Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas para la realización de funerales de riesgo y modifica otros cuerpos legales, correspondiente al boletín N° 16323-25.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 95ª de la presente legislatura, en miércoles 30 de octubre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 30.

El señor JOUANNET.-

Señorita Presidenta, la pregunta que debemos hacernos es cómo llegamos a esto. ¿Cómo pudimos normalizar y llegar a legislar una cuestión que no tenía que ver con nuestra cultura delictual o nuestra cultura política? Los funerales, más allá de que la persona asesinada o muerta sea un barrista o cualquiera otra, seguían ciertos comportamientos que tienen que ver con la fe y el momento de dolor que vive una familia, independientemente de la condición de la persona o, como digo, de la forma en que muere.

Hoy debemos regular algo a lo que no estábamos acostumbrados. Nos tiene que llamar a reflexión cómo el país está cambiando -no es que esté cambiando para bien y cómo es necesario volver a ciertas conductas y comportamientos de una sociedad civilizada. Para eso existe el Estado, justamente para ordenar y asegurarse de que cuestiones como las que ahora legislamos no ocurran y la gente actúe dentro de marcos de civilidad.

Este es un buen proyecto; es una iniciativa que persigue que en 24 horas se realice la totalidad del proceso funerario, que incluye la inscripción de defunción en el Servicio de Registro Civil e Identificación, y el traslado del fallecido directamente al sitio de sepultación o cremación, ya sea desde el lugar del deceso o desde el Servicio Médico Legal.

Carabineros de Chile debe hacer un informe; el delegado presidencial regional debe autorizar el funeral y calificarlo de riesgo -ya no es de alto riesgo; el Senado le quitó esa categoría-, y la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería y cualquier servicio público que entienda que este es un funeral de riesgo debe colaborar en el proceso.

Como dije, hay un plazo de 24 horas para llevar a cabo la totalidad del proceso funerario. El proyecto propone un catálogo de delitos que frecuentemente se cometen en el contexto de estos funerales, como, por ejemplo, desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción a la circulación en la vía pública, saqueos, delitos regulados en la ley de control de armas o relacionados con fuegos artificiales o artefactos pirotécnicos, porte de arma blanca, entre otros.

Ahora, el sentido de la iniciativa es que la ciudadanía y la gente de los colegios ubicados en los sectores por donde transita este tipo de funeral vivan en la normalidad. No es normal que un funeral genere atochamiento y más delincuencia. Por tanto, naturalmente, habrá penas para aquellos que generen cualquier desorden u otro delito en torno a estos funerales.

La reflexión inicial tiene que ver con cómo llegamos a esto.

Más allá de la perspectiva ideológica que tiene cada uno de nosotros, tenemos que preguntarnos cómo podemos llevar al país a una normalización respecto de la seguridad. No puede ser que hoy estemos regulando los narcofunerales. Eso no ocurría en Chile.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señorita Presidenta, lamentablemente, los funerales de alto riesgo o narcofunerales han llegado a alterar la paz de nuestro país, porque muchas de nuestras comunidades se han visto afectadas.

No hay duda de que esta iniciativa, aunque tiene como principio avanzar y ayudar a la comunidad, es insuficiente. Creo que podríamos haber llegado más lejos respecto de esta norma.

Hace un año -el 27 de septiembre de 2023presenté un proyecto que propone diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, que el tiempo del funeral sea de dos horas, además de limitar el número de asistentes y fijar un horario específico para evitar que estos eventos impacten en la seguridad y durante el día a los vecinos.

El fin de semana largo recién pasado fue transmitido en cadena nacional el funeral de un barrista asesinado en La Pintana, que afectó a las comunas de La Florida, La Pintana y Puente Alto. Alrededor de 250 asistentes tuvo este funeral, que se realizó a las 11 de la mañana y que generó terror en los vecinos, por los disturbios. Restricciones más estrictas, como las que yo estoy planteando, habrían facilitado mucho más el control y minimizado los riesgos para la comunidad.

¿Por qué defiendo una propuesta más dura? Porque, cada vez que se celebra uno de estos funerales, vemos cómo se desatan desórdenes y actos de violencia. No se trata de una despedida pacífica. La mayoría de las veces se despide a personas que han cometido delitos. Los grupos delictuales que van a despedirlas transforman en héroes que no son a personas que vendían drogas, asesinaron a otras o que estaban metidas en organizaciones criminales.

Por lo tanto, uno esperaba que el gobierno hubiese avanzado en algo mucho más de fondo. Claramente, me acuerdo de que cuando se habló de este proyecto, el entonces subsecretario Monsalve lo defendió. Creo que aquí quedamos cortos.

Espero que en el futuro podamos hacerle modificaciones y que de verdad evitemos que sean tomadas las poblaciones y las ciudades por estos tipos.

Llevar a cabo los funerales en los cementerios simplemente hará que se tomen los cementerios.

No podemos permitir que vayan doscientas personas a uno de estos funerales, a un funeral de un narco, a un funeral de una persona que asesinó a otra, porque no son héroes; no son personas que merezcan algo.

Entonces, mientras el gobierno no entienda eso, de manera que deje de romantizar la criminalidad y a aquellos que cometen un delito -“pobrecitos” ellos que cometen delitos, porque la sociedad ha sido mala con ellos-, vamos a seguir con estos problemas.

Esta futura ley es insuficiente. Espero que podamos modificarla luego para entregar mayor seguridad a millones de chilenos que no quieren verse afectados por la delincuencia en las calles.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señorita Presidenta, qué duda cabe de que este proyecto es relevante por lo que está ocurriendo en nuestro país a propósito de los narcofunerales y, sobre todo, por lo que hemos visto hace algunos días en narcofunerales muy violentos, en donde la utilización de armas y los disturbios se hacen cada vez más frecuentes. Lamentablemente, todo eso se ha estado normalizando.

Nada va a evitar que todo eso ocurra -ni siquiera una ley si no hay gestión, si no hay buena distribución de los recursos humanos y policiales, y si no se aborda contundente y operativamente lo que ocurre en las calles de nuestro país cuando pasan estas situaciones.

En ese sentido, podemos legislar, como lo estamos haciendo ahora, pero hay cosas que son irreemplazables. Eso tiene que ver con las competencias y las capacidades para evitar que la tranquilidad de las personas siga siendo alterada de manera constante por este tipo de situaciones.

En el Senado se alteraron algunos elementos que a mí me parecen fundamentales, respecto de los cuales vamos a pedir votación separada, porque una vez más sobrecargan la labor de Carabineros de Chile y depositan la responsabilidad en dicha institución, en circunstancias de que la responsabilidad es política. La responsabilidad debe ser de la delegada o del delegado presidencial.

Me parece que pedirles a los funcionarios de Carabineros un informe en un plazo de dos horas es absolutamente excesivo y, una vez más, va a distraerlos de sus funciones, que son de orden público y, precisamente, para que no se cometan delitos en el contexto de un narcofuneral. Van a tener a los carabineros en una oficina haciendo informes día y noche. Finalmente, la calificación va a depender de ellos. Entonces, la responsabilidad va a recaer en los funcionarios de Carabineros, en circunstancias de que la responsabilidad debe ser de la autoridad política.

Por lo tanto, nos parece un exceso y que una vez más este Congreso va por un camino, pero resulta que algunos pretenden ir por otro, que es sobrecargar a los carabineros con funciones que finalmente terminan distrayéndolos de sus labores principales.

Hemos dado una lucha muy grande a propósito de las notificaciones judiciales, para que los carabineros no hagan más notificaciones judiciales, en las cuales ocupan gran parte del tiempo del día, porque los distrae de las labores esenciales para la comunidad.

Por eso, nosotros vamos a votar separadamente algunas modificaciones que hizo el Senado, para que la responsabilidad quede radicada en donde corresponde, que es la delegación presidencial.

Todo lo demás nos parece que se mantiene casi de la misma manera respecto de la calificación de funeral de alto riesgo que deben realizar las autoridades, para efecto de que se tomen las medidas correspondientes y la inhumación se realice dentro del plazo de 24 horas.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, nosotros estamos ante una pandemia de narcotráfico, criminalidad y asesinatos. Estos funerales narco, en la práctica, son demostraciones de fuerza de las distintas pandillas o se han transformado en eso.

Ahora, el Estado de Chile no ha tenido, por lo menos en la historia reciente, mayor problema para restringir, por ejemplo, el aforo de un funeral. Durante la pandemia, sin ninguna razón médica o científica que lo justificase, prohibieron que fuesen más de cuatro o cinco personas a un funeral, ¿y aquí no podemos hacerlo? ¿No podemos restringir el aforo de un funeral narco? Es decir, van a hacer toda su caravana hacia el cementerio como si fuese una marcha autorizada, con escolta de Carabineros. ¿Esa es la lógica de este proyecto de ley? Creo que no estamos yendo lo suficientemente lejos.

Efectivamente, el narco es un enemigo de la sociedad. El narco destruye nuestra sociedad. El asesino o el sicario que trabaja para ellos es una amenaza existencial para la paz de nuestras ciudades. Sin embargo, permitimos que eso continúe, incluso con asistencia policial en esta materia.

Claramente, Carabineros podrá fiscalizar hasta cierto punto, pero ¿qué cambia realmente?

¿Vamos a impedir el funeral narco? ¿Lo podemos impedir con esta norma? ¿Podemos impedir que se congreguen trescientas, cuatrocientas o quinientas personas a celebrar a un delincuente, a celebrar a un asesino? No.

¿Por qué no avanzamos un poco más de lo que plantea esta norma? ¿Por qué no les pusimos aforo a los funerales que sean identificados como narcos, y que a todo aquel que sobre lo tomen detenido? Con eso, sí habríamos hecho un aporte. ¿No se podía o no existía la voluntad? No.

Yo creo que este proyecto de ley no va lo suficientemente lejos. Creo que esta iniciativa no se hace cargo de lo que realmente está pasando. Los funerales narco son demostraciones de fuerza de las bandas, y hay que eliminar tanto las bandas como sus demostraciones de fuerza.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo a la ministra del Interior y Seguridad Pública.

Este es un proyecto que, desgraciadamente -lo digo una vez más-, se ve bonito, pero huele mal. ¿Por qué? Se me viene a la memoria lo que ocurrió hace algunos días en Santiago con ocasión de un narcofuneral. En esa oportunidad, ¿dónde estaban Carabineros, la PDI o el delegado presidencial? Marcando su ausencia totalmente.

Creo que deberíamos dejar en la ley algo parecido a lo que ocurría cuando fallecía alguien debido a la pandemia de covid-19: los cuerpos salían desde el Servicio Médico Legal e inmediatamente debían ser trasladados al cementerio y ser sepultados. Deberíamos adoptar medidas como esa.

Sin embargo, para eso debería existir voluntad de parte de las autoridades civiles, de las autoridades políticas, con los pantalones o las faldas bien apretadas, si dependiera de los delegados presidenciales, sean hombres o mujeres.

Veo con preocupación la sobrecarga de trabajo que le estamos imponiendo a Carabineros, que después no reciben ningún respaldo, porque, si se defienden de los delincuentes que los atacan…

Con ocasión del último narcofuneral en Santiago, vimos imágenes en que los trabajadores de la prensa eran agredidos, y prácticamente les destruyeron un auto. Si los periodistas y camarógrafos no hubieran arrancado, quizás alguno habría fallecido, pero el delegado presidencial todavía no aparece opinando; parece que se le cortó internet, se le acabaron los minutos en el teléfono, porque no hizo absolutamente nada.

Por lo tanto -repito-, creo que es un proyecto que se ve bonito, pero que huele muy mal. Voy a votar en contra, a pesar de que se necesita una ley más robusta, con más atribuciones para las policías, y que los delegados presidenciales, hombres o mujeres, tomen las decisiones acertadas.

Si eso no está claro, dificulto que esto valga la pena.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Cristian Labbé .

El señor LABBÉ.-

Señorita Presidenta, saludo a la honorable Cámara y, por su intermedio, también a la ministra del Interior y Seguridad Pública.

Mediante este proyecto se busca modificar cuerpos legales en relación con los funerales narco. Sin embargo, aprovecho de decirle a la ministra Tohá que esta es una nueva mala señal en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia.

¿Saben qué pasa? El narcofuneral no debería existir, el narcofuneral debería estar prohibido por ley, en forma y fondo. Si existe un narcofuneral, deberían estar las policías y, sobre todo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública yendo a buscar a los mismos delincuentes a ese mismo funeral.

¿Cómo vamos hoy a normar los funerales narco? ¿Porque tienen derecho a ser enterrados? Para mí, para ser bien claros, un narcotraficante no tiene derecho a ser enterrado con fiesta, con balazos, con fuegos artificiales, y con nuestros niños siendo privados de la educación, que es un derecho que la Constitución entrega a todos los niños y familias, ya que se tienen que prohibir o, al menos, suspender clases.

Todos los narcos que están viendo esta sesión deben estar aplaudiendo a este gobierno, que hoy fomenta la narcocultura y el narcotráfico, y hoy deben estar diciendo que mañana se van de fiesta. Se les muere un camarada, un amigo, un narcoprimo, y le van a hacer un funeral.

Los incentivos están mal puestos, la carreta está delante de los bueyes.

Lo que hay que hacer -se lo pido, por su intermedio, Presidenta, a la ministra y al Presidente Gabriel Borices que, de una vez por todas, se pongan los pantalones, pongan mano firme, les corten la fiesta a estos narcos y dejen de dar señales equívocas.

Chile vive hoy la peor crisis de seguridad, la gente tiene miedo, pero hoy estamos normando el narcofuneral. De verdad, creo que es una locura total; esta es una quijotada del porte de un buque.

Le pido al gobierno que, por favor, se ponga la mano en el corazón y piense en esos miles de chilenos y chilenas que hoy quieren vivir en paz, y no pensar que el Congreso Nacional está normando los narcofunerales, cuando deberíamos estar hablando de empleo, educación, salud, etcétera; de oportunidades para los chilenos, y no de oportunidades para los narcotraficantes.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señorita Presidenta, es inaceptable que en nuestro país, cada vez que se realiza un funeral de riesgo o un narcofuneral, asistamos al mismo tiempo a otro funeral, al funeral de la paz de una población, al funeral del derecho de los trabajadores a circular con normalidad, al funeral del derecho de la gente a acudir a un Cesfam, o a algo tan terrible como el funeral de la seguridad y de la educación de niños, niñas y jóvenes, es decir, a una pérdida del control del Estado sobre nuestro territorio.

Estos funerales son una demostración de la forma en que el crimen organizado se ha tomado los barrios y hace una verdadera apología de la narcocultura, con ritos que incluyen fuegos artificiales, ruidos molestos, carreras de autos y disparos al aire, poniendo en peligro a vecinos y comunidades.

Por eso, a comienzos de 2023, con el diputado Manouchehri ingresamos el proyecto “No más narcofunerales”, que busca poner fin a tales prácticas. Valoro que el gobierno haya recogido aspectos de esa iniciativa en su propio proyecto, como limitar la duración a un máximo de 24 horas desde el fallecimiento, y aplicar las máximas penas por delitos cometidos en ese contexto.

Sugiero que algunos parlamentarios lean este proyecto de ley, porque se han incluido distintos criterios en un catálogo destinado a definir cuáles son los funerales de alto riesgo.

Es crucial evitar que tales funerales interfieran con los derechos de las personas, y que nuestras policías deban destinar recursos significativos a controlarlos, en lugar de combatir el crimen en nuestros barrios. No podemos permitir que los delincuentes se adueñen de las calles, obligando a las personas de bien a cerrar sus puertas y a suspender sus actividades normales.

Es fundamental que prevalezcan el imperio de la ley, la seguridad y el derecho de la gente a vivir en paz y en tranquilidad.

Por lo tanto, apoyamos este proyecto como una señal clara del Estado a los criminales. En Chile no puede imperar la ley de la selva o la ley del más fuerte; debe primar el derecho de la gente y de las familias a vivir en paz, con seguridad, a vivir tranquilos en sus barrios y en sus poblaciones.

Ese ha sido nuestro objetivo, y esa es la fuerza y la convicción que seguiremos teniendo en el Congreso Nacional con distintas otras iniciativas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley, que vuelve a la Sala de la Corporación con modificaciones del Senado, plantea la incorporación de toda una estructura administrativa destinada a dar mayor celeridad a la realización de funerales de personas que puedan devenir en situaciones de riesgo, es decir, de narcotraficantes, en conjunto con un despliegue de fuerzas destinado a resguardar los diferentes sitios donde se celebran esos funerales.

Por un lado, me parece que esta es una señal de seguridad para quienes sufren, como es el caso de los niños, quienes deben esconderse en esos días, y de los padres y madres, que no los pueden enviar al colegio. Asimismo, las personas no pueden acudir a recibir atención en los centros de salud, simplemente porque los narcodelincuentes se toman los espacios públicos para dar sepultura a otros delincuentes.

No obstante, con un proyecto de ley de esta naturaleza se normaliza y se institucionaliza ese tipo de funerales, la sepultura a los delincuentes, y el Estado debe acomodarse, adecuarse y hacer que esta situación se tenga que normar a través de leyes, destinando para ello toda una capacidad policial que debería estar dedicada a resguardar la seguridad en todos aquellos puntos del país en donde hoy el crimen y el delito simplemente campean. Sin embargo, hay que enfocarse en dicha situación para resguardar a los vecinos que sufren con esos funerales, que generan todo un caos.

Si bien el sentido de proteger a otros está bien, el fondo de la iniciativa no me gusta, porque de cierta forma se admite o se acepta que los narcofunerales van a seguir ocurriendo y que el gobierno o el Estado de Chile, en vez de prohibirlos o de que simplemente no existan, adecua su estructura para que los delincuentes y los narcotraficantes, que han cometido crímenes gravísimos, que han asesinado, descuartizado y quemado personas, cuenten con el resguardo del Estado para que puedan enterrar a sus difuntos, más allá de su creencia religiosa, lo cual uno puede respetar. Cuesta creer que esas personas tengan ese sentido de dar cristiana sepultura, considerando que han tenido una vida de crimen y muerte.

En mi opinión, se trata de un proyecto complejo, pues, si bien entrega seguridad a algunos, a mi parecer retrocede en materia de Estado de derecho al aceptar que sigan existiendo los narcofunerales. Es decir, el Estado al servicio de los narcotraficantes.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señorita Presidenta, el proyecto en discusión tiene ciertas complejidades, porque los funerales de alto riesgo, los llamados narcofunerales, existen y tenemos que enfrentarlos con decisión, porque se transforman en una fiesta y en un homenaje. Lo que finalmente se hace con un narcofuneral, además de afectar la seguridad de quienes están en el entorno, es generar cierto simbolismo a favor del crimen organizado o el narcotráfico. Sin embargo, existen, y si existen y afectan la seguridad, debemos enfrentarlos para cuidar la seguridad de la población.

¿Por qué es complejo este proyecto? Porque es cierto lo que dijeron algunos colegas: si lo regulamos, si lo limitamos, pero lo dejamos existir, estaremos dando una señal confusa. Sin embargo, si no lo regulamos y si no lo enfrentamos, también habría un problema porque hoy los narcofunerales afectan la seguridad pública. En ese sentido, creo que este proyecto es un primer paso y lo votaremos a favor.

Esta iniciativa, que establece normas para la realización de funerales de riesgo, de narcofunerales, es pedida por las comunidades e impulsada por alcaldes y alcaldesas. En efecto, dentro de un rato me reuniré con la alcaldesa de La Pintana, señora Claudia Pizarro , a quien aprovecho de felicitar por su reelección.

¿Qué es lo que hace el proyecto? El proyecto compatibiliza el derecho a sepultura con algo fundamental para la sociedad, como es resguardar la seguridad y enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. En esos funerales puede suceder lo primero, lo segundo, lo tercero o todo junto. Por ello, el proyecto da un paso para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, que debemos combatir en todos los frentes.

La iniciativa establece plazos -24 horaspara la realización del funeral y prohibiciones de ingreso. A Carabineros le falta avanzar en materia de aforos -estoy de acuerdo con ello-, pues deberíamos limitar la cantidad de personas que participen en esos funerales. Asimismo, dota a las policías de un conjunto de atribuciones.

Reitero: el proyecto es un primer paso. Hay otras iniciativas respecto de otras materias, que también tenemos que aprobar, como el proyecto de ley sobre protección de la infraestructura crítica del país, para que los militares puedan resguardarla; el proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, y el proyecto que dispone el levantamiento del secreto bancario, para perseguir no solo el tráfico de droga, sino también el dinero que genera este negocio y, de esa forma, enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Todos estos son proyectos relevantes que también tenemos que aprobar.

Esta iniciativa es un primer paso, un pequeño paso, pedido por las comunidades, pero -reiterofaltan otros proyectos.

Anuncio nuestro voto a favor.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señorita Presidenta, la verdad es que este proyecto no deja de llamar la atención. En efecto, es una práctica habitual de este gobierno tratar de endosar la responsabilidad al Congreso, porque es incapaz de aplicar la normativa que hoy existe.

Las normas legales están, pero como estamos frente a un gobierno timorato y débil para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia en nuestro país, la mejor solución que encuentra es decir “tengo que legislar para resolver el problema”. Detrás de este proyecto está ocultando la incapacidad e indolencia que tiene como gobierno respecto de esta realidad: los narcos se han tomado las poblaciones de nuestro país y han cambiado la vida, para mal, de los chilenos.

El gobierno debe actuar oportunamente, y las herramientas legales hoy existen. Sin embargo -reitero-, como estamos frente a un gobierno que privilegia los derechos humanos de los delincuentes, tenemos que legislar para que el día de mañana se diga: “el gobierno hizo la pega al enviar el proyecto”.

Invito al gobierno a que no siga dando explicaciones y a que no trate de responsabilizar al Congreso Nacional por su incapacidad de utilizar todas y cada una de las herramientas que el Estado de derecho le entrega para combatir frontalmente la lacra que significa el narco en nuestro país.

¿Cómo evitar los narcofunerales? ¡Eliminando a los narcos, pues! ¡Persiguiéndolos! ¿Por qué no se les hace control de identidad a todos aquellos personajes que participen en esos funerales? Si lo hiciéramos, tengan la certeza de que nos vamos a encontrar con que muchos de ellos tienen prontuario, pero siguen libres, circulando por las poblaciones y aterrando a los pobladores de los sectores más vulnerables de nuestro país.

Hago un llamado al gobierno a que no se siga excusando de cumplir con la labor que le mandata la Constitución de reprimir el narco y de dar tranquilidad y seguridad a los chilenos. Invito al gobierno a que haga su pega y a que no nos endose la responsabilidad de legislar para normar una actividad que es total y absolutamente ilícita.

Señorita Presidenta, por su intermedio, le pido a la ministra del Interior que se ocupe de los problemas reales que tenemos de inseguridad, y que no sigan dando explicaciones.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Oyarzo .

El señor OYARZO.-

Señorita Presidenta, vecinos del distrito N° 8 denuncian disparos y fuegos artificiales durante la noche por un narcofuneral. Lamentablemente, esta es la tónica del distrito N° 8. En Maipú , Cerrillos y Estación Central, desgraciadamente, los vecinos viven asustados cuando se realiza un narcofuneral, debido a los disparos al aire y al lanzamiento de fuegos artificiales en medio de esa situación. Lamentablemente, es la realidad que estamos viviendo.

Hago un llamado e invito a los diputados y diputadas a que lean el proyecto para que sepan de qué se trata, porque he escuchado hartas cosas que no van en la línea de la iniciativa.

Este proyecto de ley propone reducir el plazo en el que debe realizarse la inhumación, cuando el funeral represente una amenaza para el orden público y la seguridad. Dentro del plazo de 24 horas se deberá realizar la totalidad del proceso funerario. Carabineros de Chile tendrá la facultad de definir el trayecto para el traslado del cuerpo y podrá controlar la identidad de los participantes en el funeral, ejerciendo las facultades previstas en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Además, habrá colaboración de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública elaborará un reglamento para regular la metodología y los criterios para determinar el nivel de riesgo del funeral, así como el contenido del informe técnico de Carabineros de Chile.

El proyecto de ley propone un catálogo de delitos que frecuentemente se cometen en el contexto de un narcofuneral, como desórdenes públicos, irrupciones violentas, obstrucción a la libre circulación en la vía pública, saqueos y delitos con artefactos pirotécnicos, entre otros.

Sobre eso estamos legislando, diputados y diputadas. Este proyecto va en la línea correcta, pues todo lo señalado es lo que está pasando por lo menos en el distrito N° 8, el cual represento. Este tipo de situaciones pasan, y por ello hay que legislar al respecto.

Este proyecto de ley va en la línea correcta, y lo votaré a favor, porque es lo que corresponde. Todos deberíamos hacerlo, porque debemos preocuparnos de la prioridad número uno de los ciudadanos de Chile, de los chilenos y chilenas, que es la seguridad. Este tipo de iniciativas debemos tramitar.

Por eso, me llama mucho la atención escuchar que diputados quieren rechazar este proyecto, porque eso no tiene ningún sentido. Lo que la gente nos está pidiendo es que legislemos en materia de seguridad, y esta iniciativa va en esa línea. ¿Cuál es el problema?

¿Cuál es el problema del proyecto?

Esa es la realidad que está viviendo el distrito N° 8; esa es la realidad que viven, lamentablemente, comunas como Maipú, Cerrillos , Estación Central, Pudahuel , Quilicura , Lampa , Colina , Tiltil .

Respecto de eso tenemos que legislar, de modo que votaré a favor esta iniciativa.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señorita Presidenta, hoy nos encontramos discutiendo sobre este proyecto, que no es otra cosa más que una solución parche a un problema real y muy profundo, que deja al Estado de Chile en una posición de rendición total frente al crimen organizado y el narcotráfico.

La criminalidad avanza, y esta se ha normalizado bajo la mirada cómplice de este gobierno. En particular, apunto directamente al Presidente Gabriel Boric y, por su intermedio, a la ministra Carolina Tohá , quien se encuentra enfrente.

El gobierno ha sido cómplice, porque ha legitimado la violencia, persiguiendo sistemáticamente a las policías, permitiendo que criminales entren y salgan con total impunidad de nuestro país. Pero ¿qué podemos esperar de un gobierno frenteamplista-comunista? Nada. En su momento aplaudieron a la primera línea; luego, los indultaron, y hoy nos obligan a financiarlos mediante pensiones de gracia. Hoy están más empoderados que nunca, pero a quienes son los primeros responsables de enfrentarlos les tiembla la mano. Saben que en su momento les extendieron una mano amiga no solo discursivamente, sino con hechos muy concretos; es cosa de revisar la votación de la extrema izquierda en esta Sala.

Los funerales narco, lamentablemente, son una realidad que no podemos normalizar. Repito: son una realidad. Permanentemente, su excelencia y su gabinete de la inseguridad han tratado de responsabilizar al Congreso Nacional de su inoperancia y falta de actuar. Vamos avanzando con esta discusión que no debiese haber tenido en ningún momento asidero, pero, lamentablemente, nos vemos obligados a tener que hacerlo para tratar de salvar, de alguna forma, una situación que es primera responsabilidad del Ejecutivo.

Lo que establece este proyecto no tendrá un gran impacto con este gobierno, eso lo tengo muy claro; pero si se aplica por autoridades que tengan los pantalones para enfrentar decididamente al narcotráfico, creo que hay alguna esperanza. Frente al narcotráfico no sirven las poesías que tanto le gusta recitar a su excelencia el Presidente Gabriel Boric . La solución es simple: tras las rejas o bajo tierra. Sus falsos programas de reinserción, sus programas grandilocuentes, con enfoque de género y otras cosas, no sirven absolutamente de nada. Sus programas de reinserción no reinsertan. Sus programas de búsqueda no buscan. Eso es una constante en este gobierno.

Quiero dejar claro que votaremos a favor este proyecto no porque crea que es la solución, sino porque creo que con autoridades valientes y decididas va a ser una herramienta a disposición.

Claramente, no espero nada de este gobierno, pero, lamentablemente, tendremos que soportarlo poco más de un año.

Quiero que se entienda que esta no es una victoria ni para el gobierno ni para la oposición; esto es una derrota para Chile, porque estamos reconociendo una realidad que no debería existir. Si tuviésemos la decisión de enfrentarlos con firmeza, los narcofunerales no tendrían lugar.

Votaremos a favor, porque es una pequeña e ínfima contribución en la línea correcta para recuperar el orden y la seguridad en nuestro país.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señorita Presidenta, quienes pretendan definir este proyecto de ley como una especie de reconocimiento a los funerales narco, y encuentren en estos o en ellos una oportunidad de hacer puntos políticos, están profundamente equivocados. Peor aún, no saben absolutamente nada de lo que se vive en las poblaciones de cada comuna y de cada sector de nuestro país cada vez que, por un enfrentamiento de bandas rivales, muere un delincuente.

Este proyecto se hace cargo de una realidad que se palpa día a día, producto del alza de violencia que se ha producido desde hace un par de años.

Este proyecto no significa, en ningún caso, reconocer un rito fúnebre porque sí. Esto significa solamente reconocer que hoy nuestra sociedad vive momentos absolutamente complejos por la narcocultura, que se ha apoderado y que, muchas veces, incluso ha comprado barrios en donde el Estado -repito: el Estado, no un gobierno de turno no se está haciendo presente ni con la cultura, ni con la política, ni con distintos elementos, y mucho menos con seguridad, y tampoco con algún factor que impida lo que hoy estamos viviendo.

Sin embargo, aparte de reconocer esa situación, por lo menos espero que esto también sea una oportunidad para mejorar nuestra persecución penal y también el trabajo de inteligencia. Lo digo, porque no podemos olvidar algo que es absolutamente vital y esencial: que todo lo que ocurre en un funeral narco es una seguidilla de actos delictuales, de vandalismo, de crimen, antes, durante y después de cada hecho, en cuanto al porte y uso de armas de fuego y otros elementos prohibidos.

¿Por qué digo esto? Porque en cada acto donde se entierra a un delincuente narco lo que hace la policía es detener a cada persona que tiene una orden de aprehensión pendiente.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señorita Presidenta, primero que todo, llama profundamente la atención cómo algunos parlamentarios intentan desnaturalizar un proyecto de ley que hace algo que siempre se realiza en las iniciativas de ley: hacerse cargo de una realidad, de un fenómeno delictivo nuevo que afecta la seguridad de la población, particularmente de los sectores más vulnerables.

Los que miran por sobre el hombro o solo descalifican este proyecto olvidan que, por ejemplo, en su oportunidad legislamos, en el gobierno anterior, el proyecto antiportonazos, no porque estuviéramos validando los portonazos, sino porque se hacía cargo de una realidad y entregaba nuevas herramientas al Estado, particularmente a las policías, para fiscalizar debidamente estas materias.

¿Por qué se entregan nuevas herramientas? Porque hay ciertas garantías y ciertos derechos que hoy están entregados a la ciudadanía, que solo se pueden limitar con una norma de rango legal, como la que propone este proyecto de ley. Por ejemplo, el Código Sanitario establece el derecho para la inhumación de un cadáver, y entrega un plazo máximo de 48 horas. ¿Qué hace este proyecto? Lo limita, lo regula; establece que los funerales donde se presume fundadamente que se va a alterar el orden público o la seguridad de la ciudadanía deben realizarse dentro de un plazo máximo de 24 horas. Además, se conculcan algunas garantías y algunos derechos, como la libertad de desplazamiento, porque efectivamente se establece que Carabineros puede regular por dónde se conduce o por dónde se desarrolla un funeral. Incluso, se puede establecer, por esta resolución fundada del delegado presidencial, que el funeral se realice directamente desde el Servicio Médico Legal hasta el cementerio, evitando estos velatorios que no tienen una regulación.

A lo que muchos se referían, tal vez sin estudiar la norma, es a que esta entrega facultades extraordinarias. Por ejemplo, establece el control de identidad investigativo, consignado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, para todas aquellas personas que participen en el funeral. Sin embargo, algunos omiten, tal vez porque no conocen la norma, que para realizar el control de identidad investigativo, establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal, se requiere tener el indicio de la comisión de algún delito. Pues bien, con este proyecto, de manera extraordinaria, se entrega a Carabineros la facultad de realizar controles investigativos de identidad a quienes participen en este tipo de funerales, además de limitar el ingreso a ellos.

Este proyecto de ley entrega una herramienta a Carabineros y al Estado para que se hagan cargo de una realidad compleja que viven, sobre todo, las vecinas y los vecinos vulnerables de todas nuestras comunas.

Por eso, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señorita Presidenta, cuando uno escucha el discurso que se da generalmente a la prensa, a un costado de El Pensador, o lo que señalan en sus redes sociales ciertos sectores de la derecha, en los que exigen mayor preocupación por los actos delictuales que viven los chilenos y las chilenas, uno imaginaría que al revisar este proyecto iban a estar todos de acuerdo con la necesaria regulación de una situación que se ha hecho habitual en cada uno de los rincones de nuestro país. Es más, el Departamento de Análisis Criminal (DAC) de Carabineros ha definido que hoy día estos “narcofunerales” son considerados verdaderos rituales fúnebres, donde se desarrollan manifestaciones sociales, delictuales e incivilidades, como disparos, lanzamiento de fuegos artificiales e infracciones a la Ley de Tránsito por el desplazamiento del cortejo. Eso es lo que hoy día existe. Por lo mismo, uno esperaría de parte de la derecha, entendiendo la grave necesidad de seguridad que nos exige la población, que aplaudieran y apoyaran este tipo de iniciativas. Sin embargo, escuchamos tonteras como las siguientes: “estamos regulando y, por tanto, reconociendo legalmente una infracción, una ilegalidad” o “el Estado ha cedido ante la delincuencia y el narcotráfico”.

Cabe mencionar y recordar que cada una de las normas que emanan del Congreso Nacional son para hacerse cargo de situaciones de estas características. Algo dijo el diputado Leiva respecto de la “ley antiportonazos”, y podemos sumar muchos otros ejemplos, como el manejo en estado de ebriedad. Mire, estamos reconociendo el manejo en estado de ebriedad ante la ley, ¡qué interesante! El manejar manipulando un celular, entonces ¡el Estado cedió ante los ciudadanos que conducen criminalmente viendo un celular! ¡A esa discusión nos invita hoy día la derecha! Es una discusión baja la que nos plantean ciertos sectores de la derecha.

Me quedo con lo que dijo el diputado Andrés Celis , en orden a que un proyecto de estas características no puede ser para sacar un pequeño provecho político, para tratar de lanzar dardos al gobierno, que hoy día intenta regular y entregar facultades a nuestras policías para poder enfrentar un flagelo que vive nuestra sociedad. No corresponde reducir a una discusión pequeña un tema profundo, grave y que necesitamos regular. La ciudadanía nos pide acciones concretas y medidas que, en definitiva, enfrenten lo dolorosa que es su vida en el día a día, y si bien este proyecto claramente no soluciona todo, es un aporte. Es un tremendo aporte que espero sea votado favorablemente por la gran mayoría de los parlamentarios de la Cámara de Diputados, porque esto sí aborda un tema de fondo que la ciudadanía nos exige.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Manouchehri .

El señor MANOUCHEHRI.-

Señorita Presidenta, ya es hora de decir ¡basta! No podemos permitir que el miedo y la violencia sigan dictando el ritmo de las vidas de nuestra población. Los narcofunerales han secuestrado la paz de nuestras comunidades, han obligado a suspender las clases de los niños en las escuelas, han paralizado los centros de salud, los que no pueden atender a quienes más lo necesitan, y han sembrado el terror en nuestros barrios.

Por eso, valoramos que el gobierno haya recogido el proyecto que presentamos junto con la diputada Daniella Cicardini , el diputado Daniel Melo y otros parlamentarios, que establece un plazo restringido y condiciones estrictas para la realización de los narcofunerales.

Algunos representantes de la derecha critican este proyecto. Quizá, desde sus lindos departamentos en la comuna de Vitacura, solo saben de los narcofunerales por la televisión. Ellos no sufren que sus hijos lleguen contando que tuvieron que meterse debajo de las mesas por los balazos. Ellos no sufren que sus madres no puedan atenderse en los centros de salud, porque se tuvo que suspender la atención por un narcofuneral. A ellos no les parecen relevantes estos riesgos para la seguridad y el orden público.

Este proyecto limita a 24 horas el plazo para que se lleve a cabo la inhumación en estos casos y exige que la ceremonia se realice exclusivamente en las instalaciones del cementerio o crematorio correspondiente. No se trata solo de una ley, es una declaración de no tolerar el crimen organizado, que interrumpe la vida diaria de la gente honesta. El proyecto también aumenta las penas para quienes cometan delitos en este contexto y tipifica un catálogo de delitos, como los balazos y el lanzamiento de fuegos artificiales, porque entendemos que su impacto en la sociedad es devastador.

Es el momento de recuperar nuestras calles y devolver la tranquilidad a nuestras familias.

¡No más escuelas vacías por temor, no más pacientes sin atención médica por culpa del crimen organizado! Este es un paso para un Chile más seguro, pero aún es insuficiente. Debemos avanzar en entregar nuevas reglas del uso de la fuerza para tener el despliegue de militares y también avanzar en medidas para levantar el secreto bancario, con el fin de perseguir la ruta del dinero de los grandes criminales.

Invito a todos para que nos unamos en este esfuerzo. Juntos es absolutamente posible construir el país que merecemos, donde la paz y la justicia prevalezcan por sobre la violencia y el terror, con coraje y determinación.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá , quien nos acompaña.

¡La democracia da para tantas cosas! Es escalofriante escuchar al diputado Bobadilla decir que este es un proyecto inútil, absurdo y que ya existen las normas para enfrentar esta situación. Eso es derechamente faltar a la verdad. Me gustaría que indicaran con precisión qué norma de nuestro ordenamiento jurídico autoriza realizar un funeral dentro de 24 horas. Si uno revisa el proyecto de ley de buena fe, no para hacer politiquería barata, no para hacer discursos para golpear al gobierno y no para mentir a la ciudadanía, se da cuenta de que lo que se hace es crear un artículo que habilita la realización de un funeral en 24 horas.

La mentira también debe tener un límite en la Cámara de Diputados. No es justo que se le mienta a la ciudadanía diciendo que lo que hacemos es validar los funerales, legalizar los narcofunerales. Como dijo el diputado Ilabaca , lo que quiere la derecha, o una parte de la derecha, es meter a la picadora de papeles el Código Penal, porque ahí están reguladas las penas para el homicidio, ahí están reguladas las penas para la violación, ahí están reguladas las penas para la estafa. Precisamente de eso se trata un ordenamiento jurídico: de tener normas claras que digan cuáles son las conductas prohibidas y las penas que estas tienen.

Entonces, si a la derecha le interesa que haya caos en las calles, que haya narcofunerales, que se suspendan las clases en los colegios públicos, que la gente no se pueda atender en los centros de salud, que la gente tenga miedo, que lo digan derechamente. ¡A ellos no les importa la seguridad!

Lo quiero decir con toda claridad, sobre todo a los alumnos y alumnas que nos acompañan en las tribunas y nos escuchan: la persona que está allí sentada es la ministradel Interior y Seguridad Pública. Ella trabaja, trabaja mucho, por la seguridad. Ayer estuvo aquí, en la Cámara de Diputados, discutiendo el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia; dejó esa discusión y se trasladó al Senado a discutir el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Hoy día en la mañana estamos discutiendo sobre la regulación de los narcofunerales.

Entonces, podrán decir que no les gustan los proyectos, que son proyectos perfectibles, pero lo que no tienen derecho a decir es que la ministradel Interior y Seguridad Pública no trabaja en los temas importantes para nuestro país, porque su presencia en estos días de legislación da cuenta de eso.

Creo que la democracia tiene que tener límites de autorregulación. Si se le sigue mintiendo a la ciudadanía diciendo que este proyecto no sirve para nada, que este proyecto es inútil, no vamos a renunciar a seguir peleando contra el narcotráfico.

Además, quiero decirles a las bancadas de derecha que si tanto les preocupa el narcotráfico, que nos acompañen a legislar para terminar con ese dogma de fe llamado secreto bancario. Ir a la ruta del dinero del narcotraficante, del crimen organizado, es la verdadera pelea que tenemos que dar. Si queremos terminar con todos estos males de la sociedad chilena, tenemos que quitarle el financiamiento al crimen organizado, pero una parte de la derecha se niega a que podamos regular de mejor manera el secreto bancario e impide echar abajo las cuentas de los narcotraficantes.

En esto pido coherencia, sobre todo cuando hay alumnos que están escuchando este debate parlamentario y pueden formarse falsas impresiones de lo que aquí se hace. Aquí hacemos leyes importantes que son necesarias para tener un país mejor.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señorita Presidenta, saludo a la ministra que nos acompaña.

Es muy sorprendente cómo acá se distorsiona la realidad por parte de diputados de derecha que, grandilocuentemente, hacen declaraciones para decir que son ellos los que pretenden dar soluciones a la ciudadanía, en circunstancias de que niegan la realidad, niegan aquello que afecta a muchas familias, así como a niños y niñas en distintos territorios, incluido el distrito que represento, donde hemos visto -se ha conocido públicamente cómo esos funerales de alto riesgo afectan la vida cotidiana de las personas, poniendo en riesgo la integridad física, psicológica e incluso la vida de las personas.

Se han debido suspender clases y cerrar centros de salud. Eso ha ocurrido básicamente porque el Estado ha permanecido durante mucho tiempo ausente en algunos territorios, lo que ha dejado espacio al control territorial de bandas organizadas que muestran su fuerza incluso en velorios o funerales, los que se caracterizan por el uso de violencia, balaceras, uso indiscriminado de armas de fuego, lanzamiento de bombas de ruido y pirotecnia. Esos funerales afectan la cotidianidad y la calidad de vida de las personas en nuestro país y representan, por cierto, un peligro para la seguridad y el orden público.

La falta de empatía de muchos diputados de oposición les hace negar lo que pasa en las poblaciones en este tipo de casos. Este proyecto se hace cargo de esa realidad, poniendo el foco en prevenir esos delitos y actos de violencia, y lo hace agravando las penas para los delitos que se cometan en esos contextos, pero, además, insta a usar eficientemente la fuerza policial, para que en un plazo de 24 horas se pueda realizar la inhumación de los cuerpos en este tipo de funerales. Optimizar el trabajo de las policías y fiscalizar es algo importante para evitar el riesgo.

Este proyecto, por cierto, no resuelve todos los problemas asociados al narcotráfico ni al crimen organizado. Acá se ha intentado distorsionar este debate, porque nadie pretende que a través de este proyecto resolvamos todo. Sin embargo, sí hay que hacerse cargo de este problema concreto que afecta a las familias de nuestro país, sobre todo a aquellas más vulnerables. Este tipo de funerales genera suspensión de clases y miedo, y eso no puede volver a repetirse.

Es por eso que llamamos a aprobar este proyecto, porque representa una posibilidad de entregar tranquilidad y seguridad a las familias y porque los niños y niñas tienen derecho a una vida libre de violencia.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano .

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señorita Presidenta, nos llama la atención en esta discusión que algunos crean que por normar y entregar mayores herramientas a Carabineros, a la Delegación Presidencial, nosotros y nosotras estemos normalizando los narcofunerales o funerales de riesgo. A aquellos parlamentarios que han sostenido eso en la Sala les falta un conocimiento profundo de la realidad.

En Puente Alto, en La Pintana, en La Florida, los funerales de alto riesgo ocurren todos los días. Todos los días hay llamadas telefónicas y todos los días los gremios piden información sobre si se van a suspender las clases o no o si existen las garantías para recibir a los y las estudiantes.

No tomar medidas como la suspensión de clases significa arriesgar la vida de niños y niñas de este país, tal como ocurrió en el Cesfam de Bajos de Mena. Claramente, ese es un botón de muestra de que es importante que el Congreso Nacional tome el peso a la situación y entienda que estamos ante una coyuntura compleja y difícil.

Sin embargo, con estos proyectos de ley no vamos a resolver todo. Hemos dicho hasta el cansancio que necesitamos dotar de mayor inteligencia al Estado y perseguir la ruta del dinero. Sin embargo, algunos diputados, por el hecho de que la iniciativa no tuvo su origen en su sector político, la desvaloran e incluso desconocen que esta es una realidad que afecta a gran parte de las poblaciones de nuestro país. Me parece que ello da cuenta de falta de honestidad, pero por sobre todo de falta de empatía con las poblaciones, en particular con las más vulnerables frente a este tipo de hechos.

En ese sentido, es relevante recalcar que este proyecto sí crea mejores herramientas y las pone a disposición de Carabineros y de la Delegación Presidencial. Incluso, se ha propuesto que estos narcofunerales o funerales de riesgo no se realicen en las poblaciones, sino que se habilite su realización en cementerios, a través del concurso del Servicio Médico Legal. De ese modo, se evitaría poner en riesgo a toda la población.

Quiero terminar mi intervención diciendo que acá necesitamos fortalecer medidas y no hablar de la boca para afuera. Es necesario reconocer que existen estos riesgos y tener empatía con gran parte de la población.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo a la señora ministra del Interior, a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

Los funerales de alto riesgo representan una posible amenaza para la seguridad pública. No es posible ni es aceptable que las escuelas, locales comerciales y centros de salud deban cerrar sus puertas ante funerales de ese tipo.

Estamos en el Congreso para representar a los habitantes de nuestro país y, en mi caso particular, a la Región de La Araucanía. Este es un tema real de seguridad; no es un tema partidista de derecha, de izquierda o del medio. Creo que eso es lo que debemos sacarnos de nuestras mentes y legislar para toda la ciudadanía.

Hoy, Carabineros debe destinar una importante dotación de funcionarios para vigilar o resguardar este tipo de actividades. En este proyecto se incorporan atribuciones especiales a Carabineros en el marco de la realización de los funerales de riesgo, como tener la facultad de determinar el trayecto que debería seguir un cortejo fúnebre o la facultad de control investigativo de identidad.

Por su intermedio, hago un llamado a la ministra del Interior. Hace unos días, esta Cámara de Diputados aprobó la creación de una asignación trimestral para funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, con el objeto de retribuir la labor realizada en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Aquí es donde debemos ser responsables y entregarle no solo atribuciones y responsabilidades a Carabineros y la PDI, sino también incentivos económicos.

Reitero a la ministra del Interior que debemos dar señales reales de apoyo a Carabineros y a la PDI, y aprobar la creación de esa asignación.

Votaré a favor este proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señorita Presidenta, los narcofunerales son un grave problema, y creo que en eso hay una coincidencia total en esta Sala. Yo voy a aprobar este proyecto con un poco de fe, pero no deja de recordarme otro proyecto que vimos en el período anterior que prohíbe los fuegos artificiales. En esta misma Sala se habló de narcotráfico y de lo mismo que se está hablando ahora, para terminar prohibiendo los fuegos artificiales.

Cuando hay personas que trafican armas y drogas, yo no me las imagino reunidas en una casa, con los soldados, con armas y con drogas, diciendo: “¿Saben qué? Tenemos una mala noticia. El Congreso aprobó un proyecto que nos prohíbe tirar fuegos artificiales cuando llega la mercadería. Así que no vamos a poder tirar más fuegos artificiales”. Esa ley no ha servido de nada, porque siguen. En este proyecto de nuevo se prohíben los fuegos artificiales. Entonces, me recuerda un poco eso.

Yo trato de imaginarme -sabiendo que la muerte de un familiar, sobre todo en forma violenta, es una tragedia para la familia que sea que llega un funcionario policial con un papelito a hablar con la familia y les dice que tienen veinticuatro horas para hacer el funeral y que no podrán hacer el velatorio. Tampoco me imagino a los funcionarios del Servicio Médico Legal o del cementerio diciéndole a este grupo de personas armadas: “Ustedes tienen veinticuatro horas nomás para hacer el funeral”.

En ese punto tengo una duda profunda de que este Congreso esté entendiendo que tal vez lo que se está haciendo aquí es generar un conflicto y que puede resultar mucho peor el remedio que la enfermedad. Espero equivocarme. Por eso, voy a votar a favor, pero creo que, si queremos terminar con los funerales narco, tenemos que terminar con el narcotráfico o, por lo menos, combatirlo de manera inteligente, dándoles garantías a los fiscales, a las policías y a los jueces en materia procesal cuando se trata del crimen organizado, y terminando con el secreto bancario, con el cual la derecha no quiere terminar.

Cuando terminemos con el narcotráfico se van a acabar los narcofunerales. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es enfrentar a las policías con los delincuentes de manera innecesaria, imponiéndoles que traten de evitar o de prohibir un velorio.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señorita Presidenta, la verdad es que aquí debemos ponernos del lado de los vecinos de los narcos que son velados. La realización de narcofunerales no es algo que ocurra solamente en la Región Metropolitana, sino en todo el país, en Cartagena, en San Antonio, en los cerros de Valparaíso, en fin. Tenemos que velar por que la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía sean efectivas.

Coincido con lo que ha señalado la ministra, en términos de que hoy en día hay desregularización en esa materia. A los delincuentes se les da un premio al vandalismo y a la violencia, otorgándoles las mismas condiciones que a cualquier persona de bien para ser enterrados. Es un problema grave; los funerales narco constituyen un problema gravísimo.

Debido a las diferencias que podemos tener, a las legítimas dudas en algunas materias, y al hecho de que no coincidimos en un ciento por ciento con la ministra, en términos de que este proyecto esté perfecto, la bancada de Renovación Nacional ha pedido una serie de votaciones separadas, en virtud de las cuales se discutirán democráticamente los aspectos para mejorarlo.

Dicho lo anterior, creo que lo importante aquí es poner el foco en la ciudadanía, en los vecinos que tienen la desgracia de convivir día a día con narcotraficantes. Incluso después de sus funerales, esos vecinos siguen aterrados, porque no los podemos cuidar de la mejor forma.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señorita Presidenta, qué duda cabe de que vamos a apoyar esta iniciativa.

Efectivamente, la problemática que aborda este proyecto de ley es una realidad que se está viviendo en todos nuestros distritos y que está afectando a nuestras comunidades.

Sin embargo, no me quedaré en el detalle de lo que sucede diariamente, sino que invitaré a mis compañeros a que le pongamos un poquitito de cabeza a este proyecto, y a que apoyen una votación separada que va a presentar Renovación Nacional, dado que, cuando este proyecto salió de la Cámara, la calificación de los tipos de funerales recaía sobre el delegado presidencial regional, pero, curiosamente, en el Senado hicieron un cambio y escribieron lo siguiente: “Sin perjuicio de la calificación de riesgo que realice el Delegado o la Delegada Presidencial Regional, Carabineros de Chile podrá calificar los funerales…”, etcétera.

¿Qué pasará en la práctica? Recordemos que se trata de funerales de narcotraficantes, de gente que tiene un alto poder de fuego. Esos delegados le van a pasar toda esa carga de responsabilidad a Carabineros de Chile, que tendrá dos horas para hacer el informe, y además le ponen otra carga: Carabineros deberá ir a avisarle a la familia que un funeral es de alto riesgo.

Entonces, Carabineros se pasa la vida repartiendo distintas notificaciones que son pedidas por los tribunales, y ahora tiene que hacer un informe en dos horas, ir a notificar a la familia, y el delegado o la delegada presidencial podrá pedirle a Carabineros y hacerlo responsable.

Me parece que debemos volver al texto que la Cámara votó por unanimidad al principio, cuando se originó este proyecto, en que esa responsabilidad recaía sobre el delegado o la delegada presidencial, y no seguir imponiéndole más carga a Carabineros, que, aparte de hacer el informe y de avisarle a la familia, se tendrá que encargar del funeral completo, porque tienen que acompañar, ver quién entra, quién no entra; o sea, Carabineros tiene la previa y lo que sigue a esos funerales de alto riesgo, con todas sus consecuencias.

Creo que si podemos hacer algo será que esto vaya a una comisión mixta y que volvamos al texto original que había presentado la Cámara, donde la responsabilidad de la decisión recaía sobre el delegado presidencial regional. No tiene por qué ser Carabineros la institución que deba asumir esa responsabilidad.

Además, una persona de la delegación también podría ir a informar a la familia que ese funeral ha sido calificado de cierta forma, y no tendría que ser Carabineros.

Creo que una vez más le seguimos recargando la mata a Carabineros, y eso no corresponde, porque en los narcofunerales ya tienen suficiente pega.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señorita Presidenta, voy a votar a favor esta iniciativa, pero eso no quita que este proyecto venga a reconocer una realidad, y no me refiero al narcofuneral, sino a que el Estado y en especial nuestras autoridades políticas han fallado en el combate al crimen organizado y a la delincuencia.

Hace poco el diputado Ilabaca , que viene volviendo a la Sala, mencionó todos los delitos que se cometen en un narcofuneral, todos los cuales hoy tienen una sanción: porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, utilización de fuegos artificiales, violencia.

¿Cuántos detenidos resultan de esos funerales, siendo que se están cometiendo delitos flagrantes? ¡Ninguno!

Ahí han fallado, obviamente, nuestras autoridades políticas, sabiendo con días de anticipación que van a ocurrir todos esos delitos, a vista y paciencia del Estado de Chile.

Hace poco, la ministra Tohá mencionó el funeral de un muchacho barrista de un equipo de fútbol. Pues bien, ahí tenemos un ejemplo: hubo un solo detenido, a pesar de que también se traficó droga, se agredió a periodistas y hubo presencia de vehículos con encargo de robo.

¿Qué pasó? La tolerancia de nuestras autoridades fue como ha sido la tónica en los funerales de ese tipo.

Recién se mencionó en la Sala el proyecto de prohibición de los fuegos artificiales, aprobado en el Congreso Nacional con los votos en contra de la izquierda, en especial del Presidente Boric . ¡Cómo nos cambia la vida! Vaya paradoja. Ahora escuchamos a algunas integrantes de la bancada de la izquierda reclamar contra el uso de fuegos artificiales en nuestros barrios. No me refiero a usted, diputado González , pero sí a una diputada del Partido Comunista que votó en contra de ese proyecto, y que hoy reclama contra la utilización de fuegos artificiales.

Por último, un diputado de la bancada socialista mencionó la necesidad de avanzar en las reglas de uso de la fuerza, con el objeto de que las Fuerzas Armadas colaboren en el combate al crimen organizado. Solo quiero decir que no estamos dispuestos a que las Fuerzas Armadas salgan a combatir el crimen organizado y a mantener el orden público si no cuentan con el debido respaldo político y legal…

La señorita MIX, doña Claudia (Presidenta accidental).- Ha terminado su tiempo, diputado.

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señorita Presidenta, estimados colegas, me dirijo a ustedes con profunda preocupación, y con una mezcla de incredulidad y tristeza, al abordar el proyecto de ley que establece normas para la realización de funerales de riesgo.

Me pregunto, y les pregunto también a ustedes, ¿en qué momento llegamos a esta situación?

Un funeral, en su esencia más pura, es un momento de paz, de reflexión, de fe y de despedida. Es un espacio sagrado, donde las familias se reúnen para honrar la memoria de sus seres queridos. Sin embargo, hoy nos encontramos aquí debatiendo sobre cómo legislar respecto del funeral de un delincuente.

En mi querida tierra de Chiloé, los funerales son encuentros familiares, momentos de unión y de comunidad. No es concebible que debamos cerrar calles o interrumpir la vida cotidiana para llevar a cabo una despedida. Sin embargo, en otras partes de nuestro país, las circunstancias nos obligan a tomar medidas extraordinarias.

Me resulta insólito que nuestras fuerzas policiales sean desviadas de su propósito fundamental para custodiar funerales calificados como de alto riesgo. El proyecto que estamos discutiendo, estimados colegas, propone que el delegado presidencial regional tenga la facultad de calificar un funeral como de alto riesgo y de ordenar, en un plazo breve, que la inhumación o cremación se realice en un plazo de 24 horas desde su notificación. Esto incluye la inscripción de la defunción en el Servicio de Registro Civil e Identificación y el traslado del fallecido directamente hasta el lugar de sepultación o cremación.

Colegas, debemos recordar que el Estado de derecho debe prevalecer. La libertad y la seguridad de nuestras familias deben ser prioritarias. No podemos ni debemos someter a nuestros ciudadanos a funerales que pongan en riesgo su bienestar y su tranquilidad. Sin embargo, temo que este proyecto de ley se quede corto y que no aborde de manera adecuada las raíces del problema que enfrentamos.

Que esta discusión nos impulse a redoblar nuestros esfuerzos por un Chile más justo, más seguro y más humano.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, las y los socialistas creemos que la seguridad es un derecho humano que el Estado y sus instituciones deben garantizar a las familias chilenas. Por ello, valoramos que el Presidente Boric haya recogido la moción que presentamos con los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini , y la haya incorporado a este mensaje que hoy, sin duda, vamos a aprobar.

Por tal motivo, este proyecto de ley, que restringe la realización de los funerales narco y de alto riesgo, es una señal importante en la recuperación de la paz social en los barrios y poblaciones de nuestro país, en particular en los del sector sur de Santiago y en los de las comunas que me toca representar, que diariamente viven con estupor la realización de ese tipo de funerales que afectan la vida cotidiana de nuestra gente.

Comunas como Pedro Aguirre Cerda , San Ramón , El Bosque, Lo Espejo viven, semana a semana, la realización de ese tipo de funerales, lo que provoca, por ejemplo, la suspensión de clases y la suspensión de la atención de salud de niños y niñas, de personas mayores y de mujeres, que se ven afectados por la acción impune de bandas criminales.

Por todas estas razones, creemos que es importante poder avanzar y respaldar este mensaje presidencial. El proyecto limita el plazo para la realización de la inhumación en el caso de los funerales que representen un riesgo para la seguridad y el orden público. Dicho plazo será de 24 horas para el traslado desde el Servicio Médico Legal hacia el cementerio o el crematorio. De esta manera, se va a restringir la realización de esos funerales.

Se propone que el acto fúnebre se realice exclusivamente en las instalaciones de los cementerios. Se busca, además, agravar las penas previstas para los delitos que se cometen en el contexto de los funerales de alto riesgo, dado que suponen una mayor afectación al orden y a la seguridad pública.

Antes de terminar, hago un llamado al gobierno y al Congreso Nacional a que avancemos decididamente en la aprobación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública; en la ley sobre protección de la infraestructura crítica, para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el trabajo complementario de las policías en el resguardo del orden público y de la seguridad de nuestros barrios; en el proyecto que crea un subsistema de inteligencia financiera, para seguir la ruta del dinero del crimen organizado, así como también en la implementación de la Fiscalía Supraterritorial, para poder perseguir los delitos de las bandas transnacionales.

Por todas estas razones, la bancada del Partido Socialista respaldará este proyecto.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señora ROMERO (doña Natalia).-

Señor Presidente, este proyecto de ley cumple con tres requisitos. Primero, establece un límite de tiempo para la realización de los funerales que sean considerados “de alto riesgo”. Esto es importante desde el punto de vista social, porque disminuye la probabilidad de que se cometan delitos mientras se realiza el funeral. Además, esto permite estimar, para las familias vecinas de los sectores afectados, un período de tiempo ya determinado.

En segundo lugar, en el caso de que se cometan delitos durante el funeral narco, estos podrán ser sancionados con mayor rigurosidad.

Finalmente, se entrega expresamente atribuciones de control a Carabineros de Chile para resguardar el orden público, no solo desde el traslado del féretro, sino también durante la realización de la ceremonia fúnebre.

Sin duda, este proyecto será un apoyo y una ayuda, sobre todo para los sectores más vulnerables, que es donde se realizan los funerales narco.

Por tanto, vamos a apoyar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, y otros cuerpos legales en las materias que indica, correspondiente al boletín N° 16072-06.

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Rinde el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización el diputado Fernando Bórquez .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 52ª de la legislatura 371ª, en lunes 10 de julio de 2023. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 97ª de la presente legislatura, en martes 5 de noviembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BÓRQUEZ (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, y otros cuerpos legales en las materias que indica, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional y primero reglamentario.

La idea matriz del proyecto es perfeccionar la normativa sobre Migración y Extranjería, contenida principalmente en la ley N° 21.325, en los siguientes aspectos:

1. Se modifican las prohibiciones de ingreso al país incorporando una nueva causal: condena por violencia intrafamiliar.

2. Se amplían las causales de expulsión del país, tanto para extranjeros con permanencia transitoria como con residencia definitiva.

3. Se agrega una nueva causal de rechazo de permiso de residencia y de revocación del mismo.

4. Se aumenta el período de residencia exigido para optar a la nacionalización y se establecen nuevas causales tanto de rechazo de la carta de nacionalización como de cancelación de la misma.

5. Se modifica el Registro Nacional de Extranjeros para incorporar los datos biométricos de extranjeros en situación irregular.

6. Se fija un procedimiento para el ingreso de niños, niñas y adolescentes que entran al país no acompañados o sin documentación.

7. Se modifican las sanciones a los medios de transporte que retrasen o no lleven a cabo la medida de expulsión.

8. Se modifica el Código Penal, aumentando las penas en contra de quienes promuevan la entrada ilegal al país de personas afectadas por una medida de prohibición de ingreso, y de quienes se dediquen al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas.

El proyecto tiene normas orgánicas constitucionales que se señalan en el informe respectivo.

La idea de legislar fue aprobada por unanimidad, con los votos de las diputadas señoras Catalina Pérez , Joanna Pérez y Carolina Tello , y de los diputados señores Miguel Ángel Becker , Bernardo Berger , Fernando Bórquez , Juan Fuenzalida , Rubén Oyarzo (Presidente), Matías Ramírez y Renzo Trisotti , en reemplazo del diputado José Carlos Meza .

Fundamentos del mensaje

La Política Nacional de Migración y Extranjería busca establecer los lineamientos de la política migratoria en el área social, cultural, económica, demográfica y laboral del país. Esto incluye el respeto y la promoción de los derechos humanos, la política de seguridad interna y externa del Estado, el mantenimiento del orden público, las relaciones internacionales y la política exterior del país, los intereses de los ciudadanos chilenos en el extranjero, así como la regularidad de la población migrante, entre otros aspectos.

Agrega el mensaje que dicha política tiene como objetivo fortalecer las capacidades del Estado en la gestión y el control de las fronteras, restaurar el orden en materia de migración en el país, así como combatir las redes de tráfico y trata de personas. Para lograrlo, se busca mejorar los mecanismos de sanciones y asegurar una aplicación más efectiva de las mismas, especialmente en el caso de la medida de expulsión. Se pone énfasis en aquellas personas que tienen antecedentes penales y en aquellos individuos que no tienen reales posibilidades de integración o de contribuir al desarrollo de nuestro país.

En materia de protección, se trata de priorizar las garantías de los niños, niñas y adolescentes que ingresan al país en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se busca proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, trata y tráfico de personas.

Con el objetivo de lograr estos propósitos, se plantea la implementación de una serie de modificaciones legales en las siguientes materias:

a) Causales de expulsión del país.

Se incorpora la hipótesis de haber cometido simples delitos o crímenes en el extranjero, previo a obtener el permiso de residencia.

La ley vigente no autoriza una medida de esa naturaleza tratándose de personas que cometan actos que perturben la convivencia ciudadana. A este respecto, el mensaje subraya la importancia de promover un entorno de convivencia pacífica y respetuosa, por lo que resulta necesario establecer disposiciones que aborden de manera precisa y efectiva las situaciones en las que personas extranjeras puedan entorpecer o perjudicar la convivencia social.

b) Nacionalización.

Se considera relevante que la persona que solicita la nacionalidad cumpla con requisitos estrictos para acceder a ella.

Por lo anterior, se propone modificar la normativa vigente en esta materia, aumentando los requisitos para acceder a la nacionalidad de esta forma.

c) Enrolamiento y registro.

Dado el creciente aumento de personas extranjeras que ingresan de forma irregular al territorio nacional, se hace indispensable implementar un sistema eficiente que permita su registro e identificación, especialmente en casos en los que las personas carezcan de pasaporte o documento de identidad válido otorgado en su país de origen.

d) Protección de niños, niñas y adolescentes.

La ley vigente no establece un procedimiento específico con respecto a los niños, niñas y adolescentes que ingresen al territorio nacional sin compañía, autorización o documentación de viaje. Al respecto, se propone simplificar la derivación de estos casos hacia la autoridad responsable de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

e) Sanciones a los medios de transporte.

La legislación contempla una serie de obligaciones para las empresas de transporte, tanto a nivel nacional como internacional, en relación con las condiciones que deben cumplir las personas extranjeras que deseen ingresar al territorio nacional. Asimismo, estipula las sanciones que pueden ser aplicadas a las empresas de transporte en caso de que no cumplan con dichas obligaciones.

El proyecto buscar fortalecer estas herramientas para velar por el ingreso regular de personas extranjeras al territorio nacional, aumentando las sanciones pecuniarias a fin de generar desincentivos efectivos a conductas que van en contra de las disposiciones migratorias vigentes.

f) Tráfico ilícito de migrantes.

El proyecto propone ampliar el reproche del Estado ante la vulneración de la libertad e indemnidad sexual de personas extranjeras, así como el uso de las fronteras nacionales como medio para la explotación de personas migrantes.

Durante la discusión particular, se incorporaron varias modificaciones al texto original tanto en virtud de indicaciones parlamentarias como del Ejecutivo. Entre ellas, pueden mencionarse las siguientes, relativas a la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería:

Artículo 1 del proyecto.

1. Se reemplaza el artículo 9 de la referida ley, que declara que la migración irregular no es constitutiva de delito, por una norma que señala que la migración no será sancionada cuando se desarrolle en virtud de los procedimientos establecidos en la ley.

2. Se reemplaza también el artículo 14 de la ley, relativo a los derechos laborales de los extranjeros. La norma sustitutiva, si bien simula a la vigente, señala que los extranjeros que trabajen en Chile deberán estar autorizados para ejercer actividades remuneradas, y agrega que los empleadores deberán cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral respecto de los extranjeros contratados.

3. En cuanto al derecho a la salud, contemplado en el artículo 15, se sustituye este por una norma que, sin perjuicio de establecer el derecho de los extranjeros a la salud, de conformidad con la ley y en igualdad de condiciones que los chilenos, agrega un inciso que incorpora la obligación de los establecimientos de salud de requerir el enrolamiento a los migrantes en condición irregular.

4. Se sustituye, asimismo, el artículo 17, relativo al acceso a la educación, por una norma que consagra el deber del Estado de garantizar el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile en las mismas condiciones que los nacionales, y agrega que tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales.

5. Se reemplaza el inciso segundo del artículo 28 de la ley, que regula el caso de niños, niñas y adolescentes que ingresan al país sin acompañante. Al respecto, se establece un procedimiento conforme al cual la autoridad contralora comunicará esta situación al Servicio Nacional de Migraciones, al Tribunal de Familia y a la Oficina Local de la Niñez respectiva, en un plazo máximo de 24 horas, para la adopción de las medidas que correspondan.

6. En el artículo 32 de la ley, que consagra las prohibiciones imperativas de ingreso, se incorporan otras figuras delictivas del Código Penal, así como de la ley N° 20.066, que sanciona la violencia intrafamiliar.

También se establece la prohibición de ingreso respecto de quienes hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen, o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito.

7. Se suprime el inciso segundo del artículo 69 de la ley, que faculta al subsecretario del Interior para establecer mecanismos de regularización de extranjeros.

8. Se elimina el artículo 85, que permite la nacionalización calificada, esto es, la posibilidad de solicitar la nacionalización a los residentes definitivos que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que cumplen con otros requisitos.

9. El artículo 86, que regula los impedimentos para obtener la carta de nacionalización, es reemplazado por una norma más amplia que, entre otras innovaciones, incorpora entre quienes no pueden acceder a dicho beneficio a los que hayan sido condenados por tres o más faltas de aquellas previstas en el Libro III del Código Penal, o seis o más faltas de aquellas que sean de competencia de los juzgados de policía local.

10. Se incorporan varios artículos (112 bis al 112 septies), que contemplan sanciones especiales -multas más elevadasen caso de reiteración de la infracción de facilitar, por algún medio de transporte, el ingreso o egreso ilegal de personas extranjeras, además de establecer una sanción específica, según el medio de transporte utilizado: fluvial, terrestre, marítimo, etcétera.

11. Se agrega un artículo 115 bis a la ley, que sanciona con multas de hasta 100 UTM a las empresas de transporte o transportistas que se nieguen a vender pasajes, embarcar o transportar a una persona expulsada y a sus escoltas policiales sin causa justificada.

12. Se incorporan los artículos 141 bis y 141 ter, que establecen y regulan el recurso de apelación ante la Corte Suprema en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones, que resuelve el recurso de reclamación interpuesto para impugnar la medida de expulsión.

Por otra parte, en el artículo 2 del proyecto, que modifica el decreto N° 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, que Fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, se sube de cinco años de residencia a diez de residencia definitiva continuada, el requisito para poder optar a la carta de nacionalización. Con todo, se fija una excepción, con arreglo a la cual el plazo referido se reduce a dos años en el caso de extranjeros que desarrollen actividades deportivas de alto rendimiento y que permitan representar al país en eventos internacionales.

En el artículo 3 del proyecto, que modifica el Código Penal, se incorpora una nueva agravante en el artículo 12 de dicho Código, la 25ª, consistente en cometer el delito encontrándose en el país en situación migratoria irregular al momento de su ejecución.

Por otro lado, se incorpora un artículo 411 ter, que sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, al que conociendo o no pudiendo menos que conocer el ingreso ilegal de una persona que no sea nacional ni residente, y con el objeto de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, facilite, promueva, concierte o realice el traslado de la misma desde la frontera chilena y sus áreas aledañas hacia un centro poblado o urbano.

También, en virtud de una indicación presentada durante la discusión particular, se agrega en el mencionado Código un artículo 472 quater, que sanciona con la pena asignada al delito de estafa -artículo 467, número 1a los que con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, obstaculicen el procedimiento de expulsión administrativa o prometieren la obtención, desde las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, de permisos, beneficios o residencia, siendo estos improcedentes.

En otro ámbito, se incorpora un artículo 4 al proyecto, que modifica la ley N° 18.101, que Fija Normas Especiales sobre Arrendamiento de Predios Urbanos. Al respecto, en síntesis, se agrega un artículo 19 bis, según el cual los extranjeros que se encontraren en condición migratoria irregular no podrán subarrendar o celebrar contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos. Además, se modifica el artículo 20 de dicha ley, estableciéndose que los contratos celebrados por uno o más contratantes extranjeros deberán constar siempre por escrito, debiendo el notario público solicitar la certificación que acredite su situación migratoria regular, con una vigencia no superior a treinta días.

Por las razones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido.

Es todo cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley que se discutió mucho en la Comisión de Gobierno Interior y cuya finalidad es desincentivar el ingreso irregular de migrantes a nuestro territorio nacional.

En ese sentido, se corrigieron varias normas, porque en el período legislativo anterior, cuando se discutió el proyecto de ley de migraciones, lamentablemente salió una norma muy blanda respecto de la migración irregular, por lo cual ahora –reitero se corrigen varias de esas situaciones.

También es importante señalar que establecer estos desincentivos debe formar parte de la Política Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque nuestras fronteras se han transformado en un colador y cualquiera puede ingresar por alguno de los numerosos pasos fronterizos irregulares.

Por eso, debemos establecer desincentivos claros. Bienvenido el que quiera ingresar regularmente a Chile, pero lo queremos conocer, queremos saber cuál es su currículum y trayectoria; pero no son bienvenidos aquellos que no se sabe quiénes son y que, incluso, pueden cambiar de nombre en la misma frontera.

Este proyecto de ley hará frente a una situación que se podría producir en el futuro, a propósito del fraude electoral del dictador Maduro, ya que se estima que, a lo menos, 600.000 personas podrían llegar irregularmente a Chile a través de estos pasos irregulares. Así pues, este proyecto busca anticiparse a esa gran migración que tendremos próximamente.

Por esta razón, el proyecto aumenta las causales de expulsión no solo para aquellas personas que tengan antecedentes penales, sino también para aquellos que, estando en Chile, enfrenten situaciones conflictivas con sus vecinos.

En materia de transporte, el proyecto endurece las sanciones, tanto monetarias como de incautación de los vehículos, pues no queremos que empresas ilegales sigan trasladando a migrantes irregulares desde los pasos fronterizos hacia las grandes ciudades.

En el tema de la nacionalización, queremos cuidar nuestro pasaporte, un pasaporte que tiene un gran prestigio internacional. La nacionalización no debe ser solo una vía para obtenerlo.

Finalmente, algo muy importante: el proyecto de ley establece el derecho preferente de los niños chilenos a optar a la educación pública que otorga el Estado. Los migrantes irregulares deberán ponerse a la cola, porque se priorizará a los niños chilenos.

Voy a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, la ola migratoria que actualmente vive nuestro país plantea cruciales desafíos para la institucionalidad, especialmente para el desarrollo de los procedimientos relacionados con el ingreso, la permanencia y la expulsión de personas extranjeras. En cualquiera de los casos, su normativa debe examinarse profundamente a la luz de la situación de inseguridad que vive nuestro país como una de las preocupaciones centrales que requiere de particulares políticas públicas.

Si bien estamos muy de acuerdo con esta propuesta en cuanto endurece las normas que regulan el ingreso y la permanencia de extranjeros, agregando nuevas causales para prohibir la entrada y ampliando las situaciones en las que se puede expulsar a alguien del territorio nacional, no debemos olvidar el problema social que moviliza la migración, cual es, por lo general, la pobreza y la criminalidad de los países cercanos, que obligan a miles de extranjeros a salir de su país.

Señor Presidente, en lo personal, creo que esta normativa debe ser adecuada considerando los derechos de las personas migrantes, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes que se trasladan de un país a otro, muchas veces alterando su vida, en busca de las oportunidades para crecer y desarrollarse que no tendrían en su país de origen. He visto esta situación en cientos de niños, niñas y jóvenes que se proyectan como deportistas destacados en diversas disciplinas. Sin embargo, no pueden competir como representantes de Chile en torneos nacionales, los cuales muchas veces ganan; no pueden ser premiados, porque no son chilenos, a pesar de que han vivido gran parte de su vida en nuestro país.

Hemos hecho presente estas situaciones y solicitado a las autoridades respectivas, especialmente al ministro de la Segpres y al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, que entreguen facilidades a esas familias que han solicitado la nacionalidad chilena para sus niños o niñas. En algunos casos no hemos tenido respuesta y en otros sí. Mientras tanto, los niños y niñas ven limitadas sus posibilidades, aun cuando podrían aportar mucho al deporte nacional.

Lo mismo sucede en otras áreas, por ejemplo, en la cultura. Por eso, hemos presentado una indicación al proyecto, la cual fue aprobada en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, para reducir de cinco a dos años el período de residencia para deportistas de excelencia que puedan representar a nuestro país en competencias internacionales. Esa medida permitirá que muchos logren la nacionalización que les facilitará desarrollarse plenamente.

Esperamos que esa norma permita que los procedimientos de nacionalización sean agilizados como corresponde, en beneficio de tantas familias que lo necesitan.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministradel Interior y Seguridad Pública y al ministro de la Segpres, presentes en esta sesión.

Finalmente, los hechos demostraron que las ideas que defendimos durante la tramitación de la ley N° 21.325, hace unos cuatro años, iban en la línea correcta.

Se agradece que, tras el desastre que ha significado permitir una inmigración indiscriminada, desordenada y de fronteras abiertas, la actual administración haya dado su brazo a torcer y se haya visto en la obligación de introducir modificaciones importantes que, por supuesto, hemos aprobado. Otras, en las cuales no ha habido consenso, las estamos reponiendo en esta Sala.

Espero que las modificaciones se aprueben, para reforzar el principio básico de que la caridad empieza por casa y que la condición migratoria no puede ser vista como una situación de vulnerabilidad que sobrepase y menoscabe los derechos de los nacionales.

Agradezco que hayamos logrado avanzar en varios aspectos, de los cuales, en virtud del tiempo, destaco solo algunos, como la ampliación de las causales de expulsión, el rechazo y revocación de permisos de residencia, el aumento del período de residencia exigido para optar a la nacionalización a diez años de residencia definitiva y continua, agregando, además, una prueba de conocimiento sobre asuntos civiles relevantes.

También se elimina la nacionalización calificada, que actualmente permite a determinadas personas solicitar la carta de nacionalización con dos años de residencia en virtud de vínculos familiares.

Se incorpora el registro biométrico de extranjeros en situación irregular y se aumentan las sanciones a los medios de transporte que trasladen extranjeros que hayan ingresado por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio.

Además, pensando siempre en el interés superior de los niños y adolescentes que llegan sin la compañía de un adulto o indocumentados, hemos aprobado un procedimiento especial que resguarde sus derechos y se les otorgue un tratamiento especial, a través de tribunales de familia y del Servicio Mejor Niñez.

Espero que aquellas indicaciones que estamos renovando en esta Sala sean aprobadas en beneficio y para la tranquilidad de todos los chilenos y chilenas.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Helia Molina .

La señora MOLINA (doña Helia).-

Señor Presidente, este es un buen proyecto de ley que pone bordes más claros y ordena, de alguna manera, el tema de la migración, un tema preocupante, que, sin lugar a dudas, se ha descontrolado y ha traído problemas que debemos prevenir.

Sin embargo, me preocupa, y no poco, el artículo 15 de la iniciativa, que obliga a quienes accedan a los sistemas de salud a enrolarse. El enrolamiento es ir al Servicio de Registro Civil para obtener un rol único nacional. Ese rol se les da transitoriamente a los migrantes hasta que tengan en orden su documentación.

¿Por qué me preocupa esta situación? Porque de alguna manera, aunque el trámite de enrolamiento no involucre directamente a las policías o a las fuerzas de orden, no cabe ninguna duda de que la lectura que harán los migrantes irregulares es que a través de la atención de salud podrán ser censurados, castigados, echados, etcétera. Me preocupa que esto se considere una barrera de acceso a la salud, ya que la salud es un derecho.

De hecho, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, respecto del derecho de acceso a la salud -Chile lo firmó-, que además de garantizar el acceso a la atención sanitaria sin discriminación, debe establecerse una rigurosa separación entre el personal de atención sanitaria y las fuerzas del orden, a fin de evitar que este tipo de situaciones lleven a los migrantes a no solicitar ni obtener atención sanitaria. No se está negando la atención. El problema es que la lectura que hacen las personas puede llevarlas, en muchos casos, a preferir no llevar a un niño o a un adulto mayor enfermo a un centro de salud para evitar el enrolamiento.

Esto tiene que ver con la salud pública y puede traer muchos problemas asociados al embarazo, parto, puerperio y enfermedades infectocontagiosas. A gran parte de los migrantes se les ha detectado VIH positivo; por lo tanto, ahí hay toda una pesquisa que hacer. Se pueden generar brotes epidémicos de distintas enfermedades por el hecho de que la gente se reste de ir a los servicios de salud por temor.

Quiero hacer un llamado de atención sobre este punto. Me gustaría que se pudiera votar, incluso, en forma separada y discutir este aspecto, porque una cosa es lo que dice…

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, en gran parte del articulado del proyecto de ley que actualiza la ley de Migración y Extranjería se repite la frase: “Existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales.”. Esa frase es la esencia del proyecto y es lo que nos debiese llevar a votar a favor, porque es lo que necesitamos.

No puede ser que en Chile, con tantos compatriotas pasando por situaciones difíciles, el Estado siga dando prioridad a quienes llegan sin cumplir las reglas.

Vivimos una verdadera invasión de inmigrantes ilegales. Durante años el gobierno ha romantizado la inmigración ilegal, como si fuese heroico cruzar la frontera sin permiso. Quizá quieren hacernos creer que ese es un acto de caridad que justifica vulnerar las reglas. No nos equivoquemos. Esta invasión de inmigración descontrolada tiene consecuencias no solo para los servicios públicos, sino también para la vida de cada chileno y cada extranjero legal en nuestro país, que ven cómo los recursos se reparten, pero no siempre con justicia.

Exponer a los chilenos a más inseguridad, a delincuencia y al deterioro de las libertades y los servicios públicos no es caridad, sino que es demagogia, es irresponsabilidad y, en el fondo, es egoísmo.

No es justo que los chilenos que llevan años luchando para salir adelante, esperando en las listas para una atención en salud o luchando por encontrar un cupo en un colegio para sus hijos, vean cómo son postergados sus derechos en favor de los ilegales, mientras el gobierno pone sus energías justamente en quienes entraron sin respetar las reglas.

Ser solidarios en ningún caso significa hacernos los ciegos ante los efectos de una política migratoria que no tiene control.

Entonces, ¿queremos un país en que quienes respetan las reglas se quedan sin oportunidades? Por supuesto que no. Apoyaremos siempre la inmigración, pero de manera ordenada y legal, priorizando a quienes llevan años construyendo un Chile como el que queremos.

Seamos justos, no idealistas. El idealismo dejémoslo fuera.

Este proyecto de ley se hace cargo de muchos de los problemas que muchos de los que hoy van a votar a favor generaron con la anterior ley de migraciones.

Es el momento de enmendar el rumbo y de poner a las personas de bien en el primer lugar: a los chilenos y a los inmigrantes legales. Que los ilegales entiendan de una vez por todas que se deben ir o atenerse a las consecuencias.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, entre el 2017 y el 2022 -no en este gobierno, sino en la administración anterior la población migrante en el país se duplicó. Las personas en situación irregular crecieron de aproximadamente un 0,6 a un 6 por ciento entre el 2018 y el 2022 -no en este gobierno-, y hoy tenemos a Chile como uno de los países de la OCDE con mayores tasas de crecimiento en materia migratoria.

El problema no son estos datos, sino más bien las consecuencias que tienen los datos cuando hay un Estado que no se hace cargo, cuando hay un Estado completamente ausente, cuando hay un Estado que no es capaz de moldear, de conducir y de regular seriamente el fenómeno migratorio.

Esta es la consecuencia de que algunos quieran reducir permanentemente la gestión del Estado para hacerse cargo de los fenómenos sociales.

Me parece importante sincerar los debates, porque quien piense que puede prohibir la migración está equivocado. Vecinas y vecinos, quien les diga a ustedes que va a cerrar las fronteras les está mintiendo.

La migración no es algo que se detenga por decreto, como bien sabemos por la experiencia de otros países europeos o americanos en otros contextos. La migración tiene causas diversas. Podemos perder el tiempo aquí decidiendo si la causa de la migración actual es producto de que Sebastián Piñera invitó en Cúcuta a venezolanos a venir al país o producto del enfoque de derechos humanos que promovía un sector, pero lo cierto es que ese debate no le interesa a nadie. Lo que sí interesa es cómo nos hacemos cargo de que esto no sea un problema como lo está siendo, y eso hay que reconocerlo en determinados territorios o comunas.

El derecho a migrar de cualquiera de nosotros o de cualquier extranjero tiene que estar mediado, limitado y analizado en función de la capacidad del país receptor, en función de la capacidad que tiene el Estado para recibir dentro de la sociedad, porque, de lo contrario, nos enfrentamos al tipo de problemas que estamos enfrentando hoy en Chile: el colapso del ya colapsado sistema de salud pública o del sistema de educación, los problemas de convivencia cotidiana debido a esta ausencia del Estado y al encuentro de tradiciones distintas, o la nueva forma de comisión de delitos.

¿Qué propone esta norma en específico? Desincentivar la irregularidad, fortalecer la legislación en materia penal y mejorar la convivencia en los barrios.

¿De qué manera desincentivamos la irregularidad? Mejorando el control de los pasos fronterizos y estableciendo mayores sanciones para quienes realicen tráfico ilícito de migrantes o para quienes trasladen migrantes de manera irregular desde las fronteras al interior de nuestro país.

¿De qué manera fortalecemos la legislación penal? Por ejemplo, estableciendo que, frente a una persona que cometa un delito de violencia intrafamiliar o de porte de armas, eso sea causal de expulsión inmediata del país.

¿Cómo mejoramos la convivencia en nuestros barrios? Haciéndonos cargo de que la participación en riñas, el porte de armas o los ruidos molestos reiterados impliquen la revocación de la residencia.

Ordenar la migración es una ventaja tanto para chilenos como para extranjeros. Regular es una premisa base para que el Estado pueda ordenar políticas públicas que contengan los conflictos sociales, en vez de abandonar a la gente a su suerte o que los conflictos se resuelvan a golpes o por miedo a la diferencia.

Esta legislación es un paso importante. Espero que se apruebe este proyecto de ley.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, hace cinco años se estaba tramitando la ley de migraciones. El propio Presidente de la República colocaba piedras y palos al proyecto. De hecho, salió un mamarracho que ha servido exactamente para nada en materia de controlar o regularizar la migración.

En un gobierno anterior -el gobierno de la señora Michelle Bacheletse estableció un reglamento que definía a las personas que tenían condición migratoria como grupo vulnerable, con lo cual se puso al final de la cola a los chilenos vulnerables.

Este proyecto de ley se hace cargo de esa situación; se hace cargo de que entrar a Chile de manera ilegal no puede ser premiado. Las personas que se encuentran en Chile en forma irregular no pueden ser beneficiadas a costa de los chilenos.

No puede ser que haya un trato desigual que favorece al inmigrante, incluso al inmigrante ilegal, respecto del chileno. El chileno tiene derecho a que en su propio país se lo trate, cuanto menos, de la misma manera en que se trata al inmigrante. No mejor, pero tampoco peor, y todos los chilenos que van a un cesfam saben cuánto peor los han tratado. Todos los chilenos que buscan un lugar en la Junji saben cuánto peor han sido tratados. Han sido tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país, en los servicios que pagan con sus impuestos. Eso es absolutamente inaceptable.

De lo otro que se hace cargo este proyecto de ley, aunque requiere algunos refinamientos en materia de redacción, es de las incivilidades. Chile y los chilenos no tienen por qué aguantar a extranjeros que cometen de manera sistemática incivilidades y hacen la convivencia imposible. De hecho, en el caso de reiteración de incivilidades, se crea una causal de expulsión. A mí me parece perfecto, porque el extranjero que llega a Chile, así como lo han hecho todos los extranjeros durante más de doscientos años en este país, se adapta a nuestra forma de vida o se va. Esa es la forma de hacer las cosas, esa es la forma de integrar, esa es la forma de transformar a aquellos que llegan en chilenos, porque esa es la idea de la integración. No es tener una sociedad fragmentada donde damos derechos especiales en razón de la inmigración. No es así. De hecho, el que inmigra tiene obligaciones especiales, más que derechos.

Así que voy a votar a favor este proyecto. Tiene algunos detalles que hay que corregir, especialmente en materia de la prueba de nacionalización, pero vamos avanzando.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señor Presidente, durante años nuestro país pareció, desde la mirada del Estado, bastante ajeno al fenómeno migratorio, que, a diferencia de lo que algunas y algunos han buscado instalar como relato, tiene una data de algunos años, con un aumento en el ingreso de migrantes a nuestro país, en especial desde 2013, según datos del Servicio Nacional de Migraciones, que muestran una curva ascendente con oleadas de personas de distintos países de Latinoamérica y de otras latitudes, que son parte de la serie de fenómenos migratorios que se enfrentan en todo el mundo.

Menciono esto porque el paso que daremos hoy con este proyecto de ley demuestra el compromiso de esta administración de nuestro país con una realidad que no se puede seguir eludiendo, más aún cuando vemos que incluso quienes hoy lo exigen no abordaron esta urgencia, que significa actualizar nuestra normativa en materia de migración, regulación y política migratoria, muchas veces buscando establecer ciertos puntos políticos, en lugar de consensos que permitan enfrentar una realidad que tenemos el deber de afrontar como Estado y de manera integral.

Valoro que, tras un difícil proceso de tramitación, este proyecto incluya aspectos relevantes, como la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados, el aumento de requisitos para la nacionalización, incluyendo que pueda ser cancelada de existir antecedentes penales graves; el aumento de sanciones en el aspecto administrativo para empresas de transporte y de penas para quienes ejerzan transporte ilegal de migrantes, buscando así terminar con un mercado abiertamente terrible y que, además, muchas veces está ligado a la trata de personas, muchas de ellas mujeres.

A lo anterior se suman medidas que permitirán agilizar trámites de expulsión, como también incluir como causal de prohibición de ingreso al país antecedentes de violencia intrafamiliar, lo cual me parece muy necesario y positivo, atendida la realidad de estos tiempos.

Así también, tenemos una serie de diferencias con aspectos ligados, por ejemplo, a derechos de niños, niñas y adolescentes en materia de educación, salud y otras. Consideramos además que, en los casos de refugiados y apátridas, debemos establecer condiciones que garanticen sus derechos.

Sin duda, este es un avance importantísimo, en una materia de la que el gobierno se ha hecho cargo y ha demostrado, a diferencia de otras administraciones, que enfrenta el fenómeno migratorio como política de Estado, permanente y realista.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, ojalá este proyecto hubiera llegado antes, ya que así nos habríamos ahorrado muertes, delincuencia, descontrol y, sobre todo, pérdida de calidad de vida de millones de chilenos, especialmente en la Región de Tarapacá. Lo anterior demuestra que esta compleja realidad sepulta el voluntarismo y el romanticismo de la izquierda en materia migratoria.

Su visión ideológica de las “fronteras libres” o “nadie es ilegal” costó muy caro, porque durante la tramitación de la actual Ley de Migración y Extranjería implicó limitar en sus efectos el legítimo derecho que tiene nuestro país de regular estrictamente el ingreso a Chile y la protección de nuestras fronteras.

No obstante, más vale tarde que nunca, porque, frente al daño generado, son mejores las volteretas que la negativa permanente.

Esta legislación incorpora, en términos explícitos y directos, el valor de la migración legal, segura y regular, valorando su contribución, eso sí, cuando se desarrolla como debe ser, es decir, conforme a la ley.

Es así como este proyecto incorpora los temas de mayor demanda y necesidad de los chilenos, como en el área de la salud, donde se establece un límite, de modo que, existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja respecto de los nacionales.

En materia educacional, el derecho a la educación no podrá ser denegado a causa de una condición migratoria, si bien existirá una priorización para asegurar este derecho a los nacionales.

Pretendemos dejar clarísimo que no queremos más delincuentes en Chile. Les quedará imperativamente prohibido ingresar a Chile a quienes hayan sido condenados en el extranjero en los últimos 10 años por actos que la ley chilena califique como crimen, o en los últimos 5 años por actos de simple delito, y lo mismo frente al ingreso de aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, tengan procesos judiciales pendientes en el extranjero, se encuentren prófugos de la justicia o tengan antecedentes penales.

También se regula de mejor manera el recurso judicial de reclamación.

En materia de expulsiones, de reconducción y de transporte informal e ilegal de inmigrantes, se aumentan las penas y multas.

Se establece además una facultad para el Servicio Nacional de Migraciones, para que pueda embargar dineros que el inmigrante ilegal haya percibido, y que se mantengan en su poder, para solventar o reembolsar el costo del pasaje de sus escoltas; es decir, si tienen recursos, ellos mismos se pagan su pasaje de vuelta.

En síntesis, ¿es una mejor legislación? Sí. ¿Debe aprobarse? Sí. ¿Es oportuna? Lamentablemente, no, considerando que muchas de las consecuencias perjudiciales las advertimos en 2018, si bien no fuimos escuchados. No obstante, más vale tarde que nunca.

Este proyecto considera un endurecimiento de la normativa migratoria, y esperamos que esto produzca un efecto concreto y real en mejorar la calidad de vida, especialmente en el norte del país.

Por todo lo anterior, votaremos a favor.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Oyarzo .

El señor OYARZO.-

Señor Presidente, en la Comisión de Gobierno Interior hemos demostrado que, cuando hay voluntad y ganas de trabajar, podemos avanzar en acuerdos hacia una mejor legislación, y este proyecto de ley es ejemplo de aquello.

Durante el presente año nos dedicamos a tratar en profundidad este proyecto de ley, buscando puntos de unión y de encuentro en torno a una legislación migratoria robusta, que viene a mejorar y a dar respuestas a los principales problemas que enfrentamos como país.

Cabe hacer presente que cuando se hizo la reforma a la ley migratoria, durante el gobierno anterior, no se podía prever la enorme crisis migratoria que viviría nuestro país.

Estimados colegas, con este proyecto de ley, nuestro país pone en alto una serie de problemáticas a las cuales la ley original no daba respuesta.

En este contexto, quiero destacar lo que se hizo en materia de transporte irregular de migrantes ilegales, conducta que logramos tipificar como delito mediante una indicación que fue apoyada en forma transversal, además de endurecer las penas asociadas al delito de tráfico de migrantes.

También quiero evidenciar la responsabilidad con que tratamos temas delicados, como el acceso a la salud y a la educación, donde, lejos de establecer normas discriminatorias, fijamos mecanismos que permitirán una adecuada coexistencia entre connacionales y extranjeros, con respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Esta Sala tiene hoy la oportunidad de aprobar un texto transversal, que facilita los procedimientos de expulsión y establece normas para evitar incivilidades.

En materia de nacionalización, aumentamos los plazos de residencia, fijamos requisitos adicionales para acceder a ella, y robustecimos las causales de rechazo.

Finalmente, la realidad actual nos desafía a generar un registro nacional de extranjeros, donde se incorporen datos biométricos y otros, que nos permitan acceder como país a una información actualizada y completa.

Represento al distrito N° 8, de la Región Metropolitana, donde la migración está desbordada, desregulada y sin planificación, y ha causado estragos.

No niego que hay quienes vienen a aportar, tampoco niego el aporte que en algunos casos ha significado la migración para el país a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, hoy tenemos una problemática que debemos reconocer, una problemática que debemos asumir y una problemática que debemos solucionar. La realidad nos superó y desbordó la institucionalidad.

Hoy nos ponemos por delante de este problema y comenzamos a ejecutar las soluciones, porque debemos ordenar la casa y debemos ordenar el ingreso a nuestro país.

Votaremos a favor de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que establecer mayores requisitos y cortapisas para impedir el ingreso, realizar expulsiones o que haya mayores causales de expulsión, sobre todo de personas que han infringido la ley y han cometido delitos, es algo con lo que la mayoría, o la totalidad, del Congreso Nacional debería estar de acuerdo.

Quiero desmenuzar algunas ideas del proyecto que creo que tienen que ser corregidas en la Cámara o en el Senado. Lo que se buscaba en uno de los aspectos del proyecto era que se eliminara la priorización de los inmigrantes irregulares, sobre todo en el acceso a la educación, como establecían algunas resoluciones que venían del primer gobierno de la Presidenta Bachelet . Esto era una realidad: tenían preferencia en el acceso a la educación. Por ello, en el proyecto se intentó incorporar una norma que buscaba lo contrario, es decir, que tuvieran preferencia los nacionales. Esto parece correcto, porque no se puede avalar a quien incumple la ley; sin embargo, dejamos fuera a quienes sí cumplen con la ley, a quienes entran por la puerta, entran por los aeropuertos y han desarrollado una vida en nuestro país. Me refiero a aquellos que están de manera regular en Chile. A ellos se les mete en el mismo saco de los irregulares.

Por otro lado, en dos lugares distintos del proyecto se regula el traslado de migrantes ilegales a centros urbanos o poblados. En un caso, dicho traslado se sanciona con multa y, en el otro, con una pena. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que esa conducta fuera sancionada, porque existe un negocio ilegítimo brutal, que es el que realizan personas que aprovechan esta situación para trasladar migrantes irregulares. Dicho traslado se convierte en un negocio.

Por otra parte, hay una norma que se repite a lo largo de todo el texto -no voy a alcanzar a hablar de todo el proyecto, pero al menos abordaré aquellas cosas que causan mayor preocupación-, que dice: “Existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales.”. Es decir, van a tener la misma condición nacionales y migrantes irregulares. Por lo tanto, lo que se incorporó en el proyecto a propósito de la educación, lo estamos borrando con el codo con esta disposición que se expande por todo el texto.

Lo que busca la mayoría de los chilenos, que es de sentido común, es que aquellos que ingresaron por la ventana a nuestro país, que no cumplieron con las leyes y que cada vez vemos con mayor frecuencia que cometen delitos, no tengan una situación de ventaja frente a quienes han cumplido con la ley en nuestro país y están de manera regular, y frente a los nacionales. Eso debe ser corregido conjuntamente con otras disposiciones que vamos a plantear en las solicitudes de votación separada.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este es un proyecto importante porque viene a hacer más rígida la migración. Eso es lo que esperan los chilenos. No quiero decir con esto que no vamos a favorecer la migración, pero esta debe ser ordenada, regular y segura.

En el período legislativo pasado también fui diputada, y nos costó aprobar, después de tres gobiernos y para reemplazar una ley del año 1975, la ley migratoria. Pero esta ley no fue lo suficientemente rígida. Tuvimos presiones. Despachamos la ley, pero se fue al Tribunal Constitucional para dar más garantías a los migrantes.

Efectivamente, quien entra con las reglas impuestas por un país que tiene Estado de derecho está totalmente en lo correcto. Pero es bueno que vayamos entendiendo la situación y dejemos de romantizar esa migración ilegal de quienes ingresan por pasos ilegales, y avancemos en penalizarla. Lo hemos pedido.

Valoro el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Gobierno Interior. Tengo que ser muy clara en que no hemos contado con la asistencia y el trabajo del oficialismo, porque probablemente no estaba muy de acuerdo con muchas de las materias.

Por eso creo que hay que aprobar este proyecto.

Hago un llamado también a los sectores centristas y a los sectores que han puesto los votos en materia de seguridad a que aprobemos este proyecto en lo grueso. Es positivo.

¿Cómo no va a ser positivo que hoy también en materia de salud y educación consideremos a los migrantes? Pero no podemos priorizar a los migrantes por sobre los nacionales; deben tener igualdad de condiciones. El chileno no puede sentirse menoscabado en su propio país.

Aquí nosotros generamos sanciones para perseguir con más fuerza la migración irregular. La ministra sabe que desde esta bancada hemos levantado un control migratorio, ya que es escaso el control que se ha hecho por parte de nuestras policías en la implementación de la ley. Hemos pedido que se implemente la referida ley, que nos costó ocho meses despachar y que nunca fue parte de las urgencias del gobierno, aunque sí la incorporó en un fast track.

También hay que respetar la residencia. Valoro la indicación de la diputada Érika Olivera ; no obstante, también estamos estableciendo más tiempo para la residencia, para la nacionalización, además de requisitos.

El proyecto sanciona al transportista que se presta para ingresar a migrantes de manera irregular a nuestro país. También se exigirá a los migrantes que conozcan de nuestro país, que sepan cuáles son nuestras normas y formas de funcionamiento. Asimismo, se hará mucho más riguroso que deban cumplir normas para la sana convivencia.

Este es un proyecto bastante integral. Nos queda mucho por avanzar. Esta iniciativa se puede mejorar, sin duda, pero, por cierto, la vamos a acompañar y a apoyar.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, el origen de este proyecto tiene que ver con de dónde vienen los migrantes. Lamentablemente, los migrantes no se trasladan de un país a otro por gusto. Los delincuentes sí, pero, en general, el migrante viene por una necesidad. Esto ocurre porque en Venezuela existe una crisis política, fundamentalmente por una dictadura que hay en ese país, que muchos legitimaron en su momento y que aún siguen legitimando. La gente allí vive en la miseria. En Venezuela, el 92 por ciento de la población vive en la miseria; es pobre. Estamos hablando del país más rico de América Latina, con las mayores reservas de petróleo del mundo, con una serie de otros beneficios en materia turística, etcétera. Pero en ese país efectivamente existe un régimen, que, además -recordemos-, se nos quiso implantar hace dos años, en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Se nos quiso implantar un régimen muy parecido, a lo cual, en definitiva, hace dos años, nos opusimos.

Ahora bien, tampoco se trata de instalar un discurso xenófobo y demagógico, diciendo que los migrantes ocupan más espacios que nosotros, y que los funcionarios de los Cesfam, de la Junji y de otros servicios los privilegian frente a la población chilena. No, eso no ocurre. Confío plenamente en que nuestros funcionarios de la administración pública, de los servicios básicos, en general, trabajan bien y son éticos. Así por lo menos lo demuestran en mi Región de La Araucanía.

Entonces, hay que poner esta discusión en contexto. ¿Dónde tenemos el problema? El problema original viene de Venezuela. De allí viene efectivamente la migración. Ahora, ¿hay que regularla? Sí, y este proyecto se hace cargo de algunas cosas; otras hay que mejorarlas.

En otras oportunidades he señalado que tenemos que mejorar nuestra institucionalidad y tenemos que atrevernos a más. Por eso en su momento propusimos la creación de la policía militar de frontera.

En materia de persecución del delito de los delincuentes migrantes, hay que poner atención a una cifra que nos dio en su momento el entonces ministro de Justicia, señor Luis Cordero : el 93 por ciento de los presos de alta o máxima seguridad son extranjeros. Claramente está pasando eso. Por ello es fundamental construir nuevas cárceles y contar con una policía de élite.

El tema de fondo es que efectivamente hay que regular la migración. No se puede seguir permitiendo que entren los migrantes indiscriminadamente. Si los migrantes, como se ha señalado aquí -y estoy absolutamente de acuerdo con ello-, vienen a este país, tienen que venir a aportar, tienen que integrarse y tienen que cumplir todas las reglas. También van a tener que entender que en este país tenemos ciertas connotaciones culturales y ciertas formaciones, y somos de un determinado tipo, a lo cual deberán adecuarse. Viví varios años en Alemania y me adecué, de alguna manera, a esa cultura; no traté de imponer mis términos en el país donde vivía. Por eso espero lo mismo de los migrantes.

Creo que este proyecto se hace cargo del tema y lo vamos a votar a favor; pero fundamentalmente también hay que resguardar las fronteras.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Por acuerdo de los Comités, corresponde tratar el informe de la comisión especial investigadora encargada de recabar antecedentes sobre los actos del gobierno relacionados con la aplicación del decreto N° 22, de 2020, del Ministerio del Deporte, que Aprueba el protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional; por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes, las posibles irregularidades que permitan analizar la efectiva protección de los y las deportistas como víctimas de abuso, acoso o violencia sexual, así como en aquellos casos en que resultan víctimas de violencia sexual personas ajenas al deporte, pero siendo deportistas los agresores, o habiéndose realizado esos actos en recintos deportivos o en contexto de deporte, desde 2022 hasta la fecha.

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida de manera proporcional entre las bancadas.

Diputada informante de la Comisión Especial Investigadora es la señorita Marisela Santibáñez .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 80ª de la presente legislatura, en lunes 30 de septiembre de 2024.Documentos de la Cuenta N° 22.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita SANTIBÁÑEZ , doña Marisela (de pie).-

Señor Presidente, me corresponde rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes relacionados con la aplicación del decreto 22, de 2020, del Ministerio del Deporte, que Aprueba Protocolo General para la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional, por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deporte.

La integración, asistencia e intervenciones de las autoridades, diputados e invitados, oficios enviados, respuestas, la totalidad de las conclusiones y proposiciones se encuentran en este informe y en las actas publicadas en la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que voy a omitir hacer mención de ellas para concentrarme en las conclusiones recomendadas y aprobadas por la comisión, y en una síntesis de antecedentes de las mismas.

Cabe hacer presente que esta Comisión Especial Investigadora fue creada debido al delito de violación cometido por cadetes de Cobreloa en la Casa Naranja, más conocido como el caso Cobreloa o la manada, que ocurrió el 2021 y que llega a conocerse en la Cámara de Diputadas y Diputados el 2023, en la Comisión de Deportes y Recreación. Junto con este caso se conocieron otros lamentables y deplorables hechos ligados al abuso, acoso y maltrato en el ámbito deportivo.

También quiero hacer mención del abuso de que fueron objeto las jugadoras de hockey patín conocidas como las Marcianitas mientras competían por el campeonato del mundo de esa especialidad. Nosotros las celebrábamos mientras eran abusadas por su entrenador.

Tras las sesiones realizadas por la comisión, en la que se escuchó a representantes del Ejecutivo, a la Policía de Investigaciones, a periodistas que han investigado diversas denuncias, a organizaciones de la sociedad civil vinculadas con actividades deportivas, se ha podido concluir que los protocolos actuales de la prevención y sanción de conductas delictivas dentro de las organizaciones deportivas no garantizan adecuadamente la protección de las víctimas.

El protocolo general impone la responsabilidad de organizar cursos y capacitaciones enfocados en la prevención y sanción del acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el ámbito deportivo nacional.

Dado que la sanción por incumplimiento del decreto N° 22 es de carácter exclusivamente económico, se considera necesario intensificar los incentivos para asegurar el cumplimiento de las normas. Esto se debe a que el inciso final del artículo 5 del protocolo indica que la única sanción aplicable es la prohibición para que la organización deportiva acceda a los beneficios y las franquicias establecidos en la ley N° 20.019.

En relación con el procedimiento de intervención, el decreto N° 22 crea un proceso administrativo paralelo al proceso penal, con el propósito de determinar responsabilidades e investigar posibles delitos. No obstante, existe una dificultad: el decreto no califica el flujo entre el procedimiento administrativo y el penal. Las leyes Nos 21.197, 19.712 y 20.019, y el decreto N° 22 han modificado la estructura normativa relacionada con el deporte. Esta fragmentación ha llevado a una falta de claridad y conocimiento sobre los procedimientos para el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y otros actores del Poder Judicial.

El decreto establece que el responsable institucional debe recibir capacitación continua para desempeñar sus funciones de manera óptima. Para lograrlo, el decreto indica que el Instituto Nacional de Deportes (IND) debe desarrollar un programa de capacitación con enfoque de género, pero no menciona la necesidad de efectuar formación con enfoque de niñez y adolescencia, ni la inclusión del principio de interseccionalidad, lo que no está en línea con los principios establecidos en el artículo segundo del protocolo.

Dados los antecedentes expuestos anteriormente, a cuatro años de la puesta en marcha del protocolo del decreto N° 22 nos encontramos con lo siguiente: falta de capacitación y capacidad de acción de los responsables institucionales frente a este tipo de denuncias; deficiencias en la prevención. Si bien la Federación ha realizado anualmente charlas de capacitación y prevención en materia de protocolo dirigidas hacia los responsables institucionales de los clubes o de las organizaciones deportivas, esta información no se distribuye hacia el resto del staff, jugadores, jugadoras y a la demás gente que pertenece a las respectivas agrupaciones o entidades deportivas. En la práctica, los jugadores desconocen las conductas vulneratorias a denunciar, así como el canal de denuncia adecuado; es decir, a su respectivo responsable institucional no lo pueden identificar ni lo conocen.

Deficiencias en la fiscalización

Lo anterior no es detectable debido a la falta de fiscalización por parte de la federación y las autoridades gubernamentales. Durante el trabajo efectuado por la comisión hemos observado que las posibilidades de fiscalización son mínimas. La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) propuso implementar un modelo de certificación anual para los clubes, que condiciona su participación en el campeonato nacional al cumplimiento de las capacitaciones de prevención del protocolo por parte de todos los dirigentes, staff, jugadoras y jugadores. Esta propuesta también se podría incorporar en el licenciamiento de clubes, que tiene la misma función de fiscalización general. Sin embargo, hasta la fecha este modelo no se ha podido adoptar.

Deficiencias en la especialización del responsable institucional

El rol del responsable institucional en los clubes ha mostrado ser insuficiente, ya que la expertise y la formación profesional de estos encargados varían ampliamente. Hay mucha discriminación con perspectiva de género, a pesar de las capacitaciones ofrecidas por la federación.

Deficiencias en el respeto del principio de no revictimización

En línea con lo anterior, dentro del rol del responsable institucional, al momento de recabar antecedentes se incurre en faltas como el no respetar el debido proceso a la hora de tratar una situación vulneratoria de forma concreta. Además, lo anterior se realiza sin las herramientas que permiten el cuidado de salud mental y emocional de las jugadoras, los jugadores, deportistas y atletas.

Deficiencias por conflictos de interés

Una de las principales deficiencias en la estructura actual es el conflicto de interés inherente en la figura del responsable institucional. No se tiene claridad sobre si el encargado posee vínculos jerárquicos u otro tipo de relación dentro del club, lo cual tiende a inhibir la autodenuncia de prácticas indebidas.

Desconocimiento y deficiencia de las sanciones

Una de las problemáticas detectadas al tratar una denuncia por un tribunal interno de la propia organización deportiva deviene en resoluciones administrativas que no marcan el precedente o registro en una hoja de antecedentes de la persona denunciada, lo que genera un riesgo no solo para las deportistas que están bajo la dirección de quien fue denunciado, sino para las futbolistas y los futbolistas futuros, las atletas o los atletas, pues la persona denunciada puede acceder a otro club o entidad deportiva y seguir a cargo de atletas pese a haber tenido denuncias.

Insuficiencia del protocolo ante casos que involucran a terceros no vinculados con las organizaciones deportivas

Esto es muy importante, porque es lo que se da en el caso la manada, de Cobreloa.

Se evidenció que el decreto N° 22, que Aprueba el Protocolo General de la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato de la Actividad Deportiva Nacional, presenta vacíos, tales como la exclusión de víctimas que no pertenecen a organizaciones deportivas. Esto permitió que el club Cobreloa eludiera la responsabilidad, su responsabilidad, porque la víctima no tenía relación directa con la institución.

Este vacío impide que el protocolo brinde protección integral en todos los ámbitos.

Incumplimiento de las obligaciones legales del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones

La denuncia de la víctima en el caso la manada, de Cobreloa, revela una grave negligencia por parte del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones, que no solo no actuaron con la celeridad requerida, sino que, incluso, instigaron a la víctima a retirar la denuncia, lo que es una manifiesta contravención de su deber de protección a las víctimas y de investigar los hechos ocurridos.

Este comportamiento va en contra de los deberes establecidos en la legislación vigente, y compromete gravemente la justicia y la protección de las víctimas.

Conflictos de interés y pactos de silencio en las instituciones deportivas

En delitos de violación, como lo que ocurrió en el caso de la manada, de Cobreloa, se ha observado un comportamiento sistemático de encubrimiento por parte de los dirigentes. Esto incluye la manipulación de los hechos y la creación de pactos de silencio para proteger a los involucrados. La falta de acciones inmediatas y transparentes para investigar y sancionar estas conductas agrava la situación.

Deficiencia en la coordinación interinstitucional

Se ha observado que ha habido deficiencia en la coordinación interinstitucional, a pesar de que el protocolo establece que el deber de actuar tiene que ser coordinado y colaborativo entre los actores deportivos responsables.

Insuficiencia de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional

Se ha constatado la insuficiencia de dicha norma para citar -esto es importante a personas particulares a entregar antecedentes y testimonios a la comisión especial investigadora en cualquier tema. Estoy hablando, básicamente, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Si bien la ley orgánica constitucional de nuestra Corporación permite recabar testimonios o antecedentes de particulares, esos testimonios son voluntarios, situación que posibilitó que actores tan importantes como el presidente de la ANFP, don Pablo Milad , o el directorio del Club Deportivo Cobreloa no estuvieran obligados a comparecer a la comisión especial investigadora, que cursó 16 invitaciones.

Consideramos que es necesario abordar la amplitud de la potestad fiscalizadora de nuestra Cámara, porque, tratándose de agresiones sexuales en el deporte, el señor Pablo Milad tenía muchos antecedentes que aportar.

En razón de lo anterior, se propone lo siguiente.

Mejorar la recopilación y el registro de la información sobre los niños, las niñas y los adolescentes que asisten a las organizaciones deportivas especificadas en el artículo 32 de la ley N° 19.712.

Optimizar el proceso de envío de información al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional de Deportes (IND) sobre las sanciones impuestas bajo el decreto N° 22 y el registro de sanciones, según el artículo 32 de la ley N° 19.712.

Mejorar la difusión de información sobre el decreto N° 22 entre niños, niñas y adolescentes que participan en las organizaciones deportivas y sus familias, y crear espacios para sensibilizar sobre los protocolos internos de cada organización deportiva.

Consignar explícitamente la participación efectiva de los niños, las niñas y los adolescentes en la creación, los contenidos mínimos, los procesos y las etapas para la elaboración, actualización, evaluación y difusión de los instrumentos internos y protocolos.

Respecto de las medidas de reparación y garantías de no repetición, se debe evaluar la sanción por la falta de protocolo en relación con la inhabilitación de la organización para acceder a los beneficios de la ley N° 19.712.

Incorporar un enfoque restaurativo en la aplicación de los protocolos.

Ante la falla del protocolo y la falta de atribuciones que la institucionalidad estatal tiene para fiscalizar estos casos, se hace necesario revisar el rol de quien actúa como responsable institucional, es decir, la federación o la institución deportiva.

Revisar los antecedentes de federaciones, organizaciones y personas a quienes el Estado transfiere recursos, con el fin de tener a resguardo a la población usuaria y los distintos programas y fondos del Estado en el ámbito deportivo.

Modular, junto con el Comité Nacional de Arbitraje, los tiempos de revisión de las denuncias, con el fin de proteger, de mayor forma, los derechos de quien denuncia y de la persona denunciante.

Fortalecer los procesos de inducción y capacitación a deportistas, entrenadores, cuerpos directivos y administrativos.

Ampliar el protocolo respecto de víctimas que no forman parte de las organizaciones deportivas: se propone ampliar el protocolo para personas que no formen parte de estas.

Crear una entidad autónoma para el manejo de denuncias: se propone la creación de una entidad independiente y autónoma que reciba y gestione las denuncias de acoso, abuso y maltrato en el deporte.

Implementar un sistema de certificación para clubes deportivos: es fundamental establecer un sistema de certificación anual para los clubes, condicionando su participación en competencias oficiales al cumplimiento estricto de las capacitaciones en prevención de acoso, abuso y discriminación. Este sistema debe ser monitoreado por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes.

Establecer plazos breves y eficaces para la tramitación de denuncias: los procedimientos de denuncia deben ser tramitados con mayor celeridad y transparencia.

Incorporar garantías de confidencialidad y no revictimización para las víctimas: se propone reforzar las medidas de protección para garantizar la confidencialidad de las víctimas y evitar su revictimización.

Fortalecer el registro nacional de sanciones y garantizar su correcta implementación y acceso para seguimiento y transparencia.

Solicitar al Presidente de la República la presentación de un proyecto de ley que cree un tribunal nacional de arbitraje deportivo: esta legislación permitiría establecer un sistema disciplinario mucho más moderno, institucional y que implique mejorar o perfeccionar la institucionalidad actual.

Reformar la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, específicamente el artículo 56, correspondiente al Título V, De las Comisiones Especiales Investigadoras. Hemos comprobado, a través de un informe emitido por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que en países como Alemania, Estados Unidos de América, Perú y Francia las personas citadas están obligadas a comparecer y prestar su declaración, bajo distintos apremios o sanciones: conducción forzada, multas y/o prisión. Lo anterior difiere de lo que ocurre en nuestro país, ya que la citación de personas particulares a comparecer ante la comisión es voluntaria.

Las conclusiones y proposiciones que he detallado fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la comisión, por lo que se recomienda a esta Sala su aprobación en los mismos términos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor TAPIA, don Cristián (Presidente accidental).-

En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .

El señor CASTRO.-

Señor Presidente, voy a ser muy preciso y conciso: llamo a aprobar las consideraciones que ha expuesto la diputada Marisela Santibáñez . Creo que son situaciones que, como sociedad, nos deben llamar la atención, y que debe investigar esta Cámara para que no se repitan.

A mi juicio, votar a favor hoy no solo constituye un reconocimiento al trabajo que realizaron los parlamentarios y las parlamentarias, sino que también contribuye a que no se vuelva a vivir nunca más un caso como este.

Sin duda, debo hacer especial mención a quien impulsó la creación de la comisión; se sacó la mugre, incluso, frente a los poderosos, y fue capaz de sacar adelante la investigación.

Hago un reconocimiento a las mujeres que sacan la voz, que son capaces de enfrentarse a los poderosos, y, en este caso, a quien sacó adelante una comisión de esta naturaleza. Me refiero a la diputada Marisela Santibáñez .

(Aplausos)

Qué bueno que se aplauda, porque este es el tipo de feminismo que queremos: el que sale adelante, habla de tú a tú y no deja que pasen a llevar a las mujeres.

He dicho.

El señor TAPIA, don Cristián (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señor Presidente, hoy tenemos en nuestras manos muchísimo más que un informe. Se trata de la responsabilidad de dar una respuesta clara y contundente a una realidad desgarradora: las agresiones sexuales en el mundo deportivo.

La comisión especial investigadora, liderada por su Presidenta, la diputada Santibáñez , representa una reparación mínima y necesaria frente a uno de los crímenes más repulsivos que existen. Me refiero, por cierto, a la violación, pero también a otras formas de agresión sexual que han encontrado eco en un espacio donde debiese primar la protección, el crecimiento y el compañerismo, lo cual no podemos permitir que siga ocurriendo.

Durante meses, la comisión especial investigadora escuchó relatos de víctimas y de expertos, en más de 14 sesiones. Decenas de invitados detallaron cómo se aplica o, en la mayoría de los casos, no se aplica el decreto N° 22 del Ministerio del Deporte.

En un proceso de revisión y de análisis exhaustivo descubrimos cómo se debería haber actuado en cada caso, en especial en el escandaloso caso de la manada, de Cobreloa, sobre el cual tanto la ANFP como los directivos del club guardaron silencio -un silencio negligente-, no actuaron y manifestaron una total desidia. Es más, intentaron guardar lo sucedido debajo de la alfombra.

Además, quiero recordar que antes varios miembros de esta comisión que también somos parte de la Comisión de Deportes y Recreación tuvimos la dolorosa experiencia de escuchar el relato de la víctima, una joven que con un valor indescriptible narró las agresiones que sufrió por parte de cadetes del Club Deportivo Cobreloa en dependencias de dicho club, donde se forman diariamente niños, niñas y adolescentes. Escuchar su voz, constatar su fuerza y resiliencia es algo que no se puede olvidar.

Saludo que hayamos podido llevar adelante esta comisión especial investigadora. Me vuelvo a hacer parte de las palabras del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de valorar la presidencia de la diputada Santibáñez .

Es un hecho desgarrador comprobar cómo en este caso el Estado falló en numerosas circunstancias: le falló a la joven cuando los detectives de la PDI le dijeron que mejor no denunciara, porque Cobreloa es un gigante e iba a ser muy difícil llevar adelante algún tipo de acción legal; le falló cuando el Ministerio Público dejó que esta causa durmiera por varios años; le falló cuando el propio decreto N° 22 se quedó corto o cuando las instituciones que debían aplicarlo no lo hicieron y no hubo ningún tipo de sanción para aquellas; le falló después, cuando la PDI perdió prendas durante el traslado de estas al Ministerio Público, parte de las pruebas que iba a presentar la víctima. De hecho, nos enteramos de ello ya finalizado el cometido de la comisión especial investigadora.

Sin embargo, no solo nos encontramos con errores y omisiones. Como comisión también nos enfrentamos a la indiferencia de diversos personajes que tenían un rol clave, como Pablo Milad -con todas sus letras-, presidente de la ANFP, y los dirigentes del Club Cobreloa, quienes fueron convocados en reiteradas ocasiones. Como recién señaló la diputada Santibáñez , se negaron a asistir en dieciséis ocasiones.

El Presidente de la ANFP, Pablo Milad , luego de más de una decena de invitaciones e inasistencias, terminó respondiendo a través de un oficio. Pero no se trata solo de cumplir con una formalidad, sino de dar la cara, de asumir la responsabilidad y dar una respuesta valiente a las víctimas, en el tono que le confiere el cargo que él mismo decidió tener.

Quienes participamos en la comisión creemos que el deporte debe ser una fuente de orgullo para quienes lo practican y un lugar protegido, nunca un espacio de impunidad, nunca un espacio de abuso. Asegurarlo es un deber de esta Cámara, más allá de la aprobación de este informe.

Por eso, siendo el primer paso aprobar el informe, debemos ir más allá y hacernos cargo de las recomendaciones, de los cambios normativos necesarios para que estas situaciones no se repitan en Chile; para que se actúe con prevención y se apliquen sanciones ejemplares y con celeridad; para que el deporte sea ese espacio de seguridad y respeto que cada deportista de nuestro país merece. Para ello se requiere perfeccionar el decreto N° 22, avanzar en nuevas instituciones que puedan fiscalizar e investigar estas denuncias y crear un tribunal nacional de arbitraje deportivo que pueda hacerse cargo de estas tareas.

Pero ojo, no solo debemos hacernos cargo desde lo público; el sector privado también tiene un lugar en nuestra sociedad y en nuestra democracia, por lo que esperamos que responda presencialmente cuando un poder del Estado, en su labor fiscalizadora, lo cite.

Por eso, otra de las propuestas que hacemos es reformar la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Espero que así como la propuesta tuvo una acogida transversal en la comisión especial investigadora, la misma también se pueda discutir en este hemiciclo, para que en Chile, así como en Alemania, Perú o Francia, las personas particulares citadas estén obligadas a comparecer y prestar declaración bajo distintos tipos de medidas -en el caso de los países que nombré, existen ciertos apremios y sanciones-, de manera que personajes como Pablo Milad o la directiva de Cobreloa dejen de ser un holograma y den la cara.

Aprobar este informe significa decir no más impunidad. Hoy decimos a nuestros y nuestras deportistas que no están solos.

Llamo a aprobarlo.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, reconozco la tremenda labor de Marisela Santibáñez en esta comisión. Creo que todos podemos aprender de su tenacidad en esta materia. Así que felicitaciones, porque ha hecho una gran labor.

En segundo lugar, lamento que durante las últimas décadas se haya perdido la noción de cómo debe ser el trato hacia las mujeres, el respeto, porque curiosamente, de la mano de una sociedad que supuestamente es cada vez más feminista, el trato hacia las mujeres empeora cada vez más y no entiendo por qué.

Por lo tanto, necesitamos aproximarnos a esta problemática desde dos orientaciones: una, sin duda, la legal y penal, y la otra, desde una aproximación civilizatoria, si lo queremos decir así, porque debemos volver a socializar a nuestros niños para que entiendan qué corresponde y qué no corresponde. Esos parámetros deben ser totalmente claros y ser absorbidos por las nuevas generaciones en un proceso que también vaya en beneficio de la paz social y la relación armónica entre los sexos.

Es una lástima a lo que hemos llegado; es una tragedia que se haya producido este tipo de situaciones. Y me van a disculpar, pero creo que el Ejecutivo tampoco está dando un gran ejemplo sobre cómo se debe reaccionar ante estas situaciones.

Espero que vayamos aprendiendo y dando el ejemplo tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo al resto de la sociedad de que las cosas pueden y deben cambiar, ojalá para mejor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señorita Presidenta, los hechos que dieron origen a la creación de esta comisión especial investigadora son sumamente preocupantes y revelan una realidad alarmante en el deporte: la escasa protección que hoy reciben los y las deportistas y la falta de compromiso de ciertos organismos deportivos para investigar conductas que podrían constituir delitos.

La situación expuesta evidencia la grave vulnerabilidad de las y los deportistas, especialmente los más jóvenes, quienes lejos de contar con el resguardo adecuado, se encuentran expuestos a situaciones que podrían afectar su integridad física, emocional y psicológica.

La normativa vigente resulta claramente insuficiente, ya que no proporciona garantías efectivas para la prevención ni para evitar la repetición de hechos similares. Es urgente una reestructuración normativa que, además de fortalecer los mecanismos de prevención, establezca responsabilidades tanto personales como institucionales. Solo así se podrá garantizar un entorno más seguro para las y los deportistas y fomentar una cultura deportiva que valore la ética, el respeto y el bienestar de todos los involucrados.

Durante el trabajo de la comisión especial investigadora, en reiteradas ocasiones se solicitó la comparecencia del presidente de la ANFP, señor Pablo Milad Abusleme , quien, lamentablemente, no asistió, aunque presentó sus legítimas excusas, señalando que es parte de una entidad privada. Sin embargo, este hecho podría manifestar y concluir la existencia de un desinterés de una de las instituciones más importantes del país en colaborar con el trabajo fiscalizador del Congreso, una actitud que refleja una necesidad urgente de modificar la legislación.

Tal como dijeron los colegas que me antecedieron en el uso la palabra -lo reitero enfáticamente-, es urgente que se modifique la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para ponernos a la altura de otros países, de modo de otorgar la facultad al Congreso de exigir y citar a entidades privadas -no solo invitarlas-, especialmente cuando estamos tratando temas tan delicados como este.

El informe presentado por la comisión deja en evidencia la urgente necesidad de implementar dichas reformas, para que les brinden garantías de protección a las y los deportistas y a las personas externas que puedan ser víctimas de actos cometidos en el ámbito de las organizaciones deportivas.

Es fundamental que se establezcan protocolos claros, mecanismos de denuncia eficaces y sanciones adecuadas para quienes vulneren los derechos de las y los involucrados, con el objeto de erradicar cualquier forma de abuso y garantizar que el deporte sea un espacio seguro, respetuoso y formador para todas y todos, en especial para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

El deporte, como espacio de desarrollo humano y social, debe ser protegido. Es imperativo que las instituciones que lo gestionan asuman su responsabilidad de velar por el bienestar de todas y todos los involucrados en torno al deporte.

Solo a través de una acción decidida y respaldada por una normativa robusta y un compromiso real por parte de las autoridades deportivas y también de las autoridades del Estado, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, se podrán prevenir tragedias y evitar que las y los jóvenes sigan siendo víctimas de abusos dentro de su propio ámbito.

Por todo lo señalado, reconociendo el trabajo valiente de la diputada Marisela Santibáñez , la bancada del Partido Socialista va a aprobar este informe.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señorita Presidenta, cuando en un principio nos encontramos con denuncias en la Comisión de Deportes, especialmente relacionadas con el club Cobreloa, en virtud de la cuales tomaron este tremendo desafío las diputada Marisela Santibáñez y Érika Olivera , pudimos constatar que hubo una denuncia de la madre de un futbolista que no estuvo involucrado en esos hechos: la señora María Elena Saavedra . Desde ese momento se empezaron a hacer una serie de investigaciones. Sin embargo, ahí es donde vinieron los abusos y las discriminaciones, y se trató de tapar o de esconder bajo la alfombra este tremendo delito: el abuso y la violación a una joven en Calama por parte de nueve o diez futbolistas.

Cuando la diputada Marisela Santibáñez nos invitó a conformar esta comisión investigadora, nos encontramos con muchas sorpresas, como el caso de Las Marcianitas -así se les llamaba y de otras personas más. Todos esos casos estaban tapados por el poder económico, por el poder de los que tienen más, por el poder de los que creen que en el deporte se puede hacer todo, porque todo está permitido, pero no es así. El deporte es una tremenda herramienta, es una ilusión, es una actividad que puede sacar a los niños y las niñas de cualquier flagelo, pero no es para que desgraciados se permitan hacer estos actos: abusos sexuales, acosos sexuales, delitos sexuales. Creemos que esa no es la dirección correcta.

Por eso, en esta comisión investigadora salieron muchos casos. Tal vez nos quedamos cortos de tiempo. Podríamos haber seguido investigando más delitos. Sin embargo, lo que tenemos que hacer ahora es accionar y no quedarnos solamente con esta investigación, con este documento, con estas conclusiones o con estas proposiciones respecto de lo que tenemos que hacer en el futuro.

Hay cientos y miles de deportistas que día a día llegan a un campo deportivo a hacer deporte por recreación o bien por alta competición, pero que se encuentran con este tipo de personas que, por el poder que les da el hecho de ser dirigentes o directores técnicos, creen que pueden hacer lo que quieran.

Yo pido a esta Cámara de Diputados, primero, aprobar este informe con estas conclusiones y proposiciones, pero no solamente quedarnos ahí. Debemos seguir avanzando en proyectos de ley para proteger a los y las deportistas.

También le pido al gobierno, encabezado por el Presidente Gabriel Boric , hacer todo lo necesario para que esta situación no se vuelva a repetir.

Todo el peso de la ley debe caer sobre estos abusadores, delincuentes y atropelladores. Asimismo, tenemos que hacer un acto que sirva de ejemplo para las futuras generaciones, y decirles a los hinchas de Cobreloa que no estamos en contra de la institución, sino que estamos en contra de aquellos malandras, de aquellos pedófilos…

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, quiero manifestar dos aprensiones: la primera tiene que ver con que hagamos una autocrítica respecto de por qué no asisten los invitados a las comisiones investigadoras. Creo que esa es una autocrítica que tenemos que hacer como Cámara de Diputados.

La segunda tiene que ver con algunos antecedentes que nosotros conocimos en la Comisión de Deportes respecto de que la falta de denuncia que se atribuye en el caso del club Cobreloa no solamente se enmarca en el ámbito privado, sino que también en el ámbito público.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tomó conocimiento de la denuncia que existía, pero no puso los antecedentes donde correspondía, que era ante el Ministerio Público. Eso también es bueno decirlo.

El caso de la “Manada de Cobreloa” -así ha sido conocido este caso-, donde nueve jugadores de fútbol están detenidos y acusados de una violación grupal a una joven, ha conmocionado en forma importante a esta Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque nos hace un llamado urgente a la acción -eso es lo que ha informado hoy la comisión especial investigadora-, y porque nos revela historias de dolor y lucha de jóvenes que, en un entorno que debería ser seguro y propicio para su desarrollo, han padecido acoso, abuso, maltrato y horror.

Hemos escuchado testimonios valientes. Por ello, quiero reconocer a aquellas personas que han levantado la voz. Entre ellas, a la diputada Marisela Santibáñez , porque ella fue quien lideró y levantó la voz respecto de este tema. De lo contrario, este caso estaría todavía en un lado muy oscuro.

Finalmente, quiero hacer un llamado para que aprobemos el proyecto de ley que establece la denuncia obligatoria de casos de abuso sexual en el deporte…

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, el objetivo de la comisión investigadora fue lo que sucedió en el caso Cobreloa. Más que un abuso sexual, aquí hubo una violación por parte de integrantes de la escuela de cadetes de Cobreloa, en septiembre de 2021. A pesar de las exigencias legales y reglamentarias, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo no logró llegar a sanciones, mostrando que, en los hechos, estas exigencias legales no se estarían aplicando.

Ahora, seré tremendamente impopular con mi postura, pero creo que lo que se ha hecho hasta ahora en materia de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, especialmente, ha sido claramente ineficiente, ya que, de manera torpe, nos hemos enfocado con mayor énfasis o acento en la forma, descuidando el fondo del problema. Cuando hablo de la forma, me refiero al irracional acercamiento y desarrollo de los protocolos, ya sea de acción, de denuncia de actuar, de protección, etcétera.

¿Por qué digo esto? Porque la ley, nuestra normativa y nuestro ordenamiento jurídico son superclaros, y castigan los hechos que constituyen delitos sexuales.

Entonces, yo me pregunto: ¿hasta cuándo nos seguimos enfocando en cosas que parecen no ser relevantes? ¿Le ponemos “patitas” al fondo del asunto o nos hacemos los tontos? Hay que hacer que las instituciones realicen la pega, pero de verdad. Las acusaciones de abusos sexuales, hostigamientos, violaciones y agresiones sexuales, lamentablemente, en Chile son pan de cada día, pero nadie hace ni dice nada.

Ahora resulta que la gran solución es crear, dictar o normar a través de protocolos. Es decir, obligar a las instituciones a normar internamente formas para que hagan lo que dice la ley y denuncien estos casos. Me parece insólito, porque una violación, una agresión sexual o un ataque sexual hoy es un delito. Es algo de sentido común que cualquier mujer que es agredida sexualmente haga la denuncia. Asimismo, cualquier persona que tenga conocimiento de aquello debe hacer la denuncia o hablar con la víctima para acompañarla a hacer la denuncia de manera inmediata, y no esperar que nosotros, como Congreso Nacional, tengamos que dictar protocolos que a veces demoran años.

Eso, en lo personal, me da vergüenza, pero, a su vez, creo que no podemos descuidar que existe un problema de conocimiento, de comunicación y, sobre todo, de educación, porque muchas veces creemos o hacemos creer que una acción sexual es una cuestión de costumbre, cuando no lo es.

En nuestro país, cualquier acción que tenga una connotación sexual es a lo menos un delito, ya sea por acción o por omisión, y este siempre debe ser denunciado por la víctima, o bien por otra persona que haya tenido conocimiento de ese hecho.

Tendremos que crear los canales para que eso se haga de forma anónima, para que la justicia tome conocimiento; pero debemos facilitar la denuncia y no poner trabas en el camino, porque, reitero, hoy en día eso ocurre a cada segundo, y lo que sucede con aquello es que las mujeres se están quitando la vida al no poder decir lo que les está sucediendo, minuto a minuto y segundo a segundo.

Por último, ya cansado de los protocolos de acción, pido un favor a este Parlamento: hagamos cumplir la ley, hagamos cumplir la norma, hagámosla cumplir y exijamos que nuestro ordenamiento jurídico se haga carne.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael ).-

Señorita Presidenta, lo primero que quiero hacer es reconocer el trabajo realizado por la diputada Marisela Santibáñez , porque en estos casos no solo hay que recoger información, fiscalizar y hacerse cargo, que fue lo que hizo con la tenacidad que la caracteriza, sino que también hay que enfrentar ataques, y eso sucedió.

También creo importante que desde la Cámara se reflexione sobre lo inaceptable que es recibir ataques por realizar un trabajo como este, en un caso que, obviamente, debería removernos a todas y a todos.

Cuando algunos diputados plantean que podría existir una justificación para que instituciones deportivas no comparezcan ante una comisión especial investigadora, yo les digo que no, ¡es injustificable!, porque, lógicamente, todos debemos ponernos a disposición para prevenir hechos de violencia.

Señorita Presidenta, quiero solicitar que pida orden en la Sala, porque estoy hablando y no entiendo por qué hay tanto ruido ambiente, por qué conversan tanto. Este es un tema sumamente relevante, y me remueve que no exista atención por parte de algunos parlamentarios, y que sigan conversando continuamente, como si no les importara.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Diputados, por favor, les pido que vuelvan a sus pupitres. La diputada Gael Yeomans solicita que pongan atención al debate que estamos llevando adelante.

Continúe, diputada.

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Muchas gracias, Presidenta.

En el tiempo que me queda, quiero plantear que, además de estar de acuerdo con la solicitud y con la conclusión a que llegó la comisión especial investigadora, respecto de tener más facultades en la Cámara de Diputadas y Diputados para citar a las instituciones privadas, a las organizaciones deportivas, en este caso, para algo tan simple como que se hagan cargo de aplicar un protocolo, de hacer un protocolo para prevenir los casos de violencia sexual, me parece algo mínimo. Ni siquiera tendría que ser una obligación, pero no lo hacen, y tampoco les remueve tener que venir a la comisión especial investigadora a dar la cara, a demostrar que son responsables de no prevenir, de no educar.

Para finalizar, quiero plantear la importancia de la educación sexual para los niños, niñas y adolescentes, y remover nuevamente al Congreso Nacional, porque cuando vemos este tipo de casos, también se debe a que no estamos permitiendo que en la educación formal que reciben los estudiantes se incluya la prevención de la violencia de género. A esto nos lleva no tener prevención: a tener violaciones sexuales, agresiones sexuales. Eso es inaceptable para la necesidad que tenemos las mujeres de poder vivir tranquilas en nuestro país.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señorita Presidenta, agradezco las palabras de reconocimiento de cada uno de los diputados, por un trabajo que hago con toda la fuerza que la vida me dio.

El 7 de octubre de…

Quiero pedirle a cada diputado que me escuche, ¡porque de verdad que me he sacado la cresta con esto!

El 7 de octubre de 2006, en la final del campeonato mundial de hockey femenino, la disputa en la cancha era entre Chile y España; la primera vez que un país latinoamericano participaba en un campeonato, mientras la selección española ya había sido campeona del mundo tres veces.

Tras el empate uno a uno entre Chile y España, llegó el gol de oro de las hermanas Urrea ; un pasegol que dio una hermana, el gol lo hizo la otra y fuimos campeonas del mundo, ¡campeonas del mundo! Todas las niñas en Chile querían ser hockistas.

A pesar de la euforia colectiva de aquel grupo de “marcianitas”, se sintieron más extraterrestres que nunca. “Nunca pude disfrutar ser campeona del mundo”, me dijo una. “Siempre me hacía mirar a la pared, y se masturbaba mientras hacía como que me medía las caderas y nos hacía tocar el piso”, relató la campeona del mundo.

“Nos llevaba al baño y nos decía que era para pesarnos y medirnos, siendo que no tenía las competencias en materia de nutrición. Nos decía que nos sacáramos la ropa, se masturbaba, acercaba sus genitales a nosotras. Después empezó a ser él quien se sacaba la ropa”.

Casi veinte años de impunidad por delitos sexuales ya prescritos. El “Tío Lalo”, Eduardo Flores Castillo , el DT de las “marcianitas”, está en prisión preventiva. Salió a la cacería nuevamente, con una menor de 14 años. Las “marcianitas” jugaban de defensa, y esta vez no lo iban a dejar pasar.

No necesitamos más discursos vacíos ni juicios selectivos sobre quién es el agresor. La violencia, el abuso, el acoso y el maltrato no son lo mismo, pero todas son formas de agresión, y no distinguen sectores políticos, clases sociales ni equipos de fútbol.

Las recientes denuncias que involucran a figuras prominentes, como el caso de Cobreloa o el de Jordhy Thompson en Colo-Colo, reflejan la cultura de normalizar el abuso y minimizar el dolor de las víctimas.

Frente a esa realidad, necesitamos una condena clara y sin reservas, y a veces es el ambiente de esta Sala el que habla de la realidad de nuestro país.

Quiero ser más enfática respecto de las palabras de Pablo Milad en sus oficios. Fueron nueve invitaciones, a las que respondió: “Yo solo les respondo a través de un escrito, mándenme las preguntas y estoy a disposición”. Tiene la facultad, porque es un privado. Por eso hay que cambiar la normativa, para que vengan acá, sobre todo cuando están encargados de la selección nacional, porque él es el presidente de la Federación de Fútbol de Chile y de la ANFP.

Ojalá los hombres que están acá a quienes les gusta el fútbol me ayudaran a reparar ese tremendo error, cuando en 2020 la Conmebol mandó a Chile a separar la federación, porque somos el único modelo extraño, raro, casi como un marciano.

En ese oficio, mediante el cual él nos respondió, dice: “En el mes de septiembre de 2021 se presentó una denuncia penal por el delito de violación por parte de la víctima del delito. En fecha posterior, que desconocemos, el Ministerio Público decretó el archivo de la causa”.

¡Falso! “En el mes de junio de 2023 se abrió la investigación penal por parte del Ministerio Público. En mayo de 2024 se detuvo y se formalizó a imputados del delito referido”.

Así lo relata el señor Pablo Milad , con quien tuve una muy buena relación al comienzo de mi gestión, porque estoy a disposición de que el fútbol y el deporte crezcan, pero este tipo de mentiras o de faltas a la verdad son las que hacen que el fútbol esté como esté.

“En lo que cabe a la ANFP -continúa el oficio-, debemos señalar que, en el mes de mayo de 2022, se recibió en la ANFP una copia de un correo electrónico”. Bueno, ya lo supieron en 2022, y ahí hace énfasis en la apoderada María Elena , a quien, digan lo que digan, la voy a rescatar, porque ella tocó las puertas.

Si tú eres la mamá de un joven que te viene a relatar que en su club abusaron de una niña ocho personas, que le amarraron el cuello, que la abusaron sexualmente… No voy a seguir, porque no me corresponde entrar en ese relato.

¿Qué haría usted como madre? ¿Qué harían los diputados, por su intermedio, señorita Presidenta, como padres?

Yo voy de inmediato, ¡de inmediato!, a tocar todas las puertas, como lo hizo ella, y tocó mi puerta en enero de 2023, cuando le dije en su cara al señor Pablo Milad que se hiciera cargo de esto, pero eso no pasó.

Pido a los diputados que guarden silencio -aunque gritar no me cuesta mucho-, sobre todo al diputado Longton . Por favor, le pido silencio. Usted, por intermedio de la señorita Presidenta, es un diputado al que le gusta el fútbol, y le he pedido que guarde silencio casi cuatro veces. Y se lo digo con cariño, porque estamos hablando de una violación masiva y estamos hablando del fútbol; fútbol que yo respeto, que yo quiero y que usted también quiere. Somos de distintos clubes, pero le pido, por favor, que escuche. Si se me acaba el tiempo, va a ser culpa suya.

Entre los nombres se encuentran Oscar Ramírez , Cristóbal Saravia , Jhan Góngora , Rivaldo Hernández , Nicolás Navarro , Patricio Romero , Lucas Román , Joaquín Agüero y Luciano Parra . ¿Saben por qué los nombro? Porque hoy las carpetas investigativas salen por todos lados. No me voy a hacer la lesa con Colo-Colo: a Jordi Thompson también lo apunté con el dedo. Que aquí las barras bravas no me vengan a emplazar a mí, porque hoy soy diputada de la república y hago una gestión fiscalizadora ante un delito cometido el 18 de septiembre de 2021. Mientras ustedes festejaban fiestas patrias, ocho hombres violaban a una mujer, y en este país no pasó nada. La violación masiva en España fue abordada de forma tremendamente diferente. En tiempo récord, en una fiesta donde todos iban vestidos igual, se encontró a los cinco violadores. En Argentina, tres jugadores de Vélez Sarsfield fueron detenidos en menos de siete días. En Chile han pasado tres años.

Doy gracias a la vida que me toque a mí; doy gracias a la vida que me toque a mí. A veces pienso que no, que si le hubiese tocado a otra diputada, quizás hubiesen estado todas detrás gritando con sus pañuelos. Yo no tuve esa fuerza; pero la tengo; la tengo desde el cielo, desde donde quiera que me llegue.

Agradezco al señor Guarello , agradezco al señor Arcos , del programa Círculo Central; agradezco a todos los periodistas, al señor Sutherland , a todos los que vinieron a esta comisión investigadora, a los que formaron y conformaron, especialmente al diputado Andrés Giordano , que estuvo conmigo, y también a la diputada Érika Olivera , que abrió la puerta para que viniera la gente a hacer sus descargos. También agradezco al señor Bianchi .

Señorita Presidenta, exijo, por favor, que aprobemos el proyecto del diputado Jorge…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

El diputado Francisco Pulgar Castillo ha solicitado hacer uso del derecho que le confiere el artículo 33 del Reglamento de la Corporación, a fin de vindicarse por estimar que su reputación ha sido dañada. Para estos efectos dispondrá de cinco minutos.

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, en un Congreso y en particular en una Cámara de Diputadas y Diputados fraccionada, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Antonia Orellana , se ha atrevido a vulnerar los derechos fundamentales de este parlamentario, quien ha sido elegido con la primera mayoría de la Región del Maule para representar a sus ciudadanas y ciudadanos. Ha pasado por alto las garantías del debido proceso y se ha atrevido, sin consideración alguna por el respeto que merecemos todas las personas, a traspasar al ámbito político cuestiones que son absolutamente sensibles y que han impactado en la vida de muchas personas, incluida la de mi familia y la mía propia.

La ministra Orellana , hace exactamente una semana, se convirtió, una vez más, en una jueza y catona moral de un gobierno que llegó al poder haciendo una serie de promesas sobre feminismo y otras materias, pero que está absolutamente al debe, porque cuando debió actuar de verdad y proceder con inteligencia, prudencia y respetando a las víctimas, calló por cerca de 48 horas, con un silencio que lideró el propio Presidente de la República Gabriel Boric Font , y del que hoy tienen que asumir su responsabilidad la ministra del Interior y la propia ministra Orellana , a quien, en mi opinión, el cargo de ministra de la Mujer y la Equidad de Género le queda grande. Y le queda grande a la ministra Orellana no solo por su errática actuación en la denuncia contra el exsubsecretario Monsalve , sino porque, como todos sabemos en el mundo político, ella lideró la estrategia para que la denunciante de presuntos abusos por parte del actual Presidente de la República guardara silencio. Ahí sí importó la presunción de inocencia, pero dar garantías a la víctima fue secundario para la feminista “ Toti” Orellana .

Quiero recordar en este hemiciclo que soy el único político en Chile que ha pedido ser formalizado, soy el único que está presentando recursos ante la justicia para apurar el proceso de formalización, sin esperar que se resuelva en la Corte Suprema la solicitud de desafuero. Y esto lo hago casi a cuatro años -sí, casi a cuatro años de iniciada la investigación, en circunstancias de que, en el Maule, el promedio de estas causas dura tres años, incluyendo juicio oral y sentencia.

Esto lo hago porque tengo la más absoluta convicción de mi inocencia y porque he dicho, y lo demostraré ante la justicia, que todo esto no se trata más que de una estrategia política de la más baja calaña, que habla más bien de quién está detrás de ella.

Le quiero recordar, una vez más, a la ministra Orellana que soy el diputado, por votación directa, con la primera mayoría de la Región del Maule. A mí el cargo no me lo regaló el amigo Presidente. Yo no llegué a esta representación de la ciudadanía del Maule respondiendo a favores políticos que le haya hecho al compañero Boric . No es mi caso.

Por eso, exijo que se respete en este hemiciclo la presunción de inocencia, el debido proceso y que nunca más una autoridad designada por amiguismo, más que por mérito, venga a esta Cámara a faltar el respeto y a violar derechos fundamentales a quienes tenemos una designación directa por parte de la ciudadanía.

Desde esta Cámara, invoco, una vez más, mi inocencia y emplazo al Ministerio Público, en particular al señor fiscal regional del Maule, señor Julio Contardo , para actuar bajo el principio de objetividad y hacer justicia.

Estimadas diputadas y estimados diputados, no queremos una justicia mezquina, con intereses políticos, sino una justicia verdadera, por el bien de todas las chilenas y todos los chilenos.

He dicho.