Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que perfecciona y confiere carácter público el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica, correspondiente al boletín Nº 15866-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Henry Leal .

Antecedentes:

-Moción, sesión 24ª de la legislatura 371ª, en martes 25 de abril de 2023. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 96ª de la presente legislatura, en lunes 4 de noviembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 14.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En reemplazo del diputado Henry Leal , rinde el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana el señor Jorge Guzmán. Tiene la palabra, diputado.

El señor GUZMÁN (de pie).-

Señorita Presidenta, en representación de la Comisión de Seguridad Ciudadana, paso a informar el proyecto, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en moción de los diputados Jorge Alessandri , Jorge Guzmán , Andrés Jouannet , Henry Leal , Andrés Longton , Christian Matheson , Guillermo Ramírez , Frank Sauerbaum , Diego Schalper y Francisco Undurraga , que modifica la ley Nº 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y perfecciona, en el ámbito de la seguridad ciudadana, y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica, calificado con urgencia simple.

Durante el análisis de esta iniciativa, la comisión contó con la asistencia y colaboración de la señora Carolina Tohá , ministra del Interior y Seguridad Pública; Rafael Collado , jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Ricardo Yáñez , exgeneral director de Carabineros de Chile; Omar Morales Márquez , director del Registro Civil e Identificación; la prefecta inspectora señora Maricela Gárate Vergara , jefa jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile; Rodrigo Hornos Cisternas , abogado asesor de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional; Cristián Irarrázaval Zaldívar , abogado asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, y Leonardo Moreno Holman , abogado asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública.

La idea matriz de la propuesta es perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia para facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, junto con declarar su carácter público para los casos que indica, como medida de protección de la sociedad, de disuasión del delito y de ayuda a la captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia.

La iniciativa dispone que, en investigaciones o procedimientos penales por crímenes o simples delitos, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identificarán casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y confeccionarán un listado que será publicado en los portales institucionales de ambas policías.

Dicho listado incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, el nombre completo de la persona y una fotografía que permita su identificación, así como cualquier otra información que pudiera ser útil para ello.

Esta información también podrá publicarse en medios de comunicación y en otros lugares que las policías estimen necesario.

Un reglamento regulará el modo y los criterios de priorización y la policía encargada de su coordinación.

La publicación de la información a la que se refiere el inciso anterior tiene por único objetivo facilitar la denuncia de las personas prófugas de la justicia, por lo que no habilita la detención por parte de un particular.

La publicación deberá incluir los datos de contacto de las policías a los que deberá comunicarse quienes tengan información relacionada con las personas buscadas.

Cualquier persona o medio de comunicación que difunda la información referida deberá siempre dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Por las razones señaladas y por los argumentos que constan in extenso en el informe que obra en poder de cada uno de ustedes, la Comisión de Seguridad Ciudadana recomienda aprobar el proyecto de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señorita Presidenta, primero, reconozco y valoro el trabajo y el esfuerzo del diputado Guzmán en la tramitación de este proyecto, que fue apoyado de manera transversal en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Es un proyecto simple, pero muy efectivo, tal como lo plantearon todos los invitados, particularmente el Ejecutivo, que tiene por objeto dar publicidad a ciertas personas que se encuentran en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, creado y regulado por la ley N° 20.593.

Es importante señalar que este registro nacional lo lleva el Registro Civil y funciona de buena manera. Se incluyen en él los imputados declarados rebeldes o imputados con una medida de prisión preventiva, pero que se han fugado, y condenados sometidos a alguna pena restrictiva o privativa de libertad que no la cumplen.

Según el artículo único del proyecto de ley, van a ser las policías, en coordinación con el Ministerio Público, quienes deben identificar cuáles son los casos prioritarios para la búsqueda específica de aquellos que se encuentran en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

¿Qué es lo que se pretende con este proyecto? Dar publicidad a las personas más buscadas del país por crímenes o simples delitos, y se establece como restricción que no es cualquier imputado o condenado, sino aquel que esté en el registro nacional mencionado, de manera que se repliquen las buenas prácticas que, según el derecho comparado, se han desarrollado para poder buscar a las personas que se necesita detener para la persecución criminal.

Además, en el proyecto se establece un reglamento que va a determinar la forma y los medios para dar publicidad a estos prófugos cuya búsqueda está declarada prioritaria por el Ministerio Público en coordinación con las policías.

Insisto en que este proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra del Interior y Seguridad Pública, presente en esta sesión.

Este proyecto es sencillo, pero muy necesario en estos tiempos, en que las policías y el Ministerio Público ya no logran abarcar todo el espectro de imputados y/o condenados que burlan la justicia. Algunos no se han presentado a las audiencias de formalización o de juicio y otros, habiendo sido condenados, se encuentran prófugos y no se logra dar con su paradero.

Este proyecto sigue el principio rector de publicidad de las audiencias y de las resoluciones que surgen de ellas; por lo tanto, que el registro nacional sea público es coherente con este principio.

Debemos recordar que hemos perdido valiosos funcionarios de las policías a manos de delincuentes prófugos, como, por ejemplo, la sargento Rita Olivares , asesinada en Quilpué, en la Región de Valparaíso, y los tres carabineros asesinados en Cañete.

Es muy probable que, si la identidad de los delincuentes hubiese sido conocida por la comunidad, su detención habría sido más fácil y se habrían evitado estas lamentables pérdidas y muchas otras de chilenas y chilenos inocentes.

Votaré a favor de este proyecto, esperando que el Ejecutivo le otorgue una tramitación más urgente.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señorita Presidenta, cuando el diputado Jorge Guzmán -autor de este proyecto- me invitó a ser mocionante, con mucho gusto lo acepté, convencido de que es un buen proyecto, práctico y simple, que rasca donde pica.

En Chile, en la actualidad tenemos más de treinta mil prófugos de la justicia. No sabemos quiénes son. Solamente lo saben las policías, los tribunales de justicia y el Ministerio Público, entre otros, pero los ciudadanos comunes y corrientes no tienen ninguna posibilidad de saber quiénes son prófugos de la justicia. Puede ser un vecino o la persona puede estar viviendo en un condominio y es vista todos los días; sin embargo, nadie sabe quién es. Podría ser un peligroso delincuente, como, por ejemplo, el pederasta extranjero que estaba viviendo en Chile y que venía arrancando de Francia.

Entonces, es un tema respecto del cual hay que hacerse cargo. Por eso este proyecto busca que ese registro, que hoy es privado, sea público; que el Ministerio Público, coordinado con las policías, pueda publicar en sus páginas el registro de los más buscados en Chile; que ese registro pueda publicarse en lugares distintos y públicos -aeropuertos, municipalidades, portales, medios de comunicación escritos o electrónicos-, para que cualquier ciudadano sepa quiénes lo integran, para ubicarlos, para detenerlos y encarcelarlos. Eso busca este proyecto; ese es su sentido.

Creo que a la ciudadanía le hace mucho sentido este tema. Lo que no es posible ni sensato es que tengamos un listado de más de 30.000 delincuentes que no sabemos dónde están. Lo más grave es que tampoco hay una unidad especializada en la PDI o en Carabineros que los esté buscando. Hoy, las órdenes de detención se dictan, se entregan treinta o quince días para la pesquisa, la policía va al domicilio y se devuelve la orden. Luego, la orden queda archivada y nunca nadie se hace cargo.

Tenemos más de 30.000 delincuentes rondando en todas partes de Chile y que nadie está buscando. Queremos que con esta medida se sepa quiénes son, con fotografía incluida. Ese es el espíritu del proyecto. Por eso lo vamos a respaldar con mucha fuerza. Espero que esta Cámara, dando una señal clara a los ciudadanos, lo despache por unanimidad al Senado.

Debo agradecer, una vez más, al autor intelectual del proyecto, el diputado Jorge Guzmán , quien me invitó a ser mocionante de la iniciativa. Espero que sea apoyada fuertemente.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tal como señaló la ministra, tuvo que retirarse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Por lo tanto, recabo la unanimidad de la Sala para que pueda estar presente en el debate la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señorita Presidenta, obviamente, se entiende que la ministra del Interior deba estar presente en la discusión de un proyecto relativo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Aprovecho de comentarle a la Sala que el proyecto respectivo fue aprobado en este hemiciclo y que se ha abierto nuevamente conversación sobre las atribuciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública en relación con informaciones de inteligencia. Recuerdo que como oposición fuimos muy vehementes en acotarlas lo más posible, pero se pretendía extenderlas. Me da la impresión de que vamos a asistir a una nueva voltereta en la materia.

El presente proyecto -agradezco al diputado Guzmán que nos haya invitado a sumarnos- tiene una función muy concreta, cual es entender que en la búsqueda de personas prófugas, la cooperación de la ciudadanía, mediante la difusión de personas calificadas como prioritarias, es indispensable.

Esto generó alguna discusión en la comisión a propósito de dos temas que es bueno despejar: primero, la presunción de inocencia, tratada por la ministra. Modestamente, creo que no ha lugar, porque hablamos de gente que voluntariamente ha quebrantado alguna situación que la pone fuera del resguardo del ordenamiento jurídico. Nadie emite un juicio sobre el fondo de lo que está siendo susceptible de ser investigado o eventualmente la condena que queda pendiente, pero en el minuto en que la persona no está dispuesta a someterse a un llamamiento vinculante, evidentemente está fuera del resguardo del ordenamiento jurídico.

Lo otro es la protección de los datos personales. El cuestionamiento es cómo íbamos a exponer públicamente a personas que están prófugas de la justicia. Algunos decían que eso atentaba contra la protección de los datos personales. Les recuerdo que otras policías en el mundo -en México, España , Alemania, etcétera- hacen esas publicaciones, porque evidentemente una persona que está generando algún tipo de controversia al Estado o al orden público cede en su protección de datos personales.

Esperamos que este proyecto sea aprobado por unanimidad. Nos parece una contribución. Obviamente, restan temas muy centrales de la agenda de seguridad. Ya habrá un minuto para discutir si la conformación actual de los equipos de gobierno colabora o no colabora en impulsar la agenda de seguridad. Será una decisión que, evidentemente, no le asiste a este Congreso, porque cada uno es libre de autoinfligirse dificultades. En eso, la verdad, el gobierno tiene un talento bastante excepcional.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señorita Presidenta, la seguridad tiene que ser la prioridad número uno de este gobierno y, en general, de cualquier gobierno, sin importar su color político. Lo que necesitamos es una misión nacional que nos comprometa a todos y a todas.

En Chile, hay más de 30.000 prófugos de la justicia. Se trata de personas que al final de su proceso, después de que fueron investigadas y perseguidas -es decir, todo el sistema judicial funcionó-, no lograron ser encarceladas y hoy están en las calles, en circunstancias de que deberían estar en la cárcel. Por eso celebro este proyecto del diputado Guzmán . Si bien es de otro sector político, vale la pena reconocer los buenos esfuerzos, vengan de donde vengan.

Desde el Partido Liberal, nuestros cinco parlamentarios votarán a favor este proyecto de ley, para que se conozca públicamente quiénes son esas personas. No hay ninguna razón para mantener bajo secreto a esos más de 30.000 delincuentes, los que deberían estar en la cárcel, no en las calles.

Es muy importante que la ciudadanía pueda colaborar y decir, por ejemplo, que uno de sus vecinos está prófugo de la justicia. Es importante que se sepa. No hay razón alguna para resguardar la identidad de esos delincuentes que deberían estar en la cárcel.

Por consiguiente, como ya señalé, votaremos a favor este proyecto. En casos muy emblemáticos -hay que decirlo-, las policías han distribuido, a través de redes sociales, fotografías de algunos prófugos, cuando hay personas que son de interés para una investigación y están fuera del alcance de las policías. Ello ha servido mucho para saber la verdad en casos muy significativos. Con mucha mayor razón hay que hacer lo mismo respecto de aquellas personas abiertamente condenadas -no sospechosas- que deberían estar en la cárcel.

En consecuencia, desde el Partido Liberal, votaremos a favor el proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señorita Presidenta, hoy estamos ante un proyecto de ley que responde a una necesidad urgente de nuestro país, cual es la seguridad. Esta iniciativa, de la cual soy autor, surge de una realidad que no podemos ignorar, de vidas que se han perdido y que no podemos permitirnos olvidar.

El 26 de marzo de 2023, la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares Rayo perdió la vida en un procedimiento policial en Quilpué. La sargento Olivares pasó a ser la mártir 1.232 de la institución policial. Lo que destaca de este trágico crimen es que su muerte fue causada por una organización criminal liderada por tres prófugos de la justicia. La persona que apretó el gatillo y le quitó la vida a esa mujer de 43 años, madre de dos hijos, no debería haber estado en la calle. Esa persona debería haber estado cumpliendo condena en la cárcel por un delito anterior, pero se fugó. Casi dos años después cometió un asesinato que nunca debió haber sucedido.

Otro caso es el del principal sospechoso del horroroso asesinato de tres carabineros en un acto terrorista ocurrido el 27 de abril de este año en Cañete. Nuevamente, se trató de un prófugo de la justicia que debía haber estado cumpliendo una medida cautelar.

Los datos entregados por el Registro Civil hablan por sí solos. En nuestro país existen 38.105 órdenes de detención pendientes, de las cuales 2.473 corresponden a delitos graves. Lo más preocupante es que no existe dentro de nuestra institucionalidad alguien dedicado exclusivamente a buscar a los prófugos de la justicia. Generalmente caen porque siguen cometiendo delitos o porque, en un hecho fortuito, son tomados detenidos.

Estamos hablando de miles de personas que, pese a que debieran estar cumpliendo penas, siguen libres en nuestras calles, mientras los ciudadanos honestos se ven obligados a encerrarse en sus hogares tras las rejas de sus casas. Delincuentes libres y ciudadanos prisioneros de la inseguridad.

Por eso, junto con los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana presentamos este proyecto. Gracias al trabajo conjunto con el Ejecutivo, a quien también reconozco su compromiso y aporte en la iniciativa, ha evolucionado la idea de un proyecto que crea una lista de los más buscados de Chile.

La idea es fácil de comprender: una lista publicada en los portales institucionales de las policías, en los medios de comunicación y en otros espacios que se consideren necesarios, con información clave sobre cada prófugo, por ejemplo, el delito que cometió, el nombre y una fotografía.

La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son estos prófugos y por qué los está buscando, porque, en definitiva, la seguridad es un deber compartido. No hablamos de justicia por propia mano ni de detenciones ciudadanas, sino de cooperación ciudadana, permitiendo que la sociedad pueda colaborar mediante la denuncia y ayudar a que se efectúen estas detenciones tan necesarias.

Queremos que quienes decidan vivir al margen de la ley sepan que sus acciones tendrán consecuencias, que el costo de ser prófugo de la justicia será alto, que la sociedad los reconocerá, que siempre serán buscados y que la impunidad y la evasión de la justicia no serán una opción en nuestro país.

Agradezco nuevamente a los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque han mostrado compromiso con esta iniciativa, lo que nos permitió llegar a una indicación de consenso que fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la comisión, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Este es un mensaje poderoso: cuando se trata de la seguridad y legislamos con la cabeza en frío y sin puntos políticos ni estridencias, somos capaces de unirnos y de actuar con responsabilidad.

Por lo anterior, hago un llamado para aprobar este proyecto. No se trata solo de una lista, sino que se trata de la seguridad de cada ciudadano y de cada familia que desea vivir en paz y sin miedo. Confío en que al aprobar esta lista de los más buscados de Chile contribuiremos a reducir la lista de las víctimas del crimen. También confío en que con esta iniciativa en algo podremos aportar a no incluir más nombres en la lista de mártires en actos de servicio.

Por la sargento Rita Olivares , mártir del deber, llamo a votar a favor el proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley tiene una idea base que compartimos completamente. Este proyecto de ley, iniciado en una moción de varios parlamentarios encabezados por el diputado Jorge Guzmán , básicamente busca perfeccionar el llamado Registro Nacional de Prófugos, donde hoy están inscritas todas las personas que tienen órdenes pendientes de la justicia.

Este registro tiene que ver con personas que se han fugado de las cárceles o los recintos policiales, con personas que están condenadas, pero que evaden la acción de la justicia y, con eso, evaden el ingreso a las cárceles. Ahora, la inmensa mayoría -el 85 por ciento- son personas que simplemente tienen órdenes de detención, porque son rebeldes a procesos judiciales, es decir, son rebeldes como testigos y como imputadas, pero no están condenadas.

En ese marco, este proyecto señala que una manera de fortalecer la búsqueda de los prófugos de la justicia, más allá de lo que están haciendo las policías y lo que ha hecho este gobierno, que ha rebajado sustancialmente esta lista, es darle publicidad a la lista de prófugos y establecer los casos prioritarios, es decir, de los más buscados. Se busca a las personas que evidentemente tienen una alta peligrosidad y que para las policías, por algunas razones derivadas de los delitos, es prioridad encontrarlas.

En este proyecto se faculta que esas personas sean incluidas en registros públicos, como serían las plataformas de las policías, los recintos portuarios de Aduanas y los aeropuertos. Incluso, se autoriza que se publiquen los nombres y las fotos en medios de comunicación social, es decir, en diarios y otras publicaciones.

Yo comparto esta idea. En muchos países del mundo esta lista de los más buscados, sobre todo que tiene que ver con delitos sexuales, que son muy persistentes, es necesaria, porque permite que la ciudadanía colabore también con las policías denunciando o entregando antecedentes para encontrar a esos prófugos. Es una idea en que incluso podría avanzarse más allá, estableciendo algún tipo de incentivo económico o recompensa para fomentar la ayuda de las personas. Por eso, la vamos a aprobar con mucho entusiasmo.

Sin embargo, esta iniciativa tiene algunos problemas -creo yo-, porque las policías van a hacer la definición de los casos prioritarios. El proyecto de ley no incluye cuáles son los criterios para hacer esa definición. Por ejemplo, no incluye si se trata de delitos graves, de delitos sexuales o de crímenes, y tampoco distingue entre personas condenadas y personas que están rebeldes en un juicio, que están imputadas, pero no están condenadas, o que son testigos, y que tienen una orden de detención.

Cuando uno piensa en personas que han sido condenadas por delitos graves, esta norma no admite ninguna discusión, porque hay que aplicarla, pero cuando se trata de personas que han cambiado de domicilio y que tienen una orden de detención, se quiere hacer público sus datos en un medio de comunicación social como las más buscadas. Entonces, los criterios no están claros.

Creo que incurrieron en un error cuando establecieron que un reglamento definirá los criterios prioritarios que van a usar las policías -los gobiernos hacen los reglamentos-, no la ley. No olvidemos que el artículo 19, número 4°, de la Constitución establece con mucha claridad que los criterios, los modos y las condiciones para hacer públicos los datos de todo registro privado como este tienen que estar fijados en la ley, tienen garantía legal y tienen reserva legal. Aquí se decidió entregarlos a las administraciones de turno sin entregarles ningún criterio.

Cuando uno revisa el informe del proyecto de ley, constata que, por ejemplo, la jefa jurídica de la Policía de Investigaciones (PDI), la prefecta señora Maricela Gárate , dice que esto debería establecerse solo para los condenados, porque las personas que no están condenadas y son rebeldes de un juicio pueden ser absueltas, pueden ser sobreseídas y nunca establecerles ninguna culpabilidad. Si esas personas aparecen en estos registros públicos con el correspondiente “se busca”, quedan dañadas para toda la vida.

El jefe de la División de Estudios del Ministerio Público, señor Rodrigo Hornos , también es partidario de delimitarlo solo para los condenados.

Entonces, ese es el problema del proyecto de ley. Ahora, yo voy a aprobarlo, pero para perfeccionarlo les sugiero a los autores que regulen en esta futura ley, en este proyecto o en esta norma los criterios por los cuales se van a hacer públicos los datos; es decir, que esos criterios prioritarios no queden entregados a las administraciones y a las policías de turno, sino que los hagamos nosotros en la ley, con un criterio que sea perfectamente constitucional.

Anuncio que vamos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señorita Presidenta, cuando un proyecto de ley como este se pone en tabla, uno se pregunta inmediatamente -creo que también la mayoría de los chilenos- cómo esto no existe o cómo esto no está funcionando en nuestro país, porque cuando a uno le toca estar en algunos aeropuertos no muy lejanos dentro de Latinoamérica, se da cuenta de que el registro de prófugos de delincuentes peligrosos es público y que, incluso, se puede ver en los mismos portales de los aeropuertos.

Por un lado, eso facilita la búsqueda, y, por otro, permite evitar que se produzcan situaciones tan dramáticas como las que relataron los diputados Jorge Guzmán y Bernardo Berger a propósito del terrible asesinato de la sargento Rita Olivares . Es decir, situaciones así podrían eventualmente haberse evitado.

Tres de los asesinos de la sargento Rita Olivares , que ya fueron condenados, se escaparon de la cárcel de Valparaíso el año 2021. Resulta que uno de ellos estaba viviendo en el sector El Belloto, en Quilpué, comuna que tengo el honor de representar. Ese delincuente estaba viviendo en el mismo barrio en que vivió hace una década. Si los vecinos hubieran podido alertar de eso, si hubieran tenido la información, si hubiera habido una búsqueda activa, esto se podría haber evitado, porque ese tipo podría haber sido apresado antes de que cometiera ese brutal homicidio.

Lo mismo ocurrió en el caso del suboficial Palma. Uno de los involucrados en ese asesinato también estaba prófugo de la justicia. Entonces, ¿cómo no va a ser de sentido común o de lógica que las policías y el Ministerio Público puedan coordinarse para publicar un listado de las personas más peligrosas en nuestro país que tienen que ser habidas, sobre todo cuando el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero , nos dice que no existen antecedentes que den cuenta de una política pública permanente de búsqueda activa de los prófugos por parte de las policías? O sea, nadie los busca o, por lo menos, no hay una dedicación exclusiva para su búsqueda. Muchos de ellos caen por control preventivo de identidad o porque cometen otro delito.

Entonces, los chilenos tienen derecho a saber si están viviendo al lado de un asesino o de una persona que cometió un delito violento. ¿Cómo no van a poder tener esa información?

Este proyecto de ley, impulsado por los diputados Jorge Guzmán y Henry Leal , a quienes agradezco por haberme invitado a suscribirlo, busca precisamente eso: permitir que la información sea pública, pero no solo en los portales de las policías, sino además en los medios de comunicación que se estime conveniente, y en otros lugares donde las personas puedan acceder a la información que les permita, no detener, pero sí detectar a algún prófugo de la justicia que ellos conozcan, que hayan visto, o que haya merodeado en el barrio en que viven.

Creo que esta es una iniciativa completamente acorde con la crisis de inseguridad que vivimos en nuestro país. Actualmente, más de 38.000 personas se encuentran prófugas de la justicia, entre ellas imputados que han incumplido medidas cautelares, más de 2.000 condenados por delitos violentos, y ni hablar de prófugos de la justicia que han escapado de las cárceles.

Felicito a los autores del proyecto, y agradezco también la colaboración del Ejecutivo, que presentó una indicación sustitutiva.

Además, me parece que el proyecto fue aprobado por casi la unanimidad de los miembros de la comisión, lo cual no siempre ocurre. Sus integrantes superaron algunas objeciones relacionadas con las personas imputadas, considerando que a diario vemos cómo existen imputados que incumplen las medidas judiciales ordenadas por los tribunales.

En consecuencia, este proyecto adquiere cada vez más sentido, en un país que está absolutamente arrasado por la inseguridad y la violencia.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, el proyecto que hoy se someterá a votación tiene como objetivo permitir que las investigaciones y procedimientos penales de la PDI y de Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, identifiquen los casos prioritarios de búsqueda de personas que consten en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, con tal de confeccionar un listado que sea publicado en los portales institucionales de ambas policías.

Dicho listado incluirá información relacionada con el delito investigado o cometido, como el nombre completo de la persona, una fotografía que permita su identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser útil para ese fin.

La crisis de seguridad en que estamos inmersos requiere que políticas públicas como el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia avancen en la dirección de reducir espacios al crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico, con el objeto de proporcionar más información a las personas y resguardar de mejor manera su seguridad.

Consideramos que lo dispuesto en este proyecto es un avance muy positivo, que contribuirá enormemente al combate contra la delincuencia.

Aprovecho este espacio para saludar a los mocionantes y autores del proyecto, ya que iniciativas como esta son las que nos motivan a seguir ejerciendo nuestra labor como parlamentarios.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señorita Presidenta, estimados colegas, hoy estamos ante una de esas normas que pueden generar un cambio y hacer un aporte.

Estamos ante una importante crisis de seguridad, y debemos brindar todas las herramientas necesarias para facilitar la persecución de quienes han cometido delitos.

Esta norma, que consta de un artículo único, inserta un nuevo inciso cuarto en el artículo 7° de la ley N° 20.593. Es muy sencilla, y permite dar publicidad a casos de búsqueda de personas que figuren en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, difusión que se realizará a través de distintos medios y espacios, incluyendo publicaciones e impresos en lugares de acceso público.

Por supuesto, con lo anterior no se busca la detención de tales sujetos, sino solo su identificación, con el fin de alertar a las policías cuando nos encontremos con una persona que figure en esa nómina, con su foto e identificación.

Esto es algo que ha tenido éxito en otros países que ya utilizan esta herramienta, lo que nos lleva a preguntarnos por qué en nuestro país no recurríamos a algo que ha demostrado ser de utilidad para perseguir a esa clase de personas.

Tenemos aún un problema en materia de identificación, ya que en Chile enfrentamos el ingreso irregular de mucha gente que no cuenta con una identidad acreditada o verificable en nuestro país, de modo que la fotografía será una herramienta que permitirá informar a las autoridades policiales, para que ellas procedan a detener a esas personas.

Este proyecto contribuirá a ese fin y será de gran ayuda. Además, tiene un aspecto muy práctico y lógico, ya que se informará a las direcciones de tránsito de las municipalidades para que no renueven las licencias de conducir de las personas que figuren en dicha nómina, que ahora será más pública y de fácil acceso para las autoridades, con el propósito de bloquear la renovación de licencias.

También será de utilidad para los distintos órganos de la administración del Estado que deben entregar prestaciones de carácter económico, y esto, por supuesto, es de Perogrullo, porque no es posible que existan personas buscadas por la justicia que reciban recursos del Estado de manera permanente, como ocurre en La Araucanía, donde hay personas que están siendo buscadas por la justicia que forman parte de agrupaciones terroristas, pero que van a la capital regional a postular a beneficios, a recibir recursos del Estado y a renovar sus licencias de conducir.

¿Cómo es eso posible si esas personas están siendo buscadas por la justicia? La respuesta es que hasta ahora no existía una herramienta que permitiera acceder a la información necesaria y bloquear a esas personas, como lo permitirá en adelante esta norma.

Por lo tanto, nos parece que este proyecto es una contribución. Claramente, no detendrá la violencia ni significará que la delincuencia se acabe en nuestro país, pero será una herramienta que contribuirá a ello.

Por lo tanto, felicito a los mocionantes de este proyecto de ley, que espero que sea aprobado por unanimidad y tramitado con la mayor celeridad posible.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez.

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, valoro este proyecto de ley y felicito a los mocionantes, especialmente considerando que, según entiendo, ha contado con el apoyo del Ejecutivo.

Me habría gustado que algunas autoridades de gobierno hubieran estado presentes en la Sala, especialmente el nuevo ministro de Justicia, ya que aún hay desafíos pendientes, y uno de ellos es la utilización de tecnologías y de información, herramientas que hoy en día están al alcance de todos y que pueden ayudar en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado, con un enfoque preventivo y comunitario, como se busca por medio de esta iniciativa.

Valoro esta propuesta legislativa porque demuestra que seguimos confiando en nuestras instituciones, en nuestras policías y en el Ministerio Público. Creo que ese es el desafío.

Pese a todo lo que hemos tenido que vivir en los últimos meses, creo que vale la pena apoyar y acompañar con mucha fuerza este tipo de proyectos, porque esa es nuestra principal urgencia: la seguridad.

Desconozco si esta iniciativa forma parte del fast track legislativo, si en algún momento se consideró o no, pero lo más importante es que esté avanzando, porque a veces las urgencias no están para muchos de estos proyectos.

Por otra parte, me hace sentido lo que mencionó el diputado Leonardo Soto , en el sentido de que probablemente se va a requerir un reglamento, y es ahí donde, quizás en un segundo trámite legislativo, el Ejecutivo podría ayudar.

Esto lo vimos en una iniciativa que fue bien transversal, que fue la ley de extraviados, en la que hemos tenido problemas. Es una iniciativa que ha liderado la diputada Marisela Santibáñez , que también tiene que ver con registros, con conexión y correlación de datos para establecer una colaboración, utilizando también las tecnologías, los momentos, los tiempos.

Creo que ambas iniciativas están bienintencionadas, y también otras, como, por ejemplo, el proyecto que levantamos desde el Partido Demócratas para inhabilitar las señales telefónicas en las cárceles de nuestro país, que el gobierno dijo que implementaría por vía administrativa, pero llevamos solo tres cárceles.

Entonces, hay hartas cosas que se pueden seguir haciendo. Nuestra voluntad estará siempre. Hemos levantado proyectos de ley en materia migratoria, de seguridad y de crisis fronteriza, pero aún falta mucho por hacer, y creo que debemos retomar esa agenda desde el propio Parlamento, desde las bancadas y desde las comisiones que están liderando estos temas.

Por cierto que el Partido Demócratas va a acompañar este proyecto. Esperamos que se siga mejorando, y creo que permitirá ejercer un rol disuasivo.

Aquí se han dado ejemplos. Yo represento a Cañete, y muchos representan a la Región de Valparaíso, a raíz de lo que pasó con carabineros que, lamentablemente, se han convertido en mártires caídos en actos de servicio, a quienes hemos perdido porque no hemos sido capaces de ejercer acciones en los tiempos y con las urgencias que se requieren.

Me refiero no solo a este gobierno, sino al menos a los tres últimos.

Ha llegado el momento de ponernos pantalones largos, de utilizar las tecnologías disponibles, de sacar adelante estos proyectos, de que se implementen y de que nuestra institucionalidad funcione.

Por último, quiero señalar que ayer recibimos a funcionarios de Gendarmería, hombres y mujeres que representan a las distintas asociaciones de su institución, quienes reclaman mejores condiciones. Me habría gustado que el ministro de Justicia estuviera presente en la Sala, ya que debemos hacernos cargo de las deficiencias del sistema, de los medios y de las herramientas, de la forma en que estamos trabajando con ellos, de cómo alejar de la corrupción o de espacios de riesgo a esos gendarmes, y espero que el proyecto de ley de presupuestos también venga con un refuerzo, porque tenemos a un hermano pobre en el sistema, al que invisibilizamos. Esto no puede ser. Tenemos mujeres y hombres de mucho esfuerzo, gente muy proba, gente que quiere avanzar en un sistema penitenciario, pero a la que creo que estamos dejando muy abandonada.

Hay un desafío para el Ministerio del Interior y para su subsecretario, que conoce bastante de justicia, en términos de hacer prevalecer a Gendarmería de Chile, de modo que colabore en estos procesos. También se requiere fortalecer nuestra justicia; por tanto, el Ministerio de Justicia tiene mucho más que aportar en este proyecto y, por cierto, en todo el sistema penitenciario.

Como Demócratas , por supuesto que vamos a votar a favor.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señorita Presidenta, iorana korua ta´a to´a e te mahingo o te kainga roa roa nei ko tire.

Buenos días, diputados y diputadas, quiero expresar mi respaldo a este proyecto que busca perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, un enfoque firme para la seguridad de nuestra sociedad.

Sabemos que, cuando hablamos de prófugos de la justicia, nos referimos a individuos que han logrado evadir el cumplimiento de condenas o procesos judiciales. Sin duda, esta realidad representa una amenaza directa a la tranquilidad de nuestras familias y nuestras comunidades, y, como legisladores, nos exige implementar medidas efectivas para enfrentarla.

Esta iniciativa, impulsada por varios de nuestros colegas, busca algo fundamental: facilitar la identificación y captura de quienes están prófugos y representan un riesgo para la sociedad.

Al perfeccionar el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, establecemos un sistema de identificación más accesible y eficaz. Asimismo, la declaración de su carácter público, en los casos que se indican, no solo busca proteger en los casos prioritarios, sino que además representa una herramienta disuasiva que puede reducir las tasas de reincidencia y mejorar los índices de captura.

Quiero destacar algunos de los puntos claves que se han presentado en este proyecto.

Primero, otorga un rol central a la Policía de Investigaciones y a Carabineros, quienes coordinarán esfuerzos con el Ministerio Público para identificar los casos más relevantes y publicar una lista de los más buscados en sus portales. Esta lista incluirá el nombre, delito asociado y fotografía del prófugo, lo que facilitará la colaboración ciudadana. Es precisamente en esto en lo que radica el valor de esta medida: la cooperación entre las instituciones y la ciudadanía. Al informar de manera clara y transparente a la población, no solo fortalecemos la confianza en nuestras instituciones, sino que también involucramos a la sociedad en este proceso de denuncia y de colaboración.

Es importante recalcar que este proyecto toma las precauciones necesarias para evitar cualquier interpretación que pudiese llevar a la autotutela, al recordar explícitamente que solo las autoridades están facultadas para efectuar detenciones.

Considero que este proyecto responde a una demanda creciente por mayor seguridad y justicia en nuestro país. Es una herramienta concreta que contribuye a un sistema judicial más eficiente y también a una sociedad mucho más protegida.

Por todo lo anterior, votaré a favor esta iniciativa y hago un llamado a mis colegas a que la apoyen. No solo estaremos respaldando un proyecto de ley; estaremos reforzando el compromiso de cada uno de nosotros con la seguridad y el bienestar de todas las familias chilenas.

Maururu e iorana.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señorita Presidenta, creo que ninguno en esta Sala estará en desacuerdo con una idea que busca llevar adelante un combate frontal al crimen organizado y a la delincuencia. Este proyecto perfecciona una herramienta que existe. Es decir, hoy el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia es una realidad que nuestras policías utilizan, que ha ayudado y que se ha ido mejorando.

En efecto, el abogado asesor de la división de Estudios de la Fiscalía Nacional, don Rodrigo Hornos , cuando fue a exponer a la comisión, señaló que el Ministerio Público, con el fin de promover el uso del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, lo incorporó al Banco Unificado de Datos, con el acuerdo del Registro Civil. Es decir, existen esfuerzos, en términos administrativos, en orden a utilizar el registro.

Actualmente, el registro tiene alrededor de 5.000 consultas semanales; es decir, se está trabajando en esta área. No obstante, el registro necesitaba un refuerzo. Por ello, esta iniciativa viene a reforzar y a entregar facultades a la ciudadanía para que sea un aporte en el proceso de búsqueda de delincuentes que son un peligro para la sociedad, porque, tal como muchos han señalado en la Sala, es lógico y de justicia que la ciudadanía sepa quiénes son esos delincuentes peligrosos que podrían llegar a generar un atentado contra la seguridad de la propia ciudadanía.

Tengo dos observaciones sobre puntos que me parece necesario corregir en lo que resta de la discusión. Qué lástima que no esté presente nadie del Ejecutivo para que recoja las propuestas que nacen del Congreso Nacional, a fin de mejorar la calidad de la norma.

Mi primera observación dice relación con una especie de incongruencia que existiría respecto de la elaboración del listado, porque al comienzo de la norma se señala que dicho listado será desarrollado por la PDI y Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, quienes identificarán los casos prioritarios. Ese pareciera ser el criterio; pero, a renglón seguido, se indica que “un reglamento expedido por el Ministerio encargado de la seguridad pública regulará el modo en que deberá elaborarse el listado, señalando al menos los criterios de priorización y la policía encargada de su coordinación.”. Es decir, el artículo del proyecto inicia señalando que este listado lo confeccionarán la PDI y Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, pero después dice que el ministerio a cargo de la seguridad establecerá los criterios, cómo se desarrollará esto y qué policías quedarán a cargo. Esta incongruencia podría generar algún problema en la aplicación de la norma.

Mi segunda observación, también respecto de la aplicación, y como una forma de mejorar una norma que, insisto, es necesaria, dice relación con el establecimiento de los requisitos que debe contener el listado. La ley es muy clara y la Constitución establece que muchos de estos datos son sensibles y deberían estar regulados por ley. En este asunto podríamos tener un problema y chocar con algún control de constitucionalidad que establezca nuestro ordenamiento; es decir, fácilmente podría ser observado por la Contraloría e incluso por el Tribunal Constitucional en el examen de constitucionalidad, porque hoy estamos entregando al futuro Ministerio de Seguridad la generación de los criterios de priorización respecto del listado. En esto tenemos un problema, pues los criterios de priorización deben estar contenidos en la ley, pero en este proyecto no lo hacemos; primero, porque se establece una dualidad respecto de la generación del listado: ¿Serán la PDI y Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, quienes identificarán los casos prioritarios? ¿O será el futuro Ministerio de Seguridad Pública el que lo hará? Eso no queda claro.

Lo último: ¡qué necesarios son en Chile los tribunales de ejecución de penas! Si tenemos una falencia grave respecto de la persecución de este tipo de casos, esta dice relación con que aún no se despacha un proyecto que esta Cámara aprobó hace mucho tiempo, de manera unánime, el cual me tocó liderar durante muchos años, que crea los tribunales de ejecución de penas. Dicho proyecto se encuentra en el primer fast track en materia de seguridad -¡en el primero!-; sin embargo, está detenido en el Senado.

Debemos avanzar a paso firme en el combate contra el crimen organizado y la delincuencia, pero para eso debemos hacer las cosas bien y apretar el acelerador en aquellas normas que, en definitiva, hoy están siendo retrasadas por otro estamento de este Congreso Nacional.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señorita Presidenta, en primer lugar, al igual que el diputado socialista que me antecedió en el uso de la palabra, lamento que no se encuentre presente nadie del Ejecutivo. Desgraciadamente, en materia de seguridad, parece ser una costumbre.

El proyecto de ley ¿va en la línea correcta? Sí. ¿Tendrá el impacto que podría tener, dada la temática que aborda? No.

Aprobé el proyecto en la Comisión de Seguridad, instancia en la que fue aprobado por unanimidad, pero mi crítica es que no es lo suficientemente disruptivo para generar el impacto necesario que se requiere, dada la crisis de seguridad que estamos viviendo.

Aquí es necesario aclarar algunas cosas. Lo primero, como se ha dicho en algunas intervenciones anteriores, la iniciativa establece un listado priorizado de búsqueda de personas que figuran en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Hay que ser claros: no se trata de todos los prófugos de la justicia, sino solo de algunos, de los priorizados.

A propósito de lo dicho por el diputado Ilabaca , quiero señalar, en primer lugar, que la lógica de establecer este criterio a modo de reglamento, no que sea dictado por ley, es para dar ciertas flexibilidades dadas las condiciones contingentes. Creo que congelar todo a rango legal termina siendo un aspecto perjudicial a la hora de enfrentar a la delincuencia.

En segundo lugar, que sean las policías, en coordinación con el Ministerio Público, las que incorporen a personas en este listado tiene alguna lógica, ya que permite un enfoque mucho más práctico, puesto que de ese modo se podrá establecer si una persona está facilitando información o determinar si ponerla en el listado puede ser perjudicial para una investigación, entre otras cosas. Eso fue algo que se discutió en la comisión, y por eso se llegó a esta propuesta.

También hay que señalar que al listado completo del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia solo pueden tener acceso los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la PDI, Carabineros, la Directemar y el Registro Civil. La pregunta es ¿por qué este listado, que es bastante más amplio, no tiene acceso público? Si realmente queremos generar un impacto, esa podría haber sido una de las alternativas. Estoy pensando, por ejemplo, en el acceso a un condominio, a un edificio privado, a una empresa, cualquiera que esta sea, o a un edificio público. El conserje o portero tiene un rol muy importante en la seguridad de todos y en la sociedad en general, a diferencia de lo que señaló una secretaria de Estado. Entonces, ¿por qué este portero, u otro, no puede tener acceso a este listado? Por ejemplo, podría ser como en el caso de los automóviles robados. En el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) hay un listado al que uno puede acceder para ver si un auto tiene encargo por robo.

Debiera establecerse una medida en esa línea, ya que permitiría realmente joderle la vida a quienes figuran en el listado del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, además de facilitar la búsqueda de miles y miles de personas que están siendo perseguidas por la justicia. Eso les impediría seguir funcionando en el día a día como si nada, como ocurre en la actualidad, porque hoy pueden mostrar su carné de identidad en un edificio público, para asistir a una reunión, incluso de lobby, sin que nadie se entere de nada.

Esta es una de las dudas que surgen: ¿por qué no nos estamos atreviendo a romper huevos si queremos hacer tortillas?

El gran problema hoy, a la hora de enfrentar la delincuencia, es que actuamos como que hacemos algo, pero nada que tenga un impacto profundo, real, nada que sea por lo menos un poco revolucionario.

Este gobierno peca de conservador en materia de seguridad. Una prueba más de ello es que cuando se logran estas transversalidades no estamos dejando molesto a nadie, y todos sabemos que hay algunos que cuando la cosa aprieta, como ocurrió en el caso Nain-Retamal, se oponen de forma contundente.

Por otra parte, quiero mencionar que con la indicación sustitutiva que fue presentada se mejoró el proyecto. Entre otras cosas, inicialmente este disponía el uso de la foto del carné de identidad, pero ahora eso se simplifica, pues dispone que el respectivo listado incluirá una fotografía que permita la identificación de la persona buscada. ¿Cuál es la lógica? El carné de identidad que tiene una vigencia de diez años hace que la foto de un delincuente prófugo de la justicia, por ejemplo, desde hace veinte años sea muy poco útil para identificarlo.

Entonces, creo que el proyecto va en la línea correcta y que se mejoró en la comisión. No obstante, hay un problema de fondo muy sistemático en este gobierno, y es que al final del día, como lo acabo de señalar, no existe disposición a quebrar huevos para hacer tortillas. Seguimos aprobando proyectos bien orientados y bien intencionados, pero que tendrán poco impacto.

Aprobaremos la iniciativa, pero esperamos que, de una vez por todas, entendamos la gravedad del problema y lo enfrentemos con la firmeza correspondiente.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señorita Presidenta, valoro esta tremenda iniciativa liderada por el diputado Jorge Guzmán .

Como ya se ha mencionado, existen más de 30.000 personas prófugas de la justicia. Claramente, este proyecto no va a terminar con la delincuencia, pero es un avance considerable para enfrentar al crimen organizado y a delincuentes prófugos, algunos por homicidios, otros por ataques sexuales o, incluso, por maltrato animal. Es importante mencionar a estos últimos, porque para mí y para otros ciudadanos es fundamental que esas personas puedan ser encontradas y condenadas. También hay prófugos que han cometido delitos como ataques a funcionarios policiales o asesinatos de los mismos.

Por lo tanto, divulgar una lista de los prófugos más buscados por la justicia me parece positivo. Esperamos que se presenten otros proyectos que también vayan en contra del crimen organizado y de la delincuencia, porque la realidad que enfrenta Chile es compleja.

En el norte de nuestro país hay muchos prófugos de la justicia que perfectamente pueden atacar a cualquier ciudadano o ciudadana de bien. Por tal razón, se debe avanzar rápido en este tipo de medidas.

Esperemos que el Senado apruebe rápido este proyecto para que no quede solamente en buenas intenciones. La ciudadanía, muchas veces, nos critica que aquí se habla mucho, pero es poco lo que se concreta.

La bancada liberal va a aprobar esta iniciativa y esperamos avanzar en este tipo de proyectos.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señora ROMERO (doña Natalia).-

Señorita Presidenta, los años 2002, 2014, 2020 y 2024 tienen una lamentable coincidencia: todos esos años se fugaron o intentaron fugarse reos desde la cárcel de Rancagua.

Esto no solamente da cuenta de una deficiencia en el sistema carcelario de nuestro país, sino que también supone una situación objetiva de peligro para las personas que viven alrededor de estos recintos penitenciarios. En el caso de Rancagua, el sector rural es el que se ha visto tremendamente afectado por esta situación.

Vamos a apoyar este proyecto de ley, porque habilita a las policías a hacer públicos los datos y las fotos con la cara de los delincuentes que se arrancan o se esconden para no cumplir las sanciones que les han sido impuestas por la justicia.

Esto va a permitir, primero, que las personas estén al tanto de los reos peligrosos que andan sueltos, y, segundo, permitirá ejercer un control ciudadano mayor para que estos delincuentes sean capturados por las policías.

La Región del Libertador General Bernardo O'Higgins necesita más seguridad. Por eso, vamos a apoyar este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señorita Presidenta, en nuestro país existe un Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, regido por la ley N° 20.593, compuesto por aquellas personas sobre las que recae una orden de detención vigente por determinados motivos: no haber comparecido a la citación de un tribunal penal, haber quebrantado una medida cautelar personal, haber quebrantado una pena de cárcel o sustitutiva. Incluso, allí figuran deudores de alimentos.

El registro es gestionado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y a él pueden acceder las policías e instituciones del sistema de persecución penal, según determinadas modalidades, posibilitando así la detención de las personas que lo integran.

El registro no es público, ya que no cualquier persona puede acceder a él, sin perjuicio de determinados avisos que las policías pueden dar sobre personas que son buscadas.

En dicho contexto, con el objeto de facilitar la aprehensión de personas que son consideradas prófugas de la justicia, esta iniciativa busca conferir carácter público al registro en ciertos casos, permitiéndose así que cualquier persona acceda a él y a la información que contiene, con el objeto de posibilitar, además, las denuncias sobre la ubicación de personas prófugas.

Pese a esta orientación original y dadas las discrepancias que hubo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, la modalidad en la que se termina dando publicidad a personas consideradas prófugas es diferente del libre acceso al registro.

El proyecto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana consta de un artículo único que modifica la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, con el objeto de incorporar nuevos incisos en el artículo 7° de dicha norma, con el siguiente alcance: faculta a ambas policías para confeccionar un listado de personas prófugas cuya captura es prioritaria, el que deberá ser incluido en los portales web de ambas instituciones y podrá, además, ser difundido por otros medios, debiendo contener información mínima que permita la individualización del prófugo.

Este listado será elaborado conforme a los criterios de priorización e información, que serán, a su vez, previstos por un reglamento expedido por el ministerio encargado de la seguridad pública.

Se dispone también que el listado público confeccionado por las policías no habilitará para detener a las personas prófugas por el simple hecho de figurar en él, debiendo aclararse aquello en el propio listado y facilitarse los mecanismos de contacto para denunciar la ubicación de una persona prófuga.

Esta norma no obsta a la eventual detención en flagrancia por la comisión de un delito nuevo.

Se obliga también a todo difusor del listado a dar cumplimiento a la prevención sobre prohibición de detención del prófugo.

Esta iniciativa fue puesta en votación en general y resultó aprobada con los votos de las diputadas Naveillan y Ossandón , en reemplazo del diputado Diego Schalper , y de los diputados Cristián Araya , Castro , Jouannet , Leiva y Longton .

Somos partícipes de este proyecto de ley y creemos que es un paso más para poder luchar contra la situación de delincuencia y de temor que hoy día existe en los chilenos.

Cuando hoy día la principal preocupación de los chilenos es la delincuencia, sin duda este proyecto de ley viene a dar un paso más para poder dar garantías de seguridad pública a todos los chilenos.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señorita Presidenta, en nuestro país vivimos asolados por una creciente crisis de seguridad que mantiene atemorizada a la población, por lo que se hace imprescindible profundizar en las medidas que permitan resguardar con mayor eficiencia el diario vivir de los ciudadanos.

De implementarse y aplicarse efectivamente el proyecto que da carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, al que fui invitado a participar, será posible detectar a los delincuentes que pretendan ingresar a mi distrito, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que geográficamente tiene características de isla y donde mayoritariamente se hace ingreso vía aérea.

Con esto, se podrá detener a delincuentes antes de que hagan efectivo su ingreso a mi región, lo que otorgará mayor seguridad a sus habitantes.

Llamo a mis colegas diputados a aprobar este proyecto, y al Senado a tramitarlo con prontitud para que se transforme en ley a la brevedad.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a los colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

Sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad.

La iniciativa en estudio, relacionada con el Registro Nacional de Prófugos, es clave para nuestras policías, Carabineros y Policía de Investigaciones, ya que se faculta a ambas instituciones para confeccionar un listado de personas prófugas cuya captura es prioridad.

Represento a la Región de La Araucanía, donde permanentemente enfrentamos la delincuencia y la inseguridad. Sin ir más lejos, solo ayer, de madrugada, se realizó un nuevo atentado, en el que resultaron incendiadas dos viviendas en el camino que une Curacautín con Victoria.

Eso demuestra que la seguridad es lo más importante. Necesitamos que nuestras autoridades tengan todas las facultades que requieren para dar seguridad a la población.

Por esta razón, votaré a favor este proyecto, que, reitero, perfecciona y confiere el carácter de público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

Actualmente, pueden acceder a este registro las policías y las instituciones encargadas de la persecución penal. Por eso, con esta medida se permitirá a mis representados y a cualquier ciudadano de Chile saber cuáles son las personas que están prófugas de la justicia, tanto para su conocimiento como para denunciar la posible ubicación de esas personas.

Lo he dicho anteriormente y lo sigo sosteniendo: para mí y muchos ciudadanos de bien, lo más importante es respaldar los procedimientos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, no cuestionarlos, y dotarlos de herramientas para que entreguen seguridad a la ciudadanía.

Votaré a favor del presente proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señorita Presidenta, sin duda este proyecto de ley, que confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, es un avance. Hoy existe un registro de personas extraviadas, que es público, pero increíblemente en nuestro país no existe uno de personas prófugas.

Recuerdo a un guardia -lo digo con el debido respeto a los animales- que fue asesinado por unos “animales salvajes”. Este guardia murió en Valparaíso durante el incendio de un inmueble municipal. Nunca fue posible publicar la imagen de esa persona, quien logró escapar tras ser sentenciada, en algún tótem publicitario del municipio de Valparaíso. Hasta el día de hoy está prófugo de la justicia. La familia aún sigue tratando de ubicar a ese criminal. Ojalá que con este proyecto, una vez convertido en ley, pueda darse con el paradero de ese asesino.

La discusión de este proyecto de ley -muchos lo han dicho acá- también trae el recuerdo de un lamentable caso ocurrido en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. El delincuente y asesino Edward Fuenzalida , prófugo de la justicia, desde que escapó de la cárcel de Valparaíso el año 2021, fue condenado hace unas pocas semanas a cadena perpetua por el vil, cruel y cobarde asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares .

Lo curioso, colegas, es que al asesino Edward Fuenzalida , desde que escapó de la cárcel hasta que cometió ese horrible crimen, nadie lo buscaba; es decir, para el sistema era invisible. Esto no lo invento yo, sino que lo dijo el propio ministro de Justicia, quien reconoció en el año 2023 que existen más de 2.400 condenados prófugos de la justicia que nadie busca de manera persistente, consistente y sistemática, salvo que sean nuevamente detenidos en delitos flagrantes o en controles de identidad, cuestión que parece increíble, pero que es cierta.

Claramente, este proyecto es un avance. No se hace cargo de la comprobación del domicilio de aquellas personas que quedan citadas a los tribunales de justicia y se encuentran en rebeldía, pero sí avanza al menos en buscar a aquellos que, cobardemente, se esconden después de cometer un delito. Si no se busca al prófugo, mucho menos se va a intentar encontrar o buscar al rebelde.

Pero haciéndonos cargo de este texto, acordado por amplia mayoría en la Comisión de Seguridad Ciudadana, sin duda que lo votaré a favor, porque incentiva la coordinación de las policías con el Ministerio Público y hace también partícipe a la ciudadanía en la persecución penal, porque establece cuáles son los casos calificados que permiten dar publicidad a las búsquedas y, por tanto, evitar -así lo espero- entregar nombres de personas respecto de las cuales no existan motivos fundados para ser públicamente buscadas.

Por esto, Presidenta, y por una cuestión también de justicia, de sentido común y de avanzar al menos en la paz interna de aquellas personas que han perdido a un familiar, votaré a favor el proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señorita Presidenta, hoy nos encontramos reunidos para debatir un proyecto de ley de crucial importancia para la seguridad de nuestro país, especialmente para nuestra querida Región de Ñuble. Como diputada, represento a una comunidad que, al igual que muchas otras en Chile, ha sido testigo del impacto negativo que el crimen organizado y la delincuencia tienen en la vida diaria de los ciudadanos. Por ello, considero que este proyecto, que modifica la ley N° 20.593, dotando de carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, es un paso significativo en nuestra lucha contra esas amenazas.

La modificación propuesta permitirá que las fuerzas policiales, en coordinación con el Ministerio Público, identifiquen y prioricen la búsqueda de personas prófugas de la justicia, publicando esa información en sus portales institucionales. Esa medida no solo mejorará la eficiencia en la captura de esas personas, sino que también empoderará a la ciudadanía al proporcionarle información vital para su seguridad. Es importante destacar que el acceso público a esta información no habilita a los ciudadanos a realizar detenciones, salvo en casos de flagrancia.

El objetivo es claro: facilitar las denuncias y colaborar con las autoridades en la localización de estos individuos, permitiendo que la comunidad sea un aliado activo en el combate contra la delincuencia.

En la Región de Ñuble, como en todo Chile, la seguridad es una prioridad constante. La implementación de este proyecto no solo contribuirá a reducir el espacio de operación para el crimen organizado y el narcotráfico, sino que también enviará un mensaje contundente de que en Chile no hay refugio para quienes intentan eludir la justicia.

Por estas razones, invito a todos nuestros colegas a apoyar este proyecto de ley, que no solo es un avance positivo, sino también un acto de responsabilidad con nuestros ciudadanos.

Es hora de unirnos para contribuir a un Chile más seguro para todos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que tenemos que aprobar este proyecto de ley, que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en los casos que indica, contenido en el boletín N° 15866-07.

He escuchado con atención todos los argumentos de los colegas, tanto de gobierno como de oposición, sobre que tenemos que aprobar este proyecto, porque es muy necesario, sobre todo teniendo presente que hay cerca de 30.000 prófugos de la justicia. Pero hay un elemento que falta y por eso me inscribí para intervenir. Ojalá Dios quiera que se capturen a esos 30.000 prófugos de la justicia, pero ¿dónde van a ir a parar? Hoy las cárceles están hacinadas. En algunas cárceles tenemos a dos gendarmes cuidando a más de cien o ciento veinte delincuentes en cada módulo. Esos gendarmes no cuentan con elementos de seguridad. Las mujeres gendarmes trabajan sin chalecos de protección antipuñal.

Presidente, creo que es un buen proyecto, pero permítame decir que será letra muerta si el gobierno, si el Ejecutivo no inyecta recursos, primero para contratar más gendarmes, y segundo para mejorar las condiciones de nuestras cárceles y construir más recintos penitenciarios. Si ello no se concreta, nos quedaremos en las buenas intenciones.

Presidente, obviamente voy a apoyar este proyecto. Repito, ojalá se capturen a esos cerca de 30.000 delincuentes prófugos de la justicia, pero me preocupan y ocupan las condiciones de Gendarmería de Chile. Esa institución es la hermana pobre de la justicia, a pesar de que sus integrantes deben impartir orden, seguridad y educar, entre comillas, a los internos.

Hoy, muchas cárceles están tomadas por bandas internacionales. Nuestros funcionarios de Gendarmería, con muy poca protección, muy poco respaldo, hacen lo que pueden. Repito: ciento veinte delincuentes son custodiados por dos gendarmes, con el puro valor de hacer la pega, sin ningún elemento de seguridad para combatir la delincuencia al interior de las cárceles.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, en la misma línea que persigue este proyecto, que confiere carácter público al Registro de Nacional de Prófugos de la Justicia, hace ya un buen tiempo presentamos un proyecto de ley que crea un registro de pasajeros que, teniendo causas pendientes o estando prófugos de la justicia, transitan por todo Chile sin ningún problema. Eso es posible hacerlo hoy.

En ese entonces conversé con la ministra Carolina Tohá para que se le pusiera urgencia al proyecto de ley de los listados de pasajeros, y así fue, pero esa es una medida preventiva.

Lo que hay que hacer ahora es permitir, de manera reactiva, que los sujetos que han cometido delitos y están prófugos de la justicia puedan tener un seguimiento más efectivo, sobre todo en la Región de Magallanes, puesto que llegan hasta ese territorio vía aérea sin mayores controles. Basta solo presentar un carné de identidad, que, incluso, puede ser falso.

Por eso, hicimos un segundo proyecto, que permite tener controles en aeropuertos, puertos, etcétera, a través de los controles biométricos. Abordar esta situación es del todo urgente, ya que estamos frente a hechos que son totalmente desconocidos para las chilenas y los chilenos, hechos que han cambiado absolutamente la realidad de nuestro país en materia de seguridad.

Por lo tanto, este proyecto que hoy se presentó, que voy a respaldar absolutamente, está ligado a los proyectos que he presentado. Como señalé, uno de ellos tiene que ver con los listados de pasajeros, para que, de manera preventiva, la Policía de Investigaciones y Carabineros puedan efectivamente requerir los antecedentes a las líneas aéreas -ojalá también en el caso de los viajes vía terrestre y vía marítima-, porque es la forma en que hoy muchas personas -incluso ilegales- transitan por todo nuestro país.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero volver a pedirle al gobierno que ponga absoluta urgencia al proyecto de controles biométricos, que, según entiendo, mañana recién se votará en la Comisión de Transportes del Senado, porque lleva mucho tiempo sin tener un profundo debate en esa instancia y menos en la Sala de esa Corporación, con el fin de que sea pronto ley de la república.

Así que felicito a los autores de este proyecto de ley, que busca perseguir a aquellas personas que están prófugas de la justicia. Ojalá que podamos sumar los proyectos que acabo de mencionar, para contar información relativa a los listados de pasajeros, pero no solo de manera preventiva, sino que reactiva, a fin de que las policías puedan efectivamente hacer el debido seguimiento, y también para tener los controles biométricos en los aeropuertos, por de pronto. Ojalá que el día de mañana podamos tener también esos controles en pasos fronterizos y en vías marítimas. Esto es de suma urgencia.

Hoy, los desplazamientos de bandas criminales, de personas que tienen causas pendientes o de prófugos de la justicia se hacen sin los debidos y rigurosos controles que hoy debiéramos tener.

Por lo tanto, voy a apoyar este proyecto de ley.

Reitero la petición al gobierno para que ponga urgencia en la tramitación del proyecto de ley de los controles biométricos, que mañana se tratará en el Senado.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, este proyecto contará con mi voto favorable, pero quiero ahondar en algo que señaló mi colega Leonidas Romero respecto de la situación de los medios y la realidad que hoy se está viviendo en los centros penitenciarios de nuestro país.

Dentro del informe se señala que durante el análisis de la iniciativa la comisión contó con la asistencia y colaboración de la señora Carolina Tohá , ministra del Interior y Seguridad Pública, pero no se señala el alcance de este tema ni los compromisos que se asumieron por parte del gobierno para mejorar las condiciones que hoy tiene Gendarmería de Chile en todo su funcionamiento.

¿Qué compromisos hubo para mejorar las cárceles y aumentar los centros penitenciarios para que efectivamente aquellos que hoy son prófugos de la justicia y que el día de mañana, gracias a esta iniciativa -espero-, sean encontrados, capturados y privados de libertad puedan estar dentro de los centros penitenciarios? Porque, de otra manera, finalmente, los tribunales de justicia van a decretar otro tipo de medidas cautelares que no sean la prisión preventiva y esas personas seguirán circulando libremente.

Por lo tanto, no queda clara esta situación. Espero que este proyecto de ley fuerce al gobierno a actuar adecuadamente.

El día de ayer nos reunimos con una de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, cuyos dirigentes nos señalaron las condiciones poco seguras que tenían dentro de su lugar de trabajo.

Entonces, vemos que el gobierno y todo el Estado exigen a los particulares ciertas condiciones para tener a sus trabajadores funcionando adecuadamente, pero no son capaces de entregar las condiciones mínimas de seguridad a aquellas personas que justamente están a cargo, entre otras cosas, de la seguridad de nuestro país.

Este tipo de medidas va a permitir que incluso los propios familiares de los funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería puedan tener acceso a información respecto de quiénes son los prófugos de la justicia. Eso les dará seguridad, porque vemos que cada día esos familiares son amenazados por las decisiones que los funcionarios pueden tomar o las diligencias que ellos pueden realizar dentro de la labor que están ejerciendo a diario.

Apoyaremos entusiastamente esta iniciativa, porque permitirá que toda persona pueda tener acceso a este registro, puesto que hoy la información relacionada con los prófugos de la justicia está restringida a las policías y a determinados órganos.

El gobierno participó en la discusión de esta iniciativa. Por consiguiente, espero que también vaya tomando medidas claras para detener a todos los prófugos de la justicia y dar garantía a aquellos que resguardan la seguridad de nuestro país, manteniendo en los centros penitenciarios a aquellos prófugos de la justicia que son capturados.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que vamos a apoyar con convicción este proyecto de ley, que viene a resolver un problema que tenemos y que además se suma como otra pieza fundamental en la reacción legislativa al arribo del crimen organizado.

Lamentablemente, podríamos decir que este proyecto llega tarde, pues la vida de una sargento de Carabineros no se habría perdido de mediar una iniciativa como esta, que además tiene una muy buena evaluación en países de legislación comparada, donde funciona sin ningún problema.

Según datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, en Chile hay cerca de 31.000 personas prófugas de la justicia. Eso no necesariamente indica que son personas que están condenadas, sino que son personas que han sido citadas a comparecer a la presencia judicial por distintas razones y no han comparecido. Sin duda, algunas de ellas tienen que presentarse para dar inicio al cumplimiento de su condena a una pena privativa de libertad.

Por lo tanto, nos parece que es una buena medida el hecho de que el registro sea público, porque permite que en las distintas comunidades la ciudadanía también se haga parte de tener entornos mucho más seguros.

Creo que la iniciativa tiene un adecuado marco de respeto a derechos y garantías fundamentales. Nosotros esperamos que en el futuro pueda haber innovaciones tecnológicas que permitan una más rápida comunicación o una integración de la ciudadanía en esta colaboración que va a hacer con el sistema judicial.

Qué duda cabe de que poner tras las rejas a buena parte de estos prófugos de la justicia va a generar un impacto tremendo y un estrés nuevamente en el sistema penitenciario chileno. Como señalaron los diputados Jorge Rathgeb y Leonidas Romero , no podemos hacer como que aquí nada pasa y que esta futura ley entre a regir sin que pongamos los ojos en lo que va a pasar en Gendarmería.

Si uno hace la estimación de que, de esas aproximadamente 31.500 personas que deben comparecer ante la justicia, 10.000 deben estar tras las rejas, constata que eso excede por lejos las capacidades penitenciarias de nuestro país.

Por lo tanto, quiero aprovechar esta coyuntura para señalar al gobierno -por su intermedio, Presidente- que el día de ayer un gendarme corrió más de 113 kilómetros, de Santiago hasta este Congreso Nacional, para visibilizar las condiciones laborales que tienen las funcionarias y los funcionarios de Gendarmería en nuestro país. Chile tiene una deuda tremenda con la institución penitenciaria, que es la primera línea de reacción frente al crimen organizado.

Por ello, esperamos que el gobierno pueda tener gestos concretos en la tramitación de la ley de presupuestos. Es cierto que se han hecho esfuerzos importantes, pero hay un tema abierto respecto de la carrera funcionaria que reclaman los funcionarios de Arica a Punta Arenas. Esa es una deuda sin pagar por parte del Estado de Chile. Tramitaciones de años han impedido tener una carrera funcionaria como la que se ha planteado y que sea acorde a la importancia de la labor que tiene Gendarmería .

Pero hay otros temas que también son esenciales para la dignidad laboral.

A Gendarmería no se le entrega ropa adecuada; a cada funcionario se le entregan una o dos poleras por año, una chaqueta térmica cada cuatro o cinco años, y uno los ve prestando un servicio que ha permitido que Chile no sea como otros países de América Latina, donde el crimen organizado se ha adueñado de las cárceles.

Otros países de América Latina, como Brasil, Venezuela, Ecuador , Perú y México , no fueron capaces de controlar las cárceles. Por eso el crimen organizado se instaló allí, donde están hoy sus centros de operaciones.

Nosotros, gracias a los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, no tenemos todavía ese problema, pero caminamos a pasos acelerados hacia ese fatal destino.

Por lo tanto, llamo al gobierno a poner énfasis en aspectos esenciales. Primero, partir en este proyecto de ley de presupuestos, no en el próximo, y no conformarse con establecer una mesa de trabajo, sino dar señales concretas de mejoras en materias esenciales, como la ropa, según ya mencioné.

No puede ser que los gendarmes tengan que andar en las ferias de las pulgas, en los coleros, buscando ropa para ir a prestar servicio en custodia del crimen organizado; no es posible que no tengan las herramientas ni los medios tecnológicos de protección personal adecuados para enfrentarse a miembros del crimen organizado que están recluidos en las cárceles.

Se requiere un compromiso claro con Gendarmería, porque esos funcionarios, hombres y mujeres, están comprometidos desde Arica a Punta Arenas en controlar los penales y en dar un trato justo a la gente que está privada de libertad, porque, por muy privadas de libertad que estén esas personas, siguen siendo seres humanos con derechos que se deben respetar.

Por lo tanto, esperamos que en el proyecto de ley de presupuestos, que se tramitará en los próximos días, se resuelvan estas medidas, que son inmediatas, y se haga un compromiso claro para establecer una carta de navegación destinada a discutir muy en serio la carrera funcionaria, y ojalá acoger lo que ha sido una demanda de años de los gendarmes: terminar con el grado 26 y partir la carrera funcionaria en el grado 22, de modo que tengan una remuneración acorde con la importancia del servicio que prestan.

Vamos a apoyar con mucha fuerza y determinación este proyecto, pero queremos alertar al gobierno sobre el impacto que, en la medida en que esta ley en proyecto funcione bien, va a tener en las cárceles. No puede ser que nuevamente Gendarmería tenga un trato no adecuado.

Valoramos muchísimo la fuerte inversión que se ha hecho en Carabineros, en la PDI y en el Ministerio Público, pero esperamos que este sea el gobierno que haga una fuerte inversión en Gendarmería de Chile.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señorita Presidenta, entiendo todo lo que se ha debatido en la Sala respecto de este proyecto. El Registro Nacional de Prófugos de la Justicia ya existe, pero a través de esta iniciativa se le da un carácter público.

Agradezco la presentación de un proyecto de este tipo a su autor. Creo que el diputado Guzmán ha dado en el clavo en aspectos que nos están faltando en nuestro sistema de persecución penal, como integrar la tecnología en los registros que existen a nivel nacional, pero que no son utilizados en forma adecuada, es decir, con una máxima eficiencia.

Por eso, creo que este es un buen proyecto. Lo vamos a apoyar, pero se debe incorporar otro tipo de tecnologías a este Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, que les haga más fácil a las personas identificar a posibles prófugos que estén cerca de su entorno, para lo cual sería importante integrar sistemas de filtros, de inteligencia artificial y de interconexión, entre otros sistemas de registros de persecución penal.

Hoy en día, una de las mayores frustraciones para muchos fiscales y jueces es que exista una gran cantidad de información, pero que no esté integrada.

Creo que el hecho de que este registro de prófugos, así como el de deudores de pensiones de alimentos y otros, sean visibles y fácilmente gestionables para la ciudadanía, a nivel público y desde los órganos persecutores, va a dar mayor eficiencia a las policías y a la persecución penal.

Por eso, es importante que, en la medida en que avance la tramitación de este proyecto de ley, así como su respectivo reglamento, se considere la modernización de su aplicación. La idea es que no nos quedemos solo con un registro público, sino que además este sea amigable, fácil de gestionar, interoperable, y que considere la aplicación de inteligencia artificial en su gestión.

Votaré a favor este proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad, correspondiente al boletín N° 16893-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado inscrito para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Javiera Morales .

Antecedentes:

-Moción, sesión 36ª de la presente legislatura, en lunes 3 de junio de 2024. Documentos de la Cuenta N° 15.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 85ª de la presente legislatura, en martes 8 de octubre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 2.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora MORALES. doña Javiera (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informo, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad, iniciado en moción de las diputadas Ana María Bravo y Emilia Nuyado , y de los diputados Tomás de Rementería , Marcos Ilabaca , Daniel Melo , Jaime Naranjo , Juan Santana , Leonardo Soto y Nelson Venegas .

La idea matriz o fundamental del proyecto es configurar una regla que tipifique una causal de inhabilidad para la adscripción a un cargo o función pública, y de la cesación en el ejercicio de funciones públicas, respecto de quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la probidad administrativa, en sus distintas proyecciones en el ámbito de la imparcialidad en el ejercicio de la función pública y en aquellos que afecten los aspectos patrimoniales de dicha función.

Durante la discusión del proyecto se escuchó al autor de la moción, diputado Marcos Ilabaca , y al ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde .

Los autores de la moción sostienen que, en el ámbito político, la corrupción resquebraja la legitimidad de las instituciones estatales, debilita el sistema democrático y genera desconfianza en los ciudadanos. Por tanto, en el ámbito administrativo es necesaria una modernización de las estructuras organizacionales del Estado, trasparentando y publicitando las actuaciones de los entes públicos, adoptando mecanismos de prevención de delitos, perfeccionando los controles ex ante y facilitando a los administrados el acceso a la información.

Explicaron que el Estado chileno se ha preocupado de este problema y ha dictado un conjunto de leyes destinadas a cautelar y a fortalecer la probidad, tales como la ley Nº 19.653, sobre Probidad administrativa aplicable de los órganos de la Administración del Estado; la reforma constitucional contenida en la ley N° 20.050, que reconoció constitucionalmente el principio de probidad mediante un nuevo artículo 8º en la Carta Fundamental, con una serie de efectos y proyecciones; la ley N° 19.645, que introdujo una serie de reformas al Código Penal en relación con los delitos relacionados con esta materia; la ley N° 20.414, de 2010, que, entre otros asuntos, modificó la redacción del artículo 8º, de forma tal que el Presidente o Presidenta de la República, los ministros y ministras de Estado, los diputados y diputadas, los senadores y senadoras, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deban declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

En ese sentido, la reforma legal más relevante de los últimos diez años en esta materia, que vino a materializar el mandato constitucional previamente descrito, se encuentra graficada en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

El proyecto que se somete hoy a la consideración de esta Sala consta de un artículo único, que intercala nuevos incisos segundo y tercero al artículo 8º de la Constitución Política de la República, del siguiente tenor:

“Estará inhabilitado para postular o desempeñar un cargo o función pública, sea o no de elección popular, quien hubiere sido condenado por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad. Cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. Para estos efectos, se consideran delitos contra la probidad, la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho.

Quien resultare afectado por la regla prevista en el inciso anterior, salvo que fuere inhabilitado a perpetuidad, podrá una vez transcurridos quince años, solicitar al Senado su rehabilitación.”.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Constitución, por lo que solicito igualmente su aprobación a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En discusión el proyecto de reforma constitucional.

Tiene la palabra el diputado Eduardo Cornejo .

El señor CORNEJO.-

Señorita Presidenta, estamos ante un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad.

Chile atraviesa por uno de los momentos más duros y difíciles, a partir de los graves hechos de corrupción que hemos conocido en el último tiempo. Sin duda alguna, es una vergüenza nacional la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en los actores públicos y políticos. Por ello, estamos ante un proyecto de ley que en algo viene a reponer y a hacer justicia al establecer lo que debiera ocurrir permanentemente.

Sin duda alguna, la ciudadanía está esperando que quienes hemos recibido la confianza y el mandato ciudadano para responder a las necesidades más urgentes de nuestro país seamos capaces de cumplir con esa confianza. Lamentablemente, en el último tiempo, a partir de los distintos hechos que hemos conocido, estamos muy lejos de aquello.

Aunque tengo algunos reparos respecto de algunas especiales condiciones que se establecen para aquellos que cometan delitos de corrupción, creo que este proyecto de reforma constitucional en algo podrá reponer esa confianza y en algo permitirá el desarrollo adecuado de quienes están en distintos cargos.

Insisto: voy a apoyar este proyecto. Sin embargo, creo que en alguna medida se queda un poco corto en términos de la dureza que debería existir para castigar a aquellos que cometen actos de corrupción a pesar de que la ciudadanía depositó su confianza en ellos.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señorita Presidenta, por fin un proyecto que vengo planteando desde hace ya mucho tiempo empieza a ver un camino de luz que va a permitir entender el problema y poner las acciones donde ponemos la palabra.

Creo que todos y todas en este Congreso Nacional coincidimos en que enfrentamos una crisis de corrupción que debe combatirse sin excepciones. Hemos dicho con fuerza y hasta el cansancio que debe ser caiga quien caiga y venga de donde venga, independientemente del sector político al cual pertenezca. Sin embargo, no estoy seguro de que estemos conscientes de la gravedad de este problema, ya que la fuerza de esas palabras muchas veces no se refleja en la discusión de las sanciones.

Hace tiempo presenté este proyecto para inhabilitar constitucionalmente a quienes sean condenados por delitos contra la probidad, proponiendo que la sanción fuera perpetua, porque creemos que la corrupción es un cáncer que debe ser extirpado absolutamente de nuestro sistema público -no le podemos permitir ningún centímetro-; sin embargo, en la comisión no llegamos a acuerdos sobre la duración de la sanción.

Por lo tanto, para poder avanzar y para que el proyecto fuera discutido en esta Sala, accedimos a limitar el período de inhabilidades, de modo que finalmente sea despachado. Aun así, sigo creyendo que esta medida solo aparta temporalmente la corrupción. Combatirla es fundamental para proteger la confianza ciudadana en nuestras instituciones, que es el pilar de la democracia.

Este año, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional mostró que, aunque Chile ocupa una buena posición, ha caído dos puestos y ha mostrado una tendencia a la baja desde el 2014.

La Región de Los Ríos, a la cual represento, era una de las pocas donde no se estaba realizando investigación alguna por delitos de corrupción. Sin embargo, esta tranquilidad regional se disipó cuando la Municipalidad de Río Bueno fue allanada por la PDI, en una indagatoria por un presunto millonario fraude al fisco. Esto se repite día a día en muchas regiones de nuestro país, en muchas, y son los municipios los que muchas veces lideran este tipo de acciones.

¿Sabían ustedes que más de la mitad de la población cree que Chile es uno de los países más afectados por la corrupción en América Latina? Y esto fue antes del caso Audios y de la crisis que gatilló en el Poder Judicial.

La corrupción también afecta el uso correcto de los recursos públicos y de manera importante. Solo entre los casos investigados en municipios y el caso Convenios son 521.000 millones de pesos los que podrían haber sido defraudados. Para poner esta cifra en perspectiva, es casi el doble del presupuesto asignado este año al Servicio de Salud de la Región de Los Ríos. Por ejemplo, en Paillaco podría implicar la mayor inversión pública de su historia, toda vez que el nuevo cesfam tuvo un costo final por debajo de los 8.000 millones de pesos; es decir, estos 521.000 millones de pesos defraudados equivalen a 65 cesfam de este tipo. Es casi cien veces el presupuesto destinado al servicio de educación de Valdivia y cinco veces el presupuesto para la formación y perfeccionamiento de carabineros.

Este problema es tan profundo que bien podemos decir que combatir la corrupción es incluso combatir el ingreso del crimen organizado a las instituciones.

Entonces, si no entendemos la profundidad del problema y el costo que puede tener para la vida de las personas y la estabilidad del país, no vamos a comprender por qué debemos ser tan severos al legislar para poder extirpar la corrupción y no solamente reducirla.

Este proyecto es un tremendo avance y una señal potente del Congreso Nacional, por lo que espero que todo el Congreso, de manera transversal, lo apoye y dé una señal política potente.

¡Por eso, el artículo único del proyecto se incorpora como reforma constitucional en el capítulo Bases de la Institucionalidad! Estimamos que es de tal gravedad este cáncer, que es necesario extirparlo y establecerlo en una norma de estas características.

También quiero saludar a mi bancada, que me apoyó en la presentación de este proyecto de reforma constitucional, porque creemos que este ataque, insisto, no puede quedar solo en palabras. Necesitamos entrar a la acción, y esta iniciativa es una acción que va a abrir el camino para poder extirpar este verdadero cáncer que corroe la institucionalidad de nuestro país.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El diputado MELLADO (don Miguel) .-

Señorita Presidenta y estimados parlamentarios, la ciudadanía nos pide transparencia a todos los funcionarios públicos, y lo que se ha visto en los últimos años deja mucho que desear. Pero también deja que desear que la legislación no haya sido clara en este aspecto.

El Código Penal contempla un régimen complejo de inhabilidades en materia de derechos políticos, como el derecho a voto y el derecho a ser elegido en cargos o funciones públicas, y la regla general es que toda pena aflictiva, esto es, aquella superior a tres años, conlleva la suspensión de estos derechos mientras dure la condena.

En función de lo anterior, existen criterios disímiles de inhabilidad. En este sentido, el proyecto de ley contiene un avance, ya que establece la incorporación de una inhabilidad para la postulación o desempeño de cargos y funciones públicas para quien hubiere sido condenado por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude al fisco. Además, dispone que quien se encontrare en posesión del cargo al momento de la condena cesará en este de pleno derecho. Eso es fundamental, porque es importante que, de una vez por todas, las sanciones sean ejemplares para el resto de los funcionarios cuando alguno incurre en estos delitos.

Esa norma debería ser interpretada de manera amplia, en el sentido de abarcar cualquier cargo o función, independientemente del poder o de la naturaleza del empleo: administrativo, legislativo, del Poder Judicial, etcétera, incluyendo a aquellos órganos autónomos, como los municipios, que también podrían incurrir en esos actos. La inhabilidad es a perpetuidad, salvo la rehabilitación. ¿Por qué? Porque se introduce un mecanismo para rehabilitar a quien resulta inhabilitado por la aplicación de la norma del inciso anterior, en un símil a la rehabilitación de la ciudadanía, debiendo solicitarla al Senado.

Creo que este es un paso importante y concreto para resguardar la probidad en el servicio público en Chile. Ya es hora de transparentar los temas a la ciudadanía, y que esta sepa qué ocurrirá con un funcionario público cuando rompe las reglas de probidad.

Vamos a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señorita Presidenta, muchas veces hablamos de probidad o escuchamos hablar de ella como un concepto repetido en cuanto a los estándares que deben cumplir quienes ejercen la labor pública. En sí, la probidad hace referencia a una conducta honesta y leal en dicha función, pero también hace referencia a algo que me parece que, quienes además estamos acá gracias a una elección popular, jamás debemos olvidar: la preeminencia del interés general por sobre el particular.

Por eso, precisamente, me parece que este proyecto de ley que hoy votaremos, que establece una serie de delitos como inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad, es muy importante. Delitos como malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el cohecho serán considerados delitos contra la probidad, precisamente para sancionar actos en los cuales el interés general, el mandato de las funciones que se ejercen y la protección del patrimonio de todas y todos han sido vulnerados.

Esta es una muy buena noticia, más aún si recordamos casos que hoy se encuentran en investigación, como el caso Hermosilla, en que vimos, y seguimos conociendo detalles día a día, cómo una verdadera maquinaria operaba de manera sistemática para vulnerar un principio que jamás ha sido antojadizo en la función pública, sino que es un pilar, entendiendo precisamente que quienes desempeñamos estas funciones lo hacemos bajo lo que debería ser el interés superior de lograr un beneficio transversal para todas y todos los chilenos, pero jamás entendiendo que dicha posición brinda un espacio para cometer abusos y delitos.

Aprobaremos este importante proyecto de ley, porque nos parece un avance y una señal, precisamente en tiempos en los cuales la labor pública se pone en entredicho, con casos en que vemos que unos pocos buscan no solo enriquecerse, sino además concentrar de manera burda el poder.

Es de esperar que podamos seguir avanzando en esta línea con diversas iniciativas que también están en algunas comisiones, en pos del bien común y de devolver la confianza a la ciudadanía.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señorita Presidenta, la confianza en nuestras instituciones se ha perdido notablemente. Varios casos de corrupción han salido a la luz pública, exponiendo a autoridades de gobierno, a miembros del Poder Judicial e, incluso, a parlamentarios, quienes se han visto involucrados en casos de cohecho y en otras faltas a la probidad. Caso Fundaciones, pago a fiscales, sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y el polémico caso Corpesca son algunas demostraciones de lo fácil que es aprovecharse de una situación privilegiada de quien ostenta un cargo para beneficiarse económicamente.

Observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal, en que prime el interés público sobre lo particular, es lo esperable de todo funcionario. Sin embargo, la sola enunciación en la ley no basta: debe aplicarse una sanción de peso que permita disuadir al potencial infractor y castigue severamente a aquella persona que incumpla los estándares que exija la ley en este sentido. Además de un mandato constitucional, la probidad constituye un deber moral. En este sentido, los funcionarios no pueden ser indiferentes a actuar con honestidad y rectitud, porque detrás de ellos existe el prestigio de un organismo y del cargo que ocupan.

De ese modo, la conducta no solo debe observarse en el ejercicio de sus funciones, sino también en el ámbito social, familiar y personal. Sin embargo, creo que en nuestro cometido de castigar y condenar tan intensamente al funcionario nos hemos olvidado de que para que se configure un delito de falta a la probidad se requieren dos personas, un emisor y un receptor.

Por lo tanto, también debemos avanzar en políticas que castiguen fuertemente a aquellos privados dispuestos a comprar influencias o a sobornar a personas de la Administración del Estado.

Llamo a todos a aprobar esta iniciativa, porque nuestro país necesita recuperar la integridad de sus instituciones y, con ello, fortalecer el sistema democrático, devolviendo a sus ciudadanos la confianza en la función pública.

Porque la corrupción es un mal social y un veneno que se esparce e intoxica todo a su paso, debemos hacer todo lo humanamente posible para impedir que siga avanzando y manchando la imagen y el prestigio de nuestras instituciones.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señorita Presidenta, iorana korua ta´ a to´a e te mahingo o te kainga roa roa nei ko tire, te anga nei he anga panga ha´ a mo korua ta´ a to´ a.

Quiero expresar la importancia de la probidad administrativa en nuestra labor legislativa, cuyo rol esencial es fortalecer la confianza pública. El concepto de probidad no es solo un deber ético; es la piedra angular que sustenta el pacto entre el Estado y sus ciudadanos, y su observancia es una obligación que no admite excepciones.

La probidad administrativa, tal como se define en el artículo 54 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, nos obliga a una conducta intachable y a un desempeño honesto y leal de nuestras funciones, siempre con preeminencia del interés general por sobre el particular. Este mandato ético y legal tiene su raíz más profunda en el artículo 8 de nuestra Constitución Política, que establece que el ejercicio de la función pública demanda transparencia, integridad y un compromiso inquebrantable con el interés nacional.

Como representantes del pueblo debemos ser los primeros en demostrar y promover una conducta irreprochable. La probidad es, en su esencia, una garantía para la ciudadanía de que sus representantes no están guiados por intereses personales, sino por el bien común. Cada acto de nuestras autoridades debe estar a la altura de los más altos estándares de honestidad, no solo porque así lo establece la ley, sino porque es una exigencia de un sistema democrático que busca ser ejemplar y servir al interés de todos los chilenos.

Asimismo, el principio de probidad administrativa se proyecta en todas las etapas de la función pública, desde el ingreso de un funcionario hasta su salida. Esto significa que nuestras obligaciones no comienzan ni terminan en la función que desempeñamos; se trata de una responsabilidad que se extiende a nuestra vida pública y a la manera en que nuestras decisiones afectan a la sociedad.

La probidad es una salvaguarda de dignidad para los cargos públicos y su falta no solo traiciona el mandato que nos ha confiado el pueblo, sino que también daña la integridad de todo el sistema.

Al hablar de probidad también hablamos de transparencia. Las acciones de los funcionarios públicos deben ser accesibles al escrutinio ciudadano. Esto incluye la obligación de declarar nuestros intereses y patrimonio, con el fin de identificar posibles conflictos de intereses y tomar medidas preventivas que aseguren que nuestras decisiones no estarán motivadas por intereses privados. Tal como lo establece la normativa, en los casos de conflictos de intereses, los funcionarios deben delegar la administración de sus bienes e, incluso, considerar la venta de aquellos que pueden comprometer su imparcialidad en la toma de decisiones.

La importancia de este principio no radica solo en evitar la corrupción, sino también en construir una administración pública que inspire respeto, confianza y legitimidad, palabras que para muchos hoy son distantes.

La probidad es un compromiso diario que requiere transparencia, así como una vigilancia constante y una cultura ética en cada rincón de nuestras instituciones. La probidad es el crecimiento de la confianza pública, y la confianza pública es la base de cualquier democracia saludable. Como legisladores, nuestra responsabilidad no es únicamente cumplir con estos principios, sino también promover una cultura de integridad en todas las instituciones del Estado. Defender la probidad no solo implica evitar actos ilícitos, sino actuar con tal grado de responsabilidad que no quede lugar a dudas sobre nuestras motivaciones y nuestra entrega hacia el bien común.

Por ello, manifiesto con firmeza mi voto a favor de esta iniciativa.

El compromiso con la probidad no es una mera formalidad, sino una obligación esencial que nos guía y nos exige cada día actuar de manera intachable. La ciudadanía merece instituciones que trabajen con transparencia y con responsabilidad. Nosotros, como sus representantes, debemos ser el ejemplo más claro de todos esos valores. Lamento que hace un tiempo se haya rechazado un proyecto de ley que establecía la destitución de los gobernadores regionales, porque, de hecho, la mayoría de los que hoy están en ejercicio está siendo cuestionada por todo lo que estamos hablando hoy: probidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Hago un llamado a todos mis colegas a aprobar el proyecto de ley.

Iorana e maururu.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señorita Presidenta, no sé si sorprenderme o alegrarme con las voces de diputadas y diputados que hacen un manifiesto anticorrupción porque, de acuerdo con las evidencias y los ránquines sobre hechos vinculados a la política son varios y se relacionan también con conglomerados presentes en el Parlamento.

Junto al modelo neoliberal, la dictadura instaló las bases para la conformación de un aparato estatal que ha permitido, por acción u omisión, la impunidad de la élite económica de nuestro país. Familiares y grupos económicos cercanos al régimen militar obtuvieron millonarias ganancias, apropiándose oscuramente de las empresas del Estado. El caso de Ponce Lerou es un ejemplo paradigmático de aquello.

Solo gracias a investigaciones periodísticas, filtraciones o al honesto actuar de algunas o algunos persecutores y de magistrados o magistradas, se ha tomado conocimiento de casos de financiamiento irregular de la política, como los llamados casos Milicogate , Pacogate , Corpesca , Dominga o Hermosilla , el último de los cuales ha evidenciado, una vez más, cómo la derecha, junto a la élite económica, ha ido corrompiendo las más altas esferas del Estado, incluyendo a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al propio exministro Andrés Chadwick .

¿Es necesaria esta reforma? Evidentemente, porque está destinada a inhabilitar a personas condenadas por delitos contra la probidad para postular y ocupar cargos públicos, como el que ejercemos, entre otros, porque es un paso importante en la lucha contra la corrupción y para restablecer la credibilidad institucional. Sabemos que existe una tremenda desafección entre la política, las instituciones y la ciudadanía. Sin embargo, la reforma debe complementarse adecuadamente con las sanciones del Código Penal, para que no se generen conflictos o redundancia de penas.

Aunque la propuesta es un importante avance, su efectividad dependerá de que la implementación sea justa, proporcional y que respete el debido proceso y los derechos humanos. Sin embargo, también es crucial avanzar en una reforma al sistema judicial, para eliminar su carácter clasista, que cada día es más evidente, como hemos visto durante el último tiempo a través de los medios de comunicación, y lo comprobamos quienes formamos parte del sistema parlamentario. De lo contrario, la propuesta puede convertirse en letra muerta o podría promover prácticas de lawfare, que en los últimos años, en Latinoamérica y en el mundo, se ha transformado en un fenómeno utilizado para eliminar adversarios políticos de la élite.

Es importante asegurar la justicia y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, no solo va a depender de las normas jurídicas que se dicten, como es el caso de esta reforma, sino también de avanzar hacia una sociedad más democrática, en la cual la población sea capaz de reclamar y de ejercer sus derechos.

Qué importante es que en este debate estén presentes jóvenes en las tribunas, para que entiendan cómo se realiza una reforma constitucional que busca evitar la corrupción, las faltas a la transparencia y la malversación de fondos públicos, los que, a veces, se ocultan en los medios de comunicación del país, lo que mantiene una élite económica dentro de los espacios políticos donde se toman las decisiones cruciales para el buen vivir de la ciudadanía. Por eso no avanzamos.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señora Presidenta, hoy nos convoca la discusión de una reforma constitucional que busca fortalecer, ni más ni menos, que las bases de nuestra institucionalidad, al establecer inhabilidades y causales de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad, resguardada en el artículo 8° de nuestra Constitución. En particular, los delitos son la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el cohecho, por su gravedad. Esta es una cuestión básica, es el mínimo que los políticos deberíamos cumplir.

La probidad, consagrada en el artículo 8° de nuestra Constitución, es fundamental para la confianza ciudadana. Sin embargo, hemos sido testigos de múltiples casos que evidencian cómo la probidad y la confianza ciudadana se van vulnerando a partir del estallido delictual municipal, liderado por varios alcaldes, como el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba , formalizado por el delito de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos, con un perjuicio de 4.500 millones de pesos, o la exalcaldesa de Maipú, señora Cathy Barriga , que enfrenta acusaciones por delitos de corrupción que generaron un perjuicio fiscal de 31.000 millones de pesos durante su gestión.

Lamentablemente, esto no llega a los oídos de todos los representados, porque en la comuna de Rinconada, por ejemplo, les cortaron la luz la noche en que se transmitía un reportaje que daba cuenta de los casos de corrupción que afectaban al alcalde, que fue reelecto. A veces, se terminan enterando cuando las autoridades formalizadas abren una cuenta en las plataformas de contenido para adultos.

Por eso, la sanción tiene que ser ejemplificadora, no solamente para los que cometen estos delitos, que no pueden, de ninguna manera, pensar en repostularse a un cargo de elección popular, sino que va dirigida a toda la sociedad, como un mensaje de que la corrupción no es tolerada en ninguna de sus formas.

Por lo demás, los casos que mencioné respecto del estallido delictual municipal no son aislados. El Consejo de Defensa del Estado ha dado cuenta de que más de la mitad de las municipalidades del país se encuentran vinculadas a alguna actual investigación penal por delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y cohecho.

En Chile sí existen recursos; el problema es que muchas veces son las mismas autoridades electas por el pueblo chileno las que se los roban. Por eso, nosotros tenemos que dar un ejemplo, como Cámara de Diputados, de que los cargos públicos no son un tipo de refugio ni un escondite para quienes atentan contra la probidad.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, hace bastante tiempo que debieron haber aumentado las sanciones por cometer delitos contra la probidad y haber descartado de manera más o menos permanente a aquellas personas que han violentado la confianza de la gente, porque cuando uno comete un delito contra la probidad lo que está haciendo es vulnerar al soberano, es vulnerar al pueblo de Chile.

Por otro lado, me sorprendió, hace dos discursos atrás, que se haya mencionado los casos Soquimich , el de las privatizaciones y el de Ponce Lerou, porque parece que, en esa materia, cuanto menos el actual Presidente de la República sigue la misma línea del general Augusto Pinochet . ¿Quién le entregó el litio a Soquimich ahora?

Señorita Presidenta, hay que tener estómago para contar la historia así como la están contando, con la situación, además, que se ha visto en La Moneda con el caso Fundaciones y ahora con el caso Monsalve , con un potencial encubrimiento por parte de las más altas autoridades del país a un subsecretario acusado del delito de violación.

Entonces, evidentemente, esta norma sirve, pero no sirve de nada cuando los fiscales no persiguen, y no sirve de nada cuando los jueces no condenan. No sirve de nada cuando el interés político obstruye la correcta aplicación de la justicia.

Todavía estoy esperando la formalización del subsecretario Monsalve , o que la ministra Carolina Tohá vaya a declarar. El Presidente ya declaró, pero la ministra del Interior no ha declarado.

(Habla un diputado fuera de micrófono)

¿Sí declaró? Entonces, corrijo: ambos han declarado en una causa en la cual pueden terminar siendo imputados.

Señorita Presidenta, ¿quién en esta Sala cree que se va a abrir un proceso contra el Presidente de la República o la ministra del Interior, en caso de que se confirme que ha habido acciones que pudieron constituir obstrucción a la justicia? Nadie. Todos sabemos cómo funciona el sistema. Tenemos normas que están de decoración. Y aquí vamos a votar una norma y vamos a decir que todos estamos por la probidad, pero la verdad es que al sistema mismo no lo apretamos. De hecho, los señores políticos de los más distintos sectores, cuando les conviene, tratan de meterle arena al sistema, para que no persiga a los propios. Es así; no existe ninguna otra razón por la cual no hay más formalizaciones en el caso Fundaciones o en el caso Monsalve. De hecho, no existe ninguna hasta el momento.

Me alegra votar otra norma maravillosa y muy bonita que va a ser una decoración para el código, pero que va a terminar en eso, en una decoración. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, no existe suficiente voluntad política como para permitir que la justicia en Chile persiga como corresponde a los políticos, incluso si son del propio lado. No importa si se llama Hermosilla o se llama Monsalve ; da lo mismo, porque, como lo escuchamos en los discursos, siempre se refieren a los de enfrente, como si los del propio lado no fuesen igualmente perversos y dañinos para el país.

Señorita Presidenta, voy a votar a favor este proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, creo que nuevamente estamos haciendo un saludo a la galería. Mientras no nos hagamos cargo de la pésima gestión de la justicia en estas materias, de la falta de independencia de la justicia en estas materias, de la falta de probidad de la justicia en estas materias, no vamos a llegar a buen puerto, sin importar las leyes que saquemos. He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señorita DELGADO (doña Viviana) .-

Señorita Presidenta, durante el último tiempo hemos conocido graves hechos de corrupción que ensucian a nuestro país, delitos que traicionan la confianza de la ciudadanía e impiden el avance del progreso social y el asentamiento de una democracia plena.

La gente está cansada de estos hechos. Todos los días somos testigos de desfiles de empresarios y políticos que, independientemente de su tendencia, se ven envueltos en turbios delitos, tal como una mafia que desde las sombras corrompe y soborna. No podemos permitir que esto siga sucediendo en Chile.

Tenemos una responsabilidad grande como legisladores. Nuestro rol es generar leyes que sancionen con firmeza y establecer medidas de control y transparencia, para impedir que los delincuentes de cuello y corbata vuelvan a ocupar un cargo público.

Soy de la idea de que la inhabilitación debe ser a perpetuidad, para erradicar definitivamente a quienes no comprenden que la probidad es un valor esencial en nuestra sociedad. Tenemos un historial negro como país y debemos limpiarlo ahora.

Es ahora y es la hora de avanzar en las necesidades reales de la gente, con urgencia, y castigar con más firmeza a quienes no respetan siquiera los mínimos de convivencia social. He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señorita Presidenta, quiero destacar que este proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para aquellos que hayan cometido delitos contra la probidad fue tramitado en la Comisión de Constitución, con respaldo bastante amplio y transversal.

La iniciativa hace eco de la tradición de nuestro país respecto del combate a la corrupción, que se remonta desde 1999, cuando se establecieron las primeras leyes, como la Nº 19.653, que estableció el principio de probidad administrativa y transparencia, reforzada con la reforma constitucional de 2005, y, posteriormente, con la promulgación de distintas leyes en 2015, por ejemplo, la que impulsó la obligación de declarar intereses y patrimonio para altos funcionarios, buscando prevenir el conflicto de intereses.

Esta reforma que tramitamos en la comisión, muy en la línea de los convenios internacionales de combate a la corrupción, busca intercalar el siguiente texto en el artículo 8° de la Constitución: “Estará inhabilitado para postular o desempeñar un cargo o función pública, sea o no de elección popular, quien hubiere sido condenado por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad. Cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. Para estos efectos, se consideran delitos contra la probidad, la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho.

Quien resultare afectado por la regla prevista en el inciso anterior, salvo que fuere inhabilitado a perpetuidad, podrá una vez transcurridos quince años, solicitar al Senado su rehabilitación.”.

Creo que es una medida bien clara y fuerte para combatir la corrupción entre quienes trabajan en el sector público, pero también entre aquellas personas que son elegidas mediante voto popular, como es el caso de los parlamentarios, concejales, consejeros, alcaldes, porque, lamentablemente, vemos este problema en todo el país.

Quiero ser bastante justo. A propósito de la historia en materia de combate a la corrupción, nuestro país tiene indicadores bastante más altos que otros países de la región en materia de estándares de probidad. Por ello, no podemos ser tan críticos respecto del trabajo que se ha hecho en nuestro país en materia de construcción de un cierto estándar ético en la Administración pública.

Sin embargo, me preocupan los últimos hechos que hemos conocido. Me preocupa, por ejemplo, la opacidad que existe en relación con la Corte Suprema y respecto del caso Convenios. Me preocupa que en muchos gobiernos regionales haya existido silencio respecto de avanzar en distintas acciones investigativas respecto de los mismos. Y esto es curioso, porque ha sucedido justo previo a las elecciones de gobernadores regionales.

Hoy se guarda un silencio absoluto ad portas de la segunda vuelta de gobernadores regionales. Muchos de los gobernadores en competencia están siendo investigados por la Fiscalía.

Entonces, creo que estos hechos son graves, tomando en cuenta que aquí hay plata pública del caso Convenios, que vincula a sectores del gobierno y de la izquierda de nuestro país que ocuparon una verdadera red de financiamiento a través de la fundación ProCultura en todos los gobiernos regionales, con un modus operandi muy particular y muy similar en todo el país.

Por lo tanto, creo que eso es grave y hay que alertarlo. Lamentablemente, esto no busca alguna sanción ética, pero creo que el gobierno también tiene algo que decir a propósito de los últimos hechos. No es posible que en este gobierno nadie asuma su responsabilidad política en lo que respecta al caso Monsalve. Lo que ha pasado con el caso Monsalve es grave desde el punto de vista ético, porque las últimas declaraciones del Presidente de la República, en que señaló que no va a haber cambio de gabinete, son una demostración de que en este gobierno cualquiera puede hacer lo que quiera porque no va a tener sanción. Eso es impunidad. Éticamente, no puede ser que marquemos este precedente en la política.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marcia Raphael .

La señora RAPHAEL (doña Marcia).-

Señorita Presidenta, Chile se encuentra hundido en una profunda crisis de confianza y desesperanza. Nuestras distintas instituciones se encuentran profundamente deslegitimadas, y la gente percibe la corrupción y la probidad como el principal problema de nuestro sistema político. El caso Convenios, el caso Hermosilla y tantos otros casos demuestran lo mal que está Chile y que debemos hacernos cargo de ello cuanto antes.

La ciudadanía hoy se encuentra profundamente molesta, porque hemos hecho parte de nuestra realidad país y de nuestra normalidad que cada semana salga un nuevo escándalo de corrupción y que cientos de millones de pesos sean malgastados y, en algunos casos, usurpados.

Los ciudadanos hoy se encuentran alertas. Las familias chilenas se esfuerzan día a día para llegar a fin de mes, para mantener a sus hijos y también para pagar todos sus impuestos. Ellas esperan que esos dineros sean bien gastados por el Estado y retribuidos, por ejemplo, con una buena atención en salud, con una educación de calidad y, por sobre todo, con un buen uso de los recursos públicos, pero, lamentablemente, eso se ha convertido en una ilusión.

El proyecto de reforma constitucional en discusión busca inhabilitar de la función pública a personas condenadas por sentencia firme por delitos contra la probidad, lo que me parece que es una muy buena medida. Debemos limpiar el Estado y sacar de raíz cualquier indicio de falta a la probidad y corrupción. Cualquier persona condenada por tribunales por delitos de esta naturaleza, evidentemente, no tiene nada bueno que aportar a Chile.

Si bien esta iniciativa está muy lejos de arreglar la enorme crisis de corrupción que vivimos, es un avance sustantivo que espero que aprobemos por unanimidad en este hemiciclo.

He dicho.