Labor Parlamentaria

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y deroga la ley N° 18.314 (discusión de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados), correspondiente a los boletines N°s 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos, con urgencia calificada de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 16.224-25, 16.180-25, 16.210-25, 16.235-25 y 16.239-25, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Secretario , quien hará la relación del texto que viene, en tercer trámite constitucional, desde la Cámara de Diputados al Senado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley recién individualizado.

Esta iniciativa inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto que consta de dieciocho artículos permanentes y dos artículos transitorios, con el propósito, por una parte, de establecer una nueva regulación para tipificar y sancionar las asociaciones terroristas y delitos terroristas, y, por la otra, de derogar la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

Con respecto a esta iniciativa, la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo un conjunto de modificaciones, las cuales recaen en las siguientes normas.

Artículos permanentes: ha modificado el artículo 1°, que sanciona a quien sea parte de una asociación terrorista.

Ha sustituido el artículo 2°, acerca de lo que se entenderá por "asociación terrorista".

Ha modificado el artículo 3°, relativo a quien cometa un delito contemplado en cualquiera de los números del artículo 2° sin formar parte de una asociación terrorista.

El artículo 1° se encuentra en la página 2 del comparado; el artículo 2°, en las páginas 3 a 5, y el artículo 3°, en la página 5.

Asimismo, ha modificado el artículo 4°, acerca de las situaciones en que se entenderá que se comete un delito terrorista aun cuando no se forme parte de una asociación terrorista ni se actúe en adherencia a sus fines (páginas 5 y 6 del comparado).

Ha modificado el artículo 5°, sobre delitos contemplados en otros cuerpos normativos que también constituirán delitos terroristas (páginas 6 y 7 del comparado).

Ha intercalado un artículo 7°, nuevo, que sanciona a quien atente contra la vida o integridad física de diversas autoridades (páginas 7 y 8 del comparado).

Enseguida, ha incorporado un artículo 8°, nuevo, que sanciona acciones con bombas o artefactos explosivos o incendiarios que afecten o puedan afectar a una cantidad elevada de personas (páginas 8 y 9 del comparado).

Ha modificado el artículo 7°, que pasó a ser 9°, sobre ciertos delitos que serán castigados con la pena respectiva aumentada en un grado si son perpetrados a sabiendas de que con ellos se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista (páginas 9 y 10 del comparado).

Ha sustituido el artículo 8°, que pasa a ser 10, sobre la penalización a quien directa o indirectamente provea o recolecte fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos señalados en esta ley (página 11 del comparado).

A continuación, ha introducido un artículo 11, nuevo, relativo a la conspiración para cometer delitos contemplados en los artículos 3°, 4°, 7° y 8° de esta ley (página 11 del comparado).

Enseguida, introdujo un artículo 12, nuevo, relativo a la difusión pública de mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos que se señalan al efecto (página 12 del comparado).

Ha modificado el artículo 9°, que pasó a ser 13, sobre la aplicación de normas del Código Penal relativas a la responsabilidad de personas jurídicas y comisos de ganancia (páginas 12 y 13 del comparado).

Ha modificado el artículo 10, que pasó a ser 14, sobre el empleado público que, en el desempeño de su cargo, cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley (página 14 del comparado).

Ha contemplado los artículos 17 y 18, nuevos, sobre prohibición de salida del país del imputado y plazo especial de investigación de tres años, respectivamente (página 15 del comparado).

Ha reemplazado el artículo 13, que pasó a ser 19, referido a la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, decretada por el juez, a petición del Ministerio Público, en la investigación de hechos constitutivos de los delitos que se señalan (páginas 16 a 18 del comparado).

Enseguida ha introducido un artículo 20, nuevo, acerca de las especificaciones que deberá contener la resolución judicial que autorice la medida de intervención de redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles (páginas 18 y 19 del comparado).

Ha modificado el artículo 14, que pasó a ser 21, relativo a que el Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer una estrategia nacional de prevención y combate de las conductas terroristas, contemplando también la formulación de una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo (página 19 del comparado).

A continuación, ha incorporado un artículo 22, nuevo, acerca de la ampliación del plazo de investigación de los delitos que se establecen en esta ley (páginas 20 y 21 del comparado).

Se ha reemplazado el artículo 15, que pasó a ser 23, contemplando diversas modificaciones al Código Procesal Penal (páginas 21 a 27 del comparado).

Ha sustituido una referencia en el artículo 16, que pasó a ser 24, que modifica el artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad (página 28 del comparado).

A continuación, ha incorporado un artículo 25, nuevo, que intercala un inciso cuarto en el artículo 1º de la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad (página 31 del comparado).

Ha sustituido una referencia en el artículo 17, que pasó a ser 26, que deroga la ley N° 18.314, y dispone que todas las menciones legales o reglamentarias a los delitos establecidos en dicho cuerpo legal deberán entenderse hechas a los ilícitos tipificados en la presente ley (página 32 del comparado).

Ha suprimido el artículo 18, sobre el cambio de jurisdicción.

En cuanto a las disposiciones transitorias, ha eliminado el epígrafe "Disposiciones transitorias", que figura en la página 34 del comparado.

Ha sustituido la denominación del artículo primero transitorio, relativo a la entrada en vigencia de la ley, contemplándolo como "Artículo transitorio" (páginas 34 y 35 del comparado).

A su turno, ha eliminado también el artículo segundo transitorio, que hace exigible al Ministerio de Seguridad Pública la estrategia nacional de prevención y combate de las conductas terroristas solo una vez que dicho Ministerio se encuentre en funcionamiento (página 35 del comparado).

Cabe consignar que las enmiendas referidas a los artículos 1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 7°, nuevo; 8°, nuevo; 7°, que pasó a ser 9°; y 8°, que pasó a ser 10; 11, nuevo; 12, nuevo; 9°, que pasó a ser 13; 10, que pasó a ser 14; 13, que pasó a ser 19; 25, nuevo; y 17, que pasó a ser 26, permanentes, del proyecto de ley, requieren de 26 votos favorables para su aprobación por corresponder a normas de quorum calificado.

El Senado debe pronunciarse con respecto a las enmiendas efectuadas por la Cámara revisora.

En el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional y las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.

Sobre el particular, cabe hacer presente que se han presentado diversas solicitudes de votación separada.

Se ha solicitado, por parte del honorable senador señor Flores, la votación separada de los artículos 19 y 20. También, respecto de estas mismas normas, ha solicitado lo propio la honorable senadora señora Claudia Pascual.

Del mismo modo, solicitó la votación separada, la senadora señora Pascual, del artículo 2°; el artículo 4°; el artículo 5°; el artículo 7°; los artículos 19 y 20, como ya indicó, y el artículo 22.

Es todo, señor Presidente.

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidente.

Muy breve, porque los detalles de este proyecto ya se han dado a conocer por los miembros de las comisiones respectivas.

Solamente me gustaría hacer una pequeña reflexión y decir: "Al César lo que es del César" ¿Y por qué? Porque existe una crítica recurrente en donde sostenemos que los proyectos enviados desde la Cámara de Diputados deben ser revisados y modificados de manera importante. El clásico de los Gobiernos: "lo arreglamos en el Senado".

Sin embargo, hay que reconocer que este proyecto tan relevante y esperado ha sido mejorado por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

Las modificaciones planteadas han permitido mejorar la aplicación de las normas, los tipos penales y la investigación de los delitos. Es importante reconocer cuando, en medio de las diferencias y las críticas al sistema político como un todo -los políticos siempre están muy denostados-, se logra estar a la altura de las circunstancias.

Obviamente, hay temas en que no coincidimos, como el de que no se haya aceptado el cambio de jurisdicción en ciertos y determinados casos para permitir que fueran los tribunales de garantía de Santiago los que tuviesen la competencia. Sin embargo, creo que este proyecto es un esfuerzo exitoso para transformar una ley sin aplicación práctica por deficiencias en su redacción y las circunstancias políticas del momento en una ley que sí la tenga, que establece requisitos objetivos y señala nuevas medidas, aumentando el plazo de investigación a tres años, además de acciones intrusivas fuertes.

Según se señaló en la comisión, Chile está en deuda a nivel internacional en materia de sanción a los delitos terroristas. Incluso Amnistía Internacional lo reconoció en su presentación. Pero la deuda más grande no es con la comunidad internacional, es con los chilenos y chilenas víctimas de las acciones de grupos organizados que han asolado a nuestro país desde hace décadas. Los atentados en la macrozona sur

son un claro ejemplo de cómo nuestra inacción, nuestra incapacidad de lograr consensos mínimos puede llevar a un declive institucional con carabineros asesinados, fiscales baleados, un detective baleado tratando de cumplir una orden judicial, camiones, iglesias, galpones, cabañas, casas incendiadas, civiles asesinados por el simple hecho de estar en el lugar incorrecto a la hora menos indicada.

Por lo mismo, valoro que finalmente de este Congreso vaya a salir una nueva y mejor ley, con más herramientas, más sanciones y una mejor visión de una compleja realidad, que espero pueda tener efectos prácticos de manera inmediata.

Vivir con miedo no es vivir, es meramente subsistir. ¡Chile no merece vivir con miedo!

Y claro está que durante años el tema de la criminalidad en nuestro país siempre es politizado, por uno u otro Gobierno, de distintos colores políticos. Pero tenemos que verlo como una cuestión de Estado, para enfrentar la delincuencia, el narco y el terrorismo.

Creo que, si aunamos nuestras voluntades por sobre nuestras diferencias políticas, vamos a lograr el objetivo final, que es defender que haya paz y tranquilidad en nuestro país.

Por ahora eso lo vemos demasiado lejano, pero estas normas deben contribuir precisamente a lo que el país espera.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Sin lugar a dudas, este es un gran gran proyecto.

Hace muchos años, recuerdo que se hizo una modificación a la Ley Antiterrorista que la dejó completamente inhabilitada. Llevamos más de una década con una ley que no sirve.

Siendo uno de los autores de esta moción parlamentaria, valoro que el Ejecutivo no solamente tuvo su propia iniciativa, sino que fusionamos los esfuerzos. Es importante el hecho de que hoy día estemos avanzando hacia el cierre de un ciclo que viene a dar un marco de seguridad legislativa, particularmente a la región que represento.

Hay que recordar que esta Ley Antiterrorista, que obviamente se extiende a todo el país, es particularmente relevante para La Araucanía. A ello debemos sumar normativas que aprobamos tiempo atrás, como la Ley de Usurpaciones; la Ley Nain-Retamal -de hecho, hoy día, en este Congreso se generó un homenaje justamente a estos mártires que no contaron con la protección a tiempo- y la Ley de Robo de Madera, que claramente atacó directamente al financiamiento de muchas de estas bandas terroristas, con todo lo cual vamos generando un marco legislativo que, sin lugar a dudas, nos permite estar contentos.

¿Y qué es lo que hace esta iniciativa? Primero, elimina toda la incertidumbre que había sobre cómo aplicar la Ley Antiterrorista. Muchas veces el Ministerio Público prefería simplemente no ocuparla, a pesar de que sabía que había una actitud terrorista, porque en el proceso penal muchas veces salían perjudicados al tener que justificar que el objetivo de aquel acto era infundir el temor a la población. Ese elemento ambiguo claramente no ayudaba para nada.

¿Qué hacemos en este proyecto de ley? Damos certeza: enumeramos cada uno de los elementos que se puede utilizar por el Ministerio Público para definir que este es un acto terrorista. No solo eso, además nos permite anticiparnos. El solo hecho de pertenecer a una institución terrorista o que tiene fines terroristas se transforma en un delito.

Por lo tanto, no hay que esperar a que, desgraciadamente, esas tragedias ocurran, sino que se puede perseguir la asociación ilícita que justamente hay detrás de aquello.

Por eso, vamos a aprobar la gran mayoría de este proyecto de ley.

Hay dos temas que claramente nos preocupan. Uno que nos parecía muy relevante y sobre el cual insistimos mucho cuando me tocó presidir la Comisión de Seguridad del Senado: necesitamos que exista la libertad de que, si el fiscal nacional considera que algún acto terrorista debe tener una jurisdicción distinta a la región o comuna donde ocurrió, producto de que esas personas pueden sufrir temor en el proceso penal, bueno, que tengan la libertad de hacerlo. ¿Por qué no?

Desgraciadamente, en la Cámara de Diputados eso finalmente no se consideró.

Hay otros detalles más que estaremos votando por separado; probablemente esto tenga que ir a comisión mixta, pero, insisto, quiero agradecer a todos los colegas que han sido parte de esta discusión que comenzamos hace más de un año, y al Ejecutivo , ministra, ministro , que están aquí presentes, porque no solamente han sido pasivos, sino que han sido parte activa en impulsar esta agenda legislativa.

Así que, voto a favor, Presidente. Y espero que, como Senado, podamos aprobar hoy día una ley antiterrorista como la que Chile, y particularmente La Araucanía, se merecen.

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

El proyecto que estamos revisando hoy contiene múltiples cambios en relación con lo aprobado por el Senado.

Quiero celebrar que el Ejecutivo también se haya abierto a algunos temas en que no tuvimos acuerdo durante la tramitación en la Comisión de Seguridad del Senado.

Por ejemplo, en la Cámara se agregaron dos tipos objetivos de delito terrorista, vinculados al asesinato de autoridades y atentados explosivos de gran alcance. Precisamente estos tipos objetivos eran la base de nuestro proyecto de ley.

También se ampliaron los tipos penales bases que pueden ser considerados terroristas, con lo que fuimos particularmente escrupulosos en el Senado.

Además, se agregó una nueva medida investigativa, introducida por primera vez en nuestra discusión por la moción de mi autoría en conjunto con los senadores Ossandón , Macaya , Aravena y Bianchi , para investigar al crimen organizado. Se trata de una medida que resultará fundamental para las investigaciones y ayudará a desbaratar agrupaciones terroristas y de crimen organizado que se han ido expandiendo por nuestro país.

Creemos que estos son avances relevantes y ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de llegar a acuerdo antes, pero lo importante es que ya se logró.

En relación con la técnica especial de investigación que se está agregando en los actuales artículos 18 y 19 del proyecto, que viene, como señalé, de la moción de nuestra autoría y que se ha denominado "IMSI Catcher", la Cámara por un lado aumentó las restricciones a su uso, agregando que solo fuera para metadatos, y se estableció que únicamente podría concederse si el resto de las medidas de intervención no son suficientes. Sin embargo, se hicieron dos modificaciones que ameritan una revisión.

En el proyecto aprobado por el Senado, le encargamos al juez decidir cuándo se eliminarían los datos inútiles para la investigación y cómo se debía acreditar eso, mientras que la Cámara le encargó esa tarea a una instrucción del Fiscal Nacional. Claramente, no puede dejarse a una de las partes esa decisión y debe ser fijado por ley el plazo o condición para la eliminación o dejarse esta decisión a un tercero imparcial en el caso concreto, es decir, al juez.

En segundo lugar, la Cámara estableció que esta herramienta podría utilizarse también para las investigaciones asociadas a la ley de control de drogas, pero solo para tres comunas del país. Esto puede mirarse como una forma de discriminación no aceptable, ya que los fenómenos delictuales en Chile están afectando de manera transversal a toda la población.

De la misma manera, habiéndose avanzado en la creación de la Fiscalía Supraterritorial, a través de una reforma constitucional que la consagra, tampoco se entiende tal limitación o que la ley deje entregado aquello solo a tres comunas del país.

Por estos dos motivos, votaré en contra de los artículos 19 y 20 del proyecto.

He dicho.

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidente.

Bueno, yo creo que hoy día debemos estar contentos y satisfechos porque este proyecto de ley ya se encuentra en su trámite final, pero quiero hacer un recordatorio.

En 1984 se promulgó la Ley Antiterrorista, que hasta hoy sigue vigente. Han pasado cuarenta años, ¡cuarenta años!, sin ley antiterrorista en el fondo, porque, como bien sabemos, la actual no tiene la capacidad de ser efectiva, por lo complejo que resulta probar realmente la intención o el ánimo terrorista, y finalmente, como lo han dicho otros senadores, por su intermedio, Presidente , lo que ha terminado pasando es que, por lo menos en los últimos diez años, no ha habido ninguna causa que haya conseguido una sentencia condenatoria por esta normativa.

En ese contexto, debemos estar muy satisfechos. Pero también quiero manifestar mi preocupación, porque un tema tan complejo como este, que nos tiene hoy día en el lugar número diecisiete del Índice Global de Terrorismo Mundial, no es algo para celebrar. Y probablemente es así, a pesar de que gran parte de los miles de delitos que han ocurrido en la macrozona sur se siguen llamando "violencia rural".

El incendio de escuelas, el incendio de iglesias, con una gran pancarta que adjudica incluso a organizaciones terroristas estos hechos, siguen siendo contabilizados por el Estado como "violencia rural".

Espero, sinceramente, que cuando esta legislación se promulgue los delitos sean denominados como corresponde, porque vivir el terrorismo como lo hemos hecho durante veintisiete años en la macrozona sur es real, y hoy día llevamos con estado de excepción casi dos años y medio producto de que a pesar de que no lo denominemos "terrorismo", todo Chile sabe, y el Estado también, que es eso: terrorismo. No todo, probablemente, habrá un 10, un 20 por ciento que es crimen común y corriente.

Y hoy día agradecemos aquí, aprovecho de saludar a la ministra del Interior y al ministro de Justicia , que se haya implementado tal estado excepción, que ha permitido vivir mucho más tranquilos y en paz en la zona de La Araucanía, pero lo que me complica siempre es qué pasaría si no se mantuviera.

Solo quiero nombrar algunos aspectos que me parecen muy muy importantes en la normativa, que incluye delitos graves como el secuestro, secuestro agravado, tortura, todas situaciones que hemos visto en La Araucanía; homicidio y ciertos delitos de incendio y estragos -lamento que no se haya incorporado el tema de incendios con carácter individual, que no lo contempla la ley-; como también el uso de armas ilegales, explosivos, que igualmente son bastantes frecuentes en nuestra zona; el tema de delitos contra los miembros de Fuerzas Armadas, donde hay varias víctimas, especialmente carabineros que han muerto en este conflicto armado en La Araucanía; como asimismo los delitos informáticos y la destrucción de vías férreas, pues es común y bastante frecuente escuchar noticias de este tipo también en la macrozona sur.

Considero relevante lo relativo al delito solitario, más común en la zona metropolitana que en la nuestra, y me parece que lo del financiamiento ilícito para la asociación terrorista hoy día queda muy claro, como también la incitación a cometer este tipo de delitos, que en la actualidad, a través de redes sociales, puede ser bastante frecuente.

El comiso, que lo vimos en otro proyecto de crimen organizado, me parece una muy buena idea, porque todos estos criminales tienen un alto poder de fuego, pero también un alto nivel de financiamiento para comprar todas esas armas. Por lo tanto, el Estado debe tener el derecho de decomisarlas inmediatamente.

Principalmente diría que es eso.

Por último, quiero señalar que la estrategia nacional de prevención y combate de las conductas terroristas quizás no es lo más valorado por la Sala, pero en mi opinión es lo que tiene la mayor importancia desde el punto de vista de un país que no asume que estamos en un mundo en que las acciones terroristas lamentablemente son cada día más frecuentes y no hay una estrategia nacional de prevención y combate de ellas, por lo que vamos a estar siempre legislando después de que las cosas ocurren.

Hay elementos que yo habría cambiado en esta normativa y que probablemente si no hay comisión mixta, que así espero que suceda, para que se implemente pronto, vamos a presentarlos en un proyecto de ley.

Muchas gracias, Presidente .

Voy a votar a favor.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Este proyecto de ley, que ha estado siendo mejorado en ambas Cámaras, en primer y segundo trámite, de verdad que mejora significativamente la actual regulación antiterrorista comprometida en la ley que conocemos, que, por lo mismo, presenta una serie de problemas de aplicabilidad.

La presente iniciativa entrega herramientas eficaces al Ministerio Público para la investigación de delitos terroristas y perfecciona la identificación de delitos para que, en la práctica, efectivamente la ley pueda ser aplicable.

Debo señalar particularmente, señor Presidente , estimados colegas, que este proyecto ha sido fruto del trabajo conjunto entre los colegas senadoras y senadores de la comisión y el Ejecutivo , también de la otra comisión que lo revisó, en primer trámite, y después entre la Cámara y el Ejecutivo , en segundo trámite.

Hay que recordar que esta iniciativa se fusionó con cuatro mociones parlamentarias, más el mensaje del Ejecutivo, y responde a un esfuerzo compartido entre el Congreso Nacional y este último.

Si pudiese resumir rápidamente el contenido de la propuesta, diría que en primer lugar se deroga la actual ley, que por su ambigüedad no era aplicable; lo segundo, que se crea un nuevo tipo de delito, como es la asociación terrorista, basado en los elementos que definen los delitos de asociación delictiva y criminal, recientemente actualizados, y que adicionalmente se establecen elementos que les dan el carácter propiamente tal de terroristas, en relación con los fines perseguidos o según la aptitud de los medios empleados por la asociación.

Hay toda una larga descripción de estos ilícitos y sus agravantes, de tal manera que este enorme catálogo de delitos que se han identificado, que finalmente lo que hacen es generar temor y terror en la población, tienen agravantes dependiendo de las circunstancias en las que se cometan.

Ello se encuentra bastante claro, bastante in extenso en el proyecto.

Pero, además de los delitos de asociación terrorista, que es lo tradicional, también se agregan los delitos provocados por el terrorismo individual o "el lobo solitario", como se le ha denominado, respecto del cual en algún momento se discutió si efectivamente obedecía al mismo principio y, como tal, debía implicar una respuesta similar del Estado, y la respuesta fue que sí.

Entonces, junto con el delito de asociación terrorista, en el proyecto se crea una serie de figuras de terrorismo individual, algunas de las cuales fueron incorporadas -hay que reconocerlo- por la Cámara de Diputadas y Diputados, como el terrorismo individual conexo, el terrorismo individual inconexo, el terrorismo individual objetivo, en fin.

Asimismo, los delitos de favorecimiento y financiamiento a una asociación terrorista están claramente tipificados y duramente sancionados. De tal manera que no es necesario pertenecer a una organización terrorista; basta con el hecho de financiarla por fuera, aunque la persona no sea parte de dicha asociación. Esa conducta también está identificada y penalizada.

Por ejemplo, los delitos de amenaza, robo con violencia, intimidación y una larga lista, incluyendo el de búsqueda de financiamiento, están considerados como parte de los delitos de favorecimiento.

Otros delitos son los preparatorios de conspiración e incitación al terrorismo. Estos los incorpora la Cámara para sancionar actos preparatorios distintos de la asociación terrorista.

Hay otras reglas, como la aplicación de técnicas especiales de investigación, la incorporación de nuevas reglas procesales.

En este contexto, dentro de las principales ventajas que se incluyen, están la persecución penal; el perfeccionamiento de las definiciones de estos delitos para permitir que, en la práctica, sean aplicables las normas y las técnicas especiales de investigación.

Quiero solicitarles a los colegas que, cuando entremos a las votaciones separadas, se rechacen las redacciones de los artículos 19 y 20, por cuanto se trata de una medida altamente intrusiva, que permite acceder a datos de equipos que no necesariamente están involucrados en los hechos que dan origen a la investigación, con lo cual se genera una vulneración de garantías constitucionales. Tampoco se establece un plazo para que se eliminen los registros obtenidos.

Además, se agregó un inciso que hace aplicable esa técnica de investigación únicamente en algunas regiones del norte de Chile y no en el resto del país, y también se amplía el uso de esta técnica al narcotráfico, lo que está fuera de la idea matriz de este proyecto de ley antiterrorista.

Por consiguiente, yo propongo votar en contra de los artículos 19 y 20 que ha propuesto la Cámara. Así pasamos a una comisión mixta para resolver la controversia.

Yo votaré a favor del resto de la iniciativa.

Y les agradezco, particularmente, a los ministros que están presentes, ministra del Interior y ministro de Justicia , por cuanto han sido aleros fundamentales en la discusión de este proyecto, que se originó en varias mociones parlamentarias y un mensaje presidencial, con lo cual finalmente estamos logrando una normativa que nunca hemos tenido en el país, y que hoy se hace altamente necesaria.

Gracias, Presidente .

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto de ley es de extraordinaria importancia para la seguridad pública de nuestro país, y su objetivo es muy claro: concordar un texto legal que efectivamente cumpla con el objetivo de ser eficaz para combatir y sancionar las conductas terroristas.

En ese sentido, la iniciativa otorga mayor protección a víctimas y testigos, disponiendo que, para evitar que se les amenace o atente contra ellos, no participen en los juicios.

Pero habría sido fundamental que también se hubiese contemplado una alternativa respecto de la competencia para juzgar delitos que la ley califica como "terroristas", sobre todo cuando se requieren medidas extraordinarias de seguridad. Nos hubiese gustado mucho que fuera posible solicitar al pleno de la Corte Suprema que el conocimiento y juzgamiento de estas causas sean de competencia de otros juzgados de garantía, tribunales orales o cortes de apelaciones que cumplan con las condiciones necesarias para que se desarrollen juicios con absoluta normalidad, transparencia y sin ocasionar alarma y temor en la comunidad.

Asimismo, estamos contentos porque se contemplan nuevas atribuciones para las policías y el Ministerio Público en el combate contra el terrorismo, especialmente con los debidos resguardos judiciales. Una de esas herramientas es la interceptación de llamadas telefónicas en radios amplios, de hasta 2 kilómetros, lo cual posibilitará desarmar bandas terroristas previo a sus ataques con tecnología usada por los organismos de investigación más avanzados a nivel global.

Se incorpora, como parte de la descripción de los fines de las acciones que constituyen delitos terroristas, junto al término "Estado", la palabra "democrático". Pero, sin perjuicio de que los valores de la democracia deben ser promovidos por todos, es peligroso colocar un factor adicional de valoración a conductas que atentan contra el Estado en su conjunto. Si el terrorista realiza una conducta establecida en esta futura ley tendiente a provocar terror en la población, debe ser sancionada, independiente de si este considera o no que está en un régimen democrático, como lo pueda entender. Basta con que se atente contra el Estado. No podemos ponderar el grado de democracia que ese terrorista perciba que existe en el Estado.

En conclusión, considero que el proyecto que hoy se somete a votación subsana el defecto principal que tenía la regulación antiterrorista vigente: el problema probatorio por dificultad a la hora de acreditar el dolo.

Sin perjuicio de lo anterior, creemos absolutamente necesario aprobar esta norma. Es urgente. Sería complicado empantanarnos y dilatar su vigencia con una nueva discusión en comisión mixta.

Creo que los aspectos anteriormente mencionados no deberían ser óbice para la aprobación de la iniciativa en esta instancia. Los hago presente a efectos de que en el futuro, una vez vigente la nueva ley, podamos perfeccionar sus normas.

Votaré a favor, Presidente .

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

Saludo a las autoridades que nos acompañan: a la ministra del Interior y al ministro de Justicia.

Respecto al proyecto de ley que ahora nos corresponde votar, quiero partir manifestando mi satisfacción por lograr despachar esta nueva normativa en el Congreso, la cual permitirá seguir penalmente de mejor manera actos terroristas como los que siguen ocurriendo en la macrozona sur, particularmente en las provincias de Biobío y Arauco, de la región del Biobío, territorios que represento acá, en el Senado.

Este proyecto de ley permitirá superar la ley actual contra el terrorismo, que ha devenido en letra muerta debido a sus altas exigencias probatorias y por su restricción al definir sus tipos penales.

Es necesario recordar, por ejemplo, que, a cinco meses del atentado en Cañete, que terminó con la vida de tres carabineros, el Gobierno tuvo que desistirse de una querella por ley antiterrorismo. Al respecto, el actual subsecretario Monsalve reconoció que la ley vigente no permite ser eficaz en la investigación y tampoco aplicar las penas más altas a los responsables de este triple asesinato.

Respecto de la nueva ley antiterrorista que se crea, se debe destacar que se entregan nuevas atribuciones para nuestras policías y el Ministerio Público en el combate contra el terrorismo, especialmente en lo relativo al IMSI Catcher , que, con los debidos resguardos judiciales, permitirá que se intercepten llamadas en radios amplios, de hasta 2 kilómetros, lo cual posibilitará desarmar bandas terroristas previo a sus ataques con tecnología usada por los organismos de investigación más avanzados a nivel global.

Asimismo, el proyecto otorga mayor protección a víctimas y testigos, para evitar que se les amenace o atente en su contra, con el fin de que no participen en los juicios; aumenta el plazo de investigación de los delitos terroristas a tres años; incorpora la medida de arraigo nacional al imputado por delito terrorista; extiende el tipo penal del funcionario público que comete un delito terrorista, haciéndolo extensivo a quienes lo cometen con ocasión de su cargo, e incorpora la sanción a la apología al terrorismo.

En conclusión, el proyecto de ley que hoy se somete a votación subsana el defecto principal que tiene la regulación antiterrorista al día de hoy, como es el problema probatorio por dificultad a la hora de acreditar el dolo, lo cual permitirá una mayor y mejor persecución de las células terroristas que hoy continúan actuando en la macrozona sur y, particularmente, en las provincias de Biobío y Arauco , donde sus habitantes piden acciones concretas y efectivas para terminar con los atentados y volver a un estado de paz y tranquilidad que les permita un desarrollo real de sus comunidades y territorios.

Por todo lo anterior, votaré a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Quiero valorar que se haya puesto como primer punto de la tabla en esta sesión ordinaria la reforma a la ley antiterrorista, que forma parte del fast track legislativo en materia de seguridad, que hemos concordado con el Gobierno y que, como bien ha señalado el presidente de la Comisión de Seguridad , senador Iván Flores , dice relación con cuatro mociones y un mensaje, refundidos.

Presidente , no me referiré al proyecto en sí mismo, porque ya lo despachamos en primer trámite constitucional, en una sesión especial que convocó la Mesa del Senado con acuerdo de los comités, luego de ocurrido el brutal ataque y asesinato de tres carabineros mártires en la macrozona sur.

Quiero referirme a los cambios introducidos por la Cámara de Diputados y por qué, a mi juicio, algunas de estas modificaciones deben ir a una comisión mixta. Creo que es muy importante que tanto el ministro de Justicia , Luis Cordero Vega , como la propia ministra del Interior , Carolina Tohá , puedan referirse a ellas con el objeto de que tales cambios sean los más transversales posibles.

Voy a abordar, en primer lugar, lo relativo a los artículos 19 y 20, sobre las medidas intrusivas de interceptación telefónica, lo que se ha denominado el "IMSI Catcher" .

En principio, suena bien eso. Yo soy partidario en general de otorgar el máximo de facultades al Ministerio Público, a las policías, a los servicios de inteligencia para poder enfrentar el terrorismo. Pero se nos pueden enredar estas normas en el Tribunal Constitucional, Presidente , que se ha transformado en una suerte de tercera cámara legislativa, lamentablemente, porque lo que hace la Cámara de Diputados es ampliar dichas facultades no solamente a delitos terroristas, sino también a delitos que dicen relación con el narcotráfico y el crimen organizado, además de restringirlo a algunas zonas del país, como la zona norte. Y eso puede colisionar con el principio de igualdad ante la ley y con las ideas matrices del proyecto.

Entonces, una idea que puede estar bien inspirada en la Cámara de Diputados puede terminar tergiversando el sentido de la iniciativa. Y en vez de aprobar rápido esta nueva ley antiterrorista, a la que el Gobierno le puso "suma" urgencia, se nos puede complicar su sentido y objeto al tener que pasar por el Tribunal Constitucional y afectar la necesidad de contar prontamente con esta legislación.

Y en relación con el artículo 18, que pasó a ser 27 en la Cámara, sobre el cambio de jurisdicción, creo que lo que aprobó el Senado estaba bien inspirado. Estábamos conversando sobre ello con el presidente de la Comisión de Seguridad , senador Iván Flores . El Ministerio Público había solicitado que, para proteger a jueces y fiscales, pudiera haber un cambio de jurisdicción. Pero no podemos soslayar que tenemos un informe negativo de la Corte Suprema, que observa ese cambio de jurisdicción.

Entonces, no quisiera que una medida que, insisto, está bien inspirada, pensando en la propia seguridad de fiscales y jueces, terminara nuevamente enredando el propósito noble y urgente que tiene esta ley antiterrorista, al tener que pasar por el Tribunal Constitucional.

Por eso, Presidente, en esta materia -y sería muy importante el pronunciamiento de ambos ministros al respecto- voy a concordar con el consenso que pareciera haber.

Sé que se han pedido varias votaciones separadas, pero yo, al menos, pensando en la necesidad de contar prontamente con el despacho de esta ley antiterrorista, solo voy a rechazar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados respecto a los artículos 19 y 20, para que sean esas las disposiciones que vayan a una comisión mixta, de manera que sea lo más acotado posible la competencia de dicha comisión y podamos despachar rápidamente una nueva y moderna ley antiterrorista, que forma parte del fast track legislativo que hemos concordado entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo .

Gracias, Presidente .

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, quiero saludar al ministro Cordero , que nos acompaña, y a la ministra Tohá , quien estaba hasta hace poco en la sala.

Desde ya quiero anunciar mi voto a favor de las enmiendas a este proyecto, aunque también soy partidaria de acoger dos de las votaciones separadas se han hecho llegar. Ya explicaré ese punto.

Previo a ello, no está de más hacer un poco de historia y recuerdo.

En mayo de este año, votamos en particular este proyecto en su primer trámite constitucional y, sin perjuicio de las votaciones separadas que se solicitaron, creo que todos estábamos de acuerdo en que era necesario hacer una derogación de la actual ley antiterrorista; entre otras cosas, por su problema de legitimidad, que incluso ha desatado sentencias desfavorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para nuestro país, que advirtieron su colisión con estándares internacionales.

Yo recuerdo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reprochado la inclusión de delitos de menor entidad en el catálogo de delitos terroristas, por ejemplo, el simple incendio, la presunción simplemente legal del ánimo terrorista o la presentación de testigos con identidad reservada sin permitir un efectivo contraexamen de la defensa.

Además, los términos en que se define la conducta constitutiva del delito terrorista y la dificultad de acreditar el ánimo terrorista han producido una serie de dificultades, como ya se ha señalado en esta sala, en su aplicación.

Por todo lo anterior, ha tenido una bajísima efectividad y solo se ha dictado una sola condena en juicio oral por delito terrorista en 2018, a pesar de las muchas veces que ha sido calificado como tal por el Ministerio Público.

Esta iniciativa, con los cambios que propone, incorpora nuevas técnicas especiales de investigación y herramientas, como la interceptación de comunicaciones y equipos informáticos; el uso de agentes encubiertos, reveladores e informantes; mecanismos para el adecuado resguardo de la identidad e integridad de los testigos protegidos y víctimas, entre otras materias.

Asimismo, destaca que se establece el derecho a la defensa de contrainterrogar personalmente a los testigos protegidos y agentes especiales para evitar precisamente los reproches de la Corte Interamericana. Además, prohíbe que la condena se sustente únicamente en la declaración de los agentes encubiertos, reveladores e informantes, o de los testigos protegidos.

Creo que eso ya es un avance muy importante, sobre todo porque recoge las observaciones y aprehensiones que nos había hecho saber la Corte Interamericana.

Nos corresponde analizar en esta iniciativa, en tercer trámite constitucional, algunos cambios que aquí se han mencionado, que fueron introducidos por la Cámara y deben ser objeto de un análisis en comisión mixta.

Particularmente, creo que la inclusión de la técnica de investigación que permite acceder a los datos de equipos telefónicos e informáticos de personas que no necesariamente están involucradas en los delitos no contempla un mecanismo adecuado de rendición de cuentas por parte del Ministerio Público.

Como se trata de una técnica sumamente intrusiva, que permite el acceso a teléfonos, computadores y otros elementos tecnológicos, debería contemplar un mecanismo de rendición de cuentas para que sea utilizada con responsabilidad.

El proyecto acota algunas disposiciones a ciertas regiones, lo que me parece muy llamativo para nuestra legislación, lo cual supone contar con distintas atribuciones para la persecución penal en Arica, Antofagasta o Atacama y no en el resto del país. Y considero que debiesen existir iguales posibilidades, porque la comisión de los delitos no se puede distinguir según el territorio.

Pienso que se debe revisar también la regla que autoriza el cambio de jurisdicción a la de los tribunales penales de la Corte de Apelaciones de Santiago en casos de alarma pública o especial complejidad.

Lo anterior no solo lo debemos revisar porque la Corte Suprema lo ha informado negativamente debido a que encuentra que vulnera el principio de juez natural y el derecho a la defensa, sino también porque hemos legislado para otorgar mayor protección a jueces, fiscales y testigos, que es parte sustantiva de la modificación propuesta.

En estos casos, se permite, por ejemplo, comparecer a las audiencias de manera remota, por lo que trasladar todas las causas a Santiago parece ser bastante ineficaz e innecesario.

Me gustaría, en tal sentido, conocer la posición del Gobierno, ya que nuestra ministra está presente, para tener certeza sobre aquello que nosotros consideramos necesario que vaya a comisión mixta, por las diferencias que manifestamos respecto a lo legislado por la Cámara de Diputados.

Con todo, considero muy importante el avance, y por eso anuncio mi voto a favor, y solo me adhiero a las votaciones separadas en los dos términos que he dicho.

Gracias, Presidente .

El señor MACAYA.-

Gracias, Presidente.

Hace muchos años que venimos reiterando que la seguridad es una prioridad y que constituye el tema más importante que nuestro país debe atender hoy día, puesto que no se pueden seguir tolerando ciertos niveles de violencia. Durante los últimos días, lamentablemente, la realidad ha seguido dando la razón a nuestro argumento y no nos podemos seguir dando el lujo de no contar con una legislación en materia terrorista que sea moderna y eficiente en la persecución penal y en la prevención de tales delitos.

En ese aspecto, quiero destacar que se haya podido empezar a desenredar una madeja que lleva muchos años siendo complicada. Las legislaciones antiterroristas siempre han sido un tema de amplio debate, y el hecho de que ahora sea puesta en votación en su tercer trámite la presente iniciativa es un símbolo de que al menos ya hay ciertos consensos básicos en cuanto a que se trata de una materia importante.

Claramente, existe una falencia legal. Y en el hecho de que el Presidente de la República haya tenido que acudir reiteradamente por más de dos años a los estados de excepción para combatir el terrorismo, después de que dijera que no lo iba a hacer, está el reconocimiento implícito de esa realidad.

Este proyecto de ley consagra un elemento fundamental para avanzar en una legislación moderna y efectiva, que es eliminar el elemento subjetivo. Es decir, la famosa "intención" de cometer un delito terrorista, que en la práctica solo ha llevado a resistirse a la persecución penal contra quienes ejecutan dichos delitos.

En este caso, no se puede dejar de mencionar -y es una de las razones más importantes para empujar esta legislación- a los nuevos mártires de Carabineros, que con su ejemplo de entrega han dado testimonio vivo de lo que es el amor por Chile, hacia el servicio público y el cumplimiento del deber. Por eso nuestra obligación es legislar en esta materia, a los efectos de contar con una ley que sea un aporte para perseguir el delito terrorista.

La realidad actual es que Chile efectivamente ha sido objeto de delitos terroristas y la normativa vigente ha devenido en letra muerta debido a las exigencias probatorias y a su restricción para definir los tipos penales.

Hoy día tenemos la necesidad de cambiar lo aseverado en su momento por el subsecretario Monsalve -y es una realidad que constatan los fiscales, desde cierta perspectiva, y los tribunales de justicia-, en cuanto a que la ley actual no permitiría ser lo suficientemente eficaz en la investigación ni tampoco aplicar penas más altas. Y por esa razón muchas veces los fiscales, a la hora de formalizar, a la hora de acusar, no aplican los tipos penales establecidos en la legislación, y que además son principios consagrados constitucionalmente.

Desde esa perspectiva, hago un llamado al Ejecutivo , y también a la oposición, a que legislemos efectivamente sobre la base de la realidad. Y la realidad actual es que Chile ha sido objeto de múltiples delitos terroristas que no han sido tipificados ni formalizados como tales, que no han sido acusados así ante la justicia, y que tampoco han sido sentenciados de esa manera por las falencias de nuestra legislación. Por eso, una normativa que finalmente sea letra muerta es algo que debemos cambiar y ahora se está dando un paso importante. En tal sentido, felicito el hecho de que se haya empezado a desenredar esta madeja.

Para no acostumbrarnos, es necesario que la ley sea capaz de prevenir y de perseguir los delitos terroristas. Y ahí estábamos muy al debe y esperamos que esa realidad vaya cambiando.

Pido que legislemos esta materia con sentido de urgencia. La situación que está viviendo Chile en materia de seguridad es insostenible. Hay delitos terroristas. Las prioridades parlamentarias muchas veces no se condicen con la realidad, y para ello basta ver las tablas legislativas de este Congreso.

En conclusión, consideramos que el proyecto de ley que hoy se somete a votación en su tercer trámite subsana el defecto principal de nuestra regulación antiterrorista actual, como es el problema probatorio, por la dificultad a la hora de acreditar el dolo.

A cinco meses del atentado terrorista que cobró la vida de tres carabineros, y en atención a que se trata de uno de los proyectos más importantes que se pusieron arriba de la mesa en el fast track de seguridad impulsado por parte del senador Coloma -nobleza obliga a hacer la mención- y que se encuentra pendiente, es fundamental dar señales de avance a la ciudadanía, sobre todo considerando la crisis de seguridad en la que nos encontramos inmersos.

Y, por eso, nosotros vamos a votar favorablemente, manteniendo algunas prevenciones, algunas aprensiones, pero nos parece importante dar este paso el día de hoy.

He dicho, Presidente .

El señor DE URRESTI.-

Gracias, Presidente.

Nosotros estamos derogando la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, que corresponde a una normativa nacida en dictadura; hablamos de una ley donde claramente los fines, los propósitos, los tiempos de tramitación, el debate, no fueron realizados en el ambiente democrático que hoy día tenemos, y cuando existían otras figuras, otros impulsos, otra realidad internacional. Ahora se está dando una discusión para poder derogar esta ley y poder trabajar un nuevo cuerpo legal que principalmente hable de la asociación terrorista como un elemento fundamental para disuadir aquel componente subjetivo, especialmente del dolo, y donde los estándares internacionales impedían su aplicación.

No obstante, considerar la existencia de conductas con tales circunstancias nos llevaba al imposible y a permanentes recursos en ámbitos internacionales para invalidar y hacer estéril su aplicación, por lo cual no se tenía un instrumento.

Lamento que en la discusión muchas veces haya primado la velocidad o la intención de sacar normas con rapidez. Y quiero señalar para la historia de la ley que al menos en la Comisión de Constitución este proyecto estuvo solamente en dos sesiones y no hubo ninguna posibilidad de realizar un debate de fondo desde el punto de vista de la discusión ni que concurrieran los académicos cuya participación se había planificado para dicha instancia.

Se optó por una técnica legislativa que, al menos en las normas donde estamos pidiendo votaciones separadas, claramente generaron inconsistencias legislativas que pueden llevarnos a presentaciones o solicitudes de nulidad de aplicación.

Y me refiero específicamente al artículo 2°, donde es importante señalar, y es un punto que levantaba la senadora Pascual , que, con las modificaciones hechas por parte de la Cámara de Diputados, se integra un inciso final que es claramente contradictorio.

En el inciso primero del artículo 2° se señala que "Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas", y hace un análisis completo de la definición y establece los números 1°, 2°, 3°, 4° y 5°. Pero la Cámara de Diputados agrega un inciso final que, desde la técnica legislativa -y lo digo porque estaba bien estructurada la definición-, es absolutamente contradictorio, porque dice: "Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8".

Claramente, es una mala técnica legislativa, porque ya nosotros en el inciso primero estamos definiendo la asociación terrorista. Y con el inciso final podríamos llegar a generar una contradicción y pensar que hay dos modelos de asociación terrorista, dependiendo del tipo penal: el referido a los artículos 7 y 8 o el señalado en el primer inciso.

Por lo tanto, para la tranquilidad y para el trabajo de actualización de nuestra legislación a los nuevos fenómenos de terrorismo, ya sea colectivo (con tres o más personas) o el lobo solitario, me parece una mala técnica y claramente el inciso final está mal logrado.

Y por eso -por su intermedio, Presidente -, le digo al ministro de Justicia , quien conoce de estas situaciones, que nosotros vamos a votar en contra del artículo entero, porque una mayoría está en desacuerdo con lo establecido en el inciso final y hay que rechazarlo para provocar una discusión y armonizarlo con la definición del inciso primero, a fin de que haya coherencia y no caigamos en contradicciones.

En segundo lugar, me parece importante precisar lo del terrorismo individual, sea conexo o inconexo. Ahí falta una mejor definición para vincular también la conspiración, la incitación a la sanción de los actos preparatorios.

Yo entiendo que, desde el punto de vista de las técnicas de la investigación, es importante anticiparse a los ilícitos, pero también tenemos el principio de legalidad. No podemos simplemente sancionar actos preparatorios que sean solo indiciarios, porque muchas veces ahí tiene que haber una mayor garantía procesal.

Como queda poco tiempo, quiero referirme a dos elementos que a mi juicio son importantes de consignar en la historia de la ley.

Creo que la figura del artículo 19, principalmente la técnica especial de investigación denominada "IMSI Catcher", es absolutamente inconstitucional, que va a ser objeto de un reproche de constitucionalidad, valga la redundancia, en el Tribunal Constitucional.

La sentencia rol 15.525-24, precisamente del Tribunal Constitucional, a propósito de la Ley de Reincidencia, fue clara y explícita respecto de la inconstitucionalidad de los artículos de esta naturaleza, específicamente el artículo 222 del Código Procesal Penal, en cuanto al aseguramiento a las personas de la inviolabilidad de la comunicación previa.

Yo creo que es importante señalarlo.

Me parece que el ministro de Justicia también tiene conocimiento de esto y considero relevante anticiparse a un eventual fallo adverso.

Por otro lado, es importante que quede registrado en la historia de la ley, y pido que se quede consignado íntegramente, lo siguiente.

Como presidente de la Comisión de Constitución venía pidiendo desde hace años de años al Ministerio Público claridad en lo que respecta al procedimiento de interceptación de comunicaciones, establecido en los artículos 222 y siguientes del Código Procesal Penal, y la información residual.

Luego de muchas peticiones -y aquí hubo un compromiso del señor Ángel Valencia al postular-, el Fiscal Nacional nos entregó, después de largo tiempo, la denominada "caja negra" de las escuchas telefónicas en Chile.

Y por eso pido que se agregue en la historia de la ley el informe que emitió el Ministerio Público sobre la materia -se lo hice llegar en su momento al senador Kast-, a propósito de la absoluta incapacidad y opacidad que ha existido en el organismo persecutor en cuanto a la información residual que se va obteniendo de las interceptaciones telefónicas.

Existe la obligación legal de notificar a la persona a la que se interceptó y fue escuchada, pero que no formaba parte de la investigación, así como de destruir esas grabaciones. ¡Pero no hay información acerca de eso! Y ese material hoy día se utiliza en el mercado secundario para extorsionar o para obtener antecedentes relevantes.

Si me da veinte segundos, Presidente .

Entonces, eso es tremendamente importante.

Aquí está el oficio del Ministerio Público, de 18 de enero de 2024, hecho llegar a la Comisión de Constitución, donde se detalla la inexistencia de un procedimiento de resguardo por parte de la Fiscalía.

(El documento cuya inserción se ha instruido se puede ver en el anexo de la presente sesión).

Con lo que hemos visto en los últimos tiempos, particularmente en lo relativo a fiscales que trafican información, que actúan y se ponen de acuerdo para situaciones brutales, yo no quiero ver expuesto a nadie, por conducta terrorista o por lo que sea, a la utilización de la información residual obtenida de la interceptación telefónica, no para la investigación, sino para su uso en un mercado secundario o para extorsión.

Creo que eso es tremendamente grave.

Por último, y sin perjuicio de lo anterior, en materia de la jurisdicción nacional me parece que el artículo 18 tiene que dialogar con lo que estamos aprobando en el proyecto que crea la Fiscalía Supraterritorial, y por eso he pedido votación separada de dicho precepto.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo a la ministra del Interior y Seguridad Pública y también al ministro de Justicia .

Siguiendo la lógica del senador que me antecedió en el uso de la palabra, creo que este instrumento tiene que ir de la mano con la nueva fiscalía supraterritorial. Es una herramienta poderosa, y probablemente será la más importante de dicha fiscalía.

Recordemos que, según se ha definido, las actividades terroristas incluso pueden ser realizadas por una sola persona: la famosa figura del lobo solitario.

Creo, eso sí, que quizá se ha confundido, especialmente durante la discusión y en algunos elementos que vienen en el informe, lo que realmente se dice en la ley.

Yo quiero leer el artículo 19, antiguo artículo 13, que habla de aquella información que se puede obtener previa autorización del juez. O sea, hay control judicial.

¿Qué dice la letra a) de ese artículo? "La dirección IP", que es aquella que permite identificar los computadores -hoy los celulares son computadores; por eso tienen IP-; "los identificadores SIM", que es el de la tarjeta, y después señala "IMEI, IMSI".

Señor Presidente , en ninguna parte de esta futura ley se habla del IMSI Catcher. Yo no sé quién introdujo esta distorsión.

El IMSI Catcher es una maleta, que vale varios millones de dólares, que se pone para suplantar una antena, una estación base. Y solamente aquellos teléfonos que están siendo suplantados por esa antena pueden ser geolocalizados, y no otros. Por eso, suponiendo que los terroristas puedan estar en muchos lugares donde haya antenas, deberían tener un IMSI Catcher en cada una de ellas.

Es un error que se ha cometido -y la prensa lo ha tomado y ha salido en los medios-, y me gustaría que se aclarara, porque de lo único que se está hablando es de metadatos que debieran entregar los proveedores de los servicios.

Por eso se autoriza una medida intrusiva, con una orden judicial, para poder obtener información. Y esa información se refiere al dispositivo (el número IP que se le asigna), a la SIM (la tarjeta), y después al e-mail y al IMSI. El e-mail es el VIN, el número de chasís del teléfono, que no cambia, y el IMSI es solo el número de la tarjeta SIM, de reconocida forma local.

Entonces, se ha usado un discurso que no es efectivo. Lo único que se está haciendo es regular qué son los metadatos y cómo se van a obtener.

Y además me preocupa que los delitos contemplados en las leyes N° 20.000, de drogas, y N° 21.577, sobre organizaciones delictivas, solo se restrinjan a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo , cuando aquellos se producen en todo Chile. Y por eso necesitamos una fiscalía supraterritorial que se haga cargo del país completo.

De ahí que debemos entender qué se está autorizando con un control judicial (los metadatos) y para dónde se va a requerir (en todo Chile).

Creo que el esfuerzo que se ha hecho para avanzar es muy valioso. Pero también es importante entender de qué equipamiento se va a hacer uso, qué técnicas se van a ocupar, así como qué medidas y garantías, porque los datos personales de quienes no están afectos a la investigación tienen que ser preservados.

Y eso es parte de otra iniciativa -esperamos que el Tribunal Constitucional la evacúe pronto-, que establece la Ley sobre Protección de Datos Personales, porque la data de las personas que no son sujetos de la investigación no se debe usar. Se puede utilizar exclusivamente aquella que permite encontrar patrones, porque para ubicar a individuos que se ocultan se necesita toda la información disponible. Esto lo hacen todos los países del mundo, los democráticos y los no democráticos. Los democráticos lo hacen con control judicial y con control de los derechos de las personas. Y eso es lo que queremos que ocurra: que se haga con las medidas de control que corresponden.

Creo que se ha madurado bastante.

Solamente quiero señalar que es importante precisarlo, y por eso pediremos que se puedan revisar, en una comisión mixta, aquellos elementos que es necesario ajustar.

Voy a votar a favor, Presidente, y obviamente que haré mis planteamientos a través de las indicaciones respectivas.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor SAAVEDRA.-

Gracias, Presidente.

Primero deseo decir que lo que estamos legislando acá tiene el valor de que se hace justamente dándole la legitimidad de la cual carece hoy día la ley actual y, por otra parte, entregando instrumentos para que el Ministerio Público pueda proceder en todos los procesos de investigación y resolver situaciones que aún están inconclusas.

En la región del Biobío, el año pasado, se volaron torres de alta tensión, a la altura de Hualqui; también está el atentado contra tres carabineros en la comuna de Los Álamos, y la semana que terminamos se produjo un corte y el robo de equipos en las torres de vigilancia que están justamente para prevenir incendios. Es decir, hay una serie de hechos, evidentemente encadenados, que se han dado de un tiempo a esta parte en la región del Biobío.

Pero cuando uno pregunta "bueno, ¿cómo hacemos para que efectivamente se investigue y se sorprenda a los hechores de estos atentados, que causan pavor y temor en la población?", la verdad es que no se obtiene respuesta.

Espero, por lo tanto, que la ley que estamos por aprobar, primero, pueda tener validación democrática, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y que la instrumentación que se apruebe permita la investigación y la sanción. Y ello, al mismo tiempo, en coordinación no solamente con el Ministerio Público, sino también con otras instituciones del Estado, para que se puedan abordar situaciones que claramente son actos terroristas que se cometen en el territorio.

Junto con lo anterior, evidentemente, habrá que lograr que esta normativa mejore todo lo que es la estrategia de seguridad que tenemos que llevar a cabo en el país. Los hechos así lo demuestran. No son hechos menores, y requieren, en consecuencia, sanciones para que la población sienta que efectivamente se la está protegiendo y que no quedan situaciones sin explicación alguna y reiteradas en el tiempo, en forma periódica, y prácticamente en el mismo territorio.

Aquello, por cierto, necesita el accionar de la institucionalidad, pero, si no se tienen instrumentos legales, resultará imposible lograrlo.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá hoy día -reitero- es entregar una herramienta para permitir que se avance y traer tranquilidad y paz social a los territorios en que cada uno de nosotros vive.

Lamento lo que ocurre en mi región. Se trata de actos reiterados, en que se requiere -insisto- la mayor de las energías en el proceder, en la sanción y en la búsqueda de los responsables de hechos que, de verdad, tienen muy preocupadas a comunas rurales, como Florida, Yumbel, Hualqui, Los Álamos , y a toda la provincia de Arauco y parte de la de Biobío.

Por consiguiente, voy a concurrir con mi voto a favor para que se siga avanzando en reiterar una mejora en la estrategia de seguridad, sobre todo en relación con estos actos, que causan temor, y al mismo tiempo en todo lo que son las dificultades por la falta de compromiso, a veces, de quienes tienen que entregar datos por parte del sector privado. En muchas ocasiones lo tienen, pero no existe la coordinación suficiente para ello.

Así que votaré a favor para -repito- traer tranquilidad a muchos lugares del país donde han ocurrido estos actos.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA.-

Muchas gracias, Presidente.

Quisiera señalar que el temor que tengo es que ahora estemos reviviendo lo mismo que se hizo en el 2010, cuando se modificó la ley N° 18.314 y se cometieron errores jurídicos que imposibilitaron absolutamente su aplicación desde ese año hasta la fecha. O sea, son catorce los años en que esa modificación no ha producido ningún efecto.

Yo entiendo cuando algunos señores senadores y algunas señoras senadoras dicen acá: "Mire, se inició un incendio, hubo un atentado en tal o cual parte de la macrozona sur". Entiendo el juicio político que hay sobre eso y el repudio que se genera frente a aquellos hechos de violencia. La pregunta es cómo hace usted una ley que encaje jurídicamente con ese hecho que está repudiando.

El problema que se suscitó el 2010 fue que, en la tipificación del delito (artículo 1° de la ley N° 18.314), se introdujo un elemento subjetivo, no en la culpabilidad del delito, sino en la tipicidad del delito, en su estructura, que era imposible probar.

Ahora leo el artículo 2° de la nueva normativa y veo que ha cambiado una cosa importante: se establece una asociación terrorista -está de acuerdo con la moderna legislación europea-, entre cuyos fines está exactamente la socavación del sistema democrático, la democracia que se ha dado la sociedad. Eso se ubica dentro de los estándares.

Pero además se coloca, como uno de los objetivos de la organización, la comisión de determinados delitos.

Por lo tanto, cuando suceda un hecho como los que aquí se han señalado, usted va a tener que probar no solo que existe una asociación de más de tres personas, entre cuyos objetivos debe estar socavar la democracia, sino, además, que dicha asociación se ha establecido para cometer el listado de delitos que ahí se mencionan.

Se quiere establecer un listado de delitos y decir: "estos delitos son terroristas", en que podemos meter todo, porque hay un tremendo listado de delitos que se dice que son terroristas. El problema es que esa nómina está en la tipicidad del delito, pues usted está diciendo que la organización debe tener, entre sus finalidades, la comisión de aquellos.

Yo le pregunto aquí a la señora ministra del Interior y al señor ministro de Justicia cuál es el injusto de este delito. ¿Cuál es el injusto? Estoy usando una terminología muy jurídica, pero que se utiliza en la legislación alemana, fundamentalmente. ¿Cuál es el injusto del delito?

Lo digo para la historia de la ley, dado que en esto ya fuimos condenados por la Corte Interamericana respecto de la aplicación de la ley N° 18.314. Siempre los defensores van a querer agotar todas las instancias y los tribunales tienen que interpretar la aplicación de la ley.

Así que simplemente le quiero decir al Gobierno que tengo esta duda en cuanto a si estaríamos cometiendo el mismo error en la materia, de tipificar el delito y configurar el injusto jurídico de la manera que esta tipificación trae consigo.

Esa es mi inquietud.

Creo que a lo mejor una instancia como una comisión mixta podría haber mejorado notablemente esto, aparte de las otras cosas que se observan, como las intromisiones en las comunicaciones, tal como se ha señalado. Podría haberse aprovechado esa vía, a lo mejor, para haberle dado una vuelta al tema, mejorar esta normativa y ver las dudas que por lo menos yo planteo, señor Presidente .

Gracias.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Claramente, este es un proyecto de ley importante ante la imperiosa necesidad que tiene el país de avanzar en un área en extremo delicada, tal como aquí lo han planteado los colegas que me han precedido.

Cada país, sin lugar a dudas, tiene su propio marco legal en relación con el terrorismo y adopta las características a su contexto y requerimientos específicos. Desde ese punto de vista, nuestro país necesita perfeccionar una ley que en muchas materias ha sido ambigua para los efectos de su aplicación, y que ha permitido que actos y conductas terroristas de alta connotación queden en la más absoluta impunidad.

Son desafíos importantes, sin lugar a dudas.

Tengo confianza, claramente, en que proyectos de ley de este tipo van en la línea correcta. Pero también he sido y soy crítico de instancias instauradas por el propio Gobierno en esta materia que no han obtenido resultados de ningún tipo, como la famosa Comisión por la Paz y el Entendimiento que, desde mi punto de vista, ha conseguido cero resultados: mucho gasto de recursos, millonarios recursos, pero, ¡cero resultados!

Desde ese punto de vista, definimos las leyes antiterroristas como un conjunto de normas diseñadas para prevenir, investigar y sancionar actos de terrorismo. Y el proyecto va en esa línea, creo yo, de la manera correcta, abordando los principales problemas que hoy día vemos, sobre todo en la zona de La Araucanía y el Biobío, donde los actos violentos tienen como objetivo central intimidar o coaccionar incluso al gobierno de turno.

Se necesita más vigilancia, más recopilación de inteligencia -bastante deficiente en nuestro país- y cooperación internacional; investigación y enjuiciamiento; investigaciones más amplias para acelerar los procesos judiciales; protección de testigos y, por cierto, rastrear y bloquear el financiamiento de actividades terroristas.

El proyecto, por ende, Presidente , al crear nuevos delitos de asociación terrorista, va en la línea de mejorar significativamente la regulación antiterrorista contenida en la ley N° 18.314, que presenta, como ya se ha dicho y repetido acá por varios colegas, serios problemas de aplicación y legitimidad.

Por lo tanto, creemos que este proyecto va a ser un adelanto que permitirá ir avanzando en un tema de alta sensibilidad para nuestro país. Ojalá todos, independiente de los colores políticos y dejando la ideología de lado, lo votemos a favor, porque aquí lo que importa es pensar en el país.

Cuando votamos la Ley Nain-Retamal, hubo sectores políticos que se opusieron y la trataron de demonizar en la Sala, pero, de una manera u otra, les ha entregado a nuestras policías mayores herramientas para defenderse del crimen organizado.

Esta ley debe ser enfocada en ese mismo ámbito. Que tenga un apoyo transversal significa que estamos de acuerdo en que resulta necesaria la creación, como dije recién, de nuevos delitos de asociación terrorista que puedan dejar de lado los serios problemas de aplicación y legitimidad que ha presentado la actual; en que la ley debe graduar las penas de mejor manera; en que la asociación terrorista tiene que ser perseguida en su esencia misma para lograr entregarle algo de tranquilidad a la gente, que en la zona roja vive situaciones muy lamentables día a día y donde nuestros policías y nuestros militares deben estar abocados a resguardar la seguridad de la población, todos los días, en su diario quehacer.

Eso, claramente, demuestra la preocupación que existe en esa zona por los graves hechos que han ocurrido, de alta connotación pública, que esperamos por lo menos erradicar. Nadie puede decir que con esta ley no habrá actos terroristas, porque van a seguir existiendo, lamentablemente, pero sí vamos a tener más herramientas para combatirlos y eso es lo que importa.

Voto a favor, Presidente, tomando en consideración, también, que respecto de algunas normas que se ha solicitado votar separadamente vamos a votar en contra.

He dicho, Presidente .

El señor QUINTANA.-

Gracias, señor Presidente.

Esta es una discusión absolutamente necesaria -quizás más necesaria que nunca hoy en día-, porque el Gobierno actual -y saludo la presencia de la ministra del Interior , del ministro de Justicia - le da mayor coherencia a un conjunto de herramientas de persecución que son indispensables.

Hoy tenemos una ley de crimen organizado que no teníamos antes y tenemos una modificación a la Ley de Armas que no teníamos antes. De hecho, gran parte de la persecución de los delitos mencionados por varios colegas, independientemente de si uno quiere entrar en la calificación de terrorista o no terrorista, se da por la Ley de Armas, fundamentalmente.

Por lo tanto, primero, no es cierto que hoy día exista mayor impunidad. ¡No! Todo lo contrario: tenemos menos impunidad. En las regiones del sur ha habido muchas más condenas que en el pasado, mucha más persecución, y tenemos una baja, reconocida transversalmente por todos los actores, de lo que se dio en llamar en el pasado "delitos terroristas" y que ahora es delincuencia, crimen organizado en general.

Tenemos una ministra acusada, pero bueno: ¡esas son a veces las incoherencias que no se entienden! Pero efectivamente ahora es cuando más han bajado los delitos violentos y lo que dábamos en llamar "delitos terroristas".

Quiero detenerme un poco en el "dábamos en llamar", porque el mundo político normalmente hace una discusión semántico-jurídica (lo decía el colega Huenchumilla) no solo en este tema, sino también a propósito del crimen organizado. Muchas veces olvidamos cuáles son los presupuestos que se requieren para que finalmente se configure determinado tipo de delito, como en el crimen organizado, donde debe tener lugar la obtención de una retribución económica a cambio.

Acá estamos hablando de otra legislación. Por tanto, la tipificación y la coherencia de la norma son algo fundamental. Y me temo que existen algunas dudas, bastante razonables, que el Gobierno, en mi opinión, puede aclarar.

Pero también quisiera decir que en esta materia se requieren consensos mínimos. Y no sé si todos estamos entendiendo lo mismo.

Recuerdo perfectamente que esta discusión la tuvimos hace poco más de una década entre quienes éramos senadores en aquel tiempo, cuando el Gobierno del Presidente Piñera propuso incorporar un elemento subjetivo, la intención, que finalmente no se pudo probar. No lo digo con un afán odioso. ¡No! Fue el Gobierno del Presidente Piñera -ese es un dato real-, el que, más allá del contexto y del clima político de la época, trajo finalmente esa propuesta, que se aprobó. En definitiva terminamos con una ley ineficaz, ¡ineficaz!

Me temo que aquello debiese ser algo que nos preocupe, porque probablemente, si agregamos tantos elementos, especialmente a la tipificación, puede que finalmente ya no sea un elemento subjetivo, sino uno objetivo el que nos impida perseguir por esta vía y nos haga seguir utilizando la Ley de Armas y otras para la persecución de delitos graves.

Pero eso requiere consensos mínimos elementales, no porque haya un tratado internacional que describa lo que son delitos terroristas, sino porque tenemos que ser capaces de entender de qué estamos hablando finalmente.

No sé, de pronto recuerdo que a fines de julio hubo un ataque en el Medio Oriente, en el norte de Israel, y se asesinó a doce niños drusos (ni siquiera israelíes: ¡drusos!), el cual no fue considerado delito terrorista. En cambio, sí se considera terrorista la quema de un galpón. Naturalmente es un delito grave que debe ser perseguido. Por fortuna, hoy existe una mayor capacidad de persecución.

Pero, como digo, tenemos que establecer consensos mínimos respecto de qué entendemos por terrorismo.

¿Hay terrorismo en el mundo, o solo lo tenemos en Chile?

Creo que es una base para lo que tenemos que plantearnos.

Sin embargo, lo que particularmente me preocupa, señor Presidente, es que, en efecto -lo decía el senador De Urresti-, hay una incoherencia -yo lo veo así-, por lo siguiente.

Se plantea muy bien en el artículo 2°, que lo que se busca es "desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas", con fines determinados; generar un efecto en la población.

Después, efectivamente, se agrega que "Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8".

Eso puede llamar a engaño, a una incoherencia, y en definitiva a dificultar que se pruebe en tribunales algo que hoy día se está probando, pero por otra vía, en otro tipo de delito.

Por lo tanto, señor Presidente , esta nunca ha sido una discusión fácil. Así que, si tenemos que tomarnos unas semanas más para que el proyecto vaya a comisión mixta, se resuelvan las dudas y tengamos efectivamente una ley que permita perseguir este tipo de delitos de manera eficaz, lo considero altamente entendible y necesario.

El señor CHAHUÁN.-

Gracias, Presidente.

Por supuesto que nosotros vamos a aprobar este proyecto de ley, que determina conductas antiterroristas, y que fusionó mociones de un sinnúmero de parlamentarios. En esta iniciativa hay, a lo menos, cinco mociones parlamentarias y un mensaje presidencial refundidos, lo que demuestra la necesidad de abordar una nueva ley antiterrorista.

Justamente, era uno de los proyectos que se encontraban pendientes en la Agenda de Seguridad. Recordemos que estuvo durante mucho tiempo para ser discutido sin que las urgencias legislativas pudieran conseguir aquello.

En esta Administración hemos logrado el compromiso de la ministra para que finalmente tengamos una ley antiterrorista, lo que es un avance importante.

En la Cámara de Diputados se introdujeron mejoras significativas, como las siguientes:

-La redefinición de asociación ilícita terrorista.

-Se incluye una norma que protege especialmente la vida y la integridad de altas autoridades como un delito especial. Y también ocurre lo mismo con la colocación, el envío, la activación o la detonación de una bomba o un artefacto explosivo que afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas.

-Se incluye como delito especial la conspiración y la búsqueda de financiamiento para cometer delitos terroristas.

-Se fija en tres años el plazo especial de investigación para este tipo de delitos desde la formalización.

-Se permite, previa orden judicial, intervenir cualquier sistema de transmisión de telecomunicaciones o emplear otras tecnologías similares. Esto será regulado por una instrucción general dictada por el Fiscal Nacional.

-Se mejoró la figura del llamado "lobo solitario".

Ahora quiero hacer algunos comentarios específicos respecto de la iniciativa.

Por un lado, se mantiene el principio de especialidad, quedando por sobre la legislación general del Código Penal.

A la vez, se acota el elemento subjetivo del proyecto y se establecen situaciones de hecho con finalidades terroristas: socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado; someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella, incluyendo los ataques informáticos.

Cabe mencionar que el Ministerio Público, hasta el momento, ha optado por perseguir hechos de connotación terrorista haciendo uso de otras leyes, como la Ley de Control de Armas y Explosivos, debido a la dificultad de alcanzar el estándar subjetivo requerido por la ley actual. Por tanto, esto va a significar un aporte relevante.

En cuanto a las oportunidades que presenta el proyecto, podemos consignar lo siguiente:

-Los plazos de investigación y detención se extienden, como ya hemos señalado.

-En cuanto a las técnicas de investigación, se autoriza la detección del número telefónico de sospechosos, para luego solicitar la intervención de comunicaciones.

-Respecto del financiamiento y la incitación al terrorismo, se incorporan delitos relacionados con el financiamiento del terrorismo, siguiendo recomendaciones internacionales.

-En materia de libertad condicional y penas sustitutivas, los delitos terroristas requerirán cumplir dos tercios de la pena antes de acceder a la libertad condicional y se excluyen de las penas sustitutivas.

-En cuanto a la competencia especial, en casos de delitos terroristas de especial complejidad o que generen alarma pública, se permite que estos sean conocidos en tribunales de la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo ciertas circunstancias.

-Se requiere una nueva normativa que permita sancionar los delitos terroristas tal como son, evitando recurrir a otras figuras normativas para sancionar dichos ilícitos.

-En cuanto a los nuevos tipos penales, se introducen figuras delictivas que no requieren probar la intención terrorista, lo que también es un avance significativo.

Si bien había algunas materias que nosotros pretendíamos que pudieran ser analizadas o descritas de mejor manera, como el cambio de jurisdicción, el uso de tecnologías especiales o la limitación de la aplicación de estas técnicas a ciertas regiones, nosotros hemos preferido que el proyecto -es lo que vamos a hacer- sea despachado a ley en este acto.

Finalmente, acogemos el planteamiento que ha hecho la ministra del Interior, si logramos finalmente los quorum referidos, del envío de un proyecto que sea capaz de acotar aquellas cuestiones que requieren alguna corrección.

Y si bien ya en materia de reincidencia se abordó durante la tramitación de esta ley justamente esa circunstancia, esperamos que la ministra del Interior cumpla en su momento el compromiso de enviar el proyecto que nos permita acotar los asuntos que quedaron abiertos.

Reitero: esperamos tener el quorum referido para despachar el proyecto, porque no queremos que esto vaya a una comisión mixta, ni tener más dilaciones respecto de una normativa que se requiere urgentemente.

Gracias, Presidente .

Vamos a concurrir a su aprobación.

--Se aprueban todas aquellas enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados que no fueron objeto de solicitud de votación separada (38 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Se abstuvieron la señora Provoste y el señor Huenchumilla.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Quedan aprobadas todas aquellas normas que no fueron objeto de solicitud de votación separada.

La señora PASCUAL.-

Presidente, lo primero que quiero decir es que no intervine en la parte general precisamente porque soy una de las que han pedido estas votaciones separadas. Por lo tanto, no es una argumentación de voto, sino una sobre la razón de dichas solicitudes.

Segundo, deseo señalar que, en estricto rigor, lo que había solicitado era la votación separada del inciso final del artículo 2° y no del artículo completo.

¿Por qué digo esto? Porque entiendo que, por técnica legislativa, en el tercer trámite me obligaron a que aquello fuera respecto del artículo completo. Y planteo el punto, porque, en estricto rigor, yo no quiero que el artículo 2° no esté, pero sí que se revise.

Entiendo la argumentación que acaba de entregar la ministra Tohá ; sin embargo, a pesar de ella, yo sigo teniendo la siguiente inquietud, de técnica legislativa.

Si bien el artículo 1° sanciona el pertenecer a una asociación terrorista; y el artículo 2° define la asociación terrorista, sus fines, y además establece los delitos, esta disposición termina con un inciso en que figura otra organización también entendida como terrorista, y en los artículos 7° y 8° aparecen otros delitos agregados por la Cámara, que no están entre los nombrados en este mismo artículo.

Deseo señalar esto, porque tuve una diferencia con el proyecto desde la primera vez que lo vimos acá, como manifesté en la Comisión de Constitución cuando se tramitó en dos sesiones: en este proyecto el artículo 1° sanciona la asociación ilícita; el artículo 2° genera la definición de asociación terrorista; el artículo 3° habla del lobo solitario, pero con fines terroristas; el artículo 4° se refiere al lobo solitario que no pertenece a asociación terrorista, que no tiene fin terrorista, pero que comete delitos terroristas.

Como vamos casándonos con esa idea, finalmente pareciera que aquello sería lógico, pero yo no lo encuentro así; pudimos no haber tenido ese artículo 4° -vuelvo a pedir que se vote por separado-, ¡porque no me convence que esté dos veces sancionado un lobo solitario!

Es realmente poco lógico.

Por eso reitero que no quiero votar en contra del artículo completo, sino solo de su inciso final, para que pueda mejorarse en cuanto a su técnica si llegara a pasar a una comisión mixta.

Eso, Presidente .

El señor DE URRESTI.-

Presidente , es en la misma línea que señaló la senadora Pascual . En tal sentido, les pido, por favor, que leamos el artículo 2°, que figura en la página 3 del comparado, pues creo que esta es la médula de la discusión.

Hemos votado a favor de estas normas, y queremos tener una buena legislación que nos permita aplicarla cuando se dé el tipo y se sancione penalmente.

Creo que la tozudez y el no abrirse a un debate de técnica legislativa nos puede llevar a problemas de aplicación.

El referido artículo dice: "Se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de los delitos que se indican a continuación y entre sus fines los de socavar", etcétera.

¡Se enumeran!

Y señala:

1° Los previstos en los artículos 141; 142, en fin.

2° Los previstos en el artículo 14 D, etcétera.

3° Los previstos en los artículos 281 bis.

4° Los previstos en los artículos 1°, etcétera.

5° Los dispuestos en los artículos tanto y tanto.

Es decir, hacen una enumeración lógica que va construyendo la norma.

Y siguiendo esa línea, lo que expresa el inciso final es que se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7° y 8°.

Yo me pregunto, para alguien que esté en la defensa de los delitos señalados en los artículos 7° y 8° (en definitiva, atentado contra el Jefe o ministros de Estado , o recolección de fondos), ¿estos tienen un tratamiento distinto a la hora del juzgamiento o se trata del mismo tipo penal de asociación terrorista?

Creo que lo contenido en los artículos 7° y 8° hay que incorporarlo en alguno de los artículos del 1° al 5°; y eso podemos hacerlo votando en contra. Me parece que nadie se opone a la definición; pero es mejor hacerlo así, de acuerdo con la técnica legislativa, y nos evitamos que el día de mañana, producto de este inciso -esto va a quedar en la historia de la ley-, alguien se valga de esta particularidad para reclamar una eximente o determinada condición en la asociación terrorista.

Esto no nos demora en nada; nos despeja cualquier duda, y así el articulado queda de mejor forma.

Solo digo, Presidente, que no nos encontramos ante un artículo cualquiera: estamos en lo que se entiende como "asociación terrorista", la definición del tipo. Y si hay una sombra de duda, que es lo que nos llevaba al elemento subjetivo del tipo al momento de la sentencia o la inaplicabilidad de la ley antiterrorista que estamos derogando, no cometamos ese error si estamos en esta etapa.

Insisto: suscribo lo señalado por la senadora Pascual: uno votaría en contra el último inciso para hacer esto más armónico; pero estamos absolutamente de acuerdo con el tipo penal consignado en el inciso primero y en sus cinco numerales.

Yo invito a que podamos dar esa discusión y evitarnos posteriormente una aplicación distinta por esta misma situación de técnica legislativa.

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Me parece que hay una confusión, porque tal como los artículos 7° y 8° son tipos objetivos, el inciso final del artículo en comento establece una asociación terrorista objetiva.

Los artículos 7° y 8° son para el delito de asesinar a la autoridad y poner bombas; el artículo 2°, inciso final, es para castigar la asociación para cometer esos dos delitos, independiente de la pena por la comisión específica.

Se ha producido una confusión, pero es claro el sentido que tiene agregar este inciso final, señor Presidente.

Por lo tanto, voto a favor del artículo como está.

Gracias.

El señor INSULZA.-

Sí.

Bueno, yo fundo mi voto en que creo exactamente, como se ha dicho aquí, que el tema radica en el último inciso, y que si hubiera existido disposición para pasarlo a una comisión mixta, probablemente el resto habría sido aprobado por unanimidad.

--Se aprueba el artículo 2°, en los términos propuestos por la Cámara de Diputados (29 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Espinoza, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Órdenes y Provoste y los señores De Urresti, Flores, Huenchumilla, Insulza y Quintana.

Se abstuvieron la señora Pascual y el señor Núñez.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Al igual que en el primer trámite, este es el artículo 4°, que define a un lobo solitario sin fin terrorista, sin pertenecer a organización terrorista, que comete delitos definidos en la ley en proyecto como terrorista.

A mi juicio, no tiene consistencia, puesto que ya el artículo 3° define al lobo solitario, que tiene todas estas otras características. Por lo tanto, nos parece que el terrorismo individual inconexo no queda bien formulado.

Por eso pedí votación separada, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Paulina Vodanovic .

La señora VODANOVIC .-

Presidente , muchas gracias.

Solo quiero recordar lo que señaló el Fiscal Nacional en la discusión del proyecto de ley ante la Comisión de Constitución: que se legislaba para este país, en nuestra realidad y que esta norma era absolutamente necesaria.

Gracias, Presidente .

--Se aprueba el artículo 4°, con las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (36 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Pascual y el señor Núñez.

Se abstuvieron los señores de Urresti y Huenchumilla.

--Se aprueba el artículo 5°, con las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados (36 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Pascual y el señor Núñez.

Se abstuvo el señor Huenchumilla.

--Con la misma votación anterior, se aprueba el artículo 7°, con las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados.

El señor INSULZA.-

Yo había dicho que quería hablar en este artículo, Presidente .

Porque, en verdad, me parece bastante especial. O sea, si un senador se pelea con otro senador y le causa un grave daño o la muerte, se le aplica un delito especial.

Esto se parece a los antiguos delitos de desacato, Presidente . No entiendo por qué está este artículo ahí. Por eso me parecía razonable una votación separada, y lo habría votado en contra.

El señor DE URRESTI.-

Presidente.

La señora ALLENDE.-

Tampoco entiendo por qué.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Ya tenemos aprobado el artículo, senador, porque se había solicitado votación separada y luego se retiró.

El señor DE URRESTI.-

Presidente , en la misma lógica de discusión, y vuelvo a lo que pedimos en la votación separada del artículo 2°, inciso final.

Recordemos la referencia que se hace: "Se entenderá siempre por asociación terrorista a aquella organización de tres o más personas, con acción sostenida el tiempo, que tenga entre sus objetivos la comisión de los delitos señalados en los artículos 7 y 8".

Y aquí ello incide en lo que precisamente señala el senador Insulza.

Nosotros estamos entendiendo: "El que atente contra la vida o integridad física del Jefe o ministros de Estado; senadores y diputados en ejercicio", etcétera. Y el ejemplo que plantea puede caer claramente en esta situación.

Entonces, nos encontramos en un absurdo, no por este artículo, que ya tiene algunas contradicciones, sino por la referencia al artículo 2°, inciso final. Por eso, al establecer tanto el artículo 7° como el 8° como tipo especial de asociación terrorista, nos va a acompañar durante la aplicación de estos tipos penales en los alegatos en tribunales de justicia y en cortes internacionales.

Estamos cometiendo un error. Lo digo -yo sé que alguien puede disentir- desde la más buena fe para tener un buen tipo penal que, ante una situación tipificada por la ley, no admita vaguedades ni dudas.

Y lo que ha dicho el senador Insulza , llevándolo a un extremo casi coloquial, de una pelea que puede haber en este hemiciclo, seguramente más habitual en otra Cámara, podría llevarnos a un absurdo de esta naturaleza.

Entonces, simplemente hago esa referencia...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... El artículo 7° y 8° no pueden seguir durante mucho tiempo en su inconsistencia respecto del inciso final del 2°.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Durante la discusión y el debate se dijeron dos cosas que no comparto respecto de este artículo 19.

La primera es que no había norma para que el Ministerio Público tuviera que eliminar aquellas intervenciones que no fueran útiles. Pero el inciso tercero dice: "Los registros obtenidos por las aplicaciones de esta medida que resulten impertinentes o irrelevantes para la investigación de los hechos de que se trate deberán ser eliminados, salvo que aquellos guarden estricta y directa relación con otra investigación que lleve a cabo el Ministerio Público y siempre que ésta tenga asignada una pena de crimen". Es decir, hay norma expresa para eliminar todo lo que no sirve. No es que eso se haya suprimido en la Cámara.

También se señala que esta medida intrusiva ya fue rechazada por el Tribunal Constitucional.

La sentencia que revisa la constitucionalidad del proyecto de ley de reincidencia, en sus considerandos 53° a 64°, establece reiteradamente que el legislador tiene la autoridad, si así lo permite la ley, para establecer estas medidas intrusivas, e internacional y comparadamente eso se usa.

Durante todos estos considerandos, lo que el tribunal cuestiona -cosa que no va en este artículo- es que ahí la medida intrusiva se aplicaba incluso a las víctimas, cuando el Ministerio Público y el juez la autorizara, creyera que podía tener información que ayudara a esclarecer el delito.

En este proyecto no van las víctimas, solo aquellas personas que fundadamente se crea que hayan participado o cometido estos delitos terroristas.

Y vuelvo a decir lo que dije antes: una vez revisadas estas intervenciones, debe eliminarse inmediatamente todo aquello que no sirva.

Por otro lado, también lo decía la ministra Tohá , en las letras a) y b) del artículo 19, se establece claramente cuál es el objeto que se busca con esta intervención y qué se va a registrar: la dirección IP; los identificadores SIM, IMEI, IMSI; u otros metadatos, y la georreferenciación o localización de estos dispositivos. Esa es la intervención que se permite. Si no estamos disponibles para que este tipo de diligencia se realice en delitos terroristas, no sé qué queremos resolver o mejorar en esta ley.

Gracias, Presidente .

He dicho.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Nosotros estamos en contra de este artículo 1° y del artículo 20, que se refiere a esto mismo, puesto que, si bien hay algunos cambios que se introducen en la Cámara que pueden acotar un poco, no es menos cierto que esto sigue siendo una medida investigativa totalmente intrusiva.

A diferencia de lo que se dijo en intervenciones generales de este proyecto al inicio de esta sesión, esto no es la interceptación telefónica; esto es la interceptación de los metadatos y en un radio territorial, no contra un sujeto o una sujeta en particular que tiene un determinado dispositivo.

Desde ese punto de vista, claro que tiene problemas de constitucionalidad, y pudiera ser precisamente -nosotros lo dijimos la primera vez que discutimos esto en sala-, que posea rasgos inconstitucionales.

En segundo lugar, considera una situación donde se viola el derecho a la vida privada, el derecho a la protección de los datos personales y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

También nos parece extraño que otra de las modificaciones que introduce la Cámara en este artículo precisamente sea para mezclar con una ley distinta, que está fuera de la idea matriz del proyecto de la Ley Antiterrorista, sobre crimen organizado y los delitos que se declaran en la ley N° 20.000, pero específicamente en un radio de aplicación solo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo .

Entonces, nos parece que esto no queda, por nada del mundo.

Insistimos en los aspectos constitucionales de reserva que tiene; insistimos en lo altamente intrusivo.

Además, quiero solo dejar un dato: aquí no hay una confusión porque todo el mundo entiende que esto que está redactado supuestamente es la tecnología IMSI Catcher.

Yo quiero decirle que, en la discusión de la Comisión de Constitución, cuando lo vimos a mediados de año, la indicación claramente decía: "tecnología IMSI Catcher". Y cuando llegó a esta sala, es más, hubo senadores que levantaron la alerta de que por qué se tenía que decir el nombre de la tecnología en específico, puesto que esta podía cambiar, inclusive en un par de años más, e iba a quedar obsoleta.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidente.

Creo que en comisión mixta podemos mejorar sustantivamente la redacción y el contenido de los artículos 19 y 20.

Porque claramente se está ampliando el uso de una técnica intrusiva de investigación al narcotráfico y no necesariamente a lo que es la idea matriz de este proyecto, que es el antiterrorismo.

El señor DE URRESTI.-

Presidente , en la misma línea, quiero reiterar lo que discutimos a propósito del artículo 2°.

En esta norma, no solo por la situación de las técnicas intrusivas, que acompañé en el informe que el Ministerio Público nos hizo llegar a la Comisión de Constitución, a propósito de las interceptaciones telefónicas, en general -y es bueno que quede en la historia de la ley-, se establece un inciso final que quienes están siguiendo este debate ojalá puedan entender. Dice lo siguiente:

"Asimismo, el Ministerio Público podrá hacer uso de las facultades establecidas en este artículo, cuando se trate de delitos de la ley N° 20.000" -ley de drogas- "y de la ley N° 21.577 en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo , previa resolución del Fiscal Nacional que así lo disponga".

Eso es absolutamente arbitrario, discriminatorio. ¿Por qué en una región y no otra? Ello tampoco dialoga con lo que nosotros estamos hoy día, por unanimidad también, aprobando sobre la Fiscalía Supraterritorial, en que entendimos, lo cual ya es un axioma, que el delito no tiene ámbito regional, sino que muta, se desplaza mucho más rápido de lo que nosotros mismos pensábamos.

La instancia de la discusión regional para la persecución de determinados delitos cambia en un semestre, en diez días. Incluso los delincuentes estarán siguiendo esta discusión, verán este artículo y se instalarán en la región del lado para que, en definitiva, no se les aplique lo que aquí se establece.

Si alguien está siguiendo este debate, de la delincuencia, del crimen organizado, instálese en la región anexa de Coquimbo, para efectos de que no le aplique esta norma.

Entonces, señor Presidente, creo que cuando se construye una figura de esta naturaleza, como en la Ley Antiterrorista -me alegra que tengamos el consenso, en democracia, y con nuestro Gobierno-, que tiene un pasado tenebroso...

El señor MOREIRA .-

¡Ah...!

El señor DE URRESTI.-

Por favor, estimados colegas, creo que si ustedes revisan la aplicación de la Ley Antiterrorista verán que ella significó la vida o la tortura de muchas personas.

Yo pediría respeto considerando una mala aplicación, y lo estoy hablando en positivo, pues mayoritariamente tenemos la capacidad de estar de acuerdo con esta ley, pero hagámoslo bien.

Y creo que este inciso es equívoco. No se pueden aplicar esas normas tan intrusivas en determinada región. Acá hay senadores de la región de Valparaíso, ¿no se va a aplicar esto en la región de Valparaíso? ¿No se va a aplicar en La Ligua? ¿No se va a aplicar en Petorca? ¿No se va a aplicar en La Araucanía? ¿No se va a aplicar en otro lugar donde se instale una persecución?

Entonces, insisto, el inciso final es claramente discriminatorio, nos va a llevar al Tribunal Constitucional, y aún más, la técnica de la interceptación y la utilización de esta nueva pesca de arrastre para perseguir un determinado delito van a vulnerar normas que, de seguro -y lo dije en mi intervención respecto del artículo 2°-, nos va a llevar a desfilar con los fallos en las cortes internacionales, situación que precisamente queremos evitar con la modificación de la Ley Antiterrorista vigente hasta el día de hoy.

Por eso, votaré en contra, pero argumentando esa situación, para construir una mejor Ley Antiterrorista.

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Evidentemente, las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Diputados complejizan la norma y ponen características bastante particulares. No me voy a extender respecto de la aplicación en determinadas regiones, porque coincido plenamente con lo que ha expuesto el senador De Urresti, por su intermedio, Presidente.

Y respecto de la aplicación de tecnologías intrusivas, evidentemente, estas son necesarias cuando estamos hablando de delitos de tal gravedad como los que se señalan y regulan para la aplicación de esta normativa. De manera tal que lo que corresponde es autorizar estas medidas intrusivas, pero con las garantías de la debida aplicación conforme a nuestra Constitución.

Precisamente atenta contra ello la aplicación o la modificación que ha sufrido en la Cámara de Diputados al entregar al fiscal, mediante instrucciones, la determinación de las características de la autorización de aquello, lo cual debe ser regulado por el juez, tal como había sido señalado acá, en el Senado.

Por último, Presidente , si bien se señaló este sistema, como "IMSI Catcher", verbalmente, en ninguna parte de la discusión, ni en alguna indicación ni en la regulación escrita de la ley está establecido claramente. Lo que se dice es que se puede usar o decretar intervenciones de redes a través de tecnologías que simulen sistemas de transmisión e intervenir la dirección IP, los identificadores SIM, IMEI, IMSI, etcétera, que son las tecnologías que hoy día conocemos.

Aquí hay autorización para usar tecnologías y medidas intrusivas, pero debe ser revisada. Por eso, es necesario rechazar esta norma para que pase a comisión mixta y podamos legislar de manera adecuada.

Gracias, Presidente .

--Se rechaza el artículo 19 propuesto por la Cámara de Diputados (19 votos en contra, 18 a favor y 2 abstenciones).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, Kast, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvieron los señores Cruz-Coke y Keitel.

El señor MOREIRA.-

Inciden las abstenciones.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Rechazadas las modificaciones que propuso la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el proyecto va a comisión mixta.

¿Alguien quiere agregar su voto?

¿Senadora Rincón?

La señora RINCÓN.-

Rechazo.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy bien.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Se deja constancia de la intención de voto en contra de la senadora Rincón.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidente.

Más que fundamentar mi voto en contra de este artículo 20, quiero hacer presente exactamente el mismo principio que ya expuse para el artículo 19.

Ya tenemos un artículo en mixta, la propuesta es que rechacemos este para darle una sola forma a estos nuevos artículos 19 y 20, de manera que expresen efectivamente una respuesta mucho más contundente.

Yo solicito el voto en contra, Presidente , por las mismas razones que ya esgrimimos.

Gracias.

--Se aprueba el artículo 20, nuevo (20 votos a favor, 19 en contra y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, De Urresti, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Lagos.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

He pedido votación separada del artículo 22, nuevo, porque amplía el tiempo de detención sin aviso y sin dar el derecho a la defensoría de la persona imputada, no pasándolo a prisión preventiva. Se aumenta dicho plazo a cinco días, con posibilidad de ampliarlo a otros cinco más.

Creemos que las comisarías no cuentan con las condiciones para detener a estas personas. Además, se dilata la posibilidad de que una persona imputada sea objeto de algún examen médico. Una cosa es que persigamos el delito terrorista y otra cosa es que no se dé la condición que asegure el debido proceso comprometido o el derecho a defensa, o postergue la posibilidad de comprobar la situación de salud de la persona que está siendo investigada.

Por eso sentimos que esta ampliación de plazo no es necesaria. Y no tiene que ver con no investigar -es más, aquí se acaba de ampliar el plazo a tres años-, sino con poder pasar a la persona efectivamente a la audiencia de formalización y que, por tanto, se le formalice.

Por eso voto en contra.

Gracias, Presidente .

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Con este artículo lo único que se hace, ante delitos terroristas -es decir, en aquellos en que está claramente probada la finalidad de tales delitos, que están definidos en esta futura ley-, es otorgarle la facultad al juez para ampliar el plazo de detención hasta por el término de cinco días.

No se pasa a llevar ningún derecho fundamental y no se le priva a la persona de nada.

Lo único que se permite es ampliar en cinco días la detención. Eso determina esta norma, que parece de toda lógica y racionalidad en delitos de esta naturaleza, Presidente .

--Se aprueba el artículo 22, nuevo (31 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la negativa la señora Pascual y los señores Núñez y Velásquez.

Se abstuvo el señor De Urresti.

No votó, por estar pareado, el señor Lagos.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Aprobado el artículo 22 propuesto por la Cámara de Diputados.

Vamos a la última votación.

El señor CHAHUÁN.-

Presidente , agregue mi intención de voto a favor.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, primero, planteo un debate desde el punto de vista de lo que se persigue.

Estamos consensuando una ley de aplicación para combatir conductas terroristas, y en la discusión se dio la posibilidad de tener la jurisdicción nacional; de contar con la capacidad de perseguir estos delitos desde el centro, desde la Fiscalía Nacional -por decirlo así-, para investigar, por la gravedad de estos hechos, donde eso ocurre y no tener un principio de cercanía, lo que se llama el "juez natural", para efectos de determinar quién realiza la persecución.

No participé en la discusión; por eso hago esta introducción para fundamentar el voto, a fin de generar el debate.

En paralelo, nosotros llevamos la discusión de la Fiscalía Supraterritorial, que es una modificación constitucional iniciada en un proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados y que se comenzará a ver acá en las próximas semanas.

La reflexión que hago, y por eso pido votar en contra para mantener el cambio de jurisdicción, es que me parece más acorde a los principios generales tener una jurisdicción nacional, una suprajurisdicción, para darle un realce a la persecución de esta naturaleza.

Yo pedí votación separada para votar "no", y así eliminar la supresión propuesta por la Cámara, contar con una jurisdicción nacional y ser coherentes con lo que estamos discutiendo en materia de Fiscalía Supraterritorial, lo cual, para determinado tipo de delitos (con gravedad, con magnitud y con extensión, como el crimen organizado), nos permitirá trabajar de mejor manera y, reitero, hacer más aplicable esta ley.

Por eso, mi solicitud es votar en contra de la supresión del artículo 18, para reponer la jurisdicción nacional.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

La Cámara elimina este artículo, y yo estoy de acuerdo con la supresión, puesto que la norma permite cambiar la jurisdicción donde se realiza la investigación, lo cual podría afectar el debido proceso.

Pero lo más complejo es que parte de la base -porque se dice que solo es en Santiago- de que las cortes de apelaciones de la capital son especialistas en ese tipo de delitos, y no necesariamente es así.

Además, hay situaciones, entiendo, en las cuales no siempre se podría respetar el debido proceso tanto para quienes investigan y persiguen como también, al revés, para las personas que están siendo acusadas.

Entonces, yo creo que está bien mantener la modificación que se logró en la Cámara en orden a eliminar este artículo. Desde ese punto de vista, nosotros estamos de acuerdo con que se mantenga la supresión propuesta. Y es lo que pedimos ahora.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Nosotros no estamos de acuerdo con la supresión que hizo la Cámara. Creemos que es importante esta norma, más aún tratándose de delitos terroristas.

Como lo explicaba bien el senador De Urresti, ya viene con este concepto la creación de la Fiscalía Supraterritorial.

Sobre todo en delitos terroristas, me parece adecuado este artículo por razones de seguridad, norma que en nada va a empecer al debido proceso, porque la persona igual va a ser investigada, va a ser juzgada, y se le van a respetar todos sus derechos.

¿Qué es lo único que va a cambiar, Presidente ? El lugar donde se va a juzgar, la jurisdicción en busca de mayor seguridad para los propios involucrados, para el tribunal, para los testigos, para todo el entorno de un proceso.

Estamos viendo esto incluso en delitos de crimen organizado, y lo conversamos así cuando se aprobó lo relativo a la Fiscalía Supraterritorial. Por ejemplo, está por iniciarse en breve un juicio contra los cabecillas del Tren de Aragua en la comuna de Pozo Almonte, cuyo tribunal es chiquitito y ni siquiera está construido con material sólido. Hay que transportar a estas personas 60 kilómetros desde Alto Hospicio hasta Pozo Almonte , con toda la peligrosidad que eso significa, y ya hay amenazas de que los van a liberar en el trayecto desde la cárcel al tribunal, a la ida o a la vuelta.

Entonces, de verdad me parece que esta norma es de toda lógica. Creo que es importante que esté, y va en el mismo concepto de la creación de la Fiscalía Supraterritorial, Presidente .

Nosotros vamos a votar en contra de la modificación de la Cámara; creemos que hay que reponer este artículo.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

No quiero repetir los argumentos, solamente exponer algo muy simple.

Cuando se produce un atentado terrorista y el proceso se lleva a cabo muchas veces en el mismo lugar donde este ocurrió, existe un riesgo real de que los actores relevantes sufran algún tipo de amedrentamiento.

En el proyecto original -desgraciadamente, este artículo fue suprimido en la Cámara- se permitía que el fiscal nacional pudiera designar que el proceso se llevara en otro lugar, justamente para garantizar que se realice de buena forma.

Por lo tanto, llevar esto a mixta e intentar preservar ese principio me parece fundamental. Lo digo como representante de La Araucanía, donde hemos visto casos como el que señalé.

Ojalá que se pueda rechazar la supresión propuesta y que la mixta reponga el texto que salió del Senado.

--Se rechaza la enmienda introducida por la Cámara de Diputados en orden a suprimir el artículo 18 (29 votos en contra, 8 a favor y 1 pareo), y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Flores, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Pascual y Vodanovic y los señores Castro González, Espinoza, Latorre, Núñez, Saavedra y Velásquez.

No votó, por estar pareado, el señor Lagos.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Rechazada la supresión propuesta por la Cámara de Diputados.