Labor Parlamentaria

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objeto de aumentar el monto del avalúo fiscal que permite acceder a la regularización de bienes raíces urbanos, correspondiente al boletín N° 16270-14 (S).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es el señor Luis Cuello .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 131ª de la legislatura 372ª, en miércoles 22 de enero de 2025. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión 3ª de la presente legislatura, en lunes 17 de marzo de 2025. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CUELLO (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objeto de aumentar el monto del avalúo fiscal que permite acceder a la regularización de bienes raíces urbanos, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario.

I. Idea matriz

Consiste en elevar el valor máximo de avalúo fiscal que permite a los poseedores de bienes raíces solicitar su regularización.

II. Resumen del contenido aprobado por el Senado

El texto aprobado por el Senado y por la Comisión de Vivienda sin modificaciones consta de un artículo único, que modifica el inciso primero del artículo 1° del decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, aumentando el monto del avalúo fiscal de los bienes raíces rurales y urbanos que permite acceder a sus poseedores materiales a su regularización.

III.- Síntesis de la discusión general

Respecto de la síntesis de la discusión general, se hizo presente en la comisión que el decreto ley No 2.695 es un proceso administrativo excepcional, aplicado por el Ministerio de Bienes Nacionales, diseñado para regularizar la posesión material de un inmueble, ya que otorga el título de dominio de la propiedad y, con esto, la seguridad y certeza de ser el dueño legítimo del terreno.

Se planteó que, producto del reavalúo que realiza el Servicio de Impuestos Internos cada cuatro años, el valor de los inmuebles, especialmente los rurales, se ha disparado considerablemente. Esto ha traído aparejada una disminución de las regularizaciones, sobre todo en áreas urbanas.

Se remarcó que el 75 por ciento de los inmuebles regularizados son de carácter rural, mientras que solo el 25 por ciento son urbanos, lo que evidencia las dificultades que genera el límite del avalúo fiscal exigido en el acceso a este mecanismo.

Así, la norma establece que los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a mil unidades tributarias mensuales y que carezcan de título inscrito, podrán solicitar que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la presente ley en proyecto.

La comisión, coincidiendo con los propósitos perseguidos por la iniciativa, especialmente con la necesidad de perfeccionar la actual normativa, procedió a aprobar la idea de legislar por unanimidad, con los votos de las diputadas Emilia Nuyado y Marcia Raphael , y de los diputados Cristián Araya , Luis Cuello , Juan Fuenzalida , Tomás Hirsch y Jorge Saffirio .

Por los argumentos y las razones señalados, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales recomienda a la Sala aprobar este proyecto, con las modificaciones propuestas por la comisión.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Se ha solicitado recabar la unanimidad para permitir el ingreso a la Sala del subsecretario de Bienes Nacionales, señor Sebastián Vergara .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que modifica el decreto ley No 2.695, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objeto de aumentar el monto del avalúo fiscal que permite acceder a la regularización de bienes raíces urbanos, es una iniciativa muy importante, pues ofrece una solución a un conjunto no menor de chilenos y chilenas.

Particularmente en mi región, en ciudades como Puerto Montt, Castro y Ancud , entre otras, en lugares aledaños a los centros históricos de las ciudades más importantes del sur de Chile, se está produciendo un fenómeno de abandono de las propiedades debido al aumento excesivo de los avalúos. Esto hace que el pequeño comercio se vea dañado y el entorno urbano desmejorado, ya que, finalmente, el peso de las contribuciones se termina transformando en una carga imposible de sobrellevar.

Es importante que asumamos la responsabilidad respecto del aporte que todas las personas en Chile debemos realizar a través de los impuestos territoriales, ya que esto contribuye al desarrollo de nuestras comunidades. Del mismo modo, es crucial que el Estado se haga cargo de esta problemática no solo con este tipo de proyectos, que tienen una vigencia determinada, sino también con medidas estructurales que solucionen el problema de la carga financiera, sobre todo la de los adultos mayores que residen en distintas localidades de nuestro país, en particular en zonas como Chiloé, Puerto Montt y Calbuco .

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, tal como lo mencionó el diputado Luis Cuello en la rendición del informe de este proyecto, la modificación legal que se propone se debe, entre otras razones, al elevado y excesivo avalúo de las propiedades, particularmente de aquellas de carácter rural.

Se trata de un problema que hemos advertido durante bastante tiempo, ya que este exceso de avalúo, cuya causa desconocemos, ha impactado fuertemente en las contribuciones. Es cierto que se baja la tasa y que se pagan menos contribuciones, pero el avalúo fiscal del bien sigue siendo alto.

Por eso fue necesario presentar este proyecto, ya que muchas personas que tenían pequeños bienes no regularizados, debido a una sucesión o a que los deslindes no estaban bien definidos, quedaban fuera de este beneficio a raíz del aumento del avalúo.

Vamos a resolver poco a poco este problema generado por el exceso de avalúo, que también afecta a los hijos de los propietarios de estos bienes, quienes no pueden postular a beneficios estudiantiles debido a que sus padres tienen un capital muy elevado. Lo mismo ocurre con las personas que arriendan propiedades de Bienes Nacionales, cuyo arriendo corresponde al 8 por ciento del avalúo; por lo tanto, cuando el avalúo aumenta, también lo hace el monto del arriendo.

Tendremos que ir modificando cada una de las respectivas leyes, una por una, porque a la autoridad se le ocurrió, sin razón alguna, subir excesivamente el avalúo de los predios urbanos y rurales. Lejos de aumentar la recaudación con esa medida, se está recaudando cada vez menos, ya que las personas subdividen sus propiedades y quedan fuera del ámbito agrícola.

Si bien es cierto que esta moción del Senado tiene buenas intenciones y busca resolver un problema, finalmente, vemos que no se entrega una solución para la situación que lo origina. Por esta razón, junto con la Comisión de Agricultura del Senado hemos acordado conformar una comisión bicameral, que espero sea aprobada por la Cámara, para tratar el fondo del problema y evitar tener que solucionarlo de manera aislada. De lo contrario, será necesario modificar también la ley relacionada con las becas o la gratuidad, o la que tiene que ver con el arriendo de bienes fiscales.

Aprobaremos esta iniciativa, pero creo que no estamos abordando de manera seria el problema que origina esta situación. Por ello, tendremos que ir legislando sobre cada una de estas materias, perdiendo tiempo debido a una problemática generada por una decisión cuya motivación no tengo del todo clara, ya que esta idea de aumentar artificialmente el avalúo de los bienes urbanos y rurales ha pasado de un gobierno a otro.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Luis Cuello .

El señor CUELLO.-

Señor Presidente, considerando que quedan muy pocos diputados inscritos para hacer uso de la palabra, pido a la Sala que reconsidere el ingreso del subsecretario de Bienes Nacionales para que intervenga en el debate. Es importante que pueda informar la visión del ministerio respecto de este proyecto de ley, que es relevante para muchas personas.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Cuello?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, las políticas públicas de vivienda a menudo están desactualizadas, especialmente respecto de las políticas de regularización de títulos de dominio, tanto en zonas urbanas como rurales.

¿Cuántas veces hemos escuchado a familias protestar porque los loteos que compraron con tanto sacrificio no pueden acceder a servicios de urbanización ni a subsidios del Estado por no tener sus papeles al día? ¿Cuántas veces hemos escuchado a familias que se acercan a nuestras oficinas distritales para contarnos que los avalúos de sus propiedades han subido con el tiempo, y que ahora quedan fuera de la norma porque los montos de los procedimientos están desactualizados?

Este proyecto contribuye a superar una gran barrera para miles de familias que no han podido regularizar sus propiedades. Es un tema bastante sencillo: antes, para regularizar los bienes raíces, estos debían tener un avalúo inferior a 800 UTM, en el caso de los predios urbanos, es decir, alrededor de 53 millones de pesos, y menor a 350 UTM, en el caso de los predios rurales. Hoy, este proyecto propone establecer un único límite de avalúo, equivalente a 1.000 UTM, es decir, alrededor de 68 millones de pesos.

Lo anterior permitirá que miles de familias accedan a las políticas públicas de vivienda. En particular, la medida facilitará el acceso al Plan de Emergencia Habitacional, que, como sabemos, es un gran esfuerzo para que cientos de miles de familias obtengan una casa propia, vivan dignamente con los servicios básicos necesarios y accedan a programas de mejoramiento de viviendas y urbanización.

Este proyecto muestra que modificando a veces pequeñas normas, cuestiones que aparentemente son muy sencillas -en este caso, un guarismo, un número-, podemos hacer cambios sustanciales en la vida de las personas y las familias más necesitadas.

¿Resuelve todos los problemas de vivienda? No, de ninguna manera, pero me parece que es un avance importante en un aspecto específico. Por lo mismo, tal como ocurrió en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, donde hubo unanimidad, llamo a aprobar este proyecto de ley, ojalá por unanimidad en esta Sala, para dar una señal clara que signifique que, contando con este pequeño cambio, se puede mejorar la condición de vida y cumplir el anhelo de cientos y miles de familias de nuestro país.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo hoy es una actualización de los avalúos permitidos para hacer efectivo el decreto ley Nº 2.695, que tiene por objeto establecer un proceso de regularización de la pequeña propiedad raíz urbana y rural de nuestro país. Ello es de todo sentido, puesto que estos avalúos no han sido modificados desde 1989 y, como todos sabemos en el Congreso Nacional, las propiedades cada vez aumentan sus avalúos y, desde esa última modificación hasta hoy, son muy pocas las que pueden ser afectas a regularización por la vía de este decreto.

Pero ¿qué importancia tendría esta regularización? Tiene una gran importancia para quienes hoy, cumpliendo todos los requisitos que exige la legislación, no tienen certeza jurídica en los bienes que por historia y cuidado les son propios, puesto que su avalúo es muy bajo. Esto porque 800 unidades tributarias mensuales equivalen a 54 millones, avalúo que no se corresponde a los valores actuales de muchos inmuebles urbanos de nuestro país que pueden estar afectos a regularizarse mediante este decreto.

Pero este proyecto no solo va en la línea de reconocer el alza de los avalúos fiscales de los inmuebles urbanos para hacer aplicable el decreto ley Nº 2.695, sino que también busca igualar los avalúos de los inmuebles rurales con el objeto de dotar de toda la protección que la ley entrega al dueño que regulariza predios rurales, haciendo eco del aumento de los avalúos de los mismos.

Esto toma más relevancia todavía puesto que ha habido un gran flujo migratorio interno de personas que se han movido desde hace décadas de la ciudad al campo y no han podido regularizar sus propiedades, ya que actualmente el decreto solo permite regularizar propiedades de hasta 380 unidades tributarias mensuales, equivalentes a 25 millones de pesos.

Por esta razón, creo que es de todo sentido la propuesta que hoy plantea este proyecto de ley, porque entrega seguridad jurídica a las personas e iguala las condiciones para regularizar la pequeña propiedad de miles de familias de nuestro país, sin distinción entre las zonas urbanas y la ruralidad.

Por eso, y por la seguridad de las familias de nuestro país en la protección de sus bienes, hoy aprobaré esta iniciativa, e insto a los colegas a hacer lo mismo.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, quiero señalar que vamos a aprobar este proyecto, que viene del Senado, cuyos autores son las senadoras Luz Ebensperger y María José Gatica , y los senadores José García , Fidel Espinoza y Rodrigo Galilea .

A través de este proyecto -lo acogió el Ministerio de Bienes Nacionales-, los autores proponen que en los procedimientos relativos a la regularización de la pequeña propiedad raíz se establezcan dos condiciones: primero, que se termine con esta división que se hace entre inmuebles rurales e inmuebles urbanos; segundo, modifica el valor de avalúo fiscal para efectos de poder iniciar el procedimiento.

La norma que está siendo modificada por este proyecto determina un monto demasiado bajo, tanto para los bienes rurales como para los urbanos. En cambio, lo que se hace acá es aumentar el monto de la tasación para efectos de que más personas puedan iniciar este tipo de procedimientos. Hoy, mucha gente tiene entrampada la regularización de su propiedad porque proviene de diversas sucesiones o herencias que no han sido tramitadas o han ocurrido otras situaciones.

Por lo tanto, creo que se trata de un proyecto que va en la línea correcta y que no tendrá incidencia alguna en las contribuciones, porque simplemente amplía el marco en que más personas podrán regularizar propiedades a través del procedimiento del decreto ley Nº 2.695.

En lo personal, voy a aprobarlo.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, este proyecto generó un amplio consenso en la Comisión de Vivienda, porque viene solo a aumentar el avalúo fiscal al cual se puede estar sujeto en este plan de regularización de la pequeña propiedad raíz.

Hay un solo punto -por eso pedí la palabra, porque creo que es bastante obvio lo que representa este proyecto- que quiero destacar de la discusión que se dio en la comisión.

Tanto el ministro como el subsecretario de Bienes Nacionales abordaron la dificultad que tienen, pues recordemos que el año pasado se recibieron 3.668 solicitudes de regularización de pequeñas propiedades raíces, pero el 20 por ciento de las solicitudes ingresadas fueron rechazadas porque el avalúo era superior a lo que permitía la norma.

Aquí hay un punto que es neurálgico, que es la nebulosa del avalúo fiscal. O sea, el Servicio de Impuestos Internos, con un criterio que nadie entiende, que todo el mundo desconoce, determina cuál es el avalúo de una propiedad. Hay lugares en los cuales representa el 20 por ciento del valor comercial, en otros el 40, en otros el 60. Nadie sabe cuál es el criterio, y eso algo que esta Corporación debe enfrentar, porque se traduce, entre otras cosas, en el pago de contribuciones que asfixian a la clase media chilena y que hoy son un drama muy profundo y grave que atormenta a miles y miles de adultos mayores, porque un señor que no sabemos quién es determinó en una oficina que la casa de otros era una mina de oro.

En fin, ojalá se abra el espacio. Este gobierno no lo va a hacer. Esperamos que un gobierno futuro, el de José Antonio Kast , enfrente este tema. Lo hicimos en el segundo proceso constitucional. Hay que eliminar definitivamente el pago de contribuciones, porque creo que es una forma muy muy antigua y abusiva de estrangular a los contribuyentes.

Este proyecto, que responde al problema que generan estos avalúos fiscales indeterminados -y por eso la conexión, para que algunos no se pongan nerviosos-, es un buen proyecto, y por eso lo vamos a aprobar. Estoy seguro de que generará un amplio consenso, como es el espíritu de esta Corporación: generar puentes, llegar a consensos y a acuerdos. ¿O no?

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, hoy apoyaré con fuerza esta moción, porque toca un tema de sentido común: el derecho de las familias chilenas a regularizar sus viviendas y acceder a la certeza de ser dueñas de lo que con tanto esfuerzo han construido.

La realidad es clara: miles de familias llevan años habitando sus terrenos, muchas veces heredados o adquiridos de buena fe, pero no pueden sacar su título de dominio porque el avalúo fiscal de esos predios se ha disparado, especialmente en los sectores rurales, lo que, por el crecimiento de las ciudades, han visto cómo su valor se acerca al de las zonas urbanas.

Esto no solo es injusto, sino un castigo a la gente que ha hecho las cosas bien y que hoy se ve atrapada por una burocracia que no distingue la realidad social de la especulación inmobiliaria. Peor aún, esta situación no solo impide regularizar, sino que deja a estas familias fuera de los subsidios y beneficios estatales destinados precisamente a los más necesitados.

¿Cómo puede el Estado negar la ayuda por culpa de un avalúo que no refleja la verdadera realidad de estas familias? Eso es lo que estamos corrigiendo hoy.

Sabemos que muchas de las familias enfrentan, además, otros problemas, como títulos imperfectos o diferencias de superficie respecto del catastro oficial. Por eso, la reciente interpretación de la Contraloría permite avanzar, dejando atrás trabas innecesarias, lo que constituye un paso en la dirección correcta. No podemos seguir poniendo muros donde debería haber puentes.

La propuesta de fijar el límite del evalúo fiscal en 1.000 UTM es justa y necesaria. No estamos inventando la rueda, ya que existe un precedente en la ley que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción, utilizada tras los incendios en el Gran Valparaíso y en Viña del Mar.

¿Por qué no aplicar el mismo criterio para miles de familias que solo piden seguridad jurídica y la tranquilidad de saber que lo suyo les pertenece? No hay libertad más básica que vivir seguro en lo que es propio. Y como siempre he sostenido, cuando el Estado deja de proteger la propiedad y el esfuerzo de su gente, deja de cumplir su rol más básico.

Hoy, tenemos la oportunidad de corregir esa injusticia y dar un paso real hacia la certeza jurídica y la dignidad que merecen esas familias. No hacerlo sería seguir dándoles la espalda a los que más necesitan del Congreso Nacional.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, para hacer un poco de historia, en 1979 se publicó el decreto ley N° 2.695, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objetivo de enfrentar el deficiente proceso de planificación territorial y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz, tanto urbana como rural.

Las disposiciones de dicho decreto han tenido gran aplicabilidad desde la fecha de su publicación y han sido modificadas en reiteradas ocasiones, en virtud de ajustar su contenido a la realidad práctica de nuestro país.

Sobre el punto, considero necesario mencionar que, actualmente, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos para ejercer el derecho que les confiere el decreto.

En primer lugar, deben estar en posesión del inmueble sin violencia ni clandestinidad por lo menos durante cinco años; en segundo lugar, deben acreditar que no existe juicio pendiente en su contra que tenga por objeto la declaración de dominio o posesión del inmueble. Además, se debe acreditar que no existe un juicio pendiente o sentencia condenatoria por el delito de usurpación.

Junto a ello, el decreto establece como requisito esencial que la propiedad que se intenta regularizar no puede tener un avalúo fiscal superior a 800 UTM. Sobre el punto, tanto los mocionantes como representantes del Ejecutivo sostienen que el monto establecido ha dejado de ser “representativo” respecto de los valores que hoy tienen los predios, y, por ende, la posibilidad de ejercer el derecho se encuentra limitada.

En ese sentido, la iniciativa propone aumentar dicho monto a 1.000 UTM, con la finalidad de ajustar los requisitos del decreto a la realidad territorial del país.

Por todo lo anterior, considero que es un buen proyecto y anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, saludo a los colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

Inicio mi intervención lamentando que no se permita el ingreso a la Sala del subsecretario de Bienes Nacionales, ya que considero importante que él pudiera escuchar el debate y, sobre todo, responder algunas consultas.

Este proyecto permite, entre otras cosas, modificar el decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella.

En mi permanente recorrido por las comunas del distrito N° 22, que componen las provincias de Malleco y de Cautín, en la Región de La Araucanía, los vecinos, particularmente de sectores rurales, me han manifestado que no pueden postular a una serie de beneficios que otorga el Estado y a los que todos los ciudadanos tienen derecho, en particular a la postulación al subsidio habitacional, porque la casa propia, el sueño de toda familia, también es el sueño de quienes viven en los sectores rurales.

Recordemos que, generalmente, en los campos los padres entregaban de palabra un terreno a sus hijos, como una manera de apoyar a sus seres queridos. Así me lo han manifestado algunos vecinos de los sectores rurales de Lonquimay, Curacautín , Lumaco y Traiguén, entre otros lugares, que recorro permanentemente. Por ello, considero que este proyecto beneficia a la gente, y en forma muy especial a los sectores rurales.

Pido a mis colegas parlamentarios que aprueben, idealmente por unanimidad, este proyecto, porque es la manera en que podemos ayudar a la gente de los sectores rurales. He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, hoy debatimos un proyecto que atiende una realidad concreta para muchos chilenos que viven en la incertidumbre jurídica respecto de sus hogares.

La regularización de la pequeña propiedad raíz no es un mero tecnicismo legal; es un acto de justicia que permite a miles de familias consolidar su derecho de dominio sobre terrenos que han poseído por años, muchas veces por generaciones, sin contar con la seguridad que otorga el título de propiedad.

El decreto ley N° 2.695, de 1979, establece límites de avalúo fiscal irreales, que han quedado obsoletos frente a la evolución del mercado inmobiliario y al crecimiento de las ciudades.

Con avalúos fiscales en constante aumento, miles de chilenos han visto frustradas sus solicitudes de regularización, simplemente porque su propiedad, sin haber cambiado en su esencia, ha sido revalorizada artificialmente por un Estado que cobra impuestos, pero no otorga certezas.

El corazón de este proyecto es sencillo y necesario: aumentar el umbral del avalúo fiscal a 1.000 unidades tributarias mensuales, eliminando una traba arbitraria que ha impedido que muchas familias accedan al dominio legítimo de sus propiedades. No estamos hablando de grandes latifundios ni de especulación inmobiliaria; hablamos de viviendas modestas, de pequeños terrenos en comunas que han crecido sin planificación estatal, en las cuales sus habitantes han debido abrirse camino por su cuenta, enfrentando burocracia y desigualdad ante la ley.

Regularizar la propiedad no es un favor del Estado; es un derecho.

El derecho a la propiedad privada es un pilar fundamental en una sociedad libre y ordenada, y es precisamente la inseguridad jurídica la que perpetúa el abuso, la ocupación ilegal y el clientelismo político de quienes lucran con la precariedad.

Si de verdad queremos un país en que el esfuerzo tenga recompensa y la ley sea instrumento de justicia y no de discriminación, debemos votar a favor este proyecto. De lo contrario, seguiremos condenando a miles de familias a vivir en la informalidad, sin acceso a servicios básicos y bajo la amenaza constante de la incertidumbre legal.

Este es un avance concreto hacia la estabilidad y la certeza jurídica, principios que han sido bandera de lucha de quienes creemos en un Chile de propietarios y no de dependientes del Estado.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, valoro esta iniciativa que tiene como único fin facilitar la regularización de la propiedad. Sin duda, regularizar la propiedad trae tranquilidad y también, por cierto, progreso y desarrollo para las familias.

Esta iniciativa no solo tendrá beneficios para miles de ciudadanos a lo largo del país en tiempos normales, sino que también dará facilidades para que, en tiempos especiales, puedan acceder a beneficios del Estado, tal cual lo dijo el diputado Berger .

Los que no tienen regularizada su propiedad no pueden acceder a ningún beneficio para mejorar o para reconstruir su casa. Esto ha quedado demostrado cuando, en distintas partes de nuestro país, han ocurrido catástrofes. Por ejemplo, en mi distrito, con los incendios forestales en las comunas de Santa Juana, Hualqui y Florida , que fueron gravemente afectadas, muchos habitantes del sector rural no han podido acceder a ningún beneficio del Estado, porque no tienen regularizada su propiedad.

Este proyecto viene a generar condiciones que permitan lograr ese objetivo con mayor facilidad. Apunta en la dirección correcta. Por eso, invito a la Sala a aprobarlo, porque con esto estamos dando una solución real a un problema que se ha prolongado por mucho tiempo. Votaré a favor la iniciativa. Felicito a sus autores, porque están dando una respuesta a un requerimiento urgente de los sectores rurales de nuestro país.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, voy a acoger la invitación que nos acaba de hacer nuestro colega Sergio Bobadilla . Estaba meditando si iba a aprobar o no el proyecto, pero considerando la invitación que me hizo el diputado, me pronunciaré a favor.

Este es un buen proyecto. Felicito a sus autores. Los pequeños propietarios y los no tan pequeños se ven en la obligación de vender o parcelar su terreno, porque las contribuciones son altísimas. Suben como la espuma, con una facilidad tremenda, y el terreno es exactamente el mismo. Los propietarios, muchas veces, quedan en precarias condiciones. Están obligados a pagar contribuciones, porque, de lo contrario, pierden su terreno.

Espero que en noviembre elijamos bien y asuma la presidencia Johannes Kaiser . Él ha sido claro en decir que va a eliminar las contribuciones. Por lo tanto, invito a que nos sumemos a eso. Las personas no pueden seguir pagando arriendo respecto de una propiedad que les pertenece.

Señor Presidente, el proyecto modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objeto de aumentar el monto del avalúo fiscal que permite acceder a la regularización de bienes raíces urbanos.

Conversaba recién con mi amigo Jorge Rathbeg y le comentaba que si sube el valor del bien raíz, lo más probable es que el Servicio de Impuestos Internos aumente los cobros. El diputado me explicó que la intención del proyecto persigue todo lo contrario. Por ello, gustoso lo votaré a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (dona Marcela).-

Señor Presidente, el 49,4 por ciento de los chilenos tiene vivienda propia pagada, el 11 por ciento la está pagando, el 21,4 por ciento arrienda y el 17,7 por ciento vive en viviendas cedidas en usufructo, en propiedades irregulares o en ocupaciones irregulares.

Fíjense ustedes en los siguientes datos: del 49 por ciento de las personas que tienen vivienda, 73,4 por ciento tiene una única vivienda, cuyo promedio de avalúo es de 32 millones de pesos. Un 14,2 por ciento de la población tiene dos propiedades, lo que corresponde a 417.000 personas, con un valor promedio de 56 millones de pesos. De esas personas que tienen vivienda, el 5,9 por ciento tiene tres propiedades, con un promedio de avalúo de 82,8 millones de pesos.

Por su parte -y esta es la cifra sobre la que quiero llamar la atención-, el 2,5 por ciento de las personas que tienen vivienda poseen seis o más propiedades. Son 102.000 personas.

El dato que me impacta es que la propiedad de las viviendas radica en un 61,8 por ciento en hombres. En este punto, pido atención especialmente a mis colegas mujeres de la Cámara de Diputados. El proyecto apunta a regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz, pero como se ha señalado más del 60 por ciento de las propiedades están en manos de hombres.

Ayer votamos transversalmente por una ley de cuidados y hablamos de la importancia de proteger a las mujeres que realizan labores de cuidado. Ayer todos hablamos de la relevancia que tiene protegerlas de situaciones complejas y angustiantes que no les permiten trabajar. Me hubiese encantado que el subsecretario pudiese estar presente, porque necesitamos que esta reforma también tenga un enfoque de género y podamos beneficiar a mujeres en la regularización de la propiedad raíz, al menos en la Región del General Libertador Bernardo O'Higgins.

Estoy segura de que parlamentarias de todos los sectores políticos de nuestra región van a estar de acuerdo en apoyar que esta regularización favorezca preferencialmente a mujeres.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karen Medina .

La señora MEDINA (doña Karen).-

Señor Presidente, hoy nos encontramos ante una decisión fundamental para miles de familias en Chile: la posibilidad de acceder a la regularización de su propiedad raíz.

La modificación del decreto ley N° 2.695, que aumenta el monto del avalúo fiscal para acceder a este proceso de regularización de propiedades, no es solo una cuestión técnica, sino una medida de justicia social. Sabemos que la propiedad es mucho más que un bien material: representa seguridad, estabilidad y dignidad para quienes han construido sus vidas en terrenos que hasta ahora no han podido legalizar.

No podemos permitir que las familias vulnerables, familias de clase media, sigan postergadas, excluidas del derecho a contar con un título de dominio que les permita acceder a servicios básicos, subsidios habitacionales, oportunidades de desarrollo e, incluso, a apoyos del Estado en situaciones de emergencias y catástrofes.

El aumento del límite de avalúo fiscal a 1.000 UTM responde a una realidad económica innegable. El precio del suelo ha subido considerablemente y el marco normativo actual ha dejado a muchas familias fuera del proceso de regularización. Con esta reforma estamos eliminando barreras y facilitando que miles de hogares se integren a la formalidad.

Estamos por la equidad, por el acceso a derechos básicos, por más y mejor desarrollo para la Región del Biobío, Arauco y Lota.

Apoyaré esta iniciativa, señor Presidente.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Clara Sagardía .

La señora SAGARDÍA (doña Clara).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que este es un muy buen proyecto, pues modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, que propicia la regularización de la pequeña propiedad raíz.

Evidentemente, se hace necesario reconformar los parámetros de avalúo a quienes pueden acceder a esta tramitación. El avalúo que se fija, si lo llevamos de UTM a pesos, son aproximadamente 68 millones de pesos. Ahora, cualquier propiedad llega a ese valor con facilidad. Eso era una limitación para pequeñas propiedades que se pasaban del valor establecido anteriormente. Ahora, con esta modificación, las personas podrán acceder a este beneficio.

En el distrito que represento existen muchas propiedades que no pueden ser regularizadas y, como dijo la diputada Marcela Riquelme , pertenecen a mujeres que no tienen acceso a una vivienda.

En el andar de estos tres años como diputada he participado en la entrega de títulos de dominio y he podido observar cómo ello les cambia la cara a las personas. Por ejemplo, a mujeres campesinas o de barrios que han comprado una propiedad sin documentación, la regularización de sus propiedades ante el Ministerio de Bienes Nacionales les cambia la vida, porque pueden acceder a subsidios y mejorar su vivienda.

He visto en esta Sala disposición transversal respecto de esta materia. Por ello, debemos aprobar en forma unánime este proyecto, que es muy cortito, pero que les va a cambiar la vida a miles de familias de nuestro país.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, en el archipiélago de Chiloé y en otros territorios de la Región de Los Lagos, la ruralidad representa un sector importante del territorio que habitan miles de personas. En el campo existen muchas familias que llevan años esperando obtener la propiedad de la vivienda en que residen.

Este proyecto aumenta el monto del avalúo que se requiere para iniciar el procedimiento que establece el decreto ley N° 2.695, lo que permitirá que muchas más personas puedan tener la calidad de poseedora regular, en miras de adquirir el dominio del inmueble por prescripción.

La iniciativa incrementa el avalúo requerido a 1.000 unidades tributarias mensuales. Lo más importante es que no discrimina entre bienes raíces rurales y urbanos, considerando el mismo valor para ambos, contrario a la forma en que se encuentra estipulado actualmente en la ley.

Esto es un real compromiso con miles de familias que viven en los sectores más extremos de nuestro país, gente de esfuerzo que requiere un apoyo inmediato del Estado. Con iniciativas como esta lograremos cumplir nuestro compromiso de asistirlas.

Voy a votar a favor esta iniciativa, porque entiendo la urgencia de muchas personas que necesitan regularizar su vivienda para darles la estabilidad y el sustento que sus familias merecen.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, este proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional, ha sido muy esperado por muchas familias que hoy estaban prácticamente excluidas de regularizar su propiedad, ya que permitirá a aquellas que poseen títulos imperfectos tener la posibilidad de regularizarlas. Aquellas familias que tienen cesiones de derechos o herencias sin posesión efectiva podrán regularizarlas.

Por lo tanto, este proyecto, al modificar el decreto ley N° 2.695 para aumentar las UTM requeridas del avalúo de bienes raíces urbanos y rurales, permitirá que más personas tengan la posibilidad de tener su propiedad con certeza jurídica, para que también puedan postular a los diversos servicios básicos del Estado. Hoy existe una gran cantidad de familias, tanto de sectores rurales como urbanos, que están excluidas de aquello. Una vivienda social que tiene un alto valor en UTM las ha dejado excluidas. Eso también ocurre en la ruralidad.

Entonces, en el caso de los bienes raíces urbanos se aumenta el monto mínimo del avalúo requerido para acceder a la regularización de 380 a 1.000 UTM. Asimismo, en el caso de los bienes raíces rurales se aumenta de 800 a 1.000 UTM el avalúo requerido, lo que permitirá que más personas tengan la posibilidad de desarrollarse en los sectores rurales.

En el distrito que represento, en las provincias de Osorno y de Llanquihue, hay muchas familias que aún no cuentan con un título de dominio. Por lo tanto, este proyecto les entregará la seguridad de seguir viviendo en la posesión material en que se encuentran y, con ello, habilitar los servicios básicos que requieren.

Esta es una gran esperanza para todas las familias de Los Muermos, Fresia , Llanquihue , Frutillar , Purranque , Río Negro, San Juan de la Costa, San Pablo y Osorno , que hoy esperan que sus carpetas avancen, así como también para todas aquellas familias de la urbanidad cuyas viviendas sociales, por tener un aumento en las UTM del avalúo, finalmente quedan fuera de la regularización.

Por eso, este es un gran proyecto, que aprobaremos con mucha convicción.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ALINCO (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto que faculta el retiro de cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades, iniciado en una moción copatrocinada por los congresistas Ana María Bravo , Felipe Camaño, Ana María Gazmuri , Tomás Hirsch , Camila Musante , Emilia Nuyado , Lorena Pizarro , Marcela Riquelme , Marisela Santibáñez y Jaime Sáez , en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma.

I. Constancias previas 1. Idea matriz o fundamental del proyecto

Restaurar y reponer la atribución que anteriormente correspondía a los municipios, permitiéndoles retirar cables en desuso a expensas de las empresas concesionarias. Esta medida se fundamenta en la necesidad de prevenir situaciones similares a las que se han producido en los últimos días, a propósito de los temporales de lluvia y viento en distintas regiones del país, provocando cortes prolongados de energía eléctrica, salvaguardando el bienestar de los ciudadanos.

A través de esta futura ley se busca garantizar un entorno urbano más seguro y ordenado, evitando así los riesgos asociados a la acumulación de cables obsoletos y asegurando que las responsabilidades de mantenimiento sean claramente asumidas por las empresas responsables.

2.Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado No hay.

3.Trámite de Hacienda No hay.

4. El proyecto fue aprobado en general por unanimidad

Votaron a favor la diputada señora Emilia Nuyado y los diputados señores Carlos Bianchi , Fernando Bórquez , Félix Bugueño , Felipe Camaño, Juan Antonio Coloma, Juan Irarrázaval , Cosme Mellado , Leonidas Romero y Jaime Sáez .

Por lo expuesto por las autoridades invitadas y los fundamentos contenidos en la moción, la señora diputada y los señores diputados fueron del parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Se explicó que el objeto del proyecto consiste en restaurar y reponer la atribución que correspondía a los municipios, permitiendo el retiro de cables en desuso, pero a expensas de las empresas concesionarias.

Se agregó que con dicha medida se espera evitar que, debido a la ocurrencia de temporales de lluvia y viento, se provoquen cortes prolongados de energía eléctrica y salvaguardar así el bienestar de las chilenas y los chilenos.

El texto del proyecto fue perfeccionado, ya que a su artículo único se presentó una indicación sustitutiva del Ejecutivo, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Único.- Intercálase, en el artículo 18 de la ley N° 18.168, general de telecomunicaciones, a continuación del inciso onceavo, el siguiente inciso doceavo, nuevo:

“Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la concesionaria o permisionaria no proceda al retiro, traslado u ordenación de los elementos de la red que le haya sido requerido dentro de plazo por la Municipalidad, o la Subsecretaría de Telecomunicaciones en su caso, los municipios podrán retirar, trasladar u ordenar estos elementos a costa de las concesionarias o permisionarias, conforme lo indique el reglamento. El municipio deberá notificar a la concesionaria o permisionaria, especificando la fecha en que ejecutará el retiro, traslado u ordenación y los costos asociados al mismo. En caso de que se trate de un elemento cuya propiedad no sea posible determinar, el municipio deberá notificar a todas las concesionarias y permisionarias autorizadas en la comuna, la fecha en que ejecutará el retiro, traslado u ordenación y los costos correspondientes. En este último caso, los costos deberán ser reembolsados por partes iguales entre las concesionarias y/o permisionarias autorizadas a prestar servicios de telecomunicaciones en la comuna. Para el reembolso de los costos a que se refiere este inciso se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 47 del decreto supremo N° 2.385 del Ministerio del Interior, de 1996, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto de ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. El certificado emitido por el secretario municipal, que acredite el monto del retiro, servirá como título ejecutivo para exigir el reembolso correspondiente.”.”.

La indicación sustitutiva fue aprobada por unanimidad, entendiéndose rechazado por igual quorum el texto del proyecto. Votaron a favor la diputada Emilia Nuyado y los diputados Felipe Camaño , Juan Irarrázaval , Cosme Mellado , Jaime Mulet y Jaime Sáez . Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, se estima que durante 60 años el cableado ha logrado una extensión de entre 1.000 a 20.000 kilómetros. Por ello, hay que retirar los cables que están sobrando en el tendido en nuestra comunidad.

En agosto del año recién pasado tuvimos que lamentar una crisis energética con la caída de postes del alumbrado, lo que fue determinante, incluso, para que cuatro personas electrodependientes perdieran la vida. Parte de la responsabilidad recae sobre el cableado eléctrico, sobre la basura aérea, que hoy es un tema grave en las comunidades de mi distrito y en las comunidades en general.

Este proyecto va en la línea adecuada, puesto que facultará a los municipios para iniciar el retiro de los cables en desuso, y exigirá el ordenamiento por parte de las compañías de telecomunicaciones del cableado en uso, de manera de poder rotularlos e identificarlos.

La “ley chao cables” ha estado al pendiente por la falta de reglamentación oportuna. Creo que este proyecto permitirá salir del paso y deshacernos de tanto cablerío innecesario.

Las ordenanzas municipales con cargo a las empresas, que se han negado o se van a negar, probablemente, al retiro de esta basura aérea, van a permitir efectivamente hacer esta limpieza justa y necesaria.

Como miembro de la bancada Basura Cero, que tengo el honor de encabezar, junto a otros parlamentarios y parlamentarias, me parece importante destacar el rol que esta moción va a permitir cumplir respecto del retiro del cableado aéreo. Así que saludo esta disposición. Finalmente, nuestra comunidad no va a tener que lamentar más desgracias.

El tiempo de ejecución de esta normativa va a depender de la estimación de la cantidad de kilómetros de cableado que haya que retirar. El hecho de que, en una primera instancia, se tengan que ordenar las cosas para disponer de la información necesaria va en la línea correcta.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Por falta de quorum, se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya San Martín .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señor Presidente, la recuperación de nuestros espacios públicos es fundamental para el desarrollo de mejores políticas urbanas. El proyecto de ley que estamos analizando avanza en esa dirección, ya que permitirá que los municipios retiren los cables en desuso, la llamada chatarra aérea, cuando las empresas no cumplan con su deber. Solo en Maipú, el año pasado, se eliminaron casi 50 toneladas de esos residuos, que no solo contaminan visualmente, sino que también representan un peligro latente en nuestra ciudad, Con la llegada de los temporales ese riesgo aumenta aún más.

Ayer vimos a vecinos del barrio Sol Poniente, de Maipú, denunciar el grave estado del cableado eléctrico y de telecomunicaciones en la zona: postes deteriorados y cables enredados y colgantes que ponen en peligro a quienes transitan por el lugar.

Este proyecto es clave para que las empresas de telecomunicaciones y eléctricas asuman su responsabilidad. Si no lo hacen, deberán costear el retiro de estos escombros aéreos. Las empresas deben entender que su deber no es solo prestar un servicio, sino también ser buenos vecinos, colaborando para que nuestras comunas sean lugares más seguros y dignos para vivir.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, en relación con la posibilidad del ingreso del subsecretario, quiero señalar que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones tuvo la deferencia en la mañana de avisar a esta bancada que, por un motivo totalmente ajeno a su voluntad, no iba a estar presente en la sesión.

De manera que, por lo menos desde esta bancada, damos la venia para que ingrese el subsecretario.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Se requiere la unanimidad de la Sala, pero no hubo acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Pamela Jiles .

La señora JILES (doña Pamela).-

Señor Presidente, lo que corresponde reglamentariamente, y me imagino que hay de parte de todas las bancadas un irrestricto apego al Reglamento, es lo que la Mesa ha hecho en este caso.

A mí me importan un soberano pucho los problemas que tenga el ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Su obligación, como colegislador, es estar acá. El subsecretario no es colegislador; el ministro es el colegislador.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Está hecho el punto.

No abramos un debate de esto. Hemos pedido la unanimidad y no la hubo.

Diputado Gustavo Benavente , le doy la palabra por última vez para que se refiera al punto.

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, tengo absolutamente claro el Reglamento de esta Corporación, En el sentido de que se requiere la unanimidad para el ingreso de los subsecretarios cuando no está el ministro de la cartera presente en la Sala.

Mi aclaración fue porque la unanimidad anterior no la dio un diputado de esta bancada. Por tanto, deseo aclarar que, en el caso de la bancada de diputados de la UDI, dábamos la venia, pero obviamente eso está sujeto a la unanimidad de la Sala.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Muy bien, continuamos con el debate del proyecto. Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señor Presidente, este proyecto busca facultar el retiro de cables aéreos de telecomunicaciones en desuso por parte de las municipalidades, una problemática que afecta el bienestar de nuestras comunidades, porque contribuye a la degradación de los espacios públicos.

El problema lo he visto de cerca, por ejemplo, en la población Santo Domingo, en La Calera, donde junto con los vecinos, la dirigenta Ingrid Saavedra , que hace un excelente trabajo, hemos gestionado el retiro de esos cables, porque sabemos cuánto afectan el entorno de las personas. Hemos enviado oficios, hemos hablado con el alcalde. En un principio las empresas han estado haciendo retiros, pero estamos muy lejos de llegar al ciento por ciento.

Este proyecto va precisamente en esa línea, al establecer reglas claras para que las empresas se hagan responsables de eliminar esos materiales, y si no cumplen los plazos establecidos, las municipalidades pueden concretar las obras, traspasando los costos a las empresas correspondientes. Con esto venimos a solucionar un problema que ha impedido la aplicación de la “ley chao cables”. Apoyarlo es reconocer el derecho de las comunidades a un entorno limpio y seguro.

Por eso, mi voto es a favor, con la convicción de que estamos dando un paso importante para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, durante la temporada de invierno del año pasado, todos fuimos testigos del desastre que las condiciones climáticas generaron en la estructura eléctrica de las ciudades y de los campos. El cableado es el más afectado, producto del viento y la caída de los árboles, particularmente en la Región de La Araucanía, en las provincias de Malleco y Cautín .

En este contexto, el proyecto que estamos discutiendo, el cual votaré evidentemente a favor, faculta a las municipalidades para retirar el cableado aéreo en desuso, evitando que temporales de lluvia y viento provoquen cortes prolongados de energía eléctrica. Así también estaremos resguardando el bienestar de las personas. Aportaremos para que, más allá de tener un entorno seguro y ordenado, se eviten los efectos negativos asociados a la acumulación de cables obsoletos.

Por ejemplo, recientemente, en la comuna de Lumaco, los vecinos se organizaron para exigir a la empresa que ofreciera un buen servicio. Permanentemente tienen cortes de energía eléctrica, con el consiguiente perjuicio para todos los vecinos, no solamente del área urbana, sino que particularmente de los sectores rurales del campo.

En mi permanente recorrido por el sector, los vecinos me han señalado que muchos de ellos pierden todos sus productos refrigerados. ¿Y quién responde realmente de estas condiciones, cuando se les dice que hay que reclamar y hay que trasladarse a otra ciudad? Evidentemente, la gente del campo no lo hace.

Valoro la preocupación y el trabajo del alcalde de Lumaco, Richard Leonelli , quien ha estado muy preocupado de este tema. Una de las necesidades urgentes de Lumaco es contar con un generador para dicha ciudad. Por eso, a través de esta intervención, solicito que se considere la entrega de ese bien para los habitantes de Lumaco.

Sin embargo, quiero reiterar que estamos discutiendo nuevamente este tema. El proyecto que presenté en 2023, y que reforcé el año pasado, es para que el cableado eléctrico sea por ley de manera soterrada, es decir, que vaya por debajo de la tierra. Así podremos evitar, de una vez por todas, gran parte de los problemas que se generan con el cableado eléctrico aéreo.

Solicito que retomemos esta discusión, ya que se trata de un proyecto que irá en directo beneficio de los chilenos y que a largo plazo significará un ahorro y alivio en términos de gasto de energía para el Estado, al destinar esos recursos donde más se necesitan, para todos los habitantes.

Votaré a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, en 2019 entró en vigor la ley N° 21.172, que modificó la Ley General de Telecomunicaciones, para regular el tendido y retiro de líneas aéreas y subterráneas. El objeto de este proyecto era imponer a las empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones la responsabilidad de instalar adecuadamente y, en su defecto, también retirar los distintos elementos que eran necesarios para optimizar o asegurar el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.

No obstante, en el año 2021, durante la discusión de la ley que consagra el internet como servicio público, se le quitó a las municipalidades la facultad de retirar los cables en desuso, lo cual las dejó sin una herramienta para gestionar este problema, debido a que otro gran problema es que la ley N° 21.172 aún no cuenta con el reglamento, porque tampoco existe al día de hoy la operatividad de las distintas obligaciones que se consagran a las empresas de telecomunicaciones respecto del traslado o retiro de los cables en desuso.

En ese sentido, este proyecto de ley viene a ser una solución a las dos problemáticas aquí mencionadas, ya que, por un lado, no necesita de espera del reglamento y, en consecuencia, de la aplicación práctica de la ley, y además repone una facultad que había sido derogada por medio de la ley que consagra el internet como servicio público. Esto permite a las municipalidades contar con una herramienta efectiva ante problemas que se pueden generar por no retirar dichos cables, y a los municipios turísticos, desarrollar sus planes urbanos con mayor seguridad.

Le quiero contar que comunas como Puerto Varas, Frutillar , Puerto Octay u Osorno, en mi distrito, anhelan poder realizar estos retiros como primer paso para desarrollar programas de cableado subterráneo, como una forma de mejorar el aspecto de las ciudades, tanto para los residentes como para quienes nos visitan, además de estar a la altura de comunas potentes, turísticamente hablando.

El haber quitado esta facultad a las municipalidades ha causado otros efectos. No hay que retroceder mucho en el tiempo para recordar los graves daños materiales ocasionados en el temporal que ocurrió a principios de agosto del año pasado, en que dentro de las acciones preventivas que se pudieron haber tomado para evitar daños materiales y a la red eléctrica se consideraba el retiro de los cables en desuso, por lo que para evitar futuros daños o efectos adversos es fundamental que las municipalidades cuenten con esta facultad, lo cual permite asegurar un mejor funcionamiento de las redes de energía y telecomunicaciones, y, además, salvaguardar de mejor manera la vida de las personas que se ven expuestas a los riesgos que pueden generar los cables en desuso.

Claramente, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señor Presidente, durante los temporales de viento y lluvia ocurridos en agosto del año pasado cerca de doce mil personas en la Región de Los Ríos estuvieron sin suministro eléctrico durante varios días. La situación fue especialmente crítica en los sectores rurales, donde la falta de electricidad también implicó la carencia de agua, ya que los sistemas de abastecimiento, como los pozos y los APR, dependen de la energía eléctrica.

Lamentablemente, este no es un hecho aislado para la Región de Los Ríos, que represento, donde las condiciones climáticas exponen a la población a frecuentes temporales durante gran parte del año. Esto hace que los cortes de luz sean recurrentes, una problemática que podría evitarse o al menos mitigarse si se redujera la basura aérea que cargan los postes de electricidad.

Por esa razón, soy coautora de este proyecto de ley, que busca restaurar y reforzar la facultad de los municipios para retirar cables en desuso a expensas de las empresas concesionarias. En términos simples, el proyecto establece que si la concesionaria o permisionaria no retira, traslada u ordena los elementos de la red en el plazo requerido por la municipalidad o por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el municipio podrá ejecutar estas acciones por su cuenta y a costa de la empresa, todo conforme al reglamento.

La municipalidad deberá notificar previamente a la empresa involucrada, indicando la fecha de ejecución y los costos asociados. En caso de no poder identificar al propietario del elemento, la notificación se realizará a todas las concesionarias y permisionarias autorizadas en la comuna, repartiéndose los costos en partes iguales. Asimismo, se generará un título ejecutivo en favor de las municipalidades para exigir el reembolso correspondiente.

Espero que este proyecto sea aprobado hoy por esta Sala y que avance rápidamente en las instancias legislativas correspondientes. Nos encontramos próximos a un nuevo cambio de estación, por lo que resulta urgente prepararnos y prevenir situaciones como las vividas el año pasado, que ponen en riesgo la vida de las personas y afectan gravemente su diario vivir.

Es por eso que la bancada de nuestro Partido Socialista va a apoyar este proyecto de ley. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

No hay quorum en la Sala. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continua la sesión.

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, el cableado aéreo en desuso es un problema creciente en muchos barrios de distintas ciudades de nuestro país, que afecta la seguridad, la calidad de vida y la estética urbana.

Ese problema se presenta con mayor frecuencia y con menor posibilidad de solución en comunas con pocos recursos y con menos capacidad de inversión, tanto para retirar como para soterrar dichos cables; comunas como las que integran el distrito 9, al cual represento, que conforma una de las zonas con menor inversión en urbanismo y planificación, en perjuicio de sus vecinos.

La aprobación del proyecto de ley que autoriza a las municipalidades a retirar el cableado aéreo en desuso es una medida urgente y necesaria para mejorar el ordenamiento territorial, proteger a los ciudadanos y fortalecer la gestión local en el mantenimiento del espacio público libre de cables.

Hoy, ese tipo de basura representa un serio riesgo para el tránsito vehicular y para las viviendas, especialmente para aquellas de material liviano o precario, que abundan en mi distrito y en muchos otros. No es solo un aspecto estético, sino también una cuestión de seguridad fundamental y, por cierto, de equidad o justicia social, pues se trata de disminuir las diferencias entre sectores o barrios que cuentan con una planificación urbana adecuada y segura, y otros más vulnerables, que han debido soportar esta forma barata de mantener cableado y la provisión de los servicios de telecomunicaciones y eléctricos.

Si bien el proyecto establece que las municipalidades podrán realizar el retiro de ese tipo de basura con cargo a las empresas, cabe poner nuestra atención en un aspecto práctico de este retiro, en cuanto a que los municipios deben asegurar que las personas y empresas que realicen estos trabajos cuenten con la idoneidad técnica requerida. No es recomendable cargar aún más la mano a los funcionarios municipales de aquellos municipios que, generalmente, manejan recursos muy limitados ante necesidades infinitas.

Espero que, con el tiempo, la aplicación del proyecto genere un estándar en todo proceso de urbanización en cuanto a contemplar, incluso en sectores o barrios compuestos por viviendas sociales, que este tipo de cableado sea soterrado, subterráneo, para mejorar la calidad de vida de las personas que integran esos barrios, así como ocurre en otros países que están mucho más avanzados que nosotros en esta materia.

Por lo tanto, llamo a votar a favor el proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra al diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, no estamos creando una nueva atribución para los municipios, sino que les estamos devolviendo una herramienta que les fue injustamente arrebatada y que resulta clave para la seguridad de nuestras ciudades: la facultad de retirar el cableado en desuso cuando las empresas no cumplan con su deber.

Los recientes temporales han expuesto, con toda rudeza y crudeza, el peligro que representan estos escombros aéreos. Más de un millón de hogares quedaron sin electricidad, lo que afectó gravemente a millones de chilenos. Sin embargo, esto no es solo un problema de infraestructura, sino una amenaza directa a la seguridad, a la calidad de vida y, en algunos casos, a la propia supervivencia de algunas personas, como es el caso de los electrodependientes. Sin perjuicio de ello, frente a la ocurrencia de emergencias, las empresas buscan excusas, y los municipios quedan de manos atadas. Al final, es la gente la que sufre.

No podemos seguir permitiendo que eso ocurra, pero debo insistir en algo: de nada sirve que el Congreso Nacional apruebe leyes si el gobierno las deja sin ejecución. Seis años tomó tramitar el reglamento que hará efectiva la denominada ley chao cables, ¡seis años! En 2019, el Congreso despachó esa ley, pero recién el pasado 13 de marzo se dictó el decreto que permite que ella se materialice. Por supuesto, celebro este avance, pero no podemos ignorar lo que este retraso significa: años de inacción, de descoordinación y de negligencia que nos mantuvieron de manos atadas, mientras los cables en desuso seguían acumulándose, con el riesgo de provocar apagones, incendios y accidentes.

Por eso, ahora confío en que, sin más dilación, los municipios implementarán ordenanzas claras y eficientes para fiscalizar y sancionar a las empresas que incumplen. Sin una fiscalización rigurosa y sanciones efectivas, esta ley será letra muerta.

Se trata de responsabilidad; responsabilidad con los vecinos que no pueden seguir expuestos a apagones, incendios y calles llenas de cables colgando; responsabilidad con los municipios, que deben contar con herramientas efectivas para actuar, sin depender de la voluntad de las concesionarias, y responsabilidad con el orden en nuestras ciudades, que hoy sufren las consecuencias de una regulación insuficiente y de la desidia de algunos actores privados.

Señor Presidente, por su intermedio llamo a la Sala a respaldar el proyecto. Los vecinos no pueden esperar más. Los municipios necesitan herramientas concretas, y garantizar ciudades seguras y ordenadas es, en definitiva, nuestra primera obligación.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, enhorabuena se toman decisiones que, sin lugar a dudas, son importantes para cada una de las 345 comunas de este país. Es vergonzoso ver en las ciudades cómo el tendido eléctrico se ve afectado por la enorme cantidad de cables en desuso de las empresas de telecomunicaciones.

El proyecto que faculta a los municipios para el retiro de cables es un tremendo avance, pero considero vergonzoso que se deba presentar un proyecto de ley para que las empresas de telecomunicaciones tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en nuestra sociedad. Son empresas que ganan millones y millones de dólares, que generan grandes utilidades, pero no tienen conciencia de lo que implica ser parte de una comunidad. ¡Claro, todos los grandes empresarios están en Estados Unidos, en el extranjero! A ellos no les interesa lo que ocurra en una comuna de la Región de Atacama, no les interesa ver el desastre que generan los cables en desuso, basura que queda definitivamente en el lugar.

Tendremos que realizar una mayor fiscalización y ver cómo podemos obligar a las empresas a pagar por el retiro de los cables, una vez que los municipios tomen la decisión de sacarlos. ¿Por qué? Porque se pueden demorar, a lo mejor, años en devolver esos recursos a los municipios, los cuales no tienen presupuesto para dedicar millones de pesos a retirar esos cables.

Hay otro efecto que estos cables en desuso tienen. Me refiero a la dificultad para instalar cámaras de televigilancia, porque las distribuidoras de energía advierten que no pueden instalar las cámaras en los postes cuando estos tienen exceso de cableado.

El proyecto es muy significativo no solo porque ataca esta basura, estos cables. En efecto, a raíz del proyecto que posibilita el retiro de cables, espero que las empresas distribuidoras de energía se allanen a entregar los permisos para instalar cámaras de televigilancia, que son tan importantes, sobre todo por la crisis de seguridad que vive nuestro país.

Aprobaremos el proyecto. Espero que todas las iniciativas que benefician a las comunidades sean aprobados y avancen más rápidamente.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, de la basura aérea y de los cables en las calles estamos todos cansados.

Hoy, aprobaremos un proyecto que permite a los municipios retirar los cables en desuso de los cielos de sus comunas y demandar a las empresas para que se hagan responsables de los costos; un proyecto del cual soy coautor gracias a la diputada Ana María Gazmuri . Como Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, puedo decir que trabajamos en conjunto para terminar, de una vez por todas, con algo tan peligroso como es esta basura aérea.

Es importante que nos hagamos responsables y también que hagamos responsables a las empresas, las que no lo han hecho nunca. Esto no solo se ve feo, sino que también produce daños y emergencias. Por ejemplo, el año pasado, durante el invierno, quedaron regiones completas sin luz por culpa del colapso de postes.

Frente a lo anterior nos preguntamos: ¿por qué pasa esta situación y por qué la permitimos? Se suponía que íbamos a solucionar este problema con la “ley chao cables”, pero desde 2019 hemos estado esperando que el gobierno, tanto el actual como el anterior, elabore el reglamento. Sin embargo, mientras eso no suceda, no podremos aplicar la ley, por lo que seguiremos viendo cómo los cielos de nuestro país están llenos de cables y basura aérea.

Como Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, mi impresión es que ello era tremendamente impresentable. Por eso, nuestra comisión trabajó arduamente por cambiar esa situación. Espero que lo que hizo el gobierno no lo hagan los municipios, ahora que tienen una herramienta que les va a permitir recuperar los cielos de sus comunas y demandar a las empresas para que se hagan cargo de los costos.

Con esto vamos a recuperar los cielos de Chile y, por supuesto, vamos a generar también una mayor visibilidad sin contaminar nuestros paisajes, especialmente toda la contaminación que se genera en nuestros pueblos y ciudades.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, “puro Chile es tu cielo azulado”. A eso no contribuye la basura, la contaminación ambiental y el riesgo que causan los cables en desuso.

Agradezco a la diputada y compañera Ana María Gazmuri por invitarme a firmar este proyecto que, sin duda, tiene que cambiar la cara de nuestras comunas.

Tenemos que poner atención, ministro -donde quiera que esté, espero que me esté escuchando-, puesto que aquí es imprescindible que pongamos recursos. Ministro, se requieren recursos del Estado cuando le pasamos la pelota a las municipalidades. Hay municipalidades grandes, como La Reina, Las Condes o Ñuñoa que pueden tener un equipo técnico para subir a los postes e incurrir en estos gastos, pero en mis comunas rurales no existe personal especializado para subirse a los postes y cortar esos cables sin que corra riesgo su vida. Y el costo muchas veces es tan alto que los municipios no pueden subvencionarlo por su cuenta.

Por eso es importante que en proyectos tan buenos como este el gobierno ponga recursos que permitan a los municipios que la ley sea una realidad, pero con equidad.

En mi región existen alrededor de siete empresas de telecomunicaciones. Con ellas hemos estado peleando, por ejemplo, en la carretera del Cobre, para que muevan sus cables con la mayor prontitud posible. Tienen un plazo de cinco meses para hacerlo. Lo peor es que hay empresas que ya no existen, como, por ejemplo, CMET. Nadie se responsabiliza por sacar esos cables en desuso de las calles. Por eso es importante que a este proyecto de ley se le coloquen recursos para hacer aquello.

Finalmente, quiero contarle a mi colega y querido amigo Presidente de la Comisión de Obras Públicas que el reglamento se promulgó y fue objeto de toma de razón. Esa información me la acaban de remitir. En conjunto con este proyecto, es otro avance y una buena noticia para los municipios.

“Puro Chile es tu cielo azulado puras brisas te cruzan también”.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, durante el invierno pasado vivimos en Santiago un temporal que afectó severamente a millones de personas debido a la caída de la red eléctrica. Pasaron semanas y las empresas de electricidad brillaban por su ausencia, dejando a electrodependientes desprovistos de energía. Miles de pequeños comerciantes vieron cómo sus mercaderías se echaban a perder y millones de personas perdieron mercaderías, aparatos eléctricos y vieron afectada su salud mental.

Mientras todo esto pasaba, las eléctricas daban excusas de todo tipo, diciendo que la culpa era del temporal, y que ellos siempre hacían las cosas muy bien, pensando en los clientes en vez de en llenarse los bolsillos de dinero, como sabemos que lo hacen. Mentiras tras mentiras, Presidente. Daban puntos de prensa y señalaban que se repondría la electricidad al día siguiente, mientras seguían ganando millones de dólares sin invertir un peso en eficiencia y mejoras tecnológicas.

Cientos de postes y árboles cayeron en la capital por la basura o chatarra aérea que las empresas dejan en los postes de luz, generando contaminación visual, pero sobre todo contaminación material, la que llevó a colapsar las redes de las distintas comunas afectadas.

Este proyecto de ley, iniciativa de mi compañera del partido Acción Humanista, diputada Ana María Gazmuri , a quien agradezco por haberme invitado a firmarlo, permite que las municipalidades puedan retirar toda la basura flotante que las empresas eléctricas, para sorpresa de nadie, no sacan y dejan que se acumule en los postes.

Cabe mencionar que esa responsabilidad es de las empresas, pero las municipalidades, con este proyecto de ley, podrán cobrarle a estas todo el gasto que implique el retiro de los cables, para que asuman los costos de su pésima calidad de servicio.

También aprovecho de valorar que la Contraloría haya aprobado el Plan de Gestión y Mantención de Líneas Aéreas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para que las empresas deban catastrar los cables en desuso y ordenen los que están siendo utilizados actualmente.

Ese reglamento complementa de manera precisa este proyecto de ley, para que las empresas hagan lo que deberían haber hecho hace años o décadas, pero que no han hecho, de manera que no quedemos nuevamente a oscuras por el pésimo servicio que entregan. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, efectivamente, el tema de los cables es un problema histórico, ya que nadie se ha hecho cargo de él. Sin embargo, existe una legislación, y lo que pretende este proyecto, sin duda, es bueno.

La discusión en la comisión no fue muy amplia. Escuchamos a varios alcaldes expresar sus reparos, ya que esta situación podría llevarnos al pasado, porque muchos ciudadanos podrían acudir al municipio a presentar quejas. La pregunta es si las personas están capacitadas para retirar estos cables. Personalmente, no me atrevería a enviar a cualquier persona a quitar una cantidad inmensa de cables sin que corra riesgo.

Este es un tema que necesita ser profundizado, ya que la normativa que debería estar en vigor carece de un reglamento y, lo que es peor, no tiene la atribución que se contemplaba en la ley. Por lo tanto, si no hay reglamento ni atribución, los municipios difícilmente contarán con herramientas que les permitan llevar a cabo la retirada de estos escombros aéreos de telecomunicaciones y gestionar los recursos necesarios, a nivel presupuestario, para llevar a cabo esa labor.

Debemos considerar cómo los municipios gestionarán esta situación, dado que -repito- no cuentan ni con reglamento ni con atribución. Estamos regresando a una situación del pasado, donde los municipios tampoco tenían la capacidad operativa para retirar esos cables; hoy les estamos devolviendo esta atribución, pero sin que conste en la ley y sin un reglamento.

Quizás deberíamos explorar cómo el Ejecutivo puede patrocinar este proyecto para mejorarlo. Además, es esencial mantener un diálogo con los alcaldes, quienes serán responsables de llevar a cabo esta gestión, recibir los reclamos de la comunidad y resolverlos. Para ello es necesario contar con personal capacitado que sepa distinguir entre un cable y otro. Basta con observar los postes para ver la cantidad de cables que hay. Las empresas, que han sido tremendamente irresponsables, han argumentado que no los sacan porque es muy caro, lo que ha sido su excusa constante. Por otro lado, no solo se trata de un aspecto estético, sino también de un asunto de seguridad, algo que ya hemos visto con los incendios.

Creo que este es un proyecto con una muy buena intención, pero en la práctica puede resultar en poco o nada. Hoy le estamos dando esta responsabilidad a los municipios, pero ellos no tienen capacidad de tomarla sobre sus hombros. Así que veremos cómo va a ser la votación, pero creo que debe seguir esta conversación, especialmente con el Ejecutivo, para que realmente las empresas sean obligadas a retirar los cables.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señor Presidente, hoy tenemos la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que responde a una necesidad urgente de nuestras ciudades y comunas. La regulación del tendido y retiro de líneas aéreas y subterráneas no solo es un tema de modernización, sino de seguridad, orden y bienestar para la población.

Actualmente, las empresas concesionarias son responsables de la instalación y el mantenimiento de su infraestructura, pero en muchos casos no retiran los cables en desuso. Esto ha generado acumulación, lo que podemos llamar escombros aéreos, afectando la estética urbana y, lo que es más grave, poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Casos como los ocurridos en mi querida Rapa Nui , donde los cables viejos han provocado accidentes en temporales, o en Viña del Mar y Concón, donde el cableado suelto ha causado cortes de energía tras ser arrastrado por vehículos de carga, nos demuestran que es hora de actuar.

Este proyecto de ley permitirá que los municipios tengan la facultad de retirar los cables cuando las empresas no lo hagan y de exigirles el reembolso de los costos. De esa manera, nuestras comunas podrán mantener sus calles más limpias y seguras sin depender de la voluntad de las concesionarias.

Además, en casos de desastres naturales, hemos visto cómo los cables en desuso han agravado la falta de servicios básicos. Esta futura ley busca prevenir ese tipo de situaciones, para que no se vuelvan a repetir, fortaleciendo la resiliencia de nuestras infraestructuras ante la emergencia.

Otro punto clave es que las multas impuestas a las empresas que incumplan estas regulaciones se destinarán a los municipios, generando recursos para labores de mantenimiento y de limpieza. Eso significa que no solo exigimos responsabilidad, sino también dotamos a las autoridades locales de herramientas para actuar de manera efectiva.

Para cerrar mi intervención, quiero señalar que este proyecto de ley no solo es una regulación, sino además un compromiso con nuestras ciudades, que estarán más ordenadas, seguras y limpias al empoderar a los municipios y establecer responsabilidades claras para que las empresas sigan construyendo un entorno donde la tecnología y la seguridad convivan en armonía.

Desde ya, anuncio mi voto a favor. Obviamente, siempre voy a estar de acuerdo con las comunidades, su protección y el bienestar que merecen.

Iorana e maururu.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, me gustaría ver en la Sala a representantes del Poder Ejecutivo o del gobierno haciéndose cargo del tema de las distribuidoras de energía, de los problemas y también de las dudas que subyacen a propósito de los temas que aparecen en la prensa y de este proyecto de ley.

Nosotros aquí legislamos, pero, probablemente, porque a veces se legisla sin el propio Ejecutivo, que se resta de esto, quedan vacíos legales, como los que quedaron justamente con la promulgación de la ley N° 21.678, que establece el acceso a internet como servicio público de telecomunicaciones, puesto que ahí se eliminó la facultad de los municipios para retirar los cables. Tenemos una ley que llamamos “chao cables”, que obliga a efectuar el retiro, pero que no se puede implementar. Este proyecto viene hoy a llenar ese vacío.

En ese sentido, valoro el proyecto, pero me gustaría hacer un llamado a la fiscalización a los órganos encargados de fiscalizar y al ministerio encargado de relacionarse con las empresas distribuidoras y concesionarias en materia eléctrica.

También me gustaría que pudiéramos tener claridad respecto de lo que pasó con la ley de electrodependientes, que fue aprobada por el Congreso y tramitada con mucha sensibilidad, porque es una ley que lleva el nombre de un niño electrodependiente: Lucas. Justamente, fallecieron seis personas en el último corte, que fue hace poco. ¿Y quién dijo algo al respecto? Hoy, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha tenido que enviar los antecedentes a la Fiscalía. Hoy nos enteramos de que probablemente hay correos que, desde la presidencia de este gobierno, habrían enviado al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que no iniciaran procesos de fiscalización.

Entonces, por un lado, este Congreso saca legislación importante y sensible, pero, por otro, cuando quisimos interpelar al ministro de Energía, no estuvieron los votos de uno y otro lado para hacerlo. Además, hoy tenemos dudas bastante complejas y comprometedoras, por así decirlo.

Espero que haya transparencia en el tema eléctrico y que se cumplan las leyes. Vamos a apoyar este proyecto. A los municipios no los podemos sobrecargar, pero sí podemos fiscalizar que las empresas cumplan la ley que tiene que ver con el retiro de los cables. Las empresas abusan, porque cuando deben retirar postes por un proyecto, cobran millonarios recursos al Estado, puesto que el costo se traspasa al Estado, pero lo hacen en los tiempos que quieren y demoran. También hay exceso de tramitología ahí.

Entonces, para generar desarrollo, debemos poner el foco en los temas que son sensibles, como la electricidad, pero también en la fiscalización. Eso está al debe.

Vamos a aprobar este proyecto de ley. Espero que no existan más vacíos. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Nuevamente, recabo el acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala del subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, cuando a veces uno escucha las intervenciones de varios parlamentarios sobre diferentes normativas, pareciera que existe un nivel de desconexión entre lo que estamos legislando y la realidad que viven los chilenos. Este no es un tema nuevo. Este es un tema que viene desde hace años. ¿Sabían ustedes que en la década del 2000 las municipalidades tenían facultad para llevar adelante estos procesos?

Luego, cuando discutimos la “ley chao cables”, la ley N° 21.172, que fue objeto de una discusión importante con la entonces subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Pamela Gidi , se dijo: “Aquí solucionamos el problema de las marañas de cables que existen en todo Chile”.

Han pasado seis años y hoy, por suerte, gracias a una parlamentaria, nos enteramos de que el reglamento salió, un reglamento necesario, porque, en definitiva, impone a las empresas retirar toda la basura que tienen desplegada en todo el país. Cuando uno se pasea por diferentes calles de Valdivia, una de las comunas más lindas de nuestro país, y levanta los ojos al cielo, se encuentra con marañas de cables, por culpa de empresas irresponsables que no han asumido el rol que les corresponde, por culpa de una normativa que ha sido bastante débil respecto de una obligación que esas concesionarias deberían cumplir.

No deberíamos estar discutiendo el hecho de entregar la responsabilidad a los municipios para que hagan la pega de empresas que se llenan los bolsillos de plata, porque eso está sucediendo. En vez de estar entregándoles obligaciones a los municipios, deberíamos estar entregándoles facultades para hacer exigencias con sanciones que incluso lleguen a la caducidad de aquellas empresas incumplidoras. Eso deberíamos estar haciendo. Si bien uno puede felicitar que existe la voluntad de buscar soluciones, lo cierto es que al final del día estamos diciendo: “Facultamos a los municipios para que lleven adelante esto”, pero ¿con qué plata? ¿Con qué funcionarios? ¿Cómo le voy a decir al municipio de Paillaco, al que apenas le alcanza para solventar sus gastos corrientes, que ahora tiene que retirar los cables y que, si lo hace, después puede cobrarle a la empresa en juicios que se van a demorar una eternidad y que van a generar muchos cargos a los municipios?

Si bien encuentro que este proyecto de ley tiene una buena intención, es absolutamente insuficiente y carga sobremanera a municipios que hoy no están en condiciones económicas para poder enfrentarlo.

Espero que el proyecto de ley sea mejorado en el proceso de discusión legislativa que se viene.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

No está.

Tiene la palabra la diputada Marta González .

No está.

Quiero hacer una aclaración, porque hemos recibido reclamos en la Mesa de que a veces no se sigue el orden en que los diputados y diputadas se inscribieron. Estoy tratando de ser lo más fiel posible a ese orden de inscripción, y obviamente aplico el criterio cuando alguien no está presente en la Sala.

Las diputadas y los diputados que vaya nombrando para que intervengan y que no estén presentes van a ser borrados de la lista, sin perjuicio de que, obviamente, luego podrán volver a inscribirse si quieren hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, quiero partir agradeciendo a mis colegas parlamentarios, particularmente al diputado Camaño , Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y a todo el resto de quienes la integran, por la celeridad con que tramitaron este proyecto; al Ejecutivo, por cierto, por patrocinar este proyecto, poniéndole urgencia y enriqueciéndolo, así como a los alcaldes que expusieron en la comisión, dando su mirada territorial respecto de esta iniciativa: el alcalde Joel Olmos , de La Cisterna; el alcalde Jaime Escudero , de Pirque, que representan también a las comunas rurales.

El propósito del presente proyecto de ley es restaurar y reponer la atribución que anteriormente correspondía a los municipios de retirar cables en desuso a expensas de las empresas concesionarias.

Quiero recordar que los temporales de viento de 2024 en Santiago demostraron cómo dicho cableado aéreo fue una de las causas de numerosos cortes de suministro eléctrico, situación vivida también en comunas de mi distrito, como Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo .

Por ello, lo que este proyecto busca es prevenir hechos similares a los que se produjeron en el último invierno, eventos que se repitieron en distintas regiones del país, provocando cortes prolongados y dañinos.

Me gustaría agregar una reflexión. El cableado obsoleto es también un problema estético, porque es claro que esos tendidos afean nuestras comunas e impactan negativamente la vida de nuestras comunidades. Es más, que esto sea un tema estético no lo convierte en un asunto menor. Por el contrario, eso no hace más que agregar otra dimensión de relevancia a esta iniciativa legislativa.

Por cierto, tengo la convicción de que vivir en barrios libres de chatarra aérea, con vistas despejadas en avenidas, calles y pasajes, también es parte de la calidad de vida que nuestras comunidades se merecen y que este proyecto ayuda a asegurar.

A través de esta iniciativa se busca garantizar un entorno urbano más seguro y ordenado, evitando así los riesgos asociados a la acumulación de cables obsoletos, y asegurando que las responsabilidades de mantenimiento sean claramente asumidas por las empresas responsables.

Con la indicación del Ejecutivo se deja en claro que si el municipio que realizó la labor de retiro no logra identificar a la empresa propietaria de los cables en desuso, podrá solicitar el reembolso por partes iguales a todas las empresas concesionarias que pudieran ser las propietarias.

Este proyecto es una buena noticia, pues viene a corregir el vacío que dejó la aprobación de la ley de internet como servicio de utilidad pública al eliminar esta importante facultad de los municipios.

Espero que en un futuro próximo se pueda complementar la facultad con recursos para que los municipios puedan realizar los retiros, tal como señaló mi colega Marcela Riquelme .

Confío en que mis colegas parlamentarios comparten esta visión y aprobarán unánimemente este proyecto de ley, tal como ocurrió en la Comisión de Obras Públicas, ya que es un paso importante hacia una mejora del entorno cotidiano en el que habitan nuestros ciudadanos.

Preocupante es la denuncia de la protección que el Sernac habría hecho a las empresas eléctricas, lo que es otro asunto que sin duda vamos a investigar y a profundizar.

Por el momento, los invito a que todos aprobemos unánimemente este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, creo que este es un proyecto con una buena intención.

Participo en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en la que se discutió y votó este proyecto. En verdad, no sé cuántos de los colegas aquí presentes -lo digo con bastante humildad- han sido alcaldes. Una vez más les estamos dando obligaciones a los municipios. Les estamos diciendo: “Informen a las empresas, y si ellas no retiran los cables, lo hacen ustedes, el municipio, pero sin recursos”.

Para el retiro de cables hay que contratar personal y maquinaria. Si la municipalidad hace presente lo anterior, le responderán: “Pero usted deberá notificar a las empresas que no hicieron la pega, que tienen que reembolsar los costos de ese retiro, y que, si no lo hacen, las van a demandar”. O sea, les seguimos dando atribuciones y tareas a los municipios, pero sin recursos.

¿Cuántos municipios están en condiciones hoy de asumir la limpieza de esta contaminación visual? Efectivamente, en todas las comunas del país -desgraciadamente ninguna se salva- estamos llenos de cables que no sirven para nada y que solamente dañan visualmente la comuna o el sector donde están instalados los postes.

Repito: este es un proyecto con una buena intención, y espero que no sea letra muerta; pero, por favor, colegas, llamen a sus alcaldes amigos, llamen a los alcaldes compañeros y pregúntenles si tienen los recursos. Si les preguntan si lo van a hacer o si tienen la intención de hacerlo, todos les responderán que sí; pero al momento de los quiubos, esta normativa no va a ser realidad en muchas comunas del país, porque los municipios no tienen recursos, no tienen personal ni tienen la capacidad técnica; no pueden.

¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sancionar a los alcaldes, a los concejos, a los directores de obras municipales, a los encargados de la comunidad? Es preocupante.

Voy a votar a favor, porque creo que esta iniciativa tiene una buena intención, pero espero que no se convierta en letra muerta en la mayoría de los 345 municipios de nuestro país, porque -reitero- no tienen las lucas para desarrollar este proyecto, que se ve muy bien, pero huele extraño.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, me quiero unir a las palabras que se han generado en esta discusión. Creo que esta iniciativa está muy bien intencionada, tiene un muy buen propósito y tiene una noble aspiración.

¿Quién no lo ha sufrido? ¿Quién no ha visto en las calles de sus ciudades esta basura que se instaló alrededor de ellas, que no solo es basura, sino también un elemento que implica una alta peligrosidad, un alto riesgo?

Tal como se ha señalado, esta iniciativa necesariamente se debe ir perfeccionando.

Quiero hablar un poco desde mi experiencia anterior y también quiero escuchar la experiencia de otros diputados sobre esta materia. Siento que tengo un poco de experiencia al respecto a raíz de las conversaciones que sostuve en su momento con alcaldes y alcaldesas. Ocurre que existe un problema endémico aquí en el Congreso, que muchas veces se ha discutido, que es el hecho de que se otorgan funciones y atribuciones a las municipalidades sin asignarles los debidos recursos. Recuerdo, por ejemplo, cuando se dictó la “ley Cholito”. En esa oportunidad yo era alcalde y sucedía que no teníamos los recursos suficientes para solucionar ese problema.

En consecuencia, una ley bien intencionada puede colocar en una situación de dificultad tremenda a las municipalidades, pues nos olvidamos de un hecho crucial: la mayoría de las municipalidades de nuestro país son pobres. La mayoría de las municipalidades en Chile no tienen un per cápita superior a 200.000 pesos. Si uno le otorga una atribución, una función o una obligación a una municipalidad sin asignarle los recursos necesarios, genera una situación que de verdad sufren a diario las municipalidades y que se complejiza mucho más cuando se acercan las elecciones, pues genera conflictos que son sumamente grandes.

Luego, este proyecto de ley otorga a las municipalidades la posibilidad de repetir contra la concesionaria. Aquí parece que no se sabe que muchas municipalidades de este país, que son muy pobres, ni siquiera tienen los dineros suficientes para tener abogados que sean capaces de iniciar juicios como corresponde frente a grandes empresas de distribución.

Por eso, hay que acompañar las buenas intenciones con el criterio, con la experiencia y con la responsabilidad. Creo que esta es una iniciativa -insisto- muy bien intencionada, pero que debe ser perfeccionada.

Donde se tiene que poner el pie, donde se tiene que poner el foco es precisamente en quienes están causando el problema. Pensemos, por ejemplo, que una persona instalara una empresa para lavar autos en la calle, y que todo el desecho que quedara en la calle por esa actividad tuviera que ir a recogerlo la municipalidad. Si la empresa genera utilidades, si la empresa genera un negocio, lo obvio, lo necesariamente justo sería que esa empresa se hiciera cargo de los desechos. Es eso lo que no está ocurriendo en este caso. Por ello, creo que el foco tiene que ir dirigido a esa dimensión y no hacia las municipalidades. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, hoy discutimos el proyecto que faculta a las municipalidades para retirar el cableado aéreo en desuso.

Como diputada de mi Región de Ñuble, es esencial resaltar el impacto social y comunitario que esta iniciativa representa para nuestra región y para el país. La presencia de cables en desuso no es solo una cuestión estética; también afecta directamente la seguridad y calidad de vida de nuestras comunidades.

En Ñuble, los temporales han demostrado los peligros de estos cables abandonados, que pueden provocar daños materiales y comprometer la seguridad personal.

Con la aprobación de este proyecto estamos invirtiendo en el bienestar comunitario y en la autonomía local para gestionar su entorno de manera efectiva.

Démosles las herramientas a las comunidades para que cuenten con mecanismos necesarios y así asegurar su desarrollo y sostenibilidad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, como lamentablemente no han dejado ingresar a la Sala al subsecretario, estaba aclarando dudas de este proyecto con él. Me parece que es tremendamente importante.

En primer lugar, quiero señalar que el retiro de cables y de distintos accesorios que afectan finalmente la correcta transmisión eléctrica y de los servicios es de responsabilidad de las empresas. Eso se mantiene en este proyecto.

Además, se contempla la posibilidad de que, si la empresa -como ocurre normalmente en muchas comunas del país- no escucha y no hace caso a la solicitud que hacen los municipios respecto de los retiros de estos elementos, que contribuyen a la contaminación visual y también afectan el funcionamiento de los sistemas, la municipalidad podrá hacer el retiro de estos elementos, con los costos que va a tener que reembolsar la empresa que es responsable por ser la propietaria de estos cables.

Señor Presidente, en distintas ordenanzas municipales hay sanciones asociadas. Aquí, se deben aplicar todas las sanciones a las empresas que son notificadas del retiro de los cables y no lo hacen. Son esas empresas que esperan que los municipios les retiren los cables porque ellas no lo hacen. Las sanciones tienen que ser ejemplificadoras. Por eso es tan importante que esto baje con claridad, Presidente.

Aunque hay tres ordenanzas municipales que fueron a la corte y hay precedente jurídico bien importante, lamentablemente, el Congreso ha tenido que llegar a tomar este tipo de decisiones.

Valoro profundamente este proyecto de ley, porque, si el sector privado no hace el retiro de cables, va a tener que hacerlo entonces la municipalidad, pero traspasando los costos de reembolso a la empresa privada.

Ahora, Presidente, el gran problema que tenemos en el sur -eso le estaba consultando al subsecretario- es que los cortes de luz se producen por la gran cantidad de árboles, que cortan los tendidos eléctricos.

El problema es que cuando uno va a reclamar al sector privado -lo sé directamente porque he tenido conversaciones con la empresa eléctrica de Aysén-, la empresa dice que el responsable es la municipalidad, y cuando voy a la municipalidad me dicen que el responsable es la empresa eléctrica. Entonces, se tiran la pelota uno a otro y no se resuelve el problema, Presidente.

Creo que falta también especificar. Cuando se habla de accesorios o elementos que afecten el correcto funcionamiento, hay que incorporar derechamente que el corte de árboles que afecten la transmisión eléctrica y los servicios es responsabilidad de las empresas eléctricas. Debe haber claridad, porque de lo contrario queda un vacío. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Solo quiero volver a reiterar a la Sala que cuando nombramos a los diputados o las diputadas, si no están presentes, los borramos de la lista de inscritos para mantener un orden. Obviamente, pueden volver a inscribirse. No hay problema. Simplemente, se hace por un orden y no por maldad u otras cosas. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, saludo, por supuesto,… Ah, no lo podemos saludar, porque no lo han dejado ingresar, lo cual me parece una pésima idea, porque en temas técnicos como estos, Presidente, las visiones técnica y jurídica son muy relevantes.

No sé cuántos de aquí han tenido la oportunidad, pero, hasta hace poco, no había tenido la oportunidad de leer la Ley General de Telecomunicaciones. Son temas jurídicos complejos.

Por lo tanto, contar con una voz autorizada que pueda responder consultas, me parece central.

En general, me parece que este es un buen proyecto. Le confieso que creo que una de las claves del desarrollo de Chile está precisamente en la descentralización, en que veamos a los municipios y también a los gobiernos regionales como actores cada vez más protagonistas.

Al revisar el informe de esta iniciativa, para serle franco, me parece que la discusión pudo haber sido un poquito más profunda. El encargado de la Asociación Chilena de Municipalidades, un señor de apellido Moreno , hace la prevención que ya varios parlamentarios han hecho. Cuando usted le aplica una carga a una municipalidad, porque en estricto rigor no es una obligación, sino una carga, usted tiene que darle los recursos para poder cumplir con esa carga. Aquí no hay informe financiero y no se le dan recursos. Entonces, es bastante curioso que eso no se haga.

Me preocupa también que, al crearse una carga municipal, se va a traducir en que la ciudadanía, legítimamente, le va a exigir al municipio los resultados correspondientes de una gestión que eventualmente no hagan las compañías.

Entonces, lejos de alivianar la labor de los alcaldes, lo que se está haciendo es complicarla.

Y agrego otro elemento -no sé si la autora estará por ahí-: ¿Qué se hace con el personal a cargo de esto? Sé que va a sonar curioso, pero subirse a un poste a cortar un cable no es algo que pueda hacer cualquiera. ¿Hay personal especializado?

Hay ciertas unidades en nuestro Estado, como ChileValora, que es el que certifica ciertas capacidades.

No sé si han pensado en un proceso de certificación, pero puede ocurrir una cosa muy compleja: que una persona que no tiene toda la experticia, ante la desesperación del alcalde por cumplir con la carga, uno, sufra algún tipo de accidente; dos, corte un cable de manera inadecuada y termine perjudicando a la comunidad, o, tres, más complicado, que termine enredada en una situación de eventual responsabilidad.

Entonces, creo que a estos proyectos bien intencionados hay que darles una vuelta más bien jurídica, porque a veces de buenas intenciones se pretende hacer puntos políticos por vía de las legislaciones. Les recuerdo a los colegas que los puntos políticos pasan y las legislaciones quedan.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para el ingreso del subsecretario de Telecomunicaciones.

¿Habría unanimidad?

No hay unanimidad.

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión es de total relevancia, ya que no podemos olvidar el gran debate que se dio en medio de los temporales del año pasado, oportunidad en que las municipalidades y las empresas eléctricas tuvieron grandes problemas para reponer el servicio, en parte producto de la basura aérea. En ese contexto, hemos visto dificultades en el territorio, lo que ha sido una constante preocupación de la ciudadanía, consciente de esta realidad. Un claro ejemplo de este trabajo fue desarrollado por el ahora concejal de Hualpén, el otrora dirigente sindical Marcos Contreras .

En las grandes ciudades también es un problema, como lo vemos en Concepción, en donde, en pleno centro de la capital regional, tenemos cables a medio cortar, lo que entorpece el tránsito vehicular y peatonal, y es un riesgo para quienes cruzan la intersección de Aníbal Pinto con San Martín. Para quienes no conocen la zona, es a solo una cuadra de la plaza Independencia, punto neurálgico de la comuna.

Podría seguir mencionando ejemplos, pero ya quedó claro que la basura aérea es un problema. Este proyecto de ley viene a dar solución, pues permite a las municipalidades de todo el país tener un rol más activo en el retiro de los cables, resguardando el buen servicio de las operadoras, pero también las arcas municipales y sobre todo la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas.

Por esta razón, llamamos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para un tema de Reglamento, tiene la palabra el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señor Presidente, dada la envergadura de esta propuesta, solicito que nuevamente se pida la unanimidad para que pueda ingresar el subsecretario de Telecomunicaciones. No estamos jugando. Al Congreso venimos a hacer política en serio. Si no puede venir el ministro, que el subsecretario esté presente para que pueda argumentar y entregar las razones.

Dejemos de lado las pequeñeces, por favor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Solo quiero aclarar que esta autorización no requiere votación. El Reglamento indica que requiero la unanimidad para autorizar el ingreso del subsecretario a la Sala.

Vuelvo a solicitar la unanimidad para que el subsecretario de Telecomunicaciones ingrese a la Sala.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Rubén Oyarzo .

El señor OYARZO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley tiene muy buena intención. Sin embargo, he conversado con varios alcaldes del distrito N° 8, como Ítalo Bravo, de Pudahuel; Felipe Muñoz , de Estación Central; Tomás Vodanovic, de Maipú ; Jonathan Opazo, de Lampa ; Isabel Valenzuela , de Colina, y todos llegan a la misma conclusión: que necesitan recursos, y este proyecto de ley, lamentablemente, no viene con recursos.

Aquí hay que hacer responsables a las empresas de telecomunicaciones, que generan toneladas y toneladas de basura aérea, situación que vemos, por ejemplo, en Maipú. Desde enero, a partir de un convenio que hizo la municipalidad con las empresas de telecomunicaciones y la Subtel, se han retirado más de 40 toneladas de cable en desuso.

Creo que este es un problema grave. Tenemos que llegar a una smart city, a una ciudad inteligente, para que hermoseemos nuestros lugares y mejoremos la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Lo vemos en la Villa El Sol, la Villa El Abrazo, de Maipú; Los Héroes, de Maipú; en la Parinacota, en Quilicura; en Lampa centro y en Colina.

Creemos que el cable en desuso hay que sacarlo y hay que hacer leyes que vayan en esta línea. Ya está la “ley chao cables”, pero, lamentablemente, se han demorado un mundo en sacar el reglamento y nadie se hace responsable.

Esperamos que este proyecto de ley aporte a ese objetivo, pero acá el problema grave insisto- apunta a los recursos de las municipalidades. Lo hemos conversado con los alcaldes del distrito N° 8 y estamos de acuerdo en que de eso no nos estamos haciendo cargo.

Este es un buen proyecto y lo voy a votar a favor. Necesitamos sacar esas toneladas de cable que están en varias villas y poblaciones del distrito, en Pudahuel, en la Estrella Sur, etcétera, pero no sé si esta propuesta será tan efectiva sin dotar de recursos a las municipalidades.

Vamos a votar a favor. Espero que tomen en serio el tema de los recursos, porque las municipalidades sin fondos no pueden hacerse cargo de esto. Asimismo, las empresas de telecomunicaciones deben hacerse responsables de una vez.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señor Presidente, junto con el diputado Camaño , hace ya varios meses hicimos todas las gestiones para que al fin salga de la Contraloría el reglamento de la “ley chao cables”. Nos entrevistamos con el subsecretario de Telecomunicaciones y nos ha dado a conocer esta buena noticia de que la ley y su reglamento ya obtuvieron la toma de razón de la Contraloría y durante las próximas semanas entraría en vigencia.

Ese es un gran paso para lograr mejorar las condiciones de seguridad y también el paisaje de ciudades que están invadidas por cables que ni siquiera tienen una utilidad práctica.

Hay varios ejemplos de algunas comunas que han logrado avanzar en esta materia. Quiero citar la comuna de Puerto Varas, liderada por el alcalde Gárate , quien ha hecho un trabajo en esta línea aun sin que exista normativa, sacando publicidad estática que tampoco tenía el uso correspondiente, cambiando enormemente la imagen visual de estas ciudades que tienen un tremendo potencial turístico.

Pero con respecto a esta iniciativa de ley general, que implica una modificación que facultaría a los municipios, tenemos muchas dudas. Por eso creo que es necesario que ingrese el subsecretario de Telecomunicaciones a la Sala, porque no todos los municipios tienen los recursos para cumplir con la normativa.

Esto se transformará en letra muerta, dado que -reitero- algunos municipios, como Vitacura, Las Condes , Temuco, Osorno , podrían contar con los recursos para llevar a la práctica esta normativa, pero no así Llanquihue , Frutillar , Purranque , etcétera.

Necesitamos sacar adelante normas que vayan más allá de lo publicitario, que puedan cumplir con el efecto deseado. Y si no tenemos la explicación necesaria por parte del Ejecutivo de que esta normativa contará con recursos adicionales durante este año, será muy difícil, pero tal vez para el período 2026 será letra muerta en aquellas comunidades que dan una lucha con el presupuesto, que, además, sabemos que ha sido recortado en diversas partidas.

Esperamos contar con la explicación del Ejecutivo. De no ser así, creo que varios -queda poco tiempo- diputados tenemos serias dudas en cuanto a aprobar una carga para los municipios, independiente del color político, porque la ciudadanía, en vez de perseguir la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones, les exigirá a los municipios pobres cumplir con una normativa que no contempla recursos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley que, a mi juicio, tiene dos elementos: uno positivo y uno negativo. El positivo, y que vamos a apoyar, es que se hace cargo de una realidad. Hoy día las calles de nuestras ciudades están contaminadas por el exceso de cables de empresas -algunas de ellas han desaparecido- y nadie se hace cargo de ello.

Este proyecto faculta, les da un derecho, una atribución a los alcaldes para poder notificar a estas empresas sobre el retiro de esos cables y así ayudar a descontaminar el medio ambiente. Eso es positivo, valorable, y por eso celebramos esta propuesta.

Sin perjuicio de ello, hay una dificultad, porque esta iniciativa no distingue entre los municipios grandes, que tienen recursos económicos, que tienen personal, profesionales para hacerse cargo del problema, porque el proyecto contempla que el municipio puede notificar a la concesionaria o a quien le dio el permiso, pero si la empresa no hace el retiro, la ley le dice: “¿Sabe qué? Usted lo podrá retirar y podrá repetir con la empresa”.

Claro, va a retirar los cables el municipio pequeño, que deberá incurrir en gastos cuantiosos, subcontratar, y todos sabemos lo que puede demandar un juicio ordinario para recuperar los recursos que aquel tuvo que desembolsar, además de dejar de hacer cosas que son importantes.

Por lo tanto, una vez más estamos en presencia de un proyecto de ley que les carga la mano a los municipios, sobre todo a los pequeños y medianos, porque les da facultades que en la práctica no se van a poder cumplir, porque todos los alcaldes quieren sacar los cables -¡todos!-, pero cuando yo hablo, por ejemplo, con el alcalde de Loncoche, Alexis Pineda ; con el alcalde de Nueva Imperial, con el alcalde de Carahue, a alcaldes de comunas pequeñas a quienes les hablé de este proyecto, me dicen: “Sí, nos parece bien, pero no tenemos los recursos”.

Entonces, ustedes legislan sin pensar en la realidad de los municipios. Por eso, este es un proyecto bien intencionado, pero acá tenemos que legislar no solo con buenas intenciones, sino para que la ley se haga carne, se cumpla.

Espero que la propuesta sea mejorada. Espero que en el Senado se puedan hacer las adecuaciones y que el gobierno se haga cargo de que hay que poner recursos y no sigamos llenando los municipios de programas, de proyectos que después no se pueden cumplir y son letra muerta.

Reitero que voy a votar a favor este proyecto, esperando que en el Senado se pueda mejorar.

Por último, quiero aprovechar esta instancia para saludar al alcalde de Loncoche, don Alexis Pineda ; a su administrador municipal, don Edon Velásquez , y a don Joaquín Ballocchi , a cuya familia le han quemado más de 80 máquinas en la Región de La Araucanía.

Saludos para ti, estimado Joaquín , porque sé que lo has pasado muy mal, al igual que tu familia.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY.- Señor Presidente, este proyecto está cargado de buenas intenciones, pero no aborda el problema de fondo, que señalaré más adelante. En este caso, se está responsabilizando de cumplir esta tarea, principalmente, a las municipalidades, lo cual me parece irresponsable.

¿Qué hará la gente? Irá a golpear las puertas de los municipios para que retiren los cables, como siempre lo han hecho, a pesar de que no cuentan con los recursos ni el personal adecuado para realizar esa labor. En el caso de que lo hagan, probablemente tendrán que recurrir a la justicia y entablar un juicio en contra de las empresas para recuperar los recursos invertidos. Los municipios más pequeños se verán especialmente afectados, ya que no tienen los ingresos suficientes para responder a las necesidades de sus vecinos.

Este es un proyecto que no asigna los recursos suficientes a las municipalidades para que puedan implementar las medidas que propone; por lo tanto, lo que vemos en esta iniciativa es más bien una declaración de buenas intenciones.

El proyecto presenta varias complejidades: en primer lugar, algunas de las concesionarias eléctricas, que son dueñas de la mayoría de los postes por los que pasan estos cables, ya no están en el mercado y lo mismo ocurre con muchas empresas propietarias de los cables, que pagan a las concesionarias eléctricas por los puntos de red para instalar los cables. Si a ello le sumamos lo que señalé al comienzo, esto es, que muchos municipios no tienen los recursos necesarios para cumplir esta labor, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo van a cobrar los municipios a una empresa que ya no existe? ¡Es imposible! Perderán la plata.

Este proyecto de ley no aborda el problema de fondo, que es que existen concesionarias eléctricas que han lucrado durante mucho tiempo con esos puntos y lo han hecho a costa de esas empresas de cables. Por lo tanto, la responsabilidad y la obligación de retirar los cables debe recaer en las empresas concesionarias eléctricas. ¡Ese es el punto final! ¡Ese es el meollo de esta situación! De lo contrario, seguiremos enfrentando este problema durante mucho tiempo.

Eso es lo que han hecho los proyectos de ley durante muchos años. Fui alcalde y me tocó retirar kilómetros de cables, pero no pudimos avanzar más allá. Muchos municipios hacen grandes esfuerzos, pero no logran avanzar más.

Por lo tanto, son estas empresas concesionarias eléctricas a las que debemos obligar a retirar los cables. Si no lo hacen, deberán enfrentar multas; si insisten en no hacerlo, las multas serán más altas, y si continúan negándose, tendremos que aplicar las máximas sanciones posibles para obligarlas a hacerlo. Ellas son las responsables y la ley debe apuntar directamente a ellas.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En nombre de la Mesa, saludamos al alcalde de Loncoche, señor Alexis Pineda ; a su administrador municipal, señor Edon Velásquez , y al señor Joaquín Ballocchi , de la Agrupación de Víctimas de Violencia Rural de La Araucanía, quienes han sido invitados por el diputado Henry Leal .

¡Bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados!

-Aplausos.

-o-

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en este proyecto no veo un problema, sino falta de voluntad y gestión. Permanentemente quedamos sin comunicaciones e, incluso, sin energía eléctrica, porque personas con un poco de espíritu emprendedor salen a las calles y se roban los cables.

Por lo visto, tenemos millones y millones de dólares en cableado, y nadie quiere ir a retirarlo y reciclarlo. ¿Por qué? Las empresas deberían tener interés, al igual que las municipalidades, pero parece que a los únicos que les interesa recoger los cables y llevárselos son aquellos que no son sus dueños.

Estamos discutiendo un proyecto de ley para facultar a las municipalidades, en la práctica, a forrarse con millones de dólares en cables de cobre y de otros metales que podrían reciclar. ¡Y reclaman porque no les damos plata para hacerlo!

Estoy seguro de que en todas las comunas debe haber un par de ciudadanos que se dedican al robo y reciclaje de cables. Los señores alcaldes podrían preguntarles cómo se hace para ganar dinero con ese negocio, en lugar de pedirnos a nosotros que les pongamos dinero para hacerlo.

Este proyecto de ley tiene sentido y me parece absolutamente razonable. Las municipalidades deberían ver esto como una oportunidad, porque, en la práctica, tienen Chuquicamata colgando de sus postes y no la quieren explotar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, en cada barrio de nuestro país, en cada una de las comunas de mi distrito, el No 8, vemos una imagen que se ha convertido en parte del paisaje: cableado enredado colgando, como una maraña desordenada sobre nuestras calles, que es un peligro latente para los ciudadanos y una muestra de abandono y desidia.

No podemos permitir que Chile siga atrapado en esta anarquía urbana, en la que las empresas de telecomunicaciones instalan, pero no retiran, y el Estado, con su inacción, permite que la inseguridad y la contaminación visual se apoderen de nuestros espacios públicos.

Hoy tenemos la oportunidad de corregir esta situación, ya que este proyecto restituye a los municipios la facultad de retirar el cableado en desuso, y no sin recursos, como dicen algunos, porque permite cobrar a las empresas responsables el costo del retiro mediante un procedimiento ejecutivo de cobro, conforme a la ley de rentas municipales. No se trata de un juicio ordinario que puede tardar veinte años, sino de un juicio ejecutivo.

Además, en este caso, las municipalidades tendrán que hacer gestión. ¡No me vengan ahora con que no tienen recursos! Se trata simplemente de hacer gestión. Por eso no cobran permisos ni patentes atrasadas, ni derechos de aseo, ni nada. ¿Por qué? Porque no hacen gestión. Por eso no demuelen las construcciones abandonadas, aun teniendo la posibilidad de cobrar por hacerlo.

Si la empresa no responde, tendrá que enfrentarse al municipio, y cuando esa empresa acuda a pedir un permiso municipal de ocupación de un bien nacional de uso público, el director de rentas tendrá que sentarse con sus representantes y decirles: “Ustedes nos deben plata, porque retiramos los cables”. ¡Hay que hacer gestión y moverse un poquito!

En un país serio, las empresas no pueden dejar escombros en el espacio aéreo como si no pasara nada, y los vecinos no deben seguir enfrentando un comprahuevos entre el municipio y la empresa.

Esto no se trata de un debate ideológico, sino de una cuestión de orden, de sentido común y de seguridad para los ciudadanos. En consecuencia, lo primero es devolver esta herramienta a los municipios para que puedan exigir que las calles no se conviertan en un depósito de basura aérea.

El Estado debe estar al servicio de las personas y no de los intereses de las grandes empresas. El Estado no puede verse disminuido en su rol por la negligencia de funcionarios que no quieren hacer su trabajo. Por eso, honramos la buena administración, el sentido común y la seguridad de nuestros compatriotas.

Votaremos a favor de este proyecto porque, primero, debemos devolver la facultad de limpiar las ciudades a nuestros municipios, que son quienes tienen la responsabilidad de esta tarea y quienes la reclaman permanentemente. Obviamente, lo que corresponde es que luego cobren a las empresas y gestionen este problema.

Chile no puede seguir siendo un país en el que el desorden esté completamente normalizado y se tolere la negligencia.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karen Medina .

La señora MEDINA (doña Karen).-

Señor Presidente, hoy nos encontramos ante una necesidad urgente: garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades mediante el retiro del cableado aéreo en desuso.

Este proyecto de ley busca devolver a los municipios la facultad de retirar los cables obsoletos y exigir el reembolso de los costos a las empresas responsables.

Este trámite parece engorroso, ya que se requerirá mucho tiempo para que los municipios recuperen los recursos invertidos. Debemos analizar con responsabilidad este punto o, de lo contrario, la aplicación de la iniciativa se volverá inviable, especialmente para las comunas que cuentan con pocos recursos, como las que conforman mi distrito, como Antuco, Tirúa , Contulmo , Nacimiento y las demás comunas del distrito.

Los recientes temporales han dejado en evidencia un problema grave para miles de familias que quedaron sin electricidad y que lo perdieron todo. El esfuerzo familiar para adquirir sus artefactos se vio afectado, ya que estos cableados obsoletos generan problemas tanto en la transmisión de energía como en el funcionamiento correcto de los aparatos. Este es el resultado de la negligencia grave de las empresas al no sacar los cables obsoletos, que colapsan con el viento y la lluvia.

No podemos seguir permitiendo que la desidia de las concesionarias ponga en peligro a nuestros ciudadanos. Las calles de nuestras ciudades no pueden seguir siendo depósitos de chatarra aérea.

Este proyecto no solo protege a las personas, sino también mejora la infraestructura urbana, fomenta un entorno más ordenado y facilita el desarrollo local. Además, es justo que las empresas que generan millonarias utilidades asuman su responsabilidad en el mantenimiento de sus redes. Los municipios necesitan herramientas para actuar y este proyecto de ley les entrega esas facultades.

No se trata solo de estética o urbanismo, sino de seguridad y desarrollo para nuestro territorio. Por eso, apoyaré esta iniciativa.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, la verdad es que, a veces, los proyectos bien intencionados quedan guardados en los cajones y después no sirven de mucho. En este caso, lo único que va a suceder es que la gente irá a demandar al municipio por no hacer la pega de retirar los cables.

Aquí el negocio es entre las compañías de electricidad, que les arriendan la parte aérea a las compañías de cables para colocarlos, cables que después no sacan dado su alto costo.

¡Miren cómo legislamos! Esto, anteriormente, lo tenían los municipios. En 2019 entró en vigencia la ley Nº 21.172, que reguló el tendido y el retiro aéreo. Dicha ley ya contemplaba que, en el caso de que las concesionarias no realizaran el retiro, los municipios podían hacerlo a costa de aquellas. No obstante, la ley Nº 21.678, que Establece el acceso a internet como servicio público de telecomunicaciones, derogó y suprimió este tema. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo repusimos nuevamente, pero en otra ley, la Nº 21.172, que modificó la Nº 18.168, para regular el tendido de líneas aéreas, la que después de cinco años aún no ha entrado en vigencia, porque no tiene reglamento.

Con esta nueva moción estamos reponiendo un beneficio para los vecinos, pero la verdad es que los municipios no cuentan con gente y deberán contratar personal, porque deberán cumplir el servicio que la ley les mandatará; de lo contrario, los vecinos van a demandar a los municipios. ¿Y quién paga esto? Todos los vecinos y todos los chilenos con sus impuestos.

Démosle una vuelta más a este tema. Estamos haciendo lo mismo de siempre: dar atribuciones a los municipios sin entregarles recursos.

“Sácame los cables en desuso, porque están afeando el paisaje”, dice el vecino. ¿Y qué le dice la municipalidad? Que no tiene plata. Y ahí el vecino responde: “Entonces te demando, porque la ley dice que tienes que hacerlo”.

Lamento que, una vez más, estemos colocando consignas que después se van a guardar en un cajón. Este proyecto no soluciona el fondo del tema, porque ya está solucionado. Lo que falta es un reglamento para poner todo esto en operación. Este proyecto de ley es redundante. Para finalizar, quiero dejar en claro que los municipios saldrán perjudicados con este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Pino .

El señor PINO.-

Señor Presidente, como bien lo han explicado varios colegas parlamentarios, este proyecto es nada más y nada menos que sacar la basura que hoy cuelga de poste en poste.

Antes que todo, quiero aprovechar de decir que apruebo esta iniciativa. Rescato algo importante que dijo el diputado Johannes Kaiser : existen bandas organizadas que están robando cables, no en las ciudades, pero sí en muchas comunas periféricas.

Por su intermedio, Presidente, quiero invitar al diputado Johannes Kaiser , a los diputados de su partido y a todos los colegas que hoy están en esta Sala a firmar la petición para conformar una comisión especial investigadora -disponible en Oficina Virtual-, para analizar el robo de cables en nuestro país, delito cometido por verdaderas mafias. Hoy, el Estado de Chile no está haciendo absolutamente nada para determinar cuáles son esas bandas que dañan a muchas comunas, principalmente pequeñas y periféricas, desde Antofagasta hasta Biobío .

Presidente, la invitación está extendida y ya varios parlamentarios han firmado. Esperamos que se puedan sumar muchos más que nos han dicho que lo harán, pero luego se olvidan y dejan su compromiso en nada. Aun así, con los parlamentarios que han firmado ya se puede crear esa comisión especial investigadora, que de seguro dará respuestas a un problema que hoy enfrentan muchos ciudadanos chilenos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido el Orden del Día.

El debate de este proyecto de ley queda pendiente para una próxima sesión.

VI. SOLICITUDES DE ACUERDOS Y DE RESOLUCIONES

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para hablar a favor de la solicitud de resolución, tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, en Chile tenemos pendiente una reforma al sistema eléctrico para ajustar sus niveles de eficiencia, justicia y también confiabilidad, ya que hoy, incluso, es un riesgo para la seguridad del país.

Los apagones recién pasados no se distancian de los apagones del invierno pasado ni tampoco del aumento en las cuentas de electricidad, las que se incrementaron en los últimos años en más de 50 por ciento. Quienes pagaban 100.000 pesos al mes, hoy están pagando 150.000 pesos a las mismas empresas que han tenido graves incumplimientos y que, por ley, tienen garantizada una rentabilidad mínima –no máxima- de entre 6 y 8 por ciento.

Por eso, estamos impulsando una comisión especial Investigadora. En este sentido, veo que este proyecto va en la línea correcta, porque además pone encima de la mesa la necesidad de rediseñar el sistema de fijación tarifaria.

Si revisamos las empresas y sus utilidades en la Comisión para el Mercado Financiero, las que han tenido más utilidades en el último año, tres veces más que los bancos y cuatro veces más que las autopistas, han sido justamente las empresas eléctricas, que no generan dinero, sino que les cobran a todas las familias mediante la cuenta. ¿Cuánto les cobran? Lo que fija el mecanismo tarifario. En estricto rigor, ese mecanismo está fijado para que se cobre más de lo que cuesta la electricidad. De hecho, las empresas con más utilidades el año pasado, mismo período en que ocurrieron los cortes eléctricos en invierno, son empresas eléctricas.

Por eso, es importante aprobar este proyecto de resolución, que nos apoyen en la constitución de la comisión especial investigadora que estamos impulsando y que hagamos de la reforma al sistema eléctrico nacional un tema de unidad nacional, pues este negocio lo pagan todas las chilenas y chilenos. También es un problema económico, en cuanto empuja al aumento del costo de la vida, que en nuestro país está por sobre las nubes.

Por eso, insto a la honorable Sala a acoger los planteamientos de esta solicitud de resolución.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

No hay inscritos para hablar en contra de esta solicitud de resolución.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para hablar a favor de la solicitud de resolución, tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, si bien esta es una solicitud de resolución de otros colegas, en su ausencia me voy a referir a ella. Simplemente, se pretende hacer una calificación por analogía del crimen organizado, aplicándole categorías del terrorismo.

Lo que define al terrorismo es la pretensión de causar temor para lograr algún objetivo. En el caso del terrorismo, arrancar una decisión de la autoridad, pero también generar una situación de efervescencia social, de conmoción social para lograr un determinado objetivo.

¿Quién en esta Sala no estima que eso es precisamente lo que está produciendo el crimen organizado en Chile, ante la incapacidad de este gobierno de ofrecer una estrategia razonable, con control de gestión pública y con indicadores, para que los ciudadanos podamos hacer una certificación de que aquí se están haciendo las cosas?

Da la impresión de que en este gobierno hay una mezcla de entre perplejidad, desidia e incompetencia para enfrentar el crimen organizado.

Tenemos ministros mudos y ausentes. No sé ustedes, pero no le he escuchado palabra sobre este tema al ministro Elizalde desde que asumió como ministro del Interior y Seguridad Pública. Además, se ha permitido no venir dos días consecutivos a las comisiones especializadas a intentar referirse sobre la materia. Es más, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en su momento, no asistió a la Subcomisión de Crimen Organizado.

Es decir, tenemos ministros mudos y ausentes, o, peor todavía, ministros que hablan de más. Para qué entrar en detalle, ya que hoy incluso el ministro Elizalde le tiró las orejas al ministro de Agricultura.

Por lo tanto, respecto del crimen organizado, hoy tenemos un gobierno perplejo, con una desidia increíble y con falta de estrategia.

Ahora bien, ¿por qué tendría sentido hacer la calificación que aquí se pretende al crimen organizado? Porque, si revisamos la doctrina comparada, nos daremos cuenta de que, tratándose del crimen organizado, en muchos países esto dejó de ser un problema de seguridad pública y ha empezado a ser un problema de seguridad nacional, especialmente porque tiene un carácter transnacional. Es decir, llega desde distintos países y, por lo tanto, la defensa nacional empieza a jugar un rol.

Miren lo que ha ocurrido en Ecuador, donde se ha requerido la intervención militar para tomar control de las cárceles, o lo que está ocurriendo en Perú, donde se ha decretado un estado de excepción en todo el territorio del país para enfrentar al crimen organizado.

Ahora, algunos sectores de izquierda han perdido el miedo a los militares. Recordemos que el alcalde de Maipú, señor Vodanovic , en el gobierno anterior era muy crítico de la presencia militar en la macrozona sur, y hace un par de meses -no sé si usted se acuerda, diputado Benavente - pedía militares para Maipú .

Entonces, dado que les perdieron el miedo a los militares, sería un buen momento para discutir si es que, en definitiva, el crimen organizado puede ser considerado un tema de seguridad nacional. Como tema de seguridad nacional, abramos una discusión sobre cuál será la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia de infraestructura crítica, en inteligencia y en presencia territorial.

Piensen que, contra todo pronóstico, el gobierno del Frente Amplio ha sido el que más presencia militar ha tenido en la macrozona sur.

Entonces, espero que no tengan ningún complejo. Lamentablemente, votarán en contra. Sin embargo, esperaría que, ya que se han sacado los complejos o, más bien, la realidad se les ha reventado en la cara, tengamos la capacidad de tener esta conversación y tengamos la capacidad de que el crimen organizado sea considerado un tema de seguridad nacional.

La fiscalía emitió un informe sobre crimen organizado, que da cuenta de once bandas transnacionales operando en el territorio nacional. ¡Once bandas transnacionales! Ese es parte del legado que nos dejará alguien que hoy se dedica a comentar artículos del diario, porque, como comprenderán, el Presidente ahora está dedicado a comentar artículos de diario. La pregunta que uno se hace es: ¿en qué momento va a entregarnos alguna estrategia para enfrentar el crimen organizado? Quizá está esperando que algún comentarista de diario lo diga para él retuitearla. Pero, dado que la fiscalía ha identificado once bandas de crimen organizado, sería un buen momento para tener esta conversación.

Termino este punto invitando a esta Cámara de Diputados a hacer una reflexión. Es cierto que hay ciertas diferencias evidentes, para que nadie haga una caricatura entre el terrorismo y el crimen organizado, pero tienen en común dos cosas: causan conmoción y terror en la población, y pareciera ser que vale la pena estimarlo como tema de seguridad nacional. Como tema de seguridad nacional, ha llegado el momento, tal como lo está proponiendo además el equipo de la candidata presidencial Evelyn Matthei , de que se incorporen las fuerzas militares dentro de la estrategia de combate al crimen organizado. Eso se tiene que hacer.

Por lo tanto, espero que seamos capaces de aprobar este proyecto por unanimidad. Sin embargo, aunque el Frente Amplio ha superado sus complejos, veo bastante difícil que nos apoyen en esta iniciativa.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

No hay inscritos para intervenir en contra de la solicitud de resolución.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para hablar a favor de la solicitud de resolución, tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, el visón americano es una especie exótica invasora que ha tenido un impacto muy significativo en la pérdida de biodiversidad acelerada en distintos territorios de nuestro país, así como también en la actividad agropecuaria no solo en Chile, sino que en diversos países.

Esta problemática data desde la década de los 30 del siglo pasado, aproximadamente, en el extremo sur de nuestro país, en Magallanes, y a fines de la década de los 60 del siglo pasado en la Región de Aysén.

Este animal, el visón americano, por sus características, tiene una gran capacidad de adaptación a distintos ecosistemas, a distintos medios ambientes. Además, tiene una capacidad de reproducción muy fuerte, muy alta, y un apetito muy voraz. Provoca enormes daños en especies como el cisne de cuello negro, compite por alimento con mamíferos locales como el huillín, por ejemplo. En definitiva, genera un perjuicio a la biodiversidad muy evidente y, como señalé, también un perjuicio a pequeños campesinos. Son muy conocidas las historias de gente que pierde toda su producción de gallinas por el ataque del visón en el campo, especialmente en los meses de otoño e invierno, y, posteriormente, cuando comienzan las nuevas crías.

Por lo mismo, se han llevado adelante distintas políticas de control por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, pero los resultados son deficientes en el tiempo y lo que termina ocurriendo es que esta especie ha continuado su expansión.

Hoy en día ya ha llegado al archipiélago de Chiloé, en el sur de nuestro país, y el daño que provoca puede ser de características, incluso, irreversibles.

Por esta razón, he presentado esta solicitud de resolución, para solicitar al Presidente de la República y al gobierno que adopten medidas más efectivas, que refuercen la captura y el control poblacional de una especie que es invasora y que genera un enorme perjuicio en nuestra naturaleza.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, esta es la consecuencia de políticas poco pensadas.

En su momento, cuando se prohibió la explotación comercial del visón, el resultado fue que se soltaron estos especímenes y quedó la escoba en todo el sur. Hoy estamos enfrentados a una situación en que el visón se transforma en una amenaza para la agricultura y también para nuestro ecosistema.

Pero la respuesta no puede ser solamente un programa estatal de captura y eutanasia. En serio, eutanasia es matar al visón. Entonces, ¿por qué no vamos a cazar al visón? ¿Por qué no cazarlo? ¿Por qué no abrir, entonces, el sistema para que puedan ir cazadores y puedan explotar este recurso que se encuentra en este momento descontrolado en Chile porque no tiene depredadores naturales?

Sé que existen y van a existir siempre quienes van a rechazar todo tipo de producto animal, aunque se pongan después los sintéticos o con el algodón mueran insectos y todo el tema. Pero un abrigo de visón se puede vender muy bien en el extranjero y, probablemente, viste muy bien tanto a varones como a las damas.

Entonces, ¿por qué no abrir el mercado y la industria del visón para que los cazadores hagan lo que mejor saben hacer, que es controlar el número de esa especie? No veo otra alternativa.

No creo que el Estado tenga los recursos en este momento para controlar la invasión. No ha podido hacerlo con otras especies invasivas, como el jabalí, por ejemplo. Si no fuese por los cazadores en el sur, el jabalí habría despedazado toda nuestra agricultura. Jabalí que, por lo demás, entró desde Argentina, a través de los pasos fronterizos una vez que lo importaron de Europa.

Nos tenemos que hacer cargo de que a los mismos desafíos que existen en otras latitudes podríamos quizás enfrentar las mismas soluciones.

Y sí, la cacería del visón y la industria con el visón podrían significar no solamente una reducción del impacto ambiental que está teniendo el visón, sino que también la generación de puestos de empleo y de riqueza para nuestro país.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para hablar a favor, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, desde el 2019 que en esta Cámara de Diputados existe un proyecto para regular las carreras de perros galgos y sancionar a quienes los maltratan.

El boletín N° 12.768, proyecto que fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nunca fue votado por esta Sala hasta el día de hoy.

Ninguno de sus actores hoy es diputado y, quizás por eso, no se pone en tabla. Sin embargo, es tremendamente necesario hacerlo.

Sé que el año pasado, por segunda vez, se volvió a rechazar la prohibición de estas carreras y que hay colegas que insisten en que esto se prohíba. Pero es importante que demos una discusión seria, porque en este hemiciclo estamos todos en contra del maltrato animal.

Todos queremos sancionar a quienes producen maltrato y quienes incitan este tipo de prácticas lo único que generan es daño a los animales.

Necesitamos fiscalizaciones que impidan que los animales sufran y, por eso, pedimos al Ejecutivo, así como lo he hecho anteriormente junto al diputado Héctor Barría , que ponga suma urgencia a este proyecto, porque la mejor forma de luchar contra el maltrato animal no es prohibir una actividad, sino regularla, porque, si no, la actividad se va a desarrollar igual, de forma clandestina y va a dar paso a cosas peores.

Hoy las apuestas y el maltrato son delitos. La prohibición no termina con estas cosas, pero una regulación seria sí lo hace. Y vuelvo a repetir: esta no es una lucha entre maltratadores y defensores de animales.

Aquí estamos todos contra el maltrato y todos queremos el bienestar de los animales, pero la mejor forma de asegurarlo no es estigmatizar al campo y decir a viva voz que todas las familias del campo que crían animales y que se dedican a las competencias de galgo son delincuentes o maltratadores. Esa caricatura no es justa y no la aceptamos, porque viene desde la ciudad, desde parlamentarios que hablan sin siquiera conocer lo que ocurre o porque vieron videos de internet de maltratadores que piensan de esa forma.

Esto es claro: o regulamos esta actividad o perseguimos con todo a quienes incumplen.

El maltrato se sigue produciendo. Un parlamentario serio se dedica a regular y a perseguir con todo el maltrato. No solo hacer un punto político una vez al año y después mirar al lado, porque no estoy dispuesto a eso.

La prohibición se rechazó y lo que nos queda hoy como parlamento es ponernos serios y regular.

Por eso, pedimos al Ejecutivo que esto se haga de una vez por todas porque vamos a seguir en una discusión que lamentablemente, si no se toma de manera seria, seguirá estigmatizando a gente que practica esto y que trata de luchar para el bienestar de sus perros.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para hablar a favor, en el tiempo restante, tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, solo quiero complementar lo que se ha señalado, porque me he sentido muy interpretado por lo que ha dicho el diputado Felipe Camaño .

Cuando se suscitó esta discusión hubo algunos que estuvimos dispuestos a votar en contra de la prohibición y lo hicimos con la convicción de que la prohibición hace, al final, un peor daño, porque genera una clandestinidad que termina perjudicando, en último término, a los animales.

Yo, al menos, me mantuve con la duda. Entonces pedí un informe en derecho a la biblioteca, en la soledad de mi oficina. Y el informe en derecho a la biblioteca nos ha dado la razón. Si uno mira los países referentes en la materia, más allá de la frase fácil o la cuña o la ofensa gratuita, ellos han optado por la regulación, esto es, hacer una cosa con exigencias y estándares en materia de cuidado animal, con exigencia en regularización y con exigencia en estándares de cuidado.

Por lo tanto, ¡ojo!, señor Presidente. Probablemente a la luz de esta votación nuevamente varios vamos a recibir mensajes en las redes sociales. Por eso, pido a esa gente que haga el estudio y revise a los países que han avanzado en estas materias, pues lo que hacen es regular, porque solo regulando usted se hace cargo del problema.

Prohibiéndolo , lo esconde detrás del cajón; regulándolo se hace cargo del problema y, por eso, vamos a apoyar al diputado Felipe Camaño y vamos a votar a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para hablar en contra de esta solicitud de resolución, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, no vamos a ceder. Vamos a perseverar hasta que se prohíban las carreras de perros en Chile, porque están rodeadas de maltrato animal.

El maltrato no se regula y, prueba de ello es que en las calles hay muchos perros abandonados que, mayoritariamente, son perros que han estado en las carreras. Y cuando aparecen estos perros, quienes dicen que los aman no se ven por ninguna parte.

Hoy en la tarde, en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, votaremos un proyecto de ley contra el abandono animal, que tiene por objeto fijar la pena en tres años de cárcel para todos esos galgueros que van botar a sus perros cuando estos pierden una carrera, o que suben avisos en Facebook para venderlos, porque los quieren solo para las carreras.

Quiero decir, con mucha claridad, que este año electoral no vamos a ceder, sino a perseverar, para que vuelva a ser sometido a votación el proyecto que establece la prohibición de las carreras de perros en Chile.

Por lo tanto, si quieren apostar, si quieren organizar una carrera, si quieren ir a beber alcohol, corran ustedes, los galgueros, ya que no tienen por qué estar explotando a los perros.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).

Para hablar en contra de la solicitud de resolución, tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señor Presidenta, el maltrato no se regula: ¡No a las carreras de perros! ¡Fuerte y claro! ¡No a las carreras de perros!

Deseo recordar al colega Camaño , así como a los demás colegas que están aplaudiendo, que quieren que se regule el maltrato, que esta Corporación aprobó un proyecto de resolución, por 59 votos a favor, para que se terminen definitivamente las carreras de perros.

Por lo tanto, hacemos el llamado a los demás colegas a no aprobar un proyecto de resolución de este tipo. Debemos avanzar en la defensa de los animales, en el establecimiento de su bienestar. Basta de someter a consideración de la Sala proyectos de resolución que lo único que hacen es tratar de regular el maltrato animal. Digamos las cosas como son: cada uno de los que votarán a favor este proyecto después estarán haciendo campaña política con los perritos. ¡Eso no corresponde, es mentir a su electorado!

Por lo tanto, debemos rechazar este tipo de proyectos de resolución. Además, debemos decir, fuerte y claro: ¡no a las carreras de perros! Quiero decir a los animalistas que nos están viendo que nuevamente hay que sacar la voz fuerte y claro, porque estos proyectos no los podemos aceptar.

He dicho.

-Los textos íntegros de las solicitudes de acuerdos y de resoluciones figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: https://www.camara.cl/fiscalizacion/Acuerdos/proyectos_acuerdo.aspx