé más facultades a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales para licitar, ejecutar y asesorar a los sistemas de agua potable. Esto lo hago público, porque me llegó, en forma personal, una carta de estos dirigentes.

Este beneficio es de toda justicia para quienes hoy desempeñan un cargo tan relevante como son los sistemas de agua potable rural, que constantemente tienen emergencias, porque que hoy sus dirigentes no pueden acudir a ellas. En muchas ocasiones quedan sin agua cientos o miles de personas y se requiere la presencia de sus dirigentes.

Por eso es importante que se les conceda este beneficio o permiso, porque no es para ir de compras, no es para ir de vacaciones; es para ir a atender una emergencia sanitaria, una emergencia de agua potable.

Por eso, con mucho gusto, nosotros vamos a votar a favor esta iniciativa, porque es lo que quieren los dirigentes y las dirigentas de los sistemas de agua potable rural.

Dicho eso, hago un llamado a la señora ministra de Obras Públicas y al director nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas para que trabajen de manera más coordinada con los APR, porque no puede ser que esas organizaciones quieran una cosa y que el gobierno vaya para otro lado.

Aquí se requiere escuchar a los dirigentes, quienes llevan años dando la lucha. Por eso, creo que la Cámara de Diputados debe corregir el error que cometió cuando aprobó aquella solicitud de resolución, que espero que no sea recogida por el Ejecutivo, en la que pidió que las sanitarias vuelvan a licitar, a adjudicar y a hacer asesoría técnica.

Lo que piden los sistemas de agua potable rural es que la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, dependiente de la DOH, haga su trabajo, que ponga los recursos y disponga de las herramientas legales para tener una buena asesoría.

Con mucho gusto votaré a favor de este proyecto de ley, en beneficio de los más de 300 sistemas de agua potable rural de la Región de La Araucanía, con quienes trabajo y he trabajado permanentemente. Asimismo, envío un saludo muy especial a su presidenta regional, señora Yorki Riquelme .

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señor Presidente, ayer aprobamos en la Sala un proyecto de ley destinado a otorgar un permiso laboral especial a aquellas personas que deban asistir a personas en riesgo de suicidio, con todas las condiciones para ello.

Anteriormente habíamos aprobado otro proyecto de ley, del cual fui uno de sus mocionantes, para otorgar permisos a cuidadores, cuidadoras, madres y padres en casos de niños o adultos mayores con problemas respiratorios, así como en casos de pandemia y de alerta sanitaria. Además, el Código Laboral otorga permisos a los representantes sindicales.

En cada uno de esos casos, y solo ejemplifico en ellos, el legislador decide que existan esos permisos porque la actividad que realizan es importante.

Siguiendo ese mismo criterio, me parece que hoy debemos aprobar este proyecto, cuyo objeto es otorgar un permiso especial a los dirigentes de los servicios sanitarios rurales, conocidos como sistemas APR, que son tremendamente importantes debido a la gestión que realizan.

Déjenme decir un par de palabras sobre los APR.

Actualmente existen dos millones de chilenas y chilenos que se abastecen a través de tales sistemas, organizados en comités o cooperativas.

Chile tiene liderazgo en esta materia, que se inició durante el gobierno del entonces Presidente Eduardo Frei Montalva , en la década de 1960, y a partir de ese momento se empezó a desarrollar en distintos lugares de Chile, mediante un esfuerzo compartido entre el Estado y la comunidad, representada por sus dirigentes, lo que ha permitido el desarrollo, la inversión y la gestión.

En 2017, después de muchos años, aprobamos la ley que regula los servicios de APR, la que me tocó impulsar en su etapa final como ministro de Obras Públicas, nuevamente en conjunto con los dirigentes.

Me toca verlo en el distrito que represento, en Colina, Lampa , Batuco , Tiltil , El Noviciado , Pudahuel , así como acá en la Región de Valparaíso, en distintos lugares, y a dirigentes y dirigentas que se juegan por los sistemas de APR, quienes muchas veces, por razones de emergencia o de inversión, requieren este permiso.

Por lo tanto, creo que nos estamos poniendo a tono en el desarrollo de nuestro Código Laboral, tal como lo hemos hecho en los demás casos que mencioné. Por eso, estoy muy feliz de poder aprobar este proyecto, y felicito, por supuesto, a los mocionantes, quienes lo llevan adelante.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, ¡qué bonito proyecto, ah! Los dirigentes deben estar muy emocionados porque los parlamentarios van a aprobar mayoritariamente esta iniciativa, destinada a crear un permiso laboral para que los dirigentes de comités o cooperativas de servicios sanitarios rurales, de APR, puedan atender emergencias.

Una vez más, lamento lo que está pasando en el Congreso Nacional, porque no sé si entienden lo que va a ocurrir. Los dirigentes que son funcionarios públicos, obviamente, van a tener el permiso que quieran, las veces que quieran y el sueldo asegurado. Pero ¿qué va a ocurrir con esos dirigentes que trabajan en empresas privadas? ¿Les van a mantener la pega? Si mañana quedan cesantes, ¿les van a dar una respuesta los mocionantes y quienes van a aprobar este proyecto?

Quiero decir lo siguiente con mucho respeto.

A aquellos ciudadanos trabajadores a quienes se les muere su mascota, permiso sí o sí.

¿Con cargo a quién? Al empleador.

Para aquel ciudadano que tiene un familiar -Dios quiera que no ocurraque padece depresión e intenta atentar contra su vida, 15 días asegurados, y, si necesita 15 días más, se le dan esos 15 días; o sea, permiso, permiso, permiso.

¿Qué pasa? Actualmente tenemos una cesantía galopante, no hay pega, y quienes tienen la suerte de tener un trabajo y son dirigentes de APR -insisto-, si son funcionarios públicos, no hay problema, porque tienen asegurado el sueldo y la pega hasta que jubilen, pero ¿qué pasa con ese dirigente de APR que trabaja en una empresa privada, en una pequeña pyme? ¿Le van a dar permiso las veces que quiera, cada vez que ocurra algo?

Es cierto que ser dirigente de APR es una gran responsabilidad, es una necesidad enorme, pero, por favor, votemos y presentemos proyectos que sean de sentido común.

Este año tenemos elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, y el próximo año nos corresponde a nosotros, de modo que presentemos proyectos de ley que vayan en beneficio de la gente, para que puedan tener permisos cada vez que quieran.

Pero ¿y cuando queden cesantes? Eso es lo que me preocupa.

Votamos el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, y el que aumenta el sueldo mínimo, pero las personas que se encuentran cesantes no tienen ni una hora de trabajo y ni un peso de sueldo, y hoy seguimos insistiendo en este descalabro.

Voy a votar en contra de esta iniciativa, aunque sea el único, porque no quiero ser responsable de quienes mañana van a quedar cesantes.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, este es un proyecto importante, muy importante, porque tiene que ver con el abastecimiento de agua potable en los sectores rurales, donde conocemos las dificultades que hemos atravesado por años, como ocurre en nuestro distrito, donde esto de los camiones aljibe es pan de cada día. Sigue y sigue creciendo esa forma en que se distribuye el agua, lamentablemente, de modo que debemos cuidar los servicios de agua potable rural, y lograr que, cuando ocurran emergencias, estas se solucionen en el más breve plazo posible.

En tales casos tiene mucho que decir el dirigente, porque es quien posee el conocimiento y quien recorre las canalizaciones de las aguas, quien ve dónde están los puntos de abastecimiento y quien conoce por años de años cómo se resuelven muchos de esos problemas.

En consecuencia, quiero hacer un reconocimiento a todos los dirigentes de los servicios de agua potable rural y, en el caso de la Región del Biobío en su totalidad, reconocer a María Cruz Viveros , una dirigenta que ha estado, como todos, de manera gratuita, formándose, capacitándose y participando con el Ministerio de Obras Públicas en muchas jornadas, junto con todo su equipo y con todas las comunas que participan para tener un mejor servicio.

En consecuencia, este es un proyecto que valoro. Lo aprobamos en la comisión porque tiene por objeto dar facilidades para que los dirigentes no se vean expuestos a sanciones o a la aplicación del artículo 160, número 4, letra a), del Código del Trabajo, cuando deben ausentarse.

En este caso estarían facultados para ausentarse, de acuerdo con la legislación, y también para acudir a capacitaciones, congresos o citaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas, porque tienen un trabajo en que la participación, a nuestro juicio, es muy importante, y ha adquirido una calidad cada vez más tecnificada y con más conocimiento desde las normativas, la legislación vigente y las reglamentaciones al respecto, que ellos deben conocer, para lo cual deben contar con el tiempo suficiente.

En el proyecto se propone una regulación que indica que se debe dar aviso a la Inspección del Trabajo cuando se trate de dirigentes, e informar con 48 horas de anticipación cuando deban asistir a capacitaciones. Además, cuando ello ocurra, debe existir un registro, ya sea fotográfico o de otra índole, lo cual me parece bien. Creo que debe existir un registro y una justificación a través de un medio comprobable.

No obstante, creo que nos faltó haber buscado una forma para que, cuando esas ausencias sean por una gran cantidad de horas, se pueda regular una forma de devolver ese tiempo, porque de otra manera eso podría jugar en contra de la contratación cuando se trate de dirigentes.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA.-

Señor Presidente, con los diputados Raúl Leiva y Nelson Venegas conversábamos sobre la importancia de este proyecto.

Quiero quitarles dramatismo a aquellas voces un poco alarmistas sobre el impacto que esta iniciativa puede tener en el mercado laboral, porque créanme que, en la práctica, quienes conocemos cómo funcionan los sistemas de APR y la relación de sus dirigentes con su propia actividad laboral, sabemos que en la mayoría de los casos los empresarios, sus jefes, tienen la mejor disposición para que aquellos puedan cumplir con sus funciones.

Estamos hablando de una actividad muy sensible; estamos hablando de los servicios sanitarios, del APR. Una emergencia vinculada al suministro del agua es un asunto que no puede esperar.

Lo que hace este proyecto es regularizar esa vinculación y esa práctica permanente que han tenido los dirigentes con sus jefes, con sus empleadores, de una manera tal que les permita cumplir eficientemente su función.

Reitero: les quito dramatismo a aquellas voces que dicen que un permiso va a afectar las funciones laborales o la contratación de los dirigentes de APR. Creo que no es así.

También hay algunos que dicen que este permiso laboral se va a prestar para abuso. Si uno legislara sobre cualquier proyecto de ley pensando en quienes van a abusar de la norma, la verdad es que no podríamos aprobar prácticamente ningún proyecto. A lo que tenemos que apuntar es al sentido de sociedad, de comunidad y a lo que nos importa, que es la función que realizan los dirigentes de APR, que beneficia a cientos y a miles de personas. Lo que estamos haciendo en este Congreso es facilitar esa función.

Por eso anuncio mi voto a favor, tal como lo hice en la Comisión de Recursos Hídricos y tal como espero que lo haga la gran mayoría de este Congreso. Pido que no se escuche a aquellas voces alarmistas que señalan que este proyecto va a causar un gran daño. Muy por el contrario, nos va a hacer mejor como sociedad que validemos la función de nuestros dirigentes.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, las cooperativas y los comités de APR, que se consideran como servicios esenciales para el acceso al agua, abastecen de agua potable a las comunidades rurales, ejecutando proyectos de inversión y asesoría. A través de los actores locales y dirigentes vecinales, se encargan de administrar, operar y mantener los sistemas que les brindan el agua que requieren, lo que permite garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.

La problemática que se releva en este proyecto de ley es que muchas veces los dirigentes de comités y cooperativas, en el contexto de la operabilidad de los servicios sanitarios rurales, deben acudir a solucionar problemas y emergencias para que efectivamente llegue el suministro a la comunidad en tiempo y forma, lo que afecta el trabajo de esos dirigentes dada la necesidad de ausentarse en horario laboral para atender la emergencia.

Por eso, el proyecto en cuestión busca que los dirigentes que se desempeñen en algún cargo en la directiva o representen legalmente a un comité o cooperativa de servicios sanitarios rurales -antes APR-estén facultados para acudir a resolver dichas emergencias, cumpliendo una serie de requisitos.

Considerando la importancia que tienen hoy los dirigentes y la gran labor que cumplen para suministrar servicios sanitarios a las comunidades rurales, creemos que el proyecto en general es positivo, ya que funciona como incentivo para atraer a más personas a asumir esos cargos, y permite además su capacitación y desarrollo.

Me permito destacar a algunos de dirigentes, como Juan Báez , de Caracol-Los Muermos ; Luisa Valderas , de Maile-San Pablo ; Matilde Pinol, de Millantue ; Ana Torres , de Buenaventura-Río Negro; Estela González, de Las Lumas–Osorno ; Sandra Yarur , de Colonia La Poza-Puerto Varas ; Francisco Soto , de Loncotoro-Llanquihue; las señoras Daniela y Edith , del APR de Chan Chan-Río Negro, por nombrar a algunos. Son muchos, son miles, pero a través de ellos destaco a todos esos nobles dirigentes que trabajan por el bienestar de sus vecinos.

La indicación aprobada por la comisión dispone que los dirigentes podrán acudir a citaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y sus distintas unidades. Quiero manifestar mi preocupación por el hecho de que se considere el tiempo que el dirigente destine a atender las emergencias o a concurrir a las actividades citadas por la autoridad como trabajado, y no se haya permitido que el trabajador compense el tiempo perdido al empleador, ya que esto podría rigidizar el mercado laboral para esos dirigentes y hacerlos menos competitivos a la hora de postular a un empleo.

Anuncio mi voto a favor con mucho gusto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, nadie puede estar en contra de una iniciativa como esta, particularmente del inciso primero del artículo que se propone, que establece que a los dirigentes de los servicios de agua potable rural se les entreguen los permisos necesarios para acudir a una emergencia. Eso está bien y lo vamos a votar a favor.

¿Cuál es el punto que quiero hacer? Quiero poner el acento respecto de la forma en que estamos legislando.

Si bien esta es una materia específica que atañe a los APR, es una materia del Código del Trabajo que debería estar regulada, vista y analizada por la Comisión de Trabajo. ¿Por qué? Porque esta fragmentación legislativa, que tiende a ayudar o a apoyar a un segmento específico, en este caso a los dirigentes de los APR, tiene otras formas y alternativas de solución que dicen relación con la función de legislar de manera general.

¿Por qué coloco este acento? Por ejemplo, los dirigentes de agua potable rural, que pueden constituirse a través de la ley Nº 20.998, que regula estos servicios, pueden constituirse, a través de la Ley General de Cooperativas, como una cooperativa de servicios rurales, o como una organización comunitaria funcional, conforme lo dispone la ley Nº 19.418.

Fíjese usted, señor Presidente, que todos los dirigentes sociales y vecinales de organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales no tienen permiso para acudir a alguna citación y no se les compensan sus funciones. Eso es grave.

El decreto con fuerza de ley Nº 5, Ley General de Cooperativas, sí contempla, en el inciso final de su artículo 24, la facultad de los dirigentes de los consejos de administración o de los órganos colegiados de la cooperativa para excusarse y concurrir a labores de fiscalización o de capacitación.

Creo que era más pertinente haber incorporado este permiso dentro de la regulación del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 66 quáter del Código del Trabajo establece la facultad de acudir a las emergencias para quienes por antonomasia y por esencia deben hacerlo, que son los bomberos de Chile. En ese artículo se les entrega un permiso mucho más limitado que el que se busca entregar a los dirigentes de APR para acudir a una emergencia.

Por eso, junto con apoyar este proyecto, llamo la atención respecto de la regulación y la fragmentación normativa. Además, es preciso señalar que el artículo 160, números 3 y 4, del Código del Trabajo habla del término de la relación laboral sin derecho a indemnización por ausencias injustificadas o salidas intempestivas injustificadas. Ninguno de esos casos se da en la especie respecto de lo que se propone en esta iniciativa.

Por eso, sin perjuicio de que voy a apoyar este proyecto, creo que una regulación general sería más apropiada.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, en esta ocasión quiero expresar mi total respaldo al proyecto de ley, que tiene como objetivo proteger a los dirigentes de comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales.

Estas son las personas más cercanas a la gente y son quienes desempeñan un papel fundamental en el suministro de agua potable en comunidades rurales, trabajando de manera voluntaria y no remunerada para garantizar el acceso a este recurso esencial.

Es importante reconocer el compromiso y la dedicación de estos dirigentes, quienes a menudo se ven en la situación de tener que ausentarse de sus empleos remunerados para hacer frente a emergencias que afectan el suministro de agua.

Al permitirles acudir a esas situaciones sin que esto repercuta negativamente en sus empleos, estaremos fomentando la participación de más personas capacitadas en estos roles directivos.

Este proyecto de ley no solo contribuye a mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios sanitarios rurales, sino que también promueve la formación continua de los dirigentes, lo que sin duda redundará en una mejor calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable en las comunidades rurales.

Al facilitar su participación en actividades formativas y oficiales estaremos empoderando a estos dirigentes para desempeñar su labor de manera más efectiva y profesional.

En un momento en el que la garantía de acceso al agua potable es crucial para la salud y el bienestar de nuestras comunidades rurales, es nuestro deber respaldar iniciativas como esta, que fortalece la capacidad de las comunidades para asegurar este derecho humano básico.

Por tanto, hago un llamado a todos los diputados presentes a apoyar este proyecto de ley, que no solo beneficia a los dirigentes de servicios sanitarios rurales, sino también a toda la comunidad, que depende de ellos para acceder al agua potable de calidad.

Finalmente, hago llegar mis reconocimientos y mi respaldo al trabajo de todos los dirigentes de nuestra hermosa Región de Los Ríos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señor Presidente, la continuidad de los servicios sanitarios rurales es fundamental para el bienestar de las comunidades. En los últimos tiempos, los embates del clima han expuesto la vulnerabilidad de nuestro suministro de agua, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de quienes dependen de estos servicios esenciales.

Es imperativo otorgar permisos a los dirigentes y a los representantes de comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales para que puedan responder rápidamente a emergencias que amenacen estos sistemas vitales. La capacidad de actuar con prontitud ante condiciones climáticas adversas o desastres naturales puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente en áreas rurales donde el acceso al agua potable puede ser muy limitado.

Los líderes comunitarios y los representantes de cooperativas están en la posición ideal para coordinar respuestas locales, movilizar recursos y trabajar en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes para mitigar los efectos devastadores de tales emergencias.

Las recientes tormentas y condiciones climáticas extremas han sido un recordatorio contundente de la fragilidad de nuestras infraestructuras rurales y respecto de la necesidad urgente de prepararnos mejor para futuras eventualidades.

Además de la importancia de estos permisos en caso de emergencia, la concurrencia a capacitaciones, congresos y comisiones legislativas es relevante para que los dirigentes cuenten con herramientas para una buena gestión y un manejo de estos servicios, tal como lo hemos evidenciado en la Región de Los Ríos, donde es una demanda recurrente.

Respecto del posible impacto en el mercado laboral por el otorgamiento de estos permisos, no olvidemos la responsabilidad social empresarial que debe existir en estos casos, por la relevancia de la labor de estos dirigentes para garantizar la continuidad de la distribución de este vital elemento.

En resumen, el otorgamiento de permisos a representantes de comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales para acudir a emergencias y a capacitaciones es crucial para poder mejorar esta gestión. Es una inversión para la seguridad y la estabilidad de un recurso tan vital como el agua, asegurando que estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos que el futuro pueda traer.

Por lo anterior, votaremos a favor este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, represento a la Región de Ñuble, la más rural de Chile, en donde el rol de los dirigentes de comités y cooperativas de agua potable se hace fundamental para la vida cotidiana de los vecinos. La ley N° 20.998 funda y regula los servicios sanitarios, y entrega de una serie de atribuciones y nuevas responsabilidades a los dirigentes de estos sistemas sanitarios rurales.

Necesitamos tener la seguridad de que el suministro va a estar permanentemente a disposición de los vecinos. Sin duda, el rol de los dirigentes hace posible que sea así.

Esta futura ley va a permitir que, en distintas situaciones de emergencia, se puedan realizar las gestiones ante peligros de avería. Se entrega a los dirigentes un permiso para concurrir a actividades de interés público de provisión de servicios sanitarios rurales, tales como capacitaciones, seminarios, citaciones por autoridades administrativas o del Congreso Nacional. También se dispone que el tiempo que estén ausentes de sus actividades laborales se considerará como efectivamente trabajado.

Tal como dijo el diputado Leiva , este proyecto, lamentablemente, no pasó por la Comisión de Trabajo. En la comisión, podríamos haberlo incluido dentro de las normas del Código de Trabajo que rigen los permisos de algunas personas específicas, como los bomberos en casos de emergencia, para ser mucho más eficiente y estar mejor regulado.

Entre otras cosas, también se incluye la obligación de acreditar la concurrencia a las actividades, permitiéndose distintos medios de acreditación.

Se dispone que los dirigentes o representantes legales beneficiarios del permiso deberán informar a la Dirección del Trabajo sobre su calidad de dirigente o representante. Nos parece que ese tipo de cosas van a complejizar la implementación de esta norma. Hubiésemos preferido que se hubiera discutido en la Comisión de Trabajo, para incluirla dentro de todas las excepciones que hoy estamos conociendo.

Vamos a votar a favor como homenaje también a quienes desinteresadamente, como dirigentes de comités de agua potable rural, prestan un servicio desinteresado a los vecinos de los sectores rurales.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, claramente, la norma está muy bien intencionada, porque resguarda el servicio continuado del APR. La redacción está bastante acorde con la realidad, ya que permite a los dirigentes ausentarse laboralmente para resolver emergencias que pongan en riesgo la continuidad operativa o la seguridad de los servicios sanitarios rurales, por fallas en la infraestructura, amenazas a la salud pública, eventos climáticos extremos, incendios, fallas o cortes de suministro a raíz de un desastre natural u otras circunstancias que exijan una respuesta inmediata para salvaguardar los mencionados servicios.

Si bien comparto que esta normativa debió haber pasado por la Comisión de Trabajo para coordinarla con otras normas, quiero señalar que está bien concebida para resguardar, tal como se señaló, el servicio sanitario continuo.

La obligación de inscribirse, en la Inspección del Trabajo del territorio respectivo, como dirigente de un comité o una cooperativa de agua potable rural, lo que requiere actualización permanentemente, permite dar publicidad a esa situación.

Para evitar cualquier abuso en materia de una salida intempestiva de su trabajo por parte de un dirigente de un comité o de una cooperativa de agua potable rural, la normativa señala que deberá acreditarse con fotografías o con otro registro las imperfecciones o la emergencia. Si aquello no se acredita y si se determina que se produjo un abuso, los empleadores podrán recurrir a lo que establece la normativa y despedir a la persona que incurrió en esa falta.

Por lo tanto, la idea es que haya buena fe en la aplicación de esta normativa, porque, de lo contrario, aunque bien concebida, puede generar mayores dificultades. Lo anterior se salvaguarda al facultar a los empleadores a despedir a aquellos que hacen un uso abusivo de este permiso.

Por lo tanto, confiando en que los dirigentes van a ejercer adecuadamente esta norma en resguardo del suministro del agua o del servicio sanitario, votaremos favorablemente, a fin de que esto se transforme en algo que dé seguridad también a aquellas personas que son beneficiarias de estos servicios.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en general, esta es una iniciativa que saludo y que me parece buena.

Ahora, entregar permisos -son permisos que tiene que pagar el empleador-, como se plantea en el inciso segundo del artículo 56 bis propuesto, para poder concurrir a actividades tales como procesos de capacitación técnica en congresos formativos -me disculparán, pero un congreso formativo puede durar varios días-, en comisiones legislativas parlamentarias o citaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y sus distintas unidades que lo conforman, es decir, también seremías, etcétera, significa una carga insoportable para muchos empleadores. No nos equivoquemos.

Los empleadores a los cuales nos estamos refiriendo no son necesariamente grandes empresas que simplemente pueden remplazar a un trabajador por otro. Aquí estamos hablando, especialmente en el sector rural, de pequeños empresarios, pequeños comerciantes que muchas veces tienen uno o dos empleados y no más, y la ausencia de ese empleado les significa no poder trabajar su negocio. Y eso, además, durante un tiempo indeterminado.

Por lo demás, nos dicen que el Estado va a formar, a través de estas instancias, a las personas miembros de estos comités. ¿Quién sabe mejor que los miembros de los comités cuáles son las necesidades de su propia zona? ¿Qué es lo que tiene que formar el Estado ahí?

¿Cuál es el aporte que puede entregar efectivamente el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y otros? Son preguntas que quedan en el aire.

Pedí votación separada de este artículo, porque creo que va mucho más allá de lo que originalmente plantea la ley: está creando otro permiso más. Y lo que va a suceder, damas y caballeros, es que, especialmente en el campo, donde todo el mundo se conoce, no van a contratar a una persona que sea miembro de una de estas organizaciones, porque el riesgo de perderla en un momento importante, ya sea durante la cosecha, en temporada alta de turismo o lo que fuere, significa un riesgo existencial para los pequeños y medianos empresarios.

Con esta norma no les estamos haciendo un favor a quienes están asumiendo la responsabilidad social de ser miembros de estos comités. ¡De ninguna manera les estamos haciendo un favor! Los estamos poniendo…

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, creo que, efectivamente, en la discusión de la norma propuesta faltó un poco más de profundidad y estudio respecto de las consecuencias laborales, y habría sido interesante que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social hubiera tenido acceso a analizar esto con mayor profundidad.

Pero lo que no podemos desconocer es que hoy día el trabajo que desarrollan los diferentes dirigentes de APR, que en mi región en particular es mucha gente que, con el compromiso de mantener funcionando el sistema de agua potable rural, entrega días y noches especialmente a esta labor que no es remunerada. Se trata de dirigentes que además tienen que asistir obligatoriamente a cada una de las emergencias que, sobre todo en invierno, ocurren permanentemente dentro de su sistema de APR. En verano sufren la sequía; en el invierno, el exceso de agua, y muchas veces además lidian con sus socios, que no pagan los servicios que se les prestan.

La vida de un dirigente de APR no es fácil. Y cuando desde el Congreso Nacional se invita a entregarle ciertas facultades, como las que aquí se han planteado, uno no puede sino empatizar con su labor y apoyarla.

Creo que es necesario dar garantías a estos dirigentes, porque ellos no solo se entregan al trabajo que deben desarrollar como dirigentes para mantener el suministro permanente de este recurso tan básico para sus vecinos, sino que también están todo el tiempo haciendo gestiones, asistiendo a reuniones para conseguir mejoramientos, para obtener el agua y, además, son citados regularmente por las autoridades para poder satisfacer las participaciones ciudadanas o las cuentas públicas.

Aquí los colegas de los diferentes distritos han visto a cuántas reuniones se cita constantemente a los dirigentes para que asistan. Y es el mismo Estado el que les pide que concurran a todos estos eventos.

¿Y qué garantía tienen esos dirigentes? Porque ellos al final pagan su movilización, ocupan su tiempo no solo para enfrentar los desafíos que implica ser dirigente de APR, sino también para ayudar al Estado a llevar adelante las diferentes políticas públicas.

Por lo tanto, por lo menos desde la bancada del Partido Socialista, vamos a estar apoyando con fuerza este tipo de iniciativas, que algo de alivio dan a dirigentes entregados y comprometidos con sus vecinos y vecinas.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, creo que nadie pone en discusión la importancia que tienen los APR y sus dirigentes, pero cuando uno empieza a analizar la norma propuesta y escucha las intervenciones de diputados que transversalmente denuncian o hacen presente que faltó estudio o que esto pasara por la Comisión de Trabajo, la verdad es que me preocupa mucho. Sinceramente, creo que los efectos que puede tener esta iniciativa no son los que quieren los mocionantes.

Estamos de acuerdo en que tiene que haber una protección para los dirigentes. Y si uno lee el proyecto de ley, verá que para atender emergencias es evidente que ellos tienen que contar con un permiso. De hecho, el número 4, letra a), del artículo 160, del Código del Trabajo, establece como una causal de término de contrato sin derecho a indemnización la ausencia intempestiva e injustificada del trabajador.

Naturalmente, el que un dirigente que tenga que ir a atender una emergencia de su APR no constituye una ausencia injustificada y, por tanto, no se trata de una salida intempestiva. En consecuencia, creo que difícilmente un tribunal podría hacer prosperar una demanda de caducidad del empleo producto de atender una situación de emergencia.

Pero en lo referente al tema de las comisiones de servicio, de las comisiones legislativas parlamentarias o citaciones de la autoridad, hay un problema. ¿Sabe qué me preocupa -en esto tiene razón mi tocayo el diputado Leonidas Romero -, señor Presidente? Que en un país en que en este minuto tenemos una crisis de empleo estas personas de verdad van a estar en una lista, primero, de no contratables y no ascendibles.

Y también tiene razón el diputado Kaiser . Esta gente se desempeña no necesariamente en grandes empresas, sino en pequeños comercios donde su presencia es fundamental para que funcionen.

Entonces, creo que es demasiado, por así decirlo, frívolo querer poner este proyecto como una solución a un problema de los APR. Yo creo que deberíamos intentar tener una legislación que diga relación directa con mejorar las condiciones de estos dirigentes. Pero lo que se está haciendo acá es que las personas que quieran interesarse en esta labor de ayuda a la comunidad al final verán mermadas sus posibilidades laborales, porque necesariamente se va a tener que considerar la permanencia, por ejemplo, en sus puestos de trabajo, si pueden salir en cualquier minuto a un congreso o a una capacitación, porque ello solamente es con aviso. En la norma propuesta no aparece que el empleador pueda siquiera oponerse.

Entonces, sinceramente, no quiero ser cómplice de arruinarles la vida a personas que quieren hacer un servicio noble por sus vecinos.

Por lo tanto, en lo personal, votaré en contra este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

No hay más inscritos para intervenir. Cerrado el debate.

En segundo lugar, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa, correspondiente al boletín N° 14624-13.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 40ª de la presente legislatura, en martes 11 de junio de 2024.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra al diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, este es otro proyecto donde las buenas intenciones se topan con el efecto social de su implementación. ¿Por qué habría de ser más relevante entregarle un puesto de trabajo a un joven sin experiencia laboral que a un padre con dos hijos? ¿Por qué habría de privilegiarse a un joven y no a una persona que debe asumir una responsabilidad familiar, como, por ejemplo, una madre soltera?

¿Estamos pensando bien en las consecuencias de los proyectos que estamos tramitando? Este es un proyecto de ley que bajo un titular maravilloso genera una discriminación que no solo es arbitraria, sino antisocial, puesto que destruye las opciones laborales de mucha gente. Por lo demás, hoy día le es mucho más difícil conseguir trabajo a una persona de más de 50 o 55 años de edad, incluso con experiencia laboral, que a un joven de 20 o 25 años.

¿A quiénes estamos privilegiando? Entiendo que efectivamente hay muchas personas jóvenes que hoy en día tienen problemas para ingresar al mercado laboral, pero eso es porque no hay empleo, porque se ha perdido mucho empleo formal. La solución para integrar a los jóvenes al mercado del trabajo es generar una demanda de trabajadores, pero no decirles a las empresas que, al momento de contratar a alguien, en primer lugar, contraten al más caro, porque una persona sin experiencia laboral necesita adaptarse al mundo del trabajo al que se integra, y que tienen que decirle a una persona que ya asumió una responsabilidad en su vida que no pueden darle trabajo, que deben dejarlos botados. Esas personas no podrán seguir pagando sus cuentas, el colegio o la universidad de sus hijos, no podrán pagar sus créditos, su hipoteca, porque nosotros le dijimos a la empresa que a la hora de contratar tenía que elegir a un joven que, probablemente, no haya asumido esas responsabilidades sociales.

¿Cómo podemos ponernos en contra de los padres y madres de familia de este país? A mí me parece que, más allá de la buena intención…

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, este es un proyecto expropiatorio, buenista. Dice que para las empresas de más de 100 trabajadores es una obligación dar preferencia a la contratación de personas entre 18 y 28 años. ¡Esto es igual que la Constitución octubrista!

Se fija como objetivo que se logre una cuota del 10 por ciento de trabajadores contratados sin experiencia y califica como experiencia previa las prácticas profesionales. Esto implica que los titulados universitarios con experiencia profesional no entran en este proyecto. Además, se considera deseable que esto sea con paridad de género.

Aquí lo que se está haciendo es estatizar ese 10 por ciento de trabajadores de cada empresa que supere los cien trabajadores. Le estamos diciendo a las empresas que contraten gente que no haga nada, que no ha estudiado nada, que no se ha capacitado absolutamente en nada, en desmedro de aquellos trabajadores calificados para el puesto.

¿Por qué razón se meten en el bolsillo del pequeño empresario? Cien trabajadores no los tiene solo una gran empresa; los tiene también un pequeño o mediano empresario. Por ejemplo, un contratista forestal tiene cien personas.

Aquí no se habla de las competencias o de las aptitudes que la empresa necesita de sus trabajadores. Hay que incentivar el IFE laboral para que efectivamente las empresas -si así lo desean contraten personas que no tienen ningún tipo de experiencia laboral y puedan empezar a aprender, a capacitarse. En ese sentido, el Sence debe cambiar los instrumentos para la capacitación.

Este proyecto es muy malo -¡muy malo!-, porque es expropiatorio contra las empresas que quieren desarrollarse.

Perdón, pero este proyecto tiene un olor raro. Las empresas deben buscar a los mejores empleados y para eso los califican, pero no le coloquemos cortapisas, estableciendo, por ejemplo, como deseable la paridad de género y que se logre una cuota del 10 por ciento de trabajadores sin experiencia. Eso es expropiatorio, y lo vamos a votar en contra, porque no va en la línea de lo que el país necesita, de lo que las pymes necesitan.

El gobierno debe preocuparse de capacitar a los jóvenes que no tienen experiencia, que no tienen estudios, para que puedan encontrar empleo. Hay que incentivarlo con el IFE laboral, viendo la manera de pagarle a la empresa por la contratación de gente sin experiencia laboral. Lo importante es que sea facultad de la empresa, y que no se establezca por ley que deben tener un 10 por ciento de trabajadores jóvenes sin experiencia. No es así como funciona la contratación de trabajadores. No estamos en Venezuela o en Cuba, donde manda el Estado, y no las empresas privadas. En Chile aún hay economía de libre mercado, y todavía las empresas deciden a quién contratan y a quién no. Este proyecto de ley va en contra de esa libertad que tiene el pequeño empresario de decidir a quién contrata.

Anuncio mi rechazo a este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señor Presidente, en la sesión anterior escuché al diputado Hugo Rey hablar de terminar con toda forma de discriminación, porque asume erradamente que este proyecto discrimina, cuando en realidad lo que busca es incluir, pues busca la inclusión laboral. También escuché al diputado Kaiser el mismo argumento.

Lo más incomprensible es que se haga este tipo de declaraciones de principios, de terminar con toda forma de discriminación, cuando el sector que lo hace, la semana anterior, todos los parlamentarios de su bancada votaron en contra de la ley antidiscriminación. Discursos como este no se entienden mucho, así como otros que también se han escuchado hoy.

Respecto de la crítica que realizó recién el diputado Miguel Mellado , leyendo irónicamente el contenido del texto, tratándolo, incluso, de expropiatorio, quiero aclararle al diputado que lo que estaba leyendo es una indicación de su sector, liderada por la diputada Ossandón , y apoyada por su partido. Sería bueno que los parlamentarios de Renovación Nacional pudieran conversar entre ellos para no estar quitándose el piso en la Sala entre ellos mismos.

Hablemos en serio sobre el proyecto.

Se ha hablado mucho de educación. Gracias a la batalla de miles de estudiantes, es efectivo que, luego de más de una década, hoy tenemos más estudiantes que llegan a la educación superior, muchas veces a un altísimo costo. Aún tenemos una deuda importante respecto del acceso y el financiamiento. Pero ¿de qué sirve la educación si luego no se puede encontrar empleo por falta de experiencia? Es un círculo vicioso: para tener experiencia se necesita una oportunidad laboral, pero sin esa oportunidad, no existe la experiencia. Es una lógica absurda que nos está costando caro. Chile tiene la cuarta tasa de desempleo juvenil más alta de la OCDE, cerca de un 25 por ciento. Si aceptamos esto, ¿qué futuro estamos construyendo para la juventud?

Hago un llamado al gobierno a ampliar la cobertura del subsidio al empleo joven, que actualmente está destinado al 40 por ciento más vulnerable, que gana muy cerca del salario mínimo. Además, hay jóvenes fuera de este espectro que también necesitan oportunidades laborales.

Este proyecto de ley va en la línea correcta, ya que abre la puerta ligeramente hacia un futuro con más oportunidades y menos desigualdad. Digo que abre la puerta solo un poco y no por completo, porque esta propuesta de ley mandata una priorización no obligatoria, contrario a lo que se ha señalado acá, en los procesos de selección de jóvenes entre 18 y 25 años sin experiencia previa relevante, y deja fuera de la normativa a empresas con menos de cien trabajadores. Por lo tanto, a mi juicio, se avanza en estas materias, pero todavía queda mucho camino pendiente.

Por lo anterior, me parece que algunas de las intervenciones que hemos escuchado, entre ellas las de los diputados Gustavo Benavente , Johannes Kaiser y Agustín Romero , demuestran que muchos no han leído la iniciativa que hoy nos corresponde votar, porque hablaron de obligaciones que no están contenidas en este proyecto de ley, e incluso anunciaron que harían reserva de constitucionalidad sin ningún tipo de fundamento.

El futuro de Chile no depende de los discursos que se escuchan en este espacio, sino de nuestras acciones. En consecuencia, así como hice un llamado al Ejecutivo, me parece importante hacerlo también a las empresas: los jóvenes necesitan oportunidades reales y condiciones laborales dignas para integrarse al mercado laboral.

Tengo otros reparos que me gustaría que quedaran presentes en la historia de la ley. Por ejemplo, no me asiste la convicción de que sea correcto que aquellas personas que realizan una práctica profesional y enfrentan serios problemas para encontrar un empleo formal permanente no sean parte de esta priorización, porque el proyecto, tal como salió, considera que tienen suficiente experiencia laboral. Sé que no hay consenso sobre esto, pero, según mi opinión, hay una oportunidad de mejorar esta materia en el Senado.

Así como hago una crítica, también quiero destacar una virtud: gracias a este proyecto podremos tener información disponible respecto del cumplimiento de la recomendación y de las vacantes disponibles para empleo joven. En concreto, las empresas tendrán que informar trimestralmente a las oficinas públicas o privadas de intermediación laboral existentes en las distintas comunas sobre aquellas vacantes o posibilidades de contratación de trabajadores de entre 18 y 28 años, sin experiencia previa.

Por último, quiero hacer un llamado a los colegas de enfrente, que han hecho discursos grandilocuentes en contra de una iniciativa tan simple y sensible como esta: si queremos reactivar la economía, si lo que se busca es avanzar en inclusión laboral y fomentar el empleo formal, como tantas veces se ha dicho, este es un proyecto que les ofrece la oportunidad de ser consecuentes con aquello.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señor Presidente, no iba a intervenir en este debate, porque me parecía que, como la iniciativa había sido objeto de un acuerdo más amplio en la comisión, no era necesario hacerlo. Sin embargo, al escuchar a algunos de mis colegas, creo que se confunde un poco el foco y se exagera respecto de cosas que no están contenidas en el proyecto.

¿Cómo surgió esta discusión en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social? Surgió a partir de una preocupación por las cifras del empleo juvenil, tras lo cual algunos parlamentarios presentaron un proyecto que tenía cuotas y obligaba a contratar una cantidad de personas de determinada edad en todas las empresas.

Posteriormente, realizamos una investigación sobre lo que indicaba el análisis comparado en distintos países, lo cual nos permitió ver que establecer cuotas no es el camino, porque rigidiza el mercado laboral, ya que no necesariamente las personas de determinada edad tienen las capacidades para desempeñarse en todos los empleos. Además, no todas las empresas ofrecen una variedad amplia de puestos laborales. En fin, hay un conjunto de razones que respaldan esta conclusión.

A pesar de lo anterior, decidimos seguir trabajando para dar respuesta a esos miles de jóvenes que presentan sus primeros antecedentes para ingresar al mercado laboral, pero les cuesta conseguir empleo debido a su falta de experiencia.

Entonces, ¿qué propone este proyecto de ley? Para simplificar, la iniciativa establece básicamente tres cosas: primero, una obligación razonable; segundo, una referencia, y, tercero, una enorme transparencia.

Respecto de la obligación razonable, se establece que las empresas que contraten a personas sin experiencia deberán contratar preferentemente jóvenes. Por lo tanto, en aquellos cargos sin experiencia habrá también personas sin experiencia, pero serán preferentemente jóvenes de entre 18 y 28 años.

Si no hay jóvenes en los distintos procesos de selección, las empresas podrán contratar a otras personas, pero en caso contrario, estos deberían tener la preferencia. Considero que esta no es una obligación compleja, porque apunta solo a aquellos cargos que no requieren experiencia y en la medida en que haya jóvenes en los procesos de selección. No es del otro mundo exigir eso a las empresas. Por el contrario, ayuda y apunta a que los jóvenes tengan más empleo.

En cuanto a la referencia, la norma propuesta indica que es deseable que el 10 por ciento de los equipos de trabajo esté integrado por jóvenes. Esto no es una obligación, sino más bien una norma de deseabilidad declarativa.

Por último, el proyecto propone una norma de transparencia para el mercado laboral, mediante la cual se establece que cada tres o seis meses -no recuerdo exactamente el período específico las empresas deberán informar sobre las contrataciones que han llevado a cabo. Cabe aclarar que para hacerlo no será necesario indicar nombres ni proporcionar otros datos.

Por lo tanto, creo que esta iniciativa es una buena solución para apoyar el empleo juvenil. Naturalmente, no es la única y probablemente no sea la más importante, ya que, entre otras cosas, tiene que aumentar el subsidio juvenil y se debe seguir invirtiendo en capacitación y preparación laboral. En fin, por supuesto que hay otras materias que no son legislativas, sino más bien de gestión y aprobación de los presupuestos en su momento.

Con todo, quiero invitar a mis colegas a mirar serenamente este proyecto y no con anteojeras ideológicas, porque lo que trabajamos en la comisión fue algo más amplio y general. La idea es que la Sala apruebe el proyecto y con ello apoye a los miles de jóvenes que requieren entrar al mercado laboral.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señor Presidente, es lamentable tener que debatir proyectos como este, ya que solo evidencian que en el mercado laboral y en nuestra capacidad como sociedad para generar empleo e incluir a todos los grupos etarios de nuestro país los jóvenes están quedando fuera de las oportunidades laborales.

Hoy ya vemos como algo casi tragicómico la frase “necesito que me contraten y me piden experiencia, pero si no me contratan, ¿cómo obtengo experiencia?”. O sea, estamos en un sinsentido.

El hecho de tener que establecer estas cuotas significa que las empresas por sí mismas no lo han hecho. Lo mismo sucedió cuando implementamos cuotas para mujeres en el mercado laboral, entre otros ejemplos, como medidas destinadas a promover cambios de manera más efectiva y rápida.

Me cuesta entender cómo no somos capaces de aunar el mundo de la academia con el mundo del trabajo. ¿Cómo estamos pensando los empleos del futuro, en el marco de la innovación y creación de nuevos empleos, ad portas de una revolución tecnológica o viviendo ya una crisis ambiental importante? ¿Cómo no somos capaces de generar más empleos o pensar en los empleos del futuro, donde, por cierto, los jóvenes tienen mucho que decir y aportar?

Por otro lado, no puedo dejar de mencionar a otro grupo etario que queda fuera de este reclutamiento laboral: las personas mayores de cincuenta años. Hoy perdemos experiencia importante en el mercado laboral, ya que los mayores de cincuenta, cincuenta y cinco o sesenta años, incluso, no pueden encontrar trabajo y se encuentran muy limitados.

Dicho esto, me gustaría que el Ejecutivo pudiera aportar alguna indicación, para que los aparatos del Estado o los municipios adoptaran esta mirada de contratar a jóvenes, a lo mejor por períodos o para la realización de tareas específicas.

Actualmente, nuestro país se encuentra afectado por la situación que viven diversas regiones declaradas zonas de catástrofe. Por ejemplo, enfrentamos las consecuencias de los incendios que azotaron la Región de Valparaíso, donde hay una reconstrucción importante que hoy está trabada. En ese contexto, ¿cuántos jóvenes constructores, ingenieros, asistentes sociales, pediatras, geriatras u otros podríamos tener atendiendo esta emergencia, realizando trabajos puntuales o sus prácticas profesionales?

Asimismo, hoy las inundaciones en distintos lugares nos emplazan como Estado a tener una respuesta mucho más rápida y eficaz, y también una comunidad con muchas más redes para enfrentar este tipo de catástrofes.

En ese ámbito, los jóvenes han hecho aportes importantes como voluntarios. Por ejemplo, los que participan en Techo Chile han levantado viviendas de emergencia. Los jóvenes prácticamente han sido el único ente convocado para hacer la reconstrucción de nuestro país.

En ese sentido, llamo al Ejecutivo a aunar la academia y los jóvenes desempleados, a fin de ponerlos al servicio de las reconstrucciones y de las comunidades que hoy tienen distintos tipos de emergencia, ya que se necesitan en forma urgente profesionales y mano de obra para aportar en la reconstrucción de nuestro país, para ir en ayuda de las familias que hoy están en una situación de emergencia. Además, sabemos que, por el cambio climático, este no va a ser el único invierno en que vamos a tener problemas de inundación, sino que vamos a estar expuestos a esos problemas durante los próximos años.

Por lo tanto, si no trabajamos para detener el cambio climático, vamos a estar expuestos a otras catástrofes.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, saludo a los diputados presentes en la Sala y al personal de esta Corporación.

Da la impresión de que los diputados mocionantes en esta iniciativa no tienen experiencia en crear y administrar empresas. Da esa impresión, porque esta exigencia no es la forma de lograr que los jóvenes tengan un puesto de trabajo.

Lo que se debe hacer es que las empresas, a través de las prácticas profesionales, logren establecer un vínculo con las personas que se desenvuelven en buena forma en el ámbito laboral.

Yo tengo la experiencia de haber administrado una empresa de casi dos mil personas. Estuvimos trabajando en esta materia durante muchos años. Sin duda, es un tema que tiene que ver con la preparación y el trabajo de los postulantes a los cargos laborales.

También, durante mi desempeño como alcalde de la comuna de Temuco, en cuya municipalidad trabajan alrededor de siete mil personas en general -en salud, en educación y en el área municipal-, se incorporaban personas nuevas o, como decíamos en algún momento, con savia renovadora. Pero eso no puede ser una exigencia, sino que tiene que ser algo natural que se vaya produciendo durante el desarrollo o crecimiento de las empresas.

Por otro lado, también hay una discriminación contra quienes tenemos algo más de sesenta años. La diputada que me antecedió en el uso de la palabra no nombró al grupo etario que tiene mi edad, así que me sentí absolutamente discriminado.

Espero que se considere ese tipo de aspectos, porque, sin duda, quienes ya hemos recorrido parte de la vida aún tenemos mucho que aportar. Por supuesto, también los jóvenes con preparación tienen mucho que aportar en el desarrollo de las distintas empresas, pero obligar a las empresas a contratar personas que a veces no tienen ninguna experiencia ni preparación es un tremendo error.

Las empresas tienen una forma natural de contratación de personal. En las empresas que llevan mucho tiempo, las personas se van retirando o jubilando. Necesariamente, eso requiere la incorporación de nuevas personas que van asumiendo los cargos que van quedando vacantes en esas empresas.

Por otro lado, es importante que las personas, en los establecimientos técnico-profesionales o en las universidades, sean preparadas de tal manera que, aunque no tengan experiencia laboral, tengan una experiencia que les permita contar con los antecedentes necesarios para asumir un cargo.

Por eso, hay establecimientos que imparten esa denominada educación dual, en virtud de la cual los estudiantes en las mañanas están en las aulas y en la tarde participan en las empresas. Así ocurre en Temuco, donde tuvimos como empresa una buena relación con esos establecimientos educacionales, para tomar a esos muchachos y prepararlos para su futuro laboral.

Yo, al menos, voy a rechazar este proyecto, porque creo que la obligatoriedad en esta materia no es el camino.

En la libertad crecemos. Cuando hay libertad, los países se desarrollan. La libertad genera empleo, trabajo y también riqueza, que es lo que queremos para que todos alcancen un buen nivel de vida.

En ese sentido, espero que en nuestro país pronto vuelva la cordura en muchos aspectos. Les tengo una buena noticia: solo quedan 619 días.

¡Que Dios bendiga a Chile!

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, he escuchado algunas intervenciones que me han recordado que hace un tiempo discutimos en esta misma Sala la forma en que podíamos incorporar en el mundo laboral a la gente en condiciones de discapacidad y a los adultos mayores, ambos grupos marginados de acceder al trabajo por el sistema económico que tenemos.

Hoy también hemos escuchado en esta Sala el argumento de que estamos presionando y obligando a las empresas para que hagan determinadas tareas que no corresponden.

Yo creo que de una vez por todas debemos entender que, si bien es cierto la economía social de mercado resuelve muchos problemas, hay cuestiones que simplemente no resuelve el mercado y se tienen que buscar otro tipo de políticas públicas para contribuir o ayudar a enfrentar situaciones de marginalidad, como las que viven los jóvenes en el campo laboral.

Aquí hay una cuestión que tenemos que abordar como país, y permítanme colocar de ejemplo lo que voy a decir a continuación respecto de este proyecto.

Hoy, tenemos un servicio militar que, en los términos en que se desarrolla, está caduco. Por consiguiente, tenemos que buscar una nueva modalidad de servir a la patria. Creo que una manera de enfrentar esta situación es creando un nuevo servicio país, donde algunos jóvenes podrán ir a cumplir tareas militares y otros jóvenes comenzarán a servir al país de otra manera. A lo mejor, a través del nuevo servicio que harán, comenzarán a adquirir experiencia en el campo laboral, en el accionar laboral. Así, de alguna manera, vamos terminando con esta falta de preparación o capacitación.

De la misma forma, hoy se echan de menos políticas públicas que hubo en el pasado, como, por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficios, donde se preparaba a los jóvenes en especializaciones en determinadas labores productivas. Hoy, como aquello no ocurre, claramente, no aporta a la generación de experiencia en los jóvenes. La falta de experiencia los golpea y restringe.

A partir de esta iniciativa legislativa, que se podrá mejorar buscando formas para que exista mayor posibilidad de concretarla, creo que también debemos desarrollar e impulsar otras iniciativas para generar en el país espacios de capacitación y formación.

Hoy está el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) como una institución que capacita, pero a lo largo de todos estos años todos hemos sido testigos de que el Sence, lamentablemente, ha cumplido su labor de manera bastante deficiente, porque no ha sido la mejor.

Entonces, creo que ha llegado la hora de hacer un pequeño remezón en la forma en que está funcionando nuestra economía y en la forma en que estamos haciendo las cosas. Una de las cosas que debemos hacer es crear un servicio país que permita que todos los jóvenes, hombres y mujeres, puedan reemplazar el servicio militar, de manera que, a través de ese servicio país que creemos como nueva modalidad, podamos generar las condiciones para preparar y capacitar a los jóvenes, y que no deban enfrentar las dificultades que encuentran hoy cuando quieren insertarse en el campo laboral.

Creo que ha llegado la hora de tomar decisiones, y de que esa primavera que representan los jóvenes no la marchitemos nosotros por no ser capaces de generar nuevas condiciones para ellos.

He dicho.

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, valoro este proyecto porque considero importante que el Estado juegue su rol, y que los legisladores y legisladoras juguemos, a su vez, nuestro rol, que no es ni más ni menos que establecer reglas del juego.

He escuchado hablar mucho sobre la libertad empresarial, pero me parece que en este país las empresas tienen harta cancha, en la cual se mueven sin ningún tipo de regulación. Bien o mal que así sea, creo que eso genera males importantes.

Como dijo un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, hay cosas que este modelo y este sistema logra resolver, pero uno debe preguntarse cuáles son los costos y los aspectos que no logra resolver. Es ahí donde el Estado debe entrar a establecer reglas.

En relación con el retroceso en los niveles de empleo, que se ha visto de manera sostenida en Latinoamérica, se estima que durante 2020 se produjo una pérdida de aproximadamente 140 millones de puestos de trabajo, y el 54 por ciento de las personas afectadas por esa disminución pertenece a un grupo etario de entre 18 y 29 años, las que no logran acceder a un trabajo, por más que se hayan formado técnica o profesionalmente, incluso en algún oficio no necesariamente profesional, pero igual de importante.

¿Cómo llegan a adquirir experiencia laboral esas personas si de plano existe una barrera que no les permite entrar al mercado del trabajo? ¡Es un sinsentido!

Le estamos pidiendo experiencia laboral a una persona a quien no se le permite trabajar, y lo que más necesitamos es que la gente trabaje y tenga capacidad para autosustentarse.

En ese sentido, me parece sumamente positivo que el Estado entre y diga: “Bueno, vamos a hacer una norma de promoción para que las empresas se abran a la contratación de jóvenes, que tienen mucho que aportar”.

En eso nos perdemos siempre, porque nos da la sensación de que tiembla más la cosa y nos da un poquito más de temor cuando se trata de poner reglas del juego a los empresarios. Sin embargo, cuando tenemos que legislar para cuestiones que vayan en beneficio de la gran mayoría de la ciudadanía, nadie defiende; todos dan un paso atrás y decimos: “No, en realidad, si la gente no trabaja es porque no se esfuerza lo suficiente, y si no tiene buenas remuneraciones es quizás porque no tiene méritos o no se ha preparado suficientemente”.

No obstante, la pregunta es: ¿la sociedad da oportunidades a las personas para que se preparen? ¿Les da la oportunidad de tener empleos dignos? ¿Les da la oportunidad de salir adelante? No, muchas veces no.

En un Estado de derecho, las reglas del juego las pone el Estado, y el Estado les va a poner reglas del juego a los empresarios que quieran seguir cerrándoles el acceso a la cancha a jóvenes que solamente quieren trabajar.

No podemos ser quienes permitamos o consintamos que se les cierren sostenidamente las puertas a ciudadanos chilenos que tienen ganas de salir adelante y, sin embargo, no se les da la oportunidad de hacerlo.

No podemos ser nosotros quienes les cerremos las puertas, de modo que valoro mucho este proyecto, que me pareció de mucho sentido común cuando llegué acá. No obstante, cuando empecé a escuchar las intervenciones, me di cuenta de que no era un sentido común, en esta locura -reiterode pedirle experiencia laboral a quien no se le ha permitido trabajar; o sea, esa persona no podría trabajar nunca.

Si bajo esa excusa decimos que alguien sin experiencia no está preparado para trabajar, y al mismo tiempo no le damos oportunidad para trabajar, es como preguntarse qué vino primero, si el huevo o la gallina.

Nosotros debemos poner las reglas del juego.

Por eso, espero que se apruebe este proyecto de ley, y en función de ello hago un llamado a la sensatez.

Si el Estado no es capaz de garantizarle a la gente condiciones básicas de salud, de educación, de pensiones ni de absolutamente nada, porque este es el país del “ráscate con tus propias uñas”; lo mínimo es que por lo menos podamos garantizar que tendrán la oportunidad de trabajar quienes tengan ganas de hacerlo.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señor Presidente, mediante este proyecto se busca que las empresas con más de cien trabajadores deban dar preferencia en sus procesos de selección de personal a la contratación de personas de entre 18 y 28 años, sin experiencia previa relevante; originalmente, además, se establecía un porcentaje de contratación de jóvenes.

Aunque durante la discusión en particular este proyecto fue perfeccionado, eliminando el porcentaje obligatorio de contratación, esta política no soluciona realmente el problema de desempleo de jóvenes en el país.

Nuestro sistema productivo requiere herramientas para que personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y jóvenes, entre otros segmentos tradicionalmente relegados, puedan insertarse eficazmente en el mundo laboral, tal como se ha avanzado en otros países, como México, Dinamarca o Alemania, donde se ha dinamizado el mercado laboral mediante la implementación de políticas públicas que tienden a aumentar los puestos de trabajo disponibles, y no mediante la promoción de políticas públicas que tengan por objeto rigidizar aún más el mercado laboral.

En ese sentido, se debe evaluar la implementación de nuevas modalidades de contratación, que permitan mayor movilidad en el empleo. Asimismo, se debe evaluar la pertinencia y el alcance del subsidio al empleo joven, porque dicho mecanismo no está logrando el objetivo deseado, e implementar algún tipo de subsidio directo a las empresas, que vaya dirigido exclusivamente a la contratación y capacitación de jóvenes, de modo que adquieran la experiencia necesaria para desarrollarse en el ámbito laboral.

Por último, el hecho de que los jóvenes no tengan experiencia laboral cuando salen de la educación se debe principalmente a que el Estado no tiene un sistema de educación adecuado y moderno, que permita que los jóvenes terminen su educación con los conocimientos necesarios para insertarse en el mundo del trabajo.

Votaré en contra de este proyecto.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Estimada Presidenta, quiero señalar, junto a mis compañeros y compañeras de bancada, que en el Reglamento se hace referencia a la falta de quorum, situación que se ha dado durante esta sesión en la Sala.

Hubo diputadas y diputados que no estuvieron atentos a la asignación del uso de la palabra, por lo que solicito el acuerdo de quienes estamos en la Sala para que no se incorporen sus discursos como parte de las intervenciones de esta sesión.

Después se podrán adherir, como lo señala el Reglamento, pero solicito este acuerdo como señal de respeto a la gente en las tribunas y a todas las personas que estamos trabajando habitualmente, como indica el Reglamento.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tendrían que reinscribirse, diputado.

Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley podría parecer de buenas a primeras como sin mayor importancia, pero la verdad es que, cuando uno lo analiza a fondo, se da cuenta que sí tiene mucha importancia.

Varias veces se ha hecho presente la paradoja de que difícilmente se puede tener experiencia laboral si no se trabaja, pero a la gente joven le piden experiencia laboral y no le dan trabajo por no tenerla, lo que se convierte en un círculo vicioso que no termina nunca.

Para romperlo, en un modelo económico como el que tenemos, en el que la iniciativa privada normalmente suele ser muy reticente a cosas que no le convengan económicamente, hay que aplicar “incentivos” de cuotas. Si bien no soy partidario de las llamadas cuotas de género a título ideológico, sí hay otro tipo de cuotas que son muy necesarias. Lamentablemente, en este caso, siempre terminamos con la oposición de un determinado sector político.

Quiero hacer hincapié, como ya lo he hecho en otras ocasiones, en la historia; quiero hacer eco de la historia para poder entender un poco cómo funcionan las cosas. Varias veces he dicho -incluso, se ha planteado en la Salaque el primer seguro de jubilación por reparto solidario fue creado en el siglo XIX en Alemania por un recalcitrante antimarxista y antisocialista como fue el canciller Otto von Bismarck . Él se dio cuenta de que, para evitar que avanzaran determinadas ideas políticas a las que él no adscribía, había que entregar a los trabajadores, en este caso a los alemanes, justicia social y solidaridad. Así, en la década de 1880, creó el primer seguro de accidente laboral del planeta, el primer sistema de pensión por discapacidad del planeta y el primer sistema de jubilación por reparto solidario del planeta. Ni siquiera digo del mundo, sino del planeta.

¿Qué ocurrió en esa ocasión? La derecha conservadora alemana tachó de comunista y de socialista a Von Bismarck, que es lo mismo que ocurre en la actualidad con la derecha neoliberal chilena. Todas las leyes que tratan de traer justicia social, y que no son comunistas ni marxistas -reitero: son solo justicia social-, son tachadas directa o implícitamente de comunistas o marxistas.

Probablemente, la derecha chilena tiene más capacidad y materia gris que el canciller Otto von Bismarck , uno de los grandes genios de la política. Es posible que en este hemiciclo haya más materia gris que la que tenía el canciller Otto von Bismark, que logró la unificación de Alemania.

Lamento, como muchas veces lo he dicho, que la derecha chilena no logre entender -razón por la cual renuncié a ellaque la mejor manera de evitar que avancen determinadas ideas, a las que yo no adscribo y ella no adscribe, es entregándole justicia social y solidaridad al trabajador, en este caso al trabajador chileno. Negándose a hacer ese tipo de cosas, lo único que va a provocar son nuevos estadillos sociales, con lo que vamos a quedar bajo la lógica de los eternos sorprendidos por las circunstancias: ¿cómo llegamos a esto? Muchas veces se llega a esto por no darles a los jóvenes la oportunidad de entrar a trabajar.

Si las empresas neoliberales no quieren hacerlo porque no les conviene para su bolsillo, habrá que obligarlas a hacerlo. Si les gusta, bien; si nos les gusta, bien también. Porque la única manera de lograr un país con justicia social es a veces teniendo que obligar a determinados sectores, que se oponen constante y tenazmente a introducir la justicia social y la solidaridad en el ordenamiento laboral.

He dicho.

El señor LEE.-

Señora Presidenta, aprovecho de saludarla por su cumpleaños.

No pensaba intervenir en este proyecto, que, sin duda, tiene un buen propósito; sin embargo, al escuchar algunos discursos, me pregunto si todos los aquí presentes hemos participado alguna vez en la generación de empleo, si hemos sido parte de un emprendimiento, de uno real, de uno que no sea bajo el alero del Estado, de uno que no sea en una oficina pública. Hablo de un emprendimiento de verdad, de esos en los que se requiere mucho esfuerzo y colaboración de todos los integrantes de un equipo de trabajo.

Hay ocupaciones en las que se necesita experiencia laboral, sin duda, pero otras no la requieren. Por ello, creo que sería bueno sincerar y preparar a los jóvenes en aquellas cualidades que los hacen atractivos para ser contratados; no solo atractivos para acceder a un empleo, a un trabajo, sino también para permanecer en él por largo tiempo y crecer personal y profesionalmente desarrollando una labor, colaborando y siendo parte de un equipo o de una organización en pro de un propósito, y no solo para recibir un sueldo por una contraprestación.

Esa tarea para que los jóvenes sean integrados precozmente al campo laboral es una tarea del campo educacional y no una obligación de los empleadores.

Creo que es una pésima idea quitar las libertades, porque cuando se restringen las libertades y las personas que tienen que generar empleo se ven encadenadas, el resultado final es precisamente lo contrario: va a haber menos empleo y más cesantía.

He dicho.

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, será muy breve mi exposición porque creo que otros representantes de mi bancada ya han expresado muy bien nuestra posición respecto de este proyecto. Sin perjuicio de ello, quiero hacer un juicio más general.

Con este proyecto vemos una vez más un ejemplo de cómo el Estado trata de arreglar los problemas que el mismo Estado genera. Este es un problema transversal en la política. Recordemos lo que ocurrió no hace tanto tiempo, cuando se aprobó la ley que prohibió las bolsas plásticas en los supermercados. ¿Se acuerdan de lo que pasó a raíz de esa ley? Se eliminó todo el trabajo de empaquetadores de supermercados. ¿Cuántos jóvenes trabajaban en esa labor? ¿Cuántos jóvenes podían costearse sus estudios trabajando como empaquetadores en supermercados? Lo cuento como experiencia personal, porque en mi juventud trabajé como empaquetador de supermercado. ¿Cuánta gente joven se quedó sin trabajo a propósito de esa ley?

Por ello hago un llamado al gobierno y a los miembros del Congreso a que tengamos un poquito más de seriedad cuando abordemos los proyectos de ley y a que nos preocupemos de ayudar a resolver problemas y no a generarlos. De lo contrario, llegamos a estas situaciones en las que se trata de obligar a la empresa a contratar a una u otra persona, porque el mismo Estado se está cargando esos trabajos. El mismo Estado está dejando a los jóvenes sin pega con decisiones como aquella que, en su momento, eliminó las bolsas plásticas. Hoy en día las bolsas plásticas siguen dando vuelta por todos lados; la única diferencia es que la gente tiene que pagar por ellas; además, los jóvenes se quedaron sin trabajo.

Meditemos un poquito más los proyectos de ley que pasan por el Congreso. No caigamos en el populismo y pensemos en el mediano plazo sobre los efectos que estos proyectos pueden terminar generando. Ayudemos al país con soluciones y no con más problemas.

He dicho.

El señor DONOSO.-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley tiene un título extraordinario. Creo que con el título estaríamos todos de acuerdo. El problema es que nuevamente recurre a las cuotas. Cuando le establecemos una cuota a un empleador, le estamos diciendo: “Contrate jóvenes, pero eche a alguien” o “no contrate a personas que están próximas a jubilar”. Con ello no estamos creando empleo, y ese es el problema de este tipo de políticas. Cuando no se crea empleo, cuando un gobierno, un conglomerado político o el oficialismo cree que estas son las medidas necesarias para generar trabajo, llegamos a un 8,5 por ciento de desempleo en Chile. Esa es la realidad actual; eso es lo que sufren los chilenos.

Además, el Banco Central hoy nos dice: “¿Sabe qué? Va a haber una inflación del 4 por ciento, con un crecimiento del 2 por ciento”. Eso quiere decir que Chile va a ser más pobre. Y en ese Chile más pobre le estamos diciendo a quienes generan empleo: “eche a un grupo de personas que no sean jóvenes. Cumpla la cuota”.

Estas políticas públicas le hacen daño a la población. Aquellas políticas públicas que no buscan generar y promover nuevos cupos de empleo le hacen daño a Chile, y les hará un daño mucho mayor a aquellos jóvenes o a las personas que queremos ayudar.

Por eso no es posible para nosotros apoyar este proyecto. Creemos importante que los jóvenes tengan trabajo, pero que lo tengan también los adultos mayores, así como las personas que tienen niños en el colegio y que tienen que pagar sus cuentas. Por eso, creemos que la política correcta es hacer crecer la economía del país, no como lo ha hecho este gobierno, que ha empobrecido a Chile, según los datos que nos da el Banco Central.

He dicho.

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.920, que Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, para exigir la aplicación de un plan de recuperación de elementos pesados a los gestores de depósitos de relaves, correspondiente al boletín N° 16426-08.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Minería y Energía es la señora Yovana Ahumada .

Antecedentes:

-Moción, sesión 106ª de la legislatura 371ª, en lunes 20 de noviembre de 2023.

Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Minería Energía, sesión 40 de la presente legislatura, en martes 11 de junio de 2024. Documentos de la Cuenta N°5

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora AHUMADA, doña Yovana (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Minería y Energía, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de las diputadas Jovana Ahumada y Marcela Riquelme , y de los diputados Álvaro Carter, José Miguel Castro , Christian Matheson , Benjamín Moreno , Jaime Mulet , Víctor Pino , Marco Sulantay y Cristián Tapia , que modifica la ley N° 20.920, que Establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, para exigir la aplicación de un plan de recuperación de elementos pesados a los gestores de depósitos de relaves.

Durante la tramitación de esta iniciativa, la comisión contó con la participación de la ministra de Minería, señora Aurora Williams , y del académico de la Universidad de Antofagasta señor Arturo Reyes Román . Sus intervenciones constan de manera detallada en el informe que tienen a su disposición.

La idea matriz o fundamental del proyecto es incorporar la obligación del gestor de residuos producidos en procesos mineros, que se deban contener en tranques de relave, de contar con un plan de recuperación de elementos pesados.

Se deja constancia de que el proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quorum calificado, y que no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Joanna Pérez (en reemplazo de quien habla) y Marcela Riquelme , y los diputados Álvaro Carter , Andrés Celis , Christian Matheson , Benjamín Moreno , Jaime Mulet , Patricio Rosas , Marco Sulantay y Cristián Tapia .

En cuanto a sus fundamentos, sostiene la moción que la seguridad de la salud es un eje central que se debe proteger antes de pensar en cualquier desarrollo o trabajo en nuestro territorio nacional, y que la exposición a elementos pesados y sustancias químicas tóxicas presentes en los tranques de relave puede tener efectos perjudiciales para la salud humana.

La inhalación de polvo de relave o el consumo de agua contaminada pueden provocar problemas de salud graves, como enfermedades respiratorias, cáncer y trastornos neurológicos, lo que transforma en una necesidad propender a la regulación y la implementación de planes de recuperación, por ser estos esenciales para prevenir estos riesgos para la salud pública.

Agregan sus autores que, siendo conocida en nuestro país la responsabilidad social y empresarial de la industria minera, asumir la responsabilidad de sus actividades y gestionar los residuos de manera adecuada por medio de la implementación de planes de recuperación de elementos pesados es una manifestación de su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social.

De esta manera, la recuperación de elementos pesados por los tranques de relaves puede ser una fuente importante de materias primas valiosas. La implementación de planes de recuperación puede no solo proteger el medioambiente y la salud pública, sino también promover una economía más sostenible al recuperar metales y minerales valiosos que de otro modo se perderían.

Hacen presente que dentro de los tranques de relaves que pueden encontrar “nuevos yacimientos antrópicos” a explotar, particularmente aquellos tranques de relaves que tienen más antigüedad en aquellas operaciones donde las leyes minerales eran más altas en su momento y en que las tecnologías de recuperación metalúrgica impedían recuperar las menas principales en mayor cantidad.

Ello, sumado a que en las planificaciones mineras eran dimensionadas las minas particularmente a un elemento de interés, obviando la existencia de otros que en la actualidad se encuentran dentro de los tranques de relaves, presenta una oportunidad para los productores de obtener estos metales.

Destacan que elementos como molibdeno, níquel, oro, plata, sulfuros de cobre de alta ley, renio y cobalto se encuentran presentes en los tranques, siendo los dos últimos elementos de interés particular para los avances tecnológicos en materia de diseño de vehículos espaciales, además de la recuperación de las aguas. Sin embargo, dentro de estos mismos tranques se pueden encontrar elementos peligrosos para la salud de la población, involucrando la contaminación de los suelos en que estos tranques se encuentran sustentados, encontrándose allí reactivos de flotación mineral (reactivos colectores, espumantes, estabilizadores) y mercurio, los que en caso de una remoción en masa pueden causar una catástrofe ambiental de difícil control, como también la posibilidad de fallas estructurales en los muros del tranque y la probabilidad de arrastre por las lluvias o aluviones, situación que vimos hace muy poco en operaciones mineras de alta montaña, de materiales particulados desde el tranque, entre otros.

Respecto del contenido de la iniciativa, consta de un artículo único, que modifica los artículos 6 y 24 de la ley N° 20.920.

Por el primero, incorpora en la gestión de residuos la obligación para el gestor de contar con un plan de recuperación de elementos pesados para tranques de relave con carácter público, revisión cada cinco años, actualización cada diez y con determinados requisitos.

La segunda modificación, en coincidencia con la primera, agrega que los gestores de residuos producidos por procesos mineros que se deban contener en tranques de relave deberán contar con el plan de recuperación mencionado.

Durante su discusión general, la ministra señora Aurora Williams, junto con destacar la importancia de entregar una mejor regulación a los relaves, expresó que la cartera se encuentra en plena modificación del decreto supremo N° 248, que establece el reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves.

La modificación ha sido trabajada y se encuentra ad portas de someterse, en el mes de junio, a una consulta ciudadana; por tanto, se espera contar a fines de este año con una nueva reglamentación en materia de relaves.

Precisó que en Chile hay 795 depósitos de relaves. De ellos, aproximadamente el 22 por ciento se encuentran abandonados. El resto, activos o inactivos, según si hay o no un titular que esté operando el relave.

Enfatizó que uno de los ámbitos de acción de la modificación del decreto guarda relación con cómo generar una normativa que permita reprocesar los relaves o disponerlos en un lugar distinto. Por ejemplo, en Andacollo, el relave del centro de la ciudad se trasladó -ello, como una acción de mitigación de una empresa minera a un relave mayor, uno cercano a la iglesia. Acá se produce un círculo virtuoso desde el punto de vista de la minería verde, pero también de cómo recuperar minerales que pueden estar contenidos en pequeña escala, cuando es el caso.

Asimismo, en el contexto de que realmente se produzca una situación compleja en el entorno directo de los relaves, la señora ministra se ha comprometido a crear, a través del Servicio Nacional de Geología y Minería, un observatorio nacional de relaves que permita monitorearlos, replicando la existencia del Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur.

En relación con la iniciativa, mostró su disposición a evaluarla. Asimismo, comentó que Chile cuenta con una ley de cierre de faenas mineras que significó un avance importante y que en la práctica permite no generar pasivos mineros, porque se constituye una garantía en favor del Estado para que en el evento de que no cierre la minera el mismo lo haga.

Por su parte, el académico de la Universidad de Antofagasta señor Arturo Reyes se refirió al impacto de los residuos mineros abandonados en los suelos de la Región de Antofagasta y a la distribución de elementos potencialmente tóxicos en los suelos. A este respecto instó a incorporar en la iniciativa los conceptos de toxicidad por la presencia de elementos como plomo y arsénico.

Por último, aludió al uso de relaves como materia prima secundaria para la síntesis de materiales activados alcalinamente. Mencionó que en este contexto es que propusieron usar los relaves como materia prima secundaria para síntesis de materiales activados alcalinamente, es decir, el desarrollo de un prototipo de ladrillo ecológico geopolimérico a partir de relaves de cobre y agua de mar como una fórmula alternativa al cemento que se realiza desde 1970 en otros países.

El único problema hasta el momento es que se debe hacer un cambio en la legislación, porque todavía no se mencionan los residuos mineros como materia prima que reemplace al cemento o a los áridos naturales.

El académico señor Reyes también hizo presente que los relaves contienen elementos de traza o ultratraza, como metales pesados y metaloides, cuya recuperación en muchos casos puede ser de interés.

Finalmente, concluyó que pueden aportar a usar esta tecnología para que los relaves se transformen en un camino interior, en algún otro tipo de material que no necesariamente esté en contacto con las personas, si es que hay un temor por eso. Aseveró que sí se puede avanzar en dar un nuevo uso a los relaves, principalmente a los que están abandonados.

La comisión, compartiendo los fundamentos y objetivos de la iniciativa en informe, aprobó por unanimidad su artículo único, con los votos de los diputados Fernando Bórquez , en reemplazo del diputado Marco Sulantay ; Álvaro Cárter, José Miguel Castro , Benjamín Moreno , Jaime Mulet , Patricio Rosas y quien habla.

Es todo cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).- Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

En consecuencia, la discusión de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión.