Labor Parlamentaria

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BENAVENTE (de pie).-

Señor Presidente, honorable Sala, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en eximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación y reparación, como para la construcción de establecimientos penitenciarios.

Durante la discusión del proyecto se recibió a las siguientes personas: el señor Jaime Gajardo , ministro de Justicia y Derechos Humanos; el señor Miguel Ángel Cornejo , jefe de la Unidad de Concesiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; a los abogados de la División Jurídica señora Paula Recabarren y señor Francisco Molina ; al señor Sebastián Urra Palma , director nacional de Gendarmería de Chile, acompañado del señor Rolando Boeri Serrano , jefe del Departamento de Infraestructura; a la señora María Soledad Cornejo Bustos , arquitecta del Departamento de Infraestructura de la Dirección General de Gendarmería de Chile, y al señor Danilo Núñez , subsecretario de Obras Públicas, quien fue acompañado por el señor Juan Manuel Sánchez , director general de Concesiones.

Asimismo, se recibió a organizaciones civiles: a la Cámara Chilena de la Construcción, representada por el señor Orlando Sillano Zan ; al señor Leonardo Daneri , gerente general de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G., y a la señora Graciela Correa , asesora jurídica de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch).

Además, asistieron el señor Patricio Catrilaf , representante del Comité de Seguridad y Prevención Manuel León, del barrio Yarur , y la señora Paola Moreno , en representación del Comité de Seguridad Barrio Rondizzoni.

El mensaje señala que la seguridad pública ha sido uno de los principales focos del trabajo de esta administración. El mensaje destaca que uno de los aspectos que generan mayor preocupación, y que constituye una fuente de riesgo real que debe ser abordada, es la situación carcelaria en nuestro país.

La sobrepoblación que existe al interior de algunos recintos penitenciarios del país, el deterioro de su infraestructura o la falta de esta, así como las nuevas formas de criminalidad, son materias que convergen para crear riesgos tanto al interior como al exterior de estos recintos.

Agrega que, de acuerdo con la clasificación que efectúa Gendarmería , un establecimiento penitenciario tiene sobrepoblación cuando su capacidad de uso es mayor al 100 por ciento y menor al 200 por ciento, y se encuentra en hacinamiento cuando es igual o superior al 200 por ciento.

Actualmente, la mayoría de las cárceles del país presentan sobrepoblación, y varias de ellas se encuentran en situación de hacinamiento.

Según las estadísticas generales publicadas por Gendarmería de Chile, el uso de la capacidad de plazas alcanza el 140,5 por ciento, con una población total de más de 59.000 internos.

Asimismo, indica que, de acuerdo con la información del World Prison Brief, la tasa de encarcelamiento en Chile es comparativamente alta, con 297 personas por cada 100.000 habitantes, y es la cuarta mayor entre los países de la OCDE. Nos superan Estados Unidos, con 531; Turquía , con 392, y Costa Rica, con 343 personas por cada 100.000 habitantes.

Acota que esa realidad genera riesgos para la seguridad de las personas, tanto al interior como al exterior de los recintos, dado que no solo se afectan las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y las posibilidades de reinserción de estas y con ello los fines de la pena, entre ellos, dar una oportunidad a los encarcelados de rehabilitarse adecuadamente, sino que también la sobrepoblación perjudica la labor de control y custodia de Gendarmería.

Refiere que, en dicho contexto, y con el objeto de mejorar las condiciones de infraestructura de los recintos penitenciarios de nuestro país, el Gabinete Pro Seguridad, recogiendo el trabajo iniciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria, ha acordado la presentación de este proyecto de ley con miras a dar celeridad a los procesos de alteración, ampliación o reparación de establecimientos penitenciarios, en particular del Complejo Penitenciario Alto Hospicio, del Centro de Cumplimiento Penitenciario Antofagasta, del Complejo Penitenciario La Serena, del Complejo Penitenciario Rancagua, del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, y del Complejo Penitenciario Puerto Montt, así como la construcción de establecimientos penitenciarios en las comunas de Calama y de Copiapó.

El proyecto de ley aprobado por la comisión consta de siete artículos.

El artículo 1°, aprobado por la comisión, difiere del original del proyecto, en el sentido de que el nuevo artículo aprobado hace aplicable el proyecto de ley a todos aquellos proyectos de alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos establecimientos penitenciarios que el Presidente de la República determinará mediante un decreto supremo debidamente fundado, no solamente a los casos contemplados originalmente.

El artículo 2° dispone que los proyectos a que se refiere el artículo 1° se llevarán a cabo sujetándose a las reglas que a continuación se indican:

1)El Ministerio de Obras Públicas priorizará el cumplimiento de los trámites cuya ejecución le corresponda en virtud de lo dispuesto en la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Además, la adjudicación del contrato de concesión se realizará mediante decreto supremo fundado de dicha cartera, dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, el que deberá llevar, además, la firma del ministro de Hacienda.

2)El Ministerio de Obras Públicas determinará las medidas de mitigación y compensación aplicables en la zona del establecimiento penitenciario, fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El artículo 3° establece que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá dar prioridad al procedimiento de emisión del informe al que se refiere el inciso final del artículo 2° del decreto supremo N° 900, del Ministerio de Obras Públicas, de 1996. Este informe se refiere principalmente a la rentabilidad social del proyecto.

La comisión aprobó la indicación que fija un plazo máximo de 30 días hábiles, contados desde el ingreso de los antecedentes, para el despacho del informe.

Por su parte, el artículo 4° reduce el plazo de toma de razón de los actos administrativos relativos a los proyectos referidos en el artículo 1° a cinco días.

El artículo 5° dispone que los proyectos de alteración, ampliación o reparación de establecimientos penitenciarios estarán exentos de la aplicación de la normativa correspondiente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Por su parte, en los proyectos de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios que deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contemplado en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se reducirán a la mitad los plazos establecidos en dicha ley. Transcurridos dichos plazos legales, se prescindirá de la resolución de calificación ambiental, entendiéndose aprobado el proyecto en los términos propuestos en la declaración o estudio de impacto ambiental y sus respectivas adendas, si existieren.

Además, en los proyectos a que se refiere el inciso precedente, el plazo máximo que podrá fijarse para la suspensión será de noventa días, sin posibilidad de solicitar su renovación.

El acto que tuviere por aprobado el proyecto de construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en su aspecto ambiental solo podrá ser invalidado de oficio por la autoridad administrativa, reduciéndose a un año el plazo máximo previsto en el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880, plazo que es de dos años.

El artículo 6° declara de interés público los proyectos referidos en el artículo 1° y reduce a la mitad los plazos establecidos para la tramitación de todo permiso, autorización o pronunciamiento de competencia de órganos de la Administración del Estado que se requiera para su ejecución, emitidos fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ordenándose todos los trámites del procedimiento proporcionalmente a los nuevos plazos. La reducción de plazos y la ordenación proporcional de los trámites del procedimiento a que alude este inciso incluirán los relativos a actos de impugnación, anulación, invalidación o reclamación administrativa. También se extiende esta reducción de plazos a los órganos sectoriales que tengan que pronunciarse sobre las solicitudes de permisos o autorizaciones mediante resolución fundada.

Asimismo, se establece que, si la administración no se pronunciare respecto de la solicitud dentro del plazo resultante de la aplicación del inciso primero, esta se entenderá aprobada en los términos requeridos desde el momento de vencimiento del referido plazo.

Finalmente, el artículo 7° ordena que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar trimestralmente a las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado el estado de avance, ejecución y plazos proyectados de los proyectos de alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos establecimientos penitenciarios a contar del momento en que queden sometidos al régimen de la presente ley.

La comisión aprobó este proyecto, por lo que igualmente solicito su aprobación a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo .

El señor GAJARDO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a todos los diputados y diputadas que se encuentran presentes en la Sala.

Hoy tengo el honor de presentar ante ustedes un proyecto de ley que surge de un diagnóstico compartido: mejorar las condiciones en las que se encuentran nuestros establecimientos penitenciarios, hoy por hoy, es un consenso a nivel transversal.

Esta iniciativa coopera, permitiendo reducir los tiempos que actualmente conllevan los trámites necesarios para la tramitación de los proyectos de alteración, ampliación, reparación o construcción de establecimientos penitenciarios.

El hacinamiento y la sobrepoblación en algunos recintos penitenciarios han alcanzado niveles críticos debido al aumento sostenido del encarcelamiento durante los últimos años.

Si analizamos solo los dos últimos años, podemos observar que en enero de 2023 había 45.000 personas privadas de libertad, lo que representa una ocupación del 109 por ciento de la capacidad disponible que teníamos en esa fecha.

Para enero de 2024, la población carcelaria aumentó a 53.000 personas privadas de libertad, elevando la ocupación a 127 por ciento. Actualmente, la cifra es de 59.826 personas privadas de libertad, lo que alcanza el 141 por ciento la ocupación que tenemos en nuestros establecimientos penitenciarios.

Este escenario es aún más preocupante si consideramos que la capacidad instalada no ha tenido un crecimiento proporcional, pasando de 41.000 cupos, que teníamos en enero de 2023, a 42.000 en la actualidad.

De manera más específica, según la clasificación que efectúa Gendarmería de Chile, un establecimiento penitenciario tiene sobrepoblación cuando su capacidad de uso es mayor al ciento por ciento, y menor al 200 por ciento, y se encuentra en hacinamiento cuando es igual o superior al 200 por ciento.

Según las estadísticas generales publicadas por Gendarmería, el uso de la capacidad de plazas por regiones muestra que, mientras las regiones de Atacama y el Maule son las que tienen más hacinamiento, con una ocupación del 243 por ciento, las regiones de Arica y Parinacota , de Antofagasta, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía, de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes tienen sobrepoblación. Solo tenemos bajo el nivel de sobrepoblación en las regiones de Tarapacá y de Los Ríos, con 90 y 92 por ciento, respectivamente.

La sobrepoblación y el hacinamiento, sumado al desgaste que afecta a los edificios por el transcurso del tiempo, han provocado el deterioro de la infraestructura penitenciaria, lo que empeora las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y las condiciones bajo las cuales trabajan los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile. Pero, además, generan espacios que han sido aprovechados para la comisión del delito y la realización de actos que atentan contra el orden y la seguridad al interior de las cárceles.

Respecto de esto último, la Política Nacional contra el Crimen Organizado, oficializada el 15 de junio de 2023, consiste en un esfuerzo coordinado entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que reúne, de manera proactiva, diecisiete instituciones públicas, las cuales cumplen un rol protagónico en el combate contra el crimen organizado, y que involucra, entre sus objetivos, desarticular las bandas y organizaciones criminales, así como debilitar su poder financiero y económico.

Entre sus ejes principales y sus objetivos se destaca el abordaje del crimen organizado en recintos penitenciarios, cuyo propósito es prevenir y neutralizar la operación del crimen organizado en recintos penitenciarios y el reclutamiento de nuevos integrantes, así como el contagio criminógeno entre las personas privadas de libertad. Para ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un plan maestro de infraestructura penitenciaria, el cual desempeña un rol fundamental en la política de nuestro país.

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca generar las condiciones necesarias para que el sistema penitenciario cumpla con los estándares requeridos, tanto en la protección de los derechos de quienes ingresan al sistema y la ejecución de medidas efectivas de reinserción social como en el fortalecimiento de la seguridad pública.

La ejecución de este plan podrá avanzar con mayor celeridad si se aprueba el proyecto presentado a la honorable Cámara, cuyo contenido podemos resumir en tres grandes ejes.

En primer lugar, su ámbito de aplicación está regulado en el artículo 1°, permitiendo la aplicación del estatuto propuesto por el proyecto de ley a los proyectos de alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos establecimientos penitenciarios que el Presidente de la República determine mediante un decreto supremo debidamente fundado.

En segundo lugar, respecto de las reglas especiales de priorización y reducción de plazos, hemos analizado las distintas situaciones que pueden surgir, tanto en la elaboración como en la ejecución de proyectos de alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, tomando como referencia los ocho proyectos que señala o señalaba el proyecto originalmente. En tal sentido, consideramos fundamental establecer distinciones según las instituciones involucradas y la naturaleza de los permisos, por lo que se proponen las siguientes medidas:

El Ministerio de Obras Públicas debe priorizar los trámites necesarios para la concesión de los proyectos, adjudicando los contratos de concesión mediante decreto supremo fundado, dictado conjuntamente entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”. Además, deberá determinar, según disponibilidad presupuestaria, las medidas de mitigación y compensación aplicable a la zona, fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sin perjuicio de otras medidas pertinentes que puedan adoptar otros ministerios.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, debe priorizar la emisión del informe de rentabilidad social, estableciendo un plazo máximo de treinta días para su emisión desde el ingreso de los antecedentes.

La Contraloría General de la República tiene que disponer, en un plazo máximo de cinco días, la realización del trámite de toma de razón de los actos administrativos relativos a los proyectos de ampliación, alteración, reparación o construcción de establecimientos penitenciarios.

En lo que respecta a la normativa medioambiental, se establecen criterios diferenciados según el tipo de proyecto. Los proyectos de ampliación, alteración o reparación estarán exentos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mientras que los proyectos de construcción que deban someterse al sistema verán reducidos sus plazos a la mitad. En caso de silencio administrativo se aplicará el silencio positivo, por lo que el proyecto se entenderá aprobado en los términos propuestos.

Sobre los permisos sectoriales, se reducirán a la mitad los plazos establecidos para la tramitación de cualquier permiso, autorización o pronunciamiento de los órganos de la Administración del Estado que se requieran para la ejecución de los proyectos.

Todas estas medidas buscan agilizar el proceso de implementación de la infraestructura penitenciaria, garantizando una gestión eficiente y coordinada entre las distintas entidades involucradas.

Por último, se establecen disposiciones de control enfocadas a los siguientes aspectos:

Primero, limitaciones a la invalidación administrativa, deberes de información al Congreso, principalmente en el sentido de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar trimestralmente a las comisiones de Seguridad Pública del Senado y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados el estado de avance, ejecución y plazos proyectados de los proyectos de alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos establecimientos penitenciarios a partir del momento en que queden sujetos al régimen de la presente ley en proyecto.

Somos conscientes de la preocupación transversal que existe en todos los sectores políticos respecto de la seguridad pública. Prueba de ello fue el amplio respaldo otorgado a la ya ley N° 21.636, que permitió establecer reglas especiales tratándose de construcción, alteración, ampliación o reparación de establecimientos penitenciarios, para descongelar los planes reguladores que no permitían construir más metros cuadrados de cárcel.

Por ello, solicitamos apoyar nuevamente una iniciativa de esta naturaleza, ya que consideramos que las modificaciones propuestas, sumadas al importante esfuerzo financiero contemplado en el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria con el que cuenta el gobierno, permitirán dotar a Gendarmería de Chile de más y mejores condiciones por un periodo de tiempo significativamente más breve, mejorando así las condiciones del sistema penitenciario y su impacto en la seguridad pública de nuestro país.

Agradecemos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados por el compromiso y la dedicación con la que ha abordado la tramitación de esta iniciativa, así como la prioridad otorgada a un proyecto que resulta fundamental para fortalecer nuestro sistema penitenciario, contribuyendo con ello a la seguridad pública, y reconocemos también el trabajo riguroso y el análisis detallado que ha realizado para perfeccionar la propuesta que presentó el Ejecutivo.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar a los ministros que nos acompañan.

¿Qué duda cabe de que Chile necesita más y mejores cárceles? Es un hecho de la causa que tenemos absolutamente colapsadas las actuales. Por lo mismo, me parece una buena noticia que este proyecto busque disminuir los tiempos para tramitar los permisos, porque eso hará que sea más fácil construir nuevos establecimientos penitenciarios.

Además, valoro mucho que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento haya establecido que esta iniciativa no será una medida puntual, respecto de determinados recintos penitenciarios, sino que se tratará de una política permanente.

En lo personal, me tiene muy cabreado el concepto de permisología. No sé en qué minuto le pusimos un nombre tan sofisticado a la burocracia indolente con el desarrollo de Chile, porque, al final, la permisología, la sobredosis de permisos, la sobredosis de trámites, termina afectando a los más pobres en su vida cotidiana.

Por lo tanto, ojalá asumamos como concepto que la necesidad de terminar con la burocracia indolente no opera solo respecto de la construcción de nuevas cárceles, sino del mundo en general.

Quiero pedir a la ministra, por su intermedio, señor Presidente, que se imprima más velocidad al denominado proyecto de ley de permisología, que hoy se encuentra estancado en la Comisión de Economía del Senado. Lo mismo solicito respecto del proyecto de ley que modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al que además hay que agregar una pata relacionada con la judicialización. Lo señalo, porque en muchos casos se obtienen los permisos, pero los procesos se pueden extender hasta por dos años debido a juicios llevados a cabo por personas que han hecho de eso un verdadero negocio.

Valoro que hablemos sobre modernización de las cárceles, pero tengo la sensación de que tenemos que exigirnos más. Vamos demasiado lento en contraste con el crimen organizado.

El crimen organizado se alimenta de la polarización permanente que se suscita en la Cámara a propósito de los proyectos de seguridad. El crimen organizado no es de derecha ni de izquierda, es poliamoroso. Básicamente, entra en relación con quien le sirve.

Por lo tanto, no nos perdamos: si no somos capaces de imprimir velocidad a la inhibición de señales de celular, a la inteligencia penitenciaria, a la segregación penal, a la modernización de las cárceles de alta seguridad y a todas aquellas cosas que no son tan grandilocuentes, que requieren menos show y más acción, vamos a llegar tarde.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero emplazar al ministro Álvaro Elizalde para que, en su nuevo rol, como ministro del Interior y Seguridad Pública, sea capaz de presentar una estrategia en materia de crimen organizado y nos propongamos, en el año que queda de gobierno y de legislatura, realmente ponernos a tono. Porque, créame, señor Presidente, cuando el crimen organizado se instala en un país, sacarlo es prácticamente imposible. Hoy estamos en ese momento de punto de inflexión, en el cual, si el Congreso y el gobierno no le meten velocidad al combate contra el crimen organizado, estas once bandas que reportó el Ministerio Público como parte de su informe serán la antesala de un cáncer muy difícil de erradicar.

Voy a votar a favor este proyecto, pero quiero insistir en que esto no puede ser una gota en el mar, sino mucho más que eso. En ese sentido, lo reitero, espero que el gobierno le meta un poco más de velocidad.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, siempre es importante poner en perspectiva qué significa la persecución criminal, que está a cargo de un órgano exclusivo y autónomo constitucionalmente: el Ministerio Público.

Efectivamente, el gobierno debe impulsar todas las medidas legislativas y políticas públicas en aras de una adecuada persecución. Tanto es así que el gobierno ha aprobado, hasta hoy, 63 proyectos de ley en materia de seguridad, estableciendo un récord. Eso habla del compromiso que tienen el gobierno, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para generar herramientas adecuadas de persecución criminal, entre las cuales se destaca no solo la ley N° 21.577, contra el crimen organizado, sino, por primera vez, una política nacional contra el crimen organizado, que, además, está descentralizada y desconcentrada en regiones y provincias, como se establece en la propia ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

Este proyecto de ley es fundamental. Lo hablamos; lo planteó el ministro y también lo repitió el diputado Schalper -me parece muy bien-, que estamos frente a una crisis carcelaria que requiere medidas excepcionales.

Siempre es bueno recordar que medidas como la de este proyecto ya han sido planteadas y han estado vigentes, particularmente en la ley corta de seguridad, la Nº 20.931, que establecía un plazo para eximir, e incluso contratar directamente por licitación privada, la construcción de recintos carcelarios, que lamentablemente no se utilizó.

Esa ley dispone un plazo de tres años para poder desarrollar proyectos carcelarios, y, lamentablemente, no se ha hecho.

Esta norma constituye un avance. Como bien se planteaba, se permite y se genera el mismo estatus para la construcción, reparación, ampliación o modificación de recintos carcelarios sin distinción de ninguna especie. Sí hace una salvedad entre nuevos establecimientos penitenciarios y su ampliación en tanto someterlos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ahí, junto con apoyar este proyecto, me permito hacer una observación respecto a la definición en términos jurídicos y referenciales a la Ley General de Urbanismo y Construcciones sobre qué se entiende por ampliación y por construcción. Esa es una etapa o un proceso que creo que en el resto de la tramitación hay que tomar bien en consideración para evitar la judicialización de estos proyectos, porque esperamos que todo acelere, habida consideración de que la Ley General de Urbanismo y Construcciones exime del permiso de edificación y la definición de ampliación o construcción.

Esta es una iniciativa que acota los plazos, que establece silencio administrativo positivo y, además, reduce los ámbitos de discrecionalidad en materia de construcción, acelerando el desarrollo de recintos penitenciarios, que es una prioridad absoluta en nuestro país el día de hoy.

Por eso, vamos a apoyar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, Chile vive una crisis de seguridad sin precedentes. Las calles ya no pertenecen a los ciudadanos decentes, sino a los delincuentes, a los narcotraficantes, a las bandas organizadas que se han tomado el país con el beneplácito de todos los gobiernos débiles que hemos tenido, entregados, por un lado, a la permisividad, y, por otro, al progresismo derrotista.

Hoy estamos discutiendo un proyecto que busca agilizar la construcción de cárceles, una medida que en apariencia reconoce el problema.

Sin embargo, nos preguntamos: ¿es suficiente acelerar la construcción de recintos penitenciarios si seguimos teniendo un sistema garantista que premia a los criminales y humilla a las víctimas?

Miremos el ejemplo del Presidente Nayib Bukele , en El Salvador, quien con mano firme ha demostrado que cuando el Estado recupera su autoridad, los delincuentes tiemblan y la paz vuelve a las calles.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo de Tecoluca no es un hotel, no es un centro de rehabilitación con privilegios; es una fortaleza donde el crimen es encerrado para que no siga destruyendo la sociedad. Y los resultados están a la vista: una reducción histórica de la criminalidad en El Salvador.

¿Qué pasa en Chile? Aquí seguimos con jueces que sueltan a los delincuentes con beneficios absurdos, con leyes que protegen más al criminal que al ciudadano honrado. Aquí los reos tienen celulares, organizan secuestros, dirigen bandas desde sus celdas y hasta gozan de permisos de salida. ¡Una burla para las víctimas!

Una cárcel no debe ser un centro de rehabilitación para quienes no quieren rehabilitarse, sino una advertencia clara para quienes osen desafiar el orden y la ley.

Cárceles de máxima seguridad, sin privilegios, sin visitas conyugales, sin contacto con el exterior: que el criminal sepa que su vida de lujo y abuso terminó el día en que fue atrapado.

Esta propuesta es un paso. Pero no basta con eliminar la burocracia en la construcción de cárceles; necesitamos una política penitenciaria firme, implacable y disuasiva. Los delincuentes deben temer al Estado, no reírse de él.

Si de verdad queremos recuperar Chile, debemos dejar de lado el progresismo blando y volver a los principios del orden, la justicia y el castigo ejemplar.

Aplaudo esta iniciativa y la votaré a favor. Pero la tarea no termina aquí. No vamos a descansar hasta devolver el país a los chilenos honrados y hacer que el crimen se pudra en las cárceles y no que las administre desde adentro.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señor Presidente, la falta de cárceles en Chile es un problema evidente. El aumento de los hechos delictivos, una creciente respuesta estatal que amplía y profundiza el encarcelamiento como única respuesta y el abuso de la prisión preventiva significan una enorme presión sobre el sistema carcelario que nos ha llevado a ser el cuarto país de la OCDE con mayor porcentaje de presos con relación a su población, provocando en nuestro sistema un estrés en términos de sobrepoblación y hacinamiento.

El gobierno presentó un proyecto centrado en infraestructura para abordar esta situación, el cual tenía problemas, como el debilitamiento de los sistemas asociados a las necesarias evaluaciones ambientales, las medidas de mitigación y la participación ciudadana, pero al menos acotaba la construcción y ampliación exprés a ciertos recintos penitenciarios. Entre ellos, lamentablemente, y tengo que decirlo, Santiago 1 , una cárcel en pleno centro de la ciudad, sin considerar a las comunidades aledañas e incumpliendo las medidas de mitigación comprometidas, como lo hicieron presente todas las organizaciones ciudadanas en la comisión.

Sin embargo, la mayoría en la comisión desvirtuó el proyecto, transformando un proyecto acotado en uno que faculta al Presidente o Presidenta de la República a aplicar este procedimiento exprés para instalar cárceles en cualquier región, ciudad o barrio, y eso me parece inaceptable. Es inaceptable, porque excluye a este Congreso del control sobre decisiones que pueden afectar profundamente la calidad de vida de las personas y las comunidades, debilitando nuestra función de representación ciudadana.

Si existiera el riesgo de que esto afectara a las comunas del barrio alto de Santiago, estoy segura de que miraríamos este proyecto con menos entusiasmo.

Es legítimo y necesario revisar procedimientos para hacerlos más eficientes y que permitan tomar decisiones más expeditas y oportunas sobre temas ciertamente urgentes para la ciudadanía, pero eso no debe confundirse con el debilitamiento o la eliminación de sistemas de control y evaluación políticos e institucionales.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, iorana.

Por su intermedio saludo al ministro de Justicia, presente en este hemiciclo.

No soy de aquellos que no ven nada bueno en el adversario ni nada malo en los amigos. Este proyecto es una oportunidad para reafirmar esa filosofía, porque claramente estamos ante una propuesta que es positiva para avanzar en la solución de la principal demanda: inseguridad.

Solamente me preocupa que en esta propuesta, como en la propuesta original, no había nada para reducir los problemas de sobrepoblación que tienen los complejos penitenciarios de la Región de Valparaíso, pues para nadie es un secreto que tenemos la tercera mayor sobrepoblación, con una cifra cercana al 170 por ciento de ocupación.

De hecho, el proyecto nada decía sobre la cárcel de San Antonio o la de Valparaíso, que están cerca del hacinamiento.

Esperemos que con la nueva modificación que se hizo en la Comisión de Constitución, específicamente sobre la flexibilidad que se entrega al Presidente de la República para elegir los establecimientos penitenciarios que tendrán prioridad, ahora no se omitan las diferentes cárceles de la región, porque se profundizarán los males en materia de seguridad pública y prevención del delito.

Para terminar, este proyecto demuestra que sí se pueden acelerar los trámites de infraestructura. Uno lamenta que no se apliquen estos mecanismos expeditos en otro tipo de infraestructuras. Pienso en escuelas, hospitales, viviendas, carreteras, canchas deportivas, etcétera.

¡Cómo le cambiaríamos el rostro a Chile si redujéramos permisos, autorizaciones y demás trámites que desalientan a decenas de inversionistas!

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Lo primero que hay que señalar es que sí se puede, como se acaba de decir.

Lo segundo, para que quede registro en la historia de la ley, debo indicar que, en abril de 2023, varios diputados, Andrés Longton , Alejandra Placencia , Marcela Riquelme , Diego Schalper , Jorge Alessandri , Raúl Leiva , Stephan Schubert , Ximena Ossandón , Raúl Soto y quien habla, nos reunimos con el entonces ministro de Justicia para crear un grupo de trabajo llamado “Cárceles para Chile”. Con el ministro de Justicia de la época comenzamos a discutir este problema y trabajamos durante un año, tiempo en el que él nos planteó que ese iba a ser el derrotero.

Recordemos que no se construían cárceles desde hacía mucho tiempo, desde los gobiernos de los Presidentes Frei Ruiz Tagle y Lagos. ¡Desde esa época no se construían cárceles en serio!

Había que apurar el paso, porque Chile cambió. Hoy el crimen organizado es muy distinto al de hace 15 o 20 años, justamente cuando gobernaron los Presidentes mencionados.

En ese sentido, se puede consensuar transversalmente una política pública, que es la que discutimos, y se pueden acortar los plazos, por ejemplo, en materia de evaluación de impacto ambiental, los permisos de construcción y los permisos sectoriales, que tendrán un tiempo acotado, que es la mitad del tiempo que hoy se contempla.

Nuestra realidad invita a eso, y tal como se ha señalado, esto se podría copiar para otro tipo de instancias, pero en el caso de las cárceles es urgente llevarlo a cabo. Necesitamos, al menos, cuatro cárceles de máxima o alta seguridad, unas seis cárceles de mediana complejidad, y unas ocho cárceles de baja complejidad. Esa es la realidad del país, lamentablemente. Más allá de que estamos en cuarto lugar en la OCDE respecto del número de presos por cada 100.000 habitantes.

Aquí, el gobierno y la oposición trabajan para sacar un proyecto adelante, pero también uno escucha declaraciones que son pura demagogia, por ejemplo, cuando se pide que se construyan cárceles en el desierto o en una isla. Las cosas no son tan sencillas, son mucho más prosaicas, hay que trabajarlas y hay que acordarlas.

Este es un buen proyecto que surge de una iniciativa de conversación entre parlamentarios y el Ministerio, para sacar adelante un proyecto que es necesario. Necesitamos más cárceles, porque es urgente, y no podemos estar eternamente construyéndolas. ¡No nos podemos demorar diez años en construir una cárcel!

Saludo este proyecto y felicito su origen, que tuvo lugar en aquel momento cuando este grupo de parlamentarios se reunió con el ministro de Justicia de la época para construir más cárceles para Chile.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, es de conocimiento público la crisis de seguridad que estamos viviendo en nuestro país, y ello ha desencadenado, además, una sobrepoblación penal en las diferentes cárceles a nivel nacional.

Este proyecto permite dar celeridad a la construcción de nuevas cárceles, a través de la eliminación de trámites y la reducción de plazos. Esto es fundamental, dado que los recintos penales están colapsados a nivel nacional, y esta medida viene a apoyar una mejor gestión para evitar el hacinamiento.

Mi Región de Ñuble presenta un 144 por ciento de sobrepoblación en sus centros penitenciarios, y la que en peor condición se encuentra es la cárcel ubicada en la zona centro de Chillán, la capital regional, la cual tiene una población penal de 720 personas actualmente, y su diseño contempló solo 376 internos.

El hacinamiento, sumado a las condiciones precarias de infraestructura, genera un caldo de cultivo para la transferencia de patrones y códigos criminales diferentes, lo que convierte a las cárceles en verdaderas escuelas del delito, sin contar el gran desafío que enfrenta el personal de Gendarmería, quien debe poner orden y control en estas condiciones, mermando en el intento su propia seguridad.

Porque considero que es urgente y necesario hacer todos los ajustes para mejorar la seguridad del país, votaré, sin duda, a favor de este proyecto, y espero que en Ñuble podamos contar con centros de alta seguridad en forma urgente.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señor Presidente, me alegro de la presencia del ministro quien nos entregó un informe completo y asertivo de la situación actual.

Votaré a favor de este proyecto, pero quiero confesar aquí, frente a ustedes, que yo participé en una protesta en el barrio Yarur y en el barrio Rondizzoni , cuando se habló de la posibilidad de ampliar la cárcel que se encuentra cerca de allí. Los vecinos de mi distrito me comentaron que los niños ven cómo tiran las bolas de drogas hacia el interior de la cárcel y otras situaciones que se viven, desafortunadamente, en los alrededores de esa cárcel.

Quiero aprovechar la presencia de nuestro querido ministro para señalar lo siguiente. Soy psiquiatra, y Chile firmó hace muchos años el Convenio o Declaración de Hawái, que asegura la atención psiquiátrica donde quiera que haya un paciente mental.

Tengo entendido que hay muchos pacientes mentales dispersos en las cárceles de Chile. Hablé sobre el tema con mi doble tocayo, el ministro Luis Cordero , cuando fue ministro de Justicia, un día que estuvo aquí. A usted también le propongo lo mismo: tratar de hacer un programa para la cobertura de los enfermos mentales en las cárceles.

Me ha correspondido, cuando participé con el sacerdote Nicolás Vial , de la Fundación Paternitas, reivindicando los derechos de muchos pacientes mentales que sufrían vejámenes, violaciones y palizas mientras están insertos en el común de los habitantes de la cárcel.

Me ofrezco humildemente, si usted me necesita, a participar en un proyecto para hacer tratamientos intracarcelarios, con el debido respeto y controlando los estándares universales en el tratamiento de los pacientes mentales.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, necesitamos más cárceles en el país y necesitamos urgentemente terminar con la permisología, porque el hacinamiento de las cárceles no da para más.

En la Región de Ñuble, en algunas cárceles llegamos al 200 por ciento de ocupación, y esto termina generando una serie de problemas: mayor número de delincuentes, cárceles convertidas en escuelas del delito, mayor riesgo para el personal, hombres y mujeres, de Gendarmería, quienes ponen en riesgo sus vidas por no contar con cárceles suficientemente acondicionadas para poder controlar a la población penal.

En mi Región de Ñuble, llevamos 15 años de espera para tener una nueva cárcel. Ocupamos el quinto lugar en cuanto a población penal hacinada del país, en que los funcionarios de Gendarmería ya no dan más, y lo digo con conocimiento de causa, porque he recorrido y he visitado las cárceles de Ñuble gracias a la dirigente nacional, Luz Burgos , y a don Juan Novoa , quienes me han llevado a distintos centros penitenciarios.

En Chillán ya hubo muertos y un ataque a un funcionario de Gendarmería, debido a las malas condiciones del penal.

En Quirihue, la capital de la provincia de Itata, tenemos una cárcel de madera, en donde no hay espacios dignos para las mujeres. En general, en la Región de Ñuble, los gendarmes no tienen espacios para resguardar su intimidad a la hora de cambiarse ropa o atender sus necesidades. El sistema carcelario funciona mal.

Considero que este es un buen proyecto, y aprovecho la presencia del ministro para pedirle al ministro que se acuerde de la Región de Ñuble y de sus funcionarios, que hoy son verdaderos héroes. Esos funcionarios no dan más con el nivel de hacinamiento que existe en la región y la peligrosidad de la población penal.

Lamentablemente, hoy existe la sensación de que los reclusos tienen más derechos que los propios funcionarios, quienes no pueden hacer uso de sus facultades, porque se exponen a sumarios administrativos por realizar sus funciones. Eso es tremendamente grave y debemos preocuparnos por las condiciones de hacinamiento pues generan tremendos problemas.

¡Y qué decir de lo que ocurre con las funcionarias de Gendarmería que son madres y quieren volver a nuestra región! Lamentablemente, se les ha negado esa posibilidad, pese a que sus traslados están justificados con argumentos. Hoy no tenemos cupos. En una situación similar están algunos funcionarios que son padres.

No queremos que nos miren como el patio trasero de Santiago o de otras regiones, porque las regiones rurales, como la mía, también necesitan mejores cárceles y mejores condiciones para los funcionarios de Gendarmería.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, qué bueno que me tocó hablar justo después del Frente Amplio, porque creo que quedan gráficamente demostradas las diferencias que tenemos para enfrentar la crisis de inseguridad. Mientras recién se planteaba la creación de más plazas, muchos arco iris, iluminar edificios, es decir, básicamente, hacer más de lo mismo que no sirve para absolutamente nada, nosotros creemos que hay que endurecer la mano.

No tenemos problemas para aumentar las penas, pero ello tiene que ir de la mano de la construcción de más centros penitenciarios. En lo que sí coincidimos es en que el actual sistema penitenciario hoy atenta contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad y también de los gendarmes. En ese sentido, lamentamos que después de tres años de gobierno no se haya hecho absolutamente nada en materia penitenciaria. No se ha iniciado la obra de ningún centro penitenciario nuevo. ¡Ninguno!

A ver si lo siguiente les sirve como experiencia.

En El Salvador, país pequeño, pobre, mucho menos desarrollado, con una institucionalidad mucho más débil que la de Chile, solo en siete meses se logró construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el cual pude visitar junto con José Antonio Kast . Allí constaté cómo se mantiene el orden y la disciplina. Realmente es un centro donde los delincuentes no van a poder seguir delinquiendo. Lamentablemente, hoy las cárceles en Chile sí se prestan para eso, y el control del crimen organizado y del narcotráfico se sigue extendiendo.

Hace algunos días leí una columna del diputado Diego Ibáñez que abordaba este tema. Fue publicada en noviembre. Respecto de algunas materias podríamos tener un diagnóstico común. Por ejemplo, él señalaba que el objetivo de la cárcel era corregir los errores, pero que nuestro sistema los contagia, multiplica y profundiza. En eso sí puedo estar de acuerdo. Ahora bien, eso es solo la sintomatología. El problema es cuál es el análisis de las causas y cuál va a ser el remedio para esta enfermedad. Claramente, tendremos resultados muy distintos si se siguen poniendo trabas a la construcción de nuevas cárceles. Si el berrinche de una exalcaldesa paralizó al gobierno en la construcción o en la remodelación de una cárcel, si lo hizo dudar, creo que ello es muy lamentable.

Aún no hay medidas ni sabemos cuáles van a ser esas cárceles que se van a proyectar en una rápida construcción en los próximos años. Tratar de plantear que esto solo se hará en la medida de lo posible para no generar ningún disgusto es algo lamentable.

En ese sentido, por su intermedio, Presidente, le pido al señor ministro, que nos deje muy claro cuáles van a ser esos proyectos concretos e informe sobre las capacidades de los nuevos centros penitenciarios.

No me cabe duda de que, aquí tenemos que fortalecer la presencia del Estado. Por ejemplo, lo que pasó en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad es algo lamentable y demuestra la falta de firmeza de este gobierno. Seis días pasaron sin que llegara ninguna autoridad a hacerse cargo, no obstante que en la cárcel de máxima seguridad de Santiago el descontrol era absoluto. Los primeros en llegar fuimos nosotros, parlamentarios republicanos. Creo que esa es una señal clara de la falta de firmeza de este gobierno. He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, la situación de seguridad en Chile es crítica. En 10 años, el índice de homicidios se duplicó. Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile de 2023, en cinco años los homicidios con autor desconocido aumentaron de 23 a 41 por ciento. Esto da señales de la profesionalización del sicariato y del crimen organizado. Todo ello ha llevado como respuesta del Estado un aumento de la población penal.

Por lo mismo, es evidente que se hacen necesarias nuevas cárceles, especialmente sabiendo que en Chile las cárceles tienen en promedio una ocupación del 140,5 por ciento, con una población total de más de 59.000 internos, y que hay regiones con hacinamiento carcelario, como las de Atacama y del Maule, con una ocupación sobre el 220 por ciento. Otras se caen a pedazos y necesitan con urgencia una reposición, como es el caso de la cárcel de Osorno. Por lo anterior, es inviable mantener una regulación con la que se puede tardar unos 15 años en construir una cárcel.

Señor Presidente, es una paradoja que el gobierno deba recurrir al Congreso para pedir acelerar proyectos que dependen de la Administración del Estado.

Además, se puede criticar que los plazos se podrían haber acotado aún más, por ejemplo, eximiendo todos los proyectos de construcción de nuevas cárceles del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, se podrían haber establecido silencios positivos para más permisos, como en el caso del informe de rentabilidad social del Ministerio de Bienes Nacionales.

Debo manifestar que, si bien este proyecto permitirá ampliar las cárceles, serán necesarios otros proyectos para mejorar la infraestructura en Chile. Entonces, se debería avanzar en el proyecto de ley que tiene por objeto crear el departamento de seguridad especial de Gendarmería de Chile, el que estará conformado por personal especializado, a fin de dotar a la institución de las herramientas adecuadas para mantener el orden y la seguridad al interior de los establecimientos y las secciones de penitenciaría en las que se encuentren las personas bajo el régimen especial de seguridad.

También está pendiente el segundo trámite constitucional en el Senado del proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, cuya finalidad es la creación de tribunales de ejecución de penas, que permitirían descongestionar los juzgados de garantía.

Si realmente queremos avanzar en temas de seguridad y orden público, debemos priorizar y acelerar todos los proyectos en esta materia, para tener una política pública coherente con lo que se está viviendo, con el fin de buscar soluciones efectivas e impulsar programas de prevención que den tranquilidad a la ciudadanía.

Una candidata presidencial habló de las cárceles duras en el norte. Creo que son mociones que hay que estudiar, no atacar. Necesitamos mayor seguridad y más cárceles en Chile. He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El señor GAJARDO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, solo quiero dar a conocer algunas cifras que son relevantes para la discusión.

El diputado Cristián Araya señaló que no había claridad respecto de los proyectos que se van a desarrollar conforme a esta futura ley. Originalmente, esta iniciativa, en su artículo 1°, establecía los proyectos de ampliación y construcción de nuevas cárceles con claridad. Cuando presenté este proyecto en la Comisión de Constitución, di cuenta del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, plan que hemos expuesto públicamente en distintas oportunidades y que cada vez que podemos lo divulgamos.

El Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que viene desarrollando nuestro gobierno desde el año 2022, tiene un horizonte temporal que supera a nuestro gobierno, por cierto, porque las políticas penitenciarias son políticas de Estado y los gobiernos que se encuentran de turno deben tener sobre la base de su gestión lo que han hecho otros gobiernos.

Sin embargo, este Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria contempla proyectos que ya hemos puesto en operación. Más de 2.000 plazas hemos puesto en operación con la reapertura del recinto de Pozo Almonte, con la remodelación del centro penitenciario femenino de San Joaquín, con la inauguración del nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad que se encontraba despoblado desde el año 2021, con la inauguración del centro penitenciario femenino de Bulnes, con la ampliación del centro penitenciario de Biobío y con la recuperación del centro penitenciario en Río Bueno.

En total, a la fecha, desde el 2022 hasta el 2025, hemos puesto en operación 2.327 plazas: 1.844 rehabilitadas y 483 nuevas. Durante este año esto va a aumentar en 2.320 plazas más, porque es el tiempo que nos tomará habilitar completamente el nuevo complejo La Laguna.

Además, tenemos en desarrollo -cuando digo “en desarrollo”, me refiero a proyectos que se encuentran financiados y que están en distintas fases, ya sea en la licitación o, incluso, en el desarrollo de su construcción- 12.000 plazas en total, con proyectos prácticamente en todo el país.

Esto implica, por ejemplo, la ampliación del recinto de Alto Hospicio en 843 plazas, la ampliación y la densificación del recinto de Antofagasta, que en total suma 800 plazas; la ampliación del antiguo centro penitenciario femenino de Antofagasta y la nueva cárcel en Calama, que se encuentra en proceso de diseño para terminar ese proceso de diseño y comenzar la construcción durante este año -esperamos-, y que son 1.200 plazas; el recinto penitenciario El Arenal, en Copiapó, que se encuentra en proceso de licitación de diseño y construcción juntos, para que este año se adjudique -de hecho, lo vamos a adjudicar en los próximos meses- y comience su proceso de construcción, que son 2.160 plazas.

Asimismo, la ampliación de Santiago 1 tan comentada, decisión que tomamos y que se ha ejecutado, pues hemos ido cumpliendo cada uno de los pasos que se requieren para este recinto penitenciario; la ampliación de Rancagua o la creación del módulo adulto mayor en Rancagua, la habilitación del recinto La Laguna, la densificación del recinto del Biobío, la reapertura del centro penitenciario femenino en La Unión y la ampliación del recinto de Puerto Montt. En total, tenemos en desarrollo 12.000 plazas, y a ellas hay que sumar 14.000 más, que están dentro de nuestro plan maestro y que tenemos en evaluación. Eso también lo hemos dado a conocer.

Tenemos la segunda fase del recinto de Alto Hospicio, que son 600 plazas; la segunda fase del recinto de Antofagasta, el recinto Valparaíso 2, el centro metropolitano, la ampliación del recinto de Colina, la ampliación del recinto La Laguna y lo que podría ser el nuevo centro penitenciario en La Araucanía, entre otras. Es decir, tenemos un plan maestro robusto.

Es muy importante que las plazas que tenemos, tanto en operación como en desarrollo, se encuentran completamente financiadas. Hablamos de un esfuerzo financiero que está haciendo nuestro Estado de aproximadamente un billón setecientos mil millones de pesos, algo así como 1.700 millones de dólares, lo que da cuenta de un trabajo serio y responsable para enfrentar esta crisis penitenciaria.

Además, este proyecto va a tener un impacto muy positivo en el plan maestro, porque nos permitirá reducir los plazos que tenemos en este plan en, aproximadamente, hasta 36 meses, lo que significa que vamos a poner en operación mucho antes todos los proyectos en desarrollo.

Por eso, es tan importante este proyecto.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, Chile vive una crisis de seguridad, pero también vive una crisis carcelaria producto de que en este gobierno las policías, el sistema judicial y la Fiscalía han sido exitosos en la persecución del delito; no en la prevención, sino en la persecución.

Eso explica que al inicio de este gobierno había 40.000 personas internas en las cárceles por toda clase de delitos, cumpliendo condenas o un juicio, y actualmente hay 60.000. Pasamos de 40.000 a 60.000 personas internas. Hoy existe la población carcelaria más grande de la historia de Chile. Nunca antes un gobierno y el país habían tenido tanta gente privada de libertad por toda clase de delitos.

Eso no es nuevo. Ha habido crisis carcelarias también en otros gobiernos, pero este gobierno ha decidido enfrentarla precisamente con este proyecto de ley, que vamos a aprobar hoy, que busca simplificar los trámites y reducir los plazos para ampliar, reparar y construir nuevas cárceles o nuevos recintos penitenciarios. Esta es la manera en que un gobierno serio, responsable y progresista enfrenta una crisis de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria.

¿Cómo lo hicieron los gobiernos anteriores? Lo pregunto, porque aquí el diputado Cristián Araya señaló que nuestro modelo es distinto. El modelo de la derecha era sacarle provecho político precisamente a la delincuencia. ¿O acaso no se acuerdan cuando decían:

“Vamos a ponerle el freno a la puerta giratoria que permite que salgan en libertad los presos”?

En el primer gobierno de Sebastián Piñera tenían una sobrepoblación carcelaria menor a esta. ¿Qué hicieron? Dictaron un indulto general, cambiaron la ley de libertades condicionales y salieron cerca de 10.000 presos en libertad para enfrentar ese hacinamiento, ¡10.000! En el segundo gobierno de Sebastián Piñera, por razones sanitarias, por la covid-19, dejaron en libertad a 2.000 presos. La mitad de ellos reincidió en graves delitos.

Pero nosotros enfrentamos la sobrepoblación carcelaria de manera responsable, con evidencia. Hoy estamos con un plan de construcción de cárceles. El populismo penal, que siempre miente en este tema, promete a los chilenos que va a construir una cárcel en el desierto y que va a ser la solución mágica a todos los problemas. Sin embargo, nosotros vamos a comenzar a construir una cárcel en el desierto en tres meses más, cuando se adjudique la licitación de la cárcel de El Arenal.

No sé si entienden, pero El Arenal está prácticamente a 50 kilómetros de las viviendas, en medio del desierto, entre Copiapó y la costa. Esa es la cárcel del desierto que están ofreciendo Chile Vamos y también los republicanos. Nosotros la estamos haciendo no por razones populistas, sino para tener un mayor control de la delincuencia, para segregarla y para eliminar el delito.

Vamos a aprobar este proyecto porque va en beneficio de la gente.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, escuché atentamente al diputado Leonardo Soto , y quiero recordarle que cada uno de esos proyectos que pasaron por el Congreso Nacional y que terminaron en indultos contaron con su venia, con su voto favorable. Es bueno aclarar esa situación, porque existe una complicidad emitida por el diputado.

También le recuerdo que gobernaron durante los últimos treinta años. Sería bueno saber cuántas cárceles construyeron en ese período, porque, por lo menos, cuando uno mira la situación en el país, ve un hacinamiento desde Arica a Punta Arenas, y eso, lamentablemente, se debe a que existe poca visión sobre la reforma a nuestro sistema penitenciario y carcelario.

En ese sentido, para muestra, la Región de Valparaíso tiene más de 180 por ciento de hacinamiento. La cárcel de Limache es una caballeriza de fines del 1800 y tiene más de un 200 por ciento de hacinamiento.

Por ende, cuando se hacen intervenciones como la del diputado Soto , sería bueno ver no solo la paja en el ojo ajeno.

Dicho eso, hago ver que este proyecto es muy relevante, sin ninguna duda, y en la Comisión de Constitución hubo mucha colaboración para llegar a acuerdos en distintas normas, tan importantes como la indicación que incorporamos para que estos procesos de aceleramiento, de reducción de trámites burocráticos medioambientales, o de permisos de obras a través del Ministerio de Obras Públicas, no queden circunscritos a seis proyectos específicos que consideraba el proyecto de ley, por una razón muy simple: el hacinamiento va a seguir en la medida en que no haya una visión de futuro para tener nuevos proyectos carcelarios, cárceles de alta seguridad y de todo tipo a lo largo de Chile.

En ese sentido, si lo establecíamos en una ley, dejábamos un texto cerrado, y el día de mañana íbamos a tener que legislar nuevamente para poder hacer una reparación, ampliación o construcción de nuevas cárceles.

Lo que buscamos con esa indicación es que los presidentes de turno deban determinar, mediante un decreto supremo fundado, en qué lugar de Chile se van a abstener de requerir esos permisos para efectos de tener procesos más expeditos, porque no podemos seguir viviendo situaciones como la de la cárcel de Talca: ¡17 años para tener una cárcel!

En ese sentido, no solamente es relevante saltarse procesos medioambientales -me parece que ahí también hay una derrota muy grande, sobre todo del Frente Amplio, que con tanta fuerza defiende la excesiva burocracia y las demoras en las inversiones que terminan deteniendo proyectos relevantes-, sino también modernizar la manera de construir cárceles en nuestro país.

Ahí existe un desafío, precisamente de este gobierno.

Quiero saludar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien también colaboró para que este proyecto saliera de buena manera, con un acuerdo amplio, y espero que siga esa misma línea, para tener cárceles modernas lo antes posible, antes de que sean tomadas por el crimen organizado, que, lamentablemente, tiene capturado a nuestro país. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, quiero pedirle un minuto de atención, por favor, al ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Sé que está conversando, pero me gustaría que el ministro atendiera a nuestra solicitud, porque nosotros intervenimos acá en la Sala, y muchas veces parece mejor ir a hablar con usted que escuchar la intervención.

¿Por qué? Porque, si bien este proyecto de ley es relevante para la ampliación, reparación y construcción de las cárceles, para eximir de trámites y reducir plazos, nosotros tenemos una serie de problemas pendientes en la Región de Los Lagos, que en parte están asociados a la iniciativa que hoy estamos discutiendo, y que espero que votemos a favor.

Por ejemplo, en la cárcel de Puerto Montt tenemos una serie de problemas con los famosos

“pelotazos”. Durante este período, ministros, subsecretarios y funcionarios de Gendarmería han ido bastantes veces a conocer esa realidad, pero necesitamos soluciones, necesitamos que se construya un muro que evite ese tipo de situaciones.

Requerimos, por ejemplo, una serie de trabajos que también se han abordado en estas reuniones, como el mejoramiento del entorno. Yo siempre explico esto: está el cierre perimetral de la cárcel, que es transparente, construido al estilo norteamericano, que permite ver toda la acción hacia dentro de la cárcel; pero al lado del muro tenemos un cerro, de manera que a la gente se le hace muy sencillo tirar objetos como teléfonos o paquetes con drogas hacia el interior del penal.

Cerca de una vez al mes aparece Gendarmería en los medios de comunicación mostrando la cantidad de drogas y de teléfonos que sacan desde la cárcel de Puerto Montt. A esto se suman los inhibidores de señal, que nunca han sido instalados en ese penal.

Otro tema relevante se refiere a las garitas de los centinelas, que también fue una noticia importante en la región, porque hay centinelas mujeres que no pueden ir al baño porque solo hay un urinario para hombres, lo cual debe ser corregido.

Eso se ha prometido desde hace tres años y no pasa nada. Lo necesitamos. Ojalá que, en virtud de este proyecto, que vamos a votar a favor, se aceleren las soluciones a ese tipo de anomalías que ocurren en la cárcel Alto Bonito, de Puerto Montt.

Dicho complejo penitenciario ha sido además noticia nacional debido a riñas ocurridas en su exterior, con mujeres apuñaladas, y por telefonazos que se hacen desde adentro para estafar a personas. Creo que todos en esta Sala y nuestros vecinos están cansados de que nos llamen desde las cárceles para hacer estafas. Tienen saturados nuestros teléfonos.

Por último, necesitamos que el Centro Cerrado de Reinserción Juvenil, que se prometió que se iba a abrir en enero, esté operativo. Lo necesitamos, la región lo necesita. Hay comunidades, como, por ejemplo, el sector de Pelluco, en Puerto Montt, que están viviendo un verdadero calvario con una residencia en el lugar, y no hemos logrado solucionarlo.

Le pido -y anuncio que va a tener nuestro voto a favor como bancada liberal- que estos problemas, para los cuales se ha prometido una solución desde hace tres años, se resuelvan definitivamente.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el ministro Jaime Gajardo .

El señor GAJARDO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, como planteó en su intervención el diputado, uno podría hablar de los problemas que tienen los establecimientos penitenciarios a lo largo del país. Tenemos algo más de ochenta en el territorio nacional, y todos ellos, no solo en nuestro país, sino en general en el mundo, son siempre lugares complejos y difíciles.

La seguridad penitenciaria es un trabajo diario, razón por la cual instauramos en mayo de 2022 una primera política que consiste en hacer allanamientos masivos y permanentes en los establecimientos penitenciarios del país, con el objeto de retirar elementos prohibidos.

Asimismo, el Congreso Nacional le entregó el año antepasado a Gendarmería una facultad que ha sido muy útil, que nos ha permitido crear las oficinas de investigación regional a nivel criminal, lo que implica que el Ministerio Público puede encargarle investigaciones a Gendarmería.

Estas oficinas, tanto a nivel nacional como regional, se crearon el año pasado, y en un año y medio de trabajo han logrado importantes avances. De hecho, el primero que lograron fue precisamente en la Región de Los Lagos, donde en enero de 2024 se desbarató una banda que ingresaba elementos prohibidos al complejo penitenciario Alto Bonito. Además, se allanaron aproximadamente 26 o 27 domicilios a lo largo del país, porque se trataba de una banda organizada para el ingreso de elementos prohibidos.

Ese trabajo fue muy importante, porque no consistió solamente en incautar esos dispositivos, sino en desbaratar de raíz su proceso de ingreso.

En el transcurso de este año esas bandas han sido reemplazadas, por así decirlo, pero hemos logrado dar un golpe muy importante a la criminalidad organizada en esos sectores. Lo digo porque son proyectos que se han aprobado en conjunto con el Congreso Nacional, que le han entregado mayores facultades a Gendarmería y que están teniendo efectos.

Otro proyecto, que se aprobó hace un año y medio en el Congreso Nacional, establece que el ingreso y la tenencia de teléfonos celulares al interior de los establecimientos penitenciarios es un delito. Esa es una modificación que se hizo al artículo 304 del Código Penal; se establecieron además el artículo 304 bis y el 304 ter, que implican que el ingreso y la tenencia de teléfonos celulares es un delito. Eso nos ha permitido mejorar el control del ingreso de tales elementos y denunciar ante el Ministerio Público a una gran cantidad de internos que los poseen, pero también a quienes los ingresan. Me refiero a visitas, entre otros, y también, lamentablemente, a funcionarios o funcionarias de Gendarmería que han sido denunciados en virtud de esta ley, e incluso a abogados y abogadas inescrupulosos que ingresan esos dispositivos al interior de los recintos penales. Hemos podido denunciar gracias a un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso Nacional y que contó con el patrocinio del Ejecutivo.

Pata terminar mi intervención, quiero responder a la consulta sobre inhibición de señales de telefonía celular.

Nosotros, cuando asumimos como gobierno, no existía tal restricción en ningún establecimiento penitenciario a lo largo del país. En abril del año pasado incorporamos una tecnología muy moderna para inhibir ese tipo de señales a un 20 por ciento de la población privada de libertad, en el sector de Pedro Montt, donde hay tres establecimientos penitenciarios: Santiago 1, Santiago Sur y el recinto especial de alta y máxima seguridad. Son aproximadamente 12.000 reclusos, un 20 por ciento de la población privada de libertad.

Hace un par de meses, la Contraloría General de la República tomó razón, porque vamos a incorporar nueve establecimientos penales más, dentro de los cuales está considerado el de Puerto Montt. Es una licitación que se encuentra en curso. Reitero que se tomó razón por la Contraloría y se hicieron algunas modificaciones en razón de la experiencia que ya tenemos en materia de inhibición de señal de telefonía celular. Durante este año debería empezar a ejecutarse esa licitación, de modo de incorporar a Puerto Montt, a Alto Bonito, dentro de los recintos con sistema de inhibición de telefonía celular.

Con esa licitación nuestro gobierno pasará de no contar con tecnología de inhibición de telefonía celular en ningún establecimiento penitenciario a tener más del 50 por ciento de la población penal privada de libertad con inhibición de telefonía celular. Creemos que es un gran avance para este gobierno, lo que da cuenta del conjunto de medidas que estamos tomando para mejorar nuestro sistema penitenciario, hacerlo más seguro y ponerlo al servicio del sistema de justicia y, por cierto, para fortalecer nuestra democracia y nuestro Estado de derecho.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que al interior de la Comisión de Constitución se dio una discusión en torno a este proyecto, porque la verdad es que venía con nombre y apellido para algunos centros penitenciarios en el país. Finalmente, logramos dejar esas excepciones y aplicar esta iniciativa a todos los proyectos penitenciarios del país, esto es, a proyectos de nuevos recintos, como también de ampliaciones, remodelaciones o alteraciones de centros penitenciarios, tomando en cuenta la grave crisis penitenciaria que tiene nuestro país.

Ya se ha dicho en esta discusión: tenemos un récord histórico de cerca de 60.000 personas privadas de libertad y de cerca de 140 por ciento de hacinamiento. Por ejemplo, la cárcel de Atacama está llegando al 230 por ciento de hacinamiento.

Todos sabemos que, cuando hablamos de crimen organizado, como el narcotráfico, el problema parte en las cárceles, porque los principales líderes, las personas que finalmente son investigadas, que tienen sentencias, que están detenidas y que pertenecen a organizaciones criminales, operan desde las cárceles, pues no tenemos un correcto ni un debido ordenamiento ni aislamiento para esas personas, que son criminales avezados, muchos de ellos también vinculados a organizaciones internacionales. Si vemos los porcentajes de detenidos en la cárcel de alta seguridad, comprobaremos que la mayor cantidad de ellos son extranjeros: sobre el 90 por ciento. Por lo tanto, el problema que tenemos es grave.

Por eso, este proyecto de ley, que se discutió en la Comisión de Constitución y que logró un respaldo transversal de todas las bancadas presentes, permitirá acortar los tiempos en la construcción de centros penitenciarios y también en la remodelación de todos los centros penitenciarios del país.

Si no hacemos algo, estaremos condenados a tener muy malos resultados y a que la vinculación y la influencia del crimen organizado y del narcotráfico aumente en nuestros barrios, en nuestras comunas.

También debemos abordar el problema de Gendarmería. En este debate también se ha esbozado que los nuevos centros penitenciarios tienen que venir con un sistema distinto respecto de la relación con Gendarmería. Creo que hace falta una cirugía mayor que pueda dar mejores condiciones a los funcionarios, pero también algunas restricciones. Creo que, lamentablemente, ha habido vinculaciones de organizaciones criminales con algunos funcionarios de Gendarmería, tal como hemos conocido en detalle. En esa situación también parte el cáncer. Debemos abordar ese tema y tomar decisiones, aunque muchas veces no sean populares.

Anuncio que vamos a apoyar este proyecto porque es la manera más responsable de enfrentar esta crisis.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo .

El señor GAJARDO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, con el objeto de responder la pregunta que hizo la diputada Yovana Ahumada , voy a tratar de ser lo más breve posible.

La diputada consultó qué estamos haciendo en materia de formación, protección y dotación de Gendarmería.

Primero que todo, cabe recordar algunos de los proyectos que ya se han aprobado en el Congreso Nacional durante este período legislativo. Primero, se aprobó un proyecto que recogimos del gobierno anterior, que se encontraba solo presentado y al cual le dimos tramitación, que permite que la Escuela de Gendarmería se acredite como una organización de institución superior, con el objeto de que podamos tener una mayor formación para los gendarmes funcionarios, tanto de la oficialidad como de la suboficialidad. Ello permitirá elevar la formación de los gendarmes, tanto en el caso de los oficiales, de dos a cuatro años, para que obtengan títulos profesionales, como en el de los suboficiales, de uno a dos años, para que obtengan un título técnico.

Esa ley se aprobó y está en aplicación. De hecho, ya fue acreditada la nueva malla curricular de la Escuela de Gendarmería. Dentro de poco tiempo esa ley se podrá implementar en la Escuela de Gendarmería. Esa ley es muy significativa porque aumentará de manera sustantiva la formación para los funcionarios y funcionarias de Gendarmería.

Luego, se aprobó -ya es ley de la república- la denominada ley de reincidencia. Si mal no recuerdo, fue publicada en septiembre del año pasado. La ley de reincidencia contiene medidas especiales de protección, entre otros, para jueces, fiscales y funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile. En virtud de esa ley se tomaron medidas que han sido muy útiles para juicios de alta complejidad. Por ejemplo, se dispone que esos juicios puedan desarrollarse telemáticamente, de modo que no tengamos que trasladar a las personas imputadas a los tribunales orales en lo penal, con los riesgos que ello implica. Hay juicios que duran meses y traslados eventualmente diarios de personas altamente peligrosas. Hablo de líderes o de integrantes de bandas de crimen organizado. Así ocurrió con el juicio a Los Gallegos en Arica, y que también se van a desarrollar prontamente en la ciudad de Iquique. Gracias a esa ley, hemos podido desarrollar esos juicios de manera telemática. Esa también es una medida de protección para la sociedad en su conjunto, por lo que podría implicar eventualmente la fuga de estas personas durante los traslados, como también para los funcionarios y funcionarias de Gendarmería y para nuestro sistema en general.

Además, en materia de formación, hemos presentado un proyecto que crea la fuerza especial de máxima seguridad para Gendarmería, el cual se encuentra en discusión en la Comisión de Constitución del Senado. Esta iniciativa establece una formación especial para los funcionarios de Gendarmería que participen en el sistema de máxima seguridad, así como determinadas asignaciones, en razón de la peligrosidad que tiene trabajar en máxima seguridad.

Esperamos que este proyecto se transforme en ley lo más pronto posible, porque es clave para nuestro sistema.

Finalmente, quiero recordar que este Congreso, en las dos últimas leyes de reajuste, ha aprobado dos materias que son relevantes. La primera dice relación con normas para descongelar las carreras funcionarias al interior de Gendarmería de Chile. Esto se ha implementado en las dos leyes de reajuste, tanto la vigente este año como la del año pasado, y ha sido muy importante después de trabajos con las asociaciones de funcionarios de Gendarmería.

Asimismo, en las leyes de presupuestos de los años 2023, 2024 y 2025 se ha ido aumentando la cantidad de funcionarios para Gendarmería. Eso también lo ha aprobado este Congreso Nacional en los respectivos proyectos de ley de presupuestos.

Cierro diciendo que los proyectos de infraestructura considerados, el plan de infraestructura con las plazas señaladas hace poco, contemplan los aumentos de dotación de personal dentro de los costos que involucra la implementación de estos proyectos.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, desde el Partido Comunista tenemos plena conciencia de la importancia de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, porque la seguridad pública es un tema que nos afecta a todos y a todas.

Sabemos que las cárceles enfrentan una situación crítica, con altos niveles de hacinamiento que dificultan una segregación adecuada de los internos, lo que permite que en su interior sigan operando bandas criminales y dificulta la reinserción social.

Esto no solo amenaza a la inmensa mayoría de chilenos y chilenas, sino que también debilita al Estado y pone en peligro nuestra democracia. En este sentido, coincidimos en la necesidad de ampliar los recintos penitenciarios y de construir nuevos establecimientos, con el fin de mejorar las condiciones carcelarias y garantizar la seguridad tanto de los gendarmes como de las personas privadas de libertad.

Apoyamos la necesidad de enfrentar la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario. Sin embargo, creemos que cualquier solución debe ir acompañada de una reforma estructural, que incluya una reforma a Gendarmería, la eficacia de medidas alternativas, como las tobilleras electrónicas, la reducción del uso excesivo de la prisión preventiva, y que se fortalezcan alternativas a la reclusión, así como programas de rehabilitación y reinserción comunitaria.

Llamamos a aprobar este proyecto, con la firme expectativa de que en etapas posteriores se repongan las garantías necesarias para asegurar que los establecimientos penitenciarios que se construyan, amplíen o reparen estén claramente determinados y sujetos a procesos transparentes y rigurosos, y que se escuche a las comunidades aledañas que pueden verse seriamente afectadas por estos centros.

Debemos hacer compatible la necesidad de construcción de cárceles con la calidad de vida de quienes habitan en las inmediaciones. Este es el caso de la comuna de Santiago, distrito por el cual soy diputada, donde la eventual construcción de Santiago 1 puede afectar la calidad de vida de quienes residen en las inmediaciones de este recinto. Creemos que Chile tiene la capacidad de lograr ambas cosas.

Confiamos en que se puede avanzar en un país más seguro, donde la seguridad no esté reñida con el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y los esfuerzos de reinserción, y que junto con eso dejemos de lado el populismo y la instrumentalización de la seguridad para beneficio de partidos que prometen y prometen, pero que no tienen un interés real en garantizar la seguridad de todos y todas.

Los y las comunistas creemos en un país donde las familias puedan vivir en paz, con seguridad y con la certeza de que estamos construyendo con responsabilidad un futuro mejor para las próximas generaciones.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, solo quiero destacar lo que está haciendo el ministro, porque no estamos acostumbrados…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Eso no es de Reglamento, diputado. Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, la población carcelaria ha aumentado de 40.000 a 60.000 personas. Esto no lo asocio a un aumento de la criminalidad, sino que pareciera ser que ocurre por una mejor eficiencia, pero siento que, de alguna manera, es hipocresía.

En 2021, Nicolás Maduro cerró tres cárceles con 25.000 delincuentes con decreto de expulsión, borrando todos sus antecedentes. Por eso, cuando la PDI sorprendía a estos individuos cometiendo algún delito, no encontraba antecedentes, porque no vinieron a turistear a Chile.

A la Cámara se le ocurrió aprobar un proyecto de ley que estableció que mediante la indicación de un correo electrónico se les daba un domicilio conocido, ya que, al no tener antecedentes anteriores, nuestra justicia, que es tan garantista, no podía imponerles medidas de prisión preventiva. A eso se debe sumar la política de fronteras abiertas, que no tiene ningún filtro y que permite que cualquier persona, incluso sin papeles que acrediten cómo se llama, puede pasar nuestras fronteras.

Ya lo dijo el general Iturriaga : “No estamos para detener la inmigración, sino para hacerla ordenada”. Es decir, en vez de que pasen quinientas personas en masa, van y se ponen en fila de a uno para que pasen a los toldos azules, se les atiende con un cafecito y, si quieren, mañana les entregamos un papel para que tengan un RUT provisorio y así puedan llegar a Puerto Montt por la mañana, si así lo quieren.

¿Por qué asocio esto a la inmigración? Porque esto trajo nuevos delitos importados: portonazos, sicariato, descuartizamientos, entre otros. Ya son más de dos mil las bandas extranjeras que operan en nuestro país.

Quienes hemos recorrido y visitado lugares como Chacalluta, Colchane y la cárcel de Acha, en Arica, vemos cómo el 50 por ciento de los reclusos son extranjeros. O sea, importamos delincuencia y delincuentes; más aún, debemos mantenerlos a un alto costo.

Son situaciones que debemos resolver, desde declarar la inmigración ilegal como delito para desincentivar esa inmigración asociada al aumento de la delincuencia y mayor violencia en nuestro país. Necesitamos acciones concretas que respondan a la urgencia de un país que ya no soporta el aumento de la violencia.

Voy a apoyar este proyecto, porque siento que es necesario y porque creo que la mejor forma de lograr lo anterior es ampliar nuestras cárceles, porque un proyecto de crear una cárcel nueva hoy, con toda la permisología y toda la burocracia, se demora catorce o quince años.

Apoyaré este proyecto y espero que prontamente tengamos respuestas y soluciones para un país que nos exige mejores instalaciones para que nuestra ciudadanía esté segura. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señor Presidente, en la sesión de ayer, en que se analizó la crisis provocada por el corte del suministro eléctrico durante el pasado 25 de febrero, la derecha omitió que fue culpa de la empresa privada y emplazó al Estado por lo que supuestamente no había hecho. Cuando se propuso que el Estado tuviera nuevamente una empresa de distribución, generación y transmisión de energía eléctrica, se negaron, porque el Estado solamente sirve para mantener el orden y salvar a las empresas privadas cuando tienen problemas financieros.

De esa misma forma, hoy la izquierda, pese a estar de acuerdo con este proyecto de su gobierno, sigue insistiendo en los derechos humanos de los delincuentes. En lo personal, me importan muy poco, por no decir nada, los derechos humanos de los delincuentes.

Si estoy de acuerdo con este proyecto, que votaré a favor, es por pragmatismo, no porque los pobrecitos delincuentes estén hacinados o porque adhiera a la teoría de la izquierda radical de la abolición del carcelarismo punitivista, como le dicen algunos sectores de la izquierda radical que marchan en las calles.

He escuchado a algunos colegas que dicen que es populismo construir cárceles estatales en las islas del sur. Es perfectamente posible hacerlo. Aquí les nombro cuatro islas que busqué en el mapa para construir una colonia penal, y son las que están más alejadas de la costa: la isla Covadonga, la isla Mornington, la isla Duque de York y la isla Diego de Almagro. Seguramente, todos mis colegas ni siquiera saben que existen y están disponibles esas islas.

¿Cuál es la razón para decir que esto es populismo? ¿Qué se tardaría mucho en permisos y licitaciones?

Alguien recién mencionó al Presidente de El Salvador, Bukele . El estilo Bukele no es construir cárceles para los narcos rápidamente. El estilo Bukele es mucho más que eso. El estilo Bukele es saltarse las reglas. ¿Se necesitan más cárceles? Pues se hacen, se construyen, sin importar licitaciones, permisos, impacto ambiental. A problemas inmediatos, soluciones inmediatas.

A mí me gustaría saber sinceramente si aquí en Chile va a haber algún día algún Presidente de la República que esté dispuesto a, como lo hizo el Presidente Bukele en su estilo, saltarse las reglas y hacer de una vez por todas lo que se tiene que hacer, no estar pensando lo que se puede y lo que no se puede hacer. Si se necesita una solución, se da de inmediato; si se necesita una cárcel, se construye de inmediato. Y, ojo, cárceles estatales, no privadas.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto avanza en la línea correcta.

Felicito y saludo al ministro de Justicia en el sentido de ampliar el número de cárceles, aumentando y agilizando la tramitación, reduciendo los plazos para intervenir, ya sea en materia de alteración, ampliación o reparación, que en una primera etapa partía por un número determinado de cárceles, lo que se amplió finalmente en el transcurso de la tramitación de este proyecto.

Cosas positivas. En primer lugar, Obras Públicas va a priorizar estos proyectos. En segundo lugar, el Ministerio de Desarrollo Social va a priorizar la emisión de determinados informes. En tercer lugar, el Ministerio del Medio Ambiente va a eximir del sistema de evaluación de impacto ambiental algunos proyectos relativos a este tipo de intervenciones. Sin duda, todas esas medidas son necesarias, porque aceleran el tranco en materia de infraestructura carcelaria, tan necesaria en el ámbito, en el concepto amplio de seguridad pública en nuestro país.

Sin embargo, hay cosas que quedan como desafío, como avanzar más incluso en la división entre establecimientos carcelarios públicos y concesionados. Seguimos teniendo una estructura normativa que se hace difusa entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Obras Públicas y el privado, finalmente.

Tenemos que avanzar también en alcanzar un grado de eficacia en materia de intervención para lograr estándares que se nos hacen necesarios como país en forma urgente.

En primer lugar, avanzar en algo tan básico -por intermedio del señor Presidente al ministro- en materia de seguridad, algo que todas las comunidades aledañas a los centros penitenciarios nos están demandando permanentemente, pedido que, sin duda, este año va a ser mucho más fuerte. Me refiero al lanzamiento de drogas y de armas, a los cierres perimetrales, cosas tan básicas, pero que al mismo tiempo hoy son tan necesarias.

En segundo lugar, y se lo pido con énfasis al señor ministro, no seguir afectando o contaminando la criminalidad o el grado de peligrosidad que tienen los internos, por ejemplo, lo que sucede en Puerto Montt, allegando o trasladando presos del crimen organizado, del Tren de Aragua, porque eso sigue contaminando aún más organizaciones o el nivel de peligrosidad que teníamos antes de la llegada de estas verdaderas mafias que muchas veces hacen más difícil la labor de los propios gendarmes y de la propia reinserción, que es tan necesaria en nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro.

Quiero felicitar este proyecto de ley, porque, sin duda, necesitamos abordar esta crisis penitenciaria que tenemos en nuestro país.

Respecto de eso, ministro, quiero llevarlo a un tema que hemos conversado y que me preocupa mucho. En su momento se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua para dar atención en el hospital regional a enfermos psiquiátricos que estaban en la cárcel de La Gonzalina.

Usted sabe que la cárcel de La Gonzalina, que es concesionada, es la que tiene la mayor cantidad de suicidios en nuestro país. Me preocupa el tema no solo por la situación de los presos, sino también por Gendarmería y por el personal médico que proporciona estos servicios.

En el hospital regional se negaban a dar asistencia a esos enfermos, porque se puso en riesgo a los funcionarios de la salud en más de alguna ocasión.

Usted, ministro, estuvo hace muy poco en la Corte de Apelaciones, y este ha sido un tema que se ha trabajado en conjunto. Pero yo quiero que demos un paso más adelante, ministro. Lo hablamos en su momento con su predecesor y también con la ministra de Salud: que podamos hacer dentro de esta nueva cárcel o la ampliación de la cárcel de Rancagua un módulo de hospitalización psiquiátrica. Creo que eso daría garantía, por un lado, a los funcionarios de la salud, y, por otro lado, a los funcionarios de Gendarmería, porque se produce una verdadera situación de riesgo cuando los reos salen del recinto penitenciario hacia un centro hospitalario.

Hoy en día tenemos presos de alta peligrosidad. Están los del Tren de Aragua en la cárcel de Rancagua. Por lo tanto, el traslado de ellos resulta sumamente peligroso y el hospital no es el lugar más seguro para esta situación.

No hay personal suficiente en Gendarmería para abordar ello. Ya lo hemos visto a propósito de los “pelotazos”: que no existe personal para poder impedir aquello o siquiera poder abordarlo.

Entonces, quiero hacerle esa invitación, ministro, que es a que podamos abordar un módulo, que podamos trabajarlo en conjunto con la Universidad de O’Higgins, que tiene la carrera de Medicina, en que podamos hacer un círculo virtuoso en que los mismos estudiantes puedan también hacer su práctica o su internado en dicho recinto.

Lo conversamos, lo esbozamos con la ministra Aguilera -escuché las palabras de la diputada Cordero respecto a esta materia-, y me parece muy interesante que lo abordemos como una medida de seguridad, de control, apuntando también a una mejora en las situaciones carcelarias.

Muchas gracias, ministro, por su atención.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, siento que muchas veces hay algunos sectores que como que se quieren adueñar y que se transforme en un patrimonio de ellos mismos el tema vinculado a la seguridad y la lucha contra la delincuencia.

No creo que esto sea así. En lo personal, siento que no hay nada peor que la delincuencia, que no hay nada peor que un delincuente.

Un delincuente es precisamente la exacerbación máxima de aquella persona que quiere prevalecer por sobre el resto de sus semejantes. Es aquella persona cuyo individualismo hace que no le importe el resto, ya sea porque les roba a sus vecinos, porque les roba a los adultos mayores o porque, por ejemplo, no puede reprimir un instinto y causa daño al otro. Es el individualismo llevado al máximo. Se trata de un ser que por eso es antisocial.

Algunos creemos más en lo social que en lo individual al máximo. Y cuando hemos construido sociedades que son tan individualistas, evidentemente que se generan condiciones en que, como señalé recién, hay individuos que se creen que valen más que el resto y cometen delitos sin que les importen los demás.

Por eso, en términos de principios y de valores, y porque creo en la sociedad en su conjunto, estoy totalmente en contra de la delincuencia y de los delincuentes, y a favor, por supuesto, de la seguridad.

No es un discurso casual, ni para la galería ni para ganar una elección; es porque creo en la sociedad, en lo colectivo, en la construcción en conjunto que se hace dentro de una ciudadanía. En ese sentido, me interesa que, por lo tanto, se tomen los temas de la seguridad con la seriedad que merecen, no como una cuestión simplemente de carácter electoral que muchas veces se realiza con diatribas, con palabras exacerbadas, con consignas y eslóganes, sino con la seriedad que merecen.

El tema de la crisis carcelaria, lamentablemente, viene desde hace mucho tiempo. Si no lo solucionamos, no sacamos nada con aumentar las penas ni con generar más tipos penales, porque lo único que estamos haciendo es que las cárceles, que ya están sobrepobladas, se transformen en universidades del delito. Si a eso le sumamos el hecho de que muchas personas están cumpliendo prisión preventiva como medida cautelar, porque la sentencia condenatoria aún no ha sido dictada, es decir, no existe la sentencia propiamente tal, en definitiva no estamos solucionando el problema del sistema carcelario.

El gobierno nos presenta un proyecto importante y debemos reconocerlo, como así también debemos reconocer lo que ha señalado el ministro de Justicia. Ojalá seamos capaces de entender la trascendencia del sistema carcelario para el país.

Por supuesto, votaré a favor el proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, si bien mi colega Araya fue brutalmente censurado, quiero reconocer que el ministro de Justicia está respondiendo las preguntas de verdad y no con pelotazos al córner. Es un estilo que el ministro ha ido cultivando con el tiempo, y eso se valora. Esa actitud es importante para discutir proyectos que les resuelven los problemas a los chilenos y mejoran las condiciones de vida en el país.

En segundo lugar, reconozco este proyecto de ley en su mérito. Desde hace bastante tiempo, Chile se ha formado la convicción de que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en muchos aspectos, solo genera problemas y casi ningún beneficio para el país, y aquello no está restringido solo al ámbito de las cárceles.

Sin duda, necesitamos soluciones urgentes. Desde el Partido Republicano lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Por eso, hemos visto, con desazón y preocupación, cómo en los últimos años hemos aprobado distintas normas que pretendían facilitar la construcción de nuevas cárceles, pero los fierros y el cemento no avanzan. Avanzan los proyectos de ley, pero los fierros y el cemento siguen esperando. Necesitamos nuevos edificios con instalaciones que tengan todos los requerimientos tecnológicos y las condiciones de habitabilidad para rehabilitar a los delincuentes que puedan ser rehabilitados y mantener encerrados a los que no puedan ser reinsertados en la sociedad.

Me alegra que este proyecto de ley permita avanzar rápidamente en la construcción de nuevas cárceles. Hemos añadido algunos elementos adicionales a esta norma, que espero que puedan ser aprobados.

Aprovecho la instancia para hacerle una invitación al gobierno y a la izquierda: si hay un apoyo transversal a este proyecto de ley, con la convicción de que se necesita avanzar en la construcción de nueva infraestructura carcelaria, ojalá entendamos también que podemos avanzar en la construcción de otros tipos de infraestructura, para lo cual es necesario reducir la permisología y la cantidad de trámites ambientales, de manera de resolver de una vez por todas el problema de fondo.

Lo voy a decir con todas sus letras: hoy, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un negociado para abogados que se dedican a extorsionar a empresas y que las mantienen con un juicio tras otro hasta que les pagan. Esa es la realidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en nuestro país. Eso no puede seguir existiendo. Tenemos que resolver el problema de fondo. Debemos tener un proceso de obtención de permisos claro, y que, cuando se otorguen, queden escritos en piedra, sin que puedan ser revocados con artimañas judiciales, realizadas por estos verdaderos charlatanes que extorsionan a las empresas y al país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez .

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señor Presidente, este proyecto, en caso de ser aprobado, será un gran aporte para el sistema penitenciario de Chile, porque permitirá contar con cárceles que tengan la capacidad y el espacio necesarios para abarcar a toda la población penal. Esto es absolutamente necesario para contribuir a su mejoramiento.

Actualmente, la labor del personal de Gendarmería de Chile se ve obstaculizada por no contar con los espacios necesarios para el ejercicio de sus funciones. La rehabilitación se ve obstaculizada por la escasa infraestructura y tecnología carcelaria, lo cual es sabido por todos.

La ampliación y la modernización de los recintos penitenciarios permitirá reorganizar las instalaciones y ofrecer terapias y programas de selección efectivos para los internos que opten por procesos de rehabilitación.

Este proyecto, además, aporta a los recintos nuevos equipos tecnológicos. Actualmente, la propia Gendarmería debe financiar el arriendo de estos equipos, lo cual es insólito. Es urgente avanzar en este proyecto para dar celeridad a los procesos administrativos y es necesario eliminar trabas burocráticas en la tramitación.

La permisología es un mal que ha obstaculizado no solo la construcción de las cárceles, sino también a las pymes y a las empresas de mayor tamaño, de cuyo éxito depende el crecimiento económico de nuestro país, que es tan necesario.

Hoy nos toca terminar con la permisología en las cárceles, pero, a mediano y largo plazo, el objetivo debe ser acabar con todo proceso que extienda innecesariamente la tramitación de proyectos.

Quizás a algunos les preocupa que, una vez aprobado este proyecto de ley, se expandan las cárceles ubicadas en centros urbanos, causando un impacto negativo en las personas que habitan territorios colindantes a los recintos penitenciarios. Sin embargo, para evitar estos efectos, el gobierno, aquí representado por el ministro de Justicia, debe tomar todas las medidas de mitigación para beneficio exclusivo de las comunidades, a fin de dar tranquilidad y bienestar a miles de personas que están preocupadas y que ven este proyecto con preocupación por lo que podría ocurrir en el futuro.

Espero que este proyecto avance y tenga un apoyo transversal en esta Cámara. He dicho.

El señor AEDO.-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, felicito la tramitación de este proyecto. Ojalá hubiese sido tramitado mucho antes no solo por el déficit de cárceles, sino por el nivel de adhesión política que genera.

Resulta muy curioso, después de cumplir tres años de gobierno, ver tan de acuerdo a los republicanos con los comunistas, liderados por un ministro comunista, en la tramitación de este proyecto.

Me parece que es lo correcto y lo que necesita el país. Necesitamos mejores centros penitenciarios, que se enfoquen no solo en recluir a la gente, sino sobre todo a rehabilitarla en la medida de lo posible.

Dicho lo anterior, también me alegra mucho que, desde los sectores antagónicos a mi forma de ver la política, hoy día se esté reivindicando de verdad la seguridad. Hoy se cumplen tres años desde que el Presidente Boric asumiera el poder. Asumió el poder con un programa de gobierno que no tenía nada que ver con seguridad. Asumió el poder con un programa de gobierno que desconocía la utilidad de los servicios de seguridad y de las policías para combatir la delincuencia. Asumió el poder promoviendo un primer y, afortunadamente, fallido proceso constituyente, que decía que había que reformar las policías, inventarlas desde cero, y que no había que hacer cárceles, porque eran una violación a los derechos humanos de los presos.

Hoy día, después de tres años, estamos de acuerdo. ¡Por Dios, la vuelta larga que nos tuvimos que dar!

Efectivamente, el gobierno del Presidente Piñera no pudo hacer todo lo necesario en materia de seguridad porque no tuvo los votos de la oposición, que, en ese entonces, era mayoría.

Más allá de reconocer y aplaudir que los extremos se junten y se reconozca la labor de las personas que hemos venido luchando a favor de la paz y combatiendo la delincuencia, pido que aprobemos este proyecto y espero que sea por unanimidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .- Señor Presidente, durante mucho tiempo hemos escuchado los planteamientos de los funcionarios de Gendarmería. Esto ha trascendido al actual gobierno. Por lo tanto, creo que era importante, de una vez por todas, tomar las medidas para mejorar las condiciones de infraestructura existentes en las cárceles de todo Chile. Sin embargo, tengo una crítica respecto de las cárceles concesionadas.

Como diputada me tocó recorrer, cuando fui Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, diversas cárceles concesionadas, que, prácticamente, no dan cuenta de las situaciones en las que viven quienes están privados de libertad y para los que debería ser una garantía el respeto de la dignidad humana donde se encuentran.

Asimismo, la burocracia en las cárceles concesionadas hace que las cosas sean cada vez más difíciles para quienes les corresponde administrar. Cuando faltaba una ampolleta o mejorar las condiciones de alguna ventana era imposible resolver el problema en el corto plazo, porque ello dependía de la empresa que había licitado. Las fiscalizaciones y controles de contratos también eran complejos. ¡Y qué decir de las situaciones precarias en que se encuentran aquellas personas que están privadas de libertad y a las que también se las ha privado de sus derechos! Es una situación compleja.

Aquí debe haber un debate mayor. No tan solo debe resolverse la situación carcelaria con la ampliación o mejoramiento de las condiciones de infraestructura. Ahí hay personas que trabajan, personas que efectivamente cometieron delitos, pero no por ello se les van a seguir vulnerando sus derechos.

Por otro lado, el personal que trabaja lo hace en las peores condiciones; tampoco se ha mejorado aquello.

De igual modo, es importante considerar -ello no se ha debatido- los centros de educación y trabajo en sus distintas modalidades, opciones que debiera ofrecer el sistema penitenciario.

También es importante reconocer la labor de aquellos que se dedican a la reinserción social. No se han escuchado sus planteamientos, a pesar de que hay diversas demandas. Hay oficios entregados al actual ministro para ver cómo se mejoran las condiciones de cada uno de ellos.

He dicho.

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Queremos saludar y dar la bienvenida a esta Cámara de Diputadas y Diputados a jóvenes de la juventud republicana, invitados por el diputado Luis Sánchez , de la bancada republicana, que me acompaña en la testera. Bienvenidos y bienvenidas.

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, agradezco a mi colega y amigo Leonidas Romero el hecho de haberme permitido intervenir antes que él.

Saludo a la ministra y al ministro presentes.

Este es un proyecto importante que, sin duda, ayudará o contribuirá a resolver un problema grave que tenemos en nuestro país: la falta de plazas en nuestras cárceles para tener donde corresponde a delincuentes y criminales.

Este proyecto no va a solucionar el problema de la seguridad -de eso estamos ciertos-, pero sí contribuirá a ello. Cada cosa que contribuya a ese propósito me parece una buena noticia y una buena ley para nuestro país.

Tenemos un déficit de plazas importante a lo largo de todo Chile. Tenemos hacinamiento en distintas cárceles, sobre todo en las capitales regionales, cuestión importante en nuestro país. Lo tenemos, por ejemplo, en la Región de Valparaíso, en varios recintos penales.

Esto viene a ayudar precisamente a combatir la burocracia estatal, que muchas veces hace más lento y más complejo ejecutar ampliaciones o modificaciones en cárceles o la construcción de nuevos recintos. La idea es llevar a cabo esto en un tiempo mucho más acotado, eliminando algunos requisitos que, la verdad, no contribuyen en nada; por el contrario, entorpecen algo que necesitamos que se haga rápido.

No porque no tengamos espacio en las cárceles se va a dejar de enviar a los delincuentes donde corresponde. Esa es la realidad. Si hay que hacer más cárceles, si hay que ampliar las cárceles, se tiene que hacer. Este proyecto precisamente va en esa línea.

En el caso de la construcción de nuevas cárceles, me parece también muy importante, aprovechando que está el ministro, que se puedan tomar resguardos, a efectos de que esas construcciones se proyecten en lugares donde no se altere la vida de los ciudadanos, donde no tengamos problemas, porque nadie quiere tener una cárcel dentro del sector donde vive, cerca de su villa o de su población. Tenemos que tratar de buscar espacios o lugares donde no se altere la vida de los ciudadanos de bien. Sin duda en Chile hay lugares. Se ha hablado de islas, de distintos lugares donde, sin duda, no se va a alterar la vida de la gente de bien de este país, que merece vivir tranquila y no a merced de delincuentes, ya sea porque están libres en las calles o porque están dentro de cárceles molestando y alterando la vida de los ciudadanos de nuestro país.

Valoro este proyecto; me parece importante. Tenemos que seguir en esta línea, buscando nuevos mecanismos legales para que la seguridad en nuestro país sea el tema prioritario.

Dentro de las cárceles hay mucho que hacer. Gran parte de los delitos se cometen desde ahí y tenemos que combatirlos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, ya que el diputado Venegas nos recordó el tema de la responsabilidad individual del delincuente, viene a la memoria la teoría del criminal nato de Cesare Lombroso, según la cual hay personas que por sus características psíquicas o morfológicas nacen con una propensión a delinquir.

Esa teoría eliminaba todo el concepto de responsabilidad individual respecto del delincuente. Ese criminal nato era imposible de rehabilitar y de regenerar, dado que tenía en su ADN la propensión a delinquir. En Chile, un joven estudiante de medicina de aquellos años siguió estas teorías del criminal nato: Salvador Allende .

Entrando en el proyecto mismo, la situación de seguridad en Chile es bastante crítica. En diez años el índice de homicidios se duplicó. El plan Calles Sin Violencia realmente no ha traído los resultados deseados, y en aquellas comunas donde parece reducirse la delincuencia, esta no lo hace, sino que se traslada a otras comunas o lugares de Chile.

También tenemos la profesionalización del sicariato, forma de delinquir que en Chile era desconocida, pero que en poco tiempo se ha hecho más común. Por lo tanto, es evidente que necesitamos nuevos recintos carcelarios, especialmente sabiendo que hay regiones con verdadero hacinamiento, como Atacama y Maule , con una ocupación de más de 200 por ciento en ambos casos.

Es evidente que la fuerza de los hechos superó la ideología del gobierno, teniendo que presentar este proyecto que es una reforma -tibia reforma- a la excesiva permisología que existe en Chile. Sin embargo, el proyecto me parece positivo, ya que al necesitar nuevas cárceles, es importante para ir, de una u otra manera, combatiendo la delincuencia.

Con todo, no se trata de emular modelos centroamericanos. Aquí necesitamos nuevas cárceles con una adecuada tecnología, con una buena infraestructura, que permita que los delincuentes peligrosos cumplan efectivamente la pena, estén aislados del resto de los internos y no sigan delinquiendo desde dentro de los recintos carcelarios.

Este es un proyecto que ayuda, pero sigue faltando poner mano dura a la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ.-

Señor Presidente, la cárcel pública de Valparaíso fue construida para 1.300 internos. Sin embargo, hoy tiene 3.300 internos.

Algunos podrían pensar que la izquierda está en contra de la seguridad y a favor del delito, como lo dijeron algunos colegas. No hay nada que perjudique más a la clase trabajadora, a los obreros de nuestro puerto que la delincuencia, porque los azota en forma distinta que a quienes tienen los recursos para salvarse de este flagelo. ¿Por qué lo señalo? Porque, con 3.300 internos en la cárcel de Valparaíso, uno diría contingentemente que la oportunidad hizo al ladrón, pero se trata de trayectorias de vida que vienen de una niñez totalmente vulnerada, convertida en una niñez para ser soldado del crimen organizado. Es importante señalar esto, porque ¿para qué vamos a construir más cárceles? Para responder esta pregunta debemos ir al fondo del problema de nuestra sociedad.

Por el actual hacinamiento y por lo reventadas que están las cárceles, hoy es imposible construir programas de reinserción; hoy es imposible reinsertar a los reos. La tasa de reinserción dice directa relación con la falta de oportunidades laborales. Hoy es imposible reinsertar si no hay recursos que se inyecten en favor de los gendarmes. Un gendarme tiene que estar preocupado de 150 internos en un módulo que solo alcanza para 80 internos.

Así como nos centramos en la construcción de cárceles, es importante que también avancemos en una mirada completa de lo que significa el fenómeno delictual. Así como construimos y ampliamos la cárcel de Valparaíso, ojalá construyamos escuelas públicas como la Barros Luco y escuelas y programas de protección de la niñez para cortar el flagelo de la delincuencia. Eso se hace sin populismos.

Por ahí una candidata presidencial señaló: “Vamos a construir cárceles en el desierto”, en circunstancias de que en tres meses más esa cárcel se adjudicará, se comenzará a construir y se llamará cárcel El Arenal. Es una cárcel para 2.100 internos en Copiapó. En 40 kilómetros alrededor de esa cárcel no hay nada, solo hay desierto. Entonces, a esas personas que ya no saben más qué inventar y a sus asesores, debo decirles que esa pega hoy la está haciendo este gobierno.

Este proyecto dice relación con una izquierda a la que le interesa combatir la inseguridad que vive mucha clase trabajadora en nuestro país, mucha gente de esfuerzo. Insisto: se trata de trayectorias de vida.

Vamos a aprobar este proyecto, pero…

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, se han dicho muchas cosas respecto de este proyecto. Espero que efectivamente sirva para agilizar la construcción de cárceles. Al menos existe un consenso bastante extendido en que es necesario que se construyan más cárceles.

Esta iniciativa también va a servir para desmentir o desmitificar ciertas cosas, porque a todos los haters del Partido Republicano les encanta decir que nuestro partido no vota nada con el gobierno, que los acuerdos no se dan y no sé qué otra cosa. Se llenan la boca con los acuerdos, pero lo cierto es que, cuando los proyectos son buenos, nosotros tenemos la altura de miras y la visión para votar a favor de esas cuestiones, porque a nosotros nos importa Chile. La verdad es que los haters nos tienen bastante sin cuidado.

Dicho eso, también es importante señalar que no basta solo con tener leyes que agilicen la construcción de cárceles. Eso no es suficiente, porque necesitamos un gobierno y un Presidente que entiendan la urgencia de construir nuevas cárceles y que la construcción de esas cárceles no puede ser solo pensando en los reclusos. Si bien es importante pensar en los reclusos, porque las cárceles son para ellos, por supuesto, también hay que construirlas pensando en Gendarmería de Chile, en los gendarmes que están en las actuales cárceles. Quizás, en las concesionadas y las más nuevas no tanto, pero la gran mayoría de las cárceles -imagino que el ministro ha podido verificarlo en terreno- no están pensadas para ellos, en circunstancias de que pasan la mayor parte del día en ellas. Entonces, después de visitar las cárceles y de conocer las condiciones en las que trabajan los gendarmes en Chile, uno empieza a entender por qué la salud mental es un problema tan profundo en la institución y por qué ellos lo pasan mal.

Entonces, aquí se necesita una ley, y nosotros vamos a dar nuestro voto para que esa ley exista, pero también se necesita una autoridad. Esperamos que, si no es este gobierno, el próximo gobierno entienda la urgencia de construir más y mejores cárceles, sobre todo pensando en Gendarmería de Chile.

Justamente hoy en la mañana sostuve una reunión con algunos dirigentes de una de las asociaciones de gendarmes en Chile, y hablamos precisamente de este tema y de cómo los reos VIP -hay algunos reos VIP en la cárcel de Rancagua que tienen gimnasio- viven en las mejores condiciones -parece que no estuvieran presos-, mientras que los gendarmes no tienen ni siquiera un espacio donde sus hijos los puedan esperar cuando tienen que salir tarde, porque tienen que esperarlos arriba del auto.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al señor ministro que hay mucho por avanzar. Espero que este gobierno ponga la plata donde pone las intenciones. He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, saludo por su intermedio al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo , quien nos acompaña en esta sesión.

Señor ministro, sin duda, hace falta la construcción de nuevas cárceles en nuestro país. La delincuencia desatada que tenemos hoy, desgraciadamente con el gentil auspicio del gobierno, que indulta a delincuentes y les da pensiones de gracia, motiva a que estos sigan en esa senda.

He conversado personalmente con el señor ministro -creo que ya se lo he planteado en tres ocasiones- para manifestarle que hacen falta más cárceles, pero no existen los recursos y, por otro lado, las comunidades no quieren tener una nueva unidad penal en su sector.

¿Faltan cárceles? Efectivamente, pero también faltan gendarmes. Vemos que, en las cárceles, los jóvenes que han ingresado a la Escuela de Gendarmería y han egresado con el grado de suboficiales, pasan meses de guardia en las garitas, y están prácticamente más presos que los mismos presos. Por eso, tenemos serios problemas de salud mental en la institución.

Por otro lado, vemos, por ejemplo, que en Concepción existe una cárcel concesionada para custodiar a doscientos cincuenta internos de alta peligrosidad con solo dos funcionarios, y a la hora del almuerzo queda uno. Además, no cuentan con elementos de seguridad, no tienen chalecos antipuñales ni ningún otro equipo de protección. Solo con su arrojo y valor hacen la pega a la que postularon.

Considerando que faltan cárceles, hago ver que en Coronel existe una unidad penal que, con la inversión de muy pocos recursos, se podría poner al servicio de Gendarmería de Chile; tiene una capacidad aproximada de cuatrocientos internos. Propongo que enviemos allí a los novicios y a los reclusos de baja peligrosidad, para que cumplan las condenas dictadas por los tribunales, pero, por favor, no sigamos dilatando esta situación.

Efectivamente, necesitamos más cárceles -lo repito, aunque sea majadero y reiterativo-, pero ¡por Dios que necesitamos más funcionarios de Gendarmería, sobre todo suboficiales!

Usted lo planteó muy bien, ministro. Desde el año pasado, los oficiales siguen una carrera profesional de cuatro años, mientras que los suboficiales cursan una carrera técnica de dos años. Es verdad, y eso también mejora un poco su sueldo, pero queremos más funcionarios.

No es posible -se lo repito, ministro, es algo que he evidenciado personalmente en las unidades penales que he visitado, que han sido varias a nivel nacional- que la cantidad de internos no se condiga con el número de funcionarios de Gendarmería encargados de su custodia.

El señor ministro hizo conmigo un compromiso y me señaló que están revaluando reabrir algunas unidades penales, entre las cuales estaría considerada la de Coronel. He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, lo cierto es que durante décadas Chile ha tenido absolutamente abandonada la política penitenciaria.

Chile siempre se ponía una venda en los ojos cuando se enfrentaba el tema penal en nuestro país. No nos preocupábamos por mejorar la calidad de vida de los gendarmes y de los diferentes trabajadores que enfrentan permanentemente a la delincuencia, ni por la construcción de nuevas cárceles, lo cual se refleja en los números.

Históricamente, la población penal de nuestro país fluctuaba entre 38.000 y 41.000 reclusos, aproximadamente, y nuestra capacidad máxima en ese momento era de alrededor de 45.000.

Pero ¿por qué nos enfrentamos hoy a esta crisis penitenciaria? Eso se debe a varios factores. En primer lugar, a decisiones que ha adoptado este mismo Congreso Nacional. En algunos discursos se dice “No hemos hecho nada”, “Este gobierno ha dejado abandonado el tema de la seguridad pública y ha tenido que transformar su agenda”, pero lo cierto es que tanto el Congreso Nacional como el Ejecutivo llevan mucho tiempo adoptando medidas absolutamente tendientes a atacar frontalmente la delincuencia y el narcotráfico.

Entonces, ¿por qué tenemos este déficit físico en nuestro sistema penitenciario? Ello se debe a las decisiones que el Congreso Nacional ha adoptado respecto de las dificultades para acceder a medidas alternativas; a las restricciones que hemos impuesto al proceso de libertades, y al aumento de la prisión preventiva como método de combate al crimen organizado y a la delincuencia.

Para que ustedes sepan, la tasa de encarcelamiento en Chile es una de las más altas del mundo. De hecho, se encuentra en el rango de 297 reclusos por cada 100.000 habitantes.

Estamos dentro de las cuatro naciones con mayor índice entre los países de la OCDE. Esas son las cifras reales.

En ese sentido, este gobierno, y en particular el ministro de Justicia, tanto el anterior como el actual, han adoptado medidas concretas en orden a enfrentar la crisis penitenciaria.

¿Es esta la solución a todos los males que nos aquejan en materia de seguridad? Como en muchos otros proyectos, no es la solución definitiva. Hace falta avanzar en varias medidas más, pero, claramente, esto es un avance, que debemos apoyar y aprobar.

No obstante, también le pido al ministro, por su intermedio, señor Presidente, que avancemos en la ley de ejecución de penas, porque no hemos progresado en una discusión que es necesaria y que está directamente relacionada con esta materia, referida a la inhibición de uso de teléfonos celulares en las diferentes cárceles del país. Hace falta avanzar con mayor premura en ese ámbito.

Votaremos de manera decidida a favor de este proyecto, porque creemos que representa un tremendo avance.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .- Señor Presidente, muchos adherentes del gobierno dicen de repente que, en materia de seguridad pública, no se ha podido avanzar porque la oposición lo ha obstaculizado. Ante ello, quiero decir que hoy, una vez más, demostraremos que eso es falso, y que todos los proyectos del gobierno han sido aprobados con votos de la oposición.

Si de algo nos hemos quejado es de la insuficiencia de los proyectos. Es cierto, vamos a apoyar una vez más esta iniciativa, que implica una construcción más rápida y acelerada de nuevos recintos penitenciarios, pero hay muchas otras medidas que se pueden adoptar mientras esperamos la construcción de esos recintos.

Necesitamos más funcionarios de Gendarmería, que se capaciten más y mejor, y también mejoras en su equipamiento. Durante la última semana del año pasado se registraron dos asesinatos al interior de un presidio en la Región de Arica y Parinacota, y no solo eso, sino que ocurrieron en los espacios de alta seguridad del recinto.

Si los reos que están bajo el cuidado del Estado se están asesinando al interior de los espacios de alta seguridad de las cárceles, imagínense lo que está pasando en las calles de Chile. Necesitamos recuperar con urgencia la paz y la tranquilidad que hemos perdido.

Una vez más, votaremos a favor este proyecto de seguridad propuesto por el gobierno, pero, insisto, todos los proyectos hasta la fecha han sido muy insuficientes. He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día. En consecuencia, el debate de este proyecto queda pendiente para la sesión de mañana.

VI. SOLICITUDES DE ACUERDOS Y DE RESOLUCIONES

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para hablar a favor, tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .- Señor Presidente, y por su intermedio, colegas, hoy quiero hablarles de algo que poco se trata en este Congreso Nacional: las soluciones a la basura con una mirada de futuro, en particular, cómo tratamos los residuos en Chile.

Nuestro país tiene una grave crisis de gestión de residuos. Cada año, generamos más de 8 millones de toneladas de basura y más del 50 por ciento corresponde a residuos de carácter orgánico, que terminan en vertederos o rellenos sanitarios. Y seguimos acumulando basura, Presidente, ¡ya lo decía yo!

Además, el problema con los vertederos y rellenos sanitarios es que generan gases de efecto invernadero, en particular, gas metano. Creo que todos recordamos la tragedia de 2016 provocada por el incendio del vertedero Santa Marta , que sumergió a toda la Región Metropolitana en una nube tóxica, cuyo juicio por daño ambiental ganamos y logramos que se cumpliera.

No obstante, ¿Por qué tenemos que llegar a catástrofes como incendios en vertederos o rellenos sanitarios que explotan y contaminan el aire de toda una región? ¿Por qué no podemos pensar en soluciones efectivas, sostenibles y circulares? Si la naturaleza nos da una alternativa, como es el caso de la mosca soldado amazónica, ¿por qué no aprovecharla?

¿Cómo funciona esta solución? Las larvas se alimentan de residuos orgánicos, y para que tengamos una magnitud de esta solución y alternativa para la acumulación de la basura, un solo kilo de larva de mosca amazónica puede consumir hasta 25 toneladas de residuos orgánicos.

Antes de intervenir, algunos me decían en tono de broma: "¡Pero después se va a convertir en mariposa! ¿Qué pasa con las enfermedades?". Les quiero aclarar algunos mitos que existen respecto de estas larvas. Primero, no transmiten enfermedades ni a humanos ni a animales, a diferencia de otras especies de mosca, como la doméstica, que sí es portadora de patógenos. Segundo, reduce la carga microbiana en los residuos, porque las moscas soldado negro compiten con otras bacterias y otros microorganismos, reduciendo los patógenos, tales como la Escherichia coli y la salmonela. Tercero y último, no se generan plagas ni malos olores, ya que es un proceso controlado y bioseguro.

Quiero que hagamos una alianza con el planeta y que, en vez de estar pegados en el pasado, acumulando cerros de basura hacia arriba, como en los vertederos, o bien enterrándolos bajo tierra y contaminando las aguas y napas subterráneas, como en los rellenos sanitarios, avanzáramos con este tipo de tecnologías, porque emprendimientos de este tipo ya existen en nuestro país. ¿Y por qué no fortalecerlos a través de una alianza público-privada, en la que sea el gobierno del Presidente Boric, que se ha declarado como un gobierno ecológico y que también quiere pensar en soluciones de futuro, el que instale esta alianza que sería pionera en Latinoamérica?

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

No hay inscritos para hablar en contra.

Cerrado el debate.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, este es un tema del que casi no se habla, pero que es muy preocupante. Según un informe de 2021 de la Contraloría General de la República, de las 388 sustancias activas que se encuentran en los pesticidas, 99 no están aprobadas por la Unión Europea, y 40 de las que en la actualidad se aplican en los campos de Chile se encuentran clasificadas como altamente peligrosas. Es decir, estamos en riesgo todos los días.

En nuestro país se aplican pesticidas que están prohibidos en el mundo, pero que a Chile simplemente entran, los compran los agricultores y se aplican. Dichos pesticidas pueden provocar graves daños en la salud humana, afectar a la fauna -tanto a los animales de granja como la fauna silvestre-, quedar en el ambiente y, además, producir malformaciones genéticas. Esos pesticidas deberían estar prohibidos y regulados.

Por eso, hace varios años presentamos un proyecto de ley, que está en la Comisión de Agricultura de la Cámara. Durante este tiempo, la comisión ha tenido varias presidencias y hemos ido a esa instancia a insistir en que esto debe legislarse; sin embargo, el proyecto no ha sido puesto en tabla. Por eso, a través de esta solicitud de resolución queremos pedir que sea el Presidente de la República quien le ponga urgencia al proyecto.

No podemos dejar esto en manos de quienes hoy están haciendo un tremendo negocio metiéndonos pesticidas que, en otros países, están prohibidos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, hablo en contra porque creo que el proyecto está incompleto, no se hace cargo de una serie de elementos.

Es cierto lo que dice el colega. Sí hay pesticidas altamente peligrosos y algunos tienen efectos en la genética, etcétera; todo eso es absolutamente cierto. Sin embargo, ¿usted sabe que estamos importando productos cultivados con esos pesticidas? Es decir, queremos prohibir el uso de los pesticidas en Chile, pero no hay ningún problema para importar productos que vienen desde el extranjero y a los que les han aplicado estos mismos pesticidas.

No tiene mucho sentido, porque, por un lado, lo que el diputado quiere hacer provocará que la producción nacional sea menos competitiva. ¿Qué va a pasar entonces? Van a comprar los productos que vienen desde el extranjero con estos pesticidas.

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Y que los comemos.

El señor KAISER.-

¡Y que los comemos! Entonces, nos tenemos que hacer cargo del problema completo. Por eso, voy a abstenerme en la votación de esta solicitud, porque no basta con decir: “¿Sabe qué más? Estos pesticidas no se utilizan en Chile”. También debemos hacernos cargo de la producción que estamos importando y que, valga la redundancia, se produce con el uso de estos pesticidas.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

No hay más inscritos para hablar a favor o en contra.

Cerrado el debate.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, hay otro proyecto de ley que presentamos, que fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y que está en el Senado, al que el gobierno se comprometió a ponerle urgencia, pero no le puso. Se trata del proyecto para terminar de una vez con los plásticos en las campañas políticas.

Nosotros, como ecologistas, hace años que dejamos de usar plásticos, porque finalmente el plástico termina en los mares, en el aire y en el agua. Hay plásticos en todo. En todo lo que comemos hay microplásticos. Además, los plásticos utilizados en las campañas políticas, como las tradicionales palomas están hechas de PVC, material que ni siquiera se puede reciclar.

Por lo tanto, solicito a esta Cámara de Diputados, que aprobó dicho proyecto, con algunos votos en contra de la derecha, que pida al Presidente de la República que cumpla el compromiso del exministro de la Segpres, de otorgar rgencia a este proyecto, para terminar con los plásticos en las campañas políticas.

Acabamos de vivir una elección con más de diez mil candidaturas y miles de toneladas de plástico en las calles, toneladas de basura generada por propaganda que luego simplemente no sirve para nada.

Creo que todos los candidatos presidenciales, nosotros mismos los parlamentarios, y en general, todo el mundo habla de dejar un legado. El gran legado, el que durará más, pues durará miles de años, es la basura plástica de las campañas políticas.

Este año, con elecciones presidenciales, parlamentarias y primarias muy pronto, tenemos la oportunidad de realizar la primera elección sin plásticos. Creo que eso puede poner a Chile a la vanguardia en términos de hacer campañas limpias.

Espero campañas limpias, no solo en términos conceptuales, que no haya descalificaciones, bots en redes sociales e insultos, como suele ocurrir en muchas campañas políticas. También que sea limpia en términos ecológicos, para que, por fin, podamos tener una elección sin plásticos.

Solicito a esta Sala que apruebe esta solicitud de resolución y presionemos al Senado para que despache pronto ese proyecto de ley, que, además, es muy simple y corto. No sé por qué se están enredando tanto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para hablar en contra de la solicitud de resolución, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, a veces, cuando los niños pequeños se enojan, surgen las famosas pataletas, en las cuales los niños son capaces, incluso, de hacerse daño a sí mismos. Quienes somos padres, muchas veces tenemos la responsabilidad de explicarles a los niños chicos que no deben hacerse daño debido a sus rabias o molestias con otros.

En este caso, estamos viendo básicamente lo mismo: niños chicos convertidos en diputados, que pretenden hacer daño a Chile mediante la suspensión de la adquisición de armas a uno de nuestros proveedores más estratégicos y con mayor relevancia desde los años setenta.

Solo para hacerles un pequeño resumen: Chile ha adquirido de Israel, a lo largo de nuestra historia de relaciones, fusiles Galil , aviones no tripulados Hermes, tecnología satelital y el sistema de mando y control del Ejército. Además, se han cultivado relaciones y adquisición de equipamiento para cada una de nuestras instituciones armadas.

El daño que se le puede terminar provocando a nuestro país con una decisión de esta envergadura es de un calibre que no se puede medir en este momento. Considero que sería algo francamente infantil e irresponsable.

A Israel no le hará ningún daño que nosotros no adquiramos sistemas de defensa de ellos; tienen un montón de otros clientes alrededor del mundo. El daño se lo estaríamos infligiendo a nuestras instituciones armadas, a nuestras Fuerzas Armadas, que ya están suficientemente dañadas y perjudicadas por este gobierno, que les quita sus recursos, que tiene completamente vaciado el cuarto fondo.

Muchas veces le he pedido al subsecretario Montero que nos explique adónde se fue la plata. No nos ha contado nada. La plata al parecer desapareció, se esfumó en el aire, nadie la encuentra en ningún lado. Bueno, cosas raras que ocurren cuando gobierna el Frente Amplio.

Pero si nada de eso es suficiente para convencer a la izquierda, les invito a escuchar a su propio subsecretario, al subsecretario Montero . Cuando surgió la crisis por la Fidae, cuando el gobierno le quitó la invitación a Israel para participar en dicha feria, el subsecretario Montero dijo que la relación comercial de adquisición de armas, de misiles, de sistemas de defensa, tecnología de punta que maneja y que Israel vende al mundo, tenía que seguir.

Eso lo dijo, por supuesto, actuando en responsabilidad, entendiendo que Chile necesita tener una buena relación con todos sus proveedores, con todas las empresas a quienes les adquirimos equipamiento estratégico para mantener nuestro país a la altura de múltiples desafíos y dificultades que enfrentamos en un mundo globalizado siempre y que no terminan.

Entonces, hago la invitación a los colegas de la izquierda a que pasemos del infantilismo a la adultez, a la mayoría de edad, que entendamos que si los chilenos nos han confiado estar en esta posición, tenemos que estar a la altura, tenemos que actuar en responsabilidad y tenemos que velar por los intereses y las necesidades de nuestro país.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Por el tiempo restante para hablar en contra de la solicitud de resolución, tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, nadie quiere la guerra en ninguna parte del mundo. Todos queremos vivir en paz y que no existiera guerra.

En lo que no estoy de acuerdo es en que se trate permanentemente de traer acá, a nuestro país, a este Congreso, un conflicto que está a miles de kilómetros con una medida absolutamente populista. Chile necesita las armas de Israel.

Por años hemos tenido vínculos que permiten proveer de tecnología de armas de última generación para nuestras Fuerzas Armadas. Impedir que se le compren, créanme que a Israel le va a dar lo mismo, pero vamos a afectar a nuestras Fuerzas Armadas.

Por eso no estoy de acuerdo. A menos que ustedes quieran que les compremos armas a los chinos, porque parece que últimamente con los chinos sí hay hartos vínculos.

Yo quiero seguir trayendo armas de Israel, de Europa, donde está la tecnología para defendernos. Nuestras Fuerzas Armadas están debilitadas. Ya este año se restringió a los reservistas, afectando a miles de personas. Ello, decidido por este gobierno.

¿Vamos a seguir perjudicándolas, evitando que se importe tecnología de Israel, con quien tenemos un vínculo histórico? No me parece correcto.

Permanentemente se trata de traer un conflicto a Chile que no existe en Chile. Acá las comunidades judías y las comunidades palestinas han vivido en paz siempre. Pero aquí hay algunos diputados que insisten en acentuar un conflicto, afectando a los chilenos.

Por eso, llamo a que votemos en contra de esto, porque afecta a las Fuerzas Armadas y no beneficia absolutamente en nada al Estado de Chile.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, en este caso es en virtud de lo dispuesto en el artículo 90, número 6, la falta al respeto.

Ser niño o niña no es por sí una ofensa, pero la connotación que le ha dado el diputado Sánchez al tratar de infantil o de niñería el discurso de otro parlamentario merece un llamado al orden de parte suya.

Es como que yo le dijera de parte de un poema al diputado Sánchez algo que el poema por sí mismo no es una ofensa. Pero decía el poeta: “Me gustas cuando callas porque estás como ausente”.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

La Mesa va a revisar las expresiones del diputado.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara, la diputada dice que fue aludida. Eso no es cuestión de Reglamento.

Su señoría tiene que pedir hacer uso del artículo 33 y se podrá vindicar de lo que se le haya ofendido.

La diputada Marcela Riquelme hizo el punto sobre el artículo respectivo.

-Los textos íntegros de las solicitudes de acuerdos y de resoluciones figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: https://www.camara.cl/fiscalizacion/Acuerdos/proyectos_acuerdo.aspx