Labor Parlamentaria

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sin urgencia, el proyecto de la referencia, originado en moción de las diputadas Camila Flores y Maite Orsini, los diputados Harry Jürgensen, Cosme Mellado, Miguel Mellado y Cristóbal Urruticoechea, y los exdiputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez, Iván Flores, Tucapel Jiménez y Pablo Lorenzini.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) Idea matriz o fundamental del proyecto de ley.

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en agravar la responsabilidad criminal de quienes cometan delitos en zonas rurales, considerando que existe por parte del agresor un aprovechamiento de las características de estas áreas para impedir que la víctima sea auxiliada por la fuerza pública.

2) Normas legales que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.

El proyecto modifica el artículo 12 del Código Penal, que establece las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal.

3) Normas de quórum especial.

La iniciativa legal en informe no posee normas de quórum especial.

4) Reservas de constitucionalidad formuladas.

No se formularon reservas de constitucionalidad en este trámite.

5) Normas que requieran trámite de Hacienda.

El proyecto de ley no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

6) Aprobación en general del proyecto de ley.

Sometido a votación general el proyecto de ley, fue aprobado por unanimidad (10-0-0).

Votaron a favor las diputadas señoras Gloria Naveillán, Emilia Nuyado, Marcela Riquelme (en reemplazo de Carolina Marzán) y Consuelo Veloso, y los diputados señores René Alinco, Félix Bugueño, Harry Jürgensen, Benjamín Moreno, Jorge Rathgeb y Ptaricio Rosas.

7) Artículos e indicaciones rechazados.

No hubo artículos rechazados.

Se rechazó una indicación presentada por la diputada Flor Weisse y el diputado Juan Antonio Coloma, que sustituía el artículo único del proyecto por el siguiente:

- “Reemplácese el numeral 12 del artículo 12 por el siguiente:

“12°. Ejecutarlo de noche, en despoblado o en zona rural y cuando dicha circunstancia sea aprovechada para provocar mayor indefensión en la víctima o lograr la impunidad.”.”.

(RECHAZADA por 1 voto a favor y 7 en contra).

8) Diputado informante.

La Comisión acordó designar como informante al diputado HARRY JÜRGENSEN RUNDSHAGEN.

II.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY.

El proyecto de ley en informe fue ingresado a tramitación con fecha 11 de septiembre del año 2018, dándose cuenta de él en la sesión 73ª/366, celebrada el día 13 de septiembre del mismo año. En dicha ocasión, el proyecto fue destinado para su tramitación e informe, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Con posterioridad, a raíz de una solicitud de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, la Corporación acordó cambiar la destinación del proyecto de ley hacia esta comisión, con fecha 18 de octubre de 2018.

En el mes de marzo de 2025, con ocasión de haberse incrementado la comisión de delitos en zonas rurales, la Comisión acordó darle celeridad a la tramitación de este proyecto, analizándose en varias sesiones durante los meses de marzo y abril y despachándose en este último mes.

III.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY.

Las diputadas y diputados autores de la moción proponen modificar el Código Penal con el objetivo de incorporar como nueva agravante de responsabilidad penal la comisión de delitos en zonas rurales. Esta iniciativa surge del reconocimiento del contexto de vulnerabilidad que enfrentan las víctimas en sectores apartados, dada la lejanía con servicios policiales, la baja densidad poblacional y la ausencia de infraestructura de comunicación, lo que facilita la acción delictiva y eleva su violencia.

Manifiestan que el fenómeno conocido como "delito rural", aunque no tipificado específicamente en la legislación chilena, representa una realidad creciente y preocupante. Si bien la legislación nacional contempla tipos penales aplicables en todo el territorio, como el abigeato, regulado por la ley Nº 20.596, existe una carencia de datos que permitan evaluar con precisión el comportamiento delictual en zonas rurales, salvo dicho ilícito.

Relatos de víctimas y autoridades locales dan cuenta del aumento de robos violentos en domicilios rurales y asaltos en caminos con baja circulación, los que suelen cometerse en grupo, con armas de fuego, y aprovechando el aislamiento del lugar, lo que impide una reacción oportuna de las fuerzas de seguridad.

La moción subraya que, si bien el numeral 12 del artículo 12 del Código Penal contempla como agravante el actuar en lugares despoblados, su interpretación ha generado dificultades, al no estar necesariamente vinculado a lo rural, lo cual puede conducir a incertezas jurídicas.

Por tanto, en la moción se propone la incorporación de un nuevo numeral 22 al artículo 12 del Código Penal, estableciendo como agravante la ejecución de delitos en zonas rurales, aprovechándose de la mayor indefensión y ventaja de la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública, buscando con ello reconocer normativamente el aprovechamiento por parte del delincuente de condiciones geográficas y sociales particulares que agravan la injusticia del acto cometido en dichos contextos.

En definitiva, y luego de la discusión parlamentaria que se contiene en el acápite respectivo, se optó por modificar el señalado numeral 12 del artículo 12 del Código Penal, con el objeto de agregar a la agravante ya existente la posibilidad de que esta se configure al cometerse el delito en zonas rurales.

IV.- CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El proyecto de ley consta de un artículo único, que modifica el numeral 12 del artículo 12 del Código Penal, incorporando el elemento consistente en cometerse el delito en zonas rurales para poder configurar y aplicar esta agravante.

V.- VOTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY.

La Comisión, junto con conocer la motivación de los autores del proyecto, abordó de inmediato la votación general de la iniciativa, acordando por unanimidad recibir opiniones de invitados durante la discusión particular

Realizada la votación, el proyecto fue aprobado en general por la comisión por la unanimidad de sus integrantes presentes.

Votaron a favor los diputados y diputadas Alinco, Bugueño, Jürgensen, Moreno, Naveillán, Nuyado, Riquelme, Rosas, Veloso y Rathgeb (Presidente).

VI.- DISCUSIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO DE LEY.

La Comisión acordó recibir las opiniones de diferentes invitados antes de iniciar la discusión particular propiamente tal.

a) Opiniones recibidas:

1) El asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, Juan Pablo Cavada señaló en primer lugar, que el proyecto propone una nueva agravante, consistente en “ejecutar delitos en zonas rurales, aprovechándose de la mayor indefensión y ventaja de la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública”. Indica que el proyecto parte de la base de una agravante que hoy existe y que consiste en ejecutar el delito de noche y en despoblado. La doctrina y la jurisprudencia entiende que esto es sinónimo de deshabitado y no de rural. Esto justifica la nueva agravante propuesta. Agrega que la agravante, como está redactada tiene algunos problemas técnicos. El principal es que el concepto de “zona rural” no se encuentra definido en la legislación vigente para efectos penales. Explicó que lo que sí está normativamente establecido es el concepto de “límite urbano”, el cual se encuentra contemplado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esta ausencia normativa genera un vacío legal, ya que, por defecto, se podría asumir que todo lo que está fuera del límite urbano es rural, pero dicha inferencia no es válida para fines penales.

Indicó que, si se aprobara una disposición penal que utilice el concepto de “zona rural” sin una definición legal precisa, se caería en lo que se conoce como una “ley penal en blanco”, situación que puede acarrear problemas de interpretación, de inaplicabilidad e incluso cuestionamientos de inconstitucionalidad o ilegalidad. Además, agregó que la noción de zona rural es subjetiva y poco intuitiva, ya que su delimitación depende de criterios administrativos que varían según el plan regulador de cada comuna. Esto podría provocar una aplicación desigual de la norma, generando situaciones en las que un lugar puede ser considerado rural en una comuna y no en otra, o que existan zonas rurales con una comisaría cercana, y zonas urbanas alejadas del auxilio policial.

Asimismo, observó que la redacción actual de la agravante propuesta exige demostrar que el delito fue cometido aprovechando la mayor indefensión de la víctima o la ventaja derivada de la distancia respecto de la fuerza pública, lo que implicaría una dificultad probatoria importante para fiscales y querellantes. A su juicio, esto puede generar situaciones absurdas y no previstas, comprometiendo la operatividad de la norma.

Finalmente, planteó posibles soluciones: una sería eliminar la referencia a la zona rural y mantener la agravante solo en función de la ventaja efectiva obtenida por la distancia del auxilio policial; otra opción sería acotar su aplicación a determinados tipos de delitos; y una tercera alternativa consistiría en mantener la redacción actual, pero incorporando una definición clara y operativa del concepto de zona rural. Concluyó indicando que se trata de un aspecto que requiere trabajo legislativo detallado para evitar ambigüedades y problemas de aplicación.

Analizó luego críticamente la redacción propuesta de una agravante penal relacionada con delitos cometidos en zonas rurales. Señaló que, tal como está formulado el texto, la disposición tiene un carácter copulativo, es decir, para que se configure la agravante se requiere que el delito se cometa en una zona rural y que, además, el autor se aproveche de la mayor indefensión de la víctima generada por la distancia respecto al auxilio de la fuerza pública. A su juicio, este enfoque presenta dificultades probatorias significativas, ya que el autor del delito podría argumentar que no existió tal aprovechamiento, especialmente si la distancia con la comisaría era corta. Incluso, podría darse el caso de que un delito cometido en una zona urbana se realice a mayor distancia del auxilio policial que en una zona rural, lo que podría excluir injustamente la aplicación de la agravante.

En este sentido, sostuvo que la redacción actual podría terminar siendo contraproducente, al exigir al persecutor probar hechos difíciles de acreditar. Propuso, en cambio, considerar una redacción alternativa que prescinda del concepto de “zona rural” y se base únicamente en el aprovechamiento efectivo de la indefensión, sin importar si el hecho ocurre en zona urbana o rural. Si bien reconoció que no existe actualmente una definición penal de “zona rural”, indicó que podría construirse a partir de otros cuerpos normativos y de la casuística existente sobre delitos ocurridos en contextos rurales, que no se limitan únicamente al abigeato, sino que abarcan también delitos contra la vida o contra la propiedad.

2) El Alcalde de la comuna de Graneros, señor Marcelo Miñanir expuso ante la comisión para referirse al grave impacto que los recientes hechos delictuales han generado en su comuna, especialmente tras un crimen que ha conmocionado a la comunidad. Si bien la investigación aún se mantiene en carácter de secreta, señaló que existe un temor fundado entre los vecinos de que los autores sean personas de la misma localidad, lo que ha intensificado la sensación de inseguridad. Indicó que Graneros, con solo 38.000 habitantes, enfrenta índices delictuales comparables a ciudades de mayor tamaño como Rancagua o San Fernando, lo que agrava el impacto y dificulta la respuesta institucional.

El alcalde explicó que el municipio ha debido asumir una creciente carga operativa, especialmente durante las temporadas agrícolas, debido a un aumento sostenido de la población migrante, que se estima en unas 14.000 personas, muchas de ellas residentes temporales. Señaló que esta realidad ha generado serias presiones sobre los servicios básicos, como la recolección de residuos, educación y salud, sin una compensación presupuestaria adecuada. En el caso de las escuelas, mencionó que algunos establecimientos tienen hasta un 60% de estudiantes migrantes, muchos de los cuales cuentan solo con RUT provisorio, lo que limita el acceso a subvenciones estatales especiales como la SEP.

Denunció que los empresarios agrícolas no se han hecho cargo del costo operacional que genera la contratación masiva de trabajadores durante las cosechas, lo que ha recaído en el municipio sin que existan mecanismos de compensación suficientes. Relató situaciones complejas, como pagos en efectivo a trabajadores en puntos públicos, lo que ha dado origen a delitos violentos, incluyendo un asalto con resultado de muerte. Además, advirtió sobre el uso de tecnología por parte de bandas delictuales, señalando que algunos vecinos han sido víctimas de amenazas reiteradas y georreferenciación de sus viviendas por delincuentes, mientras que las policías aún operan con limitaciones tecnológicas importantes.

Subrayó que la comuna se ha transformado en un punto estratégico para el tránsito delictual, en parte por su cercanía con Santiago, lo que ha facilitado el desplazamiento de personas vinculadas al crimen organizado. Indicó que la escasa presencia policial, la falta de respuesta oportuna y la tecnología insuficiente para zonas rurales han profundizado la sensación de desprotección. Llamó a mirar las comunas rurales no solo desde la óptica de la seguridad o la legislación penal, sino desde una perspectiva estructural e integral.

En este contexto, hizo un llamado a ampliar el debate sobre seguridad en comunas rurales, considerando medidas estructurales como una mayor inversión tecnológica, una redistribución equitativa de fondos como el royalty y una revisión del rol del empresariado agrícola en la gestión de la carga social que genera su actividad. Concluyó señalando que no es una sola medida la que resolverá el problema, y que se requiere una mirada coordinada entre todos los actores del Estado.

3) El Alcalde de la comuna de Parral, señor Patricio Ojeda expuso ante la comisión su preocupación por el deterioro de la seguridad en el mundo rural, abordando tanto aspectos estructurales como normativos. Señaló que Parral, con una extensión de más de 1.600 km² y una población cercana a los 45.000 habitantes, enfrenta desde hace años una situación de inseguridad creciente que ha evolucionado desde delitos tradicionales como el abigeato y la sustracción de madera, hacia fenómenos más complejos como el crimen organizado, narcotráfico, asaltos con violencia y asesinatos, afectando gravemente la vida de las comunidades rurales.

Subrayó que el debate sobre seguridad rural ha estado prácticamente ausente del Parlamento, salvo en temas puntuales como el control del abigeato, y lamentó que el actual proyecto de ley para establecer agravantes penales se discuta recién ahora, a pesar de haber sido presentado en 2018. En ese sentido, enfatizó que, si bien dicho proyecto permite agravar la sanción una vez cometido el delito, se requiere urgentemente legislar sobre medidas preventivas que eviten que los delitos ocurran, y no sólo castigar a posteriori.

Afirmó que no se trata de un problema exclusivamente económico, puesto que su municipio ha destinado más de 900 millones de pesos en los últimos años a seguridad pública, cifra tres veces mayor a los recursos recibidos por el royalty minero. No obstante, recalcó que los municipios no cuentan con las facultades legales suficientes para asumir tareas de seguridad pública más allá del acompañamiento a Carabineros mediante patrullajes mixtos. También denunció la rigidez del estatuto administrativo, que impide contratar más personal municipal destinado a labores de fiscalización y prevención.

En cuanto a la situación operativa de Carabineros, señaló que la dotación está determinada por estadísticas de denuncias que no reflejan la realidad, ya que la mayoría de las víctimas en sectores rurales no denuncian por desconfianza o porque el trámite implica horas de espera, algo incompatible con la vida en el campo. Además, denunció que las llamadas al 133 en su comuna son atendidas en centrales provinciales, lo que dificulta la respuesta oportuna debido al desconocimiento territorial de los operadores. Relató que los procedimientos de Carabineros son excesivamente burocráticos, lo que los mantiene más tiempo en escritorios que patrullando, reduciendo su eficacia operativa.

Alertó que la actividad agrícola en la zona central del país, clave para la soberanía alimentaria, está en riesgo no solo por factores económicos, sino también por la inseguridad. Agricultores han debido construir zanjas en sus predios para evitar robos frecuentes, ante la falta de presencia policial. Subrayó que la inseguridad afecta directamente la producción agrícola, especialmente en una comuna como Parral, principal productora de arroz del país.

Por último, hizo un llamado a abordar la seguridad rural como un problema integral que requiere voluntad política transversal, dotación de recursos, cambios legislativos y fortalecimiento institucional. Insistió en que medidas como las agravantes penales deben ir acompañadas de reformas estructurales en conectividad, presencia policial, normativas urbanas y roles municipales. Cerró su intervención agradeciendo la instancia y apelando a la necesidad de actuar con urgencia y conocimiento en la formulación de políticas públicas eficaces.

4) El Alcalde de Padre Hurtado y Secretario General de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), señor Felipe Muñoz Heredia señaló que AMUR agrupa a 263 municipios rurales del país y destacó la importancia que para ellos reviste la discusión legislativa en curso, referida a la modificación del Código Penal en materia de agravantes vinculadas a delitos cometidos en zonas rurales. Indicó que, si bien valoran positivamente el proyecto de ley, mantienen ciertas aprehensiones respecto de aspectos técnicos que han sido objeto de debate tanto en la comisión como en los distintos boletines legislativos que acompañan la iniciativa. Anunció que la alcaldesa de Colina y vicepresidenta de la asociación, Isabel Valenzuela, realizaría una breve exposición para presentar la postura de AMUR frente al proyecto, así como una propuesta de redacción alternativa sobre un punto específico.

Complementó su exposición desde la perspectiva de los municipios rurales, destacando que la movilidad del delito no se limita exclusivamente a aquellos perpetrados contra las personas o contra la propiedad, sino que también abarca fenómenos complejos como el narcotráfico, el cual ha comenzado a desplazarse desde los centros urbanos hacia zonas rurales más apartadas. Mencionó que hoy en día se observa cómo los narcotraficantes han abandonado los llamados “castillos” urbanos para establecer operaciones en sectores rurales, donde encuentran menor vigilancia, más espacio y condiciones propicias para la producción, almacenamiento o distribución de droga.

A propósito de la discusión sobre la propuesta de nueva agravante penal por la comisión de delitos en zonas rurales, planteó la inquietud de si esta podría o debería también aplicarse a delitos como el narcotráfico, dado que las condiciones de ruralidad favorecen objetivamente la impunidad y facilitan la acción delictiva. Si bien reconoció que se ha discutido que esta agravante está pensada principalmente para delitos con víctimas individualizadas, sostuvo que la realidad actual delictual obliga a reflexionar si ciertos delitos sin víctima directa —como los de la Ley de Drogas— también deberían ser considerados en este marco, ya que su comisión en espacios rurales representa un riesgo mayor para la seguridad y convivencia comunitaria.

Continuó la reflexión anterior reforzando la idea de que los delitos graves y complejos, incluidos aquellos que podrían ser calificados como sicariatos o ajustes de cuentas, se están trasladando de forma creciente a zonas rurales, donde las condiciones geográficas, la baja densidad poblacional y la menor presencia policial facilitan la comisión y ocultamiento de estos crímenes. Señaló que es precisamente en las comunas rurales donde con mayor frecuencia se encuentran cuerpos abandonados o se ejecutan homicidios con características propias de la criminalidad organizada.

En ese contexto, planteó una interrogante clave: si la agravante en discusión debe limitarse únicamente a delitos contra personas o si, por el contrario, debe aplicarse a todos los delitos cometidos en zonas rurales, atendiendo a la realidad dinámica delictual, donde los centros de operación del crimen se están desplazando desde las zonas urbanas hacia periferias rurales o semiurbanas, especialmente en las comunas que rodean los grandes centros urbanos del país, como las 18 comunas rurales de la Región Metropolitana.

Subrayó que la discusión sobre esta agravante no puede cerrarse en categorías jurídicas tradicionales sin considerar la transformación del fenómeno delictual en el territorio, y que es deber del legislador ajustar la respuesta penal a estas nuevas realidades. Finalizó agradeciendo el espacio y recalcando la importancia de abordar la ruralidad no solo como una condición geográfica, sino como un factor estructural de vulnerabilidad y riesgo penal, cada vez más explotado por las organizaciones criminales.

5) La Alcaldesa de Colina y Vicepresidenta de AMUR, señora Isabel Valenzuela Ahumada intervino ante la comisión destacando que los 263 municipios rurales del país presentan una realidad diversa y extendida, donde incluso las zonas urbanas están frecuentemente alejadas de los centros de protección policial. En ese contexto, valoró la incorporación de agravantes penales vinculadas a la ruralidad como una respuesta normativa necesaria frente a las condiciones estructurales de indefensión que enfrentan las víctimas en estos territorios, dada la geografía y la limitada conectividad que dificultan una respuesta oportuna de las policías, como se evidenció en el caso del matrimonio de Graneros.

Planteó que el foco de la agravante no debería quedar limitado exclusivamente a la categoría cerrada de “zona rural”, sino que debería centrarse en el elemento estructural de indefensión de la víctima, siendo la ruralidad una de sus posibles expresiones. Esta redacción permitiría una interpretación más coherente y proporcional, y evitaría debates restrictivos sobre la calificación de un territorio como rural.

A nombre de AMUR, propuso la siguiente redacción alternativa para la agravante: “Ejecutar el delito en condiciones que revelen el aprovechamiento deliberado de la mayor indefensión de las víctimas, derivada de la dificultad razonable para obtener auxilio oportuno, especialmente cuando ello ocurra en zonas rurales o apartadas.”

Finalmente, subrayó que la diferencia sustantiva entre comunas urbanas y rurales radica en su extensión, en la naturaleza de los delitos y en la falta de acceso inmediato a servicios de protección. Por ello, consideró fundamental que la ley reconozca y sancione con mayor severidad aquellos delitos que se cometen aprovechándose de la vulnerabilidad territorial y social de las comunidades rurales, extendiendo la protección penal a todos los vecinos que viven alejados de los centros urbanos.

Profundizó también en la necesidad de que el proyecto de ley no limite el agravante únicamente a las “zonas rurales”, sino que contemple también expresamente las “zonas apartadas”. Explicó que, si bien los planes reguladores comunales y regionales permiten delimitar formalmente las zonas urbanas y rurales, en la práctica existen áreas clasificadas como urbanas que, por su lejanía de los centros de respuesta policial, presentan condiciones de igual o mayor vulnerabilidad que muchas zonas rurales.

Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en la comuna de Colina, donde un vecino fue asesinado en un sector clasificado como urbano, pero situado a ocho kilómetros de la comisaría más cercana. Relató que los delincuentes accedieron al lugar a través de un cerro, y que las demoras en la llegada de la policía fueron decisivas en la gravedad del desenlace. A pesar de los esfuerzos municipales por instalar centros de seguridad para acortar tiempos de respuesta, enfatizó que la falta de dotación policial y la ausencia de atribuciones de seguridad para los gobiernos locales dificultan gravemente la protección oportuna de los vecinos.

Con base en esa realidad, subrayó que la definición normativa de la agravante debe considerar las condiciones reales del territorio, no solo su clasificación legal. En ese sentido, propuso que la redacción de la norma incorpore también las “zonas apartadas” como criterio complementario a la ruralidad, para reflejar con mayor precisión las situaciones de indefensión y facilitar una protección penal más justa y eficaz.

6) El Gerente de Políticas Públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura, el señor Federico Errázuriz Tagle agradeció la invitación a participar en la sesión y valoró positivamente la discusión del proyecto de ley, al considerar que permite visibilizar una problemática creciente en los sectores rurales: el aumento sostenido de la delincuencia. Señaló que, si bien no existen cifras oficiales consolidadas sobre este fenómeno, la SNA ha realizado gestiones con distintas autoridades —incluidos el Ministerio del Interior, la Fiscalía y Carabineros— y levantados datos a través de una encuesta propia, cuyos resultados revelan que el 40% de los encuestados ha sido víctima de robo en su campo tres o más veces en los últimos 12 meses, situación que contrasta con la tranquilidad que caracterizaba históricamente al mundo rural.

En relación con el proyecto, observó que este contempla dos componentes: la comisión del delito en zona rural y el aprovechamiento de la mayor indefensión de la víctima. La SNA planteó reparos respecto de ambos puntos. En primer lugar, advirtió que no existe una definición legal única de zona rural, aunque considera razonable adoptar como referencia el criterio territorial de “área fuera del límite urbano”, lo que facilitaría su delimitación. En segundo lugar, expresó dudas sobre la exigencia de acreditar el “aprovechamiento” de la circunstancia rural por parte del autor del delito, dado su carácter subjetivo, lo que podría dificultar la aplicación del agravante en juicio. Por ello, propuso eliminar dicha expresión para centrar la norma en la localización objetiva del hecho en área rural.

Como alternativas de redacción, sugirió incorporar la mención a zonas rurales dentro del actual numeral 12 del artículo 12 del Código Penal, que ya contempla como agravantes la comisión del delito de noche o en despoblado, agregando “o en áreas fuera del límite urbano”. También planteó la posibilidad de establecer agravantes específicas dentro de tipos penales concretos —como el robo en lugar no habitado—, lo que permitiría una sanción más severa sin recurrir a una agravante general.

Concluyó destacando que cualquier avance normativo en esta línea será bien recibido por el sector agrícola, en tanto contribuya a reforzar la seguridad en el mundo rural y a responder a las crecientes demandas de protección de los productores y habitantes de estas zonas.

7) El Profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Ried centró su intervención en los efectos técnicos y jurídicos de incorporar una nueva circunstancia agravante en el Código Penal, particularmente en relación con delitos cometidos en zonas rurales. En primer lugar, expresó su conformidad con la idea de fondo del proyecto, al considerar que existe un mayor reproche social y jurídico hacia quien comete un delito aprovechando condiciones de mayor indefensión, como la lejanía geográfica, la ausencia de luminarias o la dificultad para obtener auxilio oportuno. No obstante, precisó que esta agravante tiene sentido en delitos que suponen una víctima capaz de solicitar auxilio, como aquellos contra las personas.

Advirtió, sin embargo, que la creación de una agravante no garantiza automáticamente una mayor severidad en la pena, dado que el artículo 67 del Código Penal entrega al juez un margen de apreciación para ponderar atenuantes y agravantes. Subrayó que los jueces, en la práctica, tienden a aplicar las penas dentro del rango mínimo y a acoger automáticamente atenuantes de fácil acreditación, como la irreprochable conducta anterior o la colaboración sustancial del imputado.

Indicó que, por esa razón, otras herramientas legislativas han resultado más eficaces para asegurar un castigo más severo, como el aumento del piso mínimo de las penas, la exclusión de ciertos beneficios o el mandato expreso de cumplimiento efectivo, como ocurrió en leyes especiales como la Ley Emilia o la reforma al artículo 449 ter del Código Penal.

También explicó que una agravante tiene efectos más allá de la etapa de sentencia. En particular, puede incidir en la procedencia de medidas cautelares personales intensas durante el proceso penal, como la prisión preventiva, dado que el artículo 140 letra c) del Código Procesal Penal la vincula directamente con la gravedad del delito y su pena asignada. Asimismo, la inclusión de una agravante puede modificar los criterios de elegibilidad para salidas alternativas, tales como el principio de oportunidad, el archivo provisional o la suspensión condicional del procedimiento, así como restringir el acceso a procedimientos abreviados.

Finalmente, reiteró que, si bien está de acuerdo con la finalidad del proyecto, recomendó que el legislador tenga plena conciencia de las implicancias prácticas de introducir una nueva agravante, y de que, por sí sola, esta medida podría no producir el efecto disuasivo deseado si no va acompañada de reformas complementarias en la persecución penal y en los criterios de aplicación judicial.

Agregó luego que las consultas formuladas apuntan a la cuestión central del derecho penal: si realmente sirve, y para qué sirve. Señaló que esta es una pregunta sin respuesta definitiva, ya que el derecho penal ha existido siempre, junto con las cárceles, los delitos y los delincuentes, y sin que ello haya erradicado la criminalidad. Indicó que actualmente estamos frente a un fenómeno global de delincuencia organizada y violenta, que no se limita a Chile, sino que afecta a múltiples países, como pudo constatar recientemente en Estados Unidos, donde observó medidas de seguridad similares o más severas que las implementadas localmente.

Respecto a la función del derecho penal, explicó que este cumple una doble función: por un lado, genera en la ciudadanía la percepción de que el sistema funciona, lo que otorga legitimidad institucional; y por otro, puede actuar como mecanismo de disuasión general, es decir, como advertencia social de que determinadas conductas acarrean consecuencias penales. No obstante, aclaró que no existe evidencia concluyente de que los delincuentes actúen de manera racional frente a la existencia de agravantes o a cambios normativos específicos. A su juicio, muchos de los delitos más graves —como el homicidio con robo ocurrido en Graneros— son cometidos por personas que actúan bajo efectos de drogas, en contextos de marginalidad o con estructuras de personalidad antisocial, por lo que la disuasión normativa no alcanza.

Sobre la pregunta directa de si crear una agravante por comisión del delito en zona rural es útil, respondió afirmativamente: sí, ayuda, pero insistió en que por sí sola no es suficiente. Planteó que el sistema penal chileno requiere una reorientación integral, con una priorización real en la persecución de los delitos más graves, y propuso que se destinen todos los recursos del Estado a perseguir con eficacia homicidios y robos violentos, lo que implicaría una profunda reforma de la estructura investigativa, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, la profesionalización de las policías, y la creación de un verdadero cuerpo de policía judicial con atribuciones y formación especializada.

Concluyó señalando que si bien el establecimiento de agravantes tiene valor normativo y simbólico, la eficacia real en la contención del delito depende de la certeza de la persecución penal y de contar con un aparato estatal capaz de responder con rapidez, eficacia y proporcionalidad ante los hechos más graves.

Añadió que, efectivamente, la existencia de una agravante penal puede tener un impacto significativo en la dinámica del proceso penal, no solo en la etapa de determinación de la pena, sino desde el inicio de la investigación. Explicó que, en la práctica, cuando se comete un delito, fiscales, defensores y querellantes evalúan de inmediato la “elegibilidad procesal” del caso, es decir, si el delito permite optar a salidas alternativas como la suspensión condicional del procedimiento, un principio de oportunidad, o si por la gravedad de la pena será inevitable ir a juicio oral. Indicó que cuando un delito tiene una pena más alta —producto, por ejemplo, de una agravante— es mucho más probable que se decrete una medida cautelar intensa, como la prisión preventiva, lo que implica que la causa se mantenga activa y bajo mayor presión investigativa por parte del Ministerio Público. Estas causas se transforman en prioritarias, ya que el imputado está privado de libertad y, por tanto, la defensa ejercerá una presión constante para acelerar el proceso. A su vez, los fiscales no pueden postergar indefinidamente la indagación.

Señaló también que, con penas altas, los delitos dejan de ser elegibles para salidas alternativas —salvo por un juicio abreviado, en que el imputado reconoce los hechos—, lo que restringe considerablemente las posibilidades de evitar una condena efectiva. En ese sentido, afirmó que sí, una agravante ayuda no solo en términos de castigo, sino también en términos de garantizar que el caso se persiga con más recursos, atención y consecuencias jurídicas efectivas.

Concluyó reforzando que, en la realidad procesal, los actores del sistema penal priorizan y evalúan las causas no solo por su gravedad moral, sino por la estructura legal y penal que determina el curso del procedimiento, y que las agravantes inciden directamente en esa lógica.

Manifestó que, a su juicio, la agravante propuesta está correctamente redactada y concebida, y que su alcance está implícitamente delimitado por la naturaleza misma de los delitos a los que está dirigida. Reiteró lo que ya había señalado al inicio de su exposición: esta agravante tiene sentido principalmente en delitos que afectan a víctimas directas y concretas, como los delitos contra la vida, la integridad física o la propiedad.

Aclaró que no tendría aplicación ni lógica en delitos como los contemplados en la Ley de Drogas, donde la víctima es la sociedad en su conjunto y no una persona individualizable. Comparó esta agravante con otras de estructura semejante, como la premeditación o la alevosía, que tampoco se aplican en todos los delitos, sino únicamente en aquellos donde tiene sentido valorar el modo en que se ejecuta el ilícito respecto de una víctima específica.

8) La Subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao expuso una evaluación general del proyecto de ley que busca incorporar una nueva agravante penal por la comisión de delitos en zonas rurales. Comenzó destacando que el objetivo del proyecto es legítimo, ya que busca desincentivar delitos donde existe un aprovechamiento de la lejanía del auxilio público, pero advirtió sobre ciertas ambigüedades y debilidades técnicas en su redacción.

Antes de abordar el fondo normativo, presentó una serie de acciones concretas de prevención desarrolladas por el Ejecutivo en territorios rurales, especialmente a través de las fuerzas de tarea público-privadas en regiones como O’Higgins, Maule y Biobío. Estas han incluido protocolos de denuncia, focos investigativos, jornadas de fiscalización, capacitaciones en agroquímicos y levantamiento de diagnósticos regionales, lo que ha permitido avanzar en más de 1.800 acciones específicas con un 86% de cumplimiento nacional. Subrayó que esta experiencia evidencia la necesidad de abordar la seguridad rural no solo desde lo punitivo, sino también desde la prevención situacional, el trabajo intersectorial y la planificación territorial.

Respecto del proyecto de ley, indicó que si bien su intención es coherente, existen normas vigentes que ya permiten abordar estos casos, como las agravantes por alevosía (actuar sobre seguro), por comisión del delito de noche o en despoblado (art. 12 del Código Penal), y otras específicas como el artículo 456 bis. Esto lleva a preguntarse si es necesario crear una nueva agravante o si podría usarse con mayor eficacia lo que ya existe.

Adicionalmente, señaló problemas técnicos de redacción. En primer lugar, cuestionó que el proyecto no define con claridad qué se entiende por “zona rural”, lo que puede derivar en interpretaciones arbitrarias y eventualmente vulnerar el principio de legalidad penal. Propuso que, si se persiste con la norma, se adopte una definición objetiva, por ejemplo, en referencia a los planos reguladores.

En segundo lugar, observó que la redacción actual parece fundar la agravante en una característica del territorio, más que en una conducta especialmente reprochable del autor, lo que contradice el principio penal que exige que las agravantes se basen en el comportamiento delictual, no en el contexto geográfico por sí solo.

Finalmente, advirtió que la ambigüedad sintáctica de la norma puede hacerla ineficaz en su aplicación. No queda claro si el solo hecho de cometer un delito en zona rural basta para aplicar la agravante, o si además debe probarse que el agresor se aprovechó de esa condición. Esta ambigüedad puede dificultar su interpretación y aplicación por parte de los tribunales.

Complementando lo anterior, abordó un punto técnico relacionado con la interpretación de las agravantes ya contempladas en el Código Penal. Explicó que, si bien la redacción del artículo 12 que menciona la agravante de “actuar de noche o en despoblado” alude a ciertas condiciones estructurales, su interpretación moderna requiere tener en cuenta las transformaciones del entorno, como los cambios en la iluminación pública. Indicó que esta agravante no distingue por tipo de lugar, sino que considera el aprovechamiento de una circunstancia por parte del autor del delito. Asimismo, se refirió al artículo 456 bis, que contempla una agravante especial para los delitos de robo y hurto en lugares carentes de vigilancia o solitarios, destacando que esta redacción está restringida a solo dos tipos penales y podría ampliarse para cubrir otros delitos.

Sugirió que, desde el punto de vista del derecho penal y de la técnica legislativa, resultaría más adecuado estructurar la agravante sobre la base del aprovechamiento que hace el autor del delito de determinadas circunstancias que facilitan la impunidad, en lugar de centrarla exclusivamente en la geografía del lugar donde se comete el hecho. Indicó que una formulación en esos términos permitiría aplicar la agravante tanto en zonas rurales como urbanas, siempre que se cumplieran ciertas condiciones objetivas, sin establecer regímenes diferenciados.

Señaló que, en atención a las preocupaciones planteadas en relación con la delimitación de las zonas rurales, la solución más adecuada podría ser reformular el numeral 12 del artículo 12 del Código Penal. Según explicó, en lugar de establecer un nuevo agravante que se base en la clasificación administrativa de “zona rural”, resultaría más eficaz ampliar las circunstancias ya previstas en dicha disposición, incorporando criterios que atiendan a las condiciones objetivas en que se comete el delito.

Argumentó que, si se definiera la agravante exclusivamente en función de los límites administrativos que separan zonas rurales de urbanas, podrían generarse inconsistencias en su aplicación. Por ejemplo, advirtió que un mismo hecho cometido a pocos metros de diferencia, dentro o fuera del área formalmente catalogada como rural, podría quedar sujeto o no a la agravante, lo que atentaría contra el principio de proporcionalidad. En ese sentido, comparó esta situación con los límites comunales, en los que la ubicación de una vereda puede determinar la competencia territorial, pero no necesariamente refleja una diferencia sustancial en los hechos.

En esa línea, sostuvo que la lógica del proyecto —la de sancionar con mayor severidad a quien comete un delito aprovechándose de condiciones de aislamiento o indefensión— podría lograrse con mayor eficacia si se reformula el numeral 12 para incorporar, por ejemplo, la referencia a lugares sin vigilancia, de difícil acceso, o con baja conectividad, sin necesidad de anclar la agravante en una noción geográfica rígida como la de “zona rural”. Concluyó señalando que esta modificación permitiría cumplir de mejor forma el objetivo que, a su juicio, inspira el proyecto, y que consiste en sancionar con mayor rigor aquellas conductas que, por las circunstancias materiales en que se ejecutan, suponen un mayor grado de reproche social y jurídico.

b) Discusión y votación particular del proyecto y de las indicaciones recibidas:

El Secretario da lectura al artículo 12 del Código Penal vigente:

“ART. 12.

Son circunstancias agravantes:

12.° Ejecutarlo de noche o en despoblado.

El tribunal tomará o no en consideración esta circunstancia, según la naturaleza y accidentes del delito.”

Luego da lectura al proyecto de ley en su redacción original:

“Artículo Único: Agréguese un nuevo numeral 22 al artículo 12 del capítulo IV, de las circunstancias que gravan la responsabilidad criminal, del Código Penal, en el siguiente sentido:

22.° Ejecutar delitos en zonas rurales, aprovechándose de la mayor indefensión y ventaja de la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública.”.

Posteriormente, da lectura a las indicaciones, presentadas al texto del proyecto original.

El Secretario señala que se pone en votación la indicación del diputado Coloma y la diputada Weisse, tiene el siguiente tenor:

“Reemplácese el numeral 12 del artículo 12 por el siguiente:

12°. Ejecutarlo de noche, en despoblado o en zona rural y cuando dicha circunstancia sea aprovechada para provocar mayor indefensión en la víctima o lograr la impunidad.”.

La indicación fue rechazada por 1 voto a favor y 7 en contra.

Votó a favor la diputada Weisse.

Votaron en contra las diputadas y diputados Camaño, Jürgensen, Labra, Moreno, Nuyado, Rathgeb y Veloso.

El diputado Moreno retiró su indicación.

El Secretario señala que entonces corresponde poner en votación la indicación de los diputados y diputadas Labra, Nuyado, Riquelme, Jürgensen, Veloso, Moreno y Caamaño, que sustituye el artículo único del proyecto original y tiene el siguiente tenor:

“Para agregar en el N° 12 del artículo 12 del Código Penal a continuación de “despoblado”, “o en zona rural”.”.

La indicación fue aprobada por 8 votos a favor y 1 abstención.

Votaron a favor las diputadas y diputados Bugueño, Camaño, Jürgensen, Labra, Moreno, Nuyado, Rathgeb y Veloso.

Se abstuvo la diputada Weisse.

*************

Se designó como informante al diputado señor Harry Jürgensen Rundshagen.

*************

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el diputado informante, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Agrégase en el párrafo primero del número 12 del artículo 12 del Código Penal, a continuación del vocablo “despoblado”, la expresión “o en zona rural”.”.

Sala de la Comisión, a 24 de abril de 2025.

CARLOS CÁMARA OYARZO

Abogado Secretario de la Comisión