Labor Parlamentaria

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión el oficio de su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, número 21º, párrafos quinto y final, y en la disposición quincuagésima tercera transitoria de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Congreso Nacional en orden a prorrogar la vigencia de la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejerzan las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para el resguardo de las áreas de zonas fronterizas en la regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, según se dispuso en el decreto supremo N° 78, de 24 de febrero de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que ha sido prorrogado en ocho oportunidades, la última de las cuales fue mediante el decreto supremo N° 50, de 11 de febrero de 2025, del mismo ministerio, por el plazo adicional de noventa días a contar del vencimiento del período previsto en el citado decreto supremo N° 50, asunto correspondiente al boletín N° S 2.623-14.

--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.623-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Para los señalados efectos, el Ejecutivo expone que en los últimos años ha habido un aumento de los flujos migratorios hacia Chile, que ha incidido en la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados en varios lugares de la extensa frontera de nuestro país. Tal situación, agrega, ha afectado especialmente la calidad de vida de los habitantes de las comunidades impactadas por estos nuevos flujos migratorios irregulares.

Atendido lo anterior, indica, se ha buscado contar con los mecanismos necesarios para mejorar la vigilancia de las fronteras, para asegurar un adecuado control migratorio en Chile, que permita, por un lado, controlar los niveles de migración y cumplir los requisitos exigidos para ella, y, por otro, proteger la vida, la integridad física y la seguridad de quienes ingresen a nuestro país y de los habitantes de esas áreas.

Para tales fines, puntualiza, entre otras medidas, se ha estimado necesario que en determinadas áreas de zonas fronterizas se adopten formas de resguardos adicionales; por lo mismo, mediante el citado decreto supremo N° 78, se dispuso por el término de noventa días el ejercicio de las facultades establecidas en el decreto con fuerza ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el propósito de contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas zonas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.

Dicha medida fue prorrogada por medio de los decretos supremos N° 139, de 24 de mayo de 2023; Nº 220, de 22 de agosto de 2023; Nº 338, de 20 de noviembre de 2023; Nº 114, de 16 de febrero de 2024; Nº 182, de 17 de mayo de 2024; Nº 273, de 16 de agosto de 2024; Nº 364, de 14 de noviembre de 2024, y Nº 50, de 11 de febrero de 2024, todos del señalado ministerio, y en cada oportunidad por el plazo de noventa días contados desde la publicación de los mencionados decretos supremos en el Diario Oficial.

Lo anterior, añade el Ejecutivo , ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, teniendo positivos efectos en la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados.

En particular, ha permitido aprovechar los recursos logísticos, tecnológicos y humanos que poseen diferentes instituciones del Estado, de manera sinérgica, alcanzando un mejor control territorial.

Sin embargo, agrega, a pesar de dichas medidas, las situaciones de peligro grave o inminente que motivaron la dictación del decreto supremo N° 78 aún subsisten.

Adicionalmente, el resguardo de determinadas áreas de las zonas fronterizas, dispuesto por el citado decreto supremo N° 78 en su última prórroga, culmina el próximo 13 de mayo de 2025, por lo que, en consideración a las circunstancias y antecedentes previamente invocados, el Ejecutivo propone su nueva prórroga.

Por consiguiente, mediante el oficio en actual trámite, se solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del decreto supremo N° 78, de 2023, ya mencionado, por un plazo adicional de noventa días a contar del vencimiento del período previsto en el citado decreto supremo N° 50.

Sobre la materia, cabe señalar que, de acuerdo a lo previsto en el párrafo primero, numeral 21º, del artículo 32 de la Carta Fundamental, es una atribución especial del Presidente de la República disponer "que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto". Y en su párrafo quinto establece que esta medida no podrá extenderse por más de noventa días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarla por iguales períodos con acuerdo del Congreso Nacional, mientras persista el peligro grave o inminente que dio lugar a su ejercicio.

Por su parte, el párrafo final del mismo numeral 21º dispone que esta atribución especial también se podrá utilizar para el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país.

Finalmente, cabe mencionar que, junto a la solicitud en referencia, y de conformidad con lo establecido en los citados párrafos quinto y final del número 21º del artículo 32 de la Constitución Política, el Primer Mandatario ha informado acerca de las últimas medidas adoptadas en el marco del resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país.

Es todo, señor Presidente.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Vamos a concurrir, una vez más, con nuestro voto para prorrogar la vigencia de la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad ejerzan las facultades establecidas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el resguardo de las zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto supremo N° 78, de 2023.

Solo quiero decirles al Gobierno y al ministro del Interior, a través de usted, Presidenta, que en cada sesión que discutimos esto yo he planteado lo mismo.

Hace más de dos años, en enero de 2023, presentamos un proyecto de reforma constitucional para reponer el control fronterizo terrestre en manos de nuestro Ejército. Y esa reforma -antes de que se vaya, ministro- no ha sido respaldada por el Ejecutivo hasta la fecha. Usted, Presidenta, es una de las firmantes; el senador Walker es otro.

Y lo más grave es que quien fuera ministra del Interior no compartió esa propuesta.

Sin embargo, en su programa de gobierno como candidata a la Presidencia de la República, fíjese que viene ese tema como una propuesta en materia de seguridad. O sea, a la ministra no le gustaba, pero a la candidata le parece.

Creo que estas son las situaciones que al final cansan a la ciudadanía, porque cuando se tiene la posibilidad de ejercer el poder no se recogen los planteamientos que hace el Parlamento y duermen el sueño de los justos, ya que el Ejecutivo les va poniendo urgencia a las cosas que sí le parece que la requieren.

Por eso, Presidenta , en virtud de que la candidata hoy día sí lo recoge como un tema relevante y esto está planteado hace dos años y algo en la Comisión de Constitución, le pido al Ejecutivo que le ponga urgencia al proyecto que presentamos y, si no lo hace, ustedes como miembros de la Comisión lo sometan a debate y lo aprueben.

Vamos, nuevamente, a dar nuestro respaldo a la solicitud del Ejecutivo, pero hacemos presente nuestro reclamo, fundado además en que la propia candidata del Ejecutivo, o de parte de él al menos, está planteando este tema como propuesta de gobierno.

Gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER ( Presidenta accidental ).-

A usted, senadora.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidenta .

Saludo al señor ministro del Interior y a la señora subsecretaria de Hacienda.

La prórroga de la vigencia de la medida que permite a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública permanecer en las áreas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, de Iquique y de Antofagasta, y que es sometida a nuestro acuerdo, constituye una oportunidad para reflexionar y visibilizar el estado de los problemas que la inmigración irregular trae a nuestro país y que, lamentablemente, señor ministro , continúan.

En primer término, debo hacer presente que el convenio para la reconducción de migrantes que traspasan nuestra frontera con Bolivia de forma irregular es un completo misterio, y a esta altura creo que no tiene ningún efecto.

He solicitado por todos los canales regulares posibles la entrega de una copia de ese documento a la Comisión de Seguridad del Senado y a mí como senador. Sin embargo, después de muchas vueltas, se me ha informado que posee el carácter de reservado, dadas las materias que contiene.

Me parece evidente que este Senado, como órgano legislativo, llamado a dar su acuerdo para esta prórroga, debe conocer el contenido de ese convenio, por un criterio mínimo de transparencia. De lo contrario, al igual que el acuerdo que en su momento firmó el exsubsecretario Monsalve con Venezuela, constituyen documentos que comprometen las políticas públicas de Chile y que nos afectan en temas tan sensibles como la inmigración irregular y la continua presencia de bandas criminales en nuestro país.

Como no conocemos el tenor del acuerdo con Bolivia, debo manifestar mi preocupación respecto de algunos aspectos que él mismo contendría y que han sido objeto de filtraciones de prensa en el vecino país.

Al parecer, existiría un horario para la reconducción de migrantes a Bolivia, que se limitaría a dos horas, solo por las mañanas y que estaría determinado por las autoridades bolivianas. De ser efectivo este tiempo de dos horas, es claro que la operatividad de la reconducción se hace muy compleja, sobre todo, considerando la decisión de desmantelar los centros de acogida a los migrantes en la frontera.

Por otra parte, se le impone a nuestro país la obligación de demostrar que ese inmigrante irregular realmente proviene de Bolivia, que no se encuentra paseando por la frontera. Y esta circunstancia se tiene que probar con algún documento, papel o antecedente que haga presumir que viene de Bolivia. Es decir, no basta con que el inmigrante sea sorprendido y que no pueda acreditar que ingresó regularmente, sino que además deberíamos probar ante las autoridades bolivianas en frontera que esa persona viene de Bolivia.

Esto, de ser cierto, usted comprenderá, señor ministro , es ridículo y debe ser aclarado.

Llama la atención, como lo denuncié públicamente, que apenas suscrito el secreto convenio en la ciudad de La Paz, se realice propaganda pública ofreciendo traslados, visas y residencias en Chile.

Al respecto, pedí, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la intervención del cónsul general de Chile en Bolivia para que se realicen acciones contra este verdadero negocio de inmigración a nuestro país. Pero, una vez más, ni a Relaciones Exteriores ni a nadie le importa nada.

Por otra parte, se eliminaron las visas diplomáticas oficiales entre Chile y Bolivia. Y continuamos sin relaciones diplomáticas.

Adicionalmente, Chile se ha obligado a homologar las licencias de conducir que se otorgan en Bolivia, sin considerar las exigencias que pone ese país en ese procedimiento y los criterios de evaluación y seguridad involucrados. Como se sabe, allí se otorgan a partir de los dieciséis años.

Todos estos aspectos se podrían aclarar si no existiese ese secretismo respecto del convenio con Bolivia, y, sin duda, si no tuviéramos la más absoluta incertidumbre sobre el convenio que el exsubsecretario Monsalve suscribió con Venezuela.

Me parece que un llamado a la transparencia de dichos acuerdos nos compromete a todos. ¡Eso es absolutamente necesario!

Paralelamente, de acuerdo con las cifras del Servicio Nacional de Migraciones, durante el año 2024 más de veintidós mil doscientas personas ingresaron irregularmente por pasos no habilitados a Chile, es decir, un promedio aproximado de más de sesenta personas diarias y mil ochocientas por mes.

Esta cifra, que obviamente corresponde a los ingresos que han sido detectados, demuestra por sí sola el verdadero fracaso de este Gobierno en el control de la inmigración irregular.

Voto a favor, pero la verdad es que...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo)

La señora EBENSPERGER ( Presidenta accidental ).-

Gracias, senador Durana.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidenta .

Da gusto verla nuevamente ahí en la testera.

Señora Presidenta , por su intermedio, deseo saludar al ministro del Interior , hoy solo ministro político encargado del Ministerio que tiene que preocuparse de la Seguridad Interior; y también, a la subsecretaria de Hacienda , porque mi intervención la centraré en asuntos políticos y económicos.

Lo primero es definir de quién es la frontera. Ese es el tema de fondo.

De acuerdo con la orgánica, el reglamento y la ley, es Carabineros de Chile quien tiene la custodia de la frontera. Cuenta con un organismo especializado, ¡pero no tiene gente!, ¡no tiene cuarteles!, ¡no tiene medios!

Entonces, necesitamos determinar qué nos falta.

Después, cabe preguntar quién está a cargo del paso fronterizo. Porque hoy concurren varios ministerios: el nuevo Ministerio de Seguridad, con Carabineros y la Policía de Investigaciones para lo que es migración; el Ministerio de Hacienda, con Aduanas; y el Ministerio de Agricultura, con el SAG.

Bueno, no existe coordinación; hay un problema. Y para la gente que quiere entrar regularmente, tenemos las filas de espera más largas y nuestro comercio internacional detenido.

Pero en el resto de la frontera, donde la gente cruza, donde no hay ningún control, no tenemos nada.

Y aquí viene, entonces, el costo.

¿Cuál es el costo de vigilar y actuar sobre esa frontera?

Y la segunda pregunta es ¿quién va a pagar? Porque todo lo que se habla de números, de cantidades, representa un costo altísimo.

¿Qué costo está teniendo hoy para las Fuerzas Armadas usar los recursos o capacidades estratégicas, que estaban diseñados para un ritmo de operación distinto al que se está usando actualmente? Porque hoy los camiones se utilizan todos los días, todas las personas se despliegan, las tenidas y los uniformes se están empleando todos los días, los víveres se están consumiendo porque están desplegados. Y a esas Fuerzas Armadas se les recortaron todos los presupuestos de este año.

Y aquí tenemos nuestra primera brecha con la realidad.

Por eso, señora Presidenta -no está presente el presidente de la Comisión de Defensa-, quiero solicitar una sesión en donde podamos tratar estos temas, para entrar al detalle y ver los costos reales que está teniendo: ¿qué se dejó de hacer?, ¿qué tanque no se puede tripular o mantener porque los efectivos están en otra tarea?

Esta historia es de larga data. Esto no parte con la reforma constitucional; parte con un decreto, el N° 265, promulgado el 9 de julio del 2019, y publicado en el Diario Oficial el 13 de agosto del 2019.

Yo solamente quiero leer el artículo primero (me salto los considerandos):

"Autorízase la colaboración de la Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales competentes para actuar en relación a actividades que se vinculen al tráfico ilícito de migrantes, y al narcotráfico y crimen organizado transnacional, en el marco de las facultades que la Constitución y la ley les otorguen, en zonas fronterizas del territorio nacional".

O sea, esto viene de un decreto, que se lleva posteriormente a una reforma constitucional.

¿Qué problema tenemos? Que hoy la demanda es total.

Ya lo he señalado, señora Presidenta -por su intermedio, al ministro del Interior -, que estas cosas deberían ser excepcionales, por ejemplo, los estados de excepción; pero se han convertido en lo que se está usando permanentemente.

Y también, en el resguardo fronterizo, seguimos usando un sistema con una cadena de mando que no obedece a la organización militar defensiva en el norte.

Y esto, señora Presidenta, requiere de una modificación a la Ley del Ministerio de Defensa Nacional.

Señor ministro del Interior , el tema de fondo es estructura, sistema de mando y control, capacidades y medios, así como una forma distinta de enfrentar el problema de la frontera: se tiene que partir desde el Caribe hacia abajo, viendo todos estos procesos, levantando información, levantando inteligencia, tomando decisiones y buscando medios para evitar que esas personas lleguen o el crimen organizado se instale con sucursales en nuestro país.

El problema es más grande.

Necesitamos, entonces, señora Presidenta, tomar este tema, pero no con el acuerdo político solamente de los cambios estructurales, sino viendo cómo se va a financiar.

Hoy los presupuestos que están y que se discuten, por ejemplo, para capacidad estratégica en el primer semestre, no consideran nada de lo que se está usando, desgastando. Y no existe forma de mantener ese potencial bélico.

Ese es el riesgo que se está enfrentando cuando se toman estas decisiones y no se evalúan los costos.

Votaré a favor, pero pido esa reunión lo antes posible.

Gracias, señor Presidente.

El señor LAGOS (Vicepresidente).-

Muchas gracias, senador.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Yo voy a hablar de la región de Tarapacá y lo que uno observa que pasa en la frontera, en Colchane, más allá de lo que puedan decir las autoridades a más de 2 mil kilómetros de distancia.

Primero, no es que mezcle proyectos, pero la situación de seguridad producto de lo que pasa en la frontera, de estos ingresos clandestinos desmedidos, donde un porcentaje importante es del crimen organizado, del narcotráfico, hace urgente contar con las RUF. Y a mí me parece una muy mala señal que hoy día el ministro Cordero le haya quitado la urgencia a esa iniciativa.

Si la Cámara no entiende, vota en contra, no sé qué, bueno, vamos a la mixta y resolvamos el tema. Pero sigamos avanzando con celeridad. Ya esperaron mucho tiempo. ¿Para qué legislamos? ¡Es para tener certezas jurídicas!

Entonces, yo lo que le pido al Ejecutivo es que avancemos rápidamente en este proyecto.

En segundo lugar, Presidente , en relación con esta renovación, por cierto que voy a dar mi aprobación, pero también es importante que las Fuerzas Armadas ubicadas en la frontera sean un poco más que solo anfitriones de los migrantes ilegales. Porque cuando ingresan no pueden revisarlos, salvo que haya indicios de aquello que describe el Código de Procedimiento Penal -es difícil de probar-: la comisión de un delito. Por tanto, finalmente, hoy día no tienen ninguna facultad; son anfitriones. Los reciben, los entregan a la PDI. ¿Qué hace la PDI? Esto lo he dicho tantas veces: les hace -o les hacía- el control biométrico; les dan alojamiento por tres o cuatro días; les proporcionan alimentación, tres comidas diarias, y luego les ayudan a buscar trabajo, cosa que está prohibida por la Ley de Migración y hay sanciones para los empleadores que les dan trabajo a migrantes.

Pero hoy día el Gobierno, a través del director nacional de Migraciones , señor Luis Thayer , fomenta el empleo, lo mismo que hacía, y aquí lo dijo en varias oportunidades, la exministra Tohá . Y luego dicen: "Vamos a regularizar a todos los del control biométrico, 182.000 personas".

¿Cuál es el desincentivo, Presidente , para que sigan ingresando? ¡Si solo tienen privilegios! Y, finalmente, no hay ninguna consecuencia; más encima, van a obtener la regularización. ¡Por cierto que eso es impresentable!

Además, los números, Presidente , son raros. Un tiempo atrás vimos que el director nacional de Migraciones sacó una estadística, dijo que había 1.900.000 migrantes en Chile y que, de esos, 330 mil eran clandestinos. Eso es lo que él señala, pero la cantidad debe de ser mayor por la cifra negra. Hace poco vimos los datos del Censo, que dice que hay 1.600.000, pero tampoco distingue -no se hizo la consulta cuando se censó- cuál es su calidad. Hay 300 mil migrantes de diferencia entre las cifras que da el Censo y las que entrega el director nacional de Migraciones .

Se aprobó este acuerdo con Bolivia -yo también he tratado de pedirlo- y luego el Protocolo. Se ha solicitado conocerlo, no nos han entregado copia. Sí hemos podido tener acceso, al menos a parte de él, por publicaciones que se han hecho en Bolivia.

Presidente, si me da un minuto más para terminar se lo agradecería.

Por ejemplo, en un número 10, se dice que una de las condiciones para efectuar reconducciones es que se abra en el puerto de Iquique una oficina de Bolivia en virtud del Tratado de 1904. Iquique tiene un puerto colapsado que carece de lugar para ello, y, sin embargo, el Gobierno, al parecer, la entregó.

En Tarapacá también nos señala el Censo que el 23 por ciento -a diferencia del promedio nacional que bordea el 8- de la población es migrante.

Presidente , le digo al Gobierno que no puede naturalizar el ingreso ilegal al país...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... Presidente , cómo puede integrarse bien un extranjero a nuestra sociedad si el mensaje que el Ejecutivo manda es que violar la ley no tiene consecuencias. Peor aún, se castiga al que hizo un ingreso legal por sobre al que entró clandestinamente.

Hace un par de semanas atrás, murió Maximiliana Amaro Mamani , la jach'a mama de la localidad de Quebe. Ella tenía 85 años, era la guardiana de los saberes del pueblo aimara. Además, hace un tiempo -yo no sé si el ministro del Interior lo sabe, si habrá llamado a la familia-, uno o dos años, había ya denunciado que la habían amenazado con revólver. Luego...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... denunció robos y, finalmente, hace un par de semanas la asesinaron brutalmente.

Hemos escuchado a su hija, que reclama justicia y que, además, cuenta cómo la señora Maximiliana , de 85 años, tenía su casa abierta para alimentar a los migrantes clandestinos que iban con niños porque le daba pena, y terminó siendo asesinada.

No hay resguardo alguno para la población de la comuna de Colchane y sus poblados alrededor.

Seguir - Presidente , con esto sí termino- prometiendo visas a todo el que llega es un error, una irresponsabilidad ideológica ...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... o un falso buenismo.

He dicho.

Gracias.

El señor INSULZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Yo, en primer lugar, voy a votar a favor, desde luego, esta prórroga, que se origina en realidad hace ya un par de años en una petición permanente de mi parte de que se desplazaran tropas a la frontera. Eso al principio no fue recibido con mucha simpatía, pero finalmente con la visita de la ministra del Interior se acogió. Supongo que la senadora se refería a alguna otra candidata, porque en realidad esa ministra del Interior fue la que, viendo la situación en Arica de manera directa, pidió el artículo transitorio de la Constitución que está ahí, y que es lo que permite el desplazamiento de fuerzas militares en la frontera.

El argumento que usaba yo era muy simple, consistía en decir: "Sí, es cierto que está a cargo de Carabineros, pero cuando hay problemas, cuando hay una cierta amenaza al territorio nacional, si es marítima la asume la Marina, si es aérea, la Fuerza Aérea; entonces, no entiendo por qué en este caso los militares no puedan estar desplegados en la frontera". Y así ha ocurrido, y ha funcionado bien, hasta el punto de que hoy día, cuando se habla mucho, en alguna prensa, de una cantidad de pasos ilegales en la frontera -me refiero a Arica y Parinacota, no, por cierto, a Tarapacá-, en realidad, la preocupación de los habitantes de esa zona es más bien el problema de la mosca de la fruta y del contrabando. No hemos tenido grandes dificultades en los pasos fronterizos en los últimos meses, porque la cosa está bien custodiada por militares y, además, muy conformes con lo que están haciendo; no se les ve disgustados ni preguntando cómo van a pagar su despliegue. Han cumplido con su deber, y yo los felicito por eso.

Ese es el primer punto que quería aclarar. Que no se diga que fue una candidata que antes hacía una cosa y después hace otra, ¡porque fue ella la que llevó a las tropas a la frontera, pues! Así que para qué nos contamos cuentos entre nosotros y se dicen cosas que son completamente falsas. Eso no lo entiendo.

Para terminar, Presidente, un comentario respecto a lo que están diciendo nuestros colegas. Me parece fantástico que las mismas personas, en las mismas sesiones, afirmen querer impedir que los extranjeros entren a Chile, tratar de que no entre ninguno, y, al mismo tiempo, les quieren ofrecer derecho a voto y cobrarles multa por no votar, pues. Esa parte parece un poquito irracional, con todo respeto: ¡completamente irracional!

La señora EBENSPERGER .-

¡Irregulares e ilegales!

El señor INSULZA.-

¡No! ¡Pero ustedes quieren regularizarlos votando!

¿Les parece poco la forma de regularizarlos?

En todo caso, Presidente , yo diría que la próxima vez sería mejor que estableceríamos la prórroga por un período definitivo: hasta después de las elecciones. Porque la verdad es que este asunto se usa estrictamente con fines electorales.

Aquí se han dicho cosas completamente falsas. La frontera en la región de Arica y Parinacota, y puedo decirlo, está todo lo resguardada que se puede. En una frontera de mil kilómetros de largo difícilmente se va a impedir que alguien entre de forma clandestina; pero ello se ha reducido sustantivamente, y las Fuerzas Armadas están cumpliendo su deber como tienen que hacerlo.

Así que, muy satisfecho, voto a favor.

Muchas gracias, Presidente .

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

A usted, senador.

--Se aprueba la prórroga de la vigencia de la medida de resguardo de zonas fronterizas por parte de las Fuerzas Armadas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta (29 votos a favor).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Pascual, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro Prieto, Coloma, De Rementería, De Urresti, Durana, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, García, Insulza, Keitel, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Mesa se registran cuatro pareos.

Asimismo, se deja constancia de la intención de voto favorable de la senadora señora Campillai.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece multas para los electores que no sufraguen en elecciones y plebiscitos, iniciativa correspondiente al boletín N° 17.000-06.

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 17.000-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Este proyecto fue aprobado en general en sesión de 14 de enero de 2025 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos del proyecto de ley que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde dar por aprobado el inciso primero del artículo único de la iniciativa, el cual no fue objeto de modificación en el segundo informe de la mencionada instancia, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador solicite su discusión y votación. Dicha disposición requiere 26 votos favorables para su aprobación por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

La referida comisión, además, efectuó diversas modificaciones al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o que existieren indicaciones renovadas. Las señaladas enmiendas requieren 26 votos favorables para su aprobación por corresponder a normas de carácter orgánico constitucional.

Sus señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y el texto que quedaría de aprobarse tales modificaciones.

Cabe hacer presente que, en su momento, el senador señor Juan Ignacio Latorre solicitó segunda discusión respecto de este proyecto, lo que se puede ratificar ahora, una vez que se ha entrado a este debate. De ser así, correspondería hacer la primera discusión en esta sesión.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Es solo una cuestión de reglamento.

En tanto esta es la primera discusión respecto de este proyecto, quiero consultar lo siguiente: las solicitudes de votación separada, la renovación de indicaciones o lo que sea se deben presentar en la segunda discusión, cuando se vote, ¿cierto?

(El señor Presidente del Senado asiente con la cabeza).

Pregunto esto solo para mayor claridad.

Gracias.

La señora VODANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Cumplo con dar cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los senadores señoras Ebensperger y Rincón y señores Ossandón y Walker , que establece multas para los electores que no sufraguen en elecciones y plebiscitos, correspondiente al boletín N° 17.000-06.

El propósito de esta iniciativa es dictar la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 15 de la Carta Fundamental, fijando la multa por el incumplimiento del deber de votar, los electores exentos y el procedimiento aplicable.

Cabe señalar que esta iniciativa fue aprobada en general en la Comisión por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señora Ebensperger y señores Espinoza , Ossandón y Velásquez , y la Sala la despachó en general por 30 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.

No voy a hacer referencia a la importancia de contar con una consecuencia jurídica para quienes injustificadamente omiten votar en elecciones y plebiscitos que hoy son obligatorios, porque esta materia ya fue tratada en el primer informe.

Con ocasión del segundo informe se presentaron dieciséis indicaciones por parte del Ejecutivo y de los senadores.

Como se consigna en el segundo informe, por unanimidad se aprobó la indicación del Ejecutivo que agrega entre los exceptuados del deber de votar a quienes se encuentren incorporados en el padrón electoral del extranjero.

Asimismo, se aprobó exceptuar a quienes, estando habilitados para ejercer su derecho a sufragio, el día de la elección o plebiscito se encuentren sometidos a cualquier medida privativa de libertad durante el horario de la votación y siempre que en el establecimiento penitenciario correspondiente no se haya habilitado una mesa de votación.

De esta manera, quedarán excepcionados de votar las dos categorías de personas ya referidas, las personas que se encuentren enfermas, que estén a más de 200 kilómetros de su lugar de votación o que sufran de un impedimento grave a criterio del juez de policía local respectivo.

Aunque se obliga al director del Servel a efectuar las denuncias correspondientes, se autoriza la celebración de convenios con la PDI para los efectos de omitirlas con respecto a quienes se encuentren fuera del país.

De igual forma, se aprobó la posibilidad de que el juez eleve la multa al doble en caso de reincidencia, entendiendo que la hay cuando no se hubiera votado en dos elecciones consecutivas. Además, se aprobó la indicación del Ejecutivo que facilita el pago de las multas, incluyendo la posibilidad de pago anticipado con descuento de 25 por ciento.

Las modificaciones propuestas por la Comisión se aprobaron todas unánimemente.

Fue rechazada por la unanimidad de los senadores una indicación del Ejecutivo que dejaba la multa en 0,5 UTM en todo caso, a diferencia de la norma propuesta, que va de dicho monto a 5 UTM.

En cuanto a las indicaciones rechazadas por mayoría de votos, ellas dicen relación con agregar a la multa la suspensión de la licencia de conducir hasta por seis meses (4 votos contra 1); el aumento de la distancia del local de votación requerida para quedar exento de la sanción de 200 a 300 kilómetros (3 votos contra 2); y la entrega al Servel del listado del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros desplegado para el control de la seguridad pública durante el acto de votación, ya que se trata de una información sensible para el Estado.

Por último, hay tres indicaciones del Ejecutivo que fueron declaradas inadmisibles por el entonces presidente de la Comisión , senador Ossandón , por ser contrarias a las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 69 de la Constitución Política de la República, que versaban sobre las elecciones en que podían votar extranjeros y los requisitos que debían cumplir para ello, así como una referida a la accesibilidad de locales de votación.

De acuerdo con lo señalado precedentemente, la Comisión solicita a la Sala la aprobación de las enmiendas propuestas al proyecto, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

Gracias, Presidente .

La señora EBENSPERGER.-

Está bien, Presidente.

Gracias.

Este Congreso ya hace un par de años cambió la naturaleza del voto, y pasamos del voto voluntario al voto obligatorio. El fundamento para ello fue la participación, pues estaban siendo elegidas las autoridades en las distintas elecciones populares (comunales, regionales, nacionales, etcétera) con una participación que se alejaba de la representatividad necesaria que todos quisiéramos que tuvieran. Por eso se tomó la decisión de volver al voto obligatorio.

¿Y qué falta? Falta modificar la ley para establecer la sanción vinculada con el voto obligatorio. Porque coincidirán conmigo los señores parlamentarios que voto obligatorio sin sanción en la práctica es voto voluntario. Y eso no lo podemos permitir, pues ya hubo una decisión al respecto, a menos que democráticamente hoy día haya otra mayoría que plantee volver al voto voluntario.

Pero mientras ello no ocurra, nuestra obligación es ponerle sanción. Y este proyecto lo único que hace es establecer esa sanción. Era así de simple.

Paralelamente, Presidente, cuando la iniciativa se vio la vez anterior en este Senado, se armó toda una discusión acerca de si los extranjeros deberían votar o no.

Yo estoy abierta a dar ese debate y siempre lo he estado. De hecho, lo perdí en la discusión de la ley migratoria el año 2020. Yo había propuesto en la Comisión de Gobierno que el extranjero pudiera votar solo si tenía al menos cinco años de residencia definitiva.

Y la mayoría, ¡y la mayoría! de este Senado -la oposición en ese entonces, junto con el senador Kast-, apoyó que cualquier extranjero podía votar si tenía cinco años de residencia, sin distinguir si era residencia transitoria o definitiva.

Reitero mi postura, en relación con lo señalado en el proyecto anterior por el senador Insulza , que a mí me pareció que fue tergiversar los hechos. No está nada más lejos, ¡nada más lejos! de mi posición el querer entregar ¡un solo privilegio a la migración irregular!

Y no estoy en esa posición ahora porque tenga en vista una reelección o porque sea bueno políticamente. Era senadora oficialista cuando comenzó a tratarse esta materia y desde entonces he hecho esta crítica en esta sala, ante los medios de comunicación nacional y en mi región.

Así como yo critico fuertemente a este Gobierno, también lo hice en la Administración del Presidente Piñera, y dije públicamente en su momento que al menos en Tarapacá en materia de seguridad y migración había fracasado. Porque cuando se trata de mi región yo no utilizo temas populistas para caer bien. Digo la verdad de frente porque busco lo mejor para mi región y, por cierto, en general también en la legislación.

Presidente, que aquí se diga que queremos darles un privilegio a los migrantes clandestinos para que puedan votar es mentirle a la ciudadanía.

Lo que yo estoy dispuesta a discutir es que el extranjero tenga derecho a voto, pero que los requisitos para ello sean mucho mayores a los que hoy existen. Mi región y la del senador Insulza , que fue quien señaló lo anterior, han sido históricamente multiculturales.

Los usuarios de Zona Franca no llevan dos años, sino más de cuarenta años siendo residentes definitivos en la región. Se han integrado a la comunidad. ¿Por qué hoy yo tendría que negarles el voto? Pueden ser mucho más iquiqueños que otros habitantes de la zona.

Lo único que yo digo es que ¡no confundan a la ciudadanía! El querer que los extranjeros ¡regulares! que cumplen los requisitos puedan votar no es lo mismo que señalar: "quieren darles privilegios a los ilegales". ¡Jamás! habrá un voto mío para darle un privilegio a un migrante que ha ingresado ilegalmente a nuestro país.

Creo que eso hay que desincentivarlo, y eso se hace precisamente al no entregar privilegio alguno.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

--El proyecto queda para segunda discusión en particular.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas y modifica las normas que indica (boletín N° 17.368-05).

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 17.368-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión del 16 de abril de 2025 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Hacienda, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 2, numerales 1 y 2; y el artículo 3, permanentes; así como los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

También deben darse por aprobados los incisos segundo a sexto, séptimo (números 1, 2, 3, 5 y 6), octavo a décimo tercero, décimo quinto a décimo sexto, del artículo 1; y los incisos primero a séptimo, noveno, décimo primero y décimo segundo (que pasaron a ser décimo, décimo segundo y décimo tercero, respectivamente) del artículo séptimo transitorio, propuesto por el número 3 del artículo 2 de la iniciativa, los cuales no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Hacienda.

Dicha comisión, además, efectuó diversas modificaciones al texto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.

El texto cuyas normas se propone aprobar en particular se transcribe en las páginas 34 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda. En el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición se transcribe, además, la iniciativa sancionada en general, las modificaciones realizadas por la Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de aprobarse estas enmiendas.

Es todo, señor Presidente.

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Como presidenta de la Comisión de Hacienda , me corresponde presentar a la Sala el segundo informe recaído en el proyecto de ley que establece un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas y modifica disposiciones de la ley Nº 21.543, relativa al Fondo de Garantías Especiales.

Este proyecto, iniciado en mensaje del Presidente de la República , con urgencia de "discusión inmediata", fue aprobado en general por esta Sala el 16 de abril de este año. A partir de esa fecha se abrió un plazo para presentar indicaciones, que fue prorrogado para permitir una adecuada revisión técnica y política.

Como resultado, se presentó una indicación parlamentaria y, posteriormente, cuatro indicaciones del Ejecutivo, que fueron conocidas, debatidas y aprobadas de manera unánime en la Comisión, sin el voto del senador Galilea , quien se inhabilitó.

Durante la discusión particular, la Comisión de Hacienda escuchó a autoridades del Ministerio de Hacienda, la señora Heidi Berner , quien nos acompaña hoy día en esta sala; del Ministerio de Economía, y de la Secretaría General de la Presidencia .

El proyecto busca responder dos desafíos relevantes y contingentes.

Primero, apoyar a las familias de clase media en el acceso a la vivienda propia, mediante un subsidio directo a la tasa de interés de créditos hipotecarios destinados a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF de valor.

Segundo, establecer una habilitación legal para implementar un Programa de Garantías para la Recuperación Productiva Regional, con foco inicial en la región del Biobío, pero con la posibilidad de extenderse a otras regiones del país, de manera focalizada y fundada.

Quiero hacer presente que hubo una ardua discusión planteada, entre otros, por mi colega el senador Insulza, respecto de la importancia de que podamos reactivar zonas como la región de Arica y Parinacota.

Los puntos más relevantes del proyecto son:

1) Establecer un subsidio a la tasa de interés.

-Se incorpora un subsidio de hasta 60 puntos base sobre la tasa de interés, asociado al crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas.

-Este beneficio será compatible con el Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva, en el marco del Fogaes, creado por la ley N° 21.543.

-Se asignarán hasta cincuenta mil subsidios y, dentro de ese universo, seis mil estarían reservados para personas que cumplan con los requisitos del DS-15, de 2024, y del DS-19, de 2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o que hayan obtenido esos subsidios.

2) Se incorporó la complementariedad y compatibilidad entre subsidios.

-A propuesta de la Comisión de Hacienda, se aclaró que el subsidio a la tasa es compatible con los subsidios habitacionales del DS-19 y del DS-1, lo que permite una política más coherente para la clase media y sectores emergentes. Se analizó en este punto que muchas familias tenían estos subsidios, pero no podían materializarlos porque no les alcanzaban los recursos, y era muy importante ver de qué manera se podía mejorar su posición crediticia.

Se incorporó una disposición para establecer explícitamente las causales de extinción del subsidio en el texto legal, de modo que no quede sujeto exclusivamente a reglamentos posteriores.

Finalmente, respecto de las tasas de referencia, el Ministerio de Hacienda podrá determinar una o más tasas de referencia por tipo de institución financiera. Esto se hace para evitar que el subsidio sea absorbido por la entidad financiera sin trasladarse al beneficiario final.

La Comisión planteó la necesidad de estandarizar criterios, fortalecer la transparencia del sistema y considerar la creación de un observatorio de tasas por parte de la Comisión para el Mercado Financiero.

Sobre el Fondo de Garantías para la Recuperación Productiva y Regional, uno de los componentes debatidos en la Comisión fue la incorporación de un programa de garantías orientado a la reactivación productiva en regiones rezagadas.

Si bien el Ejecutivo justificó el foco inicial en la región del Biobío, producto del cierre de la siderúrgica Huachipato y una importante brecha de inversión, la Comisión de Hacienda expresó su preocupación, tal como lo he señalado, por otras regiones igualmente rezagadas, como las de Arica y Parinacota; de Valparaíso, especialmente Viña del Mar, tras los incendios recientes.

Concordando y acogiendo la visión de senadores miembros, se arribó a lo siguiente:

-Sustituir la redacción original por una que habilita al Ejecutivo a activar el fondo en cualquier región del país, según criterios fundados.

-Establecer que los Ministerios de Hacienda y de Economía deberán revisar anualmente -y no cada tres años, como se planteó originalmente- la situación económica regional.

-Incorporar la obligación de informar a las Comisiones de Hacienda del Congreso durante el mes de enero de cada año sobre las decisiones y evaluaciones realizadas respecto a las regiones.

Señor Presidente , este proyecto de ley es una herramienta para dinamizar el mercado inmobiliario, aliviar el costo financiero de miles de familias de clase media, y entregar nuevas capacidades para fomentar la inversión y el empleo en las regiones más golpeadas de nuestro país.

Valoramos, Presidente , el esfuerzo del Ejecutivo por acoger múltiples observaciones formuladas en la Comisión, en particular por los senadores José Miguel Insulza , Javier Macaya, Ricardo Lagos , el senador Galilea y quien habla, así como la disposición de todos los senadores de participar en el debate de forma rigurosa y constructiva.

La Comisión de Hacienda, por la unanimidad de sus integrantes presentes (Insulza, Lagos, Macaya y quien habla), propone a esta Sala aprobar en particular el proyecto en los términos acordados, con las modificaciones ya expuestas.

Es cuanto puedo informar, Presidente , y obviamente que respaldamos este mensaje presidencial.

El señor KEITEL.-

Gracias, Presidente.

Hoy discutimos un proyecto que no solo es una medida financiera. Es, ante todo, una respuesta urgente a uno de los desafíos más graves que enfrenta nuestra sociedad: la falta de acceso a la vivienda, particularmente para la clase media.

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el déficit habitacional en Chile supera las 552 mil viviendas, afectando a más de 2 millones de personas que viven en condiciones de hacinamiento, campamentos o allegamiento. Esto no es solo una cifra; son familias, niños, adultos mayores que hoy no tienen un techo digno.

A esta crisis se suma el colapso progresivo del sector inmobiliario. El 2024 dieciséis empresas constructoras e inmobiliarias quebraron producto del encarecimiento del crédito, los mayores costos de construcción y una baja sostenida en la demanda.

Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, la venta de viviendas cayó más de 40 por ciento respecto al promedio 2018-2019, y 70 por ciento de las viviendas subsidiadas no encuentran compradores debido a que las familias, pese a contar con subsidio habitacional, no logran acceder a financiamiento hipotecario.

Ante este panorama, el proyecto, que establece un subsidio de hasta 60 puntos base sobre la tasa de interés para créditos hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas nuevas, representa una herramienta concreta, eficaz y justa. ¿Por qué? Porque reduce directamente el costo del crédito para las familias, facilitando que quienes hoy están al margen del sistema bancario puedan acceder a su primera vivienda.

Además, este subsidio está bien diseñado. Se aplica solo a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, beneficiando principalmente a la clase media, y se entrega junto con garantías del Fondo de Garantías Especiales, reduciendo el riesgo para las entidades financieras.

En otras palabras, es una política que apoya a las personas sin desincentivar el sistema financiero ni comprometer la sostenibilidad fiscal. Este proyecto representa una oportunidad para avanzar en dignidad, cohesión social y reactivación económica.

Mi voto es a favor, porque creo firmemente que el acceso a la vivienda no puede seguir siendo un privilegio, sino un derecho garantizado para toda la ciudadanía.

Gracias, Presidente .

El señor SANDOVAL.-

Muchas gracias, Presidente.

Sin duda que este proyecto contribuirá de manera sustantiva al acceso al sueño de la vivienda a familias de clase media en nuestro país.

Por su intermedio, saludamos a la ministra y a la subsecretaria de Hacienda , que nos acompañan.

Hoy día en Chile hay en el mercado un estimado en alrededor de 100 mil viviendas sin poderse colocar. ¡Cien mil viviendas construidas y no colocadas! ¿Y cuáles son las causas? Las causas son diversas, pero dentro de ellas está, sin duda, el alto costo de los créditos, la incertidumbre laboral.

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Incluso más, se han hecho algunos cálculos por parte de la Cámara Chilena de la Construcción en el sentido de que era normal que una familia entre los treinta y cinco y cuarenta años accediera a la compra de una vivienda. Todos estos factores han incidido en que ese tramo se haya retrasado desde los cuarenta a los cuarenta y cinco y cincuenta años.

Por lo tanto, a todas esas familias, matrimonios, jóvenes que están construyendo sus proyectos de vida, se les ha prolongado significativamente el acceso al sueño de la vivienda. Y en tal sentido aquí hay un subsidio complementario muy importante que también se aprobó -¿se acuerdan?-, que es el subsidio del 50 por ciento para el pie del crédito hipotecario. Esto precisamente complementa los otros beneficios, que tendrán como efecto, sin duda, una reactivación económica, el mejoramiento del empleo y, lo más importante, hacer factible el acceso al sueño de la casa propia a las familias.

Señalaba acá recién el senador Keitel el déficit cuantitativo que tenemos en nuestro país, superior a las 550 mil viviendas. Y si sumamos a esto al stock y el objetivo del Estado, del Gobierno, de mejorar esta situación a través del cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, creemos que el proyecto puede contribuir de manera significativa a avanzar en ese contexto.

En la votación en general del 16 de abril señalamos, en el mismo sentido, la importancia que tiene una medida de esta naturaleza para abrir espacios, permitir el acceso a las viviendas, terminar con los stocks y, particularmente, permitir que el sueño de la casa propia sea una realidad para las familias de clase media de nuestro país.

Votaré a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

Por su intermedio, quiero saludar a la ministra de la Segprés y a la subsecretaria de Hacienda que nos acompañan.

Este proyecto es muy importante, Presidente , porque el mercado inmobiliario y de la construcción ha evidenciado un deterioro sostenido en el último tiempo. Por tanto, la sola expectativa de la aplicación de esta política ha generado la postergación de decisiones de compra por parte de las familias, profundizando el diagnóstico, por lo que resulta clave agilizar la tramitación y el pronto despacho de esta ley.

Estamos hablando fundamentalmente de familias trabajadoras, familias de clases medias que tienen la expectativa de, con mucho esfuerzo, tener su casa propia, debiendo acceder a un crédito hipotecario. Sin embargo, las familias también hacen un esfuerzo muy importante para acceder al mismo.

En tal sentido, este proyecto de ley establece un subsidio a la tasa de interés hipotecaria de hasta 60 puntos base sobre la tasa de interés para créditos hipotecarios. Se otorgará en conjunto con una garantía estatal y compartirán los requisitos de acceso con el objetivo de que entre ambos instrumentos se logre alcanzar una reducción total de la tasa de interés aún mayor al monto del subsidio.

Se entregarán hasta 50 mil subsidios para personas naturales en dos años, bajo algunos criterios, como que se trate de la primera venta del inmueble y que el valor de la vivienda no supere las 4.000 UF. Asimismo, se establece un cupo reservado de 6 mil subsidios para primeras viviendas de hasta 3.000 UF destinados a beneficiarios del DS 01 y el DS 19.

Al mismo tiempo, se incorporó en la Comisión de Hacienda una remisión para que el reglamento regule las causales de extinción del subsidio, sin perjuicio de que este siempre se extinguirá cuando se liquide el crédito al que se accede.

Hay un nuevo programa de garantías (Fogaes) para viviendas nuevas, garantía estatal con cobertura de hasta el 60 por ciento del valor de la vivienda -antes la garantía previa era del 10 por ciento, vigente hasta diciembre del 2024-, y otorgada en conjunto con el subsidio a la tasa antes mencionado.

La duración de la garantía será equivalente a la mitad del plazo del crédito, con un máximo de quince años y un piso de cinco.

También este proyecto se ha diseñado para reactivar la economía, la reactivación productiva a nivel regional. En tal sentido, se establece una mayor claridad de las condiciones para aplicar el programa regional en una o más regiones.

Además, se incorpora una revisión anual, por parte de los Ministerios de Hacienda y de Economía, de variables a nivel regional asociadas con empleo, ingreso, inversión u ocurrencia de desastres naturales, entre otras, que justifiquen medidas de reactivación productiva en alguna región del país.

Pongo de ejemplo a la de Valparaíso, que ha sufrido enormemente con el megaincendio de hace más de un año, en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana , lo cual ha venido a generar un mayor estrés en el déficit habitacional que tiene la región, en el cumplimiento de las metas, incluso del Plan de Emergencia Habitacional. Además, sabemos que es la región donde hay mayor cantidad de campamentos y asentamientos precarios.

Por tanto, en mi opinión sería una de aquellas que requieren medidas especiales de reactivación productiva y de acceso a la clase media que complementen dicho plan.

Por todos estos argumentos, Presidente , y esperando que se despache prontamente, voto a favor del proyecto.

Gracias.

El señor KUSCHEL.-

Gracias, Presidente.

Anuncio mi voto a favor, aunque, como lo indiqué anteriormente -hace dos semanas-, aquí estamos introduciendo distorsiones para reparar, en parte, distorsiones mayores que se han generado por malas políticas públicas en materia de vivienda.

Aquí se establece un subsidio a la tasa de interés, una garantía estatal, que sube del 10 al 60 por ciento el valor de la vivienda, para viviendas de un valor menor a las 4.000 unidades de fomento. ¡Pero ya no hay viviendas de 2.000 unidades de fomento! Antes, mayoritariamente, ese era el valor de las viviendas. Ahora ellas parten, más o menos, en las 3.000 UF, como mínimo. O sea, aquí se va a apoyar una tajada de 3.000 a 4.000 unidades de fomento, aproximadamente, porque las otras han desaparecido. Aparentemente, se busca focalizar y concentrar la ayuda.

Quiero insistir y llamar, una vez más, al Ministerio de Vivienda, porque en mi región -bueno, nos atrasamos con el censo, todas las cosas que he reclamado tantas veces- nos hemos llenado de campamentos, señor Presidente . En cada comuna, en cada una de las treinta comunas de mi región, hay campamentos, de mayor o menor envergadura, porque no existen posibilidades de desahogo en la construcción de viviendas, públicas y privadas.

En algunos casos, por ejemplo en Osorno y Puerto Montt, se ha recuperado el ritmo -que también había reclamado, aunque reconozco que ahora se ha recuperado-, ¡pero no es suficiente!

Estamos aumentando el déficit de vivienda más que disminuyéndolo, como lo hemos hecho presente con la senadora Gatica desde el primer año de este Gobierno, cuando vimos que estábamos en un proceso de retroceso en esta materia.

Y, bueno, se han agregado otras situaciones -por ejemplo los incendios, etcétera-, quedando de manifiesto la incapacidad del Gobierno para construir o para generar políticas públicas que desahoguen el proceso de construcción.

Por otra parte, tenemos bloqueada una gran cantidad de planos reguladores y no se construyen vías de circunvalación en las ciudades -que también hemos propuesto-, o dobles vías, o triples vías, o vías paralelas en las grandes avenidas.

Entonces, ¡todo atorado o prohibiéndose! No hay factibilidad de agua potable, no hay factibilidad de electricidad; la inversión en energía está prácticamente paralizada y vamos a tener cortes este invierno. Lamento decirlo, pero no aumenta la oferta de energía y no hay capacidad. Usted pide la posibilidad de que le conecten energía eléctrica, ¡y no hay! Usted no puede aumentar la potencia que está utilizando. ¡Estamos topados en materia de energía! Y aquello implica costos.

Por eso las viviendas baratas han ido desapareciendo, y son una infinidad. Yo pasé revista la otra vez aquí. Ahora no tengo el documento a mano. Pero, en este caso, quería destacar el tema de los planos reguladores, que omití en mi otra intervención.

De todas maneras, voto a favor. Pero, como digo, aquí estamos introduciendo una distorsión de apoyo para compensar distorsiones dañinas, de retroceso, que se han generado por malas políticas públicas, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, en nuestro país.

Este es un pequeño avance, aunque, a mi juicio, debiéramos ir al fondo, no a los efectos. Nosotros no estamos atendiendo las causas de la pérdida de la fuerza para construir viviendas en Chile, y eso no se resuelve con esto. Aquí solamente vamos a aliviar un poco el de viviendas en la capa de 3.000 a 4.000 unidades de fomento, que es lo que yo calculo.

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Gracias, Presidente .

El señor INSULZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Muy breve, porque en realidad creo que la relación de la senadora Rincón fue muy completa, y se la agradezco, además.

Pienso que este es un proyecto importante porque está dirigido a determinadas regiones. Todos sabemos que hay planes que están en marcha al mismo tiempo para lugares en los cuales se ha producido un deterioro efectivo por razón de conflictos, de situaciones económicas muy difíciles, como es el caso de Huachipato, y también donde ha habido un deterioro relevante en la economía de las regiones.

A mí me parece importante recalcar estos hechos, porque creo que mi región, de Arica y Parinacota, se encuentra en tal situación. Por lo tanto me alegra, principalmente, que el proyecto considere un programa de garantías de apoyo a la vivienda nueva a través de un conjunto de requisitos que están todos, a mi juicio, presentes en mi región.

Por esa razón, lo voy a votar a favor.

A mí, en realidad, no me gusta que las cosas vayan focalizadas a un determinado lugar, pero en este caso me tranquiliza el hecho de que existe la posibilidad de que, en la eventualidad de que haya regiones que estén en condición de deterioro, como lo está la mía, el Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva pueda ser activado por una decisión del Presidente de la República en el momento en que sea necesario.

Así que mi voto es a favor.

Muchas gracias, Presidente .

El señor CASTRO (don Juan).-

Gracias, Presidente.

Obviamente, uno vota favorablemente un proyecto como este. Pero lo que nos debemos preguntar es qué pasa hoy día con los matrimonios jóvenes que quieren tener una vivienda. Es obvio que hoy día resulta imposible para ellos adquirir una.

Entonces, lo que corresponde, Presidente -y por su intermedio, a la ministra- es ver una fórmula para que el Estado pueda generar una nueva política pública que establezca otras reglas que permitan que las personas accedan a la compra de una vivienda.

Le cuento, Presidente , que hace unos días presenté un proyecto de ley que apunta precisamente a traspasar la UF a pesos. Si uno ve los sueldos, todos se pagan en pesos, mientras que los dividendos se pagan en UF. Y eso no resiste más porque todos sabemos que los sueldos no suben, a diferencia de la unidad de fomento, que sí aumenta. Ahí hay una tremenda desigualdad con aquellas personas que se sacrifican, trabajan y quieren de verdad acceder a una vivienda.

Por eso creo que las políticas públicas deben ser revisadas, deben ser modificadas, deben ser cambiadas de acuerdo a la realidad que tienen las personas. Y me parece que hoy día los sueldos no permiten que un matrimonio joven pueda acceder a una vivienda.

Por eso uno siempre va a apoyar una iniciativa como esta, aunque a mí me encantaría que se buscara una forma de modificar las condiciones para adquirir viviendas, porque de verdad estamos viviendo momentos muy difíciles para las familias y para los jóvenes que actualmente necesitan tener una vivienda.

Eso, Presidente .

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Gracias, senador.

--Se aprueba en particular el proyecto (25 votos favorables) y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Pascual, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro Prieto, De Urresti, Durana, Flores, García, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Además, en la Secretaría se encuentran registrados los siguientes pareos: del senador señor Araya con el senador señor Moreira, de la senadora señora Órdenes con la senadora señora Gatica, del senador señor Quintana con el senador señor Kast, del senador señor Van Rysselberghe con el senador señor Juan Castro González.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Ha quedado aprobado el proyecto, y pasa a tercer trámite a la Cámara de Diputados.