Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, correspondiente al boletín Nº 15534-14.

Para la discusión de las enmiendas del Senado se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

En nombre de la Corporación, saludo al ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes , quien se encuentra presente en esta sesión.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 76ª de la presente legislatura, en miércoles 11 de septiembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 21.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señorita BRAVO (doña Marta) .-

Señorita Presidenta, en primer lugar, quiero felicitar al diputado Juan Manuel Fuenzalida , autor de esta fundamental modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Esta iniciativa no solo es necesaria, sino que también representa un paso crucial hacia un sistema más eficiente y justo.

Los objetivos de esta propuesta son claros: simplificar y agilizar los procedimientos administrativos vinculados con la construcción, responsabilizar a los organismos intervinientes por las demoras injustificadas y aumentar sanciones en caso de incumplimiento. Pero, sobre todo, esta propuesta beneficia directamente a la gente, a las familias trabajadoras que sueñan con su primera vivienda, a los jóvenes que buscan independizarse y a los adultos mayores que desean un lugar digno para vivir.

Es crucial recordar que el rubro de la construcción no solo representa un 7 por ciento del PIB del país, sino que también genera un 10 por ciento del empleo nacional.

Las cifras del año 2023 reflejan una situación crítica: una caída en inversiones de 1.500 millones de dólares, la pérdida de 46.000 empleos en el primer trimestre y una disminución en la velocidad de venta de viviendas. Todo esto afecta directamente a las familias, que ven cómo sus sueños de tener una vivienda propia se alejan.

La última cifra de permiso de edificación divulgada por el INE en julio de 2024 mostró una aprobación de solo 2.966 viviendas nuevas: una caída del 76,7 por ciento anual. Esto no solo es una cifra alarmante, sino que representa a miles de familias que no podrán acceder a una vivienda en el corto plazo.

Según la Cámara Chilena de la Construcción, hay 331 permisos de edificación que están por vencer, lo que equivale a más de 64.000 viviendas.

Aquí quiero plantear al ministro de Vivienda la posibilidad de establecer una norma especial para extender por un año más la vigencia de estos permisos, dando así un respiro a las familias que están a la espera de la casa propia.

Las principales propuestas de esta modificación incluyen la simplificación del procedimiento de aprobación de permisos y la reducción de los plazos de respuesta por parte de las direcciones de obras municipales. Esto significa que las familias no tendrán que esperar meses, o incluso años, para saber si pueden comenzar la construcción de su hogar.

Además, se establecen mecanismos claros de responsabilidad y sanciones para asegurar que los organismos cumplan con los plazos establecidos.

Este es un proceso que afecta directamente a la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Asimismo, la propuesta contempla un enfoque en la digitalización de los trámites, lo que permitirá a los ciudadanos acceder a información en tiempo real sobre el estado de sus solicitudes.

Es por eso que quiero reiterar que esta modificación no es solo un cambio normativo, sino un compromiso con las familias chilenas, en especial con mi querida gente de Ñuble, que está esperando un llamado a la acción para que todos los actores involucrados, desde los municipios hasta las constructoras y el gobierno central, trabajen de manera conjunta para hacer realidad el sueño de la vivienda propia.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señorita Presidenta, parte del déficit de 500.000 viviendas que por desgracia tenemos en Chile es precisamente por culpa de la enorme cantidad de trámites, permisos y plazos que hay que cumplir para desarrollar un proyecto habitacional. Se trata de personas que llegan a esperar más de 20 años para lograr el sueño de la casa propia y de inversiones que se escapan por falta de certezas en el sistema.

Muchas veces los plazos se dilatan y la gente debe esperar largo tiempo para cumplir su sueño. Esto es algo que atrasa a nuestro país y mientras no logremos que esto no nos siga condenando, lamentablemente, estaremos inmersos en el subdesarrollo.

Hoy aprobaré este proyecto, al igual como lo haré con el proyecto de permisología, que también se está viendo en esta Cámara y que votaremos pronto, porque creo que es importante que dejemos de tramitar a la gente.

Esta lógica de extender por meses trámites que podrían desarrollarse en semanas provoca un tremendo daño a los chilenos y chilenas, algo que claramente hay que revertir.

Se fugan los sueños, se fugan las inversiones y eso no está bien. La misma Cámara Chilena de la Construcción señaló en esta discusión que nuestro sistema contempla una serie de plazos que tardan más de lo debido en cada trámite administrativo. En este sentido, haciendo un pequeño resumen de la cantidad de tiempo, si esto lo llevamos, por ejemplo, al anteproyecto ante la dirección de Obras Municipales, tenemos un plazo de tres meses. Luego, el trámite de mitigación vial ante el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones implica seis meses más. Posteriormente, el permiso de edificación ante la Dirección de Obras Municipales significa tres meses más. Después, la construcción, si avanzamos sin mayor dificultad, son quince meses más; la recepción municipal, dos meses; la inscripción en el conservador de bienes raíces, un mes; la resolución del Serviu para el DS Nº 19, dos meses. En total, si todo sale bien, en 32 meses recién tendríamos un proyecto de construcción. Eso si no hay autoridades administrativas trabando el tema, si los organismos cumplen los plazos y si de verdad se hace la pega. Esto es algo que nos debería ocupar a todos y que tanto la empresa como los mismos dirigentes habitacionales hoy nos piden revertir.

Por eso, aprobaré el proyecto en esta oportunidad, con la intención de que en esta legislatura ayudemos a que el aparato público se vuelva más eficiente para las personas y dejemos de dilatar los sueños de la gente.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcia Raphael .

La señora RAPHAEL (doña Marcia).-

Señorita Presidenta, la crisis habitacional sin precedentes que hoy viven miles de chilenos, que se traduce en más de 900.000 familias que esperan una vivienda, 1.432 compatriotas viviendo en asentamientos precarios y los miles de chilenos que se encuentran en un comité habitacional esperando cumplir el sueño de la casa propia, tiene que hacernos pensar que la estrategia que está empleando el Estado de Chile en materia habitacional no es la adecuada y está lejos de dar resultados satisfactorios.

El sueño de la casa propia está en el ADN de las familias chilenas que con mucho esfuerzo juntan peso a peso para pagar las cuotas de su comité habitacional o, en el caso de las familias de clase media con capacidad de ahorro, para pagar el pie de sus viviendas, grupos sociales con distintas características socioeconómicas, pero que coinciden en algo: la imposibilidad y la dificultad de millones de chilenos para optar a una vivienda y a un plan de emergencia habitacional llevado a cabo por el gobierno, que en realidad se ve muy difícil de cumplir.

Este proyecto contempla diversas modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, reduciendo plazos para diversos procedimientos de edificación, dictando las sanciones correspondientes para los directores de obras municipales y mejorando también la transparencia. Todo estose hace con el fin de mejorar los tiempos y contribuir a que las personas que llevan años esperando una solución habitacional no esperen aún más debido a trabas de carácter burocrático.

Sin duda, este proyecto es un avance que permitirá destrabar ciertas situaciones que hacen más lenta, por ejemplo, la recepción de obras por parte de la Dirección de Obras Municipales, dando un plazo máximo de 30 días para efectuar la recepción.

El rubro de la construcción, más allá de permitir cumplir el sueño de la casa propia por parte de las familias chilenas, es una enorme fuente de trabajo y parte importante de la economía, que en el último tiempo se encuentra profundamente estancada, por lo que se necesitan iniciativas como esta que puedan dar agilidad y dinamismo a ese sector.

Voy a votar a favor.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental). Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señorita Presidenta, las modificaciones introducidas por el Senado corrigen algunos aspectos de este proyecto que, obviamente, vamos a aprobar.

Quiero destacar la capacidad que ha tenido el gobierno, a través del ministro Montes -aquí presente- y de su equipo, para implementar una política pública en un momento de crisis. El ministro ha demostrado sus condiciones y capacidades -que las conocemos- para, en momentos críticos, salvar aspectos legislativos complejos. No es el primer proyecto que busca simplificar y allanar ciertos baches que hay en nuestros procedimientos dentro del aparato del Estado.

El proyecto va por el camino correcto y quiero destacar ese hecho. En Atacama vamos a llegar a la meta de construir casi ocho mil viviendas dentro del Plan de Emergencia Habitacional.

En esta área vemos que se han alineado los propósitos de una buena política pública, que busca allanar los baches -objetivo de esta y otras iniciativas anteriores-, con la voluntad de las autoridades regionales, como el gobernador de Atacama, señor Miguel Vargas , para comprar terrenos, simplificando el gran problema que supone la búsqueda de terrenos disponibles para la construcción de viviendas. A ello se suman otras autoridades regionales, como la seremi de Vivienda de Atacama, el director del Serviu, las organizaciones sociales y el destacado trabajo de los comités de vivienda. En el caso de Atacama, destaco a don Roberto Tapia Castillo , quien trabaja activamente en la solución de los problemas que afectan a esos comités. A ello se une la labor legislativa de simplificar procedimientos, sin dejar de lado la profundidad que requieren los estudios, la fiscalización y las exigencias para construir viviendas.

Considero que vamos por el camino correcto, allanándolo para que en el futuro, ojalá, se sigan construyendo tantas o más viviendas que las que se están implementando en este gobierno, a través del Plan de Emergencia Habitacional. Cuando hay una autoridad que conoce a fondo el tema, se allana este tipo de dificultades.

Reitero que vamos a votar a favor y vamos a seguir trabajando para que más chilenos y chilenas -en mi caso, de Atacama- accedan a la vivienda propia de carácter social.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señorita Presidenta, el exceso de burocracia es una de las principales causas de la falta de crecimiento y del deterioro económico de nuestro país, burocracia a la que hoy en día, metafóricamente y casi con intenciones de elegancia, le hemos puesto el nombre de permisología. Sin embargo, sigue siendo lo mismo que antes, pero con más trabas, manteniendo nuestra economía estancada.

La construcción, uno de los principales motores de nuestra economía y de la generación de empleos, se ha visto fuertemente afectada por este exceso de burocracia que, en muchos casos, provoca una demora de hasta 34 meses en la obtención de permisos. Si a esto agregamos el IVA a la construcción, establecido en la última reforma tributaria, podemos afirmar que la suma de estos dos factores representa, aproximadamente, el 30 por ciento del valor de una construcción.

Este proyecto pretende reducir los tiempos de obtención de permisos y de recepciones, dándole mayor movilidad al rubro de la construcción, acelerando la ejecución de obras y reduciendo en parte su costo. Es un proyecto de permisología sectorial concreto que, sin ansias de solucionarlo todo, incorpora algunos elementos que den dinamismo, reactivación del sector y que, por añadidura, generen empleo.

Sin embargo, hay indicaciones que se introdujeron en el Senado que han obviado algunos aspectos aprobados por la Cámara de Diputados que son indispensables para lograr los claros objetivos de este proyecto. Por eso, he pedido votación separada, para que estas indicaciones sean discutidas en una comisión mixta.

No perdamos la oportunidad de mejorar lo que venimos construyendo, y logremos que este proyecto de ley sea realmente efectivo.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo al ministro presente.

Este proyecto de mi autoría lo presenté en noviembre de 2022 para ir en ayuda de muchas pequeñas y medianas empresas constructoras e inmobiliarias que estaban desesperadas por la entrada en vigencia de la reducción del IVA en la construcción, la cual iba a generar una debacle en la inversión inmobiliaria, principalmente en las viviendas afectas al decreto supremo 19.

Agradezco al entonces Presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, diputado Jorge Saffirio , como también a quien lo sucedió en dicho cargo, el diputado Tomás Hirsch , por cuanto apoyaron la tramitación de este proyecto. Asimismo, mi agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de Vivienda, porque desarrollaron un diálogo realmente extraordinario que permitió sacar adelante este proyecto.

Esta iniciativa busca disminuir los plazos y sacar toda la grasa que tiene el sistema. Muchas veces, los trámites se duplican y hay algunos que no se entiende por qué se deben realizar. ¿A quién afecta esta situación? Primero, afecta a los comités de vivienda. ¿Cuántos casos conocemos de comités de vivienda que, teniendo el subsidio en la mano, deben ir a mendigar al gobierno regional o al mismo Serviu por el complemento? ¿Por qué? Porque los plazos les están matando el proyecto.

Estos mismos plazos, esta misma grasa, son los que también impiden que la gente de clase media pueda optar a la compra de una vivienda a través de un crédito hipotecario. Si disminuyen los plazos, se disminuyen los costos, lo que favorece el precio final. Al bajar los precios, crece la posibilidad de optar a un crédito hipotecario.

En el Senado, se hicieron muchas correcciones, a través de indicaciones, con las cuales estoy de acuerdo. Sin embargo, hay algunas -como se lo mencioné al señor ministro- en las que queremos pedir votación separada, porque nuestra intención es tener un procedimiento más limpio y ágil. Al final del día, este proyecto busca agilizar el cumplimiento del sueño de la casa propia.

Por eso, voy a votar a favor muchas de las modificaciones del Senado a este proyecto, que es un tremendo avance.

No puedo dejar de reconocer la labor del equipo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del propio ministro, quienes se la jugaron por este proyecto. Creo que es uno de los pocos proyectos en donde ha habido un diálogo y se han alcanzado acuerdos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señorita Presidenta, este proyecto es absolutamente necesario y urgente.

Hay muchas cosas que revisar respecto de la normativa urbanística. Lamentablemente, tenemos una carencia y una emergencia habitacional, tal como se ha señalado. Esta situación no solo afecta a los sectores más vulnerables, sino también a grandes sectores de la población, pues se ha dejado de construir casas en nuestro país.

Como lo señalaba recién un colega, el sistema se ha burocratizado de tal manera que han subido los costos, y son las familias las que costean ese encarecimiento, impidiendo muchas veces que se cumpla el sueño más grande que puede tener cualquier familia: la casa propia. Hoy este sueño es prácticamente imposible de concretar para muchas familias.

Lamentablemente, nuestra legislación urbanística tiene muchas complicaciones, debido a la cantidad de leyes que participan en ella. Primero, la Ley General de Urbanismo y Construcciones; luego, la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones, y, por último, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. El conjunto de estas normas ha generado una burocracia normativa que hace imposible, muchas veces, sacar proyectos adelante.

Lo más complejo es que muchas de las disposiciones quedan a discreción de los directores de Obras Municipales, quienes sancionan de una manera determinada en un caso y de una manera totalmente distinta en otro. La discrecionalidad con la que se actúa puede generar oscuras situaciones que enturbien el sistema.

Sin duda, hay que generar normas que agilicen y desburocraticen el sistema. Lamentablemente, hay comités de vivienda que esperan veinte o veinticinco años. Por ejemplo, el comité de vivienda de Calle Larga ha esperado veintidós años. ¡Imagínese lo que significa para un comité de vivienda esperar veintidós años! Y ello ocurrió simplemente porque tuvo que sortear la normativa urbanística.

Lo mismo ha pasado en Panquehue, más precisamente en El Escorial.

Esto es algo concreto que de verdad está echando por la borda el sueño de miles de familias que lo único que quieren es tener su casa propia y que ven que, lamentablemente, a pesar de que muchas veces existen terrenos, condiciones y subsidios aprobados, no pueden construir, porque la normativa es demasiado engorrosa y lo hace imposible.

Aplaudo y saludo medidas que vayan precisamente en la perspectiva de simplificar los procesos normativos, para que la gente pueda, de una vez por todas, aspirar a concretar el sueño más grande que puede tener cualquier familia chilena: la vivienda propia.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Hugo Rey .

El señor REY .-

Señorita Presidenta, hoy discutimos una modificación muy importante a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que no solo busca agilizar trámites, sino también saldar una deuda histórica. Al menos eso esperamos, sobre todo en el mundo rural, que es donde más espera ha tenido este proyecto por parte de muchos grupos.

Durante años, familias de sectores rurales, como en la Región del Maule, han luchado por su derecho a la vivienda, algunas esperando más de quince o veinte años. Esas comunidades no han contado con el apoyo y agilidad del Estado, a pesar de que han financiado terrenos con sacrificios personales, a través de rifas y bingos. Ese esfuerzo no ha sido valorado ni respaldado por muchos gobiernos. El abandono del mundo rural es una realidad dolorosa. No se trata solo de caminos deteriorados o falta de transporte público, sino también de la negación del derecho básico al acceso a la vivienda digna.

Hemos sido rápidos para imponer cambios en sus costumbres, pero lentos y negligentes para dar soluciones a sus necesidades reales. El sueño de la casa propia, en el mundo rural, se ha convertido en una pesadilla interminable, y el Estado ha sido cómplice de ese sufrimiento.

Este proyecto de ley es un avance, pues establece plazos y reduce la burocracia respecto de dichos plazos en los trámites de construcción; sin embargo, no es suficiente. Necesitamos una política pública que realmente atienda las necesidades de los grupos habitacionales rurales, con un enfoque decidido y concreto que, finalmente, logre que sus integrantes accedan a la vivienda.

No podemos seguir postergando la esperanza de esas familias. Es nuestra responsabilidad exigirle al gobierno que actúe de manera urgente. El mundo rural no puede seguir siendo invisible. Es hora de que el Estado cumpla con su deber y garantice que las comunidades puedan concretar su legítimo derecho a una vivienda digna.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Héctor Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, quiero felicitar la propuesta del diputado Fuenzalida , porque, efectivamente, tal como él mismo señaló, esto no tiene color político.

Hace muy poco tiempo, creo que hace una semana, leímos por la prensa que, lamentablemente, el índice de productividad en nuestro país ha caído; sin embargo, ese índice ha caído en los últimos diez años, es decir, en este gobierno y en el gobierno anterior.

En definitiva, tenemos que dinamizar nuestra economía, sobre todo en el sector inmobiliario. No se trata solamente de agilizar proyectos importantes, sino de que la gente pueda acceder a la casa propia en el menor tiempo posible.

Hoy día, lamentablemente, somos el segundo país más burocrático entre los que integran la OCDE. Por lo tanto, bienvenido sea todo lo que tienda a flexibilizar, sancionar por incumplimiento de plazo y desburocratizar los trámites ante la dirección de obras, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el Ministerio del Medio Ambiente para desarrollar proyectos. Coloco un ejemplo respecto de adónde apunta este proyecto. El artículo 118 dice: “La Dirección de Obras Municipales dispondrá de un plazo de treinta días, contado desde la presentación de la solicitud y sus antecedentes, para pronunciarse sobre los permisos de construcción. El plazo antes indicado será de sesenta días en proyectos cuya carga de ocupación sea igual o superior a 1.000 personas.

Los plazos señalados en el inciso anterior se reducirán a la mitad si a la solicitud se acompaña el informe favorable de un revisor independiente.”.

La iniciativa apunta a eso, a mejorar, flexibilizar, desburocratizar los proyectos que son tan importantes para acceder al sueño de la casa propia.

Sin duda, quedan temas pendientes. El ministro lo sabe, porque lo hemos conversado fuera de esta Sala. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los informes de mitigación vial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones? Otro trámite tortuoso, interminable, etcétera. También tenemos que meter mano a ese tipo de temas, para que avancemos realmente como país y económicamente tengamos la posibilidad de desarrollar proyectos en el menor tiempo posible.

Tenemos que satisfacer la demanda habitacional, la que cada día nos presiona más con el déficit. Por mucho que avancemos en el Plan de Emergencia Habitacional, el déficit se acrecienta cada día más. Por tanto, tenemos que atacar estos temas de una manera rápida, eficiente y urgente. A eso apunta este proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Marta González .

La señorita GONZÁLEZ (doña Marta) .-

Señorita Presidenta, sin duda, saludo todo lo que se ha hecho en el proceso de la emergencia habitacional.

Al mismo tiempo, debo señalar cómo, en forma irrisoria, nuestro país ha llegado a estos niveles de déficit habitacional. Con mucha vergüenza hemos visto cómo comités con más de veinte años de existencia, incluso treinta años, esperan por una solución habitacional. También hemos visto cómo han crecido los asentamientos precarios o campamentos en todo nuestro país.

Es una batalla grande y ambiciosa que el ministro ha sabido llevar adelante. En esa línea, ha sabido ordenar y regular correctamente, primero, el mercado, el banco de suelos, a efectos de terminar con la especulación del suelo, que también es un tema medular para avanzar en la emergencia habitacional.

Este proyecto también va en la línea de optimizar los procesos, de poder ser más eficientes y más eficaces a la hora de construir viviendas y ordenar efectivamente la burocracia que limita a las empresas a invertir en la construcción de viviendas.

Sin embargo, tenemos que mantener el equilibrio entre un proceso eficiente y ordenado, y otro que siga asegurando la calidad de las viviendas, la calidad de lo que se entrega. Se debe asegurar en todo el proceso que efectivamente las familias, que son los beneficiarios últimos, se van a encontrar con una vivienda digna, con condiciones acordes a los estándares que se han impuesto.

En ese sentido, hoy día debo saludar lo que se está haciendo en la Región de O'Higgins, en términos de ir ordenando los procesos. Nos encontrábamos con distintos vacíos, incluso con inmobiliarias inescrupulosas que lucraban con los sueños de la vivienda y hacían esperar a los comités mucho más de lo debido, mientras tomaban otros proyectos. Son cosas que tenemos que normar y erradicar de nuestro sistema, para que efectivamente el lucro excesivo con un bien tan vital como la vivienda se pueda regular de mejor manera.

Asimismo, saludo lo que han hecho el director del Serviu de la Región de O'Higgins y el seremi de Vivienda y Urbanismo de la zona, pero también, por supuesto, el trabajo que mancomunadamente hacen los dirigentes y las dirigentas de comités, que hoy día tienen que estar golpeando muchas puertas, con mucha perseverancia, para lograr el sueño de la casa propia. Esperamos que los tiempos se acorten lo más posible.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señorita Presidenta, este proyecto apunta a ayudar a un objetivo que todos compartimos en esta Sala: cumplir el anhelo de miles de familias chilenas que sueñan con tener su casa propia.

Sabemos que una de las grandes dificultades que enfrentan las familias es la falta de oferta de vivienda. ¿Pero qué hace el Estado? Poner trabas burocráticas. Por eso, debemos liberar a las empresas constructoras de esa burocracia y lentitud en la tramitación de permisos y documentos esenciales, para que puedan contribuir a entregar soluciones a nuestras familias.

Este proyecto busca, precisamente, atacar esos problemas, simplificando los procedimientos y reduciendo las demoras injustificadas.

Estamos convencidos de que la vivienda debe ser accesible y que el Estado tiene el deber de facilitar las condiciones para su desarrollo. Por eso, las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que se proponen agilizan la aprobación de permisos y, muy importante, responsabilizan a los organismos que no cumplan con los plazos.

Es fundamental establecer reglas claras para todos los actores involucrados en el sector de la construcción; es hora de acabar con la incertidumbre y discrecionalidad en las decisiones municipales que tanto afectan y retrasan los proyectos.

Este proyecto, además, reconoce un importante rol en profesionales independientes, como los revisores técnicos, quienes no son funcionarios públicos, pero juegan un papel fundamental en el desarrollo urbano. Les estamos dando un marco más seguro y transparente, liberándolos de la discrecionalidad –insisto- y facilitando su labor, lo que, sin duda, beneficiará a todo el sector y, por ende, a las familias chilenas.

Con esta iniciativa buscamos no solo reducir plazos y eliminar trámites innecesarios, sino también darles certeza a las personas, a las familias y a las empresas para que tengan reglas del juego claras y justas.

Queremos un desarrollo urbano más eficiente, pero, por sobre todo, que el sueño de la casa propia sea una realidad para los chilenos. Este es un paso firme en ese objetivo.

Valoramos y apoyaremos este proyecto en beneficio de Chile y su gente.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes .

El señor CIFUENTES.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, como nobleza obliga, quiero saludar al ministro de Vivienda y Urbanismo, y reconocer que aquí hay un espacio en que este gobierno ha implementado un plan que está teniendo resultados. Ya es posible mirar lo que está ocurriendo en la Región de Coquimbo y en las otras regiones del país, donde se han ido resolviendo problemas históricos que habían detenido proyectos por más de treinta años, como en el caso de Ovalle, donde una población de casi quinientas viviendas en el sector de El Trébol hoy está en plena construcción, porque, en verdad, ahí se ha puesto voluntad.

Sin embargo, no es posible seguir con una tasa de crecimiento interesante si no somos capaces de ir desatando algunos nudos gordianos que hacen que, en la construcción de viviendas, así como en otros sectores en materia de producción, la permisología nos ahogue y nos impida resolver un problema que a veces no tiene que ver tanto con la existencia o no de recursos, sino, más bien, con la tramitación.

Desde ese punto de vista -nobleza obliga-, también quiero reconocer al diputado Juan Fuenzalida , a mi colega de la Región de Coquimbo, por esta iniciativa. Es bueno que cuando los parlamentarios hacen propuestas de este estilo, independientemente del sector o de las diferencias políticas que tengamos, ese hecho sea reconocido.

Creo que vamos en la línea correcta, pero no basta con este proyecto de ley. Sin duda, este proyecto es un avance, porque va a agilizar muchas materias, pero todavía tenemos problemas en la gestión de suelos. Al respecto, hemos conversado con el ministro. Por consiguiente, sabemos que se está haciendo un esfuerzo incluso en el ministerio, con un banco de suelos que va en la dirección correcta. Pero esta es una cosa muy dinámica que hay que ir viendo paso a paso, porque cada día van surgiendo más problemas y también más oportunidades. Me alegra que aprobemos este proyecto de ley con un consenso tan amplio, como se ha escuchado en esta Sala.

Lo que viene ahora es la gestión de la ciudad. Todavía tenemos problemas con el tránsito. ¿Cómo vinculamos a las nuevas poblaciones que, desgraciadamente, están alejadas de los centros urbanos, con la movilidad necesaria? Hemos inaugurado viviendas que quedan sin tránsito, y se genera una dificultad muy significativa para que las personas puedan llegar a sus nuevas viviendas.

Ministro, hay muchos problemas como ese, y usted los conoce, pero tenemos que ir resolviéndolos de a uno. Sin duda, este proyecto es una muy buena solución. Por supuesto que lo vamos aprobar con mucho agrado.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al señor ministro, quien nos acompaña en la discusión de esta iniciativa.

Claramente, este proyecto tiene un apoyo transversal, porque simplifica y agiliza procedimientos administrativos vinculados con la construcción y responsabiliza a los organismos intervinientes de las demoras injustificadas en documentación.

Esto es tremendamente importante, porque hoy el gran problema que permanentemente enfrentan muchos proyectos habitacionales son las direcciones de obras municipales. Este proyecto contempla entregar potestad a las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo frente a las reclamaciones interpuestas por particulares en contra de resoluciones de las direcciones de obras municipales.

Dicho esto, apoyando este proyecto, creo que también nos debemos un debate un poco mayor en esta materia. En ese sentido, debemos pedir al señor ministro -por su intermedio, Presidenta- que se considere una reforma o una modificación a las direcciones de obras municipales. Lamentablemente, hoy estos organismos son un enclave burocrático que no permite agilizar proyectos particulares y tampoco permite agilizar proyectos sociales que han tenido una gran espera y han sido una gran necesidad para familias de nuestra región.

Particularmente, represento a la Región de Aysén. En este minuto tenemos una contingencia en la región con la Chacra G, un proyecto en Coyhaique que contempla el crecimiento de la ciudad para 1.420 familias. Resulta que, luego de pasar toda la tramitación por el Serviu y por todos los organismos técnicos y las entidades patrocinantes, y después de realizar las correcciones de las observaciones, el proyecto llegó a la dirección de obras municipales y fue rechazado nuevamente. Esto genera un retraso en la expectativa de las familias más humildes de nuestra región y de nuestro país en materia de vivienda.

Una situación similar se va a ver con el proyecto de la Chacra 41, también en Coyhaique. También estamos con algunas complicaciones en el proyecto de Villa Frei, donde se contemplan cien familias que podrán tener sus viviendas con alcantarillados y con plantas de tratamiento, que también se están regulando y consiguiendo a través del Gobierno Regional, y también en otros proyectos en Aysén. Siempre estamos topando con la burocracia y con la visión estricta de la dirección de obras municipales, que obstaculiza que avancen estos proyectos sociales tan importantes.

Ahora, respecto del debate que hoy nos congrega, por supuesto, vamos a apoyar esta iniciativa desde nuestra bancada.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al señor ministro de Vivienda y Urbanismo, a los colegas parlamentarios y, por supuesto, a los funcionarios de la Corporación.

Este proyecto de ley, que es uno de los más importantes que hemos visto últimamente, disminuye los plazos y agiliza los distintos trámites para apoyar a los comités de vivienda; es decir, simplifica los procedimientos y da las facilidades para que las distintas familias puedan concretar el sueño de la casa propia.

Sin ir más lejos, hoy los comités habitacionales de Collipulli Progreso y Esfuerzo por mi Casa, cuya presidenta es Paulina Muñoz , y Santa Fe , cuya presidenta es María Morales, estuvieron reunidos con todos los socios para abordar la reunión de sanción y dar el visto bueno a los antecedentes sociales y técnicos de las que serán sus futuras viviendas.

Señorita Presidenta, por su intermedio quiero agradecer al ministro de Vivienda y Urbanismo la agilidad con que se ha ido avanzando en estos proyectos en la comuna de Collipulli. Eso demuestra que trabajando unidos y con eficiencia podemos sacar adelante grandes proyectos habitacionales para la Región de La Araucanía, que represento.

Por esas 282 familias debemos agilizar los plazos, eliminar la burocracia y aprobar esta iniciativa que permitirá reducir los plazos para que las familias puedan tener su vivienda propia y puedan construir un hogar. Por esta razón, votaré con firmeza a favor esta iniciativa, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento.

Esas familias seguirán contando con mi apoyo para que el sueño de la casa propia deje de ser solo un sueño y se transforme en una realidad.

Por último, quiero hacer un llamado a todos mis colegas parlamentarios para que trabajemos por los reales problemas de la gente y, sin colores políticos, legislemos para las familias más vulnerables y de clase media. Esta es una real muestra de eso.

Por último, si agilizamos los procesos, vamos a tener mano de obra, particularmente en la Región de La Araucanía, donde hoy tenemos una alta cesantía y se requiere con urgencia mano de obra y trabajo para nuestra gente.

Anuncio que votaré a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señorita Presidenta, varios colegas señalaron que existe un consenso bastante asentado respecto de este proyecto, porque -también lo pidió en el final de su alocución el diputado Beltrán - debemos abocarnos a aquellas cosas que realmente urgen a los chilenos. La crisis de la vivienda es una de esas urgencias, y qué bueno que estemos alcanzando los consensos necesarios para eliminar ciertas trabas burocráticas.

Tengo un problema semántico con la palabra “permisología”, porque le pone un tinte muy positivo a una cuestión muy negativa: la excesiva burocracia. Esa es la permisología. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Que el Estado termina haciéndose trampa en el solitario, porque quien más debería estar preocupado por avanzar en solucionar la crisis habitacional de nuestro país es el Estado. En este caso, el propio ministro de Vivienda y Urbanismo es quien ha llevado adelante este proyecto, con el cual lo que estamos haciendo es eliminar esas trampas -por así decirlo- que el mismo Estado se hace. La modernización del Estado justamente consiste en eso: eliminar aquellas trampas que nos hacemos y que multiplican los tiempos de espera.

Ahora, pongámonos en los zapatos de los cientos de miles de familias que esperan una casa propia. Ellas saben -más o menos- cuáles son los trámites que deben realizar y los plazos que tienen que esperar; sin embargo, cuando hay demoras, no obtienen respuestas, porque las respuestas siempre son técnicas, son cuestiones que a cualquiera que no se maneje en estos vericuetos de la burocracia le cuesta entender. Por lo mismo, luego vienen las recriminaciones.

A mi juicio, con el proyecto se avanza en varios puntos importantes, pero también debemos avanzar en gestionar algunas otras cosas que van más allá o, mejor dicho, que hoy están en posición de ser gestionadas por el Serviu o por el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, lo relativo al uso de los suelos, tema que recientemente planteé al propio ministro y que en Cerro Navia es un problema. Hay 900 familias esperando. Cuando les pregunto cómo va el proyecto del fundo Santa Elvira , me responden: “No sabemos por qué se demoran”. Y así, preguntando, uno más o menos puede entender.

Celebro y felicito al gobierno por haber sacado adelante este proyecto, que vamos a votar a favor, pero también lo insto a que avancemos en las cosas que hoy está en su poder sacar adelante.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señorita Presidenta, en lo personal, considero que hoy es un día muy especial y particular, sobre todo cuando uno escucha a la gran mayoría de los colegas darle sentido a lo que vinimos a hacer aquí: trabajar por lo importante, como decía José Carlos , y preocuparnos por lo que la gente realmente quiere.

Este proyecto es una gran noticia para los comités de vivienda de nuestro país. Soy un diputado de La Araucanía y debo reconocer que mi principal trabajo, producto de mi profesión, tiene que ver con la vivienda. Por ello trabajo con muchos comités de vivienda.

Recuerdo una reunión con el ministro Montes cuando comenzamos esta legislatura -en el primer período me tocó presidir la Comisión de Vivienda-, en la que nos sentamos con parte de su equipo para ver qué podíamos hacer para avanzar con mayor rapidez en el tema de vivienda. Él me dijo: “Estamos llenos de nudos críticos, estamos llenos de problemas para poder avanzar. Te pido que veas en La Araucanía cuáles son los nudos críticos que tienen allá, como un aporte para una próxima reunión”. Pasaron dos semanas y nos juntamos nuevamente. Fueron alrededor de 40 a 50 los nudos críticos que, junto a la Cámara Chilena de la Construcción, estimábamos que provocaban esta lentitud gigantesca para avanzar. El ministro, con su experiencia, sacó un listado de cerca de 60 nudos críticos. Estamos llenos de nudos críticos. Por eso es tan importante lo que ocurre hoy.

Sin embargo, me pregunto por qué nos cuesta tanto. El actual Presidente de la Comisión de Vivienda, el diputado Fuenzalida , lo dijo: “Casi dos años nos costó llegar a esto. Estamos recién comenzando, en la mitad de este período presidencial”. No obstante, estamos todos contentos porque estamos haciendo algo que va directamente en beneficio de la gente. Así, cuando nos reunamos con los comités, y nos pregunten por qué nos demoramos tanto tiempo, 10 o 12 años, podremos decirles: “Miren, estamos avanzando y los tiempos se van a ir acortando”.

Gracias, ministro, por su aporte, gracias por el esfuerzo, y también gracias a nuestro Presidente por toda su gestión.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señorita Presidenta, quiero sumarme a lo que acaba de decir el diputado Saffirio y agradecer al ministro Montes , porque ha sido siempre muy activo y muy generoso cuando uno le habla de los problemas de vivienda de su distrito.

También le agradezco una noticia que me acaba de dar: resulta que en Chile se están haciendo casas prefabricadas. El ministro Montes me dice que se han construido 5.600. Aprovecho de decir esto para pedirles encarecidamente y con mucha consideración a los periodistas que está bien que cuenten los muertos, pero que consideren que no solamente eso pasa en Chile. También tenemos esta maravillosa noticia que me acaba de contar el ministro.

Yo pregunté cuándo van a hacer casas prefabricadas, pero resulta que las están construyendo desde hace no sé cuánto tiempo. Sin embargo, eso no sale en las noticias. No se trata de tapar la realidad de la delincuencia y el desbande, sino de equilibrar las noticias.

Muchas gracias, ministro Montes .

He dicho.

El señor MATHESON.-

Señorita Presidenta, pido la palabra.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señorita Presidenta, en virtud del compromiso que ha hecho el ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes , de presentar un proyecto de ley en un plazo de 15 días y con discusión inmediata, que va a abarcar todos los aspectos que trataba esta iniciativa, retiro todas las solicitudes de votaciones separadas.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Gracias, señor diputado.

Entonces, quedan retiradas de la minuta las votaciones consignadas con los números 2, 3, 4, 5, 6 y 8.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señorita Presidenta, debido al compromiso que asumió el ministro de Vivienda y Urbanismo de que en dos semanas presentará un proyecto de ley al cual se le dará urgencia de discusión inmediata, también desde nuestra bancada retiramos nuestras tres solicitudes de votaciones separadas. De esa forma, todas las solicitudes de votaciones separadas quedan sin efecto y debería cerrarse la votación. He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 21.091, para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior, correspondiente al boletín N° 15831-04.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificación del Senado, sesión 72ª de la presente legislatura, en miércoles 4 de septiembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 17.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señorita Presidenta, en nuestro país la educación superior ve día a día una serie de obstáculos que las y los jóvenes enfrentan, algo que se hace extensible también a personas adultas que buscan perfeccionar su conocimiento y hacer frente a las exigencias en el ámbito laboral en relación con la formación.

Nos encontramos con una realidad extremadamente compleja, que nos parece que es uno de los grandes desafíos de hoy y también del futuro. Aranceles y matrículas inabordables, muchas veces insostenibles a lo largo del proceso, es una de las causas importantes de la deserción, de congelar carreras, algo que en estratos con menos poder económico se acentúa y que, lamentablemente, determina el futuro, alejándonos totalmente de lo académico y lo vocacional.

No puede ser que en nuestro país mujeres y hombres queden sin la posibilidad de terminar sus carreras porque no tienen el dinero para costear un examen de grado. Eso demuestra que tenemos un camino muy largo enfrente para garantizar algo que debe ser un derecho.

Hoy, cuando hablamos de temas tan relevantes como enfrentar la deuda por concepto del CAE, que afecta a miles de chilenas y chilenos, nos parece una buena noticia este proyecto de ley, que prohíbe que la rendición de este tipo de exámenes de culminación y la entrega de títulos estén supeditadas o condicionadas al pago de deudas arancelarias.

Si bien como país tenemos jurisprudencia al respecto, nos parece muy relevante actualizar nuestra normativa y así dar certeza, poniendo en el centro la capacidad académica y no el poder económico.

Esperamos que este proyecto de ley sea el inicio para brindar garantías ciertas que aseguren el derecho a la educación, en especial a la educación superior.

Hoy, muchas mujeres, madres, jefas de hogar merecen el reconocimiento de procesos que están llenos de sacrificios, trabajo, conocimientos, sueños y esperanzas.

Por eso, hacemos un llamado transversal a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, no es posible que una persona que dedica años de estudios para sacar su título universitario llegue al final de su carrera y que las instituciones de educación superior prohíban la entrega de los títulos por tener deudas con ellas.

No es posible que luego del enorme esfuerzo que realizan las familias por dar una educación a sus hijos, no solo a través del pago de las mensualidades, sino también muchas veces pagando pensiones, comprando materiales, educándolos con créditos para cubrir todo aquello que su hijo necesita para estudiar, la universidad les niegue la entrega del título universitario, diciéndoles que antes deben ponerse al día con el pago de sus deudas.

Es de sentido común entender que sin el título difícilmente un profesional tendrá la oportunidad de trabajar, y, por consiguiente, tendrá más complicaciones para pagar sus deudas. Es una falta de empatía que no podemos permitir.

Por eso, sepan los jóvenes y adultos que hoy se encuentran en esta situación que cuentan con este parlamentario, que cuentan con el diputado Juan Carlos Beltrán , para dar esta pelea frente a una injusticia, pues así la considero.

Por lo anterior, anuncio mi voto a favor del proyecto que prohíbe a las instituciones de educación superior condicionar la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos al pago de deudas arancelarias.

Debemos apoyar y proteger a quienes son el presente y, con toda seguridad, el futuro de nuestro querido país, Chile.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señorita Presidenta, durante todos estos años si hay algo que me ha identificado y caracterizado como dirigente, como político y como diputado es mi compromiso con la defensa de los derechos de las y los estudiantes de nuestro país. Reflejo de ello es el proyecto que sometemos a votación, el cual entrega una salida definitiva a una problemática que ha afligido a muchos y muchas estudiantes, quienes, en búsqueda de un mejor futuro para sus familias, ven la solución a través de la obtención de un título profesional o técnico, búsqueda que es obstaculizada no solo al momento de acceder a la educación técnica o superior, sino ahora también al momento de finalizarla, obviando todo el sacrificio y el esfuerzo que esto amerita.

Fue el año 2018, a través de la nueva Ley sobre Educación Superior, que se entregó una suerte de chipe libre para que muchas universidades, institutos y centros de formación técnica retuvieran e impidieran la titulación de cientos de estudiantes, teniendo únicamente como fundamento la existencia de deudas arancelarias. Y, a pesar de que nuestros tribunales han fallado en gran parte a favor de los estudiantes, existe un margen en que aquellos han resuelto simplemente ratificar esta medida.

Por eso, de más está decir que votaré a favor este proyecto, porque necesitamos terminar con esta facultad arbitraria y discriminatoria con que cuentan las distintas instituciones de educación superior, para así lograr avanzar hacia una sociedad más justa, en la que el tamaño de tu billetera no sea impedimento para lograr mejores oportunidades y desarrollar un proyecto de vida pleno.

Porque la educación es un derecho, voy a votar a favor. Hago un llamado a que este Congreso piense en esos miles y miles de estudiantes que están buscando una mejor oportunidad en la calle, en sus universidades y en sus institutos técnicos, y que no se las están dando. Y no se las están dando porque no tienen plata, porque no vienen de una buena familia y porque tienen que recurrir sí o sí a la deuda.

Hago un llamado a este Congreso a poner los pies en la tierra y a legislar por los y las estudiantes de nuestro país.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señorita Presidenta, hoy me dirijo a ustedes para abordar un tema que reviste especial importancia para el futuro de nuestros jóvenes, y en particular para aquellos estudiantes de Chiloé y de bajos recursos que enfrentan desafíos significativos en su camino hacia la educación superior.

Este proyecto de ley, que busca evitar que los estudiantes se vean imposibilitados de rendir sus exámenes de grado por deudas económicas, es un paso crucial hacia la equidad en nuestro sistema educativo.

Es innegable que la educación es un motor de movilidad social. Sin embargo, los jóvenes de mi distrito que provienen de comunidades con recursos limitados a menudo se encuentran en una encrucijada: por un lado, tienen el deseo y el potencial para obtener un título que les permita mejorar su calidad de vida; por otro, las barreras económicas que se interponen en su camino.

No podemos permitir que la falta de recursos económicos limite el desarrollo académico de estos estudiantes, quienes a pesar de las adversidades luchan por alcanzar sus sueños.

El propósito de este proyecto es claro: garantizar que el mérito académico de un estudiante no se vea empañado por dificultades financieras. Los estudiantes de bajos recursos, incluidos aquellos de la Región de Los Lagos, deben tener la oportunidad de demostrar sus capacidades sin el temor constante de que una deuda les impida culminar su formación.

Nos hemos comprometido a crear un sistema educativo inclusivo y este proyecto es un paso fundamental en esa dirección. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad del sistema de financiamiento actual; las altas tasas de morosidad del crédito con aval del estado son un reflejo de una situación compleja que requiere nuestra atención.

Muchos de estos estudiantes, incluso aquellos que logran titularse, enfrentan una dura realidad económica que les dificulta cumplir con sus obligaciones financieras. Es aquí donde debemos buscar un equilibrio. El gobierno tiene la responsabilidad de establecer mecanismos que aseguren que, una vez titulados, nuestros jóvenes puedan cumplir con sus deudas sin poner en riesgo su estabilidad financiera. Quizá sea el momento de explorar alternativas, como lo que ha sido la denominada “ley papito corazón”, para facilitar el pago de estas deudas de forma que no se conviertan en una carga insostenible.

Insto a cada uno de ustedes a considerar el impacto que este proyecto de ley tendrá en la vida de muchos jóvenes.

Es por eso que voy a votar a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano .

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señorita Presidenta, sin duda, estamos en un debate en el que no solo nos corresponde abordar el que hoy las instituciones pongan en prenda los títulos de los futuros profesionales de nuestro país, sino también abrir una discusión sobre un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.

Digo esto, porque creo que es clave cuando dentro de unas pocas semanas más enfrentaremos un proyecto que, sin duda, será parte fundamental de lo que significa el legado que puede dejar este Congreso Nacional a propósito de las deudas educativas.

Hoy nos enfrentamos a una discusión que es de vital importancia para miles de estudiantes de nuestro país. El proyecto de ley que hoy nos corresponde analizar modifica la ley N° 21.091 y es una respuesta urgente y necesaria frente a la injusticia que sufren estudiantes deudores, quienes ven frenado su derecho a completar su formación profesional debido a las deudas arancelarias.

Chile vive una verdadera crisis de endeudamiento estudiantil, y los datos hablan por sí solos. Más del 40 por ciento de los egresados con deudas del crédito con aval del Estado se encuentran en una situación de morosidad y la cifra aún más alarmante es que un 77 por ciento de ellos no logró terminar sus estudios de educación superior.

Esta carga económica no solo afecta a los desertores, sino también a quienes, habiendo concluido su formación, se ven imposibilitados de titularse.

Hoy, como legisladores y legisladoras tenemos la obligación de garantizar el derecho de la educación y que este no siga condicionado por la capacidad de pago.

La ley N° 21.091, promulgada el año 2018, dio el primer paso para proteger a aquellos que ya habían iniciado sus estudios antes de que dicho cuerpo legal entrara en vigor. Sin embargo, tal iniciativa no tomaba en consideración a quienes empezaban a estudiar de forma posterior a su promulgación.

El proyecto que ahora revisamos actualiza y refuerza el compromiso de no seguir subyugando la educación superior a las lógicas de mercado.

En ese sentido, es importante que hoy este Congreso Nacional ponga como primer objetivo sacar a los y las estudiantes de una situación que es claramente compleja, cual es que muchas veces ellos tienen que enfrentarse vía judicial a las casas de estudios para poder hacer valer sus títulos profesionales.

Creo que este es el primer paso a dar hoy por este Congreso Nacional: una señal de que la educación no puede seguir siendo subyugada a una obligación financiera.

No obstante, es relevante recalcar que es el Ejecutivo quien también tiene en sus manos el poder seguir avanzando en términos de justicia educativa, y esto tiene que ver con un compromiso en el sentido de promulgar en lo próximo un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, usted sabe que la misma ley que vamos a modificar establece como falta grave “modificar arbitrariamente los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales la institución de educación superior hubiere convenido con el estudiante la prestación de los servicios educativos o en forma tal que implique una prolongación de éstos”.

Este proyecto de ley lo que hace es modificar los términos de los contratos cerrados entre los estudiantes y las universidades.

Ahora, la motivación puede ser perfectamente válida, pero también tengamos presente una cosa: las universidades privadas también tienen que pagar sueldo; las universidades privadas tienen que mantener su infraestructura.

Entonces, ¿qué harán las universidades privadas respecto de estos deudores morosos? ¿Harán efectivo el aval del Estado? Es decir, ¿pagará el contribuyente por las deudas acumuladas? ¿Cómo funcionará todo esto?

Y, por otro lado, ¿qué pasa con aquellos que sí pagan sus cuotas? ¿Seguirán pagándolas si saben que no existe ningún impedimento para obtener su título o seguir dando las pruebas?

¿Vamos a incentivar aún más la morosidad?

¿Estamos siendo responsables aquí con el sistema universitario y con las finanzas públicas?

Soy un convencido de que Chile tiene un problema serio con su sistema universitario, sin duda. ¡Todo el mundo va a la universidad, en circunstancias de que nos faltan técnicos y gente calificada en otras materias! Hemos incentivado la universidad como si fuese la panacea para la solución de muchos problemas y muchos estudiantes entran a ella sin tener la calificación, porque efectivamente se ha transformado en un negocio.

Pero si se eliminan o se debilitan las fuentes de financiamiento, probablemente terminaremos quedándonos sin universidades privadas, y ahí estamos hablando de cientos de miles de estudiantes.

Ninguna universidad privada seguirá funcionando si empieza a entrar en pérdida, porque llega el momento en que el capital también se consume.

Entonces, no sé si le han dado las suficientes vueltas a este proyecto de ley, que suena maravilloso antes de las elecciones, pero que puede tener efectos devastadores para los propios estudiantes que quieren seguir yendo a la universidad, que quieren que su universidad no cierre, como en algún momento tuvo que hacerlo la Universidad Arcis.

¡No nos veamos la suerte entre gitanos! Ninguna institución funciona si no tiene asegurado su financiamiento, y no veo cómo después de aprobar este proyecto de ley se puede asegurar ese financiamiento.

Voy a votar en contra de este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider .

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señorita Presidenta, quiero partir mi intervención felicitando al autor de esta iniciativa, el diputado Luis Malla , quien me invitó a firmar este proyecto, que forma parte de las distintas propuestas que se han puesto sobre la mesa y que se han discutido en este Congreso para hacerse cargo de los insostenibles abusos que significan para las familias de nuestro país las deudas educativas.

La educación superior es uno de los legados, una de las herencias más valoradas por las familias de esfuerzo para sus hijos e hijas. Es uno de los legados que todas las familias de esfuerzo les quieren dejar a las futuras generaciones. Lamentablemente, en nuestro país, este sueño se ha convertido en una pesadilla, porque tenemos un sistema basado en la privatización de la educación superior, en la masificación inorgánica y sin planificación de la educación superior, en los créditos y en la deuda bancarizada.

Esto da como resultado que tenemos a muchos profesionales que no pueden trabajar en lo que estudiaron ni aportar al país en su área del conocimiento, sino más bien tienen que dedicarse al sector servicios o, derechamente, quedar cesantes. Esto genera un problema tremendo, no solo para el bolsillo de las familias afectadas, sino también para la economía nacional y el desarrollo del país. Por eso, es fundamental abrir pronto el debate del sistema de financiamiento de la educación superior.

Este proyecto de ley, al igual que muchos otros que se han discutido, como el proyecto de la diputada Camila Rojas denominado “chao Dicom”, destinado a sacar a las y los deudores educacionales de ese registro, son pasos importantes para ir alivianando la pesada mochila que tienen sobre sus hombros las y los estudiantes, pero no es suficiente.

¿Hasta cuándo en Chile les vamos a poner una carga tan pesada a quienes quieren estudiar y aportar al desarrollo de nuestro país, pero que no tienen los recursos para pagar los altísimos precios de la educación superior? Es insostenible.

Por concepto de créditos para estudiar, el Estado ya ha gastado cerca de 9 billones de pesos. Reitero: ¡9 billones de pesos! Esto es completamente ineficiente. El sistema de créditos actual requiere una reforma. Así como estamos dando un paso para terminar con los abusos dentro de las instituciones de educación superior, a través de este proyecto, es necesario que lo hagamos a nivel nacional.

El 56 por ciento de las y los deudores CAE gana menos de 750.000 pesos mensuales. Es una situación insostenible que los sigamos sometiendo a una deuda tan pesada que les impide desarrollar su vida luego de acceder a los estudios, que les impide, por ejemplo, acceder a una vivienda.

Como dije al principio de mi intervención, la educación superior es una de las herencias más deseadas por las familias de esfuerzo de nuestro país y desde la política tenemos que estar a la altura para terminar con los abusos a los que hemos sometido a los estudiantes y a sus familias.

Voy a aprobar este proyecto de ley, y espero que prontamente conozcamos la propuesta del gobierno para terminar con las deudas educativas y garantizar un nuevo mecanismo de financiamiento para acceder a la educación superior, sin los bancos, que ya se han hecho ricos con estas políticas, garantizando en serio el derecho a la educación.

Muchas gracias al diputado Malla por esta iniciativa.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señorita Presidenta, el tema en discusión es más de fondo y tiene que ver con las aspiraciones y las visiones de sociedad que tenemos quienes estamos en este hemiciclo. Están los que consideran que la educación es un derecho y aquellos que consideran que la educación es un bien de consumo, una mercancía.

Lamentablemente, a diferencia de los países desarrollados, en nuestro país la educación no es considerada un derecho como tal. No está garantizada constitucionalmente como debería estarlo y se ha transformado en una mercancía, y como tal solo está al alcance de aquellos que pueden pagar por esa mercancía. Por lo tanto, aquí hay un tema mucho más de fondo, incluso, que el que estamos discutiendo en términos particulares.

Nuestra visión de la sociedad y el rol que le damos a la educación, a la salud, a los derechos sociales que deben estar mínimamente garantizados por el Estado es la discusión de fondo.

En cuanto al proyecto, es de sentido común. A raíz de la mercantilización de la educación, cuando una persona hace este contrato con una casa estudiantil, queda endeudado, y si no paga, al igual que lo que ocurre con cualquier otro tipo de deuda a nivel nacional, se le demanda por incumplimiento y, por lo tanto, puede ser hasta ejecutado en sus bienes.

No obstante, como si eso fuera poco, no solo existe ese tipo de deuda, sino que se le fortalece, incluso mucho más, de manera discriminatoria y arbitraria. Es decir, es un bien de consumo mucho más garantizado que el resto de los bienes de consumo. ¡Y estamos hablando de un derecho social! Por eso, este tema debe ser debatido.

He escuchado decir a algunos que este proyecto traería una incertidumbre jurídica respecto de los contratantes y de las casas de estudio. ¡Pero si a las casas de estudio no se les quita la posibilidad de demandar en caso de incumplimiento del contrato! La pregunta de fondo es por qué se tiene que acrecentar mucho más la deuda de aquellos que no han pagado con la retención de sus títulos y con el hecho de no poder ser siquiera evaluados. Ya vendrá el momento de la ejecución del cumplimiento del contrato, aunque ojalá no fuera así.

Esas personas que han estudiado, que han realizado esfuerzos, sacrificios, no pueden verse vulnerados en su derecho a rendir sus exámenes o a recibir su título cuando lo han logrado.

Este proyecto garantiza una cuestión que va más allá del derecho a la educación: es una cuestión de sentido común, del sentido lógico de las cosas.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Cuello .

El señor CUELLO.-

Señorita Presidenta, nos encontramos ante una situación que pone de manifiesto una de las grandes contradicciones del sistema educativo: muchos estudiantes de educación superior, para rendir sus exámenes de grado o acceder al título, están condicionados al pago de sus deudas arancelarias.

Como consta en los testimonios de los estudiantes que fueron a la Comisión de Educación, esta ha sido una barrera injusta que profundiza la desigualdad y genera exclusión.

Acá no estamos hablando solamente de números, sino de estudiantes que han quedado atrapados en un ciclo de endeudamiento y de frustración, jóvenes que ven interrumpido su desarrollo profesional porque sus títulos, que ya han ganado con esfuerzo, les son retenidos como si fueran una mercancía. Es una contradicción abierta a las promesas de la sociedad en relación con la importancia del mérito.

A modo de ejemplo, menciono el caso de una estudiante de Valparaíso, que luego de egresar, en 2023, inició su proceso de titulación. Sin embargo, el 1 de agosto de 2023 se le comunicó por parte de la universidad que no podía dar curso a la entrega del título debido a la deuda de la colegiatura, que ascendería a una suma millonaria.

También tenemos el caso de un estudiante de una universidad pública del norte a quien se le condicionó la entrega de su título al pago de una deuda de 800.000 pesos. En ambos casos, afortunadamente, los fallos de la Corte Suprema fueron clarificadores y restablecieron el imperio del derecho. Sin embargo, la jurisprudencia de los tribunales no garantiza un freno definitivo a los abusos del mercado. De ahí la importancia de este proyecto de ley. El derecho a la educación debe ser protegido por sobre cualquier otro interés.

Este proyecto, que busca corregir una tremenda injusticia, forma parte de un debate mucho más profundo respecto del acceso a la educación superior y a su financiamiento. No podemos hablar de mérito ni de equidad mientras las deudas sigan determinando el acceso a un derecho social como es el derecho a la educación.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señorita Presidenta, permitir que los estudiantes se titulen o den sus exámenes de grado sin importar si tienen deudas de arancel con sus universidades es una tremenda idea que ojalá aprobemos por unanimidad en esta Sala.

¿Cuántos estudiantes ven frustrados su sueño de ser profesionales por no poder pagar la universidad? Muchas veces estas instituciones se aprovechan de esta situación para chantajear a los estudiantes con certificados o con sus propios exámenes de grado y títulos. Es una realidad que necesitamos resolver.

Hoy vamos a aprobar este proyecto por los miles de estudiantes que llevan años esperando una iniciativa como esta. Al mismo tiempo, quiero felicitar al diputado Luis Malla por impulsar esta medida y permitirme ser patrocinante de la misma.

Sin duda, la educación es la herramienta de cambio más importante que tenemos en la sociedad. No puedo dejar de considerar a los miles de estudiantes de mi región, la de Ñuble, con quienes el Estado aún mantiene una tremenda deuda educativa. Ellos se sienten abandonados y continúan en la búsqueda de oportunidades educacionales.

Quiero que los estudiantes de la Región de Ñuble sepan que seguimos trabajando por ellos. La birregionalidad de la Universidad del Bío-Bío es un tema que seguimos abordando. También esperamos que el Estado cumpla con la deuda relacionada con el centro de formación técnica estatal, una de las solicitudes que hemos impulsado desde que ejerzo como diputado de la región. Con el compromiso del Ejecutivo, ojalá podamos saldar esa deuda que el Estado de Chile tiene con nuestra región.

Porque la educación y el progreso son la base de la felicidad de los pueblos, hoy votaré a favor esta tremenda iniciativa. Reitero mi agradecimiento al diputado Luis Malla y espero que podamos aprobar este proyecto por unanimidad.

Muchas gracias.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señorita Presidenta, hay una anécdota que mencioné cuando discutimos este proyecto en una oportunidad anterior.

Manuel Rodríguez soñaba con dar clases en la universidad, por lo cual, en múltiples ocasiones, intentó obtener el grado de doctor que le permitiría cumplir ese deseo. Sin embargo, nunca logró juntar los 300 pesos que costaba ese grado. Por lo tanto, a pesar de ser un brillante abogado, nunca pudo acceder a ser doctor y, en consecuencia, nunca pudo dar clases en la universidad, porque no contaba con el dinero para ello.

Qué triste y vergonzosa anécdota, pero lo es aún más la herencia que nos entrega la historia de nuestro país. Manuel Rodríguez también fue víctima de la mala costumbre de anteponer el pago a la educación.

Creo que este proyecto es especial para invertir esa situación, para que a quienes no tienen cómo pagar, por distintas circunstancias, no se les niegue rendir evaluaciones o recibir sus títulos.

Los diputados y diputadas lo han dicho anteriormente: hay jurisprudencia sobre este asunto. Diferentes organismos han señalado que no se puede negar la rendición de evaluaciones o la entrega de títulos. Sin embargo, parece fundamental que esto se convierta en ley, precisamente porque existe esa jurisprudencia, para que las instituciones no tomen represalias contra aquellos estudiantes que no han podido pagar su educación.

Considero que este proyecto es importante y va en la dirección correcta al entender la educación como un derecho, poniendo en el centro la situación de los estudiantes que enfrentan esta problemática, los que, muchas veces, cargan mochilas muy pesadas. Además, está en plena concordancia con lo que el gobierno se ha comprometido a hacer, esto es, ingresar proyectos relacionados con terminar con las deudas educativas, el fin del CAE, las deudas de educación superior y los créditos en general, y con sacar a los bancos de la educación.

Es fundamental entender la educación como un derecho que no debe estar supeditado a los bolsillos de cada quien. También es necesario que saquemos a los bancos de la educación.

Considero que este es un proyecto muy importante. Agradezco al diputado Luis Malla que lo haya presentado, y espero que podamos avanzar en esta dirección.

Muchas gracias.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señorita Presidenta, aquí hay un tema profundo sobre cómo se financia la educación, pero la contracara del financiamiento es el gasto, es decir, cómo entra y cómo sale plata. Veo aquí a muchos muy preocupados de cómo cobrar, pero con cero preocupación sobre cómo gastar, cuando en algunas universidades hay personas que se dan el lujo de cobrar sueldos millonarios sin dar ni 30 segundos de clase. Tenemos a personas a las que se les ha pedido mostrar sus supuestos títulos y la propia universidad se niega, pero los sueldos millonarios corren. Hay quienes se toman años sabáticos sin dar explicaciones a nadie, pero los sueldos millonarios corren. ¿Por qué no le ponemos ojo a eso también? Qué injusticia es que los estudiantes, que hoy se lamentan por no poder titularse y continuar sus estudios por falta de recursos, financien a esos verdaderos zánganos, a esos verdaderos chupasangres, que se hacen millonarios sin trabajar un día a nadie, pero que reciben sueldos millonarios.

Les creeré su preocupación por el bolsillo de los estudiantes y los chilenos cuando también pongan ojo en esta chorrera de millones que se pierden y se esfuman. ¿Cuándo alguien ha controlado cómo se esfuma esa plata? ¿Cuántos están dispuestos a preguntarle a las universidades cuántos de sus profesores imparten clases y cuánto nos cuestan esas horas de clases? ¿Cuántos hacen investigación, pero investigación en serio, no de la Universidad de Chile? ¿Se acuerdan de esas famosas tesis? ¿Eso es lo que estamos financiando?

Creo que una injusticia que también hay que investigar es el malgasto de plata y recursos, no solo en las universidades estatales, donde hay plata de todos los chilenos, sino también en las universidades privadas. Recordemos que la Arcis era bien privada.

Muchas gracias.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señorita Presidenta, como mencionaron colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, estos proyectos son de toda lógica y sentido común. En algún minuto se debe poner fin a esta discriminación y a la falta de comprensión sobre lo difícil que es en Chile acceder a la universidad y a la educación superior.

Recordemos que no hace muchos años el acceso a la universidad era limitado a muy pocas personas en nuestro país, y muchos de los que hoy estamos aquí, de mi generación, fuimos los primeros en llegar a la educación superior, los primeros en nuestras familias.

El acceso a la educación superior sigue siendo difícil, con obstáculos, y se considera en nuestro país como un bien de consumo, como dijo un expresidente. Por ello, este proyecto viene a hacer justicia. Muchos abogan por la meritocracia y afirman que la gente no se esfuerza, pero cuando las personas, los jóvenes hacen el esfuerzo, se encuentran con trabas y más trabas, con intereses sobre intereses y con aranceles sobre aranceles.

Es muy especial la forma en que se concibe la economía en nuestro país. Cuando recién hoy tenemos un sueldo mínimo de quinientos mil pesos y aranceles en la educación superior que están por sobre esa cifra, es difícil entender cómo algunas fuerzas políticas visionan el desarrollo de nuestro país.

Los países sin educación no tienen posibilidad de desarrollarse. Los países sin educación están destinados a ser presa fácil de todo lo que hoy estamos viendo: del narcotráfico, del crimen organizado y de las distintas plagas que se van comiendo a los países cuando estos no invierten en educación.

Deberíamos retornar a aquellos presidentes que decían: “Educación, educación y educación”. La educación es la base del crecimiento y del desarrollo de nuestro país. Si nosotros no somos capaces de entender la educación como un acceso básico para todos los jóvenes de nuestro país, estamos destinados a caer en esas garras.

Celebro este proyecto de ley. Por supuesto que votaré a favor, porque la educación no es un bien de consumo.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara de Diputados, fue un acuerdo unánime de la Sala, pedido por la Presidenta en atención a que, cuando partimos la sesión, el Orden del Día iba a terminar pasadas las 20:00 horas.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para continuar la discusión, tiene la palabra la diputada Ericka Ñanco .

La señorita ÑANCO (doña Ericka) .-

Señor Presidente, hay una canción que dice: “Cesante, linda palabra, tiene un gusto a humillación, huele a pasto resollado y pesa como una carga.”.

Cuando una familia de esfuerzo logra que su hijo o hija ingrese a la universidad, esto se transforma en la mayor muestra de orgullo para esa familia, pues refleja todo lo que ha logrado con esfuerzo. Así lo vivimos en mi familia cuando mi hermana mayor logró ingresar a la universidad. La carrera de derecho fue su principal opción. En ese instante mis padres quedaron cesantes. Por esa situación que vivimos como familia, mi hermana, por supuesto, no pudo seguir pagando el arancel de su carrera universitaria y fue tomada con pinzas, sacada de la clase y humillada enfrente de sus profesores y sus compañeros, porque no pudo pagar su carrera. Por supuesto que eso conllevó que tuviese que congelar el sueño que no solamente tenía ella, sino también el resto de la familia.

En la discusión de este proyecto de ley quiero dejar en claro esta situación, puesto que esta iniciativa viene a dar certeza jurídica en una situación que hasta ahora ha sido objeto de numerosas controversias judiciales.

Señores y señoras, la modificación propuesta a la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, no solo resuelve un vacío legal, sino que también plasma en nuestra legislación el principio fundamental de justicia y equidad social en el acceso a la educación superior.

Pensemos por un momento en los miles de jóvenes que tras años de esfuerzo y dedicación se han visto impedidos de obtener su título profesional debido a las deudas arancelarias, y no precisamente porque se la puedan con los estudios. Esta barrera no solo frustra sus aspiraciones personales, sino que también priva a nuestra sociedad de profesionales capacitados que podrían contribuir al desarrollo del país.

Es importante destacar que este proyecto no exime a los estudiantes de sus responsabilidades financieras, sino que les permite completar su formación y acceder a mejores oportunidades laborales, las que, a su vez, aumentarán las posibilidades de saldar esas deudas.

Por eso, colegas, no podemos seguir ignorando el devastador impacto que esta situación tiene en la salud mental de nuestros jóvenes. El estrés, la ansiedad y la desesperanza que experimentan al ver truncados sus sueños profesionales por motivos económicos están llevando a muchos al límite. Lamentablemente, eso lo hemos vivido.

Por eso, es nuestro deber como legisladores asegurar que ningún joven sienta que su vida pierde sentido por no poder culminar sus estudios debido a deudas arancelarias.

Invito a todas y a todos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar y agradecer al diputado Luis Malla por esta iniciativa, y a todos los diputados y diputadas que lo acompañaron.

Este es un proyecto que busca prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sean condicionadas al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior. El hecho de que estudiantes de educación superior sean impedidos de rendir sus exámenes de grado o de acceder a sus títulos profesionales debido a deudas arancelarias es una muestra de que si bien hemos avanzado en derechos en materia de educación superior, específicamente en relación con la gratuidad de la educación, que fue algo que nos costó tantos años conseguir -tantas luchas, tantas marchas y tantas organizaciones se llevaron adelante para que hoy los jóvenes tengan acceso a la gratuidad de la educación superior-, no es suficiente, porque todavía hay familias que cargan con el peso y con el flagelo de las deudas y del endeudamiento estudiantil.

Es un problema que seguimos arrastrando. Es un problema que, lamentablemente, sigue generando condicionamientos de vidas, porque, como señalaron aquí mis colegas, una persona que se titula al menos tiene la posibilidad de encontrar un trabajo y pagar sus deudas, pero una persona que se endeuda durante toda su carrera y no la dejan titularse precisamente por esa deuda ni siquiera tiene la mínima posibilidad de llevar adelante acciones que le permitan resolver su deuda. Entonces, este es un círculo vicioso inaceptable.

Yo valoro este proyecto de ley. Creo que este tipo de iniciativas tienen, de alguna u otra manera, la reivindicación histórica de quienes hemos luchado por que la educación sea considerada un derecho y no un bien de mercado o un bien de consumo, como se dijo en alguna oportunidad.

El traspaso del conocimiento es un bien de la humanidad. Ahí es donde debemos poner el foco, para que las y los estudiantes que se esfuerzan día a día por aprender una carrera, por tener una profesión y por desempeñarse en aquello puedan hacerlo. De eso hablamos. Hablamos de que la condición económica de una familia no sea un impedimento para el desarrollo de un o una profesional en nuestro país.

Por lo tanto, quiero agradecer nuevamente este proyecto de ley y, por supuesto, sumarme a todas las voces que aquí se han manifestado a favor de su aprobación.

Este no solo es un proyecto necesario, sino que es un proyecto urgente, tal como lo es aquella iniciativa que se ha comprometido por parte del gobierno para condonar y buscar caminos de solución a las deudas estudiantiles que miles de familias siguen arrastrando hasta el día de hoy.

Así que hago un llamado a esta Sala para aprobar este proyecto de ley, porque es urgente y necesario.

He dicho.

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, hace unos años, el exmiembro del circo constitucional, don Fernando Atria , se hizo famoso criticando la educación de mercado y llamando al monopolio estatal de la educación, y aquí vemos en este proyecto de ley un hijo de su ideología.

Claramente, todos queremos que aumente el acceso a la educación superior. Ojalá que aumente especialmente el acceso a la educación técnica, porque pucha que se necesita en el país. Para eso necesitamos que haya instituciones de educación superior, especialmente privadas, porque son a las que más llegan los jóvenes de clase media, esos jóvenes que están con sudor en su frente y mucho esfuerzo forjando su futuro.

Esos jóvenes necesitan que las instituciones en que estudian puedan financiarse. Esas instituciones necesitan que haya quien les pague, sea el mismo estudiante, un banco, o bien el Estado, a través de becas u otros medios de financiamiento.

Sin esa posibilidad de exigir el pago, esas instituciones privadas correrán la suerte con que soñaba don Fernando Atria en el patio de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), porque tales ideas no constituirán mayor problema para la UAI, la Universidad del Desarrollo (UDD) o la Universidad de los Andes, es decir, las más grandes, sino para las instituciones de educación superior más pequeñas, en regiones, las que además deberán pagar los honorarios de abogados para eternos juicios de cobranza.

¿Quién gana? ¡El monopolio estatal, por supuesto!, ese del cual profita Atria desde que abandonó la UAI y se fue a la Universidad de Chile por un sueldo igual de jugoso y alto, por supuesto, que, por lo demás, fue motivo de investigación y requerimientos de transparencia en la Universidad de Chile.

En el Congreso Nacional estamos para trabajar por la buena educación y por el acceso a ella, no por los intereses de una casta enquistada en la educación estatal.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señorita Presidenta, una diputada frenteamplista rasgaba vestiduras recién, porque un prócer de nuestra patria -abogado, militar y político- no pudo cumplir su sueño de hacer clases en una universidad por carecer de los recursos necesarios para hacer un doctorado.

Volvamos un segundo a esa época. ¿Cuáles eran los niveles de alfabetización y de acceso a la escolaridad de la población? Los orfanatos estaban atestados, proliferaban los niños desnutridos y la esperanza de vida era baja, pero no porque el crimen organizado y el narcotráfico asesinaran a los chilenos, sino porque no tenían acceso al pan ni a un poco de atención médica para enfrentar las pestes o un resfrío común.

Creo que aquello grafica muy bien la orientación y las sensibilidades del Frente Amplio, que se preocupa de que en ese entonces un prócer no haya podido hacer un doctorado en la universidad. Tal vez esa es una diferencia bien sustancial entre ellos y nosotros, porque ellos ponen mucho énfasis en ese prócer, que tiene todos los méritos habidos y por haber, quien no pudo hacer su doctorado mientras miles de personas morían en las calles por falta de atención.

Algunos han planteado esta discusión como un debate entre un grupo de egoístas y los primos hermanos del padre Hurtado , pero, evidentemente, eso no es así. Hay algunos, probablemente responsables económicamente, que piensan que existe un chileno que accede a la educación superior y otro que no, y que ese que deja de pagar, que deja de beneficiarse individualmente por el acceso a la educación, se ve perjudicado por este tipo de iniciativas.

Entonces, el discurso es muy bonito, podrán llegar después a celebrar en las universidades, y en las élites de las redes sociales podrán publicar sus discursos, pero lo cierto es que los más desfavorecidos se ven perjudicados por este tipo de iniciativas, porque los recursos son limitados. Parece que no asistieron a clases en su primer día del curso de economía.

Por otra parte, según dijo muy bien el diputado Luis Sánchez , en la Universidad de Santiago o en la Universidad de Chile, ¿cuántos ñoquis hay?, ¿cuántos profesores no hacen clases?, ¿cuántos profesores se dan el lujo de tomarse un año sabático y seguir recibiendo remuneraciones?

¿Se han preguntado alguna vez por qué los aranceles de las universidades del sector oriente de Santiago no son tan distintos a los de la Universidad de Chile? Bueno, es por el malgasto de los recursos.

Espero que este proyecto sea rechazado, porque le hace mal a Chile, y en particular a los más desfavorecidos, porque, querámoslo o no, son muy pocos quienes pueden acceder a la educación superior, y debemos pensar también en los demás chilenos.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura, correspondiente al boletín N° 15518-21.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 72ª de la presente legislatura, en miércoles 4 de septiembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 19.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señorita Presidenta, la importancia de la pesca para la economía del país es inmensa. Chile se posiciona como la décima potencia pesquera del mundo, y eso no es de extrañar, dado que contamos con más de 6.000 kilómetros de costa.

Por ello, el rol de los comités de manejo es fundamental para construir un sector productivo robusto y garantizar la seguridad alimentaria del país, integrando a todos los actores clave de esta cadena. Esta es una de las principales finalidades del presente proyecto de ley: avanzar hacia la conformación de comités que permitan un manejo sostenible y responsable de los recursos pesqueros.

En las últimas semanas hemos observado con alegría diversos proyectos de ley que buscan aumentar la participación de las mujeres en distintos ámbitos de nuestra sociedad, lo que refleja cómo las mujeres están abriéndose camino en áreas relevantes para el país.

Los comités de manejo del sector pesquero no son la excepción. Con ello se permitirá la integración de la visión y la experiencia de mujeres y hombres que han dedicado su vida a la pesca artesanal, lo que aporta a la diversidad de tales espacios. Esa diversidad es especialmente necesaria ante la crisis climática que enfrenta el mundo, a la cual Chile es particularmente sensible.

Además, es importante destacar las modificaciones introducidas por el Senado, que establecen que a los pescadores artesanales solo se les exigirá estar inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, y que al menos uno de ellos deberá ser representante de las actividades conexas de la pesca artesanal, inscrito en el registro correspondiente.

Quiero hacer una especial mención a quienes me plantearon la urgente necesidad de presentar este proyecto, de modo que desde la equidad de género se solucione una permanente problemática en la conformación de los comités de manejo, los cuales se quedan sin representación de los pescadores y de las pescadoras artesanales por no contar con el número suficiente de postulantes que tengan inscrita la correspondiente pesquería.

Me refiero a dirigentes de la pesca artesanal como Juan Santana Zúñiga , de la Región de Los Ríos, a quien se sumó la presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, Sara Garrido , quien se encuentra en las tribunas y ha sido un permanente apoyo en el impulso de proyectos relacionados con el empoderamiento de las mujeres de la pesca, recolectoras de orilla y actividades conexas.

Por último, agradezco a las colegas y a los colegas que apoyaron este proyecto.

Hago un llamado a los diputados y a las diputadas presentes en esta Sala a aprobar el proyecto de ley. Es crucial que las mujeres integren espacios de toma de decisiones, ya que la meritocracia por sí sola no es suficiente.

Históricamente hemos sido relegadas a roles de segunda categoría. Por esa razón es necesario apoyar este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Ante la solicitud formulada por la diputada Carolina Tello , hago presente a la Sala que quedan tres personas inscritas para intervenir en la discusión de este proyecto de ley.

Se acaba de inscribir una más, por lo que en este momento son cuatro.

Si le parece a la Sala, las personas inscritas podrían hacer uso de la palabra, y luego de ello cerraríamos el debate para dar paso a la votación, en vista de que se encuentran presentes en la Sala dirigentas que han venido desde distintas regiones para presenciar esta votación. ¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En consecuencia, daré la palabra a una persona más, y tanto el debate del proyecto como su votación quedarán pendientes para una próxima sesión.

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señorita Presidenta, en primer lugar, saludo por su intermedio a Sara Garrido , presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, quien inspiró este proyecto, que tramitamos en 2022 en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Cuando hablamos de la relevancia de las mujeres en la pesca artesanal y en sus actividades conexas, lo hacemos conociendo su importancia histórica y también la progresiva presencia que han obtenido en los últimos años debido a su reconocimiento.

En el informe Mujeres y Hombres en el Sector Pesquero y Acuicultor de Chile, de 2022, se da cuenta de que en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) se reconocen 99.557 inscritos. De ese universo, 25.181 son mujeres, lo que corresponde al 25 por ciento de las personas registradas.

Dicho número ha aumentado en forma sostenida desde 2014, gracias al trabajo articulado de una serie de organizaciones a nivel nacional en torno a la visibilización de la pesca artesanal y al reconocimiento postergado por años de las actividades conexas.

Sin embargo, las barreras de entrada para ingresar a los comités de manejo, para participar de forma activa y profunda en la toma de decisiones, son también tristemente históricas. Por ello, necesitamos herramientas que permitan derribarlas, más aún cuando sabemos que la influencia, el aporte y la relevancia de las mujeres de la pesca de nuestras caletas son inmensos y esenciales.

Este proyecto de ley, del cual soy coautora -agradezco la invitación de la diputada Ana María Bravo a suscribirlo-, busca eliminar las barreras de entrada a las mujeres como representantes de la pesca artesanal en los respectivos comités de manejo y asegurar el equilibrio de género. Este es un avance muy importante para las mujeres de nuestras caletas.

Además, valoramos las indicaciones que incorporó el Senado, que permitirán que se exija que al menos un representante de las actividades conexas conforme los mencionados comités, lo que evidentemente es una buena noticia, y que se obligue a informar anualmente a las comisiones de mujeres y equidad de género del Parlamento sobre la aplicación del equilibrio de género en la integración de los comités de manejo, lo que también permitirá hacer un trabajo de fiscalización del cumplimiento de esta normativa.

Por ello, hago un llamado a votar transversalmente a favor.

He dicho.