Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, correspondiente al boletín Nº 17286-05.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra, hasta el término de su tratamiento, fijado a las 17:00 horas.

Diputada informante de la Comisión de Hacienda es la señorita Gael Yeomans .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 114ª de la presente legislatura, en lunes 9 de diciembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita YEOMANS, doña Gael (de pie).-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra del Trabajo y Previsión Social, a las diputadas y diputados y a las trabajadoras y trabajadores presentes en las tribunas.

Honorable Sala, en nombre de la Comisión de Hacienda, en calidad de comisión técnica, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales.

Concurrieron en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel , quien estuvo acompañado de la directora de Presupuestos, señora Javiera Martínez . La comisión escuchó también las inquietudes y peticiones de las y los representantes de diversas asociaciones de funcionarios del sector público.

La idea fundamental de la iniciativa apunta a conceder un reajuste general de remuneraciones al sector público y un conjunto de otros beneficios, con el objeto de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la función pública y a promover un Estado empeñado en satisfacer de manera eficiente, eficaz y oportuna las necesidades de la ciudadanía.

La autoridad de Hacienda destacó que, en medio de un escenario económico menos complejo que hace un año, el gobierno y los representantes de los funcionarios públicos desarrollaron un nuevo proceso de diálogo y negociación, que logró finalmente construir un acuerdo, traducido en este proyecto de ley en trámite.

Se incluyen también en esta iniciativa diversos compromisos asumidos durante la discusión del presupuesto del sector público para 2025 y otras materias misceláneas.

De esa manera, la normativa en trámite propone un reajuste general del 3,0 por ciento, a contar del 1 de diciembre de 2024, para las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tanto imponibles como no imponibles, de los trabajadores del sector público.

Posteriormente, a contar del 1 de enero y en junio del 2025, se agregarán reajustes del 1,2 por ciento y del 0,64 por ciento, respectivamente, alcanzándose así un incremento final del 4,9 por ciento.

Similar aumento beneficiará a los directores, educadores de párvulos y asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos de educación parvularia, financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, vía transferencia de fondos traspasados a los servicios locales de educación pública o dependientes de municipalidades o corporaciones municipales. En este caso, el reajuste será de cargo de la respectiva entidad empleadora.

Asimismo, se otorgará el reajuste señalado a los asistentes de la educación pública regidos por la ley N° 21.109, que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública, siendo dicho reajuste de cargo de la entidad empleadora. La iniciativa legal detalla luego los montos diferenciados y los funcionarios de planta y a contrata beneficiados con los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias, los cuales pasarán a tener carácter permanente y no serán imponibles ni tributables.

Estos beneficios se otorgarán también a los trabajadores de las universidades estatales, a los funcionarios de sectores de la administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades, a los directores, educadores de párvulos y asistentes de la educación que se desempeñen en los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junji, vía transferencia de fondos traspasados a los servicios locales de educación pública o dependientes de municipalidades o corporaciones municipales, así como a los trabajadores de los establecimientos particulares de enseñanza subvencionados por el Estado y de establecimientos de educación técnico-profesional traspasados en administración. También a las instituciones reconocidas como colaboradoras del Servicio Nacional de Menores o de su continuador legal, que reciban las subvenciones, y a los funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial.

Estos aguinaldos serán de cargo fiscal en el caso de trabajadores de órganos y servicios centralizados, mientras que en el de los descentralizados serán financiados con recursos propios, sin perjuicio de percibir suplementos presupuestarios desde el Ministerio de Hacienda.

La norma en trámite concede luego un bono de escolaridad, que también adquiere carácter permanente, pagadero en cuotas semestrales por cada hijo entre los cuatro y veinticuatro años de edad, que sea carga familiar reconocida y se encuentre cursando estudios regulares en los niveles de enseñanza prebásica, básica, media, superior o especial. El monto de este beneficio asciende a 86.232 pesos, y adicionará una bonificación para los trabajadores cuya remuneración líquida sea inferior a 1.025.622 pesos.

El aporte anual a los servicios de bienestar se fija en 164.837 pesos, mientras que se concede también un bono de escolaridad y bonificación adicional a las universidades estatales, un bono de nivelación a personal auxiliar, administrativo y técnico, así como un bono de invierno de 81.257 pesos, pagadero en mayo de 2025. Además, se otorgarán aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad a los pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las cajas de previsión de las mutualidades de empleadores y a los pensionados del decreto N° 3.500, que señala.

La iniciativa incluye también un bono de vacaciones permanente, reajusta las planillas suplementarias de los funcionarios traspasados entre instituciones, y en el caso de los funcionarios que perciben asignación de zona eleva en 50.691 pesos la línea de corte para el otorgamiento de aguinaldos y bonos de esta ley.

Asimismo, dicta numerosas normas orientadas a beneficiar sectores particulares, como la modificación del componente variable del bono por desempeño laboral a los asistentes de la educación para 2024.

En el Servicio Médico Legal se incluye una asignación para profesionales de la ley N° 15.076, y se extiende para 2025 la asignación extraordinaria para funcionarios de menores remuneraciones de la Región de Atacama.

Por otra parte, se actualizan los valores del bono a los asistentes de la educación y se les concede una asignación por desempeño en condiciones difíciles. Mientras que se fija la remuneración mínima para los funcionarios no académicos, ni profesionales, ni directivos de las universidades estatales y se beneficia con un aporte fiscal a los trabajadores del sector público de menores remuneraciones.

La iniciativa postula un bono de acuerdo que llegará a los 208.400 pesos o 104.200 pesos, según el tramo de remuneraciones.

Asimismo, fija una remuneración bruta mínima para el personal de las categorías de técnicos de nivel superior, técnicos de salud, administrativos de salud y auxiliares de servicios de salud de la atención primaria.

Se prorroga, además, la facultad a los jefes superiores de servicios de las subsecretarías y de los servicios dependientes de los ministerios, a los rectores de las universidades y centros de formación técnica del Estado, a los gobernadores regionales y al director del Servicio Electoral para establecer trabajo remoto transitorio hasta un máximo del 20 por ciento de la dotación de sus respectivos servicios.

Se extiende de forma permanente la vigencia de las leyes de incentivo al retiro para personal de diversos servicios públicos. Se establece como límite máximo 75 años de edad para ejecutar labores y se agrega un bono para los funcionarios rezagados en su postulación al retiro.

Se adiciona luego un conjunto de regulaciones sectoriales que solucionan diversas situaciones particulares. De esa forma, se crea un cargo de embajador en la planta del Servicio Exterior para la sede diplomática en Arabia Saudita y se redistribuyen las plantas oficiales de penitenciarios, suboficiales y gendarmes.

Se otorga un bono mensual de cargo fiscal al personal de planta, a contrata y Código del Trabajo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como un bono mensual al personal de Carabineros que perciba gratificación especial de riesgo, operaciones especiales, fuerzas especiales y protección de autoridades. También se concede un bono de incentivo al retiro y un bono de complemento de pensiones a los trabajadores del Programa Inversión en la Comunidad y del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal en las localidades que se determinen.

Se renueva la excepcionalidad que consideraba como pequeños productores agrícolas a quienes superaron el límite de activos de 3.500 Unidades de Fomento, establecido en el artículo 13 de la ley N° 18.910, como consecuencia del proceso de revalúo de bienes agrícolas de 2020 y 2024.

Se adicionan normas para funcionarios del Indespa, de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, del Tribunal de Contratación Pública, de la Subsecretaría de Hacienda, de la Defensoría del Contribuyente de Servicios Impuestos Internos, el personal de enlace y ayudantes técnicos a las elecciones municipales y regionales que se realizaron el 26 y 27 de octubre de 2024, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Agencia de Calidad de la Educación y otros tantos servicios públicos en materias particulares.

En lo relativo al impacto fiscal del proyecto, el informe financiero de la Dipres detalla la cantidad de beneficios estimados y los costos derivados de cada uno de los beneficios otorgados en el proyecto. En términos globales, el reajuste de remuneraciones alcanzará a 930.918 funcionarios, mientras que los beneficios al sector pasivo llegarán a 1.833.234 personas.

En términos consolidados, el presente proyecto irrogará desembolsos fiscales por 357.182 millones de pesos en 2024, y 2.017 billones en 2025, con 1.893 billones en régimen.

En materia de financiamiento, el proyecto indica que este mayor gasto se imputará a los recursos autorizados en el subtítulo 21 de los respectivos presupuestos, con reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gasto, con excepción del servicio de la deuda. En lo que faltare, se financiará con transferencias del Tesoro Público.

La Comisión realizó numerosas consultas a las autoridades presentes, motivadas en las exigencias declaradas por los dirigentes gremiales asistentes a la sesión, todas las cuales fueron respondidas por la directora de Presupuestos, quien comprometió nuevas instancias de estudio y trabajo participativo con los funcionarios a ejecutarse durante 2025, en particular en enero.

Finalmente, tras aprobar la idea de legislar con 12 votos a favor y uno en contra, se efectuaron las votaciones en particular, oportunidad en que la Comisión rechazó el artículo 54, cuyo texto dispone que los propietarios de los bosques que tengan especies catalogadas en las categorías de casi amenazadas, datos insuficientes y preocupación menor, podrán presentar planes de manejo para su intervención, que se regirán por las normas de la ley N° 20.283, vigente al 5 de septiembre de 2023.

Asimismo, se establece la aplicación de esta misma norma legal para los proyectos ingresados o que se encuentren en evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental entre el 6 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

El resto de las disposiciones del proyecto resultaron todas aprobadas sin modificaciones y por mayoría de votos, en la forma en que indica en el informe respectivo.

Participaron en la discusión y votación del proyecto de ley los diputados y diputadas Boris Barrera Moreno , Carlos Bianchi Chelech , Ricardo Cifuentes Lillo , Felipe Donoso Castro , Miguel Mellado Suazo , Jaime Naranjo Ortiz , Camila Rojas Valderrama , Agustín Romero Leiva , Jaime Sáez Quiroz , Frank Sauerbaum Muñoz , Alexis Sepúlveda Soto , Gastón von Mühlenbrock Zamora y esta diputada informante, Gael Yeomans Araya .

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a su honorable Sala aprobar la iniciativa de ley informada en los términos expuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Saludo con especial afecto y atención a la Confederación Nacional de Funcionarios Asistentes de la Educación de Chile (Confemuch), en especial a los dirigentes Arturo , Hilda , María Isabel y Alejandra Aguilar , de Puerto Montt, quienes han sido invitados por el diputado Alejandro Bernales .

También queremos saludar, de manera especial, a Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) de la Región del Biobío.

Sean todos bienvenidos a la Cámara de Diputados.

-Aplausos

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Javiera Morales .

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señor Presidente, felicito al ministro y destaco el esfuerzo del gobierno por lograr este reajuste, que vamos a aprobar con muchas ganas, dado que viene con un acuerdo de la mesa del sector público, lo que le hace bien a nuestro país.

Sin embargo, me gustaría referirme a un pequeño punto de todo el proyecto de ley, que atañe a Magallanes. En Magallanes hay casi 2.000 personas, según los últimos catastros, que han sufrido un daño patrimonial muy injusto en los últimos 50 años, cuyo causante fue la dictadura.

¿Por qué? Porque desde 1958, muchas de estas personas empezaron a cotizar un 4 por ciento adicional cada mes para lograr un beneficio adicional. Una ley de la época permitió y los incentivó a cotizar más y así recibir mejores condiciones al momento de pensionarse. Sin embargo, el año 1977, la dictadura derogó esta ley y les quitó todos esos beneficios.

Es un dolor de la comunidad magallánica que se ha llevado por más de 50 años, pero el Presidente Gabriel Boric , quien asumió este compromiso, y su ministro Marcel , en su visita a Magallanes, tomaron la posta y dijeron que presentarían una solución.

Es poca la gente afectada e involucra poca plata. Nuestra región no es una región populosa, pero para estas personas es algo muy importante y representa una lucha de más de 50 años.

El Ministerio de Hacienda presenta una propuesta que, sin embargo, se restringe a todos aquellos que hayan cotizado más de seis años. Lamentablemente, la gente que cotizó menos de seis años no lo hizo así por su voluntad, sino porque no pudieron seguir cotizando.

Por esa razón, he solicitado al Ministerio de Hacienda que reevalúe, que calcule cómo sería otorgar un beneficio a la mitad de estas 2.000 personas que se quedarían fuera si se aprueba la ley tal como está.

Además, quiero decir que el universo que calculó el Ministerio de Hacienda, según el informe financiero, corresponde a 1.800 personas, y según entendemos en la región y gracias al trabajo que hicieron las distintas Seremis, ese es el total de beneficiarios.

Probablemente es un cálculo que hay que reajustar y con la misma plata se puede dejar a toda esta gente contenta y reparada de este daño que les hizo el Estado chileno hace tantas décadas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, quiero felicitar al ministro, a su equipo y a la subsecretaria de Hacienda por el trabajo realizado en conjunto con las distintas organizaciones del sector público.

Evidentemente, aquí hay un acuerdo. En primer lugar, debo reconocer que el 4,9 por ciento de reajuste, sin duda, significa la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público.

En segundo lugar, me parece muy relevante también la vigencia permanente de las leyes relativas al incentivo al retiro, como asimismo la permanencia de los bonos de Navidad, fiestas patrias, escolaridad y de vacaciones, un avance muy importante para los trabajadores y funcionarios del sector público.

Asimismo, debo reconocer que, el día de ayer, el ministro de Hacienda señaló en la

Comisión de Trabajo y Seguridad Social que se van a emitir circulares relativas a las no renovaciones de las contratas de este año y, al mismo tiempo, algo muy relevante que dice relación con la posibilidad de establecer una suerte de nueva institucionalidad relativa a tribunales contencioso-administrativos que resuelvan los conflictos laborales del sector público.

Es muy importante avanzar en esa materia y el ministro se comprometió a que en el mes de marzo se ingresaría una iniciativa en dicho sentido.

Al mismo tiempo, tengo que señalar con mucha fuerza que, tal como aprobamos ayer, en primer trámite, en la Comisión de Educación, lo relativo a la deuda histórica de los trabajadores de la educación, fundamentalmente los docentes -una deuda importante de pagar y que ha reconocido y recogido este gobierno-, también existe una deuda adicional respecto de los trabajadores del sector público de la isla Grande del archipiélago de Chiloé.

Esto lo hemos venido trabajando en conjunto con los trabajadores de la salud, con los trabajadores VTF, con los asistentes de la educación y, en general, con todos los trabajadores públicos de la isla Grande de Chiloé, a los cuales todavía no se les reconoce la homologación de zonas extremas. Es una gran demanda, aún no satisfecha por parte del Estado.

Es de esperar que con el ministro de Hacienda podamos avanzar en esta materia, estableciendo una mesa de trabajo, tal como me lo ha comprometido verbalmente en el día de ayer, para así avanzar en esta larga y anhelada demanda por parte de los trabajadores del sector público de nuestro hermoso archipiélago de Chiloé.

Por último, quiero hacer una mención respecto de los trabajadores de la Junji. Ellos, a través del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), pierden una parte importante de los incentivos. Solamente llega a un 22 por ciento, no al 30 por ciento como a otros servicios públicos, lo que lisa y llanamente significa que están perdiendo al menos un sueldo al año y, por tanto, se produce una injusticia respecto de todos los trabajadores de la Junji a lo largo de nuestro país.

Esa es una demanda muy sentida y, por eso, llamamos al Ejecutivo a tomar este tema en serio y avanzar en una pronta solución para estos trabajadores de la Junji a lo largo de nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley de reajuste, pero la verdad es que es una iniciativa de ley miscelánea.

En cuanto al reajuste, está cercano al IPC; por lo tanto, no se pierde mucho la capacidad adquisitiva de los funcionarios públicos. Pero hay una serie de normas que hay que revisar un poco más.

Hay dos normas que llaman la atención, que modifican la ley de presupuestos, que aún no ha sido promulgada, y hay una norma que produce especial preocupación, porque baja el requisito para el ingreso a estudiar pedagogía.

Esto no aporta a mejorar la calidad de la educación de los niños. No puede ser que lo estemos postergando y postergando y postergando y no mejoremos la calidad de la educación. La calidad de la educación en Chile va a la baja, y tenemos que mejorarla.

Si algunos centros universitarios creen que van a perder cupos por esta norma, mejoren sus condiciones, porque los que van a perder cupos son los centros universitarios más malos. Esa es una regla de la vida.

Por otra parte, hay normas muy positivas, que nos gustaría que hubieran ido, incluso, más allá. Carabineros recibirá un bono trimestral. Lamentablemente este bono trimestral no va a ser igual al de todos los empleados públicos. Llegará hasta un sueldo al año para los funcionarios de Carabineros que tengan asignación de riesgo.

Tenemos que avanzar aún más. Por eso, hemos pedido al Ministerio de Hacienda que analicemos la situación, por ejemplo, de la Policía de Investigaciones y también la situación de las viudas y los hijos de carabineros.

En cuanto a lo primero, agradecemos el avance en la petición constante de la UDI en mejorar la condición de Carabineros en cuanto al bono trimestral. También hemos adquirido un compromiso para que las viudas y sus hijos tengan una mejor condición, una condición segura. Hoy día depende del Presidente de la República si se les da una pensión de gracia o no. Eso no puede ser una decisión política que se ve caso a caso. Tenemos que mejorarlo y esperemos avanzar en las leyes misceláneas próximas sobre este tema.

La Policía de Investigaciones tampoco queda dentro de este bono trimestral, pero consideramos que, a la misma razón, debe haber la misma disposición. El Ejecutivo se ha comprometido a analizar la situación y ver cómo avanzar en la norma de grados de la Policía de Investigaciones que entrará próximamente al Congreso Nacional.

Votaremos a favor en general esta norma, salvo estas tres votaciones separadas que ya he anunciado.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en Chile, al 24 de agosto del 2023, había nueve millones de personas ocupadas. De ellas, seis millones quinientas mil y fracción eran personas ocupadas formales, y, de esa cantidad, un millón eran empleados públicos.

La pregunta que uno se hace en relación con el tema del reajuste no es solamente si es justo devolver el poder de compra a los funcionarios públicos, lo que me parece que es correcto, sino cuántos de esos funcionarios públicos a los cuales les vamos a reajustar ahora el sueldo debiesen ser funcionarios públicos o debiesen seguir trabajando en el Estado. Desde 2012 o 2013, prácticamente hemos duplicado la cantidad de funcionarios que están trabajando para el Estado, y, si no me equivoco, en los mismos diez años el presupuesto de la nación ha aumentado en casi 27.000 millones de dólares. Sin embargo, no veo mejor salud, no veo mejor educación, no veo mayor seguridad, no veo mejor defensa. Entonces, en alguna parte se están perdiendo esos 27.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Quizá sea en esos cientos de miles de funcionarios que han sido contratados y que han engrosado las filas del Estado sin que con eso se haya notado de alguna manera una mejora en la gestión o en los servicios que se entregan a los ciudadanos.

Reitero: hablamos de 27.000 millones de dólares. Eso equivale a cinco o seis reformas tributarias, a recursos que se están gastando más hoy que lo que se gastaban hace diez años, mientras la gente en listas de espera se nos muere de a decenas de miles esperando ser atendidas y miles de personas son asesinadas en las calles de nuestras ciudades, que no parecen chilenas, sino sirias, de un país en guerra.

Entonces, sí, me parece necesaria una ley de reajuste, pero el sector público también debiese reajustarse a sí mismo en número y calidad de funcionarios que están trabajando en este.

¿Cuándo vamos a ver algo así? ¿Cuándo vamos a ver que el ministro de Hacienda, en vez de pedir a la ciudadanía que se apriete el cinturón con más impuestos y con más contribuciones, empiece a apretar el cinturón a los funcionarios que están trabajando en el Estado, pero que no están haciendo un aporte? Porque hay funcionarios públicos que, efectivamente, son un aporte. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Me imagino que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque son votos. Pero el ciudadano que está pagando la cuenta no está muy contento con lo que está sucediendo.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Llamo al orden a las tribunas. Esta es una casa democrática, donde se expresan opiniones políticas distintas y se pide escuchar con atención.

Asimismo, quiero recordarles a los diputados y diputadas que cuando se refieran a algún ministro que está presente, lo hagan a través de la Mesa.

Tiene la palabra el diputado Mauro González .

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señor Presidente, en este debate, sobre el reajuste del sector público, quiero ocupar mis minutos para referirme a dos temas en particular.

Primero, a los asistentes de la educación, que cumplen un rol fundamental en la colaboración directa del personal docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aprovecho de saludar con mucho cariño a la Confemuch, confederación con la cual trabajamos en la Región de Los Lagos. Agradezco el cariño de sus representantes, su respeto y también la atención para con este parlamentario.

En este contexto, sin lugar a dudas, ellos llevan mucho tiempo gestionando y luchando respecto del pago de su asignación de zona. Se han hecho varias gestiones con altas autoridades, pero al día de hoy no tenemos nada concreto que nos ilusione que esto se va a pagar. Simplemente, la deuda sigue creciendo. Es fundamental que este retraso ya pare, porque está generando una preocupación en los trabajadores del sector, por cuanto estiman que se está limitando el acceso a un beneficio que sería de gran utilidad, especialmente desde el punto de vista laboral, en zonas con un alto costo de la vida.

Por eso, el pago de asignación de zona para los asistentes no es un favor, sino un derecho que, con creces, demuestran diariamente que merecen.

Por otra parte, es importante atender lo que está pasando con los trabajadores del sector público en Chiloé, que buscan la homologación del bono de zona extrema con Palena. Me refiero a la salud primaria, a los asistentes de la educación, a los funcionarios municipales, a las trabajadoras de jardines infantiles VTF, con quienes hemos estado dialogando y colaborando para que esto pueda avanzar. Chiloé es un archipiélago con una alta tasa de ruralidad, con zonas de difícil acceso y condiciones climáticas muy adversas, factores que justifican el requerimiento de esos funcionarios.

Por eso, hoy discutimos sobre el monto del reajuste, pero no podemos olvidar que los trabajadores del sector público requieren respuestas concretas.

Muchas veces se hacen grandes anuncios que solamente terminan en eso, en anuncios, pero no se materializa nada y simplemente se juega con la expectativa o la ilusión no solamente de trabajadoras y trabajadores del sector público, sino también de las familias que están detrás de ellos.

Por ello, el pago de la asignación de zona para los asistentes se debe convertir en una realidad. En necesario terminar con los grandes anuncios y pasar a cosas concretas.

La homologación del beneficio de zonas extremas en Chiloé y Palena también se debe transformar en una realidad.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros y a los subsecretarios que nos acompañan.

Quiero celebrar este acuerdo conseguido no solo porque es un buen acuerdo, que se traducirá en un aumento total de 4,9 por ciento en los salarios de los trabajadores del sector público, que comienza a aplicarse desde el primer día de diciembre, con un aumento del 3 por ciento, sino también porque reconoce la importancia de los trabajadores del sector público, responsables de prestar servicios esenciales que repercuten directamente en la vida de todas y todos.

Este proceso de negociación logró grandes acuerdos y avances en materias estructurales, como el incentivo al retiro, en tanto garantía de trabajo decente y seguridad social.

Cuando hablamos de trabajadores del sector público, estamos hablando de policías, profesoras y profesores, parvularias, enfermeros y enfermeras, TENS, funcionarios de este Congreso, funcionarios del gobierno central, y un largo etcétera. Ellos son los que permiten que los servicios de este país funcionen.

Quiero hacer presente que este acuerdo es el tercero que se ha conseguido con la Mesa del Sector Público durante la administración de este gobierno, y, a diferencia de otros proyectos de reajuste presentados en administraciones anteriores, este proyecto es concordado con las trabajadoras y los trabajadores, quienes hicieron valer sus demandas para conseguir un acuerdo que reconoce finalmente su dignidad.

Este proyecto significa un reajuste real para los funcionarios, después de seis largos años en que esto no había ocurrido, lo que da cuenta de que cuando hay voluntad, reflexión y convicción en torno a las condiciones de vida de los trabajadores se tiene que avanzar y podemos trabajar en conjunto.

Llamo a mis colegas de la Cámara de Diputadas y Diputados a dar una contundente señal y aprobar con un gran respaldo el fruto de este trabajo, que además se hace cargo del costo de la vida al representar un aumento en las remuneraciones por sobre el IPC, logrando pisos comunes para los trabajadores y estableciendo un protocolo que contiene beneficios que trascienden lo económico.

Con este acuerdo se establecen reajustes para rentas mínimas y un bono mensual para rentas bajas, aguinaldos de Navidad y de fiestas patrias de manera permanente; bonos de escolaridad y de vacaciones, también de forma permanente, y se otorgará un bono especial por término de negociación.

Respecto del incentivo al retiro, se extiende de forma indefinida la vigencia de las leyes relacionadas, quedando como permanentes. Tremendo logro.

Además, se abrirá un período de postulación especial para el 2026 para quienes tengan entre 65 y 75 años de edad, conservando la totalidad de los beneficios correspondientes.

Se dará un plazo extraordinario para que las personas con licencias extendidas se puedan acoger a los incentivos al retiro, y existirá un procedimiento abreviado permanente para personas que padezcan de enfermedades terminales y graves, demanda tan largamente anhelada.

Por último, quiero destacar el esfuerzo de los funcionarios para conseguir un acuerdo a fin de establecer futuras mesas de trabajo que se enfoquen en tratar condiciones laborales, salud mental, seguridad funcionaria, teletrabajo y reducción de la jornada laboral, y presentar incentivos para avanzar en la reducción de la jornada laboral de los funcionarios públicos. Porque cuando las organizaciones están presentes y son escuchadas ganan no solo los trabajadores, sino el país entero.

El acuerdo logrado es fruto de este arduo trabajo, invisible a veces, pero sostenido en el tiempo.

Pido a este Congreso aprobar de forma transversal este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto del Reglamento, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, no tenemos quorum para sesionar. Por lo tanto, pido que suspenda la sesión y que comiencen a sonar los timbres.

Gracias.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Hecha la petición reglamentaria, se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, el Congreso Nacional a fin de año se ve enfrentado a dos eventos de enorme trascendencia; por un lado, abordar el presupuesto de la nación para el año siguiente y, por otro, discutir el reajuste de los salarios de los funcionarios públicos.

¿Por qué menciono aquello? Porque mientras vemos un escenario internacional donde en muchos países se disminuye el gasto público, se despiden trabajadores y se bajan sus remuneraciones, en nuestro país, a pesar de las dificultades que tenemos, estamos aprobando un reajuste de salarios para los funcionarios públicos que no solo les permite recuperar el poder adquisitivo, sino que también aumentar sus ingresos reales.

Cuando aprobamos el presupuesto de la nación, lo hicimos en un espíritu de contribuir a que hubiera más crecimiento, más inversión, más recursos para seguridad y ayudas sociales. Y todo aquello se logró, a pesar de las dificultades que vivimos. Vemos que nuestro país es capaz de enfrentar estos desafíos con responsabilidad y seriedad.

Por eso, el paso que estamos dando hoy día, así como lo hicimos con el presupuesto de la nación, que aumentó de manera importante para enfrentar los problemas que tiene el país, nos permite mejorar las remuneraciones de los funcionarios públicos y, en paralelo, permitir que otros derechos y beneficios que tienen los trabajadores del sector público se puedan extender y ampliar.

Por lo tanto, me parece necesario recalcar aquello, mientras otros hacen diagnósticos pesimistas sobre la economía de nuestro país y anuncian situaciones catastróficas que nos pudieran ocurrir. Debido a la seriedad y responsabilidad con que se manejan las arcas fiscales y los recursos del Estado, podemos mejorar el presupuesto de la nación y ahora dar un paso importante que los propios trabajadores del sector público valoran y reconocen, porque no van a perder su poder adquisitivo y además van a tener un aumento real en sus ingresos.

Valoro que hoy la Sala de la Cámara de Diputados apruebe este reajuste porque de esa manera estamos respondiendo a las demandas, necesidades y requerimientos que nos plantean los funcionarios públicos.

He dicho.

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Saludamos al secretario de la CUT provincial y coordinador de la Mesa del Sector Público de Chiloé, señor Luis Miranda , quien está junto con representantes y asistentes de la Educación y VTF de Chiloé, invitados por el diputado Fernando Bórquez .

¡Bienvenidos y bienvenidas!

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, primero que todo, saludo a nuestros invitados, a las y a los representantes de los trabajadores del sector público que hoy nos acompañan.

Quisiera reforzar un punto en la discusión de este importante proyecto. Me refiero a la relación con los trabajadores públicos de Chiloé y la homologación del bono de zonas extremas con la provincia de Palena, que estamos pidiendo hace bastante tiempo. Es un tema que ha sido parte de un compromiso de trabajo y que apunta a la equidad en los derechos laborales de las personas.

Lamentablemente, está ocurriendo lo mismo que pasa con los profesores, esto es, se está generando una deuda histórica con los trabajadores públicos de la provincia de Chiloé. Una deuda que clama por ser saldada en un breve plazo.

En particular, quiero poner de manifiesto la necesidad de homologar, como he dicho, este bono de zonas extremas que actualmente reciben los funcionarios públicos de Palena. Esta homologación no es solo un acto administrativo, es un reconocimiento a la labor incansable que realizan los trabajadores de la salud primaria, los funcionarios municipales, los asistentes de la educación y los trabajadores de jardines infantiles, quienes desde sus puestos de trabajo contribuyen a la educación y bienestar de nuestra comunidad.

Los trabajadores ya se han reunido varias veces, no solo con el actual ministro, sino que con otros ministros también, pero ya es momento de que este gobierno asuma la responsabilidad de esta deuda que se tiene con estos profesionales. Los trabajadores están cansados de promesas vacías, al igual que nosotros; por lo que requerimos compromisos reales, tangibles, que garanticen el respeto y la valoración de su trabajo. Es fundamental avanzar en este trámite y saldar esta deuda, porque hasta ahora solo ha habido promesas vacías con los trabajadores de Chiloé.

Debemos trabajar todos juntos para lograr este cambio. El ministro se ha dado cuenta de que esta situación no solo la estoy denunciando yo, sino que se ha sumado el diputado González , el diputado Ulloa y, probablemente, el diputado Bórquez también lo vaya a hacer.

Por lo tanto, espero que se trabaje en conjunto con todos los parlamentarios que somos de la región y que nos hemos manifestado a favor de apoyar a los trabajadores en esta sentida demanda que han realizado.

Por ello, vamos a insistir en que esta deuda histórica que se está generando con estos trabajadores sea pagada lo antes posible.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, en este país, lamentablemente, hay trabajadores de primera y de segunda categoría. De primera, podríamos decir, están los trabajadores a contrata y los de planta del sector público, y, de segunda, todos los trabajadores del sector privado.

El funcionario público ha recibido en los últimos años todos los reajustes, a pesar de la crisis económica en que nos tiene este gobierno. Los trabajadores del sector privado han sufrido, al mismo tiempo, una precarización de su economía como no se veía hace años. Seguir profundizando estas diferencias entre chilenos es absolutamente insensible, y esa es la primera reflexión que debiésemos hacernos respecto de estas leyes de reajuste para los trabajadores del sector público.

Que se les den todos los beneficios, todos los privilegios en un momento de tremenda crisis en nuestro país a unos trabajadores, mientras otros están pasando todas las penurias de la crisis no es correcto. A los trabajadores del sector privado no solo no se les han hecho reajustes en sus sueldos, sino que han perdido su trabajo; hay muchos chilenos que llevan meses buscando trabajo y no tienen el beneficio de que, año a año, se les reajuste su sueldo para contrarrestar la pérdida de valor del peso chileno producto de la pésima gestión económica de este gobierno.

También, hay que decirlo, hay trabajadores de tercera categoría, que son los trabajadores a honorarios del sector público, porque el Estado cuando quiere puede también ser un pésimo empleador. Claro, para estos reajustes hay algunos que reciben todos los beneficios, pero hay otros dentro del Estado que no reciben ninguno. Entonces, no estamos profundizando solo en las diferencias entre los del sector privado y los del Estado, sino incluso entre trabajadores del propio Estado.

Como dijo hace algún tiempo el Presidente argentino, Javier Milei , les tengo una mala noticia, no hay plata. Y esto no es algo que lo diga yo, lo ha dicho el propio ministro de Hacienda y lo ha dicho toda la izquierda, de tanto en tanto, cuando siguen llorando por su reforma tributaria, una reforma tributaria que consiste, básicamente, en subirle impuestos a los chilenos, y que nosotros, los republicanos, no vamos a aprobar ni en un millón de años, porque quieren seguir metiéndole la mano en el bolsillo a todas las personas para darse la fiesta en el Estado, mientras la gran mayoría de los chilenos lo están pasando mal.

Por eso, desde el Partido Republicano, tenemos la convicción que el gasto estatal debe focalizarse, debe ponerse la plata donde hace falta y no tirarla a la chuña, como lo hace este gobierno. Este gobierno está endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos por darse la farra hoy día, y eso es imperdonable.

La plata debe ponerse en las urgencias sociales; en salud, en recuperar el control de nuestras fronteras, en seguridad, en educación, no en subirles el sueldo a tantos trabajadores estatales que, por decirlo delicadamente, no tienen una descripción del cargo muy clara.

Los republicanos votaremos en contra de todo el gasto irresponsable y a favor de todo lo que sea necesario.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, por su intermedio envío un cariñoso saludo a los dirigentes de los distintos servicios públicos que hoy nos acompañan.

Tengo sentimientos encontrados, porque, por un lado, se llega a un gran acuerdo entre nuestros dirigentes y el gobierno, pero, por otro, el Estado de Chile sigue teniendo una tremenda deuda con la Región de Ñuble.

Una de mis facultades es, precisamente, representarla. Por eso debo decir que continúa la deuda por falta de dotación de personal. Si bien los trabajadores de Ñuble van a recibir el beneficio, están reventados. Es una región que ya cumplió seis años, pero sigue esperando que el Estado de Chile se haga presente.

Hemos visto la ejecución presupuestaria en cada uno de los ministerios, la cual es baja precisamente porque faltan manos y funcionarios que puedan trabajar y responder a las necesidades de cada uno de los habitantes de la región. El gobierno se ha comprometido en incrementar la dotación, pero seguimos esperando. La discusión para resolver este conflicto no se ha podido concretar.

Por eso, esto por un lado me genera alegría, pero por otro, si pensamos en los trabajadores de mi región, creo que faltan esfuerzos adicionales. No es posible que en otras regiones que ya se crearon, la instalación haya demorado cuatro años, y que en Ñuble llevemos seis años y todavía no haya avances al respecto.

Por otro lado, también está el caso de los trabajadores de los Prodesal, de los PDTI y de los Padis, que por tantos años han luchado para que se les considere como parte de los trabajadores públicos.

También, como mencionó un diputado, respecto de las viudas de Carabineros, existe una idea que se votó en la Cámara, cual es crear el estatus jurídico de mártir, para que no dependa del general director de Carabineros resolver esa materia en caso de que un funcionario, lamentablemente, fallezca en acto de servicio. La idea es que sea el mismo Presidente de la República quien genere esa iniciativa, para colaborar con las viudas de Carabineros.

Hay tantas cosas que podemos mejorar, pero, sin duda, creo que la palabra de cada uno de los diputados presentes puede robustecer mucho más el debate. Por mi parte esa es mi voluntad.

Voy a aprobar el proyecto, porque creo que los trabajadores lo merecen. Siempre trabajaremos en la línea de responder a las necesidades de nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, por su intermedio felicito a los dirigentes de la ANEF y a las demás organizaciones que hacen su trabajo durante el año para llegar a este momento. Sin embargo, les pido que no dejen a nadie fuera, porque este año la Tesorería fue excluida de esta negociación, a pesar de que esos funcionarios públicos también son importantes.

El 3 por ciento que se va a pagar en diciembre, el 1,2 por ciento en enero y el 0,6 por ciento en febrero es menor al 7,5 por ciento que pedían al inicio. De acuerdo con las finanzas públicas que maneja el ministro, la verdad es que está bien estrecha la caja, y creo que eso es un tema razonable.

Sin embargo, hay varios temas que me llaman la atención. Algunos bonos son para siempre, excepto el bono para Carabineros, que solamente es para el año 2025. Este será de 10 por ciento del sueldo para quienes perciban asignaciones de riesgo y de 2,5 por ciento del sueldo para quienes perciban asignaciones de operaciones especiales y de fuerzas especiales.

Me parece que hay que dejar claro un tema: este es un anuncio presidencial y hay que cumplirlo para siempre, no solo durante 2025. También está el tema de las viudas de Carabineros, que mencionó otro diputado. Hay que estar pendientes de ellas.

Asimismo, como mencioné, con la Tesorería en paro, esperamos que el protocolo del que se habló en la Comisión de Hacienda se haga carne y se cumplan los que se firmaron en 2022, de manera que los funcionarios de esa repartición depongan el paro.

Respecto del teletrabajo, es importante decir las cosas de frente: creo que ese 20 por ciento de funcionarios no puede ser nombrado a dedo por el jefe. Tratamos de introducir una indicación de una diputada que buscaba establecer una justificación de por qué se elegía a determinada persona y no a otra, pero no se contó con los votos suficientes. Efectivamente, hay personas que no están en su lugar de trabajo, sino que veraneando en alguna parte en lugar de hacer teletrabajo. Esa conducta está cargándole la mata a las personas que verdaderamente trabajan.

Por último, los funcionarios públicos, tanto municipales como del MOP, del Serviu y de Salud que trabajan en terreno en los sectores rurales de La Araucanía necesitan un seguro. A veces, su vida corre peligro y deben salvaguardar a sus familias.

Por último, pido a los funcionarios públicos que denuncien a aquellos operadores políticos que solo van a cobrar su sueldo sin merecerlo o que están trabajando en otros lugares y van a cubrir…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado Mellado . Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros señores Mario Marcel , Esteban Valenzuela y Álvaro Elizalde , y a la señora subsecretaria.

Hoy nos encontramos discutiendo un proyecto de ley que busca reajustar los salarios del sector público a partir del 1 de diciembre de 2024, de forma retroactiva, con incrementos adicionales durante 2025. Esa medida es necesaria para asegurar que los trabajadores del sector público mantengan su poder adquisitivo en un contexto económico cambiante. Sin embargo, es fundamental que al abordar este reajuste no olvidemos las necesidades específicas de los trabajadores públicos, especialmente en el archipiélago de Chiloé.

Existe una deuda histórica en cuanto a la no homologación del bono de zonas extremas en Palena para nuestros trabajadores de la salud primaria, funcionarios municipales, asistentes de la educación y trabajadoras de jardines infantiles bajo la modalidad vía transferencia de fondos (VTF). Hemos transmitido esa preocupación al Ministerio de Hacienda y al ministro Marcel . Es imperativo que ello se resuelva. No podemos seguir postergando a quienes son fundamentales para el funcionamiento de nuestras comunidades, especialmente en un archipiélago de cuarenta islas habitadas, como es Chiloé. La desigualdad en la asignación de estos bonos es una injusticia que debe corregirse.

Apreciamos los aguinaldos de Navidad aprobados en la comisión, que representan un apoyo importante para muchos trabajadores. Si bien esos aguinaldos son bienvenidos, no deben desviar nuestra atención de las necesidades de abordar las desigualdades estructurales.

Por lo tanto, insto al Ejecutivo, especialmente al ministro Marcel , para que de manera concreta y efectiva, antes de que finalice el trámite del proyecto de ley, resuelva la situación de los funcionarios públicos de Chiloé. No podemos aprobar el proyecto sin garantizar un trato equitativo y justo para todos nuestros trabajadores.

En conclusión, apoyo el proyecto de ley de reajuste, pero subrayo la importancia de que el Ejecutivo establezca compromisos reales y tangibles, especialmente con la firma del ministro Marcel , para cumplir con los trabajadores públicos de Chiloé.

Es hora de actuar con justicia y equidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Cuello .

El señor CUELLO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo muy fraternalmente a los trabajadores y trabajadoras del sector público presentes en la tribuna; a los dirigentes de la mesa del sector público y, también, por supuesto, a los ministros y a la subsecretaria.

Saludo y valoro el acuerdo entre el gobierno y trabajadores, porque expresa la voluntad común de mejorar las condiciones de los funcionarios y funcionarias públicos.

Los acuerdos comprendidos en este proyecto de ley son avances importantes. Hay que recordar que en los primeros años de este gobierno la alta inflación mermó el poder adquisitivo de los trabajadores. Por lo tanto, este reajuste general, que va por encima de la inflación, constituye un aumento real en los salarios y avanza en la protección del ingreso y la dignidad del empleo público.

Hay otros avances que también son relevantes, como, por ejemplo, la permanencia de los incentivos al retiro. Lo mismo ocurre con los aguinaldos y los bonos que se entregarán en forma anual y permanente, asegurando que los pagos se realicen en forma puntual.

Si uno ve con perspectiva esta negociación del reajuste del sector público que se hace año a año, constata que en la práctica es una negociación ramal que no emana de la ley, sino que es fruto del alto grado de organización de los funcionarios públicos. Este es un ejemplo de lo beneficioso y positivo que resulta la negociación ramal o multinivel, puesto que permite mayores avances en las condiciones laborales de los trabajadores y, al mismo tiempo, da certezas y estabilidad.

Uno de los problemas que marcó este proceso fue, sin duda, el dictamen de la Contraloría respecto de la confianza legítima, que nosotros hemos denunciado que afecta y precariza la función pública, que afecta y golpea la estabilidad laboral de los funcionarios a contrata.

Este acuerdo avanza en algunos puntos relevantes en la materia. Por lo pronto, se ha acordado y se ha obligado al gobierno a emitir un instructivo para revisar los casos de los trabajadores a contrata cuyos contratos no han sido renovados durante este año. Pero también hay un compromiso de crear tribunales especializados que, al mismo tiempo, puedan proyectar soluciones que sean más certeras y duraderas. Lo mismo ocurre con la promesa de analizar el régimen de empleo público. Sin embargo, a mi juicio, queda como desafío establecer normas permanentes que den certeza y estabilidad a los trabajadores a contrata para los años siguientes.

¿Qué va a pasar el siguiente año? ¿Viene otro instructivo? Eso hay que debatirlo o discutirlo. Por eso, hoy vamos a reafirmar nuestro compromiso para avanzar en el proyecto de ley de confianza legítima. No vamos a dejar pasar esta oportunidad para que abramos un camino que clausure la angustia y la precariedad que viven cada año miles de trabajadores.

Por eso, pido al gobierno -por su intermedio, señor Presidente- que le dé urgencia a este proyecto de ley, que ha sido apoyado además por la mesa del sector público, por la CUT y por la ANEF.

Apoyaremos este reajuste y defenderemos con convicción cada conquista de los trabajadores y trabajadoras.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, saludo a los ministros, a los subsecretarios y, de manera muy especial, a todas las funcionarias y los funcionarios públicos de nuestro país, como también a la Región de Magallanes, que represento.

Yo celebro este proyecto, porque, dado que soy el Presidente de la Comisión de Hacienda, vi el ánimo, vi las voluntades y vi cómo se llevó a cabo una negociación que hoy termina como la hemos conocido, con un reajuste de un 4,9 por ciento.

Pero, así como saludo a las funcionarias y los funcionarios públicos, también quiero públicamente pedirles una vez más un enorme compromiso, dada la estrechez económica que nuestro país enfrenta, como muchos otros países del mundo, para que hoy más que nunca tengamos funcionarias y funcionarios públicos que efectivamente puedan llevar adelante todas las funciones públicas a lo largo de todo nuestro país.

Hay una cosa importante que logramos ayer: las funcionarias y los funcionarios de la Tesorería han depuesto la paralización, dado que se vuelven a recuperar las confianzas y habrá una mesa de diálogo y de trabajo a partir de las próximas semanas, situación que realmente celebramos.

Hay una preocupación que tiene que ver con las universidades regionales, particularmente con la Universidad de Magallanes, donde la señora Mónica Álvarez ha liderado una ardua lucha con respecto a enormes despidos y a la situación económica en la que se encuentra tanto esta universidad como otras tantas del país.

Hay una situación particular que le corresponde a Magallanes a través de esta futura ley de reajuste, que tiene que ver con una deuda histórica. Efectivamente, ha quedado un grupo importante fuera de estos beneficios o de este reconocimiento. Pero también quiero decirle responsablemente a la Región de Magallanes que estamos haciendo todo lo posible, junto con el ministro de Hacienda y con la subsecretaria, para intentar encontrar una nueva fórmula que, de alguna manera, permita que para ese grupo que ha quedado fuera, debido a la exigencia de menos de seis años de imposición, se pueda encontrar alguna salida. Eso no solo está siendo estudiado, sino que mientras estamos debatiendo se está analizando y se están llevando a cabo conversaciones para que, ojalá, se pueda encontrar una respuesta definitiva a esta legítima reclamación.

Además, quiero hacer un llamado por la situación que enfrentan las funcionarias y funcionarios de Aprojunji. Aquí se requiere homologar el PMG y todo lo que ha sido una lucha por más de seis años injusta, porque no han podido hacer que los ejecutivos puedan recoger esta legítima demanda.

Vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, agradeciendo a cada una de las funcionarias y funcionarios públicos de nuestro país, y al gobierno que se ha allanado a la voluntad de encontrar acuerdos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, me parece que es ilustrativo cuando uno ve a las personas que están siguiendo esta discusión -a quienes saludo, por supuesto- en las tribunas de la Sala de la Cámara de Diputados, que representan organizaciones de distinto tipo. Sin embargo, hay una que falta. Hay unos servidores públicos que faltan, que no están acá. Me refiero a los carabineros.

¿Por qué no pueden estar acá? Porque cumplen la ley, cumplen la Constitución y no crean este tipo de organizaciones. Quizás por eso este proyecto de ley de reajuste les entrega verdaderas migajas. Quizás por eso quedan al final de cualquier discusión. Quizás por eso se les entrega un bono que dura un año y que, en grandes números, les entrega a algunos un 2,5 por ciento del sueldo, ¡un 2,5 por ciento del sueldo!, porque no marchan, porque no paran, porque no hacen huelga de brazos caídos.

Ellos están todos los días trabajando, a pesar del maltrato que han sufrido sistemáticamente de quienes después van a correr a sacarse fotos y a saludar a los carabineros el 27 de abril, pero que sistemáticamente los han tratado de la peor forma.

¡Qué manera más gráfica de mostrar el maltrato que han sufrido los carabineros que este reajuste, que es una verdadera vergüenza para ellos! Porque conozco a muchos carabineros, sé que cada punto de reajuste y cada punto en ese bono, por muy pequeño que sea, les va a servir, aunque sea en forma mínima, pero quiero que quede claro que esto no es suficiente, porque no se acerca ni al mínimo que necesitan.

Nos quejamos de que en nuestras respectivas comunas hay pocos carabineros. Obviamente, hay pocos. ¿Quién va a querer entrar a la institución si los maltratan, arriesgan sus vidas, reciben sueldos que no están acordes con la función que cumplen y, más encima, cuando toca pensar cómo reajustar y mejorar los sueldos en el sector público, son los únicos que quedan fuera de la discusión o entran al final? Llevamos tres años reclamando un aumento de sueldo para los carabineros, ¡tres años!, y estas migajas obtuvimos de este gobierno. Aun así, vamos a aprobar esta parte del proyecto de ley.

Hemos analizado profundamente este proyecto de ley. Por supuesto, vamos a apoyar las cosas que son positivas, pero vamos a rechazar todo aquello que sea negativo.

Hay una deuda pendiente con los carabineros, pero este gobierno, definitivamente, no la quiero saldar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, cuando hay incendios, cuando hay terremotos, cuando las inundaciones se llevan las casas de las familias trabajadoras, cuando hay crisis o cuando hay pandemia, todo el mundo se acuerda del Estado.

Se llama al gobierno de turno a resolver la crisis, a reconstruir viviendas, a albergar a los afectados, a atender las necesidades de salud, etcétera, etcétera y etcétera, y se hace aquello con justa razón, porque el Estado tiene ese rol, el de responder a la crisis, y también el rol cotidiano de proveer y proteger el bienestar de todas y todos. Eso se logra con un Estado robusto y con una institucionalidad fuerte, que requiere funcionarios y funcionarias, y también recursos.

Recién en la mañana aprobamos una asignación para los técnicos de la salud, rescatando su entrega y su dedicación, y el apoyo de esta Sala fue total, unánime. Sin embargo, solo unas horas después, se cuestionó la importancia de los funcionarios públicos, como lo hizo hace un rato el diputado Kaiser . Según su planteamiento, hay funcionarios que no son un aporte o que no se notan, y no tiene sentido tener tanta gente en los servicios públicos. ¿Pero, y si esos trabajadores no estuvieran? Eso es lo que hay que invitar a quienes piensan como él a que se pregunten. Si hubiera menos trabajadores en los hospitales o en los servicios públicos, ¿qué pasaría?

Por supuesto que hay que ser más eficiente, por supuesto que hay que ocupar bien el tiempo, por supuesto que hay que ocupar bien los recursos, siempre; eso es tarea de todos los días, pero basta ya de discursos baratos y copiados. Y sí, copiados, porque no es secreto que destruir al Estado desde adentro es el objetivo declarado del líder de la ultraderecha Milei , a quien algunos aquí le prenden velas. Esas ideas buscan destruir lo público.

Yo voto a favor del reajuste de remuneraciones del sector público por las y los funcionarios públicos, y sobre todo para que el Estado siga respondiendo a las necesidades de las familias del país.

Me tomo este último minuto para referirme a tres puntos.

En primer lugar, pedimos votación separada del artículo 82, específicamente de las letras a) y b), porque creemos que con ellas se abre la posibilidad de que los municipios pacten acuerdos con los trabajadores, y que aquellos después simplemente no tengan financiamiento, lo que significará una carga extra para los Servicios Locales de Educación.

En segundo lugar -lo dijo también el diputado Bianchi -, la homologación de las trabajadoras de la Junji respecto del PMG me parece que es algo en lo que hay que avanzar.

En tercer lugar, sobre el trabajo remoto, me permito solicitar al gobierno que aclare por qué se prorroga la facultad establecida en el artículo 66 -entiendo que era solo por una vez y por eso hay que prorrogarla-, mientras que en el artículo 102 es permanente y no necesitaría prórroga. El día de ayer eso no quedó completamente claro en la comisión. Creo que es una materia especialmente importante sobre todo para las trabajadoras que realizan labores de cuidado además de su trabajo remunerado en el Estado.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los trabajadores del sector público que nos acompañan en las tribunas y que esperan este proyecto, porque todos los años deben pelear por el reajuste de sus remuneraciones y siempre con la incertidumbre, incluso, de si tendrán recursos para sus familias en Navidad.

A este proyecto de ley de reajuste de remuneraciones del sector público debemos cambiarle el nombre. Debe ser llamado “ley de peor es nada”. Por eso, he presentado una solicitud de resolución, que espero que prontamente sea puesta en votación, mediante la cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República que tome las medidas del caso para que en futuras negociaciones sobre el reajuste de remuneraciones del sector público se considere como base la variación del IPC, a fin de garantizar al menos la mantención del poder adquisitivo de los funcionarios públicos, y de evitar que, producto de la pugna, se realicen paralizaciones que en definitiva afectan a las personas que utilizan los servicios públicos, principalmente a aquellas que recurren a los servicios de salud.

La dignidad del empleo público debe estar por sobre cálculos mezquinos que no reconocen la tremenda labor de todos los funcionarios en beneficio de la comunidad, sobre todo la de aquellos que deben hacer su trabajo con escasos y en ocasiones nulos recursos, y deben soportar las críticas de la comunidad por esa falta de medios. Qué decir de aquellos que cumplen sus funciones en zonas apartadas de nuestro territorio, lejos de familia y amigos. En fin, ejemplos sobran.

No estoy conforme con este inmoral reajuste, porque apenas recupera en parte el poder adquisitivo de los trabajadores, pero la alternativa de votar en contra y dejarlos sin reajuste no es una opción.

Por tanto, anuncio a regañadientes mi voto a favor de este reajuste solamente porque, como ya dije, peor es nada.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los representantes de los gremios de los funcionarios públicos presentes en las tribunas y a quienes siguen a través de la televisión esta discusión tan esperada por quienes trabajan en cada una de las áreas de los servicios públicos. También saludo a los ministros de Hacienda y de Agricultura, y a la subsecretaria.

Creo que el reajuste, pese a nuestras escuálidas arcas, responde también a una voluntad: a la voluntad del Congreso, a la voluntad del Ejecutivo, a la voluntad de visibilizar nuestras problemáticas, que también nos hacen ver como representantes de la comunidad.

Por eso valoro que dentro del protocolo que se firmó con Demócratas, que el gobierno recogió y que se recoge hoy transversalmente, se le cumpla a Carabineros de Chile con la entrega del bono, llámese PMG o bono de reconocimiento. De esa forma se da un incentivo a quienes combaten día a día la delincuencia y tantos flagelos que tenemos actualmente. Eso se valora.

También valoramos que el gobierno haya comprometido realizar un trabajo con los funcionarios de la Tesorería General de la República, que es la que se encarga de recuperar y lograr la recaudación. Esperamos que se cumpla con esa mesa de trabajo, ministro. Hay cosas que se han venido sumando en la situación de esos trabajadores, quienes llegaron hasta el Congreso a visibilizar sus problemáticas.

Asimismo, valoro el trabajo hecho respecto de los asistentes de la educación. Creemos que hay mucho más que hacer al respecto.

Hago presente que me haré parte cuando se vote una indicación, respaldada de manera transversal, que en la comisión lideró la diputada Marta González en materia de cuidadores. Creo que es importante homologar la legislación. No le exijamos siempre al privado. El sector público, en materia de teletrabajo y en otras sobre conciliación laboral, también debe cumplir. Creo que al respecto el Ejecutivo tiene mucho que hacer y esclarecer.

Como Demócratas vamos a acompañar este reajuste. Esperamos que todos los compromisos que van a quedar plasmados en un protocolo se cumplan. Vamos a ser garantes con los distintos gremios, como la ANEF, la Confusam y todos los que golpean nuestras puertas para que se visibilicen sus distintas problemáticas.

Vuelvo en materia de Hacienda, ministro: la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos se encargan de recaudar y también de fiscalizar lo informal. Creo que en ellos vale la pena poner todos los esfuerzos, especialmente considerando que el ministro ha querido liderar propuestas en materia de recaudación fiscal, pero no estamos haciendo la pega que se tiene que hacer como Estado. Por eso vale la pena acompañar a quienes recaudan los impuestos de chilenos y también de extranjeros.

Vamos a respaldar este reajuste como bancada. Esperamos seguir avanzando en muchas más materias que tenemos como desafío también en el sector público.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señor Presidente, en esta Sala se pretende instalar una verdadera rivalidad, como si el sector privado tuviera todas las ventajas, y el sector público fuera el que no hace la tarea. Creo que es una disputa artificial. Todos deben cumplir sus roles. El sector privado debe pagarles como corresponde a sus trabajadores, respetar el medio ambiente y generar empleo y crecimiento.

Sin embargo, lo anterior no nos da ningún derecho a vilipendiar. Por eso, quiero pedir respeto en esta Sala a los funcionarios públicos y a sus directivas que formaron parte de la mesa de trabajo del sector público, porque están pidiendo algo justo y hacen un gran trabajo.

Estudié Administración Pública porque confío en que el Estado, a pesar de diversas circunstancias, de diversas dificultades y de los problemas que ha tenido, es la instancia para apoyar, de forma profesional y técnica, a la comunidad.

Al mismo tiempo, no tengo nada que decir del sector privado, que también tiene que hacer su trabajo, pero sin dejar a la gente sin las respuestas que requiere.

Por lo tanto, llamo a que ese debate no esté presente en la Cámara. Un sector no es más trabajador que el otro. Todos deben cumplir su rol.

El sector público lo ha pasado mal. Esperemos que a través de la normativa que han presentado algunos colegas parlamentarios se pueda corregir la situación de la legítima confianza. Recordemos que la Contraloría cambió ese concepto, dejando en el descuido a muchos trabajadores.

En esta misma línea, quiero decir a los ministros presentes que no podemos olvidar a las trabajadoras y a los trabajadores -porque son trabajadores, mujeres y hombres- del Prodesal y del PDTI, que aún siguen esperando. Los profesionales que se encargan del mundo rural y de la agricultura familiar campesina siguen esperando y hay que tenerlos presentes.

Respecto de la discusión sobre el derecho al bono de zona para los asistentes de la educación, se habló de constituir una mesa de trabajo en septiembre. Hay que adelantarla, porque en septiembre ya estaremos enfocados en las elecciones parlamentarias y presidencial, de manera que en septiembre no habrá espacio para atender los requerimientos de los asistentes de la educación.

Cuando se habla de apoyar a Carabineros, hay una buena noticia. Hay un bono que esperemos se siga ampliando. No obstante, también hablemos con la verdad: hubo dos gobiernos de derecha que nada hicieron por Carabineros, cuyos funcionarios tenían que andar en autos particulares para apoyar a la comunidad. Las mejores reformas fueron en las épocas de los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle.

En esa misma línea, llamo al gobierno a tener en cuenta la indicación de la diputada Marta González para apoyar a las cuidadoras.

¡Apoyo este reajuste! ¡Trabajadores del sector público, sigan haciendo su trabajo, porque necesitamos de ustedes!

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, quiero saludar a José Pérez , presidente de la ANEF; a David Acuña , presidente de la CUT, que se encuentran con nosotros en las tribunas, y a toda la dirigencia de los trabajadores y del sector público. Es importante que estén con nosotros.

Quiero responder, por su intermedio, a la intervención de un colega respecto del tema de Carabineros de Chile. Porque la verdad es que hay algunos que hablan mucho respecto de Carabineros, pero, cuando son gobierno, sinceramente, no le suben el sueldo, no le ponen más vehículos ni más protección. Cuando han sido gobierno, no han hecho ninguna mejora significativa para Carabineros.

¿Quiénes sí han hecho mejoras para Carabineros? La Presidenta Michelle Bachelet , con un aumento significativo en el sueldo de Carabineros, y, ahora, el gobierno del Presidente Boric.

Entonces, digamos las cosas como son. Es fácil hablar de seguridad, pero hacer poco y criticar cuando hay dos gobiernos de centroizquierda que aumentan de manera real el sueldo de Carabineros de Chile.

Por supuesto, desde el Partido Liberal votaremos a favor del aumento a Carabineros, el cual, en este caso, significa un bono anual, que representa un sueldo al año. ¿Nos gustaría que fuera más? Sí, pero todos conocemos las condiciones en las cuales están las arcas fiscales.

Por lo tanto, creo que es de honestidad intelectual hacer esa mención. Porque, cuando la derecha gobierna, no es verdad que mejoran las condiciones de Carabineros. Los invito a que, en este debate, en esta Sala, demuestren lo contrario. Por favor, quiero escuchar los números cuando han sido gobierno. No se han mejorado las condiciones de Carabineros. ¡Eso no es cierto! Fueron la Presidenta Bachelet y, hoy día, el Presidente Boric los que van a terminar subiendo el sueldo de los Carabineros. ¡Esa es la realidad!

Discúlpeme la vehemencia, señor Presidente.

Votaremos a favor, por supuesto, del acuerdo que se logró entre los trabajadores y el Ministerio de Hacienda.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los señores ministros, a mis colegas parlamentarios y a los dirigentes de las diferentes agrupaciones de trabajadores, y los felicito por la lucha que han dado para lograr este reajuste.

Señor Presidente, basta con darse una vuelta por la feria, ir al supermercado a comprar los insumos para la semana o sentarse a pagar las deudas para darse cuenta de que el costo de la vida, en Chile, está descontrolado.

Es necesario que fortalezcamos el crecimiento del país y, al mismo tiempo, tendamos una mano a los trabajadores.

Por eso, voy a votar a favor el reajuste del sector público, porque los funcionarios públicos desempeñan un rol clave para nuestra sociedad.

A veces, se nos olvida que parte de los funcionarios públicos son, por ejemplo, quienes están a cargo de la seguridad, la salud o la educación. Me refiero, particularmente, a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile y a quienes trabajan en los hospitales y en las escuelas.

Qué duda cabe de que los carabineros cumplen un rol fundamental para darnos seguridad, muchas veces arriesgando su vida por nosotros, de modo que me interesa que se cumpla realmente con el bono para todos los carabineros.

Un tema aparte son las viudas de los funcionarios fallecidos. Más allá de entregarles una bandera cuando pierden al ser querido, espero que no sean olvidadas en estos casos.

¡Qué seríamos sin el trabajo de nuestros carabineros y funcionarios de la PDI, más aún en tiempos tan oscuros para la seguridad de nuestros compatriotas!

Pido que este reajuste tenga una particular consideración con ellos, hombres y mujeres que detrás de su uniforme tienen familias que dependen de su trabajo.

Además, quiero agradecer el enorme sacrificio de profesores, funcionarios de la salud, servidores públicos de las municipalidades y de las distintas reparticiones del Estado, que sí hacen su trabajo y que están en terreno, con vocación de servir a los demás, día a día, sembrando la semilla del progreso para nuestro país.

Señor ministro, por intermedio del señor Presidente, solicito hacer un esfuerzo mayor y considerar a los funcionarios que están quedando fuera de este reajuste.

Votaré a favor.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra al diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, primero, quiero saludar a todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público representados por todos sus dirigentes y dirigentas que están en la tribuna.

Segundo, saludo el hecho de que nuestro gobierno haya sido capaz de llegar a un acuerdo con los trabajadores y las trabajadoras del sector público, representados por la Mesa del Sector Público de la CUT. Este hecho no es baladí, puesto que en gobiernos anteriores la voluntad de dialogar con los trabajadores del sector público no ha estado siempre presente.

En lo concreto, el acuerdo consiste en el reajuste de 3 por ciento a partir de diciembre, al que se agrega 1,2 por ciento en enero y luego 0,64 por ciento en junio. Si la inflación para 2025 es de 3 por ciento, el reajuste real será de 1,7 por ciento. Sin embargo, si la inflación es de 4 por ciento, el reajuste real solo será de 0,7 por ciento. Estos números se alejan de lo que ha ocurrido en el sector privado, porque, de acuerdo con lo informado por el INE, a octubre de este año, se registró un aumento real de 3,3 por ciento. Doy a conocer estas cifras para los sectores más radicalizados y obtusos de la derecha, para que tomen conciencia de lo que se está haciendo y el contexto en que nos encontramos.

Este acuerdo incorpora elementos muy positivos para las trabajadoras y los trabajadores del sector público. El aumento adicional del 2 por ciento para las rentas más bajas y el bono mensual constituyen un avance significativo.

De igual modo, valoro profundamente que el gobierno haya decidido establecer leyes relacionadas con el incentivo al retiro de manera permanente. Esto es un reconocimiento concreto a todos los funcionarios y las funcionarias de la administración que han desarrollado una larga trayectoria en el servicio público.

Igualmente, es un avance haber acordado mesas de trabajo en donde se abordaron temas como las condiciones laborales, la salud mental, la seguridad funcionaria, el teletrabajo y la reducción de la jornada laboral.

Sobre esto último, es un imperativo avanzar con urgencia. La ley de 40 horas debe ser un derecho para todos los trabajadores y las trabajadoras, independientemente de si pertenecen al sector público o privado.

Finalmente, no puedo dejar pasar que la ley de reajuste se ha convertido en una ley miscelánea que aborda una serie de temas que complejizan la tramitación de este proyecto, ya que no tienen una vinculación necesaria con este reajuste.

Debemos abordar cada tema como corresponde, analizándolo en su mérito y con el debido debate.

En consecuencia, con absoluto convencimiento, aprobaremos este proyecto y espero que la Sala lo haga con amplia mayoría.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros y a la subsecretaria.

Durante el último tiempo, Chile ha mostrado un escaso crecimiento en su producto interno bruto y una inflación sobre la meta. Esto es un llamado para que las autoridades implementen medidas para estimular la economía y mantener la estabilidad financiera.

Lo fácil es repartir la plata, pues; lo fácil es subir el reajuste. Lo difícil es generar y atraer inversión, mostrar que Chile cumple las reglas y demostrar que es capaz de incentivar la inversión nacional y extranjera.

Quiero saludar a los buenos funcionarios públicos que están en las tribunas. Los acompaño en el daño que les hacen a su imagen funcionarios públicos como el señor Juan Andrés Lagos , militante del Partido Comunista, que ganaba más de tres millones de pesos en La Moneda. Se han publicado los informes que presentaba el señor Lagos. No daban siquiera para copy paste, porque no había de dónde copiar algo tan obvio y tan simple. Y si los gobiernos de turno siguen abusando, metiendo personas al Estado por razones políticas, ¿quién va a perder al final? ¡Los funcionarios públicos, pues! Si se abusa año tras año, finalmente se va a acabar el Estatuto Administrativo, se va a acabar la inamovilidad, por casos como el de Juan Andrés Lagos . Los buenos funcionarios públicos van a terminar perdiendo esa protección que tienen de su cargo, de su reajuste, de su puesto de trabajo por casos como el de Juan Andrés Lagos .

Ya lo planteaba un diputado: denuncien cuando haya operadores políticos en su servicio; denuncien cuando haya personas que no están preparadas. Cuando una persona llega a asesorar a una autoridad es porque tiene mayores conocimientos sobre un tema específico que la autoridad que va a asesorar; por eso se le llama asesor.

Los invito a leer los informes de Juan Andrés Lagos . No eran obvios; ¡eran totalmente obvios! Sin embargo, esa persona ganaba más de tres millones de pesos.

Algo similar ocurre con la confianza legítima. La contralora general de la República dice que habrá confianza legítima después de cinco años. Los buenos funcionarios públicos no necesitan la confianza legítima para seguir en la pega, porque su jefatura los va a evaluar bien. ¿Quién necesita que sean dos años? La gente como Juan Andrés Lagos , pues.

Por su intermedio, Presidente, le pido al diputado Barrera que oficie a La Moneda para que las 40 horas también se le respeten al gasfíter que murió en un turno de 23 horas. ¡Aplauda eso, compañero!

He dicho.

-o-

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

En forma muy especial, queremos saludar a la presidenta de la CUT provincial de Copiapó y presidenta de la Ajunji de la Región de Atacama, señora Julie Véliz , que nos acompaña desde las tribunas.

También saludo al presidente de la Confusam de la Región de Atacama, Wilfredo Neyra , que se encuentra acompañado de la presidenta nacional, Gabriela Flores , y los dirigentes Laura San Martín , Cristián Rodríguez , Carolina Espinoza y Carolina Aravena . Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

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El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, saludo al ministro, a la subsecretaria y, por supuesto, también a los trabajadores y trabajadoras de la mesa del sector público, que han llevado adelante un diálogo fecundo durante gran parte del año, que se traduce en un acuerdo que no solamente aborda cuestiones salariales, que se tratan cada año en proyectos de ley como este, sino también aspectos del desarrollo laboral, de una mejor convivencia y de un mejor trabajo en el día a día, que son asuntos de permanente diálogo con el Ejecutivo y sobre los cuales el Estado de Chile tiene que perseverar, porque siempre tenemos que aspirar a una mejor administración pública, a una mejor calidad de servicio, a una mejor provisión de servicios públicos hacia la población. Evidentemente, esto pasa por tener condiciones laborales acordes con esa necesidad.

Además, debo mencionar, como han dicho otros colegas de la Región de Los Lagos, que hay un asunto pendiente respecto de la provincia de Chiloé. Lo hicimos ver ayer en la Comisión de Hacienda: la demanda por una homologación de zona similar a la de la provincia de Palena.

Tal como se ha señalado, comprendemos que la asignación de zona que tiene la provincia de Palena es bastante onerosa en relación con otras zonas extremas, pero aquí hay un asunto más de fondo. No es solamente la demanda de asistentes de la educación, de trabajadores de atención primaria y de otros funcionarios públicos de la provincia de Chiloé; es la demanda histórica de la provincia de Chiloé por ser considerada también una zona extrema.

Estamos hablando de un archipiélago con una enorme cantidad de islas pobladas, con gran dispersión geográfica y con muchas dificultades de acceso a los servicios públicos para la propia población. Sin embargo, Chiloé no está considerada una zona extrema por nuestra legislación y es una cuestión relevante de abordar, puesto que la insularidad en Chile tiene que ser reconocida como tal.

De igual modo, debo señalar que, entre los aspectos misceláneos que se están abordando, hay cuestiones que son relevantes en materia de medio ambiente, de agricultura, de educación y, por supuesto, de salud. El gobierno ha comprometido otro proyecto de ley para incorporar otros aspectos que han quedado pendientes en las últimas discusiones, como, por ejemplo, en la ley de presupuestos o este mismo proyecto de ley de reajuste.

Esperamos con ansias que esa presentación pueda llegar al Congreso, porque hay asuntos relevantes que discutir y abordar de mejor manera, sin poner en riesgo el pago, por ejemplo, de los aguinaldos correspondientes a la Navidad, como ocurrió el año pasado, cuando tuvimos una complejidad excesiva producto de la indicación que tenía que ver con el ICSA, esto es, el indexador de los precios de los planes de la salud privada.

Entonces, estamos ante un buen proyecto que, en definitiva, es de justicia, que es fruto de un acuerdo. Con todo, hago un llamado a recoger la demanda de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Chiloé, que llevan esperando demasiados años por una solución definitiva a su demanda de zona.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA.-

Señor Presidente, la labor del funcionario público está injusta y constantemente en entredicho. De partida, recibe los permanentes ataques del sector de enfrente, al que siempre le interesa demonizar al Estado y a sus trabajadores. En realidad, si fuera por ellos, que desaparezcan los ministerios, que desaparezcan los programas sociales, que desaparezca todo.

Fíjense que a los funcionarios públicos tampoco se les mide con la misma vara que a los privados. En realidad, en el sector de enfrente aflora la peor de las hipocresías.

Hablemos de abuso, diputado Alessandri -por su intermedio, señor Presidente-. Ustedes son empáticos con las AFP, que llevan décadas dando malas pensiones y a las que se les quiere entregar un 6 por ciento de cotización adicional, acogiéndose principalmente al aporte que hace el Estado a través de la pensión garantizada universal.

Hablemos también de la empatía que tienen con las isapres, a las cuales, después de cobrar ilegalmente a los usuarios, se les entregaron condiciones que no tiene ningún otro deudor en nuestro país. Ahí no hay críticas. Ahí se acuerdan del Estado cuando les conviene y tienen que defender a las industrias.

Por eso, quiero hacer una defensa de la labor que cumplen las funcionarias y los funcionarios públicos de nuestro país. Hacerlo ahora es particularmente importante, cuando el empleo público está sufriendo una arremetida por parte de la Contraloría, que pretende interpretar la confianza legítima de forma restrictiva y dejarlos desamparados frente a la incertidumbre laboral.

Ante la convicción de que debe ser una política pública permanente que el Estado les otorgue una adecuada protección a sus trabajadores, el acuerdo entre el gobierno y la mesa del sector público, que les otorga un reajuste de 4,9 por ciento y que les consolida otros beneficios, contará con el respaldo de la bancada socialista.

Esto, por cierto, no nos impide seguir vigilantes ante demandas que quedaron insatisfechas, como, por ejemplo, la solicitud de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji) de homologar el PMG, demanda que lleva más de 16 años y que esperan principalmente mujeres trabajadoras. Por eso, avanzar en la mejora de las condiciones laborales es una lucha permanente que no podemos descuidar, menos los socialistas.

A cuidar el Estado, colegas, el mismo del que algunos se acuerdan solamente para defender a las industrias y no a los trabajadores.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

No corresponde ese punto, diputado. Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, el año pasado, cuando hablé del reajuste, pregunté qué gana Chile con él. Hoy les pregunto a los chilenos: ¿qué ganó Chile con ese reajuste? ¿Saben qué ganó? Listas de espera con más de tres millones de enfermos que mueren esperando atención, una crisis de seguridad nunca antes vista, un crecimiento económico paupérrimo, un desempleo de 8,7 por ciento, un endeudamiento público brutal y proyectos durmiendo, parados por la burocracia, esa burocracia que también financian los mismos chilenos.

Entonces, ¿qué creen que nos dirán esos que luchan por sobrevivir fuera del Estado o también aquellos funcionarios a honorarios precarizados por el propio Estado y los miles de desempleados que buscan oportunidades cuando ven este reajuste y nadie habla por ellos?

El aumento de 4,9 por ciento parejo puede parecer razonable a primera vista, pero al analizarlo con detenimiento resulta ser un acto profundamente injusto para el mismo funcionario que hace la pega mientras otros sacan la vuelta y para el resto de los chilenos.

Insisto: ¿cómo le explicamos esto al comerciante que ha visto caer sus ventas, al pequeño empresario que lucha por mantener su negocio abierto o al trabajador que enfrentó el alza del costo de la vida sin garantía de estabilidad, sin propiedad en el cargo, sin confianza legítima?

El sector público se ha transformado en una verdadera casta privilegiada que año tras año asegura reajustes automáticos sin que exista una evaluación rigurosa a su desempeño. En un gobierno republicano, les digo altiro: los buenos funcionarios públicos van a ganar más, y mucho más cuando se deje de premiar a los que no hacen la pega.

Por otro lado, no puedo dejar de criticar el uso de este proyecto para incluir normas permanentes, incentivos al retiro con tablas y obligaciones que superan el año 2030. Están comprometiendo gastos futuros. Hay aumentos de sueldo casi con nombre y apellido, como el aumento del grado 4 a un jefe de división en la Defensoría del Contribuyente. Me pregunto quién es ese suertudo, ¡por favor!, al que le suben el sueldo por ley.

Además, tenemos la prórroga de situaciones que no han sido capaces de resolver, como el sistema de admisión a la educación superior. El gobierno, para salir del paso, utiliza este parchecito para esconder su incapacidad.

El Estado no es un saco roto. El déficit fiscal sigue creciendo y este reajuste implicará un gasto adicional que será financiado con el sacrificio de todos los chilenos.

Es inaceptable seguir premiando la permanencia por sobre el mérito y la eficiencia, mientras las filas en los hospitales crecen, las escuelas públicas entregan una pésima educación y los padres no pueden elegir el colegio para sus hijos y tienen que financiar una tómbola. Y, lo más terrible, la delincuencia sigue desbordada.

Mi voto en contra no es un rechazo a los trabajadores públicos, porque mi padre y mi madre fueron funcionarios públicos. Es un llamado a terminar con un sistema desigual, porque, lo que le pase a Chile, parece que solo les afecta a unos y no a otros. Lo he dicho todos los años: este reajuste debería estar vinculado al desempeño del país. Si la economía crece, los servicios públicos mejoran; entonces, hablemos de incrementos salariales. Pero, en las condiciones actuales, este aumento es una cachetada para quienes enfrentan la inseguridad económica y el descontento social.

Los republicanos no nos dejamos presionar por gritos o emplazamientos, porque, cuando se trata de una urgencia social, ponemos nuestros votos, como lo hicimos en la mañana. El voto republicano es una protesta política en contra del abuso y un llamado a cambiar esta relación injusta.

He dicho.

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El señor TAPIA (Presidente accidental).-

En nombre del diputado Luis Cuello , saludamos a la señora Silvia Silva , presidenta nacional de Ajunji, y a cada una de las presidentas y presidentes regionales de dicha asociación, desde Arica a Punta Arenas. Saludos para ustedes.

-Aplausos.

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El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, en primer lugar, hago un reconocimiento a las y los funcionarios públicos de nuestro país y, en especial, a los de la Región de Aysén.

A veces, acá escucho un debate sobre quiénes estamos a favor o en contra de los funcionarios públicos, sobre los operadores políticos; en fin, de todas esas cosas que muchas veces se hacen para el Tik Tok. No obstante, lo cierto es que cuando uno ve el trabajo de los funcionarios públicos en terreno, en localidades australes, cuando hay emergencias, comprueba que todo el aparato del Estado está presente para apoyar a nuestras comunidades. Lo digo por una región, la de Aysén, donde el rol público es fundamental y ha estado presente desde su origen. Ahí no hay distinción entre si el carabinero o los trabajadores de Conaf o de la Junji son o no funcionarios públicos. Todos entienden la importancia de su trabajo y trabajan en conjunto; creo que es importante reconocerlo.

Por ello, me parece que el reajuste que hoy se está proponiendo, que fue coordinado y acordado con los gremios, es un paso importante. Efectivamente, todos quisiéramos más, pero entiendo que se llegó a un acuerdo y como parlamentario lo respeto. Por lo mismo, vamos a votar a favor este reajuste.

Sin embargo, también es importante transmitir al señor ministro de Hacienda la necesidad de poner el acento en algunas preocupaciones que tenemos y que están pendientes.

Me alegro de que se haya resuelto el tema de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que fue planteado en la discusión del proyecto de ley de presupuestos y el ministro lo tomó; sin embargo, hay una situación que está ocurriendo con la homologación del PMG de los trabajadores de la Junji.

Por eso, saludo a Silvia Silva , presidenta nacional de los trabajadores de la Junji; a Ingrid Ampuero , representante de los trabajadores de Junji de la Región de Aysén, y a todas las demás presidentas regionales que están pidiendo la homologación del PMG para los funcionarios de la Junji, que son los que menos ganan.

Si realmente tenemos la preocupación y la atención por nuestros niños, por la primera infancia, eso tiene que quedar demostrado en la práctica con la protección que entrega el Estado.

Por eso, le pedimos al gobierno que en la mesa que se ha instalado para dialogar con las trabajadoras de la Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji) se logre encontrar una pronta solución, la que va a contar con el respaldo del Congreso Nacional.

También quiero pedir que tengamos a la vista la situación de los honorarios y el bono de zonas extremas para los asistentes de la educación, tema que ya planteamos en su minuto, señor ministro, por intermedio del señor Presidente. Ellos fueron reconocidos como funcionarios del Estado, pero, en la práctica, siguen siendo discriminados.

Vamos a aprobar este reajuste al sector público, y esperamos que se sigan sosteniendo y fortaleciendo…

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, esta iniciativa, que vamos a aprobar, por supuesto, incluye una serie de otros temas, razón por la cual podemos decir que se trata de una futura ley miscelánea. Cuando empecé a analizarla, en verdad pensé que incluía también algunas de las consideraciones que en algún momento vimos en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, relacionadas con la inseguridad que viven muchos funcionarios públicos, particularmente del SAG, del Indap y de la Conaf, entre otros servicios, por la situación que se vive en la Región de La Araucanía; sin embargo, tras revisar su texto, comprobé que no había absolutamente nada.

Durante la discusión del proyecto de ley de presupuestos ellos nos manifestaron su preocupación. Tuvimos la presencia de directores de servicios; también contamos con la presencia del ministro que hoy se encuentra presente, a quien, por intermedio del señor Presidente, aprovecho de saludar. No obstante, esos funcionarios no fueron considerados.

Al respecto, me llama mucho la atención que en la mañana hubo diputados que votaron en contra el proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, iniciativa que dice relación justamente con dar mayor seguridad a la Región de La Araucanía. Ahora dicen defender a los trabajadores, pero en la mañana votaron en contra dicho proyecto, lo que es un contrasentido.

Creo que dar dignidad a los funcionarios públicos también implica darles seguridad. Por eso, dado que se encuentra en discusión esta iniciativa, que incluye una serie de otras materias, incluso algunas ni siquiera relacionadas con asuntos de carácter monetario o de reajuste, pensé que también se iba a incluir algo de eso. Lamento que no se haya hecho y espero que a futuro se considere, por cuanto los funcionarios que se despliegan a nivel territorial en la macrozona sur, es decir, en la Región de La Araucanía y en las regiones del Biobío, de Los Ríos y de Los Lagos, y que han sufrido la violencia que se vive ahí, también deben ser considerados en este tipo de iniciativas.

Espero que los dirigentes de los distintos organismos de los trabajadores levanten su voz; que lo hagan por aquellos que viven y que trabajan en esas zonas de conflicto, quienes, lamentablemente, hoy no han sido considerados en la ley en proyecto.

En todo caso, no porque esté disconforme porque no se los incluyó no voy a votar favorablemente la iniciativa y algunas indicaciones que el Ejecutivo piensa renovar. He dicho.

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El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En nombre del diputado Sergio Bobadilla , saludamos a doña Gabriela Flores , presidenta nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), quien nos acompaña en las graderías. Bienvenida.

-Aplausos.

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El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, como médico y entonces empleado público, trabajé muchos años en hospitales y sé lo que significa el trabajo en el sistema estatal. Conozco muy de cerca las carencias y precarias condiciones laborales que deben soportar muchos funcionarios en todos los servicios de salud y redes asistenciales. Por lo tanto, creo firmemente en el compromiso que debe tener el Estado con ellos, en el sentido de entregar beneficios y ayuda económica con el fin de resguardar la salud y el bienestar de los trabajadores y de sus familias.

Quiero destacar además la labor de una institución de la cual formé parte -me siento orgulloso de haber pertenecido a ella-: Carabineros de Chile. Esta institución es la principal encargada de mantener el orden público y la seguridad de todos los ciudadanos del país. Durante los últimos años, el personal de Carabineros se ha visto sobrepasado por el aumento de la delincuencia, el crimen organizado y manifestaciones violentas, circunstancias que generan en estos funcionarios un profundo daño físico y psicológico. Hay que reconocer a Carabineros de Chile el esfuerzo sobrehumano que ha invertido en defender con valentía a los miles de chilenos que requieren día a día su auxilio.

Este proyecto asigna una bonificación a aquellos carabineros que perciban las gratificaciones especiales de riesgo, de operaciones especiales, de fuerzas especiales y de protección de autoridades. Sin embargo, quiero precisar que Carabineros no es la única institución encargada de mantener la seguridad de los chilenos. En efecto, la Policía de Investigaciones también realiza una investigación y un trabajo eficiente en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Por lo tanto, creo que funcionarios de la PDI también deberían percibir una asignación como la que se propone.

En ese sentido, el gobierno debe comprometerse a llegar a un acuerdo beneficioso para los funcionarios de esta institución, favoreciendo sus intereses y valorando el trabajo realizado en un período marcado por una de las peores crisis de seguridad que ha tenido nuestro país.

Por la salud de Chile, por los funcionarios de la salud y por Carabineros de Chile, votaré a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, lo primero que quiero hacer esta tarde es saludar a todos los dirigentes del sector público, hombres y mujeres, que se encuentran en las tribunas. Mi saludo no es solo porque están acá, sino también por la tremenda labor que desarrollan como trabajadores y trabajadoras del Estado.

Además, quiero expresar la absoluta solidaridad de este comité respecto de la resolución de la contralora general de la república que, en esencia, puso en tela de juicio la estabilidad laboral a la cual todas las trabajadoras y todos los trabajadores tenemos derecho.

Cuando conocimos dicha resolución, recordamos las palabras del Presidente Salvador Allende , quien al asumir la Presidencia de Chile señaló que los derechos de los trabajadores debían ser respetados, fuera cual fuese su ideología o tendencia política.

Quiero saludar al gobierno por haber logrado este acuerdo, que aún tiene varias deudas que, con el tiempo, deben saldarse y cumplirse. En Chile debemos, de una vez por todas, entender que, a la clase trabajadora, en este caso a los trabajadores y a las trabajadoras del Estado, así como a cualquier otro trabajador, se les debe respetar.

Este aumento es insuficiente; siempre lo será. Tal vez aquellos que afirman que no lo es, y que lo consideran casi como una prebenda, lo dicen por la millonada que ganamos acá, no porque conozcan la realidad de cómo vive la inmensa mayoría de la clase trabajadora.

Lo otro que quiero señalar está relacionado más bien con temas políticos.

Cuando se cuestiona la labor de los trabajadores y trabajadoras del sector público so pretexto de lo que ganan los trabajadores del sector privado, debemos hacer memoria. Por ejemplo, en esta Cámara no se quiere subir el sueldo mínimo a lo que corresponde, porque sería el gran empresariado el que tendría que ganar menos que las obscenas ganancias que hoy obtienen. Asimismo, no olvidemos que en esta Cámara no se quiso votar una reforma tributaria que iba a traer mayor justicia social, porque le quitaba ingresos a ese gran empresariado.

Cuenten con toda nuestra solidaridad, compañeras y compañeros, y con el compromiso de este comité de estar siempre con ustedes.

He dicho.

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El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Saludamos, en nombre del diputado Alexis Sepúlveda , a la señora Sandra Herrera , presidenta regional de la Junji de la Región del Maule, y a todos los dirigentes del sector público que se encuentran en las tribunas.

¡Bienvenidos a nuestra Corporación!

-Aplausos.

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El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, en esta sesión somos parte de un momento especial, un momento de esperanza para los trabajadores y trabajadoras del sector público, que esperan este reajuste de 4,9 por ciento.

Saludo a cada uno de los dirigentes, hombres y mujeres, que día a día tienen la tremenda responsabilidad de representar al Estado con su trabajo. Lamentablemente, muchas veces, en esta Sala se les ha calificado como “la grasa del aparato público”. Y eso no es así. Con esa expresión se le falta el respeto a cada uno de ellos.

La verdad es que debemos ser agradecidos de cada uno de los funcionarios públicos. Recordemos. ¿Acaso durante la pandemia se fueron para la casa? ¿Acaso cuando se produjeron los aluviones en Atacama estos trabajadores y trabajadoras se retiraron? ¡No! Enfrentaron, junto a nosotros, el tremendo desafío de estar al servicio de la ciudadanía. Lo digo con conocimiento de causa. Por eso, cuando hablamos de ellos y de ellas, sin lugar a dudas, debemos pensar mucho más.

Me tocó vivirlo siendo alcalde de Vallenar, donde durante 12 años compartí con ellos, los respeté y traté de entregarles todo lo que uno debe entregar como autoridad. En ese sentido, solidarizo con estos trabajadores y trabajadoras frente a la postura de la contralora sobre este concepto mal denominado “confianza legítima”, que podría permitir la no renovación de contratos anuales y resultar en la desvinculación de funcionarios, lo que los obligaría a iniciar un proceso judicial.

No podemos permitir que los trabajadores y trabajadoras del sector público se encuentren en esa instancia, porque la labor que les encomendamos no es fácil de realizar. He escuchado referencias a los trabajadores del sector privado, pero hoy debemos dejarlos de lado, porque estamos hablando de las funcionarias y los funcionarios públicos. También he escuchado en esta discusión comentarios sobre Carabineros, pero la verdad es que estamos abordando otros asuntos. El respeto hacia Carabineros siempre está presente, y sabemos que debemos proporcionarles todas las herramientas necesarias para que desarrollen su labor, pero hoy hablamos de otros funcionarios igualmente importantes para el país.

¡Dejemos de menoscabar la labor de los funcionarios públicos! ¡Dejemos de decir que no aportan nada! ¡Porque vaya que lo hacen! Y quizás lo hacen más que nosotros en la Cámara, porque ellos están en terreno, son quienes enfrentan día a día las necesidades de la comunidad, son quienes están en los centros de salud y reciben a las personas que llegan enfermas, son quienes están en los colegios o en los distintos organismos del sector público.

Por lo tanto, anuncio que aprobaré este proyecto, pero también debemos avanzar en la entrega de muchos más beneficios, como el bono de zona para los asistentes de la educación, quienes han estado esperando durante tantos años ese reconocimiento. ¡Vaya un gran abrazo a cada uno de ellos y ellas!

He dicho.

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El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Saludamos, en nombre de la diputada Yovana Ahumada , a la presidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) del Hospital Regional de Antofagasta, señora Marión Cuevas Jiménez , y a todos los dirigentes presentes en las tribunas.

¡Bienvenidos a nuestra Corporación!

-Aplausos.

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El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención saludando a los trabajadores y las trabajadoras del sector público, especialmente a quienes fueron parte de la mesa de negociación. Todos ellos trabajan día a día por el bienestar de nuestro país y del Estado, asegurando que los servicios públicos lleguen de manera efectiva a la ciudadanía.

Por lo mismo, quiero develar una contradicción tremenda que observo en esta Sala. En la sesión de esta mañana, los parlamentarios de enfrente saludaban y reconocían la labor de los trabajadores de la salud del sector público, en el contexto de la asignación técnica que aprobamos. Recordemos que esto también ocurrió durante la pandemia, cuando estos mismos sectores aplaudían a los funcionarios públicos. Sin embargo, ahora, cuando llega el momento de votar el reajuste del sector público, que fue negociado por las mismas organizaciones que los representan, les dan la espalda, les cierran la puerta en la cara y dicen que votarán en contra.

Me parece impresentable. El Partido Republicano lo expresó de manera directa, así que puedo decirlo sin ningún problema.

En ese sentido, además de develar estas contradicciones, lo cual me parece importante realizar, quiero reconocer los frutos del trabajo y del diálogo sincero entre el gobierno y los trabajadores organizados, ya que en esta Mesa del Sector Público no solo se negoció el reajuste, sino también la posibilidad de avanzar en políticas públicas y en proyectos de ley pendientes. Quiero mencionar algunos de ellos, sobre los cuales también llegamos a acuerdo en la Comisión de Hacienda para presentarlos durante el mes de enero y cumplir nuestro compromiso.

Entre otros ejemplos, puedo mencionar la protección de la maternidad para las trabajadoras de la salud; la regulación del bono de sala cuna, ya que sabemos que no tiene el mismo monto dependiendo del servicio de salud, lo cual es una tremenda injusticia, o el teletrabajo. ¡Qué importante sería que el proyecto de ley de conciliación laboral y vida familiar se pueda presentar pronto! Sé que ese es un trabajo que se ha estado realizando, también en diálogo con los trabajadores por parte del gobierno, pero sería bueno poder contar con una fecha cierta.

Por lo mismo, considerando que estos elementos que he planteado fueron señalados por los mismos trabajadores -la Confedeprus, a la que aprovecho de saludar, lo hizo en las sesiones de la Comisión de Hacienda-, también hay otro punto importante que quiero mencionar y que en su oportunidad fue expuesto por los trabajadores de la Asociación Pro Funcionarios Junji (Aprojunji): la homologación de la asignación y la modernización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Como siempre hemos dicho, sería importante contar con criterios de universalidad; de hecho, lo planteamos hoy en la mañana, y ahora en la tarde volvemos a hacerlo.

Obviamente, voy a apoyar y aprobar este proyecto de ley, Presidenta, pues me parece relevante la señal. Debemos seguir avanzando para el reconocimiento…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes .

El señor CIFUENTES.-

Señorita Presidenta, por su intermedio quiero saludar a todas las organizaciones y dirigentas y dirigentes del sector público del país que hoy nos acompañan en la tribuna que, además, durante estos días, han estado con nosotros discutiendo este gran proyecto de ley.

Asimismo, quiero personificar a esas organizaciones en dos mujeres extraordinarias: Gabriela Flores, que representa a nivel nacional a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud primaria, y Fabiola Sepúlveda , presidenta de la Asociación Pro Funcionarios Junji (Aprojunji) de nuestra Región de Coquimbo.

Presidenta, parece que a veces esta discusión nos devela que hay algunos que quisieran no tener Estado y que piensan que los individuos se articulan solos, sin ninguna protección. Así entonces, la cuestión es la siguiente: ¿qué haríamos sin los funcionarios públicos de la salud, sin carabineros, sin educadoras primarias, de básica y media, que eduquen a nuestros hijos e hijas? ¿Qué haríamos sin un Estado que regule y proteja a la sociedad? Obviamente, eso no puede suceder. Si queremos crecer en armonía debemos tener una sociedad civil y un sector privado muy fuertes, pero también un sector público que trabaje en condiciones dignas y que sea bien remunerado; de eso se trata.

Evidentemente, aquí hay una forma de trabajo por la que debo felicitar a las organizaciones sindicales y también al gobierno, porque durante tres años ha dado una señal respecto de este tema al demostrar que se pueden lograr acuerdos para avanzar en la dignificación del empleo público.

¿Es suficiente? ¡Claro que no es suficiente! Todavía quedan muchos ámbitos en los que tenemos debilidades y nuestros funcionarios públicos aún tienen logros que alcanzar: la Tesorería General de la República, la Junji y el bono de homologación; los Prodesal de nuestros municipios, los asistentes de la educación y su derecho a recibir asignación de zona; nuestras cuidadoras y, además, los carabineros y carabineras, porque si bien este proyecto de ley resuelve en parte sus problemas, aún es insuficiente. Por otra parte, señorita Presidenta, pregunto por su intermedio a los ministros de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia cómo avanzamos en teletrabajo.

Hay mucho por mejorar, pero, sin duda, este proyecto avanza de manera significativa en la dignidad de nuestras trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, con mucho gusto lo vamos a votar a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Se despacha el proyecto al Senado.

Antes de concluir la sesión, solicito el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación sesione una vez terminada esta.

¿Habría acuerdo?

Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez , Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, para aclarar el punto.

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señorita Presidenta, como el Secretario de la Comisión de Desarrollo Social nos informó que la sesión no podría realizarse, porque íbamos a terminar después del horario habitual. Ayer, pedimos la unanimidad de la comisión para suspender la sesión y ahora, a solicitud del Ejecutivo, el señor Secretario de la comisión está pidiendo sesionar.

Esa es una decisión de la presidenta, que soy yo, y considero que es una falta de respeto para todos los diputados que ayer dimos la unanimidad para suspender. No podemos actuar a última hora y apurados.