Labor Parlamentaria

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Seguridad Ciudadana informa, en tercer trámite constitucional, el proyecto de la referencia, originado en Mensaje, el cual cuenta con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

A las sesiones que la Comisión destinó al estudio y votación de este proyecto, asistió el señor ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero Vega, acompañado del subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado.

I. CONSTANCIAS PREVIAS.

De conformidad a lo señalado en el artículo 120 del Reglamento, corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar aprobar o desechar las propuestas.

1. Vuestra Comisión, por mayoría de votos, recomienda rechazar las enmiendas propuestas por el Senado.

2. Se deja constancia de que los numerales 3 y 4 del artículo 6°; numerales 1, 2 y 5 del artículo 7°; numerales 2 y 3 del artículo 8°, que ha pasado a ser 9°; el inciso segundo del artículo 11°, que ha pasado a ser 15; artículo 17°, que ha pasado a ser 20°; artículo 16°, que ha pasado a ser 22°; artículo 17°, que ha pasado a ser 20°, no han sido objeto de modificaciones por el H. Senado.

3. Se designó como diputada informante a la señora Gloria Naveillan Arriagada.

II. ALCANCE Y DISCUSIÓN ACERCA DE LAS PRINCIPALES ENMIENDAS INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO.

A continuación, se reseñan las principales enmiendas introducidas por el Senado al texto aprobado por la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional; se da cuenta de las explicaciones de los representantes del Ejecutivo respecto de los principales aspectos que fueron objeto de indicaciones y del debate habido en el seno de la Comisión sobre cada una de ellas.

Es necesario hacer presente que el Senado introdujo una serie de enmiendas formales al texto aprobado por esta Cámara, respecto de las cuales no hubo debate en vuestra Comisión y, por lo tanto, no se reseñan en este informe. Tampoco se hace referencia a aquellas modificaciones de fondo que no fueron objeto de discusión.

El señor Luis Cordero Vega, ministro de Seguridad Pública, hizo referencia a la tramitación legislativa, en particular el debate ocurrido en el Senado y cómo se llevaron a cabo algunas de las votaciones, aclarando que no se sentía interpelado por lo señalado previamente. Precisó que algunas de las cuestiones planteadas como interrogantes serían abordadas por el Ejecutivo en el contexto de su exposición.

Advirtió que, para el Ejecutivo, si bien esta es una cámara política, se entendía que las normas en discusión eran reglas jurídicas y, por tanto, debían interpretarse conforme al derecho y no a criterios políticos. Recalcó que, en el derecho, los conceptos no eran arbitrarios y que su contenido y definición eran la base sobre la cual deciden los jueces. Expresó que comprendía las interpelaciones políticas, pero que, dadas las características del debate, correspondía al Ejecutivo describir jurídicamente el debate ocurrido en el Senado, dado que su aplicación jurídica sería lo relevante para efectos del contenido del proyecto.

Señaló que el proyecto formaba parte de uno de los dos “fast track” en materia de seguridad, ya había sido despachado por la Cámara y luego fue revisado por las comisiones unidas de Defensa y Seguridad del Senado. Informó que una cantidad importante de votaciones en comisiones unidas se dio por unanimidad o por mayoría, aunque posteriormente en la sala se solicitaron votaciones separadas que dieron lugar a algunas modificaciones.

El Ejecutivo indicó que las reglas de uso de la fuerza estaban pensadas para las fuerzas de orden y seguridad pública en el contexto del desempeño de sus labores ordinarias y, excepcionalmente, para las Fuerzas Armadas cuando cumplían funciones de orden público. Recordó que el Código de Justicia Militar también hacía dicha distinción. Explicó que el artículo primero del proyecto contemplaba una estructura dividida en disposiciones generales, reglas específicas para fuerzas de orden y seguridad pública, reglas para las Fuerzas Armadas, disposiciones comunes en materia disciplinaria y de exención de responsabilidad, y una regla referida a la normativa institucional vigente.

Agregó que una de las razones fundamentales del proyecto era dotar al sistema institucional de reglas legales sobre el uso de la fuerza, ya que actualmente estas eran reglamentarias o circulares, lo que implicaba que los jueces podían prescindir de ellas. Afirmó que las reglas legales proporcionaban garantías tanto para las fuerzas de orden como para las Fuerzas Armadas. En este contexto, se reivindicaba la vigencia de las normas reglamentarias actuales mientras no se dictarán los nuevos reglamentos complementarios.

Precisó que el mandato legal de actuación no debía confundirse con las reglas de exención de responsabilidad penal. Las reglas de uso de la fuerza eran criterios legalmente regulados que, en parte, incidían en las normas de exención penal, en especial en relación con la legítima defensa, ya regulada por este Congreso. Consideró relevante aclarar este punto, dado que constituía el núcleo del proyecto de ley.

Respecto a los aspectos mantenidos por el Senado, mencionó la existencia de principios que uniformaban la aplicación del proyecto, la inclusión de deberes (aunque con ciertas variaciones), la inclusión de definiciones y la separación de reglas para fuerzas de orden y seguridad pública y Fuerzas Armadas. Aclaró que el resguardo de recintos militares, la prevención de la tortura y otras labores específicas eran situaciones reguladas en forma diferenciada.

Indicó que algunas materias debatidas, como la ampliación de competencia de los tribunales militares y el principio de proporcionalidad como definición, fueron rechazadas tanto en la Cámara como en el Senado. Explicó que la definición de proporcionalidad fue ampliamente debatida, y aunque se suprimió, sostuvo que estaba implícita en el texto legal y en las leyes orgánicas de Carabineros y la PDI.

Describió las modificaciones introducidas por el Senado, las que buscaban otorgar mayor precisión al texto aprobado por la Cámara. Entre estas, mencionó la revisión de definiciones generales sobre uso de la fuerza y afectación de la integridad física, la sustitución de conceptos (como “objetivo legítimo” por “objetivo encomendado”), y el reemplazo de “etapas” por “grados”, aclarando que estos no eran secuenciales, sino que dependían de la resistencia o situación enfrentada. Resaltó que esto fue clave tanto en la Cámara como en el Senado.

Luego, explicó que, aunque se elimine la definición explícita del principio de proporcionalidad, este seguirá estando presente en el proyecto por su propia lógica normativa. Según explicó, este principio se encuentra incorporado en la legislación de las policías, por lo que su omisión como definición específica no implica su ausencia en el texto. Asimismo, manifestó que la eliminación del principio de rendición de cuentas respondió a que se consideró reiterativo, ya que es inherente al ejercicio de la función pública.

Detalló la incorporación de deberes como el registro de episodios al hacer uso de la fuerza, la inclusión de la afectación de bienes como forma de agresión activa, la precisión sobre el uso de fuerza letal y la regulación del resguardo de infraestructura crítica, señalando que esta última requería, para su aplicación, la aprobación de la ley correspondiente.

Indicó que se incluyeron dos incisos sobre el uso de fuerza en infraestructura crítica, uno que reafirmaba las reglas generales y otro que permitía uso de fuerza letal para daños graves inminentes, siempre dentro del marco legal. También se establecieron remisiones expresas a los reglamentos RUF tanto para fuerzas armadas como de orden, con el objetivo de que se entendieran como un bloque normativo.

Recalcó la importancia de la habilitación de la autoridad civil para el uso de la fuerza, indicando que las fuerzas actuaban bajo sus instrucciones, conforme a situaciones reguladas como estados de excepción, protección de infraestructura crítica, fronteras y ley de votaciones populares.

Se aumentaron las reglas específicas de uso de la fuerza de tres a ocho para las fuerzas de orden y seguridad pública. En cuanto a las disposiciones finales, se modificó la regla de exención de responsabilidad penal trasladando el peso de la prueba al Ministerio Público, y se eliminó la regla de exención de responsabilidad civil por considerarse ambigua.

Se hizo explícita la aplicación de las reglas de uso de la fuerza a funcionarios policiales de franco, dado que, en la práctica, cuando estos intervenían con su arma, se entendía que actuaban en el ejercicio de la función pública y quedaban cubiertos por la seguridad social. Esta regla, ya vigente en la práctica, fue formalizada en el texto.

Se introdujo también una regla de prueba pericial que podía ser elaborada por las propias instituciones armadas o policiales, y se estableció una regla transitoria que aseguraba la vigencia de las normas reglamentarias actuales mientras no se dictaran los nuevos reglamentos.

Respecto a las supresiones u omisiones del Senado, se reiteró la eliminación del principio de proporcionalidad, aunque se sostuvo que este estaba implícito. Indicó que el principio de proporcionalidad debía distinguirse entre su uso como criterio de intervención y su uso en el contexto de la legítima defensa, siendo esta última la que abordaba la doctrina citada (Roxin). Añadió que, aunque se suprimiera la definición, seguía presente por referencia y deberes asociados.

Finalmente, se mencionó que se suprimieron algunas reglas operativas específicas, como la prohibición de fuerza contra personas reducidas y el deber de no apuntar armas no letales a la cabeza o parte superior del torso. También se eliminó la exigencia de peligro a la integridad física o vida para el uso de fuerza letal en protección de infraestructura crítica, aunque se precisó que dicha exigencia seguía siendo condición legal implícita. Se suprimió, asimismo, una regla referida a procedimientos especiales para grupos de especial protección, aunque el Ejecutivo aseguró que existían normas complementarias que seguían exigiendo su cumplimiento.

Concluyó señalando que las votaciones en el Senado fueron, en su mayoría, por abrumadora mayoría y muchas por unanimidad, lo que reflejaba el amplio respaldo al proyecto.

En respuesta, el ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero Vega, aclaró que en relación con la ley Naín-Retamal, el artículo diecinueve del proyecto actual recogía expresamente la regla aprobada en esa ley, particularmente el numeral sexto. Indicó que el Ejecutivo no había innovado en esta materia, respetando el criterio acordado en el Congreso en esa oportunidad, y que las normas del Código de Justicia Militar se entendían incorporadas por reenvío legal.

El ministro reconoció que durante la tramitación legislativa el Ejecutivo había perdido varias propuestas, tanto en sala como en comisión. Sostuvo que, si bien este no era el proyecto ideal para el Ejecutivo, existía consenso sobre la necesidad de establecer reglas legales sobre el uso de la fuerza, dada la falta de eficacia de normas contenidas en simples circulares o directrices internas. Explicó que dichas normas no eran oponibles a los jueces ni generaban certeza jurídica suficiente.

Respecto al uso de la fuerza para protección de bienes, aclaró que, si bien el uso potencialmente letal solo se justificaba ante una amenaza inminente a la vida, las demás formas de uso de la fuerza sí podían emplearse para proteger bienes y derechos. Recalcó que no debía confundirse las reglas de uso de la fuerza con las eximentes penales, ya que esta confusión podía desnaturalizar el propósito de las primeras.

Sobre las reglas vigentes, recordó que las reglas siete y ocho del artículo dieciséis eran las mismas contenidas en el DFL N°1 para zonas fronterizas, por lo que no se trataba de una creación arbitraria. Respecto a la distinción entre “objetivo legítimo” y “objetivo encomendado”, indicó que esa fue una decisión del Senado, pese a la oposición del Ejecutivo. Finalmente, distinguió entre el deber de registro y el de reportar, señalando que obedecían a circunstancias distintas: el primero como obligación de consignación, el segundo como obligación de informar.

El subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado, complementó lo expuesto por el ministro. Por intermedio de la presidenta, respondió la consulta del diputado Longton señalando que en el artículo 7º, sobre los grados de resistencia/agresión, no quedaba del todo claro el punto, y por ello lo explicitó en el numeral 4 sobre la agresión activa. Indicó que en la página 20, y pasando a la 21, se incorporó a continuación de la palabra "afectaciones" la expresión “o a bienes”, quedando redactado como “podría generar afectaciones a bienes o a la integridad física del personal”, lo cual —afirmó— se reiteraba en la regla de letalidad. Señaló que, aunque la redacción era algo confusa, tal como lo manifestó el ministro, la aplicación de las reglas de uso de la fuerza para la afectación eventual de bienes estaba reconocida en el proyecto. Añadió que, más allá de la opinión sostenida por el Ejecutivo durante la tramitación, esa redacción fue la que quedó establecida.

Asimismo, explicó —en respuesta al diputado Araya— que la regla sobre la tortura era muy breve y específica, sin invocación a tratados ni referencia a la infancia. Comentó que no se trataba de la versión leída por el diputado, sino de una muy reducida que únicamente indicaba lo que no era considerado tortura.

En relación con la consulta del diputado Schalper, afirmó que sí existían fallos en los que se utilizaron reglas infralegales de propiedad como fundamento de condenas. Indicó que podía hacer llegar el nombre del fallo correspondiente.

El ministro de Seguridad Pública, señor Eduardo Cordero, señaló que entendía que no había más preguntas. Indicó que había recopilado las preguntas de la sesión anterior y algunas que se reiteraron ese día. Manifestó que, en primer lugar, deseaba hacerse cargo de algunas respuestas que fueron formuladas por diputadas y diputados que no se encontraban presentes, pero que, por respeto al debate, igualmente asumiría.

Expresó que la diputada y el diputado habían hecho referencia a la posición del Ejecutivo, la cual —a su juicio— había sido clara tanto en la presentación realizada el día anterior como en las respuestas dadas a las preguntas formuladas, y lo seguiría siendo respecto a las nuevas preguntas planteadas. Precisó que el Ejecutivo tenía una postura definida sobre ese punto. Indicó que se podía estar o no de acuerdo con la forma en que se daban los diálogos, pero recalcó que la discusión propuesta por el Ejecutivo el día anterior consistía en que este proyecto debía abordarse desde una perspectiva jurídica, por las consecuencias que implicaba.

Señaló que ese era el contexto en el cual el Ejecutivo había hecho un resumen de la tramitación legislativa ocurrida en el Senado, con el objetivo de ser transparente respecto a las normas que fueron aprobadas, indicando que en varias de ellas el Ejecutivo fue abiertamente derrotado. Explicó que ello se debió, en parte, a que se logró una mayoría parlamentaria contraria a la posición del Ejecutivo, y también a que se optó por omitir ciertas reglas para mantener algún debate interpretativo.

A continuación, el ministro indicó que abordaría directamente algunas preguntas formuladas el día anterior, que permitían entender mejor la postura del Ejecutivo en ciertas discusiones. Precisó que había disposiciones del proyecto de ley que podrían ser objeto de comisión mixta, pero que lamentablemente algunos temas que incomodaban al Ejecutivo no fueron aprobados ni por la Cámara de Diputados ni por el Senado. Quiso dejarlo claro para transparentar la situación y, en ese marco, abordó la discusión sobre proporcionalidad, la cual —afirmó— no fue aprobada por ninguna de las dos cámaras, por lo que no cabía posibilidad de revisión mixta.

Reiteró que el Ejecutivo tenía una opinión sobre cómo afrontar el tema de la proporcionalidad, la cual ya había sido planteada el día anterior y que insistiría en mantener. Luego, abordó el contexto en que fue rechazada la norma sobre disparo al torso durante la tramitación en el Senado, señalando que esa norma fue promovida por el Ejecutivo y que tampoco cabía revisión mixta en ese caso. Aclaró que la no aprobación de esa disposición no implicaba una autorización para disparar al torso, y que el Ejecutivo había sido cuidadoso con el lenguaje empleado para evitar interpretaciones erradas, dado que las opiniones vertidas en el debate legislativo podrían ser citadas en futuros debates judiciales.

Posteriormente, abordó preguntas relativas a conceptos específicos como “seguridad pública interior”, señalando que ese término provenía del artículo 101 de la Constitución y que el proyecto se había limitado a usarlo tal como estaba referido en dicho texto. Explicó que la expresión “afectaciones de consideración” surgió durante el debate en el Senado, como alternativa para abordar la diferencia entre lesiones leves y graves, y que ese concepto se vinculaba al reglamento y a la ampliación normativa producida en esa instancia legislativa.

Detalló que, en el sistema institucional chileno, las normas podían referirse a ámbitos de regulación ya sea mediante nominación expresa en la ley o mediante incorporación por vía reglamentaria. Dio como ejemplo lo ocurrido con instrumentos financieros o con armas, incluyendo medios que podían incorporarse reglamentariamente como la luma, que, si bien no estaba nominalmente en la ley de armas, igualmente podía quedar regulada bajo el concepto de medio de fuerza.

Indicó que esa lógica dotaba de adaptabilidad a las reglas, para resguardar el uso de la fuerza y los medios aplicados. Subrayó que el Ejecutivo entendía el sentido correcto de la norma y que ese sentido era distinto al que se había planteado en algunas de las preguntas formuladas.

Sobre el objetivo del proyecto, enfatizó que se trataba de reglas de uso de la fuerza aplicables a la seguridad pública, interior y el orden público, y no estaba pensado exclusivamente para regular la función regular de las Fuerzas Armadas. Agregó que poner énfasis en la discusión castrense distorsionaba la finalidad del proyecto, que estaba pensado principalmente para el actuar de las fuerzas policiales.

Para ejemplificar, indicó que Carabineros de Chile había participado en 10.092.000 procedimientos en 2022, 10.588.000 en 2023 y 11.666.000 en 2024, lo que implicaba un promedio mensual de 972.000 procedimientos, 31.000 diarios y 22 procedimientos policiales por minuto. Sostuvo que esa era la dimensión del universo sobre el cual se pensaban las reglas de uso de la fuerza.

Reafirmó que las reglas que aplicaban a las Fuerzas Armadas lo hacían solo cuando estas participaban en labores de orden público, no en sus funciones regulares constitucionales.

En relación con el principio de legalidad, señaló que el diputado Schalper había hecho una crítica sobre la referencia a tratados internacionales ratificados por Chile. Explicó que dicha referencia no resolvía el debate sobre la jerarquía de los tratados, pero que dichos marcos habían sido incorporados como parte del principio de legalidad en múltiples leyes anteriores, tales como la ley N.ª 21.303, la ley de migración de 2021, la ley N.º 21.154 sobre prevención de la tortura, la ley N.ª 21.430 y la ley N.º 21.094, entre otras.

Por ello, afirmó que el proyecto no buscaba resolver el problema de jerarquía constitucional de los tratados, pero que aún si se suprimiera su mención, estos seguirían formando parte del bloque normativo aplicable.

Respecto a la expresión “peligro grave o inminente”, sostuvo que esta no era ambigua, sino una fórmula legal utilizada en el derecho chileno, presente en el artículo 10 N.º 7 del Código Penal y en leyes como la de infraestructura crítica (N.º 21.542), la ley antiterrorista, la que castiga la pornografía infantil, la que regula el servicio de biodiversidad, la superintendencia ambiental, y la responsabilidad penal adolescente.

Frente a la eliminación de menciones a grupos de especial protección, señaló que el Ejecutivo ya había explicado que esto respondía a un principio de autocontención normativa, y que su eliminación no suprimía la obligación general de atender a estos grupos, ya que diversas leyes vigentes así lo establecían. Citó como ejemplo la ley N.ª 21.150, la ley N.º 21.331 sobre salud mental, y la ley N.º 21.675 sobre violencia contra las mujeres.

Indicó que en esta última se contemplaban reglas especiales vinculadas a violencia institucional y a medidas de protección en seguridad pública, por lo cual el marco normativo general seguía plenamente vigente y aplicable, aun cuando no fuera citado en el proyecto.

Retomando el tema de proporcionalidad, insistió en que el Ejecutivo lamentaba su exclusión, la cual —a su juicio— afectaba la claridad del proyecto. Afirmó que, aunque no se mencionara expresamente, la proporcionalidad estaba regulada de forma implícita en disposiciones como el deber de planificación, de gradualidad y progresión, y los grados de uso de la fuerza. Añadió que el principio de proporcionalidad, aunque no nombrado expresamente en la Constitución, era claramente aplicable y utilizado por la jurisprudencia chilena.

En relación con la norma sobre armas no letales dirigidas al torso, reiteró que el Ejecutivo sostuvo que dicha norma era una regla indicativa de buena praxis y que su eliminación no equivalía a una autorización para disparar al torso. Agregó que las reglas vigentes ya contemplaban restricciones claras sobre ese punto.

Sobre infraestructura crítica, explicó que el Senado había decidido incorporar reglas de uso de la fuerza para esos casos, lo cual generó un extenso debate sobre si debía aplicarse la fuerza potencialmente letal y en qué condiciones. El Ejecutivo sostuvo que esa fuerza debía usarse únicamente cuando hubiese riesgo para la vida de las personas y para evitar daños graves e inminentes, y que dichos requisitos eran copulativos, dada la definición legal de fuerza potencialmente letal.

Indicó que, aunque la frase que reforzaba este criterio fue eliminada en la sala del Senado, el Ejecutivo seguía sosteniendo que esas condiciones debían cumplirse, y que ello derivaba inevitablemente del contenido mismo de la norma.

Finalmente, reiteró que el Ejecutivo seguía siendo partidario de la definición sobre el objetivo del proyecto aprobada originalmente por la Cámara de Diputados, y que la referencia reglamentaria a medios como la luma no buscaba debilitar la ley de armas, sino permitir la inclusión normativa de medios que, sin estar expresamente nombrados, requerían regulación en el uso de la fuerza.

A modo de cierre, señaló que había respondido también a las preguntas de la diputada Placencia sobre proporcionalidad, marco normativo aplicable a grupos vulnerables y el uso de armas no letales. Reafirmó que el Ejecutivo era partidario de perfeccionar las reglas mediante una eventual comisión mixta, para mantener reglas precisas, autocontenidas, y sin necesidad de recurrir a otras normas.

Concluyó insistiendo en que el proyecto de ley estaba principalmente destinado a las fuerzas de orden y seguridad pública, y no a las Fuerzas Armadas, salvo cuando estas cumplían funciones de orden público. Por esa razón, inició su intervención refiriéndose a la magnitud de los procedimientos policiales en los que serían aplicables estas reglas.

Mencionó que quedaban dos preguntas sin responder. Una era en relación con el deber de identificación "sin detrimento propio", expresión que utilizaba el Código Penal, y que se refería a procedimientos donde debía resguardarse la integridad personal. Aclaró que no era la regla general, pero estaba pensada en ciertos casos. La segunda pregunta, según dijo, también era relevante, pues aludía a las normas sobre personas arrestadas o detenidas. Recordó que, durante la discusión en el Senado, tanto en comisión como en sala, el Ejecutivo tuvo la principal preocupación de que las reglas sobre uso de la fuerza no constituyeran excepciones a las normas del Código Penal sobre tortura y apremios ilegítimos. Por ello, se buscó evitar cualquier interpretación que llevara a esa conclusión, dejando claro que, si se cometía abuso respecto a una persona inmovilizada, seguían rigiendo las disposiciones penales vigentes. Señaló que esa era la interpretación que el Ejecutivo planteó en el debate en la sala del Senado.

El ministro de Seguridad Pública respondió que el Ejecutivo se había planteado ante la Comisión entendiendo que el debate era jurídico, aunque con connotaciones políticas, y que su intervención debía centrarse en el derecho. Expresó que su rol era argumentar jurídicamente porque los conceptos legales eran fundamentales. Indicó que los juicios realizados por los diputados se hacían como si el texto legislativo proviniera de una única fuente, lo cual no era así. Afirmó que el texto aprobado contenía inconsistencias producto del proceso de votaciones separadas, como ocurrió con la regla 5 sobre Fuerzas Armadas y el artículo 13. Explicó que al haberse pedido la supresión del artículo 13 pero no de la regla 5, se generaban esas incongruencias. Mencionó también que, aunque se eliminaron normas expresas sobre grupos de especial protección, igualmente quedaron disposiciones relativas al deber de protección de niños, niñas y adolescentes, lo cual reflejaba una falta de coherencia normativa. Confirmó que estas inconsistencias no obedecían al Ejecutivo y reiteró que el Ejecutivo deseaba que fueran corregidas en comisión mixta.

El ministro afirmó que había sido claro al señalar que el texto tenía inconsistencias, y que el propósito común, pese a las diferencias políticas, era dotar de certeza jurídica a las fuerzas de orden y seguridad pública. Indicó que la existencia o no de una referencia explícita a la tortura no modificaba las disposiciones del Código Penal sobre la materia. Añadió que se buscó evitar interpretaciones extensivas que pudieran invalidar el debate en torno a la ley Nain-Retamal, motivo por el cual se incluyó una eximente en el artículo 10 N°6. Justificó que la referencia al Código de Justicia Militar se hiciera por vía indirecta, precisamente para evitar errores interpretativos. Finalmente, aludió a la inquietud del diputado Araya sobre la planificación de los despliegues operativos, aclarando que no existía despliegue sin planificación, y que esta se encontraba normada. Señaló que incluso sin la disposición específica, el deber de planificación ya regía como principio general para las policías.

III. VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS.

La Comisión acordó votar en forma conjunta las enmiendas, sin que ello obste a la posibilidad de pedir, en la Sala, su votación separada.

A continuación, cada uno de los diputados que participaron en la votación, procedió a votar, aprobando o rechazando las enmiendas introducidas por el Senado.

Las diputadas señoras Fries, Naveillan, Orsini y Placencia, y los diputados señores Araya, don Jaime; Jouannet; Leal; Leiva; Rey y Schalper votaron abstención, y el diputado señor Araya, don Cristián, voto en contra. De tal forma que la Comisión propone el rechazo de las enmiendas introducidas por el Senado.

La diputada señora Gloria Naveillan y los diputados señores Cristián Araya y Diego Schalper fundamentaron sus votos:

IV. DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó como diputada informante a la señora Gloria Naveillan Arriagada.

SALA DE LA COMISIÓN, a 6 de mayo de 2025.

Mario Arturo Rebolledo Coddou

Abogado Secretario de la Comisión