Labor Parlamentaria

En el Orden del Día, corresponde tratar la solicitud de su excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia de la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejerzan las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para el resguardo de áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota , de Tarapacá y de Antofagasta.

Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Doy la bienvenida a las ministras señoras Maya Fernández y Carolina Tohá .

Antecedentes:

-Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia de las medidas que permiten el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas áreas de zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota , de Tarapacá y de Antofagasta. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

El señor LONGTON.-

Señorita Presidenta, qué duda cabe que el rol del Ejército es tremendamente relevante en el norte de nuestro país.

Aprobamos una reforma en el Congreso Nacional que, precisamente, iba en esa línea, pero pareciera ser que, a estas alturas, eso ya es insuficiente.

Lo que ocurrió con el militar que fue golpeado y cuyo fusil –que estaba descargadofue robado, hecho que está en plena investigación, revela la posición en la que está el Ejército en nuestras fronteras.

Los funcionarios del Ejército que resguardan nuestras fronteras no pueden registrar las vestimentas de quienes ingresan al país ni tampoco registrar los vehículos, a no ser de que haya indicios de que están cometiendo un delito. Eso es claramente insuficiente, porque esa acción debería realizarse dentro del control preventivo de identidad; es decir, por el solo hecho de que se está transgrediendo y vulnerando nuestras fronteras, el personal militar debería tener la atribución de registrar a quien está vulnerando, de manera flagrante, nuestras fronteras; sin embargo, esa facultad hoy no la tienen.

Por lo tanto, los militares ven con impotencia cómo pasan por su lado los migrantes, y ellos solamente pueden llevarlos de la mano a la Policía de Investigaciones para que sigan su curso al interior de nuestro país. Ese decir, no pasa absolutamente nada, y eso lo saben los migrantes ilegales.

Los militares se han convertido en una figura decorativa, pues ven con impotencia que tienen muy pocas atribuciones para evitar que alguien ingrese a nuestro país. Además, no es delito ingresar de manera ilegal al país; por lo tanto, no se los pueden llevar detenidos. ¡Y ni hablar de la reconducción! Es necesario que el Ejército pueda reconducir a estas personas a sus países de origen, situación que hoy no pueden hacer directamente, sino “a través de”.

Hoy, un famoso comentarista radial dijo que sin fusil o con fusiles descargados y sin mayores atribuciones, el Ejército termina convirtiéndose en un verdadero espantapájaros, porque no disuade el ingreso de migrantes irregulares a nuestro país. Las cifras son dramáticas.

Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno, a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir claramente a Bolivia que, si no aceptan migrantes irregulares, las consecuencias van a ser graves, desde el punto de vista de la reciprocidad de Chile con Bolivia.

¿Por qué es tan grave la situación? Porque, además, existe una resolución dictada por el mismo director nacional de Migraciones que valida y legitima el hecho de que Bolivia no reciba migrantes ilegales que provengan de otro país que no sea Bolivia.

El Ejército puede tener la mejor disposición y realizar todo el despliegue necesario en las fronteras, sobre todo para evitar delitos, principalmente el de contrabando, pero hay algo que no pueden hacer y que es fundamental para cortar con este descontrol migratorio que tiene a nuestros servicios públicos absolutamente saturados, donde muchas veces se pone primero en la fila a las familias de los migrantes irregulares o ilegales, en perjuicio de los propios nacionales. Y esto tiene que ver con el hecho de evitar que ingresen migrantes ilegales a nuestro país, extendiendo la zanja, poniendo cercos y tipificando esta acción como un delito. Hoy día, lamentablemente, las Fuerzas Armadas se han convertido en los acompañantes de los migrantes ilegales, para que ingresen tranquilamente por nuestras fronteras.

He dicho.

El señor MALLA.-

Señorita Presidenta, desde ya quiero manifestar mi voto favorable al oficio que prorroga la vigencia de la medida que resguarda las áreas de zonas fronterizas, más aún considerando la ola migratoria que se prevé gracias a la dictadura de Maduro. Sin embargo, espero que esto no se quede solo en la extensión de la medida, sino que se incremente la protección de las fronteras de forma permanente, con medidas como el control migratorio y el aumento de la dotación policial, además de crear la policía fronteriza, tan necesaria e importante.

No quiero que el norte de nuestro país se vea nuevamente afectado por esta crisis de seguridad que, lamentablemente, aún nos afecta. Espero que la frontera tenga mayor resguardo y que si aumenta la dotación policial, no sea solo en las áreas de zonas fronterizas, sino en las regiones de Arica y Parinacota , de Tarapacá y de Antofagasta completas. Esa será la mejor forma de combatir y controlar la migración irregular, sin dejar abandonada a la población que habita dichas regiones.

Confío en que mis colegas votarán favorablemente esta prórroga, pero, además, espero que el Estado no nos abandone nuevamente e incremente el resguardo de nuestras fronteras.

Pido, aprovechando que están tanto la ministra de Defensa Nacional como la ministra del Interior y Seguridad Pública, la creación, de una vez por todas, de una policía fronteriza, tan necesaria e importante en estos difíciles momentos que enfrentan nuestras fronteras.

He dicho.

El señor LEE.-

Señorita Presidenta, lo que prorrogamos hoy se inició a comienzos del año pasado; o sea, hace más de un año y medio estamos con la misma política fracasada para ejercer control migratorio. De hecho, un sector político ya pidió disculpas, porque, como el mismo señaló, había romantizado la migración. Sin embargo, de las disculpas a los elementos correctivos no hay mucho, porque se sigue pidiendo exactamente lo mismo.

Mientras tanto, la percepción de inseguridad sigue siendo mala en el norte. Específicamente, en la Región de Arica y Parinacota, continúa siendo una de las peores de Chile. Ministras -por intermedio de la señorita Presidenta-, no se trata solo de una percepción; vayamos a lo objetivo. Hace pocas horas, un joven militar armado fue agredido salvajemente por extranjeros. ¿Qué nos espera entonces a los ciudadanos desarmados? ¿Qué les espera a los ciudadanos de la tercera y cuarta edad en las zonas pobladas de nuestro norte?

Claramente, esta política fue un fracaso desde un comienzo, y quiero hacer un poco de memoria al respecto.

Cuando se presentó esta medida, manifesté que los militares, lamentablemente, se iban a convertir en los Uber de la frontera, es decir, simplemente iban a trasladar migrantes hacia los cuarteles para entregarlos a funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Carabineros, porque, lamentablemente, esa es la única función que tienen los militares.

Por lo tanto, por su intermedio, señorita Presidenta, quiero pedir, ministras, que estos estados de excepción sean el marco para la implementación de medidas necesarias. En el fondo, un estado de excepción constitucional es para implementar medidas efectivas. Tienen el marco; van a tener la excepción constitucional, porque la vamos a votar nuevamente a favor, pero depende de ustedes, ministras, que dentro de ese marco legal que se le está otorgando al gobierno, este adopte las medidas necesarias.

Lamentablemente, el norte de Chile sigue sufriendo injustamente. Les pido que, por favor, tomen cartas en el asunto.

He dicho.

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, de verdad me da vergüenza el estado en que tenemos a nuestros militares en la frontera norte.

Por su intermedio, señorita Presidenta, les pregunto a las ministras para qué estamos votando esto. Lo pregunto en serio. Hace pocos días, inmigrantes fueron capaces de agredir a un militar y quitarle su arma, la que por lo demás estaba descargada. O sea, las armas están para el show.

Entonces, si esa es la situación en la que estamos, ¿qué capacidad real tienen nuestras Fuerzas Armadas de cuidar la frontera norte? La culpa no es de ellas, sino del Estado, de un gobierno que no es capaz de entregar a nuestras Fuerzas Armadas las herramientas y facultades que ellas pueden y son capaces de administrar, para cumplir con su deber, cual es cuidar nuestra casa, cuidar la casa de todos nosotros. Podemos sacar a la calle a todos los militares que el gobierno quiera, pero ello no sirve de nada si no tienen las facultades necesarias para hacer su trabajo, menos aún si no tenemos en la frontera la tecnología suficiente para disuadir en serio a quienes nos están invadiendo.

Por su intermedio, señorita Presidenta, ¿qué se necesita, ministras, para que empecemos a hablar en serio sobre la frontera? ¿Que algunos solicitemos que vuelva el campo minado?

¿En serio tenemos que escalar a eso para que el gobierno entienda que esto es serio?

De verdad, no sirve de nada tener a nuestras Fuerzas Armadas paradas en la frontera, sin facultades reales, exponiendo su integridad física y, además, desgastándose por las puras, si los inmigrantes siguen pasando. Además, cada vez damos peores señales a nuestros países vecinos de que no somos capaces ni siquiera de cuidar nuestro país y nuestras fronteras.

Señorita Presidenta, los republicanos votaremos a favor, pero solo porque el gobierno no está ofreciendo nada mejor que estas míseras migajas al país.

He dicho.

El señor CASTRO.-

Señorita Presidenta, esta es una política fracasada. Efectivamente, como dijo un colega, es una política completamente fracasada, porque llevamos a los militares a una zona completamente complicada y les decimos que controlen la frontera para entregar tranquilidad a la gente de nuestro país. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que los militares no pueden detener, ni revisar y tampoco reconducir a los migrantes ilegales, ello por la razón que ya entregó el diputado Andrés Longton y que es bien simple: porque el ingreso clandestino no es un delito. Es ahí donde radica el problema. Por eso, presentamos una moción para que el ingreso clandestino sea un delito y los militares puedan hacer algo. Si no, efectivamente serán simples espantapájaros puestos en la frontera, con una misión más bien humanitaria. O sea, toman al migrante y lo van a dejar a otro punto. Eso hacen nuestras Fuerzas Armadas.

Entonces, ¿realmente nos ponemos los pantalones? ¿Es capaz este gobierno de preocuparse y hacerse eco de lo que nos dicen los alcaldes de Colchane, Antofagasta y de todos los lugares afectados? Como dijo un alcalde, prácticamente estamos pidiendo limosna a este gobierno para que nos tome en consideración. ¿Por qué no poner un estado de excepción como el de la macrozona sur? ¿Por qué no entregar más atribuciones a las Fuerzas Armadas? De verdad, creo que simplemente estamos entregando voladeros de luces que no están sirviendo a nadie.

La situación del militar al que le robaron un fusil simplemente nos quita la venda de los ojos, y espero que se las quite a ustedes, por intermedio de la señorita Presidenta, para que efectivamente vean que muchas de las personas que entran corresponden a delincuentes.

¿Qué nos espera a nosotros, ciudadanos de a pie, o a una persona en Antofagasta, o a una persona que está en Santiago caminando por la calle, si hay quienes son capaces de robarle el arma a un militar?

Frente a eso, creo que tenemos que hacer, de una vez por todas, las cosas como se debe, cual es declarar como delito el ingreso clandestino a nuestro país, dar más facultades y decir a los militares que si van a estar cuidando, cuiden, porque ingresar a Chile no sale gratis.

Para terminar, ¿cuál es el problema? Que los migrantes ya saben perfectamente cómo funciona esto; ya entienden perfectamente cuál es la figura del militar en la frontera; ya saben que en Chile sale gratis ingresar clandestinamente, que en Chile sale gratis delinquir, que en Chile salen gratis muchas cosas. El punto es que quienes están pagando son aquellos a quienes ustedes están gobernando, el pueblo de Chile, ese con el que se llenan la boca, ese que está sufriendo y pidiendo a gritos soluciones en nuestras fronteras para detener la migración ilegal.

He dicho.

El señor VIDELA.-

Señorita Presidenta, por su intermedio quiero solicitar que la ministra de Defensa Nacional nos pueda transparentar la situación de agresión ocurrida en la comuna de Colchane, ya que el alcalde me comentó que lo que aconteció no afectó a un militar, sino a dos militares.

Por lo tanto, pido que la ministra nos diga qué medidas han tomado y que se sepa la verdad respecto de este grave hecho ocurrido en la frontera.

Hoy día la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta, vive una situación dramática. He sido insistente en que se necesitan militares, pero, como dijeron otros colegas, con facultades.

Tenemos un subsecretario de Prevención del Delito que ha hecho una nefasta tarea, quien ha anunciado una serie de acontecimientos y propuestas que no se han hecho en el norte.

Por lo tanto, también quiero hacer el llamado al gobierno para que finalmente se haga un trabajo más exhaustivo relacionado con la delincuencia en el norte.

Por supuesto, desde la bancada liberal, vamos aprobar la prórroga, pero no estoy conforme, para nada, con lo que se está haciendo, porque han sucedido otros hechos, como el del militar al que le quitaron el fusil y lo atacaron.

Además, el gobierno anunció novecientos carabineros para la Región Metropolitana, y yo me pregunto, en representación de la gente del norte, que represento y que nos está viendo, ¿qué pasa con Antofagasta y Calama? O sea, cuando hay una serie de delitos en Santiago, salen todos los medios de comunicación y se adoptan las medidas, pero ¿cuándo se anuncian las medidas para el norte?

Por lo tanto, también hacemos un llamado de alerta. No descartamos adoptar otro tipo de medidas, como paralizar el norte, porque claramente estamos descontentos. La gente está con miedo, y eso no lo vamos a permitir.

He dicho.

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, lo que señaló recién el colega diputado respecto de que habrían sido dos los militares agredidos en las frontera es gravísimo. Si eso es efectivo, la ministra tiene que señalarlo ahora mismo, porque los antecedentes que tenemos hasta ahora indican que solo un militar había sido agredido, y, al parecer, eso es falso.

He dicho.

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señorita Presidenta, en primer lugar, es lamentable que no se deje exponer a la ministra datos de interés que todos los parlamentarios debiesen manejar. Esta es la instancia que tiene la ministra para dirigirse al Congreso.

En segundo lugar, efectivamente, la preocupación por nuestras fronteras cada día nos convoca más. Por eso, valoramos el esfuerzo que se ha hecho desde el Ejecutivo. Sin embargo, necesitamos redoblar esos esfuerzos, porque hoy la migración desregulada y la internación de delitos importados nos afecta a todos como continente.

El crimen organizado no lo puede combatir un país por sí solo. Por eso, nuestros vecinos debiesen tener mucha más responsabilidad y no quedarse tranquilos porque son un país de paso y el destino final es nuestro país. Cuando necesitamos devolver a los migrantes que han cometido cualquier ilícito o lisa y llanamente no tienen sus papeles al día, nos encontramos con las puertas cerradas.

Por otro lado, llamo a los colegas a no importar conflictos. Lo que tenemos que hacer aquí es importar soluciones. En ese sentido, las nuevas tecnologías nos dan cuenta de que apoyándonos en ellas podemos resguardar las fronteras de mejor manera.

Por eso, también hacemos un llamado a los gobiernos regionales y a los municipios a invertir en tecnología para hacer un resguardo más eficiente y más eficaz de las fronteras.

No solamente con militares y policías vamos a llegar a un control efectivo, sino que tenemos que ver estas nuevas tecnologías.

Hoy, el concepto de ciudad inteligente, con las cámaras y los dispositivos integrados, puede también ser un apoyo efectivo para no exponer a nuestras Fuerzas Armadas a conflictos y a enfrentamientos directos.

Hago un llamado a complementar las medidas y, por supuesto, a continuar poniendo todos los esfuerzos para seguir resguardando nuestras fronteras, para seguir haciendo una migración regulada y para dar la señal clara de que nuestro país no resiste mayor cantidad de población migrante y que el crimen organizado, los delitos de tráfico y los delitos de trata de personas serán combatidos con toda la fuerza posible.

He dicho.

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señorita Presidenta, el artículo 82 del Reglamento dice que los ministros de Estado que deseen participar en el debate pueden pedir la palabra a la Presidenta. Eso no quita el hecho de que puedan exponer, colocando alguna presentación en la pantalla.

Pido que nuevamente recabe la unanimidad para que la ministra informe sobre lo que nos tiene que decir. Eso está permitido en el artículo 82 del Reglamento. Por lo tanto, usted tiene que hacerlo valer. Independientemente de lo que se coloque o no en la pantalla, la ministra tiene derecho a exponer sobre el proyecto. Eso sería mucho mejor para que podamos informarnos.

Insisto en que pida la unanimidad de nuevo al respecto.

He dicho.

El señor LEE.-

Señorita Presidenta, este tema ya se ha discutido otras veces. Yo entiendo que, si no hay unanimidad, es imposible que la ministra pueda utilizar la presentación. Sin embargo, creo que, para subsanar esto para el futuro y para siempre, la ministra debería hacer llegar esa información antes.

Todos sabemos cuándo se va a discutir la prórroga del estado de excepción constitucional, y siempre se ofrece la información en el minuto. Creo que valdría la pena que nos llegara esa información, por lo menos, media hora antes de la sesión.

He dicho.

El señor TRISOTTI.-

Señorita Presidenta, los militares deben seguir manteniéndose en la frontera, pero con mayores facultades. No es aceptable que se les obligue a custodiarlas sin las más mínimas condiciones y atribuciones.

Lamentablemente, hoy se han convertido en un verdadero comité de bienvenida de la migración irregular al no entregarles las atribuciones ni las capacidades esenciales para autodefenderse, ni menos las suficientes para defender al país de quienes pretenden seguir ingresando ilegalmente, muchos de ellos coyotes, contrabandistas o miembros de bandas criminales.

La situación ocurrida el sábado, donde un soldado fue atacado y herido producto de un enfrentamiento con migrantes en la frontera con Bolivia, no es aceptable y no puede volver a ocurrir, pero para eso se requiere no solo mantener e incrementar la presencia militar, sino que los militares verdaderamente cuenten con mayores atribuciones para impedir el ingreso a nuestro territorio a través de un cambio legal que les permita cumplir eficazmente con este gran objetivo de seguridad nacional.

Hoy no es aceptable que sigamos administrando la migración irregular sin poner un pare definitivo en la frontera.

Hoy tenemos a miembros de nuestras Fuerzas Armadas de manos atadas, sin poder hacer uso de sus armas ni equipamientos reglamentarios. Ellos deben inhibirse, porque, de hacerlo, quedan en la más absoluta indefensión.

Con los hechos ocurridos hace pocas horas, queda absolutamente claro y demostrado que nuestro país no está preparado hoy ni tampoco mañana frente a un nuevo éxodo masivo de migrantes, si se mantiene el fraude que sustenta la dictadura de Maduro en Venezuela.

Tampoco es aceptable hacerse trampas en el solitario. ¿Y por qué se lo digo, señora ministra? Porque es una burla que se monten dispositivos masivos integrados de control cuando el subsecretario Monsalve va a Tarapacá, y en los demás días simplemente no existen.

No es posible que llevemos años esperando alguna acción concreta con el gobierno boliviano que genere un resultado real para lograr las reconducciones o el fortalecimiento de sus fronteras con Perú en la zona de Desaguadero.

Tampoco es posible que llevemos años esperando el aumento de capacidades en infraestructura para Carabineros en Colchane, o que no se le dé urgencia a un proyecto que amplía el tipo penal de tráfico de migrantes a quienes los transporten irregularmente hacia nuestro país.

¿Por qué hago toda esta enunciación de temas pendientes? Porque este decreto, que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad puedan resguardar zonas de áreas fronterizas no es suficiente. Debe ser una medida más entre muchas otras, que siguen irresponsablemente pendientes.

Individualmente, se está convirtiendo en un mero disuasivo parcial, cada día más ineficaz, y que da únicamente tranquilidad al gobierno, pero no a quienes vemos cómo, día a día, siguen ingresando personas a nuestro territorio sin un control efectivo.

Por eso, se requieren medidas permanentes y complementarias, porque esta ya no genera los efectos que exigimos en el norte.

Vamos a aprobar esta medida, pero debe cambiar y fortalecerse de manera urgente.

He dicho.

El señor LEAL.-

Señorita Presidenta, creo que es importante el rigor en la discusión y la precisión de los datos y los hechos.

La señora ministra indicó que en la época en que los ingresos irregulares eran delitos fue cuando estos más aumentaron. Quiero precisar que en abril de 2021 entró en vigencia la nueva ley de migraciones, que quitó a dichos ingresos el carácter de delito. Reitero: en abril de 2021. Por lo tanto, en 2021 es imposible que ello hubiese sido delito, porque fue eliminado como tal.

La ministra manifestó que en 2021 tuvo lugar el peak de ingresos cuando estos eran delito. Debo precisar que ese carácter se eliminó en abril de 2021.

En segundo lugar, había una discusión en los tribunales de justicia y en la fiscalía, porque el delito estaba tipificado en un decreto ley. No estaba en el Código Penal y los tribunales no lo aplicaban. El Ministerio Público tampoco lo invocaba, porque había una discusión respecto de que esa norma no era una ley discutida en democracia. Por lo tanto, no era invocada esa tipificación de delito, porque estaba contenida en un decreto ley.

Es importante tener claro este punto en la discusión, porque da la impresión de que el gobierno no quiere que se tipifique como delito el ingreso clandestino al país. Vamos a seguir insistiendo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y si el gobierno no le quiere dar urgencia, lo presentaremos como moción parlamentaria, pero vamos a sacar adelante esa iniciativa, pese al gobierno.

Creemos que es relevante que quienes quieren venir a Chile lo hagan por la puerta, no por la ventana ni por el patio trasero, y que sepan que, si entran de manera clandestina, van a estar cometiendo un delito.

He dicho.

Corresponde tratar el segundo informe sobre el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 20.370, General de Educación, con el objeto de regular el uso adecuado de dispositivos digitales en establecimientos educacionales, correspondiente a los boletines refundidos Nos 11728-04, 12885-04, 16062-04, 16520-04, 16527-04, 16574-04 y 16575-04.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Hugo Rey .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Educación sesión 63ª de la presente legislatura, en miércoles 7 de agosto de 2024. Documentos de la Cuenta N° 24.

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 56ª de la presente legislatura, en miércoles 24 de julio de 2024 -ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Educación-, y continuó en la sesión 58ª de la misma legislatura, en martes 30 de julio de 2024.

El señor REY (de pie).-

Señorita Presidenta, en nombre de la Comisión de Educación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 20.370, General de Educación, con el objeto de regular el uso adecuado de dispositivos digitales en establecimientos educacionales.

Constancias reglamentarias

1. Idea matriz o fundamental

La iniciativa tiene por objeto normar el uso de celulares por parte de los estudiantes, para no interrumpir el proceso de aprendizaje, con el objeto de contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos generales de la educación parvularia, básica y media contemplados en la Ley General de Educación.

Para tales efectos se propone un marco regulatorio eficaz para el uso de dispositivos con base en la evidencia de los daños que pueden provocar, promoviendo un uso responsable de las tecnologías en los estudiantes.

2. Normas de quorum especial

El artículo único del proyecto contempla normas de carácter orgánico constitucional, en tanto modifica los artículos 3, 10, 28, 29 y 30 de la ley N° 20.370, normas que tienen ese carácter, según fallo rol N° 1.363, de 2009, del Tribunal Constitucional.

Por otra parte, el proyecto no contempla normas de quorum calificado.

3. Normas que requieren trámite de Hacienda

El articulado del proyecto de ley aprobado por la comisión no requirió ser conocido por la Comisión de Hacienda.

4. Modificaciones introducidas por la comisión

El texto del proyecto aprobado en el primer trámite reglamentario consta de un artículo único, con cinco numerales, que modifica la ley N° 20.370, General de Educación, y un artículo transitorio.

En este trámite, la comisión le realizó las siguientes modificaciones:

Reemplazó el literal o) que el numeral 1) del artículo único agrega en el inciso primero del artículo 3.

Agrega un numeral 2) en el artículo único.

El numeral 2) pasó a ser numeral 3), con el mismo texto. Reemplazó el numeral 3), que pasó a ser 4).

Sustituyó el numeral 4), que pasó a ser 5). Reemplazó el numeral 5), que pasó a ser 6).

Tramitación y aprobación en la comisión

La comisión, en su primer trámite reglamentario, aprobó en general y en particular el proyecto de ley de la referencia, y lo remitió a la Sala para su tramitación.

La Sala, en su sesión 58ª, de fecha 30 de julio del 2024, lo aprobó en general por mayoría de votos, y lo remitió a la comisión para su segundo informe reglamentario.

Se presentaron en Sala dos indicaciones para modificar el numeral 1) del artículo único, que agregaba el principio de “democratización de la tecnología en el proceso formativo y su uso responsable”. La primera, de los diputados Bobadilla , Coloma , Cornejo y Leal, y de la diputada Romero , para reemplazar el principio por el “uso responsable de la tecnología en el proceso formativo”. La segunda, de la diputada Raphael y del diputado Schalper , proponía intercalar una frase que incluyera “los medios tecnológicos de telefonía móvil, además de las plataformas y dispositivos digitales”.

La Presidenta de la comisión propuso una nueva indicación para reemplazar el principio por el de “uso responsable de la tecnología en el proceso formativo”, incluyendo la “equidad educativa”, para reducir las barreras de acceso a las nuevas tecnologías con fines educativos, y contemplando, además, los medios tecnológicos de telefonía móvil.

Esta indicación fue aprobada por mayoría de votos.

La indicación de la diputada Raphael y del diputado Schalper , presentada en Sala, para incorporar un nuevo numeral 2), que contiene la definición de medios tecnológicos, medios tecnológicos de telefonía móvil y de medios tecnológicos útiles para la enseñanza, fue aprobada por unanimidad.

También se aprobó, por mayoría de votos, una indicación de la diputada Raphael y del diputado Schalper , presentada en la Sala, para modificar el numeral 3), que modifica el artículo 28 de la Ley General de Educación, a fin de prohibir el uso de medios tecnológicos de telefonía móvil en el nivel parvulario de enseñanza, reduciendo las excepciones a situaciones de emergencia, desastre o catástrofe, necesidades educativas especiales o enfermedad o condiciones de salud del estudiante.

Al numeral 4), que modifica el artículo 29, se presentaron dos indicaciones en Sala. La primera, de la diputada Raphael y del diputado Schalper , y, la segunda, de los diputados Bobadilla , Coloma , Cornejo y Leal, y de la diputada Romero , ambas para prohibir el uso de medios tecnológicos de telefonía móvil en el nivel básico de enseñanza.

La diputada Schneider propuso una nueva indicación para prohibir el uso de los medios tecnológicos de telefonía móvil desde primero a sexto básicos, teniendo en especial consideración que, a partir del año 2027, los niveles de séptimo y octavo básicos pasarán a formar parte de la enseñanza media. Además, se reducen las excepciones a situaciones de emergencia, desastre o catástrofe, necesidades educativas especiales o enfermedad o condiciones de salud del estudiante.

Esta indicación se aprobó por mayoría de votos.

Asimismo, la Presidenta presentó una nueva indicación en el numeral 5), que modifica el artículo 30, para establecer que en los niveles de séptimo básico a cuarto medio, o la nomenclatura equivalente que establezca la ley, los reglamentos de los establecimientos educacionales deben disponer de medidas para regular el uso adecuado de medios tecnológicos de telefonía móvil, y establecer que el uso adecuado de los mismos puede ser autorizado gradualmente. Además, se añade como excepción relativa a que su uso puede ser requerido por la naturaleza de una actividad curricular o extracurricular.

Finalmente, la comisión acordó proponer a la Sala el cambio en el título del proyecto, de manera que refleje de mejor manera las adecuaciones que se le introdujeron en este segundo trámite: “Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.370, General de Educación con el objeto de prohibir y regular el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales”.

Es todo cuanto puedo informar, señorita Presidenta.

He dicho.

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señorita Presidenta, tal como señala el informe, la Comisión de Educación trabajó en conseguir acuerdos entre quienes estábamos por la regulación y aquellos que estaban por la prohibición.

Por eso es que también se aprecia lo que significa hoy un proyecto que busca prohibir y también regular estos dispositivos. Hemos priorizado un trabajo en acuerdo. En ese sentido, ahora este proyecto, que busca regular y prohibir, por cierto, acuerda cuestiones que no son solo semánticas, relativas al título, sino que consideró también la importancia de promover iniciativas de socialización en los recreos. Asimismo, se incorporaron modificaciones para resaltar la importancia del uso responsable de la tecnología en el proceso formativo, así como los efectos positivos que hoy puedan generar aprendizaje.

Por último, mediante presentación de indicaciones consideramos la flexibilidad de las normas para aquellos estudiantes de cursos superiores, también entendiendo que hoy es muy importante que, dentro de esta regulación, y, en algunos casos, prohibición, se entienda la autonomía progresiva de los y las estudiantes, todo esto en el sentido de que hoy no estamos legislando solo para unos niños y niñas que no tienen derechos, sino para niños y niñas que deben adquirir hoy esa autonomía progresiva de la que muchos también nos hemos preocupado.

En ese sentido, es importante señalar que, siendo responsables también con los docentes, que son los que muchas veces se llevan el peso de asegurar que los celulares no se conviertan en un elemento distractor, la carga de establecer el modo de uso de los dispositivos digitales no recae en los profesores y las profesoras, o en los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino en los reglamentos, y, por tanto, también en todo lo que hoy pueda discutir la comunidad educativa, que debe regular los usos y también va a tener prohibiciones explícitas en ciertos casos, sobre todo de aquellos niños y niñas de los primeros ciclos de enseñanza.

En conclusión, este proyecto busca encontrar un equilibrio entre los beneficios y los desafíos que presenta el uso de celulares en las aulas al legislar para desincentivar su uso indiscriminado, pero también entendiendo que estos dispositivos digitales deben ser una puerta de entrada a la integración pedagógica.

Podemos mejorar el entorno educativo, reducir las distracciones, pero también son importantes los acuerdos que se puedan conseguir en un punto que ha sido bastante controversial -aquí se logró un acuerdo en particular-: la prohibición para aquellos casos que hoy no tengan un sustento en la integración educativa.

He dicho.

El señor TEAO.-

Señorita Presidenta, iorana.

Esta iniciativa busca regular el uso de los teléfonos celulares por parte de los estudiantes en nuestros establecimientos educativos.

Los usos más extendidos de estos dispositivos son la entretención, la socialización, el aprendizaje informal y el estudio.

Como ya hemos mencionado, lamentablemente también existen usos riesgosos y experiencias negativas asociadas, tales como el trato ofensivo, el ciberacoso y el acceso a contenidos peligrosos, como mensajes discriminatorios, imágenes violentas o páginas que promueven la delgadez extrema. No olvidemos el bullado caso de menores que utilizando herramientas de inteligencia artificial trucaron fotos de sus compañeras, que también eran menores de edad.

En diversas partes del mundo existe una tendencia creciente a limitar el uso de las pantallas en entornos escolares, y es la tendencia legislativa actual en el derecho comparado. Países como Japón y Francia ya han implementado medidas para regular o prohibir el uso de celulares en las escuelas. Es esencial encontrar un equilibrio que permita el uso controlado de estas tecnologías en el proceso educativo, reservando espacios para la desconexión digital.

Esta medida busca mejorar la calidad educativa y los procesos de aprendizaje, ya que el impacto del uso de celulares en estos procesos es una preocupación legítima. No podemos permitir que se afecten la formación académica y el bienestar mental de nuestros estudiantes.

Tenemos datos alarmantes al respecto en Chile: el 50 por ciento de los jóvenes indicó que se distrae de las clases de Matemáticas debido al uso de estos dispositivos. Además, el 87 por ciento de los niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años tiene un celular propio.

Ante estos hechos, proponemos un marco regulatorio eficaz que se base en la evidencia de los daños que puede provocar el uso indiscriminado de los celulares, promoviendo una utilización responsable de las tecnologías por parte de los estudiantes.

Este proyecto aborda una preocupación creciente sobre el uso de dispositivos móviles en el contexto escolar. Como señalé en mi intervención anterior sobre la iniciativa, es imposible esperar que un estudiante entre los 13 y los 15 años pueda poner más atención al profesor que a una notificación de su celular.

Si bien creemos que se podría haber avanzado más en la restricción del uso de teléfonos celulares en contextos educativos, este proyecto es ciertamente un paso en la dirección correcta.

Desde ya, anuncio mi voto a favor.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, nos parece relevante mencionar que durante el segundo trámite reglamentario este proyecto de ley fue sustancialmente mejorado y gran parte de las críticas realizadas durante su primer paso por la Sala fueron superadas.

En concreto, la iniciativa reconoce que su sentido es establecer una prohibición y no una mera regulación del uso de dispositivos tecnológicos de telefonía móvil. Asimismo, se modificó el principio rector de la normativa, reemplazando su contenido ideológico por una disposición neutra y aplicable.

El nuevo texto ofrece una diferenciación en la regulación de medios tecnológicos según niveles educativos, estableciendo una prohibición de utilización en el nivel parvulario hasta sexto básico y aceptando desde ese nivel hasta cuarto medio un uso regulado y sujeto a excepciones.

Cabe recordar que durante el segundo trámite reglamentario la iniciativa fue modificada en el siguiente sentido: se propuso cambiar el título del proyecto, estableciendo de manera expresa que su sentido es prohibir y regular el uso de dispositivos digitales.

Las modificaciones incorporan una serie de conceptualizaciones, como medios tecnológicos, telefonía móvil y medios tecnológicos útiles para la enseñanza. La inclusión de estas definiciones nos parece positiva y resulta relevante para brindar operatividad a la normativa.

Asimismo, los cambios proponen una prohibición en la utilización de telefonía móvil, medida que consideramos de las más relevantes, y, por tanto, celebramos su alcance práctico, ya que con ello se supera una de las principales críticas formuladas al texto del proyecto.

No puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a los profesores y asistentes de la educación que me hicieron llegar sus comentarios, los cuales hoy se ven reflejados en esta iniciativa.

Muchas gracias por sus indicaciones a los profesores y educadores de párvulos como la tía Nico y la tía Eli, de colegios particulares subvencionados; Viviana y Nelson , profesores de colegios públicos; Jonathan , profesor de una escuela rural, y Yasna , asistente de la educación. Entre ellos, el denominador común era la preocupación por el aislamiento que el uso del celular provoca en los estudiantes, lo cual hace que pierdan la capacidad de reunirse en grupo y se vuelvan personas cada vez más sedentarias.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señorita Presidenta, hoy nos encontramos en un momento en que resulta ineludible la coexistencia de los procesos educativos con el uso de las tecnologías. Las actuales generaciones de niñas, niños y adolescentes en el proceso educativo formal tanto en nuestro país como en el mundo entero enfrentan desafíos importantísimos precisamente en esta nueva realidad en la que no solo es habitual, sino parte del día a día contar con un celular. Según ciertos datos, el 58 por ciento de niñas y niños obtiene su primer celular antes de los diez años.

El proyecto de ley que hoy estamos discutiendo tiene como objetivo establecer una regulación al uso de dispositivos móviles en aulas, escuelas y liceos del país, contemplando excepciones para su utilización, por ejemplo, en actividades curriculares o extracurriculares, o por la naturaleza de la actividad, por la necesidad educativa especial de las y los estudiantes en situaciones de emergencia o por una condición de salud o enfermedad que requiera su uso.

Nos parece relevante y esencial que este proyecto, cuya aplicación se verá materializada en los reglamentos internos en los respectivos establecimientos educacionales, cuente con principios como el acceso y uso responsable de dichas tecnologías, algo que debe ir acompañado de estrategias pedagógicas que permitan mejores procesos de enseñanza y también de convivencia escolar, que sabemos que es una demanda muy importante que tienen hoy las distintas personas que participan en la comunidad educativa.

Finalmente, me parece relevante entender que debemos avanzar en nuestras escuelas y espacios educativos para determinar marcos de protección respecto de fenómenos negativos y de terrible impacto para nuestros niños, niñas y adolescentes, como el ciberacoso, el uso malicioso de las tecnologías, por ejemplo, de la inteligencia artificial, sobre la cual sabemos que hoy se está trabajando en un proceso importante en esta Cámara, en lo que hoy somos pioneros y pioneras en el mundo.

Asimismo, está la creación de hábitos de ludopatía en los videojuegos, por solo nombrar algunas de las realidades a que nuestras infancias hoy están expuestas sin regulación alguna.

Esperamos que el proyecto sea aprobado en esta Sala ojalá por una gran mayoría de votos, entendiendo que la convivencia entre el mundo digital y virtual y los espacios comunitarios es una realidad ineludible.

He dicho.

El señor CALISTO.-

Señorita Presidenta, luego de leer la propuesta que viene desde la Comisión de Educación es posible señalar que ciertamente es importante lo que se señala respecto de la restricción del uso de los celulares en el aula, en la sala de clases, en el establecimiento educacional. Pero ello no es suficiente.

Acá se establece una restricción explícita para los niveles más bajos: se prohíbe el uso de celulares en prekínder y kínder. Es increíble que tengamos que restringir el uso de celulares en esos niveles, pero hay que hacerlo de manera explícita, porque lamentablemente se están ocupando. Por ello, la restricción del uso de celulares hasta sexto año básico es explícita; en cambio, desde séptimo a cuarto año medio, la normativa contempla que habrá excepciones que permitirán usar el celular.

Yo soy partidario de avanzar hacia una restricción total del uso del teléfono celular en el aula en los establecimientos educacionales. En ese sentido, las cifras de algunas encuestas son alarmantes. Por ejemplo, según datos de la última encuesta PISA, en Chile, el 51 por ciento de los estudiantes se distrae usando el dispositivo digital, y el 42 por ciento distrae a otros estudiantes del aula.

Además, algunos estudios internacionales demuestran que usar el celular en el aula afecta el bienestar y el aprendizaje de niños y adolescentes. Agregan los estudios que restringir el uso de los celulares en las salas de clases genera efectos positivos en la conducta, el rendimiento y la convivencia escolar.

De hecho, países como Finlandia, Irlanda , Francia, Suecia e Italia los han restringido, y la afectación positiva en los alumnos es impresionante: los síntomas psicológicos entre niños y niñas disminuyeron en 29 por ciento, mientras que el bullying se redujo en 43 por ciento.

Por eso, creo que, de alguna manera, hay que volver a la vieja escuela. Hay que volver a lo que hacían nuestros profesores cuando nosotros nos educábamos.

Recuerdo perfectamente que cuando las religiosas de mi colegio nos restringían algo, los padres validaban la decisión del establecimiento. Hoy sucede exactamente lo contrario, porque les hemos quitado autoridad a los profesores debido a que el Estado, a propósito de la última reforma de educación, se metió en los proyectos educativos de los colegios.

Hay que recuperar la tradición educacional chilena, pues, de lo contrario, los principales afectados seguirán siendo nuestros niños y niñas.

He dicho.

El señor BÓRQUEZ.-

Señorita Presidenta, hoy debatimos y reflexionamos respecto de una iniciativa que busca hacer frente a un desafío moderno en el ámbito educativo: el uso de celulares y de otros dispositivos móviles en nuestros establecimientos escolares.

El objetivo principal del proyecto es regular y, en muchos casos, prohibir el uso de estos dispositivos en las aulas, con la firme intención de no interrumpir el proceso de aprendizaje y contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos generales de la educación parvularia, básica y media.

Este proyecto ha sido objeto de un profundo análisis y discusión, por lo que me parece relevante destacar que, durante su segundo trámite reglamentario, se lograron mejoras significativas.

En concreto, la propuesta ha evolucionado por cuanto reconoce que su sentido no es simplemente regular, sino establecer una prohibición clara y precisa en relación con el uso de dispositivos móviles en ciertos niveles educativos.

Aprovechando esta intervención, quiero hacer un llamado de atención respecto de un aspecto crucial: la fiscalización. Debemos asegurarnos de que estas medidas sean correctamente implementadas y supervisadas en todos los rincones de Chile, incluyendo los sectores más aislados y los rurales.

No podemos permitir que la distancia geográfica se traduzca en una brecha en la calidad educativa, ya que la igualdad de oportunidades en la educación es un principio que debemos resguardar y promover en cada acción legislativa que emprendamos.

Voy a votar a favor del proyecto.

He dicho.

El señor SCHUBERT.-

Señorita Presidenta, hoy nuevamente estamos discutiendo la regulación y prohibición del uso de celulares en las aulas.

Este tema ha sido objeto de un intenso debate y, en este contexto, quiero plantear algunas observaciones respecto de las modificaciones realizadas al proyecto durante el segundo trámite reglamentario en la Comisión de Educación.

En primer lugar, quiero referirme al reemplazo del principio de “democratización de la tecnología en el proceso formativo y su uso responsable” por el de “uso responsable de la tecnología”.

A primera vista, esta modificación parece positiva, pues se sustituye un principio por otro que podría ser menos gravoso. Sin embargo, es necesario destacar que el nuevo principio conserva elementos del anterior, señalando que “el sistema educativo propenderá a reducir las barreras de acceso a las nuevas tecnologías”, en concordancia con el principio de equidad educativa.

Ante esto, solicitamos votación separada de este punto, a fin de evitar ambigüedades que podrían derivar en cargas y en demandas contra el Estado, como ocurre cuando se consagran principios en las leyes.

En cuanto a las definiciones sobre los medios tecnológicos, si bien se busca precisar que la regulación se centra en los celulares, considero que estas son confusas e innecesarias.

Tal como está redactado el proyecto de ley, se podría permitir el uso de otros dispositivos móviles, como tablets, que, al cumplir funciones similares a los celulares, generan los mismos problemas. Por ende, estas inconsistencias podrían comprometer la efectividad de esta nueva norma.

Otro punto que merece nuestra atención es la incorporación de nuevos derechos para los estudiantes, además de obligaciones para los establecimientos educativos. Al respecto, se establece que estos últimos deben fomentar la interacción social y el encuentro comunitario durante los recreos, a fin de desincentivar el uso excesivo de dispositivos digitales.

Si bien dicha intención es positiva, este tipo de disposiciones podrían exceder el ámbito educativo, dando lugar a una innecesaria judicialización si es que los establecimientos no cumplen con estas medidas recreativas, lo cual sería contraproducente.

Respecto de la prohibición del uso de celulares en la educación parvularia y básica, esta propuesta eleva a rango legal una facultad que ya forma parte de la autonomía de los establecimientos y que, incluso, ya se practica en varias comunidades educativas de nuestro país.

En este sentido, considero que debe respetarse la facultad que tienen los directivos de los proyectos educativos para decidir sobre estas prohibiciones, adaptándolas a sus realidades particulares.

En cuanto a la eliminación para la educación media del concepto de autonomía progresiva, celebramos que se haya optado por un enfoque que permite gradualmente la autorización del uso de celulares, sin dejar esta carga en manos de los docentes. Este cambio otorga claridad y uniformidad en la aplicación de la norma, lo cual es fundamental para su éxito.

En suma, este proyecto tiene elementos buenos, malos y otros ambiguos, los cuales deben ser juzgados y sopesados en su particularidad, por lo que votaremos separadamente varios puntos de los que ya señalé, esperando que sea el Senado el que mejore este deficiente proyecto.

Es necesario avanzar con determinación respecto del uso de los celulares en las aulas, una medida necesaria para garantizar entornos de aprendizaje que favorezcan la concentración, el desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje de nuestros niños.

Por eso, lamento que, en su globalidad, el proyecto no atienda completamente todos los elementos necesarios, a fin de buscar, como hemos dicho, el fin señalado. Esperamos que la iniciativa se pueda mejorar en el Senado.

He dicho.

El señor BOBADILLA.-

Señorita Presidenta, este proyecto da cuenta de una de las tantas problemáticas que tenemos en materia educacional.

Hace un tiempo, varios diputados de la UDI presentamos dos proyectos para prohibir el uso de teléfonos celulares en los establecimientos educacionales. Lamentablemente, no contamos con la voluntad de la Comisión de Educación para tramitarlos.

Hoy estamos frente a un proyecto que surge de la fusión de varias iniciativas que, como hemos podido comprobar, diluyen el objetivo inicial de prohibir el uso de teléfonos celulares en los colegios.

Lamentablemente, en la discusión primaron las mayorías circunstanciales y no se consideraron aquellos elementos que nosotros habíamos propuesto inicialmente. Pero como en la vida siempre hay oportunidades para rectificar, en el transcurso de su tramitación se fueron recogiendo algunas de nuestras ideas –lamentablemente, no fueron todas-, con lo que el proyecto mejoró sustantivamente en comparación al que inicialmente se aprobó en la Comisión de Educación.

Erradicar de los colegios el uso de los celulares contribuye significativamente a generar un mejor ambiente no solo en el aula, sino también en los patios y en el entorno de los establecimientos.

Esta iniciativa tiene la virtud de dar cuenta de un problema. Espero que esta iniciativa, que va a ser ley -no me cabe duda de que así va a ser-, se ponga en práctica a la brevedad, para que al interior de las aulas tengamos el clima propicio para que se desarrolle el proceso de aprendizaje y que este, efectivamente, cumpla con el objetivo de entregar educación a la altura de lo que todos esperamos.

Votaré a favor esta iniciativa, porque, como digo, viene a dar cuenta de un problema real. El teléfono móvil es un elemento distractor, que no le hace bien al proceso de enseñanza aprendizaje.

He dicho.

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señorita Presidenta, en la Comisión de Educación pudimos recibir a distintos académicos y académicas, organizaciones y centros de estudio que nos señalaron en profundidad los perjuicios, los conflictos y los problemas que genera el uso excesivo de pantallas en niños y niñas. Particularmente, se referían a la falta de socialización, a la falta de tolerancia a la frustración y a problemas en el desarrollo cognitivo, entre muchas otras consecuencias. Es claro que tenemos un problema del cual hacernos cargo.

Un colega decía que había que volver al pasado. No estoy de acuerdo. Creo tajantemente que este es un debate de presente y de futuro, y precisamente hacia allá tenemos que mirar, porque la tecnología llegó para quedarse en nuestras vidas. No la vamos a eliminar de nuestras vidas ni tampoco de la vida de niños y niñas. Lo que tenemos que hacer es prevenir y hacernos cargo de que no existan los perjuicios y los problemas que genera este tipo de tecnología.

Un estudio nos mostraba y daba a entender que los niños, niñas y adolescentes preferían sufrir una agresión física que una agresión virtual. Esto es gravísimo y nos tenemos que preocupar y ocupar de esto.

Este proyecto es una dimensión de ese problema, pero no abarca todo. Hay que velar por la buena convivencia y combatir el bullying en las escuelas. La violencia y la discriminación no tienen cabida en los establecimientos educacionales, y de eso también nos tenemos que hacer cargo.

Por cierto, este es un paso importante en la dirección de abordar desafíos nuevos que se van incorporando a la educación. Puedo decir, con mucho orgullo y como presidenta de la Comisión de Educación, que este proyecto es fruto de un acuerdo, del diálogo y de la convergencia de distintas ideas para sacar adelante un proyecto. La discusión inició sobre la base de diversas iniciativas presentadas por el oficialismo y la oposición. Quiero destacar ese espíritu. Ojalá sigamos así en la Comisión de Educación.

Hay desafíos tremendos de los que tenemos que hacernos cargo y que requieren altura de miras para llegar a acuerdos y consensos que pongan en el centro a las comunidades educativas.

Tenemos que fortalecer la educación pública; tenemos que erradicar la violencia y velar por la buena convivencia, y tenemos que terminar con las deudas educativas, como el CAE. Todo eso requiere que nos hagamos cargo y que nos pongamos, de una vez por todas, a la altura de esos desafíos.

Este proyecto también incluye un principio muy relevante, cual es el uso responsable de la tecnología, la educación digital y también la equidad educativa, para un acceso igualitario a las tecnologías. Sabemos que ahí también hay una brecha social y económica que deja fuera a algunos estudiantes, como se repite en muchos elementos del sistema.

Lo último que quiero decir, señorita Presidenta, es que la prohibición no va a solucionar nuestros problemas. Hay que educar, y para eso necesitamos a las familias y a los establecimientos educacionales alineados, trabajando juntos. No tiene sentido una restricción de la tecnología y del uso de pantallas si no intervenimos con educación, con formación, y eso parte desde la casa.

Repito: la tecnología llegó para quedarse en nuestras vidas y la podemos usar para bien o para mal. Para eso, el rol pedagógico de las escuelas tiene que ser aprovechado y potenciado al máximo.

He dicho.

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señorita Presidenta, quiero partir mi intervención diciendo que voy a votar a favor este proyecto, porque es necesario regular el uso de teléfonos móviles en las aulas para los alumnos de educación básica y media. Repito que voy a votar a favor.

Dicho eso, quiero decir que aquí, en el Congreso Nacional, somos expertos en regular el accionar del resto de los chilenos. Nosotros decidimos cómo viven y qué es lo que hacen. Entonces, bajo esa premisa, voy a proponer que se prohíba el uso de celulares en esta Sala. Muchas veces votamos sin saber lo que estamos votando, porque todos, incluyéndome, estamos atendiendo el celular todo el rato que estamos acá, sin poner atención a lo que se está legislando.

Estoy de acuerdo con que en las comisiones se utilice el celular, porque recibimos sugerencias de nuestros asesores, pero aquí en la Sala deberíamos estar ciento por ciento pendientes de lo que estamos haciendo.

Señorita Presidenta, es bueno regular el uso de los teléfonos celulares en las aulas de clases, pero ¿qué pasa aquí, en esta aula de clases, a la que la gente nos elige para que asistamos y nos paga para que legislemos y hagamos bien la pega?

Tenemos leyes que nadie entiende; tenemos leyes que no tienen reglamento y que, por lo tanto, son letra muerta. ¿Por qué? Porque estamos pendientes del celular, situación en la que me incluyo.

Lo que hacía hasta hace un rato, no lo hagamos más. Prohibámoslo y demos el ejemplo. Somos buenos para predicar, pero no con el ejemplo.

He dicho.

El señor REY.-

Señorita Presidenta, la moción que presentamos prohibía el uso de dispositivos móviles y consagraba el principio de uso responsable de la tecnología en el proceso formativo. El proyecto en discusión se acerca mucho a eso que estábamos pidiendo. Por eso, agradecemos la disposición del resto de los parlamentarios, sobre todo del oficialismo, de ceder en algunos puntos.

No logramos el ciento por ciento de lo que queríamos, pero logramos prohibir que niños de 11 o 12 años usen celulares, que es, por ejemplo, lo que rige hoy en Irlanda y se acerca mucho a lo establecido en otros países del mundo. Claramente, era una situación que estábamos buscando.

Sabemos que el uso del celular por niños por más de una hora antes de acostarse genera, por ejemplo, trastornos del sueño, produciendo insomnio de conciliación y una peor calidad del mismo.

También hay estudios que vinculan el uso de pantallas en niños con una mayor prevalencia de algunos problemas de salud mental. Hay, por tanto, efectos en el desarrollo cerebral.

Tenemos una serie de situaciones adicionales, problemas graves que afectan a niños que utilizan celulares. Por eso, buscábamos la prohibición total.

Nuestro proyecto se extendía a alumnos de educación prebásica, básica y media, pero logramos que la prohibición llegara hasta sexto básico. Hay que recordar que dentro de unos años, séptimo y octavo básico van a formar parte de la enseñanza media. Por lo tanto, nos acercamos bastante a lo que queríamos. Repito: no es el ciento por ciento de lo que buscábamos, pero al menos se consiguió la prohibición del uso de celulares en la educación prebásica y básica.

Este es un paso importante para tener una mejor educación y para que nuestros niños compartan, jueguen y socialicen en los recreos. Uno de los problemas que causa el uso del celular, no solo en la sala de clases, sino también en los recreos, es la no socialización entre jóvenes.

Este es un tema tremendamente importante en el desarrollo y la formación integral de nuestros niños y niñas. Formamos niños más solos, pero lo que queremos es todo lo contrario.

Finalmente, debo decir que estamos contentos con este proyecto de ley y, por esa razón, lo vamos a aprobar.

He dicho.

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señorita Presidenta, este proyecto tiene por objeto regular el uso de celulares en establecimientos educacionales por parte de los estudiantes, teniendo en cuenta que su uso excesivo e inadecuado trae grandes problemas de aprendizaje, alejando a los alumnos de sus objetivos.

Es muy cierto que los integrantes de las nuevas generaciones son nativos digitales y que tienen una facilidad impresionante para utilizar los dispositivos electrónicos. Sin embargo, esta habilidad debe ser utilizada con mesura, en los tiempos libres de los estudiantes y no durante las clases.

Sin duda que estos aparatos pueden ser de gran ayuda para buscar información que aporte a la metodología de enseñanza, pero la verdad es que no son utilizados con un buen fin, logrando únicamente desconcentrar a los alumnos.

Me parece bien que estos aparatos sean permitidos solo cuando puedan aportar en la búsqueda de información para una actividad particular, cuando exista una emergencia o cuando el alumno tenga necesidades especiales que lo justifiquen.

Voy a votar a favor esta iniciativa, pues, como señalé, la tecnología trae grandes beneficios cuando es utilizada con mesura y para los fines correctos.

He dicho.

El señor LEAL.-

Señorita Presidenta, vamos a votar a favor este proyecto, porque es una buena idea. Se requiere que vuelva la disciplina a los colegios. Nos parece que no es adecuado que los alumnos estén con sus aparatos electrónicos mientras están en la sala de clases, porque no están concentrados. Eso ocurre y muchas veces distrae a los alumnos que realmente quieren aprender y que están preocupados de la clase.

No se trata de prohibir todo, porque también los padres requieren tener contacto con sus hijos cuando estos van al colegio o regresan a la casa. La idea es que los aparatos electrónicos no se puedan usar en las salas de clases, principalmente. Eso es lo que yo creo. Esto es relevante, porque deben volver a las salas de clases la concentración y la autoridad del profesor.

Eso nos reclaman y nos piden los padres permanentemente: que terminemos con las desconcentraciones y con el uso abusivo de los aparatos electrónicos en las salas de clases. Por eso, vamos a respaldar el proyecto, obviamente tomando los resguardos, porque los padres tienen derecho a estar en contacto con sus hijos cuando estos regresan del colegio a la casa. Hay que circunscribir esta limitación a las aulas.

Con mucho gusto, vamos a apoyar la iniciativa para que vuelva la autoridad del profesor, para que vuelva el aprendizaje, para que vuelvan los valores y, principalmente, para vuelva la disciplina, que se ha perdido en los colegios de Chile.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señorita Presidenta, al igual que toda la bancada de la UDI, voy a votar a favor este proyecto de ley.

Cuando partieron las tecnologías, solo se veían por un lado y se decía que eran inevitables, pero quienes somos padres nos damos cuenta de cómo las tecnologías terminan por afectar la educación, el crecimiento y la concentración en las salas de clases.

Probablemente, más complejo que utilizar estos aparatos electrónicos en las salas de clases, donde obviamente no se deben utilizar, es cuando se utilizan en los recreos, porque uno observa que todos los niños están dedicados a ver los teléfonos, en lugar de compartir y socializar. Ellos están en una etapa de crecimiento fundamental para socializar o hacer sociedad.

Probablemente, habrá que dejar la alternativa del uso de emergencia de esta herramienta tecnológica, pero en el entendido de que tiene que ser excepcional y que debemos volver a algo que se ha perdido, que es la urgencia de que los menores que estudian socialicen con sus compañeros. Hoy, prácticas como el bullying, que están muy institucionalizadas, sobre todo en forma digital, se deben a que para muchos niños es más fácil contactarse con otros a través del teléfono que en persona. Esa realidad hay que enfrentar.

Por eso, no solo vamos a votar a favor esta iniciativa, sino que creemos que la prohibición debiese extenderse no solamente hasta sexto básico, sino un poco más allá, e incorporarla no solamente a las salas de clases, sino también a los recreos, que es donde los estudiantes socializan y muchas veces terminan aislándose producto del uso de estas tecnologías.

He dicho.

Corresponde comenzar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que dispone el resguardo de la capacidad de fundición de la Empresa Nacional de Minería.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

El informe se encuentra rendido.

Antecedentes:

-El proyecto de ley comenzó a ser tratado en la sesión 60ª de la presente legislatura, en lunes 5 de agosto de 2024, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Minería y Energía.

Corresponde iniciar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno señalados en su mandato, relacionados con el sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo.

Para la discusión de este informe se otorgarán sesenta minutos, distribuidos en forma proporcional entre las bancadas.

El informe se encuentra rendido.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión Especial Investigadora se rindió en la sesión 61ª de la presente legislatura, en martes 6 de agosto de 2024.

El señor SAUERBAUM.-

Señorita Presidenta, esta comisión especial investigadora resultó muy útil para instalar una discusión respecto de las enfermedades de alto costo, sobre todo en los menores de edad.

Los regímenes del sistema de Garantías Explícitas en Salud y la “ley Ricarte Soto ” han demostrado hoy ser insuficientes para cubrir diversos casos de enfermedades catastróficas o de alto costo, abarcando solamente un listado específico de diagnósticos o condiciones, que se van ampliando progresivamente en función de los instrumentos legales y administrativos en que se contienen.

En segundo lugar, se ha previsto desde el Estado el acceso a medicamentos y a otro tipo de prestaciones cuando se demanda al Estado procurarlos a pacientes que no pueden proveérselos por sí mismos y que no resultan incluidos en los dos regímenes anteriores por corresponder a prestaciones o fármacos de muy elevado valor y porque la patología o condición que los requiere no se ha incluido.

En este último supuesto, considerando la jurisprudencia constante de los tribunales de justicia, que instruye el pago de lo requerido por los pacientes, la Dirección de Presupuestos ha conseguido fondos especiales destinados a cumplir con dichos fallos judiciales.

Principalmente durante los últimos años, con ocasión del avance en los tratamientos, han surgido alternativas para enfermedades o condiciones que originalmente no las tenían, pero son de un costo muy elevado para su obtención e, incluso, muchas veces de carácter experimental.

Estos casos generan conmoción pública al conocerse la necesidad de los pacientes y las familias de desembolsar montos muy altos para lograr la sobrevida, ante un sistema que no ha incluido dichas enfermedades ni tampoco ha incluido sus tratamientos.

Dentro de las conclusiones que nos parecen más relevantes, sin duda, está lo que se llamó la evaluación de tecnologías sanitarias. Fuera del sistema de la “ley Ricarte Soto ” hoy no existe un mecanismo sólido que permita la evaluación de las tecnologías en materia sanitaria, con el objeto de analizar contundentemente la procedencia de otorgar cobertura para enfermedades de alto costo, pese a la presión que los casos generan, así como también para ofrecer estándares éticos elevados en esta misma materia para evitar los conflictos de intereses que surgen, por ejemplo, cuando los especialistas son incentivados a prescribir tratamientos aún experimentales o de resultado incierto.

Ahora, una alternativa que se vio en la comisión, que nos parece interesante, es respecto de la donación de medicamentos. En la discusión se conoció el caso de donaciones de medicamentos de alto costo en favor del Estado, pero sin que se conociera el mecanismo de adjudicación en favor de los pacientes. Tampoco se pudo ver si esto era objetivo o abiertamente arbitrario.

También hay un tema que nos parece muy relevante, que tiene que ver con los acuerdos de riesgo compartido. En febrero de este año se desarrolló un acuerdo de riesgo compartido por el que se compartió el riesgo de un ensayo clínico entre el Estado y el laboratorio innovador. Sin duda, este mecanismo debe ser potenciado, efectuándose las modificaciones legales y reglamentarias requeridas para dicho fin, ya que permite disminuir los costos de la adquisición de los fármacos de alto costo, por ejemplo.

Además, en el punto N° 7 de las consideraciones y conclusiones se destaca el servicio de atención al usuario con soporte ventilatorio en domicilio, que fue una de las solicitudes que nos hicieron las personas que vinieron a la comisión.

Para dar un ejemplo particular, debo señalar que, en la Región de Ñuble, en la comuna de Cobquecura, tenemos el caso de Benjamín o “Benjita”. Sus padres son José Ceballos y Daniela Yanquez , grandes luchadores por esta causa. Hemos tocado todas las puertas: hemos hablado con el subsecretario del Interior y con la ministra de Salud en reiteradas ocasiones, pero no hemos podido conseguir un financiamiento para este lolo, que tiene raquitismo, lo cual no permite su desarrollo. El caso terminó incluso en tribunales, pero, lamentablemente, el tribunal contestó que la enfermedad no era mortal, por lo que el Estado no tenía la obligación de proveer ese beneficio.

Obviamente, los padres siguen haciendo todo tipo de esfuerzos, buscando formas de financiar la enfermedad de Benjamín, la cual, sin duda, implica un costo elevadísimo para una familia humilde, trabajadora, que vive de su pequeño minimarket en la comuna de Cobquecura.

Ojalá solucionemos ese problema definitivamente, incluyendo un presupuesto anual, y también fomentando algunas donaciones importantes. Por ejemplo, existe la ley de donaciones, que otorga una serie de beneficios para construir infraestructura, para hacer obras, pero no hay ninguna norma que, por ejemplo, regule las donaciones de los laboratorios, a fin de que puedan entregar gratuitamente estos medicamentos de alto costo.

¿Por qué no incluirlos, por ejemplo, en la ley de donaciones? Aquello fue uno de los temas que se discutió en la comisión.

Nosotros quedamos bastante conformes, pero también conmovidos por la serie de hechos que se expusieron en la comisión.

Ojalá lleguemos a un acuerdo con base en este trabajo que han hecho nuestros colegas diputados, que nos parece bastante bueno, que permita crear una nueva política para enfrentar enfermedades de alto costo, sobre todo cuando se trata de niños menores de edad.

Votaremos a favor.

He dicho.

El señor LAGOMARSINO.-

Señor Presidente, esta comisión especial investigadora, que abordó el tratamiento de enfermedades de alto costo, hizo grandes recomendaciones y llegó a importantes conclusiones en vista de las nuevas generaciones de medicamentos, que podríamos decir que nos están invadiendo en el mundo.

Dos de esos tratamientos han dejado de ser de alto costo, pues hablamos ya de un elevadísimo costo. No cuestan decenas ni cientos de millones de pesos, sino miles de millones de pesos.

Existen dos casos de estos tratamientos.

El primero está registrado en Chile, y fue aprobado tanto por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como por la Agencia Europea de Medicamentos, mientras que el otro todavía no está registrado en Chile ni en la Agencia Europea de Medicamentos, pero sí en la FDA. Uno de ellos cuesta 1.800 millones de pesos, y, el segundo, 3.500 millones de pesos.

Es relevante tomar en cuenta estos casos para ver cómo va a avanzar la medicina y cómo estos medicamentos, que ya no son tradicionales, sino génicos, son enfrentados desde los Estados, particularmente desde Chile.

Consideramos que, si bien en la “ley Ricarte Soto ” no existe un mecanismo idóneo para financiar ese tipo de medicamentos, deberían existir otros mecanismos con ese fin, así como una mejor evaluación de tecnología sanitaria, con el fin de ratificar la seguridad y la eficiencia de muchos de estos tratamientos, que son registrados rápidamente, en un fast track, y que en muchas ocasiones no tienen la evidencia científica suficiente como para dar seguridad, tanto a quienes toman decisiones en materia de políticas públicas como a los profesionales de la salud, sobre los tratamientos que están indicando.

En la comisión también hablamos de otros temas, como la pesquisa neonatal y el estado de la “ley Ricarte Soto”.

En cuanto a la pesquisa neonatal, supimos hace pocos días, en virtud del anuncio hecho por su excelencia el Presidente de la República en la cuenta pública, que se incorporaría en el proyecto de ley de presupuestos, para que en 2025 estemos aplicándola. Es una muy buena medida y una muy buena política pública, materia que tocamos también latamente en esta comisión especial investigadora.

Asimismo, hablamos del estancamiento de la “ley Ricarte Soto ”. Desde 2020, aproximadamente, los egresos anuales de la “ley Ricarte Soto ” y de su fondo superan los ingresos anuales, y, por tanto, no se han podido incorporar nuevas tecnologías.

Además, extrapolando esto al año 2027, es muy posible que no solo no puedan incorporarse nuevas tecnologías, sino también nuevos pacientes.

En ese contexto, una de las fuertes recomendaciones que hacemos es que urge inyectar recursos a la “ley Ricarte Soto”, y esperamos que el Ejecutivo los incorpore por medio de alguna modificación específica en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2025.

He dicho.

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, sin duda que en estos últimos meses a nadie ha dejado indiferente la caminata de más de 1.300 kilómetros de una madre que partió en la comuna de Ancud y que terminó en La Moneda, donde fue recibida por el Presidente de la República. Me refiero a Camila, la madre del pequeño Tomás , de cinco años, quien requiere uno de los medicamentos más caros del mundo.

También destaco a Marcos, padre de gemelos, quienes, lamentablemente, no tienen acceso a un tratamiento para mejorar su condición de Duchenne.

Pudieron recaudar los 3.500 millones de pesos de costo del medicamento para Tomás, pero también lograron sensibilizar a un país respecto de que, ante la enfermedad de un hijo, hay que hacer todo lo humanamente posible para salvarlo, y de que, ante el riesgo de la vida de un menor, no hay nada más importante que salvar una vida.

Por lo tanto, debemos comenzar a trabajar para definir de qué forma, como Estado y como país, vamos a abordar este tipo de situaciones.

Las enfermedades neuromusculares constituyen un grupo de más de 150 trastornos que afectan al sistema nervioso periférico y a los músculos. Se caracterizan por producir debilidad muscular progresiva, lo que puede afectar la movilidad, la respiración, la deglución y la comunicación.

Algunas de estas enfermedades son hereditarias, y otras, adquiridas; algunas tienen una causa desconocida, y todas comparten el hecho de no tener cura. Sin embargo, existen tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida y extender la vida y la sobrevida de los pacientes.

Debemos establecer políticas públicas que aborden este tipo de enfermedades, sin necesidad de tener padres caminando por las carreteras e implorando ayuda para sus hijos, o de ver a padres en tribunales abogando para que estos obliguen al Estado a comprar medicamentos de alto costo con el fin de salvar la vida de sus hijos, apelando a leyes y tratados internacionales de protección de la vida de los menores.

Por lo tanto, es urgente invertir en estudios, programas u otras acciones que permitan detectar este tipo de enfermedades de manera temprana, y así disponer de más opciones para estos pacientes.

Por ejemplo, Chile fue pionero en Latinoamérica en su programa de pesquisa neonatal, que incorporó dos patologías. No obstante, con el correr de los años se quedó atrás en comparación con otros países de la región, que fueron ampliándolas y manteniendo una tasa de cobertura adecuada, como Costa Rica, con 29 patologías en pesquisa, con cobertura de 97,7 por ciento, y Uruguay, con 21 patologías y cobertura de 99,2 por ciento. Chile considera solamente dos patologías, con una cobertura de 98 por ciento.

También es absolutamente necesario que estas acciones se realicen en el sistema privado de salud. Se debe fortalecer la fiscalización de la aplicación de la pesquisa neonatal en las isapres.

La “ley Ricarte Soto ” y la ley del cáncer nacieron para apoyar los tratamientos de enfermedades de alto costo, pero necesitan más cobertura y asignación de recursos, ya que hoy están en el techo de su capacidad.

Por ello, como médico abogaré siempre por que más enfermedades poco frecuentes sean incorporadas a estas leyes.

Como Cámara de Diputados estamos al debe, porque muchas veces somos poco empáticos o indolentes, y votamos con liviandad el ingreso o no de alguna patología, como ocurrió el año pasado cuando se votó en contra del ingreso de la esclerosis múltiple a la “ley Ricarte Soto ”, sin entender que esta enfermedad deja a los pacientes postrados.

Hago alusión a esta patología en particular y envío mi saludo y buenos deseos a Oriana Nayan , de Puerto Varas, una mujer que recorre kilómetros para hacer visible esta patología y que, desde el sector rural en que vive, ayuda permanentemente a muchas personas a sobrellevar dicha condición.

También quiero saludar a Verónica Cruchet , presidenta de la Corporación Esclerosis Múltiple Chile, y me hago eco de sus palabras en la comisión. Ella sostuvo que, sin duda, el impacto presupuestario de esta ley no es menor para cualquier gobierno, pero “no se puede medir solamente por el valor determinado de un medicamento, toda vez que, en el caso de una esclerosis múltiple, se ha indicado que el medicamento es muy caro, pero nadie se permite medir el impacto que la enfermedad tiene para la vida de las personas, para el trabajo de la sociedad y para la familia.”.

Agregó que esta es una patología en que, sin los tratamientos oportunos y adecuados, la persona terminará discapacitada, permanentemente hospitalizada y postrada, y otra persona de su familia va a tener que dejar de trabajar para cuidarla. En ese caso, ya serían dos personas por familia que van a dejar de ser un aporte para la sociedad, para el desarrollo personal y para la familia, con todo lo que eso implica.

Como diputado, y principalmente como médico, me pongo a disposición para trabajar en leyes que permitan apoyar a estas personas, a pacientes y a sus familias.

He dicho.

La señora ARCE (doña Mónica).-

Señorita Presidenta, hoy traigo al Congreso Nacional la desgarradora historia de Lucas Morales, un pequeño de tan solo meses que padecía de atrofia muscular espinal, y que falleció, ante la desesperación de sus padres, debido a un virus intrahospitalario.

Esa tragedia se debió a la cruel ineficiencia del Estado, que tardó en proporcionarle el tratamiento necesario. Incluso, César, padre de Luquitas, llegó a hablar con el Presidente Boric , pero ya sabrán el desenlace: promesas y palabras bonitas que no llegaron a ningún puerto.

Ignacio, de solo dos años, luchó contra el sistema judicial para obtener uno de los medicamentos más caros del mundo; sin embargo, cuando finalmente el tribunal falló a su favor, el gobierno, por medio del Fonasa, en un acto cruel e inexplicable, apeló a la decisión, prolongando la agonía de una familia que solo quería salvar la vida de su hijo.

La madre de Emiliano, quien ya tiene más de dos años, ha venido a este Congreso a rogar por ayuda muchísimas veces, pero ¿cuál ha sido la respuesta de este gobierno? Silencio absoluto, una muestra más de la crueldad y del abandono hacia las infancias de nuestro país.

En esta comisión hemos sido testigos del desprecio del Estado hacia su deber constitucional de proteger a nuestros niños. La ministra de Salud, entre otras autoridades, ha desfilado por aquí, dando respuestas vacías y mostrando una indiferencia inquietante. No estamos hablando de unos pocos casos aislados de atrofia muscular espinal o de enfermedades catastróficas; hablamos de cientos de niños que encuentran en este gobierno no una esperanza, sino una puerta cerrada y, en muchos casos, una sentencia de muerte.

Es indignante ver cómo se malgastan recursos en proyectos que muchas veces son inútiles, y más indignante aún es ver cómo se gastan cientos de millones de pesos para contratar a amigos; pero cuando se trata de salvar la vida de las infancias, no hay fondos disponibles. Es irónico y cruel que mientras millones de pesos se desvían a fundaciones truchas, familias como la de Camila tengan que recorrer 1.300 kilómetros para reunir 3.000 millones de pesos con el fin salvar a su hijo.

Esta comisión investigadora ha expuesto la crueldad, que tiene excusas para todo, pero que no quiere salvar la vida de nuestras infancias.

He dicho.

-Aplausos.

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señorita Presidenta, quiero hacer notar algunas cosas que aparecieron durante el trabajo de esta comisión. Una de ellas me la planteó Felipe Calderón , papá de Rafita, quien padece de atrofia muscular espinal (AME). Él me decía que está todo mal diseñado, porque en este gobierno, en el anterior y en el anterior, en la ley de presupuestos se aprueba un fondo para judicialización, que permite que el Ministerio de Salud se prepare financieramente para pagar las enfermedades de alto costo, pero solo una vez que el Estado es demandado. En los casos de AME, las niñas y los niños deben ser tratados antes de los seis meses; sin embargo, luego de un juicio ante una corte de apelaciones y luego, probablemente, ante la Corte Suprema, esos seis meses se desvanecen.

Por ello, el papá de Rafita me preguntó por qué el Estado toma la decisión de esperar a que lo demanden, si pierde todas las demandas. No hay ninguna demanda que el Estado haya ganado. Siempre el derecho a la vida está por sobre los otros derechos y por sobre cualquier otra consideración, y siempre la corte termina dándoles la razón a los padres y obligando al Ministerio de Salud a pagar 1.600 millones de pesos, 1.900 millones de pesos, etcétera. El papá de Rafita me preguntó por qué el Estado no se anticipa, negocia el precio y elimina el impuesto, que es la quinta parte del precio. De esa manera puede salvar vidas y no tiene que esperar que un tribunal lo obligue.

Por otra parte, hay otras medidas que también son ilógicas, como, por ejemplo, la forma de acceder a la “ley Ricarte Soto ”. Hay una enfermedad respecto de la cual muchos activistas trabajaron para incorporarla a dicha norma: la esclerosis múltiple. Sin embargo, ha habido casos de personas diagnosticadas con esclerosis múltiple, a las que después, en los sucesivos diagnósticos, les dijeron que no tienen esclerosis múltiple, sino neuromielitis óptica. El tratamiento es el mismo, pero dado que la enfermedad diagnosticada ahora es distinta, a pesar de que –reitero- tiene el mismo tratamiento, no puede ser cubierta a través de la “ley Ricarte Soto ”.

Está todo lleno de cuestiones ilógicas. Por ello, hago un llamado al actual gobierno para que cambie esta lógica y le asegure a todo el mundo un tratamiento, sin importar si es caro o no. Debemos comportarnos como país. Si verdaderamente queremos ser un país, no puede ser que alguien no tenga tratamiento porque ocupamos el dinero en otras cosas.

Esta comisión investigadora sirvió para visibilizar distintos problemas que tiene el sistema; pero ahora falta la voluntad política del gobierno, que debería estar presente en esta Sala poniendo atención a lo que estamos discutiendo, a lo que estamos haciéndole ver que debe cambiar, para que tome decisiones. Espero que este gobierno, al cual apoyé en la elección, esté a la altura y tome esas decisiones.

He dicho.