Labor Parlamentaria

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Iniciando el Orden del Día, corresponde continuar el debate del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, y de apoyo y asistencia a víctimas, a los gobiernos regionales.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada parlamentario que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Los informes se encuentran rendidos.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 137ª de la legislatura 372ª, en miércoles 5 de marzo de 2025, ocasión en que se rindieron los informes de las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y de la de Hacienda.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, este proyecto de ley dice relación con el cumplimiento de una promesa efectuada a los gobernadores por la aprobación del reciente proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, así como también por el Compromiso Transversal por la Seguridad, suscrito en abril de 2023 por la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, y el gobierno.

En la práctica, creo que todos estamos contestes. Por lo menos, en lo personal, tengo una coordinación y un trabajo permanente tanto con el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena como con las distintas municipalidades, como las de las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir , Puerto Williams, etcétera.

Se hace absolutamente necesario entregar este traspaso de competencias para que los gobiernos regionales, teniendo los recursos, puedan hacer una enorme contribución en coordinación con los distintos municipios, porque efectivamente cuando se llevó a cabo la creación del Ministerio de Seguridad Pública, no se hizo más allá de que este tuviera un representante a través del secretario regional ministerial de Seguridad Pública en todo el territorio ni tampoco se traspasaron competencias a los territorios.

Por eso, es fundamental la participación de los gobiernos regionales, para que no solo estén comprometidos en esta materia, sino también coordinados con los municipios, con las secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública y con el Ministerio de Seguridad Pública, con el propósito de que tengan la coordinación necesaria para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de seguridad.

Hay muchos otros traspasos a los gobiernos regionales que hemos venido solicitando desde hace muchos años.

Solo quiero dejar de manifiesto, especialmente por el mensaje que quiero entregar a la Región de Magallanes, que en nuestro territorio existe desde ya una coordinación entre el gobierno regional, los municipios y quienes como parlamentarios estamos llevando a cabo un trabajo que de alguna manera pretende tener una participación mucho más activa en materia de seguridad.

Celebro este proyecto de ley. Me alegra que, aunque en parte mínima, se dé cumplimiento a los compromisos de las distintas administraciones en cuanto a los traspasos de competencias que deben efectuarse a los gobernadores y a los gobiernos regionales. Por eso, voy a votar favorablemente este proyecto de ley.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, cuesta entender el objetivo de este proyecto, porque aparentemente generamos un encargado de la seguridad regional, pero me pregunto: ¿realmente es un encargado de la seguridad regional? ¿Va a tener atribuciones para la persecución del delito? ¿Va a tener capacidades operativas? No las va a tener.

¿Es un intento por regionalizar la seguridad? Tampoco, porque solo generamos un cargo que le quita atribuciones al gobierno regional, porque las reduce a lo que sea en su momento la política nacional de seguridad pública. Por lo tanto, generamos un cargo que va a dar la apariencia de tener a alguien a cargo de la seguridad en la región, pero esa persona no va a tener ninguna decisión en materia de seguridad.

Lo que hacemos es traspasar o difuminar la responsabilidad de la seguridad nacional, de la seguridad que está a cargo del Poder Ejecutivo y de las policías, diciéndoles a los gobernadores regionales: “Aquí tienen una mochila. Vean ustedes qué hacen con ella, pero cuando traten de hacer algo, la verdad es que no van a tener nada que hacer, porque van a tener que preguntarle al gobierno central: “¿En qué podemos gastar, jefe?”.”. Entonces, tampoco hay regionalismo.

Por eso, creo que este proyecto es malo, porque duplica funciones, difumina la responsabilidad, no aporta a la seguridad pública y está muy lejos del regionalismo que uno esperaría de este gobierno, porque si estamos creando administraciones regionales, es para fortalecerlas, no para hacerlas un apéndice de los gobiernos centrales, como hace este proyecto, generando un cargo que solo puede hacer lo que el Ministerio de Seguridad en su momento le diga.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto de ley clave para enfrentar uno de los mayores desafíos que vivimos: la delincuencia y la inseguridad.

No podemos seguir mirando hacia el lado mientras el crimen se instala en nuestras calles. Maipú, una de las comunas más bellas y grandes de Chile, se ha convertido en un triste reflejo de esta crisis, con vecinos que viven con miedo, barrios tomados por la violencia y una sensación de abandono, que no podemos permitir.

Frente a esto, los gobiernos regionales han intentado responder, invirtiendo en seguridad con la compra de vehículos policiales, cámaras de vigilancia y recuperación de espacios públicos. Sin embargo, lo han hecho sin un marco claro de competencias. Este proyecto de ley viene a corregir eso, ordenando, fortaleciendo y dando coherencia a esas acciones. Tal como señala el informe, hay que coordinar la toma de decisiones y agilizar la respuesta.

Con esta iniciativa, los gobiernos regionales podrán ejecutar planes de prevención del delito, asistir a las víctimas y mejorar la inversión en infraestructura, tecnología y recuperación de espacios inseguros que en este momento son tomados por traficantes.

Esto no es más burocracia, como algunos han dicho; es eficiencia y permitirá dotar de herramientas a quienes ya están invirtiendo en seguridad, pero con un respaldo legal que haga este gasto más efectivo y útil para la ciudadanía.

La gente no puede seguir esperando. Necesitamos prevención, coordinación y, sobre todo, necesitamos acción.

Este proyecto es un paso en la dirección correcta y mi voto será a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación.

La Región de La Araucanía registra la mayor cantidad de víctimas de terrorismo. Miles de familias, a lo largo de estos años, se han visto afectadas por la toma de terrenos, asesinatos, usurpaciones, amenazas, quema de siembras, entre otras graves vulneraciones, por parte de criminales. Sin embargo, los apoyos del Poder Ejecutivo muchas veces son insuficientes, tardíos o, peor aún, jamás llegan a los afectados. Prueba de ello es el sector Colonia Manuel Rodríguez , en la comuna de Angol.

Por esta razón, se hace necesario que se amplíen las capacidades de los gobiernos regionales para que apoyen a quienes de manera injusta sufren la delincuencia y la violencia desbordada en la Región de La Araucanía.

En consecuencia, votaré a favor de esta iniciativa, que otorga a los gobiernos regionales nuevas atribuciones en prevención del delito y asistencia a víctimas. De esta manera, entre otras medidas, se podrán diseñar y ejecutar planes en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito en los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, se posibilitará el financiamiento de proyectos que tengan por finalidad dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores, y se facultará a los gobiernos regionales para desarrollar acciones para la atención de víctimas de delitos.

Espero que las autoridades regionales, una vez adquiridas estas capacidades, no hagan la vista gorda y se preocupen como corresponde de apoyar a las víctimas; es decir, que no solo se limiten a aparecer en la fotografía lamentando los hechos y anunciando querellas contra quienes resulten responsables. Estas puestas en escena ya nos tienen cansados. Por eso, es importante llegar a las víctimas, apoyarlas en todo sentido y, evidentemente, devolverles los bienes que han perdido.

Votaré a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, creo que este es un muy buen proyecto, ya que entrega funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria a los gobiernos regionales, organismos que lo han estado solicitando desde que entraron en funcionamiento.

Cuando uno está en terreno, en las poblaciones, siente que la ciudadanía está decepcionada. Está decepcionada no solo de una institución en particular -Carabineros o la PDI-, sino de todo el sistema. Me tocó estar presente en una reunión el día jueves pasado, en la población Hermanos Carrera, convocada por jóvenes -uno puede pensar que, a veces, los jóvenes no le dan importancia a este asunto; sin embargo, están muy preocupados por él-, y el día viernes me reuní con todas las organizaciones de uniones comunales de juntas de vecinos. En esas reuniones, la situación que siempre salió a colación es que estamos trabajando muy separados. Para avanzar en temas de seguridad, nos necesitamos todos. Nadie tiene una varita mágica, ni nadie puede decir “con esto vamos a terminar con el flagelo de la delincuencia”.

¿Por qué son tan importante los gobiernos regionales? Porque están compuestos por el gobernador regional, pero también por los consejeros regionales, que son territoriales y que pertenecen a cada una de las comunas de la región. En la Región de Atacama, por lo menos, siempre he visto un interés del gobernador, Miguel Vargas , por esta materia, firmando convenios de colaboración en salud, en educación y en seguridad.

Por eso, qué bueno es darles esta atribución a los gobiernos regionales, porque tienen recursos. Por lo mismo, tenemos que evitar recortar recursos a los gobiernos regionales.

Sabemos que los recursos provenientes del royalty también les van a llegar a los gobiernos regionales. Tal vez, el año pasado estos organismos tuvieron problemas con los gastos, pues tenían limitación para invertir. Sin embargo, hoy tienen un poco más de abertura en materia de gasto. No solamente pueden gastar en tecnología o en ciencia, sino que también lo harán en seguridad.

Muchas veces nos criticamos entre todos nosotros, pero ya es hora de que nos pongamos a trabajar muy seriamente. Este Congreso lo ha hecho, por la gran cantidad de leyes que ha despachado. No obstante, todos los municipios también cumplen un rol tremendamente importante, y el gobernador regional y los cores tienen una relación directa con ellos. Los alcaldes y concejales, que, por razones obvias, son las autoridades más cercanas a nuestra gente, detectan en terreno lo que pasa.

Quiero entregar un voto de confianza con este proyecto a los gobiernos regionales, porque sé que van a gastar los recursos y van a invertir donde realmente corresponde.

Votaré a favor este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, tengo un problema cuando se empiezan a meter demasiados cocineros a la cocina y no se ponen de acuerdo en qué tipo de ingredientes le van a meter a la cazuela.

Ya hay demasiados órganos encargados del tema de seguridad y cada uno de esos órganos recibe un presupuesto propio. ¿Qué sucede cuando uno hace algo así? Al final dispersa los esfuerzos. No hay concentración y no hay una inversión a mediano y largo plazo en las instituciones que deben ocuparse de la seguridad.

Si estamos hablando aquí de 500.000 millones de pesos, más o menos, que se van a destinar por las gobernaciones al tema de seguridad, estamos hablando de 500 millones de dólares. Esto representa casi el 40 o el 45 por ciento del presupuesto de Carabineros. Esos recursos se empezarán a repartir entre las gobernaciones sin una visión estratégica, sin una visión macro, sin que se optimice, a través de lo que es la economía de escala, el impacto social que tienen dichos recursos.

Entonces, en vez de dedicar las platas a gobernaciones, incluso a municipios, para el tema de seguridad, ¿por qué no reforzamos a Carabineros y a la Policía de Investigaciones con esos recursos? ¿Por qué no destinamos esos recursos, en el mediano y largo plazo, a aumentar dotaciones y a mejorar, desde una perspectiva institucional, la gestión de esas organizaciones dedicadas a la seguridad?

Tengo la impresión de que las gobernaciones -me disculparánson el viejo pascuero del sistema político, que va a todos lados a hacer regalos. Sin embargo, la inversión no siempre estará asociada al mayor impacto social posible que se pueda alcanzar si los recursos no se concentran y no se destinan, de la mano de un diseño racional, a lograr mejores resultados en seguridad para la ciudadanía.

Esta lógica de hacer un reparto de recursos con balde ya no funciona, damas y caballeros, y no funciona porque también los recursos se están haciendo cada vez más escasos.

Entonces, ¿por qué no concentrar nuestro esfuerzo directamente en las instituciones que están llamadas a recuperar la seguridad en nuestro país? Es ahí donde tienen que llegar los fondos, no a diez, quince o veinte departamentos distintos, que muchas veces no conversan entre sí y que no son capaces de generar una estrategia de seguridad coherente.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, tanto en esta Sala como en el conjunto de la sociedad estamos todos conscientes, en forma transversal, de que el principal problema que aqueja hoy a nuestro país es la falta de seguridad, el cual debemos abordar con madurez y responsabilidad. Debemos reivindicar, legitimar y hacer que se observe con altura de miras a este Parlamento. Eso es lo que el pueblo chileno espera de nosotros, pero, lamentablemente, el tema de la seguridad está siendo manoseado y utilizado políticamente.

En esta materia, cuando hay que adoptar decisiones o votar de tal o cual manera, no se procede desde la perspectiva de solucionar el problema. Se actúa como si no se quisiera solucionarlo, porque los problemas de inseguridad siguen dando rédito político a algunos. Es decir, a algunos aquello no les interesa, porque eso les permite tener un discurso que cautive al electorado. Me parece que eso es absolutamente irresponsable y que nos deslegitima como institución, porque no estamos dando respuestas concretas y serias al pueblo chileno.

La delincuencia no es un tema de un gobierno determinado, sino que es un asunto de Estado, porque es de carácter estructural, de manera que requiere de decisiones serias y concretas. Lo otro es charlatanería barata, como lo que se ha señalado en cuanto a armar a la gente, a aumentar las penas o a incrementar tal o cual cosa. Debemos abocarnos a dar una solución en términos estructurales al Estado para el nuevo tipo de delincuencia que está surgiendo a propósito de la globalización, de la inmigración y de todos los fenómenos nuevos que están surgiendo en las sociedades.

No me interesa hablar a las masas, para la tele o por los aplausos, como a muchos. Me interesa hablar como un hombre que fue elegido para dar respuestas de Estado.

En ese sentido, considero que el Estado se debe hacer cargo de manera seria de este problema. ¿Cómo? A través de instituciones como los gobiernos regionales, porque ¿quién mejor que los gobiernos regionales conocen lo que ocurre en cada región? ¿Quién conoce precisamente lo que aqueja a cada uno de los territorios, dónde están las dificultades, dónde hay que invertir en espacios públicos, dónde hay que aumentar en iluminación, dónde hay que aumentar en prevención?

Los gobiernos regionales conocen los territorios. Se legisló para que los gobernadore s regionales fueran elegidos por elección popular, con el objeto de que actuaran en conco rdancia con lo que ocurre en cada uno de los territorios.

Por lo tanto, ¿cómo no va a ser aceptable un proyecto de ley de esta naturaleza? Yo creo que hay que entregarles atribuciones a los gobernadores para que tomen decisiones serias, concretas, porque tenemos que luchar de manera seria contra el flagelo de la delincuencia.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Paula Labra .

La señora LABRA (doña Paula).-

Señor Presidente, para mí este es un pésimo proyecto de ley. Es otro voladero de luces de este gobierno para decir que estamos haciendo algo en seguridad, pero no es más que una aspirina para la ciudadanía.

Esta iniciativa crea más institucionalidad, más grasa estatal, más funcionarios públicos, más protocolos, más burocracia, etcétera, en circunstancias de que existen las autoridades regionales para cumplir con su rol en materia de seguridad. ¿Para qué están el delegado regional y los delegados provinciales? Además, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública contará con seremis responsables de la seguridad en todas las regiones.

Este proyecto de ley establece que los gobiernos regionales deberán crear una división de prevención del delito. Yo digo, ¿por qué no crean también, entonces, una división de salud pública, para reducir las listas de espera, o una división de transporte público, para que los niños de Copihue, de Catillo y de las zonas rurales de la Región del Maule tengan una micro para ir al colegio? Lo que se propone en este proyecto no corresponde a los gores.

Quiero señalar un ejemplo superclaro. El gobernador de la Región del Maule consiguió el presupuesto, que se le había rebajado, para entregar un helicóptero a Carabineros. Para eso no se necesitó un proyecto de ley. Asimismo, el exintendente Juan Eduardo Prieto presentó una propuesta para crear una escuela de Carabineros con la finalidad de reducir el déficit de funcionarios policiales en la región. En este caso, para hacer lo que se propone en esta iniciativa tampoco se requiere de un proyecto de ley. Esto simplemente es una artimaña para evadir responsabilidades. Cuando la nueva seremi de Seguridad no logre combatir la delincuencia, ¿de quién será la responsabilidad? De los gores.

Por lo tanto, no voy a votar a favor un proyecto de ley que lo que hará será diluir responsabilidades.

Para mejorar en todas las materias, desde salud a seguridad, se necesita la voluntad del gobierno de turno, y, además, gente competente y responsable, no seguir despilfarrando recursos, como en los casos de la fallida compra de la casa de Allende: 900 millones; de la campaña de comunicación del borrador del primer mamarracho constitucional: 1.800 millones, o de los más de 1.000 millones de pesos que se gastan en arriendos todos los años para los nuevos 100.000 empleados públicos.

La ineficiencia y la falta de claridad respecto de las prioridades quedan totalmente en evidencia con un ministro de Agricultura que tilda de llorones a los alcaldes de los municipios rurales. Un ministro con este tipo de actitud y de pensamiento debe renunciar a su cargo sí o sí.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, este proyecto del Ejecutivo, sin duda, corresponde al compromiso transversal por la seguridad. Todos los esfuerzos son valorables y necesarios. La incorporación de los gobernadores al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) busca disminuir una brecha en los roles asociados a la prevención y el control de la delincuencia que hasta hoy tienen las autoridades.

Antes de continuar, quiero hacer mención al asesinato ocurrido en Graneros, comuna de mi distrito. Se trata de un crimen que es gravísimo y doloroso para la Región de O'Higgins y para el país, y esperamos que sea esclarecido prontamente. Este macabro asesinato nos hace plantearnos la necesidad de proteger nuestras zonas rurales. Estamos contestes con parlamentarios de distintos sectores políticos en que se debe evitar que el delito y la violencia se trasladen a nuestros campos.

El delito no se termina en el límite de la Región Metropolitana. Cuando se combate el delito en la Región Metropolitana sepan ustedes que este se traslada a otras regiones, como la Región de Valparaíso o la nuestra, la Región de O'Higgins, y eso para nosotros es muy grave.

No estoy tan de acuerdo con el rol de los gobiernos regionales en materia de control, pero sí en materia de prevención. Y es de toda lógica, porque este rol ya lo cumplen, o ya se ha cumplido, a través de fondos destinados a proyectos de seguridad pública. No obstante, establecer lineamientos claros en la construcción de estrategias permite un avance concreto, al considerar ejes asociados a dicho propósito y evitando los compadrazgos, como el caso de aquellos municipios que son más beneficiados debido a que quienes los integran son amigos del gobernador respectivo.

La prevención psicosocial y situacional del delito no es algo nuevo. Cabe recordar que eso ya ha sido abordado por los municipios desde el 2005, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el otrora programa Comuna Segura, de dicha cartera. La prevención, tantas veces minimizada en su rol frente a las políticas de control, es fundamental para construir bases sociales.

Desde mi experiencia, lo pude constatar en el trabajo efectuado en Rancagua, en Costa del Sol, Villa Hermosa, Villa Las Rosas y, por supuesto, en la población Manso de Velasco, del sector Alameda , donde la llegada del terminal de buses en esa época amenazó duramente la seguridad de los vecinos.

Esas son solo algunas experiencias de un trabajo realizado en conjunto con la comunidad, que contribuyó en materia de prevención de la violencia escolar y hacia la mujer, así como respecto de distintas incivilidades.

Estoy convencida de que este proyecto contribuirá a fortalecer vínculos con la ciudadanía. Por eso, mi voto será a favor.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señor Presidente, desde mi punto de vista, este proyecto lo único que hace es diluir y deslindar responsabilidades en un momento crítico para el país, en el cual todas las cifras, todos los resultados y toda la evidencia pública, permanente y diaria, respecto del aumento de la criminalidad, demuestran que han fracasado las iniciativas llevadas adelante para recuperar la tranquilidad y la seguridad.

¿Qué hace el gobierno? Traspasa esa responsabilidad a los gobernadores regionales, gobernadores que, como en el caso de Arica, tuvieron el año pasado un 80 por ciento de ejecución presupuestaria, en circunstancias de que hemos conocido, y todavía están en investigación, los escándalos de los casos Convenios.

Es una tremenda irresponsabilidad en este estado de las cosas traspasar esta responsabilidad a los gobernadores regionales. Por lo demás, para quienes se sientan capaces de hacerlo, están hoy las herramientas para ello, están las respectivas divisiones por las cuales podrían también invertir en protección, en prevención.

Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de este proyecto, en circunstancias de que todavía esperamos del gobierno su compromiso -incumplido aúnde hacer las auditorías que hoy son facultativas. Hacer las auditorías externas a los gobiernos regionales es una materia obligatoria. Ese es un compromiso del ministro Marcel , y todavía está inconcluso, está incumplido.

El Ministerio del Interior y el nuevo Ministerio de Seguridad Pública tienen que asumir esta responsabilidad. Es el gobierno de turno el que debe asumir la responsabilidad, y esta sola idea de traspasar recursos y responsabilidades a los gobiernos territoriales me parece una muy mala idea. La voy a votar en contra.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señor Presidente, acá algunos parlamentarios han hablado de que esta es una promesa del gobierno con los gobernadores. Pero ¿qué pasó con la promesa de este gobierno con Chile de que los ciudadanos iban a tener más tranquilidad, que iban a poder salir a la calle e iban a poder estar tranquilos y no tener el temor de que los fueran a asesinar?

Este fin de semana fue otro fin de semana más en el que murieron muchos chilenos en un par de horas. ¿Y el gobierno? Preocupado de temas políticos, de los chats. En vez de avanzar en soluciones para entregar a la gente la seguridad de salir y no morir, manda finalmente un proyecto que solo crea más puestos de trabajo a sus amigos, más grasa del Estado. ¿Esta es la política nacional de seguridad?

¿Por qué no dan más dinero a las policías? ¿Quién mejor que las policías, que los carabineros conoce el país, las calles y a nuestros ciudadanos?

Si ya sabemos el diagnóstico, que el narcotráfico está en las poblaciones, que tiene mayor armamento, que tiene más fuerza que nuestras policías, ¿por qué no avanzamos en la solución? En vez de gastar este dinero en amigos del gobernador, ¿por qué no tenemos mejores carabineros y para eso mejoramos los sueldos? ¿Por qué no tenemos mejor PDI y le compramos mejores herramientas investigativas? ¿Por qué no mejoramos el armamento de nuestras Fuerzas de Orden para que cuando un asaltante ataque a un carabinero o a un PDI, no salga con vida?

¿Por qué no más combustible para los autos? Pareciera que la izquierda chilena no se diera cuenta de que, independiente de lo que hagan o digan respecto de estos proyectos, el mayor problema que hoy tienen nuestras policías es que no tienen plata para sacar los autos a la calle.

Los helicópteros tienen solo cierta cantidad de horas de vuelo diarias. Pareciera ser que esto no les importara. Lo que les importa es crear nuevos puestos, llamar a sus amigos, inventar cosas, y, al final, ¿qué es lo que sucede? Más chilenos muertos. ¿Cuándo se van a hacer cargo?

El gran legado que está dejando este gobierno que vino a cambiarlo todo es que vino a cambiar que cada día hay más chilenos muertos. Son ustedes, la izquierda chilena, quienes se van a tener que hacer cargo de eso el día de mañana. Y créanme, nosotros se lo vamos a recordar hasta el último día, hasta que en noviembre saquemos a la izquierda de La Moneda.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Presidente, pido que se revise la intervención anterior, del diputado Carter , y se borre del acta la alusión que hace a que la izquierda es responsable de los asesinatos, entendiendo que la derecha también tuvo gobierno y que la forma como se recibió a las policías fue bastante deplorable: no tenían ni siquiera autos para movilizarse. Este gobierno ha hecho la mayor inversión en Carabineros, y así lo ha dicho el general director de la institución.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Presidente, hoy estamos discutiendo un proyecto de ley crucial para fortalecer la seguridad en nuestras regiones, que otorga a los gobiernos regionales un rol activo en la prevención del delito.

Este proyecto responde a una necesidad evidente: descentralizar y coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad de nuestras comunidades.

Actualmente, los gobiernos regionales ya invierten en prevención del delito, financian infraestructura y colaboran con municipios en materia de seguridad. Sin embargo, carecen de una estructura formal que les permita ejercer estas funciones de manera eficiente y coordinada con la política nacional. Este proyecto corrige esa omisión institucionalizando su rol y asegurando que cada acción esté alineada con una estrategia integral de seguridad pública.

Un ejemplo claro de la urgencia de esta medida es la Región de Coquimbo, que represento, donde el aumento del crimen organizado, el narcotráfico y los delitos violentos han generado gran preocupación y alarma en la ciudadanía. En comunas como La Serena y Coquimbo la sensación de inseguridad crece día a día y las mujeres, particularmente en La Serena, tienen miedo de caminar por las calles.

Frente a este escenario los gobiernos regionales han financiado cámaras de vigilancia y recuperación de espacios públicos, pero sin una institucionalidad clara que les permita coordinar de manera eficaz estos esfuerzos con el nivel central.

Con este proyecto esa realidad cambiará, permitiendo una planificación estratégica de la prevención del delito adaptada a las necesidades de cada territorio y sus respectivas particularidades.

Esta propuesta, lejos de crear burocracia innecesaria, como aquí se ha planteado, permite que los recursos se utilicen de manera estratégica y efectiva. Con ello fortaleceremos la prevención, apoyaremos de mejor manera a las víctimas y daremos herramientas reales a las regiones para combatir la delincuencia y prevenir, que es lo central para evitar que las situaciones que lamentamos diariamente sigan ocurriendo.

Aprobar este proyecto de ley es avanzar hacia un país más seguro, con gobiernos regionales más fuertes y vecinos y vecinas mejor protegidos.

También, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho desde la Subsecretaría de Prevención del Delito y, por supuesto, desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric, por avanzar en estas materias de seguridad, que, sabemos, son prioritarias y principales para nuestra ciudadanía.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, lo que hace esta iniciativa es darle un marco normativo a algo que ya se ejecuta en la práctica, pero sin lineamientos y sin una estructura clara, para efectos de generar proyectos que, mediante elementos debidamente estudiados y concordados con la política nacional de seguridad pública, vayan precisamente a aprobar proyectos que se condigan con la realidad que están viviendo las distintas regiones y comunas de nuestro país.

Porque ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica, los gobiernos regionales aprueban proyectos de infraestructura, de financiamiento, cuarteles, vehículos y un sinfín de cosas para las policías y los municipios, pero se hacen sin necesariamente tener un lineamiento claro respecto a lo que está pasando en el país e, incluso, en otras comunas de la región. Entonces, claramente, se necesita un marco normativo para regular esto.

En ese sentido, el hecho de que los gobernadores regionales participen en los consejos comunales y en el Consejo Nacional de Seguridad Pública les va a dar no solamente una expertise, sino también una visión distinta respecto de lo que está pasando en las regiones y si esos recursos se están poniendo donde corresponde o solo se destinan porque los pide un alcalde o su sector político. Esas prácticas deben terminar; tiene que haber planificación, evidencia, y una estructura clara para que la prevención del delito llegue con las herramientas necesarias para combatirlo como corresponde.

Eso es precisamente lo que se está haciendo con este proyecto: se está creando esa estructura dentro de los gobiernos regionales. Obviamente, me hubiera gustado que fuera acompañado de financiamiento, que es lo que necesita este proyecto y, por eso, algunos parlamentarios, particularmente de Renovación Nacional, lo rechazaron en la Comisión de Hacienda.

¿Qué elementos me hacen ruido? Los que directamente se relacionan con la autonomía de los municipios. Por ejemplo, informar al gobierno regional la designación y remoción del director de seguridad pública. ¿Por qué habría que informar si los municipios son autónomos? Otro es requerir a los municipios que remitan sus planes comunales de seguridad pública al gobierno regional. Eso no debería ser obligatorio, sino voluntario. Muchos municipios no tienen la capacidad técnica para elaborar y desarrollar proyectos comunales de seguridad pública y por eso los gobiernos regionales son tan importantes, pero siempre directamente relacionados con lo que está pasando, con los planes nacionales de seguridad pública y, sin ninguna duda, coordinados con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ese es el desafío que tenemos por delante para que este proyecto dé resultados.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karen Medina .

La señora MEDINA (doña Karen).-

Señor Presidente, hoy enfrentamos una de las mayores demandas de nuestra sociedad: seguridad pública efectiva y cercana a la ciudadanía.

No podemos seguir respondiendo a este desafío con soluciones centralizadas que desconocen las realidades territoriales. La seguridad debe abordarse desde los territorios, con los gobiernos regionales como un pilar fundamental en la prevención del delito y la protección de sus comunidades.

Descentralizar la seguridad no significa debilitar la estrategia nacional, sino fortalecerla. Es permitir que cada región tenga las herramientas para actuar con mayor rapidez y eficiencia, sin depender exclusivamente de decisiones tomadas desde Santiago .

Los gobiernos regionales ya están invirtiendo en seguridad, renovando gran parte del parque automotriz de esta institución, infraestructura, tecnología para la seguridad y otros, pero lo hacen sin una estructura que les permita planificar y ejecutar de manera coordinada con el nivel central. Hoy, con esta reforma, estamos regulando y fortaleciendo esa función.

Este proyecto establece una articulación clara entre la estrategia nacional y la gestión local de la seguridad. No estamos creando policías regionales, sino dando a los gobiernos locales la capacidad de actuar en prevención del delito, apoyo a las víctimas y fortalecimiento de la seguridad comunitaria, porque nadie conoce mejor los problemas de seguridad de una región que quienes viven en ella y la gobiernan.

La seguridad pública es un compromiso de todos. La descentralización no es un capricho, es una necesidad urgente para mejorar la protección de las personas.

Fortalezcamos a los gobiernos regionales sin perder el rumbo nacional. Hagamos de la descentralización una herramienta para devolverle la tranquilidad a Chile, reforzando la tan anhelada seguridad. Por eso, anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, la elección de gobernadores regionales fue un paso importante en materia de descentralización y, específicamente, permitió avanzar en dar autonomía a cada región del país, a fin de que las decisiones no dependieran totalmente del nivel central.

El proyecto de ley que hoy discutimos va en ese mismo sentido. La delincuencia no se comporta del mismo modo en cada una de las comunas de Chile y, por lo tanto, tampoco las causas de la inseguridad son las mismas en todas las regiones. No podemos enfrentar este contexto con medidas que se diseñen desde oficinas centrales.

Lo que hace este proyecto de ley es incorporar la facultad de prevención del delito a los gobiernos regionales con funciones que, como se ha señalado anteriormente, ya cumplen, pero que no tienen una institucionalidad.

Van a poder diseñar, aprobar y ejecutar planes de seguridad adaptados a la realidad de cada región y, todavía más, focalizados, entregando más y mejores herramientas a los municipios. Esto permitirá mejorar la asistencia a las víctimas, pero fundamentalmente fortalecer la prevención social, comunitaria y situacional del delito.

Lo anterior es muy importante, porque cuando sancionamos significa que ya hemos llegado tarde. Es fundamental la prevención, porque, si bien perseguir la delincuencia y enfrentarla a la justicia por supuesto que es importante, siempre va a ser una acción posterior a que ya se haya cometido el delito. Son muchos los delitos que causan heridas irreparables a las víctimas, a su entorno y a sus familias.

Por eso, es muy importante que los delitos se puedan prevenir, que se pueda llegar antes y evitar que los delitos se cometan, y para ello es fundamental planificar y tener experiencia territorial que pueda ser un aporte en la materia.

Quiero señalar algo que desmiente algunas cuestiones que se han señalado en esta Sala. El proyecto entrega autonomía a los gobiernos regionales para aprobar y ejecutar políticas de prevención. Por supuesto, estas deben ser coherentes con la política de seguridad pública interior de carácter nacional, tener las directrices que entregue el Ministerio de Seguridad Pública y debe existir coordinación, que es un elemento clave.

Por lo tanto, no es contradictorio entregar mayor autonomía a los gobiernos regionales y, a su vez, que exista una coordinación del todo necesaria con el nivel central.

Agradezco al Presidente de la República, Gabriel Boric , la presentación de este proyecto. Ayer aprobamos y despachamos al Senado el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y pone en el centro a las cuidadoras, y hoy seguimos avanzando en materia de seguridad y, cómo no, en descentralización.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, Chile demanda más seguridad y eso es llevar recursos a la calle.

¿Cómo puede ser que cada vez que este gobierno ve un problema tiene que inventar más pegas políticas? ¡Por eso el país está mal, por eso el crimen está descontrolado! Un “compañere” sentado en una oficina no va a reducir la delincuencia. Más carabineros en la calle, con más facultades y herramientas, sí lo va a lograr.

Este tipo de proyectos de ley se equivocan en el foco, se equivocan en cómo resolver los problemas. Este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, tiene un problema de diagnóstico.

¡los problemas en la calle no se resuelven con millones gastados en una oficina! ¡Los problemas en la calle se resuelven con recursos en la calle!

Votaremos en contra del proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señor Presidente, hoy día los niveles de violencia y de delincuencia están desbordados. Y esto no nace de la noche a la mañana; son décadas de inacción y de abandono, sobre todo en los sectores más vulnerables de nuestro país.

Algunos hacen memoria e, incluso, señalan que en dictadura fueron insertadas drogas como la pasta base en las poblaciones. Los pobladores saben dónde están los narcotraficantes, saben dónde están los focos de delincuencia, pero la inacción de los distintos gobiernos ha hecho que hoy tengamos un desborde.

Esto se suma a que también, en su minuto, políticos de ciertos sectores fueron a llamar a los extranjeros a venir a nuestro país, y hoy día quieren que sean sus adeptos y votantes. Esa es la mezcla perfecta para las condiciones que tenemos hoy en día.

Nuestro país no ha considerado la prevención ni ha enfrentado la situación del delito comunitario como se debe. No tenemos rehabilitación, no tenemos reinserción social ni tenemos prevención, y, en ese sentido, es necesario e imperante que todas las instituciones trabajen alineadas bajo una política nacional y una estrategia coordinada.

Hoy, la tecnología puede ayudar mucho en la prevención. Efectivamente, necesitamos más carabineros en la calle, pero es impensado e iluso creer que solo con la presencia de carabineros se solucionará el problema. Además, aunque tuviésemos dotación completa, no lograríamos tener un carabinero en cada esquina. Es por eso que la prevención se debe implementar en distintos niveles. Aquí las comunidades tienen mucho que aportar, porque son los vecinos los primeros en saber cuándo llega un narcotraficante a sus poblaciones o villas.

Hay medidas de disuasión. Hoy las personas se están agrupando en comités de seguridad. En la Región de O'Higgins hemos ayudado a conformar muchos comités de seguridad bajo la llamada de los mismos vecinos, pero esos comités deben tener una estructura, un apoyo, un respaldo. Hay múltiples proyectos que se han desempeñado con buenos resultados, como la implementación de cámaras, alarmas comunitarias y aplicaciones; sin embargo, ello ha disminuido en el último tiempo. Hoy, la georreferenciación en una llamada telefónica puede marcar la diferencia. Así quedó de manifiesto en la terrible situación que ocurrió en Graneros.

Estas son algunas medidas que se pueden desplegar y, por supuesto, los gobiernos regionales, que tienen los recursos, deben estar integrados en esta estrategia nacional.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ.-

Señor Presidente, a la luz de lo dicho acá, parece que hay dos tipos de parlamentarios: los que creen que la inseguridad se va a resolver con videos de TikTok, con muchos likes, diciendo mentiras, y quienes creemos que se va a resolver con una política pública de largo plazo.

Lo cierto es que cuando este gobierno llegó, el 50 por ciento de los vehículos policiales estaba inutilizable. Hoy se compran mil vehículos al año.

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Estimados colegas, por favor, les pido que dejen expresar su opinión al diputado Ibáñez .

Por favor, continúe, señor diputado.

El señor IBÁÑEZ.-

Repito: hay parlamentarios que creen que con videos de TikTok se soluciona la inseguridad.

Lo cierto es que cuando este gobierno llegó, solo un tercio de los municipios tenía patrulla municipal. Hoy, todos la tienen, con la finalidad de desarrollar patrullajes mixtos.

Creo que es fácil caer en el populismo y darles un dedito corto a que quienes los siguen en redes sociales, para que sigan reproduciendo sus discursos vacíos. Hoy ya se realizan inversiones en materia de seguridad en los gobiernos regionales; hoy existe aquello.

A propósito de lo que señalan, no veo que todo el dinero vaya solamente dirigido a traer más carabineros a las calles. Por cierto, aquello hay que hacerlo -se ha subido el presupuesto para ese propósito-, pero no van a ser los carabineros los que van a instalar luminarias, construir canchas deportivas, recuperar sitios eriazos, fortalecer hogares de niños o los programas de reincidencia en las cárceles.

Diputado Sánchez -por su intermedio, señor Presidente-, para su información los gobiernos regionales también han invertido en ampliar cárceles y generar perímetros de seguridad. Para eso se necesitan planes, se necesita gente que diseñe planes preventivos, porque no podemos llegar solo cuando ya el delito, el homicidio, el robo con sorpresa o el robo con intimidación han ocurrido. Hay que llegar antes. Eso implica una mirada local, una mirada territorial, de la mano de los municipios. Lo que hace este proyecto es justamente dar asesoría técnica a los municipios.

Les pregunto a los parlamentarios de nuestra región: ¿saben cuántos funcionarios tiene la

Municipalidad de Catemu? ¿Saben cuántos funcionarios tiene la Municipalidad de Petorca?

¿Saben cuántos funcionarios tiene a disposición la Municipalidad de Papudo o un pequeño municipio como Nogales? Esos municipios necesitan apoyos técnicos de los gobiernos regionales.

La materia que abordamos produce más seguridad e inteligencia para combatir el crimen. Hoy estamos avanzando en una estrategia regional que se articula con la política nacional de seguridad pública que, finalmente, combate el clientelismo con una inversión en seguridad pública que no está previamente diseñada. En ese sentido -repito-, este proyecto es un avance.

Insisto en que los gobiernos regionales ya hacen inversiones en prevención del delito, pero esto les da una mirada territorial en coordinación con la política nacional de seguridad pública. No la suprime; solo la fortalece, porque también la inseguridad se combate con más descentralización y con más decisiones de quienes están con los pies en la calle, en los territorios y conocen los…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que la inseguridad es el gran problema de Chile. Aquí lo más importante es conocer las cifras; sin embargo, tenemos un gobierno que hace nueve meses que no actualiza las cifras de homicidios. La verdad es que estamos mal.

Explíquenme , desde la oposición y desde el oficialismo, por qué en nueve meses no se han dado a conocer cifras actualizadas de homicidios. En otras palabras, el gobierno no sabe cuántos homicidios se han cometido en los últimos nueve meses. Ello es responsabilidad de la subsecretaria de Prevención del Delito y del ministro del Interior y Seguridad Pública, por lo que esperamos que prontamente den a conocer esas cifras, porque no hay ninguna justificación para no revelarlas. Es como que si no tuvieran funcionarios públicos para hacerlo, pese a los miles que han contratado. Ahora este proyecto busca contratar aún más funcionarios públicos. ¿Para qué? Para instalarlos en una oficina del gobierno regional y decir que gastamos plata en seguridad.

Quienes definen las prioridades de inversión son el gobernador y el consejo regional.

¿Vamos a tener una dirección que diga dónde construir un cuartel de bomberos, de carabineros, de la PDI o para intervenir los proyectos de seguridad que se financian con el 8 por ciento del FNDR? Eso lo define una comisión y postulan privados y municipios. ¿Para qué se va a instalar si con suerte al año se construye un cuartel de carabineros en una región? Se va a crear para tener burocracia instalada.

Para esto se requiere algo distinto y que este gobierno nunca ha entendido: salir a enfrentar a los delincuentes, apoyo a las policías, pero apoyo de verdad, no solamente con leyes, ya que hemos dictado más de sesenta. Ahí están las cifras: seguimos igual. Se requiere apoyo político, y de una vez por todas hay que dejar los complejos.

Mientras no se cree una fuerza de tarea conjunta con los mejores hombres de la PDI, de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, y salgamos a enfrentar y combatir las bandas del narco y del crimen organizado, esto no va a parar. Para eso se requiere coraje y convicción, eso que no tiene este gobierno, eso que no tiene el Presidente Boric . Siempre hay un pero, un “sí, pero”. Siempre hay letra chica, pero en seguridad no puede haberla. Se requiere convicción.

De una vez por todas, es necesario cambiar este sistema garantista en que los delincuentes quedan libres; sin embargo, una iniciativa como esa es exclusiva del Presidente de la República. Este gobierno ya no lo hizo y no lo va a hacer.

Nos parece un mal proyecto de ley crear más burocracia, crear más funcionarios para que estén instalados en una oficina. Lo que se requiere es convicción, fortalecer las policías, darles más atribuciones, modificar el sistema garantista y salir a enfrentar las bandas de narcos y de crimen organizado para darlas de baja. Si eso significa que haya pérdidas de vidas humanas o bajas, tendrá que haberlas, para proteger a los ciudadanos honestos de nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, esta normativa es para regularizar algo que está ocurriendo en los hechos. ¿Por qué se presentan estos proyectos? Porque existen gobiernos irresponsables que no hacen la pega y, además, un Congreso Nacional irresponsable que tampoco la hace. Lo quiero fundamentar.

El gobierno no está colocando urgencias a los proyectos; no está haciendo la pega. Quiere endosarles la responsabilidad a los gobiernos regionales para que hagan la pega, para que indemnicen a las víctimas, para que apoyen a las víctimas y desarrollen seguridad pública. Por otro lado, el Congreso Nacional tampoco está haciendo la pega.

Quiero señalar dos ejemplos. En la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados hemos tomado ya varios acuerdos para dar agilidad a proyectos de ley que dan seguridad a la gente que labora en el sector rural. Uno de ellos dice relación con el delito de abigeato y algunas medidas para efectos de su investigación, radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Pues bien, mandamos una nota a esa instancia, pero no obtuvimos respuesta. Como Presidente de esa comisión, tuve que ir personalmente a hablar con responsables de la comisión del Senado. El Presidente de esa comisión, el senador De Urresti, se rio. Esa es la verdad de las cosas. Dijo que había que incluir a las abejas en este tipo de cosas. No he tenido respuesta al respecto.

Otro proyecto dice relación con aumentar las penas relativas al robo de insumos y productos agrícolas, porque hoy la ridiculez es la siguiente: es más grave robar una camionada de palos o de leña que robar alimentos o los insumos necesarios para producirlos. Pues bien, ese proyecto viene a regularizar ese tema.

Desde la Comisión de Agricultura pedimos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados que agilizaran el trámite y que, si no tenían tiempo, nos remitieran el proyecto a nosotros. Sin embargo, no quisieron tramitarlo ni tampoco pedir que se remitiera a la Comisión de Agricultura. Entonces, ¿de qué estamos hablando si no hay voluntad para agilizar los trámites?

En la Comisión de Agricultura hoy tenemos invitados al ministro de Agricultura, al ministro del Interior y Seguridad Pública, y a la subsecretaria de Prevención del Delito -esto fue acordado hace bastante tiempo-, entre otras cosas, para analizar un hecho ocurrido en el intertanto: el asesinato de dos agricultores en la zona de Graneros. Sin embargo, el ministro del Interior y la subsecretaria de Prevención del Delito no van venir, porque se excusaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando si no hay voluntad respecto de este tema?

Por lo tanto, es refácil entregar facultades a los que hoy sí las están ejerciendo, que son los gobiernos regionales, porque tienen los recursos y una mejor voluntad para apoyar a las víctimas y para indemnizar a las personas que han sufrido delitos, particularmente en la Región de La Araucanía. Como este gobierno no ha hecho la pega y este Congreso tampoco ha hecho la pega, endosémosles la responsabilidad a otros para que la hagan, porque es la única manera de solucionar, en parte, lo que hoy está ocurriendo. Lamentablemente, no hay voluntad de los poderes del Estado para solucionar este tema.

¡Para qué vamos a hablar del Poder Judicial! Ese sería otro tema que nos tomaría un día entero abordar.

Por lo tanto, voy a aprobar este proyecto para apoyar la irresponsabilidad de quienes no hacen la pega.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señor Presidente, dejemos a un lado los discursos populistas. Los que aquí dicen que la creación de una nueva división, en este caso una división de seguridad en los gobiernos regionales, traerá como consecuencia mayor seguridad en sus regiones están falseando la realidad. Los gobiernos regionales ya tienen una estructura que les permite definir dónde invertir los recursos, sea para asuntos de seguridad o de cualquier otra índole.

Aquí muchos tienen la convicción de que cuanto más grande es la estructura de un organismo del Estado, su actuar va a ser más eficiente. La realidad ha demostrado exactamente lo contrario. En efecto, queda claramente demostrado con el hecho de que en el año 2010 existían 540.000 empleados públicos, y hoy son más de un millón; sin embargo, no existe mayor eficiencia fiscal.

Si los gobiernos regionales tienen dudas sobre cómo invertir en seguridad, ¿por qué no solicitan asesoría o crean un comité en el que participen las municipalidades, Carabineros y la PDI? De esa forma, los recursos que estos proyectos buscan gastar en agrandar la maquinaria estatal podrían invertirse en obras que realmente mejoren la seguridad de los vecinos y vecinas de una localidad o de nuestras ciudades.

Parece que la finalidad última de este proyecto no es mejorar la seguridad de la ciudadanía, sino contratar a algún amigo o pariente que les quedó en el tintero.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, cuando uno analiza estas discusiones, se da cuenta de que hemos avanzado un poquito en la famosa batalla cultural. Hemos logrado, o la fuerza de los hechos en realidad ha logrado que el Frente Amplio se ponga corbata, hable de seguridad y apoye a nuestras policías. Es un milagro, ¿verdad? Es un milagro, verdaderamente.

Hoy se nos habla de que hay que mejorar los espacios públicos para que los chilenos tengamos mejor seguridad. Pero ¿en qué momento se destruyeron esos espacios públicos? Mientras esos espacios públicos estaban siendo destruidos, ¿qué estaban haciendo algunos de los que hoy se encorbatan y defienden a Carabineros? Estaban aplaudiendo en las calles. Los videos son elocuentes.

Se habla de que hay que mejorar las condiciones laborales de los carabineros, pero hasta no hace mucho tiempo se decía que había que desmantelar esta institución. Se decía que los carabineros eran unos asesinos y unos violadores; eran tratados de lo peor. ¿Y qué estaban haciendo en ese momento aquellos que hoy se encorbatan y defienden a las policías? Estaban acusando que había centros de tortura en Baquedano.

Entonces, permítanme dudar. Yo, por lo menos, no les creo esta intención. Además, con este proyecto se repite la vieja y fracasada fórmula que hemos visto constantemente en este Congreso Nacional: frente a un problema, más burocracia; frente a un problema, más Estado.

Pero no hay más Estado ahí donde se necesita. Porque necesitamos más Estado, por supuesto que sí, para mejorar las condiciones laborales de los carabineros. Hoy muchos carabineros se preguntan “y mi bono de un sueldo al año que me prometieron el año pasado, ¿dónde está?”. Me encantaría que estuvieran presentes en la Sala el ministro del Interior y la subsecretaria de Prevención del Delito para preguntarles qué pasa con ese bono. Pero están ausentes de esta discusión; porque, al final, a medida que se acercan las elecciones parlamentarias y presidenciales, se van cayendo las caretas, pues, como dijera la exministra del Interior, nunca tuvieron como prioridad la seguridad pública. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la ministra o a la exministra y ahora candidata?

Y se van cayendo las caretas porque, al final, esto, como ya se reveló en algún momento, de gestión tiene poco. En realidad, de gestión no se puede hacer mucho. Lo que hay que hacer es show, pirotecnia y espectáculo. Esto es espectáculo y nada más. No se van a enfrentar las verdaderas causas de la crisis de seguridad que tiene nuestro país.

Por lo tanto, no cuenten con nosotros, porque no vamos a ser cómplices de este triste espectáculo.

Votaremos en contra.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, en Chile no hay seguridad. La sensación de inseguridad ha llegado al 97 por ciento; o sea, 97 chilenos de cada 100 no sienten seguridad al vivir en su país. Junto a esto, vemos el alza de la criminalidad y el aumento de la violencia en los delitos. Es uno de los síntomas que vemos en una sociedad enferma, que está en una sala de espera sin atención y con un diagnóstico grave y en estado terminal.

Vivimos en un país sin dinero y que ahora quiere endeudarse entregando responsabilidades de seguridad que les corresponden a las instituciones encargadas de ello, como son Carabineros y la PDI. Si realmente desean mejorar el tema de seguridad, lo que deben hacer es aumentar el apoyo económico y tecnológico a estas instituciones, pues hoy el crimen organizado tiene mayor capacidad y rapidez de organizarse que el propio Estado. El crimen organizado tiene drones y más elementos tecnológicos que las policías. Fíjense que en algunas comunas se tiene que hacer control de identidad para poder entrar.

También se requiere aumentar el apoyo legal a nuestras policías para que puedan realizar su trabajo sin tener miedo de actuar cuando hay un delito en flagrancia. La proporcionalidad de la fuerza debe ser siempre mayor en quien ostenta la autoridad.

También se debe trabajar desde el origen de la delincuencia, con medidas como el cierre de fronteras, ¡pero ahora ya! Debemos ser preventivos. Hoy Perú vive una crisis por la cual tiene a sus fuerzas armadas en las calles.

Hace dos meses estuve en El Salvador, donde el trabajo en seguridad es digno de imitar. No solo se trata de construir una cárcel; se trata de abordar la criminalidad y la seguridad desde distintos puntos de vista. De ser el país más inseguro, El Salvador se transformó en el tercer país con mayor seguridad en el mundo. Lo viví. En sus calles se respiraba tranquilidad a las dos de la mañana con familias y niños en una celebración previa a Navidad.

La seguridad es una realidad, pero es responsabilidad del Estado no desparramar dinero en medidas que finalmente no darán ningún resultado.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, al parecer, hay dudas sobre este proyecto, que es fundamental y que tiene que ver con abordar la situación de las víctimas de la violencia rural. Esta violencia se ha visualizado con el horrendo y macabro crimen, en la Región de O’Higgins, de una pareja que fue vilmente asesinada. Esa es una realidad que, lamentablemente, no podemos normalizar.

Nosotros en La Araucanía venimos viviendo desde hace muchos años esa situación: extorsiones y asesinatos. Imagínense que en la Región de La Araucanía, y también en su región, señor Presidente, en muchos casos se cosecha con militares. Eso es anormal; no podemos normalizarlo. Hace unos días, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker , decía que no podemos normalizar el cosechar con militares.

Por lo tanto, las víctimas están ahí, son permanentes y requieren que el Estado les devuelva algo que les ha quitado. El Estado tiene que darles protección. No es normal que el Estado no proteja y no cumpla su función principal, que es entregar seguridad pública. Es cierto que hay otro tipo de seguridades a las que el Estado tiene que comprometerse, pero la fundamental es la seguridad pública.

En la ruralidad hay indefensión. En la ruralidad hay muchas víctimas. Hay víctimas de la delincuencia y del crimen organizado, pero también de la violencia intrafamiliar. Y ahí no se escuchan los gritos, porque en el campo es mucho más difícil, pero también son víctimas.

Por tanto, estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo. La violencia, la delincuencia rural y, en nuestro caso, el terrorismo en La Araucanía corresponden a un fenómeno mucho más complejo, que no tiene que ver con un grupo u otro, sino con que la delincuencia ha visto las debilidades que tenemos como Estado y se ha instalado en las poblaciones, donde actúa con total impunidad, pero también en el campo.

Por eso, es necesario que los gobiernos regionales cuenten con recursos para devolver a las víctimas algo que el propio Estado les ha quitado, que es la protección.

Aprovecho de mencionar que también debiéramos entrar al debate de una cuestión que tiene que ver con la especialidad de Carabineros de Chile. Tenemos un déficit de 35.000 carabineros, del 40 por ciento, según la OCDE, pero tenemos que especializar a la policía en la ruralidad. O sea, se requiere especializarla al estilo de la policía francesa rural, que conoce a sus parroquianos y se relaciona con sus vecinos. Los policías conocen a la gente que está en el campo, de modo que, cuando llega alguien externo, lo identifican rápidamente.

Hoy tenemos algunos modelos interesantes, como las Patrullas de Atención a Comunidades Indígenas (PACI) y las juntas de vigilancia rural, que se vinculan con Carabineros. Ese también es un aporte que creo que, a partir de este proyecto de ley, puede surgir.

En consecuencia, creo que con esta iniciativa se avanza, de manera que la voy a aprobar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, por su intermedio, en primer lugar, quiero saludar a nuestro gobernador de O'Higgins y presidente nacional de los gobernadores, señor Pablo Silva , quien se encuentra en las tribunas, y, por cierto, también sumarme con mucha fuerza al respaldo a esta iniciativa.

Creo que es importante no perder de vista que seguimos en medio de una crisis de seguridad, que hay nuevas formas delictuales que afectan diariamente a ciudadanos y ciudadanas en distintas regiones de nuestro país. Señalo esto a propósito, por ejemplo, de lo ocurrido hace unos días en nuestra comuna de Graneros con el brutal y vil asesinato a un matrimonio en la zona rural de la comuna.

Eso nos hace preguntarnos en qué línea avanzar para que, desde el Estado, se otorgue mayor seguridad a las personas. Creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer, como se ha venido haciendo en orden a robustecer a nuestras policías, al Ministerio Público, y lo que va a hacer el nuevo Ministerio de Seguridad, son muy bienvenidos.

Pero también hay que innovar y otorgarles más facultades, más herramientas para complementar esos esfuerzos, sobre todo en materia de prevención, a los gobiernos regionales, como se hace a través de esta iniciativa, y también a los municipios, como se hace a través del proyecto de ley de seguridad municipal, que espero que avance rápidamente.

De ese modo abordamos el problema de la inseguridad de manera mucho más integral, con un esfuerzo conjunto y colaborativo de distintos estamentos y niveles del Estado, y solo de esa forma, trabajando todos unidos, en definitiva, podremos ganarle la batalla a la delincuencia, al crimen organizado, que hoy día, lamentablemente y cada vez de forma más violenta, tiene a la población con miedo.

Esta iniciativa contribuye en esa dirección, y no veo por qué alguien podría negarse a aquello. Por cierto que tiene que ser con todas las garantías de absoluta transparencia, respetando las facultades que cada estamento del Estado tiene en materia de seguridad. Pero acá tenemos que sumar esfuerzos y no restar, tenemos que sumar fuerza y no dejar a una o dos instituciones toda la responsabilidad sobre algo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.

Por eso, anuncio nuestro respaldo a esta iniciativa. Espero que este sea transversal y que el día de hoy pueda ser aprobada.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad, correspondiente al boletín N° 16974-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Raúl Soto .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 51ª de la legislatura 372ª, en miércoles 10 de julio de 2024. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 3ª de la presente legislatura, en lunes 17 de marzo de 2025. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SOTO, don Raúl (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos relativos al crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en fijar un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado u otros que requieren celeridad en su investigación.

Durante la discusión del proyecto se recibió a la entonces ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá ; al entonces ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde ; al director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo ; al jefe nacional de Cibercrimen de la PDI, señor Maximiliano Mac-Namara , y al presidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G., señor Alfie Ulloa .

El mensaje señala que en la investigación de ciertos delitos es de particular relevancia para el Ministerio Público y las policías contar con el tráfico de llamadas o de datos por internet en el más breve plazo posible.

En el caso de las investigaciones por hechos que involucran participación de asociaciones delictivas o criminales, los mencionados registros son esenciales para identificar a los integrantes de las bandas y detenerlos antes de que su actividad delictiva comience o continúe.

Agrega que, en los casos de delitos de secuestro, sustracción de menores e incendio, contar con los mencionados registros rápidamente permite elevar la probabilidad de rescate de las víctimas, en los primeros, y de identificación de los responsables, en los últimos.

El proyecto consta de un artículo único con dos numerales que modifican el artículo 218 ter del Código Procesal Penal en el siguiente sentido:

En su numeral 1), agregado en la comisión, se modifica el inciso primero del artículo 218 ter referido. Este inciso en su texto vigente faculta al Ministerio Público para solicitar a cualquier proveedor de servicios, previa autorización judicial, que entregue la información relativa a tráfico de llamadas telefónicas, envíos de correspondencia o de tráfico de internet de sus abonados.

La comisión aprobó una modificación en el sentido de que el Ministerio Público pueda, además, requerir la información relativa a la localización o georreferenciación del tráfico de voz o datos de sus abonados.

El numeral 2), por su parte, agrega, a continuación del inciso sexto, los incisos séptimo y octavo, nuevos, pasando los actuales a ser incisos noveno y décimo, y así sucesivamente.

El nuevo inciso séptimo, como venía en el proyecto original, establecía un plazo de 24 horas máximo para la entrega de información requerida por el Ministerio Público, aplicando dicho plazo respecto a asociaciones delictivas, o de que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión, o que prepara actualmente la comisión o participación en alguno de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 474, 475 y 476 del Código Penal. Esto respecto a los delitos de secuestro, sustracción de menores y delitos de incendio.

Como se verá a continuación, la comisión acordó que la entrega de información debe ser de inmediato y en ningún caso transcurridas más de 24 horas desde el requerimiento. Además, agregó otros delitos, como los relativos a control de armas, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, lavado y blanqueo de activos, conductas terroristas, entre otros.

La redacción definitiva del inciso séptimo es la siguiente: “Cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la existencia de una asociación delictiva o criminal, de la desaparición de una persona conforme a lo establecido en la ley N° 21.500, que regula el Proceso Unificado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Crea el Sistema Interconectado para estos Efectos, o de que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión, o que prepara actualmente la comisión o participación en alguno de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 292, 293, 361, 362, 365 bis, 366 bis, 367, 367 ter, 367 quáter, 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391, 411 bis, 411 ter, 411 quater, 433 No 1; 438, en relación con el artículo 433 N° 1; 474, 475, 476 o 480 del Código Penal; en la ley No 17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fija en el decreto N° 400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional; en la ley No 20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; en la ley No 19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley No 21.732, que Determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la ley Nº 18.314; o en delitos considerados económicos, de acuerdo con la ley N° 21.595, cuando estos sean cometidos por empresas de conformidad con la ley N° 20.393, la entrega de los registros y antecedentes referidos en este artículo deberá efectuarse de manera inmediata y en ningún caso transcurridas más de veinticuatro horas desde el requerimiento.

Por su parte, el nuevo inciso octavo, que el proyecto agrega, como resultado de una indicación aprobada, es el siguiente:

“Para la entrega de los registros y antecedentes mencionados en este artículo, así como para la interceptación de comunicaciones establecida en el artículo 222, los proveedores de servicios deberán garantizar la disponibilidad permanente para resolver y dar respuesta a los requerimientos realizados por el Ministerio Público.”.

Considerando que la comisión aprobó este proyecto de ley, solicito a la honorable Sala que apruebe el proyecto en los términos propuestos.

Es cuanto puedo informar. He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, hoy nos reunimos para buscar soluciones ante la alarmante inseguridad que enfrenta Chile.

Como representante de la Región de Ñuble, donde también sentimos el aumento de la criminalidad, considero esencial discutir el proyecto que obliga a las compañías de telecomunicaciones a entregar, de manera expedita, datos de llamados y de localización al Ministerio Público.

Entiendo la urgencia, dado que el índice de homicidios ha aumentado y los crímenes con autores desconocidos indican la profesionalización del crimen organizado. En este contexto, mejorar la persecución penal es crucial, pero debemos hacerlo con responsabilidad y realismo. Necesitamos infraestructura y sistemas que respalden estas demandas, como ocurre en países con mejores interconexiones. No podemos permitir que las urgencias verdaderamente críticas se diluyan por un manejo ineficiente.

Ahora bien, la carga que el proyecto coloca sobre las compañías de telecomunicaciones, al exigir disponibilidad permanente de personal, también es una responsabilidad que debemos enfrentar, toda vez que esto podría sobrecargar a las empresas, lo que, lamentablemente, ralentizaría el proceso que queremos lograr y agilizar con esta iniciativa.

Además, es urgente considerar la seguridad del personal de telecomunicaciones, que podría ser víctima de amenazas por parte del crimen organizado.

Por otra parte, necesitamos tener claridad sobre el tipo de información requerida. Considerando que los datos móviles solo permiten la localización y no revelan contenidos, debemos coordinar con los proveedores de aplicaciones para alcanzar este fin, lo que añade complejidad, pero es necesario para lograr el objetivo de justicia.

Queremos un Chile más seguro, pero no a costa de medidas impracticables o que vulneren derechos. Construyamos un marco legal robusto, efectivo y respetuoso.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señorita GONZÁLEZ (doña Marta) .-

Señor Presidente, en la misma línea de la intervención anterior, quiero señalar que los esfuerzos mancomunados por la seguridad y por devolver la tranquilidad a nuestro país deben ser realizados por todos, involucrando tanto al sector público como al privado. Debemos asumir esta gran tarea como Estado, como país, como nación, y, sin duda, en este esfuerzo los privados también tienen mucho que aportar.

Este proyecto es muy pertinente y va en la dirección correcta, ya que puede facilitar considerablemente la investigación y prevenir delitos de gran connotación.

También, hemos visto la importancia de contar con esta información en los casos de personas extraviadas, en los que es urgente que se entregue oportunamente la información requerida sobre datos de contacto y teléfonos. Lamentablemente, cuando las familias lo solicitan, muchas veces la información llega tarde e, incluso, después de que las personas extraviadas fueron encontradas fallecidas, veinte o treinta días tras su desaparición, momento en el que la información ya no es relevante ni útil.

Por otra parte, la soberanía en materia de electricidad y energía nos obliga a reforzar la capacidad de los medios de comunicación para mantenerse operativos en una contingencia. Esto lo hemos evidenciado en las últimas situaciones de emergencia que hemos vivido como país, ya que, tras quedarnos sin electricidad, los servicios de comunicación se vieron afectados porque no contaban con la autonomía necesaria. En ese sentido, también es urgente mejorar dicha autonomía y exigir que las empresas de telecomunicaciones cuenten con los recursos necesarios para seguir operando durante más de ocho o diez horas, tal como recomiendan los expertos.

Son puntos en los que debemos trabajar, y estos proyectos son imprescindibles para avanzar en esa dirección.

El país nos pide celeridad y que todos estos puntos críticos sean corregidos. Por esta razón, aprobaré el proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señorita ROMERO (doña Natalia) .-

Señor Presidente, durante las últimas semanas, en la Región de O'Higgins hemos sido testigos de un alza brutal de la delincuencia y la criminalidad. Lo sucedido en Graneros es realmente inédito, y no cabe duda de que, detrás de esto, al igual como ha ocurrido en el cono norte de nuestra región, se encuentra el crimen organizado, agrupaciones delictivas que el Estado no ha combatido con la celeridad, fuerza y capacidad necesarias. Lamentablemente, este gobierno ha fracasado en la lucha contra la delincuencia.

Si bien este proyecto de ley busca fijar un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes, lo que, sin duda alguna, constituye una excelente iniciativa que facilitará el trabajo de las policías, desde aquí hago un llamado a que se considere a la Región de O'Higgins, específicamente su cono norte - Mostazal , Graneros , Codegua , entre otras comunascomo una zona crítica.

Requerimos más fiscales, ya que en nuestra región hay un 50 por ciento menos de fiscales. Además, necesitamos mayor dotación de policías y un plan especial en esta materia.

Anuncio que aprobaremos este y todos los proyectos de ley relacionados con la seguridad; así lo hemos hecho desde el primer día. Sin embargo, no puedo quedarme en silencio ante el horror que vive mi región, la Región de O'Higgins, y, sobre todo, el sector rural.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el segundo informe reglamentario del proyecto de ley, iniciado en moción, que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y modifica cuerpos normativos que indica, correspondiente al boletín No 14987-12.

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos

Naturales es la señorita Camila Musante .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 129ª de la legislatura 372ª, en lunes 20 de enero de 2025. Documentos de la Cuenta N° 17.

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 85ª de la legislatura 372ª, en martes 8 de octubre de 2024 -oportunidad en que se rindió el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales-, y continuó en la sesión 93ª de la misma legislatura, en martes 29 de octubre de 2024.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En reemplazo de la diputada Musante , rinde el informe la diputada señora Viviana Delgado .

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora DELGADO, doña Viviana (de pie).-

Señor Presidente, distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, me ha correspondido informar ante ustedes el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que dicta normas para dar protección a los humedales rurales y modifica cuerpos normativos que indica, iniciado en moción de las diputadas señoras María Francisca Bello , Nathalie Castillo , Daniella Cicardini , Camila Musante , Marcela Riquelme y Consuelo Veloso , y de los diputados señores Cristóbal Martínez , Daniel Melo , Rubén Oyarzo y Jaime Sáez .

En la sesión 93a, celebrada el 29 de octubre de 2024, la Sala de la Corporación prestó su aprobación en general al proyecto en informe y, acogiendo una indicación presentada por la diputada señora Camila Musante , que tenía por objeto reemplazar su artículo 2, lo remitió a esta comisión para segundo informe.

El texto del proyecto aprobado en el primer trámite reglamentario consta de siete artículos permanentes y una disposición transitoria, cuyo tenor se contiene en el informe que mis colegas tienen en su poder, por lo cual, en aras del tiempo, no lo detallaré.

La indicación, que fue rechazada por la comisión, contenía una caracterización más completa y acabada de los humedales rurales. En su primer inciso, establecía que se entendería por humedal rural todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, fueran estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no excediera los seis metros y que se encontraran total o parcialmente dentro de las zonas rurales. Agregaba que no se considerarían como humedales rurales aquellos cuerpos de agua formados temporalmente, exclusivamente por eventos de precipitación, que no representaran un régimen hídrico que mantuviera las condiciones de humedal a lo largo del año.

En su inciso segundo, disponía que sería considerada como zona rural aquella que se genera producto de la interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los recursos naturales, caracterizada principalmente por una población cuya densidad poblacional es inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado, con una población máxima de 50.000 habitantes, y se encontrara fuera de los límites urbanos que establece la ley N° 21.202, debiendo considerar, además, los antecedentes que proporcione el Instituto

Nacional de Estadísticas para determinar las áreas rurales.

Finalmente, me permito hacer presente a mis colegas que, a juicio de vuestra comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de esta Sala normas que revistan carácter orgánico constitucional ni que requieran ser aprobadas con quorum calificado. Asimismo, estimó que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por no tener sus disposiciones incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado.

Las demás menciones reglamentarias constan en el informe referido, que mis colegas tienen en su escritorio virtual.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, los humedales son ecosistemas que se caracterizan, principalmente, por la importante presencia de agua, ya sea en forma permanente o estacional, y, además, por tener suelos saturados de agua, que dan lugar a una vegetación adaptada a esas condiciones.

El artículo 2 del texto propuesto por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales define los humedales como toda aquella extensión de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes; dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren totalmente fuera del límite urbano.

Presidente, en nuestro país existe una gran cantidad de ecosistemas, en especial en mi distrito debido al clima, las lluvias y otros factores. Durante siglos hemos convivido en armonía con los humedales, sin dañar nada. No obstante, esta repentina preocupación -casi obsesiva, diríanos debe poner en alerta, ya que manos negras pueden utilizar estos argumentos para perjudicar a miles de familias que, por ejemplo, esperan por una vivienda. Ya nos pasó con el predio Baquedano , en Osorno, y ahora nos está pasando en Purranque. Así lo ha presentado con preocupación la vecina Marlene Águila . Cientos de familias esperan comprar un terreno, pero no se atienden sus solicitudes de audiencia, y menos aún existe la certeza respecto de cómo se declara un humedal.

Por lo mismo, considero preocupante esta norma, pues la materia que destaca la ordenanza es, en realidad, materia de ley, pues se trata de una restricción al debido ejercicio del derecho de propiedad.

Seguidamente, el proyecto propone la creación de comités de humedales rurales, los que podrán promover la adecuada gestión de los humedales rurales, así como una gobernanza que permita la participación efectiva de los actores involucrados en su gestión, protección y conservación.

En particular, llama la atención la incorporación, mediante la letra b) del número 2) del artículo 7 del proyecto, de un inciso final, nuevo, en el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones del siguiente tenor: “Los instrumentos de planificación territorial podrán incluir limitaciones con el objeto de proteger los humedales.”. El motivo por el cual destacamos el mencionado inciso, y que consideramos debe ser rechazado por la Sala, es porque incorpora el vocablo “limitaciones” sin ningún tipo de restricción, dejando abierto el paso para que, eventualmente, puedan ser incorporados gravámenes excesivos para el ejercicio de diferentes derechos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, desde Acción Humanista y nuestro Comité somos categóricos en señalar que votaremos a favor este proyecto, pues el texto propuesto avanza hacia la protección de nuestro medio ambiente y del Estado de derecho que tanto defendemos.

Los humedales son maravillosos ecosistemas que, a veces, pasan desapercibidos. Ellos son vitales para nuestra vida y las de futuras generaciones. Nos brindan agua, regulan el clima y son hogar de una increíble diversidad de fauna. Además, nos protegen de inundaciones y sequías. Son como esponjas naturales que absorben el agua y la liberan lentamente, manteniendo el equilibrio hídrico de nuestros territorios.

No obstante, estos valiosos lugares están en peligro. La ley Nº 21.202, que protegió los humedales urbanos, dejó un vacío que debemos llenar con urgencia. También los humedales rurales necesitan nuestra protección, y este proyecto de ley es un paso crucial en ese sentido.

Especialmente relevante es el caso del cajón del Maipo, que forma parte de nuestro distrito Nº 12, el que cuenta con más de mil humedales; de hecho, posee cientos de estos valiosos parajes, incluyendo importantes cabeceras de cuenca.

Al estar en las partes altas de los valles, este tipo de enclaves naturales reciben agua por neblina, lluvia, nieve y granizo. Además, tienen el potencial de retener y acumular agua en forma de glaciares, nieve, humedales y agua subterránea. No obstante, también acarrean un historial de destrucción, principalmente por la actividad minera metálica y no metálica.

Entiendo y comparto la preocupación de muchos por el avance del mercado inmobiliario o industrias de extracción y su impacto en estos ecosistemas. Es una preocupación legítima y pertinente, por lo que debemos encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la protección de nuestro patrimonio natural. No podemos permitir que la ambición acabe con lugares naturales que nos dan vida, como ocurrió con el destruido humedal Lo Valdés , en el cajón del Maipo, un lugar tan querido y valioso para todos nosotros y que debe destacarse, pues dicha cuenca es esencial para la provisión de agua de la Región Metropolitana.

Este proyecto de ley busca precisamente eso: establecer normas claras y criterios mínimos de protección para dichos lugares, en armonía con la ley Nº 21.600 y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Además, fortalece el rol de los municipios, les da herramientas para proteger estos ecosistemas y se hace cargo de algo muy importante: exige la autorización del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para ejecutar cualquier construcción en humedales rurales. Esto es vital, ya que estas superficies son especialmente vulnerables. Asimismo, el proyecto es valioso porque se agrega el concepto de área de amortiguación, además de impedir la calificación después de ser incluido en el SNAP.

Sé que este es un tema sensible y complejo, pero tengo la convicción de que podemos lograr un consenso y aprobar esta ley en proyecto. Es nuestra responsabilidad con las comunidades, la naturaleza, el futuro de Chile y, por supuesto, con el cajón del Maipo, que merece toda nuestra atención y cuidado.

Hago un llamado a que aprobemos este proyecto, para que juntos protejamos nuestros humedales rurales, construyamos un futuro más sustentable para todas y todos y preservemos la belleza y la riqueza natural de nuestro hermoso país.

Por todo lo anterior, y con la convicción de que estamos haciendo lo correcto, mi voto será a favor de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, no tenemos más opción que proteger los humedales. Estamos en un contexto de una crisis climática producto de la acción de los seres humanos, con la quema de combustibles fósiles y la destrucción de aquellas zonas receptoras de ese carbono que hoy está en la atmósfera, que estamos pagando muy caro.

Por esa razón, en el período anterior aprobamos la ley de humedales urbanos, porque hay muchos humedales amenazados por las inmobiliarias, por las termoeléctricas a carbón, como en el caso de Puchuncaví, o por proyectos del gobierno, como las cárceles, como en el caso de Valdivia. En nuestra Región del Biobío, el propio Serviu acaba de comprar un humedal para proyectos de viviendas sociales.

En el momento en que discutimos este proyecto, los vecinos de Perales, en la comuna de Talcahuano, están echando unas máquinas retroexcavadoras, que son de algún servicio público, porque están destruyendo el humedal de Perales.

Hay muchos humedales que no están en zonas urbanas. Por eso se presentó este proyecto de humedales rurales, para poder conservarlos. No se trata de potreros ni de zonas que haya que rellenar, sino de zonas que tenemos que conservar, porque tenemos la obligación de hacerlo. Este Congreso Nacional y los distintos gobiernos no han estado a la altura.

Tenemos un proyecto de ley que perfecciona la ley de humedales urbanos, que duerme en el Senado al igual que muchos otros proyectos que hemos despachado desde esta Cámara de Diputados.

Es el momento de que avancemos con fuerza, pero no basta con que hoy aprobemos este proyecto. Me imagino que se va a aprobar, a pesar de que siempre hay gente que atornilla al revés. Sin embargo, si el gobierno no se involucra y no le pone urgencia en el Senado para empujarlo, sumará un proyecto más que esta Cámara de Diputados ha despachado y que el Senado tiene guardado.

Voy a nombrar solo los proyectos que yo he presentado, aunque tal vez haya más: el proyecto que termina, cierra y prohíbe las termoeléctricas a carbón en Chile, que lleva como tres años en el Senado; el proyecto que elimina los plásticos de un solo uso en las campañas políticas, el proyecto que perfecciona la ley de humedales urbanos. Hay muchos proyectos que si este gobierno, en el que teníamos muchas esperanzas, no empuja, seguirán engrosando la lista de proyectos aprobados por la Cámara de Diputados en materia ambiental y que el Senado no quiere despachar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señor Presidente, nuestro ecosistema y nuestra biodiversidad son irremplazables. Este es el único hogar que tenemos, y protegerlo debe ser nuestra prioridad.

Sin embargo, seguimos siendo testigos de graves situaciones que continúan destruyendo y contaminando nuestros humedales. La magnitud del problema es alarmante.

Según datos del Ministerio del Medio Ambiente, basados en estimaciones científicas, desde el año 1900 hemos perdido el 64 por ciento de los humedales del planeta, un panorama extremadamente difícil de revertir.

Por eso, celebro y apoyo iniciativas como esta. No obstante, es evidente que debemos garantizar una protección robusta para todos los humedales, sin distinción entre urbanos y rurales.

Las amenazas son constantes y debemos estar preparados para enfrentarlas, especialmente ante el mal llamado desarrollo, que pone en riesgo nuestro medio ambiente.

En Lampa, el humedal de Batuco es el más importante de la Región Metropolitana. Conservar sus 274 hectáreas es imprescindible. Debemos frenar la amenaza inmobiliaria que busca destruir este valioso ecosistema.

Actualmente, en Lampa tenemos seiscientas familias cuyas viviendas deben demoler por orden del Tribunal Ambiental. Me pregunto: ¿de quién es la culpa? ¿De las personas que tenían el sueño de tener su vivienda o de los permisos que son otorgados por los municipios y por el gobierno cuando estos pasan por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y solo deben hacer una declaratoria?

No somos un país que sepa prevenir, sino un país en que creemos que el progreso está por sobre todo lo que consideramos medio ambiente, y hoy tenemos la prueba. ¿Qué vamos a hacer con esas seiscientas familias y con la destrucción de sus sueños y sus viviendas?

Hago un llamado al Ministerio del Medio Ambiente, para que avance y reponga la declaratoria del humedal urbano de Quilicura. Los vecinos seguimos esperando que se cumpla la promesa de ser un gobierno verdaderamente ecologista.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra la diputada Clara Sagardía .

La señora SAGARDÍA (doña Clara).-

Señor Presidente, este proyecto de ley busca la protección de los humedales rurales, iniciativa fundamental en el contexto de la crisis climática actual. Su importancia radica en la necesidad de extender su protección más allá de los humedales urbanos.

Este proyecto también responde a una realidad urgente de intervención humana en el desarrollo privado, que afecta significativamente los ecosistemas, ya sea por desconocimiento o falta de regulación.

La iniciativa incluye a los humedales rurales bajo un marco legal específico, que evita la degradación y promueve la restauración, lo que contribuye a la biodiversidad y al equilibrio ecológico.

Este proyecto también permite una protección integral en coordinación con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que es especialmente relevante en el contexto de la sequía extrema y el cambio climático que vivimos.

Otro aspecto de relevancia que cabe señalar es que las municipalidades deberían crear ordenanzas generales para proteger los humedales rurales dentro de sus comunas, considerando la posibilidad de establecer zonas de amortiguación y de regular su uso racional. Para ello deben fijar los criterios para su protección, conservación y preservación.

En el distrito que represento existen muchos humedales rurales que no son protegidos. Este proyecto viene a protegerlos en todos sus aspectos, no para perjudicar a nadie, sino para beneficiarnos todos.

No respetar las zonas bajas por donde escurre el agua, entre las cuales se encuentran los humedales, ha provocado inundaciones que han afectado casas. Ello ocurre porque no se respetan los lugares naturales de inundación.

Por tal razón, esta iniciativa viene a ayudar a la protección de esos sitios, y a los municipios para que puedan aplicar las normas correspondientes.

Es por ello que aprobaré este proyecto de ley, como también lo hice en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, Campiche y Maitenes son dos sectores del distrito que represento, ubicados en la comuna de Puchuncaví. Actualmente se está llevando a cabo la construcción del proyecto Ruta F-20 Nogales-Puchuncaví. En el año 2019, esa obra amenazaba los humedales locales, que son ecosistemas cruciales para la biodiversidad del área. Ante esta situación, realizamos muchas fiscalizaciones en el lugar y, gracias al esfuerzo colaborativo de las organizaciones en defensa del medio ambiente, logramos que ese lugar se fiscalizara y detuvimos las actividades de construcción que estaban afectando directamente a los humedales.

La construcción del proyecto continúa, pero ahora respetando los ecosistemas vitales. Estamos comprometidos con el progreso, pero no a costa de daños irreparables al medio ambiente.

¿Quién responde por los desastres del medio ambiente, especialmente en un área tan vulnerable como Puchucanví?

El 2022 visitamos el humedal conocido como Ojos de Mar de San Antonio, amenazado por la expansión portuaria. También nos unimos a los esfuerzos comunitarios de quien ha estado dando la lucha todos estos años para proteger estos ecosistemas: José Luis Brito Montero , a quien agradecemos también porque es un naturalista experto en fauna silvestre de la provincia de San Antonio. Su lucha constante y perseverante por este ecosistema ha sido fundamental para su protección.

El 2024 hubo una situación similar en Los Molles, comuna de La Ligua. La contaminación de la empresa sanitaria San Isidro ha tenido un impacto muy negativo y considerable para los vecinos y familias afectadas. Por ello se levantó una comisión investigadora.

Las acciones señaladas han logrado revertir en parte la grave situación de esas zonas críticas para la biodiversidad y su amenaza.

Ahora, ¿por qué hago mención de estos casos? Porque se trata de sitios patentes, reales y que sustentan una amplia variedad de flora y fauna. Los humedales recién mencionados son reguladores hídricos. Los humedales funcionan como riñones de nuestro planeta -si tuviéramos que hacer la comparación con el cuerpo humano-. Absorben el agua durante los eventos de lluvia intensa y mitigan inundaciones. Son filtros naturales, especialmente en momentos de inundaciones. También purifican el agua de los contaminantes de ríos, lagos y océanos.

Ejemplos en nuestra propia Región de Valparaíso, como las inundaciones en Playa Ancha después de la urbanización de sus humedales, demuestran las consecuencias desastrosas de intervenir esos ecosistemas naturales. En estos casos, la naturaleza siempre intenta recuperar su curso, pero a menudo con costos humanos y ambientales significativos.

Continuaremos apoyando a las comunidades locales en su lucha por proteger los humedales, esenciales para nuestra biodiversidad y para nuestra seguridad ambiental.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, ante los efectos innegables de la crisis climática, resulta urgente aprobar este proyecto, que vela por la protección de los humedales rurales para resguardar sus características ecológicas, composición, estructura y funcionamiento, manteniendo el régimen hidrológico tanto a nivel superficial como subterráneo, pues sabemos que al ser sumideros de carbono, son relevantes para regular los gases de efecto invernadero. La pérdida de estos afectaría los ciclos del agua, lo que se agrava con el explosivo mercado inmobiliario en nuestro país.

La Convención sobre los Humedales, llamada Convención de Ramsar, Irán (1971), que ha coordinado acciones internacionales para conservar y fomentar el uso racional de los humedales en pro de un desarrollo sostenible en todo el mundo, fue ratificada y aprobada por Chile, lo que implica la obligación de conservación y uso racional de los humedales.

En 2015, la Convención advirtió que desde el año 1900 se ha perdido cerca del 64 por ciento de los humedales existentes en el mundo. Aunque las cifras oficiales de nuestro país hasta el año 2017, que indicaban que existían alrededor de 18.000 humedales en el territorio nacional, son relativamente positivas, es necesario legislar al respecto, pues el propio Ministerio del Medio Ambiente reconoce que solo el 2 por ciento de ellos cuenta con algún tipo de protección, por lo que el daño medioambiental a largo plazo puede ser irreversible.

Además, si bien está vigente la ley N° 21.202, de 2020, sobre protección de humedales, esta solo abarca a los humedales urbanos. A esto se suman los efectos de los grandes proyectos inmobiliarios que, en los hechos, no respetan la normativa ambiental, siendo los ciudadanos organizados quienes deben bregar por su cumplimiento, enfrentándose -por cierto, en condiciones desigualesa consorcios de empresas que, valiéndose de vacíos legales, asumen como externalidades los costos por incumplimiento, lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista.

Por lo anterior, considerando que esta propuesta viene a complementar adecuadamente la falta de regulación respecto de los humedales rurales, y porque, además, es coherente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en esta materia, el proyecto debe ser aprobado.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señor Presidente, estamos aquí para hablar de un proyecto importante. Aunque muchos han tratado de tildar esta agenda como una agenda woke, como una agenda que no se condice con la realidad de nuestro país, quiero aterrizar los datos. Entre 2010 y 2020, nuestro país ha perdido más del 37 por ciento de las fuentes de agua disponible, y no tenemos siquiera el 60 por ciento de los humedales protegidos.

Tal como lo dijeron los diputados y diputadas que me precedieron en el uso de la palabra, si no comprendemos que debemos hacer frente a una crisis climática que nos va a golpear particularmente como país, porque de los nueve factores de exposición, a Chile le afectan siete, de modo que estamos sobreexpuestos a los efectos de la crisis climática, la verdad es que no estamos siendo woke, sino tremendamente irresponsables.

En esto, creo que debemos equiparar la cancha, porque tenemos una legislación que permite regular y proteger los humedales urbanos. Por eso nace este proyecto de ley. Para ser justa, quiero aprovechar de decir que en una conversación con el diputado Jaime Sáez nos preguntamos por qué no extender la protección a los humedales rurales.

Si bien entendemos que la gobernanza quedará en manos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, creemos que es necesario que exista una ley que determine qué se entiende por humedal rural y cómo las organizaciones y las comunidades de los sectores rurales pueden solicitar la protección de esos espacios, que son vitales para la biodiversidad.

Espero que este proyecto, tal como en la comisión fue aprobado, sin perjuicio de que objeto de una indicación que fue rechazada, pueda avanzar y que pronto se despache al Senado, para que seamos cada vez más responsables ante una crisis de la que nuestro país no está ajeno. Al respecto, basta ver todos los desastres climáticos que hemos debido enfrentar en los últimos cinco años.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, es indudable que debemos proteger los humedales, tanto urbanos como rurales; pero este proyecto, si bien está muy bien intencionado, no cumple con el objetivo que se pretende. Quiero mencionar algunos ejemplos de lo que no se hace cargo.

No se hace cargo de la situación de aquellas personas que tienen humedales en sus predios, en sus propiedades, y que finalmente no los pueden utilizar. Nadie se hace cargo de esa situación; nadie las indemniza; nadie se los expropia. No obstante, deben seguir pagando impuestos a la renta y contribuciones, entre otras cosas. Entonces, claramente, esta es una normativa expropiatoria.

Ello lo quiero ejemplificar con el caso de la comunidad indígena Buchahueico , de la comuna de Purén. Se les entregó, a través de la Conadi, una cantidad de tierra para efectos de que ellos la cultivaran, pero un tercio de ella es un humedal, de modo que no la pueden trabajar. Cuando ellos han señalado que no se ha cumplido con su demanda de tierra debido a esa situación, la respuesta que se les ha dado es que esta ya ha sido cumplida.

Entonces, no nos riamos de la gente. Lo señalo, porque este tipo de proyectos hará eso: se va a reír de la gente. Se va a expropiar, pero tendrán que seguir manteniendo la tierra: tendrán que seguir pagando contribuciones, impuestos a la renta, y deberán mantenerla cerrada, porque si alguien se ahoga, si le pasa algo en ese terreno, claramente va a ser responsabilidad de su propietario. Cuando uno presenta este tipo de mociones hay que colocarse en todas las realidades que existen.

Por lo tanto, un proyecto que puede ser muy bien intencionado, finalmente no va a contar con mi voto, porque creo que en este Congreso debemos legislar con seriedad y poniéndonos en todas las realidades. Particularmente, muchos pequeños y medianos propietarios tienen en sus predios humedales, y se van a quedar sencillamente con los brazos cruzados, porque el Estado no les dará ninguna solución a través de esta iniciativa. Tampoco hay ningún informe del Ministerio de Hacienda para saber si se va a indemnizar o compensar a las personas cuyos predios sean declarados humedales. Ello, porque el día de mañana ni siquiera los van a poder cultivar y tendrán que seguir pagando los impuestos que les impone el erario.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señora VELOSO (doña Consuelo).-

Señor Presidente, quiero valorar la presentación de este proyecto de ley y también a quienes me hicieron parte como firmante, puesto que, como se ha dicho en otras ocasiones, no tiene mayor sentido que exista una protección para los humedales urbanos y que eso no se extienda a los humedales rurales.

Ahora bien, es importante establecer las implicancias que eso puede tener para quienes detentan terrenos, por ejemplo, fértiles, en sectores rurales. En ese sentido, me parece también relevante señalar que deberíamos cuestionarnos un término -hay personas que están en contra de este proyecto, a las que les gusta mucho esto-, cual es la función social de la propiedad. ¿Cuál es el límite de la propiedad?

Si los bienes que tenemos a resguardar por finalidades superiores que apuntan al bien común en algún punto chocan o colisionan con los derechos, por ejemplo, de propiedad, sí me parece importante quizás establecer en el futuro algún grado de conservación o de apoyo económico para las personas que tienen terrenos en que están estos humedales rurales y que no van a poder intervenirlos.

Ello me parece justo, y, al mismo tiempo, se equilibra el derecho de esas personas y la necesidad de resguardar estos humedales, que cumplen funciones importantísimas, por ejemplo, para la limpieza del aire, con su absorción de gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera y que terminan afectando nuestra capacidad respiratoria con altos niveles de contaminación en muchas comunas de Chile. También es fundamental el rol que cumplen como reservas de agua dulce.

De esa manera, creo que es posible establecer un equilibrio en relación con la necesidad de resguardar esos espacios, esos humedales, que son claves para afrontar la crisis climática que finalmente nos termina afectando a todos y a todas, sobre todo en los sectores donde hay mayor vulnerabilidad social. Los efectos de la crisis climática no afectan de igual forma a las personas de estratos socioeconómicos más bajos versus las personas de estratos socioeconómicos más altos.

En esa línea, conservar estos humedales resulta del todo necesario, indispensable en el punto de la historia en que estamos respecto a la contaminación. Y creo que es posible en el futuro próximo equilibrar también aquella especie de carga. Vale la pena equilibrar, reitero, el bienestar social con los derechos legítimos que tienen las personas que van a tener humedales dentro de sus territorios y que no van a poder hacer uso de ellos.

Es posible encontrar el equilibro, teniendo en cuenta que hay bienes superiores, como la subsistencia humana, que es lo más importante hoy día a poder resguardar. En ello los humedales rurales juegan un rol fundamental para poder asegurar nuestra subsistencia en la tierra ante las condiciones adversas que estamos enfrentando.

Así, valoro este proyecto, y, por cierto, lo voy a aprobar.

También, les pido apertura a los colegas, que se abran a esto y que podamos discutir lo que sea mejorable.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, Chile ha ido avanzando cada vez más en una correcta regulación que permite que los humedales sean protegidos de la depredación inmobiliaria. Ello, porque, lamentablemente, hay quienes con irresponsable criterio economicista y cortoplacista prefieren construir una megatorre de veinte, treinta pisos sobre un humedal, destruyendo el ambiente de diversas especies, sin contar con el peligro de inundaciones, humedad o desniveles que puedan afectar a los compradores, además del evidente daño para la comunidad local.

Todavía hay quienes son indiferentes ante la destrucción de lo que fue un refugio para aves y prefieren disfrutar de una laguna artificial donde antes había una laguna natural.

Esperamos que la ley en proyecto ayude a fortalecer una nueva cultura de cuidado de nuestros humedales y espacios de protección de la naturaleza.

Lamentablemente, lo descrito es lo que ha pasado en Chile durante décadas, en donde se secan o se trasladan humedales para satisfacer los bolsillos de especuladores.

Afortunadamente, hace unos años avanzamos con la protección de los humedales urbanos a través de la ley N° 21.202, pero los humedales rurales quedaron fuera de la legislación. Hoy este proyecto enmienda ese error.

Los humedales, sean urbanos o rurales, deben ser conservados no solo por su belleza natural y refugio de biodiversidad, sino porque constituyen un sistema que ayuda a la retención de gases de efecto invernadero y contribuyen al ciclo del agua, recurso que, como sabemos, es cada vez más escaso. De hecho, la Convención de Ramsar de 2015 señala que desde 1900 en adelante se ha perdido cerca del 64 por ciento de estos biomas, dejando a Chile en este momento con cerca de 18.000 humedales.

También, es importante reiterar que en el mercado no todo es válido aun cuando la ley no diga nada. La situación climática en nuestro país y el mundo tiene que ser entendida como una señal para ver cómo estamos incidiendo en el cambio climático y no poniendo toda la responsabilidad en las personas individuales, como se ha querido hasta ahora, sino que es fundamental dimensionar la responsabilidad de las grandes empresas para revertir esta situación.

No es válido que se construya sobre humedales para tener mejor vista al bosque. No es válido construir sobre dunas para poder ver mejor la puesta de sol. No es válido construir en una zona inundable para tener mayor acceso a la playa. Actuemos con responsabilidad para que el lobby de las inmobiliarias no frene proyectos para proteger los humedales en Chile, como el que esperamos aprobar hoy.

Por supuesto, desde Acción Humanista aprobaremos este proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, más que partir con afirmaciones me gustaría hacerles una pregunta a los colegas de enfrente. Si encuentran que los humedales son tan importantes, ¿por qué no se comprometen los recursos para que los adquiera el Estado y este se haga cargo? Porque aquí constantemente lo que se hace con estas normas es ponerle la pata encima al propietario privado, imponerle una serie de requisitos que después no se cumplen nunca, ¿y en qué terminamos? En humedales convertidos en pantanos. Esa es la realidad, y lo podemos ver replicado en muchos lugares.

Aquí el problema de fondo es que metiéndole más burocracia a la conservación de estos ambientes finalmente solo terminamos en el peor de los mundos. Las buenas intenciones no son suficientes para lograr los objetivos, ni siquiera los objetivos que la izquierda se plantea. Si les preocupara de verdad el medio ambiente, lo que harían es pedirle a su gobierno, a su Presidente, que se hiciera cargo, que pusiera los recursos en adquirir estos terrenos, que el Estado fuera el que mantuviera, por ejemplo, un parque nacional, y no establecer más cortapisas, más dificultades para poder hacerse cargo de la sana conservación de estos espacios.

Después cualquier tipo de conservación que quiera hacerse, cualquier tipo de mantención de estos ecosistemas va a ser imposible: habrá que saltar por cinco argollas, dando tres vueltas de carnero a través de burocracias que van a ser imposibles. Porque esa es la realidad de nuestro país; esa es la realidad de la normativa ambiental en Chile. La normativa ambiental para lo único que sirve es para hacer cosas imposibles. No resuelve nada la normativa ambiental en Chile. Al menos no la normativa ambiental como la ha planteado la izquierda, que es esa imposición que se ha terminado materializando con el tiempo.

Esta receta no funciona; no ha funcionado nunca; no va a funcionar jamás. Conservar ecosistemas requiere actuar, no dejar los espacios abandonados, botados bajo una pila de burocracia que finalmente no nos lleva a ningún lado.

Por lo mismo, nosotros vamos a votar en contra precisamente porque nos interesa la conservación de estos espacios. No queremos que se transformen en un pantano, no queremos que la mantención de ellos sea algo imposible; queremos que el Estado se haga cargo y que las platas ojalá vayan a seguridad, vayan a conservación de estos espacios, vayan a resguardar nuestras fronteras, vayan a tantas cosas que se necesitan en nuestro país y no a los gustitos personales de la izquierda.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, cuando elaboramos este proyecto de ley, en conjunto con las diputadas Camila Musante , Consuelo Veloso y Carolina Marzán , y con el diputado Daniel Melo , entre otros, lo hicimos en un momento en que la institucionalidad ambiental en Chile estaba bastante incompleta. A comienzos del año 2022, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas era todavía un proyecto de ley que tenía un lento tránsito por el Congreso Nacional.

En el camino que realicé para convertirme en diputado, pude constatar lo que sucede con los humedales en los sectores rurales de la Región de Los Lagos. Fui testigo de cómo esos humedales -que el diputado Luis Sánchez califica como “pantanos”, como si un pantano fuese un sitio degradado o algo negativo, y no es así, porque los pantanos son humedalesestán siendo intervenidos, como alguna vez dijo el Presidente Sebastián Piñera , por un enemigo fuerte y poderoso, que en este caso son las empresas inmobiliarias y constructoras, que especulan con el valor del suelo, empresas inescrupulosas, que se pasan por cualquier parte los fallos de la justicia y que siguen interviniendo ilegalmente cauces de agua, que siguen destruyendo bosques, como sucede en el sector Alto La Paloma y en el sector La Vara, ambos en Puerto Montt, empresas que siguen rellenando los humedales, a diestra y siniestra, sin importarles la legislación vigente.

Por esa razón, consideramos necesario avanzar en una legislación que sea más exigente y que propenda a una protección efectiva de estos ecosistemas que son trascendentales, no solo para el disfrute, para la conservación y para que puedan anidar algunas especies de aves o de anfibios, sino que son esenciales para la vida humana misma, porque cuando no tenemos humedales, tenemos inundaciones; cuando no tenemos humedales, tenemos viviendas que se llenan de hongos, viviendas privadas y viviendas sociales, viviendas donde se paga un dividendo oneroso. Tenemos casos, en zonas del sur del país, de viviendas que se llenan de hongos a los dos o tres años de haber sido entregadas, y ninguna de estas empresas inescrupulosas responde con ningún tipo de garantía. Hay que llevarlas a la justicia para que respondan mediante los instrumentos de satisfacción del consumidor.

Proteger los humedales es importante; es importante por la conservación del medio ambiente y por cumplir con los tratados internacionales vigentes suscritos por nuestro país en la materia, es importante por la calidad de vida de las personas y es muy importante por la seguridad de nuestras comunidades.

Por eso, aprobar este proyecto de ley es relevante. Por supuesto que, como todos los proyectos que surgen de una moción, son perfectibles producto del diálogo, producto del trabajo que se hace en las diferentes comisiones, y este caso no debe ser la excepción. No podemos estar enamorados de nuestras propias ideas, pero convengamos en algo: proteger los humedales, sean rurales o urbanos, es una necesidad urgente en Chile, más aún en este contexto de crisis climática.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, hace algunos segundos un diputado de izquierda reclamaba en contra de la visión economicista de quienes estamos por aumentar la constructibilidad de los terrenos, reclamaba en contra de quienes estamos por lograr una mayor inversión en soluciones habitacionales. Acusaba casi de inhumana nuestra preocupación por llegar con una solución habitacional a todos aquellos que requieren un hogar. Ellos están muchas veces más preocupados del sapito o la ranita de Darwin que del chileno que no tiene dónde dormir, que tiene que vivir como allegado.

Este tipo de proyectos de ley, que son propios de una agenda woke, con títulos rimbombantes, con una preocupación que parece muy legítima para quienes no han profundizado en sus consecuencias, termina traduciéndose en un aumento en los costos de la construcción, en una afectación del derecho de propiedad. Esto es más burocracia, esto va a significar que un montón de proyectos deban pasar por el SEIA. Estamos hablando de 1.600, 2.000, 5.000 y hasta 10.000 UF adicionales en muchos proyectos porque a algunos parlamentarios ingeniosos se les ocurrió proteger de forma excesiva este tipo de espacios.

Este proyecto afecta el derecho de propiedad, crea estas zonas de amortiguación y deja a nivel de ordenanza materias que son propias de la ley. Claramente, es un exceso, pero demuestra cómo no han renunciado a su agenda woke, cómo declaran una cosa a nivel de medios de comunicación y de gobierno, pero actúan de otra forma en el Parlamento. Siguen poniendo obstáculos a la industria de la construcción y a la industria inmobiliaria, que traen soluciones habitacionales. Siguen mermando el derecho de propiedad, siguen afectando a aquellos que tienen un terreno. Como bien decía el diputado Luis Sánchez , si tanto les preocupan los humedales, en vez de estar gastando la plata en comprar la casa a la familia Allende , compren los humedales a quienes son sus propietarios, y así los pueden cuidar.

¡Pero para eso no hay plata! ¡Pero sí hay plata para otras cosas!

Votaremos en contra de este proyecto, porque es un proyecto que, al final del día, genera un daño tremendo a los más desfavorecidos de nuestra sociedad, que requieren una solución habitacional, que requieren que los proyectos avancen y que toda esta institucionalidad woke desaparezca.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Francisca Bello .

La señorita BELLO (doña María Francisca) .-

Señor Presidente, los humedales son fundamentales para evitar la sequía y enfrentar la crisis hídrica. Son infraestructuras verdes, claves para la adaptación al cambio climático. Los humedales son reservas de agua dulce y de biodiversidad. Incluso, son una barrera de protección natural frente a los tsunamis en la costa.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿cómo va a ser el cuidado del medio ambiente, del único planeta en el que vivimos, algo peyorativo, algo no prioritario? Parafraseando las palabras del diputado Cristián Araya , ¿cómo este proyecto va a causar daño si estamos hablando del cuidado del medio ambiente y del único planeta en el que vivimos?

Hace cuatro años se promulgó la ley sobre protección de humedales urbanos, pero según el inventario nacional de estos humedales, realizado por el Ministerio del Medio Ambiente, de los 5,6 millones de hectáreas de humedales que hay en Chile, solo 743 están en zonas urbanas y el resto se ubica en zonas rurales. Es decir, el 86 por ciento de los humedales están en zonas rurales, sin protección.

La falta de protección de los humedales rurales ha permitido, por ejemplo, que se hagan loteos irregulares de parcelas de agrado sobre humedales, como ha ocurrido, por ejemplo, en la comuna de La Ligua, y que intervengan o usen tranques sin considerar el ciclo de vida de las aves que habitan ahí o contaminen los humedales descargando aguas servidas en sus afluentes.

Si se aprueba este proyecto, se protegerán entonces los humedales al alero del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Las municipalidades deberán dictar ordenanzas de protección de los humedales y se deberán incluir zonas de protección de humedales rurales en instrumentos de planificación territorial.

Además, los comités comunales de humedales urbanos existentes también podrán promover la protección de humedales en zonas rurales, ampliando la efectividad de la participación ciudadana en defensa del medio ambiente del -insistoúnico planeta en el que vivimos. En Chile no nos podemos dar el lujo de perder más humedales.

Por eso acepté la invitación del diputado Jaime Sáez para firmar esta iniciativa, la cual, por supuesto, tendrá mi voto a favor.

He dicho.