Labor Parlamentaria

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar la solicitud de su excelencia el Presidente de la República para prorrogar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República, la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y de Biobío, Región del Biobío.

Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora, distribuida en forma proporcional entre las bancadas.

Antecedentes:

-Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío, sesión 92ª de la presente legislatura, en lunes 28 de octubre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión la solicitud.

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, hace algunos días el nuevo subsecretario del Interior estuvo en La Araucanía, oportunidad en que participó en el Comité de Crisis para referirse a lo que se había hecho en el contexto del estado de excepción constitucional de emergencia. La verdad es que las policías han hecho un buen trabajo, pero les falta.

Yo le dije al subsecretario que, si a los parlamentarios nos invitan a esta exposición, nos tienen que decir qué es lo que falta para terminar con los terroristas en La Araucanía, porque me imagino que nos invitan para decirnos qué ley hay que cambiar y qué es lo que se debe mejorar.

Se plantea que lo principal es el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia y que los atentados terroristas han disminuido en 47 por ciento. No obstante, ¿cómo bajamos ese 47 por ciento, estimada ministra? Lo pregunto porque no veo nuevas ideas. ¿Están agotados, con el disco duro lleno, con el iCloud completo también, porque no hay nuevas ideas? ¿Cuáles son las nuevas ideas? Las nuevas ideas… ministra, ¿viene a escuchar solamente al diputado Brito o va a escucharnos a nosotros? Gracias.

Yo pregunto: ¿cuáles son las nuevas ideas? Le pregunté al subsecretario si venía con nuevas ideas para lograr terminar con el terrorismo en La Araucanía. Una de ellas es entrar a Temucuicui. Si están tras la marihuana, es cosa que vean ahí, por dentro, nada más, para saber dónde está, para poder seguirla. Se han dado facultades a las Fuerzas Armadas, y se las vamos a seguir dando ahora, pero suéltenle las manos de una vez por todas, porque las Fuerzas Armadas no pueden salir arrancando cuando los terroristas les disparan. Eso fue lo que sucedió en el campo donde está enterrado el terrorista Marchant .

Entonces, ¿cuándo va a ser…?

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, saludo a los diputados presentes en la Sala y, por su intermedio, a la señora ministra.

Agradezco estos dos minutos para plantear brevemente, a propósito del tema de la solicitud de prórroga del estado de excepción, la cual, obviamente, vamos a votar a favor, que tuvimos la visita de nuestro flamante nuevo subsecretario del Interior, señor Luis Cordero , que nos hizo retroceder un poco, porque el nuevo subsecretario no habla de terrorismo, sino que vuelve a hablar de crimen rural, de violencia rural, y con eso nos recuerda mucho a los inicios de este gobierno, cuando quisieron cambiarlo todo y se encontraron con la pared que significa la realidad.

Tenemos que hablar claro y decir las cosas por su nombre: terrorismo. Eso es lo que ocurre hoy en nuestra zona de La Araucanía, como lo que sucedió anoche, cuando un coro que acudió a participar de las actividades de las iglesias evangélicas fue atacado en la zona de Mulchén. Hubo personas apedreadas, el conductor del vehículo en que viajaban quedó herido y todavía no llegan hasta el Congreso para participar en la actividad que aquí se va a desarrollar.

También, por otro lado, aunque parezca increíble, en las votaciones del sábado y domingo recién pasados salió reelecto el alcalde de la izquierda, del Partido Comunista, el señor Neira , quien está formalizado y es investigado por graves delitos. El señor Neira se reunió con el señor Llaitul en su casa por más de tres horas, con un terrorista que hoy día está en la cárcel. Aun así, la izquierda lo presentó como candidato y, lamentablemente, la gente no se alcanzó a informar de lo que significaba todo esto.

Dios salve a Chile, y que finalice luego este gobierno.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, espero que, como ya pasó el proceso eleccionario, que fue un desastre, un mal momento, por la vulneración de los derechos laborales de los pobres vocales que trabajaron 16 y hasta 20 horas continuas -se le advirtió eso al Servel en su momento, y no hicieron nada-, el gobierno se dedique a gobernar y a decir cuál va a ser la alternativa de salida en la Región de La Araucanía, porque no nos podemos pasar todo el período del Presidente Boris con estado de excepción en la zona y sin tener un plan claro respecto de ese tema. He venido ofreciendo siempre mi voluntad para poder trabajar sobre esa situación, y hasta el día de hoy no hemos tenido reuniones al respecto.

Sé las dificultades que ha tenido el gobierno con sus problemas internos, de los cuales queda mucho por investigar. Espero, sí, que se aboquen efectivamente a gobernar y a entregar una solución adecuada, en particular a La Araucanía, y no nos mantengamos permanentemente en estado de excepción, sin buscar alternativas, como es lo que realmente corresponde.

Sigo, una vez más, ofreciendo colaboración al gobierno, porque los que vivimos en la región necesitamos una solución definitiva y no este estado de excepción, que si bien es necesario y lo vamos a seguir votando favorablemente, no es la solución definitiva que requiere la ciudadanía que vive, que quiere progresar, que duerme -o mal duerme- en la zona y que no sabe qué va a suceder a futuro.

Manifiesto nuevamente mi voluntad, ministra -a través de la Mesa-, y mi disponibilidad para buscar una solución respecto de este tema.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, el gobierno nos quiere hacer creer que la situación de terrorismo en la macrozona sur ha menguado en vista de que los ataques se han reducido considerablemente en los últimos meses, pero esto es un diagnóstico errado, porque los grupos paramilitares organizados siguen sin ser desarticulados y esperan atentamente una pequeña oportunidad para volver a causar terror y cometer los graves delitos que vienen cometiendo desde hace mucho tiempo.

Esto lo pudimos ver hace unos días con el ataque que sufrió el exalcalde de Ercilla y candidato a la reelección Valentín Vidal . Este hecho, en el que tres personas resultaron lesionadas con disparos en contra de su vehículo, es un hecho grave que pone de manifiesto una situación inaceptable que vivimos en La Araucanía, que es que el terrorismo y la violencia persisten sin control, y -lo que es más preocupante aún- encontrándonos bajo el estado de emergencia decretado por este gobierno.

Es innegable que los esfuerzos de seguridad no están siendo efectivos. La administración actual, en particular el ministerio conducido por la ministra Tohá , ha fallado en proteger a los ciudadanos de esta región y la seguridad sigue siendo un tema pendiente y, peor aún, ignorado en muchos sentidos.

Estos ataques, como el ocurrido en el sector de Batuco Alto, exponen la falta de planificación y voluntad para afrontar seriamente el problema. Es impensable que en una democracia y bajo un estado de emergencia grupos armados sigan actuando con total impunidad, sin que las autoridades logren frenar esta violencia después de tanto tiempo.

Este ataque no solo es un acto de violencia directa en contra de las personas, sino también un atentado a la democracia misma. Las campañas comunales deberían ser espacios seguros donde las ideas se debatan libremente y no arenas de violencia y miedo, pero con cada acto de este tipo se demuestra que el gobierno no tiene el control en La Araucanía, y eso entonces deja a toda la población a merced de grupos violentos que operan sin mayores consecuencias.

Si no fuera por las Fuerzas Armadas, la PDI y Carabineros, el terrorismo continuaría actuando sin freno. Pero ¿hasta cuándo estaremos con este estado de emergencia, que ahora sí ya parece haberse transformado en un estado de normalidad? Es momento de que el gobierno asuma la responsabilidad y su rol, y que, en lugar de promesas, presente resultados reales. La seguridad de los ciudadanos no puede seguir siendo un discurso vacío, especialmente en una región donde día a día se vive el costo de esta indiferencia y falta de acción real.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, nosotros esperamos juntarnos con el subsecretario Cordero. Tuvimos una reunión con él en Temuco y nos comprometimos a reunirnos de nuevo para hablar latamente respecto de cuál va a ser su impronta respecto de La Araucanía, dado que lo de Temuco fue una cuestión más que nada protocolar, pero no avanzamos en temas de fondo.

Sí me preocupa la declaración de él. El subsecretario Cordero es una persona formada, un abogado -entiendo- que sabe de temas de derecho, pero creo que se ha equivocado medio a medio respecto de su definición de crimen organizado y terrorismo.

En La Araucanía hay terrorismo. El propio Presidente lo reconoció. Entonces, cuando el gobierno tiene dos discursos y el Presidente dice una cosa y el subsecretario, otra, se produce una contradicción. El Presidente lo dijo justamente cuando se produjo el ataque al fundo Grollmus , y fue claro.

En La Araucanía tenemos terrorismo. No lo decimos nosotros; lo dice el Índice Global de Terrorismo, que sale anualmente. Estamos en el lugar 17. No hemos mejorado. Esa lista la hace la Universidad de Maryland y, por tanto, es la válida.

Entonces, yo -por intermedio del señor Presidente- le recomendaría a la ministra aquí presente que no entremos en esa discusión, que no contribuye.

¿Hay terrorismo? ¿Hay crimen organizado? Sí, las dos cosas. De hecho, hay cinco grupos terroristas en La Araucanía y la verdad es que la pregunta que hay que hacerse es qué vamos a hacer para terminar con ellos. Puede que esto no ocurra mañana, pero pongámonos de acuerdo. Por otra parte, pido que el gobierno cumpla sus compromisos.

Tuvimos una vez un compromiso, y creo que la ministra está confiada en que se cumplió. Nos comprometimos con las juntas de vigilancia rural de la costa, que ayudan mucho justamente en materia de crimen organizado, de delincuencia, de violencia intrafamiliar, pero nunca llegaron los recursos. Ya estamos terminando el año, pero esto debió haber ocurrido a principios de año. El subsecretario Vergara se comprometió con los recursos, pero estos no llegaron.

Entonces, ahí estamos hablando de 9.000 familias mapuches que quedaron esperando. Eran fundamentalmente recursos para un seminario, pero también para compra de radios y de otro tipo de material, como casacas, en fin, porque son personas que salen en la noche a patrullar y están coordinadas con Carabineros, con las PACI.

Entonces, también ese es un tema en que al final hay una tremenda decepción, pues el gobierno no cumple.

Yo creo que la ministra piensa que eso se había cumplido, pero no ocurrió, y ese tipo de cosas no nos hacen bien.

Por otra parte, insisto en lo que acabo de señalar. No entremos en una discusión que no nos conduce a nada. Pongámonos de acuerdo, busquemos puntos en común, reunámonos con el subsecretario y vamos a enfrentar a los cinco grupos terroristas. ¡Vamos a enfrentarlos! No puede ser que sigan operando en total impunidad.

En definitiva, nos mantenemos, pero avances sustantivos no ha habido, y eso es lo que uno pide: que los avances sustantivos sean no solo por lo que hace la Fiscalía, sino porque podemos contener y también terminar con los grupos terroristas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra, a los parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

La semana pasada, en plena campaña por la alcaldía de Ercilla, uno de sus candidatos y su equipo sufrió un lamentable ataque en la zona rural de la comuna, dejando a tres personas heridas. Esto, que parece un dato más dentro de la violencia que se vive en la región, es realmente gravísimo y demuestra que sí existe terrorismo en La Araucanía, en la provincia de Malleco, y que hay que enfrentarlo con toda energía.

Por supuesto, seguiré aprobando el estado de excepción constitucional, pero no hay dudas de que en algunos lugares de nuestra región, en particular en la provincia de Malleco, el gobierno, lamentablemente, no ha dado el ancho y no está garantizando los derechos fundamentales de las personas, en este caso, el libre tránsito y el sentirse seguras en sus propias casas.

Cuando hablamos de seguridad, quiero recordar y reiterar la petición que ha hecho el recién reelecto alcalde de la comuna de Collipulli, don Manuel Macaya , de contar con más seguridad en su comuna, tanto en la zona urbana como en la rural. No se ha entregado la respuesta apropiada en relación con el requerimiento de construcción de un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Collipulli. Seguiré insistiendo en dicha solicitud, representando al alcalde Manuel Macaya , al concejo municipal y a los dirigentes sociales.

Reitero que votaré a favor de la renovación del estado de excepción, pero seré firme al momento de exigir al gobierno que ejerza acciones concretas para que mis representados puedan vivir en paz y con seguridad en la Región de La Araucanía.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, ¡hasta cuándo vamos a seguir con el terrorismo en el sur, con la delincuencia descontrolada en todo el país y con la migración sin límites en el norte!

Los republicanos hemos votado siempre a favor de los estados de excepción, pero nadie puede considerar normal que desde que asumió Gabriel Boric como Presidente de la República estemos en un gobierno de excepción. Durante este gobierno nunca hemos salido del estado de excepción constitucional.

Este gobierno, encabezado por el Presidente Boric y la ministra Tohá -hoy presente-, no ha sido capaz de administrar el país, el orden público, la seguridad y la lucha contra delincuentes y terroristas con las reglas normales de control de orden público. ¡Son completamente incapaces! Por eso, la bancada republicana acusó constitucionalmente a la ministra Tohá , porque no ha sido capaz de hacer su trabajo.

Espero que en algún momento este gobierno recapacite y entienda que debemos encontrar la forma de restablecer el orden y la seguridad en nuestro país, de retomar el control de las fronteras, de restablecer el orden en la macrozona sur. Debemos salir de este estado de excepción.

El gobierno intenta resolver este problema como si fuese algo menor. Estamos frente a uno de los problemas más grandes que ha vivido nuestro país, pero el gobierno parece no darse cuenta.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, a todo esto, el exsubsecretario Monsalve sigue sin ser formalizado. A veces, a uno le sorprende la paciencia que tiene la Fiscalía en ciertas materias que son políticamente relevantes.

Ayer, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, estuvimos viendo la asignación que le hace este gobierno al Ejército para soldados profesionales y soldados conscriptos. La ley establece que el Ejército puede contar con hasta 7.000 soldados profesionales, pero el proyecto de ley de presupuestos asigna dineros solo para 1.300 soldados profesionales; la ley establece que para que el Ejército funcione al 100 por ciento de su capacidad debiera tener 12.000 soldados conscriptos, pero el proyecto de ley de presupuestos asigna dineros para solo 6.100 soldados conscriptos.

Cuando hablo de soldados profesionales no incluyo a oficiales ni suboficiales. Un Ejército con 7.400 soldados para un país con una población de 20 millones de habitantes y un presupuesto total de más de 80.000 millones de dólares. ¡La República de San Marino tiene más soldados que Chile! Sin embargo, a esos pocos soldados que tenemos se les carga y sobrecarga manteniendo un estado de excepción, que es de naturaleza estrictamente defensiva, porque se mantienen los núcleos de actividad terrorista sin ser desarticulados. ¿Qué han hecho en tres años con Carabineros? ¿Carabineros no está en condiciones de recuperar el control? ¿El Ejército no está en condiciones de aumentar la cantidad de tropas para que efectivamente podamos recuperar el control? ¿Cuánto tiempo más deben renunciar los ciudadanos de nuestro sur a sus derechos constitucionales, porque este gobierno prefiere gastarse la plata en leseras de género? ¿Cuánto tiempo más va a seguir viviendo nuestro sur un estado de excepción tipo dictadura?

No voy a votar a favor de extender este estado de excepción.

¡Pongan las lucas donde corresponde hacerlo!

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señorita Presidenta, hemos aprobado la extensión del estado de excepción en casi todas las ocasiones en que se nos ha solicitado hacerlo. Lo hemos renovado cerca de cincuenta veces; antes se hacía cada quince días, y ahora se renueva una vez al mes.

No nos hemos cansado de decir e insistir en que falta más equipamiento y más inteligencia para aplicar y ejecutar este estado de excepción, con el fin de cubrir los sectores más alejados de las carreteras, los lugares de más difícil acceso, que es donde precisamente ocurren los atentados, que siguen existiendo.

Hace pocos días, la vivienda de una humilde familia mapuche, una familia de trabajo, fue quemada en el sector de Tranaquepe, comuna de Tirúa. Los autores del incendio dejaron consignas en el lugar, calificando a los miembros de esa familia como traidores, como yanaconas. El terrorismo, la violencia, las quemas, el fuego y la muerte siguen estando presentes en nuestra provincia de Arauco.

Los tres horrorosos asesinatos de carabineros en el sector de Huentelolén todavía están muy presentes en nuestros habitantes de la provincia de Arauco. La impunidad sigue existiendo, porque si bien hay detenidos por el hecho, todavía hay prófugos y aún no nos han dicho quiénes son los responsables, que deben ser sancionados por nuestro sistema judicial.

Por ello, insisto en la necesidad de optimizar, de hacer más eficientes los sistemas de investigación, de presentación de pruebas, de manera tal que cuando empiece el proceso del juicio tengamos la tranquilidad de que no habrá impunidad en nuestra provincia de Arauco. Hay tres mártires de Carabineros asesinados de manera cruel y vil, con un Estado y una capacidad de coordinación de inteligencia que se vieron sorprendidos. El Estado aún no ha sido capaz de enfrentar a los asesinos ni de hacer justicia.

El Estado de derecho se sigue alejando de la provincia de Arauco y la violencia y el terror siguen avanzando. Esa es la realidad.

Si bien el estado de excepción contribuye a disminuir los índices de criminalidad, y el gobierno lo celebra, estamos lejos de lo óptimo, lejos de lo que la ciudadanía de nuestra provincia de Arauco merece. Hasta ahora no hemos recuperado la tranquilidad; el miedo sigue presente, y para que desaparezca debe existir un Estado fuerte, un Estado que se atreva a condenar estos hechos y que aplique todos los instrumentos que tiene a su disposición, pero de manera eficiente.

El estado de excepción se transformó en una normalidad; no tenemos un plan concreto para revertir la situación. Se volvió normal la violencia, el terrorismo y la muerte en nuestra provincia de Arauco.

Así que pido y exijo al gobierno que sancione a los responsables y que esclarezca la verdad y aplique la justicia, que es lo que merecen los habitantes de la provincia de Arauco.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra del Interior y Seguridad Pública.

Es complejo encontrarnos, una vez más, discutiendo la extensión del estado de excepción. Nos hemos olvidado de generar un debate mayor que contribuya a que todos podamos vivir en una sociedad en que todas y todos nos respetemos. Esto ha sido muy complejo.

Acá la responsabilidad es de todos los partidos políticos y también de todas las personas que viven en aquellos territorios. Necesitamos reencontrarnos quienes somos de pueblos originarios con aquellos que no lo son. Ha sido muy dura y compleja la vida que nos ha tocado vivir a los pueblos originarios en este país, en el que no se nos ha reconocido nuestra existencia anterior al Estado chileno; no se ha querido reconocer que somos pueblos que vivíamos antes en los territorios. Eso ha sido difícil de encontrar en los discursos de los partidos políticos, de todos los colores, que les ha tocado gobernar. El Estado chileno ha tenido responsabilidad en el despojo de las tierras de mapuches que fueron prácticamente masacrados y sacados de su lugar.

En la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que creó el Presidente Gabriel Boric , hemos escuchado relatos de mucho sufrimiento, tanto como aquellos planteados por algunos parlamentarios. Asimismo, hemos conocido los dolores de aquellos que fueron sacados de sus hogares, que les quemaron sus casas, que les asesinaron a sus familias y que perdieron sus tierras. Tenemos que hacernos cargo de todos aquellos dolores, pero para eso necesitamos de voluntad política, con el objeto de reencontrarnos y respetar al mapuche que vive en su tierra, hacinado en pobreza y sin políticas de Estado. Hay que hacerse responsable de esa realidad.

Muchas familias no tienen acceso vial para llegar a sus viviendas; muchos han muerto esperando que la ambulancia los vaya a buscar cuando han tenido emergencias; muchas familias no tienen agua para tomar, algo tan vital para la vida de las personas. Tampoco tienen agua de riego para sus cultivos. Además, deben soportar todas las complicaciones que acarrean las empresas extractivistas, que destruyen caminos, botan puentes y provocan conflictos internos, porque hacen pelear a las comunidades. Todas esas situaciones ocurren en el territorio mapuche. Sin embargo, como Estado, como país y como políticos, no hemos tenido la capacidad de colaborar para resolver esas situaciones.

En ningún territorio las personas pueden sentirse violentadas ni vivir con miedo. Así han vivido las comunidades, con miedo a desarrollarse y con miedo a las actuaciones del Estado, que procede de manera violenta, a petición de un gran sector que también necesita paz, pero a costa de la restricción de los derechos de las comunidades que conviven allí y que han vivido históricamente en la región.

Creo que todos debemos tener una mirada de futuro. ¿Qué vamos a construir con tanta rabia y odio acumulados, con negacionismo o con negarles derechos a los pueblos originarios? ¿De qué manera vamos a construir si no nos queremos hacer cargo de la realidad dolorosa que les tocó vivir a quienes todavía reclaman por sus tierras, porque no fueron incorporadas en la ley?

El presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es insuficiente. Si gastáramos el 2 o 3 por ciento de recursos para comprar tierra, para desarrollo, para identidad y para revitalizar las lenguas y recuperarlas, estaríamos viviendo en otro país y tendríamos otra situación. Sin embargo, muchos parlamentarios van a abogar para que la mayoría de los recursos se vaya a seguridad. ¿Y qué hay de los pueblos originarios y del pueblo mapuche, que van a tener que entenderse y desarrollarse con una precaria cantidad de recursos a través del Plan Buen Vivir, que muchos hoy día no quieren aumentar? La Conadi también necesita mayores recursos.

Eso es responsabilidad política; eso es querer construir. Por lo tanto, eso debiera estar presente en los debates, diputados y diputadas.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señora Presidenta, siempre he aprobado los estados de excepción, porque son necesarios. Han dado resultado y han bajado los atentados. Es una realidad que está constatada y que es empírica. Sin embargo, también es un poco penoso, porque como ya no son cien atentados, sino cincuenta o sesenta, dejó de ser noticia. Cuando queman o destruyen maquinaria, la noticia no aparece en ningún medio de prensa. Lamentablemente, la violencia se normalizó en nuestra zona, lo que es preocupante, porque no se puede normalizar algo que no es normal. Por eso, volveré a votar a favor, porque creo que no hay otra alternativa.

Señora ministra -por su intermedio, señorita Presidenta-, demando que el gobierno nos informe cuál es el plan de salida. ¿Hay plan de salida o vamos a seguir eternamente con estados de excepción? Es una pregunta legítima, cuya respuesta es esperada por quienes vivimos en La Araucanía. ¿Vamos a seguir renovando los estados de excepción hasta que se acabe el gobierno o hay un plan de salida o una medida intermedia? ¿Cómo vamos a salir de esto?

No puede seguir extendiéndose el estado de excepción durante cuatro años, porque deja de ser estado de excepción. Elaboremos una ley permanente y establezcamos permanentemente a las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, pero creo que eso nadie lo quiere.

Señorita Presidenta, voy a votar a favor, pues creo que es necesario, pero, reitero, es penoso, porque como ya no son cien los atentados incendiarios, sino cincuenta, no son noticia; no aparecen en ningún medio de prensa. Sin embargo, aún es gravísimo lo que está pasando, porque siguen sucediendo atentados todos los días. Aunque ya no sean cien, sino sesenta o cincuenta, es grave y no lo podemos permitir ni naturalizar.

Por lo demás, me parece que estamos llegando tarde. Si bien, como resultado, efectivamente hay personas presas, somos reactivos, porque quienes delinquen son encarcelados una vez que han ocurrido los acontecimientos. No recuerdo un caso o dos en que nos hayamos anticipado a los hechos y hayamos sorprendido in fraganti a los hechores cometiendo un atentado. Siempre llegamos tarde.

Me extraña que los servicios de inteligencia sean muy competentes para actuar frente a algunos hechos, pero que frente a las cosas realmente relevantes para el Estado siempre lleguen tarde.

En consecuencia, estamos reaccionando una vez que los hechos se han consumado. La pregunta es, ¿cuándo el Estado de Chile va a tener la capacidad de anticiparse, de saber cuándo actuar, de sorprender a los delincuentes en el acto y estos no terminen presos por casualidad, por azar o por un control posterior?

Por eso es tan relevante el proyecto de ley antiterrorista, que ya está aprobado y que esperamos que el Senado lo despache, porque esa iniciativa, que esperamos reponer en la Comisión Mixta, pese a la oposición de muchos sectores, permite hacer control a través de los teléfonos celulares, para situar a las personas en el lugar de los hechos.

Señora Presidenta, una vez más votaré a favor de esta renovación.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señora Presidenta, nuevamente vamos por otra renovación del Estado de excepción constitucional en la macrozona sur de nuestro país. Esta situación nos hace seguir cuestionando si la efectividad de la medida está dada por la herramienta misma o por la normalización de circunstancias extraordinarias que no tienen ninguna solidez en el tiempo.

Los resultados de la elección de este domingo fueron categóricos. Los chilenos esperan que el gobierno actúe en materia de seguridad y prevención del delito. Nuestros gobernantes deben tomar las medidas que el país requiere y exige. Si no son capaces de cambiar el rumbo con los resultados del domingo, entonces no entendieron nada y seguirán estando felices y viviendo en un mundo de fantasía que solo ellos ven.

Esta también es la enésima vez que solicito, que la región solicita, que los habitantes de mi distrito solicitan y que la justicia solicita que se cree, de una vez por todas, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones.

Señora ministra -por intermedio de la señorita Presidenta-, ¡ya basta! ¡Concreten de una vez por todas lo que se tiene que hacer! No estén ante este hemiciclo, cada cierto tiempo, haciendo como que la situación les preocupa, si, finalmente, no hacen nada.

El exsubsecretario Monsalve me manifestó personalmente hace un año que estaba todo listo para la creación de la BIPE en la región, que estábamos solo a una firma. Bueno, claramente estaba más ocupado en otras cosas que en la seguridad del sur de nuestro país.

Presidenta, existe preocupación, miedo e incertidumbre entre los habitantes de comunas como San Juan de la Costa, Osorno y Río Negro, porque se han visto afectadas por atentados incendiarios, los que cada vez son más frecuentes.

He dicho lo mismo en otras oportunidades y seguiré repitiéndolo. Señora Presidenta, por su intermedio hago un llamado a la ministra. Tome acciones concretas y serias de una vez por todas.

Votaré a favor, como siempre lo he hecho.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que condona la deuda originada en pagos en exceso, realizados erróneamente por las municipalidades, a funcionarios y exfuncionarios.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es la señorita Camila Musante .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 138ª de la legislatura 371ª, en lunes 29 de enero de 2024. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 89ª de la presente legislatura, en martes 15 de octubre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 3.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita MUSANTE, doña Camila (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a referirme al proyecto individualizado, iniciado en mensaje del Presidente de la República, y que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario.

La idea matriz del proyecto es evitar afectar el patrimonio de funcionarios o exfuncionarios municipales que recibieron recursos calculados erróneamente por sus respectivas municipalidades empleadoras, disponiéndose al efecto la condonación de la deuda originada en dichos pagos en exceso.

La comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas Camila Musante , Joanna Pérez y Carolina Tello , y los diputados Miguel Ángel Becker , Bernardo Berger , Fernando Bórquez , Juan Fuenzalida , José Carlos Meza y Rubén Oyarzo , este último Presidente de la comisión.

Antecedentes

El decreto ley N° 3.501, de 1980, que fijó un nuevo sistema de cotizaciones previsionales a partir de su entrada en vigencia, esto es, desde el 1 de marzo de 1981, dispuso que las cotizaciones gravarían las remuneraciones de los funcionarios dependientes que en dicho cuerpo legal se indicaban.

Como consecuencia, los trabajadores verían disminuida su remuneración líquida, puesto que, al pasar desde el antiguo sistema previsional de reparto al de capitalización individual, las cotizaciones previsionales pasarían a ser de cargo de aquellos.

Teniendo en cuenta lo anterior, su artículo 2° dispuso expresamente que los trabajadores mantendrían el monto líquido de sus remuneraciones, incrementándose solo para este efecto en la parte afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981.

Históricamente, y de conformidad con el texto expreso de la ley, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República precisó que no era procedente calcular el incremento previsional considerando elementos remuneratorios creados o reconocidos con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto ley Nº 3.501.

No obstante, a partir de una consulta formulada por un funcionario del Servicio de Salud Araucanía Sur, el dictamen N° 8.466 de la Contraloría, de 22 de febrero de 2008, señaló que los trabajadores dependientes afiliados a las instituciones de previsión indicadas en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, el decreto ley 3.501, de 1980, mantendrían el monto líquido de sus remuneraciones, para lo cual se incrementarían estas en la parte afecta a imposiciones, mediante la aplicación de los factores que la misma norma indica.

Amparados en dicho dictamen, algunos municipios del país erradamente consideraron que la entidad contralora había modificado su interpretación de la norma, autorizando una nueva fórmula para determinar el aludido beneficio, al omitir incorporar, a continuación de la palabra “imposiciones”, la frase “al 28 de febrero de 1981”.

Así, comenzaron a pagar tal incremento calculándolo sobre el total de las remuneraciones imponibles, sin considerar la fecha límite impuesta por el legislador: el 28 de febrero de 1981.

Luego de ello, la Contraloría precisó su interpretación por medio del dictamen N° 44.764, de 18 de agosto de 2009, donde aclaró que el incremento debía calcularse aplicando el factor correspondiente solo sobre las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 se encontraran afectas a cotizaciones previsionales, y no a las creadas o establecidas con posterioridad.

Consecuentemente, las cotizaciones otorgadas después de dicha fecha no gozarían del beneficio establecido por el legislador.

En el mismo sentido, emitió el dictamen N° 50.142, de 9 de septiembre de 2009, donde señaló la forma de proceder en los casos en que el pago del incremento se hubiese verificado erróneamente. Así, dispuso que las autoridades comunales debían modificar su actuar y ajustar el cálculo del incremento, ordenando la devolución de las sumas mal pagadas.

Por su parte, los municipios que no habían procedido de ese modo debían abstenerse de calcular ese beneficio aplicando el erróneo método de cálculo.

Durante la discusión particular, la comisión aprobó una indicación al artículo 2, cuyo texto declara correctamente pagadas las cantidades enteradas en exceso a los funcionarios y exfuncionarios municipales, y que se condonan en el artículo 1.

En armonía con lo anterior, la indicación complementaria señala que, en caso de ser procedente, los organismos que correspondan darán término a los procesos pendientes que se hayan originado en los pagos en exceso del incremento previsional, y cuya deuda se condona.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al que he hecho referencia.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, este es un proyecto de gran trascendencia para los funcionarios municipales de nuestro país, quienes vienen arrastrando la problemática de enfrentar juicios de cuentas desde hace varios años.

Incluso, un gran número de ellos, quienes ya se encuentran jubilados, aún están siendo perseguidos judicialmente para que devuelvan fondos que fueron pagados en exceso como producto de que los municipios dieron una errónea interpretación al dictamen N° 8.466, de 2008, de la Contraloría General de la República, respecto del decreto ley Nº 3.501.

Esa errónea interpretación, que fue realizada por 286 municipios, llevó a que la Contraloría General de la República emitiera un nuevo dictamen, en agosto de 2009, que aclaró el dictamen anterior y dispuso que las autoridades municipales que habían incurrido en ese error debían modificar su actuar ajustando el cálculo citado, y ordenaron la devolución de las sumas mal pagadas.

Me parece que no es justo que los funcionarios municipales deban ser perseguidos judicialmente durante tantos años como producto de una errónea interpretación de las administraciones municipales.

Por lo tanto, pido a mis colegas apoyar este mensaje del Ejecutivo, que acoge la inquietud de los funcionarios municipales condonando los pagos en exceso percibidos hasta el 31 de diciembre del año pasado, con la salvedad de aquellos funcionarios que hayan devuelto los excesos, quienes no tendrán derecho a pedir restitución de lo pagado.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, en primer lugar, me gustaría agradecer la claridad de las dirigencias de los funcionarios de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch) y de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (Ufemuch), quienes se encuentran presentes en las tribunas, y enviarles también un abrazo a todos los funcionarios y funcionarias municipales, porque ayer se conmemoró su día.

Me parece muy atingente discutir este proyecto, porque se hace cargo de un problema que se viene arrastrando desde hace varias administraciones, y que mantiene en ascuas y con incertidumbre desde hace muchísimo tiempo a los funcionarios municipales de distintas comunas del país.

Una de las consecuencias laterales del paso desde el sistema de pensiones de reparto hacia el de capitalización individual que tenemos hoy en día, además de las pensiones miserables y del negocio inmoral de las AFP, fue que, al generarse el cambio desde un sistema a otro, los funcionarios verían disminuida su renta líquida por pasársela a las AFP.

En función de aquello, se dispuso que a los trabajadores se les incrementaría la renta imponible para no ver afectada la renta líquida. Todo bien hasta ahí. Luego, la Contraloría señaló en 2008 cómo se debía implementar adecuadamente dicho traspaso.

Hasta ahí no hubo ningún problema, pero en 2009 la Contraloría “precisó” su interpretación y señaló que los pagos se habían formulado “erróneamente”. ¿Por qué las comillas? Porque habrían sido formulados “erróneamente” por 286 municipios a lo largo del país, es decir, 286 de 345 municipios interpretaron mal lo que dijo la Contraloría, y agregó en otro dictamen, un mes después de este segundo, que las autoridades municipales debían no solo modificar su actuar, sino también ordenar la restitución de las sumas mal pagadas, es decir, que los funcionarios restituyeran lo que supuestamente les habían pagado mal.

En consecuencia, en 2010 teníamos iniciados juicios de cuentas a funcionarios de las áreas de administración y finanzas de las municipalidades, vale decir, al Consejo de Defensa del Estado iniciando procesos judiciales en sede penal contra funcionarios municipales.

A mí eso me parece un descriterio total. En primer lugar, ¿es posible que 286 municipios hayan cometido un error? En segundo lugar, y más importante aún, ¿cómo puede ser razonable achacarle la responsabilidad a los funcionarios cuando fue, supuestamente, un error de cálculo del empleador?

En este caso no se trata de dineros mal habidos. Dichos funcionarios no buscaron adeudarle algo al Estado; sin embargo, pese a aquello, hoy están siendo perseguidos con aviso de embargo de bienes, por ejemplo, en Mariquina. En Curicó y en Monte Patria también tenemos situaciones sumamente complejas, en las que ha habido bienes rematados. O sea, un descriterio total.

Para eso es este proyecto: para evitar la afectación de patrimonio de los funcionarios municipales, para condonar las deudas que hoy existen y para terminar con los procesos judiciales.

Por ello, espero que, así como se aprobó en la Comisión de Gobierno Interior de manera unánime, se apruebe de la misma manera en la Sala.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, valoro esta iniciativa, que la Comisión de Gobierno tramitó de manera muy rápida, con todos los antecedentes que se requerían, porque creemos que hay que dar señales.

A propósito de que se renovaron muchos municipios y de que muchas personas, con voto obligatorio, pudieron ser partícipes de lo que van a hacer los municipios en cuanto a las alcaldías y a las concejalías, creo que nosotros también tenemos que renovar el trato con los municipios de Chile. Esta iniciativa tiene que ver con ello; por eso la rescato.

Este gobierno comprometió que íbamos a tratar un proyecto de ley de rentas municipales II, pero no hemos podido avanzar en eso; el gobierno anterior tampoco lo hizo. Los municipios siempre son la voz más cercana a la ciudadanía, pero creo que los otros poderes del Estado lo olvidan bastante, y el Ejecutivo también.

Es por eso que hemos ido avanzando en la Comisión de Gobierno Interior en hacer justicia respecto de los municipios. Lo hicimos con la ley de plantas municipales, para lo cual despachamos un proyecto; lo mismo hicimos en materia de derechos de aseo. También despachamos el proyecto sobre seguridad municipal, luego de escuchar a las distintas asociaciones de municipalidades, lo que sin duda se valora, porque creemos que el aporte de ellas es tremendamente importante.

El proyecto que hoy discutimos, que es bastante sencillo, busca condonar las deudas originadas por el pago en exceso realizado por los municipios a sus funcionarios, derivado de una implementación errónea del decreto ley Nº 3.501, que estableció un incremento en el cálculo de las cotizaciones previsionales. La Contraloría corrigió esa interpretación en 2009 y ordenó la devolución de esas sumas pagadas en exceso, lo que dio lugar a numerosos juicios de cuentas y acciones que se han complicado para muchos.

Con esta iniciativa estamos dando una señal. Algunas personas pagaron y no estaban contentas con este proyecto, pero creo que nosotros tenemos la obligación de resarcir la deuda; espero que también lo hagamos con la deuda histórica respecto de nuestros profesores.

Quiero saludar a los dirigentes municipales presentes en las tribunas, que representan a las distintas asociaciones de municipalidades que existen en nuestro país, como Samuel Venegas , de Talcahuano, y Lisetty Sotelo , de la Región de Valparaíso, quien siempre ha estado junto a nosotros. Por cierto, a través de ellos, también quiero reconocer a dirigentes de regiones, como Cristian Acevedo -es director nacional de Asemuch desde hace bastante tiempo- y Mabel Toro , de Hualpén, quienes también desde lo local hacen un trabajo, y a todos los funcionarios a nivel nacional.

El Congreso hoy quiere dar una señal con este proyecto; sin duda hay mucho que avanzar. Llamo a todas las nuevas autoridades que se van a instalar, a propósito de las recientes elecciones, a que piensen más en los funcionarios que hacen el trabajo; a estos, que tengan compromiso para con los ciudadanos y ciudadanas, y a que también avancemos en mejores prácticas laborales.

Exijámosle no solo al privado. También en lo público tenemos que dar señales claras. Lo digo, porque este gobierno siempre ha querido poner mayores controles y exigencias al privado, como la de pagar más impuestos; pero en lo público no consideramos ninguna de las leyes laborales en las que hemos ido avanzando, lo que finalmente significa que no estamos trabajando de la misma manera.

Hay un gran desafío y la Comisión de Gobierno sigue acompañando estas materias municipales que son muy importantes.

Permítanme transmitir también mi afecto a los funcionarios municipales, porque yo también lo fui. Por lo tanto, fuerza y a seguir trabajando. Que los alcaldes, los que se van o los que llegan, no tomen medidas de manera arbitraria con los funcionarios. Gracias a la diputada Olivera tenemos leyes como la “ley Karin” y otros instrumentos con los que muchos funcionarios van a poder cobijarse de las malas prácticas que se puedan ejercer.

A los nuevos alcaldes les deseo todo el éxito, y espero que los funcionarios también puedan tener la mejor relación con las nuevas jefaturas.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señorita Presidenta, esta iniciativa que hoy discutimos y que aprobamos de manera unánime en la Comisión de Gobierno Interior, de la cual formo parte, viene a hacer justicia ante una problemática que ha afectado a funcionarios y funcionarias municipales de nuestro país, quienes vieron cómo, producto de un error de cálculo en sus remuneraciones, error precisamente generado desde su empleador y no desde los trabajadores y trabajadoras, se les cobraba una deuda que en muchos casos provenía del año 1981. Este error, producto de una fórmula de cálculo inadecuada en la interpretación del decreto ley Nº 3.501 frente al incremento previsional, significó que se interpretara de manera totalmente improcedente una deuda de parte de funcionarias y funcionarios, algo que finalmente, tras años, lograremos dejar atrás con esta iniciativa.

Valoramos que este proyecto no solo permitirá condonar las deudas de las y los funcionarios afectados hasta el 31 de diciembre del año 2023, cuyos montos no hayan sido restituidos, sino que, además, de ser procedente, permitirá dar término a los procesos judiciales, administrativos y penales, en algunos casos, que en ese contexto, lamentablemente, tuvieron que abrirse. Esperamos que con esta ley en proyecto se haga justicia respecto de aquello.

Aprobaremos esta iniciativa, por supuesto, y esperamos que así lo haga, ojalá, la unanimidad de la Sala, porque sabemos que es una respuesta a una demanda histórica, que permitirá terminar con aquella búsqueda totalmente injustificada de endosar la responsabilidad de un error a los trabajadores y trabajadoras municipales de nuestro país, a quienes, además, aprovecho de enviar un especial saludo, ya que ayer celebraron su día.

También aprovecho este espacio para saludar a Mauricio Santander y a Héctor Pizarro , dirigentes de la Federación de Funcionarios Municipales de la Región de Coquimbo (Fedefum), y al dirigente Rodrigo Cortés , con quienes me reuní para conversar sobre la necesidad y la urgencia de tramitar este proyecto de ley, lo que, afortunadamente, pudo concretarse rápidamente en la Comisión de Gobierno Interior. Saludo especialmente a Rodrigo Cortés , quien trabaja en la Municipalidad de Monte Patria, pues sabemos que esta iniciativa también viene a hacer justicia ante situaciones que él ha tenido que vivir durante estos años.

Esperamos que esta ley en proyecto también sea un apoyo desde el punto de vista de la salud mental para los funcionarios y funcionarias afectados, porque fue uno de los aspectos que los referidos dirigentes también nos transmitieron cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos. Es de esperar que podamos seguir en esa línea de trabajo.

Agradezco a la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales , quien constituyó una mesa de trabajo para sacar adelante este proyecto, que sabemos que es tan importante y urgente para las y los funcionarios municipales. Así que, nuevamente, hago un llamado a que sea votado favorablemente.

Saludo a los dirigentes de Asemuch presentes en las tribunas, quienes también nos acompañaron en la comisión el día de la tramitación del proyecto.

Votaremos a favor y esperamos que así lo haga la unanimidad de la Sala.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, saludo a cada uno de los funcionarios y las funcionarias municipales y a los dirigentes que se encuentran presentes en las tribunas, y, en segundo término, quiero reconocer la tremenda labor que realizan día a día.

A propósito de las recientes elecciones, muchos municipios cambiarán de alcalde, pero los funcionarios siguen trabajando y se deben a la comunidad. No es fácil ser funcionario municipal, por las demandas que la gente exige. Siempre están poniendo la cara, pese a contar, en muchos casos, con pocos recursos.

Encuentro que este proyecto está muy bien, pero me habría gustado que hubiese sido enviado y tramitado antes. No obstante, agradezco el trabajo de la comisión y también la voluntad del gobierno. La situación que aborda esta iniciativa tiene una historia, que me tocó vivir en 2009 y 2010, cuando era alcalde de la comuna de Vallenar. La Contraloría emitió una resolución con una fórmula de pago. Esa resolución pasó a control jurídico y la interpretación fue que había que pagar; había que pagar la deuda que se tenía con los trabajadores y las trabajadoras. Cuando uno se iba a lo estrictamente legal, correspondía que se pagase esa deuda.

Sin embargo, varios meses después, cuando ya se había pagado una buena cantidad de recursos -algunos municipios incluso pagaron mucho más-, la Contraloría señaló que el cálculo estaba mal realizado y que los funcionarios debían devolver esos recursos pagados. Muchos solicitaron la condonación de la deuda. A algunos les condonaron el 10 por ciento y a otros el 20 por ciento, pero a otros se la rechazaron, de modo que tuvieron que pagar toda la deuda. Para eso tuvieron que pactar por una buena cantidad de años.

Entonces, esta deuda se origina por un problema de la Contraloría. Durante todo este tiempo los trabajadores han tenido que pagar. Se les han hecho descuentos y, lógicamente, sus remuneraciones han bajado, lo que ha generado un problema muy serio.

En esta oportunidad, independientemente de los colores políticos, creo que, por respeto a la labor que realizan los funcionarios y las funcionarias municipales, que valoran que el gobierno se esté preocupando de una situación importante, no los podemos defraudar.

Siempre hablamos de la clase trabajadora, del respeto a los trabajadores, de que se debe garantizar su remuneración, de que se debe procurar que estén contentos en sus puestos de trabajo, porque tienen que atender a cientos o miles de personas que, día a día, van a los municipios; pero ¿cómo hacemos para que sientan que les tenemos respeto y que valoramos su trabajo? Cuando sientan que ya no van a tener que devolver más por la deuda originada, una vez que este proyecto sea aprobado definitivamente, creo que va a ser un tremendo alivio para ellos. Lo digo, porque los funcionarios municipales no ganan millonadas de sueldo. No es así. Ellos ganan lo que está establecido en la ley.

En ese contexto, sigo valorando la labor de los funcionarios municipales, de manera que más que entorpecer sus ingresos, tenemos que buscar nuevas vías para mejorar sus remuneraciones.

También tenemos una tremenda deuda con los trabajadores a honorarios, que boletean en cada uno de los municipios, lo que resulta totalmente injusto. Seguramente, en algún momento deberemos tratar ese problema con seriedad, porque de eso también depende cómo estén trabajando.

Quiero señalar que, por la experiencia que viví en mis doce años de alcalde, en los municipios no podemos tener diferentes tipos de contratos, porque al final son todos funcionarios y funcionarias municipales.

En consecuencia, una vez más los felicito. Ayer, bien merecida tenían la celebración de su día los funcionarios y las funcionarias municipales. ¡Mi máximo respeto para ellos y ellas!

He dicho.

-Aplausos.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señorita Presidenta, este es un proyecto sencillo y de sentido común, pues viene a resolver el verdadero dolor de cabeza que ha significado para los funcionarios y las funcionarias de los municipios tener que pagar una deuda que fue generada, según mi percepción, por la Contraloría. Incluso tuvo que intervenir el Consejo de Defensa del Estado.

De manera resumida, según nos contó la Subdere en la comisión, en 2010 la Contraloría General de la República solicitó a los municipios que remitieran información respecto de la cantidad de funcionarios a quienes se había hecho un pago erróneo en sus remuneraciones. Ese mismo año, emitió resoluciones individualizadas en las que se estableció que en 286 municipios se habría incurrido en el error de pago, y ordenó, increíblemente, el reintegro de las sumas pagadas de forma indebida.

Entonces, se inició lo que muchos de los que hemos estado en municipios conocemos como el famoso juicio de cuentas, particularmente a funcionarios y funcionarias del área de administración y finanzas, que son los encargados de las remuneraciones. En función de aquello, el Consejo de Defensa del Estado comenzó procesos judiciales en contra de los 286 municipios y de sus funcionarios y funcionarias municipales, para exigir la restitución de aquellos fondos. Eso fue en 2010, y estamos en 2024.

Por último, la subsecretaria actual recalca que el proyecto de ley que estamos discutiendo no implica un gasto extraordinario para el Estado, pues todas las acciones judiciales y administrativas ya han sido interpuestas. Este proyecto de ley extingue las responsabilidades administrativas emanadas en contra de los funcionarios municipales; para su aprobación solo se requiere la aprobación de la Cámara de Diputados. Por tanto, no irroga gasto para el Estado. Con ello, desde mi punto de vista, se reconoce un error de parte de la Contraloría. Además, creo que agobia que el Consejo de Defensa del Estado esté persiguiendo a cientos de miles de funcionarios y funcionarias municipales, que ganan un muy bajo sueldo y que están intranquilos por muchísimos años.

Creo que este proyecto es absolutamente razonable y justo, que va en la línea correcta de la prudencia, de manera que por cierto contará con mi voto a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker .

El señor BECKER.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, quiero señalar que la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a las personas siempre será valorada en su justo mérito y contará con mi apoyo.

Sin embargo, también se debe ser responsable frente a situaciones que se indicó que podrían ocurrir y que, por tanto, se podrían prever.

Durante la discusión de esta iniciativa en la Comisión de Gobierno, la Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo señaló, respecto de los pagos en exceso, que el error de cálculo no es atribuible a los trabajadores municipales, materia sobre la cual tengo algunas aprensiones, porque durante mi período de alcalde de Temuco, por doce años, cuando quise cumplir con las instrucciones de la Contraloría en el sentido de poner término a los pagos en exceso del denominado incremento previsional, los trabajadores municipales se paralizaron, a pesar de que hacerlo estaba prohibido por ley. Desde un principio planteé que esto no era legal. Es más, en su momento, manifesté mi postura ante la directiva de la Asociación de Empleados Municipales de Temuco, anticipándome a lo que iba a ocurrir, esto es, los juicios de cuentas que comenzaron poco después, ya que lo mal pagado debe devolverse como corresponde.

Desde esa perspectiva, quiero recordar que los trabajadores sí tuvieron conocimiento de que estaban pagando dineros en exceso, tanto así que el propósito de las referidas paralizaciones se ejerció con presión para que se siguiera pagando incremento previsional que no correspondía en su momento. Es más, hubo municipios donde, incluso, se les pagó el aumento a los propios alcaldes, existiendo una suerte de colusión interna en que, atendido todo esto, se vieron beneficiados no solo los alcaldes, sino también los equipos de directivos y todo el personal.

Si bien se admitió la necesidad de buscar una forma para resolver esta problemática, considero que no es lógico que sea el Estado quien deba responder. Pese a que las remuneraciones del personal en el municipio en 2008 eran débiles -sin duda- en relación con el sector público en general, en realidad esto ha ido cambiando en los últimos diez años.

Este, a mi juicio, es un tema delicado que no se puede tomar a la ligera, pues en muchas instancias, como la Contraloría General de la República o el Consejo de Defensa del Estado, entre otras, se advirtió que esto iba a ocurrir, pero igualmente se siguió adelante con los pagos a los trabajadores, amparados en la autonomía de los municipios, muchos de los cuales se vieron obligados a tomar decisiones que no correspondían a raíz de las presiones ya señaladas.

También quiero insistir en que se debe ser riguroso, porque, de lo contrario, en el futuro se podría generar otro tipo de situaciones similares, dando lugar a pagos que no corresponden y viéndose en la obligación de legislar para rectificar este mismo tipo de situaciones en el futuro.

Aun con estas aprensiones ya señaladas, anuncio mi voto favorable, pero quiero que quede claro que esto no es en la forma como he escuchado aquí, en la Sala -algunos colegas se han referido al tema-, porque todos sí estaban en conocimiento de que, aun en beneficio de los trabajadores, no correspondía desarrollar estos pagos.

Por supuesto, me interesa el bienestar de los trabajadores municipales, que son el principal motor de los gobiernos municipales y las personas más cercanas a la actividad de la gente y de la población de nuestras queridas comunas de todo el país.

Por eso, votaré favorablemente este proyecto, pero manifiesto mis aprensiones en el sentido de que esto no vuelva a ocurrir en el futuro: que se desarrolle un tema como un incremento previsional, que se pague durante casi una década y que después tengamos que legislar para no devolver estos recursos que, en general, son mal habidos.

Aun así, voy a votar a favor -insisto-, porque me parece que se perjudicaría demasiado a los trabajadores municipales, y necesitamos que hoy, más que nunca, estén trabajando por la gente, cada uno en su puesto.

Dios proteja a Chile.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señorita Presidenta, partamos de la buena fe de los funcionarios y exfuncionarios que, evidentemente, recibieron estos recursos sin ninguna mala intención. No me cabe ninguna duda de que en la inmensa mayoría de los casos eso fue así.

Aquí la gran pregunta que debemos formularnos es quiénes fueron los responsables detrás de este error y si esto se perseguirá o quedará en nada. Y este asunto lleva a una reflexión más de fondo: si uno paga mal los impuestos o los deja de pagar, vienen las penas del infierno. Si el Estado malgasta los recursos, un perdonazo, y que pague Moya.

Yo creo que ese es un problema bien de fondo, porque aquí estamos hablando de los recursos de todos los chilenos. Detrás de cada peso que gasta el Estado, cuyo destino muchas veces definimos acá, está el esfuerzo de familias trabajadoras, están horas de hombres y mujeres que, por medio de sus impuestos, al ir a comprar o al percibir alguna remuneración, terminan en las arcas fiscales.

Si bien la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo señaló en la comisión que no se extingue la responsabilidad administrativa de los funcionarios que hicieron mal el cálculo -lo cito textual-, creo que aquí tenemos que hacer énfasis en estos dos puntos. ¿Qué pasa con las responsabilidades? ¿Se persiguen efectivamente?

Entiendo el trasfondo de este proyecto, cual es -creo que está correcto- que no se persiga al funcionario o al exfuncionario, porque en el fondo no tuvo ni el conocimiento ni la voluntad de percibir de forma inadecuada estos ingresos -eso me parece bien-, pero aquí hubo responsabilidades de quienes hicieron mal los cálculos. Yo creo que eso no puede quedar impune.

En este proyecto me preocupa el artículo 3, que prohíbe la opción de recuperar lo ya pagado por los funcionarios que responsablemente lo hicieron. O sea, de dos funcionarios en igualdad de condiciones, uno devolvió la plata y el otro no. Uno se fregó; el otro podrá verse beneficiado con este proyecto. Yo creo que ahí hay un tema de fondo de igualdad ante la ley y una mala señal, porque, para variar -estoy pensando también en otros proyectos, como el del CAE-, aquel que cumplió con una obligación y que, sin lugar a dudas, hizo un sacrificio, se fregó, mientras que el de al lado, en igualdad de condiciones, no fue afectado.

Yo creo que con ese tipo de cosas se dan malas señales, porque al final del día se termina entregando un incentivo para no pagar, para demorarse, a la espera de si hay un perdonazo. Esa es una muy mala señal de responsabilidad a nivel global, no solo en el caso particular; hay una cuestión mucho más de fondo, mucho más estructural, y en ese sentido damos una mala señal.

Considero que este proyecto es necesario en algunas de sus partes, pero aquí hay un tema más de fondo. Creo que las responsabilidades de quienes hicieron mal los cálculos debe ser perseguida, porque estamos hablando de los recursos de todos los chilenos.

En ese sentido, también se jugó con las expectativas de funcionarios que percibieron ciertos ingresos y muchos de ellos tuvieron que devolverlos, y también se están viendo en situaciones incómodas y complejas, incluso a nivel administrativo y judicial, por algo que no quisieron.

Dejo planteados los dos puntos, en particular lo del artículo 3, que me hace mucho ruido, porque finalmente terminamos perjudicando a aquel que sí cumplió la norma, a aquel que sí hizo el esfuerzo de devolver la plata, dejándolo en desigualdad de condiciones respecto de aquel que no lo hizo.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señor Presidente, quiero partir haciendo un reconocimiento y un saludo especial a todos los funcionarios y funcionarias municipales, que ayer estuvieron celebrando su día, pues se conmemoró el día del funcionario y la funcionaria municipal. Los municipios se sostienen en el tiempo con su trabajo, compromiso y dedicación a la comunidad.

Fui alcalde de Maipú -varios en esta Sala también han sido alcaldes o alcaldesas- y fui testigo directo de su trabajo y de su compromiso. Me ha tocado también observar eso en distintos municipios, no solo en mi distrito, sino también a lo largo de Chile.

Cada cuatro años elegimos a los alcaldes y alcaldesas que lideran los municipios. Los valoramos, porque marcan el liderazgo y la impronta. Pero ese trabajo se hace con los funcionarios y funcionarias municipales. Aprovecho de felicitar a los alcaldes y alcaldesas recientemente electos o reelectos.

En ese marco, este proyecto viene a hacer justicia, porque si de buena fe se aplicó una interpretación de una norma masivamente en los municipios y después la Contraloría consideró que era errónea, tenemos que hacernos la pregunta de si la ley estaba bien planteada o no, porque cuando el problema de interpretación es en un solo municipio, es problema del municipio; sin embargo, cuando dicho problema es en todos o buena parte de los municipios, hay un problema con la norma.

Entonces, de buena fe se plantea este error de cálculo en el incremento previsional, y por eso me parece bien, entonces, que se condone con la ley en proyecto y la vamos a votar a favor.

Pero no solo se trata de aprobar esta iniciativa -con mi voto a favor y, espero, con el de todos acá-, sino también de poder renovar nuestro compromiso con los funcionarios y funcionarias municipales de planta y de contrata, pero también con los funcionarios municipales a honorarios, que es un punto pendiente que espero que abordemos en próximos proyectos en este Congreso.

Vamos a votar a favor.

Vuelvo a felicitar a los funcionarios y funcionarias municipales por su aniversario, que se conmemoró ayer.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley viene a hacer justicia, porque hay principios básicos en el derecho, particularmente en la administración pública, en el sentido de que, cuando se efectúa un pago de buena fe y con justa causa de error, no se compele al pago y esa obligación es meramente natural. En este caso en particular, la adecuación a través del decreto ley N° 3.501, que señalaba que la remuneración de los trabajadores acogidos al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, ley N° 18.883, tenían que mantener su renta líquida.

Como lo señaló un colega que me antecedió en el uso de la palabra, esto no fue una forma de cálculo de un municipio, sino que una interpretación extendida, producto de lo equívoco que era la norma. En 2008, tras el reclamo de un funcionario de salud a la Contraloría Regional de La Araucanía, sale una nueva interpretación, y, en 2009, se corrige.

Aquí hay recursos que las y los funcionarios municipales han percibido de buena fe y con una justa causa de error. Por eso, lo que hace este proyecto de ley, que establece por bien pagadas las remuneraciones incrementadas por el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, es dar tranquilidad y certeza jurídica a aquellos trabajadores y trabajadoras que han percibido estas remuneraciones, máxime si son funcionarios municipales.

Aprovecho de señalar que las remuneraciones de los funcionarios municipales, respecto de las que perciben los trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo, siempre son mucho menores. Por eso, reivindico la función de los trabajadores municipales que perciben remuneraciones, a igual grado, del todo inferiores a los funcionarios de la Administración del Estado. En este caso en particular, por una interpretación equívoca, extendida, vieron incrementadas sus remuneraciones -más que incrementadas, las mantuvieron- después del decreto ley N° 3.501, de 1980, y por eso me parece que ahora se hace justicia, porque fueron trabajadores y trabajadoras que percibieron este incremento de sus remuneraciones de buena fe y con justa causa de error.

Por eso, vamos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, a mí me complica este proyecto de ley, no por los funcionarios involucrados, sino en razón de quien pierde. El patrón, el dueño de los recursos públicos no es el Estado ni las municipalidades, sino que es el ciudadano que pagó sus impuestos, sus contribuciones, porque si no las paga, le rematan la casa. Y ellos ven cómo los gestores de esos dineros, que debe entregar de manera forzosa, hacen un mal trabajo y, en este caso, sobrepagan a terceros, a los funcionarios municipales.

¿Quién protege al contribuyente en esta materia? ¿Quién se hace cargo del daño? ¿Son los alcaldes los que van a tener que responder de su propio bolsillo? ¿Son los administradores municipales? ¿Quizás el legislador? No, porque cuando el fisco malgasta o mal administra los recursos, el que pierde es el ciudadano.

En este caso específico, hay funcionarios municipales que efectivamente devolvieron los montos que se les habían sobrepagado. A esos funcionarios municipales nuevamente los castigamos, porque a los que no devolvieron esos dineros les decimos ahora que no tendrán que devolverlos.

Tengo un sentimiento de injusticia en este caso, porque encuentro que no corresponde. Creo en la igualdad ante la ley, y pienso que el trato tiene que ser igual para todos, y eso significa que o todos los funcionarios tienen que devolver el dinero, o bien, habría que restituirles el dinero a los funcionarios que ya lo devolvieron. El que paga mal, paga dos veces, dice un aforismo jurídico.

Entonces, estamos cometiendo una injusticia respecto de los funcionarios municipales que devolvieron la plata, y estamos cometiendo también una injusticia respecto del contribuyente que termina perdiendo la plata de todas maneras. ¿Y los responsables? Son irresponsables, porque nadie responde de su bolsillo por el error, más allá de aquellos que son los que pusieron la plata, que son los contribuyentes.

Entiendo al funcionario municipal al cual se le pagó por error y que ahora se ve en la calidad de deudor. Encuentro que es injusto para ese funcionario verse en esta situación, pero la verdad es que no tenía derecho sobre esos dineros. Quien sí tiene derecho sobre esos dineros es el contribuyente; él es el dueño de esos dineros. La pregunta es si el Estado va a estar dispuesto a recuperarlos o no. Respecto de este caso específico, tengo la impresión de que lo que se quiere hacer es entregar un perdonazo, el que, por lo demás, va a generar un pésimo incentivo para el futuro.

Hemos visto cómo en Chile, el concepto de probidad en la administración de los recursos públicos se ha ido perdiendo. Prueba de ello es un estudio de la Universidad del Desarrollo que sostiene que el 74 por ciento de los recursos de las municipalidades se malgasta. Y aquí estamos viendo una arista más de un problema generalizado. Aquellos que ponen las lucas no ven un servicio a cambio. Desde el punto de vista financiero, quizás, la situación que discutimos es un detalle, pero, sin duda, no lo es para los funcionarios que tienen que devolver el dinero.

No estamos haciendo las cosas como corresponde. No estamos siendo justos. ¿Le vamos a entregar el mismo beneficio a todos los funcionarios municipales o vamos a castigar a aquellos que devolvieron los recursos? Al final, en eso termina esta iniciativa. ¿Qué gestores municipales serán sancionados? ¿Nadie? ¿Nadie tiene que pagar por esto? Me cuesta mucho decidir mi voto en esta materia.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los dirigentes de los funcionarios municipales que hoy nos acompañan en las tribunas, que buscan resolver un problema que es muy antiguo, que los tiene a todos enfrentados en tribunales.

Este proyecto de ley busca condonar la deuda originada en pagos de remuneraciones en exceso al mundo municipal, que es un problema que surge desde el traspaso de los trabajadores desde el antiguo sistema previsional al sistema de AFP, en 1981. Dentro de los coletazos y los ajustes que hubo que hacer para poder adaptar las remuneraciones de los funcionarios públicos de la época, se establecieron varios bonos o asignaciones de incremento previsional, y, desde el año 1981 en adelante, ese incremento previsional se estableció en una ley que uno podría calificar de ambigua. Las leyes mal hechas a veces generan interpretaciones confusas, equívocas. Pues bien, se mantuvo esa interpretación desde el año 1981 en adelante, que establecía el cálculo de esta asignación de incremento previsional sobre una parte del sueldo de los funcionarios municipales.

Muchos años después de que la inmensa mayoría de los funcionarios municipales percibía esta asignación, con ese criterio de cálculo, en 2009, la Contraloría General de la República cambió ese criterio, y, al cambiarse ese criterio, ello significó una reducción del sueldo líquido de los trabajadores.

Se inició un conjunto de disputas judiciales y en Contraloría, que ha durado hasta el día de hoy. Al cambiar este criterio de manera inconsulta, inadvertidamente, sin que supieran los funcionarios municipales, se estimó que hasta antes del 2009, los trabajadores habían percibido una parte de sus remuneraciones en exceso, a pesar de que los trabajadores no se fijan sus remuneraciones, pues se las fija el municipio, de acuerdo con los criterios vigentes en la época.

Como resultado de toda esta disputa sobre formas de cálculo de remuneraciones, se han abierto numerosos juicios para que los tribunales embarguen y hagan que los funcionarios antiguos devuelvan este dinero erróneamente pagado en exceso, a partir del cambio de criterio de una ley ambigua que viene de la dictadura.

Nosotros estamos para resolver problemas; sin embargo, observamos que los funcionarios municipales, a menudo considerados los hermanos menores de la Administración pública, reciben sueldos más bajos que sus contrapartes en el ámbito profesional y técnico, así como en todos los estamentos de la Administración pública. En este caso, además, los demandan y les quieren cobrar una deuda que se ha incrementado con el paso del tiempo y que afecta severamente los patrimonios individuales, así como los recursos y la subsistencia de los trabajadores municipales.

Creemos que aquí hay una justa causa de error, un error en una interpretación que no promovieron los trabajadores, sino sus propios empleadores, e incluso la Contraloría en su momento, que ya sea por vía activa o por tolerancia permitieron que esto se mantuviera desde 1981, desde la dictadura. Por lo tanto, no es razonable que ahora se les obligue y sancione, a pesar de que existía un error compartido, un error común en todo el sistema.

Como los funcionarios actuaron de buena fe, al no haber contribuido de ninguna manera a esta situación, nos parece que debemos dar una solución. En ese sentido, tanto el gobierno anterior como el actual han propuesto un proyecto de ley de esta naturaleza, que condona la deuda originada por los pagos en exceso debido a esta disputa sobre parte de estas remuneraciones.

Este proyecto no significa un mayor gasto para el Estado; ninguna partida se verá disminuida por su aprobación. Por el contrario, con esta iniciativa vamos a zanjar un problema que tiene muy complicados a los trabajadores municipales, algunos de ellos muy modestos, quienes enfrentan la carga, la presión y la amenaza de verse embargados por esta situación.

Por lo tanto, creo que debemos aprobar este proyecto de ley, para hacer un reconocimiento a los trabajadores municipales, particularmente a quienes actuaron de buena fe en este caso, debido a una justa causa de error o a un error común.

Como bancada del Partido Socialista, queremos comunicarles a los funcionarios municipales que vamos a aprobar este proyecto de ley, porque resuelve razonablemente una situación…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, no voy a entrar en el detalle de cómo se llegó a este proyecto de ley. Solo quiero señalar que surgió de una agenda acordada entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (Ufemuch) y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch). Asimismo, se originó a partir de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público.

Reitero que no ahondaré en los detalles de la iniciativa. Sin embargo, quiero recoger las palabras del diputado Leonardo Soto , ya que este proyecto, como fue recalcado en su momento por la Subsecretaría, no implica un gasto extraordinario para el Estado. Creo que eso debemos despejarlo. De hecho, como se dice en la jerga tradicional, esto sería un costo hundido, por lo que no estaríamos incurriendo en ninguna ilegalidad que escape de nuestras manos.

Efectivamente, se pagó algo por equivocación, pero la pregunta es quién cometió ese error. No fueron los funcionarios quienes, de mala fe, se aprovecharon de la situación, sino que sencillamente fue algo que no estuvo en sus manos. Es más, aseguro que muchos de ellos ni siquiera tuvieron la capacidad de detectar el error.

Entonces, la pregunta ética sería qué pasa con aquellos que sí pagaron sus deudas. Felicito a quienes lo hicieron, porque demostraron tener la capacidad de hacerlo. Sabemos que sus sueldos son bastante bajos y que muchos funcionarios ni siquiera pueden devolver esos montos, que, por pequeños que sean, marcan una gran diferencia en su vida cotidiana y su quehacer.

Creo que en este caso no estamos ante el dilema ético de qué hacer con quienes pagaron. Debemos felicitarlos. Si podemos ayudarlos mediante otro proyecto de ley, bienvenido sea. Además, estoy completamente segura de que esas personas entienden que esta iniciativa persigue que se condone esa deuda.

En el futuro, se debe tener más cuidado con estos asuntos y evitar que se repitan estos errores. Sin embargo, si se incurre en alguna falta de este tipo, quienes deben asumir la responsabilidad son las personas o instituciones que las cometan, o el Estado si es responsable, no los funcionarios municipales.

Reitero: en este caso nadie actuó de mala fe, lo cual queda claramente evidenciado al observar que muchos municipios, en teoría, cometieron el mismo error, algo que la Contraloría terminó detectando posteriormente.

Considerando estos argumentos, creo que tendremos un apoyo transversal para la aprobación de esta iniciativa, que, repito, es de toda justicia.

Espero que podamos encontrar la manera de ayudar a aquellas personas que devolvieron la plata, a pesar de que realmente la necesitaban. Sin embargo, eso será tema de otro proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, hay proyectos que son atingentes, que llegan en el momento oportuno. Considero que este es uno de ellos.

Agradezco esta iniciativa, impulsada y demandada por las asociaciones de funcionarios municipales, especialmente teniendo en cuenta que ayer se celebró el Día del Funcionario Municipal.

Me tocó ser funcionaria municipal durante muchos años, a honorarios -sabemos lo que eso significa-, por lo que celebro que esta iniciativa llegue en buen momento para aclarar una situación que no fue generada por los funcionarios, sino que resultó de un error administrativo. Finalmente, lo ocurrido nos llevó a la condonación de la deuda por estos pagos en exceso, algo que será muy bien recibido por los trabajadores y trabajadoras municipales.

Quiero aprovechar esta instancia para saludarlos, ya que fueron mis colegas durante varios años. Agradezco con mucha fuerza esta iniciativa.

No quiero terminar esta intervención sin antes transmitir un mensaje a algunos funcionarios -especialmente a un colega parlamentario del distrito- para que no se confundan: este proyecto de ley no condona las deudas generadas por horas extras mal pagadas. Lo menciono para que el colega de la bancada de enfrente esté al tanto, ya que tiene algunas deudas por pagos de horas extras que recibió cuando prestaba servicios en una municipalidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que regula las empresas FoodTech.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante del segundo informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor Jorge Rathgeb .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 84ª de la presente legislatura, en lunes 7 de octubre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 13.

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 67ª de la presente legislatura, en lunes 26 de agosto de 2024, ocasión en que se rindió el primer informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Jorge Rathgeb , rinde el informe el diputado Harry Jürgensen .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor JÜRGENSEN (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley iniciado en una moción de los siguientes diputados y diputadas: Miguel Ángel Calisto , Felipe Camaño , Felipe Donoso , Daniel Lilayu , Benjamín Moreno , Gloria Naveillan , Emilia Nuyado , Jorge Rathgeb , Cristóbal Urruticoechea y quien habla, Harry Jürgensen .

Idea matriz del proyecto

La idea matriz o fundamental consiste en crear una regulación de la industria conocida como FoodTech y establecer un estatuto de libre competencia entre los alimentos de origen animal y aquellos alimentos de origen vegetal, cuando estos últimos imitan las propiedades de los primeros.

Trabajo realizado por la comisión

La comisión discutió en particular las indicaciones presentadas al proyecto de ley en la Sala, la que lo aprobó en general en la sesión 74ª, celebrada con fecha 10 de septiembre de 2024. Dichas indicaciones originaron su reenvío a la Comisión de Agricultura, con el objeto de que las despachara y emitiera el respectivo segundo informe.

Junto con las indicaciones presentadas en Sala, se presentó una indicación por parte de los miembros de la comisión, las que fueron finalmente examinadas en su sesión 155ª, de fecha 1 de octubre de 2024.

Se rechazaron todas las indicaciones presentadas en Sala, la mayoría de las cuales proponía sustituir el término “simulado” por “procesado de origen vegetal”, y otras que sugerían cambios en la denominación del proyecto y el etiquetado de los productos.

El debate y las respectivas observaciones están contenidos in extenso en el segundo informe de la comisión.

Algunos puntos relevantes a destacar fueron las diferencias en la definición de productos simulados, donde se debatió la intención del proyecto de subrayar la distinción entre los alimentos de origen vegetal y los productos derivados de animales.

Las diputadas y los diputados que apoyaron las modificaciones señalaron la importancia de un etiquetado claro y preciso para evitar confusiones en los consumidores. Sin embargo, la mayoría optó por mantener el término “simulado” y no incorporar cambios que pudieran generar contradicciones en la legislación.

En concreto, el proyecto de ley que vamos a votar consta de cinco artículos, todos los cuales fueron objeto de indicaciones. Producto de las votaciones efectuadas en la comisión, la única modificación aprobada fue en el artículo 5, donde se cambió la referencia a los artículos 1, 2 y 3 por 2, 3 y 4. Esta modificación fue aprobada por unanimidad, en contraste con otras propuestas rechazadas, incluyendo la eliminación de dicho artículo.

De esta manera, producto de la tramitación verificada en el segundo trámite reglamentario, la comisión aprobó la siguiente modificación al texto aprobado en general por la Sala:

“Proyecto de ley que regula los alimentos simulados y establece un estatuto de libre competencia.”.

“Artículo 1.- Para efectos de esta ley, se entiende como alimento simulado aquel producto alimenticio cuya composición no contiene productos derivados de animales pero dado las técnicas empleadas para su elaboración muestran una apariencia, sabor, textura y olor similar o idéntico a productos derivados de animales.

Artículo 2.- Prohíbese a cualquier alimento simulado denominarse, mostrarse, o publicitarse como un producto derivado de un animal.

Artículo 3.- Prohíbese la promoción de cualquier alimento simulado con imágenes de productos derivados de la crianza y faenamiento animal.

Artículo 4.- Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos simulados, deberán informar en los envases o etiquetas de estos productos alimenticios la calidad de "ALIMENTO SIMULADO”.

Será el Ministerio de Salud, mediante el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el que determinará además: forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de las etiquetas y rótulos nutricionales mencionados en el inciso anterior, velando especialmente porque la información que en ellos se contenga sea visible y de fácil comprensión por la población.

Artículo 5.- Las conductas que infrinjan lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 de esta ley serán consideradas como actos de competencia desleal y se les aplicarán todas las normas dispuestas en la ley N° 20.169, que Regula la Competencia Desleal.”.

Es todo cuanto puedo informar, conforme a lo acordado en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Por falta de quorum, voy a suspender la sesión. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González.

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que la gente debe tener la mayor información sobre lo que compra y sobre lo que va a comer. Por eso, creemos importante que, si algún producto puede dar pie a confusión, ello se debe aclarar en las mismas etiquetas.

Sin embargo, vemos con preocupación que este proyecto puede generar daño a una industria que es legítima, la de los productos veganos, que no tiene intención de hacer creer a sus clientes que están comiendo carne.

¿Por qué se podría producir ese perjuicio? Porque, si inventamos un concepto con palabras negativas, como “alimento simulado”, la gente tendrá desconfianza de ese producto, por decir que es un alimento simulado.

No obstante, algunos no quieren simular nada, sino que quieren vender un producto, como una hamburguesa de garbanzos, y, si en la etiqueta de la hamburguesa dice que no tiene ingredientes de origen animal, no veo cuál es el problema.

Por eso, presentamos indicaciones que, lamentablemente, fueron rechazadas en la Comisión de Agricultura, lo cual no nos extrañó, aunque con una votación estrecha, y por ello las hemos repuesto, para que, en lugar de “alimento simulado” diga “alimento sin contenido animal”, y así nadie se confundirá.

Si obligamos a que en la etiqueta de esa hamburguesa de garbanzos diga con letra legible “alimento sin contenido animal”, no tenemos para qué inventar un concepto con palabras negativas como “alimento simulado”, o sea, “te quieren engañar”.

¡No! Quienes venden alimentos veganos apuntan a un mercado de personas que no quieren consumir animales.

Por último, la información debe ser para ambos lados, es decir, quienes venden hamburguesas de carne deberían indicar de qué parte del animal proviene.

Hemos repuesto otra indicación, que dice que los productos que contengan ingredientes de origen animal deberán informar en sus envases o etiquetas las partes del animal que contienen, así como los productos con que esos animales fueron alimentados por la industria, porque hay cerdos a los cuales se les dan aceites que provienen del procesamiento de los pollos, y pollos a los que se les da de los cerdos.

Espero que eso no esté ocurriendo ahora, pero ha ocurrido en la industria, y es importante que la gente sepa lo que come. Ese es el origen de este proyecto.

Entonces, aprobemos estas indicaciones, de modo que quienes quieran comer animales sepan qué parte del animal están comiendo y con qué se alimentaron esos animales.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, una hamburguesa de garbanzos es una tortilla, y lo digo con mucho respeto por el colega que me antecedió en el uso de la palabra.

Sí, la gente tiene derecho a saber qué es lo que termina en su plato, pero, más importante que eso, la gente tiene derecho a saber que la industria de los alimentos simulados es probablemente una de las que tienen más rápido crecimiento en el mundo, y hablo de alimentos simulados, como la carne simulada del multibillonario americano Bill Gates , quien es uno de los grandes impulsores de la persecución a la agricultura tradicional, que, por lo demás, va de la mano con este centro de metano que están poniendo acá en Chile, mientras el Ministerio de Agricultura parece feliz persiguiendo a quienes tienen sus vaquitas en el campo.

Lo que pretenden hacer es cerrar el mercado. Al final, están persiguiendo a la agricultura tradicional para permitir que el sector de los alimentos industriales se quede con todo el mercado.

Cuando usted le pregunta a una persona: ¿qué quiere comer?, ¿se quiere comer su asado, como lo han hecho su padre, su abuelo y sus antepasados desde el comienzo de los tiempos?, ¿o quiere ser una ratita de laboratorio a la que le meten todo tipo de basuras químicamente procesadas y manipuladas, que se parecen a aquello que usted originalmente consumía? En esos casos, la gente dirá “No, pues. Yo quiero el original. ¿Por qué no?”. Se quedarán con el original y comprarán el original. ¿Por qué? Porque el original normalmente es más sano y, para más remate, tiene mejor sabor.

Ese es el problema que tienen quienes están defendiendo la industria de los alimentos simulados. No están defendiendo la salud de la gente, sino grandes intereses corporativos. Eso es lo que están defendiendo, y todavía no lo saben; no se dan ni cuenta de hasta qué punto son serviles a los intereses de grandes corporaciones internacionales que lo que pretenden hacer es eliminar la agricultura tradicional para quedarse como dominadores exclusivos del mercado. No se dan cuenta de cómo les avanzan el camino a esos, que supuestamente son tan progresistas y tan avanzados.

Voy a votar a favor de este proyecto de ley, porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que termina en su plato, y a que, si dice queso, sea queso. Una hamburguesa de garbanzos jamás será una hamburguesa, aunque se identifique como tal.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Yovana Ahumada .

La señorita AHUMADA (doña Yovana).-

Señor Presidente, lamento que hoy, una vez más, estemos hablando de este proyecto, ya que deberíamos ocupar nuestro tiempo en cosas importantes para resolver las necesidades de la ciudadanía.

Hoy, las grandes industrias, esas otras de las que habló el diputado Kaiser , son las que buscan que este proyecto avance, porque le tienen miedo a la competencia. ¿Por qué? Porque no quieren que se conozca la realidad que ocurre con los productos cárnicos, la trazabilidad, el origen y fin de lo que viven los animales con los cuales se producen esos alimentos.

A la gente que consume, como nosotros, que elegimos qué queremos consumir, preferentemente productos de origen vegetal, nadie nos engaña.

Esto se planteó en la comisión cuando se discutió este proyecto, pues se dijo que se buscaba transparentar ese proceso, porque se engañaba al consumidor. ¡Mentira! Las personas que no queremos consumir productos de origen animal lo tenemos muy claro; nadie nos engaña, sino que elegimos claramente qué queremos, y lo vamos a buscar. Por eso, muchos supermercados están colocando góndolas específicas con ese tipo de alimentos, porque la gente los busca.

Acá hay un problema con la competencia, y con el miedo que tienen esas industrias, que por mucho tiempo engañaron a la ciudadanía, mostrando vaquitas felices, chanchitos felices, ¡todos felices!

Pues bien, vayan al matadero a ver cómo los transportan, cómo los crían y cómo los faenan. Esa es la realidad de lo que se consume. No solo se consume muerte, sino también enfermedades, y esa es la realidad que llega a los platos de muchas personas.

En consecuencia, acá nos falta fiscalización -¡por Dios que me gustaría que hubiera!- y recursos para generar efectivamente la trazabilidad de los alimentos de origen animal que se consumen, y no solo en nuestro país, sino también en el mundo.

Por eso voy a votar en contra, porque creo que, lamentablemente, le estamos dando tiempo a una discusión que no suma.

Sin embargo, también he apoyado indicaciones que van en la línea de transparentar, como bien dijo el diputado Félix González . Conozcamos efectivamente qué es lo que se está comiendo con los nuggets, con las hamburguesas y con otros alimentos que por mucho tiempo hemos consumido, pero, lamentablemente, sin conocer el origen ni la crueldad en el origen de esos productos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen .

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, este proyecto de ley tiene por objetivo establecer claramente cuáles son los alimentos de origen animal y cuáles no. Eso es todo. Busca distinguir la procedencia natural de la procedencia sintética.

No se trata de un proyecto destructivo, que venga a inventar algo sin sustento. Durante su tramitación, la Biblioteca del Congreso Nacional nos proveyó un importante estudio que demuestra que esta propuesta de ley viene a poner a Chile en la misma senda de países desarrollados como Canadá, que en su reglamento de alimentos y medicamentos se refiere expresamente a los “productos simulados”, concepto que ha sido aprobado como el nombre definitivo de este proyecto de ley. Precisamente se trata de eso: son alimentos simulados, porque simulan una característica que no les resulta propia, lo que, por supuesto, lleva a confusión. La Real Academia Española define el concepto de “simular” como “representar algo, fingiendo o imitando lo que no es”.

Esa transparencia es la que buscamos entregar a las personas, para que todos sepan qué están consumiendo. Además, queremos que Chile tenga una legislación avanzada en esta materia, conforme a las reglas de la libre competencia.

En la Comisión de Agricultura tuvo lugar un debate profundo y detallado sobre esta iniciativa. Se presentaron indicaciones y logramos alcanzar un consenso en torno a esta materia. Fruto de esa deliberación democrática, hoy llega a esta Sala un proyecto que se hace cargo de una materia de suma relevancia, la cual es indispensable que, de una vez por todas, regulemos.

A modo de ejemplo, no puede ser igual comer un trozo de carne con trazabilidad, producido de forma natural en praderas y con una agricultura como la nuestra, que es amigable con el medio ambiente y carbononeutral, que comer un tumor cultivado en un laboratorio, en cuyo proceso de producción se utilizaron antibióticos y promotores de crecimiento, o sea, hormonas, entre otras cosas.

Por todo lo anterior, apoyo entusiasmadamente este proyecto y exhorto a la Sala a seguir en esa dirección.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Manouchehri .

El señor MANOUCHEHRI.-

Señor Presidente, mientras tenemos chilenos que mueren esperando en las listas de espera, personas acogotadas por las deudas, ciudadanos con pánico por la delincuencia, niños inmersos en una educación de castas sociales y jóvenes que se ven metidos en una tremenda depresión por no encontrar oportunidades laborales, es decir, mientras el peso de la vida golpea a nuestra gente, este Parlamento destina su tiempo a discutir durante meses el prohibir que la hamburguesa de garbanzos se llame hamburguesa de garbanzos.

Algunos parlamentarios creen que alguien que compra una hamburguesa de porotos no sabe que esa hamburguesa es de porotos, o que alguien que compra una salchicha de zanahoria podría confundirse y no darse cuenta de que la salchicha de zanahoria es de zanahoria.

Señores, debemos poner el acento en las cosas relevantes. Por lo demás, aquí algunos hablan de “alimentos naturales” en contraposición a aquellos alimentos. ¿Cuáles serían esos alimentos naturales? ¿Los salmones repletos de antibióticos? ¿La fruta y la verdura repleta de pesticidas? ¿Las hamburguesas que no sabemos muy bien de qué se hacen?

Por la innovación, el emprendimiento, la lucha en contra del cambio climático y el respeto por los seres vivos, votaré en contra de este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, acabo de escuchar un discurso que parece de un opositor al gobierno de Gabriel Boric, llamando la atención de lo mal que está nuestro país, llamando la atención de las tremendas desigualdades que hay; pero después miro y es un militante del Partido Socialista, que están ahí agarrados del gobierno y enquistados en él. Para lo bueno, para tirar las manos, son del gobierno. Para hacerse responsables de los problemas del país, no, en ese caso ojalá que no se enteren de que son del gobierno.

Qué bueno que se estén dando estas discusiones, porque es importante que la información esté disponible. Hay algunos a quienes no les gusta que la información esté disponible. Si hasta fueron capaces de ocultar a un agresor sexual durante 48 horas. No les gusta que la información esté disponible para los chilenos.

Qué bueno que esto se discuta -para eso está este Congreso-; qué bueno que haya un llamado a la responsabilidad, porque no escuché ese llamado cuando discutimos el establecimiento del Día del Pajarete. Todos se acordarán de que ese proyecto tuvo hasta urgencia legislativa.

El micrófono aguanta demasiado, pero los chilenos afortunadamente se han ido dando cuenta de quiénes están simplemente para mirar la veleta y ver hacia dónde apunta el viento primero, y decir “para allá vamos”, y quiénes tienen una sola línea. Los republicanos en eso nos hemos destacado.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Daniel Manouchehri .

El señor MANOUCHEHRI.-

Señor Presidente, cito el artículo 90, número 6 del Reglamento.

El diputado José Carlos Meza ha dicho que aquí se tiran las manos, que los socialistas tiran las manos. La verdad es que aquí ninguno de estos diputados ha tirado las manos; partamos de esa base. De hecho, la Policía de Investigaciones está allanando justamente una oficina bien cerquita de donde está sentado el diputado. Así que hay que tener harta personalidad.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Corresponde continuar el debate del proyecto de ley, iniciado en moción, que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y modifica cuerpos normativos que indica, correspondiente al boletín N° 14987-12.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada parlamentario que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 85ª de la presente legislatura, en martes 8 de octubre de 2024, ocasión en que se rindieron los informes de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, los humedales son ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad y nos proveen de importantes elementos para la vida. Los podemos encontrar a lo largo de toda la costa, como estuarios, lagunas, costeras o marismas; a lo largo de la cordillera de Los Andes, como salares, lagunas salobres, bofedales, vegas, ríos, lagos y lagunas. Hacia el sur de Chile es posible reconocer a los humedales de turberas, que son grandes sumideros de gases de efecto invernadero, o a los humedales boscosos, conocidos como hualves o pitrantos.

Todos ellos, en mayor o menor cantidad, suministran hábitat a peces, crustáceos, anfibios, reptiles, aves migratorias, entre otros. En Chile somos excepcionalmente diversos en estos ambientes.

Más relevancia adquiere saber que Chile es el segundo país más afectado por el cambio climático en Latinoamérica y el primero más afectado por extrema escasez de agua. Impresionante, ¿no? Los humedales no solo reservan agua en territorios secos, como sería en el norte de Chile, sino que forman parte de nuestro sistema natural de defensa contra el cambio climático, protegiéndonos de inundaciones, olas de calor, entre otros desastres.

Es evidente que los humedales de Chile no son solamente urbanos, lo cual deja fuera de la protección de la ley a diversos ecosistemas. En Chile, a través del inventario de humedales, se ha calculado que la superficie que comprende los humedales es de 5,6 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 7,3 por ciento del territorio nacional, donde aproximadamente 743.468 hectáreas de humedales se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas. Con este pequeño porcentaje, correspondiente a humedales urbanos del total de los humedales a nivel nacional, vemos que diversos ecosistemas quedan fuera de la protección de la ley.

El texto propuesto estipula que en todo lo no regulado específicamente en esta futura ley serán aplicables las disposiciones contenidas en la ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De esta manera, se entenderá por humedal rural todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren totalmente fuera del límite urbano.

La normativa propuesta va en la dirección correcta respecto de lo que Chile necesita y el beneficio que reporta el cuidado y la conservación del medio ambiente para los habitantes de la república.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, para establecer la caducidad de la acción ejecutiva de cobro de derechos de aseo respecto de personas que indica, correspondiente al boletín N° 15522-06.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada parlamentario que se inscriba para hacer el uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Fernando Bórquez .

Antecedentes:

-Moción, sesión 102ª de la legislatura 370ª, en lunes 28 de noviembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 23.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 73ª de la presente legislatura, en lunes 9 de septiembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Bórquez , rinde el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización el diputado José Carlos Meza .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor MEZA (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer constitucional, iniciado en moción de las diputadas Marta Bravo , Marlene Pérez , Natalia Romero y Flor Weisse , y de los diputados Fernando Bórquez (autor), Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma , Felipe Donoso , Daniel Lilayu y Cristhian Moreira , que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, para establecer la caducidad de la acción ejecutiva de cobro de derechos de aseo, respecto de las personas que indica, .

El artículo único del proyecto es de quorum simple.

La idea matriz del proyecto, tal como se señala en su epígrafe, es establecer la caducidad de la acción ejecutiva de cobro de derechos de aseo municipal, luego de tres años contados desde que la obligación se hizo exigible, respecto de las personas que indica.

La comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas señoras Camila Musante , Joanna Pérez y Carolina Tello , y los diputados señores Miguel Becker , Bernardo Berger , Fernando Bórquez , Juan Fuenzalida , José Carlos Meza , Rubén Oyarzo y Matías Ramírez .

De acuerdo con el artículo 7 de la ley de rentas municipales (decreto ley N° 3.063, de 1979), los municipios cobrarán una tarifa anual por el servicio de aseo, la que es fijada por cada municipalidad en particular. La misma norma dispone que las condiciones generales que fijan el monto a pagar, las cuotas y las fechas de vencimiento, entre otros aspectos relacionados, serán reguladas mediante ordenanzas locales correspondientes.

Vinculado con lo anterior, los municipios tienen la facultad de rebajar una proporción de la tarifa de aseo o de eximir del pago de esta a los usuarios que tengan una situación económica que lo justifique, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en las ordenanzas municipales que regulan la fijación de tarifas de aseo municipal. Sin perjuicio de ello, quedan exentos del pago de la tarifa de aseo, de manera automática, los usuarios cuya vivienda tenga un avalúo fiscal igual o menor a 225 unidades tributarias mensuales.

A juicio de los autores del proyecto, la circunstancia de que cada municipalidad decida a quién exime de pago y a quién no genera una discriminación entre personas que habitan municipios distintos, pues queda a criterio de las autoridades municipales decidir quién cumple con los requisitos socioeconómicos suficientes para no pagar. Así, pueden existir dos personas habitantes de comunas diferentes, cuya situación económica sea idéntica, pero solo una de ellas esté obligada a pagar derechos de aseo, porque su municipio así lo exige, pese a que esté enfrentando dificultades económicas.

La legislación vigente deja en total olvido a un grupo de la población que sufre constantemente a causa de las dificultades económicas que trae consigo la vejez, en la mayoría de los casos. Pues bien, es posible que muchas personas mayores hayan adquirido durante su vida laboral el dominio de bienes inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 225 unidades tributarias mensuales, pero que actualmente sus pensiones sean insuficientes para costear la gran cantidad de gastos que trae consigo la mantención de una propiedad, como ocurre con los derechos de aseo municipal.

Sumado a lo anterior, los municipios no cuentan con la facultad de declarar de oficio la prescripción de deudas de los derechos de aseo municipal, por lo que incluso en aquellos casos en que las autoridades comunales tienen la intención de ayudar a los habitantes más vulnerables de su comuna, se encuentran impedidas de hacer la referida declaración al no existir ninguna ley ni reglamento que las faculte a hacerlo.

En el mismo sentido, es necesario tener en consideración la recesión económica que estamos viviendo, poniendo especial énfasis en aquellos grupos que luchan constantemente contra la desigualdad económica. Estos grupos están constituidos por las personas mayores de nuestro país y por el 40 por ciento más pobre de la población. En muchos casos viven en estado de vulneración y en malas condiciones sociales, por lo que se requieren medidas que faciliten la prescripción de las deudas de aseo municipal que tienen estas personas, considerando que esta carga genera grandes agravios en sus ingresos.

Durante la discusión particular, la comisión aprobó una indicación sustitutiva del texto original que incorpora en el artículo 7 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, un inciso final conforme con el cual la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo domiciliario será declarada de oficio y sin más trámite para el deudor, transcurrido el plazo de tres años contado desde que la obligación se hizo exigible.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, estimados y queridos colegas, estamos reunidos para discutir un tema crucial y de mucha importancia que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La propuesta que hoy presento sobre la caducidad de la acción ejecutiva de cobro de derechos de aseo municipal no solo busca aliviar la carga económica de las personas mayores y del 40 por ciento más vulnerable de la población, sino que también aborda un tema de equidad y justicia social en nuestro sistema.

La propuesta es muy pertinente en el contexto de una recesión económica que ha afectado desproporcionadamente a los más desfavorecidos. Muchos adultos mayores, a pesar de haber trabajado toda su vida y haber acumulado ciertos bienes, se ven atrapados en una trampa económica. Sus pensiones no son suficientes para cubrir los gastos básicos y la carga de los derechos de aseo puede ser devastadora.

Este proyecto de ley, al establecer la caducidad de la acción ejecutiva tras tres años, ofrece una solución efectiva y necesaria. Es necesario hacernos cargo de iniciativas que no solo busquen seguridad, sino que también se preocupen de lo social en nuestro país, lo que este gobierno ha dejado muy a la deriva. Apoyar esta iniciativa es un acto de justicia, en un momento donde la empatía y el apoyo de los ciudadanos son más necesarios que nunca. Debemos unirnos para respaldar esta propuesta que, sin duda, mejora la calidad de vida de muchos adultos mayores.

Hago un llamado a todos los colegas presentes para apoyar este proyecto. Sé que ha habido iniciativas de algunas colegas a través de solicitudes de resolución relacionadas específicamente con este beneficio al 40 por ciento más vulnerable y a los adultos mayores. Es un paso significativo hacia una sociedad más justa y equitativa. Es por eso que pido especialmente a los colegas de este hemiciclo que vean esta propuesta desde el punto de vista social.

También, quiero hacer un acto de justicia, en el sentido de dar cuenta de que iniciamos este proyecto con un concejal de Castro perteneciente al Partido Socialista, quien vio que había una necesidad en una población muy característica de dicha comuna. Así, iniciamos este proceso en conjunto. Con el apoyo de ustedes en algún momento podrá ser ley de la república.

Mi voto siempre será a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Estamos a dos minutos del término del Orden del Día. Por lo tanto, el debate de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión.