Labor Parlamentaria

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Vicepresidenta de la República , en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y segundo informe de la Comisión de Hacienda (boletín N° 16.374-07).

Está para su discusión en particular.

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.374-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para que ingrese a la sala la subsecretaria general de la Presidencia , Macarena Lobos?

--Se autoriza.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Le ofrezco la palabra al señor Secretario para hacer la relación de esta iniciativa legal.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto recién individualizado.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".

El proyecto fue aprobado en general por el Senado en su sesión de 9 de abril de 2024 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y un segundo informe de la Comisión de Hacienda, de los cuales resulta, para los efectos reglamentarios, que el artículo sexto transitorio (que pasó a ser artículo octavo transitorio) no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que debe darse por aprobado, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

Asimismo, corresponde dar por aprobadas la letra a) del número 1) (que pasó a ser 6); el número 4) (que pasó a ser 15), y el número 5) (que pasó a ser 16), todos numerales del artículo 1°, y el artículo 2° del proyecto de ley, los cuales no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de las comisiones informantes.

Entre estas normas, la letra a) del número 1 (que pasó a ser 6); el número 4 (que pasó a ser 15); el número 5 (que pasó a ser 16), todos numerales del artículo 1° del proyecto, corresponden a normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren de 25 votos favorables para su aprobación.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento efectuó diversas modificaciones al texto aprobado en general, gran parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, en tanto que algunas de ellas fueron acordadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.

La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció respecto a esta iniciativa de conformidad con lo dispuesto por la Sala en su oportunidad, y deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no introdujo enmiendas al texto despachado por la Comisión de Constitución en su segundo informe.

Asimismo, consigna que aprobó todas las normas de la iniciativa por la unanimidad de sus integrantes.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.

Entre estas enmiendas unánimes, las recaídas en el artículo 1° del proyecto de ley requieren de 25 votos favorables para su aprobación por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Las enmiendas aprobadas por mayoría recaen en el artículo 1°, que introduce modificaciones a la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Se hace presente que todas las disposiciones contenidas en este artículo corresponden a normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren de 25 votos favorables para su aprobación.

Las enmiendas sancionadas por mayoría de votos en la Comisión de Constitución son las siguientes:

-La incorporación del número 2), nuevo, que agrega un inciso segundo en el artículo 13 de la ley.

-Respecto del número 4), nuevo, que introduce modificaciones en el artículo 17 de la ley, los párrafos segundo y tercero, nuevos, que propone la letra a); la letra c); el literal l) que propone la letra e), y el literal m) que propone la letra e).

-La incorporación del número 5), nuevo, que agrega un inciso final en el artículo 19 de la ley.

-Respecto del número 1) (que pasó a ser 6), que modifica el artículo 20 de la ley, la incorporación de la letra c), nueva.

-Respecto del número 7), nuevo, que introduce modificaciones en el artículo 22 de la ley, el numeral 1) de la letra a), que modifica el inciso primero.

-La incorporación del número 14), nuevo, que agrega un inciso final en el artículo 72 de la ley.

-La incorporación del número 19), nuevo, que agrega en la ley un artículo 86 bis.

-La incorporación del número 22), nuevo, que agrega un inciso final en el artículo 90 de la ley.

Sus señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general; las enmiendas realizadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.

Además, se han presentado solicitudes de votación separada por parte de la honorable senadora señora Pascual, quien pide votar separadamente, en el artículo 1°, numeral 4), letra a), que modifica el artículo 17, la letra a); la letra c), que modifica la letra d) del artículo 17; la letra e), que modifica el artículo 17 en lo relativo al nuevo literal m); el numeral 5) del artículo 1°, y el numeral 22) del mismo artículo, que modifica el artículo 90 de la ley.

Es todo, señor Presidente.

El señor DE URRESTI.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Corresponde que la Sala del Senado se pronuncie en particular acerca del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público (boletín N° 16.374-07).

Este proyecto de ley tuvo su origen en un mensaje de la Vicepresidenta de la República, señora Carolina Tohá Morales, el que fue presentado al Senado el 17 de octubre de 2023.

El 9 de mayo del 2024 fue aprobado en general por la Sala del Senado.

En su estudio en particular participaron representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: el exministro don Luis Cordero; el actual ministro , señor Jaime Gajardo ; la jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres ; la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica, señora Oriella López , y el jefe de la División Judicial , señor Héctor Valladares .

Por parte del Ministerio Público, concurrieron el fiscal nacional, señor Ángel Valencia ; la directora ejecutiva nacional, señora Mónica Naranjo ; el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos Asociado, señor Ignacio Castillo ; la gerente de la División de Estudios, señora Ana María Morales , y la jefa de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica, señora Simone Hartard .

Igualmente, la comisión que presido escuchó a académicos de la Universidad de Chile y a representantes de la Asociación de Fiscales y de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

A todos ellos quiero agradecer por su tiempo y colaboración en el estudio de esta iniciativa, cuyo fin es, precisamente, fortalecer al órgano persecutor penal.

A modo de síntesis, este proyecto de ley modifica la organización, dotación y funcionamiento del Ministerio Público con el fin de mejorar la tramitación de causas y los procesos administrativos internos, así como fortalecer la atención a víctimas de delitos; asimismo, perfecciona los mecanismos de incentivo de desempeño para los fiscales y otros funcionarios del referido organismo.

Los ejes de la propuesta son los que paso a enumerar:

1.- Incrementar la dotación del Ministerio Público. Quiero reiterar que es la mayor dotación desde la creación del organismo.

2.- Mejorar la persecución penal, para lo cual se modifica el modelo orgánico del ente persecutor mediante un conjunto de reformas a la ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que persigue modernizar los mecanismos de gestión institucional y cambiar los incentivos que reciben los funcionarios de manera que estén asociados a metas y fines de carácter colectivo.

Por ejemplo, para lograr este último propósito se modifica el artículo 16 de la ley 20.240, con el fin de establecer que el bono por desempeño colectivo deberá basarse en el grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada una de las fiscalías regionales y para la Fiscalía Nacional.

En cuanto a su estructura, la iniciativa consta de tres artículos permanentes y ocho disposiciones transitorias, mediante los que se introducen enmiendas tanto a la Ley Orgánica del Ministerio Público, a la referida ley 20.240, que perfecciona el sistema de incentivo al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público, como a la ley 19.346, que crea la Academia Judicial.

El Ejecutivo y los senadores y senadoras presentaron un conjunto de indicaciones que se hicieron cargo de las principales observaciones hechas en la discusión en general, especialmente en cuatro aspectos.

En primer lugar, se acordó acelerar la entrada al servicio de nuevos fiscales adjuntos y profesionales; en segundo lugar, se estableció un mecanismo de evaluación externa de funcionamiento del Ministerio Público; seguidamente, se dio prioridad a la reincorporación, en calidad de fiscales adjuntos, a los fiscales regionales que terminen su mandato, de modo de no perder experiencia profesional, y por último, se modificó la integración de la instancia técnica que evaluará los compromisos anuales de gestión institucional.

Para lograr estos objetivos se incrementa la dotación del servicio con la creación de 4 cargos de jefes de unidad, 205 cargos de fiscales adjuntos, 337 cargos de profesionales, 118 cargos técnicos, 150 cargos administrativos y 5 de auxiliares.

La forma de poner en ejecución este incremento supone, durante el primer año de vigencia de la ley, el ingreso al Ministerio Público de 70 fiscales y 100 profesionales; el segundo año, 40 fiscales y 68 funcionarios; el tercer año, 40 fiscales y 90 profesionales, y el cuarto año, 55 fiscales y 79 profesionales, con lo cual mejora sustantivamente la gradualidad del aumento de la dotación, lo que implicará acelerar decididamente el fortalecimiento del servicio.

Por otra parte, cabe destacar que este incremento tendrá asociado una serie de medidas que se espera que optimicen la labor de este servicio en la persecución penal.

Entre ellas, destacan las siguientes.

Primero, la creación del sistema de supervisión de la persecución penal, cuyo objetivo será velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal aplicable, las instrucciones generales que dicte el fiscal nacional, y la calidad y oportunidad de la persecución penal.

Segundo, la incorporación de un mecanismo de evaluación que supondrá que el Ministerio Público deberá ser evaluado cada tres años, por una entidad externa, conforme a los mecanismos y criterios de evaluación que se fijen en esta normativa. El objetivo de esta evaluación será fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación de la Fiscalía Nacional y de las fiscalías regionales, así como promover la mejora continua de la calidad de la persecución penal y la atención de víctimas y testigos.

Resulta del caso valorar también otros aspectos relacionados con el plan de fortalecimiento.

El primero de ellos es el reconocimiento legal de la existencia de una academia nacional de fiscales, la que generará e impartirá cursos de perfeccionamiento y capacitación. Esta medida es una aspiración de larga data en la institución, la que ciertamente contribuirá a vigorizar las tareas de formación y capacitación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

Del mismo modo, el proyecto de ley otorga al fiscal nacional la facultad de conceder permisos a fiscales que hayan cumplido determinada cantidad de años, para que puedan participar en los cursos de formación de la Academia Judicial, con goce de sueldo, y con ello facilitar el tránsito desde la actividad del Ministerio Público hacia la judicatura, una experiencia que ha dado muy buenos resultados en muchos países.

Asimismo, hay que resaltar la mayor flexibilidad que se le confiere al fiscal nacional para efectuar destinaciones y facilitar las permutas entre fiscales. Hoy existen normas rígidas que impiden los traslados de fiscales o cambios de dotaciones entre regiones. En la actualidad es evidente la necesidad de una norma de esta naturaleza, pues la realidad de cada región cambia continuamente, lo que requiere mecanismos de adecuación eficaces y más oportunos.

Finalmente, es importante destacar la facultad que se le otorga al fiscal nacional para dictar las instrucciones generales que estime necesarias para fijar la unidad de acción de los órganos de la institución, en especial para la consistencia y eficacia en la persecución penal y el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación y de los hechos punibles, el ejercicio de la acción penal y la protección de las víctimas y testigos.

Con todo, en las investigaciones en que pueda existir una afectación a la unidad de acción, así considerada por las unidades especializadas o unidades de supervisión, cuando corresponda, el fiscal nacional podrá ordenar al fiscal regional correspondiente que se adopten las medidas que sean necesarias con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las instrucciones generales.

Asimismo, cuando tal afectación comprometa gravemente la unidad de acción, el fiscal nacional podrá impartir al fiscal regional correspondiente "medidas específicas" sobre las diligencias investigativas y las actuaciones procesales que considere pertinentes.

Si bien esta última idea fue muy debatida, creo que constituye un mecanismo indispensable para fortalecer el trabajo institucional y el logro de las tareas que defina el fiscal nacional.

Señor Presidente , honorable Sala, dados los desafíos a los que se enfrenta el Ministerio Público y la naturaleza de la criminalidad que actualmente sufre nuestro país, resulta imperioso reforzar las herramientas y recursos del órgano persecutor con el fin de contar con equipos que lleven a cabo una investigación y persecución penal eficaz y presten la debida atención a las víctimas y testigos de delitos, avanzando así en una mayor cobertura, atención y ajuste de los procesos para quienes participan en ellos.

Por las razones anteriormente mencionadas, proponemos a la Sala la aprobación en particular de este proyecto de ley.

He dicho, señor Presidente.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Honorable Sala, la Comisión de Hacienda tiene el honor de informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, ingresado como mensaje presidencial, que se encuentra actualmente con urgencia calificada de "suma".

Para el análisis de esta iniciativa asistieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos , señor Jaime Gajardo ; el subsecretario de Justicia , Ernesto Muñoz , junto con sus asesores.

Además, desde la Fiscalía Nacional, concurrieron el fiscal nacional, señor Ángel Valencia ; la directora ejecutiva nacional, señora Mónica Naranjo ; la gerenta de la División de Estudios, Ana María Morales ; y el profesional de la misma división señor Gonzalo Droguett .

La idea matriz del proyecto es reforzar las herramientas y los recursos del Ministerio Público para fortalecer los procesos administrativos y la tramitación de causas, mejorar la eficacia de la investigación y persecución penal, así como también la atención de víctimas y testigos de delitos, de manera de ampliar la cobertura que presta actualmente. Asimismo, se busca perfeccionar los mecanismos de incentivo al desempeño de los fiscales y otros funcionarios del referido organismo.

El proyecto consta de tres artículos permanentes y ocho disposiciones transitorias.

Como aspectos relevantes, la iniciativa puede resumirse del siguiente modo:

1.- Aumenta la capacidad operativa del Ministerio Público.

2.- Permite al fiscal nacional -previo concurso interno- la designación de fiscales en labores de capacitación, perfeccionamiento y formación integral.

3.- Se incorpora la obligación de someter a evaluación el funcionamiento del Ministerio Público, cada tres años, por parte de una entidad externa, a fin de promover la mejora continua. Claramente, esto permite que la autonomía no signifique no tener controles.

4.- Se crea el Sistema de Supervisión de Persecución Penal, cuyo objetivo será velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal aplicable y en las instrucciones generales que dicte el fiscal nacional y, además, por la calidad y oportunidad de la persecución penal.

5.- El fiscal nacional deberá dar cuenta en las Comisiones de Constitución de ambas cámaras, en mayo de cada año, del grado de cumplimiento de su programa de gestión institucional y de las materias más relevantes vinculadas a la persecución penal.

6.- Se crean nuevas unidades internas para la integridad y probidad.

En la Comisión de Hacienda el debate se concentró en conocer el efecto fiscal del proyecto de ley, los mecanismos de gestión institucional e incentivos de remuneraciones de personal y, finalmente, las propuestas de fortalecimiento de atención a víctimas y testigos.

A grandes rasgos los integrantes de la Comisión estuvieron satisfechos con la iniciativa. Sin embargo, se detuvieron en algunos aspectos que se detallan a continuación:

En primer lugar, respecto de la gradualidad de la dotación del personal propuesto, los miembros de la instancia preguntaron sobre el criterio que justifica dicha gradualidad.

El Ejecutivo contestó que se hizo un esfuerzo sustantivo en la distribución del incremento de dotación para que fuera menos concentrado en los años tres y cuatro, de manera que se disponga de la mayor dotación de fiscales en el menor tiempo posible. De hecho, en el primer informe se consideraban 89 funcionarios para el primer año, pero se ingresó un informe financiero sustitutivo que ahora lo complementa a 221.

El señor fiscal nacional puntualizó que la modificación que se realizó acerca de la gradualidad implicó aumentar el número inicial de fiscales que se incorpora al Ministerio Público.

Por otro lado, los parlamentarios preguntaron por la tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes y si esta propuesta nos permitiría estar en una mejor posición.

El fiscal nacional contestó que nuestro país tiene una ratio de 3,9 fiscales cada 100 mil habitantes, la cual está por debajo de los estándares a los que se aspira llegar. Destacó que mediante esta iniciativa se alcanzaría una proporción de cinco fiscales por cada 100 mil habitantes. Esta última cifra estaría más cerca de los seis fiscales por cada 100 mil habitantes, que sería la propuesta calificada como idónea por el Ministerio Público.

Seguidamente, los parlamentarios indagaron acerca de las medidas específicas relacionadas con la modernización del Ministerio Público, dado que los montos propuestos por el proyecto de ley son sustanciales y considerando, adicionalmente, que el presupuesto de este servicio se ha multiplicado casi por cuatro desde 2006 hasta la fecha.

Al respecto, el subsecretario de Justicia señaló que se establecían mejoras en el compromiso de desempeño individual frente al compromiso de desempeño colectivo para que el fiscal nacional pueda fijar metas de gestión y, de esta manera, alinear mejor la institución para alcanzar mejores resultados.

Las normas del proyecto de ley fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

De acuerdo con el informe financiero N° 124, la implementación de esta iniciativa implica un gasto de 14 mil millones de pesos en el primer año y de 48 mil millones de pesos en el cuarto año. Estos recursos contemplan los gastos en personal de 819 nuevos funcionarios en régimen, dentro de los cuales destacan 205 nuevos fiscales. Además, se consideran las nuevas bonificaciones por mejoras de gestión. Por último, cabe hacer presente que el gasto fiscal en régimen alcanzará los 45 mil millones de pesos.

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Hacienda tiene el honor de proponer a la Sala la aprobación en particular de este proyecto de ley.

He dicho, Presidente .

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidente.

Lo mío es estrictamente reglamentario.

Estamos en una discusión en particular, por lo que, técnicamente, lo que deberíamos hacer es revisar dónde están las votaciones separadas que se han solicitado y efectuar las votaciones.

Esta es una especie de segunda reflexión respecto a la discusión en general. Entonces, me gustaría saber cómo seguiremos.

A mí me gusta cuando se discute, no tengo objeción, y lo hemos hecho otras veces. Pero necesitamos tener una idea de cómo vamos a enfrentar esta tramitación.

Una opción es que se dé tiempo ahora, pero que no se vuelva a repetir en cada discusión en particular el mismo procedimiento.

Esa es la duda, Presidente .

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidente.

Creo que es necesario poner en un contexto más amplio el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, que estamos votando el día de hoy.

En primer término, se trata de otra iniciativa legal que avanza en la agenda legislativa de seguridad pública concordada entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Congreso Nacional.

También se suma a otra buena noticia que tuvimos esta misma semana, que es la implementación del Ministerio de Seguridad Pública a partir del 1° de abril de este año.

Y, finalmente, quiero expresarles a los colegas que, durante esta jornada, las Comisiones unidas de Defensa y de Seguridad Pública del Senado, que tengo la honra de presidir, aprobaron artículos esenciales del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece reglas de uso de la fuerza, quedando en condiciones de ser despachado la próxima semana.

Expuesto el contexto más amplio donde se inserta esta iniciativa legal, en segundo término, es importante destacar que este proyecto de ley nació como fruto de un acuerdo entre el Congreso Nacional y el Gobierno durante la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2023.

Con esta iniciativa se produce el mayor incremento de recursos y dotación de personal del Ministerio Público desde su creación. Así, se aumenta la dotación total en 819 cargos, 205 de los cuales son fiscales. La planta de fiscales pasará de 771 a 1.000.

Un tercer aspecto relevante de este proyecto de fortalecimiento es que introduce un conjunto de modernizaciones institucionales:

-Se perfeccionan los mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales.

-Se introducen cambios y mejoras en el diseño organizacional.

-Se institucionaliza un sistema de evaluación de desempeño, de supervisión y control interno.

Todas estas modificaciones fueron propuestas por el Ejecutivo y eran ampliamente compartidas por el Ministerio Público y los miembros de la Comisión de Constitución del Senado. Sin embargo, en opinión de los mismos integrantes de la Comisión y también del Ministerio Público, no se trataba de todos los cambios institucionales y organizacionales que, con sentido de urgencia, era indispensable introducir.

La persecución penal en el país enfrenta nuevos desafíos, los que no estuvieron a la vista al momento del diseño y de la implementación de la reforma procesal penal hace veinticinco años. El crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia transfronteriza son fenómenos nuevos, frente a los cuales nuestro diseño institucional no estaba preparado y tampoco tuvo una capacidad adaptativa.

El diseño institucional contempló la creación de un órgano autónomo constitucional a cargo de una autoridad unipersonal que ejerce funciones de jefe institucional de la organización, denominado "fiscal nacional", cuyas funciones centrales son la representación, coordinación y creación de criterios unificadores de investigación, pero sin potestades efectivas en materia de investigación, salvo dos supuestos muy específicos y acotados previstos en la Ley Orgánica Constitucional. Por otra parte, hay fiscalías regionales autónomas dotadas de potestad real de investigación y persecución penal ejercida con total independencia de la Fiscalía Nacional.

Este modelo descentralizado de ejercicio de la potestad persecutora ha tenido como consecuencia resultados muy disímiles entre las distintas fiscalías regionales. A la vez, el uso de criterios discrecionales por parte de algunos fiscales regionales en causas de alta sensibilidad pública terminó afectando gravemente la eficacia y la credibilidad de la institución. Todos recordamos "las clases de ética" como un ejemplo vergonzoso de la desigualdad ante la ley y la ausencia del derecho.

Pues bien, enfrentados a la crisis de seguridad y de orden público en que nos encontramos, medidas solamente organizacionales no eran suficientes para fortalecer al Ministerio Público. De ahí que presentamos una serie de indicaciones, las cuales fueron respaldadas por la Comisión de Constitución, que le otorgan facultades al fiscal nacional para no solo dictar instrucciones generales y unificar criterios de actuación, sino además para dictar "medidas específicas" en investigaciones determinadas. A través del ejercicio de esta atribución, el fiscal nacional podrá corregir -con sentido de oportunidad- omisiones o errores en las instrucciones que se impartan en una investigación.

Con la introducción de esta nueva facultad al fiscal nacional, que corresponde a la nueva redacción que se le otorga al artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se genera un mejor balance de poderes, un cheks and balances más equilibrado entre la amplia autonomía e independencia de la que gozan los fiscales regionales en materia de investigación y persecución penal, y las potestades del fiscal nacional como jefe y responsable de la institución y encargado de unificar la política de persecución criminal a lo largo del país.

En toda entidad, en los organismos públicos, y particularmente en los sistemas democráticos, es indispensable contar con un adecuado sistema de balance de poderes y contrapesos, pero ello no puede significar empates que terminen paralizando la actividad de la institución.

Por lo mismo, esta nueva facultad deberá ser ejercida con prudencia e inteligencia por parte del fiscal nacional. Y estamos seguros de que así será.

En este mismo orden de ideas, se fortalecen las facultades del fiscal nacional para organizar la dotación de la Fiscalía y la gestión de personas. Asimismo, se generan reglas distintas para fortalecer la capacitación de los funcionarios del Ministerio Público y para el desarrollo de su carrera, y varias otras introducen mecanismos de incentivos más centrados en el mérito.

Para concluir, el proyecto de ley planteado por el Gobierno, los aportes del Ministerio Público...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Presidente , deme veinte segundos para terminar.

Decía que el proyecto planteado por el Gobierno, los aportes del Ministerio Público y el trabajo desarrollado por la Comisión de Constitución del Senado han concluido en una propuesta legal que no solo fortalece la institución del Ministerio Público, sino que además actualiza su diseño institucional, haciéndose cargo de los desafíos que enfrenta el sistema de persecución penal frente al nuevo mercado del delito.

Por estas consideraciones, señor Presidente, votaré a favor en particular del presente proyecto de ley.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Como se ha dicho, estamos en la discusión en particular de esta trascendental iniciativa, que fortalece al Ministerio Público para la persecución del delito.

Por eso, en los cinco minutos de que dispongo, quiero detenerme en los aspectos específicos de los informes de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Hacienda que han sido expuestos, y agradecer su entrega.

Cabe recordar que esta iniciativa forma parte del fast track legislativo que concordamos ambas cámaras del Congreso Nacional con el Gobierno. El presente proyecto forma parte de las treinta y una iniciativas que acordamos priorizar en materia de seguridad ciudadana.

De ahí que no sea casualidad que la Mesa del Senado, junto con los comités, hayan acordado agilizar el despacho de esta iniciativa tan pronto se pudo dar cuenta de ambos informes.

¿Cuáles son los aspectos específicos que quiero recalcar, y sobre ellos fundamentar mi voto favorable, en los informes de las Comisiones de Constitución y de Hacienda?

Primero, este proyecto aborda el fenómeno lamentable del incremento de la delincuencia. Pero no solamente eso, también se ocupa del aumento de la complejidad de los delitos y de la violencia asociada a estos, y asimismo del fenómeno del crimen organizado. Por lo mismo, quiero celebrar la creación de una unidad especializada en el Ministerio Público para la persecución del crimen organizado.

La iniciativa permite aumentar la dotación de fiscales y funcionarios, con lo cual se ayuda a una mejor distribución del trabajo y se evita el colapso de las unidades que operan en las regiones más afectadas por la delincuencia.

Por ejemplo, en la región de Coquimbo, el fenómeno del narcotráfico que tenemos presente sobre todo en las provincias de Choapa y de Limarí llevó a algunos parlamentarios, entre los que me cuento, a hacer gestiones para la creación de la unidad del OS7 de Carabineros con presencia en estas provincias, particularmente en la prefectura de Limarí y Choapa, con sede, en este caso, en Ovalle.

El incremento de dotación de funcionario se transformará en el mayor esfuerzo que se haya realizado desde la creación de la propia Fiscalía, lo que se implementará dentro de un plazo de cuatro años. Serán 819 nuevos cargos, consistentes en 4 jefes de unidad, 205 fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y 5 auxiliares.

Y como estamos en la discusión en particular, quiero que bajemos de lo abstracto a lo concreto para explicarles a los ciudadanos de regiones la importancia del proyecto.

Uno de los aspectos más relevantes consiste en reforzar el personal destinado a la tramitación de causas. El incremento en la dotación permitirá fortalecer la labor de las fiscalías regionales y optimizar los sistemas de turnos y flagrancia con el objeto de dar respuesta en las primeras horas tras la comisión de un delito. Las primeras diligencias son las más importantes.

La creación de un turno de instrucción especializada favorecerá la coordinación con las policías, facilitando una investigación más eficaz y precisa.

Y lo más importante, Presidente , es el fortalecimiento de la atención a víctimas y testigos. La persecución penal no puede centrarse únicamente en los victimarios, sino que debe garantizar apoyo a quienes sufren las consecuencias del delito. El refuerzo en personal especializado permitirá implementar un modelo de atención oportuno, sobre todo para víctimas de violencia intrafamiliar y de aquellos delitos sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Efectivamente, como han señalado el Secretario, los presidentes de las Comisiones de Constitución y de Hacienda, el propio ministro de Justicia y los senadores que me han antecedido en la palabra, este importante proyecto nace a partir de una necesidad producida por la grave crisis de seguridad que tenemos en el país, con el significativo aumento de homicidios, con la presencia del crimen organizado y, particularmente, con la falta de fiscales.

A fines del 2022, en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, que presidía el senador Rafael Prohens y donde se estudia el presupuesto del Ministerio Público, rechazamos la partida correspondiente a raíz de la exposición de la propia institución y el detalle de la falta de fiscales, que era algo absolutamente conocido, y también de algunos otros funcionarios. Como había muy pocos fiscales en relación con el número de causas, se hacía imposible que el Ministerio Público pudiera avanzar en la persecución penal de todos los delitos, pero en especial de aquellos vinculados con el crimen organizado y los homicidios.

Ese primer rechazo en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos llevó a que en el protocolo de acuerdo de la Ley de Presupuestos para el año 2023 el Ejecutivo asumiera el compromiso de presentar el proyecto que hoy día estamos viendo.

Básicamente, este proyecto establece una mayor dotación de fiscales, llegando a 5 fiscales por cada 100 mil habitantes, siendo el óptimo 6,8 fiscales por cada 100 mil habitantes, que es a lo que quisiéramos aspirar. Pero hoy día ya se aumenta de 3,9 a 5 fiscales por cada 100 mil habitantes, lo que constituye un avance importante.

También hay un aumento significativo del resto de los funcionarios, como bien detallaron los senadores Araya y Walker, quienes me antecedieron en la palabra.

Se entregan nuevas facultades y responsabilidades al fiscal nacional, que nos parecen relevantes, las cuales no deberán ser definidas cien por ciento por ley. Se podrá manejar, entre otras cosas, la dotación, a efectos de poner funcionarios ahí donde se requieran. Por lo tanto, el fiscal nacional va a poder distribuir anualmente las dotaciones.

Asimismo, va a acarrear consecuencias el no cumplimiento de las instrucciones generales por parte de los fiscales regionales.

También se establecen medidas específicas para los fiscales, en aras de que haya un efecto sobre la persecución penal en todas las fiscalías regionales.

Pero de manera conjunta con estas nuevas facultades, también se le establecen al fiscal nacional obligaciones y medidas de fiscalización de un correcto cumplimiento y un debido ejercicio de la persecución penal.

Hay una modificación a la estructura administrativa y disciplinaria del Ministerio Público.

Se consideran enmiendas a la carrera funcionaria; un incremento -ya habíamos hecho la referencia- de la dotación del Ministerio Público, lo que va a mejorar la atención de las causas y el fortalecimiento a la atención de víctimas y testigos; una asignación profesional también para administrativos y auxiliares; un perfeccionamiento del mecanismo a la gestión institucional e incentivos a las remuneraciones; la Academia Nacional del Ministerio Público, etcétera.

Creemos que la iniciativa significa un avance importante, Presidente , la cual, junto con otros proyectos, como el de la Fiscalía Supraterritorial y el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Atención y Defensoría de las Víctimas, va a significar un mejoramiento en la lucha contra la crisis de seguridad.

Por cierto que, por sí solos, los proyectos no la solucionan, pero constituyen un avance relevante.

Creo que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hizo un estudio pormenorizado del proyecto, y esperamos que se aprueben todas sus normas en particular.

Muchas gracias.

He dicho.

La señora NÚÑEZ.-

Muchas gracias, señor Presidente .

Hoy votamos un proyecto de ley fundamental para el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. No es solo un conjunto de reformas administrativas, sino una respuesta concreta y necesaria a la creciente demanda ciudadana por seguridad y justicia efectiva.

El Ministerio Público es la columna vertebral en la persecución penal en nuestro país; sin embargo, con el aumento de organizaciones delictuales y nuevos delitos ha enfrentado desde hace algunos años -y con grandes desafíos- falta de recursos, procesos burocráticos que entorpecen la acción fiscal y dificultades a la protección de víctimas y testigos.

Este proyecto busca enfrentar esos problemas con medidas claras y contundentes que garantizan el éxito de las investigaciones y, por supuesto, de la persecución penal.

Primero, se refuerzan las herramientas de gestión y supervisión del Ministerio Público, asegurando, por ejemplo, que las fiscalías regionales y la nueva Fiscalía Supraterritorial cuenten con mejor planificación, control de gestión y una supervisión real de su desempeño a través de fiscales adjuntos y profesionales que apoyarán el ejercicio de dicha función.

Hago un paréntesis muy relevante, Presidente , respecto de que el proyecto que busca crear la Fiscalía Supraterritorial, directamente relacionado con el que tenemos hoy en tabla, se está votando en particular en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y esperamos que prontamente sea discutido y votado por esta Sala para despacharlo a ley, porque, por supuesto, ambos se fortalecen.

El reforzamiento a que hacía mención se traducirá en que las víctimas de delitos verán respuestas más rápidas y eficaces.

Una segunda cuestión que me gustaría destacar es que se mejora la coordinación y unidad de acción dentro del Ministerio Público, lo que permitirá una persecución penal más eficiente y estandarizada, por ejemplo, a través de las instrucciones emitidas por el fiscal nacional: lo estamos dotando de más herramientas y estamos plenamente convencidos de aquello.

Entonces, se otorgan mayores facultades al fiscal nacional para garantizar que no existan diferencias -injustificadas, obviamente- entre regiones, y que la lucha contra el crimen organizado sea coordinada y efectiva en todo el territorio nacional. Por ejemplo, la mayor atención en La Araucanía, por la importancia que reviste, no puede postergar al norte del país.

Tercera cuestión que me gustaría valorar: se crea la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna, con el objeto de supervisar políticas y procedimientos internos, orientados a la prevención y detección de delitos y conductas contrarias a la probidad dentro de la institución.

Se establecen incentivos claros para los fiscales y funcionarios vinculados al cumplimiento de metas institucionales.

Además, por primera vez el Ministerio Público será sometido a evaluaciones por una entidad externa elegida mediante licitación, cuyo informe se publicará en la página web institucional cada tres años, lo que asegurará que la labor institucional se ajuste a estándares de eficiencia y eficacia.

No sacamos nada con fortalecer organismos públicos, entregando más atribuciones y recursos, si no tenemos control y, obviamente, una medición y evaluación de cuál es el nivel de la labor que está realizando. Por lo tanto, no podemos permitir que una institución clave para la seguridad de nuestro país opere sin una rendición de cuentas rigurosa.

Este proyecto de ley es un mensaje claro de que no vamos a tolerar la impunidad y de que vamos a dotar al Ministerio Público con las herramientas necesarias para enfrentar con decisión el crimen organizado, los delitos económicos, los delitos medioambientales, la corrupción y el lavado de activos; y los ilícitos relacionados con los temas de que estamos hablando.

Con la aprobación de este proyecto de ley fortaleceremos nuestra institucionalidad y vamos a responder a la gran preocupación que existe hoy en las calles, en los hogares e incluso en las instituciones de nuestro país.

Votaré a favor del proyecto, Presidente, porque robustece al Ministerio Público, con lo cual se fortalecen la democracia y el Estado de derecho.

El presente proyecto es un paso más en la lucha contra el crimen organizado dentro de una agenda robusta en la que hemos ido trabajando, donde nos hemos ido poniendo de acuerdo, y le hemos entregado a Chile iniciativas como corresponde.

He dicho.

Gracias, señor Presidente.

El señor INSULZA.-

Presidente , este proyecto de ley se hace cargo, por cierto, del gran problema que hemos tenido en los últimos años, que es la sobrecarga de trabajo que le ha significado al Ministerio Público -desde su creación-, en el marco del combate contra la delincuencia y del crecimiento del crimen organizado, lo que ha saturado la capacidad de los fiscales y demás funcionarios a cargo de la persecución penal.

La iniciativa da respuesta a un tema pendiente que el Gobierno asume y que, junto al esfuerzo parlamentario, se puede sacar adelante.

Ahora, el problema no solamente es el aumento del crimen organizado, sino también el hecho de que el temor ciudadano a la delincuencia haga que sea más difícil utilizar instrumentos que existen, que son legales y son legítimos, como el principio de oportunidad, el archivo provisional, incluso los procedimientos abreviados, que últimamente han estado prácticamente vetados por la Fiscalía Nacional.

Creo que la Fiscalía Nacional debería hacer un esfuerzo grande por ampliar los criterios de actuación del Ministerio Público, para evitar que los casos se sigan demorando demasiado en el nivel de la Fiscalía.

Ahora, el aumento de la dotación es indudablemente necesario y el proyecto inicial no ponía el énfasis en el incremento sustantivo del número de fiscales. Sin embargo, la acción del Ejecutivo -y creo que también nuestra participación como Congreso- permitieron cambiar el criterio para invertir los efectos del proyecto de ley, lo que significa que ahora será en los primeros años donde se notará un alto impacto en el aumento del número de fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

Junto con el incremento de dotación, el proyecto de ley permite mejorar la tramitación de diligencias pendientes en causas ya abiertas; permite trabajar coordinadamente con otras instituciones encargadas de la seguridad en el país, y mejora la tramitación de los casos complejos -muy complejos- de narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y otros; junto a la muy bien desarrollada digitalización de la Fiscalía, que se ha llevado a cabo en mi región de manera primaria y que hoy día se ha extendido a otras zonas del país.

El proyecto camina también de la mano con nuevas leyes tramitadas en este Senado: hemos mejorado la ley antiterrorista; precisamos de mejor forma las asociaciones criminales y delictuales; se ha establecido el comiso con o sin condena previa, y se han instaurado delitos nuevos como el sicariato y el robo de madera, entre otros.

Además, hemos establecido la utilización de técnicas especiales de investigación de distintas figuras delictivas, y los criterios ahora establecidos constituyen también un gran avance. En el Senado son innumerables las iniciativas que se han convertido en leyes en estos años y que buscan mejorar mucho la persecución de la delincuencia.

Así que votamos con mucho gusto a favor de este proyecto, esperando que sirva para lo que todos buscamos: la disminución sustantiva de la delincuencia en el país.

Muchas gracias, Presidente .

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Saludo al ministro de Justicia .

Nos encontramos ante un proyecto de ley que representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia y la persecución del crimen. Esta iniciativa permitirá incrementar los recursos del Ministerio Público y mejorar el sistema de incentivos para sus funcionarios, aspectos claves para fortalecer su labor, reflejando la necesidad de robustecer nuestro ente persecutor y dotándolo de mejores herramientas para hacer frente a la crisis de seguridad que estamos viviendo y al incremento del crimen organizado.

Estas demandas son muy sentidas por los chilenos honestos, quienes han visto restringidas su libertad y seguridad. Pretenden dar respuesta a la creciente complejidad en torno a los fenómenos delictivos, caracterizados por delitos cada vez más violentos y organizados, lo cual hace indispensable incorporar cambios y medidas que fortalezcan la función que cumple el Ministerio Público.

Indudablemente, el proyecto va por el camino correcto.

Sin embargo, estas medidas serán insuficientes si no van acompañadas de una estrategia integral, sostenible en el tiempo y respaldada por los recursos necesarios para su implementación efectiva.

Hago un llamado a seguir avanzando en este camino y a abordar las demandas de la Asociación de Fiscales y de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público que han quedado fuera del proyecto, pero que apuntan a seguir mejorando la persecución del delito y contribuyen a garantizar una justicia eficaz.

La lucha contra la delincuencia exige un compromiso permanente con el fortalecimiento de nuestras instituciones y su adaptación a los desafíos actuales.

Por ello, votaré a favor del proyecto. Pero insisto en que estas medidas no deben ser vistas como un punto final, sino como un punto de partida en el camino hacia el perfeccionamiento institucional que necesitamos para enfrentar los retos de seguridad que hoy nos aquejan.

Gracias.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

El fortalecimiento del Ministerio Público es un aspecto clave para garantizar una política criminal eficaz y una respuesta oportuna ante el delito.

En este sentido, el proyecto de ley busca robustecer esta institución a través de diversas medidas; entre ellas, el aumento de dotación (se incrementa el número de funcionarios en 819 cargos). Además, va a permitir la continuidad de fiscales regionales, quienes, una vez concluido su periodo, podrán volver a ejercer como fiscales adjuntos, aportando con su experiencia y la expertise alcanzada.

Habrá una modernización en los bonos: se va a actualizar el sistema de incentivos económicos.

Habrá una extensión de asignaciones: se ampliará a administrativos y auxiliares que cumplan con ciertos requisitos.

Se creará una nueva unidad de fiscalización para supervisar el cumplimiento de las instrucciones generales emitidas por el fiscal nacional.

Se fortalecerá la figura del fiscal nacional, quien va a tener una inmensa responsabilidad al emitir instrucciones generales para asegurar la unidad de acción dentro del Ministerio Público. Su objetivo será mejorar la eficacia en la persecución penal; garantizar el debido cumplimiento de las tareas de investigación de delitos; promover el ejercicio efectivo de la acción penal, y fortalecer la protección de víctimas y testigos.

Como contrapartida, el fiscal nacional deberá rendir cuentas en las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados. En ese proceso, deberá informar sobre el programa de gestión institucional y los aspectos más relevantes en la persecución penal, con especial énfasis en las acciones emprendidas y los resultados obtenidos en la lucha contra el crimen organizado y los delitos de alta complejidad.

Es también importante destacar la creación de dos nuevos órganos, como son la Unidad de Integridad y Probidad Interna, que será la encargada de promover la ética y prevenir irregularidades dentro de la institución; y la Unidad de Auditoría Interna, que evaluará el sistema de control y supervisará que los procesos administrativos, contables y financieros cumplan con la normativa vigente.

Este es un proyecto que responde a la urgente necesidad, que nos exigen los ciudadanos chilenos y chilenas, de fortalecer la seguridad pública en el país, porque es impensado seguir teniendo tasas de homicidios de 6,7 por cada 100 mil habitantes, lo que evidencia la gravedad del problema.

Sin duda, la implementación de esta reforma va a representar un avance significativo en la lucha contra el crimen, de manera de lograr la protección ciudadana.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor SAAVEDRA.-

No hay duda de que la institucionalidad jurídica debe estar permanentemente adecuándose a los tiempos que vivimos. Y existe una condicionante: los cambios que ha experimentado la delincuencia en nuestro país. Ello obliga a que las decisiones que necesitamos tomar como país y, al mismo tiempo, como parlamentarios, reflejen un criterio común respecto de cómo avanzamos en una estrategia que aísle, detenga y elimine los vestigios de inseguridad que vemos.

Tenemos que hacernos cargo de aquello.

Para eso existen este tipo de proyectos, que se relacionan con el mejoramiento de tres leyes: la N° 19.640, que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público; la N° 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño del fiscal y de los funcionarios del Ministerio Público, y la N° 19.346, que crea la Academia Judicial.

El proyecto resuelve una discriminación que existía al interior del Poder Judicial , que era el otorgamiento de las asignaciones profesionales sin distinción alguna para quienes allí se desempeñan.

En dicha institución se ven 1.700.000 causas al año.

Por lo tanto, uno se pregunta: ¿cuán eficiente es el proceder del Ministerio Público, considerando la recarga de trabajo que existe hoy día en su interior?

Se requiere la incorporación de diferentes elementos que sean motivadores, que incentiven la función pública en la Fiscalía. Hay que superar la obsolescencia tecnológica, lo que contribuiría al mejoramiento sustantivo de la gestión.

Quiero detenerme en un punto muy especial: la creación de la Academia Nacional del Ministerio Público. Se regula por primera vez en la ley orgánica una Academia Nacional de Fiscales, la que tendrá como función el perfeccionamiento y la adecuación permanente de las diferentes tesis que existen sobre cómo enfrentar las situaciones jurídicas para disuadir y terminar con los puntos de inseguridad.

La capacitación de los funcionarios va a permitir robustecer esta nueva dotación y que exista un mejoramiento continuo de la institución, para -reitero- garantizar al país que los procesos judiciales que se den, así como las investigaciones y las sanciones posteriores, por parte del Poder Judicial, van a ser efectivos, ejemplares; y, al mismo tiempo, posibilitará que la sociedad entienda que los recursos que se destinan desde el Presupuesto de la Nación para robustecer al Ministerio Público están siendo bien direccionados, porque son necesarios y representan un respaldo claro a la seguridad y protección de la población chilena.

Voto a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidente.

Ahora que está todo tranquilo en las tribunas, voy a repetir lo que dije en esta materia ante la prensa, sin fuero. Bueno, ahora el fuero ya no sirve porque ya expresé lo que tenía que decir sobre este temita...

(El senador hace un gesto para pedir silencio a su alrededor).

Gracias.

En tiempos de un aumento sostenido del delito y del crimen organizado, por supuesto que fortalecer al Ministerio Público -no hay duda de eso- es una necesidad. Pero también tengo claro que esto, en lo personal, me puede provocar algunos problemas, porque no les va a gustar a los fiscales lo que señalaré. Pero las cosas hay que decirlas como son. Para eso estamos en el Parlamento.

Es momento de repasar lo que se le debe exigir a este Ministerio Público en aras de mejorar el cumplimiento de sus fines. Y mi emplazamiento es fuerte, directo: ¡Hasta cuándo vamos a permitir del Ministerio Público estas filtraciones por la prensa! ¡Qué pasa con las filtraciones! ¡Nada! Hacen lo que quieren.

¿Cuándo vamos a tener algún tipo de información sobre sanciones por las numerosas filtraciones en casos de conocidas figuras públicas? ¿Cuándo? Nunca se sabe.

Hay fiscales que buscan condenas en los tribunales de la opinión pública, ¡fíjese!, antes que en los tribunales de justicia; fiscales que dejan salir su sesgo en cada nueva filtración parcial e interesada; fiscales que se sienten por encima del bien y el mal, que insisten en juicios orales contra funcionarios públicos, aun sabiendo que no pueden ganar.

Naturalmente, sería muy injusto que habláramos institucionalmente de todos ellos, pero sí debo decir que hay muchos fiscales que son pequeños déspotas, que juegan irresponsablemente con la vida y la honra de las personas, sin que haya el menor asomo de arrepentimiento ni tampoco alguna forma en que asuman su responsabilidad.

Si tienen pruebas para demostrar culpabilidad, no se pueden demorar dos, tres años en llegar a un juicio oral, y no puede ser que omitan su deber de objetividad y se transformen en policías, privilegiando la prueba que beneficia su tesis y omitiendo aquella que no.

Sin embargo, al margen de las críticas merecidas a algunos fiscales que buscan más figuración que justicia, este proyecto, que voy a votar a favor, no solo es necesario, sino también urgente.

Hay que fortalecer el Ministerio Público, pero con condiciones.

La labor de persecución penal tiene como eslabones a la PDI y Carabineros en la investigación; al Ministerio Público como encargado de la persecución, y a Gendarmería como responsable de los recintos penitenciarios. No basta con aumentar los recursos de las policías si no incrementamos la dotación del Ministerio Público, para que los detenidos por Carabineros puedan ser condenados. Tampoco va a servir de nada este aumento si no enfrentamos la profunda reestructuración que necesita Gendarmería. Son tres eslabones esenciales para lograr prevención, pero también sanción y rehabilitación.

Por supuesto, voy a votar a favor de este aumento de la dotación -según se informa, es el mayor desde la creación del Ministerio Público-: ochocientos y tantos cargos nuevos, que incluyen más de doscientos nuevos fiscales adjuntos.

También considero valioso el fortalecimiento en la atención de víctimas y testigos; la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal, y, en especial, la evaluación del funcionamiento del Ministerio Público cada tres años por una entidad externa, a fin de promover la mejora continua de la calidad de la persecución penal y la atención de víctimas y testigos.

Solo quiero terminar con una reflexión, citando a un filósofo británico: "Para que los malos triunfen, basta que los buenos no hagan nada". El Estado no puede quedar inmovilizado, detenido por peleas políticas. Se necesita, por parte del Ministerio Público, determinación, y este proyecto es un paso adelante para lograr lo que los chilenos y chilenas anhelan: seguridad para vivir, seguridad para trabajar, condenas a los responsables de los delitos y justicia para las víctimas.

Una reflexión final: yo quiero decir que, así como hoy día estamos fortaleciendo con este proyecto al Ministerio Público, exigimos mayor seriedad en aquellos fiscales que se dedican a perseguir a las personas según el color político que profesan.

Por último, y lo digo fuerte y claro para que no haya malas interpretaciones -ya estoy cansado de las querellas-: no son todos, porque los que hacen bien su pega por lo general actúan con anonimato y se preocupan de la reserva de sus casos.

Voto a favor esperando no solamente promesas del Ministerio Público, sino que efectúe en los hechos lo que el país necesita .

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidente.

Como es natural, el fortalecimiento del Ministerio Público representa un hecho trascendente y un factor muy importante en lo que es o debiese ser un mejor combate contra el crimen; particularmente, contra el crimen organizado.

Hay que decir, eso sí -y lo analizamos mucho en la Comisión de Constitución-, que el solo hecho de sumar fiscales no es garantía de que se hagan mejor las labores del Ministerio Público.

El último fortalecimiento que hubo -me corregirá el ministro - debe de ser del 2014, cuando también se produjo una mejora sustancial en recursos. Esa vez la ley estableció que debía haber una auditoría, si no me equivoco, a los cuatro o cinco años desde la publicación de dicha norma; auditoría que realizó el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Pues bien, esta entidad hizo un análisis y señaló algo bastante patético, terrible o triste -usen la expresión que más acomode-: que era imposible medir cuál había sido el impacto del fortalecimiento del Ministerio Público que se hizo en 2014.

Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y se lo hemos hecho ver al fiscal nacional, señor Valencia . No puede volver a ocurrir lo mismo esta vez.

Ahora, este fortalecimiento, por supuesto, lo necesitamos. El número de fiscales por cada 100 mil habitantes en Chile estaba muy descendido. Por tanto, compartimos que esta evaluación se debe hacer con un rigor enorme. Si no, nos vamos a encontrar en tres, cuatro, cinco o seis años más, nuevamente con un informe que diga que no sabemos cuánto fue el impacto real de haber destinado más recursos, más fiscales, más abogados, en fin, al Ministerio Público.

Por ende, lo primero es que, junto con este esfuerzo que está haciendo el país, el propio Ministerio Público necesita entender que esto debe tener efectos concretos, prácticos, medibles y que sean percibidos por la ciudadanía.

Así que esa obligación de hacer auditorías cada tres años debe preocupar a la Fiscalía, de manera de generar y mostrar métricas, medidas efectivas y rigurosas de mejora de gestión.

Otro tema muy importante aquí, además de sumar personal, es el relativo a mejorar la capacidad de gestión que tiene el fiscal nacional respecto de los fiscales regionales y de toda la institución.

Hoy día los fiscales regionales son verdaderamente -voy a llamarlo así- como "islas", independientes, con relación a lo que pueda pensar o no el fiscal nacional.

Creo que el Ministerio Público debe tener una razonable unidad de acción y criterios, los cuales, por supuesto, se conversan, pero finalmente deben ser aterrizados de manera homogénea por los fiscales regionales en sus investigaciones en todo el país.

Por tanto, la posibilidad de dar instrucciones generales y proponer medidas por parte del fiscal nacional es algo que se refuerza en este proyecto. El criterio de unidad, de acción queda explícitamente establecido en esta iniciativa. Así, un fiscal regional solo podría negarse a obedecer alguna instrucción de estas características o medidas cuando funde razonablemente que ello no es conveniente para la investigación de una determinada causa.

En el proyecto se establece también la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna. Esta división tiene dentro de sus funciones una que es bien llamativa y que implica una mejora, a nuestro juicio. Si en una investigación hubiese una denuncia grave o compleja respecto del actuar de un fiscal, el fiscal nacional puede pedir que esa causa sea tomada por fiscales que trabajen en la División de Probidad e Integridad, para dar absoluta certeza a las partes que intervienen en el proceso.

En consecuencia, todo ello, sumado a bonos medidos de manera institucional, no puede dejar de producir efecto. Y esa es la meta, el desafío que tiene el Ministerio Público y el fiscal nacional, en particular.

Por supuesto que van a quedar algunos desafíos pendientes.

Fortalecer el Ministerio Público requiere también que tengamos más personal el día mañana, y esto tendremos que analizarlo... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... con el Ministerio de Justicia. Sin embargo, el fortalecimiento del Ministerio Público puede traer carencias en jueces de garantía, en investigadores de la PDI, en labores de Carabineros y eventualmente también en la Defensoría Penal Pública, que levantó las alertas en este sentido.

Así es que, ministro , esto hay que monitorearlo.

Sabemos que el Ministerio Público es autónomo, pero no por eso está libre del control democrático que se debe hacer. Las cuentas que tiene que rendir aquí mismo, ante el Congreso, son parte esencial de ello. Y, por lo tanto, la correcta interacción del Ministerio Público con los juzgados de garantía, con la Defensoría Penal Pública, con la PDI, con Carabineros es un desafío que no puede dejar de monitorearse para resolver las situaciones correctamente por el bien del país.

Muchas gracias, Presidente .

El señor DE URRESTI.-

Gracias, Presidente.

Voy a reiterar algunos conceptos que ya enuncié en mi informe.

En primer lugar, quiero valorar y agradecer a los senadores y las senadoras de la Comisión de Constitución, como asimismo al Ministerio de Justicia, y principalmente a los equipos de la Fiscalía, porque se dio un buen debate.

Luego de la discusión, por expresa decisión de la Comisión, nosotros aprobamos un aumento, el cual, como lo dije en mi informe, es el mayor incremento que ha habido en dotación y presupuesto. Hacienda lo señaló, y seguramente el ministro Gajardo también lo va a refrendar: significa un enorme impacto económico.

Pero también quedó en la discusión que, además de aumentar más fiscales, más profesionales, más técnicos -es decir, aumentar, aumentar, aumentar-, esto tiene que generar los resultados correspondientes.

Creo que en Chile -y en esto me permito hacer una reflexión-, para considerar aumentos en las policías y en distintas instituciones (Médico Legal u otras), nosotros debemos tener la capacidad de auditar, de trabajar y de hacer una permanente revisión de los procedimientos de nuestras instituciones.

Respecto del Ministerio Público, creo que hay consenso sobre ello. Más allá de algunas votaciones divididas en el articulado, nos dimos a la tarea de entender que, siendo esta una de las transformaciones más importantes de nuestra sociedad desde hace poco más de veinte años, ya es tiempo de enfrentar determinadas anomalías o desviaciones que se van generando.

Pusimos especial énfasis en ese sentido, porque ello impacta en regiones, particularmente en el caso de la región de Los Ríos. A los colegas les pido que también revisen, que vean en sus territorios las fiscalías unipersonales, en las cuales ese fiscal tiene que hacer de todo. Y cuando se enferma o se acoge a un postnatal o se le presenta alguna situación de esa naturaleza, solo hay un ayudante que lo secunda. Entonces, ese territorio queda tremendamente afectado desde el punto de vista de la eficacia en cuanto a la persecución. Ese fiscal que está haciendo uso de una licencia o de alguna otra situación termina con una carga laboral enorme acumulada luego de la ausencia que ha tenido.

En cuanto a los resultados, contamos decenas de casos puntuales de fiscales en que simplemente hay un incentivo por la cantidad de causas cerradas mediante mecanismos alternativos. ¡Y eso no puede ser posible! Lo importante es que se investigue. Es distinta la cantidad de causas que existen: si son complejas o no son complejas.

Ahora bien, nos dimos también a la tarea de entender que esto tiene una estructura jerárquica y que la persecución penal, especialmente en materias complejas, excede la jurisdicción en el territorio.

Nosotros construimos el Ministerio Público en función de una visión regional: hay fiscalías en cada una de las regiones, y en Santiago se establecieron cuatro. Pero muchas veces el delito se comete de manera transregional.

En lo que respecta a facultades -y en eso el ministro de Justicia nos colaboró-, nos explicaba el fiscal nacional aquellas situaciones relacionadas con mover dotaciones o hacer permutas. Muchas veces los fiscales necesitan cambiarse de un lugar a otro por un tema familiar, y es muy difícil hacerlo. También están los convenios con los países limítrofes. Bueno, hay una serie de normas que claramente quedan obsoletas respecto de cuáles fueron los objetivos originarios y los que hoy día se están produciendo, particularmente por la complejidad del delito, por la recarga, pero también por el aumento de causas.

Entonces, nos dimos a la tarea de hacer las modificaciones necesarias y de fortalecer el mecanismo desde el punto de vista numérico, del incremento, pero con mayores responsabilidades, para que no repitamos lo que pasó muchas veces en Carabineros o en otras instituciones, en que se aumentaba una dotación sin incluir el conjunto de enmiendas necesarias para que ese aumento fuera proporcional a las mejoras correspondientes, o sea, simplemente se terminaban cubriendo plazas.

Aquí la discusión es poder tener mejor investigación.

Lo relevante en esto -y lo discutimos con el Ministerio- es que se hará gradualmente: el primer año, habrá un importante incremento de 70 fiscales y 100 profesionales; el segundo año, 40 fiscales y 68 funcionarios; el tercer año, 40 fiscales y 90 profesionales, y el cuarto año, 55 fiscales y 79 profesionales.

En definitiva, apostamos a que la reforma se note desde el primer momento.

Creo que es una buena reforma, avanza en objetivos coherentes, por lo que considero importante respaldarla para que en las próximas semanas se puedan votar también... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa) ... -así lo espero- ciertos complementos que son relevantes: lo relativo a la Fiscalía de Alta Complejidad, iniciativa que estamos despachando y que se encuentra en las últimas instancias; el proyecto que crea el servicio de acceso a la justicia y protección de víctimas, que comienza a ser un sistema, y el reforzamiento de la PDI y de Carabineros.

Considero que se trata de un conjunto de elementos, unidos también a la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que permitirán tener más herramientas para la persecución penal en este país.

He dicho, señor Presidente.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Saludo al ministro que está en la sala, a todos los senadores y las senadoras y también a la Mesa.

Quisiera manifestar en los minutos que tengo, complementando lo que se discutió en la votación general de este proyecto, que efectivamente el Ministerio Público nace en un contexto relacionado con la necesidad de poder dar cuenta de distintos ámbitos (investigación, justicia, etcétera), lo que fue abordado hace más de veinte años.

Sin embargo, el desarrollo, la evolución de la criminología, de los eventos delictuales, de los fenómenos criminalísticos, etcétera, ameritaban también poder dotar a la institucionalidad de mayores recursos económicos y humanos para una mejor persecución del delito, una mejor investigación y, al mismo tiempo, lograr mejores condenas y, por cierto, en lo que le compete al Ministerio Público, dotar de la efectiva protección a las víctimas, de ser necesario.

En ese sentido, yo sigo de acuerdo con muchos de los artículos y y con el espíritu que tiene este proyecto de ley.

Sin embargo, quisiera llamar la atención -y esto me va a permitir argumentar en cada una de las votaciones separadas que he pedido- sobre algo en particular.

A lo largo de la tramitación de este proyecto, se vio el esfuerzo por cambiar no solo este fortalecimiento en materia de recursos humanos, de recursos económicos, de darle celeridad a la investigación, etcétera, sino que también hubo un esfuerzo por modificar el diseño institucional a propósito de temas de connotación pública, de hechos también sabidos, notorios y profusamente difundidos por la prensa, como la falta de instrucciones generales para los fiscales regionales, las controversias en casos de alta connotación pública por situaciones de intervención de las empresas o de platas en la política, las salidas alternativas a investigaciones en casos de personeros públicos o políticos, etcétera.

Con estos ejemplos, más que fortalecer... (Algunos senadores conversan en la sala).

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Senadora Pascual, discúlpeme la interrupción.

Señores senadores, los invito a guardar silencio para que escuchemos las intervenciones.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Con estos ejemplos, más que fortalecer institucionalmente al Ministerio Público -y es lo que argumentaré después en cada una de las votaciones-, se fortalecieron en algunos casos las facultades ¡individuales! del fiscal nacional y no las facultades institucionales.

Mis reparos a aquello se manifiestan en los argumentos relacionados con las votaciones de minoría que tuvieron las indicaciones que presenté en la Comisión de Constitución, muchas de las cuales he renovado a través de las solicitudes de votación separada que he formulado.

Dichos reparos los argumenté en numerosas sesiones de la Comisión de Constitución y van más allá de quien ostenta en la actualidad el cargo de fiscal nacional. Se trata de la preocupación por permitir hoy día -y de ello nos podemos arrepentir mañana- el establecimiento de autoridades con poderes autónomos todopoderosos. Esto lo quiero decir con respeto y con esta precaución: se van a permitir instrucciones particulares, respecto de las cuales finalmente, cuando votemos el proyecto de ley en breve, se va a hablar de "medidas específicas". Pero son instrucciones particulares, para casos concretos y específicos, del fiscal nacional a un fiscal regional.

Eso, además, va a aumentar la presión sobre el fiscal nacional para que intervenga en casos específicos y concretos.

En segundo lugar, se fortalece aquí también algo que es bastante complejo.

"No puede ser que el Ministerio Público, por ser un organismo autónomo, quede exento del control democrático", decían senadores y senadoras que me antecedieron. Sin embargo, en este proyecto, que luego votaremos en particular, se le va a permitir la excepcionalidad al Ministerio Público de adscribirse a la Ley de Compras Públicas, con la argumentación -y puedo compartir la preocupación- de que hay cosas que no se pueden hacer totalmente públicas porque podrían ir en contra de la persecución de un delito determinado, de un crimen organizado o de una banda, etcétera. ¡Perfecto! Pero ¿por qué entonces no buscamos la propia excepcionalidad que tiene la ley en la cual se basa aquello que se les permite a las Fuerzas Armadas y a las policías?

Manifiesto lamentablemente estas preocupaciones, pese a que en gran parte del proyecto estamos de acuerdo: hay un fortalecimiento, existen recursos, etcétera. Pero aquí se ha querido también poner un extremo que significa mayores facultades, especialmente para el fiscal nacional.

En muchos casos se nos dijo que ello era sumamente necesario porque tenía que ver con los nuevos fenómenos criminológicos y, además, estaba estrechamente vinculado a la Fiscalía Supraterritorial, proyecto que también se está tramitando en la Comisión de Constitución. Sin embargo, aquí se homologa lo que está en la reforma constitucional respecto de las medidas específicas y las instrucciones particulares, en cuanto a lo que es la normalidad de la institucionalidad del Ministerio Público.

Llamo la atención sobre aquello.

Finalmente, solo quiero decir que también me parece complejo que, con la excusa del fortalecimiento del Ministerio Público... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa) -un minuto, por favor-, se haya aceptado una indicación que les permite a los fiscales ir a formarse a la Academia Judicial.

Es decir, estamos haciendo un traspaso -digámoslo así- de agentes distintos en lo que dice relación a cómo opera la investigación y la justicia en nuestro país. ¿Pero no vaya a ser que un fiscal después también termine siendo juez... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... y pueda conocer todos los elementos tanto en la investigación como en la sanción penal para impartir justicia?

A mí me preocupa eso, porque si hubiera sido el fortalecimiento de la Academia Judicial, bienvenido sea discutir el punto, y en ese marco se puede realizar un debate mucho más integral. Pero aquí solo es en el marco del Ministerio Público que se permite ingresar a dicha academia.

Muchas gracias, Presidente.

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, Presidente.

Saludo al ministro que nos acompaña el día de hoy.

Sin duda que este es un proyecto de enorme trascendencia, pensando fundamentalmente en que tenemos radicada aquí gran parte de la esperanza de lo que significa el restablecimiento de ámbitos de seguridad pública, que es uno de los bienes más demandados por parte de la ciudadanía.

Esta es una iniciativa que, ciertamente, frente al estado crítico en que se encuentra la seguridad pública, obliga a llevar adelante transformaciones que son absolutamente necesarias.

Chile, como bien se ha señalado, tiene una tasa de 6,7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es superior a la de países como Ecuador, que, a pesar de sus esfuerzos, ha visto reducidos sus mecanismos respecto de esta situación.

Ahora bien, hay que tener evidentemente en cuenta algunas cifras que son relevantes.

El Informe Nacional de Homicidios del 2024 arrojó que en cinco años los homicidios con autor desconocido aumentaron de 23 a 41 por ciento. Estamos hablando de causas por homicidios en los cuales en el 41 por ciento de los casos no hay autores conocidos. Se trata de uno de los delitos más graves que acontecen.

Lo anterior, sin duda, da señales sobre la urgencia de profesionalizar el Ministerio Público, pero también habla de cómo el sicariato y el crimen organizado han ido perfeccionando sus mecanismos.

Hay un informe que emitió la Biblioteca del Congreso Nacional, de diciembre del año 2023, donde se habla precisamente de la necesidad de optimizar el trabajo del Ministerio Público. ¿Y qué dice ese documento? En su página 5 señala que el proceso penal contempla la posibilidad de que un ilícito no sea sometido a juicio, dentro de lo cual destaca el denominado "archivo provisional".

Esto es superrelevante para la percepción ambiental pública en materia de impunidad, que eventualmente puede arrojar informaciones o denuncias que muchas veces caen en absoluto desconocimiento respecto de los autores.

¿Qué más señala dicho informe? Que hasta un 83,3 por ciento de los casos de robo, la cifra más alta de los delitos estudiados, entra en el archivo provisional. ¡El 83,3 por ciento de los casos de robo!

Cuando la ciudadanía dice "Estamos ante un mecanismo de mucha impunidad", bueno, hay que mencionar que el 83,3 por ciento de las causas por robo son archivos provisionales y concluyen sin ninguna sanción específica. Le siguen los hurtos, con el 75,7 por ciento; los delitos económicos y tributarios, con el 63,4 por ciento, y los delitos sexuales -¡miren, los delitos sexuales!-, con el 58,2 por ciento.

Aquellas son causas que terminan siendo archivadas provisionalmente. Y sabemos que muchas veces ese archivo provisional se transforma en permanente.

Por eso, la urgencia con respecto a este particular habla de la necesidad de que efectivamente necesitamos, a todo evento, realizar cambios sustantivos y generar precisamente una sensación de seguridad y no de impunidad, la que muchas veces se ve asociada a mecanismos existentes.

Chile tiene actualmente, como bien se señaló con anterioridad, 3,9 fiscales por cada 100 mil habitantes, y de esto se hace parte el presente proyecto.

Ahora bien, resulta necesario asimismo corregir la evaluación relacionada con el sistema de calificaciones de los funcionarios del Ministerio Público. Todos sabemos del enorme esfuerzo que hacen ellos a lo largo de todo el país, quienes en su inmensa medida, casi todos ellos, son evaluados con nota 7, y en casos específicos, muy acotados, con nota 6,9. Evidentemente esta situación indica que algo debemos corregir.

Por eso, el proyecto se hace cargo no solo de mejoras remuneratorias, de incentivos, del perfeccionamiento de los procedimientos: también creemos que restablecer la seguridad, así como la modificación de la instancia procesal de investigación de los delitos por una realmente profesional constituyen hoy día una absoluta absoluta necesidad.

Presidente , siendo un avance este proyecto, esperamos sinceramente que contribuya de manera sustantiva al mejoramiento de la gestión del Ministerio Público; que se avance en la dirección que nos reclama toda la ciudadanía, esto es, más seguridad, y que cada vez se atienda con mayor profesionalismo la grave situación en materia de seguridad que enfrentamos en la actualidad y el impacto que ello significa.

Voto a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

Saludo también, por su intermedio, al ministro de Justicia , quien nos acompaña hoy día.

Obviamente respaldaré esta iniciativa. Para nuestro país es fundamental fortalecer al Ministerio Público, que es una pieza en un engranaje mucho mayor para abordar la persecución penal del delito, las investigaciones y el aumento de la carga de trabajo producto de las distintas materias que han tenido que enfrentar en el último tiempo.

Por tanto, el objetivo principal de esta propuesta de reforma legal es impulsar la labor realizada por los fiscales y funcionarios del Ministerio Público mediante el mayor incremento en su dotación de personal desde su creación, con un total de 819 cargos, desglosados en 4 jefes de unidad; 205 fiscales adjuntos; 337 profesionales; 118 técnicos; 150 administrativos, y 5 auxiliares, en un período de cuatro años desde la publicación de la ley.

Este aumento de dotación tiene como ejes el reforzamiento del personal para la tramitación de causas, el fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos y la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal, así como otras modificaciones al modelo orgánico del Ministerio Público, en la regulación de los fiscales regionales, asignación profesional para administrativos y auxiliares que reúnan ciertos requisitos y la reestructuración de divisiones funcionales y, al mismo tiempo, con un perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales.

Estimo pertinente, asimismo, la discusión que se ha dado sobre si se trata de un fortalecimiento a la institucionalidad para resguardar a este organismo, que se proyecta más allá del fiscal nacional de turno, que tiene un tiempo en su cargo, y si se le estarían entregando -digamos- suprapoderes a este, en términos de un adecuado equilibrio o compensación interna.

Creo que esa es una discusión interesante, en que habrá que ver la puesta en marcha y evaluar posteriormente estos cambios en la línea de fortalecer a la referida institución.

Junto con reafirmar que apoyaré el proyecto, no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que me preocupan al menos dos situaciones que tienen que ver con el Ministerio Público y que podrían vincularse indirectamente con el fortalecimiento que se plantea en esta iniciativa.

La primera se refiere a la noticia reciente sobre el cierre de muchísimas causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos ocurridas últimamente en nuestro país. En mi opinión, eso habla de una deficiente investigación de aquellos delitos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos, en la mayor crisis que hemos tenido en esta materia en democracia. Se cerraron muchísimas causas, y eso puede constituirse en un precedente importante en términos de impunidad.

Y, por otro lado, se hallan las causas vinculadas a la corrupción que involucran al mundo político de distintos sectores. Acá no quiero detenerme en uno u otro, pues todas las semanas aparecen nuevos casos o surgen otras aristas, sino que deseo relevar el cómo se filtra toda la información, cómo ocurre el trasvasije con los medios de comunicación, cómo se hace política, cómo se instala y se juega con ella desde una institución autónoma tan relevante como el Ministerio Público, que debiera estar enfocada cien por ciento a la persecución penal del delito y no a hacer política o a armar diseños comunicacionales para una causa que puedan favorecer o perjudicar a uno u otro sector en determinada coyuntura.

Creo que esa es una pregunta muy seria que nos debemos hacer en el sistema político y democrático. Hemos visto cómo en otros países se ha deteriorado la convivencia democrática a partir de la politización de la justicia.

Me parece que, por un lado, debiéramos exigirle al Ministerio Público mayores estándares en el resguardo de la información de investigaciones que están en curso y, por el otro, no hacer política en casos que involucran a la corrupción y a los personajes políticos.

Obviamente soy partidario de que se llegue al fondo en cada uno de ellos; que se sancione a los responsables, los cuales tienen que pagar frente a la justicia, sean del color que sean, pero con un debido proceso y sin jugar a la política a través de los medios de comunicación y de las filtraciones que se hacen en ciertos casos.

Eso quería poner como punto. Considero importante resaltarlo, junto con -insisto- apoyar esta iniciativa de reforma y fortalecimiento del Ministerio Público.

Gracias, Presidente .

El señor PUGH.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Por su intermedio, saludo al ministro de Justicia , presente en la sala; también a nuestro fiscal nacional, Ángel Valencia, pues no tengo dudas de que está conectado a esta importante sesión.

¿Por qué es importante esto y tenemos que comunicarlo mejor? Porque estamos fortaleciendo algo esencial para nuestro país: el Estado de derecho, con reglas claras que debemos hacer cumplir para que se pueda condenar a aquellos que no las respeten, si estas tienen alguna connotación específica, como la persecución penal.

Si ese proceso no se contempla con todas las garantías existentes, habrá impunidad. La impunidad es lo que genera que las personas hoy estén con esa sensación de inseguridad, puesto que no están viendo que se produzcan acciones concretas.

¿Cuál es el problema que enfrentamos? Tenemos un sistema que lleva ya un tiempo; muchos de quienes me han antecedido en la palabra han explicado sus falencias. Probablemente una de ellas sea la falta de fiscales. Y yo le agregaría: falta de fiscales que puedan partir desde el día uno actuando como tales.

Porque una pregunta que podemos hacernos es cómo se prepara un fiscal. ¿Es un abogado que recién viene saliendo de una universidad y que asumirá dicho rol? ¿O se hará como en otros países -España, por ejemplo-, donde la formación de los fiscales toma cuatro años y finalmente se eligen por oposición a los mejores?

Esa es la relevancia del Ministerio Público, de la Fiscalía.

Entonces, me alegro de que se haya llegado a un acuerdo, el que efectivamente tiene un costo que deberemos pagar todos a través de nuestros impuestos, que dice relación con el aumento de la planta.

Contar con más fiscales es fundamental; pero esto tiene que ir también de la mano del avance tecnológico. El Ministerio Público debe cumplir la Ley de Transformación Digital del Estado y tiene que poner todos los elementos tecnológicos disponibles, incluida la inteligencia artificial, que ya se está usando en este organismo.

También existen nuevos instrumentos, como la Fiscalía Supraterritorial, de cuya moción me tocó participar en su momento, que dará una capacidad extraordinaria al Ministerio Público; una capacidad de persecución del crimen organizado a gran nivel, transnacional. El crimen organizado es el que nos está destruyendo, que es capaz de coaptar, de corromper; es el que quizá produce el daño más grande. Así podemos separar aquellas cosas que se van a enfrentar con una estrategia nacional de las que se van a resolver de forma regional.

Yo valoro el trabajo de las y los fiscales regionales en lo que hacen, con los recursos que tienen y la forma en que están, porque a veces se tienen que hacer cargo de otros problemas, de otro nivel, en otras regiones.

Bueno, ¡esa es nuestra realidad!

Algunos se quejan de que el Estado crece; bueno, ¡tiene que crecer para fortalecerse! ¿Y qué estamos fortaleciendo? El Estado de derecho.

De la mano deben ir otros fortalecimientos, y así lo estamos viendo: están la Policía Marítima, que aumenta su dotación; la Policía de Investigaciones, que tendrá a nuevos agentes policiales, incluso duplicando dotación; el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que ojalá en abril parta armando una estrategia para enfrentar este flagelo que queremos combatir.

Pero también, señor Presidente , se halla el tema carcelario. Y quiero referirme a la reforma que debemos realizar en Gendarmería en todo lo relativo a la segregación en las cárceles.

Esta no es una sola solución, no es una sola ley: es una parte de un sistema complejo y grande.

Entonces, yo quiero invitar a todos a mirar esto como un tema de Estado.

Necesitamos generar incluso una capacidad nueva que aquel no tiene: su capacidad de inteligencia -vamos a ver esto en una comisión mixta muy pronto-, para así coordinar todos los esfuerzos del Estado, ¡todos!, a fin de que logremos juntos sacar adelante a este país, para que sea seguro y donde las personas puedan desarrollarse en libertad.

Valoro los acuerdos. Entiendo que hay algunos en que existen discrepancias.

Sí puedo dar fe, por cuanto me tocó ir a las comisiones como reemplazante, de la dedicación, del esfuerzo, de los datos entregados y de las decisiones que se adoptaron.

Espero que esto se haga, tal como se señaló, en los cuatro años; pero todo lo que se pueda adelantar -y quizá este es el mensaje para los programas de gobierno- debe ponerse en este ámbito, que es esencial para el país, donde tenemos que estar todos unidos y no nos podemos perder.

Voto a favor, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor VELÁSQUEZ.-

Gracias, Presidente.

Con toda seguridad podemos decir que, antes de que se desatara toda esta tormenta del hoy día llamado "crimen organizado", ya el Ministerio Público, o "la Fiscalía", como la conoce gran parte de la ciudadanía, necesitaba de recursos, de inversión para todo lo que aquí se ha detallado.

Se han dicho con mucha claridad las bondades que tienen estas mejoras: incremento en la dotación de personal, sistemas de evaluación, modernización de los mecanismos de persecución y un sinfín de otras cuestiones sobre las cuales se ha informado con bastante detalle. Me parece que todo ello está bien.

Sin embargo, espero que nunca más tengamos doctrinas como las que hace algún tiempo, en un pasado reciente, varios sectores políticos de uno y otro lado acordaron, es decir, que se llegue a un acuerdo para que no se persigan determinados delitos "porque salimos perjudicados todos".

Yo diría que no hay ninguna reforma ni Estado de derecho que aguanten acuerdos de ese tipo.

Como me parece que ahora, de acuerdo con lo que nos han estado informando permanentemente los integrantes de la Comisión de Constitución, se hizo una discusión acabada, sincera, clara, contundente, con diferencias propias de los temores de entregar demasiadas facultades, sea personales -en este caso al fiscal nacional- o sea a la propia institución, espero que la División de Probidad e Integridad -como acá se mencionó- efectivamente esté a la altura para lo cual se ha creado.

Porque no sacamos nada con entregar recursos si mañana van a operar los desempeños de los fiscales o de la institución a través de las redes de contacto, del tráfico de influencias o de quién votó por quién en determinado momento. Así no avanzaremos. Van a pasar veinte años más y estaremos haciendo esta misma declaración de principios: veremos las filtraciones tendenciosas de las que se acaba de hacer mención o habrá ciertos énfasis y celeridad respecto de determinados casos también y otros que se van a eternizar.

O sea, lo que hoy estamos escuchando en cierta medida me parece que son llamados de atención al actual fiscal nacional, a la institución Ministerio Público, para que vayamos despegando verdaderamente en esta materia y no nos estemos contando alguna historia.

Aquellas suspensiones condicionales del procedimiento, los cierres de causas de ciertos personajes políticos generan nerviosismo en el sentido de que se puedan producir nuevamente.

A mi juicio, un Estado de derecho se basa en la honestidad, en la probidad de las instituciones públicas y, especialmente, ¡especialmente!, en la honestidad y el trabajo serio del Ministerio Público siempre.

He dicho, Presidente .

El señor HUENCHUMILLA.-

Muchas gracias, Presidente.

He estado siguiendo atentamente este debate. No pensaba intervenir, pero hay algo que me inquieta, que no me deja tranquilo, y por eso quiero expresarlo aquí.

Naturalmente, voy a votar a favor de este proyecto. Veo aquí una alegría generalizada, probablemente en la opinión pública, porque vamos a tener más fiscales y a fortalecer el Ministerio Público, que es lo que corresponde.

El punto no es ese.

Cuando aquí un señor senador preguntó cuál era el mecanismo para medir la productividad del Ministerio Público, creo que apuntaba en la dirección correcta. Porque mientras más fiscales necesitemos, quiere decir que estamos fortaleciendo a la institución, pero yo no sé si la sociedad en su conjunto gana con eso. ¿Gana la sociedad en la lucha contra el delito si en vez de mil fiscales deberíamos tener dos mil? ¿Gana la sociedad en la lucha contra el delito si en vez de cien cárceles deberíamos tener doscientas, donde fortalecemos, sin duda, el sistema?

Sin embargo, eso quiere decir entonces que la sociedad no ha atajado el delito en el momento que corresponde, porque el Ministerio Público es parte de un engranaje sistémico para el combate contra el delito.

El Ministerio Público empieza su tarea cuando los delitos se cometen, y cuando estos se cometen no tiene arte ni parte: por así decirlo, recibe cierta clientela, y no depende de este el que esa clientela se achique, porque si esa clientela se sigue agrandando, quiere decir que es la sociedad la que está perdiendo la lucha contra el delito.

Por eso yo no creo que un proyecto de ley que simplemente apunte al fortalecimiento del Ministerio Público en la dotación funcionaria y en el perfeccionamiento de la modernización por sí solo arregle el tema de fondo si no entendemos una cosa clave que aquí un señor senador acaba de mencionar: la lucha contra el delito está en la etapa previa a su comisión, ya que el ideal es que ellos no se cometan.

Si a mí me dicen que se perpetraron mil homicidios y la Fiscalía persiguió solamente cien, estamos mal; pero si se cometieron dos mil homicidios y la Fiscalía persiguió mil quinientos, claro que ganó la productividad de aquella. ¿Pero quién perdió? La sociedad, porque en algún minuto no atajó ese fenómeno criminal.

Entonces, en ese esquema sistémico, señor Presidente , claro que es fundamental la prevención que hace Carabineros; claro que es fundamental la prevención que deben realizar los servicios de inteligencia policial, la policía especializada, en cuanto a combatir el crecimiento y el surgimiento de nuevos fenómenos criminales desde que se instauró el nuevo sistema procesal penal que contempla el Ministerio Público, allá por el año 2000.

Evidentemente, hay un nuevo escenario nacional e internacional con respecto a esos fenómenos.

Por consiguiente, mi punto es que hemos avanzado con el Ministerio de Seguridad, sin duda, y este es un avance para el Ministerio Público; pero no tenemos que olvidar que la lucha contra el delito se inserta en la incógnita de qué somos los seres humanos que nos alzamos contra nuestro hermano, contra sus bienes y contra su vida. ¿Por qué surgen estas cosas?

Entonces, no es filosofía, sino la manera en que el Estado debe encarar estos temas en una sociedad globalizada, compleja, difícil, en que está en juego la democracia misma por todos los fenómenos que vivimos, que escapan al Estado nación territorial: son fenómenos internacionales, con todo este mundo que vivimos.

Por lo tanto, este es un avance.

Voto a favor.

Sin embargo, no podemos olvidar que esta es una lucha sistémica del conjunto de la sociedad con otras instituciones que tienen también competencia en esta materia.

Gracias, Presidente .

--Se aprueban las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, así como las enmiendas acordadas por unanimidad y respecto de las cuales no se pidió votación separada (36 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Se ha cumplido el quorum correspondiente y, por lo tanto, quedan aprobadas las normas acogidas por unanimidad en las comisiones y las que no fueron objeto de indicaciones ni de solicitudes de votación separada.

Me da la impresión de que hubo algunos votos que no alcanzaron a registrarse.

A ver, senadora Allende.

La señora ALLENDE.-

Por favor, ¿puede registrar mi intención de voto, porque efectivamente estaba afuera y no alcancé a llegar?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Sí, usted ha estado permanentemente en la sala.

La señora ALLENDE.-

Sí.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Pero tengo la impresión de que su voto está registrado.

Estamos revisando.

El señor CASTRO (don Juan).-

Presidente , agregue también mi voto, por favor.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Un segundito.

Vamos a ir por orden, para revisar.

En el caso de la senadora Allende, no figura su votación, por lo que vamos a incorporar su intención de voto.

El señor CASTRO (don Juan).-

Y el mío, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

¿Usted estaba en la sala?

El señor MACAYA.-

Estaba en la sala.

El señor CASTRO (don Juan).-

Sí.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Entonces, incorporamos la intención de voto del senador Juan Castro.

¿Alguien más?

Muy bien, quedan aprobadas las normas ya indicadas.

La señora EBENSPERGER.-

Sí, Presidente .

Yo voté en contra básicamente porque era redundante. El artículo 91 de la Constitución ya establece, cuando trata del Ministerio Público, que el fiscal nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica.

Ya se encuentra establecido en la Constitución; resulta innecesario volver a ponerlo en la ley. Sin embargo, es discutible.

--Se rechaza el número 2) del artículo 1° (23 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones), por no alcanzar el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Órdenes, Pascual y Sepúlveda y los señores Araya, Castro Prieto, De Urresti, Edwards, Galilea, Insulza, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sanhueza, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Coloma, Cruz-Coke, Durana, Gahona, Huenchumilla, Kast, Macaya, Moreira, Sandoval y Van Rysselberghe.

Se abstuvieron las señoras Gatica y Rincón y el señor García.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Se rechaza la norma por no haber alcanzado el quorum exigido.

La señora PASCUAL.-

Presidente , en primer lugar quisiera aclarar que la votación por separado no es con respecto a toda la letra a), sino solo con respecto a lo que no está aprobado por unanimidad dentro de ella, es decir, el párrafo segundo del referido literal a).

Dicho eso, paso a fundamentar sobre el fondo, que tiene que ver con lo mismo que señalé en mi primera argumentación de cinco minutos.

Esto se relaciona con las instrucciones particulares, o "medidas específicas" -ahora es el nombre que tienen-, que el fiscal nacional puede impartir en un caso de investigación. Lo anterior significa trastocar la identidad institucional que tiene el Ministerio Público a partir de la autonomía de los fiscales regionales.

Hubo un cambio en la reforma a la Constitución para permitirlo en la Fiscalía Supraterritorial. Sin embargo, antes de tenerlo aprobado a propósito de la Fiscalía Supraterritorial como proyecto de ley, esta tramitación incorpora las medidas específicas o instrucciones particulares en el fortalecimiento del Ministerio Público y, por lo tanto, para la normalidad de la naturaleza de las investigaciones que llevan los fiscales regionales.

Entonces, desde esa perspectiva -insisto-, esto pone presión sobre un fiscal o fiscala nacional para que el día de mañana tome medidas específicas, desde un ciudadano que, por la conmoción pública, pueda pedirle algo, hasta distintos personeros del orden político para que haga tal o cual cosa o instruya tales o cuales diligencias.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo hace presa de presiones y, al mismo tiempo, cambia la naturaleza de la institucionalidad. Desde ese punto de vista, estamos generando un fiscal que justifique aquello. Y lo quiero decir...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

En la Comisión de Constitución, el fiscal nacional, dijo: "Es que, pucha, no hay instrucciones generales y también se necesitan otras". Está bien, hay varias cosas que se podrían haber hecho, pero esto de verdad implica estar generando autoridad para un órgano autónomo sumamente todopoderoso.

Solamente lo quiero advertir. Y es por eso que estamos pidiendo votación separada, en la que yo conmino a votar en contra del párrafo segundo de la letra a) del artículo 17.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidente.

Creo que este es uno de los puntos centrales del proyecto.

Para los colegas que no conozcan el funcionamiento de la reforma, hay que recordar que cuando se crea el Ministerio Público, probablemente por el frenesí, por la idea que había de descentralización y regionalización, se pensó que este nuevo órgano autónomo podía estar absolutamente descentralizado. En la práctica, se crearon fiscalías regionales que, si bien es cierto son autónomas en la investigación, esto no significa que sean independientes en lo que hagan.

Entonces, se crea la figura del fiscal regional y también la del fiscal nacional, como jefe del servicio, pero que, paradojalmente, no tiene cómo controlar lo que hacen los fiscales regionales. ¿A que llevó esto? A que en casos muy concretos existieran instrucciones generales respecto, por ejemplo, de cómo dar salidas alternativas en la Ley de Drogas. Pero, mientras algunas fiscalías aplicaban que siempre, sobre cierta cantidad de droga, debía haber juicio oral, otras -incluso podía ser la de la región vecina- optaban por una salida alternativa, generando una disparidad de criterios.

Originalmente, la indicación que presenté en la Comisión permitía que el fiscal nacional dictara instrucciones particulares directamente en la investigación, pero, después de mucha discusión, se arribó a un consenso que consiste en que para ello debe existir una instrucción general en la materia, y además que la unidad especializada, por ejemplo en el caso que señalaba, de drogas, diga: "Mire, en este caso la fiscalía regional equis está actuando mal porque el criterio de unidad de acción del Ministerio Público, es decir, la persecución penal que queremos dar en tal sentido, no se está cumpliendo".

Bajo esa premisa, el fiscal nacional podría dictar medidas que debería asumir un fiscal regional para cumplir con el objetivo de unidad de acción.

Lo que se busca, al final del día, con esta modificación es que los fiscales regionales mantengan su autonomía, pero sin independencia absoluta para hacer lo que quieran, por cuanto deben ceñirse a los criterios que el fiscal nacional fije en las instrucciones generales en materia de persecución penal.

Además, esto busca responder a un sistema de persecución penal moderno, porque no tiene ningún sentido que, en un caso de drogas, como el que citamos, el fiscal equis...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... y el fiscal de la región vecina diga: "No, yo les voy a aplicar a todos una salida alternativa".

Lo que se persigue es que exista un cierto orden y que el fiscal nacional tenga un mayor grado de control.

Dicho lo anterior, quiero hacer presente que aquello tiene dos resguardos adicionales que creo que pueden liberar un poco la tensión que puede existir en esto al interior de la propia Fiscalía, o el temor de que esto sea mal utilizado. Para que el fiscal nacional pueda hacer uso de esta atribución, se deben cumplir dos requisitos: que haya una instrucción general y que la unidad especializada diga: "Mire, aquí esta fiscalía no está cumpliendo con la unidad de acción o no está siguiendo los criterios de persecución penal que se han fijado". A partir de eso, hay un resguardo.

Y se mantiene la autonomía de las fiscalías regionales, aunque quiero recordar que, por muy autónomas que sean en las investigaciones, esto no significa independencia absoluta en lo que hacen. Existe un órgano a cargo de la persecución penal que debe velar por que haya cierta lógica y coordinación entre los distintos actores.

--Se aprueban los párrafos segundo y tercero propuestos en el literal a) del número 4) del artículo 1º (32 votos a favor y 4 en contra), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Órdenes y Rincón y los señores Araya, Castro Prieto, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Pascual y Sepúlveda y los señores Latorre y Núñez.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Voy a fundamentar, al menos para la historia de la ley.

Esta norma propone excluir al Ministerio Público de la Ley de Compras Públicas. Y quiero señalarlo porque, precisamente, las Leyes de Presupuestos de los dos años anteriores habían hecho que el Ministerio Público se incorporara a la Ley de Compras Públicas.

Yo puedo entender absolutamente, como fue argumentado en la Comisión, que hay situaciones en las cuales, obviamente, no se puede poner en riesgo la compra de cierto tipo de material para la persecución penal, como instrumentales tecnológicos u otros; sin embargo, no puede ser que nada del Ministerio Público sea resguardado por el escrutinio del control democrático.

Este es un estándar muy amplio, que se parece más bien al de los gastos reservados, como los que tienen las Fuerzas Armadas; gastos reservados que, inclusive, hoy día han sido modificados por la Contraloría General de la República respecto del Ministerio del Interior.

Entonces, ¿por qué esta institución no va a tener un control democrático?

Desde ese punto de vista, no estoy de acuerdo con esa modificación. Entiendo, sí, que el Ministerio Público indudablemente debiera tener una causal para excluir ciertos ámbitos, relacionados con servicios de naturaleza confidencial o que pudieran afectar la seguridad o el interés nacional, como se les confiere a otras instituciones del Estado.

Gracias, Presidente .

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Seré muy breve.

Como se explicó, y lo debatimos en la Comisión de Constitución, el Ministerio Público no tiene ningún interés en no respetar la Ley de Compras Públicas; pero hay exclusiones, como existen en distintos servicios. Y si uno lee estas exclusiones, son de toda lógica, Presidente . Yo creo que no hay que fundamentar nada. Nos referimos a aquello destinado a prevenir riesgos a la seguridad pública, a garantizar el éxito de las investigaciones y la persecución penal, a la seguridad de fiscales y funcionarios o para la oportuna adopción de medidas de protección a víctimas y testigos.

Cada una de estas exclusiones, que son únicas y taxativas, deben ser precedidas de una resolución fundada del señor fiscal nacional.

Presidente, me parece que esto es de toda lógica. Tuvimos al respecto una larga discusión. Entonces, debiera ocurrir lo mismo que con otras instituciones, todas sometidas a Compras Públicas, pero a las cuales se les aplican exclusiones por causas tan graves o comprometedoras como estas.

Yo llamo a aprobar el texto como viene de la Comisión.

Gracias, Presidente .

--Se aprueba la letra c) del numeral 4) del artículo 1º (30 votos a favor y 5 en contra), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Órdenes y Rincón y los señores Araya, Castro Prieto, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Pascual y Sepúlveda y los señores Latorre, Núñez y Velásquez.

--Se aprueba el literal l) propuesto por la letra e) del número 4) del artículo 1º (35 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Castro Prieto, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor MOREIRA.-

¿Podría agregar mi intención de voto a favor?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Por supuesto.

Se deja constancia de la intención de voto favorable del senador Moreira.

La señora PASCUAL.-

Sí, Presidente, para la historia de la ley.

Esta norma no la voté a favor, sino en contra, porque, en primer lugar, me parece que, si el título del proyecto es "Fortalecimiento del Ministerio Público", no tiene mucho sentido. Aquí generaron una disposición que permite que los fiscales vayan a la Academia Judicial, a la que se ingresa para poder ser juez, no fiscal. Entonces, no tiene mucho sentido.

En segundo lugar, el permiso es con goce de sueldo. Por más que haya o no disponibilidad presupuestaria, no existe la misma posibilidad en otros ámbitos del servicio público. Sí ocurre en el caso de los jueces o del personal del Poder Judicial .

Entonces, desde ese punto de vista, esta es una prerrogativa que me parece que no fortalece precisamente al Ministerio Público, porque lo que hace es más bien promover una salida de los fiscales de la institución. Y por eso no voté a favor de esta norma.

Gracias, Presidente .

El señor DE URRESTI.-

Presidente, estimados colegas, lamento disentir de la opinión anterior.

Precisamente, esto es fortalecer el Ministerio Público, porque se da la posibilidad de perfeccionarse en la Academia Judicial con la obligación de postular al Poder Judicial .

Nos señalaba la propia institución que muchas veces hay fiscales del Ministerio Público que ya han tocado techo, que no van a ascender a las fiscalías regionales o a instancias de esa naturaleza, y están en una edad activa. Y justamente, haciendo el curso de la Academia Judicial y obligándolos a postular, se fortalece el Ministerio Público en tanto en cuanto no se pierde esa capacidad del profesional, se le entrega la capacitación, y si ingresa al Poder Judicial , no perdemos esa formación. Lo buscamos precisamente como un instrumento, y que ojalá el día de mañana se pueda ampliar a otras instancias. Y, para no afectar la capacidad fiscal, se establece que se hará si existe disponibilidad presupuestaria.

Entonces, creo que se avanza en el fortalecimiento, se da una motivación para capacitación. Nunca es mala la capacitación. Y creo que si un integrante, un fiscal del Ministerio Público pasa adecuadamente por la Academia Judicial y luego gana un concurso e ingresa al Poder Judicial , ello significa un reforzamiento del sistema y que no se pierda esa capacidad. También implica darle la oportunidad a alguien de que se mueva de una institución a otra con el debido seguimiento y capacitación.

Por eso, pienso que esta norma avanza en la perspectiva de fortalecer al Ministerio Público, brindar capacitación y no perder la formación de profesionales que se hayan formado, valga la redundancia, en el Ministerio Público.

--Se aprueba el literal m), introducido por la letra e) del número 4) del artículo 1º (32 votos a favor y 3 en contra), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Órdenes y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro Prieto, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Pascual y Sepúlveda y el señor Núñez.

La señora PASCUAL.-

Presidente , también para la historia de la ley, más allá, obviamente, de que no se gane, me parece que, aunque diga "podrá", esto de colocar más unidades especializadas que asesoren a un fiscal regional sigue minando la autonomía del fiscal. Y, además, genera más tuición sobre esas investigaciones.

A la vez, produce, por cierto, mucho más traspaso de información.

Digo lo anterior porque, lamentablemente, hoy día el Ministerio Público no tiene asegurada para el país, ni regional ni nacionalmente, la no filtración de elementos de investigaciones.

Entonces, desde esa perspectiva, no nos parecía adecuado mantener informadas de manera constante a las unidades especializadas que el fiscal nacional estime.

Por eso, no apoyé la redacción.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidente.

Una aclaración, para que no quede la sensación de que aquí el fiscal nacional puede decirle a un fiscal regional que una unidad especializada lo va a asesorar.

Este es un supuesto muy específico. El fiscal nacional, en el caso del artículo 19, puede de manera excepcional y de oficio disponer que un fiscal regional asuma determinada investigación en atención a la protección de las víctimas o los testigos.

Por ejemplo, la misma ley orgánica señala que esta designación se realizará tratándose de delitos de lesa humanidad o de genocidio.

Esa es la primera hipótesis: no se trata de cualquier caso.

Y la segunda hipótesis es que podrá disponer que un fiscal regional asuma una investigación cuando existan necesidades operativas.

¿Qué es lo que se pensó? Que muchos fiscales regionales, producto de que las fiscalías regionales no cuentan con el personal suficiente, no disponen de unidades especializadas, cosa que sí ocurre en la Fiscalía Nacional.

Y a partir de eso, la norma dispone que el fiscal nacional, cuando hace uso de esta atribución excepcional del artículo 19, puede disponer que unidades especializadas apoyen la labor que está realizando determinado fiscal regional.

Vuelvo a insistir, no se trata de cualquier investigación, sino de aquellas con el supuesto específico del artículo 19; y el sentido de la norma tiene que ver con que el fiscal nacional está haciendo uso de una atribución excepcional, que busca que esas investigaciones, dada su naturaleza, puedan contar con órganos especializados que probablemente no posee la fiscalía regional.

--Se aprueba el número 5) del artículo 1º (32 votos a favor y 3 en contra), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro Prieto, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Pascual y los señores Latorre y Núñez.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Se aprueba el texto propuesto por la Comisión.

--Se aprueba la letra c) del número 6) del artículo 1º (34 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro Prieto, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Aprobado el texto como viene de la Comisión.

--Se aprueba el numeral 1 de la letra a) del número 7) del artículo 1º del proyecto (33 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro Prieto, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Aprobada la norma como viene de la Comisión.

--Se aprueba el número 14) del artículo 1º (30 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Gahona, García, Insulza, Kast, Keitel, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Se abstuvieron la señora Pascual y el señor Núñez.

El señor GARCÍA (Presidente).- Aprobada la norma como viene propuesta desde la Comisión.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Solo para que quede en la historia de la ley, hago presente que en esta votación hubo una abstención de mi parte en la Comisión, puesto que esto no estaba contemplado en el informe financiero y corresponde a un cargo que implica también grados. Por eso me abstuve, porque no era algo que viniera desde el Gobierno y fue propuesto como indicación en el debate de la Comisión.

Por lo tanto, mantendré la misma votación en la sala.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, plantearía dos temas.

Si hay quorum necesario para aprobarlo, hagámoslo. Claramente existe un problema de redacción, pero es más bien producto de la Secretaría y el tipeo del articulado y no fruto de la discusión.

No tengo a la vista los documentos. Y por eso les consulto a los colegas de la Comisión si alguno cuenta con la carpeta que solemos tener en esa instancia, para ver cómo estaba redactado.

Claramente hay un problema en el traspaso.

Porque lo que nosotros en definitiva votamos, el espíritu de la norma, fue precisamente que la formación y el perfeccionamiento de los fiscales adjuntos, y la capacitación de los funcionarios, estuvieran a cargo de la Academia Nacional. Ratificamos la línea de capacitación.

Entonces, debe haber aquí un problema de transcripción.

No tengo a la vista los documentos. Y reitero la consulta a los colegas de la Comisión, por si alguno los trajo. Presidente, denos unos minutos para buscar la carpeta que uno suele utilizar en la Comisión y así ver el detalle.

De acuerdo a la votación que obtuvo el artículo en la Comisión, simplemente se trataría de un tema de transcripción.

No sé si la senadora Pascual, quien se abstuvo, tiene los documentos con la redacción de la Comisión.

La señora PASCUAL.- No.

El señor DE URRESTI.- Claro, uno no trae esa carpeta a la sala.

Tal vez podríamos suspender la sesión por dos minutos, para buscar esa redacción.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Esta es una indicación del senador Kusanovic -si mal no recuerdo-, que en estricto rigor debió haber sido declarada inadmisible en la Comisión, puesto que redunda en un gasto para el Estado que no estaba contemplado en el informe financiero.

Lamentablemente, quiero decirlo, se dio una votación que perdimos 3 a 2, donde el senador De Urresti y yo votamos en contra de esta indicación.

En el debate que hubo en la Comisión se planteó que se incorporara este tema en la Ley de Presupuestos, lo que se hizo; pero, así y todo, se mantuvo la votación de la indicación.

Entonces, me parece que no se puede generar este nivel de presión sobre el Presupuesto de la nación, por la vía de incluir indicaciones que más encima son inadmisibles en términos de nuestra prerrogativa como parlamentarios.

Yo también quisiera contar con mayores recursos para varios ministerios más. Pero, cuando uno lo propone, se declara inadmisible. Por lo tanto, de verdad insto a votar en contra de la disposición, porque no se resolvió como correspondía.

El señor INSULZA.-

Con todo respeto a quienes presentaron la indicación, en mi región hay médicos que van a trabajar prácticamente por el día para atender a la gente, y se alojan donde pueden; hay profesores primarios que van a dar clases solo a tres niños en un lugar y nadie les ha comprado casas jamás, ni se ha pedido que les compren casas.

Por lo tanto, estoy absolutamente en contra de esta disposición. Ciertamente la voy a rechazar.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente, se conversó mucho este asunto.

Quiero recordarles que en la Ley de Presupuestos todos los años hay una serie de servicios a los que se les faculta que puedan arrendar viviendas, más que comprar, porque es una manera de incentivar la permanencia de profesionales en las zonas extremas, donde las viviendas son sumamente escasas.

El compromiso fue autorizar esto al Ministerio Público. Sin embargo, no iba a requerir mayores recursos; dichos arriendos se harían con recursos propios. Ello quedó claramente establecido en la historia de la ley y en la Comisión. Ellos no requieren más recursos, solo una posibilidad.

Por ejemplo, se acaba de crear la Fiscalía en Colchane. ¡En Colchane no hay dónde vivir! ¿Dónde va a estar el fiscal? Y la idea era tener esa posibilidad. Lo mismo, me imagino, en otras zonas rurales. Pero, vuelvo a decir, lo que quedó clarísimo es que esto no implicaba más recursos; se solventaba con los fondos propios del Ministerio Público. Lo que ellos pedían es que se levantara la prohibición para así poder llevar y conquistar nuevos profesionales que quieran irse a trabajar a las zonas extremas.

Eso es, Presidente .

Gracias.

La señora PASCUAL.-

Presidente , solo para mayor abundamiento de lo que dije recién, a mí esto me parece preocupante. No se trata de que no estemos contestes en que hay necesidades en regiones extremas para fomentar el que fiscales u otras reparticiones puedan tener profesionales y técnicos adecuados para la labor del Estado.

Pero, si esto tiene que discutirse para distintas instancias, debe hacerse en el marco de la Ley de Presupuestos. Yo quiero advertir lo que implica dejarlo en la ley de fortalecimiento del Ministerio Público y no en la de Presupuestos. Esto puede generar un incentivo perverso. Imagínese, es decirle a cualquier servicio, a cualquier ministerio: "No ejecute la totalidad de su presupuesto, porque si tiene saldo disponible, usted lo va a poder pedir después para hacer tal o cual cosa". En este caso, una casa para los fiscales.

Entonces, por eso digo, no es que no se entienda la necesidad que se tiene, perfecto, pero se discute en el marco de la Ley de Presupuestos y no en una ley permanente del fortalecimiento del Ministerio Público.

Eso es.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Voy a volver a hablar porque usted le dio nuevamente la palabra a la senadora Pascual .

Acá yo les pido que, por favor, lean. Es solo para zonas extremas. Aquellos que vivimos en ellas sabemos lo difícil que es llevar profesionales. Ese es uno de nuestros grandes déficits, porque la gente que estudia en la región luego va en búsqueda de oportunidades hacia la Capital.

Aquí no se está hablando de una norma general, se está hablando de entregar esta posibilidad exclusivamente a zonas extremas. Yo les pediría a los senadores que conocen la realidad de sus regiones que lo pensaran antes de votar en contra. Y vuelvo a decir: esto es sin mayores recursos. Nada sacamos con crear fiscalías o aumentar el número de fiscales en las zonas extremas, si después no vamos a poder llenar las vacantes.

Saco a colación algo similar, pero distinto: el hospital de Alto Hospicio, un edificio terriblemente grande, novedoso, moderno, hoy día lleva más de dos años sin poder entrar en funcionamiento por falta de profesionales, debido a que los concursos se declaran desiertos, y una de las razones es la falta de disposición de viviendas, que es un gran déficit en las zonas extremas.

Gracias, Presidente .

He dicho.

--Se rechaza el número 22) del artículo 1º, por no cumplir el quorum constitucional requerido (20 votos a favor y 10 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Gatica y Rincón y los señores Castro Prieto, Coloma, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kast, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Órdenes, Pascual y Sepúlveda y los señores De Urresti, Insulza, Latorre, Núñez, Saavedra y Velásquez.

El señor GARCÍA (Presidente).-

No habiendo alcanzado el quorum, se rechaza la norma.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Lo que pasa es que "la formación y perfeccionamiento" son exclusivos de los fiscales. Y la capacitación la tienen los fiscales y los funcionarios. Por eso se vio la necesidad de mejorar el texto. Cuando se quiso decir "los primeros", se aludía a los fiscales, pero quedaba mal redactado. Pero, con esta nueva redacción queda claramente establecido lo que señalaba la ley: que la formación y perfeccionamiento son exclusivos para los fiscales y la capacitación de los fiscales que se acaban de mencionar y de los funcionarios, que es lo que sigue, van a estar a cargo de la Academia del Ministerio Público.

--Se aprueba el número 19) del artículo 1º, con el cambio de redacción señalado (25 votos a favor y 5 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió el quorum constitucional requerido, y queda despachado el proyecto en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Órdenes y Rincón y los señores Castro Prieto, Coloma, De Urresti, Durana, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

Se abstuvieron las señoras Gatica, Pascual y Sepúlveda y los señores Núñez y Velásquez.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Habiéndose alcanzado el quorum, se aprueba el texto al cual se dio lectura.

De esta manera, queda despachado en particular el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público.

Quiero agradecer a todas las senadoras y a todos los senadores por su trabajo, ya que nos ha permitido concluir con esta importante iniciativa que es parte de la agenda de seguridad.