Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 334 y siguientes del Reglamento de la Corporación, corresponde considerar, hasta su total despacho, la acusación constitucional deducida por diez diputadas y diputados en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales .

Antecedentes:

-Acusación constitucional deducida en contra de la ministradel Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales , sesión 80ª de la presente legislatura, en lunes 30 de septiembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la Acusación Constitucional deducida en contra de la ministradel Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales . Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En virtud de lo preceptuado en la letra b) del artículo 44 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ofrezco la palabra al diputado señor Luis Sánchez Ossa para sostener la acusación.

Tiene la palabra, diputado Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, en el Chile de Gabriel Boric 3,5 personas son asesinadas en promedio todos los días. Desde marzo del año 2022 hasta junio del año 2024 van 2.916 homicidios, según las cifras oficiales del gobierno. Más de cien personas son asesinadas al mes en Chile. Y esto que relato, que fue materia de discusión en la comisión, la exprés comisión revisora de la acusación constitucional, respecto de las cifras y su procedencia, son cifras oficiales del Ministerio del Interior.

Si esta crisis de inseguridad sigue igual, al 11 de marzo del 2026 serán más de 5.000 las personas asesinadas durante el gobierno de Gabriel Boric, lo que transformará a este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, en el gobierno de Chile más sangriento en materia de homicidios en la historia reciente de nuestro país.

La ministra del Interior lleva 25 meses en el cargo y bajo su mandato más de 2.200 personas han sido asesinadas. De esas, en 2022 hubo 54 víctimas niños o adolescentes, y en 2023 fueron 66 los menores de edad asesinados. Y quiero hacer un doble clic en esto, porque también fue materia de conversación en la comisión revisora, porque el gobierno suele sostener que las cifras han bajado especialmente este año. En todos los años que lleva esta administración de Gabriel Boric las cifras de homicidios en nuestro país no han bajado de las 800, cifras que no fueron alcanzadas ni de cerca por ninguno de los gobiernos anteriores, que se mantuvieron en el rango de las 600 y las 700. Solo para que tengan un marco de referencia del nivel de la gravedad de la crisis de inseguridad y de homicidios en nuestro país hoy.

Pero no solo eso, en los últimos 24 meses la violencia homicida ha aumentado sin precedentes. Estamos hablando de descuartizamientos, cuerpos quemados, cabezas humanas, cadáveres enterrados, balaceras, acuchillamientos, secuestros, extorsiones, amenazas entre otros comportamientos salvajes completamente ajenos a la realidad a la que estábamos acostumbrados en nuestro país, la realidad en que mi generación nos criamos y que conocimos.

El total de casos policiales informados por Carabineros este año hasta el 22 de septiembre es de 345.703 casos, entre homicidios, violaciones, lesiones y robos, casi 1.300 hechos delictuales al día, 50 por hora, ¡un país descontrolado!

Hoy los chilenos creen que Chile es uno de los países más peligrosos del mundo. Solo el 36 por ciento de los chilenos se sienten seguros de caminar solos en la noche por la ciudad, al mismo nivel de Zimbabue, Gambia y Botsuana, pero probablemente el subsecretario Vergara nos tranquilizará con que esto es una experiencia de equidad territorial.

La crisis tampoco se ve mucho mejor en materia de inmigración ilegal. El año 2022 los ingresos clandestinos alcanzaron un total de 53.875, según información de la Policía de Investigaciones. De nuevo, esto es información oficial. Este aumento significativo, en comparación con el período anterior, refleja las limitaciones de las políticas de control fronterizo y la creciente presión migratoria debido a crisis en países vecinos.

El promedio mensual de ingresos clandestinos en 2022 fue de 4.490 personas. En 2023 se registraron 44.235 ingresos clandestinos, mostrando una ligera disminución, sí, respecto del año anterior, pero aun manteniendo cifras altas, mucho más altas que las que se registraban en períodos de gobiernos anteriores.

El promedio mensual de ingresos clandestinos durante este año fue de 3.686 personas, y hasta el momento, en 2024, la PDI ha registrado 10.692 ingresos clandestinos en los primeros cuatro meses del año, y, por lo mismo, quiero hacer un especial llamado a todos nuestros colegas que son del norte de nuestro país. Especial dolor debiesen sentir cada uno de ustedes y especial empatía siento con cada uno de ustedes por el sufrimiento que representan de miles de compatriotas en la zona norte de Chile.

En tanto, las expulsiones han disminuido y hay una expectativa muy compleja respecto a procesos de regularización masiva que podrían implementarse en los próximos meses, lo que, sin duda, consolidaría la enorme crisis migratoria que enfrenta nuestro país.

Esta crisis no puede atribuirse exclusivamente a este gobierno, lo hemos dicho. Tampoco puede atribuirse exclusivamente a las ministras de Interior y Seguridad Pública que han ejercido el cargo, Izkia Siches y Carolina Tohá . ¿Hubo errores en el gobierno anterior, en todos los gobiernos anteriores? Sí, por supuesto. Pero el gobierno que hoy día está ejerciendo el cargo es el de Gabriel Boric, la ministra que hoy día está en el cargo es Carolina Tohá y lo que pretenden sostener algunos sectores políticos: que no se le puede exigir supuestamente lo imposible a la ministra, nosotros estamos completamente en desacuerdo con eso, porque ante las crisis se miden los liderazgos y ante momentos difíciles, el estándar y la vara deben ser mucho mayores. Y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con todo nuestro país, no tiene techo y merece, por lo mismo, la atención, la preocupación especial y todo el trabajo por parte del gobierno, y eso no lo hemos visto.

La única certeza que tenemos es que hoy -como decía gobierna Gabriel Boric ; junto a él, la ministra del Interior Carolina Tohá . Son ellos y el conjunto de su gobierno los actualmente responsables del orden y la seguridad pública y quienes tienen el deber constitucional y legal de proteger a los chilenos y enfrentar con fuerza a los delincuentes, a los vándalos, a los terroristas y a los narcotraficantes, y en eso han fracasado estrepitosamente, y se planteó en la comisión revisora. Las cifras están ahí a la vista, se las expusimos al subsecretario Monsalve , que veo que no ha llegado, pero sería bueno contar con él porque quizás en esta ocasión aquí, en la Sala, la ministra -va representando la posición de todo el Ministerio del Interiorsí va a tener la valentía, la sinceridad de reconocer y explicar por qué si han hecho tanto desde el Ministerio del Interior los resultados no los acompañan y están lejos de acompañarlos.

Es un insulto a la paciencia de los chilenos cuando el subsecretario Vergara afirma que se ha dado un paso en la equidad territorial porque hay diversidad de los hechos delictuales, si miramos dónde y cómo ocurrieron. ¿En qué país vivimos cuando una autoridad del gobierno hace ese nivel de afirmaciones? Y en el Congreso, en esta Cámara de Diputados hay colegas dispuestos a blanquear eso, a blanquear esas expresiones, a echarlas hacia un lado como si fuese algo livianito, como si fuese algo que da lo mismo. A nuestros compatriotas no les da lo mismo. No les da lo mismo que se ningunee el dolor, el sufrimiento. Me imagino que todos hoy día en la mañana veíamos los nuevos hechos policiales que se observan en las noticias. Y esto es de no acabar nunca, porque el gobierno no se hace cargo.

Es un insulto también a la inteligencia de los chilenos cuando la ministra Tohá afirma que la cantidad de víctimas de homicidio de los días de feriados de fiestas patrias ha sido similar a lo que hay en días habituales, siendo que la semana de fiestas patrias de 2024 fue la más sangrienta de la historia reciente, con 37 muertos.

Lo señalaba recién, las cifras están disponibles. Son cifras incluso del mismo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, específicamente del Observatorio de Homicidios, que dirige el subsecretario Vergara , quien también me gustaría que nos pudiese acompañar hoy para explicarnos a qué se refería con esa supuesta equidad territorial.

Cada uno de los años del gobierno de la administración del Presidente Gabriel Boric , tomados individualmente, indican que la cantidad de homicidios ha sido infinitamente superior a cualquiera de los años de gobiernos anteriores. Esto nunca se había visto antes, ni con gobiernos de centroizquierda ni con gobiernos de centroderecha. No es un tema ideológico, no es un tema de determinados sectores políticos o de partidos, no es de los de aquí ni de los de allá; es un tema de ineptitud.

Quiero creer que la centroizquierda y la izquierda tienen personas mucho más preparadas y capaces de enfrentar este tipo de crisis de inseguridad que quienes están liderando hoy. Porque si esto es todo lo que tienen para ofrecer al país, es una triste realidad.

Es un insulto a nuestro país pretender hacernos creer que todos los avances en materia de seguridad, hasta los más mínimos, no se han debido, además, al invaluable aporte de la oposición, que ha aprobado los proyectos de ley, el financiamiento, el presupuesto y las atribuciones necesarias para que se produzcan estas mínimas correcciones.

Basta con ver lo que sucedió cuando votamos la “ley antiterrorista” hace unos días. ¿Qué pasó? ¿Quiénes votamos a favor? ¿Quiénes votaron en contra? Queda meridianamente claro quiénes están ayudando al gobierno en lograr esas mínimas correcciones, esos mínimos cambios, que es la mínima distancia que está dispuesta a recorrer la izquierda.

Cada vez que les hemos planteado -lo he hecho directa y personalmente a la ministra y a los subsecretarios, lealmente y en privado, la visión que tenemos los republicanos respecto de los cambios que debiesen hacerse -me imagino que eso lo han hecho todos los demás-, hemos quedado decepcionados, los distintos sectores políticos, porque no hay ninguna voluntad ni disposición a realizar esos cambios.

Supuestamente, el descontrol en las fronteras, el control territorial que ejercen las bandas criminales o la presencia del narco en nuestros barrios es algo inabordable para el gobierno y no se le puede exigir a ninguna autoridad. Triste realidad.

Por lo menos desde la oposición, creemos que el estándar debiese ser mucho mayor y que los chilenos no se merecen que les digan que es imposible.

También es un insulto a Chile pretender hacernos creer que el rol de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte y en la macrozona sur, con estados de excepción que ya parecen estados de normalidad, no ha sido determinante para enfrentar el terrorismo en el sur y la inmigración ilegal en el norte. Sin embargo, como mencionaba, lo han enfrentado a duras penas, con la mayor capacidad que pueden tener, las Fuerzas Armadas, a quienes el gobierno, en el proyecto de ley de presupuestos que se acerca, no quiere ni siquiera entregarles el fondo de capacidades estratégicas que estaba comprometido desde el año pasado.

Aprovecho la oportunidad de que está presente el ministro Marcel para recordarle, por su intermedio, señor Presidente, la promesa que se hizo el año pasado. Yo estaba ahí y lo escuché con mis propios oídos, no me lo contaron.

Precisamente por esa desconexión profunda entre el gobierno y la realidad, no podemos perder un minuto más con un equipo que es incapaz e incompetente para enfrentar estos enormes desafíos, y por la falta de reacción del Presidente de la República para remover y renovar su gabinete de seguridad, la acusación constitucional, como medio de control político y jurídico, se hace indispensable e inevitable.

Se hace indispensable -es importante destacar estoporque desde la oposición y desde el Partido Republicano, al cual represento, hemos ejercido todos los medios de fiscalización de los cuales disponemos en el Congreso Nacional. Asimismo, hemos colaborado en iniciativas que han emprendido otros partidos y otras coaliciones de esta Cámara, precisamente en estrategias de fiscalización, como el envío de oficios, la realización de sesiones especiales y la creación de comisiones investigadoras.

Se ha hecho de todo para evitar llegar a esto, pero no ha existido la voluntad por parte del Ejecutivo de atender los llamados de atención que hacemos, no como políticos, sino en representación de millones de chilenos que hoy están desesperados y exigen soluciones; soluciones que el gobierno no quiere entregar, por las razones que sea. La ministra tendrá que explicitar esas razones a través de su defensa.

Existe una clara relación de causalidad entre las omisiones y las decisiones del gobierno y el agravamiento de esta crisis. Bajo el mandato de la ministraTohá se ha intensificado el crimen, el narcotráfico y el flujo migratorio ilegal. La incapacidad de implementar un plan efectivo configura una infracción grave a los deberes del cargo. Al no haber ejercido adecuadamente las facultades que la Constitución y la ley le otorgan, se ha generado un vacío de poder que ha permitido el avance del crimen y la inseguridad.

La acusación constitucional no es un acto meramente político, sino un proceso jurídico necesario para hacer rendir cuentas a las autoridades que, por acción u omisión, han contribuido a la crisis actual.

La ministra Tohá debe responder por las decisiones que ha tomado y las omisiones en las que ha incurrido durante su gestión. No se trata solo de evaluar el contexto heredado de gobiernos anteriores, sino de exigir respuestas concretas al gobierno que hoy detenta el poder, que ha demostrado una incompetencia manifiesta en la materia y que -insistimos en el punto lo único que ha hecho ha sido echarle la culpa al empedrado, apuntar hacia gobiernos anteriores, señalar que la crisis es imposible de abordar, que lo que ocurre en las calles de nuestro país es inabordable para ellos, y que, en realidad, supuestamente no se puede hacer nada.

De verdad, no lo entiendo. No entiendo que personas que han decidido libremente comprometerse con Chile a enfrentar los grandes desafíos que vive nuestro país y los que pueden aparecer por delante no comprendan la profundidad de ese compromiso que se asume con el país. Parece haber una liviandad de tal magnitud -de hecho, la hemos visto en la comprensión de la dimensión de ese compromiso, que los lleva incluso a hacer ese tipo de afirmaciones: “No, es que esto es demasiado complejo. Es muy difícil. A nadie se le puede pedir lo imposible”.

Nosotros no creemos eso. Creemos que el estándar que se nos debe aplicar a cada uno de nosotros debe ser mucho mayor. Si en el futuro nos toca a los republicanos asumir ese compromiso, esperaremos también que la ciudadanía nos demande ese estándar, el mismo nivel de exigencia para cumplir con Chile.

No nos pueden decir que es normal la cantidad de homicidios que se registra en Chile; no nos pueden decir que es normal la cantidad de inmigrantes ilegales que cruzan diariamente nuestras fronteras; no nos pueden decir que es irrelevante, que da lo mismo, que es normal, la cantidad de personas que mueren asesinadas, como ocurrió en fiestas patrias y como está ocurriendo todos los días.

Cada uno de nosotros, debido a la labor que desempeñamos en esta Cámara, hemos conocido historias, testimonios, sufrimientos concretos de personas, con nombre y apellido, que nos toca representar y que nos llaman constantemente la atención, preguntándonos: “¿Cuándo van a hacer algo? ¿Cuándo van a tomar alguna medida? ¿Cuándo van a implementar algún cambio?”. Lamentablemente, tenemos que estar día tras día diciéndoles: “Depende del gobierno”. No es agradable estar en esa posición.

En definitiva, esta acusación constitucional se presenta como una medida indispensable para afrontar las infracciones a la Constitución y a la ley por parte de la ministra del Interior y Seguridad Pública, las cuales son específicas y están contenidas en la acusación constitucional.

El artículo 1o de la Constitución, el artículo 19, número 7o, y múltiples leyes que se invocan, por ejemplo, la ley de migraciones y la ley orgánica del Ministerio del Interior, están refrendadas en la acusación.

Quiero detenerme un segundo en esta parte, para señalarles a los colegas -por su intermedio, Presidente que actúen con honestidad intelectual. No se puede decir que una acusación constitucional es infundada cuando todos los fundamentos están contenidos en el texto; no se pueden cuestionar las cifras cuando provienen, directamente, del mismo ministerio que lidera la ministra a la cual estamos acusando constitucionalmente; no se puede decir que aquí no se invocan causales específicas de la Constitución o incumplimientos concretos de la ley, cuando están todos contenidos en el texto.

Creo, Presidente, que esas afirmaciones de la izquierda tienen su origen en el poco interés que hubo por analizar el texto de esta acusación constitucional. Capítulo aparte merece el trabajo liderado por mi colega, diputado Jaime Araya , quien -por su intermedio, Presidente tuvo gran responsabilidad en la forma en cómo ocurrieron las cosas, una forma que transgredió el Reglamento y la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Por esa razón, lo llevaremos a la Comisión de Ética, y razón por la cual también le hemos pedido al Secretario de la Cámara que emita un pronunciamiento oficial respecto de cómo se interpreta la normativa, para que así nadie de nuevo pueda arrancarse con los tarros -como se dice en buen chileno-, porque eso ya ocurrió una vez.

Esta acusación se presenta para afrontar estas infracciones a la Constitución y la ley: una inacción gravísima, una falta de políticas efectivas y una desconexión con la realidad que han derivado en un estado de inseguridad sin precedentes en la historia reciente del país. Esto configura, además, los elementos necesarios para proceder con este mecanismo de control político, indispensable para que le exijamos a este gobierno hacerse cargo de los grandes dramas del país, que no está atendiendo.

Como dije recién, es indispensable hacer una mención aparte con lo que ocurrió en la comisión revisora, porque sé que hay algunos colegas que todavía están indecisos y reflexionando. La forma cómo esta Cámara de Diputados ha tramitado esta acusación constitucional en la comisión revisora, debiese motivar la indignación de cada uno de nosotros, independientemente de los sectores políticos.

¿Cómo puede ser que si el mismo Reglamento establece un plazo de seis días para tramitar esta acusación constitucional, en menos de 24 horas se haya emitido un pronunciamiento por parte de la comisión revisora?

Por su intermedio, Presidente, quiero recordar las palabras de mi colega Guillermo Ramírez , que en la comisión señaló: “no hemos tenido tiempo siquiera de leer la contestación de la ministra”.

Los cinco miembros de la comisión revisora votaron la acusación constitucional sin leer la contestación de la ministra, contestación que, por lo demás, tal como expresamos a la opinión pública, tenía al menos 19 páginas virtualmente idénticas a la contestación que presentó otro ministro de otra cartera por otra acusación, por otros hechos. Al menos eran 19 páginas en las que cambiaban y ponían una coma por acá, un punto por allá; una palabra la movían para antes, otra para después, pero, básicamente, era lo mismo. No obstante, es claro que los colegas de la comisión y el diputado Jaime Araya -por su intermedio, Presidente no tenían cómo darse cuenta de eso si es que no leyeron esa contestación.

De verdad, tengo la duda de si siquiera leyeron la acusación, porque no entendían, por ejemplo, por qué en la comisión revisora de la acusación propusimos invitar a la embajadora de Estados Unidos. No tenían idea por qué propusimos eso, siendo que la Embajada de los Estados Unidos fue la que emitió una alerta -una vergonzosa alerta que, personalmente, me avergüenza-, señalando a todos los ciudadanos de ese país que estén considerando viajar a Chile que tengan cuidado, porque el país no está muy tranquilo. Represento a la Región de Valparaíso, que vive fuertemente del turismo, y aquí hemos visto día a día las consecuencias.

Cuando converso con representantes del comercio, me transmiten las consecuencias que se viven a diario en un país descontrolado.

Pero quiero volver al punto de lo que ocurrió en esa comisión revisora. Debiese indignarnos a todos que se falte al Reglamento y a la ley orgánica, así como que se ponga término al funcionamiento de una comisión revisora sin siquiera haberse tomado un acuerdo, a sabiendas del presidente de esa comisión de que el Secretario de la Cámara estaba señalando que eso era ilegal y antirreglamentario. Y sé que el presidente de la comisión lo sabía, porque yo mismo me encargué de mostrarle el mensaje, pero él perseveró. Solo puedo imaginarme por qué perseveró.

Por su intermedio, Presidente, no le atribuyo exclusivamente al diputado Jaime Araya la intención de todos estos hechos. Me imagino que alguna conversación hubo con la ministra, o con la defensa, o, quizás, con el ministro Elizalde , que también nos acompaña hoy. Me lo imagino -reitero, me lo imagino-, porque es bien extraño que se tome una decisión tan transparente ante todos los chilenos como no querer discutir la cuestión de fondo de una acusación constitucional.

Señalé que quien nos estaba acompañando en la comisión era mi colega Cristián Araya . Apenas se produjo la votación, los demás diputados miembros de la comisión revisora -oficialistas, por supuesto arrancaron, porque podemos imaginar que, incluso a ellos, les provocó vergüenza haber tenido que ser parte de ese espectáculo.

Presidente, aquí, evidentemente, se ha faltado a todas las formas. Tanto el oficialismo, en este Congreso, y también la ministra, han tenido una estrategia de manejo en la comisión revisora, siendo la acusación constitucional una facultad contemplada en la misma Constitución, en la ley orgánica constitucional del Congreso y en el Reglamento, además de ser una institución propia de esta Cámara de Diputados y del Senado, independientemente de cómo se use. Puedo entender que, a algunos, quizás no les parezca cómo se usa la acusación en este caso o en otros. Eso es parte de la democracia y lo puedo entender, pero todos debiésemos defender la institución en sí misma. Porque aquí, en esta Sala, no se salva ni un solo partido político o coalición de haberla usado en el pasado.

Ayer, en una reunión de Comités, precisamente discutíamos la importancia de defender la Constitución, las leyes, abordando la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros respecto de las normas que nos rigen.

Al menos, nosotros tenemos la convicción de que, si hemos recibido la confianza de todos los chilenos para estar sentados aquí en el Congreso -la misma que, por supuesto, han recibido los miembros del gobierno que aquí nos acompañan-, una responsabilidad y un deber mínimo que tenemos es respetar la ley y hacer que esta se respete. Y nosotros, como Congreso, nunca vamos a tener la cara para enfrentar a la ciudadanía y recuperar esa reputación perdida de las instituciones políticas de este país, mientras no seamos capaces de cumplir con la ley y no usar artimañas para evitar la discusión sobre el fondo de una acusación constitucional.

Especial mención merece, además, la vergüenza que tuvimos que pasar en esa comisión revisora con personas ajenas a este Congreso. Profesores universitarios, dirigentes de la sociedad civil y trabajadores de los consultorios que fueron víctimas de ataques por parte de bandas criminales en los últimos días, se les invitó a las 00:00 horas para estar sentados en la comisión a las 09:00 horas del día siguiente. Eso, al menos en el español que conozco significa "no venga". Y sé que muchos de ellos lo entendieron así, porque nos lo transmitieron directamente, señor Presidente.

Independientemente de que esa decisión no pasó ni por mí ni por mi bancada, la forma en cómo se hizo esa invitación me da vergüenza, me da vergüenza por todos nosotros, me da vergüenza por el Congreso Nacional, me da vergüenza por la política en este país y me da vergüenza por todos los chilenos que han confiado en nosotros.

Creo que esos hechos debiesen llamarnos a cada uno de nosotros a entender que, independientemente de los resquemores que podamos tener respecto del uso abusivo que en el pasado sí se dio respecto de las acusaciones constitucionales, en este caso, por la forma vulgar como se ha manejado la defensa, es indispensable que avancemos, porque no podemos permitir que se use este nivel de artimañas para desechar una discusión sobre el fondo, respecto de la tremenda crisis de inseguridad que una ministra ha protagonizado al negarse a estar a la altura de lo que los chilenos esperan, que es un mínimo: cumplir la ley.

Quiero volver entonces. La situación de crisis y violencia que atraviesa Chile ha llegado a niveles insostenibles. La crisis de seguridad a la que nos ha llevado este gobierno se ha transformado en la mayor y más profunda desde el retorno a la democracia; basta revisar los datos de Carabineros de Chile: 2022 y 2023 son los años con más homicidios desde la medición del Sistema Táctico de Operación Policial, el famoso STOP, con 834 y 813 homicidios, respectivamente. Esas son las cifras que les comenté antes, que el subsecretario Monsalve no fue capaz de contestar y se fue por la ramas; a veces hay que contestar las cosas de frente. Sin mencionar, además, los niveles de violencia y de organización del crimen a los que, lamentablemente, nos hemos acostumbrado.

En este contexto, los quiero invitar a hacer memoria. El 1 de junio de este mismo año, en este mismo Congreso Nacional, el Presidente de la República nos dijo fuerte y efusivamente que lo más difícil ya pasó y tenemos motivos para mirar el futuro con esperanza.

Pero ¿de qué esperanza podemos hablar cuando todas las cifras indican que el 2024 será el año con más homicidios en la historia reciente de Chile, superando, incluso, el año pasado, que ya tiene el récord?

De hecho, la semana 39 del año, el incremento respecto del mismo período del año anterior es de 4,7 por ciento. Respecto del 2021 es de -escuchen por favor esto un 61 por ciento.

Ahora, ¿de quién depende esta gestión de la seguridad de nuestro país? El artículo 1° de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo señala claramente: este ministerio “será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias, y coordinará, evaluará y controlará la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención y control de la delincuencia (…) en la forma que establezca la ley y dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior.”. Más claro echarle agua.

Entonces, ¿con qué nos encontramos actualmente? Con un ministerio que no ha podido dar una respuesta efectiva a la crisis en la que nos encontramos, que ha tenido un manejo torpe y reactivo de las circunstancias, sin una estrategia concreta que contenga respuestas rápidas y eficaces para restablecer debidamente el imperio del derecho.

La tibieza en el manejo de la situación ha traído consecuencias nefastas para nuestro país, ya que, en la actualidad, como dije, solo el 36 por ciento de las personas se sienten seguras de caminar solas en la noche.

Les comenté el punto de comparación en el que estamos. No sé si se acuerdan que hace algunos años buscábamos compararnos con la OCDE; ahora nos comparamos con Botsuana y con Gambia. Ese es el punto de comparación hoy en inseguridad.

Desde 2022 a la fecha han sido asesinadas cerca de 2.200 personas, y lo peor de todo, lo más terrible de todo esto, es que, de estas 2.200 personas, 54 fueron niños o adolescentes. En el 2023 fueron 66 los menores de edad asesinados. Los niños primero, ¿o no? Todo esto en un gobierno en que, al parecer, como dije, los niños iban a estar primero.

Por eso, considero firmemente que esta acusación constitucional cumple completa y totalmente con todas las exigencias legales y constitucionales, porque desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se ha comprometido gravemente la seguridad de la nación, se ha infringido la Constitución y las leyes, y se han dejado muchas de estas sin ejecución.

La ministra decidió no deducir la cuestión previa, pero igual es importante hacer una reflexión respecto de lo que es la cuestión previa. Se alega, además, y se señala como parte de los fundamentos de la contestación, esa que, como les dije, en la comisión revisora algunos no leyeron…

El artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece que antes de que la Cámara de Diputados inicie el debate, solo el acusado podrá deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política exige. Al no deducirla en la Sala, me imagino que con eso la ministra del Interior reconoce que esos requisitos sí se cumplen y se cumplen plenamente.

El debido análisis de la cuestión previa, tan profundo como aquel que es necesario realizar al propio escrito acusatorio, es fundamental para tomar una decisión informada sobre el asunto sometido a consideración de esta Sala. Por eso hoy denunciamos con tanta energía la premura escandalosa con la que se aprovechó una mayoría circunstancial para tramitar la acusación en la comisión.

Creo que hablar de premura es ser generoso, por las mismas razones que he señalado. Aquí hubo un actuar evidentemente concertado -no me cabe duda para que esto no se discutiera en la comisión.

Solo espero que, con la exposición de la defensa, la ministra sí tenga la sinceridad de reconocernos por qué ese afán en la comisión de que se discutiera lo menos posible y se hablara lo menos posible. Por primera vez vi en nuestros colegas de izquierda un silencio casi sepulcral durante el debate en la comisión. Casi no hablaron. ¿Por qué será?

No voy a profundizar mucho más en esto. Por ello, aquello que hemos denunciado constantemente sobre el tiempo que se destinó al estudio no solo es una irresponsabilidad, con todas sus palabras, una irresponsabilidad constitucional e institucional de parte de quienes han asumido…

(Hablan varios señores diputados a la vez)

Señor Presidente, pido que llame al orden a los colegas, porque distraen a quienes estamos tratando de exponer en forma seria.

Decía que no solo es una irresponsabilidad constitucional e institucional de parte de quienes han asumido la conducción de esta acusación, sino también una falta de respeto para todo el país, como lo es también que algunos colegas estén gritoneando, que estén haciendo show.

Estemos un poquito más a la altura de lo que Chile espera, especialmente cuando estamos hablando de la crisis de inseguridad y del descontrol migratorio que vive nuestro país, especialmente el norte de Chile, esas regiones tan olvidadas.

Ahora, ¿por qué se alega el incumplimiento de los requisitos para la presentación de la acusación constitucional? En términos generales, las consideraciones planteadas por la defensa dicen relación con la forma del escrito, la interpretación de la causal y el instrumento de acusación en sí mismo. Y dentro de estos planteamientos se ha sostenido, en primer lugar, que los acusadores invocan erróneamente la causal de infracción a la Constitución y las leyes.

No se alega -según lo que sostiene la defensa, en esa cuestión previa que estaba contenida en el escrito el incumplimiento de las obligaciones jurídicas regladas ni la determinación de hechos específicos que supongan la infracción de normas de rango legal o constitucional determinadas. Sin embargo, eso es exactamente lo que se verifica en el libelo acusatorio.

Cosa distinta es que la defensa no esté conforme con los argumentos para justificar la causal. Sin embargo, aludir que no se alega el incumplimiento de deberes legales simplemente no resiste análisis, no se condice con la realidad y refleja una falta de lectura total del texto. Pero, además, se hace una relación detallada de los hechos que fundamentan la causal invocada.

Nuestra Constitución es clara al señalar que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia. Por su lado, la misma ley N° 20.502 a su vez es clara al señalar que será el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por intermedio del ministro, quien deberá velar por la mantención del orden público en el territorio nacional, así como establecer que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependen exclusivamente de este ministerio. O sea, por favor, qué mayor detalle se requiere en la ley para entender que la responsabilidad es de la ministra.

Los hechos sobre los cuales se ampara el escrito para dar por acreditada la causal encuentra como fundamento principal la crisis de seguridad. Pero, lejos de querer atribuir hechos ambiguos, este libelo es claro cuando se enumeran acontecimientos delictivos específicos que responden necesariamente a la falta de ejecución correcta de la norma, fundamento suficiente para dar por desechada la cuestión previa que se somete a conocimiento de esta Sala -en realidad, se sometió a conocimiento de la comisión revisora-, al concurrir los requisitos necesarios para deducir la acusación.

En cuanto al contenido propiamente tal de la acusación, para conocimiento de todos, conviene señalar que la crisis de seguridad en la que se encuentra inmerso nuestro país no podría sino aparecer como consecuencia necesaria de las constantes omisiones del gobierno y, en particular, de la ministra Carolina Tohá en el manejo de la seguridad pública.

Argumento en favor de esta afirmación es que en las más de 150 páginas presentadas por la defensa no hay ninguna mención al manejo de situaciones tan complejas como las que nos ha tocado vivir en este último tiempo. Cuando menos es decepcionante -muy decepcionante que en todo su relato no se haga mención, por lo menos, a los mártires de Carabineros, sin mencionar a los miles de chilenos que han perdido la vida a causa de un gobierno que simplemente no ha sabido responder.

Peor aún, a lo largo del escrito de contestación el gobierno se felicita -lo hemos visto, además, incluso en cadenas nacionales por avances en la remuneración de las policías, las leyes para protegerlos y el reforzamiento de la valoración ciudadana, todos logros que no son atribuibles al gobierno de manera individual.

La gran mayoría de esas iniciativas, por lo demás, ha sido apoyada por la oposición, a veces con ruido interno dentro del oficialismo, omitiendo, además, convenientemente el antecedente de que la cifra más alta de carabineros asesinados corresponde precisamente a este gobierno.

Al día de hoy no hay quien pueda cuestionar la crisis en la que se encuentra inmerso nuestro país. Sin ir más lejos, el martes pasado, en paralelo a la aparición de la contestación, supimos de un adulto mayor que era asesinado en la comuna de Maipú, producto de una encerrona que tenía como objetivo hacerse de su camioneta mientras salía de su casa. Esta ha pasado a ser la tónica de todos los días. No hay día en que no nos enteremos de más hechos de delincuencia, de más asesinatos, de más muertes innecesarias, de más inmigrantes ilegales que entran por nuestras fronteras, y el gobierno parece estar de adorno. El gobierno está muy feliz y conforme con lo poco que ha hecho hasta ahora.

En este mismo sentido, resulta cuando menos dudosa la garantía que hoy proporciona la ministra de protección de la seguridad de todos los chilenos. Los delitos de mayor connotación social -encontramos acá homicidios, violaciones, lesiones, robos con violencia, robos con intimidación, hurtos-, según el Sistema Táctico Operativo Policial de Carabineros, sumaron el 2022 un aumento de 45,3 por ciento, y el 2023, un aumento de 5,5 por ciento sobre ese 45,3 por ciento del año anterior.

Por otro lado, otro tipo de delito recurrente en el acontecer nacional han sido los robos con violencia. También han aumentado sustantivamente desde el 2022, teniendo un aumento de un 63 por ciento el 2023, un 8,5 por ciento el 2024, y hasta el 29 de septiembre, un 3,8 por ciento de aumento también. Todo esto conforme al Sistema Táctico Operativo Policial de Carabineros (STOP).

Puesto que la seguridad no se mide exclusivamente en la calle, creo prudente también referirme a otras aristas de este tema. Según información oficial de Gendarmería, conforme a la última actualización, a comienzos de este mes tenemos 58.556 personas privadas de libertad, de las cuales 67,1 por ciento está en calidad de condenado y 32,9 por ciento en calidad de imputado.

De los últimos cinco años, la cifra actual de presos privados de libertad es la más alta. Consideremos, además, que en nuestro país son muchos más también los condenados que están cumpliendo sus penas en libertad. Es un gran problema que estamos llamados a resolver.

De la población penal referida, 8.749 son presos extranjeros, correspondiendo al 14,9 por ciento de la población penitenciaria total.

Fue parte también de la conversación en la comisión revisora el hecho de que hay tratados internacionales que regulan el cumplimiento de penas de extranjeros en sus países de origen, pero Chile no es capaz de llegar a acuerdo con esos países que tienen tratados firmados. Ellos son suscriptores de estos tratados. Sin embargo, no somos capaces como país de llegar a entendimiento con esos otros países para que reciban a sus ciudadanos condenados por la comisión de delitos en nuestro país, para que cumplan las penas en su país, conforme lo establecen tratados internacionales.

De verdad, me pregunto en qué país vivimos; en qué país vivimos cuando nuestra estrategia, además de entendimiento con otros países, es tan precaria.

Entonces, lo anterior nos lleva a constatar que la situación de seguridad es crítica no solamente en la calle: la realidad de las cárceles de nuestro país no aguanta más.

Una herramienta que aparecía como efectiva para atacar este problema era la generación de mecanismos legislativos que agilizaran la tramitación de proyectos de ley que tuvieran especial importancia para aplacar la crisis. Así aparece el primer fast track legislativo de seguridad, compuesto por 31 proyectos de ley, de los cuales algunos, buena parte de ellos, han logrado despacharse a ley. Muchos de ellos también están estancados, no avanzan.

Pero, más allá de eso, vemos también -es el verdadero problema de fondoque en esos proyectos del fast track no encontramos las verdaderas causas y motivos de la crisis profunda en materia criminal que está viviendo nuestro país.

Solo por darles un ejemplo de una de estas leyes que forma parte del fast track, menciono la creación de un nuevo ministerio. Ya saben, chiquillos, todo espectacular: vamos a crear un nuevo ministerio y eso va a resolver todo. Así no se arreglan las cosas.

Garantizar que las personas que cometen delitos estén dentro de la cárcel, no está ahí; revisar el funcionamiento del otorgamiento de libertades condicionales, tampoco está ahí; garantizar que se cumpla efectivamente la ley de migración en cuanto a la reconducción y expulsión inmediata de personas que son identificadas entrando ilegalmente a nuestro país, tampoco está ahí; penalizar como delito el ingreso ilegal a nuestro país, tampoco.

Entonces, el problema es que actualmente estos proyectos que componen el fast track legislativo llevan en promedio una tramitación de 649 días. Solo uno se ha despachado a la fecha. Los otros dos proyectos de ley con más retraso en su tramitación son la iniciativa sobre la ejecución de sanciones penales y la que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado.

Además, el 48 por ciento de los proyectos de este fast track legislativo se encuentran en primer trámite constitucional y el 29 por ciento se encuentran sin urgencia legislativa alguna.

Entonces, además del problema que levantamos y respecto del cual llamamos la atención nosotros, de que estos proyectos de ley no atienden ni siquiera el centro del problema, se están demorando una eternidad; o sea, de “fast track” no tienen nada.

De la misma forma, la ministra Tohá se jacta de una supuesta estrategia del gobierno para enfrentar la crisis de violencia en la macrozona sur, como si hubiese sido interés del gobierno declarar el estado de excepción en el sur, y obviando que, luego de dos años de excepción, esa única herramienta es la que ha permitido en algo disminuir, pero no erradicar la violencia en el sur.

Especial mención merece, además, que lo que solía llamarse estado de excepción está tristemente convirtiéndose en nuestro país y en algunas zonas especialmente como estado de normalidad.

¡Qué triste es cuando la excepción se convierte en normalidad y tienes que militarizar regiones enteras, para que algo de paz y tranquilidad haya! Ese es el Chile que tenemos hoy con el Presidente Gabriel Boric y la ministra Carolina Tohá .

¿De qué estrategia estará hablando la ministra, me pregunto? Cuando en marzo, en Malleco y Cautín celebraban el cierre del Plan de Seguridad Agroalimentaria, el cual tiene por objeto prevenir delitos y entregar seguridad a trabajadores agrícolas en el desarrollo de las labores de cosecha de granos y frutales, en abril asesinaron brutalmente a tres carabineros.

En julio hubo un intento de descarrilamiento de tren, el cual fue frustrado gracias a la oportuna acción de los operarios ferroviarios y de carabineros, en la provincia de Malleco, donde se encontró, además, un lienzo con su nombre. Y así suma y sigue.

La Araucanía ha estado abandonada a su suerte y con ellos los militares y carabineros que se encuentran aún allí intentando resguardar el Estado de derecho.

Es objetivo, entonces, afirmar que el gobierno ha fallado en el manejo de la crisis de seguridad en Chile. A pesar de las gestiones, los indicadores de criminalidad han mostrado un incremento constante en delitos violentos y sensación de inseguridad. La falta de coordinación efectiva entre las carteras y los niveles de gobierno ha contribuido a una percepción generalizada de descoordinación e ineficacia.

Las medidas implementadas hasta ahora no han logrado revertir la tendencia, lo que refuerza la idea de que las políticas de seguridad no han sido suficientemente exitosas. Lo anterior ha generado un escenario propicio para la internación del crimen organizado en nuestro país, ubicando a Chile -como ya he dicho, pero creo que es importante reiterarlo en niveles equivalentes a los de Zimbabue, Gambia y Botsuana.

La acusación constitucional se presenta por haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, haber infringido la Constitución y las leyes, y haber dejado estas últimas sin ejecución. Si todo lo anterior les parece insuficiente para dar por acreditadas las mencionadas causales, creo que a esta altura hay poco que pueda hacerlo.

Señor Presidente, resulta legítimo que tengamos diversas opiniones en esta Cámara respecto de la forma en que debemos enfrentar como Estado la crisis de violencia e inseguridad que vivimos como país. En lo que no podemos tener dos opiniones es en que Chile efectivamente atraviesa la peor crisis de inseguridad desde el retorno a la democracia. Las cifras hablan por sí solas, y desconocer esta realidad es simplemente tapar el sol con un dedo y faltarles a la verdad a los chilenos.

Nuestros niños merecen poder ir al colegio sin preocupaciones; nuestros agricultores merecen poder cosechar tranquilos; nuestros camioneros poder recuperar la calma, nuestros funcionarios de salud poder atender a sus pacientes sin temor de nada. Nuestro país merece saber que sus autoridades enfrentarán la crisis de frente y sin miramientos.

De manera implícita y luego explícita, la contestación busca constantemente excluir a la ministra del Interior, Carolina Tohá , de cualquier responsabilidad jerárquica, supervisión y coordinación de los aspectos de seguridad y control de inmigración que corresponden al gobierno al enfrentar esta crisis. Yo me pregunto y le pregunto a cada uno de ustedes: si vivimos en un país donde la ministra a cargo de la seguridad pública no tiene ninguna responsabilidad respecto del descontrol en materia de seguridad pública, ¿en qué país vivimos? ¿Qué estándar les podemos pedir a todo el resto de los chilenos, a los empresarios, a los trabajadores, a los estudiantes, a los jóvenes que nos reemplazarán a nosotros en solo algunos años más? ¿Qué estándar le estamos transmitiendo a todo el resto de los chilenos, si la ministra a cargo de la seguridad pública no es responsable de la inseguridad pública?

En la práctica, se busca en la contestación dejar sentado de manera expresa y preocupante que la ministra del Interior viene a ser un elemento decorativo del gabinete del Presidente Boric , para afirmar de manera velada que los verdaderos encargados de la seguridad pública serían los subsecretarios Monsalve y Vergara , que no podemos decir tampoco que estén a un nivel superior que la ministra.

Señor Presidente, creo que ya he relatado con suficiente detalle ante todos los colegas que la crisis de inseguridad no da para más; que el estándar que nuestro país está demandando de cada uno de nosotros, tanto del Congreso como del gobierno, es el más alto posible; que una ministra de Estado, la ministra más importante del gabinete del Presidente Boric , no puede venir a decir, no puede venir a sostener ante este Congreso y ante todos los chilenos que el estándar de cumplimiento de sus obligaciones es el más bajo posible, porque Chile no está para gobiernos de tan precario nivel de compromiso con todos nuestros compatriotas.

Yo les hago entonces a cada uno de ustedes dos llamados distintos: a los que en esta Cámara son de oposición, a que entendamos que tenemos la responsabilidad de hacer, en representación de todos nuestros votantes, un llamado de atención a este gobierno. Y les hago también un segundo llamado a todos los que son oficialistas: en algunas ocasiones, la forma más leal de ser de gobierno es llamarles la atención a los tuyos. La forma más leal de ser amigo de tus amigos, es llamarles la atención cuando se están equivocando. Les hago el llamado a cada uno de mis colegas de izquierda a que entiendan que en algunos momentos ustedes estarán llamados a ese acto de responsabilidad, de decirle a su Presidente, a su ministra, que está equivocando el rumbo, que está dañando al país entero y que están dañando y perjudicando además a cada uno de ustedes.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, cito el artículo 90 del Reglamento, número 2, que dispone que un diputado incurre en falta al orden cuando se sale de la cuestión sometida a examen.

El diputado que acaba de intervenir, debiendo exponer los hechos y las normas del derecho que ameritan una supuesta acusación constitucional en contra de la ministra, en reiteradas oportunidades se refirió a la cuestión previa, que ya fue desechada. No sé si el diputado Sánchez se confundió de minuta o no sabía que apenas comenzó la sesión pasamos directo al fondo.

Además, en reiteradas ocasiones repite números de la realidad nacional -valoramos que esté conociendo la realidad de nuestro país-, pero ningún antecedente dice relación con la responsabilidad o las normas que habría incumplido la ministra del Interior, que es lo que deberíamos estar debatiendo en este momento, razón por la cual se suspendió el trámite en nuestra Comisión de Pesca de la nueva ley de pesca, por las prioridades del Partido Republicano.

Adicionalmente, hace apología a una supuesta valentía de su sector y acusó cobardía del oficialismo en la comisión.

Uno esperaría que aquellos que se dicen defensores de Carabineros no oculten lo que señalan los representantes de la institución ante la comisión y en frente de ellos, cual es que este gobierno ha sido, con sus autoridades, el que ha ocupado todo para fortalecer la institución y acabar con las deficiencias y las falencias.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputado Brito , lo que está señalando no es punto de Reglamento.

El señor BRITO.-

Al igual que ayer, pareciera que quienes utilizan a las policías y los dolores…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputado Brito , parte de lo que ha expuesto el diputado Sánchez era parte de la contestación; pero vamos a acoger también lo que usted nos ha señalado.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ese no era un punto de Reglamento, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Ossa , para que rectifique los hechos que estime necesarios.

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, primero que nada, y antes de comenzar con la réplica, voy a llamar a la calma a mis colegas de la izquierda.

Vamos a hacer una breve réplica porque no es necesario profundizar mucho más en las imputaciones, en los comentarios y en lo que ya hemos expuesto: la crisis de inseguridad y la crisis migratoria que están nítidamente viviendo todos los chilenos en la calle. Así que no se preocupen; calma. Vamos a contestar, y aquí, como siempre, estamos los republicanos.

Señor Presidente, honorable Sala, lamento profundamente que el señor abogado que acaba de intervenir no haya leído con la atención debida la acusación constitucional en cuestión. Si lo hubiese hecho, habría comprendido que las citas que nos imputa como mal formuladas son en realidad citas exactas de la sección correspondiente. Son una reproducción literal de los argumentos esgrimidos en la acusación constitucional contra Andrés Chadwick , documento que fue debidamente discutido, aprobado e impulsado ni más ni menos que por el actual Presidente de la República, don Gabriel Boric Font .

Por otro lado, el abogado del gobierno nos dice que se están haciendo cargo de la delincuencia, pero los hechos demuestran lo contrario. ¿Cómo pueden afirmar que están enfrentando la situación, cuando no se han hecho responsables por los carabineros asesinados en servicio, por los Cesfam atacados y vandalizados o por el profundo daño que la violencia está generando en nuestros colegios, afectando la educación de nuestros niños? Decir que se hacen cargo mientras estas realidades empeoran es una mentira que no se puede seguir tolerando. No se puede sostener que las políticas de gobierno en esta materia son eficaces mientras, año tras año, sus cifras en materia de homicidios, sus cifras en materia de descontrol migratorio dicen lo contrario. Tomar medidas ineficaces es lo mismo que no hacer nada.

Quisiera también hacer una aclaración importante. En ningún momento hemos atribuido delitos a los acusados, sino que nos hemos limitado a referenciar hechos y antecedentes relevantes en el marco de este proceso de fiscalización política. La acusación constitucional no busca imputar responsabilidades penales, sino exigir la rendición de cuentas políticas por la gestión, o más bien la falta de gestión que ha puesto en peligro la seguridad de todos los chilenos.

Se ha dicho que nuestras declaraciones pretenden sembrar el pánico. Nada más lejos de la verdad. Hacer una proyección realista y objetiva sobre la evolución de la delincuencia no es un intento de generar miedo, sino una obligación de nuestra parte como representantes. Personalmente creo que la obligación que tenemos todos aquí, en la Cámara, y quienes están en el gobierno, es decirles la verdad a los chilenos. Y si esas proyecciones reflejan una situación preocupante, eso habla mucho más de la pésima gestión de la ministra responsable de la seguridad pública, que de nuestras palabras. Los hechos están ahí y son ellos los que evidencian la falta de acción en el combate en contra de la delincuencia.

Ministra, por su intermedio, señor Presidente, no nos interesa frenar su carrera política. Si quiere ser candidata presidencial, postúlese; está en todo su derecho. Nosotros no se lo vamos a impedir, como dice el abogado del gobierno. Nosotros lo que queremos es que renuncie y que un nuevo ministro, más competente y más capaz, la reemplace y ayude a los millones de chilenos que están desesperados por la crisis de inseguridad y de inmigración ilegal.

Esto lo hemos dicho desde el primer día y desde un comienzo. Personalmente, lamento que tengamos que estar acá, porque se lo dijimos transparentemente al Presidente y a la misma ministra: “Si renuncia, esto termina hoy día”. No tenemos ninguna intención de inhabilitarla políticamente.

La seguridad pública es un asunto extremadamente serio, y por eso los diputados del Partido Republicano hemos decidido exigir esta responsabilidad política con el rigor que la situación demanda. No estamos aquí para sembrar el pánico ni para maniobras políticas, sino para ejercer el rol fiscalizador que la Constitución nos otorga en defensa del bienestar de todos los chilenos.

Si las proyecciones son alarmantes, la solución no es callarlas, sino tomar medidas urgentes para enmendar el rumbo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Vamos a revisar los dichos expresados por el abogado Juan Ignacio Piña .

Para los efectos de la fundamentación del voto de la cuestión de fondo, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 159, inciso primero, del Reglamento de esta Corporación.

Para ello, cada bancada dispondrá de un máximo de seis minutos, que podrán usar hasta tres diputados por dos minutos cada uno, o hasta dos diputados por tres minutos, o por un diputado por cinco minutos.

A continuación, tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Muchas gracias, Presidente. Por su intermedio saludo a todos quienes hoy día nos acompañan.

Primeramente, quiero declarar que voy a hablar a título personal. Creo profundamente en la divergencia, en la diferencia y, por ende, respeto las posiciones de todos y cada uno de los miembros de mi bancada con relación a esta acusación constitucional.

En segundo lugar, quiero hacer varios comentarios. El primer comentario que quiero hacer es: ¡cómo nos cambia la vida, muchachos! Hace dos años y medio nosotros estábamos en el gobierno y por los mismos argumentos que hoy día se están utilizando defendíamos férreamente a todos y cada uno de nuestros ministros, e incluso dos veces al Presidente Sebastián Piñera .

En los pasillos de este honorable Congreso hoy día hay dos ministros de Estado que con toda desfachatez acusaron a cuanto ministro se les cruzó por el camino y acusaron dos veces con sus votos al Presidente Sebastián Piñera .

No obstante aquello, y no refiriéndome al fondo, porque latamente lo ha hecho el abogado defensor y también mi colega Sánchez como acusador, quiero referirme a la cosa política.

¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir degradando las instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a volvernos revanchistas?

Yo voy a votar en contra de esta acusación no porque desconozca el terrible flagelo que hoy día está viviendo la ciudadanía, no porque desconozca que más de 5.000 personas han muerto durante este período, no porque desconozca que esas familias han quedado al abandono del Estado de Chile, del gobierno de Chile. Sin embargo aquello, creo que nosotros tenemos que hoy día reflexionar cómo queremos proyectar nuestro país para adelante. En materia de seguridad, evidentemente que mucho mejor -por su intermedio, Presidente de lo que usted, ministra del Interior, lo está haciendo. Indudablemente es así.

Pero en materia política, nosotros, y yo desde el mundo de derecha liberal no solamente creo en el combate a la delincuencia, no solamente creo en la libertad de las personas para desarrollar su propio plan de vida, no solamente creo en el crecimiento del país y en la justicia, sino también creo que uno tiene que respetar las instituciones democráticas y las atribuciones que la Constitución nos ha dado.

Yo me opuse con mucha fuerza a todas y cada una de las acusaciones injustas que se les hicieran a los ministros del Presidente Sebastián Piñera y me opuse, desde luego, a las mismas acusaciones que ustedes mismos, en el Frente Amplio, hicieron al Presidente y a sus ministros, pero no por eso tengo que actuar con revancha.

Parece ser que para este país y para los sectores políticos el uso y abuso de las acusaciones constitucionales los lleva a un éxito mezquino electoral. Hoy día tenemos un Presidente que acusó y defendió acusaciones en el Senado al Presidente de la República; tenemos ministros que con sus votos se hicieron cómplices de lo que hoy día estamos viviendo. Yo hago un llamado a las fuerzas políticas, una vez concluida esta, a que de verdad nos tomemos en serio la democracia.

Dicho lo anterior, solo les creeré a ustedes cuando vuelvan a ser oposición, no antes. Yo hoy día estoy votando por la democracia, estoy votando por el respeto a las instituciones y estoy votando por Chile, no estoy votando por la ministra del Interior ni estoy haciendo fe de lo que ustedes hicieron con el uso y el abuso de este instrumento constitucional.

Nos veremos en dos años más cuando les toque ser oposición y veremos si están a la altura de las consecuencias.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Está hecho el punto, diputado Durán . Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Muchas gracias, Presidente.

Saludo por su intermedio a la ministra señora Tohá , a los ministros y ministras que nos acompañan y, además, a la defensa, que ha hecho una exposición contundente que desestima en toda su extensión la acusación a la cual hoy nos estamos viendo enfrentados.

No me cabe duda de que esta es simplemente una puesta en escena que muestra que una parte importante de la derecha chilena no tiene ni ha tenido nunca la capacidad de entregar soluciones a los problemas de seguridad del país y por eso intentan evitar el trabajo de una ministra que con su gestión ha quebrado la tendencia de los homicidios en alza que venía desde el gobierno de Sebastián Piñera. Esa es la realidad.

Esta es simplemente una pataleta del Partido Republicano. Y esperamos que Chile Vamos no siga siendo su vagón de cola, porque lo único que busca esta acusación es evitar uno de los escándalos políticos más importantes de los últimos años: el conocimiento público del caso Hermosilla, que muestra la verdadera calaña moral de la que están hechos.

Llama la atención que se afirme de manera liviana una cifra de homicidios que es definitivamente errónea. Y es simplemente majadería, porque saben que hoy día existe una unificación de datos. La coordinación interinstitucional que impulsó este gobierno permite tener datos claros y certeros para tomar medidas sobre la base de la realidad.

Durante la gestión de la ministra Tohá ha existido una disminución del 9,4 por ciento de los homicidios en el primer semestre del 2024 respecto del mismo período de 2023, según el informe nacional de homicidios consumados. Lo que queda claro al mencionar este dato es que existe una intención deliberada de confundir, desinformar y transmitir miedo a la población. Eso es inaceptable.

Esta falta de seriedad nos hace perder tiempo, tiempo valioso que podríamos estar destinando, por ejemplo, a avanzar en leyes tan relevantes como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que sabemos será un ministerio especializado y que entregará mayores herramientas al Estado para combatir de manera efectiva la delincuencia y los nuevos tipos de criminalidad. Esta es una prioridad para dar respuesta a la ciudadanía, y Republicanos, debo decirlo como parte integrante de la comisión, se ha opuesto permanentemente a su avance.

Llamo a la cordura a los diputados y diputadas de la oposición. Es demasiado evidente que perdieron la compostura ante las próximas elecciones. Y no puede ser que estemos ocupando las facultades fiscalizadoras de la Cámara de forma abusiva, buscando remover autoridades de gobierno sin ninguna justificación. Esto solo continúa profundizando la desconfianza en las instituciones y, por cierto, socavando nuestra democracia.

Por eso, votaremos en contra.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, pocas veces había presenciado defensas tan acérrimas, pero también tan frívolas. Yo, la verdad, no sé cuándo fue la última vez que alguno de los presentes se atendió en un Cesfam o llevó a un pariente a atenderse a un hospital público.

Presidente, le pido que por favor controle las pasiones del gobierno, porque quiero contar algo.

Tuve que esperar a mis 35 años para ver a mi padre llorar con miedo. ¡Y eso no se lo doy a nadie! Hace una semana y media en el Hospital San José de Melipilla, a mi padre, producto de una enfermedad, lo operaron para amputarle sus piernas. Créame que es muy duro ver a un padre sufrir, pero es más duro cuando al despedirme, por haber finalizado el horario de visitas, mi papá me dice: “Hijo, tengo miedo. Tengo miedo de que llegue un narco baleado a este hospital”. Aquí, algunos se burlan del sufrimiento. ¡Esa es la frivolidad que estoy acusando!

Mi padre me dijo: “Tengo miedo que llegue un narco baleado y su rival intente rematarlo en este hospital. ¿Cómo arranco, hijo?”.

Yo sé que a ustedes les da lo mismo, sé que a muchos les da lo mismo, porque aquí se han burlado del dolor que sufre una familia chilena y del dolor que muchas familias chilenas sufren.

Podrán darnos todas las cifras que quieran, pero hoy día, los chilenos de bien tenemos miedo de que baleen a una persona inocente en un hospital. Me podrán decir que, a lo mejor, las cifras bajaron un poco; me podrán decir que, a lo mejor, hemos controlado la situación. Lo cierto es que no es así, y los chilenos lo saben.

¡Háganse responsables de sus votos, porque esto no es en contra de una persona determinada! Lo hemos dicho, y para aclararle al abogado que, mañosamente, utiliza nuestras palabras, si la ministra hubiese renunciado no presentamos la acusación, porque no nos interesa ver si es que ella es candidata a alguna cosa o no. A nosotros lo que nos interesa es que haya un cambio y un golpe de timón en este barco que va derecho al despeñadero.

Es muy duro ver llorar a un hombre de 65 años que se sobrepuso a todos los miedos posibles, que sacó a su familia adelante con sus propias manos; ver a un hombre tenerle miedo, no a una operación de la cual quizás no despertaba -los que son médicos lo saben-, sino a no poder escapar porque no tiene piernas. ¡Son unos inmorales!

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputado Palma , ese no es punto de Reglamento. Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, artículo 90, números 1 y 3. Y por favor, le pido que no me corte el micrófono. Aquí se produjo una situación extremadamente grave.

Quiero que se revisen las grabaciones y se identifique a quienes emitieron gritos de ridiculización a un diputado, colega nuestro, quien tuvo la valentía de contar una situación dolorosísima. Yo, sinceramente, no habría tenido la capacidad para relatar algo de ese estilo sin quebrarme. Creo que este tipo de conductas reflejan el estándar moral de las personas. No le voy a imputar a la diputada Santibáñez , que recogió el guante sola, haber hecho esos gritos, porque no sé de quién vinieron, pero sé que vinieron de la bancada de enfrente.

Por favor, señor Presidente, ponga orden. No permita que este nivel de inhumanidad se exprese aquí en la Cámara.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputado Sánchez , ya hizo el punto. Vamos a revisar las grabaciones.

Tiene la palabra a la diputada Malte Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, esta semana la oposición nos ha tenido dando un triste espectáculo que desprestigia la política y la labor parlamentaria; ayer, votando una acusación constitucional dos por uno, y el día de hoy, una, sin ningún sentido, en contra de la ministra del Interior, a la que se le acusa de abandono de deberes, ofreciendo como única prueba que en Chile se cometen delitos. Es absurdo.

Es cierto que enfrentamos un contexto complejo en materia de seguridad, pero también es cierto que la ministra del Interior ha abordado de manera seria y responsable una crisis que ha sido heredada del gobierno anterior.

No lo digo yo, lo dicen los mismos acusadores en el texto de la acusación constitucional. Cito: “El gobierno anterior, liderado por el Presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado , también fracasó en materia de seguridad pública y combate al terrorismo y las drogas, y control de la violencia”.

Y, aun así, a pesar de reconocer que este es un problema multifactorial, complejo y heredado de gobiernos anteriores, pretenden hacer responsable de manera personal a la actual ministra del Interior, intentando atribuir la crisis de seguridad a la gestión de una sola persona.

No permitamos que un sector político utilice la seguridad de manera oportunista. Acá no hay negligencia ni incumplimiento de responsabilidades, sino una oposición que busca capitalizar el terror de la ciudadanía. Ha sido este Ministerio, bajo la dirección de la ministra Tohá , el que se ha hecho cargo de la crisis de seguridad heredada y ha comenzado a revertir las cifras. Se han implementado políticas públicas efectivas para combatir el crimen organizado, la migración clandestina y mejorar la seguridad en general. Los resultados están a la vista. Chile sigue siendo el tercer país más seguro de Sudamérica. Los ingresos clandestinos han disminuido en un 44 por ciento durante el último año. Entre el 2023 y el primer semestre del 2024, los homicidios han disminuido en 6 por ciento, y otros delitos violentos, en 9 por ciento.

Estos datos son oficiales y son los mismos que los acusadores citan de manera parcial y tendenciosa.

Hago un llamado a la responsabilidad. La acusación constitucional es una herramienta seria, no es un arma para dirimir diferencias políticas. Subamos el nivel de esta discusión y dejemos de ofrecer espectáculos vacíos a una ciudadanía que demanda soluciones reales.

He dicho.

La señora FLORES (doña Camila).-

Señorita Presidenta, nuestro país atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia. Me atrevo a afirmar que es la peor de todas, porque estamos ante un cambio sustantivo en los patrones delictuales, muchos de ellos importados, y que creíamos que solo podíamos ver en el cine. Sin embargo, la ficción alcanzó la realidad, y hoy vemos cómo en nuestro país aparecen cuerpos mutilados al interior de basureros y a nadie le importa.

No obstante, el gobierno no acusa recibo, y lo que parece una completa inmoralidad, por cierto, es cuando se permiten celebrar el éxito de las políticas de seguridad. Por eso es que cada vez que aparecen la ministra Tohá o el Presidente Boric celebrando las cifras de delincuencia, como indicando que sus políticas son efectivas, los chilenos se indignan. Prácticamente todos los delitos violentos han subido y se encuentran dentro de sus máximos históricos.

En el mundo paralelo de este gobierno, la ministra se apresura a celebrar que han bajado mínimamente las cifras respecto del año anterior en homicidios, lo que es doblemente criticable, ya que pone como punto de comparación los máximos históricos y, además, no tiene a la vista que no se trata ya solo de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa.

Este mundo maravilloso del gobierno no lo perciben los chilenos. No es el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) ni el Observatorio de Homicidios, ministra, es la encuesta de seguridad global de Gallup la que nos posiciona como el quinto país en el que la gente se siente más insegura en la calle. Estamos incluso por debajo de países africanos o de democracias fallidas. Esto tiene sentido, pues las violaciones y los secuestros están disparados como nunca lo estuvieron en la historia de nuestro país.

El segundo capítulo acusatorio acierta en constatar cómo este gobierno y sus ideólogos del derecho a la inmigración han puesto todo de su parte para dejar sin efecto la ley de migraciones y, por lo tanto, la voluntad de este Congreso. Se trata de una conducta sistemática en este gobierno, que nos condujo a una migración descontrolada que ha sido fundamental en esta nueva criminalidad, que tiene aterrados a los chilenos.

Sí, el Presidente Boric y muchos de acá ya atacaban la ley de migraciones desde antes de su entrada en vigencia. Este ataque ha sido permitido por la apatía de la ministra Tohá , que prefiere mirar hacia el lado y dejar que el país se siga hundiendo por no interferir en los intereses de Apruebo Dignidad. Ahí radica la responsabilidad de la ministra, quien, con su desidia, permite que la crisis escale y afecte la vida y la integridad de los chilenos.

Votaremos, por cierto, a favor esta acusación.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

¡El pareo no es válido! El diputado Rivas no está pareado, porque no tiene pareo. Por lo tanto, va a ejercer su derecho constitucional de votar.

Para continuar con el debate, tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señorita Presidenta, creo que todo tiene un límite, y los republicanos lo han sobrepasado con creces con este burdo acto de campaña.

Tienen a este Congreso revisando esta infundada acusación solo para que ellos tengan unos cuantos videítos más para sus redes sociales. En vez de colaborar con la seguridad del país, nos distraen de la urgencia de legislar. Creo que este Congreso está para bastante más que para su show.

Para ser simple, Presidenta, esta acusación carece de todo sustento, carece de toda lógica, carece de fuentes confiables y carece de sentido común.

Nada de lo que se imputa en la acusación tiene que ver con el enorme despliegue de la ministra Tohá en materia de seguridad. Esto no lo digo yo, lo afirmaron los mismos expositores que ustedes invitaron a la comisión revisora. Todos ellos les enrostraron sus erróneas cifras y destacaron el alcance y los avances del trabajo realizado por la ministra Tohá .

La lista de acciones es muy larga. Solo diré que se ha aumentado de forma considerable el presupuesto de Carabineros y de la PDI, se ha renovado y aumentado significativamente la flota de vehículos, que estaba en condiciones deplorables; se ha ido aumentando la dotación de ambas instituciones, se ha logrado un control efectivo en nuestras fronteras y se han aprobado más leyes de seguridad que en todos los gobiernos anteriores.

El mismo general Yáñez , invitado por los acusadores, vino a decirles que este gobierno "…se hizo cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía Carabineros…". O sea, vino a decirles a los acusadores que, todo lo que no hicieron en los cuatro años del gobierno anterior, este gobierno lo está haciendo. Y punto.

La única verdad que dicen en la acusación es que Piñera y su gobierno nos heredaron un infierno en materia de seguridad.

De verdad, cuesta creer que algunos de Chile Vamos, su mismo sector, estén dispuestos a apoyar esta acusación. ¿Tan poco amor le tienen a su propio proyecto que aceptan que la ultraderecha los pretenda arrinconar así de fácil y los quiera hacer votar contra ustedes mismos?

Espero que a la UDI y a Renovación Nacional les quede algo de dignidad y que sigan la misma decisión que ha manifestado el diputado Francisco Undurraga , para que no se entreguen a un texto sin fundamento de la ultraderecha, de los republicanos. Todavía esperamos algo más de ustedes.

Por nuestra parte, por cierto, rechazaremos esta infundada y absurda acusación.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Diputado, efectivamente, esa es una norma que corre para todos quienes estén presentes en la Sala.

Por eso, permanentemente insisto en que las diputadas y los diputados vuelvan a sus pupitres y se sienten. Lo mismo se les ha pedido expresamente a los ministros, para que cuando ingresen a la Sala permanezcan en sus pupitres.

He intentado hacer respetar esa norma, pero, lamentablemente, no podemos estar detrás de cada uno.

No obstante, marco el punto y le pido a la ministra y a los ministros que puedan ubicarse en el espacio que se les ha designado para permanecer durante esta discusión, al igual que las diputadas y los diputados.

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, cómo olvidar el gatillo fácil con ocasión de la tramitación de la “ley Nain-Retamal”, cuando trataron de impedir e incluso de llevar al Tribunal Constitucional dicha norma, que ahora permite a Carabineros actuar contra la delincuencia. No nos digan que esto ha sido gracias a la ministra.

Treinta mil extranjeros no han sido expulsados a pesar de tener orden de expulsión.

¿Quién es responsable de eso? ¿Quién es responsable de que tengamos solamente un 50,1 por ciento de cobertura para el plan cuadrante? ¿Quién es responsable? Eso lo dijo también el general Yáñez en la comisión. ¿Quién es responsable de que no haya suficientes carabineros?

¿Quién es responsable de que tengamos un déficit de 40 por ciento en el personal de Carabineros? ¿Quién tiene que hacerse cargo políticamente de esta situación? ¿Cómo se supone que vamos a controlar las calles si no tenemos personal de Carabineros suficiente?

¿Dónde están los planes? ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde está el presupuesto para revertir esta situación? No está. Y el hecho de que no esté es responsabilidad de la ministra del Interior y Seguridad Pública.

Esos son los datos duros, que van acompañados de la certeza de que no existe la prioridad en esta materia. No existe una priorización necesaria. El ministro de Hacienda nos podrá confirmar que en materia de seguridad no vamos a ver lo que necesitamos ver, que es una inversión masiva en reclutamiento de carabineros.

Eso es responsabilidad de quien es la cabeza política de este gobierno y del gabinete, de la ministra que está a cargo de la seguridad, de la ministra Tohá .

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto . No está.

Tiene la palabra el diputado Tomás de Rementería .

El señor DE REMENTERÍA.-

Señorita Presidenta, creo que no hay mucho que agregar a la buena defensa que hizo el exministro Piña. Me habría gustado que el diputado acusador estuviera escuchándolo, no dando puntos de prensa afuera. Habría sido necesario para ver la seriedad de la acusación.

Me gustaría decir algunas frases: “No existen ni recetas mágicas ni las responsabilidades son infinitas”.

“Desde mi perspectiva, por el hecho de haber trabajado con ella durante casi cuatro años, creo que la ministra no tiene absoluta responsabilidad en las situaciones que usted acaba de señalar.”.

“En materia de seguridad, hemos trabajado como nunca frente a un fenómeno que es absolutamente nuevo y emergente en nuestro país…”.

“Querer acusar a una persona, como en el caso de la ministra, como la responsable de todo lo que se ha generado en materia de criminalidad, desde mi perspectiva, lo encuentro absolutamente injusto.”.

Esas no son palabras de un parlamentario de gobierno o de algún ministro, son las palabras del exgeneral Ricardo Yáñez . Estas palabras no son casualidad: son generadas por el trabajo serio que ha liderado la ministra Tohá en implementar las capacidades operativas de Carabineros y de las demás policías.

Durante esta gestión se han adquirido más de 10.000 nuevas pistolas, numerosos vehículos blindados, más de 2.000 nuevos vehículos, en general, porque había un parque automotor destruido cuando se llegó al gobierno. Carabineros se convirtió en la única institución policial en América Latina en contar con un avión no tripulado; se aumentaron las asignaciones de riesgo para los funcionarios que trabajan en la calle, en los lugares en que se producen más bajas. Además, tenemos la compra de equipamiento para la investigación criminal, como son detectores de droga y escáneres de celulares.

Legislativamente, bajo el liderazgo de la ministra Tohá se avanzó con normativas tan importante como la que permite la reincorporación a funciones al personal en retiro, o la que incorpora el uso de cámaras corporales, que, sin duda, han sido un aliciente para el trabajo de Carabineros.

No basta solo con decir que uno apoya a Carabineros; el apoyo se hace con acciones y con recursos materiales, que no existieron durante los cuatro años anteriores.

Ha quedado claro en los discursos que los hechos no son importantes en este caso. El diputado acusador ha sido claro: el objetivo y la causal de esta acusación es darle una lección al gobierno. El diputado Meza ha dicho que esto es para generar un golpe de timón; es decir, la causal que reconocen, que se invoca constitucionalmente, no es relevante. Lo que quieren es generar un efecto político, no sancionar a una persona por sus actos o por sus hechos. No quieren aplicar el derecho presente en nuestra Constitución y en nuestro sistema jurídico; lo que quieren hacer es generar un efecto político para que la ministra renuncie.

Han dicho explícitamente que si ella renuncia esta acusación no sigue. Eso significa que no hay hecho sancionatorio, porque si dicen eso es que no hay hecho que sancionar. Si dicen que una renuncia pararía esto significa que no están sancionando nada, que lo que quieren es cogobernar. Lamentablemente, nosotros como Parlamento no tenemos esas capacidades, no definimos qué ministro se nombra. Los ministros son nombrados por el Presidente de la República. Somos el Poder Legislativo, no el Ejecutivo.

Lo que tenemos acá es una prerrogativa para sancionar acciones, y ellos explícitamente están diciendo que no están haciendo aquello.

Además, quiero señalar que muchos de los argumentos son basados en meros trascendidos de prensa.

Por intermedio de la señorita Presidenta, diputado Sánchez , el presupuesto presentado por el Presidente de la República -acá está el ministro Marcelcontempla por primera vez un aporte basal de 488 millones de dólares para el financiamiento de la defensa y la implementación del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de a Defensa, que están en la partida 50 Tesoro Público.

Si van a basar una acusación constitucional, que lo hagan con hechos, no con notas de prensa que no tienen la información completa.

Esta acusación carece de todo sustento jurídico, y tampoco tiene sustento fáctico. Cuando señala el grave problema migratorio, no señala lo que pasó en los cuatro años anteriores, cuando se hizo una invitación explícita a personas extranjeras a entrar a Chile.

Lo que vemos es que los informes de la PDI nos dicen que hay un descenso significativo de las cifras de ingresos ilegales. Este gobierno sí ha legislado sobre la materia; sí ha habido acciones claras, como, por ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras para combatir la inmigración ilegal. Eso no pasó en el gobierno que ellos lideraron.

Señores diputados de extrema derecha, se combate la delincuencia y se combate la inmigración ilegal con actos como los que ha hecho la ministra Tohá , no por Twitter, como lo hace el candidato que ustedes tienen, ni con acusaciones infundadas, y no se hace, sin duda, haciendo puntos de prensa mientras habla la defensa.

Señorita Presidenta, la bancada socialista va a rechazar, porque esta acusación denigra el trabajo parlamentario. Creemos necesario que la seguridad sea un hecho claro, un combate frontal con políticas públicas y leyes, no con palabras y Twitter.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, que el oficialismo se atribuya leyes del expresidente Piñera , que rechazaron consistentemente, me parece un abuso. Me parece un descaro total que hoy pretendan atribuirse leyes que, gracias a los votos de la oposición, hoy están vigentes, ya que, tristemente, por el país y la situación que vive, ellos se opusieron de manera clara y consistente.

Señorita Presidenta, no es menos cierto que la crisis de inseguridad que le arrebata a diario la vida a familias sin contemplación, cada día de manera más desgarradora, no encontrará su fin o control mediante esta acusación constitucional, pero tampoco es menos cierto que la falta de conducción de esta crisis por parte del Presidente de la República tiene hoy a la ministradel Interior y Seguridad Pública sentada frente a nosotros. Queriendo el Presidente dar una apariencia de tranquilidad que no es tal, se rehúsa a ponerse al frente a liderar día y noche, a hacer cambios y a tomar las decisiones correspondientes ante el principal dilema que vive esta sociedad. Hoy nos enfrentamos a récords de homicidios en la historia de nuestro país de los últimos años, los cuales pretenden normalizar, quizás para no tener un costo político, a pesar de que la tragedia de perder una vida es un costo irreparable, lo que tiene angustiado a un país entero.

Al poner un pie en la calle el temor se apodera de ellos y de sus familias, mientras el Presidente nos muestra lo fácil que es salir a andar en bicicleta. Indignante, cuando la realidad es que las personas comunes y corrientes si no ocupan su auto es por temor a ser víctimas de un portonazo, como aquel en el que le quitaron la vida a un adulto mayor de 75 años hace pocos días, quien, como la mayoría del país, salía a trabajar muy temprano.

Sin duda, la deficiente gestión no es causal suficiente para determinar la responsabilidad constitucional de la ministra, pero sí hay elementos de incumplimiento en las leyes, particularmente en la de migración y extranjería, que la hacen viable frente a un desborde de la migración ilegal. En esto ha faltado coraje por parte de la ministra, quien ha encomendado la labor a un director con una ineptitud evidente, que, por posturas políticas conocidas previas a asumir públicamente, hacía evidente que haría todos los esfuerzos para no controlar el flujo de migración ilegal, como tampoco ejecutar las expulsiones correspondientes. Estamos hablando del director del Servicio Nacional de Migraciones, señor Thayer , principal activista en el período anterior en favor de la migración ilegal, y que estuvo detrás del programa de gobierno del Presidente Boric.

Señorita Presidenta, lo que ha ocurrido es principalmente todo lo contrario al control: más de 115.000 ingresos ilegales, no menos de 1.000 expulsiones, no cumpliéndose con el mandato legal, que ha sido torcido mediante resoluciones e instrucciones como la que establece claramente que no se puede reconducir a migrantes ilegales a países limítrofes -norma inexistente en la ley-, o como la resolución recientemente declarada ilegal por la Contraloría, que establecía una residencia temporal para migrantes ilegales, que vulneraba claramente la ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jorge Durán .

El señor DURÁN (don Jorge).-

Señorita Presidenta, cito el artículo 90, número 5, del Reglamento, que dispone que un diputado incurre en falta al orden si “Dirige la palabra directamente a los ministros, a los diputados o a las tribunas”.

El diputado que habló hace un momento, Tomás de Rementería , se dirigió directamente a los diputados Luis Sánchez y José Carlos Meza y, peor aún, faltó el respeto al cargo honorable de diputado de la República al dirigirse al ministro Mario Marcel otorgándole el cargo de diputado.

Exijo que se llame al orden al diputado Tomás de Rementería .

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Señor diputado, vamos a revisar, como lo hacemos en todas las oportunidades, la alocución del diputado al que usted hace referencia y, en la medida en que lo consideremos adecuado, haremos las advertencias correspondientes.

Tiene la palabra el diputado Cristian Labbé .

El señor LABBÉ.-

Señorita Presidenta, el día de hoy comienza con un menor de 16 años asesinado a tiros en plena vía pública en Huechuraba.

Si vamos a empezar a normalizar el nivel de asesinatos, si vamos a empezar a normalizar el nivel de narcotráfico y cómo hoy todos los ciudadanos tienen miedo y no pueden salir a la calle, tiene que haber una responsable política. ¿Y saben quién es? La ministra Tohá . Ella es la gran responsable de las muertes que están pasando en Chile día a día. Ella es la responsable política. Esta es una cámara política y esta acusación constitucional tiene un tinte político. Su responsabilidad y sus capacidades no han dado el ancho para liderar el Ministerio del Interior.

Además, en esta Sala hay ministras que hacían alusión al perro Matapacos .

Hoy estamos dando una señal. Aquellos que van a votar a favor de defender a la ministra Tohá lo que estarán haciendo será votar en contra de todos esos chilenos que hoy tienen miedo.

El criterio Tohá finalmente termina descabezando a una institución que es Carabineros de Chile. El criterio Tohá es el que hoy celebran los delincuentes, porque este gobierno tiene más puesta la cabeza en los delincuentes y no en los miles de familias que hoy tienen miedo, que no pueden salir a trabajar, que no pueden salir a comprar pan. Los niños y los adultos mayores no pueden salir a las plazas.

Ministra, por su intermedio, señorita Presidenta, creo que es hora de que dé un paso al costado.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señorita Presidenta, llevamos años deteriorando la República; llevamos años y años, desde los distintos sectores y extremos, transformando la política en un circo.

Lo cierto es que cuando el Estado retrocede y cuando terminamos haciendo un circo de esto, los únicos que pierden son, como decía Pablo Neruda , la gente sencilla, mencionada en el poema Oda al hombre sencillo. Ese es el tema de fondo.

El tema de fondo de hoy es que el crimen organizado ha avanzado y tiene al Estado de rodillas. Pero esto no se soluciona con una acusación constitucional. Esto se soluciona con que el Estado se ponga de acuerdo y diga, de una vez por todas, “nos vamos a poner de acuerdo”, como pidió monseñor Chomalí . Monseñor Chomalí nos llamó y nos convocó a que hiciéramos un gran acuerdo por la seguridad. El gobierno no escuchó. Yo no he escuchado que el gobierno efectivamente haya hecho oído y dijera “vamos, vamos detrás de eso”.

Si hubiera que hacer alguna acusación constitucional, habría que pensar también en los parlamentarios de gobierno, quienes en muchos de los proyectos de seguridad votan en contra de su gobierno. ¿Quién es responsable, entonces, cuando los parlamentarios del propio gobierno votan las iniciativas de seguridad en contra?

Pero tampoco nos vamos a dejar llevar por un hecho y por una acusación constitucional que es eminentemente una estrategia electoral. Digamos las cosas como son. Aquí algunos ganan por un lado o por otro. ¿Por qué no se hizo esta acusación constitucional antes? Esta es una cuestión netamente electoral.

Empecemos a trabajar de verdad. Y a aquellos que hacen la acusación constitucional les pediría que hagan una estrategia de seguridad. Presenten la estrategia de seguridad. Yo no la he visto, y por eso me voy a abstener en esta acusación. Me voy a abstener…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señorita Presidenta, ¿cuántas personas más deben ser asesinadas? ¿Cuántos chilenos más tienen que ser secuestrados, extorsionados o asaltados?

¿Cuántos pequeños comercios deben ser saqueados? ¿Cuántas mujeres más deben ser violadas? ¿Cuántos inmigrantes ilegales más tenemos que soportar en nuestro país? ¿Cuántos delincuentes extranjeros tenemos que permitir en Chile?

Nuestra acusación constitucional no tiene otra motivación que lograr un cambio en la negligente conducción del gobierno frente a la grave crisis de seguridad y migratoria que sufre nuestro país.

El gabinete de la inseguridad tiene un problema de fondo: su problema es el temor reverencial al Frente Amplio y al Partido Comunista, a los que creen que un delincuente es víctima de una sociedad injusta que no le dio oportunidades.

Les temen a los que justificaron la violencia octubrista; les temen a los que avalan el terrorismo pseudoindigenista; les temen a los que trataron a Carabineros de una organización criminal que violaba sistemáticamente los derechos humanos; les temen a los promotores y defensores de la primera línea; les temen a los que en esta Sala denunciaban un centro de tortura en Estación Baquedano; les temen a los que justificaban el decomiso de un arsenal en villa Francia y rasgaban vestiduras como si eso hubiese sido una violación a los derechos humanos; les temen a los energúmenos que hace algunos minutos se burlaban del dolor de un colega; les temen, o quizás, en el fondo, no son muy distintos.

La ministra es la responsable de la seguridad de los chilenos y la vemos paralizada, desorientada, improvisando, simulando que hace algo; nos llena de proyectos de ley vacíos, de inauguraciones irrelevantes, de prosa, de fantasía. Para enfrentar la inmigración ilegal, propone un parlante; para reducir el poder de fuego de los delincuentes, acosa a deportistas, a cazadores y a padres de familia, y para combatir la violencia en los colegios, suspende las clases.

Las balas de los narcos no se combaten con declaraciones de buenas intenciones y el terrorismo no se detiene conversando. Mientras simulan que están trabajando y tomando medidas, los muertos los pone el pueblo chileno, en particular las personas más humildes de nuestro país.

Acumulan leyes sin trascendencia con su fast track legislativo, que no es otra cosa que pirotecnia legislativa. Aún más, son una verdadera barricada para la seguridad de los chilenos.

(El diputado Cristián Araya muestra recortes de periódicos)

Todos los proyectos de ley que han sido aprobados y que tienen algún impacto para la seguridad de los chilenos han sido contra la voluntad del Presidente Boric y de la ministra Tohá . Los proyectos útiles van contra la voluntad de las autoridades de gobierno.

Quienes hoy votan en contra la acusación, serán corresponsables, junto a la ministra y sus subsecretarios, de cada chileno asesinado, de cada mujer que sea violada, de cada comercio que sea saqueado, de cada inmigrante ilegal que ingrese por nuestras fronteras.

Diputados, hoy es el momento, mañana será muy tarde, y créanme que se los recordaremos cada día.

Los republicanos votaremos a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señorita Presidenta, estamos en presencia de una acusación constitucional de las más desafortunadas e improcedentes del último tiempo.

Es improcedente, sin duda, en la medida en que de cualquier análisis razonable de ella es evidente que no existen razones que permitan insinuar siquiera que la ministra a cargo de la seguridad en el gobierno que más recursos ha destinado a encarar el desafío de luchar contra la delincuencia y el crimen organizado ha faltado a los deberes de su cargo.

Improcedente, tratándose de la autoridad a la que le ha correspondido conducir como colegislador la aprobación de la mayor cantidad de normas sobre procedimientos, instituciones y mecanismos destinados a proteger a ciudadanas y ciudadanos.

Improcedente también, pues, como ha señalado su defensa, no se han precisado los hechos específicos que implicarían la infracción de normas constitucionales, requisito esencial para su validez.

Pero esta acusación es sobre todo enormemente desafortunada. Lo es, porque, tal como reconoce el libelo, el problema de la delincuencia no se origina en el actual gobierno, sino que los anteriores de distintos signos han debido lidiar también con éxitos y con problemas contra este flagelo.

Y si esto es así, si se trata de un problema que trasciende gobiernos e ideologías, ¿por qué tratar de hacer recaer unas supuestas responsabilidades en la actual ministra del Interior? Ello solo se explica porque esta acusación, como tantas otras actitudes de la derecha, no tienen de verdad el objetivo de avanzar hacia más seguridad para chilenas y chilenos, sino de hacer de este trascendental asunto una consigna vacía de contenidos y propuestas.

Esta es una acusación en contra de los mismos que la enarbolaron. Ante el país se hace evidente que ella nunca se fundó en la sincera convicción del incumplimiento de deberes constitucionales, sino en objetivos estrechos y en una mirada en la que está muy lejos de primar el interés superior de Chile. Así, esta acción más bien se inscribe en la definición que Marx -Groucho, no Carloshacía de la política como “el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

Es, por último, una oportunidad de emplazar a quienes en la oposición quieran de verdad tomarse en serio el problema de la seguridad, de a que antes de que sea tarde, en vez de malgastar tiempos y recursos en maniobras efectistas, busquemos los acuerdos necesarios y posibles para avanzar en seguridad y hacer de esto una verdadera política de Estado.

Votaremos en contra.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Señor diputado, se hará revisión del discurso, que también lo escuchamos, y se tomarán las medidas correspondientes.

Tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señorita Presidenta, la verdad es que, tal como se ha dicho acá, esta es una acusación política. Y les guste más o no les guste más a los diputados que están en esta Cámara, la ministra a cargo de la seguridad es la ministra del Interior y, efectivamente, el tema de seguridad no ha estado a la altura.

Probablemente, muchos van a decir: “no es culpa de esta ministra”. Sin duda, esto viene de mucho antes. Esto viene desde el gobierno de Sebastián Piñera, que no fue capaz de ponerse los pantalones en el tema de seguridad. Pero esta ministra está a cargo hoy. Y esta ministra en el tiempo que lleva no ha sido capaz de revertir las cifras de la manera contundente que todos esperábamos; no ha sido capaz de tomar las decisiones políticas para enfrentar el tema de la migración irregular, tal como está establecido en la acusación constitucional.

De verdad, me cargan las acusaciones constitucionales; creo que no es la forma. Pero, desgraciadamente, este gobierno tiene mucha culpa en esta acusación constitucional, porque no han tomado las decisiones de hacer los cambios necesarios para evitar que esto suceda; no tomaron las decisiones de cambiar subsecretarios que están haciendo mal el trabajo; tampoco han tomado la decisión de hacer cambios radicales en su política frente a la delincuencia, tal como se los hemos solicitado en innumerables ocasiones.

Acá no existe una política para enfrentar el crimen organizado, no existe una política para enfrentar el drama que viven los miles de chilenos con miedo. Y les guste más o les guste menos a mis colegas, la persona a cargo de seguridad sigue siendo la ministra del Interior, y por eso la acusación al cargo que ella ostenta.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señorita Presidenta, Chile vive una profunda crisis de seguridad, quizás como nunca antes la vivimos. El crimen organizado atemoriza a las personas diariamente y poco a poco se toma las calles, especialmente en aquellos lugares donde viven las personas más vulnerables, donde el Estado se ha olvidado de cumplir su rol más elemental: asegurar a todos los ciudadanos su integridad física y psíquica, su seguridad.

Estamos en presencia de autoridades que le bajan el perfil, que relativizan el drama y el dolor que han vivido miles de chilenos. La ministra del Interior, como autoridad política a cargo de la seguridad interior de nuestro país, no puede permanecer inmóvil ante la magnitud de este problema. ¿Cuántas muertes más son necesarias para reaccionar? Su desconexión con la realidad es evidente. En los 25 meses que la ministra lleva en el cargo, más de 2.200 personas han sido asesinadas, entre ellos, niños, niñas y adolescentes.

Las cifras y las estadísticas podrán decir muchas cosas; podrán decir que la cantidad de homicidios se produjo. Lo cierto, lo que sucede en las poblaciones es que la gente vive atemorizada, preocupada, pendiente de no ser víctima de un delito, encerrada en sus casas, secuestrada por la imposibilidad de hacer su vida bajo el temor de no atenderse incluso en la red pública de salud, ante la posibilidad cierta de que el establecimiento sea baleado por riñas entre bandas rivales.

¿En qué momento nuestras autoridades se volvieron indolentes ante el miedo y la desgracia de los miles de chilenos? El fracaso es evidente, es insoportable.

De frente al país necesitamos que las autoridades se hagan responsables y den un paso al costado.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Revisaremos el acta y, en mérito de lo que establece el Reglamento, tomaremos las acciones.

Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señorita Presidenta, no cabe duda de que tenemos una grave crisis de seguridad en Chile. Los nuevos tipos de delitos, la violencia de estos, las bandas de crimen organizado y la presencia de narcotráfico son todos problemas graves que afectan al país y a cada una de sus regiones.

Requerimos acuerdos en esta Cámara y en el Senado con el Ejecutivo para poder sacar adelante los distintos proyectos e ir solucionando estos problemas.

Entonces, la primera pregunta que se ha planteado es si la ministra Tohá es parte del problema o es parte de la solución. Claramente, la ministra Tohá es parte de la solución: ha impulsado leyes, ha empujado cambios institucionales, ha construido acuerdos incluso enemistándose con parte de su coalición, que no siempre la ha acompañado en las leyes que ella misma impulsa.

El mismo general Yáñez dio testimonio de su compromiso y avance durante la gestión de la ministra. Por supuesto que las cosas no se solucionan en un día, faltan muchos aspectos todavía y muchas de las acciones que se han tomado aún no tienen los resultados esperados; pero se ha avanzado en esa línea.

Pero, por supuesto, algunos de ustedes, algunos en esta Sala, no están de acuerdo con lo que he dicho y tienen un juicio crítico respecto del desempeño de la ministra. Incluso pueden tenerlo respecto de sus opiniones o respecto de su estilo. Están en su derecho; es parte de la democracia. Pueden considerar que no lo ha hecho bien. Incluso pueden considerar que es responsable de todos los problemas de seguridad, aunque sería una afirmación osada, dado que la misma acusación señala que los problemas vienen de gobiernos anteriores.

Entonces, la segunda pregunta, entonces, porque eso ha sido el debate: si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal la ministra, es si la opinión crítica del desempeño de un ministro de Estado o ministra de Estado es objeto o no de acusación constitucional. Y no lo es. ¡No lo es!

La Constitución señala que los ministros y ministras pueden ser acusados por comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación, infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecutar y cuestiones relacionadas con soborno, cohecho, traición y otras cosas que no son del caso. Y ninguna, pero ninguna de estas causales se da en este caso, más allá del juicio crítico que algunos de ustedes puedan tener respecto de la ministra y el consenso que tenemos todos en esta Sala, respecto de los problemas de seguridad que sí existen en nuestro país.

La evaluación del desempeño en sí misma no es una causal de destitución por acusación constitucional, y se usó de la misma forma durante el gobierno anterior, y se ha usado equivocadamente también, como bien lo decía mi colega Francisco Undurraga , en gobiernos anteriores. No caigamos en el péndulo, como se usó indebidamente en el gobierno anterior, resulta que también lo utilizamos en este gobierno.

Y aquí le voy a hablar a la derecha moderada, no a republicanos. Si no se da ninguna de las causales y lo que hay es una crítica al desempeño de la ministra, no corresponde la acusación constitucional.

La tercera pregunta es si esta acusación constitucional sirve o no para mejorar la seguridad. Categóricamente, la respuesta es no. En vez de perder el tiempo en esta sesión y en las sesiones de comisión que la precedieron, el esfuerzo nuestro aquí y en el Senado tiene que ser para sacar acuerdos que nos permitan aprobar el proyecto de la regla del uso de la fuerza, lograr acuerdos para el proyecto de infraestructura crítica, con el fin de que los militares puedan estar resguardando la infraestructura crítica y con eso liberar a las policías para que realicen otras tareas, sacar acuerdos para que, en el marco de la ley contra el narcotráfico y el crimen organizado, se pueda levantar el secreto bancario, perseguir no solo la droga, sino también el dinero. Ahí tiene que estar nuestro esfuerzo.

Entonces, a mis estimados colegas, fundamentalmente a quienes están en la derecha moderada, les pido que no se dejen arrastrar por una acusación sin ningún fundamento constitucional. Es legítima la crítica que se le puede hacer a una ministra de Estado, es legítima la crítica que se le puede hacer respecto de su desempeño, pero lo que es claro es que no hay ningún fundamento para una acusación constitucional. Por eso, votaremos en contra.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención mostrando una imagen. Hoy en la mañana, un joven de 16 años fue asesinado en una plaza de Huechuraba; hubo 15 disparos. Ayer, una reunión de amigos, en Buin, terminó con un hombre asesinado. Anteayer, en un fatal portonazo, un vecino de Maipú fue asesinado por asaltantes; hubo 30 disparos.

Esta realidad, distinguidos colegas, es la que viven los chilenos cada día en las distintas comunas de la Región Metropolitana. Esa es la realidad. Chile hoy día está de rodillas ante la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Se registran 3,5 homicidios al día, en promedio; 100 homicidios al mes. En lo que va del año, ya van más de 700 homicidios.

Entonces, la pregunta es: ¿lo ha hecho bien el gobierno o lo ha hecho mal en materia de seguridad? Creo que las cifras hablan por sí solas. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) señala que el 90,6 por ciento de los chilenos dice que tienen temor de transitar por las calles; en cuanto a la victimización, 21,8 por ciento de las personas han sido víctimas de un delito.

Por lo tanto, la pregunta es: ¿lo han hecho bien o lo han hecho mal? Creo que el juicio de los chilenos es categórico: ¡lo han hecho pésimo en materia de seguridad!

Segunda pregunta: ¿quién es el responsable o la responsable de la seguridad en Chile, según el mandato constitucional? ¿No es la ministradel Interior y Seguridad Pública, que es a quien se le entrega, ni más ni menos, el mando de Carabineros y de la PDI?

Se le entregan los recursos; este Congreso Nacional ha aprobado todo lo que se ha pedido para seguridad, pero sigue estando en deuda con los chilenos. Por supuesto, nuestra bancada va a respaldar esta acusación; no hay otra alternativa. Chile está de rodillas ante el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia, y esa es una realidad que nadie puede desmentir.

Puede que hoy día se rechace esta acusación, pero no tendrán nada que celebrar. No tienen nada que celebrar, porque se han negado sistemáticamente a hacer los cambios que se requieren. El subsecretario del Interior está más preocupado de una eventual campaña, por lo que dejará el gobierno en treinta días más, se lo doy firmado hoy día. El subsecretario del Interior está más preocupado de su futuro político que del futuro de Chile.

Por eso, reitero, no hay otra alternativa: votaremos a favor esta acusación constitucional.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señor Presidente, desde el Partido Social Cristiano votaremos a favor la acusación.

Es doloroso escuchar las cifras, que aumentan cada día, de homicidios, “portonazos”, “turbazos”, secuestros y extorsiones, por mencionar algunos de los delitos ya habituales, pero no por eso tenemos que normalizarlos.

Lamentablemente, hace solo unos años nuestra realidad cambió; bastó un pestañeo para que Chile se transformara y nos convirtiéramos en un país que parece rendirse ante el crimen organizado, con una inmigración irregular absolutamente descontrolada y una delincuencia que desborda.

Hoy me quiero centrar en la inacción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de los niños y adolescentes, víctimas inocentes de la grave crisis de seguridad, lo que es ampliamente conocido por los medios de comunicación. Ellos parecen ser invisibles para la ministra, pero están sufriendo ante la falta de capacidad de implementar medidas concretas y drásticas. Nuestros niños están siendo reclutados por el crimen organizado como soldados, además de ser heridos o asesinados.

Según la Fundación Amparo y Justicia, en los últimos cinco años los homicidios de menores de edad aumentaron en un 78 por ciento. También es doloroso ver las cifras de explotación sexual infantil, donde están involucradas las redes de crimen organizado. Entre 2022 y 2023 la explotación sexual infantil aumentó en 29 por ciento, es decir, más de 2.000 niños fueron víctimas de explotación sexual, muchos de ellos al cuidado del Estado. Esto es dramático y la ministra es responsable, porque no ha implementado medidas eficientes ni eficaces para frenar esta grave y cruda realidad.

No podemos permanecer indiferentes ante esta grave crisis de seguridad, porque lo que están viviendo los chilenos los tiene horrorizados.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Yovana Ahumada .

La señora AHUMADA (doña Yovana).-

Señorita Presidenta, nadie puede negar que hoy estamos viviendo una crisis de seguridad. Así lo vemos y lo vivimos en la Región de Antofagasta.

En el último mes, se registra un homicidio prácticamente a la semana, y hechos que nunca habíamos visto, como cuerpos calcinados. Esta es la realidad que vive la región. Valoro el esfuerzo de la Fiscalía y de nuestras policías en la Región de Antofagasta, que, a pesar de todo, hacen un tremendo esfuerzo. De hecho, hoy lideran la incautación de drogas y de vehículos robados que pasan por nuestra región para ser trasladados a Bolivia.

¿Cuándo vamos a colocar el check point que prometió el ministro Monsalve ? ¿Cuándo se van a cumplir las promesas de intervención de la población El Golf, de Antofagasta?

¿Cuándo van a cumplir con las familias que están en la población Cardenal Samoré? Pocos antes de que llegara el Presidente de su gira, un menor de doce años fue el autor de un homicidio.

Aquí hay un doble estándar político: unos critican a otros porque durante el período pasado, permanentemente, estuvieron haciendo acusaciones constitucionales. Seamos serios. En esa línea, yo, que soy la voz de la gente de mi región, voy a ser consecuente, una vez más, y no voy a permitir, como lo dije desde un principio, el pirquineo de votos que realiza el Ejecutivo para poder salvar a la ministra.

Votaré a favor la acusación constitucional.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Para cerrar el debate, tiene la palabra al diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señorita Presidenta, en España hay una frase que dice “solo queda Vox”, la organización de ultraderecha, y en Chile, la copia Fruna de Vox , “solo queda Republicanos”.

En el año 1988, en la calle Toro, de la ciudad de Salamanca, se creó El Rincón del Vago. Esta acusación constitucional está inspirada en El Rincón del Vago. Irresponsable, hecha con absoluta liviandad.

Lo que hay aquí es una estrategia política electoral por la desesperación del Partido Republicano, que de republicano tiene cero, porque la “Kastitución”, a la que el pueblo de Chile le dio un portazo, los tiene aterrados, por el fracaso electoral que van a tener en octubre. Eso es lo que hay detrás de esta acusación constitucional.

Señorita Presidenta, la desesperación de los republicanos y de José Antonio Kast por el desplome que tiene frente a Evelyn Matthei , los está llevando a una cosa que se llama terrorismo constitucional. Aquí le están dando otros fines a la acusación constitucional. Es importante que los chilenos y chilenas que sufren con la delincuencia, que tienen terror del crimen organizado, que sufren en la macrozona norte, en la macrozona sur, tengan claridad de que aquí están los que lucran electoralmente con el dolor de nuestro pueblo.

Señorita Presidenta, por su intermedio, señoría Luis Sánchez , aquí está el correo electrónico donde yo le solicité el día viernes que me suministrara los contactos de la extensa lista de veinte personas que querían que declararan en la comisión. Señoría Luis Sánchez , no ha tenido la gentileza hasta el día de hoy de contestar ese correo.

Que la bancada del Partido Republicano no me venga a imputar a mí que he faltado al procedimiento. He actuado con rectitud. Saben y tienen claridad de que la gente que no vino a la comisión no quiso ser parte de este show político electoral barato. Por eso no fue el exministro Rodrigo Delgado ; por eso no fue el exsubsecretario Rodrigo Ubilla y por eso no fue un señor cuyo nombre no diré, porque estaba muy ofuscado, y la gente de la Dirección de Presupuestos del Presidente Sebastián Piñera.

Además, quiero decir una cosa con mucha claridad, porque lo entendí perfectamente y lo dije: era improcedente citar al embajador de Estados Unidos. Querían, además de este terrorismo constitucional, de este show político, generar un problema diplomático. Por favor, cortémosla con el terrorismo constitucional, porque quieren sembrar terror, inocular odio en la sociedad chilena. De eso se trata. Han abusado hasta el hartazgo de los privilegios constitucionales; han basureado el nombre del subsecretario Eduardo Vergara , que no está acá y no puede hablar, y el del subsecretario Manuel Monsalve , que tampoco está acá y no puede hablar.

¿Hasta cuándo la bancada del Partido Republicano juega con nuestra democracia? En esto le pido a la derecha responsable y sensata, que es la UDI y Renovación Nacional -saludo lo que ha hecho el diputado Francisco Undurraga ; debemos tener un acuerdo respecto de lo que ha planteado que no sea parte de una acusación que dice que el Presidente Sebastián Piñera transformó a Chile en un infierno. A ustedes que defienden y le tenían cariño al Presidente Sebastián Piñera , les pido que tengan la valentía de cerrar la puerta a los republicanos. Tengamos un acuerdo con democracia. Los terroristas constitucionales que lucran con el dolor de nuestro pueblo por fines electorales, que están aterrados porque José Antonio Kast va a quedar fuera, porque la segunda vuelta electoral va a ser entre dos mujeres en este país, deben cortarla con utilizar el principal dolor de nuestro pueblo.

La tremenda y maciza acusación constitucional y la extensa intervención que ha hecho, por su intermedio, señorita Presidenta, su señoría, diputado Luis Sánchez , ¿sabe cómo se van a contradecir? Con tres líneas, ¡tres líneas! “Querer acusar a una persona, como en el caso de la ministra, como la responsable de todo lo que ha generado en materia de criminalidad, desde mi perspectiva, lo encuentro absolutamente injusto.”.

Esto lo dijo Ricardo Yáñez , general director en retiro de Carabineros, que fue capaz de sacar a Carabineros de la grave crisis institucional que tenía por corrupción, por violación de derechos humanos. Hoy es la institución más respetada en nuestro país. A mí me valen más tres líneas del exgeneral Yáñez , que ha tenido decencia, honestidad, compromiso con nuestra patria; que arriesgó su vida no en forma metafórica, sino que realmente en las calles para proteger a la gente modesta en nuestro país, que las razones jurídicas que supuestamente tiene esta acusación constitucional que, además, ha sido manipulada de manera grosera, como lo ha denunciado acá el abogado de la defensa.

Llamo a esta Cámara a actuar con sensatez, por responsabilidad con el deber de Chile. Además, a los que les molestó y les molesta profundamente porque trabajamos rápido, lo quiero decir con claridad que aquí en la Cámara molesta que se trabaje rápido, pero los chilenos que se levantan a las cinco de la mañana, a las siete de la mañana, quieren ver eso, a los políticos resolviendo rápido, no tomándose todo el tiempo del mundo para discutir cosas que, con una hipocresía supina, decían que querían escuchar argumentos.

¿Alguien cree en esta Cámara de Diputadas y Diputados y en este país que la bancada del Partido Republicano, viniera quien viniera a decirles que esta acusación era injusta, incluido el Papa, la iba a votar en contra?

Cortémosla con la hipocresía. Dediquémonos a lo importante y dejemos de perder el tiempo en esta cosa.

Vamos a votar en contra.

He dicho.