Labor Parlamentaria

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar la solicitud de su excelencia el Vicepresidente de la República en orden a prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y de Biobío, de la Región del Biobío, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, la solicitud se votará sin discusión.

Antecedentes:

-Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde continuar con el debate del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno, en especial del Ministerio de Educación, en relación con la implementación del Sistema de Educación Pública desde el año 2022 a la fecha, y las complejidades que ha experimentado el proceso de admisión escolar para el año 2024 (CEI 53).

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida de forma proporcional entre las bancadas.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión Especial Investigadora se rindió en sesión 124ª de la legislatura 372ª, en martes 7 de enero de 2025.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, desde el año 2018 a la fecha, en relación con el control y fiscalización del funcionamiento de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (CEI 56).

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Diputado informante de la comisión especial investigadora es el señor Eduardo Durán .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 105ª de la legislatura 372ª, en lunes 18 de noviembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor DURÁN, don Eduardo (de pie).-

Señor Presidente, cumplo con rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, desde el año 2018 a la fecha, en relación con el control y fiscalización del funcionamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, según la competencia asignada, planteando las conclusiones y recomendaciones que se consignan.

Conclusiones y propuestas aprobadas por la comisión

A continuación, sintetizaré las conclusiones y propuestas aprobadas por la comisión, dejando constancia de que participaron en su discusión y aprobación la diputada Nathalie Castillo y los diputados Félix Bugueño , Tomás Lagomarsino , Enrique Lee , Daniel Lilayu , José Carlos Meza y quien habla, Eduardo Durán .

Conclusiones

La fiscalización y control de las farmacias populares es un componente esencial para garantizar la seguridad y calidad en la entrega de medicamentos. Los hallazgos actuales dejan entrever un sinnúmero de atribuciones con falta de control. De ahí que es fundamental adoptar medidas proactivas para prevenir problemas futuros, lo que se puede lograr con un gobierno presente a través de la capacitación, del monitoreo digital y de la colaboración con la comunidad y otras instituciones, como el Instituto de Salud Pública, entidad limitada para fiscalizar y evitar que ocurran nuevamente hechos constitutivos de ilícitos, como los informados durante el año 2022 por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte luego de investigar supuestos delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar la covid-19, en donde figura el exalcalde señor Daniel Jadue imputado.

El modelo de abastecimiento de medicamentos a través de farmacias comunales permitió la instauración de un sistema de defraudación a las arcas comunales, lo que, sumado a la falta de control en el presupuesto, seguimiento y materialización, resalta la necesidad de un enfoque más coordinado entre las entidades públicas y privadas en el sector farmacéutico.

La exposición efectuada por la Contraloría General de la República puso de manifiesto serias deficiencias en la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, desde la falta de información y control interno hasta la existencia de convenios irregulares. La falta de transparencia y las irregularidades detectadas sugieren una necesidad urgente de reformar las prácticas actuales para establecer un sistema de gobernanza más sólido.

La exposición del Servicio de Impuestos Internos reveló una serie de preocupaciones significativas sobre la gestión tributaria de las farmacias populares y su asociación. Así, la falta de claridad en la normativa y la supervisión inadecuada podrían haber facilitado el incumplimiento de obligaciones fiscales y la comisión de delitos tributarios. De ahí que es fundamental fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para asegurar que cumplan con sus responsabilidades tributarias y de colaboración interinstitucional, para abordar cualquier indicio de irregularidades y proteger los recursos públicos destinados a la salud.

Quizás, la exposición más reveladora fue la del alcalde subrogante de Canela, señor Francisco Santibáñez Yáñez , de la Región de Coquimbo, quien reconoció no haber recibido ninguna rendición de cuentas ni estado financiero por Achifarp, a pesar de haber realizado los aportes correspondientes como municipio.

I. Sobre la participación de las autoridades citadas

La comisión dejó constancia de su preocupación por la parsimonia de autoridades convocadas mediante citación o invitación, preocupación que no responde solo a consideraciones políticas, sino institucionales, dado que la creación de una comisión investigadora se encuentra dentro de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados reconocida en la Constitución y en la legislación vigente. Así, el artículo 55 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, señala en su inciso sexto que las autoridades, los funcionarios y las personas citadas estarán obligados a comparecer a la sesión fijada por la comisión, norma que solo fue cumplida por tres de las autoridades citadas: la directora nacional del Instituto de Salud Pública, señora Catterina Ferreccio ; el director nacional de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, señor Jaime Espina , y el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Javier Etcheberry .

El resto de las autoridades citadas no concurrieron o lo hicieron representadas por otros funcionarios de menor rango, lo que no es permitido de manera expresa por la mencionada norma.

Así, la ministra de Salud, señora Ximena Aguilera , pese a haber sido citada para la sesión del 29 de julio pasado, participó con posterioridad. El presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Raúl Letelier , y la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Francisca Perales , no concurrieron de manera personal, sino representados por otros funcionarios, lo que no está permitido en la ley. Especial mención merece la entonces ministra del Interior, señora Carolina Tohá , quien, a pesar de ser citada a la primera sesión, nunca asistió, ni siquiera representada.

II. Sobre la participación de las autoridades invitadas

Si bien solo ciertas autoridades se encuentran “obligadas” a asistir a las sesiones de las comisiones especiales investigadoras, lo cierto es que estas comisiones habitualmente convocan también a otros personeros del mundo público o privado para que aporten antecedentes que puedan ser relevantes para el desarrollo de la función fiscalizadora. Aunque no es posible realizar reproche a las entidades que se encuentran fuera del marco de funcionamiento de las comisiones, se debe tener presente que el deber de probidad obliga a las autoridades a ejercer su cargo de manera honesta y transparente.

Bajo este concepto de probidad se agradece la concurrencia de la contralora general de la República, señora Dorothy Pérez ; del director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, señor Eugenio Campos ; del contralor de la Universidad de Concepción, señor Francisco Santibáñez ; del alcalde subrogante de la comuna de Canela, señor Sebastián Pizarro , y del exconcejal de la comuna de Recoleta señor Mauricio Smok .

Asimismo, se lamenta la inasistencia de representantes de la empresa Best Quality Products SpA, quienes pudieron haber entregado importantes antecedentes relativos a la situación de las farmacias populares en la comuna de Recoleta, y se reprocha a los alcaldes invitados que no asistieron, pese al manto de dudas existente respecto de su gestión en una conducción indebida o ineficiente de los recursos y atribuciones municipales en las llamadas “farmacias populares”. Se trata de un contexto en que la fe pública está cuestionada producto del “caso Fundaciones”, lo que exige que todas las autoridades den muestras de honestidad y transparencia a través de su comparecencia al llamado efectuado por la comisión, siendo reprochable que autoridades tan involucradas no aportaran antecedentes para mayor claridad.

Dicho reproche recae en el entonces alcalde de Valparaíso, señor Jorge Sharp ; el alcalde de Arica, señor Gerardo Espíndola ; el alcalde de Cerro Navia, señor Mauro Tamayo , y los concejales de la comuna de Recoleta Karen Garrido, Joceline Parra , Silvana Flores , Felipe Cruz y Cristian Weibel .

III. Sobre los antecedentes expuestos por la Contraloría General de la República

La exposición de la contralora pone de manifiesto serias deficiencias en la gestión y el control de recursos de la Achifarp. Las auditorías revelan la falta de transparencia, el incumplimiento de normativas y la inadecuada administración de fondos, lo que sugiere un riesgo significativo de malversación y otras irregularidades.

La incapacidad de la Contraloría de obtener información para evaluar la situación financiera de Achifarp es alarmante y resalta la urgencia de mejorar la rendición de cuentas dentro de la organización. Las observaciones sobre la falta de procedimientos adecuados y el incumplimiento de leyes de compras públicas indican un entorno propenso a la corrupción y al manejo ineficiente de recursos públicos.

Recomendaciones

1. Capacitaciones y asesoramiento por parte del gobierno para los directores y equipos ejecutivos de las farmacias comunales y para los funcionarios municipales sobre la ley de compras públicas y la correcta gestión de convenios.

2. Desarrollar un sistema de monitoreo continuo de las farmacias comunales que permita al Instituto de Salud Pública y a las municipalidades acceder a datos sobre inventarios, ventas y denuncias, para facilitar una intervención más rápida ante posibles irregularidades.

3. Establecer protocolos claros de comunicación entre el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público y otras entidades fiscalizadoras, para garantizar un flujo de información eficaz en caso de potenciales delitos tributarios, optimizando así la respuesta ágil ante irregularidades.

4. Colaboración con universidades y organismos de salud para investigaciones que evalúen el impacto de las farmacias comunales en la salud pública, y así fundamentar futuras políticas y regulaciones.

5. Desarrollo de alianzas estratégicas entre la Cenabast y las farmacias comunales.

6. Colaboración entre las farmacias comunales, la Contraloría y otros organismos de control, para establecer un protocolo claro de fiscalización.

7. Mejorar la transparencia y control interno en las farmacias administradas por las municipalidades involucradas.

8. Fortalecimiento de la supervisión tributaria de las farmacias comunales y sus operaciones, con control de la correcta emisión de documentos tributarios, la gestión de créditos fiscales y la aplicación de la normativa sobre IVA.

9. Fortalecimiento de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, a través de la pronta tramitación de la reforma contenida en el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que establece un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados, correspondiente al boletín N° 16163-07.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, esta comisión especial investigadora sobre las farmacias populares nació justamente a propósito de toda la investigación judicial que existe al respecto. Está de más decirlo, pero es importante. Este caso despertó mucho interés en su momento, porque hasta hoy las consecuencias judiciales de esa investigación, que sigue en curso, son patentes: exfuncionarios municipales con medidas precautorias bastante gravosas y un exalcalde que estuvo aproximadamente 90 días en prisión preventiva y que hoy está con arresto domiciliario.

Hay muchísimas preguntas y muy pocas respuestas. Eso es lo más penoso de esta comisión especial investigadora y del informe que acaba de ser leído, porque muchos funcionarios municipales, muchos alcaldes y muchos concejales fueron citados a la comisión, pero algunos ni siquiera se excusaron de asistir.

Nos interesaba conocer la respuesta de los alcaldes y preguntarles, por ejemplo, por qué nunca pidieron estados financieros a esta Asociación de Farmacias Populares. Solo un alcalde subrogante, que era el administrador municipal de la comuna de Canela, transparentó que, a pesar de haber entregado los recursos, nunca recibieron ningún tipo de información financiera sobre el manejo de esos recursos. Entonces, como no había control, ocurría de todo. Eso es lo que está investigando el Ministerio Público.

También nos interesaba, por ejemplo, citar a los propios concejales en ejercicio durante los períodos en que funcionó esta Asociación de Farmacias Populares, porque los concejales tienen principalmente una función fiscalizadora de los actos de los alcaldes. Sin embargo, no pudimos preguntarle a ninguno por qué no hizo su trabajo; no pudimos cuestionar a ninguno por no haber pedido información alguna; no recurrieron nunca a la Contraloría ni pidieron ayuda a los parlamentarios de sus respectivos partidos políticos. Nos quedamos con todas esas dudas.

Finalmente, la ausencia de esas autoridades revela que la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados ha sido muy debilitada justamente en este período parlamentario, y ha sido debilitada por el ejemplo que han dado funcionarios públicos de alto rango de este gobierno. No olvidemos que el señor Crispi se excusó y se escudó en que él no era funcionario público y que no estaba obligado a venir a las comisiones. Después venía a las comisiones y decía que no debía entregar información. Al final, vamos a tener que esperar que la fiscalía haga su trabajo para enterarnos de muchas de las respuestas a las preguntas que aquí legítimamente se hacen.

Por lo tanto, es importante, entre las conclusiones contenidas en este informe, que se avance en la legislación ya aprobada en la Comisión de Gobierno Interior, que justamente obliga y sanciona a los funcionarios públicos que no concurran a las comisiones investigadoras o que no respondan los oficios dentro del plazo. El propio Presidente de la República ha sido oficiado de manera perentoria por esta Cámara a través del artículo 52 de la Constitución. Sin embargo, nadie respeta los plazos, porque no hay consecuencias, y una norma jurídica sin una sanción es letra muerta.

Lamentablemente, aún hay muchas más preguntas sin respuestas suficientes, porque quienes deben dar respuestas suficientes se han escondido de la función fiscalizadora de esta Cámara. Siempre he pensado que el que nada hace, nada teme. Entonces, si alguien teme responder, algo hizo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señor Presidente, creo que esta comisión especial investigadora evidentemente tenía un sesgo brutal.

Nunca hay que olvidar cómo se empieza a implementar lo que hoy conocemos como farmacias populares en muchos municipios de Chile. Durante 2007 o 2008 empezaron a salir las primeras noticias que daban cuenta de la gran colusión en el mercado de las farmacias, de cómo tres grandes cadenas, Salcobrand , Cruz Verde y Ahumada , se coordinaban para establecer los precios de los medicamentos -precios que debían pagar los sectores más vulnerables, particularmente, y las personas mayores, gran parte de cuyos ingresos se destina a comprar medicamentos-, los cuales fijaban al alza. Por ejemplo, un medicamento que costaba 8.000 pesos lo vendían en 50.000 pesos.

Ello dio lugar a una discusión y a un debate público interesante. Y mientras todas las autoridades miraban al suelo y nadie quería ejercer acciones concretas para dar un alivio a las personas que sufrían este flagelo de las grandes cadenas de farmacias, desde un municipio pequeño nació una idea que hoy está presente en gran parte de los municipios de Chile, la cual fue liderada por un alcalde del Partido Comunista -cosa que creo que les molesta a muchos-, quien levantó lo que hoy se conoce como farmacias populares.

¿Qué significó esa idea en la práctica? Que hoy más de 250 municipios de Chile tengan una farmacia municipal o comunal que vende remedios casi un 80 por ciento más baratos que las grandes cadenas. Es decir, fue una solución directa a miles de chilenos y chilenas que tuvieron que sufrir el abuso de las grandes farmacias.

Y, ojo, no fue una batalla fácil. Primero se tuvo que discutir en este Congreso Nacional un proyecto de ley que permitiera adquirir remedios a la Cenabast -no estuve en ese proceso de discusión, porque estaba alejado de estos espacios-, pero costó.

En el debate parlamentario de esa época, un gran sector, particularmente de derecha, se negaba a la posibilidad de que existieran acuerdos directos entre la Cenabast y los municipios para poder adquirir medicamentos a un precio justo. Hace no tantos años, en 2020, se logró incluso condenar a esas farmacias al pago de más de 1.100 millones de pesos, producto de la colusión que hubo entre estas.

Cuando se trató de avanzar aun más y se creó la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, que buscaba también llevar la óptica popular a distintos espacios, evidentemente comenzó una operación política, que es la que se conoce hoy, porque el lawfare que se ha llevado a cabo en contra de Daniel Jadue ha sido brutal.

Fíjese que el hijo de Daniel Jadue no le destruyó el teléfono, como le ha pasado a otro parlamentario de la bancada de enfrente que fue desaforado. Por el contrario, él entregó todos sus celulares; no tuvo ningún inconveniente. Estuvo dispuesto al levantamiento del secreto bancario y entregó todas sus cuentas de correo electrónico para que revisaran lo que quisieran. Hasta hoy no han encontrado nada.

Entonces, lo que hay detrás de la persecución contra las farmacias populares se debe a que se les acabó el negocio y se les acabó la fiesta a quienes cometieron abusos contra las personas mayores y a quienes, precisamente, defendían ese abuso. Así como han defendido a las AFP y a las isapres, también defendieron a las farmacias que se coludieron durante años para aquello.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputado Ramírez , le pido volver al informe, por favor.

El diputado RAMÍREZ (don Matías) .-

Señor Presidente, lo anterior es parte del informe.

(Manifestaciones en la Sala)

Por eso le digo a la barra brava de las farmacias que defiende a Salcobrand, a Ahumada y a Cruz Verde, que no debe preocuparse, porque después les va a llegar el diezmo.

(Hablan varios diputados a la vez)

Por último, quiero señalar que este informe tiene un sesgo respecto de cómo se debió indagar una política municipal –insisto que logró instalarse como una política pública. Eso les duele y les va a seguir doliendo, porque las farmacias populares seguirán existiendo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, números 2 y 5 del artículo 90.

¿Por qué hago referencia al número 2 del artículo 90? Porque nada, absolutamente nada de lo que dijo el diputado Ramírez sale en el informe. ¡Nada! Ni una sola coma de lo que expresó figura en el informe.

Lo que uno ha aprendido, cuando se dedica al mundo de la argumentación y del debate, es que cuando alguien no tiene razón sobre un punto de discusión, no se refiere al punto de discusión. Por eso, como él no tiene razón, habló acerca de cualquier cosa menos del informe, porque el informe es lapidario. En su contenido señala que se perdió plata, lo que se está investigando, y que nunca ejercieron ninguna facultad fiscalizadora.

En cuanto al número 5 del artículo 90. Es muy penoso de su parte que a pesar de que habló mucho del alcalde Jadue , se le olvidó decir que el alcalde Jadue pasó 90 días en prisión preventiva y que todavía está recluido en su hogar en La Reina. No obstante, lo que olvidó mencionar lo dijo después para manchar al resto, pero ni siquiera fue capaz de dar nombres o apellidos, sino que acusó simplemente a las bancadas de enfrente. Además, dijo textual: “van a recibir el diezmo”. Fíjese usted la palabra que usó, con el objeto de señalar una especie de pago por defender ciertas cosas o por tener ciertas actitudes. Está, literalmente, imputando delitos.

En consecuencia, señor Presidente, si bien entiendo que mientras estaba interviniendo el diputado Ramírez otros colegas estaban conversando, práctica que también debiésemos empezar a erradicar, para que la Presidencia ponga atención en las palabras de los diputados, pido que se le sancione, primero, porque no dijo nada respecto del informe, y, segundo, porque lo único que hizo fue enlodar a los demás para que no se noten las gigantescas manchas de lodo que tiene el Partido Comunista.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Diputado, eso tampoco estaba en el informe.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

-Hablan varios diputados a la vez.

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, pese al griterío del sector del frente, invoco el número 6 del artículo 90.

Me parece que la última palabra dicha por el diputado José Meza …

El señor AEDO (Vicepresidente).-

José Carlos Meza, diputada.

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, pero se llama José , también, aunque creo que esa no es la discusión.

Me parece que lo expresado por el diputado José Meza en el último momento revela un poco el descontrol que tiene en torno a lo que acaba de exponer el diputado Matías Ramírez .

Se les olvida, cuando hablan del alcalde Daniel Jadue , que hemos conocido como en los chats de la derecha con el señor Hermosilla se planificó…

(Manifestaciones en la Sala)

Señor Presidente, ¿puede hacerlos callar?

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Escuchemos el punto.

(Hablan varios diputados a la vez)

Usted, diputado Meza , planteó todos sus puntos y lo escuchamos, así es que vamos a escuchar todos los puntos de los otros parlamentarios.

Continúe, diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, pese a la histeria del diputado José Meza , quiero señalar que me parece que olvidan lo que implica todo lo que se ha conocido acerca de los chats del señor Hermosilla .

Precisamente cuando se conoció de la colusión de las farmacias, trataron de enlodar y de destruir al gran exalcalde Daniel Jadue , lo que no han logrado.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, ¿son las farmacias populares una buena idea de política pública? Según los usuarios, según nuestros vecinos de las distintas comunas, sí lo son, puesto que pueden obtener remedios a un bajo costo, sobre todo porque en el pasado grandes cadenas de farmacias se coludieron para elevar los precios, perjudicando con ello precisamente a los consumidores, a nuestros vecinos. Por lo tanto -hay que decirlo-, las farmacias comunales sí han sido una buena idea.

¿Qué es lo malo de esto? Lo malo es que esta buena idea se utilizó como mecanismo de corrupción. Eso no lo digo yo, sino sendos informes de la Contraloría y lo que se evacuó de la comisión especial investigadora que tuve el agrado de presidir, en que participamos junto a otros diputados, la cual tuvo por objeto investigar y fiscalizar lo que ocurrió, lo que hizo o no hizo el Estado a través de sus diferentes instituciones con este escándalo de proporciones que hoy tiene a su creador e ideólogo, al exalcalde de Recoleta señor Daniel Jadue , en prisión. Estuvo en la cárcel, ahora está en su casa, pero sigue en prisión. Lo anterior, como resultado de una investigación que no ha cesado, que continúa en el tiempo. ¿Por qué? Porque no fue algo simple. Ha sido un escándalo de proporciones que todavía no tiene un informe ni una sentencia final.

¿Qué hicimos en la comisión? Citamos a distintos organismos del Estado, desde ministerios hasta otras instituciones, como la Cenabast, el Servicio de Impuestos Internos y la Contraloría General de la República. ¿Qué dijeron esas instituciones?

Como está mencionado en el informe que aprobó la Comisión Especial Investigadora, la contralora Dorothy Pérez manifestó en su exposición serias deficiencias en la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), presidida por el señor Daniel Jadue , desde la falta de información y control interno hasta la existencia de convenios irregulares, y que la falta de transparencia y las irregularidades detectadas sugieren una necesidad urgente de reformar las prácticas actuales para establecer un sistema de gobernanza más sólido.

Por su parte, el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Javier Etcheberry , reveló una serie de preocupaciones significativas sobre la gestión tributaria de la asociación, señalando que “En efecto, la falta de claridad en la normativa y la supervisión inadecuada podrían haber facilitado el incumplimiento de obligaciones fiscales y la comisión de delitos tributarios.”.

Por lo tanto, aquí no estamos frente a una situación que hay que dejar pasar así como así; estamos frente a irregularidades graves, a hechos de corrupción que hoy investiga el Ministerio Público y que a través de esta comisión quisimos dilucidar viendo de qué manera las entidades del Estado actuaron o se omitieron de actuar en diferentes instancias de esta situación.

También hay que decir que, posteriormente a que se liquidara forzosamente la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), el hoy exalcalde de Recoleta señor Daniel Jadue dijo: “No, me pararon por aquí, pero seguiré por acá”. ¿Y qué hizo? Creó la Fundación de Salud Primaria (Fusalp) junto con otros cinco alcaldes de izquierda, a saber, Gonzalo Montoya , de Macul; Ana Albornoz, de Santa Juana ; Joel Olmos , de la Cisterna; Mauro Tamayo , de Cerro Navia, y Bernardo Leyton , de Canela, todos como personas naturales y sin involucrar a sus respectivas municipalidades. ¿Y qué sucedió? Numerosos reportajes de televisión evidenciaron que mobiliario y equipamiento de la Achifarp fue a parar a esta nueva fundación creada por Daniel Jadue . O sea, me pararon por un lado, pero la corrupción continúa por otro camino.

Por eso, es necesario que como Cámara de Diputados tengamos absoluta libertad para seguir fiscalizando, que no se nos corten los brazos y que la institucionalidad de nuestro país permita que estas autoridades también estén bajo el control de esta Corporación. Muchas veces se dice que esta Cámara no puede actuar sobre las municipalidades. Deberíamos crear y modificar la ley para que la Cámara de Diputados sí pueda ejercer fiscalización y control sobre aquellas y no sobre el Ejecutivo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, la presidenta del Frente Amplio ha señalado que el caso ProCultura no es del Frente Amplio y culpó a la Democracia Cristiana. Hoy, el Partido Comunista, frente al caso de corrupción que ha privado de libertad a su excandidato presidencial, culpa a las farmacias y a las isapres. No sé si van a culpar a Pinochet también.

Con todo, pienso en las palabras del diputado Barría , quien señaló que hay algunos que piensan que aún están bajo el tutelaje de sus padres o sus madres, porque se comportan como verdaderos infantes en política. Ya dejaron esa tierna edad de la adolescencia, de la juventud. Tienen que entender que son gobierno y no puede ser que cada vez que ocurre un problema ellos eludan su responsabilidad.

Al parecer, el mal del Frente Amplio se lo contagió al Partido Comunista…

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora N° 57, encargada de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno en relación con la ejecución de terapias y programas de acompañamiento de salud, psicológicos, educacionales, relacionales, sociales, judiciales y de cualquier otra índole a sujetos cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral.

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Diputada informante de la comisión especial investigadora es la señora Flor Weisse .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 115ª de la legislatura 372ª, en martes 10 de diciembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

La diputada Flor Weisse leerá el informe.

¿Habría acuerdo para omitir la lectura del resto de los informes? No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora WEISSE, doña Flor (de pie).-

Señor Presidente, honorable Sala, paso a rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con los planes y programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincide con su nombre y sexo registral.

I.- Competencia de la comisión especial investigadora al tenor del acuerdo de la Cámara de Diputados que ordenó su creación

La Cámara de Diputadas y Diputados, en su sesión 49, de 8 de julio de 2024, ante la petición formulada por 74 diputados y diputadas, acordó la creación de esta comisión investigadora.

Los patrocinantes solicitaron su creación con la finalidad de reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno, especialmente de las actuaciones de los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y Familia, y de Educación; del Instituto de Salud Pública, y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en relación con la ejecución de terapias y programas de acompañamiento de salud, psicológicos, educacionales, relacionales, sociales, judiciales y de cualquier otra índole, a personas cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral.

II.- Antecedentes generales

La comisión investigadora fue creada a raíz de los antecedentes expuestos por los patrocinantes de la misma en el documento presentado a consideración de la Sala de la Corporación. En síntesis, para conocer, indagar e investigar los actos del gobierno vinculados al Programa de Apoyo a la Identidad de Género, conocido como PAIG-Crece con Orgullo, especialmente respecto de menores de edad, y el Programa de Salud Trans (PST), además de las prestaciones de salud hormonal y quirúrgica que se hayan diseñado y/o implementado en la red integrada de salud. Dicho objetivo comprende la investigación de los fármacos utilizados en los procedimientos hormonales y la información que Cenabast, el Instituto de Salud Pública y Mercado Público tengan disponible. También se buscaba indagar en las organizaciones de la sociedad civil que cooperan en el desarrollo de dichos programas.

Por último, se consideró relevante verificar la relación existente para la ejecución de dichos programas con el Ministerio de Educación, por la derivación o denuncias, y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la judicialización sobre la incorporación o egreso de estos programas y, en general, de la realización de esos tratamientos. Todo lo anterior, teniendo presente que los tratamientos y políticas públicas deben efectuarse conforme a los datos entregados por la ciencia empírica, de acuerdo con el concepto de medicina basada en la evidencia y el principio de la lex artis médica “primum non nocere” (ante todo no se debe dañar).

III.- Relación del trabajo desarrollado por la comisión en el cumplimiento de su cometido

La comisión, para el cumplimiento de su cometido, destinó trece sesiones, en las que procedió a tomar conocimiento de parte de las autoridades citadas y de los particulares invitados, sobre la situación que se estudió. Todos ellos expusieron sobre el rol que juega cada una de las instituciones que representan, lo que han realizado o dejado de realizar, y la proyección de las próximas actividades y programas.

Por su lado, las personas que han hecho uso del programa o han sido objeto de situaciones vinculadas al tema expusieron sus puntos de vista y cómo les ha beneficiado o perjudicado la decisión que han tomado y que se vincula con el tema objeto de esta investigación. Asimismo, respondieron las consultas que se les formularon durante las respectivas sesiones.

Un extracto de dichas intervenciones consta en el respectivo informe, y la exposición detallada y demás documentos que pudieran requerirse están en la página web respectiva, además de los videos de las sesiones.

A continuación, mencionaré las recomendaciones efectuadas por la comisión, las cuales fueron aprobadas por mayoría absoluta de los miembros presentes (7 votos a favor y 6 en contra).

Estas consideraciones, conclusiones y propuestas fueron formuladas y firmadas por los diputados y diputadas Flor Weisse Novoa , Gustavo Benavente Vergara , Francesca Muñoz González , Mauro González Villarroel , Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen , Diego Schalper Sepúlveda y Stephan Schubert Rubio .

Fueron aprobadas con el voto favorable de la mayoría absoluta (7 votos a favor y 6 en contra) de las diputadas y los diputados presentes, señoras y señores Gustavo Benavente Vergara , Mauro González Villarroel , Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen , Francesca Muñoz González , Diego Schalper Sepúlveda , Stephan Schubert Rubio y Flor Weisse Novoa , como Presidenta.

Las recomendaciones son las siguientes:

1.- Suspender inmediatamente la ejecución del PAIG.

2.- Al Ministerio de Salud:

2.1.- Ordenar, mediante una resolución exenta, que en la red pública de salud no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonación cruzada, en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme.

2.2.- Revisión de antecedentes de todos los menores de edad que están actualmente bajo tratamientos hormonales y entregar un informe a las comisiones de Salud y de Familia del Senado y de la Cámara de Diputados, al menos con los datos sobre su edad, sexo, tipo de tratamiento, duración del tratamiento, consentimiento de los padres, establecimiento de salud, entre otros, en el plazo de tres meses desde la aprobación del informe final.

2.3.- El Ministerio de Salud deberá reformular el objetivo de la Comisión para la elaboración de los lineamientos para terapia hormonal, abocándose al estudio de la procedencia, seguridad y factibilidad de realizar este tipo de tratamientos, los que solo podrán realizarse a mayores de edad.

2.4.- El Ministerio de Salud deberá entregar la atención necesaria a los menores de edad que desistan o detransicionen.

3.- Enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República, para que realice auditorías a todo el sistema público de salud, en especial a los hospitales y servicios de salud, a fin de:

3.1.- Determinar la cantidad exacta de menores de edad ingresados al PAIG, según edad, sexo, etcétera.

3.2.- Determinar la cantidad exacta de menores de edad que se encuentran en tratamiento hormonal, sea bloqueo puberal u hormonación cruzada, según edad, sexo, tipo de tratamiento, duración, tipo de medicamentos.

3.3.- En los dos casos anteriores, comprobar la existencia de consentimiento informado de representantes legales que autoricen el ingreso o derivación del menor al PAIG, así como a la realización de tratamientos hormonales.

3.4.- Identificación y determinación del gasto del arsenal farmacológico de los hospitales en terapias hormonales desde 2010 a la fecha, considerando la existencia de programas de identidad de género propios con anterioridad a la ley Nº 21.120.

3.5.- Auditoría a organizaciones de la sociedad civil que realizan acompañamientos con enfoque afirmativo.

4.- Realizar modificaciones legislativas a las siguientes leyes:

4.1.- A la Ley de Identidad de Género:

4.1.1.- Se deberán realizar modificaciones al artículo 23, que incluyan, a lo menos, los siguientes elementos:

a) Garantizar el deber y derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos, en cuanto al ingreso y/o derivaciones de estos programas. Además, la negativa de aquellos no podrá ser considerada vulneración de los derechos de sus hijos o pupilos.

b) Solo podrán ingresar a estos programas los menores desde los 14 años. c) Eliminar el enfoque afirmativo.

d) La atención de los programas de acompañamiento deberá ser exclusivamente psicológica.

e) Que los programas de acompañamiento a menores de edad se ajusten al objeto de la ley, referido al cambio de nombre y sexo registral.

4.2.- Al DFL 1, del Ministerio de Salud, de 2005 (24 de abril de 2006):

4.2.1.- Atribución de facultades a Cenabast para exigir detalle de fundamentación de órdenes de compra de medicamentos de hospitales.

4.2.2.- Atribución de facultades a Cenabast para verificar, luego de la distribución de medicamentos comprados, que sean ocupados de acuerdo con lo señalado en la solicitud de compra.

4.2.3.- Atribución de facultades de fiscalización al ISP respecto a usos no autorizados de medicamentos ocupados para tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonación cruzada en menores de edad.

5.- Presentar un proyecto de ley que, al menos, contenga los siguientes elementos:

5.1.- Solo podrán aplicarse tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en personas mayores de 18 años.

5.2.- Ampliar plazo de prescripción por responsabilidad contractual y extracontractual surgida por la prescripción de tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme.

6.- Remitir todos los antecedentes de las sesiones de la comisión especial investigadora al Ministerio Público, en especial los relacionados con la realización de cirugías de reasignación de sexo y terapias hormonales en menores de edad, a fin de determinar la existencia y responsabilidad de eventuales delitos.

7.- Derogación de la circular N° 812, de la Superintendencia de Educación.

8.- Auditoría a todos los municipios que tengan unidades de género o unidades municipales de la diversidad y realicen programas de acompañamiento propios y derivaciones de menores de edad a hospitales. Asimismo, que se incluya una revisión y auditoría de las municipalidades que cuenten con farmacias populares y la entrega de medicamentos con fines de hormonación a menores de edad.

9.- Auditoría a la Junji sobre la cantidad de capacitaciones recibidas en relación con el PAIG.

10.- Auditoría al Fonasa para determinar los beneficiarios menores de edad que hayan accedido a operaciones de reasignación de sexo.

11.- Informe de la Cenabast con el detalle de gasto de cada uno de los medicamentos que el ISP indicó que se usan en hormonar a menores de edad.

12.- El Ministerio de Salud deberá enviar a la Contraloría General de la República y a las comisiones de Familia y de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados los resultados de las acciones señaladas en la sesión de 12 de agosto de 2024 ante la comisión investigadora, especialmente en lo referido a:

12.1.- Auditoría sobre la organización y actividades del PAIG (Memo A1 Nº 327).

12.2.- Revisión y evaluación de las Recomendaciones (2021) y Orientaciones Técnicas (2023).

12.3.- Respuesta de la Superintendencia de Salud sobre la existencia de los debidos consentimientos sobre las cirugías de género afirmativas en menores de edad.

12.4.- Respuesta de la Superintendencia de Salud al Ordinario Nº 2370 (21 de agosto de 2024), en el que se “solicitó recabar de los establecimientos de salud públicos y privados la existencia de consentimiento informado de padres y representantes legales, así como asentimientos de NNA, y el medio de constancia de este en relación con la indicación de hormonoterapia en NNA.

12.5.- Respuesta de consulta a organismos internacionales.

13.- Revisar y corregir todos los documentos relacionados con el Programa de Salud Trans, eliminando cualquier tipo de referencia de atención a menores de edad.

14.- Remitir el informe final a la Corte Suprema, a fin de manifestar la preocupación por la aplicación del control de convencionalidad en sentencias de tribunales de familia para autorizar el cambio de nombre y sexo legal de menores de 14 años.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, diputada Flor Weisse .

Antes de iniciar el debate, les recuerdo que, por unanimidad de la Sala, se acordó que a quienes se salgan de la cuestión del informe, primero se les hará una advertencia y, luego, si insisten, al llamarlos al orden, se les cerrarán los micrófonos. Digo esto con el fin de que el criterio quede claro para todos y todas.

En discusión el informe.

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, honorable Sala, en el transcurso de esta investigación y motivo de inicio de ella, quedó claro cómo se hace un daño a niños, niñas y adolescentes a través de algo que se denominaba terapia. Las terapias tienen como objetivo sanar, mejorar, beneficiar a las personas, no provocar daños permanentes. La ciencia nos ha dicho que hoy varias de estas mal llamadas terapias hacen un daño permanente.

Por eso aplaudo las conclusiones de la comisión, que buscan corregir políticas públicas, transparentar situaciones que están ocurriendo, darles seguridad a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile de que el país los va a cuidar. No puede ser posible que, por la buena intención de alguien, terminemos haciendo un daño permanente a los niños, niñas y adolescentes, que les impida el desarrollo neurológico, físico y la inserción en la sociedad como corresponde.

Por cierto, hay diferencias, hay situaciones complejas que tenemos que acompañar, pero tenemos que saber acompañar a la edad correcta, con el tratamiento correcto, sin tomar decisiones como adultos sobre niños, sin privilegiar el bien superior de ellos. No debemos creernos dioses y definir anticipadamente lo que la naturaleza misma quizás no definió correctamente.

Por eso, creo que debemos aprobar este informe y dar la protección necesaria a todos nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el contexto de terapias afirmativas o de terapias hormonales, que -insistohacen daño permanente a sus cuerpos y a su desarrollo en la vida.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes trans o de género no conforme, no nos referimos a una facción ideológica, sino a niñas, niños y adolescentes reales, con nombre, con historia, con familia, con dolores, con pasado, con presente y con un futuro que este programa debe buscar resguardar; a personas que merecen ser protegidas y escuchadas, no sometidas a protocolos confusos e intervenciones poco adecuadas, ni mucho menos ser utilizadas como chivo expiatorio del miedo y de la ignorancia.

Por eso, lamento profundamente que esta comisión especial investigadora, en lugar de corregir y fortalecer una política pública que ha tenido errores profundos, haya optado por dinamitarla. Las fuerzas conservadoras han impuesto su visión más cruda, empujando un informe marcado por el sesgo y la desinformación.

Nosotros, desde esta diputación y desde este comité, actuamos con seriedad. Tuvimos dudas legítimas sobre cómo se ha implementado el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), y teníamos razón, pero en ningún momento pusimos en duda la necesidad de este programa. Al contrario, hicimos propuestas técnicas viables y profundamente responsables para corregir las graves falencias detectadas y garantizar así un acompañamiento digno, humano y siempre basado en la evidencia.

El Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género fue creado bajo mandato de la ley No 21.120. Dentro de estas conclusiones quedó claro que el PAIG debe ser un programa de acompañamiento psicológico y biopsicosocial; no tiene ni debe tener como objetivo promover la transición de género ni puede contemplar intervenciones médicas como la prescripción de hormonas o cirugías. Cualquier línea del PAIG que vaya en ese sentido es incorrecta, y es fundamental aclarar aquello.

Durante esta comisión, propusimos mejoras claras: protocolos específicos según rangos etarios, sistemas de monitoreo, orientaciones técnicas no patologizantes, y fuera del PAIG propusimos una regulación responsable en los tratamientos hormonales y cuidados clínicos, siempre con consentimiento informando y considerando la mejor evidencia científica disponible.

Durante estos meses conocimos la realidad -por cierto, diversade casos exitosos del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), en los que se cumplieron los objetivos buscados de acompañamiento, contención y orientación, pero también conocimos la experiencia de familias que se sintieron vulneradas y presionadas, y que incluso desde el programa fueron derivadas a intervenciones que contemplaban la hormonización.

Tal como señaló la ministra de Salud, esas acciones quedan fuera del ámbito de acción del PAIG, aunque, curiosamente, fue contradicha por la subsecretaria de Salud Pública. Eso es parte de las contradicciones y errores que hemos detectado en la implementación de este programa.

Pedimos lo que cualquier política pública necesita: claridad, estructura, evaluación y un enfoque basado en el derecho y en la mejor evidencia disponible. Sin embargo, nada de eso fue acogido.

Lo que hoy se pide es aprobar un informe que propone eliminar el PAIG en vez de corregirlo, debilitar la ley, derogar protecciones escolares y reinstalar el temor como principio rector del Estado. Eso sería un retroceso brutal.

Votaré en contra de este informe, y llamo a mis colegas a hacer lo propio. Los derechos no se suprimen, sino que se defienden y se profundizan.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, este es un tema muy relevante, que el mundo entero está discutiendo y en el que nosotros, normalmente, vamos detrás.

En lo personal, creo que el hecho de que una persona mayor de edad transite de género, con conocimiento de las consecuencias positivas y negativas que conlleva someterse a tratamientos irreversibles, es una decisión muy personal.

Lo más preocupante de todo lo que abordó esta Comisión Especial Investigadora es lo que está sucediendo con nuestros niños, porque, en el fondo, están exigiendo tratamientos de transición para niños menores de edad y adolescentes que no saben dónde están parados en la vida, sobre todo con una cosa que suena muy bonita, que es el enfoque afirmativo.

Lo digo con conocimiento de causa, porque en el hospital de mi distrito, el Sótero del Río, se realiza mucho este programa. Me ha tocado conocer el caso de madres y padres de hijos que han dicho en el colegio que no están conformes con su sexo y sienten que tal vez deberían cambiar de niña a niño, como, por ejemplo, en el caso que estoy recordando, e inmediatamente parte un protocolo que ya quisiera el sistema de salud para terminar con las listas de espera.

Es realmente impresionante ver cómo padres han quedado fuera de ese proceso. Personalmente, me ha tocado ver que los padres, por este enfoque afirmativo, han sido incapaces de oponerse a que su hijo menor de edad comience esta transición antes de cumplir los 18 años de edad. Me parece que consideran que los padres son ignorantes, pues les dicen que son crueles y que no entienden lo que ese niño está viviendo, como si la paternidad no tuviera una sabiduría natural que muchas veces es mucho mejor que la científica. Esto no puede seguir sucediendo.

Además, quiero recalcar que el ministerio tampoco tenía claridad sobre esta materia -en esto concuerdo con la diputada Ana María Gazmuri -, porque no pudo entregar información fidedigna y completa acerca de las personas menores de edad que recibieron prestaciones de salud en el marco de este programa. A julio de 2024, 600 menores de edad -¡600 menores de edad! habían sido derivados a este programa, pero sin sus padres. Hay un caso de una madre que fue judicializado. ¿Ustedes pueden entender la angustia de esa mujer?

Creo que tenemos que terminar con la ideología para que no nos digan más que somos personas menstruantes o gestantes, porque somos padres y madres. Los padres no son ignorantes, se pueden equivocar a veces, pero quieren lo mejor para sus hijos, y en esto no pueden quedar fuera. No puede ser que el Estado tome el rol del padre o de la madre, o incluso del tutor, para entrar en estas terapias que son irreversibles. Los niños no tienen idea de las consecuencias de lo que están viviendo.

Esta Comisión Especial Investigadora tiene grandes conclusiones. Creo que tenemos que terminar con el tema de la ideología, pensar en el desarrollo sano de nuestros hijos y dejar que ellos sean niños, niñas y adolescentes con la protección de sus padres y madres. Cuando esos padres y madres fallan, ahí tiene que entrar a intervenir el Estado. No puede ser que los padres sean considerados de antemano ignorantes y se les diga que no saben y no quieren lo mejor para sus hijos, en circunstancias de que se somete a los niños a terapias que son irreversibles y que tienen consecuencias para toda la vida.

Si las personas son mayores de edad, ese es otro tema. En ese caso, el Estado tal vez debe acompañarlas, pero los padres son los que deben decidir sobre sus hijos, especialmente en este tipo de terapias irreversibles. Perdón que lo repita, pero me parece que eso es lo más importante.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider .

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señor Presidente, la mentira y la ignorancia en esta Sala son brutales. Algunos de la ultraderecha quisieron usar desde el principio esta comisión como un espacio para hacernos retroceder en los pocos derechos que tenemos las personas trans. Lamentablemente, esa presión surtió efecto en diputados de la derecha más dialogante.

El informe de mayoría está plagado de mentiras, impulsadas por noticias falsas e interpretaciones mañosas de los datos que hemos levantado de un programa como el PAIG, que lleva un par de años siendo implementado. Indudablemente, pueden hacerse ajustes, más aún cuando recién el 2018 este Congreso se puso de acuerdo en que la niñez trans existe y tiene derechos. Cuando usan este mecanismo de fiscalización para avanzar en una agenda de odio, lo que hacen es horadar la credibilidad de las instituciones democráticas.

En la discusión de la comisión presentamos evidencia en políticas públicas, en la ciencia y en los testimonios de familias sobre la importancia del programa que ustedes quieren eliminar. Es impresionante que la discriminación no les conmueva ni un poco y que tengan nula apertura para entender realidades distintas a las suyas.

Aquí también hablamos de libertad, de aquella que algunos tanto defienden: de la libertad de las familias y las personas de desarrollar sus proyectos de vida.

El Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género no incluye hormonoterapia ni intervenciones quirúrgicas. Es un programa voluntario de apoyo psicosocial para las familias, con foco en los niños y niñas, para prevenir factores de riesgo y promover el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes trans. De hecho, el Estado no cuenta con ningún programa de terapias hormonales y cirugías para niños, niñas y jóvenes. Las suyas son mentiras de poca monta y de patas cortas.

No es cierto que este programa arrebate a sus hijos e hijas a los padres. Al contrario, en el 99 por ciento de los casos ellos acuden con su familia, porque las familias son clave para combatir las consecuencias terribles de la discriminación y la exclusión. El PAIG puede salvar a muchos niños y niñas del bullying, de la desescolarización, de la depresión e incluso del suicidio. Esto ha sido reivindicado por sociedades médicas y profesionales de la salud de todo el país.

Muchos de ustedes, hace un tiempo, reivindicaban con locura el legado de Sebastián Piñera . Este programa viene de ese gobierno, y ahora no les da ningún remordimiento echarlo por la borda cuando hay presión de la ultraderecha. Eso es carecer de convicción y de integridad, colegas.

El reglamento que crea este programa fue firmado por Alfredo Moreno y Emilio Santelices , ministros del gobierno de Sebastián Piñera. No se entiende el escándalo que hacen, si son ustedes, señores de la derecha, los responsables.

El ministro de Justicia de la época, Hernán Larraín , planteó que era necesario establecer medidas de acompañamiento para menores de 14 años trans en la educación y en la salud, precisamente para prevenir la discriminación.

El informe CASS en ninguna parte sugiere prohibir las terapias hormonales y bloqueadores de pubertad. Ustedes van más allá. Incluso, en su primera mención del informe, querían criminalizar a los profesionales de la salud. Cambiaron algunos puntos, pero en el centro se oponen a regular y derechamente niegan el derecho a la salud a la niñez trans.

Las sugerencias de este informe van demasiado lejos y son una vulneración de los derechos de la niñez. Quieren retroceder en pasos tan elementales como reconocer el nombre y la identidad de niños y niñas en los establecimientos educacionales. Eso es lo que quieren hacer.

Por último, quiero destacar que, el 6 de enero, la Defensoría de la Niñez se pronunció rechazando lo sesgado de este informe y criticando que este considere el interés superior de los niños y niñas supeditado al derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. La Defensoría recomienda que el PAIG se mantenga.

Respecto de la hormonoterapia, recomienda que se elabore una guía clínica basada en evidencia, como la que se presentó en la comisión por parte del Colegio Médico.

Dicen: “los niños primero” y “con mis hijos no te metas”; sin embargo, no ponen a todos los niños primero y se meten con los hijos de quienes no piensan como ustedes. Eso es una notable hipocresía.

Algunos apuntan al costo de este programa; sin embargo, es falso que con él se esté yendo la plata que falta para salud, educación o seguridad. Eso es hacer pelear al de abajo con el de más abajo. Porque las políticas de diversidad sexual no son culpables de la desigualdad y la injusticia. Los culpables de la desigualdad y la injusticia son los excesos del mercado, que saca todo de la gente a través de las AFP, las isapres, la educación de mercado, entre otros.

Ustedes desvían el foco de interés de la conversación y nos llevan a extremos, como querer retroceder en derechos conquistados para el país. ¡No lo vamos a permitir!

Llamo a rechazar este informe nefasto.

He dicho.

-Aplausos.

-Algunos diputados se dirigen a la Mesa fuera de micrófono.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Señores diputados, para que estén tranquilos, estamos absolutamente atentos a que los diputados y diputadas que intervienen no se desvíen del tema en discusión. En los últimos cinco segundos la diputada hizo una alusión.

Reitero: estamos absolutamente atentos a que quienes hacen uso de la palabra no se salgan del tema del informe, y así ocurrió en la última intervención.

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, lo que está haciendo el Estado de Chile y este gobierno con nuestros niños es una desprotección y una afectación que constituyen un crimen despiadado contra su inocencia y dignidad humana.

Por su parte, lo que algunos jueces están perpetrando contra las familias al quitarles la custodia de sus hijos a padres que se rehúsan a aprobar el cambio de sexo de sus hijos es el epítome de la injusticia frente a chilenos que lo único que buscan es el bienestar de sus seres más queridos.

Por eso, colegas parlamentarios, hoy tenemos el deber moral, y frente a la historia, de aprobar este informe que estamos discutiendo.

La comisión investigadora de este caso, denominado “Caso hormonas en menores”, concluyó que estamos frente a una situación extremadamente crítica que exige toda nuestra responsabilidad ética y política. Se están aplicando intervenciones psicológicas, farmacológicas y quirúrgicas a menores de edad sin evidencia científica sólida, sin transparencia y, en algunos casos, sin el consentimiento de sus padres.

La información existente refiere que no hay evidencia que indique que tales tratamientos son beneficiosos en el largo plazo. Por el contrario, la información existente asegura que los mismos generan graves perjuicios irreversibles.

Según cifras oficiales, solo aplicables al sistema público, desde 2023 se registran más de 2.500 menores que han ingresado al Programa de Acompañamiento de Identidad de Género (PAIG) del Minsal, incluyendo casos derivados desde jardines infantiles, ya que el acompañamiento comienza desde los tres años.

Los apologetas del PAIG nos han dicho que el programa no deriva menores hacia los tratamientos hormonales, sino que solo aplica acompañamiento social y psicológico, el cual, por cierto, es afirmativo. Sin embargo, eso no es cierto. Un ejemplo es el hospital de Melipilla, que, en respuesta a una consulta por transparencia, reconoció que los profesionales del PAIG, quienes no tienen autorización para derivar menores a las unidades de endocrinología, hacen solicitudes de derivación a través de unidades de pediatría, y desde ahí se generan las interconsultas a las unidades de endocrinología, donde, entonces, se les aplican las hormonas.

Por otro lado, se estima que más de seiscientos menores están recibiendo tratamientos hormonales en la red pública a partir -pongan atención de los ocho años de edad. No sabemos cuántos más están siendo tratados en la salud privada.

La Cenabast ha destinado más de 15.000 millones de pesos a la compra de hormonas, sin que exista transparencia sobre el uso de esos recursos. Debido a la cuantía, existe mucho interés en la industria farmacológica en que el programa, lejos de suspenderse, se incremente mediante abundantes ingresos de menores al PAIG, ya que el segundo peldaño son las hormonas, seguidas luego por la mutilación genital.

A nivel global, se está produciendo un giro trascendental en el manejo de la disforia de género en menores, con países como Reino Unido, Suecia y Finlandia restringiendo tratamientos irreversibles, tras el contundente informe CASS, que expone la falta de evidencia científica y los riesgos asociados.

Mientras tanto, en Chile, padres como Orlando viven verdaderas tragedias muy distintas de lo que pasa en Europa. Estimados colegas, a Orlando le arrebataron la custodia de su hija por oponerse a su transición. Fue tratado como un criminal y separado de ella sin que existieran mejoras visibles en su estado, en un patrón que ya se repite con alarmante frecuencia.

Es momento de actuar con responsabilidad, justicia y valentía. Suspender el PAIG, auditar sus acciones, indemnizar a las víctimas, sancionar a los responsables, regular con firmeza estos tratamientos y aprobar este informe no es solo un deber político; es más bien un imperativo moral. Si no lo hacemos ahora, seguiremos siendo cómplices de una crisis silenciosa que está destruyendo familias y dañando profundamente a nuestros niños.

No es posible que exista una política pública dirigida a menores de edad, financiada con cuantiosos recursos de todos los chilenos, carente de respaldo científico serio, teniendo, además, la información sobre la mesa que indica serios peligros y consecuencias irreversibles para esos menores.

Los ministerios citados a nuestra comisión entregaron información contradictoria y dispar. Señalaron, sin tapujos, que simplemente no sabían de muchas cosas que ocurren bajo su supervisión.

En este caso, estimados colegas, hay muchos intereses y mucho dinero detrás no solo en compra de hormonas a farmacéuticas, sino también en fundaciones y organizaciones dedicadas a promover esto, financiadas nuevamente con recursos públicos y con muchos recursos del extranjero. Muchos profesionales trabajan en estos planes y programas, a lo que también se suman las intervenciones quirúrgicas.

El asunto es que, en este caso, quienes asumen y asumirán las consecuencias son los niños. Muchos niños tienen serios problemas para conseguir asistencia dental o un examen radiológico, pero el Estado corre con todos los recursos necesarios para aplicarles hormonas o mutilar sus genitales.

En la comisión quedó en evidencia que no existe entrega de información completa y oportuna antes de comenzar los tratamientos. Quedó claro que se actuaba aún en contra de la voluntad de los padres y que, contrariando la ley, le basta al sistema el consentimiento de un menor de edad para que este reciba asistencia psicológica afirmativa, hormonas o, luego, operaciones de mutilación.

Ante esta evidente vulneración de derechos, ¿dónde está el defensor de la Niñez con su presupuesto anual de 5.070 millones de pesos? Brilla por su ausencia.

No más injusticia, no más niños vulnerados de manera irreversible por el Estado, no más padres separados de sus hijos por los tribunales. Si esta política pública se llevó adelante sin discusión, este es el momento de que hagamos justicia.

Llevaremos adelante la defensa de los niños. Chile está mirando.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señor Presidente, la negligencia e irresponsabilidad del gobierno en el cuidado de la niñez y adolescencia es alarmante. Además de la crisis de Mejor Niñez, ahora tenemos la experimentación en niños y adolescentes con tratamientos hormonales sin evidencia científica sólida.

En la comisión investigadora, de la cual fui parte, pudimos constatar que en el sistema público de salud al menos seiscientos menores de edad han recibido tratamientos hormonales que afectarían gravemente su salud de forma irreversible.

En la reciente tramitación del presupuesto de 2025, como Congreso Nacional logramos la prohibición del financiamiento para bloqueadores hormonales, terapias en niños y cirugías de reasignación de sexo en adolescentes.

Sin embargo, el gobierno del Presidente Boric, de manera irresponsable, revirtió esta protección que levantamos…

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, quiero tomar la palabra para defender con fuerza y convicción una política de identidad de género basada en el respeto, la dignidad y los derechos humanos.

Cuando hablamos de identidad de género no estamos hablando de ideologías, sino de personas, de vidas concretas, de historias, de sueños que durante años han sido invisibilizados o negados.

La política de identidad de género ha sido un paso necesario para una sociedad más justa, en que cada persona pueda ser reconocida y respetada por quien realmente es. Pero la derecha y sus posiciones extremas buscan negar cada uno de estos avances, en una lógica integrista, en una lógica negacionista. Pero la verdad es que no llama para nada la atención.

La política de identidad de género se trata de garantizar algo tan básico como el derecho a la existencia, a caminar por la calle sin miedo; el derecho a estudiar, trabajar, amar y vivir en libertad. Pero la derecha mantiene sus posiciones con falsedades y con una narrativa llena de mentiras, porque cuando uno lee el informe y lo compara con cada una de las exposiciones que se realizaron en la comisión en verdad parece que hubiésemos estado en dos instancias distintas. Entonces, no trabajemos con la posverdad. Dejemos de mentir a la opinión pública. Eso es lo que está ocurriendo en este caso.

Digamos las cosas como son, por un acto de decencia. Cada una de las recomendaciones de este informe niega los avances de la política de identidad de género de gobiernos de distintos signos políticos, de centroizquierda y de centroderecha.

Esta es una política que discutimos durante años y se llegó a un consenso civilizatorio respecto de estas materias, más allá de que les guste o no a las posiciones ultras, las cuales, tal como ocurre en Europa y en Estados Unidos de América, campean también en América Latina, y por eso quieren traerlas a nuestro país.

La diversidad merece ser reconocida; la identidad de género merece ser respetada. Por eso, pretender terminar con un programa por una visión ideológica y valórica que busca imponer un punto de vista particular al resto de la sociedad es propio de las dictaduras, es algo positivo para los integrismos, pero no para una sociedad democrática.

Ninguno de los datos que se han planteado en esta Sala es cierto. A ningún menor de edad, niño o niña, se le ha cambiado el sexo. Eso es falso. No hay hormonas. ¡Es falso!

(Hablan varios diputados a la vez)

Sé que eso les molesta a los parlamentarios de la extrema derecha, pero el fascismo parte así. Es tiempo de pararlo y de rechazarlo, les guste o no.

Para todos aquellos que tenemos familia cristiana, quiero señalar, a partir de lo que es el amor al prójimo y lo que señala la verdadera palabra de Dios, que no me cabe la menor duda de que Cristo no entraría en este hemiciclo con una visión que niega la humanidad, que niega la identidad de las personas y que niega el amor. Esa es precisamente la contradicción que vemos aquí.

Por todas estas razones, la bancada del Partido Socialista va a rechazar este informe.

¡Que viva la política pública de identidad de género! ¡Que viva la diversidad en nuestro país!

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mauro González .

El señor GONZÁLEZ (don Mauro).-

Señor Presidente, formamos la comisión investigadora para indagar sobre los actos del gobierno vinculados con el programa de apoyo a la identidad de género debido a las advertencias sobre los riesgos y daños de la aplicación del enfoque afirmativo, especialmente de la transición hormonal en menores de edad.

Durante el trabajo de la comisión nos encontramos con varias deficiencias, con más dudas que certezas, como, por ejemplo, que estamos frente a programas que, por más que sean de carácter voluntario y orientaciones, se imponen a los padres y terminan siendo de carácter obligatorio, tal como lo han señalado algunas familias.

También se reconoció que tenemos cientos de casos de menores de edad que desde los nueve años están recibiendo tratamientos hormonales, que bloquean su pubertad y generan, además, serias contradicciones respecto de su reversibilidad.

Uno de los aspectos más discutidos en la comisión, el cual nunca se pudo dilucidar con claridad, fue el significado del enfoque de género afirmativo. Aquello nos dejó muy preocupados, porque las acciones que puede adoptar la dupla psicosocial que se encuentra en los servicios de salud no van en el sentido de un acompañamiento neutro, sino que validan la autopercepción de un menor, incluso más allá de lo que opinen sus padres.

Otro problema que surgió fue la falta de claridad sobre el consentimiento que deberían entregar los padres respecto de su hijo o hija que ingresa a estos programas, que buscan cambiar el sexo de una persona, existiendo evidentes contradicciones entre salud y educación.

Que los adultos hagan lo que estimen conveniente con su cuerpo, pero a los niños y a las niñas déjenlos tranquilos. Cuidemos su infancia, cuidemos su inocencia y garanticemos que los padres tengan la libertad y prioridad de la formación y educación de sus hijos.

Por lo anterior, se debe suspender la ejecución del programa de apoyo a la identidad de género y no iniciar nuevos tratamientos hormonales.

Se debe determinar la cantidad exacta de menores de edad que se encuentran en tratamiento hormonal, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada, según edad, sexo, tipo de tratamiento, duración y tipo de medicamento.

Debemos modificar la ley de identidad de género, con el objeto de que sean los padres los que tengan el derecho preferente de decidir si su hijo o su hija participa en un programa de cambio de sexo, no el Estado ni un servicio público.

Para terminar, invito a mis colegas a que por los niños y niñas de nuestro país aprobemos este informe y empecemos de una vez por todas a terminar con esta ideología.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, en más de algún encuentro con organizaciones de la diversidad me enteré de que la edad promedio de vida de las personas trans es de 34 años, y de que la mayor cantidad de muertes de personas trans se producen por suicidio. Eso me conmocionó profundamente.

Por lo mismo, me llama la atención la liviandad con la que parte de la derecha habla de las niñas y los niños que sienten otra identidad respecto del género, la cual nace desde muy chiquitos.

Respecto de ello, hay dos posibilidades: enseñarles desde chicos y chicas que es malo eso que sienten naturalmente o acompañarlos psicológicamente para que sientan que pueden tener una vida en plenitud.

Yo me inclino por lo primero. No me inclino por satanizarlos, y mucho menos por condenarlos a una vida en dolor.

¿Alguien se ha imaginado alguna vez lo que puede significar para un niño o niña sentirse distinto y ser condenado por ello? Quiero decirles que eso me conmociona profundamente. Sus creencias, lo que ustedes piensen debiese detenerlos un segundo para reflexionar en el bienestar de esas niñas y esos niños.

El Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) permite que el Estado se haga cargo de una realidad que no se borra satanizando a esos niños o terminando con dicho instrumento ni tampoco con las mentiras que dicen. Porque han llegado a decir que se aplica terapia hormonal a guaguas de 3 años, sabiendo que eso es mentira.

Estamos hablando de lo más sagrado de nuestra sociedad. Pero esto no es de la boca para afuera ni tampoco se trata de que sus creencias se las impongan a esos niños. Acompañémoslos, cuidémoslos y…

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada. Se suspende la sesión por falta de quorum.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra la diputada Helia Molina .

La señora MOLINA (doña Helia).-

Señor Presidente, no voy a entrar a discutir una por una las conclusiones de esta comisión, pero creo que muchas de ellas tienen fallas estructurales, desconocen leyes vigentes en el país respecto de la identidad de género, el derecho de los adolescentes sobre los 14 años, en fin.

Reitero que no voy a discutir eso. Solo quiero decir que este no es un tema de ideología ni es un tema filosófico; es un tema que guarda relación con una condición que genera alteraciones en la salud mental y en la salud física. El equipo médico es quien tiene la obligación de hacer un análisis basado en evidencias y en cada caso individual, considerando la situación que está viviendo la persona.

En ese marco, no puedo aceptar que ninguna resolución de una comisión investigadora prohíba una serie de elementos que van a depender mucho más del criterio médico que de la resolución de una comisión investigadora, por acuciosa que esta haya sido. No desconozco el trabajo realizado, hay muchas cosas que comparto, pero no acepto y nunca podré aceptar la palabra prohibir en un tema que guarda relación con la salud de las personas, con la vida de las personas y con la dignidad de las personas.

Por lo tanto, voy a votar en contra del informe, más allá de la conceptualización. No estoy de acuerdo con la hormonización, no estoy de acuerdo con que los niños cambien de sexo, pero eso no quiere decir que el equipo médico no tenga la obligación de hacer el análisis y tomar la decisión correcta.

El Ministerio de Salud se ha comprometido a tener una comisión de expertos que genere los protocolos necesarios que orienten a los equipos de salud, tanto de salud mental como de salud física, endocrinológica, etcétera.

Por otro lado, si lo miramos desde el punto de vista de los chilenos y chilenas, esta resolución se refiere fundamentalmente a aquellas personas que son usuarias del sistema público de salud. ¿Qué pasa con quienes tienen dinero y pueden acceder a la medicina privada, a los cuales no se aplicarán ninguno de estos preceptos? Me parece una tremenda inequidad, una dificultad tremenda en el acceso a la atención, a la evaluación y a la toma de decisiones.

Por supuesto, estoy de acuerdo en que los padres son parte fundamental -cómo no lo voy a estar si tengo cinco hijos-, pero no voy a aceptar que ninguna comisión investigadora en el ámbito de la salud se permita prohibir cosas que ya están establecidas por ley.

Votaré en contra del informe e invito a todos los parlamentarios a hacer lo mismo.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, hoy quiero hablar desde la experiencia que he tenido con la historia de muchas familias que se me han acercado con la esperanza de ser oídas y que buscan ayuda para alguno de sus hijos o hijas, cuya identidad de género no coincide con el sexo con el que se les asignó al nacer.

La mayor parte de estas familias han recorrido un camino de discriminación, de sesgo y de falta de conocimientos, que afectan terriblemente a sus hijos e hijas. Hablar desde la ciencia cuando existen estudios contrapuestos no creo que contribuya a esta discusión. Por cierto, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, son los padres quienes deben guiarlos.

Por eso, no comprendo que se pretenda terminar con una terapia que sí ha ayudado a niñas y niños. Hoy, precisamente hoy, me escribió la mamá de Julio, una de esas madres de esas familias que agradece la oportunidad que tuvo su hija menor de edad para hacer su transición antes del desarrollo natural. Entiendo que el sistema necesita ser mejorado. Algunas de las recomendaciones de esta comisión habrían hecho imposible que esa niña hoy sea un adolescente feliz e integrado.

Hoy quiero hablarles de un tema crucial que toca el corazón de los derechos humanos y de los derechos de la infancia. El apoyo a los niños, niñas y adolescentes trans y su acceso a las terapias de hormonización son importantes. Permítanme ser clara, la identidad de género es intrínseca y profundamente personal; para algunos jóvenes su identidad de género asignada al nacer no coincide con quienes realmente son. Negarles el reconocimiento y el apoyo necesario es negarles su propia existencia, su dignidad y su derecho fundamental a la salud y al bienestar.

Las terapias de hormonización realizadas bajo supervisión médica especializada y con consentimiento informado del joven y de su familia o de sus tutores legales son una herramienta vital para que esos jóvenes puedan vivir felices con su identidad de género. No se trata de una decisión tomada a la ligera, sino de un proceso reflexivo y acompañado que busca aliviar la angustia y mejorar significativamente su calidad de vida.

Por eso, voy a rechazar el informe de esta comisión.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, tal como se ha mencionado, en la comisión se pudo acreditar que los tratamientos hormonales afirmativos se siguen aplicando en Chile a menores de edad, tanto en la red pública como en la salud privada, yendo totalmente en contra de la evidencia científica en cuanto a su absoluta falta de mínima certeza, como también desoyendo la tendencia internacional, especialmente de Europa.

Junto con el anterior, estos tratamientos presentan graves problemas de legalidad. En efecto, el artículo 23 de la ley de identidad de género establece la creación de programas de acompañamiento profesional para niños, niñas y adolescentes que presenten una eventual disforia de género. Acompañamiento no es lo mismo que tratamiento y, en consecuencia, no habilita para practicar este último en menores de edad.

No hay dos opiniones: estos tratamientos en menores de edad son irreversibles y podrían ser muy dañinos. El acompañamiento debe ser verdadero y nunca dirigido a que la psicología o la ideología puedan superar a la biología. ¡Cuidemos a nuestros niños! Si están confundidos, con dudas e inseguros, cuidémoslos, acompañémoslos y escuchémoslos, pero siempre pensando en su bien, para que no tengamos que lamentar daños irreversibles en personas inocentes tras la realización de tratamientos bloqueadores de hormonas o inhibidores de la pubertad.

Que nunca resuenen en los adultos las palabras de Carlos I de España o Carlos V de Alemania: “Lo que aquí estaba construido y que ustedes han destruido, no hay otro lugar donde encontrarlo”.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, quiero hacer presente que esta comisión investigadora se formó en razón del informe Cass, que establece que se trabaja en la hormonización de menores de edad sin evidencia científica. Consultado el Ministerio de Salud de Chile al respecto, reconoció que no tienen suficiente evidencia científica. ¿Qué significa esto? Significa que cientos de menores de edad en Chile han sido conejillos de Indias para la experimentación de médicos faltos de criterio, al servicio de grandes intereses farmacéuticos y médicos. El resultado de estas intervenciones son amputaciones, infertilidad, depresiones.

Voy a decir otra cosa: hay gente que respalda esto y lo que está respaldando es una forma de hacer las cosas que termina esterilizando a personas con problemas mentales. Eso ya lo tuvimos en Chile: un proyecto de ley de Salvador Allende, de 1939.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, la ley de identidad de género por ningún motivo daba ningún tipo de licencia, autorización directa o indirecta para hacer ningún tipo de terapias hormonales o habilitar para que estas se realizaran. Es evidente que las recomendaciones técnicas tienden a aquello, por sobre la voluntad de los padres y su derecho preferente de educar a sus hijos, con las consecuencias irreversibles que esto genera. Ha habido un uso abusivo de la ley de identidad de género que solo autorizaba el cambio de sexo registral. Eso fue lo que se discutió cuando se aprobó el proyecto ley.

Esperamos que se apruebe este informe y prevalezca….

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE.-

Señor Presidente, este es un tema que tratamos con mucha responsabilidad en la comisión especial investigadora. No es un tema, al menos en mi caso, netamente ideológico, como sí creemos que lo es para la izquierda cuando lo defiende. Aquí hay un tema de protección de los menores, de evidencia científica que no es suficiente. Como se ha dicho, fue el informe Cass el que dio origen a esta comisión especial investigadora, porque hay daños que pueden ser irreversibles para nuestros menores.

El Programa de Apoyo a la Identidad de Género se creó pensando, precisamente, en quienes su sexo y el sexo registral no coinciden y quieren cambiar su nombre, pero siempre pensado para mayores de 14 años y con el consentimiento de los padres o representantes legales. ¿En qué ha derivado el Programa de Apoyo a la Identidad de Género? En derivaciones a sistemas o unidades de endocrinología. Se reconoció que aproximadamente setecientos de los más de tres mil niños que forman parte del programa de identidad de género han tenido acceso a terapias hormonales, bloqueadores de pubertad y hormonización cruzada, con testimonios de lo que eso significa cuando la persona quiere detransicionar o cambiar de sexo a través de cirugías.

Los testimonios que escuchamos en la comisión, que fueron de ambas partes -por supuesto que tenemos una visión al respecto-, indican que existe daño no solo desde el punto de vista psicológico, sino también al sistema óseo y la fertilidad, con compromiso de duración de la vida. Siempre se intenta decir que solo se suicidan las personas que no son acogidas, pero no hay evidencia ni cifras exactas que acrediten que eso ocurra. Hay otro tipo de situaciones que derivan en ello.

Hoy estamos protegiendo la libertad y el derecho de los padres a decidir por sus hijos, porque aquí también se ha vulnerado el derecho de los padres, los cuales fueron escuchados en la comisión. Eso no puede seguir ocurriendo en Chile.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señor Presidente, este informe expone cómo este gobierno ha promovido programas con poca supervisión y fuerte carga ideológica, vulnerando derechos fundamentales de padres y niños.

El PAIG es un claro ejemplo al imponer un enfoque único afirmativo que empuja a los menores por una verdadera cinta transportadora hacia la hormonización precoz, sin espacio para la espera, la reflexión o diagnósticos alternativos, y sin considerar la posibilidad de transición.

Iniciativas como Chile Crece con Orgullo actúan bajo el discurso de la inclusión como plataformas que son adoctrinamiento, que anulan el debate y el rol de la familia. Los padres que cuestionan estos procesos son judicializados o apartados en abierta vulneración de la corresponsabilidad parental. Este informe no busca negar realidades, sino proteger principios esenciales.

Votaré a favor, porque creo en la libertad, en la familia y en que cada niño merece tiempo, cuidado y verdad ante las decisiones que cambiarán su vida.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, como médico los invito a denunciar la negligencia en salud más inaceptable que podamos recordar. Esta vez nadie puede decir que se obró por desconocimiento ni con buena fe. Hace casi un año, el Minsal solicitó a Etesa, organismo aún con prestigio, diversos informes sobre las terapias de género, los que concluyeron que la evidencia científica que respalda los tratamientos hormonales es muy baja, generando “una inconsiderable incertidumbre para los menores”. En lo que sí hay certeza es que el uso prolongado de medicamentos en la terapia hormonal puede causar daño en la salud ósea, afectar el desarrollo psicosocial y causar infertilidad en niños, niñas y adolescentes. Literalmente, estaban castrando químicamente a los niños.

Pese a eso, el gobierno no ordenó detener estos tratamientos. Más de seiscientos menores ya han sido sometidos a hormonización, incluyendo casos de niños de nueve años. Sabían que no había sustento científico y aun así permitieron que se siguiera exponiendo a nuestros niños a un daño irreversible.

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli , fue la responsable de estas políticas. Subsecretaria, le quedó grande el poncho. Por eso, por los enfermos y los niños de Chile, le pido que renuncie. Estamos hablando de vidas de menores que pueden haber sido dañados para siempre. Lo mínimo que corresponde es asumir responsabilidades políticas. El silencio cómplice no puede continuar.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, los degenerados llaman derecho a sus más perversos deseos. Tienen una necesidad patológica de que sus monstruosidades sean validadas, lo que los lleva a demandas políticas de una supuesta discriminación positiva y de afirmación por parte del Estado, mintiendo sobre resultados y evidencias, incluso hablando de disforia de género de inicio rápido o repentino.

Son ellos los que, con un efecto paralizante, inhibidor y mutilante, permiten la destrucción de la conciencia, de la inocencia de los niños, insistiendo incomprensiblemente en hormonizarlos, castrarlos y en normalizar los más bajos instintos de aquellos terapeutas que buscan estas acciones como primer paso. Ellos deben estar tras las rejas, porque sepa usted, señor Presidente, que el daño a los niños es irreparable.

En los textos que distribuyen los colectivos perversos a favor de este tipo de terapias, hablan de un número inmenso de géneros, pero no hablan de que la ciencia determina solo dos sexos. Tampoco hablan de que un organismo más bien ideologizado, como es la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, señala que, con un buen acompañamiento familiar y el trato correcto de terapias, casi un ciento por ciento de los niños de sexo masculino aceptan su sexo y casi el 90 por ciento de las niñas aceptan su sexo.

¡Basta de educar en la ideología de género y alentar el transgenerismo! ¡Basta de experimentar con los niños de mi país, gobierno de Chile!

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos del gobierno, en especial del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de Aguas, respecto de los criterios aplicados por esta para conceder favorecimientos y aumentos de caudal a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas en las regiones de Ñuble y del Biobío (CEI 58).

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Diputado informante de la comisión especial investigadora es el señor Felipe Camaño .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 122ª de la legislatura 372ª, en lunes 6 de enero de 2025. Documentos de la Cuenta N° 52.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CAMAÑO (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión Especial Investigadora encargada reunir antecedentes sobre determinados actos del gobierno respecto de los criterios aplicados para conceder aumentos de caudal a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas en las regiones de Ñuble y del Biobío, paso a informar respecto del cometido de la comisión y sobre las propuestas y conclusiones aprobadas por esta.

I. Acuerdo de creación y funcionamiento de la comisión

Competencia y plazo

La Cámara de Diputados, con fecha 22 de julio de 2024, aprobó la solicitud formulada por 62 diputadas y diputados, en orden a crear una comisión especial investigadora encargada de reunir información sobre los actos del gobierno, en especial del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de Aguas, respecto de los criterios aplicados por esta para conceder favorecimientos y aumentos de caudal a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas en las regiones de Ñuble y del Biobío, otorgándole un plazo de sesenta días para cumplir con su cometido, el que fue prorrogado por otros quince, y quedando facultada para constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para el desempeño de su mandato.

Integración

La comisión quedó integrada con los siguientes diputados y diputadas: María Candelaria Acevedo Sáez , Jaime Araya Guerrero , Gustavo Benavente Vergara , Sara Concha Smith , Henry Leal Bizama , Benjamín Moreno Bascur , Daniel Melo Contreras , Joanna Pérez Olea , Leonidas Romero Sáez , Clara Sagardía Cabezas , Frank Sauerbaum Muñoz , Consuelo Veloso Ávila y quien habla, Felipe Camaño Cárdenas .

Con posterioridad, los diputados Gustavo Benavente y Daniel Melo fueron reemplazados por la diputada Marta Bravo y el diputado Raúl Leiva , respectivamente. Luego, a su vez, se informó del reemplazo permanente de la diputada Marta Bravo por el diputado Gustavo Benavente .

Constitución y funcionamiento de la comisión

La comisión se constituyó con fecha 3 de septiembre y eligió como Presidente al diputado Frank Sauerbaum .

En cumplimiento de su cometido, celebró doez sesiones ordinarias y especiales, constituyéndose incluso en la Región del Biobío el 28 de noviembre de 2024, donde se celebró la sesión 8ª, en la localidad de Salto del Laja, comuna de Cabrero.

En las mencionadas sesiones, la comisión escuchó a 37 personas e instituciones, entre autoridades y representantes de organismos fiscalizadores y, sobre todo, de los habitantes de las comunidades afectadas por los eventuales favorecimientos y aumentos de caudal inusuales a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas en las regiones del Biobío y de Ñuble.

Luego de conocer en terreno a las comunidades afectadas y de escuchar tanto a autoridades como a representantes de los órganos fiscalizadores, la comisión encomendó a la secretaría la elaboración de un documento consolidado de las propuestas de conclusiones, con los documentos remitidos, a su vez, por los siguientes diputados y diputadas: Frank Sauerbaum , Clara Sagardía , María Candelaria Acevedo , Benjamín Moreno y quien habla, Felipe Camaño .

Puesto en votación este documento, se aprobó por mayoría de votos de la siguiente manera.

La conclusión 1 se aprobó por unanimidad, con 8 votos a favor. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: María Candelaria Acevedo , Sara Concha , Joanna Pérez , Leonidas Romero , Clara Sagardía , Consuelo Veloso , Frank Sauerbaum y quien habla, Felipe Camaño .

La conclusión 2 se aprobó por 7 votos a favor y 1 abstención. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: María Candelaria Acevedo , Sara Concha , Joanna Pérez , Leonidas Romero , Clara Sagardía , Frank Sauerbaum y quien habla, Felipe Camaño . Se abstuvo la diputada Consuelo Veloso .

La conclusión 3 se aprobó por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: Sara Concha , Leonidas Romero , Clara Sagardía , Frank Sauerbaum y quien habla, Felipe Camaño . Votó en contra la diputada Joanna Pérez . Se abstuvo la diputada María Candelaria Acevedo .

La conclusión 4 se aprobó por 4 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: Sara Concha , Clara Sagardía , Frank Sauerbaum y quien habla, Felipe Camaño . Votó en contra la diputada María Candelaria Acevedo . Se abstuvieron la diputada Joanna Pérez y el diputado Leonidas Romero .

La conclusión 5 se aprobó por 5 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: Sara Concha , Leonidas Romero , Clara Sagardía , Frank Sauerbaum y quien habla, Felipe Camaño . Se abstuvieron las diputadas María Candelaria Acevedo y Joanna Pérez .

La conclusión 6 se aprobó por 5 votos a favor y 2 en contra. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: Sara Concha , Joanna Pérez , Clara Sagardía , Frank Sauerbaum y quien habla, Felipe Camaño . Votaron en contra la diputada María Candelaria Acevedo y el diputado Leonidas Romero .

La conclusión 7 se aprobó por 5 votos a favor y 2 en contra. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: Sara Concha , Leonidas Romero , Clara Sagardía , Frank Sauerbaum y quien habla, Felipe Camaño . Votaron en contra las diputadas María Candelaria Acevedo y Joanna Pérez .

La conclusión 8 se aprobó por 6 votos a favor y 1 abstención. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: María Candelaria Acevedo , Sara Concha , Leonidas Romero , Clara Sagardía , Frank Sauerbaum y quien habla, Felipe Camaño . Se abstuvo la diputada Joanna Pérez .

La conclusión 9 se aprobó por 4 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: Sara Concha , Leonidas Romero , Frank Sauerbaum y quien habla, Felipe Camaño . Votó en contra la diputada María Candelaria Acevedo . Se abstuvieron las diputadas Joanna Pérez y Clara Sagardía .

Las conclusiones 10 a 16 se aprobaron por unanimidad, con 7 votos a favor. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: María Candelaria Acevedo , Sara Concha , Joanna Pérez , Leonidas Romero , Clara Sagardía , Frank Sauerbaum y quien habla, Felipe Camaño .

Además del documento consolidado que se votó en la forma señalada, se presentó una propuesta adicional de conclusiones por la diputada Joanna Pérez , la cual fue desechada por resultar incompatible con lo aprobado.

A continuación, se resumen las principales consideraciones y conclusiones de la comisión.

II. Consideraciones, conclusiones, sugerencias o propuestas aprobadas por la comisión

Principales conclusiones

El conflicto surge por resoluciones aparentemente contradictorias de la Dirección General de Aguas (DGA) respecto de los derechos de agua de las asociaciones de canalistas de Zañartu y Laja Sur. Ambas sostienen que la DGA ha desconocido o excedido los derechos ya regulados en un convenio de 1958. Desde 2017, la DGA ha emitido resoluciones que reconocen más derechos a Canal Zañartu de los que le corresponden.

La resolución de la DGA N° 2320, de 2023, que complementa la N° 3549, de 2022, fue dictada estando la última judicializada, lo que infringiría el artículo 54 de la ley N° 19.880. La DGA invocó el artículo 62 de la misma ley, sobre aclaración de actos administrativos, pero el acto administrativo judicializado no se condice con los supuestos de esa norma y, además, modificaba en el fondo otro acto administrativo dictado en el contexto de un procedimiento de fiscalización que conocía la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

La resolución N° 3549 rechazó un recurso de reconsideración presentado por Canal Zañartu contra la resolución que acogió una denuncia por extracción ilegal de aguas en contra de dicha asociación. La resolución N° 2320 incrementó el caudal permitido de 22,6 metros cúbicos por segundo a 33 metros cúbicos por segundo, alterando la base para determinar la procedencia de la infracción y su sanción.

Se alega poseer 45 metros cúbicos por segundo por parte de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, superior a los 33 metros cúbicos por segundo otorgados por la DGA. Sin embargo, según la DGA, su extracción histórica es de 22,6 metros cúbicos por segundo, lo que duplicaría títulos si considerara 45 metros cúbicos por segundo la inscripción inicial de esos derechos en 1952. Esos metros cúbicos corresponden a usuarios repartidos, no a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu.

La resolución N° 2320 aumentó el caudal autorizado sobre la base de antecedentes aportados por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, sin verificar su validez, lo que pudo duplicar derechos ya considerados como derechos de aprovechamiento provenientes de parcelaciones de la Corporación de la Reforma Agraria, como si estos correspondieran a nuevos derechos.

Factores como la sequía, el cambio climático, plantaciones de monocultivos y crecimiento poblacional agravan la escasez de agua. En un acuerdo de 2017 fue establecido el uso diferenciado del lago Laja para riego y generación de energía, en respuesta a la baja de su caudal, identificada en un estudio de 2014.

La resolución de la DGA N° 2320 se dictó sin audiencia de las partes y mientras el asunto estaba judicializado, vulnerando los principios de contradicción y transparencia de la ley de bases. Dicha resolución modificó el caudal autorizado y fijado en la resolución N° 3549, el cual corresponde a 22,6 metros cúbicos por segundo, pese a que el caso estaba en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La resolución de la DGA N° 2320 señala que la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu ejecutó obras no autorizadas en el río Laja, lo que permitió captar un caudal superior a los 22,6 metros cúbicos por segundo originalmente permitidos. Aunque esta situación fue sancionada en 2008 y ratificada por funcionarios de la DGA, la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu ha continuado extrayendo más caudal, sin que la DGA haya ejercido sus facultades para impedirlo.

La Asociación de Canalistas del Canal Zañartu ha sido denunciada por realizar obras de ampliación sin los permisos sectoriales ni ambientales exigidos, presentándolas como reparaciones menores para eludir la normativa, según consta en el expediente FD-0802-183. De acuerdo con el informe técnico de fiscalización N° 64, del 2021, estas obras, consideradas mayores por aumentar la capacidad del canal, no están exentas de dichos permisos. Además, estas ampliaciones fueron financiadas con fondos públicos a través de concursos de la Comisión Nacional de Riego (CNR).

Las obras ejecutadas por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu han sido objeto de recursos y acciones administrativas que aún se encuentran pendientes de resolución por parte de la DGA y la CNR, sin una respuesta concreta hasta la fecha.

Las inconsistentes resoluciones de la DGA sobre la fiscalización y los derechos de agua de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu han generado incertidumbre en los usuarios de la cuenca, lo que exige una pronta intervención de las autoridades competentes.

El asunto litigioso debe ser resuelto por el Poder Judicial, conforme al artículo 76 de la Constitución. No obstante, la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades fiscalizadoras, puede recabar información y proponer adecuación legislativa para fortalecer la gestión de recursos hídricos, prevenir futuros conflictos y enfrentar la crisis climática y la escasez de agua en Chile.

Se propone revisar los criterios para otorgar futuros derechos de agua, priorizando el consumo humano y adaptándose al contexto de sequía y cambio climático.

Se propone una actualización legislativa que fortalezca la regulación de los derechos de aprovechamiento de aguas, considerando su carácter de bien nacional de uso público, su importancia estratégica en un contexto de cambio climático y su escasez, lo que sugiere reformular la naturaleza jurídica del agua, reconstituyendo una condición de derecho real administrativo en el que prime la función social del recurso. Esta modificación busca evitar distorsiones de mercado que impacten negativamente a las comunidades, y garantizar su gestión a favor de la colectividad, conforme al principio establecido en el número 23° del artículo 19 de la Constitución.

Se propone establecer mecanismos efectivos de fiscalización por parte de la DGA hacia grandes empresas eléctricas, como la Central Hidroeléctrica Colbún, para mitigar distorsiones en el mercado de derechos de agua y prevenir daños a canalistas, territorios y comunidades afectadas. Esto busca asegurar un uso equitativo y sostenible del recurso hídrico.

Es fundamental establecer mecanismos efectivos de coordinación entre la DGA y la Comisión Nacional de Riego, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Medio Ambiente y las entidades regionales, dada la naturaleza multidimensional del derecho de aprovechamiento de agua y su impacto en las comunidades.

Se recomienda fortalecer la incidencia regional, asegurando que la regulación, actualización y entrega de permisos reflejen las necesidades locales y prevengan distorsiones del mercado mediante una mejor articulación de los actores territoriales.

Es necesario reforzar la incidencia regional en la gestión del agua, garantizando que la regulación, actualización y entrega de permisos reflejen la realidad local. Para ello se propone establecer mecanismos de coordinación efectivos entre la Dirección General de Aguas y los entes regionales que interactúan directamente con las asociaciones de canalistas y demás actores involucrados.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, me tocó presidir esta comisión especial investigadora, solicitada fundamentalmente por la entrega, desde nuestro punto de vista, irregular de 11,3 metros cúbicos por segundo desde la Dirección General de Aguas al Canal Zañartu, lo que dejó finalmente en 33 metros cúbicos los derechos de aprovechamiento de agua del río Laja en favor de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu.

Se denunció fundamentalmente que la Dirección General de Aguas favoreció ilícitamente a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu en Ñuble. Incluso, existen querellas en tal línea promovidas principalmente por organizaciones de la sociedad civil y por otra asociación de canalistas, la de Laja Sur, que se declara afectada por la medida debido al descenso del caudal del canal. Este aumento se habría verificado en, al menos, un 50 por ciento en favor de la referida asociación, sin que existiera un sustento técnico en dicha medida.

Quiero explicar a los colegas -no todos deben conocer la realidad de nuestra región que a nosotros nos llama profundamente la atención esta decisión que tomó el director General de Aguas, quien, sea dicho de paso, fue removido de su cargo junto con dos personas más que tomaron esa misma decisión: la señora Julia Paulina Correa , jefa de la División Legal de la Dirección General de Aguas, y, coincidentemente, el señor José Herrera , subsecretario de Obras Públicas, quizás por la misma situación. No hubo una explicación satisfactoria respecto de esos derechos de aprovechamiento de aguas que se entregaron en perjuicio no solamente de los regantes.

Pongo énfasis en que nosotros, en Ñuble, tenemos una situación irregular de más de 1.800 pequeños agricultores, los llamados “blancos”, de San Ignacio y Bulnes , que llevan décadas esperando y luchando para que el agua llegue a cada uno de sus predios. Llevamos años ayudándoles a regularizar sus derechos y también haciendo gestiones con los gobiernos de turno y llevar el agua que, en su momento, el canal Laja-Diguillín les negó, habiéndose hecho una inversión millonaria y dejando a los más pobres lejos de esta posibilidad.

Por eso, los diputados de Ñuble, en forma transversal, votaremos a favor el informe de esta comisión, porque nos inquieta que se tomen decisiones arbitrarias, promovidas por un grupo de poderosos que se coluden, como siempre, para aprovecharse de quienes hoy no tienen defensa. Afortunadamente, esa defensa la encontraron en los diputados de nuestra región, que solicitamos la creación de una comisión especial investigadora que nos dio la razón. El informe evacuado por dicha instancia es muy crítico respecto de la decisión que se tomó, pero también hace una serie de sugerencias en cuanto a cómo se debe relacionar la Dirección General de Aguas con las asociaciones de canalistas, así como respecto de la forma en que se deben tramitar legítimamente los derechos de aprovechamiento de agua.

Por ejemplo, en el informe sostenemos que la resolución exenta N° 2320, de la DGA, transgrede claramente distintos principios y normas fundamentales del ámbito administrativo, modifica un asunto que se encontraba judicializado y concede audiencia a las partes sin transparencia ni publicidad de este acto. Eso hace que una decisión que pudo ser transparente, consensuada y conversada entre las distintas partes se llene de sospechas.

Vuelvo a repetir que creemos que la Cámara de Diputados debe hacer una clara defensa de quienes hoy se encuentran en desmedro ante un grupo de personas que legítimamente piden una entrega de derechos de aprovechamiento de aguas, pero que fueron incapaces de demostrar en toda la discusión que tenían los derechos resguardados desde 1952, como ellos mismos lo planteaban.

Por lo tanto, pedimos a esta Sala que nos apoye, porque creemos que los denominados “blancos”, de San Ignacio y Bulnes , requieren nuestro apoyo transversal, para dar una señal de que el esfuerzo que han desarrollado durante largos años para llevar agua a sus predios, disminuir la pobreza y trabajar honestamente para darnos alimentos sanos y de buena calidad sí tiene un apoyo político contundente.

La comuna de San Ignacio, una de las pobres del país, está compuesta fundamentalmente por pequeños agricultores. Aquí no hablamos de personas que tengan 40 o 50 hectáreas, sino de pequeños parceleros que sueñan con hacer productivos sus terrenos con agua que llegue desde el canal Laja-Diguillín. No obstante, la entrega de aprovechamiento de aguas que se ha efectuado en esa comuna, que desde nuestro punto de vista ha sido ilegal, les impide seguir desarrollando esa actividad y el sueño de llevar agua a sus distintos predios.

Son 1.800 los pequeños parceleros de San Ignacio y de Bulnes que esperan ansiosos un apoyo importante con la aprobación de este informe, por lo cual hacemos un llamado a votarlo a favor, tal como lo hará Renovación Nacional, porque entendemos la importancia de apoyar al pequeño agricultor de las zonas más pobres de Ñuble.

He dicho.

-Aplausos.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Clara Sagardía .

La señora SAGARDÍA (doña Clara).-

Señor Presidente, esta comisión especial investigadora fue creada para investigar los criterios usados por la Dirección General de Aguas para otorgar aumentos de caudal inusuales a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu.

La Dirección de Aguas otorgó un aumento de caudal a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, afectando a usuarios de la cuenca, como agricultores, proyectos turísticos y generación hidroeléctrica, a través de un acto administrativo que carecía de sustento.

Cabe señalar que el río Laja nace en la laguna Laja , en la comuna de Antuco, que pertenece al distrito N° 21, y recorre toda la cordillera hasta encontrarse con el río Biobío, en la comuna de Laja. O sea, durante ese trayecto comparte ríos interiores que son utilizados por pequeños regantes, por el canal Zañartu , la Asociación Laja Sur y por el Diguillín, que alimenta a los agricultores de la Región de Ñuble. Es decir, el río Laja es usado por dos regiones, de manera que debe ser cuidado y distribuido correctamente.

La Asociación de Canalistas del Canal Zañartu construyó obras mayores sin permisos sectoriales ni ambientales. Dichas obras ampliaron la capacidad del canal y representan un riesgo para la población y bienes cercanos, además de tener un impacto ambiental negativo.

También cabe señalar que existen plantaciones forestales, subdivisiones de terrenos y uso de agua en todos los sectores. Además, debido al cambio climático, el caudal de la laguna Laja y del río Laja han disminuido considerablemente. Eso no lo decimos de memoria, sino en virtud de un estudio que se elaboró en 2014 y que dio lugar a un convenio suscrito en 2017, pero que no fue respetado por la Dirección General de Aguas, que aumentó arbitrariamente el caudal del canal Zañartu .

Por ello, como comisión, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

1. Que las resoluciones emitidas por la Dirección General de Aguas han generado conflictos entre la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu y la Asociación de Canalistas de Laja Sur, debido a derechos de agua inconsistentes.

Las asociaciones argumentan que la DGA ha otorgado derechos contradictorios desde 2017.

2. La resolución exenta N° 2320, de la DGA, que complementa una anterior, fue emitida a pesar de estar judicializada. Esto podría infringir la ley de bases de los procedimientos administrativos, ya que modifica el fondo de una resolución declarativa previamente impugnada.

3. La DGA aumentó el caudal administrado por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu de 22,6 metros cúbicos por segundo, en principio, a 33 metros cúbicos por segundo. Este cambio, basado en antecedentes poco claros, afecta la determinación de infracciones y sanciones por la extracción ilegal autorizada por la Dirección General de Aguas sin haber hecho la investigación ni el estudio correspondientes.

4. La Asociación de Canalistas del Canal Zañartu alega derechos de 45 metros cúbicos por segundo, pero no hay evidencia histórica de uso ni de capacidad de los canales para el uso de esa cantidad de agua sobre la cual dicen tener derechos.

La resolución exenta N° 2320, de la Dirección General de Aguas, fue dictada durante la judicialización del conflicto, vulnerando los principios de contradicción, transparencia y publicidad que modificó la resolución N° 3549.

La Asociación de Canalistas del Canal Zañartu ha captado caudales superiores a los permitidos en su origen, que correspondían a 22,6 metros cúbicos por segundo, sin intervención efectiva, supervisión ni fiscalización de la DGA, a pesar de las sanciones previas y de sus facultades legales para impedirlo.

La Asociación de Canalistas del Canal Zañartu ejecutó obras de ampliación en su red de canales sin los permisos sectoriales y ambientales requeridos, eludiendo la normativa y financiándola con fondos públicos, lo que implica irregularidades significativas que no fueron fiscalizadas correctamente por la Dirección General de Aguas y la asociación de canalistas.

Existen recursos y acciones administrativas pendientes de la DGA y el Consejo Nacional de Riego sobre las irregularidades de la concesión de estos derechos de agua ampliados a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, generando incertidumbre entre los usuarios de la cuenca, que son más de 5.000 agricultores y predios, especialmente en las comunas de Los Ángeles y Tucapel , y todo el sector secano interior del distrito N° 21.

Existen recursos y acciones administrativas pendientes de la DGA y de la Comisión Nacional de Riego que todavía no han sido aclaradas.

9. Es necesario revisar la asignación de derechos de agua en el contexto de la crisis climática, priorizando el consumo humano, la biodiversidad y la agricultura sostenible.

10. Se propone reformular el régimen jurídico del agua para que sea un derecho real y administrativo, priorizando la función social y evitando distorsiones de mercado que afectan a los territorios y comunidades.

11. Se necesitan mecanismos de coordinación entre las instituciones competentes, esto es, la Dirección General de Aguas (DGA), la Comisión Nacional de Riego (CNR), los ministerios de Obras Públicas (MOP) y del Medio Ambiente, para abordar las múltiples dimensiones del manejo del agua.

12. Es clave fortalecer los mecanismos de incidencia regional de la DGA para que la gestión de los derechos de agua refleje mejor las necesidades y realidades de los territorios.

Es cierto que quienes dictaron estas resoluciones arbitrarias y perjudiciales para algunos canalistas ya no están en la Dirección General de Aguas, pero la responsabilidad por no corregir estas anomalías, que siguen perjudicando a una gran cantidad de agricultores y usuarios de las aguas, continúa siendo de dicho organismo. Cito, por ejemplo, el salto del Laja, muy conocido por todos, que se ve perjudicado por estos aumentos de caudal, sin considerar todos los derechos de agua que se otorgaron a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu.

Por lo expuesto, aprobaré este informe, tal como lo hice en la comisión.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño .

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, titular del sitio web BioBioChile: “Voltereta en la DGA: otorgó caudal a familia Sabag , pese a que los había multado por extracción ilegal”.

(El diputado Felipe Camaño exhibe una copia de la noticia a cuyo titular alude)

Mucha gente nos ha advertido tener cuidado con impulsar comisiones investigadoras como esta contra una familia poderosa, conocida en las regiones de Ñuble y del Biobío, como es la familia Sabag . Pero hoy, siendo parlamentario, creo que tenemos que condenar los hechos de corrupción y no podemos callar ante este tipo de cosas.

Colegas, la historia comienza así. En 2019, la DGA multó en la Región de Ñuble a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACCZ), de la familia Sabag , por extraer del río Laja más agua de aquella a la que tenía derecho. Luego, de la nada, en 2023, aumentó los derechos de agua de la misma asociación, a pesar de que previamente la había multado por extraer -escúchenlo bien de 22 metros cúbicos por segundo a 33 metros cúbicos por segundo. ¿Saben cuánto significa eso? El agua suficiente para inundar 11.000 hectáreas. La DGA, con una firma, aumentó los derechos de agua sobre el río Laja. Una firma fue lo que hizo esta situación grave. Aumentó los derechos sobre el río Laja a una asociación que pertenece a exparlamentarios de la DC, el mismo partido al que hoy represento en la Cámara.

Por eso, hago un llamado a mis colegas de bancada para que apoyemos el informe de esta comisión especial investigadora, porque no podemos ser cómplices ante el abuso de algunos que desprestigian la política y que desprestigiaron al partido y se fueron.

El 2017, cuando Alberto Undurraga fue ministro de Obras Públicas, quien por lo demás se ganó el respeto de los regantes de la cuenca del río Laja, promovió un acuerdo de recuperación del río por la grave crisis hídrica en que se encontraba la cuenca, la que se declaró agotada. Ese acuerdo hasta el día de hoy es valorado por todos los agricultores, y es inexplicable que cinco años después, en 2023, la DGA, comandada por otras personas, hiciera algo tan grave que perjudica a cerca de 8.000 usuarios. Son 8.000 familias las directamente perjudicadas a través de esta resolución.

Por eso, nos surge la duda: ¿por qué la DGA, inexplicablemente, le dio a la familia de un exparlamentario 11.000 hectáreas de riego si anteriormente la había multado por extracción ilegal de aguas?

Hoy, desde las tribunas nos acompaña el representante de los regantes blancos, 1.800 agricultores que llevan 20 años esperando una solución de agua por parte del Estado. ¿Cómo les decimos que no les dé impotencia que la DGA, entre gallos y medianoche, llegue a estos acuerdos sin estudios, sin derechos inscritos, sin nada?

Por eso, llamo a mis colegas a aprobar este informe.

Asimismo, denuncio y condeno lo que está haciendo la DGA llamando a votar en contra.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención saludando a los representantes de la Junta de Vigilancia Río Diguillín, a Blancos de Diguillín y a todos los dirigentes de la Región de Ñuble que hoy nos acompañan en las tribunas.

Dicho eso, lo primero que quiero señalar con relación a este informe es que no solo es el resultado de un trabajo que fue serio, meticuloso y profundamente técnico, sino también de un compromiso político y ético con la transparencia y la justicia de la gestión de un recurso tan esencial como es el agua.

Las conclusiones del informe revelan hechos que son preocupantes: decisiones administrativas que carecen de justificación técnica suficiente, un otorgamiento de aumento de caudal sin el debido sustento y una evidente asimetría en el trato entre distintos usuarios del recurso hídrico, lo cual afecta, por supuesto, a pequeños agricultores, comunidades rurales y a la ciudadanía en general.

Lo que está en juego no es solo la legitimidad o la legalidad de determinadas resoluciones, sino la confianza de la ciudadanía en sus distintas instituciones. ¿Cómo podemos hablar de equidad territorial si observamos prácticas que, lejos de propender a una distribución justa del agua, consolidan privilegios y agudizan la concentración de derechos en pocas manos?

El informe plantea recomendaciones que son claras: la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, de revisar los criterios con los que se otorgan aumentos de caudal y de asegurar que toda decisión esté amparada en estudios técnicos serios, transparentes y también accesibles. Estas recomendaciones deben ser acogidas por esta Cámara y seguidas de acciones concretas por parte del Ejecutivo.

Votar a favor de este informe es también un acto de responsabilidad institucional; es reconocer que algo no se hizo bien y que como representantes de la ciudadanía no podemos quedarnos indiferentes ante prácticas que pueden derivar incluso en abusos, clientelismo o simplemente en negligencia administrativa. Hoy más que nunca se requiere una gestión del agua que ponga en el centro el bien común, que proteja nuestras cuencas, que garantice el acceso equitativo y que entienda que el agua es un derecho y no un privilegio.

Por todo lo anterior, reitero mi voto a favor del informe de la comisión especial investigadora y hago un llamado a esta Sala a respaldarlo con mucha convicción, pensando no en los intereses de unos pocos, sino en el bienestar de nuestros territorios y nuestras comunidades.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, la verdad es que he estado en numerosas comisiones investigadoras y me ha tocado presidir muchas de ellas, y créame que nunca había estado en una tan utilizada políticamente. Es cosa de escuchar al diputado Camaño cómo utiliza un instrumento que debe ser muy serio para esta Cámara y, lamentablemente, lo lleva a la arena política. Se trata de la comisión investigadora de un caso que está judicializado, que está y estuvo en la DGA por vía administrativa y en el que ha procedido correctamente, sancionando incluso a quien el diputado busca perseguir, que no es la familia Sabag , que tiene los regantes. Ellos representan a pequeños campesinos al igual que los otros canalistas. En el fondo, se está dividiendo cómo funciona el sistema de los derechos de agua, lo que es muy complejo, porque -él mismo lo ha dicho data de 1900 e incluso de antes.

Respecto de la forma como dio a conocer el informe a la Sala y cómo se votaron cada uno de los artículos, aunque ya no pertenezco a la Democracia Cristiana, no puedo aceptar la utilización que se hace precisamente respecto de los derechos de agua, porque se afecta al Ministerio de Obras Públicas, a una institucionalidad seria. El diputado Alberto Undurraga fue ministro de esa cartera, tal como se ha señalado acá.

Además, la Contraloría, a pesar de las peticiones de algunos diputados, no participó en la comisión, por cuanto señaló que esto está judicializado y solamente falta redactar el fallo.

Entonces, si nosotros queremos servir en este caso, incluso a empresas como Colbún, porque esto está vinculado a la empresa Colbún , vemos que los blancos pudieran hoy día lograr derechos de agua, porque tienen un convenio con el MOP y tienen derechos de agua. Se dijo en la zona que esto no era para generar más derechos de agua, sino que es una utilización política del diputado Felipe Camaño .

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno .

El señor MORENO.-

Señor Presidente, seré breve y no entraré en la arena política, porque este informe tiene hartos temas que no tienen color político.

Las cuencas del río Laja, en la Región del Biobío, y del río Diguillín, en la Región de Ñuble, se conectan por el canal Laja-Diguillín, que lleva agua desde el río Laja hasta el río Diguillín. La mencionada asociación de canalistas del canal Zañartu está dentro de los primeros tramos de la cuenca del río Laja. Durante mucho tiempo ellos tuvieron 22,6 metros cúbicos por segundo en materia de derechos de agua. Después, mediante distintas resoluciones y acciones de la autoridad competente, la DGA, fueron aumentando sus caudales, pero de una manera que fue por lo menos controvertida, por decirlo de algún modo.

¿Cuál es el problema? Si se modifica la cantidad de metros cúbicos por segundo que tiene una determinada asociación de canalistas aguas arriba, se afecta todo el sistema de la cuenca hídrica aguas abajo. Esto quiere decir que se afecta al Biobío completo, a Concepción, a todos los regantes ubicados aguas abajo, y también, por consecuencia, a los regantes de la cuenca del río Diguillín, por este mismo canal que trasvasija agua de un río a otro. Sus aguas riegan los terrenos de muchos agricultores entre medio.

Vamos a temas concretos que no tienen ideología política. La DGA dicta una resolución donde le entrega más derechos de agua a estos canalistas, resolución que termina siendo judicializada. En el minuto en que esa resolución está judicializada, la Dirección General de Aguas dicta otra resolución para modificar la que estaba en discusión, modificando el fondo, lo que es abiertamente ilegal, abiertamente arbitrario.

Hay cosas que nos hacen suponer que acá hay algo más que una simple disputa por un poco de agua. Un metro cúbico por segundo son 1.000 litros por segundo, para que se dimensionen las cantidades de agua de las que estamos hablando. Cuando un canal históricamente usa 22,6 metros cúbicos por segundo, y empieza a pedir 45 metros cúbicos por segundo, no es una diferencia menor, no es algo pequeño, es algo importante.

Después, hay una serie de otras cosas que, por lo menos, son extrañas. Por ejemplo, cuando se empiezan a realizar obras de captación, que son calificadas por los informes técnicos de la misma autoridad reguladora como obras mayores que requieren permisos sectoriales, ambientales, un funcionario que no tiene ninguna atribución les dice que no necesitan permiso, lo que contradice la misma autoridad que tiene que fiscalizar la obra.

Entonces, estamos ante situaciones que por lo menos son irregulares, las cuales se detectan en esta comisión investigadora y se señalan en el informe.

Lo más grave es que se deja instalada la sospecha de que un tema tan sensible para nuestro país -eminentemente agrícola como es el agua puede ser manejado de manera política por presiones o vaya a saber por quién. Cuando hay resoluciones que le entregan mayor cantidad de agua a una asociación, y después esa decisión es judicializada, restando cantidades, donde las mismas resoluciones o directrices de la autoridad son contradictorias entre sí, surge la sospecha de que en nuestro país, en un tema tan sensible como el agua, es posible obtener beneficios dependiendo de los contactos políticos, dependiendo de las presiones que alguien sea capaz de ejercer.

Por lo menos para nuestra bancada, ello es inaceptable, por lo que vamos a aprobar este informe.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, fui parte de la comisión investigadora, y cuando el diputado Camaño leyó el resultado de las votaciones quedó claro cuál fue mi personal punto de vista.

Lamento que el diputado Felipe Camaño en el informe haya personalizado en la familia Sabag un tema en el que esta no tiene ninguna una relación. Lo digo tras haber participado en el ciento por ciento de las sesiones de la comisión. Lo lamento mucho, porque efectivamente hay gente que reclama porque necesita más agua, mientras otros dicen que este grupo tiene más agua de lo que el canal le puede entregar. Esto está judicializado.

Me inscribí para intervenir porque considero que no es sano personalizar en un “adversario político” un tema tan relevante como es qué cantidad de agua se les entrega a los regantes del sector, donde incluso está involucrada la provincia de Concepción.

Señor Presidente, por su intermedio le digo al estimado diputado Felipe Camaño que fue un error el comentario final que hizo.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos del gobierno, en especial del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación Superior, en relación con el proceso de acreditación, entrega de recursos públicos, financiamiento, cumplimiento de la normativa educacional vigente y funcionamiento general de las universidades, correspondiente a la Comisión Especial Investigadora Nº 60.

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Rinde el informe de la comisión especial investigadora la señorita Emilia Schneider .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 3ª de la presente legislatura, en lunes 17 de marzo de 2025. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita SCHNEIDER, doña Emilia (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, paso a informar sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos de gobierno en relación con el proceso de acreditación, entrega de recursos públicos, financiamiento, cumplimiento de la normativa educacional vigente y funcionamiento general de las universidades (CEI 60).

La Cámara de Diputados, en su sesión 84ª, celebrada el 7 de octubre de 2024, en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, número 1), letra c), de la Constitución Política de la República, 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a la solicitud de 64 diputadas y diputados para crear esta comisión.

En el cumplimiento de su cometido, la comisión celebró nueve sesiones, procedió a escuchar las opiniones y declaraciones de las personas citadas o invitadas, despachó los oficios y recibió los documentos que se detallan en el informe.

Luego de haber escuchado a los invitados y estudiado los documentos y hechos que motivaron esta investigación, aprobó las conclusiones y recomendaciones que se reseñan a continuación y que fueron aprobadas por mayoría de votos.

Votaron a favor las diputadas y los diputados Cosme Mellado , Camila Rojas (en reemplazo de Javiera Morales), Juan Santana , Emilia Schneider y Daniela Serrano . Votaron en contra los diputados Eduardo Cornejo , Jorge Durán y Harry Jürgensen . Se abstuvo el diputado Jorge Rathgeb .

A) Conclusiones

Según los antecedentes expuestos a lo largo de esta Comisión Especial Investigadora (CEI 60), se puede establecer que existe un conjunto relevante de instituciones privadas masivas que ha crecido de la mano del subsidio público a la demanda, es decir, a través de instrumentos de financiamiento como la gratuidad, las becas y, por supuesto, el Crédito con Aval del Estado. Sin embargo, la primacía de instrumentos de financiamiento a la demanda y su efecto en el crecimiento de la matrícula de instituciones privadas masivas no ha tenido como correlato la ampliación del estándar de transparencia activa, práctica que sí se ha extendido a las universidades del Estado por obligación legal y que también han adoptado las universidades privadas del CRUCh. Esto genera una situación de opacidad que deriva en alta discrecionalidad para las decisiones financieras que ponen en entredicho el buen uso -orientación a los fines educativos de los recursos al interior de las instituciones.

A las decisiones de carácter financiero se suman otras que se reflejan en algunos reglamentos de conducta, como el caso de la Universidad San Sebastián, que, en palabras de la vocera de los estudiantes de la citada institución, “no permite la movilización estudiantil o cosas que dañen el buen nombre de las instituciones”. Por dichos motivos es que los estudiantes se posicionaron “a favor del correcto uso de fondos públicos y de la probidad. Cada peso público invertido en educación debe traducirse en oportunidades reales para los jóvenes, no en un problema para las familias”, como señaló la dirigenta.

Las principales conclusiones de la CEI 60 se agrupan en dos ejes que dan pie a un tercer acápite de recomendaciones. Estos ejes son: regulación y fiscalización.

1. Regulación

A lo largo de las sesiones realizadas, se pudo constatar que existe un déficit regulatorio en el sistema de educación superior, cuestión que ha generado situaciones indeseables. El financiamiento estudiantil, sea por vía de gratuidad o de crédito con aval estatal, ha sido fundamental para el crecimiento del sistema de educación superior y, actualmente, lo es para su sostén. Sin perjuicio de ello, existe una notable disparidad en las exigencias de transparencia activa y rendición de cuentas entre universidades públicas y privadas, lo que ha generado importantes cuestionamientos en la utilización de fondos públicos. Lo anterior se explica porque a las universidades estatales se les exige la aplicación de las normas contenidas en la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, mientras que no existe tal exigencia hacia las universidades privadas.

En cuanto a la rendición de cuentas, mientras los recursos recibidos por gratuidad deben ser rendidos ante la Superintendencia de Educación Superior, los recursos recibidos por el crédito con aval del estado no deben ser rendidos a ningún órgano. Esta disparidad no solo genera diferencias injustificadas en las cargas de las instituciones, sino que habilita un manto de opacidad respecto del uso de los recursos destinados a educación, lo que genera situaciones cuestionables y reñidas con los objetivos que persigue el sistema de educación superior.

En ese sentido, el vicepresidente del Consejo de Rectores, Emilio Rodríguez , apuntó a que “se requiere una mayor integración de la regulación, buscando una mayor relación entre instancias regulatorias, una mayor relación entre la posición económica y financiera y la calidad institucional, y una mayor simetría regulatoria”, esto es, que las instituciones que reciban financiamiento público deban someterse a un conjunto de reglas mínimas idénticas.

Asimismo, los estudiantes sostuvieron en esta comisión que “hoy no está garantizado el buen uso de los recursos públicos en universidades privadas, poniendo en riesgo la estabilidad institucional de las mismas”. Lo señaló la dirigenta de la Universidad San Sebastián.

La preocupación por la falta de regulación ha sido compartida por la institucionalidad que resguarda el acceso a la información en nuestro país, a saber, lo que ha significado que se encuentre en tramitación el proyecto de ley Transparencia 2.0, que se encuentra en segundo trámite, que incorpora un artículo en la ley N° 20.285, que establece obligaciones de transparencia activa respecto de personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos por más de 1.500 UTM, que representen 1/3 del presupuesto anual. Además, incorpora sanciones de multa por infracción.

2. Fiscalización y calidad

a) Existen ciertas operaciones de las universidades con instituciones extranjeras que exigen mayor fiscalización. La Superintendencia de Educación Superior expuso ante la comisión especial investigadora que actualmente existe una universidad, a saber, la Universidad Mayor, no solo fiscalizada por lucro, sino que multada con 7.500 UTM, por haber realizado operaciones relacionadas que se evidenciaron en sus estados financieros, en específico, el traspaso de cuantiosos recursos a una sede en Miami.

Junto a ello, manifestó preocupación al señalar que existen ciertas prácticas generales que se encuentran en observación por parte de esa superintendencia, en particular la existencia de instituciones con mejores indicadores financieros que podrían evidenciar operaciones relacionadas en el extranjero. Estos elementos fundamentan la necesidad de mejorar y aumentar la fiscalización en este ámbito, persiguiendo el espíritu contenido en la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, que, junto con prohibir el lucro en las universidades, prohíbe expresamente las operaciones con personas relacionadas.

b) Se debe robustecer la institucionalidad de fiscalización del sistema de educación superior, representada en la Superintendencia de Educación Superior.

El subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana , sostuvo ante la comisión que, si bien el sistema ha valorado el avance en el grado de rendición de cuentas y transparencia luego de la ley N° 21.091, “es necesario avanzar en modernización”, así como en fortalecer “la institucionalidad para afrontar situaciones complejas, especialmente el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (Sinaces)”. Del Sinaces participa la Superintendencia de Educación Superior (SES), la Subsecretaría de Educación Superior (Subesup), el Consejo Nacional de Educación (CNED) y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Asimismo, el superintendente de Educación Superior, señor José Miguel Salazar , dio cuenta de la insuficiencia de recursos e infraestructura para desplegar las acciones de monitoreo y fiscalización de forma oportuna y adecuada. Por otro lado, dio cuenta de las trabas normativas que dificultan los procesos de fiscalización, haciendo necesaria una revisión y actualización de la normativa, de forma de hacer más eficientes y eficaces los procesos.

Consideró también la necesidad de contar con nuevos instrumentos de fiscalización que permitan celeridad en la generación de información para el seguimiento de las instituciones, de manera de intervenir oportunamente y de forma preventiva.

A pesar del déficit financiero que enfrenta la Universidad Alberto Hurtado, institución adscrita al sistema de gratuidad, su proceso de acreditación ha seguido adelante con la aprobación tanto de la Superintendencia de Educación Superior como de la propia Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Esta situación evidencia una grave falencia en la fiscalización del estado administrativo y financiero de las universidades, ya que las instituciones de educación superior continúan operando sin una supervisión profunda y efectiva que garantice su viabilidad y transparencia.

c) El sistema de aseguramiento de la calidad debe revisar más de cerca estas situaciones. En la exposición del vicepresidente del CRUCh, señor Emilio Rodríguez , este señaló que se requiere de “mayor relación entre instancias regulatorias”, lo que reafirma la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Sinaces, toda vez que no es solo la Superintendencia la que interviene e incide en una adecuada respuesta de las universidades a la normativa de educación superior, sino que también es crucial la acreditación, de competencia de la CNA.

B) Recomendaciones

A nivel de recomendaciones, se derivan de los mismos ejes que ordenaron las conclusiones, esto es, regulación y fiscalización.

1. Regulación

En la discusión de la CEI se arriba a dos ideas en este ámbito:

a) Se requiere fortalecer la regulación del sistema universitario en cuanto a la utilización de fondos públicos, especialmente en los recursos que se transfieren y en las exigencias de transparencia activa y rendición de cuentas, con resguardo de la autonomía universitaria y de la libertad académica, lo que en cualquier caso no se encuentran reñidos. Para ello es crucial avanzar en la tramitación de iniciativas legislativas que se encuentran actualmente en debate, como el proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior (FES) y un plan de reorganización de las deudas educativas, así como la iniciativa que aumenta las exigencias de transparencia activa para instituciones que reciben fondos públicos (“Transparencia 2.0”).

b) Además, se recomienda establecer medidas para asegurar que los participantes de la comunidad universitaria, en el marco de su autonomía institucional, tengan acceso oportuno a las rendiciones de cuentas, especialmente cuando se trata de recursos públicos.

2. Fiscalización y calidad

Se recomienda robustecer la fiscalización y el sistema de aseguramiento de la calidad, para lo cual se sugiere:

a) Solicitar a la Superintendencia de Educación Superior que refuerce los procesos de fiscalización de operaciones relacionadas en el extranjero, con el objeto de evitar que, por esa vía, se realicen acciones constitutivas de lucro.

b) Robustecer y modernizar la Superintendencia de Educación Superior, aumentando sus recursos, fortaleciendo sus atribuciones -especialmente en materia preventiva y de auditoría y modificando la ley N° 20.800, para asegurar procesos más adecuados y expeditos en caso de cierre institucional, voluntario o forzoso.

c) Promover mayor coordinación entre las instituciones que conforman el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, de modo de asegurar un monitoreo efectivo a situaciones que pongan en entredicho el efectivo ejercicio del derecho a la educación y el acceso a programas formativos de calidad.

Finalmente, la comisión acordó proponer a la Sala que remita copia de este informe tanto a su excelencia el Presidente de la República como a las autoridades a las cuales van dirigidas las propuestas: ministro de Educación, subsecretario de Educación Superior, superintendente de Educación Superior y el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Es todo cuanto puedo informar a esta honorable Sala.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

En discusión el informe. Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano .

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señor Presidente, mientras ayer discutíamos en este hemiciclo el aumento del salario mínimo, algunos parlamentarios hacían alusión a lo irresponsable que era tomar esa decisión. Sin embargo, muchos de los parlamentarios y parlamentarias guardaron silencio cuando se destapó el caso de Marcela Cubillos , conocida como una de las académicas mejor pagada a nivel internacional, cuyo sueldo bruto era de 17 millones de pesos por media jornada. Hablamos de 18.500 dólares, cifra que supera incluso el salario promedio de académicos de prestigio internacional de la Universidad de Harvard, por poner un ejemplo.

En esta Comisión Especial Investigadora tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios, análisis y antecedentes importantes a la hora de hacernos un esquema de cómo hoy está operando esta opacidad en muchas instituciones de educación superior. La situación de transparencia y de posible lucro, sin duda, es un tema que debe preocupar dentro de esta Cámara de Diputadas y Diputados.

No puedo sino reafirmar la convicción que compartimos muchos y muchas que componíamos esa Comisión Especial Investigadora: de que en Chile la educación funciona para algunos como un negocio. Por tanto, es nuestro deber desde esta Cámara hacer cumplir la ley, porque el lucro fue prohibido desde hace mucho tiempo dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

La comisión ha mostrado, en los hechos, que todavía existe la posibilidad de que fondos públicos destinados a garantizar el derecho a la educación sean utilizados para fines privados sin la debida fiscalización ni transparencia. Eso constituye una falta grave al derecho a la educación consagrado en nuestra legislación. Un derecho es un derecho y no puede ser ejercido para el enriquecimiento de algunos pocos.

El caso de la Universidad Mayor es paradigmático. La Superintendencia de Educación Superior la sancionó y multó con una cifra de 7.500 UTM por realizar operaciones con una entidad vinculada a Estados Unidos, específicamente con una sede en Miami. Para explicarlo en forma simple, la Universidad Mayor abrió un campus virtual sin tener una justificación académica plausible, que no mejoró el acceso de los y las estudiantes a mejores sistemas formativos que pudiesen enriquecer su vida académica. Esto generó una situación de opacidad que nosotros y nosotras alertamos desde la Comisión de Educación permanente de la Cámara y no solo desde esta Comisión Especial Investigadora.

Efectivamente, habría existido una elusión de la norma que prohíbe el lucro en la educación superior, establecida en la ley N° 21.091, mientras que los estudiantes de dicha institución denunciaban precariedad, falta de apoyo académico y nulo acceso a la información financiera interna. ¿Cómo se explica que una universidad que recibe fondos del Estado destine recursos al extranjero sin ninguna justificación académica?

Ahora, en el otro caso, cuando pusimos en el centro que había que darle total relevancia a lo que estaba pasando en la Universidad San Sebastián, algunos nos dijeron: “Esa universidad no recibe fondos públicos. Esa universidad no está adscrita a la gratuidad”. Sin embargo, les quiero contar a los y las colegas, que muchas veces desconocen cómo se está financiando hoy la educación -se emplea un método de pago bastante fragmentado-, que el crédito con aval del Estado indirectamente sí corresponde a fondos que provienen del Estado de Chile. De hecho, en gran parte de nuestra discusión presupuestaria está la garantía que les entregamos a los bancos por concepto de ese crédito. Creo que el caso de la Universidad San Sebastián fue lo que colmó la paciencia de muchos diputados y diputadas.

Algunos dirigentes políticos involucrados con esta institución consideraban esta opacidad como algo que se debía proteger a través del derecho a la remuneración y del derecho a la propiedad privada. Sin embargo, muchas veces se eludió la responsabilidad de lo que significaba tener contratada en dicha universidad a una persona que fue ministra de Educación, como la señora Marcela Cubillos . Su repertorio académico, simplemente, no justificaba un sueldo de 17 millones de pesos.

Muchas veces, ni siquiera respondió las invitaciones que le hicimos para que fuera a la comisión, para saber si ella era una activista del “rechazo”, porque es lo único que conocemos de su repertorio académico.

Llamo a aprobar las conclusiones de esta Comisión Especial Investigadora. Creo que mayor transparencia les hace bien a las universidades.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Suspenderé la sesión por falta de quorum. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señor Presidente, ¿qué motivó que constituyéramos esta comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados? Por supuesto, el escandaloso caso de la Universidad San Sebastián, donde la exministra de Educación Marcela Cubillos recibió un salario de 17 millones de pesos por media jornada y sin hacer clases. Ese hecho produjo un revuelo que concluyó precisamente en esta necesaria investigación sobre los procesos de acreditación, la entrega de recursos públicos y el financiamiento, entre otros, de universidades como la Universidad San Sebastián. Además, tenemos el caso de la Universidad Mayor, que, tal como dije en la rendición del informe, estuvo involucrada en casos de lucro.

¿Qué podemos decir sobre esto? La sociedad chilena se puso de acuerdo hace mucho tiempo en que el lucro en la educación superior está completamente fuera de lugar. La educación no es un negocio ni un bien de consumo; es un derecho. Por lo tanto, es necesario que como tal lo refrendemos en esta Cámara de Diputadas y Diputados y fiscalicemos cuando la ley no se está cumpliendo, porque no puede ser que todavía haya personas que se llenen los bolsillos a costa de la educación chilena.

En el informe final, la comisión señala que se pudo constatar un déficit regulatorio en el sistema de educación superior, cuestión que ha generado situaciones bastante indeseables y reñidas incluso con la normativa vigente. Estamos hablando especialmente del uso de recursos públicos recibidos por instituciones privadas. Cabe señalar que este no es un asunto entre particulares; este es un asunto que involucra la plata de los chilenos y chilenas. Estamos hablando de una institución como la Universidad San Sebastián, que ha crecido y se ha enriquecido a costa del crédito con aval del Estado, que, tal como dice su nombre, tiene de aval al Estado, es decir, a recursos públicos. Eso no lo podemos permitir.

Sabemos que las instituciones masivas de educación superior privada, que en su inicio buscaban tener fines de lucro, son, en buena medida, sostenidas por el crédito con aval del Estado. Esto nos parece realmente inaceptable. ¿Por qué? Porque la juventud chilena acude a esas casas de estudio y sus familias confían en esas casas de estudio porque la herencia de la educación superior es algo muy valorado por las familias de esfuerzo y las familias trabajadoras. Precisamente por eso está claro que no podemos permitir que haya algunos inescrupulosos que busquen utilizar esos recursos para otros fines.

Citamos a la comisión especial investigadora a Andrés Chadwick , como exrector de la Universidad San Sebastián, y a Marcela Cubillos , como exacadémica, pero ninguno de ellos se hizo presente. Ni siquiera respondieron nuestras citaciones. Me pregunto qué tienen que ocultar. ¿Por qué tienen miedo de dar la cara? ¿Por qué no se hacen cargo de que han buscado sacarle la vuelta a la normativa chilena y han buscado mecanismos para enriquecerse a costa de la educación chilena?

El financiamiento estudiantil, sea por vía de gratuidad o de crédito con aval del Estado, ha sido fundamental para el sistema de educación superior y su crecimiento, y actualmente lo es para su sostén.

El informe señala una notable disparidad en las exigencias de transparencia activa y rendición de cuentas entre universidades públicas y privadas, lo que ha generado importantes cuestionamientos en la utilización de fondos públicos. Estamos hablando de que las instituciones privadas no tienen exigencias de transparencia como sí las tienen las públicas. Muchos aquí se llenan la boca contra la educación pública, pero lo cierto es que la educación pública cumple con todos los estándares establecidos por la ley en cuanto a transparencia. A las universidades estatales se les exige la aplicación de las normas contenidas en la ley N° 20.285, precisamente sobre acceso a la información pública, mientras que no existe tal exigencia hacia las universidades privadas.

En cuando a la rendición de cuentas, mientras los recursos recibidos por gratuidad deben ser rendidos ante la Superintendencia de Educación Superior, los recursos recibidos por el crédito con aval del Estado no deben ser rendidos a ningún órgano. ¡Esto es inaceptable! No podemos permitir que recursos de todos los chilenos y chilenas vayan a parar a los bancos y a enriquecer los bolsillos de los mercaderes de la educación.

Esta disparidad habilita un manto de opacidad respecto del uso de los recursos públicos destinados a educación, lo que genera situaciones cuestionables y reñidas con los objetivos que persigue el sistema de educación superior.

Por eso se hace tan necesario que saquemos adelante en esta Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que ha sido presentado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que crea el FES, que termina con los créditos por estudiar, y que condona y reorganiza esas deudas. Este proyecto no solo reemplaza este mal habido sistema de financiamiento, sino que, además, suma exigencias de transparencia para todas las instituciones de educación superior adscritas a este sistema de financiamiento. Es decir, vamos a elevar el estándar de transparencia y probidad, y, por cierto, vamos a garantizar a los chilenos y chilenas que la educación superior no va a ser una pesadilla, ni va a ser una carga que los persiga de por vida, sino efectivamente una posibilidad de generar mejores oportunidades para el individuo y también para el país.

El crédito con aval del Estado se ha transformado en una carga tremenda para las familias chilenas, en un abuso para las familias chilenas, en un despilfarro de recursos para el Estado y en un estrés financiero para las instituciones de educación superior.

Por otro lado, en la comisión especial investigadora pudimos recibir a la dirigenta de la Universidad San Sebastián, vocera de los estudiantes, Luz Leiva , quien señaló que la universidad no permite la movilización ni la organización estudiantil. Esto nos parece del todo inaceptable. No podemos permitir que la democracia estudiantil, que ha costado tanto conquistar, para lo cual se derogaron decretos que venían desde la dictadura, lo que también fue una conquista del movimiento estudiantil, pues dichos decretos prohibían la democracia interna en las instituciones de educación superior, no sea respetada. No podemos permitir que haya instituciones que busquen saltarse la normativa. La organización estudiantil es un derecho conquistado a punta de lucha y tenemos que respetarla y valorarla. Algunas instituciones, como la CUP, pelean por mayores subsidios públicos, pero no transparentan su uso y transgreden las normas de la Ley de Educación Superior al dificultar y no proveer la participación estudiantil y de los trabajadores. ¡Esto es inaceptable!

Por eso, mi llamado es a aprobar este informe y a aprobar también el proyecto de ley, que pronto llegará a esta Sala, sobre el FES y el fin al CAE.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, me alegra que hayan evolucionado de alguna manera en su visión de lo que es el lucro en la educación. Cuando estaban a cargo de la Universidad Arcis no tenían esa misma aproximación. De hecho, creo que son los únicos que, teniendo una universidad que recibió incluso decenas de millones de dólares desde el extranjero para financiarse, fueron capaces de quebrarla. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo lo logran? En serio, les damos a ustedes el monopolio sobre el negocio de las drogas y son capaces de arruinarse. ¿Cómo lo harían? Porque esto es un tremendo negocio y lo sabemos. De hecho, en su momento -tengo memoria larga en materia política-, recuerdo que en esta Cámara se votó a favor una acusación constitucional contra el entonces ministro Beyer , quien quería fiscalizar, ¿qué cosa? ¿Qué estaba fiscalizando el ministro en ese momento? ¿A quién estaba fiscalizando? Exactamente al mundo universitario.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Señor diputado, lo llamo al orden. Si bien usted ya empezó a tratar el asunto de fondo, solo debo recordarle, y a toda la Sala, que hay un acuerdo de Comités -según me informó el señor Secretario en orden a establecer que quien se salga del fondo del asunto en discusión va a perder el derecho a hacer uso de la palabra.

El señor KAISER.-

Señor Presidente, una pregunta: ¿estamos cambiando los criterios?

¿No puedo dar un contexto? ¿Solo tengo que hablar de lo que dice el informe? ¿Estoy entendiendo bien, señor Presidente?

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Señor diputado, vaya al fondo del asunto. Continúe su intervención. Se le va a recontabilizar su tiempo. Solamente hice un recordatorio del acuerdo de Comités, que es para todos, absolutamente para todos.

Continúe, señor diputado.

El señor KAISER.-

Señor Presidente, la aplicación del Reglamento me parece perfecto, y, por supuesto, me parece perfecto cuando me sucede a mí. Me gustaría que eso también sucediese en otras ocasiones, además de en mi caso. Porque la aplicación del Reglamento no sucede nunca si no es para este lado. No lo he visto, cuando menos.

Volviendo al punto, creo que tengo derecho a hacer esta representación.

Voy al fondo del asunto. El sistema mismo se corrompió en el momento en que se entregaron los recursos, en la reforma educacional, a través de los créditos universitarios. El sistema mismo creó las condiciones para que se pudiera instaurar el lucro y se pudiera aprovechar de él.

En ese sentido, las recomendaciones del informe no llegan lo suficientemente lejos. No podemos tener un millón de estudiantes universitarios financiados con respaldo del Estado, porque no hay un mercado para un millón de estudiantes universitarios en este país; no lo hay.

Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de que hemos redirigido una tremenda cantidad de recursos que pudieron haberse ido a carreras técnicas, respecto de las cuales sí hay una tremenda demanda, o mejor aún, si queríamos mejorar las capacidades académicas de nuestros alumnos, a la educación de la primera infancia.

En lugar de eso, lo hemos concentrado todo en el sector universitario. ¿Por qué? Porque ahí también se produce un fenómeno de corrupción, ya que los señores políticos salieron a comprar el voto de los estudiantes.

(Un diputado interviene sin micrófono)

¡Sí, salieron, porque yo no estaba aquí!

Salieron a comprar sus votos porque, desde el punto de vista político, era más barato decir: “Les vamos a dar esta opción para que todo el mundo estudie”, que enfrentar la realidad de decir que algunos sí pueden llegar a la universidad -como se hace en países con gratuidad-, pero otros no, debido a un problema de capacidad.

Entonces, las recomendaciones del informe no me parece que vayan lo suficientemente lejos, porque se quedan en lo sintomático sin abordar el fondo del asunto: que el sistema está mal diseñado, mal pensado y está alocando recursos de tal manera que genera un incentivo que distorsiona la actividad universitaria.

¿Qué quieren que les diga? Este informe no basta. No se hacen cargo de sus propios errores del pasado, y la verdad es que, más allá de lo que planteen ahora en su reforma del Financiamiento para la Educación Superior (FES), tampoco se harán cargo de la necesidad de limitar la cantidad de personas que pueden acceder al beneficio. Eso es lo que estaban planteando aquí.

Me abstendré en la votación de este informe.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Sobre el punto, tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, quiero insistir en que las intervenciones en la Sala deben referirse al asunto en cuestión.

Si alguien no ha leído los informes, que, tal como lo ha dicho el señor Secretario, están disponibles desde hace mucho tiempo, y decide intervenir sobre las conclusiones de una comisión investigadora, por lo menos debería leer el informe para no salirse del tema.

Claramente, los dos últimos parlamentarios no lo hicieron.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos del gobierno en el cumplimiento de sus normativas sectoriales, la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica y agua potable, especialmente durante los eventos climáticos que afectaron a las regiones Metropolitana de Santiago, de Valparaíso, de O’Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía, entre los años 2023 y 2024 (CEI 59).

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Diputado informante de la comisión especial investigadora es el señor Jaime Mulet .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 9ª de la presente legislatura, en lunes 7 de abril de 2025. Documentos de la Cuenta N° 23.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

En reemplazo del diputado Jaime Mulet , rinde el informe de la comisión especial investigadora el diputado Rubén Oyarzo .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor OYARZO (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos del gobierno en el cumplimiento de sus normativas sectoriales, la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica y agua potable, especialmente durante los eventos climáticos que afectaron a las regiones Metropolitana de Santiago, de Valparaíso, de O’Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía, entre los años 2023 y 2024, vengo en informar, según la competencia que le fuera asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados, y planteo las siguientes conclusiones y recomendaciones, todas aprobadas por unanimidad:

I. Propuestas

Conforme con lo ya señalado, esta comisión viene en realizar las siguientes propuestas:

a) A la Comisión Nacional de Energía

El sistema eléctrico resulta estratégico para cualquier país y para cualquier economía, y en lo que respecta a los servicios sanitarios rurales (SSR) también se presenta una preocupante dependencia de estos al primero, por lo que se requiere una intervención pública permanente y constante en la provisión de un servicio público eficiente y de calidad para los consumidores, coordinando el actuar público y privado con dicho objetivo final.

La experiencia de nuestro país, desde la privatización de los servicios de agua potable y energía eléctrica, es que estos se encuentran, en su gran mayoría, en manos de empresas públicas, pero extranjeras, lo que debe ser abordado hoy en día como un tema no solo de mercado, sino de seguridad pública, dadas las consecuencias que hemos visto por la falta de suministro en estos ámbitos.

De igual modo, el desarrollo de la llamada “empresa modelo” presenta cierto grado de obsolescencia que, a juicio de los parlamentarios que integramos esta comisión, impide colocar exigencias mínimas a las empresas del rubro, que se traducen en un modelo diseñado de forma diametralmente distinta a la realidad, por ejemplo, considerando que la empresa modelo de energía eléctrica utiliza cables de aluminio, en circunstancias de que estos son mayoritariamente de cobre, lo que impide cubrir los reales costos de las empresas y la afectación a los consumidores debido a los robos de dicho material.

Es por esto que esta comisión propone a la CNE un estudio del sistema de empresa eficiente denominado “empresa modelo” que permita actualizar sus parámetros o, derechamente, mutar a un sistema distinto que se ajuste a nuestra realidad, considerando la eventual intervención del Estado o de más competidores en el mercado, que redunde en un mejor servicio para los ciudadanos-consumidores; la sinceridad de costos y beneficios del sistema, que permita ser atractivo para las empresas en la inversión, especialmente en transmisión y distribución eléctrica, y la seguridad nacional, dadas las consecuencias que pueden ocasionar los masivos y prolongados cortes de suministro.

b) A la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

Es evidente que la superintendencia debe tener un rol preventivo, lo que resulta imprescindible no solo en la coordinación interinstitucional con organismos como Senapred, sino también en lo que respecta a su relación con las empresas eléctricas. Es en ese sentido que vemos como una urgente necesidad el pronto despacho del proyecto contenido en el boletín N° 17064-08, que modifica sus facultades en dicha línea y que se encuentra actualmente en el Senado de la República para su discusión.

Sin embargo, difícil resulta exigir a la SEC algo tan simple como un número determinado de cuadrillas de emergencia a las empresas distribuidoras, puesto que nuevamente nos encontramos con el obstáculo estructural de la denominada “empresa modelo”, que no permite más que una empresa utópica, hoy día alejada de los requerimientos reales de la ciudadanía, y que limita el actuar de un órgano en esencia fiscalizador.

Empero, es preciso abordar la necesidad de que la SEC adopte procedimientos claros y eficientes de comunicación con la ciudadanía en casos de emergencia a través de la coordinación que realiza Senapred , aspecto que impacta fuertemente en el sentido de abandono y desprotección de los usuarios. Lo anterior, sumado a la necesidad de priorizar los canales alternativos de comunicación en las emergencias, desde radios comerciales o comunitarias hasta otros mecanismos a los que la población tenga acceso, a través de internet u otros medios tecnológicos.

c) A la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

Resulta evidente que la Superintendencia de Servicios Sanitarios presenta diversas debilidades en cuanto a la prevención y reacción efectiva frente a emergencias climáticas. Los principales problemas identificados son: insuficiencia de acciones preventivas, lentitud en la fiscalización efectiva, limitada capacidad de anticipación ante situaciones críticas, deficiencias en la coordinación interinstitucional y dificultades en la comunicación pública durante las emergencias.

Por ello, se propone:

1. Fortalecer significativamente la capacidad preventiva de la SISS mediante la implementación de sistemas avanzados de evaluación y gestión del riesgo. Esto incluye desarrollar herramientas tecnológicas que permitan monitorear en tiempo real el estado de la infraestructura sanitaria, prever situaciones críticas y actuar proactivamente para mitigar potenciales fallos en los sistemas antes de que ocurran emergencias.

2. Reforzar y ampliar la fiscalización continua sobre las empresas sanitarias concesionarias, exigiendo mayores estándares de preparación para emergencias climáticas. Es fundamental establecer protocolos claros y detallados cuya observancia sea obligatoria y esté sujeta a estrictas auditorías periódicas por parte de la SISS, acompañadas por sanciones ejemplares en casos de incumplimiento.

Paralelamente, se debe implementar una coordinación interinstitucional robusta que involucre a otros organismos estatales vinculados con la gestión de crisis.

3. Mejorar considerablemente la estrategia comunicacional de la SISS, especialmente durante emergencias. Para ello, resulta clave establecer mecanismos efectivos de información pública y transparente que aseguren una comunicación rápida y precisa con la ciudadanía. La creación de una plataforma digital centralizada y fácilmente accesible podría facilitar la interacción y entrega oportuna de información crítica a los usuarios, contribuyendo así a reducir la incertidumbre y a mejorar la percepción ciudadana respecto al manejo institucional de las crisis sanitarias.

d) Al Coordinador Eléctrico Nacional

Las principales debilidades detectadas en el seno de la comisión en la gestión del Coordinador Eléctrico Nacional se relacionan con insuficiencias en la planificación anticipada, demoras en la respuesta operativa frente a emergencias climáticas, deficiencias en la fiscalización preventiva del mantenimiento de infraestructura eléctrica y limitaciones en la comunicación pública durante las crisis.

Para abordar estas dificultades se propone:

1. Fortalecer significativamente la planificación preventiva mediante la adopción de sistemas avanzados de modelación y simulación de emergencias climáticas. Estas herramientas tecnológicas permitirían anticipar escenarios críticos, evaluar potenciales vulnerabilidades del sistema eléctrico nacional y establecer planes de contingencia específicos para minimizar la duración y alcance de las interrupciones.

2. Robustecer la fiscalización preventiva sobre el mantenimiento de infraestructura eléctrica. Esto podría incluir auditorías técnicas periódicas más exhaustivas y estrictas hacia las empresas generadoras y transmisoras, estableciendo estándares de mantenimiento claramente definidos y obligatorios. La rigurosidad de estos controles debe ser acompañada de sanciones claras y contundentes en caso de incumplimientos, generando un incentivo fuerte para la prevención efectiva.

3. Una mejora sustancial en la estrategia de comunicación pública del coordinador durante emergencias eléctricas. Esto implica desarrollar protocolos transparentes y ágiles que aseguren la entrega rápida, clara y precisa de información hacia la ciudadanía. La implementación de una plataforma digital interactiva que centralice la información relevante podría contribuir notablemente a reducir la incertidumbre pública y mejorar la percepción de la gestión institucional durante futuras crisis eléctricas.

e) Al Ministerio de Energía

A partir del estudio encargado a la CNE sobre la llamada “empresa modelo”, analizar la procedencia, factibilidad y oportunidad de presentar un proyecto de ley que actualice la forma de regular el mercado eléctrico, considerando las actuales necesidades de los consumidores, la seguridad y soberanía nacional, y la protección a la libre competencia.

De igual modo, ante situaciones de emergencia se sugiere al Ejecutivo instruir a los delegados presidenciales no asignar determinadas comunas a los secretarios regionales ministeriales de la cartera de Energía, de tal modo que puedan realizar un trabajo transversal en todas las comunas de su región, en coordinación con los demás organismos.

Dadas las problemáticas planteadas respecto de las personas electrodependientes y su necesidad de comunicación segura y constante con las empresas, se sugiere al Ejecutivo dar urgencia al proyecto contenido en el boletín N° 17425-08, originado en una moción que aborda dicha situación.

En ese mismo sentido, es preciso que el Ejecutivo plantee un programa que permita a los Sistemas Sanitarios Rurales transitar hacia mecanismos de energía renovable que les posibiliten no depender del suministro eléctrico del sistema, dado que afecta doblemente a la ciudadanía de espacios rurales perder ambos servicios básicos de utilidad pública al mismo tiempo, sin tener que depender de fuentes no renovables o de falta de mantención.

Finalmente, y ante la necesidad planteada por las empresas y las autoridades competentes, se sugiere modificar legislativamente, por un lado, los procedimientos de compensación legal a los usuarios para que no demoren dos o más años, como en la actualidad, lo que aumenta la sensación de abandono de parte del Estado en los ciudadanos en el suministro de estos servicios básicos y, por otro lado, que se envíe un proyecto de ley que aborde procedimientos y sanciones para aquellos particulares que no acaten el necesario corte de árboles o la poda respectiva, con grave riesgo de afectación del suministro eléctrico, o que no autorice el ingreso de las empresas respectivas con dichas finalidades.

f) Fomentar la promoción de generación distribuida

Esta comisión considera que el Estado debe facilitar la promoción de la generación distribuida domiciliaria y a las pymes, dado que el sistema actual no la facilita ni la promueve, porque el sistema de fijación de tarifas obliga a las empresas a la venta de energía.

Finalmente, esta comisión aprueba la remisión del presente informe al Presidente de la República, al Ministerio de Energía, a la Comisión Nacional de Energía, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y al Ministerio de Obras Públicas.

Las consideraciones y conclusiones de la Comisión fueron aprobadas por unanimidad. Votaron a favor la diputada señora Marcela Riquelme y los diputados señores Roberto Arroyo , Fernando Bórquez , Jorge Brito , Rubén Darío Oyarzo y Jaime Mulet .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información relativa a determinados actos del gobierno, en especial del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación ProCultura, desde el 2019 a la fecha, y el control y fiscalización de dichos recursos entregados (CEI N° 61).

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Diputada informante de la Comisión Especial Investigadora es la señora Yovana Ahumada .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 9ª de la presente legislatura, en lunes 7 de abril de 2025. Documentos de la Cuenta N° 24.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado Cristián Araya ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora AHUMADA, doña Yovana (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante, paso a rendir cuenta de lo obrado por la comisión a partir del mandato otorgado por la Sala, en orden a reunir información relativa a determinados actos de gobierno en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación ProCultura, desde el año 2019 a la fecha.

Vuestra comisión, en su última sesión, aprobó el texto de conclusiones y recomendaciones presentadas por los diputados señores José Miguel Castro y Andrés Longton , más una propuesta del diputado Jaime Araya , por mayoría de votos.

Votaron a favor las diputadas señoras Yovana Ahumada , Viviana Delgado y Érika Olivera , y los diputados señores Jaime Araya , Harry Jürgensen (en reemplazo de don Cristián Araya) , Gustavo Benavente , José Miguel Castro y Andrés Longton . Se abstuvo el diputado señor Tomás de Rementería .

La comisión especial investigadora celebró once sesiones.

Para dar cumplimiento al mandato de la Sala, recibió, en orden cronológico, a las autoridades, funcionarios públicos y particulares, que se individualizan. La Comisión basó su trabajo en audiencias a los invitados considerados en su plan de trabajo.

Asistieron:

En la sesión N° 2, de 2 de diciembre de 2024, participó la señora Nubia Vivanco , abogada penalista (vía telemática) y, en la misma sesión, el señor abogado Aldo Duque.

En la sesión N° 3, de 9 de diciembre de 2024, se recibió al señor gobernador de la Región Metropolitana, don Claudio Orrego .

A la sesión N° 4, de 16 de diciembre de 2024, compareció la contralora general de la República, señora Dorothy Pérez .

A la sesión N° 5, de 6 de enero de 2025, concurrió el jefe de asesores del Presidente de la República, señor Miguel Crispi .

A la sesión N° 6, de 13 de enero de 2025, se invitó al gobernador regional de Antofagasta, señor Ricardo Díaz Cortés , y al gobernador regional de Valparaíso, señor Rodrigo Mundaca .

A la sesión N° 7, de 20 de enero de 2025, concurrió el ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes .

A la sesión N° 9, de 10 de marzo de 2025, concurrieron, en calidad de invitados, el director de la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna del Ministerio Público, señor Eugenio Campos ; la directora subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, señora Nerina Paz ; la jefa de la División de Defensa Estatal del Consejo de Defensa del Estado, señora Paulina Retamales , y el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, señor Jorge Flies , estos dos últimos vía telemática.

La Comisión aprobó por mayoría de votos las conclusiones y recomendaciones contenidas en el texto citado, informe que obra en poder de vuestras señorías.

Conclusiones:

I. Sobreprecios y gastos irregulares en proyectos financiados con fondos públicos

Hubo uso de recursos en actividades ajenas a los objetivos de los convenios, incluyendo eventos sociales, cáterin excesivo y contrataciones sin respaldo.

II. Debilidad institucional en los mecanismos de control

La investigación reveló una falla estructural en la supervisión y fiscalización de los usos de fondos públicos por parte de múltiples organismos.

III. Red de empresas vinculadas a ProCultura

Se identificó una red de empresas relacionadas directa e indirectamente con personeros de ProCultura, a las cuales se externalizaban actividades financiadas con fondos públicos. Se presentaron cotizaciones físicamente independientes de empresas con propietarios comunes o vinculados a la fundación, como ocurrió en Valparaíso.

IV. Asignaciones directas y convenios exprés

ProCultura accedió a fondos públicos principalmente mediante asignaciones directas, sin licitaciones ni evaluación técnica. Este modus operandi se repitió en las regiones de Antofagasta, Ñuble , Biobío , entre otras, facilitado por la ausencia de controles efectivos y motivado por criterios políticos antes que técnicos.

V. Evaluación institucional deficiente: un cheque en blanco

La Subdere otorgó a ProCultura una validación técnica de 97,1 puntos de 100, sin revisar a fondo su capacidad operativa o antecedentes reales.

VI. Conflictos de intereses y relaciones personales en asignaciones.

Se detectaron indicios graves de conflictos de intereses entre autoridades y directivos de ProCultura, en especial en regiones como la Metropolitana, la de Magallanes y la de Valparaíso.

A pesar de que ProCultura es una entidad sin fines de lucro, se constató la externalización de fondos hacia empresas vinculadas a sus directivos, con sobreprecios, cotizaciones infladas y falta de justificación técnica, lo que contradice su naturaleza legal. Además, la fundación mostró resistencia a entregar información clara, dificultando la trazabilidad del uso de los recursos.

El texto aborda una serie de propuestas y medidas orientadas a fortalecer la probidad, la fiscalización y el uso eficiente de los recursos públicos en la Administración del Estado.

Principales líneas de acción:

1. Impulso de iniciativas legislativas en tramitación

Destacan diversos proyectos de ley que buscan mejorar la transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos. Dichas iniciativas abordarán temas como el registro de beneficiarios finales de fondos públicos, restricción a contratos excepcionales, obligación de denuncia de delitos y falta a la probidad, nuevas atribuciones para la Contraloría General de la República, persecución de responsabilidades administrativas poscesación de funciones, regulación de la subcontratación de contratos estatales y exigencia de idoneidad profesional para ocupar cargos públicos.

2. Fortalecimiento de la Contraloría General de la República

Se propone aumentar recursos y atribuciones para que la Contraloría pueda fiscalizar de manera eficaz, incluyendo la potestad para exigir documentos e información de manera directa y con plazos.

Sancionar por incumplimiento, lo que podría incluir la suspensión de funciones, remuneraciones o destitución.

Capacidad para aplicar sanciones directamente sin depender de autoridades externas, como alcaldes.

Modificación de artículos de la ley N° 10.336, para otorgarle estas nuevas competencias.

3. Modernización del sistema de rendición de cuentas

Se propone avanzar en la implementación obligatoria de sistemas electrónicos estandarizados, como el Sisrec, y mejorar los procesos de control interno.

4. Fortalecimiento de procesos internos de control y fiscalización

Se sugiere establecer requisitos mínimos en las transferencias con objetivos claros, informes periódicos obligatorios y congelamiento automático ante incumplimientos.

5. Establecimiento de garantías efectivas para fondos públicos

Se plantea el uso preferente de boletas de garantía bancaria en vez de pólizas de seguro.

6. Implementar auditorías más rigurosas y frecuentes

Se proponen auditorías periódicas obligatorias semestrales para entidades que reciben fondos públicos.

7. Sanciones oportunas ante irregularidades detectadas

Se requiere reformar la ley para que las sanciones recomendadas por la Contraloría no dependan de la voluntad de autoridades investigadas.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Ello se pidió hace un rato y se denegó. Por lo tanto, volveré a recabar el parecer de la Sala.

¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a la solicitud del diputado Miguel Mellado ? No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señor Presidente, anuncio mi voto a favor del informe, y muy convencido de ello, porque me parece que el trabajo de la comisión fue riguroso respecto de un hecho escandaloso que ha afectado gravemente la confianza pública.

Para que esto no se repita, es muy importante que el Presidente de la República anuncie en su mensaje presidencial que enviará un proyecto para fortalecer las facultades de la Contraloría General de la República, organismo que tiene la capacidad de levantar alertas y prevenir que cuestiones como esta no ocurran.

En el devenir del trabajo de la comisión, lo más triste fue constatar -ello fue reconocido por distintas autoridades que probablemente los fondos que se robaron en ProCultura no van a ser recuperados. Por lo tanto, para impedir que algunos ladrones que están acostumbrados a sacarle plata al fisco vuelvan a incurrir en esas conductas, debe haber un acuerdo transversal de todos los partidos políticos, para que definitivamente la Contraloría pueda sancionar directamente. El resto -déjeme decirlo con mucho respeto sería hipocresía. Si la Contraloría no puede alertar, no puede tomar medidas, no puede sancionar a altos funcionarios públicos que se concierten con otros para robarle al Estado, esta situación se va a repetir una y otra vez.

Esto ha sido francamente una vergüenza, y nosotros tenemos la responsabilidad de precaver que ocurran este tipo de situaciones. Las conclusiones de la comisión son muy claras en eso.

Además, quiero que el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago diga, con la claridad que no tuvo en la comisión, dónde está la plata que le pasó a ProCultura. ¿Está en los fondos de las cuentas corrientes del gobierno regional metropolitano o definitivamente no está? Me siento absolutamente decepcionado de lo que él hizo creer en la comisión, porque de buena fe entendí que los dineros habían sido recuperados.

He dicho.

-Aplausos.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, si bien el resultado del informe es algo extemporáneo, lo voy a votar a favor. Es extemporáneo en razón de lo que hemos sabido en los últimos días. Por otra parte, hay ciertas críticas que hace el propio informe que nos llevan a considerar lo siguiente.

Al final -en esto difiero del diputado que me antecedió en el uso de la palabra aquí no hubo solamente un par de personas que le robaron plata al fisco; aquí hubo una actitud y una actividad concertada entre funcionarios que estaban en el gobierno y personas de una ONG, en este caso ProCultura, para defraudar dineros del fisco. Solamente así se explica la facilidad con que pudieron pasar por encima de todos los controles.

También hay que considerar, entre otras cosas, la facilidad con que ciertos funcionarios, en este caso el señor Crispi , entregaron respaldo para que se hiciesen transferencias de fondos o que la propia Dipres redujese los requisitos para la entrega de fondos a fundaciones.

Aquí hubo todo un sistema que se confabuló para defraudar al fisco, para distraer recursos del fisco y hacerlos llegar a esta y a otras fundaciones. Eso es algo de lo cual se hace parcialmente cargo este informe, pues hace recomendaciones para fortalecer a la Contraloría, etcétera, pero no alcanzó a describir en toda su magnitud lo que estamos sabiendo ahora.

Aquí no estamos haciendo una acusación solamente a aquellos que, supuestamente, engañaron al fisco desde el sector privado, sino también a quienes estaban a cargo del Estado y se dejaron engañar voluntariamente para beneficiar a sus amigos.

He dicho.

El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-

Ha concluido el Orden del Día.

La discusión y votación del informe de la comisión especial investigadora queda pendiente.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.