Labor Parlamentaria

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Proyecto de ley, iniciado en moción de los honorables senadores señora Ebensperger y Rincón y señores Ossandón y Walker, en primer trámite constitucional, que establece una multa para los electores que no sufraguen en elecciones y plebiscitos, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El proyecto es de artículo único (boletín N° 17.000-06).

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 17.000-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

El señor Secretario hará la relación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley ya individualizado.

Esta iniciativa tiene por objeto dictar la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 15 de la Carta Fundamental, fijando la multa por el incumplimiento del deber de votar, los electores exentos de ella y el procedimiento aplicable.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de un proyecto de artículo único, lo discutió en general y en particular, y acordó proponer al señor Presidente que en la sala sea considerado de la misma forma.

La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señora Ebensperger y señores Espinoza, Ossandón y Velásquez. En particular, sancionó la iniciativa en los términos y con la votación también unánime que se consigna en su informe.

Asimismo, la comisión hace presente que el artículo único del proyecto de ley es una norma de rango orgánico constitucional, por lo que requiere de 26 votos favorables para su aprobación.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 7 y 8 del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Cabe señalar que la honorable senadora señora Ebensperger presentó una indicación para reemplazar en el inciso segundo del artículo único el guarismo "0,5" por "1", referido al mínimo de la multa contemplada frente al incumplimiento de la obligación de votar.

Como ya se indicó, un comité solicitó segunda discusión de este proyecto.

Es todo, señor Presidente.

El señor OSSANDÓN.-

Gracias, Presidente.

El proyecto de ley, correspondiente al boletín N° 17.000-06, establece multas para los electores que no sufraguen en las elecciones y plebiscitos.

Con fecha 24 de julio del 2024 ingresó a este Senado la iniciativa de la referencia, en primer trámite constitucional, cuyo objetivo es fijar la multa por el incumplimiento del deber de votar, los electores exentos de ella y el procedimiento aplicable.

Esta normativa corresponde a una moción de los honorables senadores señoras Ebensperger y Rincón y señores Ossandón y Walker . Fundamento

Este es un proyecto muy preciso y está orientado a fijar las multas y procedimientos para quienes no voten. Todo ello con relación al artículo 15 de la Constitución, que establece que el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio, excepto en las elecciones primarias.

La implementación de multas es crucial para garantizar la participación electoral y la legitimidad del sistema político, porque sin un marco sancionador claro la obligatoriedad del voto puede convertirse en una mera declaración, lo que podría reducir la participación y afectar la legitimidad democrática.

Es necesario proteger el voto obligatorio mediante sanciones para quienes no participen en las elecciones regionales y municipales, pues ello contribuye de manera efectiva a fortalecer la representatividad y legitimidad de las autoridades electas.

Durante la tramitación en la comisión se enfatizó la necesidad de regular el voto obligatorio mediante una ley orgánica que contemple sanciones efectivas, por lo que el proyecto de ley propone un artículo único que considera una multa de 0,5 a 5 unidades tributarias mensuales por el incumplimiento de ir a votar, con excepciones claras para ciertos casos.

Tal como se consigna en el informe respectivo, este proyecto de ley fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión (la senadora señora Luz Ebensperger , los senadores señores Fidel Espinoza Sandoval y Esteban Velásquez Núñez y el senador que habla), quienes proponemos aprobarlo en los mismos términos.

Es todo lo que puedo informar, señor Presidente.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Gracias, Presidente .

Como se dijo en la introducción, el proyecto de ley que hoy nos corresponde revisar y discutir se originó en una moción de los honorables senadores señoras Ebensperger y Rincón y señores Ossandón y Walker , y busca regular de forma definitiva el voto obligatorio en nuestro país, por medio del establecimiento de una multa para aquellos electores que no cumplan con este deber cívico y que no acrediten alguno de los supuestos que justifiquen la inasistencia en el día de la elección.

Es necesario recordar que el artículo 15 de la Constitución Política de la República establece claramente que el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias, lo cual fue complementado por la ley Nº 21.524, promulgada en enero del 2023, una de las modificaciones más significativas al sistema político electoral en los últimos cinco años, pues no solo restablece el voto obligatorio, sino también estipula que una ley orgánica constitucional deberá fijar las multas o sanciones para aquellos que no cumplan con este deber, así como con el procedimiento para su determinación.

En consecuencia, esta moción viene a cerrar el proceso de reforma al sistema electoral de nuestro país, iniciado hace más de dos años, al completar por medio de una ley orgánica constitucional la multa para quienes no cumplan con el deber de sufragar.

Llama la atención que esta última etapa legislativa haya nacido de una iniciativa parlamentaria y no del Ejecutivo , quien debiera ser el principal interesado, además de responsable, en reforzar las normas que fortalezcan nuestro sistema democrático y la participación de los ciudadanos en los procesos electorales y plebiscitarios de nuestro país.

En ese sentido, el establecimiento de una multa es un elemento crucial para asegurar la participación ciudadana en los procesos electorales de Chile, reforzando la responsabilidad cívica y la legitimidad del sistema político.

De la misma forma, la alta participación en los últimos procesos electorales y plebiscitarios que nuestro país ha registrado en los últimos años demuestra no solo el interés de participar de los ciudadanos, sino también que la idea de que el voto sea obligatorio y que la no participación deba ser sancionada de alguna forma tiene un alto nivel de apoyo entre los chilenos y es considerada como necesaria para reforzar nuestra democracia y la legitimidad de nuestras autoridades electas.

Por todo lo anterior, Presidente, en su momento votaré a favor de esta moción.

Muchas gracias.

La señora NÚÑEZ.-

Muchas gracias, señor Presidente .

Estamos discutiendo un proyecto de ley que establece multas para los electores que no sufraguen en elecciones y plebiscitos, cuyo objetivo, por lo tanto, es fijar normas claras.

Voy a pasar a explicar qué queremos decir con normas claras.

El proyecto de ley sobre voto obligatorio, que hoy se encuentra como primer punto de la tabla, establece como idea principal que, mientras no se dicte la ley orgánica constitucional que se señala en el inciso segundo del artículo 15 de la Constitución Política de la República, se aplicarán a las elecciones y plebiscitos, en lo referido al voto obligatorio, insisto, reglas claras.

Lo anterior responde a la necesidad urgente de nuestra democracia de reflejar el compromiso de este Senado con el fortalecimiento de la participación ciudadana y el deber cívico. En el mismo sentido, se ha avanzado, por ejemplo, en el proyecto de ley que busca fortalecer el sistema político y electoral, que esta Sala votará en general el día de mañana.

El sufragio obligatorio es un acto de responsabilidad colectiva. Toda democracia se enriquece cuando la ciudadanía participa de manera activa y consciente en la toma de decisiones que definen el rumbo de nuestro país.

Sin embargo, la participación electoral ha demostrado una baja preocupante en los últimos años, lo que amenaza con debilitar la legitimidad de nuestras instituciones y decisiones públicas, por qué no decirlo.

Insisto: por eso este proyecto de ley, estructurado en un artículo único, establece sanciones claras para quienes incumplan con su deber de votar, pero también incorpora excepciones razonables y justificadas para aquellos ciudadanos que enfrenten circunstancias que les impidan ejercer su derecho al sufragio. De esta manera, la norma se hace cargo de la obligatoriedad y del equilibrio justo entre el deber de los electores y las diferentes realidades individuales.

Insisto: a esto nos referimos con reglas claras.

La iniciativa establece notificaciones electrónicas y permite convenios entre el Servicio Electoral y otras instituciones públicas, garantizando de esta forma un proceso ágil y en línea con los estándares tecnológicos actuales, respetando, por supuesto, las normas de protección de datos personales.

El proyecto también contempla una sanción económica justa, con multa entre 0,5 y 5 unidades tributarias mensuales, destinada a beneficio municipal, con el objeto de incentivar la responsabilidad ciudadana y asegurar que el sufragio sea percibido como un deber esencial en nuestra sociedad democrática.

Señor Presidente , votaré a favor de este proyecto porque, sin duda, fortalece aún más nuestra democracia y no cabe duda de que es un avance hacia un país más inclusivo y representativo.

En definitiva, el voto obligatorio es una herramienta crucial para fomentar la participación y el compromiso de la ciudadanía.

Por ello es imprescindible que existan normas claras con respecto a la sanción y los pasos que corresponden cuando -insisto- un ciudadano no cumple con su deber.

Muchas gracias, señor Presidente.

He dicho.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Resulta un poco incomprensible, al menos desde mi punto de vista, que no se quiera votar este proyecto de ley.

Hace ya un par de años el Congreso Nacional y el país asumieron que tendríamos voto obligatorio. Y pasamos del sufragio voluntario al obligatorio. Pero, en la práctica, no existe voto obligatorio cuando no hay sanción.

Este proyecto de ley, de artículo único, no hace más que establecer una sanción, que va -y esto queda a ponderación del juez- desde 0,5 a 5 UTM.

Entonces, ¿cuál es la discusión de fondo que se debería dar? A lo mejor aquellos que no están de acuerdo con la sanción, en definitiva, no quieren voto obligatorio. Bueno, presenten un proyecto de ley o una reforma constitucional para volver al voto voluntario.

Pero mientras esté vigente el voto obligatorio en nuestra Constitución y en la ley, claramente debe haber una sanción. Si no, simplemente estamos engañando a la ciudadanía, diciéndole que en nuestro país existe voto obligatorio, pero que no hay sanción.

Eso, en la práctica, es voto voluntario y le estamos torciendo la nariz, como se dice en buen chileno, a nuestra Constitución.

Yo estoy de acuerdo con este proyecto en los términos que viene, sin perjuicio de que he presentado una indicación.

He dicho, Presidente .

Gracias.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, agradezco al senador Ossandón , quien no solo suscribió esta moción en forma conjunta con los senadores Demócratas y la senadora Ebensperger , sino que ha asumido la responsabilidad de ponerla en tabla y en discusión en la comisión.

Además, quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Gobierno, quienes permitieron discutir esta iniciativa en un contexto relevante, en tiempos coincidentes con la urgencia que se le ha otorgado a un proyecto que se ha denominado ambiciosamente como "reforma al sistema político", en circunstancias de que se trata meramente del establecimiento de dos nuevas normas electorales y no de una reforma al sistema político.

Pero lo más relevante es que, coincidente con el año electoral que está comenzando y de no ser por la tramitación de este proyecto, vemos que el Ejecutivo ha omitido dar señales y pronunciarse por la pronta concreción de la ley electoral que debe dictarse para establecer de forma permanente la norma constitucional, que ya ha relatado mi colega Luz Ebensperger , respecto del voto obligatorio.

Es frente a este silencio, incluso ante el riesgo al que se sometió el voto obligatorio en la pasada tramitación de las normas electorales que rigieron las recientes elecciones municipales y regionales, que se origina este proyecto de ley. Y surge no por casualidad, sino por un mandato constitucional.

Estimados colegas, tenemos el deber constitucional de legislar, pero, claro, la Constitución a veces se respeta y otras veces no, y parece que eso no importara.

El artículo 15 de la Constitución Política de la República establece con claridad que el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias.

Este principio, que constituye uno de los pilares de nuestra democracia, fue reafirmado en la ley N° 21.524, promulgada en enero del 2023, la cual representa una de las modificaciones más significativas al sistema político electoral en los últimos cinco años.

Y destaco en ello el rol de la diputada Demócrata Joanna Pérez , quien promovió este cambio sustantivo, dejando atrás el error que se cometió al haber establecido el voto voluntario, que abrió un período político que hasta hoy nos encontramos transitando, con una alta polarización dentro de la actividad política, y agudizando un clima de desencuentro, trincheras y falta de acuerdos.

Por ello, el restablecimiento del voto obligatorio no es una declaración simbólica, sino un mandato legal y constitucional que aprobamos, buscando conectar nuevamente con participación ciudadana la representatividad de las autoridades electas

y, en última instancia, la legitimidad de nuestro sistema democrático.

Por lo mismo, para que esta medida sea efectiva, no basta con su mera consagración en el texto legal. Se requiere de un marco normativo claro que garantice su cumplimiento, y, en este sentido, las sanciones juegan un rol crucial.

La ley establece que una normativa de rango orgánico constitucional definirá las multas o sanciones para quienes incumplan con su deber de sufragar, así como el procedimiento para su aplicación. Sin este componente la obligatoriedad del voto pierde fuerza y se convierte en una mera declaración de intenciones, incapaz de generar los efectos esperados en la participación electoral.

El establecimiento de una multa no es un mero trámite administrativo; es un mecanismo indispensable para asegurar que el deber cívico de votar sea respetado. Pero más allá de su función disuasiva, esta medida tiene un valor simbólico y práctico: refuerza la idea de que la participación electoral no es solo un derecho, sino también una responsabilidad inherente a la ciudadanía en un sistema democrático.

El desafío no es menor. Si no se implementan pronto las sanciones establecidas por la ley, corremos el riesgo de enfrentar un proceso electoral presidencial y parlamentario marcado por la indiferencia y la desafección ciudadana, lo que afectaría gravemente la legitimidad de las autoridades electas.

Por ello, Presidente , para nosotros es fundamental que esta iniciativa se tramite lo antes posible. En tal sentido, lamentamos que hoy día no se lleve a cabo la votación; pero esperamos que ella se concrete mañana, en la siguiente sesión.

Muchas gracias.

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidente.

Como hice en todos los proyectos que dicen relación con este tema, votaré en contra del que nos ocupa. Pero quiero explicar que aquí hay dos discusiones distintas, una de las cuales me parece perfectamente válida, porque existen numerosas naciones en las cuales el voto es siempre voluntario, en que prima la idea de que cada ciudadano tiene el derecho a hacer exactamente lo que le parezca con su voto (si no quiere votar, no va), por sobre la idea de que, siendo ciudadano, debe hacerlo.

Ahora, sí es discutible que esa obligación se haga valer a través de una multa, de una sanción.

Hay otro tipo de sanciones, como la suspensión de la ciudadanía, o la pérdida de ella después de no haber votado tres veces. Sin embargo, aquí se ha elegido un criterio monetario que, de alguna manera, obliga a concurrir a las urnas a una cantidad de gente que no puede o no quiere votar.

En todo caso, es una discusión válida, Presidente.

Pero lo que no considero válido es privar al conjunto del país de aquello que nos define como chilenos.

¿Qué es ser chileno? ¿Tener derecho a voto? Porque aquí están diciendo que sí; pero los extranjeros también tienen ese derecho, e incluso están obligados a sufragar. Entonces, ¿dónde quedó la ciudadanía?

¿Qué está ocurriendo aquí? Que, en un año de elección, en noviembre -todos sabemos que es para eso-, se busca aprovechar un poco a los venezolanos que están en nuestro país. Pero les decimos que pueden votar todos, que están obligados a ello y los multamos si no lo hacen.

Yo creo, Presidente , que esto es un daño a la ciudadanía, a la nacionalidad, y debería darles vergüenza a quienes lo proponen.

Por lo tanto, voy a votar en contra.

El señor KEITEL.-

Muchas gracias, Presidente.

Hoy nos encontramos discutiendo un tema de vital importancia para el futuro de nuestra democracia: la responsabilidad cívica de ejercer el voto.

Vivimos en una democracia robusta que nos permite elegir a nuestros representantes y tomar decisiones claves que impactan el futuro de nuestra nación. Sin embargo, esta democracia no es solo un derecho, sino también un deber. No basta con gozar de las libertades que nos otorgan las urnas; tenemos que asumir nuestra responsabilidad cívica y participar activamente en los procesos electorales.

Este proyecto de ley busca incentivar la participación de todos los ciudadanos, porque una democracia fuerte solo puede existir si sus miembros se sienten comprometidos con ella. Es esencial que cada uno de nosotros, como actores fundamentales de la vida pública, ejerzamos nuestro derecho a voto, sin importar cuál sea la opción que prefiramos. De esta manera, no solo estamos eligiendo a nuestros representantes, sino también aportando al destino de Chile y de nuestras familias.

Como representantes, tenemos la obligación de fomentar la participación y, al mismo tiempo, de recordar a cada chileno que el derecho a decidir viene acompañado de una responsabilidad compartida.

Las elecciones no son un simple trámite, sino la esencia misma de la soberanía popular. No debemos permitir que una parte significativa de la ciudadanía se quede al margen, dejando que otros decidan por ella.

Al aprobar este proyecto, lo que buscamos es que los chilenos comprendan la importancia de involucrarse en las decisiones colectivas. Es un recordatorio de que nuestra democracia requiere de la activa participación de todos y que cada voto cuenta.

Por todo lo anterior, Presidente , estoy convencido de que este proyecto no solo fortalecerá nuestra democracia, sino que también nos permitirá avanzar como nación, en unidad y con un mayor sentido de responsabilidad.

Eso es todo.

Muchas gracias.

La señora ARAVENA.-

Muchas gracias, Presidente.

Yo comparto todas las declaraciones en torno a votar a favor de este proyecto. Por supuesto, respeto a los que están en contra.

No hay que olvidar que antes de este voto obligatorio tuvimos porcentajes muy bajos de participación, cercanos al 30 por ciento. Por tanto, se arriesga mucho a la democracia cuando esta empieza a ser poco representativa; y, finalmente, a través de Twitter, de la televisión o de diferentes medios de comunicación todos opinamos sobre el desempeño político y de las instituciones, cuando la mejor forma de colaborar, de dar nuestra opinión y construir un país entre todos es justamente eligiendo a nuestras autoridades.

En ese contexto, creo que hace falta educación cívica, que no tenemos hace muchos años, pues efectivamente instalaba ciertos conceptos y buenas prácticas ciudadanas, que hoy día lamentablemente hemos perdido.

Entonces, creyendo muchísimo en la libertad, en este caso puntual me parece que debemos reeducarnos con respecto a la responsabilidad que tenemos cuando elegimos a nuestras autoridades. La multa que se había implementado era excesivamente baja y no resultaba disuasiva, por lo que la que hoy día se está proponiendo, de entre 145 mil y 337 mil pesos, la estimo una buena medida.

Por otro lado, para quienes hoy están viendo esta sesión, no cambia en nada el hecho de que estemos enfermos; fuera del país; a más de 200 kilómetros de distancia de nuestro lugar de votación; con algunas funciones que desempeñar, como de seguridad o de salud, o algún otro impedimento grave que no nos permita ir a votar.

Presidente, cuando estamos ad portas de votar el proyecto sobre cambio al sistema político -veremos en su mérito si vale la pena aprobarlo o no-, quiero dejar en claro que al menos yo -y el partido Republicano en este caso- considero relevante contar con la mayor participación posible de electores y, en consecuencia, tener voto obligatorio.

En mi opinión, hoy día no es posible revertir una decisión que ha sido absolutamente positiva y que ha permitido que al menos las elecciones que ha habido en el último tiempo sean efectivamente representativas, con un alto porcentaje de participación de la población.

Así que voy a votar a favor, y felicito la iniciativa.

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

En verdad, participar en los procesos eleccionarios es un deber de todo ciudadano, pues vivimos en sociedad. Me parece que está bien que sea obligatorio ir a votar.

Lo que hay que discutir es el tipo de sanción, porque es muy complicado que sea monetaria, ya que cobrar una multa al final nunca se hace. No sé si es una medida que logre los efectos que buscamos.

Yo creo que la sanción tiene que ir por otro camino. Deberíamos crear la "situación de votante al día", y que sea exigida para ciertos trámites en el Estado, incluso en el sector privado; que se exija cuando se opte a un empleo público, cuando se realice un trámite o se postule a un subsidio. También me hace sentido lo que planteó el senador Insulza . Todo ello es mucho más efectivo que establecer una multa.

La "situación de votante al día" debería ser exigida para distintos tipos de trámites con el Estado y para participar con este.

Considero que esa es la esencia del concepto de ir a votar.

Gracias.

El señor CASTRO (don Juan).-

Gracias, Presidente.

Cuando queremos validar la democracia nos hacemos varias preguntas. Por eso encuentro injusto que algunos colegas senadores no estén de acuerdo con este proyecto.

Creo que todos los chilenos y los migrantes avecindados en Chile deben tener cierta responsabilidad y deberes que cumplir, no solamente puros derechos. Porque normalmente las personas en este país exigen todos sus derechos al Estado; obviamente, a nosotros también nos exigen y critican.

Pienso de verdad que la democracia y las autoridades se validan cuando la mayoría, cumpliendo con la responsabilidad de ser chileno o avecindado en este país, hace valer su derecho constitucional de votar.

Por esa razón considero importante este proyecto.

Si queremos validar y consolidar la democracia, exigirles a las autoridades que cumplan, que sean responsables en sus funciones, debemos partir por el hecho de que todo chileno vaya a votar, que tenga la obligación de hacerlo; y si no concurre a ello, obviamente que exista una sanción donde más le duela: en lo económico.

Los colegas hablaban sobre qué pasaba si la persona no ejerce su derecho de ir a votar, porque no desea hacerlo: obviamente, hay trámites que no deberían facilitársele.

Tenemos que ser capaces de sacar adelante este proyecto, porque como chilenos, como autoridades, como senadores de la república debemos tener las reglas claras, para que todos sepan que no cumplir con el deber cívico de votar conlleva una sanción.

Ciertamente, la democracia y las autoridades se consolidan cuando son validadas por la mayoría de los chilenos.

Por eso estoy a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Juan Antonio Coloma, tiene la palabra.

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidente.

Hay temas de legítima discusión y otros que son más de sentido común.

En su momento, nosotros aprobamos por una amplia mayoría la obligatoriedad del voto. Recordemos que antes se había aprobado lo contrario: la voluntariedad. Yo no concurrí a la idea de legislar sobre ello; posteriormente, los distintos sectores políticos llegaron a un acuerdo en esa línea.

Creo que la demostración más clara del fracaso de ese esquema, contra lo que muchos habían planteado, fue que bajó enormemente la participación ciudadana. Y eso lo podemos ver en la diferencia monumental que hubo en la última elección municipal, donde el número de votantes en muchas partes fue más del doble que el que participó en el proceso anterior, que era voluntario.

Entonces, cuando uno toma decisiones, primero tiene que ver los resultados.

Yo no sé si alguien en el Senado cree que la voluntariedad del voto genera mayor participación ciudadana, como se argumentó en su momento. Creo que a estas alturas nadie puede sostener que siendo el voto voluntario va a mejorar el número de votantes.

Por el contrario, pienso que todos estamos en condiciones de señalar que la obligatoriedad del voto aumenta sostenidamente la participación ciudadana.

Por consiguiente, la segunda pregunta que me hago: ¿es mejor tener autoridades electas con un alto nivel de participación o es mejor que unos pocos decidan por muchos?

Nadie podrá estar en desacuerdo en que clara y empíricamente una autoridad en cuya elección participó mucha gente tiene mayor legitimidad que aquella que fue elegida en un proceso donde hubo muy pocos votantes.

Por lo tanto, en esta sucesión de ideas, planteo la tercera pregunta que este proyecto con toda razón busca resolver: siendo obligatorio el voto, ¿corresponde o no que en la vulneración de esa obligación haya una sanción?

Todavía no he escuchado a nadie sostener que siendo obligatorio algo no pueda ser sancionado. Es como si se dijera: "Mire, en la Ley del Tránsito hay una norma respecto del semáforo. Si a usted le toca una luz roja, obligatoriamente debería frenar; pero si no lo hace, no pasa nada".

¡No! Tiene que haber una sanción. Esa es la lógica en la contraprestación de la idea de la ley, la cual manda, prohíbe o permite. Y para esos efectos existen incentivos o sanciones.

Entonces, afirmar que se es consecuente cuando se dice que está bien que el voto sea obligatorio, pero está mal que haya sanción, ¡perdónenme, esa es la esencia de la inconsecuencia! Es un intento de volver a un voto voluntario, quizás por algún cálculo, en donde a pesar de haber votado mucha más gente a alguien le pueda haber convenido o no.

Por eso, me parece bien sorprendente siquiera que se haya solicitado la segunda discusión del proyecto. Yo entiendo que esto es de alto sentido común. Simplemente es un asunto de literalidad respecto de cómo se interpreta y cómo se ejecuta la obligación legal para generar sistemas electorales que sean participativos y, por tanto, obligatorios y con sanción.

Presidente, espero que se vote mañana la iniciativa. Creo que es muy relevante limar cualquier incerteza que exista en esta materia.

Me pasa que uno empieza a cuestionarse por qué no quieren esto algunos. Y la única explicación que se me ocurre es porque no desean que el voto sea obligatorio.

En consecuencia, me parece mucho más lógico que en esa circunstancia se presente un proyecto para volver a la voluntariedad del voto, y no que se genere una suerte de ineptitud de la ley aprobada, al no asignarse sanción alguna, ya que eso me permite sospechar que se estaría buscando de manera tangencial el efecto exactamente contrario al que se planteó cuando se dispuso la normativa.

Por ello considero importante que se vote. Yo me voy a pronunciar a favor. Hago un llamado a hacer lo propio el día de mañana, porque estas cuestiones tienen que avanzar antes de procesos electorales.

He dicho, Presidente .

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Así como el senador Coloma -por intermedio de la Mesa- pone en duda la votación de algún sector político en contra de este proyecto, yo también pongo en duda la real motivación de la derecha.

Llama la atención que la derecha no quiera que los hijos de migrantes vayan al colegio; que objete sus cupos en los jardines infantiles; que objete cualquier tipo de ayuda que se les entregue a los migrantes; que quiera poner medios en la frontera, y que finalmente tenga una visión crítica de la migración.

Es cierto que nuestro país tiene problemas con la migración, pero otra cosa es objetar los derechos de las personas. Curiosamente, el único que no objetan es el derecho a votar.

Entonces, también tengo una legítima duda de por qué hoy día existe esta gran motivación para que los extranjeros voten masivamente, en circunstancias de que esto no ocurre en ningún país del mundo.

Aquí tenemos compañeros que vivieron el exilio. La propia senadora Allende -por su intermedio, Presidente - señaló ello en alguna oportunidad: vivió muchos años en México y nunca pudo ejercer el derecho a voto.

Si queremos hablar de los derechos de las personas y del derecho a voto, pediría también que pudiéramos revisar un proyecto que la propia derecha incorporó e introdujo en el debate, una reforma constitucional que ponía en discusión y en duda el derecho a voto de los extranjeros. Esa iniciativa fue presentada en mayo del año pasado, señor Presidente .

Pero cuando se dieron cuenta de que al parecer el caudal de votos era importante, revierten y ahora impulsan este proyecto.

Aquí la discusión es de fondo, no es electoral, no es para sacar caudal electoral para unos o para otros, señor Presidente.

La definición sobre la migración, los derechos de los migrantes y el problema migratorio que tenemos en el país es una discusión seria, que hay que abordar en las instancias que corresponden y no con ocasión de una iniciativa relativa al sufragio. Y el debate acerca del voto de los extranjeros también debe serlo.

Espero que de una vez hagamos una discusión acerca del voto de los chilenos en el exterior. Fueron exiliados y pueden votar en el extranjero nada más que para las elecciones presidenciales. Son chilenos con sus derechos limitados en cuanto al ejercicio del sufragio. Hay ciudadanos chilenos que no pueden votar.

Por lo tanto, me parece que no corresponde la discusión de esta materia en este proyecto de ley, y por eso voy a votar en contra de esta iniciativa.

Gracias, Presidente .

La señora CAMPILLAI.-

Muy buenas tardes, señor Presidente .

Buenas tardes a todos.

Sobre este proyecto hablamos mucho, pero de verdad que no nos hemos dado cuenta en realidad de por qué la gente no vota. Una senadora que me antecedió dijo que llegamos casi al 30 por ciento de personas que sí votaban, y las demás, no.

El voto es...(ruido en la sala) El voto es...

Disculpen, pero hay mucha bulla.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ruego mantener silencio, para que escuchemos a la senadora Fabiola Campillai.

La señora CAMPILLAI.-

El voto es un derecho, es un deber, pero es un derecho que yo decido si ejerzo o no.

Y si yo no ejerzo el voto es porque, realmente, no estoy a gusto o no apruebo la política en Chile. Hay mucha gente que dice que no está de acuerdo ni con nosotros los políticos ni con el Gobierno.

Entonces, ¿cómo queremos que la gente se encante nuevamente si la obligamos a votar?

Ese no es un camino. ¿Obligándolos, poniéndoles una multa? Si sabemos que esas multas solo van a perjudicar a la gente trabajadora, a la clase trabajadora.

Hoy obligamos a las personas a votar.

¿Pero por qué no nos preguntamos qué es lo que realmente quiere la gente de nosotros? ¿Qué es lo que la gente quiere que hagamos para volver a encantarse, tanto con nosotros los políticos como con el Gobierno?

Yo creo que tenemos que ir por ahí.

Y no estoy de acuerdo con el voto obligatorio, porque yo pienso que es un deber, pero también es un derecho que yo decido si ejerzo o no.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que resulta dudoso pedir segunda discusión de este proyecto, pues se supone que estamos todos de acuerdo en fortalecer nuestra democracia y garantizar una amplia participación ciudadana.

Hoy día nadie duda -¡nadie duda!- de que en los últimos comicios con voto obligatorio ha habido una tremenda participación ciudadana. Y los procesos electorales hoy día cuentan con todo el respaldo de una inmensa mayoría que, finalmente, ha votado con lo que ha establecido y generado un orgullo para nuestro sistema democrático.

Además, cuando tenemos votaciones para elegir a autoridades como alcaldes, concejales, gobernadores regionales, consejeros regionales -donde se fundamenta la base social democrática en cada una de las regiones- y cuando se trata de la elección presidencial y las elecciones parlamentarias, es nuestro deber incentivar a que una gran mayoría de chilenos se manifiesten a través de su voto en las grandes decisiones nacionales y se hagan partícipes en los procesos electorales que determinan, en gran medida, no solo el futuro de nuestro país, sino muchas veces el futuro de las personas.

Creo que todos hoy día tenemos una valoración positiva de los últimos procesos electorales con voto obligatorio: la legitimidad democrática de una alta participación, la rápida y confiable entrega de resultados por parte del Servel es algo que nos enorgullece a todos.

Por eso, creo que quienes no participan de estos procesos, no teniendo la debida justificación para ello, deben ser sancionados. Porque esta multa implica el incentivo suficiente para no excluirse de la responsabilidad que implica un proceso electoral, en donde no solo hay deberes, sino también derechos.

El voto es un derecho ciudadano y, por lo tanto, una obligación legal y ética de todos los ciudadanos con la democracia que debemos preservar.

Cuando hablamos de la votación para los migrantes nos referimos a aquellos que hoy poseen residencia permanente en Chile y que, por lo tanto, cumplen con la normativa legal vigente para tener acceso a la votación.

No me gustaría pensar que hoy día, porque no le conviene a un sector, simplemente tengamos que rechazar una votación obligatoria. Creo que esa es una burla para todos los chilenos.

Anuncio mi voto a favor.

Gracias, Presidente .

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, quiero manifestar que poder discutir con más precisión, con mayor profundidad un proyecto de artículo único que fue visto apenas en una sesión de la Comisión de Gobierno, que no tiene plazo de indicaciones, que no nos ha permitido a todos los demás involucrarnos en un debate, no significa cuestionar el voto obligatorio, al menos de mi parte y de mi comité.

Nosotros no tenemos problemas con el voto obligatorio, por algo ya aprobamos dicha materia.

Sin embargo, hay que debatir algunos temas.

¿Por qué uno no puede cuestionarse el monto de aumento de la multa?

¿Por qué no es posible clarificar, ya que aquí se han hecho algunas preguntas, a quién se le considera con derecho y deber de sufragar?

¿Qué se entiende por ciudadano y/o por elector? ¿Son lo mismo o no?

Yo lo quiero decir porque aquí no tengo ningún cálculo electoral. Mi problema no es ese.

Incluso, para la idea política, para la propuesta política que sea para el país, por cierto que es mucho más legítimo que avance y se exprese con la mayor cantidad del padrón electoral en lugar de un padrón voluntario. Ese no es el punto.

Pero creo que tenemos el legítimo derecho de pedir que se lleve adelante esta discusión, no dilatada en el tiempo, eternamente, pero sí con otras consideraciones que yo al menos no veo en la redacción del artículo único.

Por eso, Presidente , yo quiero solicitarle al Ejecutivo que también genere una opinión sobre este proyecto de ley y que podamos producir las claridades respecto a esas otras consecuencias, que, insisto, no cuestionan la obligatoriedad del voto. Yo estoy de acuerdo con esto último. ¡Estoy de acuerdo!

Por cierto, también estoy a favor de que, si no se sufraga, haya multa.

Pero lo que no quiero es que me impongan esto sin siquiera haber tenido la posibilidad de discutir, primero, a quiénes están considerando en la obligatoriedad; segundo, por qué este guarismo de la multa y no otro.

No sé si me explico. ¿Por qué no se abre un plazo de indicaciones?

Por eso, Presidente, me parece bien que se haya pedido segunda discusión por parte del Comité del Frente Amplio.

Gracias, Presidente .

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

En materia legislativa y en la vida hay que ser coherente: el voto obligatorio sin sanciones no es voto obligatorio. Lo dijimos en el último proceso electoral, a raíz de la controversia que se generó: obligación sin sanción no es obligación.

No puede haber reforma constitucional, que fue algo que aprobamos en el Congreso, sin que el legislador cumpla el mandato que estableció el propio constituyente para que en este caso podamos tener voto obligatorio. Porque la reforma constitucional consagró claramente que una ley orgánica constitucional deberá fijar las multas o sanciones para aquellos que no cumplan con dicho deber, así como el procedimiento para su determinación.

Y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto, que impulsamos con el senador Ossandón, la senadora Rincón, la senadora Luz Ebensperger y otros senadores que, con sus indicaciones, se sumaron a perfeccionarlo.

Hemos dicho también, Presidente -queremos reiterarlo, y quiero ser muy responsable en esto-, que lo que pase hoy en el Senado tiene consecuencias con lo que va a suceder mañana. No puede haber reforma al sistema político sin voto obligatorio y sin establecer sanciones para el que no vote.

Y voy a explicar por qué. Porque el fundamento de la reforma al sistema político apunta a que hay que aumentar la gobernabilidad y la representatividad. Y lo que ha logrado el voto obligatorio en las recientes elecciones municipales, de gobernadores regionales y de consejeros regionales es precisamente que hayan sido elegidas autoridades con un tremendo respaldo popular. ¡Eso es representatividad de verdad!

Entonces, si se va a postergar esta discusión, me parece bien que posterguemos también mañana la discusión de la reforma al sistema político. Porque reforma al sistema político y voto obligatorio tienen que ir de la mano si de representatividad se trata. Lo otro, ciertamente, van a ser cálculos mezquinos, cálculos menores, que ya presenciamos en la discusión relacionada con las últimas elecciones municipales y regionales.

¿A quién le conviene que voten o no los extranjeros? Bueno, eso también ha sido parte de la discusión.

Acá hemos tenido miles de exiliados, miles de expatriados, miles de personas que son parte de la diáspora provocada por la dictadura de Nicolás Maduro, que está usurpando el poder, desconociendo la voluntad popular, aquella que validó este Senado cuando aprobó un proyecto de acuerdo que reconocía el triunfo en las urnas de Edmundo González, tal como lo reconoció ayer desde la Casa Blanca el Presidente de Estados Unidos . Pero, claro, algunos no quieren que las víctimas de la diáspora venezolana voten.

Nosotros pretendemos ser coherentes con lo que legislamos respecto de los últimos dos procesos constituyentes, donde establecimos el voto obligatorio, porque obligación sin sanción no es obligación. Ahí determinamos una multa, y algunos dijeron que era una burla la multa que habíamos contemplado. Pero se trataba de un principio. Nunca defendimos el monto de una multa, sino que la idea era defender un principio. Y ese mismo principio es el que vamos a defender con este proyecto.

Reitero: obligación sin sanción no es obligación. Tiene que haber voto obligatorio con sanciones para que sea realmente voto obligatorio. Por tanto, no puede haber reforma al sistema político con voto obligatorio sin sanciones.

He dicho, Presidente .

El señor QUINTANA.-

Le agradezco, Presidente .

Esta discusión me llama mucho la atención, porque entre los autores de la moción en debate tenemos a algunos distinguidos colegas que hace exactamente nueve meses nos habían propuesto algo bien distinto: básicamente, volver a como era nuestro sistema de votación en el pasado, históricamente, cuando teníamos voto obligatorio, en que simplemente el voto debía ser a nivel local, pero nunca a nivel nacional.

Entonces, Presidente , creo que aquí se está tomando un camino, a mi juicio, equivocado. Esto no es nuevo, no es solo de un sector más refractario a la democracia -no de toda la derecha, por cierto-, porque puede tener distintas expresiones en diferentes países. En Argentina se conoció en algún momento como el "populismo de izquierda", entre Kirchner y Morales. Ello significó que se les otorgara efectivamente derecho a voto a muchos ciudadanos bolivianos, lo cual era un requisito para acceder a una serie de beneficios sociales.

Por lo tanto, creo que esto tiene un tufillo muy de calculadora electoral. Porque no puede ser que en este debate haya sectores que cambien de opinión en tan solo nueve meses. Esto no lo esperaba, por cuanto aquella discusión -recuerdo- se dio profusamente, no a la rápida -afortunadamente, se pidió segunda discusión-, en el marco de la última elección de gobernadores y alcaldes. Ahí siempre se entendió transversalmente que íbamos a tener una discusión mucho más allá de la respetada opinión de la Comisión de Gobierno, que nos trae este informe. Y eso no está ocurriendo hoy día, porque aquí lo que estamos haciendo, en los hechos, es darle un trato de un nacional chileno a un extranjero avecindado. Son cosas distintas, porque incluso uno podría ir más allá y decir "Aquí, en el fondo, se le está entregando nacionalidad en los hechos", en circunstancias de que es algo que siempre ha sido un trámite voluntario.

Además, Presidente, poner una carga -porque una multa es una carga- no es propio del trato a los nacionales.

En definitiva, aquí se está estableciendo una diferencia en contra de los chilenos -y eso hay que señalarlo-, porque, por un lado, se nos dice: "Vamos a dinamitar la frontera" -esto tiene un poco que ver con el debate que viene a continuación- "para que se vayan", y, por otro lado, acá se está diciendo: "No, los queremos dejar aquí y que voten". O sea, los tenemos casi rehenes.

En consecuencia -insisto-, creo que esta es una discusión mucho más compleja. Tanto es así que en el proyecto que viene a continuación, sobre migración y extranjería, se aumenta de cinco a diez años el plazo para otorgar la nacionalidad.

Por lo demás, me parece que esto no tiene una relación, una armonía con otras normas cuyo debate este mismo Congreso y las comisiones están llevando a cabo.

Así que pediría que nos diéramos el tiempo, ojalá más allá de la segunda discusión, para abordar bien algunos temas que aquí claramente no se están resolviendo y en que se ha cambiado de opinión en el transcurso de nueve meses.

Voy a votar en contra cuando corresponda. Espero que no sea mañana, Presidente.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

En lo personal, estoy a favor del voto obligatorio -lo he dicho así en distintas oportunidades-, pero me parece que acá se está intentando pasar de contrabando un elemento que no es menor relacionado con la votación de las personas extranjeras en nuestro país en cualquier tipo de elecciones.

Una legislación comparada seria, con países que llevan años de desarrollo democrático, distingue en qué nivel, en qué elecciones se les da derecho a voto a las personas extranjeras. Normalmente, ¡normalmente!, es para las elecciones de carácter local. Así que no es llegar y tener algunos pocos años de residencia en nuestro país para elegir Presidente de la República o parlamentarios. Eso no es así en prácticamente ningún país serio y democrático del mundo.

Por tanto, acá se está intentando aprobar una normativa con fines electorales. Porque tenemos una derecha con contradicciones: por un lado, la candidata de ese sector va hoy día a la frontera a pedir que se hagan zanjas, que se pongan minas antipersonales, que se dinamiten las áreas; y, por otro lado, se observa a candidatos en distintas ciudades haciendo campañas con miles de venezolanos, llamándolos a votar, pero se dice, al mismo tiempo, que hay que expulsarlos. Entonces, existe una contradicción.

Y, más encima, ahora se les quiere dar derecho a voto para elegir Presidente de la República y parlamentarios a personas que llevan poco tiempo en nuestro país, y de manera generalizada, sin hacer una distinción clara que permita saber en qué elecciones tienen derecho a participar y en cuáles no. Porque las elecciones generales y el voto obligatorio se aplican ¡a los ciudadanos chilenos! Y si alguien quiere obtener la ciudadanía, bueno, tendrá que realizar el trámite, pero deberemos revisar los requisitos correspondientes. Todo eso es parte de una discusión seria.

Al presente debate ni siquiera se invitó al Servel y tampoco se abrieron audiencias con expertos para mirar la experiencia comparada. Se pasó máquina y se intentó ver a la rápida un asunto complejo, con fines electorales. Porque normalmente analizan las encuestas y piensan: "hoy día hay más de un millón de extranjeros en nuestro país y mayoritariamente votan por la derecha", según se desprende de ciertos discursos populistas de las derechas, que se disputan dicho electorado. Pero eso es poco serio ¡poco serio!

Entonces, me parece que es un proyecto con consecuencias importantes. Insisto: yo estoy a favor de que se aplique el voto obligatorio a las ciudadanas y ciudadanos chilenos para elegir Presidente de la República y parlamentarios. Y pienso que deberíamos distinguir el tipo de elecciones, como ocurre en otros países, en las cuales podrán participar los migrantes.

Demos una discusión seria. Esta es una iniciativa de artículo único, además, y se discute en general y particular. Por tanto, quieren aprobarlo rápido, sin que haya una batería de indicaciones. Y le pido al Gobierno -acá se encuentran la ministra Tohá y el ministro Elizalde - que levanten una serie de indicaciones y de propuestas para dar este debate y despachar una legislación que sea consistente con la reforma constitucional que busca la obligación del voto para los ciudadanos chilenos y las ciudadanas chilenas, y con excepciones y requisitos acotados para el tipo de elección en el caso de los extranjeros.

Pedí la segunda discusión para que haya un debate más de fondo sobre un problema de la democracia muy serio para que se esté intentando pasar a la rápida.

Gracias, Presidente .

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, Presidente.

Hoy día queremos legislar para salvar una situación que se presentó en una elección pasada, donde precisamente había un vacío que nosotros mismos dejamos en la normativa.

Por eso que resulta muy contradictorio escuchar a la izquierda refiriéndose a los extranjeros como si fueran personas que en algunos casos cuentan con todos los méritos y todos los derechos y en otras situaciones parece cuestionable que en un proyecto de ley se considere su incorporación electoral.

Porque recordamos lo que pretendía el Gobierno cuando se discutió esta misma materia. Aquí está el ministro Elizalde presente, quien en el debate del proyecto anterior expresaba que él no quería que se mencionara la palabra "electores", y el texto actual es lo único que señala. No habla de extranjeros, por su intermedio, Presidente , se los digo a los senadores de izquierda. ¡No habla de extranjeros!

Sin embargo, y se lo señalo al senador Latorre , quien se refería recién al tema, el Gobierno planteaba un requerimiento distinto.

Está presente aquí el ministro Elizalde , quien está hablando con la ministra Carolina Tohá , y aprovecho de saludarlos y desearles que ojalá este año, que ya empezó tan complejo, sea mucho mejor que los anteriores y que se reviertan las dificultades que hemos debido enfrentar.

¿Y qué pedía el ministro Elizalde , en ese minuto?: "queremos cambiar la palabra `electores' por `ciudadanos'". Miren la diferencia semántica que el Gobierno planteaba: "electores" por "ciudadanos".

¿Y quiénes son electores? Todos aquellos chilenos y avecindados en el territorio que cumplan todas las exigencias que fija la ley.

Por lo tanto, ¿el proyecto es una expresión del cálculo, como señalaban aquí, y de oportunidades mezquinas? No, no es así. Busca simplemente reconocer una circunstancia que, además, ratifican las cifras. Según datos del Servicio Electoral, las últimas elecciones, con todas las consecuencias que esto acarrea, "mostraban una participación de alrededor del 47 por ciento en las elecciones presidenciales del año 2021". Senadores, senadoras, ¡47 por ciento!: ¡menos de la mitad del padrón electoral de nuestro país!

¿Qué tenemos que hacer frente a esta realidad? ¿Acaso la democracia no se transforma en imperfecta cuando la participación de la ciudadanía, por diversas razones, se empieza a inhibir?

Y en ese minuto, cuando se inició el primer proceso constitucional, pucha que se aplaudía esta situación, pese a los resultados desastrosos y con todas las consecuencias que derivaron después de haber tenido un grupo constitucional que ni siquiera respondía a esas consideraciones.

Cuánto se criticó que hubiera parlamentarios que fueron elegidos con menos del 2 por ciento de la votación. Y muchas veces hacían gárgaras con grandes elucubraciones teóricas y filosóficas en la Cámara de Diputados cuando contaban con una representación donde prácticamente fueron, como bien señalaba en esas ocasiones, arrastrados por terceros.

¿Qué pasó cuando el voto fue obligatorio? El 2021, como señalaba, participó el 47 por ciento; el 2022, para el plebiscito constitucional de septiembre, ¿saben, los senadores de izquierda -por su intermedio- cuánto fue la participación ciudadana con el voto obligatorio? Porque cuando analizamos estos temas debemos contar con cifras concretas. La participación del electorado del país fue del 85,7 por ciento, una de las más altas de los últimos años.

¿Cómo no deberíamos corregir la actual situación? ¿Qué queremos, que en Chile vote solamente la mitad porque a algunos les conviene, por cálculos mezquinos, que seamos ciudadanos y no electores, como señalaba el senador Elizalde? `O queremos que voten todos los chilenos que pueden votar?

Eso es lo que busca el proyecto: que voten todos los chilenos que puedan hacerlo y aquellos extranjeros avecindados en el país que cumplan con las exigencias que legalmente se les exige para estar habilitados en su caso.

Nosotros queremos que siga votando el 85, el 87 y ojalá el 100 por ciento, y no la mitad, como se planteaba con el proyecto vigente.

El resto es tratar de sacar las castañas con la mano del gato, cuando aquí lo que se busca es dar una señal potente de ejercicio de la democracia y de participación.

Yo voto absolutamente a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor CRUZ-COKE.-

Muchas gracias, señor Presidente.

¡El voto obligatorio qué bien le ha hecho a la democracia, por lo demás...!

Esta discusión la sostuvimos en algún momento en el gabinete del primer gobierno del Presidente Piñera, precisamente en el sentido opuesto: reemplazar el voto obligatorio que existía hasta ese momento, con inscripción voluntaria, por el voto voluntario.

Muchos fuimos escépticos de aquello, por la sencilla razón de que la democracia implica, o más que implica, impone ciertas obligaciones mínimas. Cuando un ciudadano apunta contra un dirigente, un político o una persona que gobierna en cualquiera de las instituciones estatales sometidas a la votación popular y a la representación propia del cargo ejerce su derecho a reclamar. Pero probablemente ese mismo derecho estará restringido para sí mismo si no ha sido capaz de ejercer y ha delegado en otros la capacidad de votar.

Y porque es una obligación que no recibe ninguna sanción tuvimos lamentablemente que pasar por un episodio hace poco tiempo donde se produjo una discusión porque no existía la ley. Y lamento además que se siga con la idea de prorrogarlo, cuando entendemos que la mayor participación le hace bien a la democracia y genera ciudadanos más comprometidos.

Se buscó una distinción que nosotros en su momento desechamos, por ejemplo, en la Comisión de Constitución de la Cámara, en el plebiscito de 2022 entre ciudadanos y electores, cuando eran electores. Parece una distinción un poco maniquea decir ahora: "van a ser los ciudadanos, pero no los electores", cuando queríamos un proceso amplio, participativo, precisamente porque entendíamos que de esa manera se fortalecía la democracia en el plebiscito de 2022.

Y hoy día se pretende dilatar eternamente pidiendo segundas discusiones respecto de algo que es obvio, incluso con una sanción mínima, casi eufemística, como la que hemos tenido en la votación recién pasada, pero que llevó al 85 por ciento del padrón electoral a votar.

¿Cómo no va a ser una democracia más vigorosa, más viva y que muestre mayor empuje que aquella que permite que las personas participen de mejor manera?

Yo creo que eso ha sido, Presidente , un avance democrático, porque la democracia implica necesariamente obligaciones.

Por otra parte, se argumenta que algunos sacan el pequeño cálculo político y se señala: "es que los extranjeros en esta ocasión, como sucedía en su momento con quienes votaban en el exterior, favorecen a cierto sector político".

Según una encuesta del CEP del año 2023 sobre inmigración, un 36 por ciento de los extranjeros no manifiesta intención política; un 31 por ciento se declara de centro; un 22 por ciento de derecha, y un 10 por ciento de izquierda. Y entre los chilenos, un 26 por ciento no especifica inclinación, un 39 por ciento se declara de centro, un 14 por ciento de derecha y un 20 por ciento de izquierda.

Entonces, no permitir que aquellas personas habilitadas puedan votar, y no definir claramente hoy día el tipo de elecciones, sin catalogarlas y dejarlos fuera, teniendo esa posibilidad sin ser ciudadanos, pero pudiendo ser electores, me parece que es un formulismo que no le sirve a la democracia y que se contradice con otras leyes que nosotros hemos aprobado antes, particularmente para el plebiscito.

Obligación sin sanción no sirve.

Considero que hay que aprobar el proyecto, dejar de demorarlo, dejar de dilatarlo, y espero que el Gobierno -y aprovecho de saludar a los ministros- pueda indicar aquello que le parezca razonable, a los efectos de sacarlo pronto y habilitar que la mayor cantidad de personas pueda participar en las elecciones en Chile. Que sea un acto abierto, amplio, que robustezca la democracia, como ha demostrado ocurrir con el voto obligatorio.

Y espero también que la reforma al sistema político nos permita ordenar de mejor manera nuestra institucionalidad y posibilite mayores acuerdos en lugares como en el que nos encontramos: en este mismo Senado, y en el Congreso.

Muchas gracias, señor Presidente.

--El proyecto queda para segunda discusión.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Entramos, entonces, al proyecto signado con el número 2 del Orden del Día, que modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, y otros cuerpos legales, en las materias que indica, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El Secretario General hará la relación del proyecto.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, y otros cuerpos legales, en las materias que indica, iniciativa correspondiente al boletín N° 16.072-06.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.072-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Los objetivos de este proyecto son modificar la Ley de Migración y Extranjería en lo relativo a prohibiciones de ingreso, causales de expulsión, proceso de nacionalización, registro de extranjeros, ingreso de menores no acompañados y sanciones por delitos relacionados con la migración.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, discutió solo en general esta iniciativa de ley.

La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señoras Ebensperger y Vodanovic y señores Kuschel y Ossandón.

Asimismo, consigna que los numerales 38 y 39 del artículo 1 permanente corresponden a normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren de 26 votos favorables para su aprobación.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 19 y siguientes del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor OSSANDÓN.-

Gracias.

En nombre de la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización, tengo el honor de informar el proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que modifica la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, y otros cuerpos legales, en las materias que indica, correspondiente al boletín N° 16.072-06, con urgencia calificada de "suma".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió solo en general esta iniciativa de ley, la que resultó aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señoras Luz Ebensperger y Paulina Vodanovic y señores Carlos Ignacio Kuschel y Manuel José Ossandón (4x0).

El objetivo del proyecto es modificar la Ley de Migración y Extranjería en lo relativo a prohibiciones de ingreso, causales de expulsión, proceso de nacionalización, registro de extranjeros, ingreso de menores no acompañados y sanciones por delitos relacionados con la migración.

Para su estudio la Comisión recibió a la ministra del Interior y Seguridad Pública , señora Carolina Tohá ; al subsecretario del Interior , señor Luis Cordero ; al director del Servicio Nacional de Migraciones , señor Luis Thayer Correa , y a su jefe de gabinete, señor Nicolás Torrealba ; a la directora de Organización Migrantas , señora Vanessa González Peña ; de la Corporación Humanas, a la abogada señora Laura Bartolotti Henríquez ; a la directora de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, señora Gabriella Hilliger , y al exdirector nacional del Servicio Nacional de Migración, señor Álvaro Bellolio , cuyas intervenciones constan en el informe que tienen a la vista.

Después de escuchar a los invitados antes indicados, y de expresar sus opiniones, los integrantes de la Comisión aprobamos la idea de legislar por unanimidad, y solicitamos a la Sala adoptar igual determinación, fijando, si le parece, un plazo de indicaciones hasta el día 17 de enero del año en curso.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

La señora NÚÑEZ.-

Muchas gracias, señor Presidente .

Saludo, por su intermedio, a la ministra del Interior, que se encuentra aquí presente.

Este es un proyecto de suma relevancia para el país, pero, evidentemente, lo es con más fuerza para el norte de Chile y principalmente para la región que represento, que es la región de Antofagasta.

Estamos hablando de una iniciativa que modifica la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales con el objeto de llevar a cabo distintos cambios que permitan avanzar en una migración ordenada, segura y regular.

Por lo tanto, hoy nos enfrentamos a la discusión de un proyecto, insisto, relevante y necesario para responder, al final del día, a los desafíos que tenemos como país en materia de migración.

El proyecto propone modificaciones sustantivas que buscan ordenar los flujos migratorios, fortalecer la seguridad y garantizar derechos fundamentales, tanto para nacionales como para extranjeros.

Es innegable que la realidad migratoria en nuestro país requiere un marco normativo robusto y actualizado -que siempre va a cambiar porque esta realidad también va avanzando- a los nuevos flujos migratorios. Y en tal sentido apoyo el proyecto, que hoy votamos en general.

Sin embargo, no podemos pasar por alto ciertas materias que deben ser objeto de revisión en su discusión particular.

La primera es que cualquier esfuerzo legislativo carecerá de sentido si no se establecen medidas efectivas para el cierre y control de nuestras fronteras. Desde este punto de vista, se hace imperativo avanzar en estrategias que limiten el ingreso irregular, ya que, de lo contrario, los cambios propuestos solo abordarán las consecuencias y no el problema de raíz.

En segundo lugar, el transporte de personas se ha convertido en un negocio lucrativo en regiones como las del norte del país, transformándose en verdaderas mafias. Estas redes pueden generar ingresos diarios, ¡diarios!, de millones de pesos, operando sin controles efectivos y poniendo en peligro tanto a quienes migran como a las comunidades que los reciben.

El proyecto contempla medidas para sancionar estas prácticas, las que deben ser claras para lograr desmantelar dichas redes del crimen organizado.

En cuanto al requisito de diez años de residencia definitiva para optar a la nacionalización -que ha sido bullado, discutido y ha levantado distintas alertas-, es evidente que resulta excesivo, y así quiero dejarlo señalado en mi intervención.

Actualmente, el otorgamiento de residencia demora entre tres y cinco años y en la práctica extendería el proceso a más de una década, pudiendo llegar a trece o quince años. Esto no solo genera una barrera desproporcionada en comparación con otros países de América Latina y el mundo, sino que también puede ser percibido como una medida arbitraria.

Es necesario, entonces, encontrar un equilibrio entre el tiempo de residencia y el acceso a la nacionalización para promover la verdadera integración.

No estoy de acuerdo en que se golpee -más aún cuando terminamos con una medida que a mi juicio, insisto, es arbitraria- a aquellos que han venido a aportar, a trabajar y que derechamente ya están con sus familias asentados en nuestro país.

Respecto a las disposiciones relacionadas con la educación y la Junji, es importante revisar la resolución exenta que otorga prioridad a los hijos de extranjeros en situación irregular para acceder a jardines infantiles. Si bien la intención de esta norma es garantizar derechos fundamentales, resulta vital que las políticas públicas sean equitativas y no generen privilegios que puedan afectar la cohesión social, la integración, la inclusión, especialmente en comunidades con alta presión migratoria que han recibido una ola de migrantes, sin que nuestro ordenamiento jurídico haya sido adecuado y actualizado.

Por último, reitero que no debemos premiar la irregularidad migratoria, pero tampoco podemos ignorar a quienes, estando en el país, insisto, contribuyen activamente al desarrollo de nuestra sociedad.

Este proyecto debe enfocarse en una migración justa, ordenada y responsable, con una visión de integración que respete tanto los derechos de los migrantes como, evidentemente, de la ciudadanía chilena.

En definitiva, el proyecto en tabla camina en la dirección correcta, a mi juicio, pero requiere ajustes significativos para que sea realmente efectivo y equilibrado con su idea matriz, con su objetivo.

Confío en que durante la discusión particular se abordarán estas salvedades, permitiéndonos alcanzar una legislación que responda a los desafíos actuales y les cierre la puerta a quienes vienen a delinquir o han ingresado de manera irregular, no para que nunca más ingresen, sino que para que lo hagan como corresponde, respetando la ley.

Insisto: incluso para aquellos que aspiran a la nacionalización en nuestro país, no establezcamos en este proyecto una norma arbitraria que les haga más pedregoso el camino que aquel que ya han tenido que recorrer en este desafío.

Gracias, señor Presidente.

He dicho.

El señor ESPINOZA.-

Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero anunciar mi voto favorable a la iniciativa.

Yo soy de las personas que consideran que los procesos migratorios, que pueden gustarnos o no, son un derecho humano. No soy de quienes enarbolan las banderas de la libertad, y tantas otras materias como esas, pero que luego proponen, entre otras cosas, dinamitar la zona fronteriza o colocar poco menos que cárceles especiales o "sitios de estancia", como los denominan, provisorios, para los migrantes.

A mi juicio, los migrantes que salen de un país, por razones de carácter político, por ejemplo, porque son objeto de una dictadura, son personas que abandonan su patria con mucho sufrimiento: dejan de lado a sus familias, dejan de lado a sus hijos. Y por lo tanto las naciones tienen que ser, desde mi punto de vista, benevolentes con ellos.

Estas personas llegan a otro lugar a desarrollar trabajos para poder mantener a sus familias y llevar una vida acorde a la civilidad. No estoy hablando de los inmigrantes que llegan a cometer delitos. Yo siempre he sido taxativo en que los procesos de expulsión deben ser mucho más rápidos, ágiles y efectivos para que no nos ocurra lo que nos ocurrió en Puerto Montt hace yo diría poco más de un año, cuando unos migrantes colombianos agredieron a carabineros en una población y casi les provocaron la muerte a algunos de ellos.

El Presidente Boric , quien se encontraba entonces en Calama en una gira por el país, dijo desde allí, con la mejor de las intenciones: "Los vamos a expulsar de manera inmediata". Pero nos dimos cuenta de que eso no era fácil, que existía mucha burocracia para la expulsión. Incluso algunos dejaron sus domicilios durante largo tiempo, porque, cuando fueron requeridos por la acción policial, ya no estaban en ellos. Si no me equivoco, de las diez personas que participaron en la agresión, ni el 50 por ciento logró ser expulsado, y el resto lo fue después de largo tiempo, pues incluso instituciones nacionales salieron en su defensa.

Digo esto porque este debate puede provocar diferencias, pero lo que no nos puede diferenciar es la convicción de que esas personas son seres humanos.

Yo he escuchado discursos políticos en que algunos cuestionan poco menos que por qué las niñas y los niños extranjeros reciben atención en un cesfam, dejando de lado algo fundamental para cualquier legislador o cualquier persona que esté en política, como es, obviamente, la defensa y protección de los derechos de los niños, consagrados internacionalmente.

He escuchado discursos, repito, en que se habla poco menos que de dinamitar la zona fronteriza, lo que encuentro inhumano, porque implica no entender que en Chile tenemos a compatriotas que con las famosas minas antipersonales vieron truncadas sus vidas por -valga la redundancia- una vida completa, al ver cercenadas sus extremidades.

Entonces, yo comprendo que haya molestia por la inmigración vinculada al crimen organizado. Y ahí debemos tener un solo discurso: el migrante vinculado al crimen organizado debe ser expulsado de una manera mucho más expedita que la que hoy día tenemos. Y el proyecto ayuda en parte en eso porque reduce el plazo para impugnar, de diez días corridos a cinco días hábiles, y agiliza los recursos ante la Corte Suprema.

La iniciativa en debate, que modifica la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales, viene a actualizar y reforzar disposiciones legales en materia migratoria, incluyendo nuevos criterios para el ingreso, la residencia, la expulsión y los derechos de las personas migrantes en Chile.

Respecto a las restricciones de ingreso al país, se incorporan causales adicionales, como condenas por delitos de violencia intrafamiliar -lo cual me parece superbién-, crimen organizado (asociación delictiva) y delitos contra la libertad sexual.

En el caso de las expulsiones, se amplían las causales de expulsión.

En cuanto a los permisos de residencia, hay nuevas causales de rechazo y revocación, incluyendo sanciones reiteradas por "incivilidades".

Con relación a los derechos sociales, el proyecto busca que la situación migratoria irregular no influya en el acceso a beneficios estatales si las condiciones económicas o de vulnerabilidad son equivalentes a las de los nacionales. Esto me parece un avance importante. No podemos negarles a esos niños y a esas niñas acceso a la educación, acceso a la salud y, por qué no decirlo, también acceso a una vivienda digna, siempre y cuando ello no repercuta en contra de un nacional que esté en un comité de vivienda, por ejemplo.

En todo caso, el proyecto establece la obligatoriedad del enrolamiento de extranjeros en situación irregular para el acceso a la salud.

En fin, creemos que estamos ante una iniciativa que constituye un avance importante en la materia.

No tenemos que escandalizarnos por que esas personas sean, desde todo punto de vista, regularizadas. Son personas que le hacen un bien al país. En estos meses he escuchado a numerosos actores de la política hablar atrocidades de los migrantes, pero muchas veces van a un restorán y son los que mejor los atienden. O cuando vamos a echar gasolina a una Copec, los migrantes son los que mejor nos atienden.

Por lo tanto, no hay que demonizar todos los procesos inmigratorios. A quienes pertenezcan al crimen organizado, creo que lo digo por tercera vez en esta intervención-, ojalá que los expulsen de inmediato. Pero hay otras personas que merecen una oportunidad.

Nunca olvidemos que muchos de nuestros compatriotas fueron recibidos con los brazos abiertos en otras naciones cuando se vieron obligados a salir del país por razones políticas; fueron recibidos con cariño, con amor, pero también con derechos sociales. No debemos ser mezquinos en aquello.

Considero que el proyecto es un avance en un proceso que obviamente debemos regular con mayor fuerza. Estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que reforzar nuestras fronteras: totalmente de acuerdo. Pero no seamos inhumanos en lo otro. Puede ser que eso sirva electoralmente, pero no grafica el buen sentido humano que cada uno de nosotros debe tener con personas que, repito, muchas veces dejan en su país de origen a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a todos sus familiares, y que claman por volver a verlos, pero que casi nunca tienen la oportunidad de hacerlo, por razones económicas.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias, Presidente.

Primero, quiero saludar a la ministra y, por cierto, al director del Servicio Nacional de Migraciones , Luis Eduardo Thayer , quien se encuentra con nosotros.

Quiero partir señalando que voy a votar a favor de este proyecto de ley, porque nos parece que es importante que el Estado reconozca que ha tenido dificultades y que, particularmente, la crisis que se vive en la macrozona norte del país es una situación de la cual tiene que hacerse cargo.

Cruzar las fronteras no significa solo que hoy día seamos capaces de establecer normas para decir, con mucha claridad, cuáles son las condiciones en las cuales las personas tienen que convivir en nuestro país. Y, por lo tanto, toda la integración que plantea este proyecto de ley, con sanciones frente a la incivilidad, nos parece que va en la dirección correcta.

Con la misma claridad, debo señalar que hay normas que es necesario revisar, y particularmente me quiero referir, Presidente, al acceso a la educación.

Lo digo porque me parece que en este proyecto de ley hay disposiciones que van en la dirección correcta respecto del interés superior del niño: por ejemplo, en el artículo 4, segundo inciso, se señala que, tratándose de niños, niñas y adolescentes, el Estado, a través de sus organismos pertinentes, "podrá solicitar colaboración a las autoridades competentes del país de origen o a los organismos internacionales para efectos de recibir la asistencia requerida o que sea necesaria". Nos parece que este inciso refuerza la protección de niños, niñas y adolescentes.

Pero nos encontramos con que, en esta misma iniciativa, en su artículo 17, relativo al acceso a la educación, lo que se hace es generar una discriminación. ¿Qué dice el artículo 17? "Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media, a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales".

Tal norma, que establece la posibilidad de priorizar a los nacionales para asegurar su derecho a la educación, en nuestra opinión, no solo constituye una discriminación arbitraria al acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, sino que además vulnera el artículo 19, número 2°, de nuestra propia Constitución, relativo a la igualdad ante la ley, y nuestra ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en especial su artículo 8, que consagra el principio de igualdad y no discriminación arbitraria.

Presidente, en esto también veo una inconsistencia.

Si uno quiere mirar qué está pasando en países que hoy día tienen una alta incidencia en la crisis migratoria en Chile, particularmente pensando en su principal nación de origen, que es Venezuela, basta ver el informe que recientemente hemos conocido, a través de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual permite identificar las principales tendencias y hallazgos relevantes del monitoreo sobre la situación de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Dicho documento nos dice que existen muertes, abusos, violaciones a la integridad personal y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e indica un promedio diario de ocho menores que ven vulnerados sus derechos.

Ante ello, Presidente , en verdad, no me resulta muy consistente cuando escucho a mis colegas de la oposición, de la derecha chilena, que abogan por lo que está ocurriendo en Venezuela -¡bien por ello!-, pero proponen iniciativas que generan una profunda discriminación a esos niños y niñas cuando sus padres deciden migrar hacia acá.

También quiero consignar que en el artículo 86, relativo a los impedimentos, se señala que "No podrán solicitar ni obtener carta de nacionalización aquellos extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

"1. Los que hayan sido condenados por hechos que en Chile merezcan la calificación de crímenes o simples delitos, sin que resulte aplicable para estos efectos lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal".

Por su parte, en el numeral 2 del artículo 2 del proyecto, se indica que tampoco la podrán obtener los que no hayan aprobado el examen de conocimientos sobre culturas y educación cívica chilenas.

Y, respecto de esta norma, se planteó que, en caso de reprobación o inasistencia, el extranjero no podrá rendir nuevamente dicho examen sino hasta un año después de verificada cualquiera de dichas circunstancias, salvo que haya reprobado o no asistido en tres oportunidades al examen, caso en el cual deberían transcurrir cinco años desde la última reprobación o inasistencia para poder rendirlo nuevamente. Así reza una indicación presentada a este proyecto de ley.

A mí me parece que tales contenidos deberían considerar a lo menos materias relacionadas con historia de Chile, actualidad cívica, política, género y derechos humanos.

Por lo tanto, hoy día es necesario revisar tal situación.

Se sugiere también una revisión de la norma que está en el numeral 1 del artículo 3, que establece una agravante de responsabilidad penal para las personas extranjeras que cometen delito encontrándose en situación irregular en el país. Ello aplicaría no solo a las personas que ingresan irregularmente, sino también a las que, habiendo tenido permiso de residencia o de ingreso, no lo han renovado luego de su vencimiento.

Estimamos que el sentido de la norma debería orientarse a las personas que se aprovechan de su situación de ingreso irregular para cometer ilícitos al no ser registrados ante la autoridad migratoria y/o policial.

Además, Presidente , a quienes hemos trabajado largo tiempo en educación nos parece que hay una situación compleja desde el punto de vista de lo que ocurre en la escuela. Y este proyecto de ley no se hace cargo de esas dificultades. No tiene nada que ver con las indicaciones que se han presentado, respecto de las cuales -ya lo he señalado anteriormente- he expresado mi rechazo porque constituyen una discriminación arbitraria inaceptable.

Reitero que la iniciativa no se hace cargo de los problemas que hoy día tenemos. ¿Cuáles son?

Los estudiantes migrantes que ingresan al sistema escolar solamente tienen su identificación, su RUT, para matricularse, y no disponen de una ficha de registro social de hogares vigente. A la hora de definir quiénes son los estudiantes que acceden a las raciones de alimento, el establecimiento educacional realiza medidas objetivas, como priorizar de acuerdo al Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE). Como los alumnos migrantes no tienen registro social de hogares, carecen de una estratificación en tal sentido, por lo que quedan fuera del programa de alimentación escolar.

Reitero: como los estudiantes migrantes no tienen registro social de hogares, el establecimiento educacional no puede impetrar por ellos la subvención escolar preferencial, que se hace de acuerdo al Índice de Vulnerabilidad Escolar.

Asimismo, cuando uno mira los datos generales, un establecimiento, pese a tener una alta concentración de alumnos migrantes, porque está en una zona dentro de una ciudad que acoge a muchos de ellos, puede estar sometido a un estrés financiero, por cuanto no les puede entregar todas las herramientas que sí les otorga a los demás estudiantes.

Finalmente, se termina perjudicando a la propia comunidad escolar, porque se trata de estudiantes vulnerables ante los que se requieren mayores estrategias y herramientas para lograr desarrollar un aprendizaje significativo, pero no tienen acceso a la subvención escolar preferencial por no contar con registro social de hogares; y tampoco tienen acceso a la alimentación. Como carecen de todo lo anterior, el Índice de Vulnerabilidad Escolar de ese establecimiento educacional no los puede considerar y, por lo tanto, la comunidad escolar queda ajena a un conjunto de beneficios que sí debería tener.

Ello no es atribuible a las indicaciones presentadas por la derecha en este proyecto de ley, que generan discriminación arbitraria, sino a problemas distintos que hoy día existen en el sistema escolar, de los que esta iniciativa no se hace cargo, para enfrentar la crisis financiera, particularmente, en la educación pública, porque los estudiantes migrantes en su mayoría llegan a ella.

Por lo tanto, yo voy a votar a favor en general de este proyecto de ley.

Espero que el Ejecutivo haga las mejoras que se requieren. Todo lo que hemos planteado relativo a subvención escolar es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Por tanto, vamos a saber verdaderamente si el Ejecutivo tiene la voluntad de hacerse cargo de lo que hoy están generando la alta presencia, particularmente en la macrozona norte, de estudiantes migrantes en el sistema escolar y la crisis financiera que conlleva, al no tener un instrumento que efectivamente garantice que esos estudiantes puedan aportar a la escuela la subvención escolar preferencial, solo por dar un ejemplo.

He dicho, señor Presidente.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Cuando uno escucha los distintos de algunos parlamentarios, yo al menos no puedo dejar de sentir frustración.

Quiero partir señalando que Chile ha sido un país formado por inmigrantes; que no existe una región más multicultural que Tarapacá, desde los tiempos del guano con los chinos, de las salitreras y de la zona franca.

Pero esos inmigrantes han ingresado regularmente, respetando la ley chilena, y se han incorporado a la sociedad para ser parte de la comunidad tarapaqueña. Y de ellos estamos agradecidos.

Estamos agradecidos también de muchos médicos venezolanos que ingresaron legalmente durante el tiempo de la pandemia, y que ayudaron a que el hospital de Iquique pudiera salvar muchas vidas en la región.

Sin embargo, Presidente , yo me rebelo cuando escucho aquí discursos que confunden absoluta y completamente la inmigración legal con la clandestina.

Me rebelo cuando escucho a parlamentarios que representan y viven en regiones que no tienen el problema de mi región, que está colapsada, no solo de crimen organizado, sino también por la sobrepoblación de migrantes clandestinos, que efectivamente pueden tener numerosas necesidades. Pero esas mismas necesidades también las sufren muchos tarapaqueños, chilenos y migrantes regulares.

Reconozco que en la ley migratoria que aprobamos el 2021 partimos muy distantes. Por eso destaco y agradezco la intervención en ese entonces del senador Insulza , quien integró la Comisión de Gobierno y que nos ayudó a avanzar en muchos aspectos. No llegamos a acuerdo en todo, pero sí concordamos en varios temas, sobre todo en aquel que significaba un punto de partida: si el migrar era un derecho humano o no. Teníamos posiciones irreconciliables, y el senador Insulza dijo: "Oiga, el derecho que tienen todas las personas es a la libre circulación. Pero, paralelo a ese derecho, está el derecho de los Estados, en este caso de Chile, de establecer requisitos para los ingresos".

Y uno esperaría que el primer acto que hagan los inmigrantes que quieran venir al país, por muchas necesidades que tengan, no sea el infringir la ley.

Yo comparto -y no necesitamos de esta modificación, porque la ley migratoria ya lo estableció- que los migrantes tienen derecho a la educación y, por cierto, a la salud.

Pero cuando en mi región, durante los años 2023 y 2024, cerca de mil quinientos niños chilenos han quedado sin matrícula, entonces veo que el Gobierno confunde inmigración clandestina con legal al establecer que todos deben tener derechos.

Yo creo que el hijo de un inmigrante clandestino debe tener derecho a la educación, pero cuando no hay vacantes suficientes, ¿quién tiene la preferencia? Y si no queremos establecer preferencia, me gustaría que el Estado abordara esta problemática, porque en el Presupuesto del 2024, aprobado el 2023, no hubo ni un peso -¡ni un peso!- para una nueva sala, para un nuevo colegio, al menos en aquellas regiones que tenemos este déficit.

¡Mil quinientos niños tarapaqueños sin matrícula el año 2024! ¿Y sabe cuándo les solucionaron el problema? En junio, ¡junio del 2024!, recién lograron entrar a un colegio.

Ese niño perdió un semestre. Y cuando la mamá, desesperada, iba a la seremía a decir "no tengo un cupo", le respondían: "Exámenes libres". ¡Qué exámenes libres! ¡Qué solución es para un niño de primero básico, que tiene que saber leer y escribir, que usted le diga a la mamá "sométalo a exámenes libres"!

¡Eso es inaceptable!

Si el Estado toma la decisión de que los inmigrantes, clandestinos o no, son iguales y tienen los mismos derechos, entonces debe crear las condiciones para dárselos, sin ir en desmedro de los chilenos, en especial de los tarapaqueños.

Cerca de mil doscientos niños tarapaqueños están sin matrícula en los jardines infantiles de la Junji, porque esos establecimientos están colapsados por los inmigrantes que, según el instructivo de la Junta, deben quedar en primer lugar.

Entonces, hoy día rasgamos vestiduras con la igualdad ante la ley, pero cuando esa igualdad ante la ley perjudicaba a los chilenos no volaba una mosca en este Senado.

Siento que acá solo hay discursos desde regiones que no sufren los problemas que tenemos en el norte.

Cuando yo fui intendenta de Tarapacá -y lo he dicho varias veces- entre el 2010 y el 2014, entregué mi región en marzo del 2014 con seis campamentos. Hoy día hay sesenta y nueve, uno de ellos el más grande de Chile, en circunstancias de que Tarapacá es una de las poblaciones más chiquititas a nivel nacional.

Otros campamentos, como La Mula en Alto Hospicio, están colapsados, cooptados y tomados por el crimen organizado. Son verdaderas ciudades. ¡Se están pareciendo a lo que hay en México!

Entonces, basta con los buenismos.

Creo que a todos los niños hay que atenderlos -es cierto- y que todos tienen derecho a la educación.

Pero cuando los que quedan afuera, por falta de matrícula, por falta de colegios, por falta de jardín, son los chilenos y tarapaqueños, yo no escucho a ninguna voz alzarse. Solo cuando son hijos de migrantes.

Entonces, cuando rasgamos vestiduras con la igualdad de la ley, que sea para todos.

Yo creo que el Gobierno trata de confundir. El gran problema del Ejecutivo es que para ellos todos los migrantes, legales o clandestinos, son iguales. Y lo peor que puede hacer es el perdonazo que ha anunciado. Porque, a pesar de lo que dice el subsecretario Cordero en el sentido de que no hay evidencia de que esto produzca el efecto señalado, sí la hay. Existen estudios en Alemania que desmienten esa tesis, y podría mandárselos a todos y cada uno de ustedes.

Cuando un migrante quiere entrar a cualquier otro país por la grave crisis que vive Venezuela, se pregunta "¿A dónde voy? ¿Qué país elijo?" Y ve lo que pasa en Chile. Entonces, llega, lo reciben en la frontera, lo pasan a la PDI para que le haga el control biométrico, le dan alojamiento dos o tres días, con cuatro comidas diarias; después lo ayudan a buscar pega y le dicen: "Con pega y con control biométrico, yo lo regularizo".

Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de entrar infringiendo la ley? ¿Cómo frenamos la inmigración clandestina si el que ingresa no sufre ninguna consecuencia? ¡Es más, lo premian!

No es entendible ni aceptable lo que pasa en la frontera de Colchane, donde está el complejo aduanero. Cuando usted ingresa legalmente, lo pasan por un escáner, le revisan su vestimenta, el equipaje y todo lo que trae. Pero a cien metros ingresa un inmigrante clandestino y Carabineros, la PDI o las Fuerzas Armadas, que están ahí, no lo pueden revisar -¡no lo pueden revisar!-, salvo que haya indicios fundados de delito.

Los que somos abogados y hemos leído el Código Procesal Penal sabemos que los indicios fundados de delito son difíciles de probar. Entonces, cuando una persona pone un pie en Chile -el ingreso clandestino en nuestro país tampoco es delito-, ¿cuál es el indicio fundado de delito para que la puedan revisar?

Por lo tanto, esa persona a lo mejor entra con droga en su maleta, con dinero en sus vestimentas o con armas.

Entonces, ¡okay!

Acojamos a todos aquellos que queramos recibir, pero tengamos la capacidad de responderles a los chilenos. Y no acojamos a todos los que quieran venir a costa de los chilenos, particularmente de los tarapaqueños.

Presidente, yo estoy de acuerdo con algunas normas de este proyecto, con otras no. Me preocuparé de hacer indicaciones, pero voy a votar a favor de la idea de legislar.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Nuestro país, en especial en las regiones del norte, sufre diariamente y desde hace demasiado tiempo los efectos negativos de la inmigración irregular.

La nueva ley de migraciones, a la luz de los resultados obtenidos desde su vigencia, claramente no ha resultado ser una herramienta eficiente para revertir esta situación.

Por ello hoy votamos en general un proyecto de modificación, que busca recoger las múltiples inquietudes ciudadanas que surgen en esta materia.

Es claro que la igualdad de condiciones entre chilenos y migrantes es un parámetro que debe ser respetado en todos los actos de la administración pública, para no incurrir en situaciones de discriminación que afecten a los chilenos por una interpretación arbitraria de protección a los migrantes.

Es evidente que enfrentar el fenómeno de la migración irregular no es solo un tema normativo. Debemos recuperar decididamente los actos soberanos de control de la migración en nuestras fronteras y no podemos continuar con una permeabilidad fronteriza que hace inútil cualquier medida legislativa.

Hace pocos días el Gobierno actualizó las cifras de los extranjeros que hoy viven en Chile y nos señaló que, a diciembre del 2023, aproximadamente el 10 por ciento de nuestra población es extranjera.

La seguridad se ve afectada por los ingresos ilegales. Según Gendarmería de Chile, el 15,2 por ciento de los privados de libertad y el 13 por ciento de los victimarios de homicidio que están en nuestras cárceles corresponden a extranjeros, independiente de su condición migratoria.

Y también nos enteramos de que se habría corregido la cifra de personas que se encuentran en situación irregular, la que, dada la corrección que ha sido informada por el Gobierno, se eleva a más de 380 mil personas.

Además, cabe considerar que de 1 millón 80 mil personas que tienen cédula de identidad o que tuvieron cédula de identidad temporal, 600 mil pasaron a tener calidad de permanentes y 400 mil se mantienen en una condición que no sabemos si seguirá siendo temporal o si ellas se sumarán a las 125 mil que el Gobierno, como anunció, quiere regularizar.

Finalmente, conocimos que el promedio de ingreso irregular a nuestro país en los últimos años es de más de 120 migrantes diarios.

Esto nos debe llevar a una profunda reflexión como Estado en lo que respecta al impacto en los ciudadanos.

Ya hemos escuchado latamente sobre el colapso de los servicios de salud, educación y vivienda, que reciben a un creciente número de migrantes, y de las respuestas que se requieren del Estado.

Es necesario que no escatimemos ningún esfuerzo para recuperar la seguridad de nuestras fronteras. Tener un verdadero control de ellas es fundamental. Y esto no pasa por posiciones políticas, sino por un compromiso serio y efectivo en esta materia de cara a la ciudadanía.

Es necesario que cada migrante que llegue lo haga por la vía regular, y que quien decida no hacerlo de esa forma sea sujeto a un control y verificación exhaustivos para determinar cuáles son sus antecedentes en forma previa a que esa persona circule libremente por el territorio nacional, como ocurre hoy.

En estos días presenciaremos, al parecer, cómo en Venezuela se pretende perpetuar un régimen impuesto contra todas las normas de la democracia.

Más allá de la responsabilidad de lo que va a suceder en dicho país y de todo el drama que enfrentan sus ciudadanos, nosotros debemos estar legal y administrativamente preparados para una nueva diáspora venezolana.

Nuestros ciudadanos exigen legítimamente que el Estado dé una respuesta eficaz que esté de acuerdo a las circunstancias que se han de enfrentar.

La inmensa mayoría de los chilenos exige que se establezcan medidas de seguridad y que se impida el ingreso irregular de los inmigrantes. Chile -y todos lo hemos escuchado- no tiene capacidad para recibir a un inmigrante irregular más.

Por lo tanto, ojalá en el corto plazo se puedan implementar medidas de mayor infraestructura, física y digital, para el control fronterizo, o finalmente hacer más zanjas o dinamitar sectores para poner mayor dificultad en el tránsito de las personas, porque, aun con presencia militar, es solo una actitud disuasiva.

¿Y la mosca de la fruta, por ejemplo? ¡Nuestra región está invadida, pues! Y tenemos que generar controles, porque está perjudicando a nuestros pequeños agricultores, que han tenido que tirar al piso la fruta y la verdura para salvar la agricultura de todo el país.

Obviamente, cuando se habla de centros de procesamiento por cuarenta y ocho horas, el único objetivo es que la persona evite el control biométrico y después no sepamos dónde está. Es decir, la idea en concreto es que el inmigrante que ingresa irregularmente no circule libremente por el país hasta que no sepamos quién es. Incluso, ha habido militares venezolanos que han ingresado a nuestro país.

Por último, tengo la esperanza de que la reconducción con Bolivia y este acuerdo internacional finalmente funcionen.

Voto a favor, Presidente .

El señor QUINTANA.-

Gracias, Presidente.

Me parece muy bien este debate si lo comparamos con el que tuvimos tan solo hace un rato en una materia donde se intersectan temas migratorios como la discusión del voto para los extranjeros y la multa que eventualmente se les aplicaría cuando no voten, porque permite escudriñar un poco cuál es la viabilidad de las propuestas en materia de fronteras, que es uno de los grandes pendientes en nuestro país, pese a lo mucho que se ha avanzado.

Hace poco una candidata presidencial nos manifestaba una serie de propuestas.

Algunos colegas se han referido ya al dinamitado de la frontera, algo tan absurdo como inviable, por cuanto nosotros firmamos el Acuerdo de Ottawa, que impide aquello y que propicia un desminado que ya lleva por lo menos dos décadas. Ese acuerdo rige y obliga a nuestro país.

Además, se señalaban propuestas en algunas materias que ya están legisladas, y otras que están incluso incorporadas en este misceláneo.

También los mismos asesores que se mencionaban en esa presentación presidencial son los que participaron activamente en la ley que hoy día estamos modificando, la Nº 21.325, de 2021, que entró en vigencia el 2022.

Los mismos asesores que se presentan en esta candidatura son los que nos llevaron a esta discusión, que ya ha tenido tres modificaciones: una es la referida a los plazos para la detención, algo bien relevante, el año pasado; otra la de las notificaciones y la última referida a la reconducción.

Entonces, me parece muy bien esta discusión, porque no se trata de un proyecto más o de un proyecto caprichoso. ¡No! Aquí hay una discusión que es fruto del debate de la política nacional migratoria y, por tanto, responde a una estrategia.

Y más allá de que en la Cámara se incorporaron algunas cosas que habrá que discutir bien acá, creo que este proyecto se hace cargo de muchos vacíos que dejó esa ley, que -insisto- rige a partir del 2022.

Esta es la manera de fortalecer el control fronterizo, identificando un sistema de transporte -a esta altura, yo diría, una industria del transporte ilegal en la frontera-, con múltiples actores, de distinto tamaño, y del cual hay que hacerse cargo. Y este proyecto lo aborda.

Hay una serie de incivilidades que se registran en nuestro país a las cuales hoy día se les está poniendo si no tarjeta amarilla en algunos casos, roja en otros, y se dice: "Mire, esto ya es conducente a una expulsión administrativa". Eso tampoco existía, como tampoco teníamos el plazo para la nacionalidad.

Por eso yo vinculo este debate con la discusión anterior.

Y si este proyecto se aprueba hoy día, creo que hay más razones para poner en pausa el que establece multas para quien no vota. Porque mientras el otro proyecto, en los hechos, está haciendo una especie de nacionalización forzosa -les recuerdo que la nacionalización es un proceso voluntario-, aquí finalmente lo que estamos estableciendo es un plazo mayor. Esto ha pasado todos los filtros y entiendo que hay un consenso de pasar de cinco a diez años en el plazo de la nacionalización.

Aquí también nos estamos haciendo cargo de revocar el permiso de residencia. Hoy día no hay cómo ponerle límite.

Por lo tanto, esta futura ley miscelánea aborda todos esos aspectos.

En paralelo a esto va el acuerdo a que llegó precisamente la ministra del Interior , quien nos acompaña, sobre reconducción con Bolivia, que puede ser bien importante, así como toda la discusión política compleja que se dio hace algunas semanas con la reconducción. La reconducción no es distinta a la que se realizó en el Gobierno del Presidente Piñera, que se hizo con un número de migrantes muy superior a los que potencialmente podrían ser regularizados en este caso.

Y entre regularizar y no regularizar, bueno, ahí se verá quién está del lado de la seguridad. Porque, finalmente, se establece una separación entre los que podrían delinquir y los que ingresan al país claramente por razones laborales, que entran porque tienen un contrato de trabajo y son personas respecto a las cuales uno podría presumir que no van a cometer delitos.

Entonces, me parece que esa separación resulta esencial.

La gran mayoría de los países que han abordado una discusión respecto de los temas migratorios hace una regularización, pero no a tontas y a locas. Porque lo que hubo años atrás era una simple regularización.

En este proyecto se establece el empadronamiento biométrico y otras condiciones, algo más bien acotado.

Por eso voy a votar a favor de esta normativa, Presidente, porque se hace cargo de muchos de los temas pendientes, cuestiones que había que complementar y corregir de lo que fue esa compleja discusión que tuvimos en el marco de la pandemia, durante el Gobierno anterior, y que probablemente no va a ser la última. Es factible que en el futuro vengan otras modificaciones.

Aquí se ha hablado del tema educacional, que comparto. Efectivamente, en la región de Tarapacá hay un problema de oferta, particularmente en la comuna de Alto Hospicio, y probablemente va a requerir modificar otras leyes para resolver aquellos aspectos.

Ahora quisiera dejar planteado el siguiente punto, tal vez a modo de consulta.

En la Comisión de Seguridad, transversalmente, con el senador Flores, el senador Durana , la senadora Vodanovic y el senador Ossandón , presentamos una moción que castiga la delincuencia migratoria clandestina. Pues bien, ha pasado bastante tiempo; la iniciativa está aprobada en general. De acuerdo a lo que me decía el senador Flores, la próxima semana se votaría en particular, y ello de alguna manera está incorporado en este proyecto.

Por consiguiente, le pediría al Gobierno que se hiciera cargo de eso. ¿Va a quedar como indicación en este texto o el Ejecutivo va a acompañar esta propuesta, que viene por unanimidad? De lo contrario, tendrá que tomar el camino de que la migración irregular se considera siempre un delito, tal cual algunos países lo han determinado y como también algunos parlamentarios lo plantearon en la Cámara de Diputados.

Nosotros proponemos un camino razonable para hacernos cargo hoy día de una situación muy complicada, ya que cuando un tribunal sanciona a alguien por un delito de violación, de estupro, o lo que sea, finalmente nos encontramos con que esa persona entró de manera irregular al país.

Por las razones anteriormente expuestas, voy a votar a favor en general del proyecto.

El señor KUSCHEL.-

Gracias, señor Presidente.

Este proyecto trata de modificar la Ley de Migración y Extranjería en lo relativo a prohibiciones de ingreso, causales de expulsión, proceso de nacionalización, registro de extranjeros, ingresos de menores no acompañados y sanciones por delitos relacionados con la migración.

Se refiere, en particular, a protección de menores extranjeros; prohibición de ingreso y causales de expulsión; rechazo o revocación de permisos de residencia; mecanismos de control y sanciones; cambio en el acceso a derechos sociales; normas sobre nacionalización.

Pero, aprovechando la presencia de la señora ministra del Interior, quiero reiterar una antigua queja que he hecho: no disponemos de los datos del Censo para saber dónde están los migrantes.

Hace ocho meses se inició el Censo y hace seis meses concluyó. Sin embargo, no tenemos idea de cuántos habitantes somos, cuántos son chilenos, de qué edades, dónde están las viviendas, dónde están los campamentos, etcétera.

Varios señores y señoras senadores han mencionado el problema que tenemos: con la inmigración hay un incremento en la demanda por educación, salud, vivienda, seguridad, empleo. Porque hay más gente que está llegando al país.

Entonces, tenemos que responder con una mayor oferta para esos servicios. Pero, al igual que con los sistemas locales de educación, se ha rigidizado, centralizado, alejado, estatizado y llenado de burocracia la posibilidad de aumentar la oferta en educación, en salud, en vivienda, en seguridad y en empleo.

La economía está estancada.

Estamos llenos de cuellos de botella, especialmente en los distintos niveles de educación, particularmente en los menores, porque los inmigrantes en general son personas que vienen con muchos niños y se concentran en determinados lugares. Pero esos antecedentes los podremos conocer con los datos del Censo, pues no sabemos cuáles son.

Está claro que se concentran en el norte, por lo que escucho de los señores parlamentarios; pero también tenemos problemas en el sur: las mismas rigideces. Y donde se han implementado los servicios locales el rendimiento es peor, por lo que nos estamos enterando.

¡Necesitamos una reacción rápida!

Por eso, estaba aprovechando la atención, ¡la buena atención de la señora ministra del Interior ...!(la ministra del Interior hace abandono de la sala) , y la preocupación por esta materia.

A mi juicio, debemos agilizar este asunto y reaccionar rápidamente con mayores posibilidades de oferta para incorporar a estas personas a nuestra economía cuando corresponda. Porque hoy día en lo concreto estamos dificultando el acceso de los inmigrantes a educación, salud, vivienda, seguridad y empleo; y, con ello, afectando la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y el empleo del resto de la población, de los chilenos.

Gracias, señor Presidente.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , hemos discutido largamente respecto de los derechos de los inmigrantes en nuestro país.

Pero yo quisiera poner el foco en otro tema que vengo denunciando hace dos años: ¡los chilenos migrantes! Hace un par de años, estando en Tapachula, se estableció que Chile era el séptimo país con mayor cantidad de refugiados en México. Hablamos de niños de cinco años en promedio.

Esto lo denunciamos. Iniciamos acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ante la Acnur. Quiero decirles que hoy día veinte mil niños chilenos han salido clandestinamente del país: ¡veinte mil niños chilenos!

Y cuando se plantea un cuestionamiento respecto de esto, se dice: "Pero son haitianos". ¡No! No son haitianos, sino chilenos, nacidos en Chile, por el ius solis, con RUT de nuestro país. Ahí tenemos una vulneración grave de los derechos fundamentales de esos niños, niñas y adolescentes.

Por tanto, quisiera hacer hincapié en esta materia.

El Ministerio del Interior conoce esa cifra. Entregó los antecedentes a la Comisión de Derechos Humanos y a la Cancillería, que ha generado una alerta consular. Las cifras nos las proporcionaron tanto el Gobierno panameño como el mexicano.

¿Qué pasa con nuestro Gobierno y con el Estado de Chile al respecto?

Esta no es una crítica a un gobierno en particular, sino hacia el Estado de Chile, puesto que es una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

Algunos son hijos de migrantes que decidieron salir del país. Otros son hijos de matrimonios mixtos o de parejas mixtas, chilenos que iniciaron una relación de pareja con algún migrante. ¿Y qué pasa con sus derechos fundamentales?

Entonces, tenemos una situación bastante compleja desde el punto de vista del debate, ya que hay cinismo. Porque, efectivamente, cuando se trata de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes chilenos que salen irregularmente por las fronteras; que deambulan por todo el continente, pasando por el Darién y llegando finalmente al límite con México para luego entrar a Estados Unidos, nadie dice nada.

Hemos hecho seis conferencias de prensa: ni una letra en ningún medio de comunicación, quizás por el color de la piel de los niños. ¡Me parece vergonzoso! Ningún medio de comunicación ha planteado o le ha dedicado una línea a un tema que nos parece una vergüenza nacional.

Entonces, hoy día estamos hablando justamente de la necesidad, por supuesto, de dotar de igualdad jurídica a los hijos de migrantes que se encuentran en nuestro país, lo cual considero que es un derecho humano fundamental. Pero también debemos preocuparnos de la situación de los niños chilenos que salen de nuestras fronteras.

Presidente , me gustaría pedirle formalmente que se enviara un oficio a la ministra del Interior para que nos explicara qué pasa con esos veinte mil niños chilenos -¡niños chilenos!- que han salido por nuestras fronteras, cuyas cifras constan en documentos oficiales y respecto de los cuales nadie dice nada: ¡nada!

Simplemente quiero señalar que acá hay un doble discurso. Quisiera que hubiera la misma preocupación, la misma empatía para velar justamente por los derechos de esos niños, niñas y adolescentes.

Chile es un país que se construyó con migraciones, con la fusión de migrantes que llegaron a nuestro país. Pero también con la misma vehemencia y con la misma fuerza debemos cautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que salen irregularmente de acá.

Quiero decirle, además, Presidente , que el promedio de edad de esos niños, según lo que nos informa la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es de cinco años. Muchos de esos niños salen sin padres, ¡salen solos! Y vemos, por ejemplo, a niños de doce años deambulando por el continente.

Debemos hacernos cargo de esos temas, pues ciertamente es una situación gravísima.

El senador José Miguel Insulza tuvo ocasión de concurrir a un encuentro internacional donde uno de los seis temas en discusión era: "Niños chilenos migrantes". Y acá, en Chile, ni los medios de comunicación -silencio cómplice-, ni las autoridades de Gobierno -silencio cómplice- ni nadie toma decisiones para que las cosas finalmente cambien y se adopten las medidas pertinentes.

Yo espero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hemos hecho una denuncia formal, pida explicaciones a las autoridades de nuestro país.

Concluyo con lo siguiente: fuimos a hablar con las autoridades del Censo, y queremos saber cómo se registran esos veinte mil chilenos que nacieron en nuestro país y que no están en Chile: ¡no son NN!

¿Qué pasa con esos niños chilenos? ¿Cómo se registran?

Bueno, es parte de los cuestionamientos que debiéramos hacer, porque igualmente tenemos que cuidar, con igual celo, los derechos de esos niños, niñas y adolescentes.

Gracias, Presidente .

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, quiero señalar que, tal como llega este proyecto de ley hoy día a la sala, no es fácil dar el voto con tranquilidad, precisamente, porque nadie podría estar en desacuerdo con responder con una mejor regulación migratoria en nuestro país; con tener un mayor objetivo de control, de seguridad de nuestra frontera y enfrentar con más firmeza el tráfico y la trata de personas en Chile; con que se contemple la no vulneración en materia de derechos sociales de niños, niñas y adolescentes migrantes o de mujeres migrantes víctimas de violencia, etcétera.

Sin embargo, este proyecto de ley también tiene una cantidad de temas que, en vez de mejorar esos ámbitos, van a generar más vulneración.

Por eso digo que no es fácil votarlo: porque si uno rechaza la idea de legislar, se piensa que no se quiere mejorar y, por cierto, actualizar la ley de migraciones, y no es lo que me convoca; pero si lo vota a favor, sin el compromiso de que efectivamente este Senado y el Gobierno van a introducir indicaciones para mejorar todo lo que hoy día está siendo dañino en esta iniciativa, ¡chuta!, igualmente es arriesgado.

Siento, obviamente, que en general siempre estamos convocados a manifestar opinión; por eso, salvo situaciones muy muy complejas, la abstención no es la primera opción en términos de votación, en mi caso al menos.

Quiero hacer presente estas cuestiones, porque efectivamente entiendo que lo que debemos producir con este proyecto de ley no es centrarnos, y que sea el único tema que se toca, en la expulsión de migrantes ilegales o migrantes que están cometiendo -digamos- delitos en nuestro país, o que están vinculados al crimen organizado. No me cabe la menor duda de que en ello vamos a tener bastantes acuerdos.

El asunto es que este proyecto de ley, en su artículo 17, por ejemplo, plantea graves discriminaciones y vulneraciones a los derechos de la infancia en materia de educación; plantea cuestiones complejas, en su artículo 28, con respecto a todos los niños, niñas y adolescentes que no se encuentren acompañados al momento de ingresar al país, y respecto a los cuales un tribunal de familia puede disponer su salida.

En cuanto al ejemplo que acaba de documentar en su intervención el senador Chahuán , sobre los hijos de migrantes haitianos que son chilenos y que están siendo refugiados en México, nosotros también, con este tipo de artículos, vamos a seguir generando niños, niñas y adolescentes que deambulen por los territorios de América Latina sin acompañantes.

Digo esto porque efectivamente es sumamente complejo. Creo que aquí no se pueden vulnerar esos principios de protección infantil, de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, etcétera.

Pero además este proyecto de ley genera una situación compleja en materia de atención de salud. No solo está en las normativas internacionales, sino también en nuestra propia Constitución.

Entonces, el que se exija para una prestación de salud un enrolamiento cuando puede estar la vida de por medio me parece delicado.

Por eso digo que solo pongo estos puntos para ejemplificar cuestiones que indudablemente hay que abordar.

Insisto, y lo señalo con harta responsabilidad, en que no se trata de decir: "Mire, en el punto anterior, no me importa si son extranjeros o no y que elijan al Presidente de Chile "; "En este punto, quiero que estén todos fuera el día de mañana", en fin.

Creo que aquí debemos tener miradas mucho más integrales, más holísticas para mejor resolver. Y, desde esa perspectiva, a este proyecto de ley le faltan varios aspectos de mejora, de avance.

Entiendo, por la intervención que hizo la ministra hace un rato, que hay un compromiso en cuanto al envío de indicaciones. Y aprovecho de decir que me parece que el plazo del 17 de enero solicitado por la Comisión cuando se hizo la relación del informe no es adecuado, al menos para que los demás senadores alcancemos a incorporarnos en este debate de forma más pormenorizada.

En el Senado, en este minuto hay muchas discusiones de asuntos muy relevantes para el país, como lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones y una serie de otras iniciativas, y todos los plazos se nos juntan en los mismos días.

Por eso señalo aquello, pues está bien la distribución de las distintas materias entre las comisiones, pero eso no puede restringir el debate por parte del resto de los senadores y senadoras.

Por último, Presidente , quiero reiterar nuevamente, solo porque siento que hace mucho daño no generar más certezas en el ámbito legislativo, que voy a dar el voto a favor, pero bajo la condición de que efectivamente existan las indicaciones que realmente terminen con las vulneraciones que hemos ejemplificado acá. Me parece que es muy complejo que se mantengan y, obviamente, no van a permitir que se logre lo que la gente espera en materia de control y seguridad, sino que harán que precisamente nos sumemos a una situación mucho más errática y bastante más compleja, a vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes, sin generar ámbitos de debate en función de la nacionalización, etcétera, o de cualquier otro aspecto que pueda estar involucrado acá.

Pero también quisiera plantear que nosotros tenemos hoy día situaciones de seguridad bien complejas, y no todas están vinculadas a la migración ilegal. Han salido reportes en distintos medios. Varios líderes del crimen organizado que se han estado buscando durante el último tiempo tenían la residencia. Lo digo porque colocar argumentos para un lado o para el otro en relación con cálculos para afectar a un grupo político o a otro no es lo que nos debiera convocar.

Creo que esta es una discusión muy seria, ¡muy seria!, puesto que debemos hacer convivir el respeto a los derechos, a las dignidades de todas las personas, independiente de su origen, con su seguridad y derechos sociales y la seguridad pública de nuestro país.

Entonces, son distintas las miradas que hay que colocar en juego y que siempre se deben ir ponderando.

Muchas gracias, Presidente .

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que acá se han tocado varios temas con respecto al problema que tenemos con la migración. Pero de repente se han mezclado con las migraciones legales que hemos tenido en Chile, que no han entrado por la ventana, sino por la puerta.

Acá el problema es que el Estado ha dejado que se desborde la frontera, donde existe un descontrol total y nadie quiere tomar el control de ingreso de migrantes por el norte. Cuando ocurren situaciones ilegales de esta magnitud ello afecta, sobre todo, a las poblaciones cercanas a problemas limítrofes de este tipo, porque ellas están desbordadas. Entonces, acá hay un tema supergrave.

Se habla en contra de tener un centro de refugiados. Pero en todos los países que reciben migraciones o han recibido olas de migrantes, como Estados Unidos -en Nueva York se estableció la isla Ellis- u otros, se implementan centros de refugiados donde se analiza, primero que nada, si ellos tienen enfermedades o no y se les aplica cuarentena. En Chile hasta lepra ha aparecido. No hemos hecho cuarentena; no hemos visto si poseen antecedentes; no hemos visto qué profesión tienen.

Una migración ordenada se distribuye en el país de acuerdo con las profesiones, se dirige y se canaliza. Sin embargo, esto se ha dejado totalmente suelto, se ha realizado arbitrariamente. Y es más, los migrantes ni siquiera están ingresando por la puerta de entrada, sino que ahora lo hacen por cualquier parte.

Cuando nosotros empezamos a exigir que tuvieran visa para entrar al país, lo que generamos fue que los que ingresaban por la puerta ahora entraran por el lado. Perdimos el control de la situación.

El Estado de Chile ha actuado negligentemente con el tema de la migración, con la permisividad que ha habido. Hemos perdido el control de todo. Y esto no puede ser, porque está destruyendo en mayor parte a las poblaciones aledañas al problema.

Reitero: hay un descontrol total, lo que no puede ocurrir. Así que lo primero que se debe hacer es cerrar la frontera para que no pase absolutamente nadie sin que Chile tenga el control de quién ingresa al país por puertas no habilitadas, por decirlo de algún modo.

Eso no puede ser, por lo que es preciso hacer lo que sea necesario frente a ello; pero no lo hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a parar este tema? En forma urgente, antes de arreglar el problema interno que tenemos con los migrantes, debemos detener a los inmigrantes y tener un control absoluto de quienes entran en el norte de Chile.

El señor VELÁSQUEZ.-

Gracias, Presidente.

Quizás podemos decir, con bastante certeza, que se ha ido alejando un poco ese tono de hace algunos años en torno a criminalizar cualquier aspecto que se refiriera a la migración, donde incluso se exacerbaron por bastante rato, en los inicios, los discursos antimigratorios, al intentar mejorar las normas. Eso lo observábamos en varios sectores políticos y medios de comunicación, lo que llevó también a tener en algunos casos por parte de la ciudadanía una actitud hasta de odiosidad, que probablemente debe ser de las cuestiones más complicadas que se enquistan en la convivencia social, que es tan importante y es lo que finalmente la política busca con cada una de las normas: fortalecer y hacer una convivencia en orden a conceptos valóricos.

Por cierto, el tono agresivo de aquel momento, cuando se hablaba de migración, no permitía aquello. Hoy los esfuerzos son distintos. Por supuesto que este mensaje del Presidente de la República apunta en ese sentido, donde hace una serie de propuestas. Además, me parece que acá gran parte de las reflexiones han ido en el ánimo de entender que son bien recibidas y, también, que resultan muy realistas. Queda algo de caricatura. Pero, Presidente , todos nos damos cuenta de que son las menos las expresiones que colocan algún concepto, alguna frase que llama a esta odiosidad que no queremos.

Y, por lo tanto, hoy día tenemos una responsabilidad.

Hay un proyecto misceláneo que aborda de manera muy certera elementos que estaban un poco en el aire. Y otros, efectivamente, tendremos que revisarlos con alguna detención. Porque en lo que no podemos caer nosotros, en estos esfuerzos que se hacen, es justamente en exacerbar dichas odiosidades.

Una segunda consideración dice relación con que hay una serie de iniciativas en el marco migratorio donde he observado que en algunos casos esa trinchera de solo mirar al migrante como un enemigo se ha ido disipando, lo que abre un espacio bien importante, grande, amplio para alcanzar la construcción de un país distinto en términos de migración.

Migración, reforma previsional y otras tantas tienen que ver con qué tipo de país estamos construyendo o qué valores propiciamos. Indudablemente, hay diferencias en esta Sala, en este Senado, sobre el concepto o idea de ciudadano que nos importa formar. Pero lo ventajoso y lo meritorio es que en el último tiempo hemos coincidido largamente en que ese es un problema, o a lo mejor un desafío, que debemos ser capaces de enfrentar con soluciones mucho más en común.

Aunque haya sido un poco lento, finalmente nos hemos convencido todos -unos antes, otros después- de que estos flujos migratorios son un tema de orden planetario, cultural, que no se va a resolver simplemente porque pensemos que vamos a colocar toda la disciplina posible en la frontera o donde sea. Son temas de otro orden: social, político, económico, de desigualdades que hay en distintas sociedades, y esas se notan cuando vienen estos desbordes.

A ratos, creo que hay más voluntad de la Sala de la Cámara de Diputados y también de la del Senado de llegar a acuerdos. Pero, claro, como le estamos hablando permanentemente a un electorado, nos quedamos en la mirada un tanto más de corto plazo.

Sin embargo, Presidente, considero que es más esperanzador el mensaje que aborda esta materia, al igual que las reflexiones que se han planteado esta tarde.

Aprovecho de saludar a una comuna donde hemos tenido reuniones de trabajo, que es fronteriza y que aparentemente no ha vivido lo que ha sucedido con Colchane. Me refiero a la comuna de Ollagüe. Hoy su alcalde y los concejales que lo acompañaban daban cuenta de su interés por abordar el problema no solo con la normativa que probablemente se va a aprobar o mediante otros cuerpos legales, sino que, además, con una mirada de desarrollo. Ellos vienen con un concepto bien importante: "Queremos colaborar desde Ollagüe , desde la cordillera al mar". Eso habla de una mirada distinta de autoridades que ayer fueron migrantes y hoy están dirigiendo los destinos de un territorio que tiene mirada andina. Me parece que eso efectivamente es hablar de países más inclusivos.

Gracias, Presidente .

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidente.

En realidad, yo pienso aprobar este proyecto en general porque creo que es necesario.

Nuestra ley quedó obsoleta. Esa es la realidad. Ya padecía de alguna obsolescencia cuando la aprobamos, porque se empezó a discutir en un período en que había muy poca migración en Chile.

Solo existía la preocupación de que no contábamos con una ley migratoria, que había pasado mucho tiempo sin que la tuviéramos. Pero la verdad es que tanto nuestros servicios como nuestras leyes eran muy insuficientes. Sin embargo, no existía mucha percepción acerca de la necesidad de legislar.

Ahora, tan obsoleta está que no olvidemos que, por alguna razón, de manera más bien drástica, acordamos que quien entrara ilegalmente a Chile, si quería regularizarse, tenía que salir de nuestro país. Es el sistema norteamericano, entre paréntesis, donde hay gente que debe renovar su visa. Establecimos todo esto sin que pusiéramos mucha atención a qué íbamos a hacer si no salían.

Esta era la realidad. No olvidemos que un connotado economista venezolano, Ricardo Hausmann , escribió un artículo que fue publicado a comienzos de 2016, sobre las dificultades económicas de distintos países de América Latina. Allí señalaba que el problema de Chile era que había demasiados chilenos, que no había suficiente insumo externo para que nuestro país realmente lo pudiera utilizar. Según él, eso podría arreglar un poco la situación.

Ahora, creo que hay varias condiciones que considerar aquí. Realmente, no todo ha sido negativo. Hay gente que ha prestado una gran contribución al país, no cabe ninguna duda. Y si no, que lo digan los habitantes de algunas zonas del país que por primera vez han tenido la ventaja de contar con un número suficiente de médicos disponibles a quedarse allí trabajando con ellos.

Pero sin duda que el ambiente es bastante negativo, y eso debemos considerarlo. Cuando cerca de un 90 por ciento de los chilenos estima que la migración ha sido negativa, según las encuestas, eso ciertamente es algo que tenemos que considerar y cambiar la ley de manera lo más suave e igualitaria posible; pero debemos hacer cambios fundamentales.

Además, tenemos que partir de la base de que se van a quedar. O sea, la idea de que en algún momento se va a producir un fenómeno especial y todos los inmigrantes van a volver a su país podrá ser cierta en algunos casos. No ocurrió con el exilio chileno -muchos de los exilados chilenos se quedaron afuera-, y no va a suceder tampoco con el exilio venezolano, ni con ningún otro; tal vez, con alguno de los demás.

También hay nacionalidades respecto de las cuales ya está demostrado que Chile es un paso para buscar otro destino. La cantidad de ciudadanos haitianos que han venido a Chile, pero cuyo destino final es Estados Unidos, está clara, como lo decía esta mañana. Esto se puede apreciar al ver los aviones que van a Arica, desde donde pasan a Perú y de ahí siguen hacia el norte para poder llegar a Estados Unidos. Es un número bastante sustantivo.

En seguida, tenemos también las condiciones de los tratados y las normas de derechos humanos, que hicieron que hasta hace poco bastara con tener un niño para poder entrar a Chile. Hoy día, felizmente, eso ya se ha detenido y controlado bastante.

Debemos dictar nuevas normas sobre expulsión. Quizás se quiere legislar algo complicado. Aquellos que ya entraron tienen su derecho a estar y es difícil echarlos, salvo que recaiga sobre ellos alguna sentencia. Pero de pronto se podría regular de mejor forma la cantidad de gente que ingresa.

Yo no soy de los que creen que habrá una nueva gran ola migratoria después de lo que está pasando en Venezuela. No pienso que vayan a salir de nuevo siete millones y medio de venezolanos, como está sucediendo ahora. Pero no cabe duda de que hay que ser algo más drásticos, poner cierta fecha a partir de la cual el ingreso ilegal sea sancionado con expulsión. Me parece que eso es algo que podemos considerar.

Presidente , está claro que el gran problema es que una vez que están en Chile, en las condiciones en que se encuentren, nosotros queremos lograr que todo el mundo posea los mismos derechos. Pero surge la pregunta natural, que debemos resolver y para la cual no tengo respuesta: ¿Qué pasa con los chilenos? Lo planteaba la senadora Ebensperger . Parece que es normal que mucha gente piense lo mismo.

Y lo peor es que muchas veces la idea de que todos están recibiendo lo mismo basta para que empiece a correr la máquina hasta que al final los mismos ciudadanos me dicen: "Aquí les dan una casa a los extranjeros apenas entran al país; les dan las llaves de la casa. Aquí tienen asegurada su escuela, su hospital". Debemos trabajar ese tema, porque también es una situación que enajena a muchos chilenos respecto del problema de la migración.

Tenemos que hacer algo que, por ejemplo, en países como Brasil hacen de manera bastante mejor que nosotros. Allí cuentan con una política de acogida. O sea, no solo "entra y vamos a ver qué pasa contigo". Una buena política de acogida atendería muchas veces los problemas de la falta de mano de obra en la agricultura y en otros sectores. Ello sucedería en la medida en que nosotros desarrolláramos una política que estableciera que quien llegue opte entre determinadas alternativas.

Y, por último, ¿qué hacer con los expulsados que no podemos mandar afuera? No nos engañemos. Si no los estamos expulsando a sus países de origen de manera directa y no los están recibiendo en sus respectivos países, debemos tener una política respecto de ellos. Se ha hablado de internación; yo estoy dispuesto a discutir eso. Creo que, además, la internación favorecería que muchos se fueran voluntariamente.

Presidente, yo pido que hagamos en la comisión respectiva toda la discusión que corresponde hacer, pero de la manera lo más pausada posible.

Volviendo a lo que dije al comienzo: ellos se van a quedar, esto va a seguir ocurriendo. Vamos a continuar en esta situación, por lo que debemos contar con una política más estable, y nuestra legislación está obsoleta.

Por lo tanto, es bienvenido este proyecto, porque, como ha dicho el senador Velázquez recién, esta ley miscelánea nos permite revisar todas las cosas que están pendientes de la normativa anterior.

Muchas gracias, Presidente .

Voto a favor.

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidente.

Si bien esta es una aprobación en general, yo quiero valorar el que efectivamente estemos discutiendo este proyecto, porque, tal como lo han dicho muchos de nuestros colegas senadores, este es un tema de mucha preocupación entre la ciudadanía.

Respecto de los casi dos millones de migrantes que viven hoy día en nuestro país, lamentablemente, creo que Chile, como nación receptora, no estuvo comprometida con varios temas.

Salud, educación y vivienda son materias que Chile, desafortunadamente, no ha resuelto en su totalidad para dar un buen servicio a los ciudadanos chilenos. Y si fuimos capaces de recibir a dos millones de visitas, debimos haber pensado cómo lo íbamos a hacer y cuál sería el efecto que ello iba a generar en los ciudadanos que también requieren apoyo en todas estas áreas, que viven con sueldos muy bajos y que hoy día no poseen vivienda.

Entonces, se produce una situación de discriminación positiva que, evidentemente, como lo ha dicho el senador Insulza , genera un efecto muy negativo y una relación muy compleja entre migrantes y chilenos. Ello no sucede en todos lados. Evidentemente, en la región de La Araucanía no hay un porcentaje muy alto de migrantes y la mayoría tiene trabajo, vivienda y vive mucho mejor que en países que se encuentran bajo una dictadura, con sueldos miserables y sin libertad. Sin duda, esa es una realidad.

Obviamente, vamos a tener diferencias en la discusión de este proyecto. Pero quiero valorar algunas cosas.

En tal sentido, aumentar a diez los años de residencia en Chile para acceder a la nacionalidad me parece lógico.

En muchos de los países que nosotros visitamos tenemos que retirarnos a los tres meses, porque, de lo contrario, somos expulsados. Esa es la realidad. ¿Y por qué Chile debe ser diferente? ¿Por qué nuestro país tiene que ser un lugar donde llegue cualquier persona como Pedro por su casa? Si vivir acá tiene un costo; no se trata solo de deberes y derechos. Principalmente, debemos hacernos cargo de que Chile es un país que hoy día considera una alta tasa impositiva, que las personas pagan en su gran mayoría por todos sus servicios y que no es justo que cualquiera vea a Chile como un paso alternativo para irse a países de América del Norte, al considerarlo una oportunidad para sacar rápido un documento que les permita trabajar en el extranjero.

Y además considero importante que se plantee que las personas puedan rendir una prueba de conocimientos sobre cultura y educación cívica. Porque, cuando uno llega a un país, uno es el que se adapta al país y no este a uno.

Tengo la mejor opinión de las personas que vinieron a Chile a aportar como extranjeros, pero no concibo la situación que se está viviendo en las cárceles del norte, donde un porcentaje superior al 30 o 35 por ciento de los reclusos son extranjeros. Eso habla de que no vinieron a trabajar ni a aportar, sino que a delinquir. Hoy día, todas las organizaciones de crimen organizado de América están instaladas con sucursales en nuestro territorio y operan prácticamente hasta la Octava Región, específicamente Los Ángeles. Hasta ahí llega el, digamos, ejercicio de las funciones delictuales del crimen organizado, que sin respeto alguno al Estado de Chile hacen y deshacen en el país.

Me parece importante que las causales de expulsión que se están planteando sean mucho más amplias que las que había hasta ahora.

Y no hay que tenerle miedo a la discusión, todo lo contrario. No creo que implique ser malos ni inhumanos, ni que signifique no respetar los derechos humanos cuando pedimos orden y respeto al país donde se llega. Eso no se ha cumplido para nada.

Otra de las cosas que hacen surgir a una nación es que no solo se haga acatar las normas internamente, sino que quien llega a su territorio sienta un país seguro y respetuoso de las leyes.

Todo lo que hoy día nos está ocurriendo es lo que debemos subsanar.

Evidentemente, esta ley no va a cambiar todo, pero valoro el que la estemos discutiendo, y no solo la comisión pertinente debe contribuir a su análisis, sino que como senadores tenemos que aportar con indicaciones y reforzar las muy buenas ideas que considera.

Y quiero agregar que, respecto al transporte, todos hemos sabido de aviones, buses, minibuses y diversos vehículos que se mueven como Pedro por su casa trayendo a cientos de extranjeros indocumentados a Chile. Y como aquí es tan fácil instalarse, claramente constituye un tremendo negocio. Los burreros y las personas que trabajan con prostitución infantil y trata de personas son fenómenos que no habíamos visto jamás en Chile.

Entonces, quiero terminar señalando que una migración en donde se amplió tanto el número de extranjeros en tan poco tiempo es claramente una irresponsabilidad estatal, una irresponsabilidad de todos nosotros y, sobre todo, de los sectores que han insistido en que emigrar es un derecho humano. No creo que sea un derecho humano el llegar a otro país con crimen organizado y con costumbres desconocidas para el lugar a donde se llega y que recibe. Los chilenos, entonces, no tendríamos derechos humanos, porque ir a Estados Unidos, a Canadá, a Australia o a cualquier país desarrollado implica que debemos demostrar impecable conducta, un trabajo respetable y, por supuesto, acatar las normas que rigen para vivir en su territorio.

Eso aquí en Chile no existe. Por lo tanto, además de desprestigiarnos en un montón de aspectos, en términos generales somos una puerta abierta para que ingrese cualquiera. Y eso no puede ser. El país costó construirlo; esta república tiene muchos mártires. Y por esa gente, que hizo grande a nuestra nación, debemos ser respetuosos con nuestro territorio.

Así que yo estoy súper a favor, muy a favor de avanzar en esta ley.

Muchas gracias.

--Se aprueba en general el proyecto de ley (42 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor WALKER (Vicepresidente).-

Aprobado en general el proyecto.

Surgió una controversia en cuanto al plazo para presentar indicaciones propuesto por la senadora Claudia Pascual, el cual, por tanto, será resuelto en la próxima sesión.

La señora EBENSPERGER.-

¿Cuál fue el plazo que propuso la senadora?

El señor WALKER (Vicepresidente).-

El viernes 17 de enero. Pero además en este momento no tenemos suficiente quorum para adoptar acuerdos.

Por lo tanto, lo vamos a resolver en la sesión de mañana.