Labor Parlamentaria

El señor WALKER ( Vicepresidente ).-

Corresponde ocuparse, en primer lugar, del oficio de Su Excelencia Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia de la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejerzan las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, para el resguardo de áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.

--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.594-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor WALKER ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra al señor Secretario , quien hará la relación de este oficio.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 32, numeral 21°, párrafos quinto y final, y en la disposición quincuagésima tercera transitoria de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Congreso Nacional en orden a prorrogar la vigencia de la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejerzan las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para el resguardo de las áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, y de Antofagasta, según se dispuso en el decreto supremo N° 78, de 24 de febrero de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que ha sido prorrogado en seis oportunidad, la última de las cuales fue mediante el decreto supremo N° 273, de 16 de agosto de 2024, del mismo ministerio, por el plazo adicional de noventa días a contar del vencimiento del período previsto en el citado decreto supremo N° 273, asunto correspondiente al boletín N° S 2.594-14.

Para los señalados efectos, el Ejecutivo expone que en los últimos años ha habido un aumento de los flujos migratorios hacia Chile, que ha incidido en la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados en varios lugares de la extensa frontera de nuestro país. Tal situación, agrega, ha afectado especialmente la calidad de vida de los habitantes de las comunidades impactadas por estos nuevos flujos migratorios irregulares.

Atendido lo anterior, se ha buscado contar con los mecanismos necesarios para mejorar la vigilancia de las fronteras, para asegurar un adecuado control migratorio en Chile, que permita, por un lado, controlar los niveles de migración y cumplir los requisitos exigidos para ella, y, por otro, proteger la vida, la integridad física y seguridad de quienes ingresen a nuestro país y de los habitantes de estas áreas.

Para tales fines, puntualiza, entre otras medidas, se ha estimado necesario que en determinadas áreas de zonas fronterizas se adopten formas de resguardo adicionales; por lo mismo, mediante el citado decreto supremo N° 78, se dispuso por el término de noventa días el ejercicio de las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el propósito de contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas zonas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.

Dicha medida fue prorrogada por medio de los decretos supremos N° 139, de 24 de mayo de 2023; N° 220, de 22 de agosto de 2023; N° 338, de 20 noviembre de 2023; N° 114, de 16 de febrero de 2024, N° 182, de 17 de mayo de 2024, y N° 273, de 16 de agosto de 2024, todos del señalado ministerio, y en cada oportunidad por el plazo de noventa días contados desde la publicación de los mencionados decretos supremos en el .

Diario Oficial

Lo anterior, añade el Ejecutivo , ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, teniendo positivos efectos en la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados.

En particular, ha permitido aprovechar los recursos logísticos, tecnológicos y humanos que poseen diferentes instituciones del Estado de manera sinérgica, alcanzando un mejor control territorial.

Sin embargo, agrega, a pesar de dichas medidas, las situaciones de peligro grave o inminente que motivaron la dictación del señalado decreto supremo N° 78 aún subsisten.

Adicionalmente, el resguardo de determinadas áreas de las zonas fronterizas dispuesto por el citado decreto supremo N° 78, en su última prórroga, culmina el próximo 14 de noviembre, por lo que en consideración a las circunstancias y antecedentes previamente indicados el Ejecutivo propone nuevamente su ampliación.

Por consiguiente, mediante el oficio en actual trámite, se solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del decreto supremo N° 78, de 2023, ya mencionado, por un plazo adicional de noventa días a contar del vencimiento del período previsto en el citado decreto supremo N° 273.

Sobre la materia, cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo primero, numeral 21°, del artículo 32 de la Carta Fundamental, es una atribución especial del Presidente de la República disponer "que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto". Y en su párrafo quinto establece que esta medida no podrá extenderse por más de noventa días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarla por iguales períodos con acuerdo del Congreso Nacional, mientras persista el peligro grave o inminente que dio lugar a su ejercicio.

Por su parte, el párrafo final del mismo numeral 21° dispone que esta atribución especial también se podrá utilizar para el resguardo de áreas de zonas fronterizas del país.

Se hace presente que la honorable Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, ha dado su acuerdo a la solicitud en tramitación.

Finalmente, cabe mencionar que, junto con la solicitud en referencia, y de conformidad a lo establecido en los citados párrafos quinto y final del numeral 21° del artículo 32 de la Constitución Política de la República, el Primer Mandatario ha informado acerca de las últimas medidas adoptadas durante la ejecución de esta atribución.

Es todo, señor Presidente.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

Saludo a los ministros que nos acompañan.

Quiero aprovechar esta oportunidad para plantear mi preocupación por los antecedentes dados a conocer hace algunos días por parte del comandante en jefe del Ejército , Javier Iturriaga , en el sentido de que los recursos asignados en el Presupuesto 2025 para su institución solamente alcanzan para financiar al 23 por ciento de los soldados.

Más allá de las polémicas y las respuestas que estas declaraciones han generado en los últimos días y la preocupación en la ciudadanía, particularmente en las zonas donde el Ejército está realizando un trabajo importante, como la macrozona sur, mi intención es plantear esta inquietud en relación con el necesario financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas para su funcionamiento durante el próximo año, respecto del importante rol de seguridad que actualmente cumplen tanto en la macrozona sur como en la frontera norte.

En ese sentido, durante la última renovación del estado de excepción en la macrozona sur, se planteó por parte del Ejecutivo la intención de iniciar, en el corto plazo, una desescalada de las Fuerzas Armadas en la zona.

Sin embargo, varios parlamentarios, al igual que una parte importante de los vecinos de la macrozona sur, no estamos de acuerdo con esta idea, ya que mientras existan células de organizaciones terroristas operando en la zona, la salida de nuestras Fuerzas Armadas del territorio solo genera una carta blanca para que estas organizaciones vuelvan a actuar libremente.

Solo como ejemplo debo mencionar que el viernes pasado se incendiaron y se destruyeron en la comuna de Nueva Imperial seis camiones, dos camionetas y una máquina forestal, en un ataque atribuido a la CAM, el cual se puede considerar como uno de los más grande de los últimos meses.

En conclusión, dicho ataque del viernes pasado es una nueva demostración de que las organizaciones terroristas, como la CAM, siguen activas y operativas en la macrozona sur, lo que hace necesaria la mantención de nuestras Fuerzas Armadas desplegadas en La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco hasta la total erradicación de aquellas.

Con todo, espero que el Gobierno no se apure en retirar a nuestras Fuerzas Armadas de los territorios de la macrozona sur, por medio de una desescalada futura, y que esto no tenga relación con las restricciones presupuestarias para el 2025 señaladas desde el Ejército; y, de la misma forma, espero también que nuestras Fuerzas Armadas, y particularmente el Ejército, cuenten definitivamente con los recursos necesarios para poder operar durante todo el próximo año tanto en la macrozona sur como en la frontera norte.

He dicho, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Saludo a los señores ministros de la Secretaría General de la Presidencia, de Defensa y del Interior.

Resulta obvio que, para las regiones del norte, el resguardo de las fronteras, especialmente en estas regiones, debe ser una prioridad en nuestro país, toda vez que el control del flujo migratorio irregular es un factor determinante para la recuperación de la tranquilidad y la seguridad pública.

Hace pocos días, el Ejército de Chile informó que los ingresos irregulares, a través de la región de Arica y Parinacota, bajaron en 46 por ciento, lo cual demuestra la importancia de la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la inmigración irregular, sin embargo, la presión migratoria en la frontera norte continúa y las cifras oficiales que se conocen de los ingresos irregulares impedidos y aquellos que derivan en controles de identidad siguen siendo elevadas.

La región de Arica y Parinacota lleva décadas pagando los altísimos costos de ser una región bifronteriza, lo cual hace necesario fortalecer nuestras fronteras y poner los verdaderos énfasis en contar con un control fronterizo mucho más exigente, que proteja los ingresos legales, pero, sobre todo, evite los ilegales, que traen consigo el crimen organizado y la importación de delitos; el contrabando ilegal de especies y la trata de personas y, junto con ello, enfermedades como el dengue, la tuberculosis y diversas plagas, como la de la mosca de la fruta, que ataca a más de doscientos cincuenta árboles frutales y hortalizas.

Se valoran los esfuerzos del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, cuyas instituciones tienen por mandato legal facultades para fiscalizar, controlar y perseguir los delitos. Sin embargo, me preocupa que los énfasis estén puestos hoy día en fortalecer la frontera de Cuya, al sur de Arica, ya que automáticamente nos convierte en un Estado de hecho dentro del Estado de Chile de manera inconsulta. ¿Y a qué precio?

Lamentablemente, esta condición de "pequeño Estado" que nuevamente nos impone el nivel central de Chile para intentar contener los diversos males del país no viene aparejada de políticas públicas potentes para nuestra región extrema, que nos permita hacer frente a esta contienda, ni menos de recursos económicos ni humanos extraordinarios que justifiquen ser la barrera natural contra diversos males.

Mientras no exista una real voluntad política de proteger a Arica y Parinacota, con un control explícito; con tecnología de punta como drones y otras herramientas especializadas, y con una mayor cantidad de personal, nuestras fronteras seguirán siendo vulnerables y porosas, quedando nuestra región más disminuida aún en pos de salvaguardar la alicaída economía nacional.

Esa es la realidad de nuestras fronteras, y es lo que demuestra la necesidad de mantener la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera norte. En tal sentido, es necesario prevenir y adelantarnos a las preocupantes noticias que en esta materia han surgido en los últimos días y que derivan en una evidente mayor presión migratoria hacia nuestro país.

El resultado de las últimas elecciones en Estados Unidos hace prever que existirán grandes restricciones y deportaciones masivas en dicho país, lo que deriva en un serio riesgo de que la presión migratoria de millones de migrantes de nuestro continente se dirija nuevamente hacia el sur, teniendo como destino final Chile.

Ante esta realidad, resulta especialmente preocupante que en la discusión presupuestaria de este año se evidencie la insuficiencia de recursos para nuestras Fuerzas Armadas, comprometiendo gravemente su capacidad operativa.

Es evidente que esto tiene un efecto preocupante sobre las verdaderas herramientas con las que cuentan las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de las funciones de resguardo de las fronteras que les hemos encargado y que hoy prorrogamos.

La única respuesta que podemos dar en esta materia es un compromiso serio que implique mayores recursos y facultades para nuestras Fuerzas Armadas a fin de que puedan ser eficientes en una tarea que ha afectado las bases de la convivencia en nuestro país, como es el fenómeno de la migración irregular.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Por su intermedio, saludo a la ministra del Interior, a la ministra de Defensa y al ministro secretario general de la Presidencia, quienes están presentes en la sala para algo que es trascendental.

Tenemos una situación compleja en la región -y cuando hablo de región me refiero a este sector, al continente sur- de desplazamientos masivos de personas. Este no es un problema de migraciones, de control migratorio; estamos viendo personas que están escapando, buscando lugares donde poder instalarse. Y este problema requiere algo más profundo que solamente estar renovando este estado considerado en la Constitución, en la última reforma constitucional.

Señor Presidente, sería muy bueno saber si fue factible que las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Seguridad funcionaran para los efectos de contar con antecedentes respecto de elementos que son esenciales.

El problema migratorio se genera cuando las personas salen de sus territorios -no cuando ingresan a Chile- y transitan por varios países, uno de los cuales -me quiero referir en particular al caso de Bolivia- los deja salir hacia Chile, pero no los recibe de vuelta. Tenemos un problema gigantesco y probablemente habrá que construir un muro con Bolivia para evitar que esa gente pueda ingresar sin el debido control migratorio. Y esto, porque nuestro vecino no quiere hacerse cargo de aquellas personas que han cruzado de forma irregular hacia nuestro país, por pasos no habilitados, sin cumplir la legislación chilena.

Esto me lleva a preguntar, señor Presidente , si Chile está bajo ataque. ¿Por qué lo digo? Porque este es un problema de seguridad nacional. ¿Qué capacidad de inteligencia tenemos para saber cómo se están organizando estos grupos para disminuir, destruir y probablemente hacerse cargo de ciertas áreas con una ocupación que va más allá de lo que siempre vemos en los problemas migratorios?

Ese es el escenario en el que nos encontramos. Y por eso es tan importante que el Estado cuente con mayor capacidad, pero no solo las de las Fuerzas Armadas.

Este problema no lo van a poder resolver las Fuerzas Armadas, señor Presidente . ¡Es un error! Tenemos que activar a la Cancillería; tenemos que activar los mecanismos de cooperación; tenemos que ser capaces de generar un control migratorio efectivo en la frontera; tenemos que hacer muchas cosas porque, si no, esto va a seguir fracasando. No es posible que solo se haga un esfuerzo al final para gente que, en definitiva, debemos acoger y recibir.

Yo pediría, señor Presidente , más información, más datos. Por lo pronto, estamos conscientes de la realidad del norte, pero tienen que ocurrir ciertos hechos.

La creación de un nuevo ministerio encargado de la seguridad, un ministerio de seguridad pública, conlleva la necesidad de integrar todo este esfuerzo de información, que debe ser interagencial, vale decir, funcionar entre todos los organismos del Estado (léase Aduanas, SAG, Servicio de Impuestos Internos, todas las policías) en la frontera. No olvidemos que el control de la frontera está a cargo de Carabineros de Chile. Las Fuerzas Armadas van a contribuir y apoyar. Pero primero tiene que funcionar ese sistema.

Hemos recibido noticias de que países que enfrentan situaciones similares están hablando de un "zar" para controlar la inmigración. Eso servirá en Estados Unidos, no en Chile. Acá necesitamos un ministerio especializado que sea responsable, que se haga cargo y tenga la autoridad, las competencias y los recursos indispensables para enfrentarla. Si no, vamos a seguir fracasando.

Quedo pendiente, entonces, señor Presidente , a la espera de poder recibir mayor información, tener un diagnóstico más profundo, y de poder actuar en profundidad. Y cuando digo "en profundidad" me refiero a estar en los países donde se generan los problemas para determinar qué está ocurriendo; estar en los países donde se producen estos tránsitos, donde hay tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, narcotráfico y también tráfico de armas; todo eso, ¡al mismo tiempo!

Esto no es solo un problema migratorio, sino que constituye una gran amenaza a la seguridad nacional, que nos tiene muy complicados porque nos genera una desestabilización que debemos controlar.

Finalmente, señor Presidente, quiero hacer un reconocimiento a esos hombres y mujeres, de todas las instituciones, Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas, que prácticamente...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Muchas gracias, Presidente .

Le agradezco el minuto adicional.

Hago un reconocimiento a esos hombres y mujeres, desplegados en una trinchera, haciendo frente a una fuerza que posee capacidad logística, que posee elementos, que tiene comunicación y que está buscando por dónde ingresar.

Este no es un tema migratorio de personas que quieren ir a trabajar y vivir en otra parte. Tenemos redes que están actuando contra nuestro país, tenemos recursos y personas que están actuando de forma deliberada para vulnerar nuestros controles de seguridad.

Yo espero que el nuevo ministerio se haga cargo completamente de esto y sea capaz de generar un trabajo interagencial y, lo que es esencial, que esta información permita obtener respuestas medibles; saber a qué nos estamos enfrentando en el día a día; que la capacidad del Estado sea efectiva, y que no tengamos que esperar un informe cada noventa días, sino contar con informes diarios de la situación mediante el reporte que hagan las fuerzas.

Gracias, señor Presidente.

Votaré a favor.

--Se aprueba la prórroga de la vigencia de la medida de resguardo de zonas fronterizas por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta (32 votos a favor y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Bianchi, Castro González, Coloma, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Araya.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se encuentran registrados los pareos de la senadora señora Ebensperger con el senador señor Insulza; del senador señor Castro Prieto con el senador señor Lagos, y del senador señor Prohens con el senador señor Araya.

El señor WALKER ( Vicepresidente ).-

Siguiendo el orden de la tabla, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales (boletín N° 16.850-07), con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".

Cabe recordar que la discusión y votación es solo en general.

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.850-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor WALKER ( Vicepresidente ).-

El señor Secretario dará lectura a la relación.

Le damos la bienvenida al ministro de Justicia , don Jaime Gajardo.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión general el proyecto de ley recién individualizado.

Su objetivo es incorporar en la estructura institucional del Ministerio Público la denominada "Fiscalía Supraterritorial", para lo cual se propone modificar la ley orgánica de dicho organismo, así como otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, discutió solo en general esta iniciativa de ley.

La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadoras señoras Ebensperger, Núñez y Pascual y senadores señores Araya y De Urresti.

Asimismo, consigna que son de rango orgánico constitucional el artículo 1, con excepción de los numerales 26) y 29), el artículo 4 y el artículo 6 permanentes, por lo que requieren de 24 votos favorables para su aprobación.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 28 y siguientes del informe de la Comisión de Constitución y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Corresponde, en esta sesión, comenzar la discusión en general del proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales (signado con el boletín N° 16.850-07), que cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación y se origina en mensaje del Presidente de la República , como ya se ha relatado anteriormente.

Se dio cuenta de este proyecto de ley en la sala del Senado en sesión del 28 de agosto de 2024, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y la Comisión de Hacienda, en su caso.

Para el análisis de este asunto la Comisión escuchó a personeros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público, como también a académicos de las universidades Católica de Chile y Diego Portales y a representantes de las organizaciones gremiales del ente persecutor, en particular la Asociación de Fiscales.

El objetivo de esta iniciativa legal es, en síntesis, incorporar en la estructura institucional del Ministerio Público la denominada "Fiscalía Supraterritorial", para lo cual se propone modificar la ley orgánica de dicho organismo, así como otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales. Este propósito busca cumplirlo mediante ocho artículos permanentes y tres transitorios.

Es del caso señalar además que esta iniciativa es también producto de la reforma constitucional que dio este permiso, por decirlo así, para tener esta fiscalía.

Cabe advertir que los artículos 1, con excepción de sus numerales 26) y 29), 4 y 6 permanentes del proyecto de ley son de rango orgánico constitucional, por lo que se requerirá para su aprobación en particular el voto conforme de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, de conformidad con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Al fundar la iniciativa, arguye el Ejecutivo en su mensaje que la creación de esta nueva repartición implica el cambio más importante en el diseño del Ministerio Público desde su creación, en especial respecto del rol que le cabe al fiscal nacional en la persecución penal, tanto porque quien dirigirá esta unidad funcional, que es la Fiscalía Supraterritorial, será una persona de su exclusiva confianza, cuanto por el hecho -excepcional dentro de la orgánica del Ministerio Publico- de que podrá impartirle también instrucciones particulares al jefe de esta unidad en relación con las investigaciones de delitos de crimen organizado o de alta complejidad que estén a su cargo.

Destaca el mensaje que, a fin de asegurar que esta nueva repartición se aboque al conocimiento de estos ilícitos, el artículo 86 bis de la Constitución Política de la República dispone que la nueva fiscalía tendrá por objeto única y exclusivamente la investigación y persecución de delitos particularmente complejos respecto de los cuales concurran las siguientes circunstancias: que se trate de ilícitos en los que existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales, y que los hechos requieran una investigación dirigida supraterritorial o transnacionalmente.

Asimismo, el Ejecutivo hace hincapié en que el diseño que se ha dado a la Fiscalía Supraterritorial permitirá dotar al Ministerio Público de una herramienta especializada y sin limitación territorial para enfrentar de manera eficiente y permanente aquellos ilícitos cuyas características suponen una dificultad para el modelo regionalizado del ente persecutor.

En ese marco, el Ejecutivo sostiene que la normativa que se propone permitirá no solo dotar a la Fiscalía Supraterritorial de una estructura funcional y de personal, sino también establecer los mecanismos de coordinación necesarios para generar la deseable sinergia que requiere la persecución penal a nivel nacional, dotando al fiscal nacional de mayores herramientas al respecto. Adicionalmente, añade el Ejecutivo , se estimó necesario reforzar las atribuciones y competencias del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, creado mediante la ley N° 20.861, para lo cual se plantea su reemplazo por un sistema de análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad.

De este modo, y en lo medular, mediante los artículos permanentes de la iniciativa se introducen modificaciones a la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público; al Código Procesal Penal; a la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses; a la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios; a la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, y a la ley N° 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público.

Algunos puntos centrales de la discusión parlamentaria se focalizaron en la extensión de las atribuciones que se confieren a la Fiscalía Supraterritorial; en la concordancia y debida armonía entre los artículos 18 y 19 de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y las propuestas normativas que se consultan en el proyecto de ley que nos ocupa, y en la responsabilidad del fiscal nacional y su eventual exposición ante la opinión pública por el desempeño institucional y de los fiscales.

Al respecto, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento da cuenta pormenorizada del debate habido en su seno, por lo que me remito a su texto en esta presentación. No obstante, creemos oportuno señalar que entre los aspectos que preocuparon a los miembros de la Comisión cabe destacar el relativo a la aplicación que el Ministerio Público ha dado en los últimos años al artículo 19 de la citada ley N° 19.640, que autoriza al fiscal nacional para disponer, de oficio y de manera excepcional, que un fiscal regional asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieren necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación.

La inquietud alude especialmente, por una parte, a los criterios que orientan acerca de cuándo un hecho delictivo reúne las características de gravedad y complejidad que ameritan designar un fiscal regional dedicado a la respectiva investigación, restándolo de su trabajo en la región para la que ha sido nombrado, y por otra, al número de oportunidades y situaciones particulares en que se ha ejercido la facultad de que se trata.

Lo anterior, en la medida en que el proyecto de ley que nos ocupa amerita distinguir con mucha precisión los ámbitos de competencia del fiscal nacional con los del fiscal supraterritorial y de los fiscales regionales, en concordancia con los conceptos normativos de "crimen organizado" y "delitos de alta complejidad" que se contienen en el artículo 86 bis recientemente incorporado en nuestra Carta Fundamental, que crea la figura de la Fiscalía Supraterritorial.

Cabe consignar que, sometida a votación la idea de legislar en la materia, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión.

He rendido este informe en reemplazo del presidente de la Comisión de Constitución, senador Alfonso de Urresti.

Es cuanto puedo señalar, Presidente.

La señora NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

Saludo al ministro y a mis colegas senadores y senadoras.

Quiero reafirmar lo que acaba de señalar quien informó en nombre de la Comisión de Constitución, de la que formo parte, en el sentido de que este proyecto se aprobó por unanimidad. Ello se debe a que, evidentemente, es vital contar con una fiscalía especializada en aquello que ya está avanzando de sobremanera en nuestro país, como son el crimen organizado, los delitos de alta connotación social y los delitos que escapan a nuestra frontera.

Hacer frente de modo efectivo al crimen organizado es fundamental. Y el proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que hoy nos ocupa, está precisamente destinado a encarar el aumento del crimen organizado y los delitos de alta connotación social.

La iniciativa encuentra su fundamento en la ley Nº 21.644, que modifica la Carta Fundamental para crear la Fiscalía Supraterritorial, y que entrará en vigor con este proyecto de ley.

Cabe destacar que esta propuesta complementa el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público, que será votado en esta sala mañana.

No cabe duda de que el panorama delictivo en Chile ha cambiado drásticamente en los últimos años y, lamentablemente, con mayor fuerza y presencia en el norte del país y en la región que represento: la región de Antofagasta.

Hoy nos enfrentamos a organizaciones criminales de alta complejidad, muchas de ellas interregionales y transnacionales, que han adaptado sus operaciones para evadir la acción de la justicia nacional.

Hemos sido testigos de un alarmante aumento de los índices de criminalidad, directamente relacionado con la expansión del crimen organizado, muchas veces más organizado que el Estado.

Según cifras recientes, delitos violentos como homicidios y extorsiones han aumentado considerablemente, mientras que el narcotráfico y el tráfico de armas han alcanzado niveles nunca vistos en nuestro país. Delitos como el desmembramiento de cuerpos y el secuestro de personas eran muy poco frecuentes en Chile y han surgido de manera impactante, generando, evidentemente, una gran preocupación y alarma en la ciudadanía. Y, por supuesto, el deber de las autoridades es ocuparnos de esto.

En este contexto, se vuelve imprescindible una unidad especializada como la Fiscalía Supraterritorial, diseñada para investigar y perseguir delitos que, por su magnitud y características, superan las capacidades actuales de las fiscalías regionales. En esto quiero ser muy enfática: las fiscalías regionales no tienen capacidad para hacerle frente al crimen organizado. Y muestra de aquello, porque deja de ser una opinión, es este proyecto que hoy día estamos discutiendo y votando.

La creación de esta fiscalía representa un cambio fundamental en la estructura del Ministerio Público. Nuestro país estará dotado de una nueva herramienta legal y operativa que responderá de manera robusta, eficaz y coordinada a los crímenes y delitos de alta connotación social, superando las barreras actuales de la persecución penal.

No solo es un avance estructural. Esta fiscalía contará con un equipo exclusivo y capacitado para investigar delitos de alta complejidad. De ahí su importancia. Esto permitirá abordar e investigar el crimen organizado de forma continua y profunda, desarticulando sus estructuras y protegiendo a nuestra ciudadanía.

Además, el proyecto establece la creación de macrozonas, lo que permitirá que fiscales actúen más allá de las divisiones territoriales. Eso facilitará la coordinación en investigaciones que abarcan más de una región y permitirá enfrentar organizaciones criminales que hoy día están presentes a lo largo de nuestro país, como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Hijos de Dios y otros que actúan en varias regiones y trascienden nuestras fronteras.

Con la aprobación de la idea de legislar del presente proyecto, deberemos afinar algunos aspectos esenciales, y no quiero dejar de mencionarlo en esta oportunidad.

Es crucial definir claramente los límites y alcances de lo que consideramos "delitos de alta complejidad". Lo señalo porque, evidentemente, puede ser de alta complejidad, por ejemplo, el llamado "caso Monsalve", a propósito de todo lo que ha afectado y ha tenido en la mira al propio Gobierno, que es el que toma decisiones. Por supuesto, estamos hablando de alta complejidad específicamente en crimen organizado, en delitos -insisto- que digan relación con el crimen y sus penas.

Por lo tanto, para que esta fiscalía pueda enfocarse en los casos que requieran su especialización, también se deben establecer criterios claros para abordar delitos que abarcan múltiples regiones, asegurando que los recursos y las competencias se destinen a combatir amenazas significativas.

Este proyecto es una respuesta firme, necesaria y concreta ante el panorama de la criminalidad que hoy vivimos. Por ello, es de suma relevancia dotar al Ministerio Público de estas esenciales herramientas para garantizar a nuestra sociedad la justicia, la seguridad y sobre todo la tranquilidad de sancionar y condenar estos delitos, dejando tras las rejas a delincuentes, a criminales y a terroristas.

Hago un llamado, Presidente , a votar a favor de este proyecto.

Muchas gracias.

El señor COLOMA.-

Muchas gracias, Presidente.

Recordemos que esto es parte, junto con la reforma constitucional que lo originó, del acuerdo de seguridad que tenía que ver con el fast track legislativo, en términos de buscar una nueva institucionalidad para enfrentar una nueva forma de organización del crimen.

Si uno mira con detalle, se da cuenta -es obvio- de que el número de delitos violentos ha aumentado significativamente en Chile, particularmente los homicidios, las extorsiones y los secuestros. Eso es un dato bien dramático para nuestra vida.

Por eso hay una serie de cambios legales que tratan de actualizar nuestra capacidad de defensa como Estado particularmente respecto al crimen organizado.

Dentro de esta nueva forma de delinquir, están las bandas internacionales, entre otras, que presentan un grado de sofisticación muy alto y que, a diferencia de lo que pueden haber sido las bandas de otra época -por así decirlo-, poseen capacidad de actuar en distintas regiones en forma simultánea. O sea, no es raro ver que lo que pasa en Arica tenga efecto en Coquimbo, y después en Maule, y puede terminar en Los Lagos y viceversa, con todo el avance, obviamente, de las comunicaciones y la sofisticación que llegan a estas organizaciones.

De ahí surgió este concepto de una fiscalía que tuviera capacidad de unificar las tareas para hacer una investigación más completa a fin de entender lo que ocurrió y plantear las sanciones correspondientes.

Y creo que esto es decisivo.

A mí me ha tocado ver en mi región, obviamente, y antes, cuando ejercí más activamente como abogado, que en general hay un tema de territorialidad en la institucionalidad que está afincado en la tradición y en lo que ha sido siempre la lógica con que había actuado el crimen. Y eso se daba también en la forma de enfrentarlo. Algunos podían tener como objetivo la región Metropolitana, y ahí descansaban y se organizaban quienes ejecutaban los crímenes, en momentos no tan sofisticados como los de ahora. Y lo mismo ocurría en cada región del país.

No es que no hayan existido estas bandas. Lo que sucede es que son de una naturaleza distinta. Muchas de ellas son internacionales -también hay nacionales-, y poseen múltiples lazos comunicantes entre distintas regiones del país y con el extranjero.

Ese es el tipo de problemas que hay que abordar hoy, una forma mucho más sofisticada, más amplia, más compleja de operar.

En tal sentido, creo que la Fiscalía Supraterritorial es una respuesta. Esta fue una sugerencia del Ministerio Público en su momento. Se trata de una respuesta que me parece, por lo menos, absolutamente indispensable para poder enfrentar bien los nuevos problemas.

La idea es que haya competencia en todo el territorio de la república por parte del organismo persecutor, a través de una fiscalía especializada, es decir, que no haya que oficiar a un fiscal de allá porque pueda haber una situación parecida a la de acá, sino que exista una institucionalidad que tenga competencia en todos los lugares.

Los requisitos los explicó bien la senadora informante: que estemos en presencia de asociaciones delictivas o criminales y que, por tanto, los hechos requieran una investigación dirigida supraterritorial o transnacionalmente, e sea, exactamente la forma nueva que han adquirido estos hechos. "Nueva" es una manera de decir, porque la verdad es que lleva varios años. Es un nuevo modo de enfrentar un tema que angustia dramáticamente a nuestro país. Basta ver los casos de asesinatos que han ocurrido; por ejemplo, el del teniente Ojeda , que pudo haber tenido una motivación más política, pero que es un hecho criminal, obviamente. Eso también se da como una manera de ejercer distintas actividades delictivas.

He revisado la importante información que la Subsecretaría de Prevención del Delito nos ha entregado respecto del aumento de los homicidios con autor desconocido en nuestro país, que, por ejemplo, se han incrementado de un 23 a un 41 por ciento. Al hablar de desconocimiento, son las huellas claras de un tipo de acción penal que requiere un nuevo escenario.

Ojalá que en la discusión particular podamos revisar el período de entrada en vigencia de esta nueva institucionalidad. Se plantean dos años, o sea, veinticinco meses desde que se publique la ley.

En tal sentido, me quiero quedar con lo que afirmó el fiscal nacional. Estuve leyendo las actas de la Comisión, y dijo algo muy cierto: "El crimen no tiene períodos de vacancia". Y ahí nos enfrentamos a un problema complejo, porque en estos dos años es posible que pasen muchas cosas que ojalá pudiéramos tratar de evitar de una mejor manera.

Por otro lado, no sé si la creación de macrozonas por ley rigidiza o no la estructura. Ese es un tema bien relevante.

Ahora bien, este también es un desafío para la propia Fiscalía. Porque la nueva forma organizacional permite que el fiscal nacional imparta instrucciones particulares al jefe nacional de la nueva fiscalía relativas a investigaciones que se encuentren a su cargo, dada su naturaleza y extensión territorial. Me parece que esta es una forma relacionada con los nuevos desafíos que enfrentan las fiscalías, las que deben tener una relación mucho más directa respecto de la autoridad y del control que se haga sobre esta forma de investigar. A la vez, deben tener la capacidad de actuar supraterritorialmente, cosa que hoy día no existe.

Esto parece obvio, pero no lo es. Que sea supraterritorial es un desafío enorme, porque supone tener otro tipo de vinculación y otra forma de investigar. Y para qué decir si se trata de un trabajo transnacional.

En resumen, Presidente , valoro que el proyecto se apruebe en general; espero que sea en forma unánime. Y ojalá que también apuremos el tranco en los trámites siguientes, para que su despacho sea rápido.

Como mencioné, trataría de revisar el plazo de entrada en vigencia, de cuándo empezaría a funcionar esta figura en plenitud, en la medida que se pueda. Creo que este es un tema de la máxima urgencia. No hay un problema más complejo en Chile que la seguridad. Esta iniciativa es una respuesta que va en el sentido correcto al actualizar y modernizar la organización de nuestras fiscalías, para hacer una investigación mucho más completa de lo que hoy día supone nuestro marco más rígido.

Voto a favor.

He dicho, Presidente .

El señor NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

Efectivamente, este es un proyecto de ley necesario, ya que comprendemos y asumimos la realidad del crimen organizado, en especial, porque opera a una escala que supera con creces la dimensión de una sola región. Por lo tanto, vamos a apoyarlo, votando en general.

Sin embargo, me llama la atención no haber escuchado en este debate ni a senadores ni a senadoras exponernos algunos de los puntos complejos que tiene esta iniciativa.

Estamos todos de acuerdo en que es necesaria. Pero la forma en que se legisle durante su discusión particular tendrá impacto, porque hay temas que debemos precisar por las consecuencias que implican no solo para la vida y acción del Ministerio Público, sino también para la democracia.

En primer lugar, hay que tener claro que este nuevo fiscal supraterritorial, a diferencia de lo que ocurre con los fiscales regionales, va a ser nombrado directamente por el fiscal nacional. Es decir, será una persona de su exclusiva confianza y podrá ser removido por una pérdida de confianza. O sea, tenemos una figura que hoy día no existe en la institucionalidad, que es totalmente distinta a cómo se nomina y cómo operan los actuales fiscales regionales, quienes tienen mucha mayor autonomía en ese plano.

En segundo término, el fiscal nacional podrá impartir instrucciones particulares a este fiscal supraterritorial. Entonces, las preguntas evidentes que debemos hacernos son: ¿Vamos a entregar un poder extraordinario al fiscal nacional? ¿Entendemos que esto es necesario para poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia en el país? Sí, pero debe haber mecanismos de control sobre la figura del fiscal nacional, porque es posible que poderes extraordinarios también sean mal utilizados.

Y hay que decirlo con toda franqueza: hoy día el fiscal nacional, Ángel Valencia , enfrenta una crisis de credibilidad.

¿Qué certeza tenemos de que exhibirá un comportamiento acorde con los principios de probidad que se le demanda a una autoridad que va a contar con atribuciones extraordinarias que hoy día no posee? Por supuesto, uno quiere creer. Por supuesto, uno quiere confiar en que esas atribuciones extraordinarias van a ser bien utilizadas.

Pero en democracia no basta la confianza a priori. Debe haber mecanismos de control y de fiscalización. En ese sentido, tengo mucha confianza en que la discusión que se dé en la Comisión se considerarán estos aspectos.

Lo digo, Presidente, porque este no es un juicio antojadizo. Es un juicio que emana del debate que hoy día estamos teniendo en el país.

Déjenme recordarles una situación que, lamentablemente, aún no ha sido aclarada por el actual fiscal nacional.

El 9 de octubre de este año, el fiscal Valencia dijo en radio Cooperativa: "Sí, a las pocas semanas, en marzo, me junté a tomar café con Hermosilla y Andrés Chadwick , a instancias de Chadwick, para limar asuntos personales y privados previos al cargo". Un poco más adelante agrega que en esa reunión y casi al final Luis Hermosilla le pidió que hiciera una especie de procedimiento abreviado al exdirector de la PDI Espinosa, quien justamente había sido acusado por la Fiscalía. En la tarde de ese mismo día aquí, en el Congreso, nos dijo: "Sí, en realidad, aparte de eso también me dijeron de dos asuntos más -comillas- que ya ni recuerdo, porque estaban fuera de mis competencias".

Hasta el día de hoy no sabemos cuáles fueron los dos asuntos que Luis Hermosilla le planteó al fiscal nacional. Porque lo que correspondía, cuando estaba reunido con abogados que llevaban causas que involucraban al Ministerio Público, como Luis Hermosilla , delincuente que hoy día está preso, y un exministro del Interior, también abogado, era que dicha reunión fuera registrada en la plataforma de la Ley del Lobby. Tal vez lo que correspondía es que nunca hubiera asistido. Pero, si lo hizo, debió registrarlo en la Ley del Lobby. Hasta el día de hoy no se ha hecho.

Presidente , eso genera muchas suspicacias y muchas dudas cuando estamos entregando facultades extraordinarias al actual fiscal nacional, a través de la futura ley.

No me voy a hacer eco de los dichos del abogado defensor de Luis Hermosilla, pues obviamente son interesados y tienen un rango muy cuestionable. Pero, al no haber claridad por parte del fiscal nacional respecto de lo que se sostuvo en dichas reuniones, evidentemente se alimentan las dudas y la polémica.

Por eso, voy a solicitar a través de la Ley de Transparencia que la directora ejecutiva nacional de la Fiscalía, señora Mónica Naranjo , pueda entregar el detalle del contenido de la reunión que sostuvo el fiscal nacional, Ángel Valencia , con los señores Luis Hermosilla y Andrés Chadwick .

Si al fiscal nacional le vamos a entregar atribuciones y poderes extraordinarios que hoy día no existen, lo mínimo es que este Senado, la sociedad chilena y la opinión pública tengan claridad de qué fue lo que trató el fiscal nacional en el famoso "cafecito", Presidente . Es una norma mínima de transparencia.

Eso quiero solicitar ahora que estamos discutiendo este proyecto de ley, que vamos a aprobar, pero que debe tener resguardos democráticos respecto de la probidad y la transparencia de las nuevas atribuciones que se le entregan a la Fiscalía Nacional.

La señora ÓRDENES.-

Muchas gracias, Presidente.

Como ya se ha señalado, estamos votando en general un proyecto clave en la agenda de seguridad acordada entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo que, en resumen, viene a darle contenido normativo a la reforma constitucional promulgada a inicios de este año, que creó la Fiscalía Supraterritorial al interior del Ministerio Público, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad.

De acuerdo con la reforma que aprobamos, la Fiscalía Supraterritorial desempeñará sus funciones con respecto a ilícitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transacional de la investigación. Y, además, se establece que estará a cargo de un fiscal jefe.

Sin embargo, para que entre en vigencia se precisa de las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y de otras normas contenidas en el proyecto que estamos discutiendo hoy.

Presidente , a su vez, se trata de una legislación complementaria con el proyecto de ley sobre fortalecimiento del Ministerio Público, que mañana vamos a discutir en particular. En conjunto, a mi juicio, estamos hablando de los cambios estructurales más significativos a la Fiscalía desde su creación en 1997.

Bien sabemos -y así se ha mencionado- que los nuevos fenómenos delictivos asociados a bandas criminales de alto alcance y poder organizativo necesitan de nuevas formas de abordaje por parte del Estado, el cual debe cuestionarse si las estructuras tradicionales -por ejemplo, una fiscalía dividida funcionalmente en base regional- son las más adecuadas o no para combatir esta nueva criminalidad de la forma más efectiva posible.

Al respecto, toda la evidencia muestra que estos fenómenos requieren que la investigación de delitos y la persecución penal puedan desplegarse regional, supraterritorial o incluso trasnacionalmente, para enfrentar a estas asociaciones criminales que operan mediante células que se desplazan rápidamente por el territorio nacional y que, a su vez, forman parte de redes más grandes, muchas veces controladas desde el extranjero.

No es casual -y así también se ha señalado- el incremento significativo en los homicidios en Chile -nosotros antes nos sentíamos orgullosos de que prácticamente no se registraban-, o la expresión de nuevos delitos, de los cuales no habíamos sido testigos en el país, como sicariatos o secuestros. Por lo tanto, eso creo que justifica efectivamente avanzar en esta iniciativa.

Detener el accionar criminal de bandas con capacidades que no habíamos visto antes en Chile, como El Tren de Aragua o Los Pulpos, solo por nombrar un par, requiere que aumentemos las capacidades del Estado, en particular de la Fiscalía y de las policías para hacerles frente.

Ahora bien, los detalles de esta nueva estructura tendrán que ser revisados, a mi juicio, en la discusión en particular. Me parece que todavía existen espacios que hay que mirar con mayor detención; por ejemplo, la organización de esta fiscalía por macrozonas, si es pertinente o no; la estrecha relación entre el fiscal jefe y el fiscal nacional, quien de manera excepcional en la estructura de mando del Ministerio Público podrá impartirle instrucciones particulares en las investigaciones de los delitos que se encuentren a su cargo.

Además, Presidente , a la Fiscalía Supraterritorial el proyecto propone crear el Sistema de Análisis criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad para el fortalecimiento de la persecución penal, mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocible, generando información y formulando orientaciones y procedimientos de gestión eficientes que permitan el logro de los resultados establecidos.

Sin duda, la seguridad sigue siendo la principal preocupación de los chilenos y chilenas.

Yo quiero destacar que hemos avanzado en el cumplimiento del acuerdo entre el Poder Legislativo y el Gobierno. Pero, sin duda, a lo que tenemos que apuntar es a que sean legislaciones que al final del día den respuesta oportuna a las nuevas dinámicas, sobre todo porque estamos hablando de delitos mucho más violentos y complejos; y, por tanto, se explica también su extensión territorial.

Votaré a favor en general de esta reforma al Ministerio Público, Presidente .

Muchas gracias.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Quiero comenzar por señalar mi voto favorable en general, tal cual lo hice en la Comisión de Constitución, por dos grandes motivos.

Primero, por el diagnóstico que efectivamente se ha hecho en distintos debates sobre seguridad pública del país en materia de la evolución del crimen organizado, de la delincuencia, del narcotráfico y de las nuevas formas de delinquir en nuestro país.

Pero, también, porque hay una reforma constitucional que mandata la elaboración de esta normativa, y, por lo tanto, a generar los marcos de modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público que permitan la operatoria de una fiscalía supraterritorial.

Parto desde estas definiciones, pues me parece fundamental legislar en función de un diseño institucional en que podamos incluso manifestar muy transparente y abiertamente nuestras inquietudes y dudas cuando las tengamos, pero también nuestras concordancias con ese diseño.

¿Y por qué hago esta distinción? Porque el legislar no es solo en función de quién encabeza actualmente la Fiscalía Nacional, sino también en relación con las fiscalías futuras.

Yo tengo muchas inquietudes en cuanto a las instrucciones particulares; pero esas inquietudes las tengo con respecto al proyecto sobre fortalecimiento del Ministerio Público, que trastoca la definición orgánica de esa ley en materia de independencia de los fiscales regionales en relación con el fiscal nacional, y no en este proyecto de ley, puesto que acá es la propia reforma constitucional, ya aprobada, que mandata a que sí puede el fiscal nacional entregar esas instrucciones particulares.

Eso, como ya está mandatado, por cierto, debe tener contrapesos en materia del control, y también transparencia, o accountability, gestiones para dar cuenta de las propias decisiones que se toman.

Desde ese sentido, me parece importante también despejar esto -y espero que seamos bien responsables, serios y serias, todos y todas, obviamente- para entender este proyecto de ley en cuanto a qué fenómenos va a permitir.

Hoy día un caso de alta connotación pública o de alta complejidad que no tiene ni asociación de más de una persona, que no requiere ni se practica ni se ejecuta en más de una región, puede estar mandatado a que sea investigado por un fiscal regional, y no necesariamente va a estar en la Fiscalía Supraterritorial.

Entonces, la reforma constitucional también mandata a que se tengan que cumplir requisitos para que esto se pueda hacer, que deben ser: crimen organizado, alta complejidad y traspasar los límites de una región o de las fronteras del país.

¿Por qué digo esto? Porque el caso Monsalve es gravísimo, pero no da para la Fiscalía Supraterritorial. El caso del fiscal de Arica que está investigando a cuatro fiscales que aparecen nombrados en el caso Audios de Hermosilla también es gravísimo, pero no daría para la Fiscalía Supraterritorial, a menos que alguien nos comprobara y dijera que están acusados de crimen organizado.

No sé si me explico.

Entonces, digo esto para que no hagamos de este debate una caricatura para golpear al Gobierno o al otro sector, porque creo que esta es una cuestión mucho más profunda.

Considero importante, sí, plantear que lo que se legisla en particular en cuanto a la Fiscalía Supraterritorial debe estar siempre en el marco del contorno que ya fijó la reforma constitucional; y, al mismo tiempo, que no se haga copy paste -voy a decirlo en inglés, pero me refiero a algo bien en concreto- un , un copiar y pegar para el fortalecimiento del Ministerio Público.

Yo creo que las instrucciones particulares o las instrucciones específicas, como viene mañana en la discusión en particular del proyecto sobre fortalecimiento del Ministerio Público, hacen perder la autonomía a los fiscales regionales.

Puedo entender que alguien diga: "Mire, para que no ocurran más casos como el del exfiscal Guerra le voy a dar más poder al fiscal nacional". Pero estaremos pasando de un modelo a otro, y ambos extremos son peligrosos.

Entonces, en esta materia llamo la atención a generar con la mayor responsabilidad -insisto-, no solo pensando en quienes a algunos les pueden dar garantías hoy porque conducen la Fiscalía Nacional, sino también pensando en la institucionalidad, independiente de quién la encabece.

Gracias, Presidente .

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Por su intermedio, saludo al ministro de Justicia , presente en la sala.

Sobre el particular, cabe recordar que este proyecto, en segundo trámite constitucional, nace -tal como se señaló- de una reforma constitucional, de la ley N° 21.644, promulgada el 25 de enero de este año y publicada en el Diario Oficial el 2 de febrero.

La referida reforma constitucional tuvo su origen en una moción de senadoras y senadores presentes hoy día en este hemiciclo, pues consideramos -soy uno de sus autores- importante generar instancias distintas a las que estamos empleando para la investigación, para conducirla y perseguir algo tan complejo como el crimen organizado.

Señor Presidente, ese es el concepto: crimen organizado, porque los delincuentes están organizados. Y el Estado, actuando con la normativa actual, no tiene la capacidad para constituirse de forma efectiva y enfrentarlo.

Entonces, el primer reconocimiento es que debemos hacer algo distinto. Y esta es la propuesta: para aquellos casos en donde efectivamente se está enfrentando ¡crimen organizado!, capaz de destruir Estados, otorgar una facultad especial al fiscal nacional.

Hasta el momento, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en su artículo 18, permite al fiscal nacional disponer, si así lo estima, en casos muy específicos una investigación dirigida por él. Eso es lo que está vigente en nuestro marco jurídico.

Con este proyecto estamos habilitando al fiscal nacional para que nombre a alguien al objeto de que desarrolle eso que en algún momento estaba señalado en parte en la ley N° 19.640, pero ahora en forma efectiva, con un grupo de personas especializadas y dedicadas, y, lo más importante, con todas las medidas de protección y supervisión, a fin de evitar que el mismo crimen organizado las pueda corromper.

Eso pasa en todos los lugares del mundo.

Esta semana hemos visto en España cómo una persona encargada de la seguridad pública había sido básicamente comprada por el narcotráfico y movía toda la droga que provenía desde Ecuador en contenedores con plátanos. Esa es la realidad: existe lavado de activos, el cual permite corromper, comprar a personas, y eso es lo que debemos enfrentar. Por esa razón, una fiscalía de esta naturaleza probablemente deba contemplar medidas de confianza.

Fíjese, señor Presidente , que en algunos lugares del mundo se realizan controles con polígrafo a quienes trabajan en áreas de seguridad para saber si efectivamente están cumpliendo como corresponde. Y deben tener controles especiales, pues son los más susceptibles de ser enfrentados. Este combate es duro, de largo aliento, pero tiene diferentes dimensiones.

Quiero hacer el siguiente punto, señor Presidente, y me habría gustado mucho haber tenido al fiscal nacional presente en la sala, dado que esta es una facultad especial que se le entrega.

El crimen organizado no solo actúa en el mundo físico, sino que se ha especializado en el cibercrimen; en el uso de criptoactivos; en la capacidad para mover recursos, lavar activos, e, incluso, comprar a las personas sin que podamos saberlo.

Necesitamos, entonces, fortalecer con la ley no solo al Ministerio Público, sino también a las policías especializadas en todas estas áreas de cibercrimen, que están directamente relacionadas con el crimen organizado. Por esta vía están obteniendo incluso más recursos que con secuestros o robos tradicionales, porque no hay forma de perseguirlos. No tenemos, como ocurre en otros países, entre ellos España, una sala de cibercriminalidad, con una fiscalía especializada para perseguir ciertos delitos.

Este tema debemos discutirlo en particular, necesitamos ir generando las áreas respectivas, pues tenemos que especializarnos.

Estas redes actúan en el mundo físico y en el mundo digital con la misma fuerza e intensidad, y obtienen, en los dos, grandes cantidades de dinero.

Siempre se dice "follow the money", "sigue el dinero"; pero también hay que decir "follow the data", "sigue los datos", porque esos datos son los que ayudan a una persecución efectiva, entregan una evidencia adecuada, protegiendo a quienes van a estar a cargo de ello.

Siendo mocionante, creo que este proyecto resuelve un problema sistémico de mejor forma. Probablemente, nos va a costar encontrar a las personas adecuadas, entrenarlas y prepararlas para enfrentar esta batalla de todos los días. Por eso, su selección debe ser la más adecuada, así como su preparación, los equipos de investigación especializados deben estar dedicados. Porque la capacidad de conseguir condenas finalmente es lo que disuade.

Si no hay persecución ni condena, habrá impunidad, y eso es lo que estamos viendo. Esa impunidad se logra controlar en la medida que tengamos un sistema efectivo que considere todos los controles que se han señalado, incluso aquellos que he mencionado, Porque todos queremos estar tranquilos, que la justicia se pueda impartir como corresponde; pero para eso se requiere que la investigación sea profesional, a cargo de personal adecuado, con todos los recursos que se precisen.

En estos días, señor Presidente , estamos discutiendo el proyecto de Ley de Presupuestos, viendo cuántos recursos se podrán asignar en esta materia. Siempre van a ser pocos; pero, al menos, lo que parta que lo haga bien. Quizá ese es el desafío: lograr que esto se instale de la mejor forma y que empiece a tener resultados y efectos.

La Fiscalía Supraterritorial deberá trabajar con la nueva Agencia Nacional de Inteligencia , tema no menor, porque la inteligencia no es evidencia; eso debemos entenderlo, y se ha de compartimentar para que pueda funcionar. Todos los mecanismos del Estado pueden enfrentar esta gran amenaza, que tiene múltiples dimensiones.

Voy a votar a favor, por supuesto.

Estaré disponible para perfeccionar esta legislación; sin embargo, hay que entender que si no logramos generar un sistema con personas adecuadas, con recursos suficientes, con preparación y competencias específicas, todo esto será letra muerta. Una Fiscalía Supraterritorial, que es una manera diferente de enfrentar el problema, puede producir resultados distintos.

Eso esperamos, y para ello vamos a estar comprometidos, no solo con el voto a favor ahora, sino también para trabajar en todas las mejoras que sean necesarias.

He dicho, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor BIANCHI .-

¡Muchas gracias por querer escucharme...!

Gracias, señor Presidente.

Saludo al ministro de Justicia .

Lamento que no esté presente el fiscal nacional. ¡Dónde está Valencia, es la pregunta!

Chile tiene miedo. A la gente decente no le estamos cumpliendo con un mínimo que es la seguridad. Esta crisis es seria, y hay que hacer lo posible por devolverle al país la tranquilidad.

Hoy no quedan dudas de que el delincuente ha superado en recursos a nuestro persecutor, en armamento a nuestras policías, en innovación al poder político. Existe una deuda en tecnología, en recursos y en personal con el Ministerio Público y con las policías.

Por tanto, tenemos una seria deuda con Chile.

¿Cuál es el panorama hoy? Imaginen que lo asaltan, y que quien debe perseguir a ese asaltante tiene a 1.700 delincuentes más. Porque ese es el panorama: hay fiscales con 1.700 cusas, sin capacidad de recursos para investigarlas todas.

¿Qué es la Fiscalía Supraterritorial? Una unidad especializada para combatir el crimen organizado y delitos de alta complejidad que requieran dirección supraterritorial o transacional de investigación. La dirige un fiscal jefe, electo por el fiscal nacional. Contará con fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo, así como con los medios materiales necesarios para sus operaciones.

Asimismo, el proyecto crea el Sistema de Alta Complejidad, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la persecución penal a través de la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad.

Si hay contiendas sobre la competencia, es decir, si la causa debe ser revisada por una fiscalía regional o por la Supraterritorial, será el fiscal nacional quien decida al respecto.

Esto puede ser un problema, porque le entregamos una facultad extraordinaria al fiscal nacional. Hace unos meses no sabíamos ni teníamos cómo prever todo el daño que Valencia le estaba generando al Ministerio Público. Él debiese autodenunciarse y disipar toda duda de lo que pasó en el cafecito. Cuando el fiscal nacional se esconde y se refugia detrás de comunicados internacionales, produce un gran daño a su institución y a Chile.

Es urgente una nueva organización.

Por tanto, llamo a que ojalá se bajen los plazos de implementación. No podemos seguir dándoles tiempo a los delincuentes.

He dicho, Presidente .

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, Presidente.

Más allá de las personas a las cuales se ha hecho mención ya por parte de dos senadores en este hemiciclo; independiente de quién sea la autoridad que hoy día encabeza el proyecto, y de los cuestionamientos a algunas medidas establecidas en otro proyecto, como es la creación del Ministerio de Seguridad, haciendo alusión a algunos sectores por cuestiones relacionadas con la conducta de ciertos individuos, nosotros pensamos que aquellos no son los puntos que debemos poner en valor, sino la circunstancia y la necesidad de crear una institucionalidad que se haga cargo de enfrentar de una manera más efectiva uno de los flagelos más grandes y que hoy día se ha transformado en un dolor de cabeza para la mayoría de los ciudadanos y en gran parte de nuestro país.

Esta iniciativa, dicho sea de paso, y como también se ha señalado acá, estaba contenida en el proyecto de nueva constitución plebiscitado el año pasado, y que fue rechazado, el cual consideraba dentro de su diversidad de ideas la creación de la Fiscalía Supraterritorial.

Y entiendo que esa idea la toman los parlamentarios patrocinadores de esa modificación constitucional, senadores señora Gatica y señores Ossandón , Kusanovic , Kuschel y Pugh , quienes levantan un proyecto cuyo resultado dio origen a la ley N° 21.644, que, como bien señalaba el senador Pugh , fue publicada en el Diario Oficial el 2 de febrero del presente año.

La mencionada fiscalía especializada tiene por objeto, y exclusivamente, la investigación y persecución de delitos particularmente complejos, respecto de los cuales concurren las siguientes dos circunstancias: primero, que se trate de ilícitos en los que exista presencia de asociaciones delictivas o criminales; y segundo, que los hechos requieran una investigación dirigida supraterritorial o transnacionalmente.

Esta nueva forma organizacional permitirá que el fiscal nacional pueda impartir instrucciones particulares al fiscal jefe de la nueva Fiscalía Supraterritorial , relativas a las investigaciones que se encuentren a su cargo, dadas su naturaleza y extensión territorial.

Además, el fiscal jefe será de exclusiva confianza del fiscal nacional, por lo que será este quien determinará su nombramiento y su remoción, sin perjuicio de que, tras las modificaciones realizadas por la Comisión, podrá pedirse la remoción por el Presidente de la República , la Cámara de Diputados o diez de sus miembros.

Por su intermedio, Presidente, aprovecho de saludar, al ministro de Justicia aquí presente.

La situación de inseguridad que enfrenta nuestro país, como señalaba con mucha claridad el senador Coloma , realmente es crítica. En agosto del 2024 hubo más de treinta homicidios en la región Metropolitana ¡más de treinta! Y en diez años el índice de homicidios se duplicó.

El Plan Calle sin Violencia parece estar provocando un traslado de los delitos, más que una disminución de los mismos. Y no quiero hacer mención de lo que dijo un exsubsecretario, respecto de que el delito ya no estaba reconociendo territorio ni lugares específicos.

Según el Informe Nacional de Homicidios de la Fiscalía y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en cinco años, los homicidios con autor desconocido -y lo señalaba el senador Coloma - aumentaron desde un 23 a un 41 por ciento. Y es recurrente, a través de los medios de comunicación, conocer la circunstancia dramática de numerosos hechos de esta naturaleza, donde, a pesar de las investigaciones -y recordemos que según las cifras alcanza a 41 por ciento-, no se conoce quiénes son los autores.

Uno recuerda que, años atrás, el hecho de que una persona fuera asesinada en las calles de Santiago constituía una noticia nacional. Y los culpables o los responsables siempre terminaban, al final de cuentas, en la cárcel, condenados como correspondía.

Y ahora ya casi se ha transformado en un espectáculo de todos los días, donde la propia comunidad está a punto de perder hasta la noción de preocupación. No se sabe cómo esta situación ha impactado de tal modo que prácticamente hemos perdido la capacidad de asombro, y cómo ha derivado en estadísticas dramáticas. Para qué decir cuando vienen los fines de semana largos, donde se me imagina que en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Justicia y en la Fiscalía se preguntarán ¿con cuántos casos nos vamos a encontrar en estos días?

Creo que cuando se producen este tipo de señales, con la profesionalización del sicariato y del crimen organizado, se requiere un enfoque distinto.

Por eso el Estado debe tener una respuesta organizada para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y esta reforma, que es parte de la agenda priorizada de seguridad, de la cual nos alegramos de los avances, resulta indispensable para mejorar la eficiencia en la persecución penal, por cuanto la legislación actual resulta inadecuada para abarcar la nueva criminalidad organizada, que no respeta los límites de competencia territorial de las fiscalías regionales.

Con respecto a la propuesta de entrada en vigencia, hay algunas observaciones que quisiéramos hacer.

En primer lugar, la calendarización de la entrada en vigencia establece, desde la etapa de inicio, un proceso bastante lento, y habla aquí que, desde la fecha de publicación de la presente ley y hasta el momento en que termina, son veinticinco meses, el cual es un plazo bastante largo para una instancia de esta naturaleza.

Hay una cantidad importante de recursos humanos que se van a entregar a la Fiscalía, según la cual, a partir de la fecha de la publicación de la ley, se sumarán cuarenta y tres cargos: el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, catorce fiscales adjuntos, diecinueve profesionales, seis técnicos y tres administrativos; a partir del decimotercer mes de publicada, se incorporan otros cuarenta y ocho cargos, y a partir del vigesimoquinto mes de publicada, otros siete más. O sea, estamos hablando de que la creación de esta Fiscalía Supraterritorial involucra a cerca de cien personas, de las cuales esperamos sinceramente la máxima eficiencia en su labor.

Cuando uno lee y conoce los informes de muchas fiscalías, normalmente a uno le sorprende la cantidad de causas, sus estadísticas y cuántas de ellas terminan siendo simplemente archivadas.

Muchas veces acontece que en los informes de cuentas de las propias fiscalías aparecen más causas archivadas que resueltas en sus diferentes procesos de investigación, lo cual genera una sensación de impunidad por no completarse las pesquisas ni encontrar a los culpables.

El Gobierno insiste con la entrada en vigencia de toda la plana en la fecha establecida, y deberíamos, a juicio nuestro, ver cómo se acelera en la tramitación en particular, porque la situación realmente requiere urgencia.

El crimen no tiene períodos de vacancia, no va a esperar, y sabemos lo que va a acontecer en los próximos veinticinco meses en materia de delincuencia, y para qué decir en materia de homicidios.

Otro aspecto que llama también la atención, y que habrá que analizarlo en la discusión en particular, es la creación de macrozonas, lo cual puede rigidizar la estructura de esta nueva fiscalía, cuya virtud es la capacidad de adaptarse a medida que evoluciona el delito.

Además, ello puede tender a que haya problemas de competencia entre las macrozonas y las fiscalías regionales, cuestión que habrá que establecer y que se analizará en la discusión en particular.

Como el proyecto forma parte del avance que espera nuestro país, voto absolutamente a favor, Presidente.

Muchas gracias.

La señora GATICA.-

Gracias, Presidente.

El crimen organizado y el narcotráfico han invadido cada espacio de nuestro país, lamentablemente. Los tiroteos y el aumento de los homicidios han pasado a ser parte de nuestra normalidad, pero yo, por lo menos, me rehúso a que esto sea algo normal para nosotros.

Y aprovechando la instancia de que hoy día el Gobierno del Presidente Gabriel Boric está representado por el ministro de Justicia , quiero entregar una información y visibilizar una situación compleja que se está viviendo en la capital regional de Los Ríos, en Valdivia.

En menos de un mes han ocurrido seis balaceras. Una de estas sucedió fuera de un establecimiento educacional, el Colegio Metodista. Y gracias a Dios que mientras se producía esta balacera los alumnos estaban en el recreo, porque algunas balas penetraron un aula de enseñanza media. Fue un milagro que no sucediera absolutamente nada.

Y en medio de estas seis balaceras ha habido tres asesinatos.

¡Estoy hablando de hechos ocurridos en menos de un mes!

De ahí la urgencia de que podamos avanzar con proyectos de ley como el que estamos viendo hoy. Sabemos que esta reforma no va a solucionar todo, pero va a significar una ayuda para poder ampliar, en este caso, las investigaciones que realiza la Fiscalía.

Pero también considero de suma importancia acelerar el tranco con el proyecto de ley que ayuda a las policías a defenderse. ¿A qué me refiero? A las reglas del uso de la fuerza.

Presidente , la seguridad es la base para que las personas puedan desarrollar su vida con libertad, pero hoy día esta condición tan básica lamentablemente no se está cumpliendo. Por el contrario, la realidad actual es que los chilenos tienen miedo a caminar por las calles y el Gobierno no ha estado a la altura para poder abordar esta problemática. La ciudadanía nos exige más.

El crimen organizado y el narcotráfico operan a lo largo de todo el territorio nacional, lo cual hace necesario que estos delitos se investiguen de manera integral.

En tal sentido, la Fiscalía Supraterritorial posee las herramientas para perseguir estos delitos, que tanto daño le hacen a nuestro país.

Este proyecto no resuelve todo el problema, como lo dije antes, pero sí constituye un avance.

Voto a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

El presente proyecto de ley tiene como principal objetivo combatir el crimen organizado y los fenómenos delictivos de mayor complejidad.

Las estadísticas de los delitos de alta complejidad en nuestro país son cada vez más preocupantes, y la sensación de inseguridad de la comunidad en general es crítica.

Lo más difícil de esto es la falta de capacidad que ha tenido el Estado para responder ante dichos fenómenos y la gran cantidad de delitos graves que quedan en la más absoluta impunidad.

Esta reforma busca que el Ministerio Público pueda institucionalizar una organización más eficiente en la lucha contra el delito y enfrentar un grado de delincuencia que hace aparecer como inadecuado un esquema de Fiscalía basado en las competencias territoriales de las fiscalías regionales.

Para ello, el Ejecutivo ha considerado necesario crear al interior del organismo persecutor una fiscalía especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, con competencia en todo el territorio de la república.

La Fiscalía Supraterritorial tendrá por objeto, única y exclusivamente, la investigación y persecución de delitos particularmente complejos, sobre todo aquellos en los cuales exista presencia de asociaciones delictivas o criminales y donde los hechos requieran una investigación dirigida en forma nacional o transnacional.

En este contexto, la creación de la Fiscalía Supraterritorial aparece como eficaz, y sus facultades, así como sus normas de funcionamiento, podrán obviamente ser enriquecidas en la fase de presentación de indicaciones al proyecto.

Lo importante es que este nuevo organismo entre en vigencia con urgencia, porque estamos ante una crisis de seguridad; que no pongamos trabas en la creación de esta suprafiscalía, y que se permita su actuación en todo el territorio nacional.

Pero también -y lo más importante-, frente al incremento del delito que experimenta cada una de las regiones, se hace necesario ir pensando y generando, así como ocurre con la creación de esta suprafiscalía, acciones que permitan ser mucho más ágiles en aquellas detenciones en las que perdemos mucho tiempo. En un control de detención frente a la asistencia pública o en trámites burocráticos que deben realizar nuestros agentes de policía, lamentablemente, basta un detenido para tener inmovilizada una patrulla casi cuatro o cinco horas. ¿Y qué pasa en esas cuatro o cinco horas? Finalmente, es la población la que queda inerme ante el crimen organizado.

Gracias, Presidente .

Voto a favor.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto de Fiscalía Supraterritorial que estamos votando en general, en segundo trámite, forma parte de la concretización de la modificación constitucional en la cual se creó esta institución dentro de lo que es el Ministerio Público.

La Fiscalía Supraterritorial -yo creo que hay que entenderlo así- es una de las respuestas que Chile está en condiciones de dar en el combate al crimen organizado.

Aquí no hay recetas. Cada país, de acuerdo a la institucionalidad que tiene, avanza tratando de mejorar las normas contra los delitos de crimen organizado, alta complejidad, todos aquellos que provocan un particular impacto en la sociedad.

En España, por ejemplo, a raíz del terrorismo -después se fue ampliando a drogas, a anticorrupción, etcétera-, se creó en un primer momento -todavía existe, y goza de gran prestigio- lo que se llama la "Audiencia Nacional", que juzga. Pero la Audiencia Nacional de España tiene aparejada una fiscalía propia, que investiga justamente aquellos delitos que son particularmente graves y que son competencia de esa misma institución.

En Chile todavía no damos un paso que a mí me parece imprescindible y que espero sea uno de los proyectos que vengan en poco tiempo más, que es modificar lo que tiene que ver con la jurisdicciones y competencias de los tribunales penales. La posibilidad de que delitos particularmente complejos, como terrorismo, como crimen organizado, puedan ser juzgados fuera del lugar en que naturalmente tienen competencia, que es el lugar donde se cometió el ilícito, me parece de la primera importancia.

Todos estamos conscientes de lo que ocurre en la macrozona sur y del nivel de protección que requieren tener los jueces que ahí trabajan, por las amenazas de que son objeto. Bueno, sería bastante más lógico que esos delitos fueran juzgados en un lugar distinto al que se cometen y donde probablemente están enraizadas las estructuras criminales que los llevan a cabo.

Entonces, nuestra respuesta por ahora es mejorar la actuación del Ministerio Público a través de esta Fiscalía Supraterritorial. Esta nueva entidad cambia las dinámicas habituales del Ministerio Público. Hoy día, como todos saben, los fiscales regionales son independientes del fiscal nacional. Ellos siguen la investigación, no pueden recibir instrucciones particulares, tienen una autonomía muy grande para armar sus equipos, realizar las investigaciones e interactuar con los respectivos juzgados criminales.

La Fiscalía Supraterritorial cambia ese paradigma. Y por eso es tan importante el paso que estamos dando. El fiscal supraterritorial va a ser de la total y absoluta confianza del fiscal nacional, tanto en su nombramiento como, eventualmente, en su remoción.

Y va a poder recibir instrucciones particulares. Es decir, el fiscal nacional en nuestro país, de una u otra manera, se va a entender como responsable de las investigaciones de los crímenes más importantes, porque va a estar involucrado y va a tener derecho a dar instrucciones particulares en las investigaciones de crimen organizado o delitos de alta complejidad que se estén investigando.

Por eso que es tan relevante dar este paso y hacerlo bien.

Hemos recibido -y en esto quiero ser justo- el apoyo del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia en la tramitación de este proyecto. Han asistido a todas y cada una de las sesiones de la Comisión de Constitución del Senado para dar sus puntos de vista, sugerir mejoras, aceptar correcciones, etcétera.

Ha sido, creo, un debate muy proactivo de todas las instituciones que participan, de manera que podamos concluir, finalmente, en un texto que dé respuesta a lo que Chile tanto necesita, que es un eficiente combate al crimen organizado.

El nivel de investigación, el nivel de interacción con Carabineros o la PDI son claves. Así como decía que a mi juicio el Código Orgánico de Tribunales debe adecuarse a esta nueva dimensión del delito, creo que también la PDI y Carabineros, eventualmente, requieren tener una orgánica algo distinta y adaptada a lo que va a ser esta Fiscalía Supraterritorial.

Todos quienes están a cargo de la investigación, persecución y juzgamiento del crimen organizado y de los delitos de alta complejidad necesitan tener buenas condiciones para interactuar y coordinarse.

Por eso es que este esfuerzo en el que estamos partiendo con el Ministerio Público debe tener, a mi juicio, su correlato con el Poder Judicial , con la Policía de Investigaciones, eventualmente con la Agencia Nacional de Inteligencia, con Carabineros de Chile, con todos aquellos que están involucrados en la persecución de los crímenes que a los chilenos diariamente nos impactan.

Así es que, por supuesto, Presidente, voy a votar a favor.

Y esperamos que en las indicaciones y en lo que reste de trámite en la Comisión de Constitución del Senado podamos llegar a un buen término con un proyecto que Chile necesita cuanto antes.

Muchas gracias.

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que me alegro y me preocupo.

Me alegro porque va a salir este proyecto que puede ayudar a solucionar los problemas que tenemos en Chile de delincuencia desatada, terrorismo y en que nadie quiere hace nada.

Pero me preocupa porque cada vez que en Chile enfrentamos un problema creamos una institución para resolverlo, porque la que está no lo resuelve. Y con otra institución, que tampoco lo va a resolver, vamos a tener más gastos, más personal, más de todo.

Entonces, la pregunta es: ¿cuándo vamos a cambiar?, ¿cuándo vamos a ver el problema real, que es enfrentar a la delincuencia, al terrorismo? Pero esto no se enfrenta con cariñitos: ¡si los delincuentes y los terroristas están armados y disparan!

A mí me da la impresión de que acá no se quiere enfrentar esa realidad.

Acabamos de votar el tema del estado de emergencia en el norte y resulta que tenemos ahí a los militares, pero los inmigrantes siguen entrando y saliendo como Pedro por su casa.

La pregunta es: ¿tenemos la capacidad de controlar la frontera o no? ¿O es un problema de voluntad política, de no querer enfrentar a los delincuentes, a los terroristas? ¿Lo queremos hacer o no lo queremos hacer?

¡Ese es el dilema! Si tenemos que transparentar esta situación.

¡No se puede negociar con terroristas ni con delincuentes! ¡No se negocia! Se negocia con gente que no está con armas, pero con armas se les combate. Y eso hay que aprender a hacerlo.

¡No podemos tener dos años y tanto de estados de emergencia en La Araucanía sin solucionar el problema! Eso quiere decir que o no hay voluntad de solucionarlo o no tenemos la capacidad en el Ejército y las Fuerzas Armadas para solucionarlo.

Esa es la pregunta.

Acá la única manera de salir de este hoyo es que tomemos consciencia y solucionemos este problema. Esto no se arregla con cariñitos ni con abrazos, se resuelve enfrentando a los delincuentes de manera mucho más fuerte que la que utilizan ellos para agredir a los ciudadanos.

Y eso tenemos que aprenderlo. ¡Y va a pasar! Porque ese es el camino para terminar con el problema. Pero no podemos seguir viviendo de esta manera, donde la gente pierde sus libertades día a día, donde vive atemorizada.

¿Para qué pagamos impuestos? ¡Para qué pagamos impuestos! ¡Si esa es la pregunta!

Pagamos impuestos y resulta que no nos protegen. El Estado no nos está protegiendo.

En los pueblitos del oeste de Estados Unidos, cuando se fundaban, se juntaban todos los que querían hacer una actividad y contrataban a un sheriff y entre todos le pagaban el sueldo.

Entonces, ¡el sheriff no está funcionando acá! Hay que contratar otro. Algo está pasando.

(Risas).

No, si esto no es talla. ¡Si este es un tema real! Porque pagamos impuestos para que el Estado nos garantice seguridad, y eso no está pasando.

Gracias.

El señor HUENCHUMILLA.-

Muchas gracias, Presidente.

Quiero saludar al señor ministro y a la señora subsecretaria de Prevención del Delito, que andaba por acá. Le deseo mucho éxito en sus nuevas responsabilidades.

Presidente , el proyecto tiene su anclaje en la reforma constitucional de la ley N° 21.644, que, como aquí se ha señalado, fue publicada en febrero de este año. Ahí está la filosofía de esta iniciativa y de esa reforma constitucional.

Hay que tener presente que en el año 2000, cuando empezó la reforma procesal penal en Coquimbo y en La Araucanía, como dos regiones piloto del nuevo sistema de persecución penal, el escenario de la delincuencia en Chile era muy distinto al que tenemos actualmente.

El crimen organizado es un fenómeno relativamente nuevo, que no estaba presente en aquellos años en que se efectuó la reforma procesal penal. Por lo tanto, la pregunta que se hizo correctamente el Estado era si estos nuevos fenómenos podrían ser investigados y combatidos con el mismo modelo que se implantó en el 2000 en esas regiones piloto. Y se dijo: "¿Cómo vamos a combatir e investigar el crimen organizado y los delitos de alta complejidad? ¿Seguiremos con los mismos fiscales territorialmente distribuidos en las regiones, con fiscales autónomos absolutamente o vamos a dar un giro?".

Entonces, a raíz del debate que aquí se ha producido, me parece importante distinguir a la persona concreta que actualmente es fiscal nacional del rol institucional que le estamos dando a ese cargo, cualquiera que sea su nombre. Porque si este fiscal, u otro más adelante, tiene algunos hechos concretos y conductas que requieren la atención del resto de las instituciones que se relacionan con su funcionamiento, las instituciones funcionarán. Pero esto no tiene nada que ver con el rol institucional nuevo que le estamos dando.

La esencia de este proyecto y de la reforma constitucional es que estamos transformando al fiscal nacional en el verdadero zar de la persecución del crimen organizado, básicamente porque le estamos dando dos nuevas competencias centrales.

La primera, él va a nombrar a una persona de su confianza como fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial . Él va a decir: "Quiero trabajar con esta persona, con estas características. Le doy mi confianza, mi respaldo y lo designo en este cargo".

Pero lo más importante, a mi juicio, es que el fiscal nacional podrá dar a este fiscal supraterritorial instrucciones particulares. O sea, puede inmiscuirse en el proceso penal, hacerle un seguimiento. Y decirle: "Mire, fiscal supraterritorial, yo le ordeno -porque es una orden y se debe obedecer; no es una sugerencia, no es una facultad- que haga tales y cuales diligencias concretas y particulares en este proceso que usted está llevando".

Eso implica una tremenda responsabilidad porque significa que estamos implantando un nuevo modelo procesal penal en Chile respecto del crimen organizado y de los delitos de alta complejidad. No estamos modificando el resto de la persecución de los delitos comunes que están tipificados en nuestra legislación, que seguirán en las fiscalías regionales, tal como está sucediendo en la actualidad. Aquí en lo que estamos innovando es respecto al crimen organizado y a los delitos de alta complejidad.

El fiscal nacional, por lo tanto, se va a convertir en una figura política, y tendrá que verse en su momento, cuando se nomine otro, si las instituciones van a estar a la altura de las responsabilidades que se le dan al nuevo fiscal nacional para elegir adecuadamente y no equivocarse respecto de la persona que queremos que conduzca la investigación y el combate al crimen organizado en términos generales.

Entonces, esta reforma constitucional, que se tramitó el año pasado, fue producto de un estudio acucioso que se hizo en la Comisión de Constitución.

Me acuerdo de que en su momento se invitó al fiscal nacional de Colombia , quien vino a la Comisión de Constitución e hizo una exposición de las experiencias que habían tenido en ese país respecto de este modelo, en virtud del cual el fiscal nacional daba instrucciones particulares, lo que en un principio a los miembros de la Comisión y a los abogados nos dejó con un signo de interrogación y nos preguntamos: "¿Cómo un fiscal se va a inmiscuir dando instrucciones particulares en un proceso?". Nos parecía que no era acorde al modelo que nosotros teníamos. Pero consideramos que la experiencia que trajo el fiscal de Colombia era interesante, pues en ese país, que tenía mucho crimen organizado, había dado sus frutos para avanzar en un proceso mucho más ágil, sostenido, que le diera confianza a la gente.

En consecuencia, lo que nosotros estamos haciendo aquí, considerando este proyecto de ley con base a la reforma constitucional que creó la Fiscalía Supraterritorial, más allá de los alcances que tiene en distintas regiones, es transformar al fiscal nacional en el conductor supremo de los procesos en contra del crimen organizado; eso es lo central. Y él será el responsable frente al país, porque tendrá la facultad de dirigir personalmente las investigaciones en curso respecto de esos delitos.

Por lo tanto, aquí no vamos a modificar la reforma constitucional, sino que el proyecto tendrá que ir al detalle para que sean muy óptimas las facultades y el diseño que acordamos, de manera que pueda darse un proceso contra el crimen organizado y que la gente tenga confianza en que el Senado y el Congreso, en general, están estableciendo las herramientas jurídicas y modelos institucionales que permitan atacar este fenómeno, que hoy azota a gran parte del mundo y, específicamente, a Chile.

Presidente , voto favorablemente este proyecto de ley.

Gracias.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

En los últimos años el avance de la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción y los delitos de alta complejidad en nuestro país ha sobreexigido a la institucionalidad, la que ha debido enfrentar la necesidad de adaptarse y responder efectiva y eficazmente a estas estructuras criminales.

La creación de la Fiscalía Supraterritorial responde a este fenómeno y tiene su origen, como se ha dicho, en la reforma constitucional contenida en la ley N° 21.644, publicada en febrero de este año y cuya vigencia está anexada a la aprobación de este proyecto.

Aprovecho de destacar el rol del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien ha impulsado activamente esta reforma, la que hemos respaldado decididamente desde este Congreso Nacional.

Tal como lo conocimos, las fiscalías regionales, enfocadas en el esclarecimiento de los delitos a nivel local, no siempre cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar las redes criminales que operan en múltiples territorios del país, sobrepasando los límites regionales e, inclusive, las fronteras.

Lo veíamos la semana pasada junto al senador Daniel Núñez y a diputados de nuestra región. Participamos en el Consejo Regional Contra el Crimen Organizado de la región de Coquimbo, liderado por el delegado presidencial, Galo Luna , y con la presencia del fiscal regional, del general de zona, del prefecto de la Policía de Investigaciones, de autoridades de Gendarmería, de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos, del Registro Civil y diversos otros servicios públicos.

Ante esta realidad, este proyecto de ley, que permite dar vida a la Fiscalía Supraterritorial, surge como una iniciativa necesaria y estratégica, creando un brazo especializado para enfrentar estas redes criminales.

Quisiera destacar su organización, dividida en macrozonas, ¡por fin!, cada una con jurisdicción sobre al menos dos regiones, lo que permitirá abarcar áreas de mayor extensión y enfrentar redes delictivas que operan más allá de los límites territoriales de las fiscalías regionales.

Este diseño innovador responde al problema estructural del Ministerio Público, cuya fragmentación en fiscalías regionales dificulta una acción coordinada frente a la delincuencia organizada. En contraste, la Fiscalía Supraterritorial trabajará de manera integral, ¡sin barreras territoriales!, lo cual la dota de una visión más global de los fenómenos criminales. Esta estructura también incluye una serie de facultades que dotan de autonomía y recursos a la nueva fiscalía para liderar la persecución del crimen organizado.

Asimismo, Presidente , hemos compartido la preocupación del fiscal nacional con relación a la coordinación efectiva que debe caracterizar al Ministerio Público. En este sentido es un avance que, en sus normas, se le asigne al fiscal nacional una serie de nuevas atribuciones que le permitirán gestionar, coordinar y guiar el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial. Entre ellas, destaca la capacidad de impartir instrucciones particulares al fiscal jefe de esta nueva unidad. Esto se ha cuestionado en algunas intervenciones, y a mí me parece fundamental el poder designar y remover al titular de la misma, y resolver conflictos de competencia que surjan con las fiscalías regionales.

No se puede burocratizar la persecución del crimen organizado.

Además, el fiscal nacional podrá decidir que la Fiscalía Supraterritorial asuma directamente la investigación de ciertos casos críticos, lo cual le otorga un rol central en la dirección de la política criminal del país.

Yo no quiero reiterar lo que se ha dicho, Presidente .

Aprovecho, por cierto, de saludar al ministro de Justicia , Jaime Gajardo , que ha acompañado todo este esfuerzo, primero, como subsecretario y hoy día como ministro .

Pero es importante reiterar que estas nuevas competencias son esenciales para otorgarle al fiscal nacional la capacidad de tomar decisiones sobre investigaciones específicas. Se garantiza que aquellos casos que tengan relevancia a nivel nacional o que revistan una alta complejidad se aborden con una mirada estratégica. Así, se busca un equilibrio entre la autonomía operativa de la Fiscalía Supraterritorial y la coordinación general del Ministerio Público, lo cual es esencial para no reiterar la problemática actual sobre fragmentación de las investigaciones.

Que la coyuntura, Presidente, no nos haga olvidar que este es el objetivo central de este proyecto, que hoy día estamos aprobando en general.

Uno de los cambios más significativos de la iniciativa legal es la creación de un sistema especializado en el análisis criminal para delitos de crimen organizado y alta complejidad. Este sistema reemplazará el actual sistema, unificando los equipos de fiscales dedicados a estos temas en una única unidad de analistas. Este cambio estructural es fundamental, lo dijo el ministro , ya que dotará a la Fiscalía Supraterritorial de una base de datos y de herramientas de inteligencia que faciliten la investigación y persecución de redes criminales.

Lo anterior, tal como se ha conocido durante la discusión de esta materia, responde a la experiencia internacional -no estamos inventando nada nuevo-, que ha demostrado que la persecución penal de estas redes requiere no solo una acción judicial ágil, sino también el uso intensivo de inteligencia y análisis criminal, tal como lo ha reiterado el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Iván Flores en muchas ocasiones, también el senador Kenneth Pugh y otros senadores de esta Corporación que se han especializado en el tema de inteligencia, proyecto que es fundamental que pueda avanzar, Presidente , en la Cámara de Diputados.

Con esta nueva estructura, la Fiscalía Supraterritorial podrá anticiparse a los movimientos de las redes delictivas, fortalecer su capacidad de respuesta y dotarse de una visión integral de los fenómenos de criminalidad.

Y, con el objeto de contribuir al fortalecimiento del ejercicio de la actividad del Ministerio Público, el proyecto también define con claridad las áreas de competencia de esta Fiscalía Supraterritorial, limitando su accionar a delitos particularmente complejos y de relevancia nacional o transnacional, mediante criterios de competencia, como la existencia de antecedentes que permitan presumir la intervención de asociaciones delictivas o criminales en dos o más regiones y los delitos cometidos fuera del territorio nacional, siempre que tengan repercusiones en el ámbito interno.

Finalmente, y con esto termino, Presidente , no quiero abusar del tiempo, pero es importante reiterar que esta iniciativa también prevé la creación de una estructura funcional para la Fiscalía Supraterritorial, lo cual incluye la asignación de fiscales, analistas y personal especializado.

Por eso, como decía el ministro , este proyecto se complementa con el del fortalecimiento del Ministerio Público, que también, como Mesa del Senado, y con acuerdo de todos los comités, hemos puesto en tabla esta semana. Porque se establece una normativa de coordinación entre esta nueva fiscalía y las fiscalías regionales, lo cual es fundamental para lograr sinergias en la persecución penal.

Sin duda alguna, estas normas resultan muy concatenadas con la actual discusión de la Ley de Presupuestos, toda vez que el éxito de esta fiscalía dependerá en gran medida de la correcta asignación presupuestaria, de la capacitación continua de su personal y de la implementación de tecnología avanzada en análisis criminal.

Por eso, Presidente , manifiesto mi voto favorable, advirtiendo que este proyecto de ley representa el cambio más significativo en el diseño institucional del Ministerio Público desde su creación, respondiendo a una legítima demanda de contar con herramientas idóneas para enfrentar el crimen organizado.

Esta iniciativa no solo busca reforzar la seguridad ciudadana, sino también fortalecer la capacidad del Estado para llevar adelante investigaciones penales rigurosas, esenciales para proteger nuestra institucionalidad democrática ante estas amenazas que buscan socavarla.

Voto a favor.

El señor CRUZ-COKE.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Junto con saludarlo a usted y a mis colegas, saludo también al ministro , quien nos ha acompañado en esta discusión desde hace algún tiempo, como subsecretario en su momento.

Agradezco también la proactividad que ha tenido el exministro Cordero en esta materia, y al fiscal Valencia , a la Fiscalía, por poner de relieve un asunto que creo que hoy día preocupa mayormente por la connotación social que ha tomado, por la intervención de distintos grupos, ya no exclusivamente criminales locales, sino grupos que son transnacionales, que están en distintos lugares no solo de Latinoamérica, sino del continente completo, y que operan como verdaderas industrias, como verdaderas empresas transnacionales del crimen y del delito.

Y precisamente, escuchando algunas de las intervenciones, uno se da cuenta de que aquí hay ciertas atribuciones nuevas, que algunos pueden considerar que, en manos de una persona que eventualmente no tenga el buen criterio de utilizarlas bien, podrían ser eventualmente peligrosas. Sin embargo, durante la larga discusión del proyecto, y las largas exposiciones que hemos tenido, entre las cuales, como señaló bien el senador Huenchumilla , pudimos escuchar al exfiscal de Colombia, se optó por un modelo de una suerte de zar especializado en crimen organizado.

Esto, evidentemente, requiere nuevas facultades, como la de designar precisamente al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial en un cargo de exclusiva confianza -esto conlleva también una responsabilidad enorme respecto de quien lo nomina, efectivamente-, y, además, la facultad de dar instrucciones particulares en los distintos procesos que se siguen adelante.

Se escucharon las distintas ponencias, y particularmente lo que investigó en su momento el Ministerio Público y el fiscal, como las experiencias italianas, las experiencias españolas, y se llegó a la convicción de que finalmente este parece ser el modelo que mejor se ajusta no solo a nuestra realidad, sino también a la eficacia con que este tipo de crímenes, o de delitos, deben ser combatidos a futuro.

Hoy día, vemos que esas fuerzas, por distintas razones, por la porosidad de nuestras fronteras, por la capacidad organizativa, por la forma en que se ordenan, por la capacidad de corromper instituciones con que actúa el crimen organizado, demuestran que los instrumentos que tenemos institucionalmente para poder defender el Estado de derecho son tal vez menores que la capacidad de estos grupos para organizarse o la capacidad armada con que cuentan precisamente para cometer este tipo de ilícitos e instalarse en los distintos territorios.

Conversaba durante el fin de semana acerca del caso de Ecuador, que en muy poco tiempo permitió que se asentaran grupos delictivos provenientes del norte de Centroamérica, de México, en particular, y que han causado hoy día que se encuentre prácticamente militarizado, pues es la única manera de poder detener a estos grupos.

Imagino que, salvo situaciones excepcionales, no es el caso al que queremos apuntar. Nosotros ya aquí en el país, en la zona norte y en la zona de La Araucanía, tenemos permanentemente estados de emergencia constitucional, que no son la norma, y jamás deben serlo en un Estado de derecho.

Sin embargo, si contamos exclusivamente con las funciones que hoy día tiene la Fiscalía para poder defender a sus habitantes e investigar este tipo de ilícitos sobre la base de fiscales regionales, quienes pueden operar exclusivamente dentro de un rango más restrictivo y no se les permite intervenir en distintas partes del territorio nacional, tener mecanismos para proteger a los testigos y dar seguridad de que esas investigaciones van a avanzar, sencillamente estamos dando una ventaja enorme y desprotegiendo a nuestra población.

Yo celebro que este proyecto avance, me parece estrictamente necesario; y también celebro que se haya organizado la Fiscalía Supraterritorial a través de distintas macrozonas geográficas, porque, considerando las características de nuestro país, si no detenemos el problema pronto, vamos a tener dificultades enormes para combatir a estos grupos, que están haciendo un daño impresionantemente grande y que se han organizado de manera industrial no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, con distintos tipos de mafias que se están instalando y que hoy día son muy difíciles de controlar, por la naturaleza propia de los delitos y los ilícitos que cometen.

Vamos a votar a favor, y quiero felicitar la acción del Ministerio de Justicia y también del Ministerio Público en esta materia.

Gracias, señor Presidente.

--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, Huenchumilla, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Queda aprobado el proyecto en general y se sugiere como plazo de indicaciones el jueves 19 de diciembre, a las 12 horas, en la Secretaría del Senado.

¿Habría acuerdo?

(Varios señores senadores levantan su mano en señal de aprobación).

Muy bien.

¿ Ministro ?

El señor GAJARDO ( ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Si fuese antes, mejor.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Para el jueves 19 de diciembre se fija el plazo para presentar indicaciones.

Si se puede acordar antes, mucho mejor. Pero, en principio, ese sería el acuerdo.