Labor Parlamentaria

El señor WALKER ( Vicepresidente ).-

En primer lugar, corresponde tratar el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.

Conforme al acuerdo de comités, este asunto fue despachado por la honorable Cámara de Diputados y se recibió el oficio respectivo que comunica su decisión sobre la materia.

--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.611-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor WALKER ( Vicepresidente ).-

El señor Secretario hará la relación correspondiente.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión el oficio señalado, mediante el cual el Presidente de la República solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío, declarado mediante decreto supremo N° 189, de 16 de mayo de 2022, y prorrogado en sucesivas oportunidades, la última de las cuales fue a través del decreto supremo N° 53, de 26 de febrero de 2025, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo adicional de treinta días, a contar del vencimiento del período previsto en el referido decreto supremo N° 53, asunto correspondiente al boletín S 2.611-14.

Para los señalados efectos, el Ejecutivo expone que una serie de hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío, ha afectado gravemente el orden público, la vida y la integridad física de habitantes, trabajadores y trabajadoras. Tales hechos, agrega, han dificultado el normal desarrollo de la vida y de las actividades económicas en dichas zonas.

Atendido lo anterior y en virtud de la norma constitucional citada, fue declarado, conforme al indicado decreto supremo N° 189, el estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas antes mencionadas por el término de quince días, siendo prorrogado con posterioridad mediante sucesivos decretos supremos.

Durante su vigencia, enfatiza la solicitud, el estado de excepción ha promovido una mayor gestión y coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, teniendo positivos efectos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.

Sin embargo, advierte el Ejecutivo , los hechos de violencia que motivaron la declaración del estado de excepción aún subsisten, por lo que se hace necesario prorrogar su vigencia por treinta días adicionales, según lo dispone el actual inciso cuarto del artículo 42 de la Constitución Política de la República.

Lo anterior, puntualiza, tendrá como objetivo facilitar la adopción de medidas de protección para los habitantes de la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.

En consecuencia, atendido que el estado de excepción constitucional declarado y prorrogado vence el próximo 31 de marzo de 2025, y en consideración además de las circunstancias y antecedentes mencionados, mediante el oficio en actual trámite se solicita el acuerdo del Congreso Nacional para los efectos de que se prorrogue la vigencia del referido estado de excepción constitucional de emergencia en las zonas indicadas por el plazo de treinta días, a contar del vencimiento del período previsto en el señalado decreto supremo N° 53.

Se hace presente que la honorable Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, ha dado su acuerdo a la citada solicitud.

Finalmente, cabe mencionar que, junto a la solicitud en referencia, el Primer Mandatario informa acerca de las últimas medidas adoptadas durante el estado de excepción constitucional vigente.

Es todo, señor Presidente.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

En primer lugar, saludo a las autoridades que nos acompañan: al ministro del Interior y a la ministra de Defensa , nuevos ministros del actual Gobierno.

Dicho lo anterior, aprovecho esta instancia para referirme a la serie de incendios forestales que afectaron durante el fin de semana pasado a varias comunas de las regiones del Biobío y de La Araucanía, algunas de las cuales forman parte del territorio que está bajo el estado de excepción constitucional que hoy día vamos a renovar.

En lo personal, soy un convencido de que la gran mayoría -por no decir todos- de los incendios son provocados por causas humanas, y lo que queda por esclarecer es la existencia de intencionalidad en cada uno de estos hechos. Hasta el momento, de acuerdo con diversos testimonios, en la mayoría de ellos habría una intencionalidad, al iniciarse numerosos focos simultáneos a poca distancia unos de otros, como es el caso del incendio ocurrido en la localidad de Peleco, comuna de Cañete, región del Biobío.

De la misma forma, está el cuestionamiento sobre las medidas preventivas que se pudieron haber tomado, ya que al parecer se sabía que las condiciones meteorológicas del fin de semana serían malas, particularmente respecto de los fuertes vientos que afectaron a la zona. Sin embargo, no se difundieron alertas tempranas ni se prohibieron quemas o roces forestales, algunos de los cuales son indicados como causales de los incendios en la región de La Araucanía.

Todas estas acciones se produjeron en una zona bajo estado de excepción constitucional, pese a lo cual hubo personas que, como en el caso del incendio de Peleco, pudieron impunemente "sembrar" diversos focos de fuego en un territorio donde debería existir una vigilancia especial o mayor presencia de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Es por esto que se vuelve necesario que nuestras Fuerzas Armadas y policiales desplegadas en la macrozona sur por el estado de excepción constitucional vigente puedan realizar patrullajes y controles preventivos centrados en identificar y detener a los grupos u organizaciones que en esta época del año intentan cometer incendios forestales en dicho territorio.

Resulta evidente que la intención de incendiar vastas zonas de la macrozona sur no es más que otra táctica terrorista de los grupos que operan en la zona, que siguen activos y articulados bajo su objetivo de amedrentar a la población del sector y sembrar el terror.

Por ello se vuelve imperioso que nuestras Fuerzas Armadas y policiales desplegadas en la zona tengan un mandato claro y preciso por parte del Ejecutivo para abordar esta problemática con fuerza y decisión, de manera no solo de evitar eventuales incendios forestales, sino además de identificar y desarticular a los grupos u organizaciones que están detrás de estos atentados.

Esas acciones deben ser parte del estado de excepción constitucional cuya prórroga estamos votando ahora, ya que su mandato y objetivo principal es resguardar la seguridad, integridad y tranquilidad de miles de chilenos que viven en esos territorios aún con mucho susto.

Votaré a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor KEITEL.-

Gracias, Presidente.

Saludo al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien se encuentra en la sala.

Quiero partir por felicitar a Carabineros, porque después de un tremendo trabajo lograron capturar al último de los terroristas involucrados en el asesinato de tres de sus efectivos en Cañete.

Ojalá que ahora se haga todo el trabajo necesario para investigar y, de ser así el resultado, condenar con mano dura, que es lo que siempre pido para este tipo de casos de delincuencia, terrorismo, narcotráfico, robo de armas, etcétera.

Asimismo, quiero comentar un poco -y voy a ir al punto final- lo sucedido con el matrimonio que fue asesinado en Graneros, a propósito de algo que quizá fue parte de la conversación que tuvimos un par de días atrás en Los Ríos con el ministro del Interior , sobre las herramientas y la tecnología que ojalá se les pueda entregar a Carabineros, a la PDI y a quien corresponda para poder, en casos puntuales como este, tener al menos la georreferenciación de quien está llamando, ya que se perdieron minutos cruciales para salvar la vida del matrimonio o incluso para poder capturar a quienes cometieron este delito, este asesinato, de manera tan violenta.

Se trata de entregar las herramientas necesarias y que se hagan esfuerzos, como Estado, para hacer todo lo posible y todo lo que se requiere para poder seguir avanzando en ese sentido.

Por otra parte, Presidente , hemos conversado con diferentes generales de Carabineros, quienes señalan que ellos tienen hoy día la responsabilidad de estar buscando y haciendo la revisión de todas las personas con medidas cautelares como arresto domiciliario nocturno o domiciliario total, cuando pensamos que esa -y lo hemos hablado con Carabineros; por eso hablo en plural- es o debería ser una responsabilidad de Gendarmería de Chile. No puede ser que los encargados de nuestra seguridad, de protegernos en el día a día, estén preocupados de ir, cada noche, a ver e investigar si las personas con esa medida cautelar están realmente en sus casas.

Creo que desde acá tenemos que hacer esfuerzos para cambiar esa pésima práctica, que deben realizar funcionarios de Carabineros que no están para eso.

Quiero terminar, Presidente , hablando de los incendios forestales. Más allá de lo que se comenta en los medios de comunicación respecto de la poca coordinación que hubo entre el Senapred y la Corfo sobre si estaban o no las autorizaciones para quemar, creo que los incendios son, en especial en la región del Biobío, netamente producto de la venganza del grupo de terroristas que los comenzaron, no de manera accidental, sino precisamente con la idea de manifestarse, muy a su nivel, por la captura del violentista Tomás Antihuén .

Este estado de excepción de una u otra forma va a proteger, no solamente con respecto a actos de terrorismo, sino también en cuanto a lo que está pasando con los incendios, que han sido intencionales y que no pueden seguir sucediendo. Obviamente, se les va a cargar la mano, pero considero necesario mantener ese estado como tal.

Finalmente quiero felicitar, una vez más, a Carabineros, por su incansable trabajo, realizado en condiciones muy difíciles. Enfrentan el día a día en situaciones de peligro y son quienes siguen poniéndose al frente para defender a todos los chilenos y chilenas.

Hoy más que nunca necesitamos unidad para avanzar en una agenda que entregue seguridad y justicia a todos nuestros conciudadanos.

Estoy convencido de que, con más recursos, con más tecnología y con un enfoque en el trabajo coordinado entre instituciones, podremos avanzar hacia un Chile mucho mejor y, obviamente, mucho más seguro.

Es todo, Presidente .

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Señor ministro , quiero reafirmar lo que he señalado en ocasiones anteriores y que se hace más evidente cada día. Este, más que un estado de excepción, que por definición debe aplicarse a situaciones puntuales y acotadas, se ha transformado en un estado permanente para los habitantes de la macrozona sur. Y eso solo puede significar una cosa: que el Estado ha fracasado.

Hoy votamos la prórroga número 55 del estado de excepción, y el terrorismo sigue activo, la impunidad sigue intacta y las víctimas siguen solas. Poco hemos avanzado para que el miedo deje de gobernar.

No podemos seguir votando esta medida como si fuera un trámite automático, sin mayores exigencias al Ejecutivo , que no está actuando como se espera. Las autoridades a cargo de la seguridad deben actuar con mayor determinación y con una estrategia eficiente.

Si el Gobierno quiere seguir contando con apoyo, necesitamos resultados en materia de erradicación del terrorismo. Los chilenos no pueden vivir eternamente en estado de excepción, ya que se está atentando contra la democracia.

Esto no es gobernar; esto es ser gobernado por el miedo a tomar decisiones que se necesitan de una vez por todas.

Gracias.

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidente.

En realidad, no contamos, como en otras ocasiones, con los informes que generalmente se nos entregan respecto a la situación en La Araucanía. Esta vez no hay ninguno; no se han vuelto a reunir las comisiones unidas. Pero la impresión que todos nos hemos formado es que, con la reciente excepción de los incendios, que claramente tienen un ingrediente externo, la situación en La Araucanía ha mejorado sustantivamente.

Ha habido progresos, sin duda. Pero también es cierto que -y esto lo decía igualmente el senador que me precedió en el uso de la palabra, si bien no consideraba que hubiera ningún progreso- no podemos mantener permanentemente un estado de emergencia que ya lleva cerca de tres años.

La verdad es que a mí me preocupa.

Solamente quiero decir lo siguiente, Presidente .

Yo ya voté a favor, y lo he hecho porque la ministra Delpiano nos ha hecho ver la realidad con mucha franqueza, tal como la caracteriza; quiere ir a la región y recoger antecedentes sobre la materia, formarse ella su propia idea y proponernos algo.

Por lo tanto, creo que vamos a tener que aprobar una prórroga de un mes más y ver si realmente es posible modificar, de alguna manera, la situación que se vive actualmente en La Araucanía.

Gracias, Presidente .

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Como decía nuestro colega Alejandro Kusanovic , esta es la oportunidad número 55 en que se renueva el estado de excepción en La Araucanía. Nosotros hemos acompañado todas y cada una de las solicitudes que ha hecho el Presidente de la República .

Cuando uno mira los indicadores, no puede sino reconocer que la situación actual es mejor que aquella que habría si no hubiese estado de excepción. La pregunta que obviamente uno se plantea es qué hacer con algo que debió haber sido excepcional y que hoy día es la generalidad.

Aquí, Presidente , creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer una reflexión respecto de cómo asumir este tema, que afecta, ocupa y preocupa no solo a los habitantes de la región de La Araucanía; lo que han vivido estos días, con los incendios, en La Araucanía y en la región del Biobío, da cuenta de situaciones tremendamente duras y complejas.

Y ahí, Presidente , me permito hacerle una reflexión al Ejecutivo , por su intermedio, aprovechando que el ministro del Interior está acompañándolo en la testera.

Presidente , con varios colegas hemos solicitado, mediante un proyecto de reforma constitucional que ya lleva dos años, ¡dos años!, en la Comisión de Constitución, que el Ejército retome el control fronterizo en el territorio nacional. Es una iniciativa en la que usted me acompañó, junto a la senadora Ebensperger y otros colegas.

¿Por qué? Porque es una situación real. El que se renueve una y otra vez el estado de excepción en La Araucanía habla de una realidad compleja, difícil, que requiere una mirada integral, pero que también manifiesta la necesidad de tener un control permanente en nuestras fronteras. Lo que ocurre en el norte del país en materia de tráfico de drogas es algo que también se vive en la región de La Araucanía. Por tanto, tener un control fronterizo es una necesidad y debe ser permanente, no excepcional, más aún cuando la excepcionalidad ya no lo es.

Nosotros -usted también, Presidente- hemos acompañado cada una de las solicitudes que ha hecho el Presidente de la República en esta materia.

Por consiguiente, hacemos un llamado, a través de usted, Presidente, al ministro del Interior, que se encuentra con nosotros, para que se le ponga urgencia a esa reforma constitucional, que puede ser vista por la Comisión de Constitución y sometida a debate en esta sala, Presidente.

Vamos a acompañar, una vez más, la solicitud del Presidente de la República , porque entendemos que es urgente y necesaria para la gente de la zona de La Araucanía y la región del Biobío.

Gracias, Presidente .

La señora GATICA.-

Gracias, Presidente.

Voto a favor de la renovación del estado de excepción. Claramente, es la herramienta que hoy día tenemos como Estado para resguardar en algo, ¡en algo!, a las provincias afectadas por el terrorismo. Para mí no es violencia rural. ¡Es terrorismo! Digamos las cosas en buen chileno. Eso es lo que están haciendo hoy en día.

Por otro lado, quiero aprovechar la instancia para consultarle al ministro del Interior sobre las acciones que ha tomado el Gobierno para apoyar a las familias afectadas por los incendios que ocurrieron estos días. Sé que una de las comunas más dañadas fue la de Traiguén, donde a cerca de veinte familias se les quemaron sus viviendas.

Me imagino que el Gobierno ha actuado con la urgencia que se espera, y esa es mi consulta en realidad, Presidente .

Ojalá que el ministro Elizalde pueda informarnos y darnos un reporte adecuado sobre las soluciones que se les están entregando a estas familias.

Obviamente, quienes se han llevado todo el trabajo de combatir estos incendios intencionales han sido los bomberos, y entiendo la labor que ellos cumplen hoy en día de manera voluntaria.

Espero contar con esa información, Presidente.

Gracias.

--Se aprueba la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío (31 votos a favor y 2 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Rincón y Vodanovic y los señores Araya, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Flores, Galilea, García, Insulza, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Ossandón, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Campillai y el señor Kusanovic.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se encuentra registrado el pareo del senador señor Macaya con la senadora señora Carvajal.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable de la senadora señora Aravena.

La señora GATICA.-

Gracias, Presidente.

Sobre el mismo punto, agradezco la información respecto a cómo se desplazó el Gobierno para combatir los incendios en sí, pero mi consulta va mucho más allá.

Medios de prensa indican que, por lo menos, en Traiguén hay cerca de veinte familias afectadas que quedaron sin su vivienda, sin su hogar.

Ya hemos tenido este tipo de instancias y no se ha entregado una respuesta en los tiempos que se necesitan. Lo vemos aquí, en Valparaíso, donde la reconstrucción va más lenta de lo que corresponde. En ese entendido, ¿cuáles son los plazos que se ha fijado el Gobierno para dar una solución definitiva a estas familias? ¿Y cuál es la solución a corto plazo, inmediata, para entregarles una ayuda a estas familias que hoy día no tienen dónde vivir?

Hacia allá iba enfocada mi consulta al ministro , considerando que en los procesos anteriores la reconstrucción ha sido más que lenta. Hoy día son menos familias las afectadas, gracias a Dios, pero no por eso también va a ser lento el proceso. ¿A qué voy yo? A la inmediatez. ¿Se ha tomado en cuenta eso? ¿Cuáles serían los plazos que hoy día estima el Gobierno para dar una solución a estas familias afectadas?

Gracias, Presidente .

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado (boletín Nº 15.975-25).

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.975-25) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Quiero recordar que iniciamos la tramitación de este proyecto en la sala un par de sesiones atrás, pero la votación comenzó en la sesión anterior. Y nos quedarían pendientes tres votaciones, dependiendo de los resultados que se den.

Ofreceré la palabra al señor Secretario General , para que nos ilustre al respecto.

Vamos a tocar los timbres para que las senadoras y los senadores que se encuentran en comisiones que están funcionando en paralelo puedan aproximarse a la sala.

El señor COLOMA.-

Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

Tengo la impresión, por lo que vi, de que en el fondo estas votaciones corresponden a las propuestas de la Comisión de Hacienda. Y creo, por lo que hablé con el Ejecutivo , que se podrían considerar en una sola votación. Eso quería sugerirle, porque vienen aprobadas o rechazadas. Habría que preguntar por el procedimiento al Ejecutivo o al resto.

Pero puede ser una buena fórmula de solución.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Le voy a ofrecer la palabra al Secretario General para que nos ilustre sobre las votaciones que tiene prevista la Secretaría.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente reanuda la segunda discusión en particular del proyecto de ley ya individualizado.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".

Respecto de la tramitación de esta iniciativa, cabe señalar lo siguiente.

La Sala del Senado, en sesión de 28 de enero de 2025, inició el debate en particular de este proyecto. En dicha oportunidad fue solicitada segunda discusión, la que comenzó en la sesión celebrada el 11 de marzo. En dicha ocasión fueron aprobadas tanto las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones como las enmiendas que se acordaron unánimemente por las comisiones informantes de esta iniciativa.

Luego, en la sesión de 19 de marzo de 2025, la Sala procedió a la votación de las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en su informe complementario; las modificaciones aprobadas por mayoría de votos, tanto en la Comisión de Seguridad Pública como en la Comisión de Hacienda; las normas respecto de las cuales se solicitó votación separada, y la indicación renovada. La iniciativa no fue despachada en esa oportunidad, quedando pendiente su tramitación.

Por lo tanto, continuando con el análisis, estudio y tratamiento del proyecto, corresponde pronunciarse respecto de lo siguiente.

Voy a enunciar las votaciones que se deberían realizar para efectos de la consulta formulada por el senador señor Coloma.

En el artículo 5°, la eliminación de la letra a) del numeral 6). Dicha supresión fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Hacienda. La letra a) requiere 26 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de quorum calificado. Dicha disposición se encuentra en la página 43 del comparado, para que sus señorías puedan revisarla.

Luego, en una segunda votación, correspondería hacerse cargo de la letra c), que pasó a ser b), del numeral 6). Esta norma fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Seguridad Pública y se encuentra en la página 44 del comparado.

Posteriormente, en el artículo 9°, habría que votar la eliminación de la letra a) del numeral 1), modificación aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Hacienda. Está en la página 157 del comparado. Respecto de esta disposición hay una solicitud de votación separada, presentada por el senador señor Núñez.

Cabe hacer presente que, en el caso de votar la letra a), numeral 1), los ordinales i), ii) y iii) fueron aprobados por mayoría de votos. La letra a) requiere 26 votos favorables para su aprobación, por ser norma de rango orgánico constitucional y de quorum calificado.

Sus señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las modificaciones introducidas por la Comisión de Seguridad Pública y por la de Hacienda, y el texto, en definitiva, como quedaría de aprobarse estas enmiendas.

Es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Senador Daniel Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Yo solicité la última votación separada que leyó el Secretario . Me parece muy importante que se vote cada norma en su mérito, para que entendamos qué estamos votando. Yo no estuve en ambas comisiones, por lo tanto, he estado estudiando los comparados.

La votación separada que pedí dice relación con una norma que permitía a la Comisión para el Mercado Financiero levantar el secreto bancario en forma administrativa. Esta disposición fue aprobada en la Comisión de Seguridad y rechazada en la de Hacienda.

Entonces, es relevante que se vote en particular, porque efectivamente es distinto del caso de la UAF, que discutimos con bastante polémica en sesiones pasadas.

Hay un caso en el que se aplicó esto: Factop. No hablo de un caso que haya implicado poco dinero ni pocos afectados. ¡Un año y dos meses se demoró el levantamiento del secreto bancario por vía judicial! Si facultáramos a la CMF para actuar, con acuerdo del Consejo, como establece la norma, más la acción de su fiscal -también está sujeto a una supervisión-, al hacerse por la vía administrativa, se resolvería de manera mucho más rápida, Presidente .

Por eso es importante esta votación.

Solicito, entonces, que se vote cada norma en su mérito.

El señor COLOMA.-

Quiero dar una explicación.

Esto se ha discutido bastante no solamente en esta norma, sino en otra, que tiene que ver con los alcances respecto del personal, sobre la reserva o secreto de información relevante.

Aquí lo que se hace es generar el Subsistema de Inteligencia Económica, con facultades especiales, excluyentes y muy importantes, que ya hemos analizado durante el desarrollo de una discusión anterior, y basta con ver el comparado para darse cuenta de la cantidad de facultades que se agregan.

Entonces, lo que se hace a través de esta norma es señalar que lo que venía acerca de que la Unidad de Análisis Financiero pueda entregar información global y no personalizada para fines estadísticos es razonable, y eso no se cambia.

Lo que sí se agrega es que en determinados casos pueda dar a conocer información para fines educativos. ¿Y qué son "fines educativos" para estos efectos, en términos nominativos? Aquí es donde viene el problema: ¿quién va a determinar si un proceso A, B o C considera a alguien que tiene un fin educativo Y o Z?, y entonces dará la información, ya no anonimizada, sino respecto del proceso adicional.

Entonces, eso es lo que nos pareció inadecuado, porque podía vulnerar lo que de alguna manera hemos tratado de construir, que es un Subsistema de Inteligencia Económica que establezca normas de prevención y alerta, pero en relación con el crimen organizado. Estamos hablando de temas de crimen organizado, no de cualquier asunto. Por eso las normas que se buscan son especiales, diferentes al resto de las que se han aprobado en distintas legislaciones. Entonces, esto no fue un tema casual.

Por lo mismo, si usted mira la votación, fueron 3 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención, porque era una discusión compleja. Esto no es un tema ideológico puro, aquí es cómo puede funcionar de mejor manera un sistema en el que se crean normas de inteligencia, pero en el que se trata de resguardar precisamente la reserva de las cosas respecto de las cuales se accede a esa información.

¿Qué pasaría si se aprobara lo que venía?

Resulta que, además, aquí hay información que se da hasta voluntariamente en determinado proceso, y uno no sabe qué efectos va a tener esa declaración o ese proceso al final. Entonces, me parece que la norma actual está bien ideada en el sentido de cuidar esa anonimización.

Además, ¿cómo se define el dar a conocer esa información para fines educativos?

Lo digo bien de fondo. Entiendo el objetivo; pero al final, incluso si uno tiene ciertos resguardos, sabe el tipo de proceso que es. Entonces, no es tan simple, y después de una larga discusión, nos pareció que esto era lo razonable, lo prudente, en términos de que no afectaba en nada el proceso. Esto no tiene que ver con cómo combatir el crimen, sino con cuál es el grado de reserva o secreto que debe haber respecto de determinados funcionarios que conocen en forma secreta un antecedente.

Ese es el tema de fondo, esa es la complejidad y esa es la explicación, porque me parece que estas cosas obviamente hay que explicarlas.

Gracias, Presidente .

--Se rechaza la eliminación de la letra a) del numeral 6) del artículo 5°, propuesta por la Comisión de Hacienda (18 votos en contra y 16 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Campillai, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Castro González, De Urresti, Flores, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra y Velásquez.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Pugh, Sanhueza, Van Rysselberghe y Walker.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- En la Secretaría se registran los siguientes pareos: del senador señor Macaya con la senadora señora Carvajal, del senador señor Espinoza con el senador señor Gahona, de la senadora señora Vodanovic con el senador señor Sandoval, y del senador señor Ossandón con el senador señor Soria.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Se rechaza la eliminación.

--Se rechaza la letra a) del numeral 6) del artículo 5º propuesta por la Comisión de Seguridad Pública (19 votos a favor y 14 en contra), por no reunirse el constitucional requerido.

quorum

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, De Urresti, Flores, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Coloma, Durana, Edwards, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Moreira, Pugh, Sanhueza y Van Rysselberghe.

El señor GARCÍA (Presidente).-

La norma propuesta no ha alcanzado el quorum, por lo tanto, se entiende rechazada.

La señora PASCUAL.-

Presidente, para la historia de la ley, ¿podría darme el argumento del quorum especial de 26 votos a favor?

¿Por qué era quorum simple para la supresión, pero se aumenta para poder aprobar la norma?

La señora PASCUAL.-

Presidente , disculpe, entiendo metodológicamente la consecuencia. Sin embargo, quiero manifestar que yo sí estoy de acuerdo políticamente con esta norma, puesto que estoy a favor del levantamiento del secreto bancario.

Entonces, pido su votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).- Resultado de la votación: por aprobar la norma propuesta, 18 votos; por rechazarla, 17; abstenciones, 1.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro González, De Urresti, Flores, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Galilea, García, Keitel, Kuschel, Moreira, Prohens, Pugh, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvo la señora Gatica.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Las abstenciones...

El señor COLOMA.-

Es de quorum.

La señora EBENSPERGER.-

Es de quorum.

El señor COLOMA.-

Es facultad, en función de la reserva.

La señora EBENSPERGER.-

Es facultad.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Esta enmienda no está calificada con quorum especial.

(Pausa).

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

No viene calificada así por la Comisión de Seguridad. Y la opinión es que consideremos que no requiere quorum especial para su aprobación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Acá las abstenciones inciden en el resultado. Por lo tanto, hay que proceder a una nueva votación, solicitando a las senadoras y los senadores que se abstuvieron que opten por alguna de las dos opciones: aprobar o rechazar.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Repitamos el resultado de la votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El resultado de la votación es: aprobando la norma propuesta por mayoría en la Comisión de Seguridad Pública, 18 votos; rechazándola, 17; abstenciones, 1.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Las abstenciones influyen. Por lo tanto, llamamos a...

La señora EBENSPERGER.-

¿Los pareos están funcionando?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Sí, hay varios pareos inscritos, efectivamente.

En votación.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En votación.

(Durante la votación)

.

El señor COLOMA.- Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

Presidente, yo quiero plantear un tema de coherencia.

Aquí cada uno vota como quiere. Ya votamos y vamos a seguir pronunciándonos sobre el secreto bancario con o sin autorización judicial, que es el tema en discusión.

Pero no puedo creer que esta norma no sea de quorum especial, porque se trata del ejercicio de una facultad respecto de algo que requiere quorum especial para su aprobación.

Entonces, no entiendo cómo funciona en la práctica.

Imaginemos que se aprueba esta norma, pero al haberse rechazado la facultad de la UAF, queda una ley completamente inconexa.

Si después se repone la otra norma, se hará en su mérito. Yo espero que no ocurra, aunque es una posibilidad. ¡Pero no puede ser que quede una normativa inconexa, donde se establece una comparecencia respecto a algo que no existe!

Eso no entiendo respecto de esta votación.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy bien.

El señor COLOMA.-

Dicho sea de paso, es lo mismo que dijo la ministra, pero explicado de otra forma.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Muy bien.

Pero ya tenemos el resultado de la votación.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la letra b) del numeral 6) del artículo 5º (19 votos en contra y 18 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Galilea, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Moreira, Prohens, Pugh, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Campillai, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro González, De Urresti, Flores, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se encuentran inscritos cuatro pareos: del senador señor Macaya con la senadora señora Carvajal, del senador señor Espinoza con el senador señor Gahona, de la senadora señora Vodanovic con el senador señor Sandoval y del senador señor Ossandón con el senador señor Soria.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Queda rechazada la norma.

El señor NÚÑEZ .-

Presidente , yo quería explicar de qué se trata la votación, porque toca un aspecto bien relevante.

La Comisión de Seguridad aprobó, norma que después rechazó la Comisión de Hacienda, que la Comisión para el Mercado Financiero pueda hacer en forma administrativa el levantamiento del secreto bancario.

¿En qué condiciones?

Primero, una vez aprobado por el Consejo de la CMF, lo ejecutaría el fiscal designado por su director, lo cual obviamente es una cuestión muy significativa.

Uno pudiera pensar que el crimen organizado no usa el sistema financiero, pero, al contrario, es ampliamente utilizado por este.

Según estadísticas de los últimos cuatro años, en el 79 por ciento de las acciones de crimen organizado hubo testaferros que usaron bancos o instituciones financieras, y el 44 por ciento de los lavados de activos se realizó a través de instrumentos financieros legales.

Entonces, es un tema muy relevante.

Y a nivel internacional, por ejemplo, el narco colombiano usó el TD Bank, que es uno de los principales bancos de Estados Unidos, para lavar más de 470 millones de dólares.

Por lo tanto, entregarle esta facultad a la CMF y que pueda hacer la investigación y levantar secretos bancarios agiliza el procedimiento.

Acá discutimos ampliamente la vez pasada sobre los tiempos de autorización.

Yo quiero señalar que se usó la vía judicial en un caso muy bullado, y que todavía persiste: Factop. Y la demora para obtener un resultado significó un año y dos meses, ¡un año y dos meses!

Entonces, para combatir el crimen organizado y el lavado de activos es más eficiente hacerlo vía CMF que solo utilizando el expediente judicial queda demostrado.

Creo que lamentablemente la Comisión de Hacienda se equivocó y que hay que apoyar lo que se aprobó en la Comisión de Seguridad Pública.

Por eso, voy a votar en contra de esta modificación, Presidente.

El señor LAGOS.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Se puede argumentar largo rato si es la mejor opción, detenerse en los detalles, preguntarse quién tiene la atribución, señalar que se ha solicitado tres veces en veinte años y que se demoró diez minutos en otorgarse la autorización. Lo he escuchado cincuenta veces, pero lo concreto es que veo que hay un doble estándar. "¡Repongamos la pena de muerte para los delincuentes!". Algunos candidatos salen disparando una pistola Glock y otros un fusil porque se debe combatir el crimen con todas las armas posibles, ¡con toda la fuerza!, y cuando se trata de los delitos de cuello y corbata se enfrían los pies.

La norma que se proponía y que venía aprobada desde la Comisión de Seguridad es de aquellas de común ocurrencia en sociedades, yo diría, que por lo menos para algunos de nosotros constituyen un modelo al que debemos tratar de acercarnos. Ahí está Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Francia, Reino Unido, que tienen disposiciones que permiten que las CMF de esos países -y para qué hablar de los fiscales: Estados Unidos, para comenzar- puedan acceder a las cuentas bancarias sin necesidad de una autorización judicial.

Entonces, la pregunta que uno se hace, más allá de lo que señalen las estadísticas, es por qué para cierto tipo de crímenes hay tanta proactividad, tanta disposición a avanzar a rajatabla, e incluso tal vez cuestionando algunos derechos se avanza con todo: ¡extraditemos y expulsemos gente! Pero por qué no hay el mismo interés cuando se va a tocar a los testaferros, los delitos de cuello y corbata, que es donde están los negocios del narcotráfico, del crimen organizado.

El crimen organizado está presente en locales que no voy a mencionar, pero que todos sabemos cuáles son, donde a uno le repasan el pelo o la barba. Bueno, ahí el negocio no es la venta de artículos ilegales, sino que, al parecer, cuando en cuatro cuadras de pequeñas ciudades de Chile hay once de esos establecimientos, lo que importa es la boleta.

¡Y pagan el impuesto del 19 por ciento, sin duda! Eso es lavado de dinero. Y los recursos se depositan, se transan, se transfieren. Aquel movimiento persigue precisamente esta norma que rechazaron en la Comisión de Hacienda y que se aprobó en la Comisión de Seguridad. Hablamos de algo de común ocurrencia.

Reitero: nómbrenme cualquier país con democracias liberales occidentales, a las cuales nosotros pertenecemos y a las cuales queremos asemejarnos más: eso busca esta disposición. Y por eso yo voté en contra de la idea de suprimir lo que venía desde la Comisión de Seguridad, señor Presidente .

Entonces, trato de decirlo con toda la educación posible, pero el doble estándar es raspante. Disparamos balas en la mañana y señalamos que les vamos a ofrecer armas a las mamás y a los papás de Chile para defenderse y que queremos reponer la pena de muerte, pero cuando vamos a tocar a los de cuello y corbata, "No, pues, mi rey; en este caso hay que pedir la autorización judicial".

Así no lo hacen en los países y en las sociedades más sofisticadas que la nuestra.

Gracias, señor Presidente.

El señor COLOMA.-

Presidente, yo voy a ir al tema de fondo, y no considerar las caricaturas que de repente se pretenden hacer en este hemiciclo y que a uno lo alteran.

Yo nunca he sido partidario de darles armas a las mujeres, a las mamás, ni de ninguna de las cosas que se plantearon previamente. Yo creo en los conceptos de fondo.

¿Y cuál es el tema de fondo? En que hay elementos que obedecen a la privacidad de las personas, por ejemplo, los wasaps, ya que están tan de moda.

¿Los wasaps forman parte de nuestra privacidad? Yo imagino que todos creemos que sí.

Y lo mismo ocurre con las cuentas corrientes.

Son cosas de uno y cada uno verá lo que hace. ¡Pero las dos tienen excepciones! No son derechos únicos y excluyentes.

¿Se puede acceder a los wasaps o a las cuentas corrientes? Sí, se puede.

¿Cuál es el único requisito? Que un juez lo autorice, con un fundamento que no es muy exigente.

¡Ese es el tema de fondo, no es que no se pueda!

Y aquí se plantea como que alguien se está negando. No.

Si lo único que se pide es que si una autoridad, particularmente de Gobierno, y del que sea, quiere conocer los datos de un wasap o de una cuenta corriente de cualquier ciudadano, que no es un derecho absoluto, que aquella solicitud tenga que pasar por el filtro de un juez que dictamine: "Sí, existe razón"; y si no existiera, el magistrado verá su responsabilidad.

El caso del tipógrafo es el mejor ejemplo de un juez que no tomó las medidas adecuadas y fue sancionado precisamente por eso: porque hay un principio y una forma para poder acceder a través de la autorización.

Algunos reclaman: "No, pero es que esto demora". Miren, aunque a algunos les moleste, la CMF siempre ha tenido la facultad de pedir la autorización por la vía judicial. Y en siete años de existencia, la ha solicitado once veces.

La otra vez yo explicaba que la Unidad de Análisis Financiero la pedía en promedio cuatro veces al año, y la Comisión para el Mercado Financiero, dos veces al año, porque cuentan con los antecedentes. Y si tienen alguna sospecha, ¡la piden, obviamente!

Y contra lo que se señala, cuando hay fundamentos, le entregan la autorización de inmediato. Si el promedio son veinticuatro horas, ¡el promedio!

Y si hay un caso más complicado, lo analizará en su mérito el magistrado o la magistrada correspondiente.

Incluso nosotros propusimos colocar un plazo. Porque si el problema radica ahí, según lo que alguien señala, pues pongámosle un vencimiento. Eso nosotros lo propusimos como bancada.

Pero no alteremos el procedimiento a los efectos de que un director cualquiera -por respetable que sea- de la CMF o de la UAF pueda acceder a todos los wasaps, a todas las cuentas corrientes. Se puede entender que puede haber algo sospechoso -y por Dios que los hay- y, de ser así, que pida la autorización: no se la van a rechazar en ninguna parte.

Ese procedimiento ha sido razonable y ha funcionado de buena manera. Es cierto, y nosotros preguntamos, que ello correspondía a aspiraciones de ambas instituciones. Consultamos: "¿Usted no ha podido perseguir porque no han autorizado?". No, ninguna de las dos instituciones había experimentado eso, porque hoy día existe la posibilidad de acceder.

Y, ¡ojo!, Presidente , que esto es especialmente relevante con las filtraciones de los secretos que hemos visto. Porque si alguien me garantizara que quien accediera sin autorización judicial, por alguna sospecha, nunca va a filtrar esa información, me gustaría que me dijera de qué país se trata, porque aquí no ocurre así.

En Chile uno de los problemas permanentes son las filtraciones, inmisericordes, de todo tipo de documentos que deberían estar guardados bajo reserva, porque son propios de la intimidad de las personas.

Entonces, por un lado, decimos: "Hay que proteger la reserva y hay que defender la intimidad de las personas", lo que es correcto y lo comparto. Pero, por otro lado, señalamos: "Pero démosles igual facultades a autoridades como las nombradas para que puedan acceder a esas mismas cosas que queremos proteger, sin garantía de privacidad alguna".

Si alguien argumentara que se han respetado las reservas de las investigaciones -y no estoy hablando solo de la CMF y de la UAF- en términos generales, yo lo podría entender. Pero el problema de todos los días se debe a lo que aparece por las filtraciones.

Aquí distinguidos senadores han hecho reclamos públicos preguntando por qué se filtran cosas que son reservadas.

Y ahora estamos otorgando sin autorización judicial una facultad que se ha ejercido once veces en siete años. O sea, no es una cuestión que tenga un antes y un después. Cuando hay fundamentos, se plantea la petición y los jueces analizarán si son atendibles; y, de ser así, se accede a la autorización. El único requisito es buscar una razón por la cual se pudiera sospechar.

Yo creo que, objetivamente, es una buena forma de aplicar el Estado de derecho.

Gracias, Presidente .

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidente.

Solo quisiera recordar que estamos legislando sobre un subsistema de un sistema que no existe.

Por veinte años, el sistema de inteligencia del Estado ha mantenido en su artículo 15 una limitación en la planta de la Agencia Nacional de Inteligencia, que podríamos calificar de severa, que ha impedido al país desarrollar inteligencia de Estado.

Y estamos ahora generando un subsistema de inteligencia dentro de un sistema que, tal como lo he señalado en intervenciones anteriores, tiene equivocado su nombre.

Lo que se persigue son las finanzas ilícitas. Por eso contamos con una Unidad de Análisis Financiero y existen grupos de trabajo para buscar lavado de activos, lavado de dinero; pero son equipos de coordinación de finanzas, no se trata de inteligencia económica, la cual se aboca a otra cosa. Entonces, debemos partir por cambiar el nombre.

Además, y tal como he señalado anteriormente, existe diferencia entre el trabajo que hace la inteligencia y la labor del Ministerio Público.

Señor Presidente, el crimen organizado, como su nombre lo indica, está organizado; y el Estado de Chile, no.

Al crimen organizado hay que enfrentarlo de la manera más contundente, con todos los medios del Estado, pero con dirección. Y esa dirección viene del sistema de inteligencia, que posee normas claras, con medidas que ha de autorizar un ministro de la Corte de Apelaciones , según como se regula para que el sistema de inteligencia cuente con controles.

Y el Ministerio Público tiene los jueces de garantía.

Son medidas para asegurar que se están cumpliendo todos los estándares y existe una persecución penal.

No hay forma de encontrar a estas organizaciones criminales si no es integrando información.

Dado que se han mencionado los casos europeos, señalo en el modelo español el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), entidad que incluso resuelve problemas de las diferentes inteligencias policiales o nacionales; por ejemplo, cuando mediante medidas intrusivas todos quieren intervenir el mismo teléfono. Bueno, hay que ponerse de acuerdo, no pueden estar todos operando al mismo tiempo, y ellos encontraron esa solución.

Y soluciones similares son las que debemos incorporar en nuestra legislación, porque necesitamos conducción para enfrentar al crimen organizado.

El nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que parte ahora el 1° de abril -esperamos conocer luego el nombre del ministro -, va a permitir ayudar a coordinar las acciones efectivas del Estado. Pero si no desarrollamos sistemas y subsistemas que conversen con las mismas reglas, se van a presentar problemas.

Se cita a los países europeos. Todos ellos tienen identidades digitales robustas, cuentan con interoperabilidad, con certeza jurídica, con trazabilidad y con integridad de la información. Y las informaciones secretas no se filtran, como lo vemos en Chile todos los días.

Tenemos que perseguir las filtraciones y contar con medidas efectivas para que lo que es secreto se mantenga secreto. Porque no sirve de nada una información que va a ser conocida por el crimen organizado.

Hoy el crimen organizado se informa de lo que estamos haciendo mediante el diario y por las noticias, porque todo se está filtrando.

Y las medidas para ver quiénes filtran y hacen receptación de información sustraída de sistemas del Estado es parte de la contrainteligencia, porque hay redes que se dedican, precisamente, a perforar al Estado e intimidar a los servidores públicos para obtener esa información que debiera ser custodiada.

Creo que la propuesta que hay es clara y permite diferenciar los dos sistemas. Además, va a posibilitarnos, cuando tengamos la ley del Sistema de Inteligencia del Estado con una Agencia Nacional de Inteligencia potente, coordinar las acciones de inteligencia.

No siempre se va a perseguir un delito cuyo origen sean finanzas ilícitas, porque eso puede ser parte de una investigación de inteligencia para desarticular una red que probablemente opere desde otro lugar.

Y si eso se denunciara, y pasara al Ministerio Público y explotara la información de que se dispone, podría generar problemas.

Esos son los argumentos, Presidente, por los cuales considero conveniente mantener el procedimiento bajo las mismas normas del sistema de inteligencia y del Ministerio Público, donde se requieren las autorizaciones judiciales.

He dicho, señor Presidente.

Gracias.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

En el marco de la presente discusión, recuerdo que cuando se votó el control preventivo de identidad, se decía: "Puede haber malas prácticas, un abuso del control de identidad en la calle, con cierta estigmatización o criminalización de jóvenes de determinadas características en ciertas comunas".

El argumento que se daba era que el que nada hace nada teme; por tanto, es mejor avanzar con medidas que pueden ser intrusivas o donde eventualmente pueda haber algún abuso, porque el bien común a proteger es la seguridad pública, la seguridad ciudadana.

Acá se podría aplicar lo mismo.

Cuando legislamos la ley antiterrorista, incluso se dijo: "Bueno, como vamos a intensificar técnicas intrusivas e intervenir todo un radio o toda una manzana para perseguir la ruta de las organizaciones criminales, eso podría generar ciertos abusos, ciertas malas prácticas, ciertas filtraciones, pero el bien común a proteger es la seguridad y cómo el Estado se fortalece para combatir el terrorismo y el crimen organizado".

Hoy día la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país no hacen transacciones sospechosas. Es más, tienen pocos recursos en sus cuentas corrientes. Quienes tienen un trabajo reciben su sueldo, algunos pagan créditos de consumo, pero la gran mayoría de la población dispone de pocos recursos en sus cuentas corrientes y no presenta transferencias sospechosas.

Por lo tanto, acá estamos legislando para una minoría que sí tiene cuantiosos recursos en las cuentas corrientes de sus bancos y sí realiza transferencias o transacciones financieras sospechosas, que podrían estar vinculadas a lavado de dinero, a mafias, al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo, al financiamiento de actividades ilícitas y de delitos.

Por consiguiente, mi llamado a los colegas que están votando en bloque en contra de estas técnicas, que son de flexibilización para levantar el secreto bancario por la vía administrativa cuando hay sospechas de que ciertos dineros podrían estar vinculados a actividades ilícitas relevantes, es que no protejan a esa minoría de la población, ¡esa minoría de la población!, que podría verse expuesta a la eventualidad de una mala práctica de algún funcionario público, el cual, por supuesto, tendrá que ser sancionado por hacer mal uso de una herramienta legal que se aprueba para perseguir el crimen organizado.

Acá tenemos que fortalecer las capacidades del Estado.

La seguridad hay que verla como un asunto de Estado, un tema transversal, un derecho humano, y tenemos que fortalecer las capacidades del Estado.

Eso implica seguir la ruta del dinero; eso implica atrapar a los peces gordos que lucran con el delito, que financian actividades ilícitas y amenazan a nuestras comunidades.

Ese es el bien común a proteger, y no el resguardo de una minoría de altos ingresos, que podría verse expuesta a una eventual mala práctica de algún funcionario público.

"El que nada hace nada teme". Eso se ha repetido en muchas legislaciones que hemos aprobado en el Parlamento para perseguir la delincuencia y el crimen organizado.

Pero acá, lamentablemente, las derechas están votando en bloque para proteger a una minoría de altos ingresos, un grupo de superricos que podrían verse expuestos, incluidos los parlamentarios que estamos legislando acá sobre esta materia.

Y, por último, una palabra sobre las filtraciones, que también las critico y las condeno, porque ahí hay una mala práctica de filtrar a los medios de comunicación investigaciones que están en reserva.

Eso puede venir de la Fiscalía, puede venir eventualmente de algún funcionario de la Policía de Investigaciones, del Poder Judicial , etcétera.

Pero debo hacer presente que las filtraciones son selectivas. No hemos conocido las declaraciones reservadas y la carpeta investigativa del caso LarrainVial, por ejemplo; o las últimas declaraciones del exministro Chadwick . No las hemos conocido.

Entonces, pareciera que esas mismas filtraciones son selectivas, con un ánimo político detrás.

Insisto: "el que nada hace nada teme".

Por lo tanto, llamo a votar en contra de la norma que aprobó Hacienda.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidente.

En este tema quizá voy a reiterar muchas de las cosas que han dicho otros senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, pero respecto de la privacidad y del cuidado de ciertos bienes que se deben entender privados y que pertenecen a la intimidad de las personas, hay que tener mucho mucho cuidado, valga la redundancia.

En muchos países se debe pasar por una autorización judicial. Esa es la costumbre. Además, en Chile la hemos simplificado.

A través de la Ley de Delitos Económicos, que fue una legislación que trabajamos en la Comisión de Constitución, endurecimos y establecimos normas muy muy severas contra quienes hagan mal uso del dinero o utilicen dineros ilícitos, así como también comisos que se pueden usar.

Los senadores Walker, De Urresti y muchos otros parlamentarios que trabajaron en esa comisión endurecieron las penas de manera muy sensible para quienes hicieran mal uso de información.

Muchos de los países que algunos senadores han citado, diciendo: "Oye, no es necesario pasar por el Poder Judicial", tienen una larga trayectoria y una cultura institucional, y nadie guarda temores de que la política perturbe la protección de la intimidad y la privacidad, pero sí la gran mayoría de ellos han establecido controles internos dentro de sus propios organismos.

Por ejemplo, muchos de los países citados (creo recordar Nueva Zelanda y Australia) exigen que para intervenir una cuenta corriente tiene que haber una resolución fundada del director del servicio. Y ese fundamento tiene que ser capaz de pasar por una revisión judicial, llegado sea el caso.

Por lo tanto, esto es bastante más complejo de lo que muchos quisieran plantear.

En Chile Vamos, en Renovación Nacional, no tenemos duda alguna de que se debe contar con todas las herramientas necesarias para cuando haya sospechas respecto del origen de ciertos dineros y poder perseguirlos.

Pero eso no puede pasar por encima de las orientaciones de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra forma de justicia, que iluminan nuestra legislación en materia económica.

Vuelvo a decirlo: las modificaciones al Código Penal, todo lo que tiene que ver con el endurecimiento de penas y una mejor tipificación de los delitos económicos son una muestra de que nosotros estamos totalmente comprometidos con esta materia.

Pero creo que dar pasos que van más allá de lo prudente no es necesario. Existen normas, existe una manera muy rápida de acudir a un juez para que él autorice.

De hecho, tengo entendido que siempre que se piden este tipo de autorizaciones los jueces las otorgan. Y, por lo tanto, no hay ahí ningún obstáculo para la correcta investigación de este tipo de delitos económicos.

Por eso, Presidente, creo que no se debe avanzar hacia la posibilidad de que solo por la vía administrativa y sin previa autorización judicial se puedan mirar las cuentas corrientes de las personas.

Gracias.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, a mí me parece bien importante que podamos retomar este debate, puesto que lo que aquí se solicita dice relación con movimientos bancarios sospechosos.

Segundo, a diferencia de la facultad que tiene la CMF, que es la supervisión y estadística, el consejo de este organismo ya puede acceder a toda la información bancaria.

El literal que estamos votando es para permitirle al fiscal de la CMF acceder a esa información sin autorización judicial.

Quiero decirlo, porque es bien sintomático que esto vaya en correlación a la negativa de que la UAF, que no hace la investigación penal, pueda proceder al levantamiento excepcionalísimo, solo administrativo, del secreto bancario.

Lo que se está haciendo aquí, incluso, es ponerle más exigencias de las que se contemplan en la Ley General de Banco al fiscal de la CMF.

Entonces, yo quiero defender esta norma, porque me parece sumamente importante.

Y lo segundo que quiero decir, Presidente, al igual que la semana pasada cuando iniciamos la votación en particular de este proyecto, es que no se puede, por la falta de criterio de un fiscal determinado y por lo que está ocurriendo hoy día en materia de filtraciones, hacer un chantaje y decir: "Bueno, como hay esto, no levantemos nada".

Creo que se está cometiendo un error si no se le da la posibilidad también a la CMF, no solo a la UAF, de conocer ¡movimientos sospechosos! por la vía de pedirles a los bancos que remitan esas informaciones.

No se está pidiendo que todas las cuentas de todo el mundo sean un libro abierto, sino solo ante situaciones sospechosas.

Lo digo porque francamente me parece bien complejo y, además, muy caricaturesco decir "ninguna institución da garantía de nada; es mejor, entonces, no hacer nada". ¡No! Exijámosle al Ministerio Público, a la Fiscalía, exijámosle a la PDI y exijámosles también a los medios de comunicación que actúen de acuerdo a lo que son las investigaciones secretas y que no filtren cosas que son absolutamente personales.

Pero si hay detrás cosas que tienen que ver con movimientos sospechosos, con tráfico de influencias, etcétera, creo que se tienen que investigar.

A mí me parece que esto es un error, y por eso convoco a rechazar la supresión que se ha hecho.

Creo que era una buena medida la norma que había colocado la Comisión de Seguridad Pública, que, lamentablemente, la Comisión de Hacienda suprime.

Así que, por lo mismo, Presidente, yo convoco a mantener esta norma por la vía de votar que no ahora.

--Se rechaza la eliminación de la letra a) del numeral 1) del artículo 9°, propuesta por la Comisión de Hacienda (19 votos en contra, 16 a favor y 1 abstención).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Campillai, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, De Urresti, Flores, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Galilea, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Moreira, Prohens, Pugh, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvo el señor Cruz-Coke.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se han registrado los cuatro pareos ya individualizados.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Queda rechazada la propuesta de la Comisión de Hacienda para eliminar el literal a).

Habiendo sido rechazada esa eliminación, corresponde que nos pronunciemos sobre la propuesta de la Comisión de Seguridad Pública, dentro de las cuales hay normas que tienen distinto.

quorum

El señor secretario nos va a explicar.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Efectivamente, habiéndose rechazado la propuesta de la Comisión de Hacienda, corresponde ahora votar la proposición formulada por la Comisión de Seguridad Pública, que se encuentra en la tercera columna del comparado, desde la página 157 a la 166.

(Pausa).

El señor GARCÍA (Presidente).-

Son normas que tienen distintos quorum.

Eso es lo que tenemos que aclarar. ¿O no?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Todas las disposiciones son de calificado.

quorum

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

¡Ah! Perdón, todas son de quorum calificado.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

De quorum calificado y orgánico constitucional.

El señor GARCÍA (Presidente).-

En votación.

(Durante la votación).

El señor CASTRO (don Juan).-

¿Cuál es el alcance de la votación?

La señora ALLENDE.-

¿Dónde está el Ejecutivo , Presidente ?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Está en votación la propuesta de la Comisión de Seguridad Pública contenida en la letra a) del numeral 1) del artículo 9º, que se encuentra entre las páginas 157 y 166.

Estas modificaciones corresponden a normas tanto de quorum calificado como orgánicas constitucionales y requieren de 26 votos favorables para su aprobación.

(Pausa).

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Lo que estamos votando es la propuesta de la Comisión de Seguridad Pública, páginas 157 y siguientes, que consiste en autorizar al fiscal de la CMF para que, con el voto favorable de al menos tres de los comisionados y mediante resolución fundada, requiera a bancos y demás entidades fiscalizadas por la Comisión información relativa a operaciones bancarias.

Es decir, información directa sin autorización judicial.

Eso es lo que estamos votando.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la letra a) del numeral 1) del artículo 9º propuesta por la Comisión de Seguridad Pública (17 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención), por no alcanzarse el constitucional exigido.

quorum

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, De Urresti, Flores, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Galilea, García, Keitel, Kuschel, Moreira, Prohens, Pugh, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvo el señor Cruz-Coke.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Como no se alcanzó el quorum requerido, queda rechazada la norma propuesta por la Comisión de Seguridad.

--Se rechaza la letra a) del numeral 1) del artículo 9º del texto aprobado en general (18 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención), por no haberse alcanzado el constitucional exigido, quedando el proyecto despachado en este trámite.

quorum

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Órdenes, Pascual, Provoste y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, De Urresti, Flores, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Edwards, Galilea, García, Keitel, Kuschel, Moreira, Prohens, Pugh, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvo el señor Cruz-Coke.

El señor GARCÍA (Presidente).-

No habiendo logrado el requerido, se entiende rechazada la norma.

quorum

¿Hemos despachado el proyecto, señor Secretario ?

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Sí. A segundo trámite.

El señor GARCÍA ( Presidente ).-

Queda despachado el proyecto a segundo trámite en la Cámara de Diputados.

La señora PROVOSTE.-

Presidente, en nombre de ambos senadores por la Región de Atacama, queremos solicitar a la Sala un minuto de silencio.

Hoy se conmemoran diez años de los devastadores aluviones que afectaron a la región de Atacama y que arrebataron la vida de treinta y un atacameños y atacameñas, y a raíz del cual aún persisten dieciséis desaparecidos.

Por ello, como una forma de mantener vivo el recuerdo, de llamar a la reflexión, pero también de expresar nuestra solidaridad con esas familias, pedimos al Senado guardar un minuto de silencio.