Labor Parlamentaria

En el Orden del Día, corresponde tratar la solicitud de su excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y de Biobío, de la Región del Biobío.

Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Antecedentes:

-Oficio de S.E el Presidente de la República por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío, sesión 67ª de la presente legislatura, en lunes 26 de agosto de 2024. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señorita Presidenta, es clara la voluntad de este Congreso de aprobar todas y cada una de las iniciativas que vayan en la dirección correcta, que es mantener la seguridad en el país.

Se promulgó una ley que nosotros mismos, como Chile Vamos, impulsamos.

Además, con mucho respeto por el ministro de Defensa subrogante, señor Montero , quiero decir que esta es una solicitud que le corresponde ver al Ministerio del Interior.

Desde ese punto de vista, me parece de verdad insólito que en este instante la ministra del Interior no esté preocupada de construir leyes, sino más bien de promulgarlas. Realmente no me parece que la excusa sea que en la mañana estuvo en la promulgación de una ley.

La ministra del Interior, quien torea permanentemente a este Congreso y se escabulle y se saca todos los bultos y responsabilidades en materia de inteligencia, debe estar presente en la Sala para iniciar esta discusión.

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, valoro que podamos contar por lo menos con el ministro de Defensa subrogante en esta discusión. Evidentemente, lo ideal sería que pudiéramos contar también con los representantes de Interior, porque aquí estamos hablando de un problema de seguridad pública, de un estado de excepción que se ha venido prorrogando ya más veces de las que puedo contar.

Creo que la excepcionalidad de este estado de excepción se perdió absolutamente hace bastante tiempo. Los republicanos hemos seguido apoyando y votando a favor de estos estados de excepción, porque, al fin y al cabo, es la única herramienta que este gobierno está comprometiendo para luchar contra el terrorismo en la macrozona sur. Pero la verdad es que si hace pocos días vimos en la prensa que en un delito cometido en la zona centro de nuestro país se encontró un arma que había sido usada en la macrozona sur para intentar atentar en contra de una exministra, esto -perdónenme la expresión ya es la chacota misma. No hay ninguna seriedad respecto a las políticas del gobierno en contra del terrorismo en nuestro país.

Los terroristas y los delincuentes hoy hacen lo que se les viene en gana, y haya estado de excepción o no la situación sigue siendo exactamente la misma. Ni siquiera nos encontramos con un apoyo real hacia nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros, con todo el trabajo que están haciendo. Creo que es una vergüenza.

He dicho.

El señor RATHGEB.-

Señorita Presidenta, lo he señalado una y otra vez: ¿cuál es el plan de salida que vamos a tener después de este estado de excepción, que ya no es un estado de excepción, sino un estado permanente que tenemos en la Región de La Araucanía?

Si bien es cierto ha sido útil porque han disminuido los hechos de violencia, y eso nadie lo puede negar, esta es una iniciativa que partió resistida incluso por algunos sectores de izquierda de este Congreso durante el gobierno del Presidente Piñera, pero afortunadamente la actual administración la repuso a pesar de haber estado algunas semanas sin ella.

Claramente, se trata de una situación que debemos abordar con sentido de Estado, porque la problemática que se vive en la Región de La Araucanía, como ha habido presión en ese lugar, se ha ido extendiendo a otras zonas. Eso queda demostrado con las armas que fueron encontradas en Rancagua, que habían sido utilizadas al momento del ingreso de la entonces ministra del Interior, señora Izkia Siches , a la comuna de Ercilla.

Por lo tanto, esta es una problemática no solo de la Región de La Araucanía, sino que se ha extendido a distintos lugares. Esta delincuencia, porque es delincuencia la que hay en La Araucanía, se ha extendido a otros sectores y no sabemos qué va a ocurrir.

En consecuencia, este es un problema de Estado, no de la macrozona sur. Y es aquí donde debemos buscar la forma de salida respecto de este tema, porque, si no, tendríamos que declarar estado de excepción en todo el país, considerando que aquellos delincuentes que operaban en la Región de La Araucanía hoy están operando en otros lugares.

Como siempre he dicho, estoy disponible como parlamentario a colaborar en este tema, para buscar un acercamiento y una solución definitiva a esta problemática que desde la Región de La Araucanía se ha ido extendiendo a otras zonas del país.

He dicho.

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, un estado de excepción no se puede desligar de lo que ocurre con la seguridad ni con lo que sucede con los otros ministerios. Me habría gustado que hubiera estado presente en la Sala la ministra del Interior y Seguridad Pública, porque muchos han pedido la renuncia de todos quienes encabezan dicho ministerio, debido a que se ha fracasado en políticas en materia de seguridad. Sin duda, todo lo que hagamos es insuficiente.

Nosotros, como Demócratas, hemos apoyado todas las medidas que este gobierno ha impulsado; incluso, hemos ido más allá al apoyar las que el propio gobierno no ha querido, pero ha tenido que hacer, porque la ciudadanía exige más seguridad. Por eso, apoyamos la prórroga de los estados de excepción, el proyecto de infraestructura crítica para la zona norte y el proyecto de control preventivo de la migración. Pero lo que no vamos a permitir es que la ministra vaya a la Región del Biobío, no tenga una agenda clara y utilice a las policías para un punto de prensa, para una actividad de campaña. Eso quiero dejarlo establecido.

El miércoles pasado, el general Bobadilla tenía su cuenta pública. Sin embargo, se le pidió que fuera a Los Ángeles a una actividad que se iniciaba a las 2 de la tarde, por lo que no pudo estar presente en su cuenta pública. Fue una falta de respeto con quienes somos autoridades de la región y que íbamos a dar nuestro apoyo a Carabineros después de todo lo que ha ocurrido, especialmente tras lo sucedido en Cañete.

Fuimos invitados por una empresa privada a una actividad en la que iba a estar presente la ministra del Interior, pero no hubo ninguna invitación de parte del gobierno.

Quiero que se tome nota de que si estamos en un estado de excepción se respete la institucionalidad, y si el gobierno quiere hacer campaña, que no utilice la seguridad.

He dicho.

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señorita Presidenta, cuarenta y cinco veces se nos ha solicitado la renovación del estado de excepción en la macrozona sur, una cifra que por sí sola indica que no estamos hablando de una excepcionalidad, sino de una normalidad. Se ha vuelto normal que debamos tener un estado de excepción constitucional para proteger a los habitantes de las provincias de Arauco y de Biobío, y aun así ocurre lo que ya todos conocemos: el asesinato brutal de tres carabineros.

Hay tres personas detenidas por ese hecho y otra continúa prófuga, a mi juicio, ya por mucho tiempo. Esperamos tener resultados pronto respecto de su detención y tener un juicio que realmente permita recuperar en algo la tranquilidad a los habitantes de la provincia de Arauco, porque hasta ahora lo único que hay es impunidad frente a estos hechos.

Sabemos que la seguridad es la base del desarrollo y del crecimiento económico. En nuestra provincia de Arauco la seguridad está amenazada. Se han cerrado doscientos aserraderos, porque no se ha reforestado lo suficiente después de los incendios, pero también porque no hay inversión de capitales, pues ellos se han ido a otros países. En Chile no se están dando las condiciones para invertir, en especial en la provincia de Arauco; pero, más allá de la inversión, que tiene un efecto en la vida de las personas, aquí lo que se está amenazando es la vida de las personas y su tranquilidad. Transitar por las carreteras cada día se hace más riesgoso y más difícil.

Hay cifras que nos muestran que han bajado los índices iniciales, en alrededor de un cuarenta por ciento, pero eso no es suficiente. Nos hemos conformado con eso, o el gobierno se conforma con eso y hace campaña con esas cifras, incluso, la ministra del Interior y Seguridad Pública, que, como bien se dijo acá, estuvo en la zona, pero no nos invitó. El que lo hizo fue el sector privado.

Estuvimos ahí porque se discutía un tema importante como es la prevención de los incendios forestales y cómo se actúa de manera coordinada y rápida cuando estos se presentan. Lo que tenemos que hacer es prevenir, y también debemos prevenir los hechos de terrorismo, de delincuencia, de asesinatos, que siguen ocurriendo en nuestra provincia de Arauco.

Vamos a aprobar la prórroga del estado de excepción constitucional, porque es la única herramienta que hasta ahora tenemos, pero para que actúen las Fuerzas Armadas -lo he dicho insistentemente con mayores atribuciones, con mayor respaldo político. Nuestros carabineros también deben tener atribuciones claras para que no haya duda de que, en el cumplimiento de su deber, pueden actuar y defenderse. En la provincia de Arauco tenemos el caso de un infante de marina que todavía está enjuiciado por un cuasidelito de homicidio por responder a un enfrentamiento.

Hoy se necesitan reglas claras, las reglas de uso de la fuerza. Aún estamos esperando que este gobierno les dé la urgencia que se requiere.

He dicho.

El señor BECKER.-

Señorita Presidenta, sin duda, el estado de excepción dejó de ser una excepción, pues llevamos más de dos años en esto, desde que se inició este gobierno, salvo un pequeño lapso que tuvimos al inicio del mismo.

Las Fuerzas Armadas están atadas de manos. Hoy día estamos escuchando a muchos alcaldes de izquierda y de extrema izquierda solicitar la presencia de las Fuerzas Armadas para cuidar las ramadas, las fondas. Quieren que durante los diez días en que algunos se van a mandar una tremenda fiesta, las Fuerzas Armadas estén arrastrando curados desde las ramadas.

Al menos de mi parte, rechazo absolutamente la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en este ámbito. Si no tienen respaldo, los mismos que hoy día están solicitando su presencia en las calles, mañana van a estar enjuiciando a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

En la Región de La Araucanía y en la provincia del Biobío tenemos un problema serio que no hemos podido enfrentar. Y ya lo decía uno de los diputados que me antecedió: el tema se está trasladando a Santiago . Así es como ahora encontramos en la Región Metropolitana armas que fueron ocupadas en Temucuicui en hechos delictuales. Debemos actuar con mano firme y dura; en esto no puede haber ambigüedades. Pero cuando hay un sector que, al parecer, quiere proteger a los delincuentes, el mensaje no es bueno.

Espero que podamos cambiar esto oportunamente, pues de lo contrario nuestro país va a terminar en manos de los delincuentes. Hay muchos a los que, al parecer, eso les interesa.

¡Dios salve a Chile y a nuestra querida región, la más bella de Chile!

He dicho.

El señor SCHUBERT.-

Señorita Presidenta, la gestión del Presidente Boric y, en particular, la labor de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá , ha sido un desastre en materia de seguridad pública, evidenciando una incapacidad alarmante para enfrentar las crecientes amenazas que hoy ponen en jaque a nuestro país.

Un caso emblemático de este fracaso es la situación de la Región Metropolitana, donde la violencia se ha desatado. En las últimas semanas se registraron veinticuatro muertos por tiroteos en distintos puntos de la capital, en particular en la comuna de La Pintana, donde al menos siete personas fueron acribilladas en lo que se presume una guerra abierta entre bandas criminales rivales.

Este tipo de masacres, que antes parecían relegadas a contextos determinados, se han convertido en la nueva lamentable normalidad de nuestro país bajo la gestión del Presidente Boric y, en particular, de la ministra Tohá . La ineptitud del gobierno para frenar esta ola de violencia ha dejado a los ciudadanos en un estado de indefensión total, mientras los delincuentes operan con una impunidad que resulta indignante.

Por lo mismo, lamento que la ministra no se encuentre en la Sala, toda vez que habría sido de mi preferencia que ella hubiera escuchado esta intervención.

La crisis en la Región Metropolitana no es un hecho aislado, sino que es parte de un problema más amplio que afecta también a la macrozona sur, donde el terrorismo ha echado raíces profundas bajo la actual administración.

El 13 de agosto comenzó el juicio contra diecisiete internos acusados de secuestrar a tres gendarmes en la cárcel de Angol, en mayo del año pasado. Este hecho, que debería haber sido un claro llamado de alerta para el gobierno, ha sido manejado con una tibieza preocupante. El juicio ha sido postergado varias veces debido a maniobras dilatorias de los acusados, lo que solo evidencia que la vía penal por la que apuesta el gobierno es insuficiente para la crisis que estamos viviendo en La Araucanía.

El fiscal regional expresó su frustración ante esta estrategia de dilación usada por los acusados, quienes, según él, buscan evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Este juicio está directamente vinculado con un ataque incendiario contra dos camiones en Pailahueque, otro ejemplo de cómo la violencia en la macrozona sur sigue aún de manera descontrolada.

La respuesta de la ministra Tohá ante esta escalada de violencia ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. Su declaración de que estos ataques buscan intimidar a la justicia refleja una desconexión que es preocupante respecto de la realidad que se vive en terreno, donde los grupos radicales operan con total impunidad, imponiendo su ley ante un Estado que se muestra débil y desorganizado. En lugar de adoptar una postura firme y decidida, el gobierno ha permitido que estos grupos se consoliden, poniendo en peligro no solo a las comunidades locales, sino la integridad del Estado y el Estado de derecho en particular.

El fracaso del gobierno en materia de seguridad es patente y abrumador. Mientras la violencia se propaga en la capital y el terrorismo avanza sin freno en la macrozona sur, el Estado ha sido incapaz de proteger a los ciudadanos. La situación de Chile es crítica e inaceptable. También no se entiende la conducta de una ministra y de un equipo que aún persisten en el mismo cargo, sin efectuar los cambios necesarios.

Chile necesita un cambio profundo y urgente en la estrategia de seguridad. Esto solo será posible con un liderazgo que realmente entienda la gravedad de la situación, pero, además esto es muy importante-, que esté dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para restaurar el orden y la seguridad en todo nuestro país, en particular en la macrozona sur.

He dicho.

El señor JOUANNET.-

Señorita Presidenta, el Presidente de la República estuvo la semana pasada en la región e inauguró varios proyectos. De hecho, asistí y acompañé al Presidente en tres de sus actividades. Fui el único diputado que lo acompañó permanentemente en las actividades a que fue invitado, pero la verdad es que no llevó ninguna propuesta. Me hubiese encantado que el Presidente hubiese dicho: “Vamos a terminar con el terrorismo en La Araucanía; vamos a hacer tal cosa”, pero la verdad es que no pasó nada.

El Presidente dio cifras, cifras que hoy se deben, fundamentalmente, al trabajo hecho por la fiscalía. Digamos las cosas como son, porque en la medida en que vamos descabezando las cúpulas delictuales y terroristas, naturalmente van retrocediendo. Es así.

Estamos en el lugar 17 de los países con más terrorismo en el mundo. Colombia nos antecede en el puesto 16. En La Araucanía tenemos un 38 por ciento de informalidad y 13 por ciento de desempleo. Las comunas más pobres están en La Araucanía, pero el Presidente va a la región y no habla de eso. Después pide apoyo, respaldo y se lo damos, pero necesitamos más voluntad, más valentía del gobierno y del Presidente, más autoridad política, más determinación y que este tema lo tomen en serio, pero no creo que lo hagan. Este es un gobierno tibio tibio en materia de seguridad. Cuando uno tiene como mayor problema la seguridad, va y lo enfrenta directamente, pero eso no ha ocurrido ni va a ocurrir.

Lamentablemente, el viaje del Presidente de la República a la zona solo tuvo como objetivo inaugurar cuestiones que perfectamente pudieron hacer sus ministros o sus seremis.

He dicho.

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, nuevamente vamos por otra renovación del estado de excepción constitucional en La Araucanía y provincias de Arauco y del Biobío. Al parecer, esta es la renovación 45 o 46.

Esta situación nos hace cuestionarnos sobre si la efectividad de la medida está dada por la herramienta misma o por la normalización de circunstancias extraordinarias que no tienen ninguna solidez en el tiempo, ya que este estado de excepción constitucional no significa nada para nadie; solo demuestra que el gobierno marca el paso en materia de seguridad. No toma decisiones que de verdad ayuden a nuestros compatriotas de esta zona afectada por el terrorismo y tampoco se visualizan medidas preventivas para evitar que estos hechos delictuales avancen hacia el sur, como ha estado ocurriendo de un tiempo a esta parte.

Por eso, en esta renovación número 45 o 46, la región, los habitantes del distrito que represento y la justicia solicitan una vez más que de una vez por todas se cree una Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones. ¿Hasta cuándo, señor ministro -por su intermedio, señorita Presidentano se hace lo que se tiene que hacer?

Señorita Presidenta, existe preocupación en los habitantes de comunas como San Juan de la Costa, donde María Eugenia Silva ha recogido de primera fuente el miedo, la incertidumbre que viven las personas de esa comuna, que ya se ha visto afectada en varias oportunidades por atentados incendiarios cada vez más frecuentes y sin sospechosos hasta el momento. Esa misma situación también se vive en Purranque, donde Mirna Fuentealba nos manifiesta la intranquilidad de los vecinos de la zona, ya que no saben qué pasará con sus predios, sus cosechas y, en definitiva, con el trabajo de toda su vida.

Señorita Presidenta, esta sensación de inseguridad también es latente en la ciudad. En el caso de Osorno, por ejemplo, la abogada Andrea Jofré ha recogido las denuncias de muchas mujeres que por temor no se atreven a salir a las calles después de las 20:00 horas. Esa sensación de inseguridad que vivimos a diario en el Gran Santiago ya se instaló o se está instalando en las regiones, pero, lamentablemente, el gobierno no hace nada.

Señor ministro, por favor, de una vez por todas, realicen acciones concretas y serias.

He dicho.

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, a estas alturas, ¿qué tan constitucional es este estado de excepción constitucional? Se supone que es una excepción constitucional y como tal lo que hace es limitar los derechos de los ciudadanos para entregarles las herramientas al Estado para restaurar el orden y la seguridad de los mismos. Pero cuando uno renueva 42 o 43 veces un estado de excepción, eso ya no es excepcional.

(Habla un señor diputado sin micrófono)

¿Cuántos eran? ¡45 veces se ha renovado el estado de excepción! Eso ya no es excepcional; esa es la normalidad y va en contra del espíritu de la propia Constitución. Además, es un estado de excepción amputado, donde no se entrega a los jefes de la Defensa Nacional todas las facultades que la Constitución les asigna.

También puedo poner en duda la voluntad de cumplir con los límites y con los mínimos constitucionales por parte del Ejecutivo. En 45 oportunidades hemos legitimado estados de excepción limitados, que no existen en la Constitución Política de la República, pero sí han servido para limitar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Señorita Presidenta, esta renovación permanente de los estados de excepción contraría el espíritu de la Constitución, contraría el sentido de la Constitución, cual es proteger los derechos fundamentales y ciudadanos, y eso en razón de la falta de voluntad de este Ejecutivo y del Ejecutivo anterior de pagar el costo político de hacer lo necesario para restaurar la ley y el orden en la macrozona sur.

Entonces, damas y caballeros, como parlamentario responsable, ¿qué me queda por hacer ante esta situación? Tengo que votar en contra del estado de excepción. Sin embargo, no solamente votaré en contra, sino que haré reserva de constitucionalidad, porque creo que la forma en que se están aplicando y renovando los estados de excepción es inconstitucional.

Damas y caballeros, no podemos seguir manteniendo esta farsa, mediante la cual prometemos a la gente en el sur ayuda que nunca llega, un orden que nunca se restaura, a cambio de derechos ciudadanos que nunca se devuelven.

He dicho.

El señor DONOSO.-

Señorita Presidenta, honorable Sala, llevamos 45 renovaciones del estado de excepción. Eso es insólito. Tan insólito es que pasó a ser normal y se le olvida al gobierno que es importante, porque ni la ministra ni el subsecretario del Interior están presentes.

¿Dónde está la dirección de este país? ¿Al Presidente le importa este tema? Si le importara realmente, estaría preocupado de que estos estados de excepción se apliquen con la fuerza necesaria para que sean de excepción, para que la gente recupere el derecho a vivir en paz, para que pueda trabajar sus campos, para que pueda ir a sus cultos, para que pueda vivir en el Chile del resto de los chilenos.

El Presidente se olvidó de gobernar para todos los chilenos. Gobierna pensando en sus encuestas; gobierna pensando en la necesidad de sus partidos políticos, con temores a quebrar su coalición, evitando hacer lo que le molesta al Partido Comunista, para así mantener una coalición pegada con chicle.

Lamentablemente, hoy mantenemos un estado de excepción, porque el Presidente dejó de gobernar para Chile y solo piensa en la próxima elección.

He dicho.

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señorita Presidenta, una vez más nos encontramos debatiendo la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional. Han pasado diversos gobiernos, y si se hubiese tenido la posibilidad de dialogar -los humanos debemos construir entendimientos y encontrar soluciones-, quizás no estaríamos criticando a un solo gobierno.

Hay que hacerse cargo de la historia de todos los que han gobernado. La verdad es que no han generado las condiciones necesarias para el diálogo en el territorio; no han querido reconocer los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, del pueblo mapuche en el territorio del Wallmapu.

Hoy nos encontramos en una situación compleja, donde no solo debemos analizar cómo se debe seguir militarizando y hasta cuándo se va a tener el estado de excepción constitucional, sino también debemos pensar en que el Estado debe reconocer derechos y aplicar normativas vigentes, como el Convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia el año 2009. Hasta el día de hoy no se ha normado aquello. Por lo tanto, muchas comunidades están en el territorio esperando desarrollarse autónomamente de acuerdo con su pertinencia cultural.

Eso ha sido complejo, porque no hay recursos para el desarrollo del pueblo mapuche. Más encima, está la restricción que se tiene con el estado de excepción constitucional.

La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que convocó el Presidente de la República, tiene que dar resultados en el mes de noviembre, pero está sujeta a los compromisos de los diversos partidos que la suscribieron. Ellos tienen que estar a disposición para encontrar una solución a esta situación, porque el Estado ha llevado a este conflicto.

Por lo tanto, mi llamado para todos los que hoy representan a la derecha y a la ultraderecha es a colocarse a disposición. De lo contrario, el estado de excepción constitucional será eterno, porque se fracturó el diálogo y la democracia, y hoy nadie confía en nadie.

Por lo mismo, en este hemiciclo solicito a quienes representamos diversos territorios hacer este esfuerzo.

Hoy se requieren mayores recursos para hacer las inversiones y entregar a las comunidades los servicios básicos, porque todo ciudadano de este país espera que el Estado responda. Lamentablemente, año a año, se definieron recursos insuficientes.

Hoy se requiere aumentar el presupuesto del plan Buen Vivir. Así también se puede aumentar el presupuesto para seguir avanzando en la construcción de caminos y en la dotación de agua potable rural para las comunidades, para que puedan efectuar el riego.

También se requiere construir viviendas con pertinencia. Asimismo, es necesario un incremento importante de los recursos para becas indígenas, a fin de ir en apoyo de esos estudiantes que son hijos de madres y padres cuyo único sustento proviene de la tierra. Obviamente, se requieren mayores recursos en las áreas en donde el Estado ha estado ausente.

Por lo tanto, el compromiso de este Parlamento tiene que ser para apoyar con sus votos el incremento de aquellos recursos.

Cuando se está requiriendo más presupuesto para militarizar, también debemos pensar que se requieren más recursos para el desarrollo y la autonomía de aquellas comunidades en su territorio. Se requieren programas de desarrollo territorial, como el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), del Indap, que no ha incrementado su presupuesto.

Esta es una responsabilidad que debemos asumir si queremos verdaderamente encontrar el diálogo, entendernos y el día de mañana vivir con tranquilidad. En esto también debemos incluir a aquellos que despojaron y usurparon el territorio al pueblo mapuche, como las empresas forestales y los grandes agricultores del territorio, y a otros que llegaron posteriormente, a través de los diversos procesos colonizadores que realizó el Estado chileno.

Por ello, es urgente y necesario que avancemos en el diálogo…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, diputada Emilia Nuyado .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo a los colegas parlamentarios, a los funcionarios de la Corporación y, por supuesto, al señor ministro subrogante de Defensa Nacional.

Tal como siempre lo he hecho, votaré a favor la prórroga del estado de excepción constitucional. Sin embargo, quiero señalar al señor ministro -por su intermedio, Presidenta que es inaceptable que este gobierno esté pensando en dejar sin financiamiento a la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, que particularmente está trabajando en la Región de La Araucanía. Es inaceptable, porque dicha asociación apoya a las víctimas de atentados desde el punto de vista psicológico y de la atención.

Como señalé en una intervención anterior, en la comuna de Curacautín, un pequeño empresario, como es el señor Félix Molina , ha sufrido tres atentados. Le quemaron una retroexcavadora, un cargador frontal y un camión. Lamentablemente, hasta el minuto este gobierno no le ha respondido, no lo ha ayudado, en circunstancias de que él genera mano de obra para Curacautín.

La ciudadanía de la Región de La Araucanía exige mayor seguridad.

Para qué decir lo que ocurre en la comuna de Collipulli. Desde el 2023 al 2024, ha habido más de 57 atentados en esa comuna. En unos minutos más estará en el Congreso Nacional el alcalde de Collipulli, señor Manuel Macaya . ¿Cómo puede él abordar o enfrentar esta situación, junto con su concejo municipal y las autoridades?

Por eso, una vez más reitero el…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señorita Presidenta, militares a la calle piden los chilenos y también los alcaldes del gobierno. Usted dirá que es la cueca desnuda, porque estamos cerca del 18 septiembre. La verdad es que piden con mucha fuerza que los militares salgan a la calle porque este gobierno no ha sido capaz de enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado en Chile.

Aquí hay un tema grave, porque, según las encuestas, la delincuencia y el crimen organizado abarcan un 70 por ciento de los temas que preocupan a los chilenos. Lo que piden ellos -está dentro de las tres primeras necesidades es que los militares salgan a la calle. ¡Los chilenos lo están pidiendo!

Fíjense que hay un plan piloto que se hizo en la macrozona sur. Hace más de dos años que estamos pidiendo al gobierno que suelte el freno de mano a las Fuerzas Armadas y que, de una vez por todas, termine con los terroristas que están asolando la Región de La Araucanía.

Pero ¿qué pasa cuando el Presidente de la República va a La Araucanía? ¿Ustedes se enteraron de que fue La Araucanía? La verdad es que yo no lo vi en el Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) conversando con los empresarios para que inviertan más; no lo vi visitando a las víctimas de la violencia y del terrorismo, ni lo vi reuniéndose con ellas ni dándoles algún financiamiento, como dijo el colega Juan Carlos Beltrán .

Tampoco lo vi ejecutando las acciones que prometió en campaña a las comunidades mapuches, a las que les mintió con el reconocimiento constitucional. El director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) solo hizo campaña para ser candidato a gobernador regional. ¿Esa es la calidad de gobierno que tienen?

El gobierno, en su burbuja, piensa que, como han bajado en un 60 por ciento los atentados terroristas, ahora hay que destapar champaña y se terminó el problema. Un camión más o un camión menos le da lo mismo. ¡No, señores! Ayer quemaron el camión de una pyme.

¡Al gobierno le falta convicción!

He dicho.

Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Carta Fundamental para incorporar a los gobernadores regionales como autoridades susceptibles de acusación constitucional y agrega nueva causal de procedencia a su respecto, correspondiente a los boletines Nos 16215-07, 16217-07, 16246-07, 16247-07 y 16303-07.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Camila Flores .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 16215-07, sesión 69ª de la legislatura 371ª, en lunes 28 de agosto de 2023.

Documentos de la Cuenta N° 26;

-Boletín N° 16217-07, sesión 69ª de la legislatura 371ª, en lunes 28 de agosto de 2023.

Documentos de la Cuenta N° 28;

-Boletín N° 16246-07, sesión 72ª de la legislatura 371ª, en lunes 4 de septiembre de 2023.

Documentos de la Cuenta N° 26;

-Boletín N° 16247-07, sesión 72ª de la legislatura 371ª, en lunes 4 de septiembre de 2023.

Documentos de la Cuenta N° 27, y

-Boletín N° 16303-07, sesión 82ª de la legislatura 371ª, en martes 26 de septiembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 53ª de la presente legislatura, en unes 22 de julio de 2024. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora FLORES, doña Camila (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar a los gobernadores regionales como autoridades susceptibles de acusación constitucional y agrega nueva causal de procedencia a su respecto.

El proyecto se inició en las siguientes mociones refundidas: del diputado y las diputadas Mónica Arce , Carlos Bianchi y Marta González (boletín N° 16215-07); de las diputadas y los diputados Miguel Ángel Becker , Bernardo Berger , Camila Flores , Andrés Jouannet y Paula Labra (boletín Nº 16217-07); de los diputados y diputadas Yovana Ahumada , Roberto Arroyo , Sara Concha , Enrique Lee , Francesca Muñoz , Gloria Naveillan y Víctor Pino (boletín Nº 16246-07); del diputado René Alinco y la diputada Pamela Jiles (boletín N° 16247-07) y de la diputada y los diputados Cristián Araya , Chiara Barchiesi , Juan Irarrázaval , Harry Jürgensen , Johannes Kaiser , José Carlos Meza , Benjamín Moreno , Agustín Romero , Stephan Schubert y Cristóbal Urruticoechea (boletín Nº 16303-07).

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en modificar la Carta Fundamental para incorporar a los gobernadores regionales como autoridades susceptibles de acusación constitucional.

La comisión escuchó las exposiciones de los constitucionalistas señora Marisol Peña Torres y señores Jorge Correa Sutil y Fernando Atria .

Los autores de este proyecto señalan que en los sistemas políticos de carácter presidencial, uno de los mecanismos de control más fuerte que posee el Congreso Nacional es la denominada acusación constitucional en contra de las autoridades señaladas por la Constitución. Así, esta se puede definir como un mecanismo de control político de orden constitucional que faculta al Congreso a entablar un juicio político en contra de determinadas autoridades de gobierno para exigirles responsabilidad política respecto del ejercicio de sus cargos. En esa línea, la responsabilidad política se traduce en la remoción en el cargo de la autoridad enjuiciada.

En nuestro país, la acusación constitucional se encuentra regulada tanto en la Constitución Política de la República como, en cuanto a la tramitación, en la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

A nivel constitucional, la acusación referida se regula a propósito de las atribuciones de ambas cámaras del Congreso. El artículo 52, número 2), de la Constitución dispone que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si han o no lugar las acusaciones constitucionales en contra de las autoridades en él señaladas, cuales son el Presidente de la República, los ministros de Estado, los magistrados de los tribunales superiores de justicia, el contralor general de la República, los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, los delegados presidenciales regionales y provinciales, y las autoridades de gobierno en los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández .

Por otra parte, el artículo 53, número 1), establece que una de las atribuciones exclusivas del Senado es conocer las acusaciones que la Cámara de Diputados formule en contra de las mencionadas autoridades.

Otro aspecto relevante a considerar es que la acusación constitucional tiene causales de derecho estricto, por lo que procede únicamente en aquellos supuestos regulados taxativamente por la Constitución.

A pesar de que la figura del gobernador regional no se encuentra expresamente dentro de los sujetos pasivos susceptibles de ser acusados constitucionalmente, la misma Carta Fundamental hace referencia a ellos en el marco de la acusación constitucional. Así, por una parte, el artículo 52, número 2), párrafo cuarto, dispone que “Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio.”.

Por otra parte, el artículo 53, número 1), párrafo tercero, establece que “La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional, y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.”.

El problema que se presenta con esta situación es que, como el artículo 52, número 2), no incluye a los gobernadores regionales en su enumeración de las autoridades acusables, estamos ante una omisión constitucional que, según análisis jurídico, no habilitaría al Parlamento para formular una acusación en contra de los gobernadores regionales.

Todo lo anterior es sumamente relevante, especialmente considerando que los gobiernos regionales son los encargados de la administración superior de cada región del país. En ese sentido, estas instituciones administran una gran cantidad de recursos públicos que deben ser ejecutados con irrestricto apego a la Constitución y las leyes, todo con miras a fomentar el desarrollo regional y propiciar la descentralización.

Ahora bien, en la legislación actual, la fiscalización de los gobiernos regionales queda entregada únicamente al consejo regional. Si a eso se agrega que, por omisión constitucional, no es posible enjuiciar políticamente a quien preside dicho órgano por infracciones a la legislación, nos encontramos ante una importante omisión que es necesario superar.

Lo anterior no es solo una percepción teórica con base en el análisis de la regulación actual, sino que se ha podido concluir empíricamente con el denominado caso Convenios, en virtud del cual diversos gobiernos regionales están siendo investigados por transferencias de recursos públicos a fundaciones, bajo la figura de adjudicación de proyectos para permitir el desarrollo regional, muchos de ellos asignados mediante trato directo.

Además, cabe hacer énfasis en que el hecho de que el legislador, al modificar el artículo 52 y 53 de nuestra Constitución, se haya referido a los quorum para acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales, pero sin incorporarlos al listado de autoridades acusables, revela que su intención fue claramente incorporar a estos a las autoridades acusables constitucionalmente, haciendo necesario solucionar este error mediante la presente reforma constitucional.

El proyecto consta de un artículo único que modifica el numeral 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, incorporando a los gobernadores regionales al listado de autoridades acusables, mediante el siguiente literal:

“f): De los gobernadores regionales, por infracción de la Constitución o las leyes, y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.”.

Habiendo aprobado la comisión este proyecto, solicito su aprobación a la honorable Cámara.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de reforma constitucional. Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, respecto del artículo 77 del Reglamento, la Sala nuevamente tiene menos diputados. Vi a un diputado del Partido Republicano, al que iba a saludar, pero se fue.

Creo que nuevamente hay que suspender la sesión, porque seguimos sin quorum. Incluso, el registro antes marcaba 44 diputados presentes, pero nos dimos el trabajo de contarlos y solo había 36 diputados en la Sala.

Entonces, corresponde que suspenda la sesión, señor Presidente.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Solicito a los jefes de los Comités Parlamentarios que indiquen a sus parlamentarios y parlamentarias que vuelvan a la Sala.

Se suspende la sesión por falta de quorum.

La señora LABRA (doña Paula).-

Señorita Presidenta, hoy tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra democracia y proteger los intereses de la ciudadanía. No queremos más casos Convenios, no queremos más “casos Fundaciones”, no queremos más corrupción. Los chilenos ya están cansados de ver cómo los recursos públicos son destinados y se van al bolsillo de unos pocos.

Hemos visto al menos nueve gobiernos regionales que han sido allanados por la PDI, incluyendo el de mi Región del Maule, liderado por la gobernadora Cristina Bravo . En este caso denuncié personalmente a la Contraloría irregularidades por 264 millones de pesos en un solo convenio entre la Gobernación del Maule y la Fundación Urbanismo Social, lo que ya está en manos de la Fiscalía, considerando que además existió tráfico de influencias.

Los gobernadores en cada una de sus regiones manejan presupuestos millonarios, y es necesario sumar más acciones de control, contrapesos políticos para evitar que abusen y hagan mal uso de su autonomía.

En el Congreso necesitamos herramientas que sean más potentes para asegurar que quienes ostentan estos cargos de relevancia respondan no solo administrativa y penalmente, sino también políticamente.

La posibilidad de acusar constitucionalmente a los gobernadores es una herramienta que tenemos en el marco de nuestro rol fiscalizador, es una oportunidad para mejorar nuestro sistema político y poder resguardar los recursos públicos de nuestras regiones para que nunca más la ciudadanía sea víctima y sea afectada por la ambición desmedida de unos pocos.

Sería incomprensible que tuviéramos parlamentarios que voten en contra de esta mayor medida de control y fiscalización, considerando además que este proyecto viene a perfeccionar la ley, dado que existe una omisión constitucional, puesto que en los artículos 52 y 53 de la Carta Fundamental son mencionados como sujetos de acusación. Por lo tanto, no existen excusas para decir que esto no aplica por ley o institucionalmente.

Por eso, espero que este proyecto sea aprobado por unanimidad. Votar a favor de esta iniciativa es votar por la transparencia, por la justicia y la recuperación de la confianza de nuestra gente en sus autoridades, sin distinción de color político.

Esta es nuestra responsabilidad y debemos cumplirla con firmeza.

He dicho.

El señor VENEGAS.-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley es muy interesante, porque viene a solucionar uno de los grandes cánceres que están corroyendo nuestro sistema institucional y político. Ya hemos visto estos últimos días a través de la prensa cómo lamentablemente el tema de la corrupción está horadando todo lo que es el sistema institucional de nuestro país.

Pero esta es simplemente una arista que viene a solucionar una cuestión que considero que va en una muy mala dirección.

Lo señalo porque, a propósito de esto, hace mucho tiempo, cuatro o cinco años atrás, para solucionar los graves problemas de la inequidad territorial, que es el verdadero cáncer que existe dentro de nuestro país, se generó la ley Nº 21.073, cuyo ánimo era precisamente centralizar nuestro sistema institucional, refortalecer a las regiones. Para dicho efecto lo que se hizo -prácticamente fue lo único que se hizo fue establecer la elección popular de los gobernadores regionales, y eso no ha servido.

Es necesario señalar con todas sus letras que esta es una pésima iniciativa, que debería ser modificada profundamente y no solo respecto de las acusaciones constitucionales, que es lo que hoy se discute.

El proyecto de ley de rentas regionales entrega facultades. Se elige un gobernador o una gobernadora, pero la iniciativa no le entrega atribuciones, por ejemplo, respecto de las rentas regionales. Tampoco establece la línea de facultades que deben tener los gobernadores regionales. Es decir, se genera un verdadero entramado institucional que no sirve para nada, porque no existen herramientas financieras ni legales que permitan a cualquier gobernador ejecutar bien sus funciones. Eso significa que no solo no se está llevando a cabo el proceso de descentralización, que es tan importante y tan necesario, sino que además las políticas públicas no están llegando como corresponde a los ciudadanos y a las ciudadanas.

Por tanto, se ha tornado mucho más ineficiente el tema institucional en nuestro país.

No existen, por ejemplo, facultades concretas respecto de los consejeros regionales.

¿Cuáles son las facultades de fiscalización de estas autoridades para que efectivamente haya regiones que tengan cierto grado de autonomía?

Si nosotros no les damos facultades de fiscalización a los consejeros regionales y nos las arrogamos desde el Parlamento a través de la acusación constitucional, estaremos corroyendo la autonomía propiamente tal que deben tener los gobiernos regionales, y así disminuiremos mucho más las capacidades de descentralización.

Evidentemente que tenemos que generar mecanismos que tiendan a la realización y al refortalecimiento de la fiscalización y la regulación de todos los entes de gobierno, incluyendo los gobernadores y las gobernadoras regionales. Pero hay que insistir en modificar la ley Nº 21.073, que es muy mala.

He dicho.

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señorita Presidenta, este es un proyecto que, en lo personal, me parece interesante, entendiendo todo lo que ocurrió en los gobiernos regionales: la corrupción, la mala utilización de recursos.

Creo que es importante también hablar del rol que cumplen los consejeros regionales. El Consejo Regional debe fiscalizar a los gobiernos regionales. Muchos de los proyectos que hoy día están siendo cuestionados pasaron por dicho consejo.

Lo que me preocupa es que la propuesta que estamos discutiendo plantea causales amplias y, para mi gusto, poco claras para la acusación de los gobernadores regionales. En ese sentido, podríamos estar frente a un riesgo democrático, porque las mayorías circunstanciales podrían destituir autoridades elegidas legítimamente.

Acá tenemos a un país completa y absolutamente polarizado, y hemos visto en gobiernos anteriores cómo se han mal utilizado las acusaciones constitucionales. Por lo mismo, creo que es importante que los mecanismos de control sobre los gobernadores regionales existan y sean categóricos. Y tales mecanismos son una forma adecuada y proporcional de fiscalización respecto del principio de autonomía de las autoridades regionales, sin caer –reitero- en la politización que podría derivarse de la acusación constitucional.

Por todas estas razones, tengo mis aprensiones respecto del proyecto en comento. Considero que aprobar significaría abrir la puerta a un uso desmedido de las acusaciones constitucionales. Así, me parece que esta herramienta se debe emplear cuando corresponde, cuando realmente se están mal utilizando los recursos, como todo lo que hemos visto durante este último tiempo. Pero, ¡ojo!, porque podemos caer en un riesgo de parálisis legislativa, de inestabilidad política y en el oportunismo que ello conlleva.

Por tanto, en nombre de la estabilidad democrática y del respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones, creo que debemos tomarnos con mucho respeto y con mucha responsabilidad este proyecto. No estoy en contra de condenar categóricamente la corrupción venga de donde venga, pero hay que tener cuidado, porque estamos en un país tremendamente polarizado y esto también se puede prestar para el abuso respecto de las acusaciones constitucionales.

Dicho eso, también me gustaría mencionar que es importante el rol que cumplen los consejeros regionales. Los consejeros regionales deben fiscalizar y deben estar pendientes de cada recurso que se aprueba en los consejos.

He dicho.

El señor PULGAR.-

Señorita Presidenta, desde ya anuncio que votaré a favor de este proyecto. ¿Por qué? Porque Chile hoy está viviendo una crisis institucional, y no existen garantías de que los recursos de todas las chilenas y de todos los chilenos sean correctamente invertidos y no vayan al bolsillo de unos pocos o para hacer un negocio.

Que los gobernadores regionales sean sujetos de acusación constitucional es una medida penosa, pero necesaria, atendiendo al Chile que estamos viviendo.

Cuando fui candidato a gobernador regional, en 2021, oportunidad en que obtuve la segunda mayoría, señalé que mis intenciones eran buscar la descentralización. En ese sentido, las regiones tuvieron la gran oportunidad para demostrar que podían manejar un presupuesto de manera transparente y pensando en la región. Sin embargo, hoy vemos este cuestionamiento. Los gobiernos regionales tienen consejeros regionales, entre cuyas labores está la de fiscalización, pero, lamentablemente, muchos de ellos han estado silentes, casi en un silencio cómplice, debido a su falta de fiscalización preventiva y a su fiscalización reactiva.

Hay dos elementos que, desafortunadamente, transgreden todo tipo de principios, sean de derecha o de izquierda: el dinero y el poder. Allí se pierde la política. ¡Dinero y poder! Y este país lo ha vivido con creces.

Reitero: esta iniciativa es un gran paso, necesario para el Chile que estamos viviendo.

Hoy, daremos este paso con los gobiernos regionales, y, el día de mañana, espero que se siga avanzando con las municipalidades y las corporaciones, porque todos saben cómo se puede aprovechar el dinero de todos los chilenos y de todas las chilenas para beneficio de algunos.

Gran tarea tiene la Unidad de Análisis Financiero por la gran cantidad de parcelas y casas con piscinas que tienen algunos alcaldes, alcaldesas y concejales. Me pregunto, ¿les alcanza con el sueldo que tienen?

No me voy a prestar para el cinismo. El país, a través de la votación de este proyecto, será testigo de quiénes están en contra de la corrupción y de quienes no lo están.

He dicho.

El señor BIANCHI.-

Señorita Presidenta, en relación con la materia en discusión, quiero mencionar que, hace un tiempo, presentamos un proyecto que alcanzó a ser votado, pero que quedó finalmente en el camino.

Hago la siguiente apreciación: son acusables constitucionalmente prácticamente todas las altas autoridades de la república, con la sola excepción de los integrantes de ambas ramas del Congreso Nacional y los magistrados del Tribunal Constitucional.

Con la creación de la figura de los gobernadores regionales surge un problema, ya que el legislador de la época no los incorporó en el listado de autoridades señaladas en el artículo 52, N° 2), como susceptibles de ser sujetos pasivos de acusaciones constitucionales. No obstante, los gobernadores sí son mencionados en otros artículos de la Constitución como autoridades acusables constitucionalmente.

Una interpretación armónica de nuestro texto constitucional solo permitiría interpretar que la ausencia textual de la figura del gobernador regional responde a un olvido o a un error del legislador. Esto sucede en el mismo artículo 52, N° 2), inciso cuarto, que señala: “Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio.”.

Otro tanto sucede en el artículo 53 de la Constitución, a propósito de las atribuciones exclusivas del Senado. Se señala en el inciso tercero del número 1): “La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional, y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.”.

Incluso más, la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 23 sexies, letra f), establece como causal de cese en el ejercicio del cargo del gobernador regional “Ser declarado culpable en virtud del procedimiento de acusación constitucional, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de la República”.

Es importante hacer presente la necesidad de expandir el catálogo de causales de procedencia de la acusación constitucional en el contexto de un diseño institucional que cada día entrega más atribuciones financieras a la máxima autoridad de cada región.

Voy a votar favorablemente este proyecto.

He dicho.

La señorita ÑANCO (doña Ericka) .-

Señorita Presidenta, este proyecto de reforma constitucional obliga a los gobiernos regionales a que rindan cuentas ante el Congreso Nacional. Por eso es necesario que se apruebe.

¿Por qué hablamos de esto? Porque vivimos en un Estado tan raquítico, tan mínimo, que dispone los derechos sociales para sus ciudadanos a través de servicios tercerizados, ejecutados por instituciones privadas: empresas y fundaciones. Bien lo saben los diputados.

¿Cuál es el problema? Que lo privado no tiene, a la vista de todos, un espacio donde se pueda fiscalizar, generando mayor corrupción, a diferencia de lo que sucede con el sistema político, que sí debe rendir cuentas por todo lo que hace.

Por eso, fue fácil para el gobernador de La Araucanía instalar una red de familiares y amigos en el gobierno regional. Muchas veces, a través de fundaciones, se ejecutaban proyectos que no tenían un valor real para la comunidad, o bien no se ejecutaban, como sucedió con doscientas mujeres cuya capacitación no se llevó a cabo. En esta red hay varias personas involucradas, entre las cuales, por supuesto, también hay consejeros regionales.

Entonces, ¿cómo van a ser los mismos involucrados los que fiscalicen y hagan que su jefe les rinda cuentas? Por favor, que no se malinterprete, pero la autonomía territorial y la descentralización están para la libertad y la soberanía de los pueblos, no para que se conviertan en la trinchera de los poderosos y los patrones de fundo, como pasa hoy día. El concejo municipal y el consejo regional, al estar por debajo de la autoridad del alcalde o del gobernador regional, respectivamente, quedan en una posición de no independencia para ejercer sus funciones fiscalizadoras. Por eso, la Cámara de Diputados debe ser capaz de fiscalizarlos.

La iniciativa que estamos discutiendo y que podemos mejorar, permite que los problemas de una región queden a la luz de todo Chile y que se marquen pautas en los medios de comunicación regionales y nacionales; hace que las regiones existan.

Esta discusión no se trata de argumentos acerca del sistema jurídico-constitucional, sino de política. Es sobre cómo entendemos que una región existe o no en el espacio de la discusión política nacional, porque el problema de un territorio específico tiene que ser también un problema de todos.

Este proyecto también debe trabajar en una modificación a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que fortalezca las facultades fiscalizadoras del consejo regional y mejore el proceso de cesación en el cargo del gobernador.

He dicho.

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señorita Presidenta, voy a votar gustoso este proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Carta Fundamental para incorporar a los gobernadores regionales y a las gobernadoras regionales como autoridades susceptibles de acusación constitucional.

¡Qué bueno que estemos legislando sobre proyectos que van en beneficio de la comunidad!

Hoy día, el ciento por ciento de los gobernadores y las gobernadoras regionales están seriamente cuestionados por la labor que han realizado.

En mi caso, tengo una querella criminal en contra del gobernador del Biobío, y la verdad es que estoy decepcionado con algunos poderes del Estado. La fiscalía mira para el techo, el Consejo de Defensa del Estado no hace absolutamente nada y la Contraloría no tiene herramientas ni atribuciones para sancionar.

En la Región del Biobío, en un hecho que debe servir de ejemplo para otras regiones, de los veintiocho consejeros regionales, cuatro han denunciado la corrupción galopante que hay en la gobernación.

Hablo de robo, y no solamente de cuando alguien se lleva para su casa o para su bolsillo la plata de todos los chilenos de la región que representa. Voy a dar un solo ejemplo: el gobernador de la Región del Biobío le entregó cerca de 400 millones de pesos a la exPresidenta Michelle Bachelet sin ningún respaldo ni justificación, solo porque era amiga de él. Hay cientos y miles de casos como estos.

Por lo tanto, hoy día espero que votemos en forma unánime a favor este proyecto. De lo contrario, vamos a tener que explicarle a la comunidad que aquellos parlamentarios que se abstienen o votan en contra no están contra la corrupción.

Hoy día está de moda combatir la corrupción. Es políticamente rentable para algunos aparecer en la prensa, radio y televisión, denunciando la corrupción de los gobernadores, pero no hacen nada concreto. No hay ni una sola querella criminal contra el resto de los gobernadores.

A los que hacemos la pega nos están pidiendo el desafuero y quieren que nos callemos, pero no me voy a callar; voy a seguir denunciando. Por eso me inscribí para intervenir.

Creo que es necesario -espero en Dios que así seaque hoy día en forma unánime votemos a favor este proyecto, para que los gobernadores, hombres y mujeres, no hagan lo que quieran, de manera que esto se convierta en una marca, para que los futuros gobernadores sepan que no son dueños de la verdad ni de los recursos de la comunidad y que se deben a los consejeros regionales.

Hago un llamado también a los consejeros regionales, para que se atrevan a denunciar lo que está pasando por su vista, por sus narices. Lo que huele a corrupción es corrupción; sin embargo, no hacen absolutamente nada.

Repito: gustoso y feliz voy a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor BÓRQUEZ.-

Señorita Presidenta, hoy quiero expresar mi firme apoyo a esta iniciativa. En un sistema político de carácter presidencial, como el nuestro, la acusación constitucional es uno de los mecanismos de control más potentes que tiene el Congreso Nacional para exigir responsabilidad política a las autoridades en el ejercicio de sus cargos. Sin embargo, según nuestra Carta Fundamental, la figura del gobernador regional no está explícitamente incluida entre los sujetos pasivos que pueden ser sometidos a juicio político.

Es crucial recordar que los gobiernos regionales administran una cantidad considerable de recursos públicos y su función es promover el desarrollo de cada región. No obstante, la fiscalización de su gestión queda limitada al consejo regional, sin un mecanismo claro para exigir responsabilidad política al gobernador regional en caso de infracciones a la legislación.

Este proyecto es un paso necesario no solo para fortalecer la fiscalización y la transparencia, sino también para garantizar que quienes ostentan cargos de alta responsabilidad puedan ser removidos si incurren en faltas graves.

El avance hacia una mayor descentralización, que tanto se ha promovido en los últimos años, debe ir acompañado de mecanismos de control robustos que permitan evitar la corrupción y el mal uso de los fondos públicos. Consagrar esta facultad de control es una medida esencial para asegurar que los recursos destinados al desarrollo regional se utilicen correctamente y en beneficio de la ciudadanía.

He estado atento a la querella que se sigue en la Región de Los Lagos contra el gobernador regional. Varios funcionarios han estado en prisión preventiva.

Por lo anterior, considero que este proyecto es un gran avance en materia de control político y de fiscalización. Es por eso que este diputado va a votar a favor la iniciativa.

He dicho.

El señor ILABACA.-

Señorita Presidenta, muchas instituciones viven una crisis profunda en nuestro país; hay muchas causas judiciales a través de las cuales se persigue a gobernaciones y municipalidades. En ese contexto, este Congreso Nacional planteó la idea de perseguir algo que está socavando la base de la institucionalidad democrática: la corrupción.

Por eso, las cinco iniciativas que se debatieron al interior de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento son de una importancia suma, porque necesitamos enfrentar con dureza y agresividad los casos de corrupción en todo Chile.

Uno podría decir que existe un órgano colegiado que es el encargado de llevar adelante la fiscalización y el control de los gobernadores regionales, pero lo cierto es que, tal cual han señalado otros parlamentarios, cuando se crearon los gobiernos regionales, existía una serie de falencias en términos de control y de personal para desarrollar control interno.

Además, quedó una norma absolutamente contradictoria al interior de nuestra Carta Fundamental. Lo dijo el diputado Bianchi : existe una incongruencia entre el artículo 52, número 2), y el artículo 53, número 1), de la Constitución. El primero establece las causales para desarrollar las acusaciones constitucionales para cada autoridad en particular; sin embargo, no incluye al gobernador regional como acusable constitucionalmente, a pesar de que esa autoridad es mencionada en el artículo 53, número 1).

La presente norma intenta mejorar esto. De hecho, lo hace. Lamentablemente, en Chile, los gobiernos regionales de diferentes colores políticos dieron que hablar por un caso de corrupción salvaje. Uno podría argumentar que no en todos los gobiernos regionales ocurrió lo mismo. Podría decir que la única gobernación regional en Chile que mostró sus manos limpias fue la de Los Ríos, con el gran gobernador Luis Cuvertino , que no presentó ningún caso de corrupción. Fue el único. De hecho, fue aplaudido por cómo desarrollaba una gestión correcta. Lo cierto es que esa no era la generalidad, porque en la Región de Los Lagos, en la Región del Biobío, en la Región de La Araucanía, en la Región de Coquimbo, por dar algunos ejemplos, teníamos graves casos de corrupción que actualmente están siendo investigados.

Eso no puede ocurrir. Por ello, voy a apoyar, tal como lo hice en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que los gobernadores regionales sean susceptibles de ser acusados constitucionalmente, porque creo que es una herramienta más de fiscalización que…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

El señor GUZMÁN.-

Señorita Presidenta, el gran anhelo detrás del proceso de descentralización de nuestro país fue dotar a los gobiernos regionales de mayores herramientas y atribuciones para el beneficio de nuestra gente.

Los gobernadores regionales, en su calidad de máximas autoridades ejecutivas en sus respectivas regiones, tienen la responsabilidad de administrar cuantiosos recursos públicos, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de sus territorios. En toda democracia, asumir un rol de esta envergadura conlleva una enorme responsabilidad que debe ser ejercida con probidad y transparencia absoluta.

En la Región del Maule tenemos una gobernadora regional, Cristina Bravo , que está imputada. Ella no es parte de una investigación; ella no está colaborando en la investigación en calidad de testigo; mucho menos tiene la calidad de víctima: ella tiene la calidad de imputada, porque se le atribuye participación en hechos punibles.

A ella se la está investigando por delitos en el marco del caso Convenios, del cual soy querellante, en una acción penal que fue presentada contra quien resulte responsable. Fue el propio Ministerio Público el que señaló expresamente en la causa que la gobernadora regional, Cristina Bravo , tiene calidad de imputada en una causa por el traspaso de 264 millones de pesos desde el gobierno regional a la Fundación Urbanismo Social, entidad que ahora se declaró en quiebra por un programa que nunca se realizó y que, además, es cuestionada por la contratación de familiares, amigos y militantes políticos.

Como si eso no fuera suficiente, la gobernadora, que busca ir a la reelección, cuenta con la asesoría de un abogado que es esposo de una diputada que representa a esa misma región, quien, paradójicamente, debería estar fiscalizando a la gobernadora.

Digámoslo claro: la falta de controles efectivos lleva a situaciones de abuso y corrupción. Esto es peor cuando se trata de la plata de las regiones y de las personas que más lo necesitan.

Por ello, celebro y hoy aprobaré con total convicción la causal de acusación constitucional por comprometer gravemente el patrimonio regional o comunal o infringir las normas sobre administración financiera y presupuestaria regional o comunal y por infringir gravemente normas sobre probidad administrativas. Repito: en un sistema democrático, el control político y la responsabilidad de las autoridades son pilares fundamentales.

Con esta reforma avanzamos hacia un sistema más transparente, con mayor probidad y alineado con un principio básico de justicia: quien roba paga, para que ningún político siga tomando lo que es de todos los maulinos y todos los chilenos para hacer campaña, para practicar clientelismo y para favorecer a sus amigos. No lo permitiremos.

No dejaremos que ningún político de ningún sector siga jugando con los sueños de millones de chilenos. ¡Nunca más! ¡Con la plata de los chilenos no se juega!

He dicho.

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, he escuchado los discursos a favor y en contra de este proyecto. Efectivamente, hay argumentos a favor y en contra de esta iniciativa.

Uno de los argumentos que a mí se me ocurre, más allá de la problemática que tenemos con las gobernaciones, es si este Congreso va a actuar responsablemente en materia de las acusaciones constitucionales.

Hace no mucho tiempo en este Congreso se presentó una acusación constitucional en razón de que un ministro de Educación quería reabrir los colegios. En otra ocasión se presentó una acusación constitucional contra otro ministro de Educación porque trató de eliminar el lucro en la educación. Me refiero a Harald Beyer , quien probablemente ha sido uno de los mejores ministros de Educación que ha tenido este país. Sin embargo, lo rajaron. Fue una infamia lo que se hizo en ese momento en este Congreso.

Entonces, me preocupa este proyecto, porque vamos a tener un instrumento que va a servir para perseguir a adversarios políticos, no solamente para perseguir la corrupción. Personalmente, creo que deberíamos retrotraer todo lo que fue la reforma de los gobernadores, porque no deberían ser electos; creo que los consejeros regionales deberían ser de nuevo técnicos, no políticos; creo que deberíamos desconcentrar el país, no necesariamente descentralizarlo políticamente creando cada vez más cargos pagados, pero ese es otro tema.

En este momento me preocupa lo que se va a hacer con este instrumento. ¿Tenemos corrupción en la política? Absolutamente, tenemos corrupción en la política. ¿Pero saben dónde también tenemos corrupción -esto explica la corrupción en la política-? En el Poder Judicial y en la Fiscalía, porque de otra manera muchos de quienes detentan cargos políticos no podrían estar detentándolos. Estarían respirando aire colado. También lo digo por los gobernadores, los consejeros regionales, los concejales, los alcaldes, los ministros e, incluso, los diputados. Pero donde realmente es importante que pongamos el acento y apretemos para que efectivamente se haga justicia, no lo hacemos. Seguimos haciendo como si no pasara nada, seguimos obviando la necesaria reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía, seguimos obviando que la corrupción en Chile es el resultado de la falta de persecución cuando hay intereses políticos.

Posiblemente voy a votar a favor este proyecto, pero no se solucionará nada mientras no se solucione el problema de los tribunales y los fiscales.

He dicho.

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señorita Presidenta, no pensaba involucrarme en este tema, pero escuché la intervención del diputado Johannes Kaiser y, por supuesto, me apasiona poder contestarle.

Efectivamente, esta es una herramienta importante, una herramienta que nos permite ir más allá de la probidad, una herramienta que tiene libelos que se estudian y se aceptan. No es una censura que se puede hacer a cualquiera por darse un gusto, como se señaló. Un diputado dijo: “Me puedo dar el gusto de censurar a quien quiera”. El tema de las acusaciones constitucionales es mucho más que eso.

Han sido varias las acusaciones que se han hecho durante este período y durante el período anterior, acusaciones que seguramente tenían muchos argumentos, pero que no llegaron a un fin, excepto la presentada contra el entonces ministro Andrés Chadwick . Esa fue la única que pudo llegar hasta la última instancia. Entonces, que el diputado Johannes Kaiser no diga que son infamias.

Quienes ostentan esos cargos han sido los que han robado directamente a la ciudadanía. Sin embargo, quienes siempre cargamos el peso somos los diputados y diputadas. ¿A quiénes se les hace el test de drogas? A los diputados y diputadas. ¿Quiénes quedan exentos? Los senadores, los ministros y todo el resto de las figuras políticas.

Yo le digo al diputado Johannes Kaiser -por su intermedio, Presidenta que aquí hay una herramienta efectiva contra quienes han pasado desapercibidos. Estoy muy de acuerdo en que quizás esos cargos técnicos no debieron pasar a ser cargos políticos y en todo lo que demás que dijo respecto de los gobernadores regionales, pero no me diga que se ha utilizado esta herramienta con los mejores ministros y que ellos no han cometido ningún error. Es una herramienta que se debe utilizar con quienes han estado comprometidos en las infamias más grandes que se le han hecho a la ciudadanía en el día de hoy.

Esos gobernadores corruptos deben estar fuera, por lo menos, cinco años, si lo permite una acusación constitucional.

He dicho.

-o-

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señorita Presidenta, se me ocurre una democracia viva, con un horizonte ciudadano y mucho urbanismo social, para responderle por su intermedio a la diputada Ericka Ñanco .

El problema no es que el Estado sea raquítico, porque seamos honestos: el Estado de Chile está gordo y más bien mórbido no solo por la gula con la que come los impuestos de los chilenos, sino porque está inactivo o pasivo. El avance de los proyectos en obras públicas, en vivienda y en otras materias así lo muestra.

Pero también tiene un problema de retención de líquidos y de grasa. Parece que este gobierno hace todos los esfuerzos para que el Estado muera por hipertensión, diabetes o un infarto al miocardio.

A diferencia de lo que señaló la diputada Ericka Ñanco , el problema no es externalizar los servicios, sino la corrupción, el chiringuito que armaron algunos.

Les voy a recordar un caso por si lo han olvidado.

Tranquilos, porque no hablaré de la ONG ñuñoína de nacimiento y nortina por decisión, Democracia Viva, para que no se pongan nerviosos esta vez, sino de otro caso. Debemos remontarnos al 8 de junio del 2022, cuando el Consejo Regional de la Región Metropolitana aprobó la propuesta del gobernador Claudio Orrego para nombrar al psiquiatra Alberto Larraín como director de la corporación de desarrollo presidida por el mismo Orrego . Veintiún días después se autorizó la entrega de 1.683 millones de pesos a esa fundación para un programa para evitar…

(Manifestaciones en la Sala)

Señorita Presidenta, por favor, le pido que llame al orden a los diputados, porque se pusieron nerviosos al otro lado.

-Manifestaciones en la Sala.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Diputada Consuelo Veloso , por favor, le pido guardar silencio, para que el diputado Cristián Araya pueda terminar su discurso.

Señor diputado, le pido referirse al proyecto. Puede continuar, diputado Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Muchas gracias, Presidenta.

Yo sé que cuando se habla de corrupción algunos de enfrente se ponen nerviosos.

Como estaba diciendo, veintiún días después de nombrar al psiquiatra Alberto Larraín director de la corporación de desarrollo se autorizó la entrega de 1.683 millones de pesos a esa fundación para un programa para evitar suicidios en que ProCultura coordinaba a otras organizaciones.

O sea, solo en 2022 la fundación aumentó en diez veces sus ingresos de fondos públicos. Todo esto a pesar de que el señor Larraín , amigo personal de su excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric , era director de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo de ese gobierno regional. O sea, era juez y parte.

El psiquiatra renunció a su cargo de director el día 6 de julio de 2022, luego de que se destapara un caso en el norte que el Frente Amplio conoce muy bien. Posteriormente, el señor Larraín celebró un contrato con la Fundación ProCultura, como director de la misma, recibiendo una remuneración fija, imputándose esta desde 2023 a los fondos traspasados por el Gobierno Regional Metropolitano con ocasión del convenio.

Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, probablemente sea un pato. Ese es el problema con la corrupción: hay algunos, especialmente de enfrente, que se niegan a ver lo evidente.

Este es un caso más, y su reacción demuestra que prefieren cerrar los ojos y no enfrentar la corrupción como se requiere.

Evidentemente, este es un proyecto que va a entregar una herramienta más, aunque no sé si la mejor, para fiscalizar y enfrentar este flagelo.

He dicho.

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señorita Presidenta, seamos sinceros, hoy estamos discutiendo este proyecto de ley debido a un error nuestro, ya que legislamos mal, porque no se plasmó en la Constitución la procedencia de la acusación constitucional, y específicamente las causales por las que sería posible destituir a un gobernador o a una gobernadora regional, dejando así un vacío en cuanto a la procedencia de dicha acción.

En ese contexto, mediante esta iniciativa se busca modificar la Carta Magna para introducir en su cuerpo normativo la procedencia y las causales de la acusación constitucional contra gobernadores o gobernadoras regionales.

El texto propuesto por la Comisión de Constitución, en palabras muy resumidas, señala que se podrá proceder a esta acusación por infracción a la Constitución o a las leyes, por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

No cabe duda de que una democracia sana debe establecer métodos de control político, judicial y administrativo. Lamentablemente, bastó la experiencia de un solo período de ejercicio de los gobernadores y gobernadoras para darnos cuenta de que la falta de control político sobre autoridades democráticamente elegidas impidió garantizar el correcto ejercicio del poder en las regiones.

¿Quién podría negarse hoy a habilitar, o más bien a modificar o a corregir una nueva forma de control sobre el actuar de una autoridad en ejercicio de sus facultades administrativas?

El caso Convenios, como muchos sacarán a colación, abrió una ventana importante frente a la figura de los gobernadores y gobernadoras. Recientemente se dio a conocer el lamentable caso de Coquimbo, en que la gobernadora fue destituida por el Tricel.

A decir verdad, estimados colegas, debemos recoger las experiencias de las acusaciones constitucionales y de aquellas destituciones por notable abandono de deberes.

La acusación constitucional es una forma de control político por incumplimiento de la ley o de la Constitución, y, como todo método de control, debe ser aplicada de manera sensata y con un alto grado de responsabilidad. Por lo mismo, no tengo dudas de que esto va a ocurrir.

Valoro esta iniciativa, creo que es sana para nuestra democracia, y por ello la votaré a favor.

He dicho.

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señorita Presidenta, tenía dudas sobre si apoyar o no este proyecto, dado que en estas materias siempre enfrentaremos el riesgo de arbitrariedad.

Como esta Cámara ha podido ver, un ejemplo claro de aquello es lo que ha hecho el diputado Johannes Kaiser , quien arbitrariamente ha presentado una moción de censura totalmente abusiva, injusta e infundada.

Este es precisamente el problema que enfrentamos cuando se otorgan estas prerrogativas parlamentarias sin control.

Algo que ocurrió en Antofagasta, y que fue publicado hoy por el medio digital Timeline de dicha región, fue lo que me convenció de apoyar esta moción, que permite al Parlamento tener cierto control cuando ocurren escándalos, como en el caso Fundaciones, donde parece que todos se ponen de acuerdo para taparlos.

Lo que se denuncia es que funcionarios de la Seremi de Vivienda han concurrido, a través de la “ley Karin”, a denunciar los abusos cometidos por una autoridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para dictar resoluciones de normalización. Se robaron la plata de las fundaciones, y ahora quieren dictar resoluciones de normalización, obligando a los funcionarios de la Seremi a realizar actos absolutamente irregulares. Eso es lo que me convence de aprobar este proyecto.

Valoro muchísimo que nuevamente sea la prensa, en este caso el medio Timeline , la que destape esta situación.

Eso es un exceso. El relato indica que una persona a cargo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Santiago está presionando a los funcionarios para que firmen esas resoluciones, al menos diez, una tras otra, para reducir el monto de dinero que deben devolver los sinvergüenzas que se robaron la plata.

Además, se menciona que ha llamado un abogado del Consejo de Defensa del Estado para apurar esa tramitación. Creo que es indispensable conocer la identidad del abogado que habría estado realizando esa gestión.

Me parece por lo menos irregular que esas resoluciones de normalización no hayan sido enviadas para su toma de razón por parte de la Contraloría, y que se pretenda dictarlas en medio de una investigación judicial que lleva adelante la Fiscalía, en relación con la plata que le robaron a la gente sin casa en la Región de Antofagasta.

¡Es francamente indignante que se pretenda enterrar y tapar ese escándalo!

Por eso, me parece que ese poder debe existir en la Cámara de Diputados, para que, fuera de ese circo de componendas, donde la institucionalidad de Santiago se pone de acuerdo para echar tierra a los escándalos, los parlamentarios tengamos la facultad de presentar estas acusaciones y que estos temas se discutan.

¡A ver si van a dictar esas resoluciones de normalización ahora!

Esto lo voy a llevar a la Contraloría, a la Fiscalía y al propio Consejo de Defensa del Estado, porque es un escándalo que quieran echarle tierra a ese robo.

El daño que le hicieron al sistema político, al proyecto político y a este gobierno lo quieren tapar hoy abusando de los funcionarios e infringiendo la “ley Karin”. Me refiero a funcionarios de este gobierno, de este Ministerio de Vivienda.

Repito: la situación es francamente indignante, y es lo que me ha convencido, ya que tenía muchas dudas respecto de votar a favor de este proyecto, de que es necesario que siempre existan contrapesos de poder, porque, cuando hay mucho poder concentrado, la corrupción campea y las estrategias para taparla se ponen de acuerdo.

Voy a votar a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, este es un proyecto que, sin duda, viene a llenar un vacío en nuestra normativa actual, porque es de toda justicia y razonable que exista un contrapeso político que pueda fiscalizar a los gobernadores regionales, especialmente a aquellos que entregan una cantidad enorme de recursos, muchos de ellos a dedo, sin pasar por la aprobación de los consejos regionales.

Ha quedado claro cómo algunos gobernadores regionales corruptos han utilizado ese mecanismo para robarle la plata a la gente más pobre y sencilla de este país, a través de fundaciones truchas y de activismo político, en muchos casos sin pensar necesariamente en beneficiar a la ciudadanía y a aquellas organizaciones que realmente requieren esos recursos para hacer las cosas bien, sino para robar o, simplemente, para una ganancia político electoral. Por eso es tan importante aprobar este proyecto.

Aquí vamos a ver de qué lado están los parlamentarios: si realmente están del lado de la probidad, de la fiscalización y de que tengamos en el cargo a las personas que correspondan y que hagan bien el trabajo, o si van a seguir encubriendo y protegiendo políticamente a quienes tanto daño le han hecho a la fe pública, porque han robado o mal usado recursos públicos que son de todos los chilenos.

El caso Fundaciones, o caso Convenios, es uno de los escándalos más grandes que hemos tenido en el país. Si esta situación estuviese resuelta y claramente establecida en la Constitución, por supuesto que tendríamos que estar acusando constitucionalmente a todos los gobernadores implicados, que llegaron de mala forma a ocupar cargos, y que ahora, de mala manera, siguen -como dicen algunos“habitando el poder”. A esos personajes hay que deshabitarlos de ese poder, porque no podemos amparar ni proteger a delincuentes.

Espero que esta reforma constitucional que hemos presentado sea aprobada para salvar un vacío constitucional, pero además para realmente estar del lado de la probidad, de la justicia y de quienes son verdaderos servidores públicos para este país; no para aquellos que llegan a servirse, sino para aquellos que llegan a servir.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, hoy nos encontramos ante un debate crucial, que no solo afecta la estructura de nuestro sistema político, sino que también tiene profundas implicaciones en la confianza ciudadana en nuestras instituciones.

La propuesta de reforma constitucional que busca incorporar a los gobernadores regionales como autoridades susceptibles de acusación constitucional, en medio del escándalo del caso Convenios, merece un análisis riguroso y una reflexión profunda.

El caso mencionado, en el que se han revelado transferencias escandalosas de fondos a fundaciones, ha puesto de manifiesto la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. Sin embargo, no podemos permitir que la respuesta a estas irregularidades se materialice en un cambio tan drástico como el que se propone. Es fundamental recordar que, históricamente en Chile, las autoridades de elección popular, como parlamentarios y alcaldes, no han sido acusables constitucionalmente. Esta tradición responde a la necesidad de preservar la autonomía y la independencia de las autoridades elegidas por el pueblo.

La inclusión de los gobernadores regionales en el ámbito de la acusación constitucional no solo rompería con esta regla general, sino que también podría abrir la puerta a un uso político de esta herramienta. La acusación constitucional ha sido históricamente utilizada en nuestro país como un mecanismo de control, pero también ha estado sujeta a abusos y manipulaciones. La posibilidad de que los gobernadores sean acusados constitucionalmente podría derivar en un clima de inestabilidad y desconfianza, en el que el temor a represalias políticas impida a los gobernadores ejercer su labor con la libertad que necesitan.

Además, debemos considerar que ya existen mecanismos de control y responsabilidad para los gobernadores regionales. La responsabilidad administrativa del gobernador regional está contemplada en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que permite que un tercio de los consejeros regionales activen procesos de fiscalización.

La solución a los problemas de corrupción y mal manejo de fondos no debe pasar por una reforma que, más que fortalecer nuestras instituciones, podría debilitarlas. Debemos trabajar en la mejora de los sistemas de control y auditorías, en la promoción de la transparencia y en una educación cívica que permita a la ciudadanía exigir cuentas a sus autoridades de manera efectiva.

He dicho.

El señor LEE .-

Señor Presidente, los gobiernos regionales y, por supuesto, los gobernadores debían transformarse en el gran baluarte de la descentralización, pero se han convertido en verdaderas cajas pagadoras de favores políticos.

En lugar de avanzar un paso, se han dado, lamentablemente, dos pasos hacia atrás en términos de descentralización, de eficacia y eficiencia, y de probidad y transparencia. Esta Corporación debe hacerse cargo de aquello. No podemos hacernos los lesos con la pésima estructura y funcionalidad de esta nueva institución, en cuya creación participó el Congreso en su momento. Su estructura normativa ni siquiera contiene contrapesos eficaces que prevengan eventuales desvíos de su función.

Las escandalosas asignaciones a fundaciones y los convenios son una muestra clara de que las cosas deben mejorar a la brevedad. De no hacerlo, aumentará el empobrecimiento y el anhelado desarrollo se verá cada vez más lejano.

De acuerdo con lo anterior, puedo mencionar, a título de ejemplo, algunos casos de la Región de Arica y Parinacota, a la que represento: 2.600 millones de pesos asignados a una fundación con domicilio falso en La Serena; más de 300 millones de pesos asignados a la conformación de -escúchenlo bien¡un partido político!; varias centenas de millones de pesos asignados a fundaciones formadas por familiares o militantes de partidos afines al gobernador, las cuales ganan fácilmente proyectos, algunas veces con todos los votos en contra del consejo regional.

Con mucho esfuerzo, en Arica pudimos forzar la realización de una auditoría externa, cuyas conclusiones son escandalosas y actualmente se encuentran en análisis por la Contraloría. En concreto, graves observaciones e investigaciones en contra del Gobierno Regional de Arica y Parinacota y de tantos otros no solo las está llevando la Contraloría, sino también la Fiscalía, por presuntos delitos, y el Consejo para la Transparencia. Sin embargo, el tiempo pasa y la comunidad percibe un grado de impunidad que afecta a la democracia.

Por lo tanto, anuncio mi voto a favor de la facultad de acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales por abandono de deberes y otras causales, y pido a mis colegas parlamentarios -por su intermedio, señor Presidente que no eludamos la responsabilidad de corregir una institución de la cual depende el bienestar de millones de chilenos.

He dicho.

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, abrir la posibilidad de acusar constitucionalmente a quienes detentan cargos de elección popular -en este caso, los gobernadores regionales es, en mi opinión, una peligrosa puerta hacia la manipulación política, y representa también un serio riesgo para la estabilidad y el equilibrio democrático de nuestro país. Además, puede significar un lamentable retroceso en materia de descentralización y autonomía regional.

Este proyecto podría permitir que una mayoría parlamentaria circunstancial secuestre la democracia y la Administración del Estado, imponiendo su voluntad por sobre las decisiones tomadas democráticamente por la ciudadanía en las urnas, al remover a aquellos gobernadores que no sean parte de su sector político.

Incluso, durante la tramitación de este proyecto en la Comisión de Constitución, se debatió sobre la posibilidad de aplicar la acusación constitucional también a los alcaldes.

En mi opinión, intervenir de esa forma las elecciones ciudadanas es un límite que no podemos cruzar.

Esta medida, además, es una contradicción directa al enorme avance que significó la implementación del cargo de gobernador regional como una autoridad democráticamente elegida. Justamente lo que se buscaba era otorgar a las regiones mayor autonomía para decidir sobre los asuntos administrativos locales, dejando de ser una autoridad designada por el gobierno central y permitiendo así un contrapeso y una mayor representatividad de las necesidades de cada región.

El Congreso Nacional, como poder central, no debería tomar decisiones que contradigan la decisión electoral y la autonomía de los vecinos y de las vecinas de los territorios. Son ellos quienes deben elegir a sus representantes locales y quienes deben tener la voz principal en la gestión de sus comunidades.

El respeto a la autonomía local es un pilar fundamental de nuestra democracia. No olvidemos que los gobernadores regionales ya cuentan con órganos de fiscalización: los consejos regionales, que son los responsables de supervisar y fiscalizar la gestión de los gobernadores regionales y de garantizar así el equilibrio de poderes en la administración regional.

No es necesario, no es prudente crear nuevas herramientas de intervención que podrían fácilmente ser manipuladas.

En consecuencia, porque este proyecto representa un grave riesgo para la democracia, para la autonomía de los territorios y para el equilibrio de poderes, no queda más que rechazar esta propuesta peligrosa e innecesaria.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes .

El señor CIFUENTES.-

Señor Presidente, este es un proyecto bien complejo, porque tiene implicancias jurídicas muy diversas. Sin embargo, dados los últimos acontecimientos, es necesario hacer una reflexión profunda respecto del sistema de descentralización en Chile, cuya principal autoridad es hoy el gobernador o la gobernadora regional.

En el caso de Coquimbo, hemos visto cómo la irresponsabilidad de una autoridad ha hecho decaer esta figura en nuestra región, llenándola de observaciones y de dudas respecto de su actuar, lo que terminó, como todos sabemos, desgraciadamente con la decisión del Tricel de revocar su autoridad, pero después de dos años.

Una de las cuestiones más graves que existe es que la justicia electoral y la justicia penal demoran mucho en sus atribuciones, y los que sufren son, finalmente, todos los habitantes de una región o, incluso, de una comuna. Recuerden que también fue destituido el alcalde de Puerto Montt.

Esta reflexión tiene que llevarnos a hacer una comparación respecto de cuáles son las responsabilidades y en qué podemos avanzar. Desde luego, la responsabilidad política del gobernador tiene que ser custodiada por la Cámara de Diputados. Por eso, estoy de acuerdo con que la acusación constitucional pueda ser llevada en esta materia.

No obstante, creo que hay que hacer tres reflexiones para el futuro, para que esta ley en proyecto siga avanzando en la tramitación que le queda.

En primer lugar, el quorum para iniciar el proceso. Diez diputados es muy poco. Tenemos que avanzar no solo en materia de acusación constitucional a gobernadores, sino en todas las acusaciones constitucionales, y hay que elevar el quorum inicial.

En segundo lugar, tenemos los tiempos que esto puede demorar. Desde ese punto de vista, hemos vivido, como dije, más de dos años la tramitación y el efecto que ha tenido sobre los funcionarios públicos del gobierno regional en nuestra Región de Coquimbo.

En tercer lugar, hay que valorar la instancia del gobierno regional y del consejo regional. Por tanto, perfectamente en la continuidad del proceso legislativo de esta iniciativa podemos incorporar el visto bueno del consejo regional para llevar adelante esta acusación constitucional, que voy a aprobar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, iorana.

Hace apenas un año Chile se estremeció con el escándalo de traspasos irregulares a fundaciones. Hoy, la Fiscalía investiga más de noventa mil millones de pesos en convenios cuestionables a lo largo de todo nuestro país. No es un caso aislado.

En Valparaíso, en un evento que fue ampliamente cubierto por los medios, las oficinas del gobierno regional fueron allanadas por la Policía de Investigaciones, incautando celulares y computadores, tras descubrirse irregularidades millonarias en un proyecto adjudicado a la Fundación ProCultura. Esta es una muestra más de la corrupción que ha penetrado profundamente en nuestras instituciones.

La ciudadanía está cansada de ver cómo se repiten los mismos patrones de abuso de poder, de enriquecimiento ilícito, de una corrupción que parece no tener fin.

Los chilenos han perdido la paciencia y exigen respuestas y justicia. ¿Cuántos escándalos más tenemos que soportar antes de tomar acciones concretas?

Por eso hoy discutimos una reforma constitucional que busca dar paso decisivo a la lucha contra la corrupción. La idea matriz de este proyecto es simple, pero poderosa: incorporar a los gobernadores regionales dentro de los sujetos que pueden ser acusados constitucionalmente, según el artículo 52, N° 2), de nuestra Carta Fundamental.

Esta reforma no es solo un ajuste técnico, es un imperativo moral. Es la manera de garantizar que los recursos de nuestros ciudadanos, los dineros que con tanto esfuerzo aportan, no caigan en manos corruptas sin que haya consecuencias.

La corrupción en los gobiernos regionales no es una cuestión de cifras, es una cuestión de confianza; de confianza en nuestros líderes para que actúen con la prioridad necesaria y que los recursos sean destinados a mejorar la vida de los ciudadanos, de las familias y no de llenar los bolsillos de unos pocos o de algunos amiguis.

Esta reforma constitucional busca establecer una fiscalización efectiva sobre los gobernadores regionales, asegurando que no estén por encima de la ley y que puedan ser destituidos si cometen los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

No podemos seguir permitiendo que la corrupción nos robe el futuro. Es hora de actuar, de demostrar que en Chile la justicia no tiene excepciones en ningún cargo, por elevado que sea, y que nadie está exento de responsabilidad.

Por eso, con plena convicción, anuncio mi voto favorable a este proyecto de reforma constitucional no solo porque es necesario, sino porque es un acto de justicia hacia todos los chilenos, que merecen un gobierno transparente y comprometido con su bienestar.

¡Iorana e maururu!

He dicho.

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero partir por saludar al club de adulto mayor Padre Joan Alsina , de la comuna de Sagrada Familia, que hoy nos acompaña desde las tribunas, y a José Miguel Calquín , quien organizó la actividad.

Muy bienvenidos al Congreso Nacional.

Por otra parte, quiero referirme directamente al proyecto en cuestión.

A uno le gustaría que la descentralización funcionase bien, que existiera el contrapeso suficiente en los consejeros regionales para sancionar los actos de corrupción de los gobernadores. Pero, lamentablemente, cuando esto no es así, cuando la separación de poderes no funciona bien, tiene que haber otro contrapeso, y para ello existe la acusación constitucional, que fue consagrada en la Carta Fundamental, pero que no establece las causales correspondientes.

Hoy se incluyen causales. ¿Para qué? Para que los gobernadores regionales sepan que sí tienen un contrapeso, ya que los consejeros regionales no poseen la capacidad -por distintos motivosde imponerse al gobernador regional. Porque, por ejemplo, el consejero regional depende para su gestión de la anuencia del gobernador de turno. Entonces, el consejero difícilmente pedirá la destitución del gobernador si eso significa anular toda capacidad de gestión futura en el mismo gobierno regional.

Por eso, es necesario que otro poder del Estado tenga esta capacidad -en este caso, el Congreso Nacional-, porque lo que hemos visto con esta primera hornada de gobernadores regionales es asqueroso. No solo hemos conocido actos de corrupción, sino también persecución de los gobernadores regionales a quienes los acusan.

En lo personal, soy querellante en el caso contra el Gobierno Regional del Maule. Y la gobernadora utiliza el poder de la gobernación para perseguir a los diputados que somos querellantes; en cada acto público usa el micrófono para denostar a los diputados presentes. Eso es inaceptable, pero no por la dignidad de estos parlamentarios, sino porque la persecución de la corrupción debe ser implacable y no debemos ocupar el poder que el Estado y la ciudadanía nos otorgan para creer que podemos zafar de la justicia.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, el proyecto en discusión tiene su origen en a lo menos cinco mociones refundidas, y eso sin duda da cuenta de que existe necesidad de legislar en este sentido, pero también de la transversalidad que tienen estas propuestas.

Desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro, hay diputados patrocinantes de estas iniciativas. El objetivo, sin duda, es dotar de una herramienta para la fiscalización del buen uso de los recursos en los gobiernos regionales. Porque todos hemos sido testigos de que, producto de la falta de fiscalización y de instrumentos que permitan una mayor rigurosidad en ese proceso, hemos tenido los casos de corrupción más connotados del último tiempo.

Por eso, creemos que se trata de una iniciativa que está dando cuenta de la existencia de una real necesidad y urgencia de poder legislar para acusar constitucionalmente a quienes no utilicen de buena forma los recursos que se encuentran orientados a satisfacer las necesidades más urgentes en nuestros territorios. Así también, es bueno tener presente que de manera paulatina se han ido desconcentrando y han aumentado significativamente los recursos para la toma de decisiones en la región respecto de su utilización.

Por ello, considero que las iniciativas que fueron refundidas y dieron origen a este proyecto –reitero- dan cuenta de la existencia de una necesidad de tener herramientas más eficaces para utilizarlas en la fiscalización del buen uso de los recursos que están a disposición de los gobiernos regionales.

Así, valoro esta iniciativa y por cierto que la voy a votar favorablemente, porque donde hay recursos tenemos que ser muy pero muy cuidadosos en la utilización de estos y que efectivamente lleguen a los destinatarios y no se queden en el camino.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, antes de ser diputado, fui consejero regional en la Región del Biobío. Ahí nosotros votábamos todos los proyectos, sin importar los montos. Sin embargo, cuando se aprobó el proyecto sobre elección de gobernadores y gobernadoras regionales, a los consejeros se les quitó esa posibilidad, por lo que ahora proyectos de más de 200 millones de pesos finalmente no pasan ni por el consejo regional ni tampoco por la Contraloría.

Esa es una atribución que los gobernadores y gobernadoras actuales exigieron. Incluso fueron a la Contraloría para poder extender esto a los aportes que hacían a privados.

Entonces, muchos de estos proyectos que hemos visto, como en mi región los relacionados, por ejemplo, con el caso Lencería, se decidieron en la oficina del gobernador.

Por eso, presentamos una iniciativa sobre el particular, que está en la Comisión de Gobierno Interior. Esperaría que el gobierno le pusiera urgencia o que el Presidente de la referida instancia lo colocara de nuevo en tabla para devolver a los consejeros y consejeras regionales la posibilidad de votar todos los proyectos.

En segundo lugar, la iniciativa en cuestión dice que tiene que haber una plataforma donde estén todas las facturas y boletas, y que la gente pueda ver eso, porque hoy no se ve.

Entonces, avancemos también en esa posibilidad.

Y en cuanto al proyecto que nos ocupa, señalo que cuando se hizo la modificación, se dejó la acusación constitucional en la ley de gobiernos regionales. Si uno revisa las causales de cesación en el cargo para los gobernadores regionales, verá que está la acusación constitucional, pero en la Constitución eso no se establece.

Por tanto, lo que hace esta iniciativa es poner las cosas en orden y que el Congreso pueda hacer un control a los gobiernos regionales cuando los gobernadores o gobernadoras se salen de la ley.

Esto no les quita autonomía a las regiones, así como tampoco le quita autonomía al Poder Judicial el que podamos acusar constitucionalmente a los magistrados. Reitero: esto no les quita autonomía a las regiones, sino que lo que hace es equilibrar los poderes y, en definitiva, ayuda a la ciudadanía a hacer un control, a través del Parlamento, de lo que hacen o no los gobernadores y gobernadoras regionales con los dineros que son de la región y que debieran llegar a las personas. Pero hemos visto que en muchas regiones simplemente se usaron para corrupción.

Anuncio que votaré a favor de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

La discusión y votación de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión, porque los Comités Parlamentarios acordaron votar, sin discusión, el proyecto que se encuentra en el tercer lugar de la tabla.

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que declara el 7 de septiembre de cada año como el Día Nacional de Concientización sobre la Distrofia Muscular de Duchenne, correspondiente al boletín N° 16775-24.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, este proyecto será votado hoy, sin debate, y con la sola rendición de su informe.

Diputada informante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad es la señora Camila Rojas .

Antecedentes:

-Moción, sesión 22ª de la presente legislatura, en martes 23 de abril de 2024.

Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, sesión 67ª de la presente legislatura, en lunes 26 de agosto de 2024. Documentos de la Cuenta N° 20.

El señor BUGUEÑO (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad vengo en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto antes referido, originado en moción de las diputadas y de los diputados Félix Bugueño , Luis Cuello , Claudia Mix , Érika Olivera , Hernán Palma , Camila Rojas y Patricio Rosas .

La idea matriz o fundamental del proyecto es declarar el 7 de septiembre de cada año como el Día Nacional de Concientización sobre la Distrofia Muscular de Duchenne.

Fundamentos de la iniciativa

Expresan sus autores que, desde 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha designado oficialmente el 7 de septiembre como el Día Mundial de Concientización sobre la Distrofia de Duchenne. Esta fecha se celebrará anualmente a partir de 2024, marcando el primer reconocimiento formal por parte de la ONU a un día dedicado a este diagnóstico poco común, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad acerca de esta grave enfermedad neuromuscular degenerativa.

Las enfermedades neuromusculares son trastornos hereditarios que afectan los músculos voluntarios, responsables del movimiento del cuerpo. Entre estas, la distrofia muscular de Duchenne es la más frecuente en la infancia. En Chile, su incidencia ha aumentado, situándola en la categoría de las enfermedades raras o poco frecuentes.

Descrita en 1861 por el neurólogo francés Guillaume Benjamín Amand Duchenne , la distrofia muscular de Duchenne afecta principalmente a los hombres y se caracteriza por una debilidad muscular progresiva. Esta patología es una disfunción genética vinculada al cromosoma X. Cuando los genes en este cromosoma sufren mutaciones, puede resultar en la ausencia de la proteína distrofina o en la formación de una proteína anormal. La ausencia de distrofina, esencial para el funcionamiento muscular, es la causa de la enfermedad.

La ONU ha elegido el 7 de septiembre, o 7-9, en referencia a los 79 exones que conforman el gen que produce la distrofina para conmemorar este día.

Según un informe del Ministerio de Salud de 2018, la distrofia muscular de Duchenne afecta a uno de cada 3.500 a 6.000 hombres recién nacidos. En ocasiones, la enfermedad se hereda de la madre, quien a menudo es asintomática o presenta síntomas mínimos, pero puede transmitir la condición a sus hijos.

La distrofia muscular de Duchenne presenta una serie de síntomas clínicos que, según el Minsal, comienzan con debilidad de cintura pélvica en la infancia, a partir de los 2 o 3 años de edad, el torso inclinado hacia atrás, pérdida de la marcha entre los 10 y 13 años de edad, y una progresiva afectación muscular que incluye el músculo cardíaco.

Durante la adolescencia, los pacientes suelen requerir asistencia respiratoria y experimentan un deterioro del músculo cardíaco, lo que lleva a problemas con la capacidad de caminar, levantarse o correr. Los brazos también se ven afectados, complicando actividades cotidianas como vestirse, mantener la higiene personal o comer. Además, puede haber disfunción cognitiva leve debido a la presencia de distrofina en el cerebro y, en algunos casos, retraso en el desarrollo del lenguaje.

Actualmente, no existe una cura para la distrofia muscular de Duchenne. El tratamiento para quienes pueden acceder a la rehabilitación autofinanciada se centra en el uso de dispositivos de asistencia y corticoides. Las terapias se enfocan en medidas preventivas, como ejercicios para fortalecer los músculos y el uso de elementos ortopédicos para preservar las habilidades motoras. En etapas más avanzadas, se prioriza el uso de sillas de ruedas, promoviendo la independencia en las actividades diarias y la integración en la escuela, así como la realización de ejercicios respiratorios.

La expectativa de vida de los pacientes rara vez supera los 30 años de edad. Sin tratamiento, la edad promedio de fallecimiento es alrededor de los 19 años de edad, debido a insuficiencia respiratoria (75 por ciento) o cardíaca (25 por ciento).

En 2014, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó el medicamento Ataluren , comercializado como Translarna, para niños mayores de 5 años que aún pueden caminar. Sin embargo, no es efectivo para todos los pacientes, sino solo para aquellos con un defecto específico en el gen responsable de la distrofina. También están disponibles nuevas opciones, como el Elevidys, que solo se comercializa en Estados Unidos, y debe administrarse antes de los 6 años de edad, con un costo de 3.500 millones de pesos. Estos fármacos ayudan a ralentizar el avance de la enfermedad.

Pacientes sin cobertura

En Chile, el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne se confirma mediante un análisis genético muscular, disponible en dos laboratorios del país. Este examen es costoso y solo identifica el 60 por ciento de los casos. Los especialistas en la detección y tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne suelen ser fisiatras y neurólogos, profesionales escasos y altamente demandados. Debido a la rareza de la enfermedad, la distrofia muscular de Duchenne no está incluida en la cobertura del sistema de salud público en Chile.

Los pacientes con distrofia muscular de Duchenne representan un gran desafío para sus familias, comunidades y el sistema de salud en términos de financiamiento. En muchos casos, la enfermedad rara puede retrasar el diagnóstico durante años. La falta de reconocimiento oficial y un registro nacional impide obtener datos precisos sobre la cantidad de personas afectadas y complica la detección debido al alto costo de los exámenes y tratamientos que solo están disponibles de manera particular.

La Constitución de Chile garantiza el derecho a la protección de la salud en su artículo 19, número 9°, que asegura el acceso libre y equitativo a medidas para promover, proteger y recuperar la salud, así como para promocionar la rehabilitación. Esta garantía impone al Estado la responsabilidad de coordinar y supervisar estas acciones, a través de instituciones públicas o privadas.

El Sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) en Chile asegura beneficios para enfermedades comunes con alta prevalencia, pero no incluye la distrofia muscular de Duchenne, lo que deja a los pacientes y a sus familias en una situación de indefensión. La ley N° 20.584, conocida como “ley Ricarte Soto ”, que regula los derechos y deberes en relación con la atención médica, tampoco abarca esta enfermedad.

La falta de cobertura estatal ha llevado a que cuidadores de pacientes con distrofia muscular de Duchenne recurran a instancias judiciales para exigir soluciones que dignifiquen la atención médica. Un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Rancagua obligó al Fonasa a proporcionar un medicamento para un niño con distrofia muscular de Duchenne. El fallo argumentaba que la negativa a cubrir el medicamento violaba el derecho a la vida y a la integridad física.

Este desafío va más allá de lo económico y plantea un dilema ético. Los pacientes con distrofia muscular de Duchenne enfrentan barreras para su participación plena en la sociedad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile, busca garantizar el disfrute pleno de los derechos y las libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad.

Por lo tanto, es esencial establecer un día nacional de concientización sobre la distrofia muscular de Duchenne, para resaltar su importancia y visibilidad social. Este día debería sensibilizar a la comunidad sobre las dificultades para el acceso a diagnósticos, la falta de un registro, la insuficiencia de profesionales médicos y la escasa información sobre medicamentos y programas de apoyo.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, puedo indicar que este contiene un artículo único, cuyo objetivo es establecer el 7 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Concientización de la Distrofia Muscular de Duchenne.

En su discusión general, se escuchó al diputado Bugueño , al señor Marcos Reyes Álamos , presidente de la Agrupación por la Distrofia Muscular de Duchenne, y a la señora Tamara Doberti Herrera , jefa del Departamento de Ciclo Vital, División de Prevención y Control de Enfermedades, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública, todos los cuales apoyaron en forma unánime y transversal esta iniciativa.

Sometido a votación el proyecto, fue aprobado tanto en general como en particular por la unanimidad de los diputados presentes en la sesión.

Por estas consideraciones, estimados diputados y diputadas, más las que se consignan en el informe, hago un llamado a este honorable hemiciclo a aprobar esta iniciativa.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor PALMA.-

Señorita Presidenta, sobre el punto, y entendiendo y atendiendo debidamente las argumentaciones de mi colega el diputado Lee , que es médico -hemos conversado varias veces sobre este y otros temas-, encuentro lamentable que de alguna manera -lo digo respetuosamentese ningunee este tema. Hay gente en las tribunas que ha viajado largas distancias para presenciar el debate sobre el proyecto relacionado con la patología de Duchenne. Es muy doloroso que en una familia un hijo tenga esa condición.

Por ello, creo que no podemos estar ninguneando a la tribuna. Muchas gracias.

He dicho.

El señor LEE.-

Señorita Presidenta, obviamente, adhiero a sus palabras. En ningún minuto he ninguneado a los familiares de los enfermos con la patología de Duchenne; todo lo contrario. Me dirijo a ellos de frente, para decirles que una forma de enfrentar la enfermedad es con recursos, recursos que los gobiernos regionales están robando.

Hoy, esta Cámara está retrasando la discusión de un proyecto que evita el robo de recursos que pueden ir dirigidos a sus hijos.