Labor Parlamentaria

La señora RINCÓN.-

Presidente , antes de que se informe este proyecto, nosotros, como comité, queremos pedir segunda discusión, básicamente porque no nos parece que debamos tratar esta reforma electoral -creo que es ambicioso llamarla "reforma del sistema político", que por cierto estamos dispuestos a discutir y votar-, sin antes tramitar la reforma al voto obligatorio, cuya votación quedó suspendida.

Así que, como comité, solicitamos la segunda discusión de este proyecto.

El señor NÚÑEZ .-

Presidente , aunque la senadora Rincón ya hizo la solicitud, creo que es importante, para la historia fidedigna de la ley y de este debate, dejar establecido que, cuando este proyecto de reforma constitucional al sistema político se acordó en reunión de comités el lunes pasado, nosotros nos opusimos, porque creemos que algo tan importante como ajustes o cambios al sistema político requiere de un acuerdo más amplio que al que se ha llegado hasta ahora.

Por eso mismo, Presidente , queremos sumarnos a la solicitud de segunda discusión.

Creemos que es posible hacer ajustes, es posible mejorar lo que tenemos hoy día en materia de sistema político, pero eso requiere de un acuerdo más amplio, el cual no se ha generado hasta este momento.

Obviamente, imponer de esta manera la discusión es algo que no nos parece pertinente.

Así que me sumo a la solicitud de segunda discusión, Presidente .

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy bien.

Gracias, senador Núñez .

Es un derecho de los comités, así que vamos a proceder de esa manera una vez que cumplamos los trámites que correspondan.

La señora SEPÚLVEDA.-

Muchas gracias, Presidente.

Mire, dadas todas las complicaciones que tiene este acuerdo -un acuerdo con no sé quién-, nosotros también pedimos segunda discusión.

Yo sé que hay dificultades y varios detalles gigantescos que hay que revisar. Pedimos a la Sala que, por favor, se presente un proyecto como corresponde, con las visiones de cada uno de los sectores.

Pero, por sobre todo, esperamos que se pueda llegar a acuerdo en otras materias que son más importantes y relevantes para la ciudadanía, como la relativa a pensiones, Presidente.

Así que pedimos, en conjunto con el senador Velásquez, la segunda discusión en este proyecto.

Muchas gracias.

El señor CASTRO (don Juan).-

Gracias, Presidente.

Yo pienso que en este Senado todos creemos de verdad que es necesaria una reforma al sistema político. Pero lo que no se puede entender es que aquí un grupo de senadores se sienta poderoso sobre los demás. Me parece que una reforma tan importante para el país debe tener mucho consenso. Hay que conversar más.

Se pasa a llevar la voluntad popular con esta iniciativa, y creo que no es el camino. Hay que cuidar la democracia, Presidente .

Además, si queremos hacer una reforma al sistema político, debemos partir por reformar los partidos políticos. ¡Si los partidos políticos no están a la altura de la necesidad del país! ¡Están obsoletos!

Y nosotros tenemos una responsabilidad si queremos trabajar bien: ser capaces de hacer todos los cambios que se necesiten.

Seguramente hay que reformar el Servel también.

Pero no puede ser que aquí un grupo de senadores quiera pasar a llevar a los demás, porque se sienten especiales, se sienten dueños de la verdad. Ese no es el camino.

Yo también estoy de acuerdo con una segunda discusión, porque este proyecto a mí no me parece bien.

No sé si los colegas justifican tener 50 senadores y 155 diputados. ¿Se justifica eso, Presidente ? Creo que no. Si acaso queremos hacer una reforma, hagámosla de verdad, pensando en el bien de Chile y de los chilenos.

Eso, Presidente .

La señora PROVOSTE.-

Presidente , quiero sumarme a las voces que de manera muy transversal están solicitando segunda discusión respecto de esta modificación a la Constitución, a fin de que efectivamente esto permita recoger opiniones muy claves.

Esta propuesta de reforma tiene muchos problemas. Uno de ellos es el que evidenció el propio presidente del Servel , Andrés Tagle , quien claramente manifestó -y fue explícito- que no apoyaba esta iniciativa por las dificultades que presentaba.

Me parece que este es un proyecto voluntarista, que no recoge las dificultades que tiene hoy día nuestro sistema político electoral, y por eso pedimos una segunda discusión.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muchas gracias, senadora Provoste.

El señor COLOMA.-

Presidente , desde un punto de vista reglamentario, ¿cuántas veces hay que pedir la segunda discusión? Porque acá ha habido una cosa muy sorprendente, una especie de inflación, en la que todos dicen querer una reforma política y muchos se las arreglan para decir que no quieren reforma política.

Aquí habrá una discusión general y otra en particular. Yo invito a todos los que tienen objeciones, porque no quieren reforma política, a que se manifiesten legítimamente votando en contra. Y en la discusión particular argumentarán lo que les parezca.

Pero no impidan una forma de legislar que es perfectamente legítima en democracia. Esto es por mayoría y minoría.

¿Se cumplirán o no las labores? Pero no busquemos esta reiteración de pedir sucesivamente lo mismo, para argumentar cosas que al final significan que no quieren cambio al sistema político.

He dicho, Presidente .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias.

El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señor De Urresti, señora Ebensperger y señores Galilea, Lagos y Saavedra, y moción de los honorables senadores señora Núñez y señores Coloma, Cruz-Coke, Flores y García, que modifica la Carta Fundamental, en lo relativo al sistema político y electoral, iniciativa correspondiente a los boletines Nos 17.253-07 y 17.298-07, refundidos.

Este proyecto de reforma constitucional tiene por objetivo disminuir la fragmentación política en el Congreso Nacional mediante la exigencia de que los partidos políticos deban obtener un porcentaje de votos a nivel nacional para que sus candidatos a diputados puedan acceder a escaños parlamentarios, y sancionar con la pérdida del cargo al diputado o senador que renuncie al partido político que declaró su candidatura.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento consigna que, por la mayoría de sus integrantes, acordó solicitar la autorización de la Sala para refundir en una sola iniciativa los referidos proyectos, instancia que, con fecha 18 de diciembre de 2024, accedió a dicha petición.

Asimismo, la comisión hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento del Senado, discutió solo en general este proyecto de reforma constitucional.

La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la mayoría de sus integrantes presentes, pronunciándose a favor los honorables senadores señoras Ebensperger y Núñez y señor De Urresti, en tanto que se manifestó en contra la honorable senadora señora Pascual.

Finalmente, la comisión hace presente que las disposiciones de este proyecto de reforma constitucional deben ser aprobadas con el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de la Carta Fundamental, esto es, 29 votos favorables para su aprobación.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 88 y 89 del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor DE URRESTI.-

Gracias, Presidente.

Como esta reforma constitucional tiene su origen en una moción, corresponde emitir el informe de la discusión habida en la comisión, y eso es lo que voy a realizar.

Esta tarde la Sala del Senado debe pronunciarse sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica la Ley Fundamental, en lo relativo al sistema político y electoral (boletines Nos 17.253-07 y 17.298-07, refundidos).

En el estudio de esta iniciativa participaron el ministro secretario general de la Presidencia , señor Álvaro Elizalde , y los exintegrantes de la Comisión Experta Constitucional, señoras Antonia Rivas y Leslie Sánchez y los señores Juan José Ossa , Gabriel Osorio , Francisco Soto y Sebastián Soto .

Igualmente, la comisión que presido escuchó al presidente del Consejo del Servicio Electoral , señor Andrés Tagle ; a los profesores universitarios señora Catalina Salem y señor Andrés Dockendorff ; a los representantes del Instituto Libertad y Desarrollo, señores Jorge Ramírez y Simón Pinto ; de la Fundación Chile 21, señor Daniel Grimaldi , y a los directores de Espacio Público, señora Julieta Suárez Cao y señor Javier Sajuria .

A todos ellos agradezco su tiempo y colaboración en el debate general de este proyecto de reforma constitucional.

Señor Presidente , esta iniciativa procura introducir modificaciones al funcionamiento de nuestro sistema político que desde hace tiempo viene presentando, como lo han detectado la ciudadanía, la academia y los actores sociales y económicos del país, significativos problemas de gobernabilidad que, en menor o mayor grado, han afectado a los últimos gobiernos.

Estos problemas entorpecen de manera significativa el poder avanzar de manera progresiva y eficaz en el tratamiento de las políticas públicas que necesita nuestra nación.

Deseo recordar que nuestro país ya ha dado dos pasos en este sentido. Se logró un avance significativo en la dirección de democratizar nuestro sistema político, que sustituyó el modelo electoral binominal por uno proporcional, y en el mismo sentido se progresó cuando se estableció la obligatoriedad de sufragar para todos los ciudadanos.

Sin perjuicio de lo anterior, es indispensable y urgente seguir evolucionando en esta dirección y corregir algunos aspectos que afectan la gobernabilidad y la correcta interrelación que debe existir entre el Gobierno y el Congreso Nacional, cuando se discuten las leyes y se aprueban las políticas públicas.

Este es un asunto que ha venido analizándose desde hace tiempo en el mundo político y académico, y estuvo presente -quiero señalarlo, Presidente , y esto es muy importante- en los dos ensayos constitucionales que se efectuaron en el último tiempo en el país.

En efecto, desde hace años ha existido un debate acerca de cómo perfeccionar el sistema democrático, en particular de sus componentes políticos y electorales.

En ambos momentos constitucionales las materias electorales y el perfeccionamiento del sistema democrático ocuparon un tiempo muy valioso del trabajo que se realizó.

El diagnóstico que surgió de ese trabajo es que la excesiva fragmentación política que ha venido afectando a nuestro país y la práctica parlamentaria del denominado "discolaje" son elementos que deben ser subsanados a la brevedad, ya que entorpecen las prácticas parlamentarias y desprestigian el quehacer político del país.

La Comisión Experta del pasado proceso constituyente -y a esto me referiré posteriormente- detectó este problema y acordó por la unanimidad de sus integrantes -reitero: por la unanimidad de sus integrantes, personas inspiradas en ideas de izquierda, de centro y derecha- que a lo menos resulta indispensable realizar los siguientes cambios a nuestro sistema político.

En primer lugar, establecer que deberían tener representación en la Cámara de Diputados solo aquellos partidos políticos que alcancen al menos el 5 por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional.

Segundo, sancionar con la pérdida del escaño al senador o diputado que renuncie al partido político que hubiera sido declarado en su candidatura.

¿Por qué es necesario dar estos dos pasos?

Quiero dejar claro que esta reforma excluye a quienes han sido electos como independientes fuera de pacto, entre los cuales tenemos -no sé si hay alguien más, pero son los que se me vienen a colación- un honorable senador y al menos un diputado.

Como decía, son necesarios dos pasos.

En primer lugar, debido a la excesiva fragmentación partidista, a esta fecha existen veintiún partidos constituidos y seis en formación, lo que dificulta claramente la posibilidad de llegar a acuerdos en el Congreso Nacional y afecta la labor gubernamental en el Parlamento.

Segundo, la alta proporción de parlamentarios que son elegidos por una pequeña fracción de votos.

En tercer término, la falta de disciplina parlamentaria mínima acarrea graves problemas o dificultades para constituir grupos políticos estables y, en consecuencia, mejorar la posibilidad de aprobar las iniciativas que espera la ciudadanía.

Señor Presidente, el proyecto en comento, fusionado, busca establecer un equilibrio entre representatividad y gobernabilidad. Con ese objeto se debe incentivar la cooperación entre poderes y mitigar el bloqueo legislativo en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

En otras palabras, esta reforma persigue mejorar el funcionamiento de nuestro sistema político, lo que debería ayudar a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

El texto que proponemos sugiere los siguientes cambios constitucionales.

Primero, se modifica el artículo 47 para establecer una actualización periódica de escaños parlamentarios. Se dispone que el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá ajustar la distribución de escaños cada diez años, sin modificar el número total de diputados.

Segundo, se incorpora un nuevo artículo 51 bis al texto constitucional para establecer un umbral electoral de 5 por ciento, con el fin de definir a los partidos que tienen un arraigo significativo en la ciudadanía y deben tener representación parlamentaria en la Cámara de Diputados.

Los votos de los partidos que no alcancen tal umbral se distribuirán proporcionalmente entre aquellos que integren el pacto electoral que sí lo superen.

A los independientes que integren una lista o pacto se les aplicarán las reglas ya indicadas.

Los candidatos independientes no podrán conformar listas electorales.

En tercer lugar, se agregan incisos nuevos al artículo 60 para sancionar con la pérdida del escaño al parlamentario que renuncia al partido por el que fue elegido.

En síntesis, los parlamentarios que renuncian al partido que los postuló perderán su cargo. Los independientes electos por una lista partidaria no podrán cambiar de partido o renunciar al comité parlamentario sin perder su escaño.

Los ciudadanos que reemplacen a los renunciados serán designados por el partido político correspondiente, de acuerdo con las normas constitucionales vigentes.

Finalmente, esta iniciativa considera una disposición transitoria mediante la cual se establece que en la próxima elección parlamentaria que se realizará el 2025, el umbral señalado en el artículo 51 bis corresponderá al 4 por ciento de los votos obtenidos a nivel nacional. Igualmente, se permite la fusión o constitución de una federación entre aquellos partidos de un mismo pacto, que no cumplan individualmente el indicado umbral.

En conclusión, este proyecto busca resolver algunos de los problemas derivados del actual sistema electoral mediante reformas acotadas que promueven la construcción de mayorías parlamentarias, reduzcan la fragmentación partidaria y fomenten, algo muy importante, la gobernabilidad.

Su implementación apunta a legitimar las instituciones democráticas y a responder a las demandas ciudadanas con un sistema político más eficaz y representativo.

Por las razones antedichas

, proponemos a la Sala la aprobación en general del proyecto de reforma constitucional.

He dicho, señor Presidente.

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Creo que todos estamos de acuerdo en que los partidos políticos son muy necesarios para el desarrollo y la construcción de un país.

Pero en Chile tenemos algunos problemas.

Primero, tenemos inconvenientes de representatividad y de conexión entre los partidos y la ciudadanía y, segundo, tenemos un problema de fragmentación en los partidos políticos.

¿Se ha hecho acá un buen análisis de cuáles son las causas? ¿O queremos solucionar los problemas con un decreto?

Creo que hay cosas que no se solucionan con un decreto. Al contrario, vamos a crear más repulsión de los ciudadanos hacia la clase política y los partidos.

Los partidos políticos tienen que hacer un mea culpa, un autoanálisis de lo que ha pasado. Faltan mecanismos transparentes para la toma de decisiones en su interior, para que después no generen heridos que se retiren y formen otra colectividad.

Cuando sucede eso el primer paso es generar un mecanismo para solucionar conflictos dentro de los partidos políticos, un sistema transparente que no deje heridos que después funden un partido político por los lados.

Entonces, cuando queremos solucionar el problema mediante un decreto y queremos transformar esto en una tiranía de los partidos políticos, estamos cometiendo un tremendo error.

Yo estoy de acuerdo con que existan partidos políticos, creo en ellos, pero acá tiene que haber un autoanálisis, una reflexión de por qué llegamos a esto.

A lo mejor hay cosas que tenemos que arreglarlas por decreto o por ley, pero esa no es la base fundamental del problema que estamos viviendo. Esto es mucho más profundo. Acá se ha pasado a llevar a gente que ha hecho una carrera dentro de un partido político, poniéndole un candidato encima.

Entonces, ¿qué quieren? Si a mí me hacen eso, ¡yo formo un partido político también, pues!

Hay que analizar por qué pasan estas cosas.

Hay que tener conciencia real de por qué llegamos a esto y por qué la gente no nos cree, no nos considera.

Los partidos políticos están mal evaluados. Y con esta reforma les aseguro que van a estar más mal evaluados, porque significa crear una tiranía de los partidos.

Por estas razones, señor Presidente , este proyecto de ley requiere una reconsideración profunda; un rediseño que atienda no solo a las consecuencias inmediatas de la fragmentación, sino también a las raíces estructurales de la crisis de representatividad que enfrenta nuestro sistema político.

Solo a través de un enfoque cuidadoso y reflexivo podremos avanzar hacia un sistema que verdaderamente represente la diversidad y las necesidades de todos los chilenos.

Gracias.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Si el objetivo de este proyecto de reforma constitucional es mejorar la representatividad, no se entiende que no vaya aparejado del establecimiento del voto obligatorio en forma permanente.

Por eso quedamos muy preocupados después de escuchar las intervenciones de la sesión de ayer, y eso nos hace dudar de que la real intención de este proyecto sea mejorar la representatividad.

Yo voy a votar a favor la idea de legislar de esta propuesta de reforma al sistema político, que, como ha dicho la senadora Rincón, más que eso, es una reforma electoral que dice relación con el umbral que se requiere para la elegibilidad de los diputados y senadores.

Pero si de verdad queremos mejorar la representatividad, no se entiende que no se establezca el voto obligatorio con sanciones de manera permanente.

Y pedimos una segunda discusión, porque ambos proyectos deben ser simétricos e ir absolutamente de la mano.

Sobre el fondo de esta iniciativa, a mí me parece positivo el establecimiento de un umbral del 5 por ciento y, además, la posibilidad de que los partidos que no logren ese umbral puedan fusionarse entre sí con partidos que formen parte del mismo pacto. Por tanto, estamos hablando de una asociación no por conveniencia, sino por convicción.

Si determinados partidos comparten un mismo pacto electoral, una misma coalición política, es lógico que, de no conseguir el umbral, puedan fusionarse, tal como lo establece el proyecto y como, por lo demás, lo disponía la última propuesta constitucional.

En el caso de Demócratas, este proyecto no nos preocupa en el sentido de no poder cumplir ese umbral, porque en la reciente elección municipal, en conjunto con Amarillos, obtuvimos un 7,5 por ciento de los votos en las comunas donde competimos.

Entonces, no se trata de calculadora, sino de aprovechar la oportunidad de hacer un cambio sustantivo, si la idea es mejorar la representatividad.

Por lo tanto, no puede haber cambio al sistema político o al sistema electoral, para ser más preciso -como ha dicho la senadora Rincón-, si ello no va de la mano de la reposición del voto obligatorio con sanciones de manera permanente.

Y lo digo por tercera vez, porque parece que algunos quedaron muy asustados al ver que participó mucha gente en las últimas elecciones.

¡Y qué bueno que haya participado mucha gente!

¡Y qué bueno tener alcaldes y gobernadores empoderados con un tremendo respaldo popular!

Y eso es gracias al voto obligatorio, en el que insistimos algunos desde la Cámara de Diputados, liderados por la diputada Joanna Pérez en su momento, y acá en el Senado con el proyecto que presentamos junto con la senadora Ximena Rincón , la senadora Luz Ebensperger y el senador Manuel José Ossandón .

Por otra parte, Presidente , no puede haber cambio de régimen político sin una reforma que propicie la modernización y profesionalización del Estado.

No podemos resolver los problemas de la política sin hacernos cargo de las dificultades que viven los chilenos, el ciudadano que se enfrenta al Estado todos los días, el dueño de la pyme que sufre la burocracia estatal, a propósito del proyecto sobre permisología, que, espero, podamos verlo en esta sesión y, por supuesto, aprobarlo, pues forma parte del fast track legislativo en materia de reactivación económica, ya que, como ha señalado hoy día el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle , nuestro país está creciendo a un mediocre 1 a 2 por ciento al año.

Recordaba el ex Presidente Frei cuando en su gobierno crecíamos a tasas del 6, 7, 8 por ciento; lo mismo en el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin . ¡Claro!, sobraba la plata, y recaudábamos más porque el país estaba creciendo.

Asimismo, tiene que haber profesionalización del Estado. "Un Estado sin pitutos" fue una de las iniciativas ciudadanas en el último proceso constituyente, que apuntaba, a través de los movimientos ciudadanos, a una verdadera profesionalización y modernización del Estado.

Nada de eso menciona este proyecto.

Por eso debemos ser más ambiciosos, no podemos conformarnos con una mera reforma al sistema electoral.

Nada dice el proyecto acerca de la necesidad de mejorar la formación en los partidos, sobre todo la de los jóvenes; de perfeccionar las prácticas de transparencia, de democracia interna.

Tampoco podemos generar caudillos dentro de los partidos, que hagan y deshagan, y que teniendo la campanilla de la presidencia expulsen a quienes no están de acuerdo con una determinada decisión.

Fue el caso de quienes renunciamos al partido de toda nuestra vida, el que fundó mi abuelo, el Partido Demócrata Cristiano, cuando desgraciadamente tomó la decisión de respaldar un mamarracho de propuesta constitucional que hoy día a todos les da vergüenza, ¡a todos les da vergüenza!

Y nosotros dijimos: "No vamos a echar por la borda la historia constitucional de Chile". No estábamos de acuerdo con eliminar este Senado. ¡Perdónenme! No estábamos de acuerdo con eliminar este Senado, el mismo que va a llegar a un acuerdo en materia de pensiones en dos semanas más gracias a la excelente labor de los senadores de la Comisión de Trabajo.

¡Para eso existe el Senado, al cual defendimos!

Y algunos, ¡claro!, nos expulsaron del partido por querer defender la historia democrática constitucional de Chile. ¡No nos arrepentimos de haberlo hecho!

Pero ¡ojo! con crear caudillos y caudillas a quienes les demos la campanilla de un partido para expulsar al que les caiga mal o que no pertenezca a su lote. De verdad, si queremos llamar a este proyecto "Reforma al sistema político", tenemos que mejorar la democracia interna.

¡Para eso estamos plenamente disponibles, Presidente!

Muchas gracias.

El señor SAAVEDRA.-

Gracias, Presidente.

Mi intervención está destinada, en principio, no solamente a fundamentar el voto favorable respecto de esta reforma, que la considero apropiada, oportuna y necesaria, sino además a establecer algunos puntos acerca del cuestionamiento y los dichos que a veces no coadyuvan a zanjar una situación que a todas luces es necesario que se resuelva por parte del Senado, de la Cámara de Diputados, del Congreso en definitiva.

Desde el retorno a la democracia hemos tenido cuestionamientos y debates en cuanto a nuestro régimen político. Ayer nomás sostuvimos una discusión en torno a la inscripción voluntaria u obligatoria en los registros electorales, y la obligatoriedad o voluntariedad del voto de los residentes extranjeros.

Un evento importante fue la reforma constitucional concordada durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, que eliminaba a los senadores vitalicios y designados, así como la ley N° 20.840, de abril del 2015, que cambió el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo, superándose los amarres que posibilitaban que el 65 por ciento de los votos fuera igual que el 35 por ciento de estos, y promoviendo la participación y representación de las mujeres en el Parlamento.

Este debate permanente y la falta de acuerdo se apreció en los procesos constitucionales fallidos, en donde las mayorías respectivas no evitaron la tentación de establecer sistemas parlamentarios o de representación intentando sacar un beneficio inmediato, desde eliminar el Senado hasta intentar volver al sistema binominal.

El momento constituyente que vivimos entre los años 2020 y 2023 finalmente sepultó iniciativas que hubiesen podido mejorar nuestra institucionalidad democrática, como el fortalecimiento de los partidos, la promoción de la participación ciudadana o la profundización de la descentralización. Primaron la desconfianza en el sistema democrático representativo y el ánimo de retornar a la Constitución pinochetista de los ochenta.

Sin perjuicio de los rechazos a ambos proyectos constitucionales inspirados en aires refundacionales, en el segundo proceso se concordó en crear una instancia previa y designada: la Comisión Experta. Ello, a la par de establecer doce ejes o bordes que determinaban los límites de la discusión, pero que también relevaban los consensos en cuanto al contenido de la futura Constitución que las fuerzas políticas considerábamos esenciales.

Quiero destacar que el trabajo de la Comisión Experta fue respaldado transversalmente por el arco político. En el capítulo tercero de su propuesta constitucional, denominado "Representación política y participación", se aborda la necesidad de que los partidos políticos que alcancen al menos el 5 por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la respectiva elección de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas tendrán derecho a participar en la distribución de los escaños de dicha Corporación. Entre otras materias, se obliga a los partidos a instalar mecanismos para prevenir infracciones de probidad y transparencia, así como al cese de las funciones del diputado o senador que renuncie al partido político que hubiere declarado su candidatura.

Estos son algunos mínimos que particularmente la izquierda y la centroizquierda reivindicaron en la discusión del segundo proceso constitucional. Por eso resulta llamativo que, ante esta reforma, que toma aspectos esenciales de dicha propuesta, aparezcan voces descartándola, aludiendo a que es insuficiente. Estas mismas voces critican para luego proponer cambios que saben que son inviables por falta de acuerdo político o de mayorías.

Pareciera que quienes nos acusan de que buscamos retomar el binominal, que incluso hablaron de "lanzazo a la democracia" para referirse a esta propuesta, ocultan simplemente su rechazo a toda reforma que no les convenga en lo inmediato.

Pareciera que los que descartan esta reforma para reivindicar las listas solo de partidos no supieran que en más de treinta años hemos conformado un sistema político y electoral en base a los pactos.

Lo que uno aprecia es que más bien son excusas de voces interesadas en mantener las pymes, en mantener su fracción del 2 por ciento en la Cámara para negociar algo, más que de estar preocupadas del fortalecimiento de la democracia, de reivindicar el Congreso de la nación para contraer acuerdos que finalmente den cuenta de las necesidades más urgentes de la población.

Se argumentará que algunos especialistas han sido críticos con esta reforma por ser insuficiente.

¡Por supuesto que esta iniciativa es acotada! Pero es realista.

Lejos del discurso maximalista que pretende que en un escenario político donde no tenemos grandes acuerdos -este es un factor de varias de nuestras actuales crisis- se resuelva todo, esta es la posibilidad de determinar mínimos para avanzar en una reforma que mejore nuestro sistema político.

¿Se resuelven todos los problemas del debate político? ¡Claro que no! Es cierto. Pero es un paso en la necesidad de establecer grandes acuerdos, el camino del encuentro político que exige hoy día el país para seguir avanzando en resolver grandes situaciones que por años languidecen y esperan de la voluntad política de este Congreso, como la reforma previsional.

En tal sentido, hago un llamado para que en las próximas semanas, antes de que termine el mes de enero, haya una expresión clara y nítida del Congreso de la nación, particularmente del Senado, ante una demanda que lleva tres gobiernos sin resolverse. Si fracasamos, reitero, serán los poderosos de siempre quienes sacarán adelante la tarea en desmedro de dos millones y medio de chilenos.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

La señora RINCÓN.-

Gracias, señor Presidente.

Recibo con profunda preocupación este proyecto de ley, especialmente -lo dijimos ayer, lo repetimos hoy; usted también lo ha dicho- tras la petición impulsada por sectores oficialistas el día de ayer, que impidió avanzar en la tramitación de la iniciativa destinada a garantizar el cumplimiento efectivo del voto obligatorio en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.

Lo hemos dicho una y otra vez: no podemos avanzar en ninguna reforma electoral si antes no concretamos el voto obligatorio. Por eso hemos solicitado segunda discusión para este proyecto, porque no podemos darle prioridad a esta reforma por sobre el cumplimiento de un mandato constitucional que nos vincula -o debiera vincular- a todos los senadores y a todas las senadoras, y también, por cierto, al Gobierno.

Este mandato no es opcional. Tenemos la responsabilidad de hacer efectivo el deber ciudadano que acompaña el derecho al sufragio, un pilar fundamental para la legitimidad de nuestra democracia: el valor del sufragio y de la representación.

Por ello, no podemos guardar silencio. Llama profundamente la atención la urgencia para esta propuesta, que en la práctica busca intervenir la voluntad expresada en las urnas, que, como se dice coloquialmente, mete no una mano en la urna, sino que dos: una para sacar de la competencia a un candidato que fue legítimamente electo, que logró el respaldo ciudadano, y otra para meter a quien no logró fidelizar el voto popular, alterando así los efectos de las decisiones que adoptan las distintas regiones del país, mientras que no observamos la misma urgencia y ansia de parte de estos sectores del oficialismo ni tampoco del Gobierno para dictar normas que garanticen año a año el voto obligatorio. Esa debiera ser nuestra principal prioridad.

Pero también esta reforma castiga con expulsión al parlamentario que renuncie a un partido y traslada con esto, como han dicho los expertos, la fragmentación externa a un fraccionamiento interno.

Señor Presidente, si no fuera por la moción presentada por Demócratas, el senador Ossandón y la senadora Ebensperger, así como por el avance que le dio la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, no existiría ningún proyecto de ley que se haga cargo de concretar el voto obligatorio.

Agradezco a mis colegas por aquello.

Hace diez años se puso fin al sistema binominal. En su reemplazo se creó un sistema representativo y proporcional, pero ¿con relación a qué? Surge una pregunta: ¿representativo y proporcional con relación a qué?

Durante toda la vigencia de este sistema electoral hemos estado bajo las reglas del voto voluntario, es decir, este Congreso Nacional refleja la voz de menos del 50 por ciento de los chilenos que decidieron ir a votar.

Hoy, gracias a la reforma -y lo ha dicho usted también, Presidente - impulsada por la diputada Joanna Pérez en la Cámara Baja, tenemos, por primera vez, la oportunidad de observar cómo funciona este sistema electoral en su verdadera dimensión con un voto obligatorio, respaldando así, a través de la voluntad de hombres y mujeres, su real interés o respaldo.

Sin embargo, hay quienes parecen no tener tiempo para esperar un análisis responsable del comportamiento de la representación bajo este nuevo sistema electoral y prefieren adelantarse con miras a las próximas elecciones, apresurando la aprobación de una reforma que ya ha sido objeto de múltiples críticas por parte de expertos de distintas corrientes políticas.

Lamentablemente, esta reforma se ha hipersensibilizado frente al diagnóstico de fragmentación y multipartidismo.

En cambio, otros estamos profundamente preocupados del peor de los males que aqueja a la vida política, el que advierte la gente desde sus casas, el que advierte la economía, el desarrollo de nuestro país: la polarización que ha capturado al sistema político.

Y esta reforma guarda silencio frente a este problema. En concreto, esta reforma les habla más a los partidos políticos, a ciertos partidos políticos, y le habla poco a la gente, a las personas que representamos.

¿Acaso no recordamos, Presidente , los dos últimos procesos constitucionales? ¿Acaso dichos órganos no concentraban dos importantes bloques políticos sin fragmentarse? Izquierdas y derechas, o derechas e izquierdas, eran las principales fuerzas políticas, dos grandes bloques -las propuestas que algunos sueñan concretar en este proyecto-; pero el resultado está a la vista y fue malo: dos grandes bloques incapaces de salir de sus trincheras, de sus propias ideologías, de la lógica de amigos y enemigos; incapaces de pensar en el país como principal objetivo, olvidando poner a las personas en el centro.

Esta es la principal crítica que tenemos y que coincide con una serie de investigaciones y publicaciones de diversos centros de estudios, cientistas políticos y académicos.

Inclusive, Presidente , esta reforma puede estar muy lejos de la solución y más cerca de aquellos factores que podrían terminar agudizando nuestra crisis, perpetuando el estancamiento de nuestro país.

Por ello, me sorprende profundamente que se esté impulsando este proyecto, cuyo eje central no es una reforma al sistema político, como veíamos en la segunda propuesta constitucional: es la imposición de un umbral del 5 por ciento, impidiendo que cualquier partido político obtenga representación si no alcanza ese porcentaje a nivel nacional.

Se opta por esta vía, que en la práctica equivale a excluir representación por secretaría, cuando podríamos estar discutiendo, por ejemplo -y lo hemos dicho, y usted, Presidente , lo ha repetido también-, una alternativa mucho más democrática y coherente: un umbral natural mediante el fin de los pactos políticos, lo que concretaremos en su oportunidad mediante la presentación de indicaciones.

Hoy tenemos partidos políticos que se valen de los pactos, de las listas conformadas por distintos partidos políticos para aumentar el número de escaños. Partidos con el 5 por ciento tienen casi igual número de diputados que partidos que alcanzan el doble de votación al utilizar estrategias electorales.

Presidente , como Demócratas creemos firmemente en respetar la voluntad que manifiestan las personas al momento de votar. Por esa razón, además de insistir en concretar el voto obligatorio para estas elecciones, pondremos todo nuestro esfuerzo en garantizar que sea la ciudadanía, y no la clase política, quien defina realmente qué partido prefiere y quiénes serán sus representantes en el Parlamento.

Gracias, Presidente .

La señora NÚÑEZ.-

Muchas gracias, Presidente.

Uno de los principales fundamentos de esta reforma al sistema político y electoral, del que soy autora en uno de los proyectos que terminaron fusionados, es enfrentar la fragmentación al sistema político, un fenómeno que ha demostrado graves consecuencias a la gobernabilidad y eficacia legislativa, y, por supuesto, también a la gobernabilidad del país.

Para poner un ejemplo: a quien le toque gobernar el próximo año le va a ser muy complejo construir una mayoría, o al menos aspirar a construir una mayoría para asegurar esa gobernabilidad si seguimos con el escenario que hoy día tenemos.

En las últimas elecciones parlamentarias participaron veintisiete partidos políticos, doce de ellos se extinguieron por no cumplir requisitos mínimos de votos y escaños.

Lo anterior ha generado dificultades en la construcción de los acuerdos y el avance en políticas públicas coherentes. Por lo tanto, insisto, ¿cuál es el problema? La dispersión de ideas, el individualismo, los bloqueos legislativos y, en definitiva, la imposibilidad de gobernar, o que esto se haga muy complejo.

Somos una sociedad; por tanto, funcionamos como un todo, y para ello se debe avanzar en comunidad. ¿Con qué fin? Pensando en el bien común de todas y todos.

Diez años -por lo tanto, no estamos acelerados- han pasado desde la implementación de las últimas modificaciones al sistema electoral, y es sabido que las normas y reglas de una sociedad se deben adaptar a las comunidades, que evidentemente evolucionan. Chile no es la excepción.

Durante este tiempo la experiencia nos ha dejado importantes lecciones sobre las limitaciones al sistema actual, limitaciones que evidencian la necesidad de incorporar reformas orientadas a garantizar una mayor eficacia del Congreso Nacional, fomentando -insisto- la gobernabilidad, y sobre todo, acercando la política a las verdaderas demandas de la ciudadanía, a través del robustecimiento de la democracia y también de una mayor participación ciudadana; y que ello, obviamente, se traduzca en representación en el Congreso.

No podemos olvidar que el sistema electoral se encarga de traducir el voto de los ciudadanos en escaños, y estos son la voz y la representatividad de cada uno de nuestros territorios.

Con respecto al contenido del proyecto, el cual por supuesto ha sido criticado por quienes no gustan de él, este busca modificar el artículo 47 de la Constitución Política la República para establecer una actualización periódica de escaños parlamentarios.

¿Por qué quise nombrar esta parte del contenido del proyecto? Porque no estamos volviendo a un sistema binominal, como maliciosamente a mi juicio, o con mala fe, lo han dicho algunos parlamentarios, incluso en los medios de comunicación; o bueno, desde la ignorancia.

Se dispone que el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá ajustar la distribución de escaños cada diez años, sin modificar el número total de diputados. Y es muy importante señalar aquello, porque ciertamente estamos manteniendo el sistema proporcional, y me sumo a esto, que tanto nos costó recuperar, o instalar.

En segundo lugar, se incorpora un nuevo artículo 51 bis a la Constitución, que establece el umbral electoral del 5 por ciento para que los partidos políticos puedan acceder a representación parlamentaria en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Recién recordaba: con más de veintitantos partidos políticos, obviamente se hace complejo gobernar y lograr acuerdos.

Pero, además, ¡por favor, a alguien hay que representar! Si un partido político no logra un 5 por ciento a nivel nacional en la elección de diputadas y diputados, entonces que se dedique a otra cosa, porque no está cumpliendo con el mínimo para poder representar con sus ideas a determinado territorio o a una cantidad mínima de personas en distintos espacios.

Esta regla no se aplicará a los partidos que logren al menos ocho parlamentarios entre ambas cámaras del Congreso Nacional. Por lo tanto, allí hay una excepción, o más que eso, otra regla que es compatible con aquello.

Los votos de partidos que no alcancen el umbral se van a redistribuir proporcionalmente entre los del pacto electoral que sí lo superen, para que, evidentemente, la voluntad de la ciudadanía quede al menos en ese pacto.

A los independientes que integren una lista de partido se les aplicarán, obviamente, estas mismas reglas; y los candidatos independientes no podrán conformar listas electorales. Con ello se evitan fenómenos que aparecieron en la Convención Constitucional, como, por ejemplo, la Lista del Pueblo, los independientes no neutrales.

En tercer lugar, con respecto al contenido -y con esto voy finalizando esta parte-, se agregan incisos nuevos al artículo 60 de la Carta Fundamental para sancionar con la pérdida del escaño al parlamentario que renuncia al partido por el que fue elegido. En síntesis, se establece lo siguiente en esta materia:

-Los diputados o senadores que renuncien al partido que los postuló perderán su cargo.

-Los independientes electos por una lista partidaria no podrán cambiar de partido o renunciar al comité parlamentario sin perder su escaño.

-Los ciudadanos que reemplacen a los renunciados serán designados, por supuesto, por el partido político correspondiente, de acuerdo con las normas constitucionales vigentes.

Y esta, Presidente , que a lo mejor a algunos les puede parecer una norma muy exigente, a mi juicio es la única que va a permitir que la voluntad de los ciudadanos se vea reflejada hasta el final del mandato de cada uno. Porque si bien, evidentemente, uno vota por una persona con nombre y apellido, también lo hace por ideas y porque sabe que ese candidato va a actuar de determinada forma, o más o menos así, al momento de representarnos.

Finalmente, esta iniciativa considera una disposición transitoria que establece que en la próxima elección parlamentaria, que se realizará en el 2025 -en el presente año-, el umbral señalado en el artículo 51 bis va a corresponder al 4 por ciento de los votos obtenidos a nivel nacional. Me refiero, por cierto, al umbral que estamos estableciendo para que un partido político determinado sobreviva.

Presidente , se requieren oportunidades para nuestra democracia, no oportunidades para un partido o para un parlamentario, con la calculadora en mano.

Sinceramente, estoy plenamente convencida de que esto significa oportunidades para nuestra democracia: mayor estabilidad política y menor fragmentación; mayor representatividad y, evidentemente, una representatividad real.

Cada vez que avancemos en una reforma al sistema político electoral, por supuesto que tendremos que avanzar en otras cuestiones -y yo comparto aquello-, como es el modernizar nuestro Estado.

Pero también es verdad que, si pretendemos hacerlo todo a la vez, difícilmente vamos a poder avanzar en mejorar nuestro sistema político electoral y, por consiguiente, este conjunto de reglas, de procedimientos que regulan las diversas etapas de los procesos de votación, por medio de los cuales la voluntad de la ciudadanía se transforma en esto, en un Congreso Nacional.

Gracias, señor Presidente.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, quiero descartar la crítica que se hace de que supuestamente aquí se estaría con una calculadora en mano. Al menos esto no es lo que a mí me representa y fue lo que manifesté en la votación de la Comisión de Constitución acerca de la idea de legislar sobre esta reforma constitucional. Lo descarto porque, precisamente, esta reforma constitucional, que pretende establecer una modificación al sistema político, apunta meramente a la instalación de un umbral electoral en la Constitución, y, por lo tanto, es una reforma electoral de carácter constitucional.

En segundo lugar, se argumentó profusamente por quienes están de acuerdo con la reforma que esta le "pegaba el palo al gato", por decirlo bien coloquialmente, para combatir la fragmentación partidista y la indisciplina en el Parlamento, que es lo que supuestamente provoca que hoy día no se pueda legislar en favor de los intereses de la gente en nuestro país.

Mi pregunta -sin ánimo, por cierto, de pelear con nadie-, superreflexiva, es la siguiente. Lo que se ha demorado este Parlamento durante tres Gobiernos en avanzar en una reforma de pensiones, ¿es producto de la cantidad de partidos que existen en este Congreso o se debe a las diferencias político-ideológicas con respecto al sistema de seguridad social y al sistema de pensiones en nuestro país?

¿Por qué pongo estos temas? Porque no es a priori que uno no quiera mirar lo que hay como sistema político, o sistema de partidos, o sistema electoral y modificarlo. Si hay que cambiarlo, por cierto que hay que hacerlo. Sin embargo, me parece que esta reforma hace un diagnóstico -y así lo dije en todas las sesiones de comisión en que estuvimos-, pero luego no va en directa relación con solucionar lo detectado en ese diagnóstico.

Es más, aquí se argumenta que se cortó y se pegó, explicando algo con una media verdad: que hubo un acuerdo de la Comisión Experta, del segundo proceso constitucional, que llegó a esta propuesta. Pero ¡por favor!, eso era en el marco de un texto constitucional completo nuevo que tenía, además, definiciones de Estado social y democrático de derecho, que establecía definiciones con respecto a derechos sociales, políticos, económicos y culturales, y una serie de otras consideraciones.

Entonces, cuando uno no hace la lectura completa, dice: "Pero si eso ya fue propuesto y estaban todos de acuerdo, ¿por qué lo de ahora?". Lo que sucede es que eso era a cambio de otros elementos.

Se planteó, además, que todo esto era culpa del sistema proporcional. Pero escuchamos a expertos y expertas en la materia. Inclusive, hay un estudio del experto del CEP Luis Eugenio García-Huidobro , que no pudo asistir -pero yo les recomiendo a todos que lean el trabajo-, quien también habla de los umbrales y advierte de las falencias que tiene el sistema, de las problemáticas que presenta. Y no solo él, sino también Julieta Suárez , Javier Sajuria , entre otros, además de las comisionadas expertas Leslie Sánchez y Antonia Rivas , quienes advierten de que acá se está tratando de trasplantar umbrales de sistemas que funcionan más bien en términos parlamentaristas que presidencialistas, como el nuestro. Y, además, señalan que en esos sistemas se consideran distritos que eligen muchos más parlamentarios que nosotros -distritos de alta magnitud, si no recuerdo mal el concepto-, llegando a diez parlamentarios o más. En nuestro país, con suerte elegimos ocho como máximo. En consecuencia, no existe la misma eficacia.

Asimismo, advirtieron que debemos revisar otras cosas, como el sistema de pactos, la lista abierta. Lo mismo sucede con otros temas, como que nuestro país, independiente del sistema electoral que tengamos, es cada vez más individualista y más personalista y en que además se premia -lo voy a decir bien coloquialmente; discúlpeme Presidente -, en la relación de un Ejecutivo tras un Ejecutivo , al parlamentario o a la parlamentaria que le hace la vida a cuadritos al Gobierno de turno en cada discusión del Presupuesto o en cada ley que se necesita sacar. Por lo tanto, tenemos un problema mucho más grave que el que se plantea en esta iniciativa.

Menciono estos temas porque, insisto, quiero despejar la idea de que aquí hay una negativa a discutir porque nadie quiere cambiar nada. Lo que ocurre es que esta propuesta diagnostica cosas y plantea una solución que no solo es acotada, sino que no va necesariamente en la dirección correcta.

Comparto plenamente que esta no es una reforma que se iguala con el sistema electoral binominal; por cierto que no. Pero quiero decir que vuelve a generar guarismos, en este caso a partir del umbral legal, porque el umbral natural funciona en todas las elecciones: el candidato necesita cierta cantidad de votos, de porcentaje para salir elegido en cada distrito o en cada circunscripción. No es que llegue, se presente y salga. ¡No! Y los umbrales naturales muchas veces van muy por sobre el 5 por ciento.

Lo que quiero decir es que se genera ese umbral ¡a nivel constitucional!, no de la ley electoral. A alguien hoy día le pudiera parecer que resultaría fácil reformarlo el día de mañana, puesto que, al calor de los dos procesos constitucionales anteriores, en particular del primero, se rebajó el quorum constitucional. Pero este también podría elevarse el día de mañana. ¿Y nos vamos a demorar en hacer un cambio los mismos veinticuatro años que tardamos en terminar con el sistema electoral binominal?

Entonces, el problema no es la proporcionalidad ni la aplicación del sistema D'Hondt. Yo al menos escuché a muchos expertos y expertas que vinieron a la Comisión y plantearon que es la segunda aplicación del D'Hondt, dentro de los pactos.

Quiero agregar dos cosas, y con esto voy terminando, para poder dar paso al segundo punto que tenemos en la tabla.

En el fondo, voy a plantear aquí dos preocupaciones más.

En primer término, si queremos fortalecer partidos, si pretendemos fortalecer ideas y no personalismos, yo estoy plenamente de acuerdo con la pérdida del escaño si se renuncia al partido. Pero en el sistema actual podríamos generar inclusive, como contraactuación, por decirlo así, de esa buena intención, que haya partidos donde nunca renuncien los supuestamente díscolos o díscolas y, sin embargo, igual no exista disciplina partidista.

Creo que las democracias internas de cada partido se tienen que resolver de otra manera, porque aquí hay individualismo, personalismo y se está más preocupado de las redes sociales que de lo que la gente está pensando. Y con ello no se genera disciplina.

Pero lo que más me preocupa es que la actual reforma constitucional puede, además, permitir una situación que yo por lo menos encuentro que va en contra de todo proceso democrático y de representatividad popular: que en el caso del partido que no haya pactado con nadie, o en que todo el resto de partidos con los cuales pactó tampoco alcance el 5 por ciento a nivel nacional, sus votos se repartan en los demás. Por lo tanto, pudiera ser que un elector o una electora vote por un candidato o una candidata de un partido con una idea A y su voto termine en el partido Z, de una idea política e ideológica distinta y contraria a aquella por la cual votó. ¡Eso es gravísimo, Presidente!

Por ello, no solo pedimos segunda discusión, y por eso yo no voté la idea de legislar respecto de esta reforma.

No lo hice porque quiero que se legisle en función de evidencia. Y en eso no solo los parlamentarios somos los que tenemos que pronunciarnos, pues hay expertos y expertas que deben venir a dar esa evidencia.

Y, en segundo lugar, porque no es comparable la elección municipal con la elección parlamentaria; nunca lo ha sido, ni con este sistema electoral ni con el anterior. Insisto: no son comparables. Entonces, algunos que a lo mejor pueden estar más tranquilos no saquen cuentas solo con la última elección municipal, porque ¡recién el 2025!, por primera vez, ¡por primera vez!, habrá voto obligatorio, inscripción automática en una elección parlamentaria. Creo que también tenemos que esperar esa evidencia.

Gracias.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Creo que actualmente existe consenso en que el sistema político chileno está en crisis, y esto se ve reflejado en la fragmentación política y en la creciente polarización que existe en el Congreso Nacional y particularmente, diría yo, en la Cámara por sobre el Senado.

Respecto a la fragmentación, ella queda de manifiesto al analizar que actualmente tenemos un sistema político altamente disgregado, con veintidós partidos políticos legalmente constituidos y cuatro en formación, según los antecedentes que nos entregó el propio director del Servel el 30 de noviembre en la Comisión de Constitución. Lo anterior incide en un Congreso donde a la fecha hay al menos diecisiete partidos políticos con presencia en la Cámara de Diputados, más de cuarenta y dos diputados independientes, de los cuales un número importante de ellos fue electo en listas de partidos. Esta alta dispersión constituye una barrera importante para la discusión política y la negociación con el Presidente de la República , ante la dificultad práctica de negociar con todas las fuerzas políticas a la vez, con la existencia de partidos políticos con muy baja representación, pero que son capaces de trabar el proceso legislativo.

Las causas de la fragmentación, Presidente , son difusas. Algunos postulan que surge por el desprestigio de los partidos tradicionales por distintos escándalos. Otros plantean que nace en la reforma electoral de 2015 de la Presidenta Bachelet , que, al terminar con el sistema binominal, aumentó el número de diputados (de 120 a 155), pero disminuyó la cantidad de distritos (de 60 a 28), lo que generó que se elijan más diputados por distrito (entre 3 y 8). Ello permitió que, con menos porcentaje de votos por distrito, se logre alcanzar un escaño.

La reforma potenció la proporcionalidad del sistema electoral, lo cual permitió al Congreso alcanzar mayor representatividad, pero a costa de la gobernabilidad, ya que los candidatos dejaron de tener que buscar la aprobación de grandes mayorías para ser electos. En efecto, con la posibilidad de ser electos con un porcentaje menor de votos en cada distrito, los candidatos supieron apuntar a nichos electorales cada vez más específicos, despreocupándose de generar propuestas para sectores más amplios. Lo anterior tuvo como consecuencia el surgimiento de candidaturas que representan identitarismos específicos y que tienden a enfocar su trabajo legislativo en causas delimitadas, en desmedro del bien común de toda la sociedad.

A lo anterior se sumaron reformas que redujeron los requisitos para constituir partidos políticos y para competir como independientes. Ello tuvo su máximo correlato en la fallida reforma constitucional que creó la Convención Constitucional del primer proceso, en que reglas especiales para los independientes se tradujeron en 26 convencionales constitucionales de la Lista del Pueblo y 11 convencionales de Independientes No Neutrales, con los resultados que todos conocemos.

Luego, ha aumentado la polarización política. Las causas de ello encuentran respuestas globales y nacionales.

Por un lado, tras la Guerra Fría se generó una relativa calma mundial, con un vaticinado "fin de la historia" y triunfo de la democracia liberal. Este equilibrio terminó rápidamente con distintas tensiones globales y nuevas ideologías. Antiguas corrientes políticas fueron reestructuradas en movimientos sociales de corte identitario, dividiendo nuevamente a la sociedad entre buenos y malos y perpetuando el conflicto.

Asimismo, las redes sociales, que prometían interconectarnos como nunca, terminaron potenciándose con algoritmos que benefician los discursos más disruptivos y aíslan a las personas en cajas de resonancia de gente con su misma opinión. Estas lógicas se replicaron a nivel nacional con grupos políticos que cada vez sacan más réditos de discursos polarizantes.

De este modo, una política fragmentada sin incentivos para la cooperación y un entorno polarizante terminaron por fracturar el escenario político. Esto dio lugar al ascenso de posiciones más radicales y redujo significativamente el espacio para los consensos en los ámbitos democráticos. Como resultado, muchos partidos se debilitaron, mientras emergieron nuevas fuerzas políticas, muchas veces con discursos extremos, populistas o demagógicos. La polarización no solo dificultó la gobernabilidad, sino que también profundizó las divisiones de la ciudadanía, complicando la construcción de acuerdos indispensables para abordar desafíos claves en áreas que requieren un amplio consenso social, como la salud, las pensiones y la educación.

En Chile, las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo se han intensificado en los últimos años. Los Presidentes, con un poder de agenda limitado, enfrentan un Congreso profundamente dividido y con posturas ideológicas frecuentemente irreconciliables. Esta dinámica se traduce en una constante negociación, donde frecuentemente prevalecen el bloqueo de proyectos claves o la aprobación parcial de iniciativas que no logran cumplir con sus objetivos originales.

Sin duda, hoy existe un problema intenso de gobernabilidad en el país. Con un régimen presidencial en lo formal, hace varios períodos que los Presidentes de la República no han podido mantener un poder de agenda efectivo ni generar amplios acuerdos dentro del Congreso Nacional. Si la política de los consensos marcó el Chile de la transición, la fragmentación y el bloqueo político marcarán la generación actual.

Así las cosas, y tras dos intentos fallidos de procesos constitucionales que pretendieron hacer cambios importantes a los poderes del Estado, se deben valorar los esfuerzos por hacer hoy día modificaciones al sistema político dentro de la institucionalidad vigente. Estos cambios son muy difíciles de tramitar dentro del Congreso, entre incumbentes del sistema político, por lo que se debe valorar también la transversalidad de los firmantes de esta moción.

Respecto al umbral para acceder a escaños, se puede agregar que países con sistemas políticos similares a los de Chile los han adoptado, como Argentina, Bolivia , Brasil, Colombia , México , Paraguay , República Dominicana y Uruguay . De estos países, cinco cuentan con umbral electoral legal para acceder a algunas de las cámaras (Argentina, Bolivia , Brasil, Colombia y México). En general, los umbrales legales son establecidos únicamente para la primera cámara, con excepción de Colombia y México, que contemplan umbrales legales respecto a ambas.

Se debe recordar que no es primera vez que se postula en Chile el umbral del 5 por ciento. Fue también, aunque acá se haya negado, una propuesta transversal de la Comisión Experta convocada por el Congreso Nacional para el segundo proceso constitucional. Este planteamiento luego fue ratificado por el Consejo Constitucional con un amplio apoyo, al igual que la pérdida del escaño por la renuncia parlamentaria.

Respecto a la pérdida del escaño por renuncia al partido, se puede señalar que es una sanción fuerte contra el parlamentario, efectivamente, pero que permitirá a los partidos lograr mayor cohesión entre sus miembros y generará un desincentivo al discolaje. Con un sistema de votación en que los candidatos generalmente están agrupados por partido, muchas personas tienden a optar por una preferencia sobre la base del partido del candidato, por lo que es respetuoso de la voluntad ciudadana que sea el mismo partido el que designe a un reemplazante en caso de que el parlamentario renuncie al partido que lo apoyó. Sí se debe dejar constancia de que se podrían incorporar en el proyecto ciertas excepciones acotadas, por ejemplo, cuando el partido por el que el candidato resultó electo cambia sus principios estatutarios.

Para concluir, es evidente que las soluciones propuestas son muy acotadas, porque fueron aquellas en que tenemos consenso, y apuntan más a resolver ciertas consecuencias de los problemas actuales y a generar mayores incentivos a la unidad y a la cooperación entre actores políticos, todo ello en beneficio de la ciudadanía.

Quedarán pendientes la evaluación de normas sobre requisitos para candidaturas independientes; la evaluación del tamaño de los distritos electorales y la cantidad de parlamentarios electos por distrito; una eventual prohibición de los pactos electorales por razones de mero rendimiento electoral; la forma de votación de los candidatos en listas cerradas bloqueadas o no bloqueadas, etcétera.

Pero creemos que, si bien estas modificaciones son pequeñas, nos parece importante avanzar en ellas.

Por eso, Presidente, en resumen, este proyecto no es solo una respuesta a las dificultades del presente, sino una apuesta para construir un sistema político más fuerte, representativo y funcional para las generaciones futuras.

Nuestro diagnóstico es claro. El sistema político chileno, en su configuración actual, enfrenta serios desafíos. La fragmentación -insisto- del Congreso, potenciada por un sistema electoral proporcional sin umbrales efectivos, ha generado una proliferación de partidos políticos que dificulta la formación de las mayorías estables. Este fenómeno no solo debilita la gobernabilidad, sino que también amplía la brecha entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual se traduce en bloqueos y falta de coordinación efectiva, cualquiera sea el poder o el color político de los involucrados.

El actual sistema de financiamiento público ha incentivado también la creación de agrupaciones sin verdadera representatividad, lo que algunos han denominado "pymes políticas". Estas dinámicas no solo erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que fragmentan el debate público.

Frente a este diagnóstico, el proyecto de reforma que presentamos se erige como una propuesta integral, transversal, visionaria, aunque acotada.

Por eso, Presidente , me parecen muy raras las críticas recibidas porque estamos recién en la idea de legislar y falta, como en todo proceso legislativo, el estudio en particular, donde todos y cada uno de aquellos a los cuales les parecen mal algunas normas de la presente reforma podrán presentar indicaciones para mejorarla, y finalmente deberá primar la democracia, es decir, los votos y los acuerdos eventuales para llegar a una normativa que suscite el mayor de los consensos.

Cuando se logre abrir la votación, voy a pronunciarme a favor en general de esta reforma, para poder entrar a su estudio en particular.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA.-

Muchas gracias, Presidente.

A mí me sorprendió mucho cuando se comenzó a tratar este tema, quizás por la legítima necesidad y con los argumentos que se han entregado hoy día aquí. Pero me gustaría hablar de la oportunidad con que se presenta este proyecto, que corresponde a una fusión de dos mociones, y preguntarme ¿cómo recibe la ciudadanía esto?; ¿qué está mirando?; ¿cómo nos estamos colocando de acuerdo dos grandes sectores para teóricamente mejorar el sistema político? Y ponerse de acuerdo lo antes posible y no seguir con divisiones y complicaciones permanentes.

Sin embargo, y por eso hablo de la oportunidad, hoy día deberíamos estar colocándonos de acuerdo en cómo mejoramos las pensiones en el país. ¡Ese debería ser nuestro primer propósito! ¡Porque dos millones y medio de personas están esperando! ¡Pero no lo logramos!

Entonces, aquí existen sectores políticos que se colocan de acuerdo en hacer una reforma donde somos incumbentes y donde además queremos sacar a parlamentarios con una fórmula que no se ajusta, porque efectivamente tocamos la urna.

¡Y sacamos de la urna la primera prioridad, que es una democracia como corresponde!

Presidente , los chilenos y las chilenas no entienden cómo nos colocamos de acuerdo en tres o cuatro meses, frente a la primera prioridad del país que es sacar la reforma de las pensiones. ¡Nadie entiende cómo no somos capaces de lograr acuerdos en la primera prioridad del país! Y mire cómo estamos dando vuelta el tablero en cosas que por lo menos no tienen que ver con las urgencias actuales.

A mí me llamaron a una reunión para analizar qué hacíamos con las cuotas de mujeres. Y dije: "yo no estoy de acuerdo; no voy a participar en ninguna reunión mientras no avancemos en los consensos para sacar la reforma de las pensiones". Porque quienes se ven mucho más complicadas en dicha materia son precisamente las mujeres, quienes reciben entre un 10 y un 20 por ciento de diferencia en las pensiones.

Yo no estaré disponible hasta que no nos pongamos de acuerdo los partidos políticos presentes hoy día, acá y en la Comisión de Trabajo, en sacar lo antes posible la reforma que sí les interesa a los chilenos y chilenas.

Concuerdo con que los partidos políticos son fundamentales en democracia y que hay que fortalecerlos, ¡sin duda!, pero con mayor transparencia; con la democracia interna que corresponda; con una buena elección de candidatos y candidatas; para que cuenten con la posibilidad de que lo que dice el partido o lo programático del partido se refleje en el voto de ese parlamentario o esa parlamentaria.

Creo que son muchas otras cosas las que hay que tomar en cuenta y fortalecer al interior de los partidos, fundamentalmente la transparencia y la democracia interna.

Yo voy a revisar bien este proyecto, vamos a chequearlo con los expertos que corresponda, pero la senadora Pascual, quien integra la Comisión de Constitución y es parte de los referentes que tenemos como Apruebo Dignidad en dicha instancia, en verdad...

¡Bueno, si bien es cierto algunos dicen que Apruebo Dignidad ya no existe, yo todavía creo en ella...!

¡Soy capaz de leer sus labios, soy capaz de leerlos...! .

(dirigiéndose al senador Latorre)

Entonces, considero importante entender que los partidos políticos son absolutamente necesarios y que hay que fortalecerlos, pero no de esta manera, Presidente, o por lo menos no de la forma en que hemos escuchado hoy día acá.

Y ojalá antes de colocarnos de acuerdo en estas cosas, entendamos que nuestra primera prioridad es con la ciudadanía, con la gente, con los adultos mayores y con la reforma de las pensiones que todavía no hemos podido concretar.

Muchas gracias, Presidente .

El señor EDWARDS.-

Gracias, Presidente.

Yo concuerdo con lo que decía la senadora que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que esto no es la prioridad de Chile, pero uno debe ser capaz de analizar los proyectos en su mérito.

Creo que la reforma política que hoy día se está discutiendo, más allá de la necesaria reforma al sistema político que debemos realizar, tiene un único resultado posible, que es favorecer a los partidos que la presentan en términos de representación y económicos.

Y la considero un error democrático y político de tamaño monumental.

Pienso que quienes proponen la iniciativa, y voy a explicar por qué, han desarrollado la clásica racionalización que da como resultado que lo que le conviene a la gente, al pueblo, a los más vulnerables, es que ellos, los iluminados, que realizan el raciocinio, se queden con una tajada más grande de lo común, y llegan a la conclusión de a Chile le conviene que ellos obtengan más poder.

La propuesta en evaluación no resuelve ninguno de los problemas que entendemos como un diagnóstico compartido que produce la efectiva -y también concuerdo con el diagnóstico- falta de gobernabilidad.

Son cinco las materias que generalmente se presentan como diagnóstico: la fragmentación política, los parlamentarios del 1 por ciento, la polarización, la falta de representatividad y, si consideramos el diagnóstico popular, la necesaria disminución de parlamentarios.

En la fragmentación, efectivamente se pone un umbral, pero el proyecto está redactado de tal forma que no solo se favorece a los partidos grandes, sino que también se les da una salida a quienes pertenecen a partidos chicos, pero que son parte de sus coaliciones.

Es una propuesta, por tanto, de eliminación selectiva. No toca la polarización, porque no cambia nada estructural.

Al proponer quitarle un escaño a un triunfador con votación alta, pero perteneciente a un partido con votación baja, y pasárselo a un candidato de votación baja, perteneciente a un partido favorecido, evidentemente que se incentiva la existencia de parlamentarios del 1 por ciento.

La reforma tampoco hace nada por mejorar la representatividad, ya que no modifica los distritos. Y no rebaja la cantidad de parlamentarios, que era ¡el máximo objetivo declarado durante años por varios de los partidos que apoyaron esta reforma en cada conferencia de prensa que me tocó ver!, y que es la única medida política que sí cuenta con apoyo ciudadano.

A mi juicio, Presidente, este proyecto de ley -como está ahora; puede modificarse, por cierto- es un atentado a la libertad, a la democracia y a la razón. Y la verdad es que no tiene grandes diferencias con la colusión que hemos visto de algunas empresas en Chile.

Busca la creación de una partidocracia; o sea, el poder total de algunas directivas de partidos.

Yo pregunto, por ejemplo: ¿por qué no discutir un cambio en el sistema electoral que incentive la corrección de lo que es el diagnóstico compartido, de manera sincera, para el bien de los chilenos?

¿Por qué no simplemente partir por la prohibición de los pactos electorales, obvio y simple, y aplicado en muchas partes? Es evidente que eso no lo van a hacer porque no les favorece particularmente.

Pero hay que realizar una reforma más profunda. Por ejemplo, la evaluación de la implementación del sistema electoral uninominal mayoritario. Esto es: achicar los distritos y que se elija un candidato, el de mayor votación, y punto. Con este sistema se elimina la fragmentación política en el acto. Se terminan los parlamentarios del 1 por ciento de manera instantánea porque gana el que tiene más votos. Al achicar los distritos, mejora la representatividad, hay más conexión del parlamentario con sus electores. Y ningún candidato de una minoría radical, a lo que se refería la senadora Luz Ebensperger , lograría el mayor porcentaje, superando decididamente la polarización existente. Además, se permite bajar la cantidad de parlamentarios, como a cien en la Cámara de Diputados y algo así como a cuarenta en el Senado.

Es una solución que puede gustarnos o no, pero es una solución de verdad. No es un cálculo sobre qué me conviene a mí: "que estoy presentando el proyecto"; me refiero a los autores de esta propuesta.

Antes de seguir, quiero hacer una nota de consistencia para la derecha, mi sector. ¿No era que la derecha se oponía a meter la mano en la urna?

Hasta ahora, cuando la izquierda proponía meter la mano en la urna, al menos lo hacía por temas de paridad o de representación indígena. Pero el cambio de representantes se hacía dentro del mismo proyecto político.

Hoy día lo que hace este sistema es meter la mano en la urna, incluyendo la apropiación de un cupo parlamentario de alguien que fue electo en un proyecto político y filosófico distinto del cual finalmente ingresa al Parlamento. Habiendo quizás decenas o centenas de miles de personas que apoyaron ese proyecto y a esa persona libre y democráticamente.

La verdad es que esto no es solo meter la mano a la urna: es como meter una retroexcavadora en la cristalería de nuestra democracia. Es simplemente creerse superiores a las decisiones de la gente. Esto no representa la libertad ni al sector político donde yo estoy. Esto es de una tremenda inconsistencia.

Además, en el caso de quienes nos hemos cambiado de partido, acá se propone quitarnos el escaño. ¿ Evelyn Matthei no se cambió de partido siendo diputada ? ¿ José Antonio Kast no se cambió de partido siendo diputado ? ¿Cuántos lo han hecho?

Y vamos a establecer una supuesta superioridad moral porque ellos, habiendo sido electos por un partido, fueron "impuros", "díscolos", una especie de "bárbaros" o "pecadores", que se cambiaron de un partido y quedaron con esa "impureza". Es difícil justificar desde la derecha, y en especial desde los partidos que apoyan a Evelyn Matthei como candidata presidencial, quitarle el cupo parlamentario a quienes renuncian a un partido, porque ella misma lo hizo y también José Antonio Kast .

Todos tenemos responsabilidad. Yo también soy culpable de esa "impureza", he renunciado a un partido político, pero efectivamente creo que todos tenemos responsabilidad.

Urge en Chile fortalecer la institucionalidad de los partidos, obligándolos a contar con mecanismos de resolución de controversias reales y no manipulables.

Quiero decir que en Chile usted levanta una piedra en cualquier pueblo de nuestro país, y existe un defensor de la libertad de derecha que fue injustamente tratado por RN o la UDI porque no existen mecanismos de resolución de controversias razonables. Y esto es importante considerarlo para entender por qué se generaron otros conglomerados, como el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, cuyas militancias son, en un caso, basadas en exmilitantes de la UDI y, en el otro, muy ligadas a exmilitantes de Renovación Nacional.

Una buena reforma debe fortalecer la institucionalidad de los partidos porque es parte importante de lo que realmente necesitamos.

Me gustaría decir que, como quiero una reforma política, deseo ver qué pasa con la presente iniciativa, porque son las disposiciones específicas las que no me parece que vayan en el sentido de mejorar la política, de darle más gobernabilidad y, en general, de hacer una democracia más plena. Voy a ver qué voto, pero les pido sinceramente a los autores del proyecto que dejen de mirarse el ombligo y se pregunten: ¿Esto lo hago para favorecerme a mí y a los míos o lo hago por el bien de Chile?

Y me parece que esa respuesta es totalmente negativa.

He dicho, Presidente .

El señor CRUZ-COKE.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, este es un tema de bastante larga data.

La verdad es que ha resultado un fracaso brutal el reemplazo del sistema binominal, que efectivamente era muy rígido, que no permitía la participación de partidos pequeños, pero mantenía un cierto orden y una cierta proporcionalidad que ni siquiera este sistema proporcional D'Hondt permite.

Aquí quiero hacerme cargo de varias cosas que se han dicho. Se dice: "Mira, esta es una pequeña reforma constitucional, hecha con el mínimuminimorum suficiente para tener la anuencia de los votos que puedan concurrir a su aprobación, y sencillamente establece un marco de un 5 por ciento", como decía mi colega Edwards recién, que capaz que no lo entiende bien porque tiene ancestros galeses e ingleses, pero resulta que en Alemania existe un 4 por ciento de marco y el sistema permite que los partidos que no logran aquel mínimo porcentaje de votación, como en muchas democracias, no integren sencillamente el sistema político, y propone soluciones al respecto.

En Chile hay partidos que están en riesgo. Mi partido, Evópoli, en la última elección de concejales sacó 2,5 por ciento. Con eso no llega al 4 por ciento transitorio ni al 5 por ciento del porcentaje en régimen que lo valida.

Muchos entendemos que, si bien el sistema binominal tenía problemas, al menos permitía la existencia, en un sistema presidencial, particularmente, de líderes de oposición y de gobierno de grandes conglomerados que, pactando entre ellos, podían darle la posibilidad de gobernabilidad y acuerdos al país.

¿Problemas del sistema D'Hondt? En el distrito 10, por ejemplo, el señor Giorgio Jackson saca 100 mil votos y arrastra a dos diputados: uno de ellos, Gonzalo Winter , con 5 mil votos; otra, una diputada, con 4 mil votos -y hablamos de candidatos que no alcanzaban o que estaban apenas sobre el 1 por ciento-, dejando fuera dentro del mismo pacto, ni siquiera estamos hablando de pactos distintos, a un candidato que sacó 25 mil votos, como fue Alberto Mayol , quien además había sido su representante presidencial.

¿Cómo no va a ser una aberración política que por generar un sistema de subpactos, de arrastre, dentro de una misma lista se deje fuera a quien cuadruplica o quintuplica a los candidatos que salen electos dentro del mismo pacto?

Hoy día tenemos veinticinco partidos, dos en formación; o veintidós partidos, cuatro en formación, para ser más precisos. Entonces, no hay manera de sacar un proyecto importante adelante, como decía la senadora Sepúlveda recién, acá mismo. Ella preguntaba: "¿Cómo sacamos proyectos que se prorrogan gobierno tras gobierno?".

Claro, si la pésima reforma del 2015 ha impedido los acuerdos, salvo acá, porque el Senado está más "binominalizado", entre comillas. O acá hay una correlación entre las personas electas por circunscripciones, que son más grandes, con más votantes, y existe la posibilidad de generar grandes fuerzas que logran acuerdos.

¿Dónde se están tomando los acuerdos importantes hoy día en Chile? En el Senado, y con dificultades. En la Cámara es imposible hacerlo, ¡imposible! Y eso obedece, finalmente, a que tenemos un sistema que está trabado en sí mismo.

Y de los 155 diputados tenemos al menos un número de cuarenta que, habiendo sido electos en una lista o dentro de un pacto, actualmente son independientes, los han dejado.

Entonces, debemos hacernos cargo de que los partidos políticos no son populares. Porque acá se dice de forma muy maniquea: "aprobemos la reforma de pensiones".

¿Cree la senadora Sepúlveda que no estamos trabajando -quien además forma parte de la misma Comisión de Trabajo, en la que estoy yo-, para sacar adelante el sistema de pensiones? Y probablemente acá lo vamos a sacar.

La señora SEPÚLVEDA.-

Lo vamos a lograr.

El señor CRUZ-COKE.-

¡Capaz que lleguemos a un acuerdo en el Senado!, pero en la Cámara no. Ahí se va a caer. ¿Y saben por qué? Porque nadie se pone de acuerdo con veintidós partidos en funcionamiento, con cuarenta diputados o cuarenta parlamentarios independientes que hacen lo que quieren, cada uno, porque no tienen ninguna línea política, ninguna línea programática; porque finalmente llegaron al cargo con el 1 por ciento de los votos, se dedicaron luego a filibustear o a cambiarse de bancada, habiendo secuestrado un escaño prácticamente para sí mismos, no para representar alguna idea política y sencillamente buscar hacerse del cargo in aeternum, sin defender una declaración de principios, sin defender una cierta práctica en política, sin darle al elector ningún tipo de predictibilidad.

Nuestro país ha caminado con gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, al menos hasta el gobierno de Sebastián Piñera I, que tuvo la posibilidad de generar entendimientos en el Parlamento, logrando sacar a mucha gente de la pobreza, que el país avanzara, que le fuera bien, que creciera al 7 por ciento.

Hoy lo decía el Presidente Frei: se crecía al 7 por ciento, al 5 por ciento, al 6 por ciento. Actualmente no crecemos nomás. Nos va mal. No hay nada para repartir, para los que creen en el reparto estatal o en la planificación centralizada, porque no hay crecimiento. Incluso la población crece más rápido que el crecimiento misérrimo que tenemos.

Por consiguiente, tenemos un problema de sistema, tenemos un sistema que está trabado. Yo mismo propuse, ya el año 2018, dándome cuenta de lo que venía, un proyecto sobre la materia, con firmas del PPD, de la oposición, incluso del propio Pepe Auth , quien se dio cuenta de los errores propios que tenía su sistema, que él defendió, como padre de la guagua; este sistema D ´Hondt , fragmentario, pésimo, con dos cifras repartidoras electorales que permite el arrastre de diputados con el 1 por ciento de apoyo y que no representan a nadie, que no conocen a los clubes deportivos, que no conocen a las asociaciones sociales, que no conocen a los clubes de adultos mayores, que no tienen idea de nada, salvo que cuentan con un buen amigo que los arrastra como a un árbol para hacer ingeniería electoral y darse por electos, dejando fuera a personas que sacan mayor votación y que sí tienen representación popular.

¡No logramos ponernos de acuerdo! Y no lo lograremos mientras no resolvamos, al menos, y tiene razón en eso mi colega Claudia Pascual , del Partido Comunista -a veces también se plantean cosas razonables desde el Partido Comunista-, que esto requiere no solamente una reforma constitucional, sino, asimismo, una bajada legal.

Hemos visto los beneficios que trae a la democracia una mayor participación con el voto obligatorio. Y ahora algo debemos hacer con el sistema de partidos políticos. Hoy tenemos a una serie de parlamentarios que son filibusteros, que secuestran los escaños para sí mismos, que no se adscriben a ningún cuerpo de ideas, que no son predecibles, y que un día defienden esto y mañana defienden lo otro.

En términos de legislación comparada, hay elementos que se han tomado de otros lugares donde efectivamente funciona. Esto funciona en Alemania, funciona en Nueva Zelandia. Y se ha demostrado, la mayoría de las veces, que con un número más reducido de partidos políticos se puede obtener mayor representatividad y hacer más eficiente y más fuerte la gobernabilidad, que es parte del problema que nosotros enfrentamos.

Durante casi una década o más hemos estado con un letargo generalizado, como país, con incapacidad para ponernos de acuerdo. Actualmente, el discolaje, el payaseo mediático, el filibusterismo, el argumento de brocha gorda dirigido a un pequeñísimo grupo de personas que nos pueden elegir, nos obliga a meternos en una trinchera y a no apostar por las grandes mayorías y, por ende, tampoco por los grandes acuerdos, señor Presidente .

Y ahí es donde yo digo: "Perfecto, este no es el sistema ideal". Probablemente también me gustaría una elección por lista y por colores políticos, o una elección mixta, o una elección eventualmente uninominal, como la que existe en Inglaterra, que funciona bien en un sistema parlamentario e igualmente en países como Estados Unidos.

Pero, evidentemente, dado que hay incumbencia, que hay intereses, es evidente que no se pueden hacer esas grandes reformas y que será muy difícil llevarlas a cabo mientras tengamos este nivel de fragmentación.

Nuestro país no avanzará a ninguna parte. Se dice "aprobemos normas contra la permisología"; "aprobemos pensiones"; "aprobemos leyes laborales relevantes"; "tengamos un estatuto para que vengan personas a invertir". Pero un país con este grado de fragmentación política no da garantía alguna para que alguien lo considere jurídicamente estable.

Y esto, además, pone en riesgo nuestra democracia, porque permite que los que más réditos saquen sean precisamente los extremos, aquellos que justamente están tratando de tironear la democracia. Por el contrario, el mundo más moderado, el mundo que dialoga, el mundo que es capaz de tender puentes para generar acuerdos queda duramente castigado por un sistema fragmentario que impide llegar a acuerdos y mantener la gobernabilidad.

Por ende, yo llamo al Congreso a evitar las figuras maniqueas que de pronto se hacen apelando a determinados intereses. Mi partido puede desaparecer con esta reforma, y aun así, la apoyo. Y valoro también lo que hace el PPD, que está en la misma situación. Me parece que debemos poner a Chile antes que a los intereses partidarios de cada uno de nosotros.

Muchas gracias, Presidente .

El señor CASTRO (don Juan).-

Gracias, Presidente.

Presidente , hoy formo parte del Partido Social Cristiano y no le tengo temor alguno a este proyecto de ley. La verdad es que siento que mi partido va a sobrepasar lejos el umbral que coloca.

Pero entiendo que es importante tener una reforma política, porque, como parlamentarios, como senadores, creo que no estamos cumpliendo con el mandato popular. Y siento que no lo estamos cumpliendo porque aquí se perdió el sentido común, Presidente .

Muchos senadores no tienen sentido común y se van a la confrontación, no buscan el bien de la gente. Y me parece que nosotros fuimos elegidos para representar a las personas, para buscar lo mejor para nuestro país. ¡Pero nada de eso ocurre! Y no ocurre porque el populismo se consumió a la clase política.

Además de eso, Presidente , hay que entender lo siguiente. También elegimos presidentes, y la verdad es que no ha sido una buena elección, porque no se busca el bien común; se busca la polarización. Y para poder encauzar los destinos de Chile, para buscar el bien común, para mejorar la vida de la gente, debemos ser capaces de olvidarnos del populismo y tener sentido común.

Se dice: "Es que no se buscan los acuerdos". ¡Pero por supuesto que no vamos a llegar a acuerdo cuando los proyectos son malos! Cuando un proyecto no beneficia a un sector, obviamente que no hay acuerdo.

Hoy día estamos enfrentados en el tema de las pensiones. Todas las personas con las que uno conversa lo único que piden es que el 6 por ciento vaya a capitalización individual. Y el Gobierno insiste en que tiene que haber reparto.

Entonces, Presidente , ¿cómo avanzamos?, ¿cómo somos capaces de ponernos de acuerdo para lograr una buena reforma política? Sabiendo escucharnos, porque tampoco sabemos escucharnos.

Acá tenemos a algunos senadores que a lo mejor se creen especiales, se creen superiores, se creen dueños de la verdad. Y para que tengamos una buena reforma debemos saber escuchar lo que la gente espera de nosotros. Lamentablemente, nada de eso ocurre.

Es cosa de revisar los proyectos de ley que vemos en este Senado. Son solamente parches; no vemos el fondo.

Tenemos un problema educativo brutal hoy día, ¡brutal! ¿Y a quién le importa? ¡A nadie le importa!

¿Qué pasa con el trabajo? Miren a las empresas hoy día, la permisología. ¿Y a quién le importa, Presidente ? ¡A nadie le importa! ¿Y cuánta gente está sin trabajo?, ¿cuántas empresas no pueden seguir funcionando?

Por lo tanto, Presidente, creo que lo que aquí falta es bajar los pies a la tierra y trabajar pensando en buscar el bien común.

Hay mucho por hacer, y lamentablemente no lo hacemos. Los proyectos que estamos viendo para mí muchas veces son solo maquillaje. No vemos el fondo del problema que enfrentamos como país.

Hoy día tenemos un país hundido, un país que no recauda los recursos que necesita o que está gastando. ¿Y a quién le importa, si los sueldos se pagan igual?

¿Cuántas licencias médicas tienen los funcionarios públicos? ¿A quién le importa?

¿Quién se atreve a proponer una buena reforma a la Administración del Estado?

Son temas importantes en los cuales todos deberíamos estar de acuerdo. Somos elegidos para buscar el bien común y no lo estamos haciendo.

Por eso, Presidente, yo creo que esta reforma, como está presentada, ¡no sirve! Es una ofensa a la inteligencia de los chilenos.

Yo estoy muy de acuerdo en trabajar una reforma. ¡Trabajémosla! Pero trabajémosla de verdad; busquemos la solución.

¿Cuántas críticas tenemos hoy día en el país?

Tenemos 155 diputados. La pregunta es: ¿necesita este país tener 155 diputados?

El señor MOREIRA .-

¡No!

El señor CASTRO (don Juan).-

Yo creo que no.

¿Necesita tener 50 senadores?

El señor MOREIRA .-

¡No!

El señor CASTRO (don Juan).-

Yo creo que tampoco los necesita.

Lo que necesita es tener senadores y diputados comprometidos en la búsqueda del bien común, con tener sentido común, que busquen cómo podemos solucionar los problemas de la gente.

Miren las listas de espera. ¡A quién le importan las listas de espera! ¡A quién le importan las listas de espera en este Senado!

Los médicos no operan. ¿Alguien ha tomado decisiones contra los médicos? ¡Obviamente que no!

Por eso, tenemos mucho por hacer, ¡mucho por hacer! Y la verdad es que una reforma al sistema político como la que se ha presentado ahora solamente nos genera división entre nosotros porque no estamos entregando soluciones.

Tenemos problemas en educación.

Miren las universidades, miren cómo están: ¡llenas de deuda! ¿Se ha hecho alguna reforma para ver cómo se elige a sus rectores, democráticamente? Nada de eso ocurre, ¡nada de eso ocurre!

Los sueldos de muchos profesores universitarios son bastante más altos que los de cualquier funcionario de un servicio público.

Las universidades están en crisis, una verdadera crisis.

¿A quién le importan los 500 millones de dólares que perdió Codelco? ¿A alguno de nosotros le importan los 500 millones que perdió Codelco?

¿Cuánto perdió Enami? ¿A alguien le preocupa?

Todos esos son temas sobre los que deberíamos sentarnos a conversar y ver cómo podemos ordenar.

Este país no puede botar el dinero.

¿Cuántos funcionarios públicos tenemos hoy día cuyo trabajo no se necesita? Aquí no hay ningún senador que no sepa que las municipalidades están llenas de funcionarios cuyo trabajo no se necesita.

¿A alguien le importa?

Sería importante tener una buena reforma política, pero una reforma de verdad, de la que todos quienes estamos en esta sala nos sintamos orgullosos y podamos caminar libremente por las calles donde la gente a lo menos nos dé las gracias por estar trabajando por el bien del país.

Yo les aseguro que muchos senadores no son capaces de caminar por las calles porque los llenan a insultos. ¿Y por qué pasa eso? Porque no estamos pensando en el bien de nuestro país, en el bien de la gente.

Por eso, trabajemos en una reforma política de verdad. No tengo ningún problema.

Yo sé que mi partido va a salir favorecido con todo lo que está sucediendo aquí. Los valores y los principios se perdieron y, guste o no guste, mi partido tiene muchos valores y muchos principios, así que la gente, no me cabe ninguna duda, nos va a valorar en las próximas elecciones.

He dicho, Presidente .

El señor BIANCHI .-

Muchas gracias, señor Presidente .

Lo que estamos presenciando, y a lo que le dan urgencia los parlamentarios, es cómo la elite política se pone de acuerdo para las cosas que le conviene a la elite política y no a las cosas que el país realmente necesita.

Para eso hay acuerdo transversal acá y se trabaja rápidamente.

Yo soy un independiente puro. Fui por fuera del sistema; tuve que competir contra una lista completa y ganar con cerca del 50 por ciento de los votos. Lo digo con orgullo, y lo hice bajo este sistema.

Por tanto, algo de moral tengo en esto y creo que no ser parte de un conglomerado o no ser parte de esta elite no me hace inferior al resto de mis colegas.

Yo creo que acá se les está dando a los partidos políticos un poder que, primero, no tienen ni merecen. Estamos hablando de que cerca del 2 por ciento de la ciudadanía está en partidos políticos.

Por lo tanto, yo me pregunto: cuando la gente vota, ¿lo hace por el logo del partido político o lo hace por la persona? Yo tiendo a pensar que vota más por la persona que por determinado logo, porque los partidos políticos hoy día no tienen representatividad, no tienen moral, no tienen la influencia que tuvieron en algún momento.

Yo estoy en contra de que existan dueños de partidos políticos, caudillos de partidos políticos, y de que sean estos quienes coloquen a los candidatos y luego, si no les parece, los saquen. Eso, para mí, va contra la autonomía de la voluntad, no solo del elector, quien se dispuso a votar por determinado candidato, sino de la autonomía de la voluntad de quien está ejerciendo un cargo al votar diferente de lo que le parece adecuado al conglomerado al que pertenece.

Por tanto, yo me opongo a esta especie de política rebaño donde da lo mismo lo que opine el candidato.

Acá se ha hablado de negociaciones, de los grandes acuerdos como sinónimo de pocos actores políticos. Y yo creo que lo que nosotros debemos mejorar para convencer a esas minorías, a esos llamados "díscolos", a esos que se van de los partidos, son las grandes ideas. Y lo que falta justamente en este Congreso son grandes ideas.

Si somos capaces de tener ideas que realmente impacten, no tendrían por qué generar oposición o no tendría por qué haber negociación, si realmente están conformes a lo que la gente, la ciudadanía...

(Rumores en la sala).

Pido un poco de silencio, por favor, porque me interrumpen.

Yo, Presidente , prefiero a un díscolo que a un esclavo de un partido político que vota como le dice su partido político o los financistas de ese partido político.

Estamos claros que se requiere una reforma al sistema político, y eso está más cercano a lo ético, a lo moral de las instituciones, a que los partidos realmente impacten a la ciudadanía.

Los partidos políticos reciben financiamiento. Yo pregunto: ¿cuánto de ese financiamiento destinan a ayuda social? Cuando se produce una tragedia, cuando algo pasa en el país, ¿se involucran los partidos políticos en solucionar los problemas de la gente? ¡No! Están de meros opinólogos de lo que hace el resto. Yo creo que también sería bueno que los partidos políticos gastasen recursos en lo social.

Hay que bajar el número de parlamentarios, evidentemente; no se requiere la cantidad de diputados y de senadores que tenemos.

Hay que eliminar el sistema de arrastre.

Son cosas que tenemos que discutir.

Pero -insisto- la política de rebaño, de que a un parlamentario lo mande el patrón de fundo, no me parece correcta.

He dicho, Presidente .

El señor DE URRESTI.-

Muchas gracias, Presidente.

Saludo, por su intermedio, al ministro Elizalde , a quien he visto siguiendo esta importante discusión, porque se trata de algo relevante para el Gobierno, al menos el Presidente Boric así lo ha manifestado.

También quiero valorar, y lo hago en mi condición de presidente de la Comisión de Constitución, que se trata de un proyecto que hemos firmado transversalmente y que los planteamientos de todos los senadores y las senadoras firmantes han estado contestes, temas más, temas menos, entendiendo que tenemos que avanzar en mejorar en un diagnóstico común. Ante un diagnóstico común, desde la oposición y el Gobierno comprendemos que debemos hacer algo, modificar y generar los cambios posibles.

Por eso, a mí me sorprende la belicosidad o, a veces, la descalificación que hay respecto a esta iniciativa. ¡Si este es un proyecto de ley, una reforma constitucional expuesta a discusión! Esperamos votarla en general y luego presentar indicaciones. Pero partir a priori descalificándola y diciendo "Si no se hace esto otro, yo no voy a aprobar tal o cual cosa" es eludir la discusión.

Y nosotros -insisto, lo hemos dicho en todas las instancias- hemos transcrito en gran medida los acuerdos transversales de veinticuatro hombres y mujeres constitucionalistas que estuvieron en la comisión de expertos. Tradujimos eso para esta iniciativa.

Sin cámara, sin declaraciones grandilocuentes, con sobriedad, esa comisión llegó a acuerdos, frente a un diagnóstico común de fragmentación política. Ante ello, dijimos: "Tenemos que cambiar eso a través de esta vía".

Eso fue lo que recogimos, sin agredir a nadie, ¡sin agredir a nadie!

Entendemos que un mejor sistema político le da estabilidad, le da seguridad, le da certeza al gobierno que venga. Lo que deseo es que en nuestro país quien democráticamente gane las elecciones con una mayoría y sea Presidente de la República gobierne con el programa que la ciudadanía respalde. No quiero que haya este fraccionamiento y que se deba buscar prácticamente voto por voto, o no se sepa quién es quién, de qué coalición o de qué partido era.

Necesitamos claridad, instituciones con las cuales se pueda trabajar. Y eso, con transparencia.

Hemos puesto tres puntos, que hemos repetido permanentemente en la iniciativa de ley.

Esperamos votar el texto en general. En la Comisión incluso fusionamos un proyecto, que ha sumado más adherentes.

Pero se debe hacer la discusión.

Si hay que aumentar el umbral, si hay que ver tal o cual situación, ¡perfecto! Se hace acá una discusión con relación a la calidad del voto, el voto obligatorio, ¡perfecto!, avancemos. Pero entendamos que aquí nos encontramos ante una reforma constitucional en la que hay un conjunto de leyes de acompañamiento en materias de distinta naturaleza: transparencia, funcionamiento de los partidos, elecciones, representación. Por ejemplo, se debe actualizar la norma que tenemos del 40/60, entre una serie de otras disposiciones de participación que hay que abordar.

En definitiva, se debe entender lo que es una reforma constitucional en comparación con lo que son las reformas legales.

Entonces, yo invito, Presidente , a que no se den excusas.

Por otra parte, valoro cuando muchas organizaciones, partidos políticos o parlamentarios señalan incluso que esto los afecta, pero igual lo aprueban, porque lo que queremos es legar un mejor sistema político.

La bancada del Partido Socialista así lo ha definido. Hemos trabajado en esa perspectiva y agradecemos el apoyo transversal, porque este es un proyecto que va a sumar y logrará que se haga mejor política. Va a ser más transparente, va a evitar la fragmentación, y nos pondremos de acuerdo principalmente en las indicaciones que van a venir.

Presidente , quise intervenir para pedir que no existan excusas, porque acá el listado de "peros" para no aprobar llega a decenas. A veces es increíble como los conservadores, la gente que quiere mantener las cosas tal como están y no enfrentar los problemas de fondo, buscan excusas para simplemente decir "hay problemas, está mal, pero no quiero arriesgar un pequeño capital político o una posición", para no hacer el cambio.

Voto a favor de esta iniciativa.

Gracias, señor Presidente.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , es fundamental avanzar en todo lo que signifique terminar con la fragmentación del sistema político y restablecer las confianzas tanto a nivel institucional como en el fortalecimiento de los partidos políticos. Eso implica tomar decisiones que dicen relación con cómo somos capaces de avanzar finalmente para que eso se produzca.

En ese contexto, quiero lamentar que el presidente de la Comisión no haya fusionado los proyectos que estaban presentados con antelación a la actual iniciativa que estamos discutiendo, los cuales contenían distintas opciones de umbrales a efectos de lograr finalmente generar un mínimo de representación que permitiera el acceso al Parlamento.

Creemos, sin lugar a duda, que es relevante lo relativo a la disminución del número de parlamentarios. Se plantea reducir la cantidad de diputados volviendo a los 120, o atender lo que fue el acuerdo RN-DC, que proponía, a través de un sistema de representación proporcional corregido, llegar a 134 diputados, en ambos casos bajando el actual número de 155. También en el Senado se planeaba posibilitar un mecanismo que nos permita ir ajustando el número de representantes.

Pero el número de representantes es un tema que no está presente en la discusión de hoy día, y debiera entrar al debate en algún minuto.

Sabemos que todas las materias no pueden ponerse sobre la mesa para generar una megarreforma al sistema político. Pero creemos que el establecimiento de un umbral va en la dirección correcta, como también el fortalecimiento de las normas antidíscolos, que ciertamente son claves para robustecer la institucionalidad de los partidos.

Además, cabe preguntarse qué más deben hacer los partidos para recuperar la confianza de los ciudadanos. Y ese tema tampoco se ha discutido con todo el tiempo necesario y con toda la fortaleza que se requiere. Los partidos tienen que mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, las medidas de transparencia, los pilares de probidad, que también son claves para ir avanzando en un sistema político.

¿Cómo recuperamos la confianza de la ciudadanía en este Parlamento? ¿Cómo recuperamos la confianza de la ciudadanía en la política? ¿Cómo hacemos que la política no sea irrelevante para los ciudadanos? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que hacernos justamente cuando discutimos un proyecto de esta naturaleza.

Por supuesto que voy a votar favorablemente. Creo que este es un proyecto respecto del cual debemos encontrar la fórmula que nos permita avanzar en esta materia.

Y reitero que uno de los temas ausentes en esta discusión es la reducción del número de parlamentarios, que, sin lugar a duda, debe ser discutido en algún minuto.

He dicho, señor Presidente.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Todos sabemos que el objetivo de este proyecto finalmente es disminuir la fragmentación política en el Congreso Nacional, que nos ha impedido de verdad poder avanzar y efectivamente responder a las demandas ciudadanas.

Por eso, el establecer un umbral del 5 por ciento a nivel nacional para que los candidatos de un partido puedan acceder a escaños parlamentarios y sancionarlos cuando finalmente sus intereses personales estén por sobre los intereses de una región o de un país, finalmente nos lleva por el camino correcto.

Actualmente existe consenso en que el sistema político chileno está en crisis. Y esto no solo se ve reflejado en fragmentación, sino también en una creciente polarización.

La experiencia política reciente de nuestro país ha demostrado que un sistema político que no se basa en la existencia de partidos fuertes e institucionalizados deriva necesariamente en una fragmentación, que en un primer término tiene el atractivo de una supuesta mayor participación, pero que en la práctica tiene como consecuencia el surgimiento de candidaturas que representan y tienden a enfocar su trabajo legislativo en discursos extremos, populistas y demagógicos.

La polarización no solo dificulta la gobernabilidad, sino que también profundiza las divisiones en la ciudadanía, complicando la construcción de acuerdos indispensables. Finalmente, en las áreas que importan a los ciudadanos no se genera amplio consenso porque se mete la ideología: en salud, en pensiones, en educación, en los temas sociales.

Asimismo, se debe considerar que quienes se presentan a las elecciones bajo un partido político determinado no pueden cambiarse de tienda porque ellos quieran o simplemente por figurar o por algún interés personal; pues eso, en la práctica, implica una burla a la ciudadanía y produce inestabilidad en las representaciones políticas, muchas veces por intereses personales, lo que es dañino para el sistema democrático.

En Chile, claramente las tensiones que existían entre el Ejecutivo y el Legislativo se han intensificado. Cómo no recordar los años del Presidente Piñera , quien, con un poder de agenda limitado, enfrentaba un Congreso profundamente dividido y con posturas ideológicas frecuentemente irreconciliables. En ese contexto no se respeta la Constitución, y tal dinámica se traduce en una constante negociación en la que frecuentemente prevalece el bloqueo de proyectos claves o la aprobación parcial de iniciativas, que no logran cumplir sus objetivos generales y menos los originales.

Yo voy a votar a favor de este proyecto, porque de verdad creo que es una demanda ciudadana.

Gracias, Presidente .

La señora ARAVENA.-

Gracias.

Quiero intervenir en esta discusión, independiente de que se ha pedido segunda discusión y no vamos a votar hoy.

Creo que es importante analizar algunos aspectos de esta reforma y, sobre todo, pienso que nadie puede estar en contra de hacer una mejora al sistema político. Sí es relevante dejar en claro que hay opiniones diversas respecto de eso.

Con relación a la opinión del Partido Republicano, porque esta materia implica una visión más política, quisiera recordar que siempre hemos sostenido que debiéramos disminuir el número de diputados a 120 y el de senadores a 38, como era antes de la reforma del 2015.

Ello, sin duda, permitiría no solo mejorar la selección de los candidatos, sino también disminuir el uso de recursos fiscales y también ponernos de acuerdo. Cuando uno ve las comisiones, principalmente las de la Cámara de Diputados, con su alto número de integrantes, observa que es muy difícil pensar que ellos podrán ponerse de acuerdo.

(Rumores).

Les pido a las personas que están conversando que, si no quieren escuchar, que es superrazonable, al menos nos dejen hablar.

(La Presidenta accidental toca la campanilla para solicitar silencio).

En otro punto, me parece que las dificultades y las distorsiones de gobernabilidad hoy día hacen sostenible el que legislemos urgentemente. Tampoco podemos dejar pasar muchos años con este desorden.

Por otro lado, también es importante señalar que el umbral del 5 por ciento que se establece no soluciona el problema principal, que es el sistema electoral. Un modelo electoral proporcional no garantiza estabilidad política y la mezcla del sistema actual con el umbral es solo un parche, por lo que creo que es necesario volver a plantear sistemas mayoritarios.

Además, el tema de los independientes es un asunto complejo. ¿Qué pasa con un independiente fuera de pacto que consigue firmas para postular? ¿Está prohibido? ¿Lo propuesto no vulnera la libertad y la democracia forzando al independiente a afiliarse a un partido o a ser aceptado en un pacto?

El mecanismo se parece muchísimo al aplicado en materia sindical, donde solo pueden participar y recibir beneficios los afiliados al sindicato, restando independencia y libertad al resto de las personas.

La afiliación posterior a un partido se establece como causal de cesación en el cargo parlamentario para aquel independiente que se incorpore a un partido que no sea el que patrocinó su candidatura, como es el caso de muchos de nosotros acá, o incluso cuando renuncia al comité parlamentario de ese partido.

Esto nuevamente hace cuestionar el límite que les estamos colocando a la libertad individual y la responsabilidad de los partidos al momento de designar sus candidatos. Por algo el independiente se postula como independiente y como tal lo eligen las personas.

Por otro lado, la pertenencia a un comité parlamentario es algo totalmente administrativo, que implica una distribución de fondos para ese comité por parte de cada parlamentario que es parte. ¿Es suficiente causal para perder un cargo legítimo y democráticamente elegido el no pertenecer a un comité del partido patrocinante? ¿Son los fondos que aporta este parlamentario al comité la causa de esta medida?

Finalmente, un tema que claramente es relevante es la propuesta de cesación en el cargo del parlamentario que renuncia al partido por el cual fue elegido.

¿Los electores votan por partido o por personas? Si votan por personas, ¿no es razonable una renuncia al partido si este dejó de lado sus principios? El poder que se les da a los partidos frente a los parlamentarios sería enorme. Si el ideal es que en adelante se vote por partidos, tal vez es momento de cambiar el sistema a uno de lista cerrada, con el cual ello sí tendría sentido.

Al mismo tiempo, es necesario reforzar a los partidos la buena elección de los candidatos, donde quizá está el mayor de los problemas de Chile.

A modo de conclusión, es importante destacar que en materia de sistema político no existen recetas mágicas -yo estoy convencida de eso, por lo que vale la pena pensar en aprobar este proyecto para modificarlo-; que cada país tiene realidades culturales y demográficas muy particulares que deben ser consideradas a la hora de confeccionar un sistema a través del cual se logre la representación ciudadana, y que en la especie no logramos encontrar elementos que nos permitan concluir que la reforma propuesta hoy día sea la indicada.

O sea, si se llega a aprobar en general, necesariamente se requiere presentar indicaciones; de lo contrario, va a ser un vestido a la medida de unos pocos partidos de Chile y no del pensamiento de todos.

Yo voy a aprobar la idea de legislar cuando se vote, pero voy a solicitar que se nos escuche al momento de introducir enmiendas al proyecto; de lo contrario, tendremos que votar en contra de sus normas.

Muchas gracias.

El señor MACAYA.-

Gracias, Presidenta .

No cabe duda de que este es un tema muy muy relevante, a pesar de que se plantea como un asunto de interés de los políticos. Al final, si la política no funciona bien, es la ciudadanía, es el país el que no funciona y el que paga las consecuencias.

Personalmente, una de las razones más importantes por las cuales estuve disponible -yo y muchos; entre ellos, algunos que han hecho uso de la palabra y argumentado en forma contraria al proyecto- en su momento para hacer un cambio constitucional -aprobar y sacar adelante la última propuesta, particularmente, que rechazó Chile- fue justamente darle menos fragmentación y más estabilidad a un sistema político que hoy día no está a la altura.

No cabe ninguna duda de que el sistema político en los últimos años en nuestro país no ha estado a la altura de las necesidades y los cambios que se requieren.

En ese sentido, es necesario reconocer que la reforma al sistema político que se propone quizá no es la que todos, individualmente, como bloque hubiésemos deseado. Desde nuestra perspectiva, nos encantaría que se disminuyera la cantidad de parlamentarios, y nos parece que introducir el tema del voto obligatorio, como lo ha mencionado, entre otras personas, usted, Presidenta , es algo importante que tiene que avanzar en paralelo.

Con todo, evidentemente este es un avance.

Quiero felicitar a los autores por la osadía que tuvieron de presentar esta propuesta, a pesar de no haber sido impulsada con la urgencia o el empuje necesario por parte del propio Ejecutivo . Fue un llamado que recogió particularmente la Comisión de Constitución. Y en eso, nobleza obliga, destaco al senador Alfonso de Urresti , a la senadora Luz Ebensperger , a los senadores Rodrigo Galilea , Pedro Araya , entre otros, quienes integran esa comisión y fueron capaces de sacar adelante esto.

Un sistema político que realmente esté a la altura de lo que una sociedad requiere para alcanzar el progreso radica en dos aspectos fundamentales: la estabilidad política y la representatividad.

La estabilidad política no es un concepto teórico, sino práctico, y su ausencia es palpable en lo que ha ocurrido en Chile durante los últimos años. No hemos tenido estabilidad en nuestro país; no hemos logrado aprobar reformas de calidad.

Se hacía mención a si la reforma de pensiones es fruto de la fragmentación o de las diferencias ideológicas. Por cierto, es el resultado de ambas cosas; pero es mucho más fácil y mucho más probable que esas diferencias ideológicas encuentren canales de solución cuando tenemos un Parlamento menos fragmentado, cuando tenemos la posibilidad de construir acuerdos. Y muchas veces esos acuerdos son amenazados por el discolaje, por el chantaje del que está pensando más en la próxima elección que en una mirada de largo plazo para nuestro país.

Por lo tanto, nos parece que este proyecto es un avance en ese sentido.

Más allá de estar a favor o en contra de un sistema proporcional o uno de mayoría, el actual modelo requiere adecuaciones que al menos permitan su correcta aplicación.

Por eso, esta reforma constitucional, sin ser refundacional, sin ser profunda -me faltó mencionar a Luciano Cruz-Coke, que, como senador, fue muy importante al empujar esto en la comisión-, es capaz de proponer un avance, un avance frente al cual muchos de los que formaron parte en algunos momentos de los dos procesos constituyentes, por razones de conveniencia, por razones de mirada de corto plazo, por razones de sustentabilidad de sus respectivos proyectos políticos, hoy día están en contra.

Quienes sostengan que esta reforma a la Constitución busca retrotraer el actual sistema político al antiguo binominal simplemente desconocen la realidad y están viendo en este proyecto aspectos que no están contenidos.

Yo les sugiero -y tenemos tiempo; va a haber segunda discusión- que revisen el proyecto. A propósito de las normas de los independientes, no hay cambios sustantivos respecto a la inscripción de candidaturas independientes.

Evidentemente, estamos en presencia de una reforma que no es todo lo que hubiésemos deseado, particularmente cuando necesitamos reducir el tamaño del Parlamento. Esa es una tarea que, quizás, en un futuro Parlamento sea empujada desde estas huestes, pero hoy día no es posible.

Y creo que lo que se ha construido en la Constitución es lo que ojalá pudiésemos hacer en otras materias, en otros temas, en cuanto a la posibilidad de construir acuerdos más allá de las diferencias políticas.

Por eso quiero terminar felicitando a la Comisión de Constitución.

Desde la UDI vamos a votar favorablemente esta reforma, pues nos parece un avance muy importante. No es todo lo que hubiésemos deseado, pero está a la altura de avanzar en uno de los principales desafíos.

Si no somos capaces de hacer buena política, nuestro país no va a lograr buenas reformas, no va a canalizar las necesidades de la sociedad. Y para eso se requiere un buen sistema político.

Gracias, Presidenta .

La señora RINCÓN ( Presidenta accidental ).-

A usted, senador.

Con esta intervención damos por terminada la primera discusión.

--El proyecto queda para segunda discusión.

El señor CÁMARA ( Secretario General subrogante ).-

Gracias, señora Presidenta .

La señora Presidenta pone en discusión general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica (boletín N° 16.566-03), con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.566-03) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

Los objetivos de esta iniciativa son los siguientes:

-Sancionar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales con la finalidad de proporcionar un marco general que vele por el cumplimiento, estandarice y coordine las formas establecidas para la válida actuación de los órganos de la Administración del Estado con competencia para habilitar proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias, y otorgar mayor certeza a los titulares y personas que desarrollen dichas actividades, así como a la ciudadanía en general.

-Promover el desarrollo de la productividad, crecimiento e inversión a través de la creación de mecanismos e instrumentos de mejora regulatoria para el progresivo tránsito hacia una regulación estandarizada y simplificada para la habilitación de proyectos o actividades que resguarden adecuadamente los derechos de las personas solicitantes.

-Crear el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, integrado por un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por la correcta tramitación de las autorizaciones sectoriales y técnicas; habilitar alternativas aplicables a proyectos o actividades, y a optimizar y/o fortalecer la gestión institucional con el objeto de simplificar y mejorar continuamente la calidad de la regulación sectorial, con una visión general que propicie el desarrollo productivo sostenible, facilite la inversión y resguarde los objetos de protección propios de cada normativa.

La Comisión de Economía hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento de la Corporación, discutió solo en general esta iniciativa de ley.

La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, honorable senadora señora Carvajal y honorables senadores señores Edwards, Pugh, Saavedra y Sanhueza.

Por otra parte, consigna que son de rango orgánico constitucional las siguientes disposiciones: el artículo 41; el inciso tercero del artículo 43 y el inciso primero del artículo 43 bis, contenido en el numeral 16, ambos numerales del artículo 92 permanente, por lo que requieren de 26 votos favorables para su aprobación.

Asimismo, el mencionado órgano técnico hace presente que el artículo 46 permanente es una norma de quorum calificado, por lo que requiere también de 26 votos a favor para su aprobación.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 314 y siguientes del informe de la Comisión de Economía y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Eso es todo, señora Presidenta.

El señor EDWARDS.-

Gracias, Presidenta .

Honorable Senado, este es el informe de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Economía.

El proyecto proporciona un marco general para velar por el cumplimiento, estandarización y coordinación de las formas establecidas para la actuación de los órganos de administración del Estado con competencia en la habilitación de proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias; otorga mayor certeza a los titulares y personas que desarrollen dichas actividades, así como a la ciudadanía en general, y promueve el desarrollo de la productividad, el crecimiento y la inversión a través de la creación de mecanismos e instrumentos de mejora regulatoria.

El mensaje presidencial mediante el cual se dio inicio al proyecto da cuenta de la importancia del crecimiento de la economía y de la desaceleración en el crecimiento que hemos sufrido durante los últimos años; de la relevancia del aumento de la productividad, que está estancada hace casi dos décadas; del rol de la inversión para el crecimiento de la economía, y la posibilidad de reducir el impacto ambiental mediante una productividad más eficiente y el desarrollo de nuevos sectores productivos tales como las energías renovables, el hidrógeno verde, sus derivados y muchas inversiones.

Asimismo, el proyecto releva la importancia de la regulación de las autorizaciones sectoriales, la cual requiere de un justo equilibrio entre la protección de los intereses públicos y el interés particular de los titulares de los proyectos o actividades.

Con todo, indica el mensaje, la obtención de autorizaciones se ha transformado en una de las restricciones críticas a la materialización de la inversión en Chile, lo cual tendría su origen en el aumento inorgánico de las autorizaciones que no tienen en cuenta la totalidad del marco jurídico vigente; en la amplia dispersión normativa sobre la materia; en la falta de instancias institucionalizadas de revisión y racionalización de los procesos de autorizaciones sectoriales, y en la ausencia de espacios de coordinación y trabajo conjunto de los órganos de la administración del Estado.

Entre los problemas que la normativa propuesta busca enfrentar, se encuentran los extensos tiempos de tramitación, así como también la falta de certeza jurídica; la falta de proporcionalidad en el régimen de autorizaciones sectoriales en cuanto a los requisitos exigidos en relación con los riesgos asociados, y la falta de información sobre el proceso de otorgamiento.

En dicho contexto, el proyecto tiene por finalidad otorgar mayor certidumbre a inversionistas, titulares, a la comunidad y la ciudadanía en general; agilizar el otorgamiento de autorizaciones sectoriales mediante la simplificación de la tramitación en concordancia con los riesgos asociados, como habíamos mencionado; abordar y superar la dispersión normativa, e institucionalizar la coordinación y los mecanismos de mejora constante de nuestra regulación.

Los ejes, por lo tanto, en los que se centran las modificaciones propuestas por el proyecto son los siguientes:

1) El establecimiento de un marco normativo común para la tramitación y regulación de autorizaciones sectoriales.

2) La creación de un Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, orientado al progresivo perfeccionamiento de la normativa sectorial.

3) La creación de una Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, órgano funcionalmente desconcentrado de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, que tendrá por objeto velar por el correcto funcionamiento del Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial.

4) El establecimiento de un marco normativo de instrumentos para la regulación estandarizada.

5) La implementación de un Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales, llamado "Super".

6) El establecimiento de mecanismos de mejora regulatoria para la revisión periódica y mejora constante de nuestra regulación sectorial.

7) La modificación de otros cuerpos normativos sectoriales que, en este caso, son alrededor de treinta y ocho.

Dentro de los objetivos del proyecto, dado lo expresado anteriormente, podemos mencionar los siguientes:

Primero, sancionar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, con la finalidad de proporcionar este marco general que vele por el cumplimiento, estandarice y coordine las formas establecidas para la válida actuación de los órganos de la Administración del Estado con competencia para habilitar proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias, y otorgar mayor certeza a los titulares y personas que desarrollen dichas actividades, así como a la ciudadanía en general.

Segundo, promover el desarrollo de la productividad, el crecimiento y la inversión a través de la creación de mecanismos e instrumentos de mejora regulatoria para el progresivo tránsito hacia una regulación estandarizada y simplificada para la habilitación de proyectos o actividades que resguarden adecuadamente los derechos de las personas solicitantes, por medio de normas que definan el proceder de los órganos de la Administración del Estado para su actuación válida y pronta, la que tendrá en consideración los riesgos asociados, dará mayor certeza jurídica y también aumentará fuertemente la transparencia de los procedimientos.

Finalmente, crear el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, integrado por un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por la correcta tramitación de las autorizaciones sectoriales y técnicas habilitantes alternativas aplicables (por ejemplo, las declaraciones juradas) a proyectos o actividades, y a optimizar y/o fortalecer la gestión institucional con el objeto de simplificar y mejorar continuamente la calidad de la regulación sectorial, con una visión general que propicie un desarrollo productivo sostenible, facilite la inversión y resguarde los objetos de protección propios de cada normativa.

Dentro de los aspectos generales pero centrales del debate en la Comisión de Economía -como dijimos, la iniciativa fue aprobada de manera unánime-, se encuentran agilizar la ejecución de los proyectos de inversión, simplificando el otorgamiento de las autorizaciones sectoriales, y entregar mayor certeza jurídica.

No obstante, se estimó necesario estudiar este proyecto de manera muy profunda, para tener en consideración todas las visiones de los distintos actores relevantes de la economía y de diversos centros de estudio e instituciones públicas, etcétera.

Tuvimos una gran cantidad de invitados, entre ellos, ocho instituciones públicas con las cuales pudimos conversar ampliamente y, además, cuatro centros de estudio con los que nos juntamos. Hablamos con dieciséis gremios de distinta naturaleza; con varias empresas que tienen proyectos particulares, sobre los cuales tuvimos interés en la comisión por saber qué estaba pasando con sus permisos; y con seis académicos destacados en el área con conocimientos específicos.

Además, señora Presidenta , realizamos dos seminarios. Y los quiero destacar, dado que ambas actividades nos permitieron, si los comparamos con la cantidad de horas de discusión, concentrar dos meses de tramitación legislativa en dos lunes (el 9 y el 16 de diciembre), donde pudimos ver, en el primero, los temas de permisos inmobiliarios, minería y empresas de menor tamaño y, en el segundo, un diagnóstico académico, como lo habíamos visto en el anterior, con especificidad en energía, salud y proyectos de desalinización.

En forma paralela se formó un grupo asesor, con representantes del Ejecutivo y de parlamentarios, para avanzar en el estudio del proyecto. Y como resultado se llegó a un protocolo de acuerdo sobre la ley marco que, como ustedes pueden ver, está en el informe que les llegó el día de ayer.

Este protocolo de acuerdo fue firmado por los senadores Pugh , Saavedra , Sanhueza , el que habla y también, por cierto, por el ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau , quien -debo decirlo- participó en absolutamente todas las sesiones que tuvimos, incluidos los dos seminarios.

La elaboración de este acuerdo contempla diez materias:

1.- Plataforma Super.

2.- Declaraciones juradas.

3.- Silencios administrativos.

4.- Procedimientos y tramitación en paralelo.

5.- Ámbito de aplicación de la ley marco.

6.- Fortalecimiento institucional de la Oficina.

7.- Mecanismos de mejora regulatoria.

8.- Interoperabilidad y digitalización.

9.- Artículos transitorios.

También se llegó a acuerdos sobre aspectos que están fuera del marco de la ley, pero que constituyen compromisos del Ejecutivo en la línea de tratar una cantidad de proyectos que, cuando se haga el cambio, quedarán en lista de espera. Pero confiamos en que con los nuevos recursos se pueda avanzar lo más rápido posible.

Puesto en votación el proyecto, fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, la Comisión de Economía propone a la Sala darle su aprobación en general.

Muchas gracias.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidenta .

Por su intermedio, saludo al ministro de Economía, que se encuentra presente en la sala.

Le agradezco a él y a su equipo el esfuerzo que han puesto para buscar instancias que mejoren en su segundo trámite constitucional este importantísimo proyecto de ley. Y quiero enfatizar la palabra "importantísimo", porque no solo es importante, sino también urgente, necesario, relevante y tenemos que hacerlo bien.

Básicamente, lo que se hace en forma simple y sencilla, para explicarles a las personas que siguen la televisión del Senado, es estandarizar y simplificar.

Y ojalá esas dos palabras sean parte de nuestro relato: estandarizar los permisos, las autorizaciones sectoriales, que tienen, probablemente, en distintas regiones diferentes formas. En algunas se puede pedir más y en otras menos, pues no hay homogeneidad.

La estandarización es lo primero.

Pero después viene la simplificación. ¿Cómo hacer posible esta cantidad de permisos? Esta ley marco cubre treinta y ocho organismos sectoriales, treinta y ocho cuerpos de ley, y es capaz de llegar hasta cuatrocientos permisos o autorizaciones sectoriales.

Ese es un volumen gigantesco, en el que hay dependencias, interdependencias e interrelaciones de estos permisos. Algunos se ejecutan hoy de forma serial, y en la gran mayoría de las veces por medio de papel. Por lo tanto, no es de extrañarse que algunas veces, producto del manejo de ese medio, pueda faltar documentación o que en algún lugar los permisos no se muevan a la velocidad con que se deberían mover.

Puede haber diferentes situaciones que son particulares de cada servicio y de cada región.

Por eso, lo que el proyecto busca es estandarizar y simplificar. Y esto se logra mediante el levantamiento de los flujos y apoyándose -aquí viene quizás lo más importante- en la tecnología.

La actual tecnología digital disponible no es un fin, sino un medio para poder ejecutar acciones con la certeza jurídica de los actos digitales.

Y esto es bien importante, porque se va a conocer en qué momento ingresan las solicitudes de autorizaciones. Eso va a quedar reflejado en una ventana única, en un solo lugar de acceso para los permisos. Posteriormente, se podrá hacer el seguimiento durante todo el ciclo de vida de esas autorizaciones en los diferentes organismos que participan.

El primer efecto que vamos a ver es el público-público.

Los servicios públicos, que dependen unos de otros en las autorizaciones que cada uno debe otorgar, van a tener mayor visibilidad y mejor forma de ver su carga de trabajo, su capacidad para procesar y así poder determinar dónde se encuentran algunos cuellos de botella, que no son posibles de determinar si no se hace el análisis sistémico completo.

El segundo es la interacción público-privada, que va a permitir transparencia no solo a quienes soliciten las autorizaciones o los permisos, sino a toda la ciudadanía para que, con información agregada, pueda ver el trabajo del Estado.

Esto significa visibilizar el trabajo de cientos y miles de personas que no se ven y que contribuyen a que en el país existan reglas claras para que se pueda cumplir con las fiscalizaciones, pero también hacer uso de estándares objetivos que permitan determinar qué cosas se pueden realizar con bajo riesgo.

La gestión del riesgo es otro de los elementos que se incorporan en el proyecto de ley, porque en aquellos trámites de bajo riesgo, que son simples, se podrá utilizar una técnica habilitante, una declaración jurada en el mismo sistema que va a permitir actuar.

También se consideran los diferentes tipos de silencio administrativo, positivo y negativo, para así tener una visión completa del esfuerzo que se está haciendo con el propósito de avanzar.

Hoy, con el sistema actual, es imposible conocer aquello. No se sabe realmente qué está ocurriendo, dónde están los problemas, quiénes están más o menos atrasados.

Un sistema de esta naturaleza, la plataforma Super -quiero reconocer que es un tema de Estado; viene del Gobierno anterior, y ha sido desarrollado profundamente en esta Administración y va a seguir para las posteriores-, no es una solución particular de determinado Gobierno, sino una solución de Estado que le va a permitir al país actualizarse a los mejores estándares de gestión.

Solo para resumir: se está cambiando de la gestión documental de papeles, PDF, Word , Excel , WhatsApp, mails a una gestión transaccional, a cartolas que van a indicar tiempos que van a estar midiendo qué se está haciendo, qué se está cumpliendo; a formatos únicos de ingreso por pantallas estandarizados que van a ser iguales para el mismo permiso en todo el país, para así eliminar esas arbitrariedades que se pueden producir en algunos lugares.

Ello ayudará a contribuir a la simplificación con el levantamiento de los mapas de proceso y la verificación, de tal forma que la información se pida una sola vez.

"Una sola vez" es uno de los principios, porque en cuanto el Estado tiene la información, debe intercambiarla, pero con certeza jurídica, con trazabilidad e integridad. Y eso se llama "interoperabilidad".

Señora Presidenta , este es el primer proyecto de interoperabilidad real del Estado, donde tendremos una cantidad de servicios muy grande, coordinados por esta oficina, que va a ser muy importante y que tendrá la posibilidad de ver qué está ocurriendo y así efectuar mejoras concretas. Vamos a tener data, evidencia, lo cual permitirá poner los recursos necesarios.

Señora Presidenta , este proyecto de ley se está llevando a cabo también con la ANEF. Hemos tenido la participación de su presidente , quien viene, además, de un mundo público muy especial, de los controladores aéreos, donde se ha entendido perfectamente lo que se quiere hacer: una torre de control para ver todos estos movimientos que se aprecian en las pantallas; saber dónde están las aeronaves o los permisos, quiénes están con problemas, quiénes están necesitando la pista.

El mismo trabajo que se hace en ese lugar de control aéreo es el que se quiere realizar en esta oficina: ver qué está ocurriendo con todos los permisos, dónde se están produciendo los problemas, dónde debemos priorizar, dónde se han de poner los esfuerzos.

El nuevo grupo de personas que se convoque tendrá esa gran responsabilidad. Este jefe o jefa de la oficina va a tener mucha información y es esta la que va a tener el poder: no es el poder de una organización, sino el poder de los datos.

Este es un cambio trascendental de un Gobierno que se actualiza, que se moderniza con una política pública.

Cuando parte este proyecto de ley, la plataforma Super era capaz de manejar solo veinte autorizaciones sectoriales. Ya en estos momentos hay más de doscientas cincuenta autorizaciones sectoriales que están dentro de la plataforma en prueba; y se va a llegar, tal como lo dije, a cuatrocientas.

Todos estos trámites se deben realizar por sistema digital, nada se puede hacer por papel, porque así se evita que las cosas queden entrampadas en algún lugar.

Esta es la verdadera ejecución de la Ley de Transformación Digital del Estado, N° 21.180, que establece que al 2027 nuestros procesos han de ser digitales, y debemos tener visibilidad sobre ellos.

Yo valoro el acuerdo político, porque fue un pacto político, para profundizar en indicaciones que den claridad, de tal forma de simplificar con medios, por ejemplo, las técnicas habilitantes alternativas y las declaraciones juradas para donde hay bajo riesgo, a fin de que se puedan ejecutar las acciones y las personas cumplan los estándares objetivos que se han dispuesto.

Es el estándar el que va a mandar y la fiscalización va a ser después sobre ese estándar, lo cual simplifica muchas etapas. El que se pueda trabajar en paralelo, sin tener que esperar que un permiso vaya y encadene al próximo, permite avanzar de forma simultánea a todo el Estado en conjunto.

Un área que se encontró importante dice relación con las concesiones marítimas, porque ella, que está en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, es necesaria para todos. El agua de mar se ocupa hoy en múltiples usos, y por ello esas concesiones, que tienen efectos industriales significativos, deben ser tratadas con el mismo estándar.

Este acuerdo se tiene que transformar en indicaciones. Por eso, si bien se ha pedido segunda discusión respecto de este proyecto, espero que podamos aportar con los elementos necesarios para, en paralelo, avanzar con las indicaciones y así ser capaces de dar término a este segundo trámite legislativo en el Senado, con indicaciones que se harán cargo en forma profunda de los procesos, para lograr que este proyecto sea ley de la república en el primer semestre de este año.

Ese es un gran anhelo para dar una señal clara, no solo de modernidad, sino también de acción concreta para apoyar el desarrollo económico del país.

Votaré a favor en su momento.

Muchas gracias, señora Presidenta .

He dicho.

El señor EDWARDS.-

Gracias, Presidenta .

Saludo al ministro Grau , quien nos acompaña el día de hoy.

Quiero partir agradeciendo la excelente disposición que durante la tramitación de este proyecto en la Comisión tuvieron los senadores y sus equipos de asesores, y también el ministro y su equipo, por cuanto creo que se trabajó de manera profunda y muy seria.

Espero que podamos avanzar lo más rápido posible, y, si Dios quiere, despachar esta iniciativa durante enero de este año.

Ahora, Presidenta, deseo demostrar de qué hablamos con el problema que estamos enfrentando.

Nos referiremos a permisos sectoriales bastante prioritarios y al inicio vamos a comparar los plazos permitidos por ley y los plazos reales.

Ministerio de Bienes Nacionales, concesiones de uso oneroso: plazo legal, seis meses; plazo promedio de otorgamiento, catorce meses.

Vamos avanzando.

Sernageomín, electrificación: plazo legal, tres meses; plazo promedio real, quince meses.

Planta de beneficio: plazo legal, 1,5 meses, y el Sernageomín se toma trece meses. Estamos hablando de diez veces lo que la ley le permite.

Pero las de Bienes Nacionales y Sernageomín son demoras bastante menores cuando empezamos a ver, por ejemplo, concesiones marítimas de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que tiene un plazo legal de seis meses y un plazo real de otorgamiento de treinta y cuatro.

La DGA, en recepciones hidráulicas menores, tiene un plazo de seis meses, para otorgarlos en treinta y cuatro; y para el caso de proyectos de hidráulica mayor, se demoran cuarenta y nueve meses, cuando tienen un plazo legal de seis meses.

Las tramitaciones ambientales, que no están en este proyecto porque son parte de la ley N° 19.300 -para terminar el diagnóstico-, tienen un tiempo promedio de aprobación de 1.433 días, que en ocasiones debemos sumar a los plazos que estoy señalando en materia de autorizaciones sectoriales.

El tiempo de aprobación promedio (de aceptación y de término) para un caso extremo, pero importante, las explotaciones de metálico complejo, es de ciento treinta y ocho meses.

¡Sí, divida eso por doce y tiene la cantidad de años que debe esperar!

Por supuesto, uno de los grandes avances de este proyecto es que los plazos que enfrenta el sector público van a ser obligatorios y fatales, porque así estarán definidos.

Cosa completamente distinta y adicional es el descriterio -y cómo ahuyenta las inversiones-, por ejemplo, con que actúa el Consejo de Monumentos Nacionales.

En el Hospital Salvador, que debió haber abierto sus puertas en el 2019, hubo un hallazgo de fragmentos de tazas arqueológicas que paralizó las obras por cuatro años. Paralizaron por mucho tiempo el nuevo hospital de La Unión. ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Ninguno.

Ni siquiera los museos locales los toman; pero como ellos no forman parte de las listas de espera de salud, ¡que les importa, pues!

En Lota, en 2020, seiscientas familias tuvieron que esperar dos años adicionales, porque hubo supuestos hallazgos, ¡que no existían!

Hay una concesionaria que el día de hoy está construyendo una autopista por debajo de la línea del Metro que, por cierto, ya fue previamente excavada, y se le exigió hacer nuevos sondajes con un enorme costo que van a pagar los usuarios de la autopista, para darles pega a setenta arqueólogos por un año y medio, ¿para revisar y limpiar qué? ¡Nada!

Como pueden ver, el problema de la permisología muchas veces se transforma en un gran negocio.

Alguien encontró una hoja de diario de Copiapó de los años cincuenta en una obra de Atacama, diario que ya estaba en la Biblioteca Nacional, y el proyecto quedó detenido igual.

¿Qué pasa con el Metro Valparaíso-Quillota-La Calera? Se retrasaría dos años.

Los trabajos en la ruta a San Pedro de Atacama pasaron de un año ocho meses a cuatro años tres meses.

La verdad es que puedo dar muchos ejemplos de lo que está pasando y cómo tenemos que mejorar eso.

¿Y cuál es la consecuencia si no hacemos nada? Déjeme señalarle un ejemplo, Presidenta . En septiembre del año pasado Arauco anunció su mayor inversión histórica: una planta celulosa de 4,6 billones de dólares, con capacidad para producir 3,5 millones de toneladas. Consiguieron además exenciones tributarias y, como diríamos en Chile, "de taquito", una planta de energía para entregar 200 megawatts y una línea de transmisión de 90 kilómetros.

¿Cuánto se demoraron en conseguir todos los permisos? Catorce meses.

¿En qué región de Chile se instalará? ¿En La Araucanía, por ejemplo, donde necesitamos una planta celulosa, que está llena de bosques, pero no hay ninguna planta celulosa? ¿O en el Biobío, que también es una región que requiere de inversión industrial? ¡No! El proyecto Sucuriú , de capitales chilenos, se instalará en Brasil.

CMPC va a hacer algo muy parecido: desarrollará un proyecto de 4 billones de dólares, un terminal portuario de 150 millones de dólares y una infraestructura vial de 420 millones de dólares.

Esto será en el Brasil de Lula. Y yo entiendo que el Brasil de Lula no está caracterizado por ser un gobierno ultraderechista y negacionista del cambio climático. Simplemente se están haciendo las cosas de manera de tratar en mejor forma las inversiones.

Nosotros en Chile no lo estamos haciendo así. Lo que está pasando hoy día con Dominga ¡no dice relación con los catorce meses mencionados, pues! Van catorce años, y la verdad es que es un espectáculo lo que vemos.

Por su parte, el proyecto Kimal-Lo Aguirre hoy día requiere de cinco mil permisos sectoriales. Ello, no obstante estar claros todos acerca de la necesidad de aumentar las líneas de transmisión.

Eso es lo que está pasando.

Y no quiero entrar a hablar de la productividad, porque Chile lleva estancado desde el año 2004, y el crecimiento de la productividad de nuestro país en verdad es para llorar.

Voy a explicar rápidamente qué queremos hacer, respecto de lo cual hemos logrado un acuerdo bastante transversal.

La plataforma, que buenamente plantea el Gobierno, se hace obligatoria, con una ventanilla única, con procesos estándar, con plazos fatales y obligatorios.

Se racionalizan las regulaciones a través de un proceso. Eso no significa que se elimine alguna regulación, cosa que a mí me encantaría, sino que este proyecto racionaliza las regulaciones.

Se incentiva fuertemente el uso de declaraciones juradas. A mí me gustaría que en la discusión en particular estableciéramos como default la declaración jurada y que el organismo sectorial pudiera hacer una argumentación. De lo contrario, me parece razonable. Pero la idea es tratar de aumentar lo más posible las declaraciones juradas.

Se va a avanzar en invariabilidad regulatoria durante la fase de permisos y ejecución.

Se considera la tramitación en paralelo; vale decir, si usted quiere instalar su restaurante, que no se le requiera la recepción de obra para avanzar en el permiso de salud. Considero razonable hacerlo así.

Se determina que los criterios tienen que igualarse entre las regiones; por ejemplo, en lo que respecta a las seremías de salud, para abrir un restaurante en Antofagasta o en Puerto Montt, aquellos perfectamente pueden ser similares para cosas iguales. Lo mismo con los municipios.

Se incorporan todos los permisos que no están en la ley N° 19.300 ni tienen incidencia en seguridad nacional. Todo el resto se halla comprendido.

Se fortalece la posibilidad de participación de evaluadores privados cuando buenamente los organismos sectoriales así lo establezcan.

Se determinan plazos legales supletorios para una gran cantidad de permisos.

Se obliga a todo el sector público a incorporar principios razonables de costo-efectividad y simplicidad, como también los principios que mencionaba el senador Pugh -por su intermedio, Presidente - de interoperabilidad, que todo sea digital, y también el principio de "una sola vez", que se pidan las cosas una sola vez.

Además, a los tres años este proyecto le permite realizar una evaluación al gobierno que le toque, al próximo, al objeto de ver cómo hacer para mejorar las cosas.

El Gobierno se ha comprometido a gestionar recursos para avanzar con el stock durante la transición.

Quiero decir también que esto se ha hecho de manera de no ir en contra de lo acordado en la Cámara de Diputados, para que ojalá tengamos listo este proyecto y se concrete lo antes posible.

Esperamos que esta iniciativa ayude fuertemente -aun cuando creo que falta mucho más- a que Chile sea un mercado un poco más atractivo, que atraiga más inversión, y eso pueda generar más empleo, Presidente .

Deseo terminar señalando que ojalá este proyecto avance lo antes posible; está bien inspirado. Como en todo proyecto a uno le gustaría muchísimo más. Y entiendo que en los distintos sectores quisieran mucho más desde su punto de vista, pero por lo menos acá hay una base de acuerdo que a mi juicio permite avanzar.

Además, Presidente , déjeme decirle que prácticamente a la totalidad, o mejor dicho, a todas las personas que invitamos -¡si fueron muchísimas!- se las escuchó; tenían una opinión favorable del proyecto. Por eso espero que lo despachemos lo antes posible.

Creo que se ha hecho un gran trabajo desde el Ministerio de Economía en esta materia, por lo que aprovecho también de saludar al ministro , que está con nosotros el día de hoy.

Me gustaría decir "Voto a favor", pero entiendo que vamos a tener una segunda discusión. Entonces, votaré a favor cuando corresponda en esta sala.

Gracias, señor Presidente.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que uno valora -no puede no hacerlo- el avanzar en un proyecto tan relevante como es el de agilizar los trámites, y que se ha conocido, por cierto, como el proyecto de "permisología".

El tema, Presidente , es qué sacamos con cambiar la normativa, hacerla más ágil, si pasa lo que acaba de pasar: se rechazó por el Consejo de Ministros el proyecto Dominga. Así, un proyecto que había tenido la aprobación del Tribunal Ambiental queda en el aire, en suspenso y no se les da respuesta a los habitantes de La Higuera en la región de Coquimbo.

Todo lo que tiene que ver con desarrollo, productividad, emprendimiento, empleo queda nuevamente suspendido. ¿Por qué? Porque aquí, lamentablemente, Presidente , prima la ideología por sobre la productividad, el desarrollo, las oportunidades de hombres y mujeres en Chile.

Nos pasan países vecinos en materia de desarrollo e inversión, y nosotros nos vamos quedando atrás.

¿De qué nos sirve avanzar legislativamente en un proyecto como este si al final la voz de los ministros y una mirada ideológica van a hacer imposible el desarrollo?

Yo, Presidente, lamento la noticia que se le ha dado hoy día al país con el rechazo de algo tan importante y tan esperado por los habitantes de la comuna de La Higuera en la región de Coquimbo.

Nosotros vamos a estudiar el proyecto en discusión; escuchamos atentamente a la senadora Ebensperger y al senador Espinoza acerca de la importancia de poder leerlo y analizarlo. Obviamente, manifiesto toda nuestra disposición en tal sentido. Pero no nos va a servir de nada avanzar legislativamente en los permisos si al final la opinión política y sesgada va a ser la que termine por echar abajo la inversión, el desarrollo y el empleo en nuestro país.

Gracias, Presidente .

El señor SANHUEZA.-

Muchas gracias, señor Presidente .

Nuestro país enfrenta un desafío económico histórico: los precios suben, la disponibilidad laboral baja, millones de familias chilenas no logran llegar a fin de mes.

Las reformas o intentos de reforma de los últimos años, en conjunto con un contexto nacional marcado por inestabilidad política, social y económica, han incrementado la incertidumbre de manera significativa, alejando gradualmente a los inversionistas y a las oportunidades. Y es que no se trata de una resistencia al cambio por parte de los principales agentes de la economía nacional, sino de una preocupación legítima frente a las condiciones que dificultan la planificación y el desarrollo de cualquier actividad económica.

Proveedores, consumidores, trabajadores y emprendedores han debido adaptarse a un escenario donde el riesgo de pérdida, al parecer, supera las posibilidades de crecimiento.

Las decisiones legislativas, aunque motivadas por objetivos loables pareciera que no han considerado sus efectos prácticos para evitar paralizar la inversión, el empleo y la confianza.

Como una forma de responder a esta situación, el Gobierno, para poder atraer más inversión y así impulsar la economía nacional, ha propiciado una serie de reformas, entre las que destacan: la reforma a la institucionalidad ambiental; la ley de patrimonio cultural; el proyecto de ley sobre administración de borde costero y concesiones marítimas, y el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, del que hoy conoce esta Sala.

El proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales constituye un excelente punto de partida para poder dar lugar a la tan esperada reforma a la burocracia estatal. Mediante esta iniciativa se vienen a fortalecer herramientas de gran importancia creadas en la Administración del Presidente Piñera, como la plataforma Super, que actuará como ventanilla única para la tramitación de los permisos y las autorizaciones sectoriales; la Oficina GPS (ahora Grandes Proyectos), que incorporará nuevas funciones y atribuciones en orden a participar como un músculo efectivo que logre hacer la diferencia y, por fin, reducir los tiempos de tramitación.

Hace poco con los senadores de la Comisión suscribimos un acuerdo con el Ejecutivo que nos permitió establecer mínimos comunes para la presentación de las indicaciones que harán que este proyecto avance en la dirección correcta. Esta es una muestra más de que cuando el Gobierno del Presidente Boric tiene disposición a escuchar se puede avanzar en la perfección de los proyectos de ley. Desde el inicio de esta Administración dijimos que seríamos una oposición constructiva y transparente. Con este acuerdo se demuestra de nuevo ese espíritu.

Sin perjuicio de que creo que este proyecto es enormemente positivo, por lo que daré mi voto a favor en el momento que corresponda, considero importante tener presente lo siguiente:

Para poder hablar de una verdadera agilización de las tramitaciones es crucial tomar todos los proyectos de ley en su conjunto con la misma importancia: el proyecto de ley de Patrimonio Cultural, que modifica la estructura del Consejo de Monumentos Nacionales (aprovecho de solicitar a la Comisión de Cultura que ponga en tabla esta iniciativa); el proyecto de ley que reforma la institucionalidad ambiental (Servicio de Evaluación Ambiental); la reforma a las concesiones marítimas, y la iniciativa que nos ocupa. Tratarlos como estancos completamente ajenos puede darnos visiones parcializadas del problema.

Por otro lado, existen algunos aspectos que será necesario que la Comisión aborde con mayor profundidad con ocasión de las indicaciones, como es la incorporación del criterio de descarbonización dentro de aquellos contemplados para la priorización de los proyectos o el régimen de incentivos que se buscará aplicar para hacer efectiva la norma en régimen. No hay que olvidar que la tramitación de los permisos tiene un componente fundamental de gestión y, de no ser considerado, podríamos quedar con una declaración de buenas intenciones que no encuentre finalmente aplicabilidad futura.

Hago el llamado a que en una próxima sesión podamos aprobar esta iniciativa. Se trata de un proyecto que encontró amplio asidero en la Cámara de Diputados.

En los tiempos que corren, con la enorme crisis de inversión y desarrollo en que nos encontramos, dar luz verde a esta iniciativa se traduce en una señal vital no solo para Chile, sino para el mundo.

Por eso, señor Presidente , agradezco la rigurosidad de mis colegas en haber pedido segunda discusión. No podemos correr el riesgo de que este proyecto no alcance el quorum necesario. Por lo tanto, esperamos que durante la próxima semana efectivamente podamos concretar su aprobación. Esto conlleva un estudio bastante acucioso. El informe posee más de cuatrocientas páginas. Y aprovecho de felicitar a la secretaría de la Comisión por haber tenido en tan corto tiempo este informe, que es bastante largo, pero también hecho con mucha rigurosidad.

He dicho, señor Presidente.

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias, Presidente.

Saludo al ministro de Economía, Nicolás Grau, y a la subsecretaria Macarena Lobos, que se encuentran presentes en este debate.

Voy a partir señalando algunos aspectos de este proyecto de ley que nos llaman al menos a una reflexión.

Antes de ello, hago presente que valoro el trabajo que ha hecho la Comisión de Economía.

Se habla del bajo crecimiento que ha registrado nuestro país en la última década -alrededor de 2 por ciento promedio anual- y la necesidad de reactivar la actividad productiva. Ello, de alguna forma ha colocado en la agenda pública el tema de la inversión y, en especial, la lentitud en la tramitación en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental y los permisos sectoriales posresolución de calificación ambiental.

Esto ha sido relevado continuamente por los gremios empresariales, por sus medios de comunicación, que han instalado en el debate público la urgencia de disminuir los plazos de evaluación de la inversión.

Sin embargo, poco se habla de la responsabilidad de las empresas en el sentido de presentar proyectos de inversión que estén hechos con un buen estándar, respetuosos en materia medioambiental, con respeto a las comunidades locales, con reconocimiento a nuestros pueblos originarios, etcétera.

Lo digo, Presidente , porque para volver a crecer no solo se debe mejorar la tramitación de los permisos sectoriales, sino que también se requieren nuevos motores para la actividad productiva, una mayor inversión pública y privada, con innovación productiva en ciencias aplicadas, que permita revalorizar la cultura del esfuerzo laboral, del emprendimiento.

Por lo tanto, lo relativo a los permisos sectoriales no es la bala de plata para volver a crecer. Retomar la senda del crecimiento requiere también pactos transversales, pero que toquen la complejidad del proceso productivo y no solo de un aspecto, que es lo que se aborda en la iniciativa que hoy estamos discutiendo en esta sala.

Volviendo al tema de los permisos, si miramos la realidad, nos encontramos con proyectos de inversión emblemáticos en sectores como la minería que se demoran años. Pero también tenemos proyectos empresariales con un pobre diseño y una fundamentación técnica que pueden impactar negativamente en algunos ecosistemas. Por ello, los servicios públicos no pueden aprobarlos y deben ser corregidos por parte de las empresas, especialmente para evitar el daño que puede significar en comunidades locales.

Una iniciativa legal como esta no puede debilitar la evaluación técnica de los servicios públicos, ni menos darles manga ancha a las grandes empresas. Esa es mi primera preocupación.

El sistema de evaluación y permiso de los proyectos de inversión no puede rebajar su estándar, ni tampoco puede llevar a debilitar la calidad de vida de las comunidades.

¿Por qué digo lo anterior? Porque en la Administración del Presidente Piñera, en 2018, se creó la Oficina de Grandes Proyectos en el Ministerio de Economía, que tenía por misión ayudar a las grandes empresas a apurar la tramitación de la evaluación ambiental y sus permisos sectoriales.

El rol de esa oficina generó largas discusiones en las Leyes de Presupuestos de ese tiempo, porque, además, era muy difícil de identificar, era difuso el rol de coordinación con esta posibilidad de presionar indebidamente a los servicios públicos en el ejercicio de su rol evaluador. Además, no se fortalecía a estos entes evaluadores con más capacidades profesionales.

En las regiones se les conocía como los "hombres de negro", que llegaban allí y presionaban indebidamente para obtener estos permisos. Incluso, hoy somos testigos de la formalización de un exasesor del Ministerio del Interior en la Administración anterior, en un caso de tráfico de influencia, que ejerció presiones indebidas a directivos del Ministerio de Vivienda para que se dieran permisos sectoriales al proyecto Parque Capital del Grupo Patio en la región Metropolitana.

Por tanto, este nuevo diseño institucional debe profundizar en tener normas de probidad, en crear murallas que efectivamente sean un verdadero dique para que no se repitan estos casos de tráfico de influencias. Estas situaciones grafican lo complejo que es el diseño institucional de un sistema de permisos sectoriales que esté protegido ante los intentos de capturas y presiones indebidas de las grandes empresas o grupos empresariales, como puede ocurrir en este proceso.

Es complejo el diseño institucional de este sistema de permisos sectoriales. A mi juicio, se requiere un adecuado equilibrio entre la urgencia e importancia de la inversión privada y pública -porque nos importa volver a crecer al 4 por ciento en un escenario cercano- y el respeto a la normativa medioambiental que el país se ha dado a través de la ley Nº 19.300, a la autonomía y al reforzamiento de los servicios públicos que tienen competencias técnicas para dar los permisos sectoriales.

Me interesa también conocer las vías de fortalecimiento de los servicios públicos evaluadores, como la Dirección General de Aguas; como el sector de telecomunicaciones, donde se crea un órgano especial, ya que todo está centralizado en la Subsecretaría; en el Consejo de Monumentos Nacionales, que la prensa ha calificado como el cuello de botella de los permisos.

Un importante avance es la ventanilla única digital, que queda como la única puerta de entrada para presentar solicitudes de autorización e ingresar a declaraciones juradas o avisos. Esto va a permitir ver en tiempo real los avances en la tramitación. Me parece que esto debe destacarse.

A la vez, incluye un canal reservado de denuncias por irregularidades en la tramitación de los permisos. Esta plataforma también fue creada en la Administración anterior.

Como lo he sostenido, este nuevo sistema requiere un fino diseño institucional, por lo que para el trámite en particular se necesita un plazo prudente para presentar indicaciones. En mi opinión, no es razonable apurarse. No es la hora del apresuramiento, es la hora de darse los espacios para resolver las complejidades del diseño de este nuevo sistema y ver cómo se armoniza con otros proyectos de ley que se están tratando, como la modificación a la Ley de Evaluación Ambiental, la reforma al Consejo de Monumentos Nacionales.

Espero que se genere un ambiente que favorezca el diálogo para perfeccionar la actual normativa de los permisos sectoriales, porque se requiere que hagamos bien las cosas relativas a este proyecto de ley.

Señor Presidente , no puedo concluir mi intervención sin mencionar elementos que ojalá también estén en la reflexión del Ejecutivo. Uno se pregunta por qué hoy se demoran tanto los proyectos privados. ¡Pero los proyectos públicos, igual! Desde que tomamos la decisión de construir un hospital hasta que se concluye pasan catorce años, como promedio. En el Gobierno del Presidente Frei Montalva, desde que se adoptaba la decisión de construir una escuela hasta que ella se terminaba no pasaban más de cuatro años. Y no contábamos con la tecnología que existe hoy. Desde que se tomaba la decisión de hacer un gran puente, como el viaducto del Malleco, hasta que estaba finalizado transcurría un Gobierno. Hoy día pasan hasta tres Gobiernos para realizar una gran obra. No quiero ni pensar en lo que nos hemos demorado, por ejemplo, en el puente del canal de Chacao.

Por lo tanto, aquí el Ejecutivo también tiene que mirar qué debe hacer para acelerar la inversión pública.

Nuestro desafío, a donde nosotros queremos llegar, es a tener más crecimiento en el país. ¿Para qué? Para que ese mayor crecimiento se traduzca en mejores empleos, en mejores remuneraciones, en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, con respeto a las condiciones medioambientales, a las comunidades locales, teniendo a la vista el Convenio 169 que hemos suscrito en este Parlamento.

Por lo tanto, esto también requiere que el Ejecutivo tome acciones, de manera de colocar la mirada en el mayor crecimiento, y para eso es necesario también agilizar la inversión pública.

He dicho, señor Presidente.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Ojalá me pueda escuchar también el ministro de Economía .

(el ministro se encuentra conversando con la Mesa)

Anuncio mi voto favorable a este proyecto, que forma parte del fast track legislativo que acordamos con el Gobierno y las Mesas de ambas cámaras.

En primer lugar, quiero saludar el trabajo de la Comisión de Economía.

Espero que muy prontamente podamos votar en general y en particular este proyecto con todos los aportes que se puedan hacer.

Hoy día vemos la burocracia, la permisología. Aunque al Gobierno no le guste ese término, no voy a descansar de repetirlo, porque la verdad es que la permisología es la que tiene ahogada hoy día la inversión en nuestro país.

Lo decía el Presidente Eduardo Frei . Él recordaba cómo en su Gobierno Chile creció a tasas del 6, 7, 8 por ciento; lo mismo, en el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin . Y eso significó generación de empleo, reducir la pobreza de un 40 a un 10 por ciento.

Chile tiene que volver a crecer, y espero que con este proyecto de permisos sectoriales podamos apuntar en esa dirección.

Son muchos los proyectos de inversión que, aun cuando tienen resolución de calificación ambiental favorable, después enfrentan múltiples trabas. Los permisos sectoriales de Conaf, por ejemplo. Estoy pensando en el proyecto El Espino, en Illapel, que bien conoce el senador Gahona . Se realizó un gabinete económico del Gobierno del Presidente Boric precisamente de este proyecto, que está dando empleo, además, a mujeres de Illapel, de Canela, de Combarbalá. Este proyecto, habiendo recibido resolución de calificación ambiental favorable, después debe enfrentar múltiples permisos sectoriales.

¡Esto se demora años!

El proyecto en análisis simplifica los permisos sectoriales. Y va de la mano con otra iniciativa, que ha estado trabajando la Comisión de Medio Ambiente, que preside el senador de nuestra región de Coquimbo Sergio Gahona , que simplifica el proceso de evaluación ambiental. Entre otras cosas, elimina una instancia política: el Comité de Ministros.

Hoy hemos conocido cómo, por tercera vez, un Comité de Ministros, una instancia política -que se suprime en la reforma a que aludí-, se ha pronunciado en contra del proyecto Dominga , con lo que a mi juicio comete un desacato respecto de lo resuelto tres veces por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, en que nueve ministros distintos se habían pronunciado a favor de que el proyecto cumplía con la norma ambiental.

En nuestro ordenamiento jurídico, quienes resuelven las controversias en torno a si los proyectos de inversión cumplen o no con la norma ambiental, como lo recordaba el rector Carlos Peña días atrás, son precisamente los tribunales ambientales.

Yo espero que eliminemos las instancias políticas, que distorsionan finalmente la institucionalidad ambiental y que, como dijo el Presidente Eduardo Frei hoy día, podamos volver a crecer a tasas superiores al 2 por ciento en nuestro país.

Por eso, voto a favor del proyecto, Presidente .

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , qué duda cabe de que este proyecto, más la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que también se despachó en la Comisión de Vivienda del Senado, más el proyecto de permisología ambiental, que despacharemos el próximo martes en la Comisión de Medio Ambiente, constituyen un núcleo de iniciativas que van a dar certeza jurídica y generar, en definitiva, crecimiento económico, oportunidades de trabajo. Porque qué duda cabe de que la mejor medida proempleo es el pleno empleo; qué duda cabe de que dar certeza jurídica para el retorno a las inversiones es clave.

Se señalaba que cerca del 66 por ciento de las inversiones, por ejemplo, las family office en nuestro país, se radicaron fundamentalmente con inversión en el extranjero. Eso habla de una tendencia que se ha ido consolidando incluso con posterioridad a la crisis política que se vivió en 2019 y, por tanto, es un tema de preocupación.

En ese contexto, sostenemos que lo que hoy día ocurrió en el Comité de Ministros por supuesto que es un retroceso al esfuerzo que estamos tratando de hacer para que haya certeza jurídica, que exista la capacidad de entregar seguridades a las inversiones.

Por eso, estamos trabajando desde la Comisión del Medio Ambiente para eliminar el Comité de Ministros y así evitar que condicionantes más bien de carácter político se impongan a los criterios puramente técnicos, que son los que nosotros tenemos que mirar al momento de validar o no un proyecto.

Entonces, son tres proyectos que están en discusión, que esperamos que tengan espacio, pero esto debe ir acompañado del relato del Gobierno, porque no basta con decir que se quiere dar certezas jurídicas, que se quiere generar crecimiento económico y asegurar mejores oportunidades para Chile si, en definitiva, ocurren situaciones como la de hoy en el Comité de Ministros, que terminó rechazando un proyecto que técnicamente está validado, pero que políticamente no contaba con el beneplácito del Presidente , del segundo piso y de sus ministros de Estado.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Muchas gracias, senador Francisco Chahuán.

¿Habría acuerdo para que el proyecto vuelva a la comisión para un nuevo primer informe en general y en particular?

La señora EBENSPERGER.-

En general y en particular.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

¿Tenemos acuerdo?

Así se acuerda.

--El proyecto vuelve a la Comisión de Economía para un nuevo primer informe.

La señora EBENSPERGER.-

Retirada la urgencia.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Me dicen que el retiro de la urgencia viene en camino, así que ojalá alcancemos a informar de ella.