Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con el debate del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el contrato de buceo y actividades conexas, correspondiente al boletín N° 17005-13.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

El informe se encuentra rendido.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 84ª de la presente legislatura, en lunes 7 de octubre de 2024, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, entre los fundamentos del proyecto cabe mencionar el reconocimiento de la labor de buceo, por las particularidades que posee, y el fortalecimiento de la protección de la salud y la seguridad en dicho trabajo.

Desde el año 2023 el gobierno creó una mesa de trabajo tripartita con organizaciones de trabajadores, los gremios representantes de los empleadores y el Estado, a fin de construir una agenda para avanzar en medidas concretas en materia de salud y seguridad en el trabajo, sobre todo considerando los accidentes que afectan a las personas del sector.

A partir de ese trabajo surgió el presente proyecto de ley, que también va de la mano con la discusión del proyecto de ley de pesca, que no incorporaba modificaciones respecto de este tipo de trabajo, a pesar de que, en cierta forma, lo impacta.

Uno de los ejes del proyecto es la seguridad y la salud en el trabajo de los buzos. Para ello se refuerzan y crean obligaciones para los empleadores en orden a proporcionar todos los medios técnicos y la dotación de seguridad que permitan desempeñar las labores de buceo en forma segura. Se deberá contar con asistencia y supervisión, y se dará importancia al descanso.

Cabe destacar que el proyecto diferencia los distintos tipos de buceo -laboral, deportivo y académico-, a fin de evitar que existan problemas en la implementación de esta futura ley, y de otorgar el debido resguardo al buceo que se efectúa como un trabajo propiamente tal.

El texto que se somete a discusión es un avance en el desarrollo del buceo, pues reconoce las particularidades de este tipo de trabajo y la situación en la que deben desempeñarse quienes lo practican.

Anuncio mi voto a favor por los buzos de mi región.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Yovana Ahumada .

La señora AHUMADA (doña Yovana).-

Señor Presidente, creo que es importante relevar la función de nuestros buzos y, por supuesto, legislar para darles prioridad y apoyo.

Es importante que se reconozcan las realidades diversas que tenemos a nivel nacional en este ámbito. Necesitamos hacer la diferencia y trabajar por las cosas puntuales que se requieren en cada una de nuestras regiones.

Por eso también me he hecho parte de la discusión del proyecto de ley de pesca y de otros proyectos que lo que buscan, junto con hacer algunas modificaciones, es velar, como he insistido, por la diferencia de las realidades que se viven a nivel nacional, principalmente en la Región de Antofagasta.

Por lo tanto, en esa misma línea, voy a apoyar el presente proyecto y espero que sigamos avanzando con esta mirada. Dejemos el centralismo y pongámonos a mirar qué ocurre en el resto del país.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, valoro significativamente este mensaje del Ejecutivo, que representa una respuesta positiva a las tres solicitudes de resolución que presenté por allá por el año 2022.

En las solicitudes de resolución Nos 286, 287 y 289, del 1 de agosto del 2022, solicité al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley para establecer normas especiales sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la actividad de buceo, mediante un estatuto laboral especial de protección al buzo profesional, ya que quienes desarrollan esta actividad posibilitan una operación eficiente y sostenible en la industria acuícola, pero se exponen a condiciones extremas que deben ser cubiertas por un estatuto laboral que garantice medidas de seguridad extremas.

El presente mensaje va en la línea correcta, pues incorpora las labores de buceo en los contratos especiales de los trabajadores embarcados o de la gente de mar que se regulan en el Código del Trabajo.

El proyecto también impone la obligación para el empleador de proporcionar todos los medios técnicos y la dotación de seguridad necesaria para desempeñar las labores de buceo en forma segura. Asimismo, consagra la asistencia de los organismos administradores de la ley N° 16.744, para resguardar el debido cumplimiento de estas normas.

Sin lugar a dudas, voy a apoyar este mensaje con gran entusiasmo, porque la actividad del buceo cumple una función relevante para la economía de nuestro país y merece un trato laboral diferenciado, como el que presenta este proyecto de ley.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, estimados colegas, vengo a destacar la importancia de este proyecto para la actividad del buceo y actividades con conexas, que cumplen una función relevante en la economía de nuestro país y, como no decirlo, en mi gran isla de Chiloé.

Los buzos profesionales realizan sus funciones en varios sectores productivos y tienen una fuerte influencia en la industria salmonera. Las empresas dedicadas a la producción del salmón constituyen un sector relevante en la economía de mi distrito. Además, son una gran fuente de trabajo en la Región de Los Lagos y generan el ingreso principal de varias familias del archipiélago de Chiloé.

Por esto, considero una excelente medida que se incorpore en el Código del Trabajo el contrato de buceo. Regular actividades como esta permite que el buceo profesional se practique de forma segura.

También, quiero hablar de actividades conexas. He tenido varias conversaciones con agrupaciones de mujeres que mayoritariamente trabajan ligadas a la pesca artesanal: encarnadoras, charqueadoras, ahumadoras, tejedoras de las redes, fileteadoras, carapacheras, desconchadoras, amarradoras o enfardadoras de algas, carpinteras de ribera, que hacen la construcción, mantención y reparación de las embarcaciones de madera en nuestra Región de Los Lagos, en particular de mi distrito.

Se suman a esto las obligaciones y responsabilidades que este proyecto exige a los empleadores para la protección del trabajador en torno a proporcionar todos los medios técnicos y de seguridad necesarios para realizar las labores de buceo y actividades conexas.

Es importante, además, hacer alusión a las nuevas herramientas que tendrá la Dirección del Trabajo en el ámbito de la fiscalización, lo que permitirá que esta labor tan importante para el país en materia productiva pueda desarrollarse de manera segura.

Debo hablar también de algo que creo lamentable. De acuerdo con lo registrado por la Dirección del Trabajo, desde el año 2021 las personas trabajadoras del sector del buceo, en específico de la industria del salmón, han enfrentado al menos treinta y un accidentes graves, seis de ellos fatales. Esto es inaceptable.

Para evitar estas tragedias debe apoyarse este proyecto. Pero no basta con esto; es necesario que el Estado construya una agenda que permita avanzar con medidas concretas en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Votaré a favor.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente Accidental).-

Tiene la palabra a la diputada Javiera Morales .

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras vertidas anteriormente y agradecer el esfuerzo que realizó este gobierno en recopilar y tomar la preocupación que muchas y muchos parlamentarios del sur de Chile manifestamos a través de distintas solicitudes de resolución aprobadas casi unánimemente en esta Sala cada vez que lamentablemente moría un buzo, una buza en nuestras regiones y distritos.

Sin duda que la salmonicultura es una actividad relevante en el sur del país y tiene un importante rol en la economía. Pero cuando ocurren tragedias como la de Katherine Pérez en 2022, la verdad es que este sur de Chile se acongoja.

Es por eso que distintos parlamentarios presentamos en su minuto solicitudes de resolución para pedir al Presidente de la República que avancemos en una mejor y mayor regulación para la actividad del buceo, entendiendo que es una actividad importante y peligrosa en sí, pero no necesariamente mortal.

¿Por qué lo digo? Porque estando dentro del top five de líderes mundiales en exportación de salmón, lamentablemente tenemos los peores índices de mortandad de buzos y buzas.

Entonces, no se trataba de un tema solo de la peligrosidad de esta actividad, sino que de falta de regulación y de esfuerzo para lograr mejores estándares en esta industria.

Y eso es lo que hizo este proyecto de ley. Este proyecto recoge esa lamentable inquietud de muchos parlamentarios del sur de Chile, que mirábamos las cifras y nos preguntábamos por qué tenemos cifras de mortalidad mucho más altas que otros países, respecto de los cuales nos encontramos bien cerquita en cuanto a la cantidad y calidad del producto exportado, y, sin embargo, lamentablemente, el riesgo para los trabajadores acá es mucho mayor.

Es por Katherine Pérez y su familia, que en ese minuto hizo un llamado bien potente a las autoridades en orden a que nos pusiéramos las pilas, que agradezco, reconozco y valoro este proyecto -lo aprobaremos-, que sin duda eleva los estándares y se pone a la vanguardia de los estándares de seguridad y de salud laboral que tiene esta profesión tan específica en nuestro país.

En Magallanes las faenas son complejas; quedan muy lejos de las capitales provinciales o regionales. Por lo tanto, una iniciativa como la que se propone, que establece protocolos en caso de un accidente era y es muy necesaria. Por eso la apoyaremos, y espero que prontamente sea ley.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señor Presidente, este tipo de normas son temas relevantes que, sin duda, marcan y justifican nuestro actuar en política.

Haber escuchado a los cientos de trabajadores que se dedican al buceo y a actividades conexas en nuestra Región de Los Lagos y que tenga resultados y frutos no cabe duda de que es muy importante.

Quiero saludar a las agrupaciones que trabajan en Estaquilla, en la comuna de Los Muermos; en Bahía San Pedro en la comuna de Purranque; en Bahía Mansa, en San Juan de la Costa, y, por cierto, en toda nuestra Región de Los Lagos y, aunque tal vez algunos se pongan celosos, también en nuestro archipiélago de Chiloé. Me refiero a todas las y los trabajadores que se dedican al buceo y a las actividades conexas, porque están en desamparo, ya que en algunas situaciones se les relaciona con determinadas normas. Sin embargo, hoy de manera explícita se recogen sus planteamientos y se entrega la seguridad laboral correspondiente.

Por lo tanto, reitero nuestros agradecimientos a la comisión que se hizo cargo de esta noble tarea. Hoy las y los trabajadores podrán trabajar más seguros en la medida que las respectivas empresas también incorporen rápidamente la normativa que aquí se ha dado a conocer.

Pero también debo hacer mención -estuvimos temprano en otra comisión de que lo que no puede ocurrir aquí -hago el correspondiente llamado al Ejecutivo es que tengamos una norma que después carezca de los respectivos fiscalizadores, ya sea la Inspección del Trabajo u otras instituciones, porque hasta el momento nos hemos encontrado con muchas prórrogas de normativas y espero que ese no sea el espíritu que se mantenga, sino que se trate solo de excepciones.

Aquí el buceo y las actividades conexas deben contar con el respaldo necesario de supervigilancia, de fiscalización para que efectivamente se cumpla con el espíritu de la normativa propuesta, que por supuesto hoy vamos a aprobar.

Pero en la misma línea, tenemos que buscar la fórmula de hacernos cargo de aquellos trabajadores y trabajadoras que se dedican al buceo y a actividades conexas por cuenta propia.

En nuestro país no todo se relaciona bajo la lógica de empleador y trabajador. Hay muchas personas que trabajan por cuenta propia, que prestan servicios, respecto de los cuales también tenemos que poner atención de que cuenten con las condiciones de seguridad y laborales más propicias para desarrollar esta actividad que, de una u otra manera, identifica a nuestra Región de Los Lagos.

Llamo a votar a favor.

He dicho.

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señor Presidente, le doy las gracias al diputado Bernales y a usted, porque tengo que ir a la comisión que usted señaló.

Votaré muy entusiastamente esta iniciativa de ley, pero como médico que me ha correspondido atender pacientes que en su juventud fueron buceadores, pescadores, debo decir que quedan secuelas.

Entonces, a lo mejor sería conveniente agregar un artículo en que se vea la posibilidad de hacer una ayuda especial, a lo mejor una inscripción crónica para un servicio de neurología para los pacientes que quedan con secuelas. Muchos quedan con sordera, con vértigo crónico, y, en los últimos años, se ha observado también esbozos o fenómenos de demencia en los pacientes.

Sería interesante agregar este tema, o bien presentar otra moción que aborde el tema de las secuelas que deja el buceo.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).

Tiene la palabra al diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.

Señor Presidente, la realidad de los buzos en Chile esconde un trasfondo trágico y amargo, porque bucear es una labor que roza con la muerte.

La vida de los buzos mariscadores está llena de riesgos que van desde presentar enfermedades propias de su actividad, sufrir accidentes que los pueden dejar con secuelas, hasta encontrar la muerte en las profundidades del mar.

Este es un proyecto muy relevante. En Chile hay alrededor de 30.000 buzos, la mitad de los cuales son buzos profesionales. En la industria salmonera, de la Región de Los Lagos, que represento, hay 7.000 buzos, pero además hay 11.000 buzos mariscadores bentónicos.

Por este proyecto han peleado durante mucho tiempo distintas organizaciones de buzos de mi región y hoy se hace realidad.

Es una buena noticia. Por eso, por supuesto, vamos a apoyar que exista este contrato de buceo y tengamos más seguridad para nuestros buzos. Además, quiero agradecer al Ministerio del Trabajo por incorporar una moción que habíamos presentado y que se había aprobado en la Comisión de Cultura, que establece el 18 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los Buzos de Chile.

El objetivo es reconocer, conmemorar y celebrar la labor que hacen nuestros buzos. Con ello no solo se busca el reconocimiento, sino que se instale en la conciencia nacional la importancia del trabajo que ejercen, día a día, las y los buzos en Chile. Esa fecha coincide con el aniversario del Sindicato Nacional de Buzos de Chile.

Por último, es sumamente importante relevar que en nuestra región necesitamos urgentemente una red de cámaras hiperbáricas, que son vitales para tratar el síndrome de descompresión. Hoy día tenemos una cámara hiperbárica en Ancud y otra en Puerto Montt, en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Sobre esta última, nos hemos reunido con representantes del servicio de salud para que sea trasladada al Hospital de Puerto Montt, donde podrán usarla muchas más personas.

Reitero: necesitamos una red de cámaras hiperbáricas, y ojalá poder contar con ellas en Quellón, Dalcahue , Maullín , Calbuco , y, por supuesto, en Ancud y en otras comunas donde trabajan nuestros buzos.

Por lo tanto, voy a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).

Señor Presidente, el proyecto en discusión pretende incorporar al título de contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar, y los trabajadores portuarios eventuales, establecido en el Código del Trabajo, el contrato de buceo y actividades conexas, estableciendo su ámbito de aplicación y su respectiva definición, con el objeto de otorgar protección a los trabajadores que se desempeñan en tal función.

Bien se conoce que somos un país pesquero y naviero, con el mar como fuente y destino de gran parte de nuestros recursos. Los buzos son parte fundamental de esta labor.

Dentro del mar la diferencia entre un problema de rutina y uno que se transforme en una catástrofe puede radicar en el reconocimiento por parte del Estado de la necesidad de que ellos requieren protección especial, dado el peligro en el que se ven envueltos y la importancia de su labor. Por ello, imponer a sus empleadores el cumplimiento de las condiciones que de este reconocimiento emanan no es nada más que un mínimo de justicia.

En la Región del Biobío, distrito 20, que me honro representar, existe una mesa bentónica que ha realizado un llamado al Estado para que los apoye en materia laboral, económica y social, ya que viven tiempos complejos producto de largos períodos sin lograr recursos, ya sea por extensas vedas, por la escasez de especies a causa de la crisis climática o por la falta de cobertura social que afecta a quienes ejercen históricamente esta actividad.

Son ochocientos los trabajadores de la Región del Biobío que están al margen de los beneficios otorgados a otros sectores de la economía en tiempos de crisis.

Como miembro de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, he participado activamente tanto en la defensa de nuestro mar como de las actividades vinculadas a esta área, sobre todo en la mejora de las condiciones de quienes trabajan arduamente, día a día, en tan noble labor.

Llamo a aprobar esta iniciativa.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.

Señor Presidente, el buceo debiese ser considerado un trabajo pesado y peligroso, sin lugar a dudas. Hay que recordar que, en la historia cercana, Chile era el país donde más accidentes con resultados fatales sucedían en el mundo. Éramos campeones mundiales en cuanto a accidentes y muertes de buzos en la industria pesquera y en la industria salmonera.

No se respetaban y aún no se respetan las condiciones de trabajo. Los buzos tienen que bucear un par de horas y descansar un buen tiempo; pero cuando recorrí las salmoneras, conocí a gente que terminaba de bucear y debía inmediatamente cargar camiones y hacer trabajos pesados. Eso no puede seguir sucediendo. Por lo tanto, anuncio mi voto a favor de este proyecto.

Quiero también hacer un llamado a las y los buzos de Chile. Falta una organización poderosa que los reúna, falta que se organicen los trabajadores del buceo para exigir sus derechos y que el rol fiscalizador de las instancias pertinentes, como la Dirección del Trabajo, sea real y efectivo.

Hay también otro tema que conversé con algunos compañeros buzos hace unos días. Me refiero al ingreso de buzos de otros países, que no respetan o a quienes no se les exige cumplir con las medidas de seguridad y los conocimientos de buceo que sí se les exigen a las y los buzos chilenos.

Por lo tanto, la Dirección del Trabajo debe fiscalizar, y el Congreso Nacional, legislar al respecto.

No estoy en contra de que vengan trabajadores de otros países, porque creo en el internacionalismo proletario, pero deben hacerlo respetando la normativa chilena y cumplir las mismas exigencias que se les hacen a los buzos chilenos. Se trata principalmente de buzos que vienen de países de Asia, donde sabemos que muchos trabajan en condiciones casi de esclavitud.

Reitero: las exigencias a las personas que las empresas contratan en Chile deben ser las mismas de los buzos chilenos.

Insisto en mi llamado a las y los buzos de Chile para que se organicen en un sindicato nacional, una federación o una confederación, para que sus derechos sean respetados como corresponde en este pesado y peligroso trabajo.

Votaré a favor el proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).

Tiene la palabra el diputado Mauro González .

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).

Señor Presidente, este es un día de mucha satisfacción para mí. Estoy muy contento, porque, sin lugar a dudas, esto trae justicia a tantos hombres y mujeres que cumplen tareas de buceo en nuestro país, que prestan servicios en la pesca y en la acuicultura.

En ese contexto, primero, cabe honrar a tantos dirigentes, dirigentes que hace tantos años están buscando mayor protección y resguardo.

Estoy muy contento, porque uno de los primeros proyectos de resolución que presenté como parlamentario buscaba dar mayor protección y seguridad a quienes se desempeñan como buzos.

Si bien el Código del Trabajo establece qué se entiende por personal embarcado o gente de mar, la norma no tiene real incidencia en quienes desarrollan la función específica de buceo profesional en las áreas de pesca y acuicultura. A tal punto es clara la postura sobre el particular que la propia ley no se refiere en específico a la citada labor.

Por eso, a todas luces, los trabajadores del buceo requieren una regulación especial por las condiciones específicas y los riesgos con los que se enfrentan diariamente.

Además, según un estudio de la Dirección del Trabajo, la faena de buceo es considerada una de las más exigentes y riesgosas en la actividad de la salmonicultura.

Considerando los antecedentes que demuestran que nuestra legislación no estaría cumpliendo con los estándares necesarios que garanticen los derechos laborales de los trabajadores del buceo, ya sea porque requieren una regulación especial o porque realizan su trabajo en condiciones y riesgos muy diferentes de otras actividades, la propuesta del Ejecutivo, que modifica el Código del Trabajo para agregar el buceo y las actividades conexas dentro de las actividades reguladas por dicha norma, es un paso importante que valoro.

Por tal motivo, sin lugar a dudas, el proyecto que debatimos es un avance legislativo, porque busca proteger la salud y la vida de quienes realizan un trabajo tan riesgoso y tan importante como el buceo, especialmente en la Región de Los Lagos, mi región, la que tengo el honor de representar.

Para finalizar, pido a esta Sala que ojalá de manera unánime aprobemos este proyecto, para que pronto se convierta en ley de la república, por tantos hombres y mujeres del buceo de nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, considero este proyecto fundamental, porque, primero, protege a los trabajadores y a las trabajadoras, algo que para mí constituye una cuestión inherente a lo que vengo a realizar a esta Cámara. Segundo, porque las leyes tienen que tener rostro humano.

En la costa de nuestro país muchas veces vemos deambular a personas con secuelas a consecuencia de accidentes que han tenido debido a la práctica de esta actividad. La accidentabilidad en materia de buceo entre pescadores y otros trabajadores es extremadamente grande. Lamentablemente, ello se debe a que los buzos no tienen protección ni cuentan con las medidas de seguridad necesarias para sortear las dificultades y los riesgos que se presentan cuando realizan su actividad. Como señalaba recién, las consecuencias de ello se pueden palpar en distintos lugares que uno visita, al observar personas con secuelas por ese trabajo.

Por lo tanto, este proyecto es necesario y casi urgente, porque protege, primero, los derechos de los trabajadores y, segundo, porque impone medidas de seguridad, incentivando contratos formales.

Hoy día, este trabajo se realiza de manera informal. Muchas veces, grupos de personas se reúnen y realizan funciones de buceo, sin jornadas laborales, sin contar con medidas de seguridad, etcétera.

Este proyecto de ley resuelve una cuestión que está afectando y ha afectado históricamente a miles de personas, asociadas a esta actividad tan importante para nuestro país en términos económicos, culturales e identitarios.

Por supuesto que concurriremos con nuestra votación favorable, haciendo un homenaje a todas aquellas personas que realizan esta actividad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, la tramitación de este proyecto fue bastante rápida, ya que contó con un alto consenso, incluido el apoyo del Ejecutivo. Se notaba el trabajo hecho por parlamentarios de distintas regiones, quienes normalmente tienen mucho contacto con hombres y mujeres buzo.

Fue muy curioso que las mujeres pidieran que les dijeran buzos -mujeres buzo, no buzas-, para que usemos bien el lenguaje de acuerdo con lo que ellas mismas nos expresaron.

En este trabajo vimos muchas mujeres aguerridas. Nos pidieron levantar este tema sobre todo porque las mujeres tienen un alto porcentaje de cesantía. Lamentablemente, la industria tiende a contratar más hombres. El porcentaje es muchísimo mayor en hombres, aunque las mujeres tienen mejor asistencia y hacen el trabajo de igual forma.

Primero que todo, hago un reconocimiento a su labor.

Este proyecto mejora las condiciones de seguridad y salud, considerando la peligrosidad de la actividad submarina y la complejidad de los equipos que utilizan. Supone un tremendo avance, porque como dijo la diputada Cordero, se producen muchas secuelas por enfermedades asociadas a la práctica del buceo.

Aprendimos mucho sobre los tiempos de buceo y los descansos que se deben tomar quienes bucean, lo que depende de la cantidad de rato que la persona esté sumergida y la profundidad. Realmente se trata de una actividad muy interesante e impresionante. Claramente, los servicios de salud tienen que estar cerca, porque los primeros auxilios son fundamentales.

Quedaron fuera del proyecto los buzos de la Armada, pero se reconoce el rol de la Directemar en esta actividad. Se generó una coordinación entre la empresa privada, los subcontratistas y la Directemar para que, en caso de que ocurra cualquier accidente, se tengan los instrumentos necesarios para prestar los primeros auxilios, fundamentales para evitar consecuencias a futuro. Si bien el ideal es tener cámaras hiperbáricas, sabiendo que son muy costosas, se propuso la posibilidad de llegar a una en el menor tiempo posible. Esto también va a exigir de alguna forma al sistema público.

Es un buen proyecto y vamos avanzando. Me parece muy bien la urgencia colocada por el gobierno, porque de repente son materias que quedan invisibilizadas, pero que producen un gran efecto en la población.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, este proyecto de ley responde a una necesidad urgente, históricamente postergada, cual es la protección de las y los trabajadores del sector del buceo y de las actividades conexas. Esos trabajadores arriesgan sus vidas diariamente en labores esenciales, pero no cuentan con un marco normativo que garantice condiciones mínimas tanto de seguridad como de protección laboral.

El proyecto responde, además, al compromiso con gremios que por años han luchado para que se reconozcan los riesgos específicos que tiene la actividad de buceo. Por ello, agradezco al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Subsecretaría del Trabajo por hacerse cargo de esta demanda de los trabajadores del mar.

En primer lugar, el proyecto reconoce formalmente el contrato de trabajo por buceo, incorporándolo al Código del Trabajo y otorgándole la visibilidad que merece como una actividad de alto riesgo. Hasta ahora, las y los buzos han sido tratados como cualquier otro trabajador marítimo, sin considerar las particularidades evidentes de su labor.

La iniciativa regula la salud y la seguridad laboral, obligando a los empleadores a proporcionar los medios necesarios para un ejercicio seguro de las tareas.

También establece la responsabilidad del dueño de la obra, creando un registro electrónico para controlar los tiempos de inmersión y descanso.

Se regula que las empresas cuenten con un equipamiento adecuado, para evitar accidentes laborales. No es aceptable que en pleno siglo XXI se siga permitiendo precariedad en cuanto a infraestructura y que los equipos terminen cobrando la vida de trabajadores.

Por otra parte, el proyecto impulsa la certificación de las competencias laborales, aspecto particularmente especial para la profesionalización del sector, cuestión largamente demandada por los trabajadores.

El proyecto implica saldar una deuda histórica con un sector que ha sido invisibilizado y postergado. Las y los buzos deben trabajar con protecciones necesarias. En ese sentido, la iniciativa da un paso hacia la justicia laboral y la dignidad de quienes arriesgan sus vidas para, entre otras cosas, sostener nuestra economía y soberanía alimentaria.

Por eso, llamo a votar a favor el proyecto. Espero que obtenga un amplio respaldo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, para autorizar en los servicios públicos la atención prioritaria de los inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, correspondiente al boletín N° 16396-35.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad es la señora Marlene Pérez .

Antecedentes:

-Moción, sesión 99ª de la legislatura 371ª, en martes 7 de noviembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, sesión 80ª de la presente legislatura, en lunes 30 de septiembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 21.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En reemplazo de la diputada Marlene Pérez , rinde el informe de la comisión la señora Yovana Ahumada , a quien ofrezco la palabra.

La señorita AHUMADA, doña Yovana (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, tengo a bien informar a vuestras señorías, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto antes indicado, iniciado en moción de los diputados Juan Antonio Coloma , Eduardo Cornejo , Felipe Donoso , Juan Fuenzalida , Cristián Labbé , Henry Leal , Cristóbal Martínez , Cristhian Moreira , y las diputadas Marlene Pérez , en calidad de autora, y Flor Weisse .

La idea matriz que motivó la presentación de esta iniciativa es otorgar una atención preferente a las personas con discapacidad ante los diferentes trámites que se ofrecen en los servicios públicos.

A modo de resumen, entre los principales fundamentos de esta iniciativa puedo destacar los siguientes:

1. Responsabilidad del Estado en el desarrollo personal

El Estado tiene la obligación de implementar los mecanismos necesarios para que las personas puedan alcanzar su máximo desarrollo individual, sin enfrentarse a barreras que limiten sus metas, siempre dentro del marco establecido por la Constitución Política de la República.

Para ello, el marco jurídico debe garantizar el desarrollo personal y la inclusión social de todos los individuos, sin importar sus limitaciones físicas o mentales. Un ejemplo de ello es la ley N° 20.422, que establece normas para la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esta ley tiene como finalidad asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y sin ser víctimas de discriminación debido a su condición.

Asimismo, la ley N° 21.168, que modificó la ley N° 20.584, introduce el derecho a la atención preferente en los servicios de salud para personas mayores y personas con discapacidad, garantizando que estos grupos reciban un trato adecuado y oportuno en materia de salud.

2. Extensión del derecho a la atención preferente

A pesar de los avances en materia de inclusión, es necesario que el derecho a la atención preferente en salud para personas con discapacidad sea extendido a todos los servicios del Estado que ofrecen atención pública. Actualmente, las personas con discapacidad enfrentan dificultades al interactuar con los servicios públicos, lo que deja en evidencia la necesidad de mejorar la atención en estos espacios. Mientras el país avanza hacia una accesibilidad universal plena, resulta prioritario que se implementen medidas que faciliten el acceso y la atención a estas personas en el servicio estatal.

3. Propuesta legislativa

En este sentido, los autores de la iniciativa señalan que el presente proyecto de ley propone la incorporación de una disposición en la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. Esta nueva disposición establece que las personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND) tengan derecho a atención preferente en los servicios estatales que interactúan con el público.

Aunque actualmente existe un enfoque de la igualdad de oportunidades, la realidad indica que los servicios públicos no siempre permiten alcanzar este objetivo para las personas con discapacidad, lo que hace necesario otorgarles preferencia en la atención.

En cuanto a su contenido, puedo señalar que el proyecto de ley contiene un artículo único, cuyo objeto es modificar la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad, agregando un artículo 23 bis del siguiente tenor: “Toda persona inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad tendrá derecho preferente para ser atendido en los Servicios del Estado que presten atención a público.”.

Hago presente que este proyecto de ley se tramitó conforme a las normas de la tabla de Fácil Despacho, de modo que se discutió en general y particular a la vez.

En la comisión se presentó una indicación sustitutiva suscrita por la unanimidad de los diputados presentes, que tuvo por finalidad incorporar la modificación en el Título I de la ley N° 20.422, mediante la incorporación de un artículo 8 quáter, y no ya el artículo 23 bis que se proponía, puesto que, dentro de la geografía del proyecto de ley, dicho lugar contiene disposiciones de alcance más amplio.

Así, el texto de la iniciativa quedó de la siguiente manera:

“Artículo 8 quáter.- Las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, así como sus cuidadores o cuidadoras, que cuentan con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 56, tendrán derecho a ser atendidas preferente y oportunamente en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. Para el caso de atenciones en salud, regirá lo dispuesto en el Párrafo 3° del Título II de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.”.

Con tal redacción, más amplia y completa, incluyendo a las cuidadoras y a los cuidadores, se aprobó por unanimidad de los diputados presentes: 11 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

Es por estas razones, más los argumentos que se detallan en el informe, que vengo a solicitar a esta honorable Cámara la aprobación de la iniciativa legal en favor de las personas con discapacidad en cuanto a darles prioridad en la atención pública y también de sus cuidadoras y cuidadores.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, aunque hemos aprobado un número importante de proyectos en materia de inclusión, siempre es positivo seguir avanzando, sobre todo en lo que se refiere a otorgar una atención preferente que, de alguna forma, mitigue las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad cuando intentan acceder a una atención.

En ese sentido, los aportes hechos en la comisión van en la línea correcta, extendiendo esta obligación no solo al sector público, sino también al sector privado. Por lo tanto, voy a darle mi apoyo y respaldo a esta iniciativa, iniciada en moción.

Destaco también las indicaciones ingresadas para lograr una redacción más adecuada, al indicar en el texto del artículo único del proyecto que la condición de discapacidad deberá acreditarse con credencial o certificado de discapacidad vigente, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, junto con la aprobación de este proyecto, se deben hacer los esfuerzos para acortar los tiempos de obtención de la calificación, registro y obtención de credenciales, que muchas veces llegan hasta ocho meses de retraso.

Valoro también que en la comisión se haya modificado el texto original del proyecto para extender la preferencia hacia los cuidadores, porque, precisamente, son ellos los que cargan con las exigencias del cuidado de las personas con discapacidad y enfrentan un nivel de estrés que, incluso, puede llegar a afectar su salud. Por lo tanto, otorgarles también este trato preferencial me parece de justicia.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, la última Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia señala que en Chile el 17,6 por ciento de las personas adultas tiene algún grado de discapacidad. Hablamos de 2,7 millones de personas aproximadamente. La mayoría de ellas son varones mayores de sesenta años de edad y pertenecen a los quintiles más bajos en indicadores sociodemográficos. El 14,7 por ciento de los niños, niñas y adolescentes, es decir, unos 587.000 menores, también tienen algún grado de discapacidad. En el caso de los adultos, el 11,4 por ciento tienen discapacidad severa, y el 6,2 por ciento, una discapacidad leve a moderada.

En la Región Metropolitana, el 19,1 por ciento, es decir, 1,2 millones de personas, posee algún grado de discapacidad: 425.000 tienen una discapacidad leve a moderada, y 779.000 una discapacidad severa. El 57,7 por ciento de las personas con discapacidad tienen situación de dependencia; un tercio de ellas, cuidadores familiares, y, peor aún, un tercio de estas personas están desocupadas o inactivas.

Tener una dificultad -puede ser sensorial, motora, cognitiva o de otra naturaleza es algo individual, pero la discapacidad obedece a las barreras sociales, a lo que hoy se denomina “determinantes sociales de la salud”. El 26 por ciento de las personas con discapacidad refieren que las barreras están en su entorno inmediato; el 40 por ciento aduce que las barreras están en los servicios de salud; el 14 por ciento las relaciona con problemas de vivienda; el 50 por ciento, la mitad, con el transporte público; el 36 por ciento, con temas relativos a los bancos o las operaciones comerciales, y un 35 por ciento aduce la existencia de barreras en los espacios públicos.

Presidente, no basta con el discurso inclusivo. Tenemos que avanzar decididamente para botar todas las barreras que enfrentan las personas con dificultades personales. Lo digo, porque la discapacidad es del entorno; la discapacidad está determinada por el contexto en que estas personas viven diariamente, sean adultas o menores.

Por ello, abrazo esta norma que va en el sentido de dar prioridad a las personas mayores y discapacitadas, porque, finalmente, son las abandonadas de la sociedad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señor Presidente, por su intermedio me dirijo a esta Sala para apoyar y pedir a mis colegas diputadas y diputados la aprobación del proyecto de ley que estamos discutiendo, el cual busca garantizar algo fundamental: el derecho a una atención preferente y oportuna para las personas con discapacidad, y a sus cuidadores.

Como todos sabemos, las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales en su día a día. Estas barreras no solo son físicas, sino también sociales y burocráticas. La falta de una atención preferente y oportuna en los servicios públicos y en instituciones privadas agrava aún más estas dificultades, lo que genera frustración y discriminación, y, en muchos casos, pone en riesgo su salud y bienestar.

Esta iniciativa busca cambiar esa realidad al establecer un marco legal claro y contundente que obligue a todas las instituciones públicas y privadas a atender de manera preferente y oportuna a las personas con discapacidad y, por supuesto, también a sus cuidadoras, cuidadores, representantes. Esto significa reducir los tiempos de espera, facilitar los trámites y brindar una atención más humana y personalizada.

Además, este proyecto se alinea con los estándares internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por lo anterior, y pensando en las personas con discapacidad y en sus cuidadores, quienes en su gran mayoría son mujeres, como las de mi querida Región de Los Lagos, aprobaremos la iniciativa. Es lo mínimo que podemos hacer por ellas.

Si bien hay muchas cosas por avanzar, por crear en torno a la discapacidad, esto es un avance muy importante.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, a comienzos de este año, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizó el Seminario del III Estudio Nacional de la Discapacidad, organizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad.

El mencionado análisis arrojó que el 17 por ciento de la población de dos años y más, estimada en Chile, tiene discapacidad. Esto corresponde a 3.291.602 personas. De este porcentaje, el 5,9 por ciento tiene discapacidad leve a moderada, y el 11,1 por ciento tiene discapacidad severa. En tanto, el 17,6 por ciento de la población de dieciocho años de edad y más tiene discapacidad, es decir, 2.703.893 personas.

La evidencia recién expuesta nos debe llevar a concluir que la discapacidad es una realidad respecto de la cual no podemos mantenernos ajenos. En este sentido, aparece como una necesidad urgente adoptar políticas públicas destinadas a “igualar la cancha” en materia de inclusión.

Por lo anterior, estimamos que la iniciativa que hoy se somete a consideración de la Sala establece un mínimo de convivencia, como es que se proporcione atención preferente no solo a quien padece la discapacidad en cuestión, sino también a quien ejerce las respectivas labores de cuidado.

Asimismo, la iniciativa busca entregar atención preferente a adultos mayores. Tal vez su discapacidad sea leve o quizás no la tengan, pero los años no les permiten mantenerse mucho tiempo de pie o esperar largas horas por una atención, sobre todo en salud. Así me lo expresaron las amigas y excolegas del club del adulto mayor Jubilados de la Salud, a quienes envío un gran saludo a través de su presidenta, la señora Lilian Muñoz .

El porcentaje de chilenos que tienen alguna condición diferente, por más mínima que sea, necesariamente debe llevarnos a impulsar políticas públicas que avancen en la dirección de un Chile más inclusivo, en el correcto sentido de la expresión, y más humano.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, quiero poner de manifiesto mi acuerdo con la necesidad de aprobar este proyecto de ley. Es una iniciativa muy concreta que otorga atención preferencial a las personas con discapacidad y también a quienes las cuidan. Como señalé, la propuesta es muy concreta y consta de un solo artículo.

Agradezco a los autores del proyecto. Es importante poner de manifiesto estas problemáticas e ir generando políticas que efectivamente faciliten la vida de las personas. Esta iniciativa apunta en esa dirección.

En Chile tenemos una importante tasa de personas con alguna discapacidad, por lo que facilitarles el acceso y la atención en los servicios públicos será un gran aporte para ellas.

Agradezco nuevamente esta moción, que fue discutida y aprobada por unanimidad en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad.

Espero que aquello se pueda repetir en la Sala.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, según estimaciones presentadas al inicio del presente año mediante el Tercer Estudio Nacional de Discapacidad, más del 17 por ciento de la población nacional mayor de dos años tiene discapacidad. Esto equivale a más de tres millones de personas. Por otro lado, el 17,6 por ciento de la población de 18 años y más tiene discapacidad; es decir, más de 2.700.000 personas a lo largo del país.

Estas cifras, entregadas por el Servicio Nacional de la Discapacidad, reflejan la frecuencia con que se presenta la discapacidad en nuestra población en diferentes grados y tipos.

Bien sabemos las deficiencias de nuestro sistema de salud público para generar la necesaria rehabilitación de las personas con discapacidad o bien su inserción en los distintos ámbitos de la sociedad con un enfoque inclusivo.

El Estado, durante décadas, se ha apoyado en la labor que han realizado organizaciones como la Teletón para igualar las oportunidades de las personas con discapacidad. De hecho, hoy no podríamos hablar de una sociedad más consciente con la discapacidad sin el trabajo realizado por estas organizaciones. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar, especialmente cuando hablamos del sector público.

Hace algunos años presenté un proyecto de ley que aborda la problemática que viven miles de personas que padecen hipoacusia, sea unilateral o bilateral. Más allá de las complejidades para acceder a implantes y a un sistema escolar adaptado a sus necesidades, uno de los mayores problemas que enfrentan esas personas es la forma en que son atendidas en los servicios públicos, muchas veces sin preferencia o, incluso, sin un sistema de atención adaptado a sus capacidades auditivas disminuidas. Ello limita su autonomía para realizar sus trámites en los servicios públicos, lo que muchas veces impacta de manera importante en sus vidas.

Por ello, valoramos que este proyecto establezca el derecho de atención preferente para las personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, a fin de que puedan ser atendidas de manera más expedita una vez exhibida la credencial que certifica su condición de discapacidad.

Destaco que esta normativa sea obligatoria no solo para los servicios públicos, sino también para las instituciones privadas que atienden al público, lo que, sin duda, es una amplia señal de reconocimiento e inclusión de las personas con discapacidad.

Votaré a favor el proyecto y hago un llamado a la Sala a que apoye esta iniciativa tan relevante para la población en situación de discapacidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, a veces nos encontramos con proyectos de ley que nos hacen preguntar por qué la materia de que tratan no se aborda a través de decretos o resoluciones, ya que son cuestiones de sentido común y casi de educación.

En términos muy simples, este proyecto, aprobado por la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, establece lo siguiente: “Las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, así como sus cuidadores o cuidadoras, que cuenten con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 56, tendrán derecho a ser atendidas preferente y oportunamente en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. Para el caso de atenciones en salud, regirá lo dispuesto en el párrafo 3° del Título II de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.”.

Al respecto, quiero hacer presente que esta disposición es una extensión del derecho a la atención preferente, porque, a pesar de todos los avances en materia de inclusión, se hizo necesario que el derecho a la atención preferente en salud para personas con discapacidad sea extendido también a los servicios del Estado que ofrecen atención al público.

Actualmente, las personas con discapacidad enfrentan dificultades al interactuar con los servicios públicos, lo que evidencia la necesidad imperiosa y urgente de mejorar la atención en esos espacios. Por ello, aunque pueda parecer un contrasentido o existan tratados internacionales que nos obligan a adecuar nuestra legislación y cumplir con los convenios firmados por nuestro país y aprobados por este Congreso, debemos aprobar este proyecto de ley. No hay nada más adecuado y más de educación que establecer que una persona con una capacidad diferente tenga la preferencia de ser atendida como corresponde. Eso está dentro de lo que yo denomino un derecho humano.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, desde hace varios años el Congreso Nacional ha venido dictando una serie de normas que buscan, en definitiva, entregar igualdad de oportunidades a las personas mayores y a las personas con discapacidad. En este contexto hemos debatido diversas leyes. Una muestra de ello es la ley No 20.422, que establece el acceso universal a las distintas infraestructuras, tanto públicas como privadas.

Recuerdo claramente la discusión que se dio en ese momento, ya que la gran traba que tiene este tipo de propuestas, las cuales apoyamos y valoramos porque representan un avance, se relacionan con dos aspectos: primero, la fiscalización. ¿Cómo se fiscaliza en Chile el cumplimiento de estas normas, que deberían ser, como señaló el diputado que me antecedió, de Perogrullo? Deberían ser completamente fluidas, pero esa realidad aún no existe.

El segundo problema que presenta esta norma está relacionado con el presupuesto. ¿Cómo se va a implementar el presupuesto para brindar un apoyo real a las personas con discapacidad? En este caso creo que estamos al debe, porque puede quedar una linda norma declarativa en una ley como la No 20.422, pero, lamentablemente, ineficaz, como muchas de las normas que hemos implementado en esta área.

Es importante que, revisando el proceso de discusión, velemos por que las normas dictadas para entregar igualdad de oportunidades a nuestros adultos mayores y a las personas con discapacidad sean efectivamente aplicadas. Porque, en los hechos, vemos cómo día a día en Chile se construye para ponerles más problemas a las personas con discapacidad: no pueden movilizarse correctamente, porque nuestra infraestructura vial no está preparada para que ellas se movilicen; no pueden tener atención preferente de salud, porque generalmente no están las condiciones de infraestructura y de personal para entregar dicha atención, a pesar de que la ley de atención preferente en salud está vigente.

Entonces, si bien –insisto apoyaré con mucha fuerza la norma propuesta, lo cierto es que es absolutamente insuficiente.

Necesitamos entregar no solo meras frases declarativas, sino contenido, y el contenido va con más recursos, con más fiscalización. Y a aquellos entes tanto públicos o privados que no cumplan con la norma, que se les aplique el mayor rigor de la ley para que, si no es con la zanahoria, que con el garrote funcione efectivamente la igualdad de oportunidades en nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a mis colegas diputados y, por supuesto, a todos los funcionarios de la Corporación.

En mi permanente trabajo en terreno recorriendo las distintas comunas de la Región de La Araucanía tanto de la Provincia de Malleco como de la de Cautín, he podido conocer decenas de casos en los que personas en situación de discapacidad sienten que su condición les genera una gran desventaja para ser considerados en escuelas, centros de salud, oficinas públicas u otros servicios. Es que si bien hemos avanzado como sociedad en esta materia, aún nos falta mucho para que todos se sientan parte de nuestro país.

Por eso, apoyo con fuerza este proyecto de ley, que, sin lugar a dudas, autorizará en los servicios públicos la atención prioritaria de los inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad. ¿Y cómo no hacerlo si para una persona sin dificultades físicas o mentales muchas veces es complejo realizar trámites o dirigirse a alguna oficina del Estado? Imagínense para quienes, por ejemplo, deben hacer eso en silla de ruedas, con algún burrito o simplemente con la ayuda de un tercero, ya que solos están imposibilitados de salir fuera de sus hogares.

Por esta razón, votaré a favor de este proyecto. Siempre aprobaré las iniciativas que vayan en ayuda de quienes más lo necesitan, en este caso de mis vecinos que sufren alguna discapacidad.

Las normas deben ser respetadas y consensuadas, sobre todo en este caso, porque la propuesta realmente mejorará las condiciones de vida de las personas mayores y, más aún, con discapacidad.

Asimismo, quiero hacer especial hincapié en la atención de los adultos mayores en los bancos de la Región de La Araucanía. Son múltiples las personas que me reclaman permanentemente que los adultos mayores y con discapacidad no reciben una atención preferencial. Por eso, solicito que en los bancos a los que permanentemente concurren los adultos mayores estos sean atendidos como corresponde.

Reitero mi apoyo al proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, creo que esta iniciativa tendrá el apoyo, si no unánime, de una gran mayoría de los diputados presentes en la Sala. Pero es lamentable que tengamos que legislar sobre una conducta que debiera ser normal y permanente: dar un trato preferente a quienes tienen algún grado de discapacidad. Y es lamentable, porque mucho se habla de la discapacidad, pero no se ha provocado el cambio cultural en nuestra sociedad que debiera tender a dar un trato preferente no solo en algunas reparticiones públicas, porque en todas las reparticiones, sean públicas o privadas, esa debería ser una conducta permanente y natural de todos y cada uno de nuestros compatriotas.

Lamentablemente, eso no ocurre así. Pero aun cuando legislamos en torno a este tema, ya hay leyes vigentes que no se cumplen. Por ejemplo, los accesos a las reparticiones públicas y privadas en muchos servicios públicos no existen, porque hay desniveles, peldaños. Esto está normado, pero por desgracia no se cumple.

En esto coincido con el diputado Ilabaca , quien hizo mención someramente de la fiscalización. Creo que nuestro problema se debe a que no tenemos arraigada la conducta del trato preferente, la que debemos legislar, pero que también debe ir acompañada de los instrumentos necesarios para que efectivamente tengamos una fiscalización que haga cumplir la norma.

Es como decía el diputado Ilabaca : aplicar el garrote, porque, de lo contrario, estas leyes solo quedan en declaraciones de buenas intenciones, pero en la práctica no están provocando los cambios de conducta que realmente se necesitan.

Como una señal favorable votaré positivamente esta propuesta, pero debemos hacer el esfuerzo necesario para contar con una fiscalización rigurosa que haga cumplir la norma; de lo contrario -reitero-, quedará como una declaración de buenas intenciones.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, obviamente vamos a votar favorablemente este proyecto, que modifica la ley Nº 20.422 para autorizar -curioso el término “autorizar”; debería ser “ordenar” en los servicios públicos la atención prioritaria o preferente de los inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Espero que esto no sea letra muerta. Hoy, en los servicios públicos, pero también en los privados, por ejemplo, no hay rampas de acceso para quienes se movilizan en silla de ruedas. En las bocacalles el Ministerio de Obras Públicas o los municipios mejoran las calles ¡bienvenido sea!, pero tampoco dejan ese tipo de accesos para poder bajar o subir a ellas. Tenemos veredas en mal estado en muchas comunas del país donde no se pueden movilizar no solo quienes lo hacen en silla de ruedas, sino también los que ocupan bastón.

Por lo tanto, espero que esto –repito no sea letra muerta; que no se autorice, sino que se obligue a los servicios públicos y también -por qué no decirlo al ámbito privado a dar las facilidades que aquí se piden.

Se me viene a la memoria, por ejemplo, la atención preferente en los servicios de salud, que tampoco se genera. Pero, bueno, no le podemos pedir peras al olmo cuando hoy se están cerrando hospitales porque no hay recursos, no hay lucas para dar una buena atención.

Bonito proyecto; lo vamos a aprobar. Pero me gustaría que fuera una realidad a la brevedad posible y que no fuera necesario modificar una ley para autorizar, sino para obligar a otorgar una atención preferente a todas las personas con algún grado de discapacidad, y a todos en realidad. Yo tengo una discapacidad visual y uso lentes; por lo tanto, también estoy dentro de ese rango. No estoy pidiendo que me atiendan preferentemente a mí, pero sí a los adultos mayores, a quienes se movilizan en silla de ruedas, a aquellos que caminan con ayuda de un bastón o a los que ya les cuesta mucho desplazarse.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, hoy quiero destacar una realidad de la cual no podemos mantenernos ajenos.

Un estudio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia arrojó que en Chile el 17 por ciento de la población de 2 años y más posee una condición de discapacidad. Esto corresponde a un número cercano a las 3.300.000 personas. De este porcentaje, el 5,9 por ciento tiene discapacidad leve y moderada, y el 11,1 por ciento, discapacidad severa.

En los mayores de 18 años, un 17,6 por ciento tiene discapacidad. Este es un número que traspasa las 2.700.000 personas.

La atención preferente de estas personas es un paso clave para avanzar en materia de inclusión e igualdad de oportunidades. Las políticas orientadas en estas materias son un alivio para personas que padecen una condición que no debería ser un impedimento para ingresar a la atención primaria, sino una preferencia.

Este proyecto favorece también a quien ejerce las labores del cuidado respectivo, facilitándoles el acceso a los centros de salud y una expedita atención. Los cuidadores cumplen un rol fundamental en la vida de las personas con discapacidad, por lo que debemos hacer todo lo posible para ayudarlos en esta labor.

El número de chilenos que posee algún tipo de discapacidad, por más mínima que sea, no puede ser ignorado y debe ser una necesidad primordial impulsar políticas orientadas a conseguir un Chile más inclusivo en esta materia.

Aprobar este proyecto es una necesidad urgente para igualar la cancha y avanzar en materia de inclusión e igualdad de oportunidades.

Como Corporación debemos unirnos para impulsar iniciativas como esta.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .

Señor Presidente, quiero valorar este proyecto y felicitar a sus autores, los diputados Juan Antonio Coloma , Eduardo Cornejo , Felipe Donoso , Cristhian Moreira , Cristian Labbé , Henry Leal , Cristóbal Martínez , y las diputadas Marlene Pérez y Flor Weisse .

Es curioso el retraso que tenemos en esta área, porque Chile destaca a nivel latinoamericano y quizá a nivel mundial debido a la realización, todos los años, de la campaña de la Teletón, que es una fundación que, más allá de las críticas que se tengan respecto de las fundaciones y de cómo se transparentan sus ingresos y gastos, cuenta en cada región con un centro de atención para los niños discapacitados. Lamentablemente, solo reciben atención hasta los 18 años, y excepcionalmente hasta los 22 años.

La presencia de esta institución, durante muchos años, es un tremendo logro a nivel nacional.

Por lo tanto, me parece que vamos muy retrasados cuando se trata de los derechos de las personas discapacitadas. Hoy, no debería ser una obligación ni debería ser materia de una ley, como bien lo dijo quien me antecedió en el uso de la palabra, pero, desgraciadamente, debe ser así, porque somos un país porfiado, que no ve la realidad de las personas discapacitadas, pero que sí se conmueve mucho con la discapacidad. Siempre tenemos buenas palabras, palabras de buena crianza, con las personas discapacitadas, pero no se trata solo de eso. Pertenezco a un distrito, y lo represento, en que trece de las catorce comunas son rurales. ¡Imagínense las dificultades de desplazamiento para las personas en silla de ruedas o con muletas!

Aquí mismo, en el Congreso Nacional, en el período anterior pudimos darnos cuenta de las malas condiciones en las que se encontraba el lugar donde se ubican las personas con discapacidad en las tribunas.

Presenté un proyecto para habilitar los espacios deportivos y culturales para que accedan a ellos las personas que sufren alguna discapacidad. Lamentablemente, no avanzó en su tramitación, pero sí lo hizo el proyecto del senador Sebastián Keitel , el cual logró convertirse en ley, pero solo aborda el tema de la universalidad en los espacios deportivos.

Aquí no se trata de invitar a los privados a participar, sino que esto debe ser una obligación, un deber. Estamos hablando de personas con problemas de movilidad que, por supuesto, deben tener prioridad.

¡Qué bueno que se incluya a los cuidadores! Nunca se trata bien a quienes piden el espacio real que merecen los discapacitados. Esto lo podemos ver en el Senado, con nuestra senadora Fabiola Campillai y su cuidadora, que está siempre con ella.

Felicito nuevamente a los mocionantes y a la Cámara de Diputados. Espero que todos aprobemos este proyecto, que es un avance, aunque tardío, pero un avance al fin y al cabo.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, este proyecto tiene como finalidad que se otorgue atención preferente a personas con discapacidad ante los diferentes trámites que se ofrecen en los servicios públicos.

El tema de la discapacidad no es algo menor en Chile. Según el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, presentado por el gobierno a inicios de este año, poco menos de 3.300.000 personas tienen discapacidad en nuestro país, lo que corresponde a un 17 por ciento de la población de dos años y más; el 5,9 por ciento tiene discapacidad leve o moderada, mientras que el 11,1 por ciento tiene discapacidad severa. Esto afecta con mayor fuerza a las mujeres, pues la discapacidad afecta a 20,4 por ciento de ellas, mientras que afecta al 13,6 por ciento de los hombres.

En la Región del Biobío, que me honro representar, un 21,9 por ciento de la población adulta son personas con discapacidad, número mayor que el porcentaje nacional. De ellas, el 8,8 por ciento son personas con discapacidad leve o moderada.

La inclusión y participación plena de las personas con discapacidad en los diversos espacios de nuestra sociedad es una tarea aún en desarrollo. Así, en el área laboral, en la Región del Biobío el 40 por ciento de la población adulta con discapacidad está ocupada, frente al 58,4 por ciento de la población sin discapacidad.

Por eso, este proyecto de ley es un avance importante hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, pues responde a la necesidad de garantizar que las personas en situación de discapacidad accedan a los servicios públicos sin enfrentarse a barreras, marcando la responsabilidad del Estado de promover el desarrollo personal de todas y de todos, como lo establece actualmente la propia Constitución.

Por eso, llamo a aprobar esta iniciativa.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señor Presidente, así como han señalado mis compañeras Santibáñez y Acevedo , creo que este proyecto es muy importante para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa, con mayor igualdad. También responde a la necesidad de garantizar que las personas en situación de discapacidad puedan acceder a los servicios públicos sin enfrentarse a una barrera, remarcando la responsabilidad que tiene el Estado de promover el desarrollo personal de todas las personas que constituimos el país, como lo establece la Constitución vigente, que, dicho sea de paso, no garantiza derechos sociales en absoluto.

Durante la tramitación del proyecto, además de a las personas en situación de discapacidad, se incorporó a los cuidadores, que son principalmente mujeres, lo que representa otro avance significativo, pues se alinea con el proyecto de ley de cuidados que actualmente se está tramitando en la Cámara de Diputados y que tiene su origen en un mensaje de este gobierno.

Al extender este derecho a una atención preferente, el proyecto ofrece también una visión inclusiva, comunitaria, que aboga por el bienestar integral de las personas y de sus redes de apoyo, fortaleciendo así los mecanismos de protección social. Esto no solo se trata de garantizar derechos en teoría, sino que asegura que las personas los puedan ejercer de manera efectiva.

En este sentido, la atención preferente, principalmente en los servicios públicos -acá estamos hablando de entrega de servicios del Estado, aunque también se debiera incluir a los privados, como se han dado algunos ejemplos-, es un paso necesario para reducir la brecha de desigualdad que aún existe en nuestra sociedad, más allá de que se ha avanzado en diversos proyectos de inclusión laboral, de inclusión al interior de las escuelas y de los espacios deportivos, como bien dijo la compañera Marisela , y también en el área de la cultura.

Estamos aún en deuda, principalmente con quienes, además, tienen que autogestionar la discapacidad, desde el punto de vista de la salud. Esos también son elementos que tenemos que poner en la discusión cuando tratamos un proyecto que, sin duda, es muy interesante y que vamos a aprobar.

Ahora bien, sí creo que como Estado, como política pública y en nuestro rol como parlamentarios y parlamentarias, tenemos que seguir avanzando en consagrar derechos más que en entregar de manera parcelada garantías de acceso al derecho.

Reitero: esto no solo beneficiará a las personas en situación de discapacidad, a las cuidadoras, a los cuidadores, sino que también representa un logro en democracia, justicia y diversidad para todas y todos.

Vamos a aprobar este proyecto, porque la discapacidad debe ser vista de manera integral, no solo como algo paralelo o alternativo a la política pública, y debe consagrarse en temas tan relevantes como los derechos fundamentales, en salud, educación y el derecho a las culturas en nuestra Constitución.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, vamos a aprobar este proyecto que autoriza que los servicios públicos atiendan con prioridad a los inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad. ¿Quién podría estar en contra? Evidentemente, este pleno va a apoyar la iniciativa y valoro absolutamente a las diputadas y los diputados que han propuesto esta iniciativa.

Sin embargo, lamento que el gobierno no tenga sensibilidad con las personas que viven en situación de discapacidad. Reflejo de ello es la ausencia del gobierno en esta Sala. No hay nadie del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que participe en este debate. Lo digo, porque no se trata solamente de permitir que los discapacitados tengan prioridad de atención en los servicios públicos. Es una cuestión obvia.

Es una pena que tengamos que legislar una materia como esta. Eso significa que, lamentablemente, en algunas partes, muchos discapacitados son discriminados y no les dan preferencia para ser atendidos, por lo cual deben hacer largas filas para que los atiendan. Este proyecto revierte eso.

¿Por qué no hablamos de la discapacidad en su integralidad? ¿Por qué no participa en este debate el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y nos cuenta, por ejemplo, cómo mejoramos las pensiones de los discapacitados? Para aquellos que se sorprenden, les digo que un discapacitado menor de dieciocho años gana 107.000 pesos. Todos sabemos cuánto cuestan los pañales, las camas antiescaras, las cremas, y conocemos los arreglos que tienen que hacer las familias para adaptar baños y accesos a las casas.

Tenemos que felicitarnos por esta iniciativa que autoriza en los servicios públicos la atención prioritaria de los inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, pero vamos al fondo. El gobierno toma palco; ni siquiera viene a la Sala a discutir este tema tan importante y no nos da alternativas.

La gente debe saber que los parlamentarios no tenemos iniciativa en cuanto a gasto público, es decir, no tenemos decisión propia como parlamentarios para aumentar la pensión de los discapacitados. Lo haríamos, pero ¿dónde está el gobierno que no propone una medida concreta para apoyar a los discapacitados, tanto respecto de menores de dieciocho años, que ganan 107.000 pesos, como de personas mayores, que ganan doscientos y tantos mil pesos e incluso menos? Realmente, hay una falta de atención preferente y real por parte del Estado en relación con los discapacitados.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcia Raphael .

La señora RAPHAEL (doña Marcia).-

Señor Presidente, en Chile, según diversos estudios, aproximadamente el 20 por ciento de nuestra población posee algún grado de discapacidad, es decir, casi 3 millones de chilenos.

Esos compatriotas esperan que Chile sea un país más justo e inclusivo, donde pueda existir una verdadera inclusión en distintas áreas de nuestra sociedad.

La inclusión social enriquece nuestras comunidades. Al permitir que las personas con discapacidad participen activamente en todos los aspectos de la vida, estamos incorporando experiencias y perspectivas únicas que contribuyen a una mayor creatividad e innovación.

Una sociedad diversa es, sin duda, una sociedad más resiliente y capaz de enfrentar los desafíos que se nos presentan.

La mejora de la calidad de vida es otra razón clave para promover la inclusión social. Al facilitar el acceso a servicios, actividades recreativas y oportunidades de desarrollo personal, contribuimos al bienestar emocional y psicológico de las personas con discapacidad. Esto no solo reduce el riesgo de aislamiento, sino que también promueve un sentido de pertenencia en nuestra comunidad.

Es fundamental que reconozcamos el poder del cambio cultural. Al fomentar la inclusión, estamos transformando las actitudes y percepciones en torno a la discapacidad. Promoviendo el respeto y la aceptación, creamos espacios donde cada individuo se siente valorado y digno. Esa transformación es clave para erradicar estigmas y discriminación, construyendo un ambiente más solidario y empático.

Por esa razón, este proyecto de ley va a permitir que las personas con discapacidad puedan tener acceso prioritario a la atención en distintos servicios del Estado.

El Estado, lamentablemente, se caracteriza por no tener una atención oportuna. Las personas que más necesitan de servicios públicos, entre las que se encuentran las personas con discapacidad, en muchas ocasiones esperan por mucho tiempo una atención digna y de calidad.

Señor Presidente, votaré a favor esta iniciativa, ya que fomenta la inclusión de las personas con discapacidad, permitiendo una atención prioritaria en los servicios públicos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, estaba escuchando con mucha atención las distintas intervenciones. Me motiva hablar, porque siento que muchos de estos proyectos o la reclamación que legítimamente nos han hecho personas mayores o personas con capacidades distintas o discapacidad, es como una campana en el desierto, es decir, poco escuchadas o, muchas veces, no escuchadas, y esta no es la excepción.

Efectivamente, el gobierno debió haber estado presente en una discusión que -así lo suponemos todos los presentes es de una prioridad significativa para este porcentaje tan elevado de personas con discapacidad.

Vamos a respaldar esta atención preferencial; sin embargo, tal como otros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, coincido en un juicio más de fondo, cual es que cuando hablamos de personas con discapacidad o capacidades distintas, estamos hablando de personas con quienes el Estado de Chile mantiene una enorme ausencia y con las que se producen demasiadas injusticias. Los recursos que tienen o reciben mensualmente ni siquiera alcanzan para poder cubrir sus mínimas necesidades. Lo propio pasa con los adultos mayores.

Estamos prorrogando un largo debate en materia de reforma previsional que en parte debiera incluir de manera preferencial la situación de pensiones que afectan a miles de personas que tienen un grado significativo de discapacidad; sin embargo, eso no se discute.

Estamos abordando cómo atender preferencialmente en el sector público a personas con discapacidad. A propósito de ello, hay una ley -no sé cuántos años tiene de promulgada que busca mejorar y acondicionar los accesos, para que aquellas personas que tienen problemas de desplazamiento puedan ingresar a edificios del aparato público o edificios privados. Nada de eso ha ocurrido. Por eso digo que esto me da la impresión de que es una campana en el desierto. Por más que se toque, por más que se vean y discutan estos temas, al final se termina haciendo poco o casi nada.

Vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, pero reclamo una discusión mucho más de fondo, fundamentalmente en materia de dignidad, para otorgar una pensión mucho más elevada, mucho más justa a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra al diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, este es un proyecto -qué duda cabe del mayor alcance para dar prioridad a las personas con discapacidad. Pero hay algo que no hemos visto ni previsto: me refiero a los cuidadores. Por eso, en el futuro vamos a impulsar un proyecto que incluya a los cuidadores que tienen a su cargo a familiares, ya sean postrados, con problemas de hospitalización domiciliaria o electrodependientes, cuyo cuidado –repito recae en gente de su propia familia y que en la atención de salud también están postergados.

Creo que en este aspecto también tenemos una gran deficiencia.

Durante los últimos temporales, se presentaron situaciones en que fallecieron personas con electrodependencia, y necesitamos tener claridad respecto de lo que ocurrió.

Creo que la justicia en materia de salud debe ser mayor, mejor y justa para todos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, realmente es increíble que debamos zanjar por ley cuestiones que debiesen ser de toda lógica y del todo razonables, como es que las personas que tienen algún tipo de discapacidad tengan prioridad en la atención en los servicios públicos.

Pero así estamos en nuestro país. Antes era normal que una persona con discapacidad tuviera prioridad para sentarse en el transporte público, y si todos los asientos estaban ocupados, uno se paraba y cedía el asiento a una persona con discapacidad, a una persona mayor o a una mujer embarazada.

Es razonable que una persona con estas especiales características tenga atención anticipada respecto del resto de la población -es lógico que así sea-, pero estas acciones, que debiesen ser habituales y normales en una sociedad cuya cultura implique tener determinadas normas de convivencia y que no sea necesario hacerlas por ley, lamentablemente, ya no son normales ni razonables. Hoy, si no es por ley, si no obligamos a la gente a que sea más educada, más considerada y más respetuosa, lamentablemente, no ocurre.

Por cierto, vamos a apoyar este proyecto, sin duda alguna, pero tener que sacar adelante este tipo de proyectos habla del deterioro de la sociedad, de cómo los valores y principios se han ido socavando y se han ido deteriorando, donde la humanidad, el respeto y la capacidad de ponerse en el lugar del otro se han perdido absolutamente. A eso ha llegado, lamentablemente, la sociedad chilena.

Espero que, en lo cultural, exista una mejor y mayor formación de los jóvenes del futuro, hombres y mujeres que sí tengan incorporados estos valores, que sea del todo natural y obvio tener ciertas consideraciones con personas que las necesitan en nuestra sociedad, y que no se haga mediante una ley, sino que simplemente se haga por una cuestión de respeto, por una cuestión de humanidad.

Es lamentable que nuestra sociedad, en vez de avanzar, haya ido retrocediendo en cuestiones tan básicas y necesarias para un pacto social sano, de una convivencia cordial, donde todos seamos tratados con igualdad en dignidad y derechos, pero sobre todo en consideración a las características especiales de cada uno.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y modifica cuerpos normativos que indica, correspondiente al boletín 14987-12.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural son la señorita Camila Musante y el señor Benjamín Moreno , respectivamente.

Antecedentes:

-Moción, sesión 24ª de la legislatura 370ª, en lunes 16 de mayo de 2022. Documentos de la Cuenta N° 19.

-Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 45ª de la presente legislatura, en lunes 1 de julio de 2024. Documentos de la Cuenta N° 16.

-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 64ª de la presente legislatura, en lunes 12 de agosto de 2024. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La señorita MUSANTE, doña Camila (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto que dicta normas para proteger los humedales rurales, iniciado en moción de los diputados y diputadas María Francisca Bello , Nathalie Castillo , Daniella Cicardini , Cristóbal Martínez , Daniel Melo , Camila Musante , Rubén Darío Oyarzo , Marcela Riquelme , Jaime Sáez y Consuelo Veloso .

La idea matriz o fundamental del proyecto es dictar una normativa que permita y vele por la protección de los humedales rurales, a fin de resguardar sus características ecológicas, composición, estructura y funcionamiento, y mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo.

Fundamentos del proyecto de ley contenidos en la moción

Esta iniciativa legal tiene su razón de ser en la problemática a la que se encuentra enfrentada la humanidad, que dice relación con la crisis climática derivada del calentamiento global que ha causado la actividad humana en el planeta.

En el primer capítulo del sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se establece que es la actividad humana la que, inequívocamente, ha causado diversos cambios en el clima experimentados por nuestro planeta en las últimas décadas.

El mismo informe hace referencia a los cambios en las precipitaciones y en la salinidad del mar, en el derretimiento de glaciares, a la disminución de la zona de hielo marino del Ártico y de la capa de nieve primaveral del hemisferio norte, al derretimiento de la capa de hielo en Groenlandia, al aumento de la temperatura de la capa superior del océano y a otros fenómenos climáticos.

La importancia de tomar medidas reales, fuertes y urgentes para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y para cuidar la biodiversidad del planeta radica en el hecho de que, con el aumento de la temperatura global, los episodios climáticos extremos serán cada vez más comunes y aumentarán en su intensidad.

Es importante destacar el hecho de que tanto el cambio climático como los cambios en el uso del suelo, la sobreexplotación de los recursos y la contaminación son considerados factores determinantes directos en la pérdida de la biodiversidad. Ello es importante debido a que, en el último tiempo, por causa de la actividad humana, se ha presentado una pérdida considerable de biodiversidad a nivel planetario, lo que no solo tendrá efectos sobre la disponibilidad de los recursos naturales y económicos, sino que pone en riesgo el bienestar y la calidad de vida de la humanidad.

La importancia de los humedales es que entran a jugar un rol fundamental en la situación descrita, por ser uno de los ecosistemas más importantes para la conservación de la biodiversidad, como el afectar el hábitat de aves acuáticas.

La Convención de Ramsar, promulgada en 1981 por nuestro país, es un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales, que son definidos como “extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.”.

Si bien comúnmente se resalta su importancia en el ciclo del agua, pues ayudan a regular la cantidad de agua, la disponibilidad de aguas superficiales, la recarga de las aguas subterráneas, actúan directamente en la retención de las aguas, en sus flujos y en su disponibilidad. Pero también los humedales son sumideros de carbono, lo que realza su importancia para la regulación de los gases de efecto invernadero en el planeta.

Por todo lo anterior, se considera que la pérdida de humedales en el planeta afectaría directamente los ciclos del agua, la presencia del carbono en la atmósfera y la biodiversidad.

Por otra parte, los humedales generan beneficios a nivel local, que impactan positivamente en las comunidades cercanas o aledañas, pues permiten depurar las aguas, eliminar sustancias tóxicas o químicas que pueden estar presentes en ellas, controlar inundaciones, atendido que actúan como esponjas para absorber las aguas lluvia y luego filtrarlas de manera gradual al ambiente, además de proteger a las comunidades de desastres naturales, como tsunamis, entre otros. Asimismo, constituyen reservorios de la diversidad biológica.

Para ejemplificar lo señalado, cabe mencionar que durante 2015, mediante fichas informativas realizadas por la Convención de Ramsar, se demostró la disminución sostenida a nivel planetario en la cantidad de humedales evidenciado desde el año 1900, habiendo pérdida de un 64 por ciento de los humedales existentes en nuestro planeta. Se registraron pérdidas entre un 69 y un 75 por ciento de los humedales continentales, y de un 62 por ciento de los humedales costeros.

Como se puede apreciar, la situación es crítica. Hoy en día no solo estamos jugando con la continuidad de la especie humana sobre el planeta, sino que también estamos a un paso de perder gran parte de la biodiversidad existente en él, razón por la cual se hace indispensable tomar las acciones necesarias para proteger los humedales rurales, que generan muchos efectos positivos.

Dentro de las personas escuchadas por la comisión se encuentran el diputado Jaime Sáez , uno de los autores del proyecto, y la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente.

Discusión general en el seno de la comisión

Los integrantes de la comisión, junto con estimar valiosa esta iniciativa legal, plantearon la necesidad de tener un mapeo que señale dónde se encuentran los humedales urbanos declarados, los pendientes e incluso aquellos que ni siquiera han sido ingresados al sistema. Se enfatizó en el inconveniente actual de que existe una ley de humedales urbanos que no considera y deja fuera a los humedales rurales.

También se planteó por algunos diputados la preocupación por la carga de trabajo que pudiera generar una medida como esta. Sin embargo, otros diputados manifestaron que este proyecto de ley es necesario, atendido que se hace imperioso proteger los humedales rurales, independiente de las dificultades que se generen en términos de capacidad del Ministerio del Medio Ambiente para poder ejecutarlo. Lo esencial, se remarcó, es no seguir perdiendo humedales.

A su vez, uno de los autores de la iniciativa legal manifestó que el presupuesto vigente para el año en curso considera un aumento en la dotación para abocarse a esta materia. Así, se espera que a medida que se vaya generando la normativa, esta debiese ir acompañada de recursos; en caso contrario, solo podría legislar el Ejecutivo.

Votación en general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción y luego de recibir las explicaciones de los autores y de representantes del Ejecutivo, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tienen las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la mayoría de los miembros presentes: seis votos a favor y uno en contra.

Votaron a favor los diputados y diputadas Sara Concha , Eduardo Cornejo , Félix González , Daniel Melo , Camila Musante y Jaime Sáez . Votó en contra el diputado José Carlos Meza .

Es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Benjamín Moreno , rinde el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural el diputado señor Harry Jürgensen .

Tiene la palabra, diputado.

El señor JÜRGENSEN (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar respecto del proyecto de ley del epígrafe, iniciado en moción de los diputados y diputadas María Francisca Bello , Nathalie Castillo , Daniella Cicardini , Cristóbal Martínez , Daniel Melo , Camila Musante , Rubén Oyarzo , Marcela Riquelme , Jaime Sáez y Consuelo Veloso , en calidad de segunda comisión, en primer trámite constitucional y primero reglamentario.

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en dictar una normativa que permita y vele por la protección de los humedales rurales, a fin de resguardar sus características ecológicas, composición, estructura y funcionamiento, y mantener el régimen hidrológico tanto superficial como subterráneo.

Fundamentos del proyecto de ley

Chile cuenta con gran cantidad de humedales. De acuerdo con un catastro realizado por el Ministerio del Medio Ambiente en 2017, se contabilizan cerca de 18.000 en el territorio nacional, que equivalen a una superficie de 1.460.400 hectáreas. Ello se traduce en que aproximadamente el 1,93 por ciento de la superficie nacional está constituida por humedales.

Sin embargo, tanto por la crisis climática como por la actividad humana, los humedales son uno de los ecosistemas que presentan mayores niveles de amenaza en la tierra. Se ha evidenciado una serie de prácticas humanas que afectan directamente su existencia, como las intervenciones realizadas sin considerar criterios de sustentabilidad, la extracción indiscriminada de sus aguas, y su relleno en base a criterios de crecimiento urbano. Todas esas actividades afectan el tamaño, la estructura, la hidrología y las comunidades biológicas que habitan en ellos. A su vez, los cambios en las precipitaciones y los retrocesos de los glaciares que alimentan cuerpos de aguas amenazan la existencia de los humedales.

Resumen del contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley consta de siete artículos permanentes y una disposición transitoria.

Los cinco primeros artículos consagran normas para la protección de los humedales rurales.

El artículo 6 introduce dos modificaciones en el artículo 10 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El artículo 7 propone tres modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, de Vivienda, que aprueba la Ley General de Urbanismos y Construcciones.

La disposición transitoria establece un plazo para la dictación de una ordenanza que regule el tema.

Trabajo realizado por la comisión

La comisión recibió como invitados al ministro de Agricultura, señor Esteban Valenzuela ; al asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, señor Javier Palominos ; al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Wilson Ureta , y al director de la Corporación Nacional Forestal, señor Christian Little , quienes manifestaron las siguientes opiniones sobre la normativa:

El ministro de Agricultura hizo presente que esta iniciativa es inusual, ya que acaba de crearse el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual es un servicio de carácter nacional que está en implementación, y es el que posee la competencia sobre humedales a nivel nacional.

El asesor legislativo del Ministerio de Agricultura manifestó que, en materia de humedales, el Ministerio de Agricultura ha promovido de manera proactiva y entusiasta la protección de estos a través de la participación activa en el proyecto de ley que creaba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y en su posterior implementación luego de su entrada en vigencia. Además, cabe mencionar la actual ley N° 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, la cual incorporó la prohibición de proyectos de drenaje de humedales.

Agregó que, en términos regulatorios, el proyecto presenta una dificultad en su aplicación respecto de las obras de riego que podrían considerar extensiones de agua homologadas a un humedal, cuando históricamente han sido consideradas obras de riego como lo son los tranques, los cuales son vitales para el riego de hectáreas en regiones productivas del país y que permiten el consumo de hortalizas, frutas y verduras.

El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego hizo presente que el proyecto de ley es de carácter extemporáneo. La razón es que cuando sus propios autores lo presentaron y señalaron que esta nueva normativa es beneficiosa, no se había aprobado aún la ley que crea el SBAP, que protege los humedales. Pero dado que, debido al tiempo transcurrido, el SBAP ya se encuentra en implementación, esta iniciativa ya no aplica, por tanto, es de toda lógica esperar el funcionamiento de dicho servicio.

Por su parte, los diputados que votaron en contra la iniciativa legal manifestaron que, después de escuchar las exposiciones de las autoridades, queda la impresión de que el proyecto de ley genera mayores problemas que bondades, porque entra en conflicto con la competencia del SBAP como también con la nueva Ley de Riego, y genera problemas con las regulaciones que establece la Conaf, dado que existe regulación vigente que recoge el espíritu de la ley.

Asimismo, expresaron su preocupación sobre la definición de “humedad rural”, ya que, según la definición propuesta, se entenderá por humedad rural toda aquella extensión de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y se encuentren totalmente fuera del límite urbano.

En consecuencia, debido a las lluvias intensas del país, incluso las ciudades podrían ser consideradas humedales bajo esta definición, ya que no se especifica el tiempo durante el cual una superficie debe estar cubierta de agua para ser considerada humedal.

Señalaron que la definición amplia de humedales puede llevar a regulaciones excesivas y poco prácticas, que podrían perjudicar tanto a las personas como a la gestión de los recursos en situaciones de emergencia.

Asimismo, señalaron que el Ministerio de Agricultura indicó que ya existen regulaciones en otras áreas y que el Ministerio del Medio Ambiente no ha solicitado intervención alguna. Mencionaron que recientemente se legisló sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y que con las definiciones y prohibiciones que se proponen en el proyecto podrían surgir riesgos para instalaciones como las plantas de tratamiento de aguas servidas, que acumulan agua de manera artificial y temporal.

En definitiva, consideraron que al proyecto le falta una comprensión más amplia sobre lo que busca proteger, y que sin el apoyo técnico del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Medio Ambiente no se puede construir un proyecto que entienda integralmente el desarrollo de la agricultura, la realidad de Chile y lo que realmente se pretende salvaguardar. Hicieron presente que el ministro de Agricultura mencionó que ya existen otras normas que protegen adecuadamente estos cuerpos de agua, sugiriendo que este proyecto podría ser innecesario o estar mal enfocado en términos de protección ambiental.

La comisión discutió los artículos propuestos en el texto aprobado en el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y procedió a votar por separado todo el articulado, de acuerdo con la solicitud de votación separada presentada por el diputado Harry Jürgensen , cuyas observaciones están contenidas in extenso en el primer informe de la comisión.

En concreto, la comisión aprobó solamente el artículo 1 del proyecto ley en primer trámite reglamentario, y rechazó sus artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así como la disposición transitoria.

En consecuencia, el proyecto que se somete a la consideración de la Sala dispone lo siguiente:

“Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección de los humedales rurales.

En todo lo no regulado en esta, se aplicarán las disposiciones contenidas en la ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, estamos enfrentados a una crisis climática que constituye el mayor desafío que ha enfrentado la civilización. Suena un poco irreal decirlo. Por lo mismo, vemos indiferencia en la clase política. Incluso, este gobierno, que dice que es un gobierno ecologista, envía al ministro de Agricultura a la Comisión de Agricultura a reforzar la idea de rechazar este proyecto.

Sin biodiversidad estamos en un problema muy serio, y la crisis climática no es solamente algo de las revistas científicas ni una predicción a futuro; la estamos sufriendo ahora.

Yo sé que algunos que defienden a rajatabla ciertos sectores productivos preferirían no ver humedales, sino los campos llenos de pinos y eucaliptus interminables y dejar, como se está dejando, a la naturaleza en una especie de reducciones, en unos lugares pequeños donde esté la biodiversidad. El resto, monocultivo, degradación de los suelos, explotación.

Dicen que eso es equilibrio. Yo les digo: “no es equilibrio”. Por algo la naturaleza, que ha aguantado por mucho tiempo todos los desastres, todo el daño que se le ha hecho, nos está cobrando ahora. La naturaleza salvaje ahora nos está cobrando.

Cuando hubo incendios como los que lamentablemente ocurrieron en esta Región de Valparaíso el verano pasado, tuvimos que aprobar acá 800.000 millones de pesos para cubrirlos: ocho veces el presupuesto regional de Valparaíso, algo parecido a la Región del Biobío y de La Araucanía por los incendios del año anterior. Y si sumamos las inundaciones, los vientos que tuvimos este invierno -¡vientos!-, que dejaron ciudades paralizadas, incluida la Región Metropolitana, todos esos costos los estamos pagando por no proteger el medio ambiente, por no respetar el equilibrio ambiental.

Además, hay un sector de este Congreso al que no le interesa el medio ambiente, salvo para las elecciones, y que votó en contra del proyecto de ley de humedales urbanos, que afortunadamente logramos aprobar; que votaron en contra de la indicación que presentamos para declarar a los humedales como zonas no edificables. Ellos prefieren meter proyectos inmobiliarios arriba de los humedales. Así votaron. Porque una cosa es lo que se dice en las elecciones y otra cosa es cuando se habla con el voto en el teclado que tenemos acá, en el pupitre. Y no me cabe duda de que hoy día también van a votar en contra de este proyecto.

Asimismo, me llama la atención lo que hizo la Comisión de Agricultura -como se quiere llevar otros proyectos ambientales para su tratamiento-. Se suponía que iba mejorar el proyecto, pero si uno ve la columna del comparado que corresponde a la Comisión de Agricultura, salvo el título del proyecto, suprime el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 6, el artículo 7. ¡Ah! Y también suprime el artículo transitorio. O sea, ¿para eso se llevaron el proyecto a la comisión? ¿Para hacer una votación separada? Entonces, aquí hay un sector político que es enemigo del medio ambiente. Mientras nosotros queremos avanzar en protección ambiental, ellos han tomado como misión frenar ese avance.

Así, vamos a perseverar en todas las formas posibles para poder frenar la crisis climática o amortiguar sus efectos. Es una responsabilidad que tenemos como parlamentarios y parlamentarias. Vamos a perseverar independiente de esa fuerza contraria, a la que no le interesa el medio ambiente y que lo demuestra día a día con las votaciones que hacen. Vamos a perseverar porque no tenemos otra opción.

Lo último que quiero decir es que vamos a contarle a todo el mundo cómo votan. Nos vemos en las elecciones.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señor Presidente, como primera cosa, a propósito del informe de la Comisión de Agricultura, quiero despejar algo que tiene que ver con la tramitación de este proyecto.

Es cierto que mientras tramitábamos esta iniciativa se terminó aprobando el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, más conocido como SBAP. Sin embargo, nosotros adecuamos el texto original de esta propuesta -lo digo como una de las autorasa lo que se aprobó respecto del SBAP, porque consideramos que igualmente había que establecer una legislación clara, específica y categórica respecto de los humedales que se encuentran en las zonas rurales.

Se despeja una parte importante con el SBAP, porque la gobernanza va a estar bajo este servicio, lo que nos alegra y creemos que es un paso hacia una dirección correcta. Pero hay otros aspectos que quedan en este proyecto que dicen relación no solo con la definición misma de humedal rural, sino también con la solicitud y la tramitación de la declaración.

Hoy, lo que más se ha criticado cuando hablamos de la protección a los humedales en general, independiente de si están en zonas rurales urbanas o rurales, es la cantidad de tiempo que se toma el Ministerio del Medio Ambiente para declararlos, porque la declaratoria llega cuando el proyecto inmobiliario ya está construido y tenemos el humedal enterrado bajo una torre de cemento.

Muchas veces lo hemos visto: hospitales o incluso escuelas terminan construyéndose sobre humedales, porque no hay herramientas que permitan la detención de ciertos proyectos a priori como efecto de una solicitud de declaración de un humedal. Eso nos parece gravísimo, y las consecuencias después las pagan quienes se van a vivir a esos edificios, los alumnos de las escuelas, los usuarios de los hospitales que se levantan sobre los humedales.

Por eso es tan importante que esta legislación sea clara y explícita, e insistimos, como lo hicimos en la Comisión de Medio Ambiente, en que este proyecto de ley debe ser aprobado.

Por otra parte, como una de las impulsoras de esta iniciativa parlamentaria no quiero dejar pasar la relevancia que tienen los humedales en general, sean rurales o urbanos, en el ciclo del agua y como captadores de gases de efecto invernadero, porque -esto no lo digo yo ni los diputados que vamos a apoyar esta propuesta, sino la ciencia estamos en un momento en que la temperatura global está subiendo y debemos tomar medidas responsables, con efectos en el largo plazo que nos permitan reducir la temperatura del planeta.

Al otro lado del mundo, en Japón, lo que hicieron fue levantar bosques enormes para que fueran captadores de los gases de efecto invernadero, a propósito de las temporadas de verano y del arrase del fuego, que no perdona. Y bien lo sabemos nosotros como país, que no solo hemos tenido que enfrentar los incendios de la Región de Valparaíso, sino también los de la Región Metropolitana, en particular, en las comunas de Melipilla y Curacaví, donde hay vecinos que lo han perdido absolutamente todo.

Entonces, es responsable para con ellos, para con las principales víctimas de los incendios tomar medidas de protección de cuerpos de agua, en este caso los humedales, que permiten captar los gases de efecto invernadero y también generar un efecto positivo en la reducción de las altas temperaturas, que son finalmente las que nos tienen en esta crisis climática, cuyos efectos los sufren, como en todas las crisis, las personas más pobres en nuestro país.

Así, quiero relevar nuevamente el rol que cumplen los humedales, aclarar el punto sobre el ajuste que se realizó a este proyecto dentro de la Comisión de Medio Ambiente a la actual legislación del SBAP y no generar una discriminación con la protección de los humedales que se encuentran en las zonas rurales, como existe hoy en día.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señor Presidente, este proyecto es importantísimo para todo el territorio nacional, pero también para algunos sectores o regiones, como la Región de Coquimbo, que tiene una gran afectación debido a la sequía y la escasez hídrica que estamos viviendo. Además, velar por la protección de los humedales rurales, como se ha planteado acá, tiene una consecuencia de relevancia, como proteger la flora y la fauna, resguardar el régimen hidrológico superficial y también subterráneo.

Entonces, esto cobra mucha vigencia en el marco del calentamiento global que estamos viviendo, pero también a la hora de tomar acciones rápidas desde la política pública para poder poner freno a esta situación, que tiene a nuestros acuíferos en absoluta desprotección por parte del Estado.

En la Región de Coquimbo tenemos más de mil humedales, de los cuales cerca de una docena se ubica en zonas rurales y hoy son foco de protección por parte de las propias comunidades de manera autogestionada. Es una constante que grupos ambientalistas o las mismas comunidades campesinas o indígenas sean los encargados de la protección de los humedales y no el Estado.

Los humedales de Tongoy, el humedal El Culebrón, las dunas de La Herradura, la Laguna Saladita, la desembocadura del río Elqui, los Panules, de Ovalle, Laguna Adelaida , son algunos de los humedales de nuestra región que contienen riquezas ecosistémicas y que garantizan la existencia de especies endémicas, así como la sustentabilidad del recurso, que es vital para todo el territorio y la producción local que ahí existe.

Pese a la importancia ecológica de los humedales, más del 70 por ciento de su superficie ha ido desapareciendo debido a la expansión de la frontera urbana -tema que es importante regular, a propósito de diversos proyectos-, el aumento de la industria, las inmobiliarias y las zonas habitables en sus terrenos, lo que ha impactado de manera negativa la biodiversidad. Hay una deuda que tienen los municipios de nuestro país con los planos reguladores, lo que impacta en la forma como se va diseñando el desarrollo de las comunas que debe resguardar estos espacios y ecosistemas.

Las comunidades han ido organizándose en defensa de los humedales, para protegerlos de los avances urbanos, que no son negativos en sí mismos, pero que si se hacen de mala fe o de mala forma, por ejemplo, instalándose en los entornos de los humedales, evidentemente los ponen en riesgo, sean estos rurales o urbanos. Creo que la recuperación y la defensa de estos espacios es un tema a discutir con mayor profundidad.

Por eso, es importante aprobar esta moción, que también incluye algo que no está explícito, que es la definición del humedal rural. Además, establece una ordenanza municipal con criterios de protección, conservación, preservación, dentro de un límite comunal donde los comités de humedales rurales van a promover una adecuada gestión de estos, así como una gobernanza que también permita su participación efectiva.

Si bien en 2020 se publica la ley N° 21.202, esta solamente contempla la protección de los humedales urbanos. Por eso, esta moción, de la diputada Camila Musante , busca proteger los humedales rurales y, con eso, suple de alguna forma la regulación.

En el marco de la crisis climática, en regiones como la nuestra, que tiene decretos de escasez hídrica, este proyecto va a permitir regular y frenar grandes proyectos inmobiliarios que, de manera explosiva, han puesto en peligro caudales que no debieran estar intervenidos por el ser humano.

Quiero aprovechar de saludar a organizaciones como Guardianes del Humedal El Culebrón, la Red de Guardianes de la Quebrada de Peñuelas, la Fundación Patrimonial Ruta Ambiental El Culebrón y también Elqui Sin Mineras, que se suma a la defensa de los humedales. El riesgo que implica el daño a estos ecosistemas ha permitido que las comunidades se organicen y suplan al Estado en esta tarea.

Aprovecho también de hacer una mención que, si bien no tiene relación con las ideas matrices del proyecto, es muy importante. Me refiero a la protección de los humedales altoandinos, como Las Hualtatas, en la provincia del Choapa, que peligra por la expansión de Minera Los Pelambres y su proyecto EVU; el humedal de la precordillera del Elqui, con la presencia de la Prospección Minera Campanario, de Barrick Gold , y el humedal andino más austral de Chile, el salar de Maricunga, en riesgo por la Estrategia Nacional del Litio, y que tiene a las comunidades indígenas y a las comunidades en general en alerta.

Desde nuestro rol fiscalizador también tenemos que hacer mención a todos estos reclamos que hoy día tienen las comunidades. No podemos seguir avanzando en un desarrollo sustentable bajo condiciones adversas como las que hoy tenemos en la regulación.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, los humedales consisten en ecosistemas que se caracterizan, principalmente, por la importante presencia de agua, ya sea de forma permanente o estacional y por tener suelos saturados de agua, que dan lugar claramente a una vegetación adaptada a estas condiciones. Estos ecosistemas incluyen pantanos, marismas, ciénagas y turberas, y se encuentran tanto en regiones costeras como en el interior de los continentes.

El artículo 2° propuesto por la comisión define claramente a los humedales como “toda aquella extensión de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentre totalmente fuera del límite urbano”.

Considero preocupante en esta norma que la materia entregada a las ordenanzas es en realidad materia de ley, pues se trata de una restricción al debido ejercicio del derecho de propiedad.

Ahora, seguidamente, el proyecto propone la creación de comités de humedales rurales, que podrán promover la adecuada gestión de los humedales rurales, así como una gobernanza que permita la participación efectiva de los actores involucrados en su gestión, protección y conservación. Particularmente, llama la atención el inciso final nuevo que se incorpora, del siguiente tenor: “Los instrumentos de planificación territorial podrán incluir limitaciones con el objeto de proteger los humedales.”.

El motivo por el cual destacamos el mencionado inciso, y que consideramos que debe ser rechazado por la Sala, es porque se incorpora la expresión “limitaciones sin ningún tipo de restricción”, dejando abierto el paso para que eventualmente puedan ser incorporados gravámenes excesivos para el ejercicio de diferentes derechos.

El rechazo a la disposición transitoria que propone el proyecto de ley está en directa relación con el rechazo de la norma que propone el contenido de las ordenanzas municipales.

En nuestro país existe una gran cantidad de ecosistemas, en especial en mi distrito, por el clima que tenemos, especialmente por las lluvias, y hemos convivido en armonía con los humedales durante siglos sin dañar nada.

Sin embargo, esta repentina preocupación, casi obsesiva, diría yo, nos tiene que poner en alerta ante la actuación de manos negras que pretendan utilizar estos argumentos para perjudicar a miles de familias que, por ejemplo, esperan por una vivienda. Ya nos pasó con el Predio Baquedano, en Osorno, y nos está pasando en Purranque, como me lo ha expresado la señora Marlene Águila , donde familias esperan poder comprar un terreno, pero no se atiende a sus solicitudes de audiencia, y menos aún existe la certeza sobre la forma en que se declara un humedal.

Evaluaremos votar en contra.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, el cambio climático parece ser una excusa permanente, pues sirve para todo tipo de intervenciones que afectan la propiedad y la libertad de las personas. En Europa, donde están más avanzados que nosotros, lo hemos visto en Alemania, que tiene este año un crecimiento de -0,2 por ciento, entre otras cosas, porque están tratando de salvar el clima.

Sin embargo, a quienes han salvado es a ciertos grandes grupos económicos, a ciertos intereses, con la plata de los contribuyentes, y, por supuesto, a los políticos, que, de la mano de este pánico generado, aprovechan de engordar sus propias billeteras, así como lo hizo la Iglesia el año 999, cuando esta prometía que venía el fin de mundo. De esa forma, recogió una gran cantidad de donaciones. Lo que ustedes están vendiendo son indulgencias, para que la gente no se vaya al infierno climático. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de una promesa que nunca se justifica.

Les voy a recordar a ustedes, que justifican el tema del cambio climático, que el año 2000 Al Gore decía que no íbamos a tener hielo en el Ártico. Este año creo que tuvimos la máxima extensión de hielo en la historia conocida. Por lo demás, el Washington Post publicó un gráfico de las temperaturas promedio de los últimos 485 millones de años, para que no se queden solamente en 50. Ustedes sabrán que tenemos lo que se llaman ciclos geológicos y ciclos climáticos. Creo que en lo que respecta a temperatura, estamos 40 por ciento por debajo de la mediana del planeta.

Ahora, con algo más de temperatura -hay científicos que, incluso, son muy optimistas en la materia-, no tendríamos un desierto en el Sahara, sino una sabana, como la teníamos hace 30.000 años. De hecho, a mayor concentración de CO2 hay más verde, hay más plantas, hay más alimentos, pero eso prefieren ignorarlo. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que se pueda intervenir, desde el Estado, en la billetera, en la vida de las personas. Es una excusa para controlar a la gente; ni más ni menos. Y eso lo vemos de la mano de este proyecto de ley.

La iniciativa propone que un órgano, que no tiene ninguna capacidad, ninguna facultad técnica, como es una municipalidad, venga a regular humedales rurales que son, por supuesto, propiedad de agricultores. Es decir, una vez más quieren intervenir en el normal funcionamiento del agro, así como trataron de hacerlo a través de los tractores y como lo tratan de hacer prohibiendo fertilizantes.

Seamos honestos: si fuese por algunos, la electricidad saldría del enchufe y los huevos del supermercado, porque no les interesa cómo se hace el resto. Si deja de funcionar no les importa, y no les importa que la gente se quede desempleada y sin comida.

Hace treinta años, señor Presidente, Chile era autosuficiente en materia alimenticia. Hoy, importamos el 50 por ciento de lo que consumimos, gracias, entre otras cosas, a regulaciones que han hecho cada vez más difícil la vida de ganaderos y agricultores. ¿Vamos a seguir por ese camino, haciéndonos dependientes de aquellos países que no están dispuestos a matar su agricultura y que muchas veces gestionan su agricultura de manera mucho menos amistosa de lo que lo hacemos nosotros respecto del medio ambiente? ¡Pero no! ¡Nosotros tenemos que salvar el medio ambiente.

Del total de las emisiones de CO2 en el planeta, el 0,03 tiene fuente humana. De ese 0,03, el 0,03 viene de Chile. ¡Pero van a salvar el planeta regulando -ni siquiera protegiendola gestión en los campos y definiendo como humedales todo aquello que tenga algo de humedad!

Honestamente, señor Presidente, creo que estamos mal enfocados. El centro de atención de este Estado debe ser el ser humano y, por supuesto, su medio ambiente, pero no hay que olvidar que este tiene que estar al servicio del ser humano y su bienestar. No podemos sacrificar a la gente en razón de doctrinas que lo único que hacen es justificar el saqueo de los recursos de los privados.

He dicho.