Labor Parlamentaria

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, que reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar, reactiva el aporte pagado a través del bolsillo familiar electrónico por los meses de invierno de 2024, e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, correspondiente al boletín N° 16933-05.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por bancada, más una hora distribuida proporcionalmente entre ellas.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Guillermo Ramírez .

-Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 47ª de la presente legislatura, en miércoles 3 de julio de 2024. Documentos de la Cuenta N° 26.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.

El señor RAMÍREZ, don Guillermo (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Sala, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en calidad de comisión técnica, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia la Vicepresidenta de la República, señora Carolina Tohá , que reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar, reactiva el aporte pagado a través del bolsillo familiar electrónico por los meses de invierno de 2024, e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

En representación del Ejecutivo, concurrieron a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel ; la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro , y la directora de Presupuestos, señora Javiera Martínez .

La idea fundamental de la iniciativa apunta a continuar apoyando a las familias más vulnerables, especialmente en los meses de invierno, mediante la reactivación del bolsillo familiar electrónico, nuevos aumentos en la asignación familiar y en sus tramos, y la inyección de nuevos recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, para contener el alza del precio de los combustibles.

La iniciativa de ley busca también asegurar que los beneficiarios del subsidio único familiar transiten a un empleo formal, manteniéndoles el monto de asignación familiar, para superar el temor de perder ayudas estatales al ingresar al mercado laboral formal, todo ello en el contexto del acuerdo alcanzado previamente entre el gobierno y la Central Única de Trabajadores.

En sus fundamentos, el proyecto de ley recuerda que el bolsillo familiar electrónico es un instrumento consistente en un bolsillo digital, contenido en la CuentaRUT del BancoEstado de los beneficiarios, en el que el Instituto de Previsión Social efectúa la transferencia de un aporte estatal para pagar compras presenciales en comercios del rubro alimenticio que cuenten con un punto de pago para operar la tarjeta de débito asociada a la CuentaRUT.

El estudio efectuado por el Banco Mundial a ese instrumento constató que el porcentaje de los receptores que lo han utilizado oscila entre 85 y el 91 por ciento, y observó una participación predominante de mujeres y de comercios de menor tamaño en las transacciones efectuadas.

Establecida en la ley Nº 21.550, la vigencia original del beneficio iba desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2023, plazo que fue extendido por la ley N° 21.640 hasta abril de 2024.

En particular y mediante cuatro artículos permanentes y tres disposiciones transitorias, la iniciativa de ley propone modificar cuatro normas legales vigentes.

En la ley N° 21.550, que impulsa medidas para la seguridad económica, se extiende el aporte mensual al bolsillo familiar electrónico por los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, y se ajusta al universo de receptores de este a los beneficiarios del primer tramo de asignaciones familiar y maternal, y a los hogares pertenecientes al 40 por ciento de menores ingresos o de mayor vulnerabilidad, en el caso de los beneficiarios de subsidio familiar.

En la ley N° 18.987, que incrementa asignaciones, subsidios y pensiones que indica, se propone reajustar en 4,5 por ciento los valores de la asignación familiar y maternal, y ajustar al alza sus tramos de beneficiarios, para generar un tránsito desde el subsidio único familiar hacia el Sistema Único de Prestaciones Familiares y Maternales, con el referido objetivo de incorporar un mecanismo de incentivo a la formalización laboral, al mantener el mismo valor del subsidio por dos años.

En la ley N° 18.020, que establece subsidio familiar para personas de escasos recursos, el proyecto de ley incrementa esa transferencia en 4,5 por ciento y eleva los montos de corte para tramos de ingresos beneficiados, para llegar con el beneficio a más personas.

En la ley N° 19.030, que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, se faculta al Ministerio de Hacienda para aumentar sus recursos, mediante uno o más traspasos del Tesoro Público, por hasta 25 millones de dólares, con el fin de estabilizar el precio del kerosene doméstico y mantenerlo por debajo de 1.050 pesos por litro.

Los artículos transitorios se destinan a establecer la entrada en vigencia de la ley desde el 1 de julio de 2024, a suspender transitoriamente la aplicación de la cota de reajuste establecida en el inciso séptimo del artículo 2° de la ley N° 19.030, para efectos del cálculo de los precios de referencia del kerosene doméstico, y a identificar la fuente de financiamiento del gasto.

En lo referido a los efectos fiscales del proyecto, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que el aporte al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo no afectará el patrimonio neto del Estado ni irrogará gasto fiscal, por contabilizarse como un activo financiero.

Los reajustes al subsidio único familiar, la asignación familiar, el bolsillo familiar electrónico y la transición SUF significarán desembolsos fiscales por 131.723 millones de pesos en el primer ejercicio y 43.225 millones de pesos en régimen. De esas transferencias, la de mayor impacto será la relacionada con el bolsillo familiar electrónico, que contempla 112.252 millones de pesos, lo que afectará presupuestariamente solo durante el presente año, en tanto su aplicación se limitará a los tres meses de invierno.

En materia de financiamiento, se indica que el mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley durante su primer año presupuestario se financiará con recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y también del Tesoro Público.

La comisión realizó diversas consultas acerca de la suficiencia de los recursos considerados por el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y propuso analizar la opción de ampliar el uso del bolsillo familiar electrónico al pago de las cuentas de electricidad. Solicitó también que ENAP publique en su web institucional las variaciones semanales estimadas para los precios de los combustibles, a lo que el gobierno se comprometió.

El ministro Mario Marcel sugirió aprobar el proyecto tal como está, a fin de no retrasar la entrega del beneficio, para luego resolver el problema técnico de la ampliación del rubro y la modalidad de pago. Considera que sería más práctico proceder de esta manera, y luego, si es necesario, hacer una modificación legislativa para incluir las cuentas de luz.

El ministro Marcel planteó el compromiso del Ejecutivo de estudiar técnicamente, en un plazo no superior a 10 días hábiles, la elegibilidad del pago de cuentas de electricidad a través del bolsillo electrónico. De ser factible, se comprometió a presentar un proyecto de ley.

Finalmente, reafirmó su compromiso de tomar en cuenta las sugerencias de los parlamentarios de encontrar una solución técnica adecuada.

Puesto en votación general el proyecto resultó aprobado por 11 votos a favor y 2 abstenciones.

En las votaciones en particular, todos los artículos resultaron aprobados por unanimidad o mayoría de votos, según se indica en el informe.

Votaron las diputadas Sofía Cid , Camila Rojas y Gael Yeomans , y los diputados Boris Barrera , Ricardo Cifuentes , Miguel Mellado , Jaime Naranjo , Agustín Romero , Jaime Sáez , Alexis Sepúlveda , Gastón von Mühlenbrock , el Presidente Carlos Bianchi , y este diputado informante, Guillermo Ramírez .

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a la honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos expuestos.

He dicho.

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señorita Presidenta, por su intermedio, quiero saludar a las autoridades presentes.

Es importante resaltar la importancia de que este proyecto de ley se discute en el marco de una negociación entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Sin duda, el trabajo que ha realizado la CUT ha sido crucial para avanzar en temas como el aumento del sueldo mínimo -hace pocos días recibimos esa noticia e instalar otras reivindicaciones laborales y sociales.

El 28 de mayo se firmó el acuerdo sobre materias sociales que afectan a las trabajadoras y trabajadores de Chile, un documento que se suscribió con los misterios del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda.

También se ha avanzado en este proyecto en particular, ya que atiende las necesidades de las familias en los momentos más críticos, como es el invierno, sin comprometer la responsabilidad fiscal, que también fue materia de discusión en el Congreso el día de ayer. Con esto se busca cumplir con el compromiso dirigido a entregar una mayor seguridad económica a las familias del país.

Quiero señalar que es importante aterrizar este tipo de cuestiones cuando afectan a grupos sociales que han estado en la brecha social, en la precarización y, principalmente, en la emergencia agrícola por el déficit hídrico que afecta a la Región de Coquimbo, especialmente a las mujeres temporeras del Limarí. Durante todo este año hemos estado solicitando al gobierno de Chile avanzar en algunos dispositivos de ayuda económica para las trabajadoras y los trabajadores de la agricultura.

Extender el bolsillo familiar electrónico va a implicar movilización de recursos para que vayan en función de las familias, principalmente de las mujeres, y además restablecer la economía local.

Por lo tanto, en virtud de todo lo que señala este proyecto, estamos muy contentas y agradecidas de que se haya destinado la extensión del bolsillo familiar electrónico principalmente a quienes hoy están esperando esta ayuda, las mujeres temporeras del Limarí…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, diputada Nathalie Castillo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señorita Presidenta, todos sabemos que este es un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), porque el 8 de abril el señor David Acuña , en la Radio Universidad de Chile, dijo que hay una desconexión del gobierno con el mundo social. Como están desconectados, sacaron este conejo del sombrero o, mejor dicho, para estar a tono con lo que se habla en el Congreso, estos peces sintientes del sombrero; pero este acuerdo es mezquino, porque solo beneficia a las personas con aporte familiar permanente que tengan ingresos menores a quinientos mil pesos. Hasta abril, la cobertura llegaba a todos los beneficiarios del aporte familiar permanente.

También beneficia a los causantes del subsidio único familiar que pertenezcan al 40 por ciento más vulnerable. Hasta abril, la cobertura era para las familias de menos de 1.175.000 pesos de ingreso mensual, o sea, que superaban por mucho el 40 por ciento más vulnerable.

El bolsillo familiar electrónico mejora el índice de Gini, pero aquí hay más de quinientas mil personas que van a quedar fuera del bolsillo familiar electrónico. Por eso, digo que es mezquino.

Además, el Registro Social de Hogares tiene problemas, subsecretaria -el ministro se fue-. Por lo tanto, le pido a la ministra respectiva que vea esta situación, porque hay chilenos que, aun estando en la misma condición, hoy están fuera del Registro Social de Hogares. Entonces, ya no están en el 40 por ciento más vulnerable. Quizá, a los parlamentarios en los distritos les han reclamado y les han dicho que ya no están en el 40 por ciento más vulnerable, en circunstancias de que su condición es la misma. Entonces, ahí hay problemas.

Resulta que el subsidio de la luz y este bolsillo familiar electrónico van a llegar al 40 por ciento más vulnerable, pero hay muchos chilenos que van a quedar afuera. Subsecretaria, hay que ver esa situación, porque es un tema que después van a enrostrarle al gobierno. El gobierno se está rascando donde no pica. Esto será un vasito de agua en el mar, porque dejará a miles de chilenos necesitados fuera de estos beneficios.

Por eso, he pedido votación separada del respectivo artículo, porque, si lo rechazamos, sube la cobertura para incluir a todos los que en abril la tenían. Espero que los parlamentarios apoyen a la gente de sus distritos que está sufriendo por este tema y que los beneficiarios sean del 40 por ciento más vulnerable y más, para que, efectivamente, el beneficio llegue a mayor cantidad de personas.

En segundo lugar, el artículo 4 faculta al Ministerio de Hacienda a inyectar 25 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, para subsidiar -otro acuerdo con la CUTel precio de la parafina, a fin de que se mantenga en 1.050 pesos. ¿Han visto a cuánto está el precio de la parafina? Solamente en Santiago está a 1.200 pesos. O sea, quiere decir que con el millón de dólares que hoy tiene el fondo estamos listos y hay que empezar a inyectar recursos.

Ayer el ministro de Hacienda no nos señaló el flujo con que iban a colocar esos 25 millones de dólares en el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. ¿Se va a tener que subsidiar para mantener este acuerdo con la CUT? De todas maneras, pero, de esos 25 millones de dólares, ¿cuánto va a pasarse el primer mes, el segundo mes y el tercer mes?

Al respecto, le pedí al ministro que hoy trajera un flujo para mostrárselo a los parlamentarios, pero no está el ministro y no está el flujo. La verdad es que el ministro piensa que todos somos parlamentarios de gobierno y que tenemos que aprobarle lo que sea, pero no está en lo correcto, porque no está transparente la forma en que se van a gastar esos 25 millones de dólares en subsidios para cumplir el acuerdo con la CUT y mantener el precio de la parafina en 1.050 pesos, en circunstancias de que hoy está sobre 1.200 pesos.

Por lo tanto, raya para la suma, primero, el acuerdo es mezquino, porque van a quedar más de quinientos mil chilenos fuera de este bolsillo familiar electrónico, por lo que necesitamos ampliar esa cobertura, y, segundo, no sabemos los flujos del fondo…

El señor BIANCHI.-

Señorita Presidenta, más allá de con quién haya sido el acuerdo, lo que importa finalmente es lo que le va a llegar hoy a un gran número de familias en nuestro país. A la crisis que se experimenta fundamentalmente en épocas de invierno, sin duda alguna, se suma la crisis que ocurre en todo nuestro país con respecto al alza de la energía eléctrica.

Dentro del debate que tuvo que ver con el bolsillo familiar electrónico, se logró un acuerdo, que felicito, que vino de colegas del Frente Amplio, quienes efectivamente hicieron una indicación, que luego nosotros suscribimos, que tiene que ver con un compromiso que hizo el propio ministro de Hacienda el día de ayer de manera pública. Este instrumento del bolsillo familiar electrónico ha logrado ser exitoso en un poco más del 90 por ciento; o sea, es uno de los muy buenos instrumentos, porque ha tenido efectividad, a diferencia de otros tantos.

Dado que es así, se le ha pedido al propio ministro de Hacienda que este instrumento también pueda revisarse en toda la discusión que se está dando en paralelo para buscar buenos instrumentos que permitan paliar de mejor manera la situación que están enfrentando las familias con respecto al incremento de las tarifas de la energía eléctrica. El ministro acogió esta petición y, además, se comprometió públicamente a que dentro de los distintos mecanismos que se van a proponer en las próximas semanas, que van a llegar a través de un proyecto de ley miscelánea, este instrumento del bolsillo familiar electrónico, dado su éxito, pueda ser uno que efectivamente favorezca de manera directa a las familias más carenciadas.

Ahora, el colega Miguel Mellado hizo un punto, y yo coincido con él. Efectivamente, el universo de personas beneficiadas anteriormente era mayor. La línea de corte era familias con ingresos de hasta un millón cien mil pesos. Ahí él tiene toda la razón.

Lamentablemente, en el debate que tuvimos ayer no pudimos lograr extender el beneficio y, por consiguiente, esto ha quedado en el 40 por ciento más vulnerable. No obstante, la crisis que estamos enfrentando y la crisis que se va a enfrentar en los próximos meses debido fundamentalmente a esta alza que ha experimentado la energía en nuestro país van a obligar a que, en definitiva, se busquen mecanismos como el bolsillo familiar electrónico, que ha demostrado ser exitoso.

Simplemente, quiero agradecer ese compromiso. Anuncio mi voto absolutamente a favor de esta propuesta, con la convicción de que se va a dar cumplimiento al compromiso para, en paralelo, poder buscar otros mecanismos, más allá de los anunciados, que perfeccionen los instrumentos para ir en mejor y directo apoyo de las familias más carenciadas, para que este instrumento, de manera muy especial, así como en este caso se encarga de los alimentos, pueda abrirse a otros gastos mensuales que tienen las familias.

Ese es el objetivo de la indicación que, estamos seguros, el ministro va a incorporar en la discusión del alza de la energía eléctrica.

Anuncio que votaré a favor.

He dicho.

El señor KAISER.-

Señor Presidente, a mí de repente me confunden las declaraciones contradictorias del gobierno en una serie de materias. Por un lado, quieren estabilizar el precio de la parafina en 1.050 pesos, y, por otro, nos ofrecen un aumento de los impuestos verdes y del impuesto al carbón, que es uno de los insumos para generar energía; es decir, por alguna razón creen que, aumentando el precio de la energía, podrán bajar el precio de la energía.

Esta cuestión es como la economía de Schrödinger: las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿no es cierto?

Entonces, aquí tenemos un mecanismo que ha sido instalado para compensar el daño que le hace la estructura impositiva a la gente más pobre del país. ¿Cuánto era? ¿13.000 pesos por persona? ¿Eso es lo que se está destinando a este bolsillo familiar electrónico?

Una familia que tiene un ingreso de un millón de pesos, como prácticamente consume todo y tiene poco espacio para el ahorro, tiene que estar pagando al Estado, solamente en IVA, ¿cuánto? ¿200.000 pesos, 190.000 pesos? Y ¿cuánto le estamos devolviendo? ¿13.000 pesos por nuca? ¡Pucha que somos generosos, ¿ah?! ¡Estamos siendo extremadamente generosos con la plata de la misma gente que está pagando esto!

Entonces, primero expoliamos a los ciudadanos y después nos hacemos los generosos acá; primero les subimos los impuestos a los combustibles y a las energías hasta niveles impagables, y después utilizamos el aumento de impuestos a los combustibles y a las energías para paliar el aumento de impuestos a las energías.

¿Me están tomando el pelo? ¿Hay algún tipo de racionalidad detrás de lo que se está haciendo aquí, damas y caballeros? En lugar de reducir la carga fiscal para los más pobres de este país, la aumentamos y la seguimos aumentando.

A nosotros nos encanta ser de la OCDE y todo ese tema, pero ¿qué pasó con el impuesto diferenciado para la canasta básica? No hay. En España prácticamente no se paga impuesto al valor agregado para los alimentos, en Alemania es de un 7 por ciento, y en Chile es de un 19 por ciento. ¿A quién impacta eso? Impacta a los más desposeídos. ¿Por qué el Estado de Chile es incapaz de hacer aquello que hace España en materia de recaudación? Porque no quiere, porque depende de esos ingresos para financiar todo tipo de otras leseras.

Si a ese núcleo familiar que gana un millón de pesos entre papá y mamá le estamos quitando 190.000 pesos al mes, y le estamos devolviendo 26.000 pesos a los dos, o, con los niños incluidos, alrededor de 80.000 o 90.000 pesos, es decir, si consideramos cuál es el retorno que está recibiendo la gente, nos damos cuenta de que todo esto no tiene ningún sentido.

No reciben atención médica: tenemos 3 millones de personas en listas de espera; la educación es un absoluto desastre, no hay seguridad, pero a los más pobres les imponemos una carga tributaria que, relajadamente, puede llegar al 30 o al 35 por ciento de sus ingresos, y eso a través de impuestos indirectos.

Ahora viene el gobierno y nos dice: “Mire, mire, mire, aquí tiene un par de luquitas para que no note tanto el daño que le estamos causando”, mientras contrata a decenas de miles de amigotes en el Estado, lo que es financiado justamente a través de los impuestos de los más pobres.

Para qué hablar de lo que sucede con los recursos destinados a la Junaeb. No llega nada a la gente; no está llegando nada a la gente, pero luego van a salir algunos desde esta Sala, van a levantar un papelito y van a decir: “¡Miren lo que hemos hecho por el pueblo de Chile!”, pero con su propia plata. Les sacamos 100, les devolvemos 10, y les decimos que, más encima, tienen que estar agradecidos.

¡Hasta cuándo seguimos con esta charada! Esto es una comedia, una comedia triste, una comedia donde muy pocos chilenos pueden reír, porque la situación económica de los grupos familiares ha ido empeorando de manera dramática. No nos sirve el cálculo de la inflación general para determinar cuánto ha aumentado el costo de la vida de la población, porque la gente más pobre de este país no se compra un televisor de plasma al mes, no se compra un auto al mes, y tampoco se compra una casa al mes, sino que está pagando costos de energía, de alimentación y de transporte, los que están aumentando sistemáticamente, muy por encima del promedio de la inflación, y nadie se está haciendo cargo de eso.

Es hora de bajar los impuestos, de reducir el gasto y de reducir la parafernalia gubernamental que los está consumiendo.

He dicho.

El señor NARANJO.-

Señorita Presidenta, la verdad es que, a veces, uno no deja de sorprenderse de las cosas que se dicen en el debate que se da en esta Sala.

Se ha hecho una tremenda discusión sobre por qué esto es fruto de un acuerdo con la CUT. Eso se debe a que los gobiernos llegan a acuerdos con quienes pretende representar.

Hay gobiernos, de derecha, que hacen acuerdos con los empresarios y se reúnen única y exclusivamente con ellos, lo cual me parece bien, porque ellos representan a ese mundo en particular, pero hay otros gobiernos que representan a los trabajadores y, por consiguiente, buscan llegar a acuerdos con ese segmento de la población.

Me parece bien que el gobierno haya hecho el esfuerzo de llegar a este acuerdo con la CUT, porque nosotros representamos al mundo laboral. Otros representan al mundo empresarial, y a lo mejor están molestos porque el gobierno no conversó con sus aliados permanentes. En cambio, yo estoy satisfecho de que este acuerdo haya sido alcanzado con la CUT.

Llama la atención, porque de repente uno escucha a parlamentarios que saben de chincol a jote, que dan clases de a, b y c. Hoy nuevamente no estamos ajenos a una situación parecida.

Aquí se ha implementado una política social que ha sido tremendamente exitosa: el bolsillo familiar electrónico. Ha sido exitosa quizás no por el monto que recibe la gente, sino por su flexibilidad, es decir, porque la gente puede comprar directamente en el negocio de la esquina, en el barrio donde vive, y eso ha sido tremendamente bien evaluado por quienes reciben estos recursos.

Por eso, el gobierno acogió lo que veníamos planteando algunos parlamentarios, entre ellos los de la bancada del Partido Socialista, quienes fuimos a conversar con el ministro de Hacienda allá por abril, cuando expiraba este beneficio del bolsillo familiar electrónico, para pedir que se extendiera por más tiempo.

Valoramos que el Presidente de la República haya acogido nuestro planteamiento y el de otros parlamentarios, y haya decidido extender ese beneficio por los meses de julio, agosto y septiembre, según anunció durante su cuenta pública del 1 de junio.

Quienes recorremos los sectores populares sabemos la evaluación positiva que tiene la gente de esta política social que impulsa el gobierno, que en paralelo ha decidido mejorar la asignación familiar y el subsidio único familiar, que también forman parte del acuerdo con la CUT. También en paralelo ha decidido abordar la situación del precio del petróleo.

Por eso, me alegro de que el gobierno, sin solicitar recursos adicionales para impulsar estas políticas sociales, las quiera mantener, continuar y flexibilizar aún más. Creo que son decisiones correctas que está tomando el gobierno, para beneficiar particularmente a los sectores más vulnerables del país. Eso se debe reconocer y valorar, porque aquí no se ha pedido crear ningún impuesto adicional, ni se ha pedido incrementar alguno ya existente, sino que, con los propios recursos que actualmente tiene el Estado, se va a impulsar y a fortalecer esta política social del bolsillo familiar electrónico, que ha sido tremendamente exitosa.

Por eso, como bancada socialista vamos a respaldar esta propuesta.

He dicho.

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley, según su descripción, pretende reajustar valores del subsidio único familiar y de la asignación familiar, reactivar el bolsillo familiar electrónico durante los meses de invierno, e inyectar recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Sin embargo, nos debemos cuestionar si es esta la solución que necesitamos.

La presente propuesta de reajuste del bolsillo familiar electrónico -que ahora deberíamos empezar a llamar “bolsillo familiar electrónico 1.0”; jamás me habría imaginado que este gobierno restringiera o redujera beneficios es una medida que, lejos de beneficiar a la mayoría de los chilenos -que fue premiada como una gran política pública, según el propio ministro, y que sigue el juego al patrón de este gobierno, que es la CUT-, dejará a muchos chilenos desamparados.

En primer lugar, este bolsillo familiar electrónico, que en teoría debería aliviar la carga económica de muchas familias, se reduce significativamente. Con este proyecto no se aumenta ni se mantiene ni se amplía. Por el contrario, se adelgaza, se estruja y se convierte a esta política pública en una política 1.0. Así de simple. Es un autito chiquitito. Eso está haciendo el gobierno, y no una política pública robusta.

Finalmente, se deja a mucha gente fuera del sistema. Insisto en que es incomprensible que una buena política pública quede reducida a un grupo menor. Además, se deja fuera a mucha gente de clase media, en circunstancias de que aquí siempre se llenan la boca con la clase media.

Creo que este recorte es injusto y contraproducente, especialmente hoy, cuando existe un alza en el precio de la electricidad. Nosotros pedimos en la comisión que se ampliara el uso de este beneficio para utilizarlo en el IVA que se paga en la cuenta de la luz. Sin embargo, el gobierno debe cumplirle a la CUT, debe sacar esta cuestión lo antes posible y le importa un comino lo que pase con los chilenos; le importa un comino que les suban la cuenta de la luz.

Sin embargo, a quienes somos más viejos el gobierno nos dio un Mejoral, y a los más jóvenes, un paracetamol, para que esperemos diez días para que llegue una propuesta de este gobierno. Pidieron que le creyéramos al ministro. Yo solo creo en Dios; no creo en el ministro, no creo en este gobierno. Esta propuesta no va a llegar en diez días. Y eso es lo más terrible de todo: nos obligan a legislar en un solo día una política pública -tal como nos hicieron legislar en 2022para sacar adelante estos subsidios. Finalmente, se aprueban malas políticas públicas por actuar apurados.

Sinceramente, creo que es preocupante que se continúe dando concesiones a la CUT, que es una organización que ha demostrado repetidamente estar más interesada en mantener su poder y relevancia que defender los intereses de los trabajadores de Chile, y que el gobierno no atienda con la misma urgencia las necesidades de la inmensa mayoría de los chilenos.

¿Por qué debemos seguirle el juego a la CUT cuando es tan claro que sus intereses no siempre reflejan las necesidades de Chile?

Es esencial que todos los recursos del Estado sean bien utilizados y de manera eficiente. En eso los republicanos no nos perdemos: que la plata llegue a las personas es el camino a seguir.

Sinceramente, creo que jamás me habría esperado del gobierno del Presidente Boric que una buena política pública, premiada en el extranjero, finalmente se transforme solo en un eslogan, lo que revela -lo dije en su minutouna buena estrategia de marketing: bolsillo familiar electrónico, fantástico, pero resulta que hoy se utiliza ese cartel para premiar o beneficiar a unas pocas personas. Eso me parece mal.

Creo que esa es una política pública en la cual deberíamos insistir. Es más, deberíamos insistir en que a las personas más pobres se les devuelva todo el IVA que gastan en subsistir. Ese es un tema en el que los republicanos sí estamos de acuerdo, porque no es posible que el Estado, en este minuto, con el alza de las cuentas de la luz, vaya en la parada. Obviamente, el Estado no tiene ningún incentivo, porque va a recaudar más con el aumento de dichas cuentas.

¿Qué incentivo tiene el Estado para que no haya alza en las cuentas de la luz, si como parlamentarios no forzamos de una u otra manera esta negociación, para que haya un arreglo real para las personas? Si hoy se aprueba este proyecto de ley, no habrá ningún problema y va a avanzar, pero ¿qué incentivo tiene hoy el gobierno para mejorar la vida de los chilenos? Ninguno, porque va en la parada: está recaudando más por esa vía. Esa es la preocupación que tenemos.

Después, cuando estamos en terreno, en los distritos, la gente nos dice: “Ustedes no hacen la pega”, “Ustedes no se preocupan de nosotros”, “Ustedes se arreglan los bigotes entre ustedes”. Y tienen toda la razón, porque finalmente hoy, que teníamos la posibilidad de decir al gobierno que nos abstenemos con el bolsillo familiar electrónico, porque queremos una solución real, vamos a decir: “No, es que tenemos que hacerle el jueguito a la CUT”. Realmente, lo encuentro una vergüenza.

Sinceramente, creo que no es buena idea mezclar este proyecto de ley con el aumento de los subsidios. De hecho, pedí en la comisión que se separaran, porque es así por norma; generalmente, con los años se aumentan los subsidios. El bolsillo familiar electrónico era una posibilidad real que teníamos como Cámara de Diputados de sentarnos con el Presidente de la República a hablar de verdad, ya que nosotros no tenemos atribuciones para presentar iniciativas que involucren gasto, a pesar de que algunos parlamentarios presentan reformas constitucionales para tratar de forzar al gobierno. Esta era una oportunidad real, en el marco de la institucionalidad, para sentarnos a negociar con el gobierno, entre todos, pero se está desaprovechando, lo que encuentro lamentable.

No quiero ser cómplice de eso. En este minuto, como republicanos, vamos a votar a favor esta iniciativa en general, pero respecto del bolsillo familiar electrónico nos vamos a abstener, porque creemos que el gobierno puede dar más y puede mejorar la situación de la gente hoy. No estoy dispuesto a ser cómplice en darle el gustito a la CUT de dejar botada a la inmensa mayoría de los chilenos.

He dicho.

El señor SAUERBAUM.-

Señorita Presidenta, la verdad es que teníamos una alta expectativa con este proyecto, pero ha sido decepcionante conocer el detalle, porque quedan al menos 500.000 personas fuera de este beneficio que la gente estaba esperando. Nos preguntaron mucho sobre la renovación del bolsillo familiar electrónico, y nosotros, con algún grado de esperanza, le dijimos a nuestra gente que lo íbamos a renovar.

Sin embargo, cuando uno revisa el detalle en el proyecto, se da cuenta de que el aumento es bastante miserable. El gobierno es muy indolente al subir el subsidio en apenas 900 pesos a aquellas personas cuyos ingresos son inferiores a 586.000 pesos mensuales, en 500 pesos a quienes ganan entre 500.000 y 700.000 pesos mensuales, y en 177 pesos a quienes ganan entre 700.000 y 1.100.000 pesos mensuales. Ese aumento no les alcanza para pagar el alza de la cuenta de la luz. Hoy les pegamos un zarpazo con dicha alza y les damos 500 pesos más para ver si les alcanza. Esto es reírse de los chilenos.

Además, decirles a los chilenos que no tenemos plata es simplemente burlarse. Si vemos las cifras -llamo a los colegas a informarse-, comprobaremos que durante el último año este gobierno contrató a 31.000 personas, lo que tiene un costo de 1.000 millones de dólares, mientras que el subsidio a la electricidad tiene un costo de 120 millones de dólares, de los cuales la empresa privada, a la que tanto atacan, paga más del 83 por ciento, y el Estado apenas paga el 17 por ciento.

En verdad, cuesta entender que el gobierno haga gárgaras con un beneficio. No sé si los diputados de gobierno podrán salir a la calle a decirles a las personas que les van a aumentar el bolsillo familiar electrónico en 200 pesos. Además, esas personas no saben si finalmente serán beneficiadas o no, porque el otro problema que se produce es que existe una dificultad con la ficha de protección social, ya que mucha gente ahora quedó fuera del 40 por ciento y ni siquiera será favorecida con este beneficio ni con ayuda para el alza de la cuenta de la luz. Finalmente, muchos quedarán fuera del beneficio del subsidio que se ha planteado.

Por lo tanto, nosotros estamos pensando en rechazar este proyecto, para exigir al gobierno un aumento importante y considerable. Lo que se hace con la parafina es un chiste, prácticamente, porque sabemos que la parafina hoy cuesta casi 1.200 pesos el litro y se quiere bajar su precio a 1.050 pesos. Ello va a requerir una inyección de recursos extra que la iniciativa no contempla y el gobierno no supo responder de dónde los va a sacar.

Así que, ministra, queremos tener una conversación con usted antes de votar, para saber si es posible mejorar esta iniciativa, porque, dadas las condiciones en que está presentada, realmente hemos levantado una expectativa que no podrá cumplirse.

Me extraña que un gobierno del pueblo y para el pueblo sea tan indolente y miserable como para entregar solo 200 pesos más a la gente que lo está pasando mal y que está sin pega. Hay 1.200.000 cesantes que esperan una respuesta del gobierno.

He dicho.

El señor MELO.-

Señorita Presidenta, como bancada queremos valorar que nuestro gobierno tenga la capacidad de dialogar con el mundo social, en este caso con la Central Unitaria de Trabajadores y otros estamentos de la sociedad civil que representan intereses de las trabajadoras y los trabajadores y del conjunto del pueblo chileno. Ello sin duda habla bien de la posibilidad de alcanzar acuerdos que permitan que la gente con menos ingresos tenga mínimos sociales garantizados, sobre todo pensando en las épocas de invierno, que son tan crudas y fuertes, como hemos visto en este último tiempo.

El bolsillo familiar electrónico es una política exitosa, reconocida en nuestro país y en el extranjero. Por ello, como bancada concurrimos a conversar con el ministro de Hacienda hace meses, para solicitarle que extendiera este beneficio a más de 1.200.000 hogares de nuestro país. Sin duda, cuando estos beneficios lleguen a sus hogares y a sus familias, para nada serán un aporte miserable, como aquí algunos han planteado. Quizás para algunos sectores la rebaja del precio de la parafina de 1.200 a 1.050 pesos pueda significar prácticamente nada para sus bolsillos, pero para las familias de menos ingresos aquello representa un aporte importante y significativo.

Por eso, vamos a votar a favor esta iniciativa.

En esta Sala se ha aludido a lo exiguo del aporte que va a realizar el Estado en estos meses, pero cuando en este hemiciclo hay que votar a favor de contar con más recursos para financiar de manera permanente determinadas políticas públicas, lo que hace continuamente la oposición y la derecha es votar en contra y oponerse a cada una de estas medidas. Esto lo vimos hace años, a propósito de la discusión de la reforma tributaria o, por ejemplo, con el debate por la elusión tributaria, delitos económicos que hoy, después de grandes debates, son abordados en proyectos de ley que han avanzado para ser aprobados.

Para tener una política pública mucho más robusta se requieren más recursos, y estos tienen que salir de alguna parte, sobre todo de quienes tienen más, pero las bancadas, sobre todo de la extrema derecha, para hacer la diferencia, se han opuesto sistemáticamente a que los grupos empresariales contribuyan con más recursos para aquellos sectores de menos ingresos, porque se requieren recursos frescos y financiamiento permanente para garantizar una política social que sea efectiva para los sectores de menos ingresos y la clase media.

Por esto, valoramos que se continúe con el bolsillo familiar electrónico para las familias más vulnerables, que se inyecten recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y que, además, se asegure que los beneficiarios del subsidio único familiar también puedan mantener aquellos aportes que realiza el Estado, porque eso habla de un gobierno que dialoga con el mundo social, pero que establece además mínimos sociales para garantizar a las familias de menos ingresos un mejor bienestar.

Por todas estas razones, la bancada del Partido Socialista votará a favor de esta iniciativa.

He dicho.

El señor SÁEZ.-

Señorita Presidenta, parece que a la derecha le molesta cuando se alcanzan acuerdos con el mundo social, porque los miran en menos, los descalifican y tratan de señalar que esto es como una especie de imposición. Se quejan por la mezquindad de dichos acuerdos, pero la pregunta es: ¿qué acuerdos han sido capaces de alcanzar ellos en todo este período? ¿Qué aporte han realizado en todo este período, fuera de quejarse continuamente, para mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la población?

Cuando tenemos un gobierno que alcanza un acuerdo con el mundo social, un acuerdo que ha sido sustantivo y que ha permitido llegar a un alza histórica del salario mínimo, para llegar a 500.000 pesos, hacen gárgaras y hablan de mezquindad. Eso me parece francamente impresentable.

El bolsillo familiar electrónico, como se ha señalado anteriormente, es una tremenda innovación social que ha llevado adelante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Además, dicho instrumento ha sido premiado a nivel internacional, para el cual se propone, junto con la asignación familiar y el subsidio único familiar, un reajuste superior al 4,5 por ciento.

También es relevante inyectar recursos para estabilizar el precio de los combustibles, porque, si no se ha enterado la oposición, nosotros no producimos combustibles derivados del petróleo. Esos combustibles los importamos, y en este momento estamos en un contexto de volatilidad del dólar, con una crisis bélica y escenarios abiertos en distintas regiones del mundo, especialmente en aquellos lugares donde se producen combustibles. Por lo tanto, todos esos escenarios de incertidumbre impactan negativamente en nuestro país.

Debemos legislar con responsabilidad. Hace un rato, se hacía una crítica a aquellos que presentan reformas constitucionales sin medir las consecuencias que eso puede implicar, pero, al mismo tiempo, hablan de mezquindad y de rechazar las propuestas. Por lo tanto, no se entiende realmente el nivel de incoherencia entre unos discursos y otros.

Este es un proyecto que todos desearíamos que fuera mucho más generoso en cuanto a la disposición de recursos, pero esos recursos no caen del cielo. Esos recursos tenemos que obtenerlos de manera responsable y para gastos permanentes y crecientes en el tiempo. Es por eso que es muy importante que la derecha deje las excusas a un lado y que avancemos rápidamente con el proyecto de cumplimiento tributario, que está durmiendo en la Comisión de Hacienda del Senado, y que, al mismo tiempo, nos abramos a discusiones sustantivas respecto de la carga tributaria.

En cuanto a las tarifas eléctricas, desde el Frente Amplio, valoramos tremendamente que el gobierno haya asumido el compromiso de ampliar los rubros, para que el bolsillo familiar electrónico no solo sirva para la compra de alimentos, sino que también permita, eventualmente, el pago de servicios básicos, como la electricidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, efectivamente, el proyecto de ley en discusión reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar, reactiva el aporte pagado a través del bolsillo familiar electrónico, por los meses de julio a septiembre, e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

A la importancia recalcada por otras y otros diputados, este proyecto de ley tiene impacto directo en los territorios de nuestro país y sus habitantes. En el caso de la Región del Biobío, donde se encuentra el distrito N° 20, el cual me honro en representar, el subsidio único familiar llega a más de 26.000 familias; es decir, entre todos los aportes que entrega el Estado, se beneficia a más de un millón de personas. Además, ante las distintas emergencias que enfrenta en forma constante la Región del Biobío, como los incendios y las inundaciones, estos aportes son vitales para las familias de la región.

Es importante señalar la continuidad del bolsillo familiar electrónico, que se mantiene como una herramienta muy necesaria, pues durante su implementación, en el 2023, alcanzó un uso cercano al 26 por ciento de los beneficiarios, por lo que se espera que se prolongue hasta el 2025.

Además, se permitirá a las personas que reciben el subsidio único familiar, ya sea por desempleo o por trabajar en el sector informal, mantener durante los dos años siguientes el valor de la asignación familiar al obtener un empleo formal remunerado. Eso garantiza que no sufran una pérdida económica por integrarse al mercado laboral formal.

Por todo lo anterior, llamo a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, aquí hay algunos diputados de izquierda que tienen una confusión respecto del concepto “acuerdo", porque creen que juntarse con la CUT a suscribir un acuerdo es algo así como reunir miradas distintas.

Una reunión como esa es como una reunión de hermanos gemelos, porque prácticamente la CUT y el Partido Comunista son exactamente lo mismo. Entonces, que nos digan que hay un acuerdo a partir de ahí es francamente ridículo.

Acá lo que han hecho es una cosa insólita, porque dicen que van a extender un beneficio, pero meten una letra chica donde dejan a 500.000 personas afuera. No obstante, pretenden que ante una situación de esa naturaleza nosotros miremos para el techo.

Estamos cansados de las letras chicas. Cuando nos trajeron a votar el descongelamiento de las tarifas eléctricas, no nos dijeron que el subsidio eléctrico iba a estar lleno de letras chicas, y hoy pretenden hacernos cómplices de su falta de capacidad de gestión.

Perdóneme , señor Presidente, pero esto se acabó. Este gobierno no puede seguir mintiéndole a la gente, porque lo que han hecho, a propósito del subsidio único familiar, es meter una letra chica que deja a 500.000 personas afuera. Para eso no estamos disponibles.

Si el gobierno no es capaz, de aquí a que concluya esta sesión, a mejorar su oferta, por lo menos nosotros estamos evaluando seriamente votar este proyecto en contra, porque no nos vamos a prestar para una cosa miserable, con la que se ríen de las familias chilenas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Vamos a suspender la sesión por cinco minutos por falta de quorum.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, nos encontramos ante un proyecto de ley que tiene un impacto directo y positivo en la vida de miles de familias de nuestro país, al igual que el aumento histórico del salario mínimo a 500.000 pesos. Ambas son buenas noticias para Chile.

Este proyecto, que reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar, reactiva el aporte del bolsillo familiar electrónico durante los meses de invierno del 2024 e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, lo cual es una medida justa y necesaria en el contexto actual.

El reajuste del subsidio único familiar en un 4,5 por ciento significa que aumenta a 21.243 pesos el valor por carga, lo que representa una medida concreta que va en beneficio directo de las familias que más lo necesitan.

Este reajuste, junto con el incremento de los valores de asignación familiar y maternal, responde a la necesidad urgente de apoyar a quienes más lo requieren.

Destaco que los beneficiarios del subsidio único familiar que se encuentren transitando a un empleo formal seguirán percibiendo el mismo monto de asignación familiar, de modo tal que se crea un incentivo a la formalización laboral, alejando el temor de perder beneficios por encontrar empleo.

La extensión del bolsillo familiar electrónico, por los meses de julio, agosto y septiembre del 2024, es una herramienta que ha demostrado ser eficaz. Durante su implementación, en 2023, alcanzó un uso del 96 por ciento de los beneficiarios, recibiendo evaluaciones positivas a nivel nacional e internacional.

Lamentamos que no se haya incluido el beneficio en el mes de junio de este año, pero valoramos el compromiso del gobierno de considerar su incorporación permanente a la política social a partir de 2025.

Además, quiero destacar el compromiso del ministro de Hacienda de revisar la posibilidad de que con el bolsillo familiar electrónico también se pueda pagar la luz, especialmente ahora que se anticipan alzas significativas.

La inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, por un monto de 25 millones de dólares, hasta diciembre de 2024, es una medida que no afecta el patrimonio neto del Estado ni implica un gasto fiscal directo. Esta acción permitirá mantener el precio de la parafina en torno a los 1.050 pesos por litro, lo que representa un alivio significativo para las familias que más lo necesitan, sobre todo en estos fríos meses de invierno.

Sin embargo, hay algo que no puedo dejar pasar. En el debate que se dio en la Comisión de Hacienda y en esta Sala, gran parte de la derecha reclamó y demandó que se ampliara más el bolsillo familiar electrónico.

Dicen que es mezquino, que se deja a personas en el desamparo, que es un retroceso en el beneficio. Y, claro, todos creemos que hubiera sido ideal llegar a muchas más familias; pero quiero recordarle a esta derecha que para eso y para otras necesidades que la ciudadanía espera cubrir se necesitan más recursos, los cuales no se han podido recaudar porque esa misma derecha que hoy reclama, rechazó la reforma tributaria, y tiene secuestrada hace meses la reforma sobre cumplimiento tributario, que lo único que pretende es que las grandes empresas, que son las que más eluden y evaden impuestos, paguen lo que deben pagar para poder ampliar estos subsidios que ellos reclaman y cubrir otras necesidades que demanda el pueblo de Chile. Ojo, a lo que más se opone esta derecha dentro de esa reforma es a levantar el secreto bancario. ¿Por qué? No lo sé. Claro que no es porque no quieran que se sepa la lista del supermercado. La gente, la ciudadanía será la que juzgue esta situación y comente esta intervención.

También, quiero relevar el papel que ha tenido la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) en este proceso, en el que expresó su firme voluntad de avanzar en medidas concretas para el bienestar de las chilenas y los chilenos. Esto se tradujo en un acuerdo sobre materias sociales que afectan a los trabajadores y trabajadoras, suscrito el día 28 de mayo del presente año.

Por todo lo anterior, tengo la convicción de que este proyecto responde favorablemente a las necesidades más urgentes de las familias. Por ende, lo aprobaremos, e invito a los demás parlamentarios a hacer lo mismo, y a no rechazar nada para que no pase a tercer trámite constitucional.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Paula Labra .

La señora LABRA (doña Paula).-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley vergonzoso. A la clase media se le suma un aporte de 177 pesos -escucharon bien: 177 pesos-, que no alcanzan ni para comprar un kilo de pan.

Este proyecto de ley es un voladero de luces con fines electorales.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

Corresponde continuar con la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos del gobierno respecto de la conservación y protección del campo dunar de la Punta de Concón, así como de la instalación y fiscalización del mantenimiento y funcionamiento del colector de aguas lluvia, y demás construcciones afines, y el posible riesgo para las personas y edificaciones erigidas en el lugar, correspondiente a las comisiones especiales investigadoras Nos 38 y 39.

Para la discusión de este informe se otorgarán sesenta minutos, distribuidos en forma proporcional entre las bancadas.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión Especial Investigadora se rindió en la sesión 43ª de la presente legislatura, en martes 18 de junio de 2024.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, como señaló el arquitecto y urbanista Iván Poduje , el tercer socavón de las dunas de Reñaca, que copó la agenda noticiosa, ocurre luego de casi un año de la anterior emergencia, y sin que se ejecutara ninguna medida para mitigar el daño o para resolver el problema que origina este verdadero desastre que ocurrió hace más de un año.

Repasemos la historia. En el campo dunar ubicado en Reñaca se levantaron 42 torres de departamentos, con apenas dos calles de acceso, reventando una norma de edificación del plan regulador comunal de Viña del Mar, aprobado el año 2002, bajo la alcaldía de don Jorge Kaplan .

En paralelo, los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo estaban implementando una red de colectores de aguas lluvia, que fue definida en un estudio del año 2001, es decir, un año antes del plan regulador comunal.

Como era esperable, estos servicios no se coordinaron, por lo que no se dimensionó el tema de los colectores de aguas lluvia y nunca se consideró que este suelo era absolutamente inestable, pero de alto valor paisajístico y ambiental.

Se podrían levantar cincuenta torres y construir más de dos mil casas “aguas arriba” de las dunas.

En 2014 se produjo el primer colapso. Una de las cañerías no soportó el caudal de lluvias en un temporal y se abrió, inundando estacionamientos y subterráneos de dos edificios.

Sus residentes pidieron explicaciones, y ante la falta de respuesta decidieron demandar al fisco y terminaron ganando el juicio. El Estado debió pagar 80 millones de pesos y se comprometió a mantener la red de colectores de aguas lluvia y aumentar su capacidad mediante nuevas obras, de ser necesario; sin embargo, no hizo nada.

El sector siguió creciendo, y en agosto del año pasado se produjo el segundo colapso, lo que generó un impacto nacional, porque, a diferencia del primero, se abrió la duna generando lo que se conoce como el socavón de los edificios Santorini y Kandinsky .

¿Qué ocurrió? La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti , culpó a su antecesora, la exalcaldesa Virginia Reginato , por permitir la construcción de las torres en el campo dunar. Y tenía un punto, ya que estos edificios se levantaron antes de que llegara ella al puesto de alcaldesa.

El problema es que la alcaldesa Macarena Ripamonti se quedó solo en la denuncia, lo que es casi una marca de fábrica del Frente Amplio, cuyos líderes siguen comportándose como activistas. Es cuestión de ver el tema de los peces; espero que ahora no sea responsabilidad de ellos esta situación.

A pesar de los abultados salarios de estas autoridades, la alcaldesa Macarena Ripamonti no modificó el plan regulador, no obstante que fue una promesa de campaña. Basta con ver el programa de gobierno de la alcaldesa de Viña del Mar.

Al no modificar el plan regulador, al no congelarlo -ello no demora más de un año; se hizo en la administración anterior en los sectores de Limonares, Jardín del Mar, Recreo, Santa Inés , etcétera-, fácilmente se podrían construir mil departamentos y cerca de quinientas casas en el campo dunar. Tampoco se hizo nada para reparar las filtraciones de los colectores del campo dunar reportadas en varias ocasiones por los residentes de los edificios ubicados en calles Las Perlas y Lapislázuli . No se hizo nada.

En este tercer colapso, hace pocas semanas, la alcaldesa repitió la misma estrategia que vimos en su desastroso manejo de los incendios, culpando al empedrado, victimizándose y no asumiendo ninguna responsabilidad, a pesar del cargo que ostenta. A lo más levantó un cartel en el festival de la canción de Viña del Mar, abogando por una ley de incendios…

El señor CELIS.-

Los vecinos no merecen estar expuestos a riesgos graves debido a la incompetencia, indolencia y victimismo de autoridades que todavía no entienden que se gobierna para dar soluciones y no explicaciones ni para levantar carteles y lamentos.

En la página 36 del programa municipal de la alcaldesa Ripamonti se señala:

“1.1.3 Modificación del PRC: el promedio de gestación de un instrumento de planificación territorial demora alrededor de 6 años. Tomamos el compromiso de la revisión del avance de los polígonos que estén en conflicto socioambiental, mientras avanza el desarrollo total del PRC.”. Hasta ahora, eslogan. Han pasado cerca de cuatro años desde que asumió. Sé que un plan regulador completo puede demorar cinco o seis años, pero el de un sector puede durar menos.

Se va solo en marketing; no tiene sustento. Incluso, roza la ilegalidad, porque hace anuncios en materias en las que no tiene competencia, y en las que sí tiene competencia, no ha concretado nada en cuatro años.

Hay postergación de permisos municipales; la DOM está obligada a darlos. La única responsable de que se construya en las dunas va a ser ella. Lo ha permitido al no dar prioridad a su rol planificador.

En 2023, ¿el municipio tomó conocimiento de que había construcciones sin permiso, sobre la base de informes de una funcionaria que advertía sobre el peligro en calle Las Perlas, en relación con lo ocurrido en los edificios Euromarina 1 y 2? Los vecinos de la calle Lapislázuli advirtieron hace rato al municipio de Viña del Mar que había problemas en la calle. ¿Qué hizo el municipio en materia de cuidados? En estos cuatro años, ¿cómo se ha ejercido la obligación de planificar la ciudad de manera sostenible? ¿Declaró como zona de riesgo el sector donde hubo deslizamiento dunar? ¿Fijó normas urbanísticas restrictivas para la edificación? ¿Qué ocurrió con las omisiones de la administración de la que prometió alejarse?

Parece que aquí hay una falta de servicio en la planificación territorial. La planificación tardía es parte de esa falta.

En este caso, existe un verdadero fracaso en la gestión de la autoridad comunal. ¿De qué servirá un nuevo plan regulador para el sector si ya la duna está construida? Respecto de lo que falta, los propietarios ya tienen permiso, tienen derecho a obtenerlo de aquí a que la alcaldesa cumpla su deber. Ella dijo a la prensa: “Ningún permiso más”, pero la verdad es que la única forma de impedirlo sería congelar permisos. El contexto de avance de estudio debería ser la modificación del plan regulador, y eso no está. Por tanto, la frase “Ningún permiso más” engaña a la ciudadanía, a los dueños de terrenos y a los funcionarios de la Dirección de Obras Municipales. Eso es imputable a la alcaldesa.

En la academia o la universidad se destaca, se estudia y se analiza el fracaso de la planificación territorial producto de la actuación tardía. En Chile, la actuación tardía es falta de servicio. Por tanto, aquí es posible configurarla. Lo malo es que esto lo pagarán finalmente todos los chilenos, puesto que el fisco puede ser demandado por la ciudadanía, y perjudicará al municipio, aun cuando ya no esté la actual alcaldesa. Ello arrastra, al menos, la responsabilidad política de la gestión de la alcaldesa Macarena Ripamonti -reiteropor esta falta de servicio.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, no podemos ignorar el informe que hoy presenta esta comisión especial investigadora y, más aún, el importante proceso que esta llevó a cabo.

Quiero reconocer el rol del Presidente de la comisión, el diputado Tomás de Rementería . En ese sentido, debemos reconocer que los problemas subyacentes a los socavones no son recientes; son el resultado de años de gestión inadecuada y de la falta de inversión en infraestructura.

El informe que hoy vamos a votar señala que la falta de mantenimiento y fiscalización del colector de aguas lluvia, junto con una serie de decisiones desafortunadas en el diseño y en la ejecución de las obras, contribuyeron de manera directa a los colapsos que hemos presenciado y que han afectado principalmente a la comunidad.

También me parece importante destacar la diferencia entre la actual administración de Viña del Mar y la gestión anterior. Bajo el liderazgo de la alcaldesa Macarena Ripamonti , se han tomado medidas preventivas para rectificar los errores pasados y para iniciar proyectos de mejoras que no solo buscan reparar el daño, sino también prevenir futuros desastres. La actual administración ha demostrado un compromiso firme con la transparencia y la responsabilidad, elementos que, lamentablemente, estuvieron ausentes en los períodos anteriores.

Finalmente, dentro de las recomendaciones del informe, destaco la urgencia de realizar auditorías regulares a todas las infraestructuras críticas, especialmente a aquellas que presentan un riesgo para la seguridad pública y también para el medio ambiente.

Es imperativo que se adopten estándares más estrictos de evaluación ambiental y también estándares más estrictos de impacto urbano para las nuevas obras, asegurando que se respeten las zonas de amortiguamiento y se proteja el patrimonio natural del campo dunar de Concón.

Sin embargo, me complica la votación de este informe, principalmente porque vimos que la derecha, en vez de preocuparse de lo importante, una vez más buscó hacer un punto político que, a mi parecer, no tiene ningún sentido.

A pesar de todo lo que logramos indagar en la comisión, con un trabajo que se realizó de manera seria -se invitó a diferentes personas a exponer y que terminó con la elaboración del informe, lamentablemente, ese trabajo se mancha endosando responsabilidades que no corresponden a las actuales autoridades, quienes han hecho todo lo contrario a lo que se señala en el informe. Lo que esas autoridades han hecho es aportar para que este asunto avance.

Por eso, pienso que es importante y necesario que Viña del Mar y Concón respeten su entorno natural, que protejan a sus habitantes, que se preparen con seriedad y diligencia para los desafíos del mañana. En ese sentido, creo que la autoridad actual, la alcaldesa Macarena Ripamonti , sin duda, ha sido un aporte. Por eso, no estoy de acuerdo con aquellas responsabilidades que mañosamente se le endosan en este informe final solo por una mayoría circunstancial que tenía en ese momento la derecha en la comisión.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, hace casi un año, todos nos despertamos con la noticia de los socavones que habían afectado los edificios de lujo de la costa de Reñaca y Concón .

No es posible que este tipo de situaciones, en donde se pone en riesgo a miles de personas, tanto en su salud mental como física, queden sin responsabilidades públicas y privadas. Digo “responsabilidades públicas” porque, evidentemente, nunca debió construirse sobre el campo dunar. En eso encuentro que el informe de la comisión es tibio o poco claro, ya que centra el problema en los colectores de aguas lluvia y no en que un edificio de una decena de pisos haya sido construido sobre un sistema ecológico frágil -por la amenaza a la biodiversidad y en un cimiento frágil -porque las dunas son cambiantes y los fenómenos climáticos son cada vez más extremos-. ¡Nunca se debió construir ahí! ¡Punto!

En eso hay responsabilidad de las administraciones municipales de la época y de los privados, que, sin criterio alguno o, más bien, con el único criterio de hacer negocio y obtener ganancias exorbitantes, pusieron en riesgo de manera criminal a cientos de familias.

Pero también es importante poner nuevamente sobre la mesa un tema que va más allá de esta situación puntual: las decenas de miles de personas y familias que han sido afectadas por socavones en Chile, por malas construcciones, por déficit regulatorio por parte del Estado, por desinterés de las autoridades del momento para hacer buenas viviendas. Absolutamente nadie habla de ellos, porque son los olvidados de siempre.

Claro, todos los matinales están expectantes del socavón en el edificio Kandinsky , pero si un cesfam o un condominio de casas sociales en Arica o en Alto Hospicio se está cayendo a pedazos, a nadie le importa. Total, son pobres. Esa es la triste realidad del norte de nuestro país.

Presentamos y apoyamos varios proyectos de ley con la diputada Danisa Astudillo , el diputado Matías Ramírez y otros diputados, y los tramitamos de manera rápida y consensuada con todos en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Ahora necesitamos que el Ejecutivo les ponga urgencia para su votación en esta Sala y su tramitación en el Senado, y que se comprometan los recursos necesarios para solucionar un drama que afecta a miles de familias en el norte del país.

Los socavones no suceden solamente en esos edificios de Reñaca o de Concón. Los socavones son un drama que viven miles de familias, particularmente en comunas del norte del país, pero que se repiten también, como vimos en la comisión, en la Región del Maule, en la Región del Biobío y en distintas regiones del país.

En fin, el informe es importante, pero se queda corto en muchas cosas. Si concentramos esto solo en colectores de aguas lluvia, me parece que distraemos la atención de lo relevante, que es la obligación de no construir sobre sistemas frágiles. El informe debería recomendar prohibir construir sobre sistemas dunares y sobre humedales si queremos priorizar la calidad de vida de las familias en nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, primero, quiero llamar la atención respecto de lo que dijo recién el diputado Tomás Hirsch , porque estoy completamente en desacuerdo con él. A nosotros nos preocupan tanto los socavones en sectores que son más acomodados como también la tremenda destrucción que provocaron los incendios en sectores populares de Viña del Mar, por la incompetencia del gobierno de izquierda que lideran hoy sectores como el que representa el diputado Tomás Hirsch . Nos preocupa tanto una cosa como la otra.

Este no es un tema de clases sociales. Es un tema de incompetencia del Estado. Es un tema de socavones que se provocaron por colectores de aguas lluvia que nunca recibieron mantención del Estado. El Estado y los políticos de izquierda que hoy lideran nuestro país una vez más se lavan las manos olímpicamente, porque no se hacen cargo de nada.

Sigue liderando Valparaíso una delegada presidencial con una incompetencia violenta y total. No se ha hecho cargo de nada. Les echan toda la culpa a las inmobiliarias, a Esval y a empresas privadas que, francamente, en lo que tiene que ver con un colector de aguas lluvia, no tenían nada que decir.

Este no es un problema de los directores de obras municipales; este no es un problema de las inmobiliarias; este no es un problema de las empresas sanitarias, sino de un gobierno incompetente, de una seguidilla de gobiernos incompetentes que nunca se hicieron cargo de la mantención de colectores de aguas lluvia, que creyeron que la sequía iba a durar para siempre; pero llega una lluvia fuerte y queda la escoba.

¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo con las cosas hechas a medias en este país! ¡Hasta cuándo con los funcionarios de este gobierno que no se hacen cargo de nada, que no son capaces de hacer la pega, porque pasaron directo de la universidad al gobierno, creyendo que era la papa!

Es de una violencia que, de verdad, a mí me duele la guata; me duele la guata por la incompetencia, me duele la guata por nuestros compatriotas que han tenido que pagar de su bolsillo el costo, la pérdida y la destrucción en sus viviendas, en el caso de quienes fueron afectados por los socavones, y de quienes fueron afectados por los incendios y se les quemaron enteramente sus casas.

Por su intermedio, Presidente, me dirijo al diputado Hirsch . Insisto, diputado, este no es un tema de ricos y pobres, porque unos y otros han estado perdiendo con este gobierno; con este gobierno, que decía que lo iba a cambiar todo, que todo iba a ser espectacular con el Presidente Boric , y ¿cómo estamos? ¿Qué estamos viendo en las noticias? Que los chilenos nos increpan a nosotros en el Parlamento, porque no nos hacemos cargo del mal trabajo de este gobierno. Ya es hora de ponerle un paralé a este gobierno incompetente.

La verdad es que el informe de la comisión especial investigadora tiene cosas buenas y malas. Voy a hacer una crítica muy seria a la izquierda en la Cámara de Diputados y a quienes la representaron en la comisión especial investigadora, porque quisieron irse por las ramas y les faltó vergüenza en esto. Lo digo, porque hay compatriotas nuestros, hay vecinos de esta región, vecinos de Concón y de Viña del Mar que estuvieron a punto de perderlo todo, que durante un año no pudieron vivir en sus casas, que tuvieron que costear esto de su bolsillo, pero aquellos querían llevar a esta comisión especial investigadora a preocuparse del medio ambiente. ¡Les faltó poco para meter aquí a los pescados sintientes! Andaban más preocupados de los arbolitos, de las plantas y de las dunas, que pueden ser un patrimonio histórico y geográfico muy relevante de nuestra región, pero lo primero es preocuparnos de las personas.

Nosotros fuimos elegidos por personas para representar a personas, no a los pescados sintientes. Si nos podemos preocupar del medio ambiente, espectacular, pero que sea en primer lugar de las personas, de aquellas que se vieron desplazadas de sus casas y casi pierden todo.

Por ellos tenemos que preocuparnos, pero, lamentablemente, vi poca preocupación por ellos de parte de la izquierda en la comisión especial investigadora.

Vamos a apoyar este informe por los elementos buenos que tiene, porque establece críticas claras al gobierno, pero faltó mucho, y hubo mucha desvergüenza en esto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, lo primero que quiero hacer es saludar a los vecinos.

Me correspondió formar parte de la comisión especial encargada de investigar los graves errores ¡y horrores! cometidos por las autoridades locales, que derivaron en el colapso de los colectores de aguas lluvia y en la aparición de dos socavones en el campo dunar de Viña del Mar y Concón.

De la noche a la mañana, cientos de familias que residían en tres edificios de la zona se vieron obligadas a evacuar sus hogares y a abandonar sus pertenencias ante el riesgo inminente de que los edificios colapsaran debido a tales socavones.

No solo se encontraron ante el riesgo del derrumbe, sino que también debieron enfrentar saqueos, delincuencia, el abandono de las autoridades, e incluso la discriminación de quienes afirmaron que, por ser residentes de dicha zona, debían arreglárselas solos.

Hubo quienes tuvieron la osadía de responsabilizarlos a ellos. Me pregunto si quienes los apuntan con el dedo se han puesto en el lugar de esos vecinos. Son ciudadanos que adquirieron créditos hipotecarios y que invirtieron sus ahorros en dichas propiedades.

Perdón, Presidente, ¿por qué me dio tan poco tiempo si todos tenemos cinco minutos?

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Gracias, lo que me acaba de pasar a mí, y no por desidia de la Secretaría, es lo mismo que les pasó a todos y cada uno de los vecinos de los tres edificios.

Un director de Obras Municipales que ejerció el cargo durante cuarenta años, y resulta que, en el minuto en que se debía aprobar la construcción de esos edificios, no era director de Obras, ¡justo no estaba!, justo lo habían trasladado a Aseo y Ornato. ¡Mire la suerte del director de Obras!

Exactamente eso es lo que nos pasó. Por eso reivindico a los vecinos y a la sociedad. Basta, basta, por favor; basta…

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado Undurraga .

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Tomás Lagomarsino .

El señor LAGOMARSINO.-

Señor Presidente, hoy tenemos un grave problema en la Región de Valparaíso, en particular en Viña del Mar, con los sistemas de recolección de aguas lluvia.

Lamentablemente, esto quedó en evidencia aproximadamente en esta misma fecha del año pasado, con lluvias que hace tiempo no veíamos en nuestro país.

Recuerdo que, cuando yo era pequeño, llovía bastante, y desde hace algunos años hasta esta época las lluvias declinaron bastante. Sin embargo, el año pasado volvió a llover mucho en nuestra Región de Valparaíso.

Esta nueva temporada de lluvias ha implicado que nuestro sistema de recolección de aguas lluvia haya sido superado, y que incluso haya quedado obsoleto en algunas zonas.

Es evidente que, debido a la magnitud y al dramatismo de las imágenes, los socavones del área de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, acapararan todas las miradas. Se llevaron todas las miradas por su magnitud, por lo escandaloso, por lo dramático de las imágenes, que incluso se publicaron en diarios internacionales.

No obstante, me gustaría relevar a sectores donde quizás no llegan tanto las cámaras, las fotografías o los medios de comunicación, donde, lamentablemente, debido a la calidad y a la mala situación de los sistemas de recolección de aguas lluvia que existen en nuestro país y en nuestra región, y en particular en Viña del Mar, estos se ven colapsados, situación que ocurrió tanto en la temporada anterior como en la actual. Me refiero a los sectores de Forestal, de Nueva Aurora y de Miraflores, en la comuna de Viña del Mar.

Esta comisión especial investigadora se abocó a la situación de un sector en particular, que es Reñaca, pero falta hacer extensivo esto a los sistemas de recolección de aguas lluvia de todo Viña del Mar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por treinta y nueve segundos, el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, aprovecho este momento para hacer un llamado a las autoridades, porque las dunas se están convirtiendo en moteles al aire libre, en lugares donde los jóvenes se van a drogar, a tomar alcohol, y eso es un verdadero asco.

Entonces, para los ecologistas y para todas las personas que están tan preocupadas de lo que pasa allá, también es un tema a tratar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, no hay que construir sobre dunas, no hay que construir sobre dunas; simplemente hay que olvidarse de proyectos inmobiliarios sobre dunas.

Lo que vimos en Concón no eran proyectos inmobiliarios de departamentos de clase media. La verdad es que contaban con recursos para poder contratar a los ingenieros que quisieran.

Entonces, ese no es un tema que se pueda resolver con tecnología. Simplemente, no son terrenos aptos para construir.

Además, las dunas son ecosistemas que debemos cuidar, al igual que los humedales. Quisiera que cuando se tramite el proyecto de ley que acaba de despachar la Comisión de Vivienda, nos acordemos de esto y aprobemos que se deje de construir sobre dunas. Así de simple. Espero que contemos con los votos necesarios para aprobar aquello, porque he escuchado todos los discursos: algunos del gobierno actual rasgan vestiduras, en circunstancias de que en realidad las edificaciones afectadas fueron construidas en gobiernos anteriores, mientras que otros mezclaron esta materia con los incendios. Incluso, hay parlamentarios que votaron en contra la ley corta de incendios, es decir, en contra de que se construyeran cortafuegos, pero que hoy les reclaman al gobierno y a la municipalidad porque se quemaron las casas. ¡Seamos coherentes!

Espero que el Senado despache la ley corta de incendios y que esta Cámara sea coherente y vote a favor de dejar libres de construcciones las dunas y los humedales. Eso es lo que uno espera, para no tener que seguir lamentando este tipo de situaciones.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno respecto de los graves problemas sanitarios y ambientales generados por la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro en las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, de La Araucanía y de Los Lagos (CEI 35).

Para la discusión de este informe se otorgarán sesenta minutos, distribuidos en forma proporcional entre las bancadas.

Diputada informante de la comisión especial investigadora es la señora Viviana Delgado .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 25ª de la presente legislatura, en lunes 6 de mayo de 2024. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora DELGADO, doña Viviana (de pie).-

Honorable Cámara, en mi calidad de diputada informante de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno en relación con los problemas sanitarios ambientales generados por la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro, paso a informar sobre el cometido de la comisión, así como las propuestas y conclusiones aprobadas por esta.

I. Acuerdo de creación y funcionamiento de la comisión

a) Competencia

La Cámara de Diputados, con fecha 23 de agosto de 2023, aprobó la solicitud formulada por 62 diputadas y diputados en orden a crear una Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información sobre los actos del gobierno, especialmente del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental; el Ministerio de Obras Públicas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y el Ministerio de Salud y sus respectivas secretarías regionales ministeriales, respecto de los graves problemas sanitarios y ambientales generados por la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro en las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, de La Araucanía y de Los Lagos.

b) Plazo

La Cámara estableció un plazo de sesenta días para que la comisión pudiera cumplir con su cometido -el que fue prorrogado por otros quince-, quedando facultada para constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para el desempeño de su mandato.

c) Integración

La comisión quedó integrada por los siguientes diputados y diputadas: Rubén Oyarzo , Víctor Pino , Héctor Barría , Nathalie Castillo , María Francisca Bello , Éricka Ñanco , Camila Musante , Miguel Mellado , Catalina del Real, Frank Sauerbaum , Guillermo Ramírez , Flor Weisse , Daniel Manouchehri .

Con posterioridad, las diputadas y diputados Flor Weisse , Guillermo Ramírez , Frank Sauerbaum , Héctor Barría y Daniel Manouchehri fueron reemplazados por las diputadas y los diputados Daniel Lilayu , Cristhian Moreira , Jorge Rathgeb , Viviana Delgado y Emilia Nuyado , respectivamente.

d) Constitución y funcionamiento de la Comisión

La comisión se constituyó con fecha 12 de diciembre y eligió como Presidenta a la diputada Viviana Delgado.

En cumplimiento de su cometido, celebró trece sesiones ordinarias y especiales, constituyéndose incluso en la ciudad de Temuco el día 15 de marzo, y en las localidades de Quilimarí y Los Molles el día 5 de abril, con el objeto de conocer en terreno los problemas ocasionados por el funcionamiento de la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro.

En las mencionadas sesiones, la comisión escuchó a 63 personas e instituciones, entre autoridades, representantes de organismos fiscalizadores y, sobre todo, a los habitantes de las comunidades afectadas por el accionar de Aguas San Isidro.

Luego de conocer en terreno a las comunidades afectadas, de escuchar tanto a autoridades como a los órganos fiscalizadores e, incluso, de haber invitado en al menos dos oportunidades a la empresa a exponer, sin que esta respondiera positivamente, la comisión aprobó, por la unanimidad de sus miembros presentes, con 9 votos a favor de los diputados y diputadas María Francisca Bello , Nathalie Castillo , Viviana Delgado , Miguel Mellado , Camila Musante , Emilia Nuyado , Rubén Oyarzo , Víctor Pino y Jorge Rathgeb , la propuesta de conclusiones concordada por varios de sus miembros, la que se resume a continuación.

II. Consideraciones, conclusiones, sugerencias o propuestas aprobadas por la comisión

1. Considerandos

Pese a los antecedentes conocidos por la comisión, los resultados y conclusiones obtenidos superan con creces la magnitud y gravedad del daño objeto de la investigación.

La misma autoridad sanitaria fue variando su apreciación, desde considerar a Aguas San Isidro una empresa que estaba mejorando hasta reconocer que la empresa no repuntó y no subsanó sus falencias.

La empresa San Isidro se encuentra emplazada en varias localidades del territorio nacional. En todas ellas se han presentado denuncias sobre su funcionamiento y se han realizado fiscalizaciones, sin que hasta el momento a la empresa se le haya caducado ninguna concesión.

2. Resumen de las principales problemáticas investigadas a nivel sanitario

1) Falta de continuidad y suspensiones reiteradas en la entrega del servicio de agua potable.

2) Falta de cumplimiento de los estándares de calidad, según lo refieren los informes de conductividad de oxígeno.

3) Entrega de agua a la comunidad con altos niveles de sal y saturación de minerales.

4) Entrega de agua contaminada a la comunidad, de color café y con mal olor.

5) Contaminación de esteros, ríos, humedales y napas subterráneas.

6) Deficiente funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas hervidas, malos olores, fuga de aguas contaminadas, mal funcionamiento de las instalaciones, contaminación de las aguas, lluvia de excremento.

7) Descargas en lechos de ríos de los desechos resultantes del proceso de la salmuera.

3. Resumen de las principales problemáticas investigadas a nivel ambiental

1) Descarga de aguas negras no autorizadas vertidas en esteros, ríos y humedales.

2) Mortandad masiva de peces en humedales.

3) Peligro para la fauna nativa y peligro de extinción de aves.

4) Elusión al Sistema de Evaluación Ambiental.

5) Alteración de antecedentes exigidos, para evadir la evaluación ambiental.

4. Principales conclusiones

1) En el Acuerdo de Escazú y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.

2) Existen omisiones administrativas dentro de los órganos de la Administración del Estado con competencias ambientales, los que no han dado respuesta satisfactoria a las graves infracciones ambientales y de salud pública.

3) La institución a cargo de fiscalizar no ha cumplido con su trabajo.

4) La empresa sanitaria San Isidro , a cargo de proveer un bien de primera necesidad, no asume las responsabilidades ni las consecuencias que emanan de su funcionamiento.

5) Existen muchos clientes de la empresa sanitaria San Isidro que no tienen la tranquilidad de abrir la llave y saber si pueden tomar el agua.

6) Las sanitarias no pueden ni deben descargar aguas negras, tienen que tratarlas y, luego de ese tratamiento, enviarlas a cauces naturales, lo que no se cumple en el caso de la empresa sanitaria San Isidro .

7) Se pudo constatar que a la empresa se le han aplicado sanciones pecuniarias, pero que no ha pagado dichas multas, existiendo incumplimientos reiterados y con procesos sancionatorios abiertos permanentemente.

8) Además de las cifras oficiales, los vecinos afectados de todas las localidades indicaron que han hecho denuncias que no han sido apropiadamente canalizadas o recibidas por las autoridades.

9) Existen a nivel nacional diversas denuncias de malos olores, enfermedades gastrointestinales, enfermedades producto de minerales pesados en el agua, lluvia de excrementos, falta de suministro de agua, agua salada y contaminación de ríos y humedales, lo que se contrapone a los relatos de las autoridades, que señalan que todo se encuentra en orden y subsanado.

10) Existen denuncias de intoxicaciones masivas, daños irreparables en la salud de las personas. Exámenes analizados y certificados en el extranjero acreditan que el origen de estos diagnósticos es la contaminación del agua.

11) Las personas, su vida y su salud no pueden ser experimentales. Se acredita la existencia de pruebas de estas empresas que se declaran pequeñas, pero que pertenecen a grandes conglomerados de empresas con inversiones millonarias.

12) Las autoridades fiscalizadoras han fallado y no han actuado en el tiempo adecuado.

13) Las autoridades no pueden excusarse diciendo que existe una especie de concurrencia de competencias en materia de emisión y resolución de calificación ambiental, especialmente cuando las denuncias son múltiples y afectan a todas las concesiones de esta empresa.

14) Existe una débil supervigilancia, control, fiscalización y sanción de las normas relativas a las prestaciones de los servicios públicos en materia de agua potable y alcantarillado hacia las concesiones de servicios sanitarios por parte de los distintos organismos de gobierno.

15) Se observa que no está bastando la coordinación intersectorial de los servicios del Estado para hacer el levantamiento de las necesidades territoriales y manejar las situaciones de emergencia que se han presentado en las comunidades atendidas por la empresa sanitaria San Isidro .

16) No existe una sanción que censure a una empresa sanitaria con malas prácticas reiteradas.

17) Falencias en los canales de denuncias y comunicación con la ciudadanía.

18) El modelo de negocios de las sanitarias no es sostenible en localidades con pocos habitantes.

19) No constituye un hecho menor que la empresa investigada no haya asistido a ninguna de las invitaciones realizadas para que participara de esta comisión especial investigadora, señalando acusaciones infundadas de parcialidad, que no venían al caso.

5. Conclusiones por territorios

En el informe de la Comisión se abordaron también conclusiones relativas a cada uno de los territorios en que se recibieron denuncias y se observaron incumplimientos, referidos específicamente a la localidad de Los Molles, comuna de la Ligua, Región de Valparaíso; a la localidad de Pichidangui, comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo; a las comunas de Padre Hurtado y Quilicura , Región Metropolitana; a las localidades de Labranza, comuna de Temuco, y de San Ramón, comuna de Padre Las Casas, ambas de la Región de La Araucanía; así como al sector de Panitao, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

6. Recomendaciones

1) Respecto a la caducidad de concesiones sanitarias, se recomienda a la Superintendencia de Servicios Sanitarios iniciar la evaluación de la caducidad de las concesiones sanitarias de Aguas San Isidro en las comunas de Los Vilos, Padre Hurtado y Temuco, además de fiscalizar el programa de desarrollo de la concesión sanitaria en Quilicura.

Para evaluar su caducidad en la localidad de Los Molles, se recomienda dar fin a la concesión sanitaria a través de la firma del Presidente de la República, a fin de comenzar un nuevo proceso de licitación.

2) Remitir antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Se recomienda enviar todos los antecedentes recolectados en esta comisión especial investigadora al Consejo de Defensa del Estado, para que se evalúe tomar acciones legales contra la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro S.A.

3) Propuestas legislativas:

a) Modificar el decreto con fuerza de ley Nº 382, Ley General de Servicios Sanitarios, en el siguiente sentido:

En incluir un nuevo motivo de caducidad por contaminación ambiental.

En exigir a las sanitarias un tratamiento terciario y tecnologías más avanzadas para el tratamiento del agua potable y aguas servidas, sin importar el tamaño de la empresa ni la cantidad de usuarios.

En uniformar y estandarizar los requisitos de primer nivel para todas las concesiones.

En considerar el historial de sanciones administrativas y judiciales de un titular para otorgar una concesión sanitaria, estableciendo un límite de sanciones con caducidad inmediata en los casos de incumplimiento reiterado y no pago de multas.

En promover la participación ciudadana efectiva en materia de servicios sanitarios.

b) Modificar la ley Nº 19.300, que Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el siguiente sentido:

Para incorporar una nueva tipología que exija que los proyectos de plantas desalinizadoras deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a fin de considerar dentro del SEIA el historial de sanciones administrativas y judiciales del titular de un proyecto, con el objetivo de resguardar el medio ambiente ante titulares que han sido reincidentes en su actuar negligente y que así la participación ciudadana sea vinculante y efectiva dentro del SEIA.

Para que los proyectos anteriores a la creación del SEIA deban someterse a evaluación ambiental para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Para que las RCA deban ser revisadas y actualizadas cada cinco años, a fin de tener mayores herramientas y estatutos sancionatorios para las empresas sanitarias que contaminen el medio ambiente.

c) Modificar la ley Nº 21.595, sobre Delitos Económicos y Ambientales, que en su articulado establece que toda sustancia que se vierta en el suelo, en cursos de agua, amerita que se catalogue como un delito.

En esa línea, es necesario tipificar la salmuera como residuo contaminante y dañino que afecta las aguas, tierras y napas subterráneas donde se descargan.

d) Solicitar el patrocinio del Ejecutivo al proyecto de ley que modifica la ley N° 19.300, para incluir entre los proyectos o actividades que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental los de plantas desalinizadoras.

Dicho proyecto está radicado actualmente en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados (boletín N° 16409-12).

4. Otras recomendaciones de políticas públicas, sanitarias y ambientales en instrumentos normativos:

a) Definir los procesos para evaluar los impactos en la salud de los habitantes afectados, con el objetivo de realizar una planificación y desarrollar un procedimiento de vigilancia de los elementos contaminantes, sancionarlos y reparar el daño causado.

b) Fomentar una ley de costas para el ordenamiento territorial y resguardar una ley general de humedales no solo con una normativa sobre humedales urbanos.

c) Legislar en materia de gestión integrada de cuencas para lograr una mejor coordinación y gestión de los recursos hídricos, con un enfoque técnico que no esté limitado por las administraciones locales y regionales.

d) Empujar y fomentar los modelos de gestión de agua comunitaria, devolviendo y fortaleciendo las APR.

e) Las plantas de tratamiento de aguas servidas establecen permisos, pero la SISS no interviene. Tiene que pasar por un proceso ambiental hasta la obtención de la RCA. De hecho, las ubicaciones de una planta de tratamiento de aguas servidas no las define la Superintendencia; la empresa tramita la ubicación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

f) Ajustar a nivel reglamentario las condiciones y requisitos en el diseño de una planta de osmosis inversa, caracterizar las calidades de agua de salida y definir el lugar apto de disposición, cumpliendo los estándares normativos y con la mínima afectación ambiental en comunidad.

g) Pese a tener competencias diferenciadas, debe existir un modelo de cooperación entre instituciones que permitan un control más rígido en materia de contaminación y en algo tan esencial como la calidad del agua.

h) Fortalecer a nivel técnico y presupuestario a las entidades fiscalizadoras.

Hoy los servicios no cuentan con el suficiente personal o recursos para estar fiscalizando y monitoreando constantemente. Se propone el aumento de dotación de personal idóneo en los servicios y la actualización de tecnología de monitoreo para lograr garantizar una constante de buena calidad de los servicios de agua potable.

i) Se concluye que la DGA tiene precarización de fiscalizadores y fiscalizadoras, lo que constituye un problema de estructura del Estado necesario de subsanar a la brevedad. Además, se debe fortalecer en este ámbito a la DGA para que pueda cumplir con su labor de manera eficaz y oportuna.

j) Fortalecer la capacidad de los servicios para exigir el cumplimiento de los mínimos normativos de calidad, cantidad y continuidad, así como el cumplimiento de los planes quinquenales de inversión.

k) Habilitar la inversión pública para subsanar deudas históricas de infraestructura en servicios sanitarios por planes de inversión que no se cumplen.

l) Mejorar los canales de comunicación e invertir en formación de la ciudadanía en relación con los canales de denuncia.

m) Habilitar la participación efectiva de la ciudadanía organizada en la administración de los servicios sanitarios en zonas de extensión urbana y localidades con pocos habitantes como respuesta a la falta de empresas sanitarias, participando en las licitaciones y la incapacidad de atención apropiada a las localidades pequeñas mencionadas por la ministra de Obras Públicas en la décima sesión de la comisión.

n) Se recomienda que las competencias de las superintendencias del Medio Ambiente y de Servicios Sanitarios sean vinculantes y coordinadas, ya que existe una reserva de competencias en favor de la SISS incorporada en la ley N° 20.417, estableciéndose una suerte de reserva de competencias en favor de esta, indicando que la Superintendencia del Medio Ambiente no afectará las facultades y competencias que aquella aplica en materia de supervigilancia, control, fiscalización y sanción de las normas relativas a las prestaciones de los servicios públicos en materia de agua potable y alcantarillado. Esto, ratificado por la Contraloría General de la República.

o) Se recomienda que deben evaluarse los plazos de los procesos investigativos en la SISS. No es posible que puedan extenderse hasta en cuatro años. Es un tiempo demasiado largo para establecer las respectivas sanciones, de existir.

p) Habilitar la coordinación interregional de servicios del Estado y organizaciones de la sociedad civil para casos colindantes en los límites administrativos de las regiones, como es el caso de Los Molles y Quilimarí .

q) Se recomienda evaluar que las empresas sanitarias solo deban abastecer desde 10.000 arranques hacia arriba.

r) Aquellas instituciones públicas que no cumplan los plazos de fiscalización y sus sanciones deben tener consecuencias.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En discusión el informe de la comisión especial investigadora.

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, la verdad es que en la comisión especial investigadora hicimos un trabajo bastante transversal: fuimos a investigar en distintas regiones.

Al respecto, quiero primero felicitar a los dirigentes que están detrás de esto, porque ellos también lo empujaron. Saludo al dirigente de mi región Fernando Arzola y también a algunos de otras regiones, como Bárbara Astudillo , Jessica Pizarro y muchos más cuyos nombres se me olvidan en este momento. Hago un reconocimiento a todos ellos.

En aras del tiempo, la verdad es que hay mucho, como ya lo dijo la Presidenta de la comisión en el informe.

Pero yo hice un resumen completo sobre el tema de Aguas San Isidro.

En primer lugar, la calidad del servicio. Los suministros son inconsistentes. Las interrupciones son frecuentes en los suministros de agua en la época de alta demanda, principalmente en la localidad de Los Molles y en Pichidangui. No cumplen con la calidad ni tampoco con la cantidad.

Los malos indicadores siempre corresponden a operación, el precio dado, servicio, agua potable, alcantarillado, hogar, capacidad de resolver problemas y canales de contacto.

Respecto de la calidad de agua, está el problema de mala potabilidad, de mal sabor. Las personas en la localidad de Los Molles y en Pichidangui utilizan solo agua envasada para el consumo humano -¡agua envasada!y, además, deben pagar el consumo.

Atención de clientes en general y mapa de audiencia. Aquí las respuestas son tardías, ineficientes, tanto para los clientes como para los dirigentes vecinales, los medios de comunicación, la Superintendencia, las autoridades de gobierno y las municipalidades. O sea, la respuesta de la empresa es pésima para todos aquellos que le preguntan.

Falta de transparencia. La información sobre los servicios, las tarifas o los problemas de la empresa es insuficiente o confusa.

Los costos. Son altos los costos. Las tarifas son excesivas, principalmente en Los Molles y Pichidangui , donde el precio no conversa con la prestación de servicios.

El impacto ambiental. La contaminación, las prácticas que resultan de la contaminación de fuentes de aguas locales o daño ambiental sobre todo en el caso del sector norte, que vimos personalmente.

Apertura de los aliviaderos de tormenta sin ser informada a la Superintendencia, principalmente en épocas de lluvias.

Sobre los incumplimientos regulatorios, se aplican multas recurrentes. Lo vimos ahí, e incluso preguntamos. La cantidad de multas es impresionante. La empresa ha sido multada repetidamente por incumplir regulaciones, lo que indica una falta de responsabilidad y compromiso con los estándares establecidos.

En mi Araucanía la Subsecretaría del Medio Ambiente ha formulado cuatro cargos contra la empresa de servicios sanitarios por operaciones deficientes en la planta de tratamiento San Ramón en agosto de 2023.

Una de las últimas multas fue en abril de 2024. El MOP Coquimbo aplicó una multa de 132 millones a la sanitaria San Isidro por infracciones al Código de Aguas.

Ustedes me dirán: ¿cuántas multas ha pagado? La verdad es que lo hemos preguntado incluso algunas han caducadoy no han sido pagadas.

Entonces, ¿dónde está el negocio de la empresa? ¡En no pagar las multas, pues!

Las encuestas de percepción realizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios miden diferentes aspectos de servicios que prestan las empresas con la concesión en la distribución de agua potable y, fíjense, sitúa a la empresa sanitaria San Isidro como la segunda peor evaluada del país. ¡La segunda peor evaluada del país!

Ahora, en el caso de mi Región de La Araucanía, tenemos lo sucedido en la localidad de Labranza, comuna de Temuco, y lo que ocurre con la planta de tratamiento de aguas servidas San Ramón . En total, la concesionaria tiene alrededor de 128 denuncias. Existen constantes denuncias por malos olores y modificación de trazado. También, particularmente en Labranza, la planta de agua potable se encuentra instalada en donde anteriormente se ubicaba una planta de aguas servidas y se desconoce si la empresa San Isidro presentó un plan de cierre respecto de la última, situación que durante años ha puesto en permanente peligro a más de 50.000 personas.

Se logró comprobar que una menor de nueve meses de edad se intoxicó con coliformes debido al agua potable de Labranza.

Señor Presidente, por tiempo y para que otros diputados también hablen, termino señalando que las conclusiones de esta comisión investigadora son claras. Por eso, espero que podamos llevar estas conclusiones al Presidente de la República para que caduque la concesión de Aguas San Isidro.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señor Presidente, estuvimos trabajando durante meses en esta comisión investigadora que analizó lo sucedido con la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro, que se dedica a la producción y distribución de agua potable, como también a la recolección y tratamiento de las aguas servidas de diversas localidades en cinco regiones del país.

En la Región de Coquimbo, la empresa abastece de agua y servicios sanitarios al sector de Pichidangui y Quilimarí .

Recibimos testimonios de dirigentes territoriales, quienes han sufrido los impactos de un servicio sanitario precario y cuestionado que ha generado innumerables denuncias de las comunidades afectadas por la mala calidad del agua, que presenta mal olor y color turbio; por la contaminación de estas con cloruro, sulfato y manganeso, lo que ha provocado intoxicación y enfermedades estomacales a quienes la han tomado; asimismo, se denuncia salobridad del agua, provocada por la intrusión salina.

A esto, además, se suma el mal servicio de alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas. Se trata de una pésima gestión del recurso hídrico y de los servicios sanitarios en esta comunidad en particular, sin contar las demás localidades donde Aguas San Isidro está presente.

La comisión investigadora sesionó en terreno y escuchó abiertamente a la comunidad, mostrando un ejercicio de participación democrática y transparente. Por eso, agradezco a quienes integraron esta comisión que llegó a una cantidad importante de conclusiones colegiadas entre todas y todos los integrantes de la comisión. Las conclusiones del informe son de suma urgencia para las personas que viven cotidianamente los efectos de la falta de agua potable en lugares donde la sequía y la escasez hídrica azotan de manera importante. Lamentablemente, la empresa de servicios sanitarios no está a la altura ni tiene los estándares mínimos para trabajar en nuestro país.

Quiero destacar que esta comisión constató los efectos de las plantas desaladoras de osmosis inversa como la que se instaló en Pichidangui. Al respecto, hemos insistido en la necesidad de que estén dentro del Sistema de Evaluación Ambiental, compartiendo la necesidad del emplazamiento de las plantas desaladoras, con el fin de que la industria no use los acuíferos y los caudales de agua dulce en sus procesos para no poner en peligro las reservas de agua destinadas al consumo humano y garantizar que los impactos que sean evaluados fijen medidas de mitigación. Ahí hay un vacío que se tiene que regular.

Por lo anterior, insistimos y aprovechamos la oportunidad de impulsar, desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la reforma a la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que ingresen a evaluación ambiental todas estas obras hidráulicas, principalmente las plantas desaladoras, cuestión que ha planteado el diputado Matías Ramírez .

Además, quiero destacar que uno de los problemas que las vecinas denunciaron fue la ausencia de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas perteneciente a la Región de Coquimbo, por lo que se hace urgente que los organismos que tienen como misión fiscalizar el buen funcionamiento de los servicios públicos o básicos cuenten con equipos suficientes para cumplir esa función.

Esto no es algo nuevo; lo decimos habitualmente en cada discusión de la ley de presupuestos: se requieren más recursos para la Dirección General de Aguas y más personal especializado para llevar a cabo los sumarios sanitarios, con el fin de que el agua que se distribuya sea de mejor calidad y en mayor cantidad, lo cual el Estado, lamentablemente, no ha escuchado durante este último tiempo. Se requieren más funcionarios para la Dirección General de Aguas.

Por último, quiero destacar que la conclusión final que establece esta comisión investigadora es dar caducidad a la sanitaria Aguas San Isidro , pero eso implica modificar el decreto con fuerza de ley N° 382, Ley General de Servicios Sanitarios, para incluir un nuevo motivo de caducidad, esto es, por contaminación ambiental y afectación socioambiental.

Desde este hemiciclo esperamos que el Presidente de la República, quien tiene la potestad exclusiva de dar caducidad a una empresa sanitaria que está entregando un pésimo servicio, tenga a bien escuchar a las comunidades y a las diputadas y los diputados que nos dimos el tiempo y el espacio para investigar esta situación, y así poder avanzar hacia una mejor calidad de vida en materia hídrica.

Doy las gracias a las organizaciones que levantaron esta demanda, como la ONG Quilidangui, de Quilimarí, y a los dirigentes de Pichidangui.

También, agradezco a todas las organizaciones que cuidan del medio ambiente y a quienes, lamentablemente, desde hace mucho tiempo las autoridades, así como ahora en este hemiciclo, no prestan atención a sus demandas y reivindicaciones.

Esperamos que el Presidente pueda…

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Queremos saludar a doña María José Aguirre , concejala de la comuna de Concón y activista en la protección del campo dunar, invitada por el diputado Francisco Undurraga .

¡Bienvenida a nuestra Corporación!

-Aplausos.

El señor LEAL.-

Señor Presidente, al iniciar estas breves palabras, quiero destacar la tremenda labor que llevó a cabo en esta comisión don Fernando Arzola , un destacado dirigente social de la localidad de Labranza, comuna de Temuco. Dirigentes que por años no han sido escuchados fueron parte importante en el trabajo realizado por esta comisión. Fueron un gran aporte, así que para ellos vaya mi reconocimiento.

En segundo lugar, un tema muy concreto: o la empresa Aguas San Isidro mejora y hace las inversiones necesarias para mejorar la calidad del agua que entrega o cierra. Así de simple.

Lamentablemente, nadie se ha hecho responsable de que un servicio no esté cumpliendo con su función más elemental, que es entregar agua de calidad, un agua que no provoque enfermedades a la población. No hay nadie que se haya hecho responsable de fiscalizar aquello.

Me pregunto ¿qué labor ha cumplido la Superintendencia de Servicios Sanitarios? ¿Por qué no ha hecho su trabajo? ¿Qué sanciones ha aplicado? Parece que las sanciones que aplica a las empresas no les hacen ni cosquillas, porque siguen funcionando sin problemas.

No estamos hablando de un servicio menor; estamos hablando de un servicio de agua potable y de alcantarillado, que es elemental para el funcionamiento de una localidad tan importante como es Labranza; también está el caso de la planta de aguas servidas San Ramón .

Por eso, quisiera que las conclusiones de este informe no fueran un documento más que se leyó y discutió en esta Sala, y que después quedara guardado en un cajón. No puede ser que aquí no haya pasado nada; al contrario, se requieren medidas concretas.

Las comisiones investigadoras buscan responsabilidades políticas, y la pregunta es quién va a asumir esa responsabilidad. ¿La va a asumir la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Medio Ambiente? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad política? Lo que no puede ocurrir es que nadie asuma tal responsabilidad y aquí no haya pasado nada. Fue mucho el trabajo que se hizo; los dirigentes viajaron desde sus regiones y reunieron antecedentes, por lo que no puede ser que aquí se vote el informe y no pase nada después.

La responsabilidad, ahora, queda radicada en el Presidente de la República. El gobierno debe exigir que se hagan las inversiones para que los vecinos tengan un servicio de calidad, o se cierra. El Presidente de la República es quien tiene la palabra.

He dicho.