Labor Parlamentaria

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión el oficio de Su Excelencia el Vicepresidente de la República , mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral al señor Jorge Eduardo Manzano Gouet, correspondiente al boletín N° S 2.628-05 y que cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho en los términos previstos en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República.

--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.628-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento consigna que, a la sesión en que dicha instancia consideró esta materia, concurrieron, además de sus integrantes, la ministra secretaria general de la Presidencia , señora Macarena Lobos, y especialmente invitado el nominado señor Jorge Manzano Gouet, entre otros asistentes.

La referida comisión señala que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 94 bis de la Constitución Política de la República, la presente solicitud de nombramiento requiere, para ser aprobada por esta Corporación, del voto conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Asimismo, la Comisión deja constancia de que, tras el análisis correspondiente, la proposición en trámite fue sometida a votación, resultando aprobada por la unanimidad de sus integrantes presentes, honorables senadores señoras Ebensperger y Núñez y señor Araya.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la misma unanimidad antes consignada, propone aprobar la nominación que ha formulado Su Excelencia el Vicepresidente de la República para designar miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral al señor Jorge Manzano Gouet por el plazo de diez años, en reemplazo del consejero señor Carlos Andrés Tagle Domínguez.

Finalmente, es pertinente reiterar que el presente asunto requiere para su aprobación del voto conforme de los dos tercios de las señoras y los señores senadores en ejercicio, esto es, de 32 votos favorables.

La señora NÚÑEZ.-

Muchas gracias, señor Presidente .

Corresponde que la Sala del Senado se pronuncie sobre la proposición del señor Vicepresidente de la República para designar en el cargo de consejero del Consejo Directivo del Servicio Electoral al señor Jorge Eduardo Manzano Gouet , en reemplazo del consejero señor Carlos Andrés Tagle Domínguez , de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 bis de la Constitución Política de la República.

Cabe recordar que el referido precepto establece que un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado "Servicio Electoral", ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional.

La dirección superior de este servicio corresponderá a un consejo directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República , previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Los consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.

Agrega esta disposición que los consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

En razón de lo anterior, de conformidad con las normas constitucionales y legales ya mencionadas, el señor Vicepresidente de la República solicita el acuerdo de esta Corporación para la designación en el cargo de consejero del Consejo Directivo del Servicio Electoral a don Jorge Eduardo Manzano Gouet , por el plazo de diez años, en reemplazo del consejero Carlos Andrés Tagle Domínguez , de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 bis de la Constitución Política de la República.

Antecedentes curriculares del candidato

El señor Manzano Gouet es profesor de educación básica, título otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En su currículum se destaca que es un profesional con más de treinta y cinco años de experiencia en administración, comunicaciones y gestión organizacional, especializado en procesos políticos y electorales. Ha colaborado en estrategias institucionales, asesorías parlamentarias y campañas electorales, contribuyendo al fortalecimiento de redes y al cumplimiento de objetivos electorales.

Asimismo, ha participado en setenta y un procesos electorales desde el año 1989 hasta el año 2024, interactuando y conociendo los distintos estamentos a nivel regional y nacional del Servicio Electoral, bajo las direcciones nacionales de don Juan Ignacio García, doña Elizabeth Cabrera, don Eduardo Charme y don Raúl García , y los presidentes del Consejo Ejecutivo don Juan Emilio Cheyre, don Patricio Santamaría y don Andrés Tagle .

Por otra parte, destaca que en el año 2011 lideró e implementó, en su calidad de jefe de la división de Carabineros de Chile , la transición de la Subsecretaría de Carabineros de Chile desde el Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior.

Entre los años 2000 y 2004, se desempeñó como consejero regional del Gobierno Regional Metropolitano, desempeñando funciones en las comisiones de Educación y Seguridad.

Entre los años 1990 y 2021, prestó asesorías territoriales, legislativas y electorales en el Senado, en la Cámara de Diputados, en empresas de comunicaciones estratégicas, como Vanguardia y Mayol y Compañía, y en la agencia de comunicaciones Simplicity, y proporcionó asesorías en las municipalidades de Las Condes, Recoleta , Estación Central y Vitacura.

Entre los años 1999 y 2004, fue director ejecutivo de la Sociedad Consultores Integrados Limitada, donde elaboró informes políticos, electorales, sociales y económicos. Igualmente, realizó análisis de distintos estudios de opinión pública y asesorías a estamentos públicos y privados.

En estos años ha participado en capacitaciones en el Servel en temas como la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, la ley de financiamiento de partidos políticos, la ley de financiamiento y gasto electoral y la ley de cuotas.

Asistió a seminarios y capacitaciones en el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre temas de ley de cuotas, política social, gestión pública, descentralización y sociedad civil.

Hacemos presente que, por la información proporcionada a la secretaría de la Comisión, no ha integrado ninguna directiva nacional de un partido político.

En el análisis de esta iniciativa, la Comisión que presido dio cumplimiento a las disposiciones reglamentarias que regulan el nombramiento de autoridades y procedió a escuchar a la señora ministra secretaria general de la Presidencia , doña Macarena Lobos , quien explicó las razones que tuvo el Gobierno para formular esta proposición y la importancia de contar con un Consejo Directivo ... ... del Servicio Electoral que cumpla en tiempo y forma las tareas que le asigna nuestro ordenamiento jurídico.

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)

La ministra está presente en la sala y la saludo, por su intermedio, Presidente.

Asimismo, recibió en audiencia al señor Jorge Eduardo Manzano Gouet , quien se refirió en extenso a su experiencia en los temas electorales y su vinculación con el Servicio Electoral en distintas administraciones.

Igualmente, destacó el valor que tiene para nuestra democracia el adecuado funcionamiento del sistema electoral y las responsabilidades que debe cumplir su consejo directivo.

En resumen, se comprometió a aportar toda su experiencia y energía, desempeñándose con prudencia, imparcialidad, independencia y total entrega en las tareas que le impone la ley. Concluyó señalando que asumir el desafío de integrar el Consejo Directivo no es solo un honor, sino también una gran responsabilidad personal.

Posteriormente, el candidato respondió las preguntas que los miembros de la Comisión le formularon y de cuyo contenido se da cuenta en el informe emitido.

Señor Presidente , a la luz de estos antecedentes, la Comisión que presido, por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señoras Ebensperger y Núñez y señor Araya , recomienda a la Sala aprobar la nominación que ha formulado el señor Vicepresidente de la República para designar miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral al señor Jorge Manzano Gouet , por el plazo de diez años, en reemplazo del consejero señor Carlos Andrés Tagle Domínguez .

He dicho, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor COLOMA.-

Muchas gracias, Presidente.

Muy brevemente, solo para referirme a dos temas.

Primero, hace diez años, o algo así, este Senado nombró a don Andrés Tagle como miembro del Servel. Y fue una discusión larga e importante respecto de la relevancia de fortalecer la institucionalidad de ese organismo.

Yo, por lo menos, quiero a esta altura -creo que no hay ninguna objeción respecto de lo que realizó Andrés Tagle , a quien por esas cosas de la vida le tocó ser presidente del Servel en momentos muy complejos, cuando quizá más elecciones hubo en la historia de Chile- destacar que el Servel en eso tuvo un gran desarrollo.

Alguna vez incluso lo discutimos con él. No siempre estuvimos de acuerdo, pero precisamente trabajó con transparencia y garantizó a todos los sectores políticos que el sistema electoral chileno funciona y se moderniza.

Creo que es justo en este momento plantearlo.

Lo mismo respecto al candidato que se ha presentado, don Jorge Manzano , que tiene la misma hechura, el mismo diseño, la misma profesionalidad y es una garantía de alguien que entiende bien los temas electorales, de lo relevante que es tener sistemas que representen de buena manera a las personas, con un ánimo de modernización y de estar siempre al servicio de generar una consolidación democrática más profunda.

Me parece que don Andrés Tagle puede tener la tranquilidad de haber cumplido con el deber que este Senado y la Presidenta de la época le encomendó, y, en este caso, no me cabe duda de que va a ocurrir lo mismo con don Jorge Manzano y es lo que quería plantear.

Muchas gracias, Presidente .

--Se aprueba el nombramiento del señor Jorge Manzano Gouet como miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral (35 votos a favor y 1 abstención), dejándose constancia de que se reunió el constitucional requerido.

quorum

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Núñez, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Se abstuvo el señor Bianchi.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Aprobado. Se cumplió con el quorum necesario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica, correspondiente al boletín N° 16.566-03.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.566-03) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Los objetivos de esta iniciativa de ley son los siguientes.

Primero, sancionar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales con la finalidad de proporcionar un marco general que vele por su cumplimiento, estandarice y coordine las formas establecidas para la válida actuación de los órganos de la Administración del Estado con competencia para habilitar proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias, y otorgar mayor certeza a los titulares y personas que desarrollen dichas actividades, así como a la ciudadanía en general.

Segundo, promover el desarrollo de la productividad, crecimiento e inversión, a través de la creación de mecanismos e instrumentos de mejora regulatoria, para el progresivo tránsito hacia una regulación estandarizada y simplificada respecto de la habilitación de proyectos o actividades que resguarden adecuadamente los derechos de las personas solicitantes por medio de normas que definan el proceder de los órganos de la Administración del Estado para su actuación válida y pronta, la que tendrá en consideración los riesgos asociados, dará mayor certeza jurídica y aumentará la transparencia de los procedimientos.

Tercero, crear el Sistema de Regulación y Evaluación Sectorial, integrado por el conjunto de políticas institucionales y normas destinadas a velar por la correcta tramitación de las autorizaciones sectoriales y técnicas habilitantes alternativas aplicables a proyectos o actividades, y a optimizar y/o fortalecer la gestión institucional con el objeto de simplificar y mejorar continuamente la calidad de la regulación sectorial, con una visión general que propicie el desarrollo productivo sostenible, facilite la inversión y resguarde los objetos de protección propios de cada normativa.

En cuanto a la tramitación de esta iniciativa, cabe hacer presente que la Comisión de Economía despachó su primer informe con fecha 7 de enero de 2025. La Sala del Senado, en sesión del 8 de enero de 2025, previo a pronunciarse respecto de la idea de legislar sobre la materia, acordó remitir el proyecto a dicha comisión a fin de que emitiera un nuevo primer informe, autorizándola para discutir la iniciativa en general y en particular.

En dicho contexto, la Comisión de Economía, en su primer informe, deja constancia de que aprobó el proyecto de ley en general por la unanimidad de sus miembros, honorables senadores señora Carvajal y señores Edwards, Pugh, Saavedra y Sanhueza. Posteriormente, en su nuevo primer informe ratificó su aprobación en general, en tanto que sancionó esta iniciativa en particular con las modificaciones y las votaciones que consignan. Además, propone que en la Sala del Senado se apruebe el proyecto en general y en particular.

La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, en los términos que estas fueron aprobadas por su antecesora, como reglamentariamente corresponde, y también se pronunció respecto de las indicaciones presentadas en dicha instancia. Asimismo, consigna que introdujo enmiendas en los artículos 1, 4, 12, 26, 27, 38, 42, 52, 120 y 123 permanentes y en los artículos primero, tercero, vigésimo octavo y vigésimo noveno transitorios del texto despachado por la Comisión de Economía en su nuevo primer informe, y consultó un artículo trigésimo quinto transitorio, nuevo. Lo anterior, en virtud de las votaciones que registra en su informe.

Por otro lado, se deja constancia de los informes financieros considerados en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Finalmente, las comisiones informantes coinciden en que las siguientes normas de la iniciativa son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren de 25 votos favorables para su aprobación:

El artículo 40 (ex artículo 41); el artículo 46; el inciso segundo del artículo 62; el artículo 67; el artículo 74; el inciso tercero del artículo 43, contenido en el numeral 15, y el inciso primero del artículo 43 bis, contenido en el numeral 16, ambos numerales del artículo 97 (ex artículo 92), y el artículo 122 permanentes.

Por su parte, el artículo 45 (ex artículo 46) y el artículo 117 permanentes corresponden a normas de quorum calificado, por lo que requieren para su aprobación de 25 votos favorables.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 192 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Cabe hacer presente que se han presentado las siguientes solicitudes de votación separada:

De la honorable senadora señora Provoste y del honorable senador señor De Urresti respecto de diversas disposiciones, que son: el artículo 5, número 4 (página 22 del comparado); el artículo 5, número 6 (página 23 del comparado); el artículo 5, número 8 (página 24); el artículo 5, número 18 (página 32); el artículo 6, letra c) (página 38); el artículo 6, letra d) (página 39); los artículos 9 y 10 (páginas 51 y 53 del comparado, respectivamente); el artículo 19 (página 75); el artículo 24 (página 85); el artículo 27 (página 95); los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 (páginas 104 a 122 del comparado); el artículo 61 (página 191); el artículo 74 (página 216), que es una norma de carácter orgánico constitucional; el artículo 82 (página 289); el artículo 85 (página 308); el artículo 89 (página 423); el artículo 104 (página 649); el artículo 105 (página 656); el artículo 113 (página 743); el artículo 114 (página 760), y el artículo 119 (página 774 del comparado).

También se presentó solicitud de votación separada por parte del senador señor Núñez respecto de los artículos 9, 10 y 11, que están en las páginas 51, 53 y 56 del comparado, respectivamente.

Además, se pidió votación separada del artículo 17, letra b) (página 71 de comparado), y del artículo 76 (página 223 del comparado).

Por último, se recibió una solicitud de votación separada del honorable senador señor Prohens en relación con el artículo 85, número 16, en su letra a) (página 342 del comparado).

Es todo, señor Presidente.

El señor EDWARDS.-

Gracias, Presidente.

Tengo el honor de entregar este nuevo primer informe de la Comisión de Economía sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que se indican, que corresponde al boletín N° 16.566-03.

Me permito comentar, Presidente , al inicio de este informe que, con la excepción de muy muy pocos artículos, tres o cuatro, la Comisión de Economía llegó a redacciones en conjunto en prácticamente la totalidad del proyecto, que había recibido más de 500 indicaciones. Y, de hecho, estas indicaciones fueron retiradas a propósito de las redacciones que se lograron en acuerdo con todos los senadores de la Comisión y en particular también, por cierto, con el Ejecutivo .

En los artículos en que no hubo acuerdo ello simplemente fue porque no se dispuso de suficiente tiempo. Pero, buenamente, la Comisión de Hacienda logró los acuerdos que se requerían. Por supuesto, eso lo dirá la presidenta de esa instancia en su relación.

Adicional a lo anterior, hago notar que este proyecto modifica 47 cuerpos legales y que los acuerdos alcanzados implican un importante pero justo balance en la aplicación de la ley y cómo esto se incorpora dentro de las leyes sectoriales para que se pueda aplicar esta compleja iniciativa.

Lo anterior significa, señor Presidente, que introducir cambios tiene que hacerse de manera equilibrada, si es que se realizan, para que no haya desequilibrios en otros proyectos de ley que son modificados en este articulado.

Este proyecto, Presidente -aprovecho de recordarlo-, proporciona un marco legal a fin de velar por el cumplimiento, estandarización y coordinación de las formas establecidas para la actuación de los órganos de la Administración del Estado con competencia para habilitar proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias.

Su objetivo es otorgar mayor certeza a los titulares y personas que desarrollen dichas actividades, así como a la ciudadanía en general; y promover el desarrollo de la productividad, crecimiento e inversión a través de la creación de mecanismos e instrumentos de mejora regulatoria.

La importancia de la regulación de las autorizaciones sectoriales requiere de un justo equilibrio entre la protección de los intereses públicos y el interés particular de los titulares de proyectos o actividades.

Con todo, la obtención de autorizaciones se ha transformado en una de las restricciones críticas a la materialización de la inversión en Chile, lo cual tendría su origen en el aumento, que ha sido inorgánico hasta ahora -y esperamos que se corrija con este proyecto de ley-, de las autorizaciones sin tener en cuenta la totalidad del marco jurídico vigente; en la amplia dispersión normativa sobre la materia; en la falta de instancias institucionalizadas de revisión ni racionalización de los procesos de autorizaciones sectoriales, y en la falta de espacios de coordinación y trabajo conjunto de los órganos de la Administración del Estado.

Entre los problemas que la normativa propuesta busca enfrentar se encuentran:

-Los extensos tiempos de tramitación.

-La falta de certeza jurídica.

-La falta de proporcionalidad, en algunos casos, en el régimen de autorizaciones sectoriales en relación con los requisitos que se exigen respecto de los riesgos asociados.

-La falta de información sobre el proceso de otorgamiento.

En dicho contexto, el proyecto tiene por finalidad otorgar mayor certidumbre a los inversionistas, a los titulares, a las comunidades y a la ciudadanía en general; agilizar el otorgamiento de autorizaciones sectoriales mediante la simplificación de la tramitación en concordancia con los riesgos asociados; abordar y superar la dispersión normativa, e institucionalizar la coordinación y los mecanismos de mejora constante de la regulación.

Dicho esto, los ejes en que se centran las modificaciones propuestas por el proyecto son los siguientes:

1) El establecimiento de un marco normativo común para la tramitación y regulación de autorizaciones sectoriales.

2) La creación del Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial.

3) La creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, que va a estar dentro de la Subsecretaría de Economía.

4) El establecimiento de un marco normativo de instrumentos para la regulación estandarizada.

5) La implementación, de manera muy importante, del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales, esa ventanilla única que conocemos en el proyecto por el acrónimo " Súper" .

6) El establecimiento de mecanismos de mejora regulatoria cada cierta cantidad de años, esto es, una revisión periódica.

7) La modificación de otros cuerpos normativos, para que la futura ley pueda aplicarse de forma supletoria.

Es del caso recordar también que al final de la discusión en general del proyecto, y en el primer informe que se entregó a esta Sala, se dio a conocer el protocolo de acuerdo al que se llegó para poder avanzar en esta materia, que contenía un conjunto de normas que luego fueron satisfechas durante su tramitación en general y particular. En sesión de 8 de enero de este año la Sala acordó la remisión de esta iniciativa a la Comisión de Economía para tal efecto.

Dicho esto, en la segunda parte de su tramitación, en este nuevo primer informe, las principales enmiendas que introdujimos en la Comisión, considerando las 507 indicaciones que se presentaron en las más de once sesiones, que tuvieron un promedio de duración de casi seis horas, fueron las siguientes.

Primero, dentro de los mecanismos de fomento a la inversión, se modifica la tramitación ágil de proyectos priorizados y la forma de priorizarlos, de manera que estos tengan un tiempo de respuesta de parte del Estado que sea la mitad del considerado en general.

Se crea un régimen de estabilidad regulatoria para iniciativas de inversión que contengan resolución de calificación ambiental favorable. Eso se encuentra en el artículo 76.

También se considera un régimen de estabilidad regulatoria para las tramitaciones de permisos en particular, lo que resulta especialmente importante para aquellos que pueden tardar una gran cantidad de tiempo y, por lo tanto, estar sujetos a cambios normativos durante el proceso de obtención.

Se fortalecen las declaraciones juradas y avisos. Estos venían en el proyecto original del Gobierno y durante la discusión en particular fueron aprobados en su gran mayoría, con algunas diferencias que se plantearon en la tramitación que tuvo en la Cámara.

Lo que se hizo acá fue habilitar que todos los tipos de permisos puedan ser sujetos de declaraciones juradas y avisos, y que, en la medida que los riesgos sean bajos, el Estado prefiera esto como forma alternativa de autorización, en los mecanismos de mejora regulatoria, los cuales se van dando cada cierta cantidad de tiempo.

También se precisa que la aplicación concreta de las THA (técnicas habilitantes alternativas), o sea, las declaraciones juradas y los avisos, será señalada por la normativa sectorial aplicable.

En ningún caso la Comisión de Economía se metió a regular esto, sino simplemente establece que los órganos sectoriales van a poder, en una gran cantidad de casos, determinar algunas THA, o qué tipo de proyectos, dependiendo de los umbrales de riesgo, pueden ser considerados contando únicamente con declaraciones juradas y no necesariamente con autorizaciones.

Se precisan, asimismo, los estatutos de responsabilidad administrativa y penal aplicables a estas declaraciones juradas, y, por tanto, se modifica la Ley de Delitos Económicos para quienes utilicen estas declaraciones juradas escondiendo información, de modo que esa omisión implique no realizar una autorización, sino que ello deba hacerse a través de una declaración jurada.

En la Comisión de Economía se incorporó la tramitación paralela de autorizaciones, lo cual es un avance bastante grande, dado que permite que estas no necesariamente sean secuenciales, reduciendo potencialmente los tiempos en los cuales se logran los permisos, pero sin cambiar en absoluto la normativa sectorial ni bajar el estándar regulatorio.

Se establece que, por norma general, en el proceso de creación y modificación de regímenes autorizatorios se preferirán, en este caso, las medidas menos restrictivas, como se ha dicho.

Además, se mejora la redacción de ciertos principios, como los de estandarización, previsibilidad y simplificación administrativa, que venían de la tramitación del proyecto en la Cámara, incorporándose en este caso el principio de costo-efectividad y también el criterio de costo-efectividad para los efectos de las modificaciones o de las revisiones de regulación que se realizarán cada tres años.

Se fortalece la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, de acuerdo con la redacción acordada en la Comisión y entregada por el Gobierno, en este caso.

También se otorga mayor probidad y límites claros al personal de la Oficina.

La Oficina, como hemos dicho, para mayor claridad, no puede intervenir en la decisión de los órganos sectoriales de otorgar o no una autorización, o de señalar cuáles son los parámetros de las autorizaciones; pero sí puede proponer ciertos mecanismos y criterios para poder mejorarlas en el tiempo.

Se establece un alto estándar de prioridad, ya que se exige declaración de intereses y patrimonio para las autoridades de la Oficina. Esto igualmente fue producto de una indicación de senadores que incluso no forman parte de la Comisión de Economía.

Se reformula el Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Esta comisión se encontraba integrada por quince personas y pasaría a ser conformada por tres, quienes funcionarán en comités ampliados y subcomités especializados.

Se establece la modernización continua de autorizaciones sectoriales y la aplicación de técnicas habilitantes alternativas a la autorización.

Se modifican los mecanismos considerados para la modernización regulatoria, estableciendo para los órganos sectoriales la obligación de elaborar un informe diagnóstico de revisión de la regulación de las autorizaciones de su competencia. Este informe va a ser elaborado al menos cada tres años, durante los primeros diez años desde la publicación de la ley.

Para la mencionada revisión, la Oficina establecerá los lineamientos, y se identificará su contenido para que los órganos deban realizarla cada año.

El objetivo es revisar la pertinencia de las autorizaciones vigentes. Pero, como hemos señalado, son los organismos sectoriales los que finalmente tomarán este tipo de decisiones y no la Oficina.

Además, se modifican otros cuerpos legales.

Por cierto, para poder implementar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales hay que realizar las modificaciones a estos 47 cuerpos legales adicionales.

Se estandarizan las normas sectoriales.

Se plantean modificaciones específicas en ciertos sectores, por ejemplo, salud, sanitario, minería, agua, energía, entre otros; y también se dota de mayor prioridad y transparencia, adecuando la ley N° 20.880.

Señor Presidente , durante todo el debate se contó con la presencia y apoyo de los representantes del Ejecutivo , encabezado por el ministro de Economía , señor Nicolás Grau , que hoy día está con nosotros y al cual aprovecho de saludar; de la coordinadora normativa, señora Camila Astorga , y de todos los asesores.

Se realizó un trabajo de verdad bastante importante y que tomó muchísimas horas. Así que también hago un reconocimiento a la labor de los senadores y de nuestros asesores, y, por cierto, a la de todos quienes integraron la Comisión de Economía.

Una vez despachado el proyecto de la Comisión de Economía, pasó a la Comisión de Hacienda.

Por cierto, agradezco a los integrantes de la Comisión de Economía, en particular a su actual presidente, el senador Núñez , por haberme permitido entregar el informe de este proyecto tan importante, el cual me tocó trabajar tantas horas durante el año pasado y hasta abril de este año.

Muchas gracias.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidente.

No parecen existir dos opiniones distintas en cuanto a que, desde principios de los años noventa, y por un período de treinta años, el país experimentó una profunda transformación social, política y económica que se basó en una economía dinámica, con crecimiento y abierta al mundo; un entorno macroeconómico estable, y un sistema institucional sólido, con reglas claras y certeza jurídica.

Este consenso -porque eso fue, un acuerdo social y político- logró, al final de la dictadura, un acelerado proceso de modernización que sacó a cinco millones de personas de la pobreza, dio un salto significativo en los ingresos de la población, paso al consumo y el desarrollo de un conjunto de políticas públicas que permitieron ampliar el acceso a la educación, particularmente a la educación universitaria, a la salud y al sistema de protección social, que contribuye a reducir o mitigar los riesgos propios de una sociedad de mercado.

Sin embargo, y tal como lo expresa el mensaje de este proyecto de ley, en la última década el crecimiento económico se ha desacelerado considerablemente: mientras que en los años noventa la variación del producto interno bruto (PIB) promedió el 6,2 por ciento, en la primera década de los 2000 fue de 4,2 por ciento, y en los últimos diez años solo alcanzó el 2,3 por ciento.

Lamentablemente, los últimos datos disponibles y las proyecciones para el futuro no son mejores.

El crecimiento económico durante el 2024 alcanzó un 2,4 por ciento. La OCDE actualizó recientemente sus proyecciones y prevé que la producción crezca este año al mismo 2,4 por ciento y proyecta para el 2026 una cifra similar.

Aunque estas cifras sean modestas, las proyecciones que había entregado este mismo organismo en enero de 2025 eran aún más bajas: 2,3 por ciento para el 2025 y 2,1 por ciento para el 2026. A pesar de un entorno internacional lleno de incertidumbres y de estrechez fiscal, el país empieza a tomar cierto ritmo de crecimiento, aunque sea magro.

Ahora, ¿cuáles son las causas que explican este débil crecimiento?

En este sentido, el propio mensaje establece que la baja de la productividad se debe a la disminución de la inversión, particularmente la interna, y al incremento inorgánico de los permisos sectoriales y los tiempos de tramitación de estos.

La OCDE también abordó estos problemas señalando que existe la necesidad de garantizar estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal; impulsar el crecimiento de largo plazo; cerrar las brechas de género en el mercado laboral e incrementar la fuerza laboral; impulsar la digitalización e innovación; conducir la transición energética, y finalmente, sostiene que es clave seguir avanzando en la reducción de las barreras regulatorias y en el fomento de la competencia, entre otras medidas, simplificando los procedimientos que reducen las barreras de entrada a las nuevas empresas en los distintos sectores.

Yo creo que existe consenso en que es necesario racionalizar la regulación, es decir, la permisología, al momento de enfrentar los proyectos de inversión.

Existe un diagnóstico compartido del alto nivel de acuerdo sobre los caminos que se deben recorrer para remover los obstáculos que impiden retomar una trayectoria de crecimiento robusto y persistente que nos permita avanzar con paso firme hacia el desarrollo. A la hora de definir políticas específicas, existe mayor dispersión. Es más fácil ponerse de acuerdo en los objetivos que en los instrumentos para alcanzarlos.

Sin embargo, tenemos un punto en que no existe controversia, tanto en el diagnóstico como en la solución: el motor del crecimiento es la inversión, y la principal traba para lograr la inversión es el contexto regulatorio, que se ha ido complejizando irracionalmente, llegando algunos proyectos a sobrepasar diez años de tramitación en el sistema de permisos sectoriales y ambientales.

Cómo no citar, por ejemplo, un proyecto que está de moda por estos días, Dominga , que comenzó su tramitación el año 2013 y que todavía no logra ser resuelto.

Y lo que es peor: una vez que se cuenta con todos los permisos, habiéndose iniciado las obras, o incluso, habiendo estas concluido, nada obsta a que exista una reclamación administrativa o judicial que paralice todo el proyecto. A la burocracia y la permisología se une la falta de certeza jurídica.

Por esa razón, el proyecto que hoy discutimos es de suma importancia para reactivar la economía de nuestro país.

Quiero decir desde ya que votaré a favor.

Sin perjuicio de ello, creo necesario señalar que este proyecto, si bien es un avance importante para mejorar el contexto regulatorio que promueve la inversión y muestra el compromiso que el Gobierno ha adquirido con el crecimiento económico, da cuenta de la priorización que el Presidente de la República le asignó a promover la inversión y remover los obstáculos que la limitan.

Este compromiso es un valioso aprendizaje y debe ser destacado en su mérito.

Una segunda reflexión que quisiera compartir dice relación con una prevención: algunas modificaciones que se proponen, como la reducción de plazos, la simplificación de trámites, podrían verse frustradas por limitaciones operacionales.

A modo de ejemplo, quiero citar que, en el caso de la región de Antofagasta, que represento, el mismo equipo de funcionarios de la Seremía de Salud está a cargo de inspeccionar y tramitar las autorizaciones para un gran proyecto minero, para una planta desalinizadora o algo tan simple como lo puede ser un restorán de comida al paso o un almacén... .

(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)

Presidente , le pido un minuto para terminar.

Esta realidad muestra que existe una desproporción entre los requerimientos, los recursos disponibles por el Estado y el tamaño o la complejidad del modelo de negocio del permisionario.

Por eso creo que es necesario avanzar también en la revisión de las dotaciones de personal que han de enfrentar la resolución de estos permisos.

Por último, reconociendo que estamos ante un avance importante, tal como lo señalé anteriormente, me parece que esto es insuficiente. Debemos avanzar con medidas y propuestas más audaces. Es perfectamente compatible contar con un sistema de permisos y autorizaciones ágiles, y, al mismo tiempo, cautelar el patrimonio ambiental y cultural de Chile.

Uno de los pocos acuerdos sociales no disputados en el país es que el desarrollo económico debe armonizarse con el cuidado y la protección del medioambiente.

Se puede avanzar tomando algunas propuestas de académicos y expertos, como las autorizaciones sectoriales de peritos externos certificados; que en los grandes proyectos de inversión pública, los permisos y autorizaciones sean tramitados y obtenidos por el Estado, y quizá el más innovador de los instrumentos, las declaraciones juradas...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

El señor COLOMA .-

¡Tiempo! ¡Tiempo!

El señor ARAYA.-

Diez segundos para terminar, Presidente.

Y lo otro que quiero señalar es que las declaraciones juradas de los peticionarios estén sujetas a control ex post. Probablemente, este sea uno de los modelos más eficientes si se implementa adecuadamente: este modelo, que se llama "responsabilidad atribuida", debiera ser seriamente analizado como una forma de destrabar la permisología.

Este proyecto abre un camino que debe, a mi juicio, perseverar con seriedad, rigurosidad técnica y avanzar en destrabar la permisología.

Por esa razón votaré a favor, Presidente .

La señora RINCÓN.-

Voy a rendir el informe de la Comisión de Hacienda, Presidente , que el Secretario debió haber advertido antes.

Vengo en informar respecto de la tramitación del proyecto que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en diversos cuerpos legales, correspondiente al boletín N° 16.566-03.

Este proyecto, Presidente , iniciado en mensaje del Ejecutivo y con urgencia calificada de "suma", fue remitido a nuestra comisión para pronunciarnos sobre aquellas disposiciones que inciden en materias de competencia presupuestaria y administrativa, así como sobre las normas con impacto fiscal directo o indirecto.

El objetivo principal de esta iniciativa...

(Rumores).

Colegas, les pido silencio, por favor,...

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Silencio, por favor.

La señora RINCÓN.-

... porque de verdad nos hemos demorado en el despacho de este proyecto.

Creo que el trámite en la Comisión ha sido bastante rápido. Y esta legislación es importante.

El objetivo principal de esta iniciativa es establecer -como lo señaló el presidente de la Comisión de Economía , senador Rojo Edwards - un marco legal común y transversal que permita ordenar, estandarizar y agilizar los procedimientos asociados a los más de dos mil permisos sectoriales existentes en nuestro ordenamiento jurídico.

Sí: ¡más de dos mil permisos sectoriales!

Busca, asimismo, reducir significativamente los tiempos de tramitación de proyectos de inversión, mejorar la coordinación entre servicios públicos, reforzar la seguridad jurídica y avanzar hacia una mayor eficiencia del aparato estatal en la entrega de autorizaciones, todo ello sin afectar los estándares regulatorios ni las exigencias medioambientales.

Durante su tramitación sostuvimos sesiones con amplia participación del Ejecutivo , con la presencia del ministro de Economía , señor Nicolás Grau ; asesores sectoriales; técnicos de la Dirección de Presupuestos; representantes de los gremios, así como del presidente de la Comisión de Economía , senador Rojo Edwards .

Durante el estudio del proyecto se abordaron en detalle aspectos de la propuesta...

(Rumores).

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Silencio, por favor.

La señora RINCÓN.-

De verdad que cuesta concentrarse.

Le pido silencio, senador Gahona .

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Por favor, silencio.

Escuchemos el informe de Hacienda.

La señora RINCÓN.-

Durante el estudio del proyecto se abordaron en detalle aspectos de la propuesta, poniendo énfasis en su implementación práctica, impacto fiscal y las condiciones institucionales necesarias para garantizar su eficacia.

1. Impacto en los tiempos de tramitación de inversiones.

Uno de los focos fue el efecto del proyecto sobre la reducción de los plazos para el otorgamiento de autorizaciones sectoriales.

La Comisión analizó la información presentada por el Ejecutivo , donde se evidenció que, incluso con la aprobación de esta ley, ciertos proyectos seguirían enfrentando tiempos excesivos de tramitación (por ejemplo, las desaladoras, con una duración estimada de hasta seis años).

2. Interacción con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El artículo 4, letra a), fue ampliamente discutido. La Comisión puso énfasis en que los permisos ambientales sectoriales (PAS) no deben volver a requerir requisitos ya resueltos por la resolución de calificación ambiental (RCA).

Este artículo establece que los órganos sectoriales "no podrán denegar dichos permisos en razón de requisitos ambientales ni imponer nuevas condiciones o exigencias que no sean las establecidas en la RCA". No obstante, se señaló que en la práctica esto requiere control efectivo, dado que en otros cuerpos normativos esa limitación no se ha respetado plenamente.

Se recogió una indicación, presentada por los colegas de la Comisión, que propuso avanzar en una "invariabilidad normativa" que asegure consistencia jurídica tras una evaluación favorable del SEIA.

Agradezco al Ejecutivo, Presidente, por haber recogido la indicación que hicimos presente en la tramitación del proyecto.

3. Declaraciones juradas como técnica habilitante.

El artículo 12 fue objeto de revisión en cuanto al uso penal indebido de declaraciones juradas. La Comisión valoró su incorporación como instrumento de simplificación regulatoria (especialmente útil para inversiones menores), pero también cuestionó el diseño del tipo penal propuesto.

Se aprobó una redacción que establece sanción penal cuando una persona utilice indebidamente esta técnica, por ejemplo, con documentación falsa, sin criminalizar simplemente el contenido de la declaración.

4. Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.

Se discutió su rol como entidad coordinadora, supervisora y promotora de buenas prácticas. El artículo 76 establece que esta oficina podrá elaborar recomendaciones y propuestas de mejora regulatoria cada tres años. Sin embargo, varios senadores señalaron que sus atribuciones siguen siendo limitadas para constituirse en un contrapeso real de la burocracia sectorial.

5. Estabilidad regulatoria intrapermiso y post RCA.

La Comisión valoró positivamente las disposiciones de los artículos 15 y 76, que consagran un régimen de estabilidad normativa.

El artículo 15 establece que, una vez admitida una solicitud, no pueden cambiarse las reglas del juego durante su tramitación, salvo que el cambio favorezca al solicitante sin afectar a terceros.

Por su parte, el artículo 76 permite al titular de una iniciativa acogida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental optar por ser evaluado conforme a la normativa vigente al momento de su ingreso al sistema.

6. Incentivos al cumplimiento de plazos.

Se discutieron los artículos 26 y 27.

En particular, el artículo 27 pretendía establecer sanciones directas a los jefes de servicio por incumplimiento de plazos, con impacto en sus remuneraciones.

En su reemplazo, se fortaleció el artículo 26 como mecanismo general de responsabilidad. Se señaló también que el cumplimiento de metas de plazo deberá incorporarse a los programas de mejoramiento de la gestión (PMG) y ser monitoreado mediante plataformas con trazabilidad en tiempo real.

7. Digitalización y expediente electrónico único.

La Comisión ajustó el artículo 38 para establecer que el expediente electrónico será la única versión válida en los procedimientos administrativos. Esta norma obliga a todos los órganos sectoriales a operar bajo plataformas digitales interoperables, eliminando el soporte papel y permitiendo trazabilidad en tiempo real.

8. Causales de archivo y debido proceso.

La Comisión perfeccionó el artículo 44 con el fin de evitar arbitrariedades en la decisión de archivar solicitudes. Se delimitaron con mayor precisión las causales y se incorporaron estándares de debido proceso estableciendo la obligación de notificar adecuadamente al solicitante y permitiéndole ejercer su derecho a subsanar antes del cierre definitivo del procedimiento.

9. Coordinación con fiscalización ambiental.

El artículo 52 fue reformulado para establecer una coordinación efectiva entre la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y los procedimientos de fiscalización ambiental, particularmente en el caso de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se establece expresamente que las competencias de fiscalización ambiental no se verán alteradas por esta ley, pero deberán ejercerse de manera coherente con las autorizaciones otorgadas, evitando duplicidades, contradicciones o nuevas exigencias que afecten la certeza jurídica de los titulares.

10. Vinculación con incentivos de gestión pública.

El artículo 120 introduce modificaciones a la ley N° 19.553, incorporando una obligación para que los servicios responsables de entregar autorizaciones sectoriales consideren, al definir sus metas e indicadores en los programas de mejoramiento de gestión y convenios de desempeño, las recomendaciones de la oficina Súper .

11. Innovaciones en disposiciones transitorias.

Artículo primero: se fijó el plazo de entrada en vigencia de ciertas disposiciones (cuatro meses), permitiendo una implementación y sujeta a la dictación de reglamentos.

Artículo tercero: establece que la oficina Súper comenzará a operar desde la publicación de la ley, aunque algunas de sus funciones quedarán condicionadas a la entrada en vigencia de su reglamento.

Artículo vigésimo octavo: regula la puesta en marcha de la plataforma electrónica unificada, estableciendo su carácter obligatorio y los plazos para su implementación.

Artículo vigésimo noveno: fija un plazo máximo de seis meses para la dictación de los reglamentos necesarios, especialmente en materia sanitaria. Aunque el Ejecutivo propuso extender este plazo a nueve meses, la Comisión decidió mantenerlo, subrayando la urgencia de la implementación normativa.

Nuevo artículo trigésimo quinto: se incorpora una disposición que obliga a todos los órganos con facultades de autorización a remitir al Ministerio de Economía un inventario completo y actualizado de los permisos que administran, incluyendo su fundamento legal o reglamentario.

Resumen de acuerdos

Para resumir los acuerdos, puedo señalar que la Comisión aprobó las normas sobre las cuales se pronunció por la unanimidad que en cada caso se consigna en su informe, salvo en lo relativo a las enmiendas efectuadas en el artículo vigésimo noveno transitorio respecto del literal c) del inciso segundo, que fue aprobado por 3 votos a favor, l en contra y l abstención, y el inciso tercero, que fue aprobado por 4 votos a favor y l abstención.

En conclusión, señor Presidente , la Comisión de Hacienda constató que el proyecto constituye un avance en cuanto a la estandarización de procedimientos, la digitalización obligatoria de los trámites y la adopción de herramientas como la declaración jurada para simplificar autorizaciones de bajo riesgo.

Sin embargo, también se evidenciaron debilidades estructurales persistentes en el diseño institucional propuesto, particularmente en lo que respecta a la capacidad efectiva del Estado para fiscalizar, corregir o sancionar a aquellos órganos sectoriales que incurran en prácticas arbitrarias, dilaciones injustificadas o duplicación de requisitos.

La creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (conocida como "Súper") es un paso correcto, pero su rol sigue siendo más bien de coordinación y recomendación técnica, sin facultades vinculantes sobre los servicios públicos que incumplan sus obligaciones.

La trazabilidad en tiempo real y la digitalización del expediente son avances, pero carecen de un mecanismo coercitivo que obligue al cumplimiento de plazos o que habilite una intervención correctiva cuando un servicio actúe fuera de la ley o contra los principios del sistema.

Por ello, se considera que este proyecto de ley sienta una base necesaria, pero aún insuficiente...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se reactiva por indicación de la mesa)... si no se complementa con una institucionalidad, con atribuciones, control externo efectivo, herramientas de intervención rápida y una contraloría que haga efectivas las responsabilidades.

Creemos que se ha hecho un buen trabajo, Presidente, con el Ejecutivo; agradecemos su disposición y, por cierto, toda la colaboración de la Segprés y de los equipos de cada uno de nuestros colegas.

Por todo lo anterior, la Comisión recomienda aprobar este proyecto.

El señor WALKER.-

Presidente , quiero anunciar desde ya mi voto favorable a esta ley marco de permisos y autorizaciones sectoriales, y que introduce modificaciones en diversos cuerpos legales.

Quiero partir por felicitar al presidente de la Comisión de Economía , senador Rojo Edwards ; a la presidenta de la Comisión de Hacienda , senadora Ximena Rincón , y al ministro Nicolás Grau , porque se logró un acuerdo fundamental en tiempos en que nuestra economía tiene que volver a crecer.

El problema en Chile no es que los empresarios no quieran invertir; el problema es cuando los empresarios, nacionales y extranjeros, quieren invertir, arriesgan su capital, pero se ven enfrentados a una serie de trabas burocráticas.

La idea -y lo han dicho muy bien los senadores informantes, así como el ministro de Economía , más de una vez- no es rebajar los estándares ambientales, sectoriales, sanitarios, regulatorios, sino que, con los mismos estándares, evitar la duplicidad de permisos y acortar los tiempos de tramitación.

Cualquier ciudadano de la región de Coquimbo que esté atento a esta discusión en el Senado de la República puede preguntarme: "Senador, ¿y en qué afecta o en qué beneficia este proyecto a nuestra región?".

Y si yo le digo a ese ciudadano de la región de Coquimbo que hoy día, por los permisos sectoriales, una planta desaladora como la que se está licitando en el sector de El Panul para abastecer de agua para consumo humano a las comunas de Coquimbo y de La Serena, se demora ocho años y un mes, y que con este proyecto se van a reducir los tiempos de tramitación a seis años (es decir, un 34 por ciento menos de tramitación, solo en permisos sectoriales), o si le digo a ese mismo trabajador o trabajadora de la región de Coquimbo que hoy día un proyecto minero se demora en su tramitación nueve años y dos meses, en promedio, y que con este proyecto se va a demorar cinco años y once meses, (45 por ciento menos, solamente en reducción sectorial), sí va a entender de lo que estamos hablando.

Actualmente -lo dijeron muy bien el senador Edwards y la senadora Rincón-, existen más de trescientas ochenta autorizaciones que deben tramitarse en treinta y siete servicios públicos distintos.

No quiero hacer mención del silencio administrativo positivo al que ya se refirieron el senador Edwards y la senadora Rincón; tampoco a las declaraciones juradas, que permitieron destrabar la aprobación de este proyecto en la Comisión de Economía, sino a algo fundamental que explica cómo se va a lograr reducir los plazos sin rebajar los estándares y que dice relación con los permisos mixtos, los permisos ambientales sectoriales.

La Ley Marco excluye los permisos tramitados íntegramente dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que estamos discutiendo en otro proyecto, pero regula los permisos ambientales sectoriales (PAS), aplicables a proyectos que ingresan al sistema. Ahí la idea es que la resolución de calificación ambiental actúe como un acto administrativo único que contenga las autorizaciones sectoriales evaluadas ambientalmente.

Por eso resulta fundamental la indicación que introdujo la senadora Rincón en el artículo 4, letra a), para establecer que los órganos sectoriales no podrán solicitar información sobre requisitos ambientales ya evaluados, ni denegar los correspondientes permisos en razón de dichos requisitos, ni imponer nuevas condiciones o exigencias que no sean las establecidas en la resolución de calificación ambiental correspondiente y que deberán circunscribir su evaluación y pronunciamiento estrictamente a los antecedentes no ambientales acompañados a la solicitud.

Le pido un minuto más, Presidente , si fuera posible.

Se trata, en definitiva, de no duplicar los mismos permisos, como lo ha explicado una y otra vez el ministro de Economía , Nicolás Grau ; se trata, en definitiva, de avanzar hacia un sistema mucho más racional de permisos sectoriales.

Eso es lo que busca este proyecto.

Yo supongo, Presidente, que los senadores oficialistas, los senadores de gobierno, los candidatos presidenciales del oficialismo tuvieron un debate sobre esto mismo, sobre los permisos sectoriales, sobre la permisología, y se comprometieron, en sus futuros eventuales gobiernos -espero que no suceda-, a reducir estos permisos.

Bueno, Presidente , hoy día hay que poner los votos donde se ponen las palabras, para que no ocurra lo que ocurrió en la otra ley de permisos sectoriales de Hacienda, donde el Gobierno se autovetó a sí mismo.

El señor KUSCHEL.-

Gracias, Presidente.

Me estoy enterando de una infinidad de aspectos de este proyecto gracias a los senadores informantes. Es sumamente voluminoso y lo que quiero hacer es llamar la atención sobre algunos que me preocupan desde la perspectiva de mi región.

En primer lugar, en mi región ha caído la inversión pública y privada, atrasada por esta infinidad de permisos. Como decía el senador Walker , son trescientos ochenta y siete autorizaciones que emiten treinta y siete servicios u oficinas.

Al caer la inversión, estamos estancados en crecimiento; el país está estancado en crecimiento y actualmente solo tiene cierto crecimiento gracias a la minería.

En materia de empleo hoy día estamos, en total, en un 8,8 por ciento; más del doble, casi el triple de la tasa que teníamos habitualmente. Únicamente el desempleo en mujeres es del 10 por ciento y más.

La inflación no ha dejado de aumentar y el poder adquisitivo de nuestras familias ha disminuido.

El crecimiento per cápita, que llegó a ubicarse en niveles de cerca del 6 por ciento en el año 1997, empezó a bajar hasta llegar, por diez años, a cerca del cuatro y tanto por ciento entre los años 2013-2014, cuando se redujo a niveles inferiores al 3 por ciento.

Ahora, después del estallido, nos hemos instalado entre un 1 y un 2 por ciento de crecimiento por todos estos aspectos.

Aquí se ha señalado que vamos a tener principios y criterios de costo-efectividad.

Yo creo que, además de todo esto que estoy mencionando y criticando, hay un excesivo centralismo. En mi región no hay grandes empresas que puedan resistir siete, ocho, diez años de atraso en los permisos. Las grandes empresas están en Santiago y es en Santiago donde resultan estas autorizaciones. ¡En mi región no resultan! Se demoran los permisos medioambientales; la gente incluso ha dejado de solicitarlos. Como somos productores de alimentos, de mar, tierra, agua, la gente se ha decepcionado.

Hay infinidad de permisos llamémoslos "ambientales" y "permisos culturales".

A través de este Senado he solicitado varias veces que se nos informe el valor, el monto de las inversiones que están atrasadas y pendientes por estos permisos.

Me parece bueno lo que se está haciendo -anuncio desde ya mi voto a favor- en materia de estandarización, en materia de facilitación; porque las cosas no son estandarizadas: son difíciles, son imprevisibles. Estos permisos no son previsibles; no son proporcionales -en algunos casos sí, en otros no-; son sumamente complejos administrativamente. ¡Ojalá que se simplifiquen! Y son inconvenientes desde el punto de vista costo-efectividad, como lo señalé.

Anuncio mi voto favorable.

Confío en lo que aquí se ha dicho, pero mi experiencia es que, cada vez que hablamos de modernización, en realidad significa atraso; racionalización en realidad significa irracionalidad. Ojalá que ahora esté equivocado.

No obstante, expreso mi confianza en todo lo que aquí he escuchado y espero que esto resulte.

Fíjese, Presidente, que la doble vía a Valdivia sigue paralizada.

¡La doble vía a Villarrica!

¡La ruta a El Tepual, en Puerto Montt!

La ruta Puerto Montt-La Vara-Alerce-Puerto Varas, ¡paralizada!

¡Todo paralizado, por diversas razones! ¡Años!

El puente de Chacao se llamaba "Puente Bicentenario". Así lo iba a bautizar el Presidente Lagos en el 2010. ¡Estamos en el 2025 y con el puente atrasado para el 2032!

Así que espero que avancemos, Presidente.

Gracias.

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidente.

Saludo al ministro .

Cuando los gobernadores dejan de tomar decisiones, son el país y sus habitantes quienes lamentablemente sufren las consecuencias.

Este ha sido el catalizador de la burocracia, que hoy llamamos más elegantemente "permisología": una enfermedad burocrática enquistada en el aparataje estatal que, lejos de servir al ciudadano y promover el bien común, se transformó en un obstáculo, amenazando el desarrollo económico del país, y que en el año 2023 significó una pérdida de 1.958 millones de dólares, y en el 2024, unos 2.200 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor del 0,7 por ciento del PIB.

Tenemos proyectos paralizados desde hace diez años o más. Por eso hace un tiempo presenté una iniciativa para que los proyectos que se declaren de seguridad nacional y sean aprobados por el Presidente de la República y el Cosena salten todos los procesos para realizarse a la brevedad. No puede ser que la ampliación del puerto de San Antonio haya estado ¡diez años en trámite! ¡Es una vergüenza! Esto no puede pasar. Son temas de seguridad nacional.

A esto debemos sumar una extrema ideologización de la regulación, especialmente la ambiental, fomentada por ONG inescrupulosas, muchas de ella financiadas por organizaciones y países que solo buscan hacernos menos competitivos y que han venido por años paralizando y judicializando cuanto proyecto surgía, sin asumir ninguna responsabilidad por este comportamiento.

Por eso hay que destacar casos como lo ocurrido en Dakota del Norte, donde se condenó a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa que construye un oleoducto por la incitación a protestas que degeneraron en vandalismo, lo que debe ser una advertencia y aprendizaje para nuestro país.

Señor Presidente , este proyecto va en la línea correcta para hacer más eficiente al Estado, al reemplazar permisos por declaraciones juradas; al avanzar en una plataforma única de tramitación digital; al establecer el silencio administrativo positivo cuando trascurren los plazos que tenía la administración para adoptar su decisión; al sancionar a funcionarios que incumplan plazos, y al crear procedimientos ágiles para proyectos estratégicos.

Pero esto no es todo, aún queda mucho trabajo si queremos recuperar el crecimiento. Falta adoptar ciertas medidas, sobre todo ante la excesiva regulación ambiental y la escasa objetividad de los funcionarios que integran dichas instituciones.

Espero que con este proyecto demos un paso decidido para retomar la senda del crecimiento, la inversión y el desarrollo del cual nos hemos desviado, y así podamos entregar mayor certeza y confianza a los futuros inversionistas para generar proyectos y obras que impacten positivamente en la calidad de vida de todos los chilenos.

Gracias.

El señor QUINTANA.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que este debate es importante, pues se trata de una iniciativa muy necesaria.

Me parece bueno destacar la presencia del ministro Grau, pero también quiero relevar todas las horas de trabajo intersectorial que hubo desde las comisiones del Senado, de Hacienda y de Economía, de muchos otros senadores, y también de otros servicios, entiendo que de la DGA, las DOM y municipios.

Se escuchó a mucha gente, por lo tanto, aquí hay un trabajo serio.

Creo que este Gobierno, sin duda, va a ser recordado, entre algunas iniciativas en el área económica, por este proyecto. La pregunta es quién iba a pensar que durante esta Administración se iba a resolver un tema de larga data, respecto del cual distintos sectores empresariales, y con razón, sectores políticos de distinto lado, venían emplazando paulatina y sostenidamente al Ejecutivo para aprobarlo. Y, por lo mismo, considero que es importante la manera en que se está resolviendo.

Un colega recién dijo que los tiempos de tramitación se van a reducir entre un 30 y un 70 por ciento respecto de los plazos en que hoy día se resuelven. Por tanto, este es un incentivo concreto a la inversión. Pero al mismo tiempo, Presidente , es un incentivo a la formalización.

Esta ley marco va a beneficiar a personas naturales y a personas jurídicas. O sea, si alguien requiere un trámite de una DOM, bueno, el Senado ha dispuesto una iniciativa en esa dirección y hemos aprobado recientemente otro proyecto similar. Pero aquí, básicamente, si una persona quiere ampliar su casa, quiere optar...

(Rumores).

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Silencio, por favor.

El señor QUINTANA.-

No hay problema, Presidente .

Decía que si alguien quiere optar entre buscar el "camino rápido" pero informal e ilegal, saltándose los permisos correspondientes, y hacerlo por la vía formal, reduciendo los plazos, yo creo que ahora va a tomar este segundo camino.

Y qué decir del turismo. Yo soy representante de la región de La Araucanía, donde el turismo es una industria fundamental, que da empleo, como el ministro conoce muy bien, a cientos de personas. Por ejemplo, para la gastronomía de Temuco, para los restoranes de las zonas lacustre, cordillerana, costera, precordillerana, va a significar que un plazo de permisos de ocho meses se va a reducir a dos meses. Entonces, es una invitación a utilizar el camino de la formalidad.

Eso en lo sustantivo, en el impacto que este proyecto puede generar, pero también desde un punto de vista político.

Recién un colega decía que es el momento de saber cómo el discurso llega a la realidad. Bueno, esta mañana dos candidatas se enfrentaron respecto a estos temas: la candidata Evelyn Matthei y la candidata Carolina Tohá , nada menos que en Icare, frente a sectores empresariales, productivos. Y el mensaje, por lo menos, de la exministra Tohá fue bastante claro en este sentido, y por eso yo creo que hay que ser coherentes en este aspecto.

Yo sé que hay otras discusiones sobre la permisología con base cero y como que todo empieza de nuevo, pero no sé si eso realmente, que es un poco lo que ha sostenido la candidata Matthei, es lo que da certeza en estos momentos.

Me parece que hoy día el empresariado, el inversionista, el pyme -a las pymes se les van a reducir más los tiempos: en un 70 por ciento, podría ser- necesitan certezas; y este proyecto va en esa dirección.

Insisto, creo que en la formalización esto es importante, para personas naturales y personas jurídicas.

Y, como muchas veces ocurre -y con esto voy terminando-, en esta discusión está presente un componente de modernización del Estado no solo en la intención de hacer más eficientes a los funcionarios públicos, que en su gran mayoría lo son, sino también en hacer más eficiente la gestión, como no duplicar papeles, porque a veces hay mucha iniciativa en algunos sectores, donde un funcionario por su cuenta, de motu proprio, puede decir: "Bueno, quiero insistir sectorialmente en un determinado permiso". Eso ya no se podrá hacer.

Es más, estas tramitaciones van a estar en línea incluso con la Contraloría. Si alguien quiere ponerse creativo y decir: "voy a insistir en pedir este papel", cuando está claro que en ese servicio, desde el punto de vista ambiental, ya están los antecedentes sobre la mesa, bueno, no podrá hacerlo.

Y a propósito de lo ambiental -sé que esto a todos nos preocupa-, este proyecto me parece equilibrado.

Algunos querían que estos permisos de declaración jurada fueran para todos. ¡No! En esto se logró un equilibrio importante. Es en otro proyecto de ley donde este Senado va a tener la palabra pronto -de hecho, ya la tiene-, para poder incorporar otras miradas que son particularmente muy importantes en lo ambiental.

Este proyecto es un avance relevante, este es el momento de definir si estamos o no estamos con la inversión, con el crecimiento, con el desarrollo.

Desde nuestro punto de vista lo estamos, claramente, y por eso lo respaldaremos.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo al ministro de Economía , Nicolás Grau , y valoro que estemos avanzando en este proyecto de permisos sectoriales.

Y lo primero que quisiera decir es que no estoy de acuerdo con el concepto de "permisología" que se ha instalado mediáticamente, porque es una especie de desprecio al estándar regulatorio.

Creo que hay que distinguir.

Se plantea acortar los tiempos; racionalizar el sistema de permisos sectoriales -creo que este proyecto avanza en esa dirección-; disminuir la burocracia innecesaria; apoyar y fomentar a las pymes, a las cooperativas, como sector económico sin las espaldas financieras ni los tiempos que puede tener un gran proyecto, una gran empresa para conseguir los permisos sectoriales requeridos. Y sabemos que las pymes aportan buena parte del empleo en nuestro país, por tanto, en ese sentido, hay muchas cosas que avanzan hacia un sistema de permisos sectoriales más racional.

Pero no es lo mismo lo que se instala en algunos discursos acá, en esta misma sala del Senado, o en los medios de comunicación, respecto a esta lógica de la permisología, como si todo estándar regulatorio en materia de protección de la salud de la población, en materia de protección del medioambiente, del ordenamiento territorial fuese algo que hay que despreciar y en que hay que retroceder.

Yo creo que ese es un debate que tenemos que dar, sobre todo quienes estamos o nos identificamos con el progresismo, con un desarrollo sostenible, donde exista crecimiento y desarrollo económico, prosperidad; pero que, al mismo tiempo, sea compatible con la justicia social, la redistribución de la riqueza y el desarrollo sostenible en términos del cuidado del medioambiente y el cuidado de la población.

Me parece que en eso no podemos retroceder en el debate público que se instala.

Porque acá mismo, en la sala del Senado, hay algunos colegas -por su intermedio, Presidente -, y también en los medios de comunicación, que señalan que poco menos que hay que eliminar cualquier estándar regulatorio en materia ambiental o de salud porque hay que apurar los proyectos.

Es un equilibrio que hay que cuidar.

Y me parece que también hay desinformación en el mundo de la sociedad civil cuando plantean que este proyecto va a tener efectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando aquello expresamente queda fuera, no se toca en este proyecto. Y eso también hay que señalarlo.

Asimismo, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana; todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia ambiental, a los tribunales ambientales, etcétera, es algo que no entra en este proyecto de ley. Y, muchas veces, se mete todo en el mismo saco y se confunde a la opinión pública, y es algo que no corresponde.

Esto impacta también a las inversiones públicas.

Pongo ejemplos concretos.

En la región de Valparaíso, la construcción del nuevo hospital de San Antonio, un hospital grande, moderno, hubo que hacerla por pisos, esperando las autorizaciones por piso, en una cosa que es irracional, en algo demandado por la ciudadanía durante mucho tiempo.

Vengo llegando hoy día de una visita a la Escuela Básica de Villa Independencia, uno de los sectores más afectados por el megaincendio en Viña del Mar, donde murió mucha gente víctima del incendio, cuya reconstrucción se está iniciando después de más de un año, apoyada por fundaciones de la sociedad civil, como Desafío y la Cámara Chilena de la Construcción, etcétera. Ese proyecto va a demorar más de un año en su construcción, y la burocracia que hubo que sacar adelante para conseguir los permisos para una escuela pública fue muchísima.

Entonces, me parece que, obviamente, tenemos que enfrentar este tema.

Creo que el ministro de Economía se ha metido en el proyecto con la Comisión de Economía, de Hacienda, en términos de racionalizar.

Estamos hablando de -acá está la cifra- trescientas ochenta autorizaciones sectoriales que son relevantes para la inversión, tramitadas en treinta y siete órganos de la Administración, de distintos sectores del Estado, lo que supone un desafío de coherencia, coordinación y eficiencia, que puede disminuir los tiempos entre un 30 y un 70 por ciento.

Pero -insisto- esto se debe hacer sin un retroceso en materia de estándar regulatorio para proteger la salud de la población y el cuidado del medioambiente, y este proyecto no toca el sistema de evaluación de impacto ambiental, en que Chile ha avanzado con una legislación consistente y de acceso a la justicia ambiental.

Voto a favor, Presidente.

Gracias.

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, saludo al señor ministro, que realmente es el gran operador de este proyecto. Y mis felicitaciones, porque realmente hizo un gran trabajo.

Saludo también a la ministra secretaria general de la Presidencia, que estaba por ahí.

Presidente , yo creo que este es un momento muy satisfactorio, y quiero decir, sinceramente, que a mí el término "permisología" no me gustaba, porque permisología es el vicio, es el problema que queríamos abordar, no lo que queríamos hacer.

Lo que queríamos hacer era recoger el llamado de mucha gente, de muchos empresarios, de muchos inversionistas, de la prensa, de todos los demás, que nos decían que los proyectos se estaban demorando demasiado en salir.

Y creo realmente que con esto se reducen sustantivamente los tiempos de aprobación de los proyectos, y ese es un gran resultado.

Si fueron necesarios los remezones, mejor aún.

Quiero decir que esta mañana, en la Comisión de Hacienda estuvimos examinando el otro proyecto, el de los permisos ambientales, que, por razones legales, no podía ser incluido en esta iniciativa y que, además, según los informes que tenemos, conversan, como se dice mucho, entre ellos, lo cual quiere decir que no vamos a tener choques entre el proyecto que estamos aprobando ahora y el que aprueba los permisos ambientales.

Nada es perfecto, pero pienso que se hizo un muy buen trabajo, Presidente .

Y quiero felicitar nuevamente al ministro, porque entendió, sobre todo, que lo que se necesitaba era un poco de realismo.

Si nos poníamos a discutir acerca de cómo eliminamos algún permiso o alguna cosa, se iba a poner muy difícil. Lo verificamos hace pocas semanas en este Senado, cuando un proyecto que tenía por objeto reducir tiempos en distintos sectores de la Administración Pública fue denostado por muchos senadores, que decían que esto tenía que ir necesariamente a su comisión.

Pienso que se entendió bien eso, por lo tanto, no se trató de eliminar, sino de apurar a través del sistema de declaraciones juradas, que probablemente no es lo que uno hubiera imaginado originalmente, pero que es la pieza central de esta legislación.

Por lo tanto, quiero también señalar que, más allá de los detalles, que se verán en la discusión en particular, este es un proyecto muy vivo e importante.

Y espero, sinceramente, que muy pronto podamos terminar de aprobar la iniciativa relacionada con los permisos ambientales y dejemos de lado la dificultad de que pasan años y años sin la aprobación de un proyecto.

¿Se han mantenido cuestiones? ¡Por cierto, que sí!

Como lo decía el senador Latorre, todavía queda una cantidad de permisos que hay que sacar, eso es cierto; pero ahora, por lo menos, tenemos un instrumento que nos permite abreviarlos y reducir sustantivamente el tiempo que se emplea, no sé si a la mitad, pero en una parte bastante sustantiva.

Yo voto a favor, Presidente . Y ojalá que podamos aprobar esto hoy día, y así decir que hemos terminado o reducido sustantivamente la "permisología", que, como digo, no la veo como el nombre del proyecto, sino más bien del mal que queríamos evitar.

Y aprovecho de decir que la presencia del presidente de la Comisión de Economía nos ayudó mucho en la Comisión de Hacienda, y fue algo fundamental. Y lo quiero agradecer aquí. Es algo que debería ocurrir cuando tratamos proyectos en dos comisiones o más, porque así nos evitamos una serie de dificultades y explicaciones que probablemente no habríamos resuelto estando solos.

La Comisión de Economía trabajó mucho más tiempo en este proyecto; la Comisión de Hacienda, quiero creerlo, perfeccionó las cosas que faltaban.

Y mis felicitaciones a los autores, Presidente .

Muchas gracias.

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidente.

Durante muchas décadas nuestro país fue un ejemplo de atracción, de crecimiento, productividad e inversión, y permitió que nuestra economía liderara el crecimiento de América Latina.

Y claramente, a partir de una época -podemos situarla diez años atrás-, probablemente por el sistema regulatorio, se generó una expansión sostenida en su exigencia, en su complejidad.

¿Qué es básicamente eso? Es el sentido de la burocracia.

¿Qué es la burocracia? Es el poder detrás del escritorio. Y esa definición es la que complejiza la actividad en la cual se debería velar por aquello que es indispensable y necesario.

Yo suscribo la reflexión de que no se trata de no tener permisos; la cosa es tener los permisos adecuados, y tener la garantía de que los temas se resuelvan en los plazos adecuados.

En algún tema, que hace poco apareció, solamente por burocracia o por subinversión o mala asignación, se han perdido más de 22.000 millones de dólares en materia de inversión en Chile. ¡Esa es una cantidad enorme!

Estamos hablando de una economía que crece al 2 por ciento. Hemos tratado de que sea un poco más, pero básicamente es el 2 por ciento.

¿Y de dónde viene el crecimiento? Básicamente de la inversión.

Cuando hay inversión -también tiene que ver con el empleo y la productividad, pero la palanca es la inversión-, se producen los crecimientos potentes a lo largo del tiempo.

¿Y qué influye principalmente en la inversión? Obviamente, un clima institucional adecuado, pero también las certezas de que los tiempos y las opciones en que se den o no se den los permisos sean previsibles.

Y eso es lo que ha estado fallando estrepitosamente en los últimos años en nuestro país, porque creyendo que se requieren más y más requisitos, se va ahogando la posibilidad de hacer gestión.

Y creo que este proyecto -no es que sea un instrumento total, porque hay temas que abordar hacia delante- es un paso bien significativo. En el fondo, es plantear un Estado habilitante, un Estado que tiene que facilitar, acompañar y coordinar la tramitación.

Pienso que hay algunas cosas especialmente importantes: la consolidación de la plataforma Súper (Sistema Unificado de Permisos) como ventanilla única; la incorporación de técnicas habilitantes alternativas para procedimientos simplificados (las declaraciones juradas, en lugar de hacer largos trámites, son un avance enorme); o el régimen especial de la tramitación ágil de proyectos estratégicos.

En cuanto a lo último, no parece aceptable que cuando el país estime que hay algo estratégico, la burocracia haga imposible en la práctica la inversión privada y pública.

Lo hemos visto en parte con las desaladoras, en que, habiendo regiones que están agobiadas por la falta de agua, un proyecto que en todas partes del mundo se demora tres años, aquí toma nueve. Y no por ineficiencia, sino por superposición de trámites, algunos de los cuales impiden el desarrollo consecuente de otros.

Y ahí es donde estamos cayendo en un tráfago que, al final, genera esta palabra que podrá estar bien o mal, pero es gráfica: la permisología. Concuerdo en que puede no ser la más estricta, pero obviamente significa el agotamiento que se produce cuando el permiso pasa a ser una forma en sí misma de impedir acciones que promuevan la inversión y el crecimiento.

Ahora, esto tiene mucho que ver con cómo enfrentamos la dispersión institucional hacia delante; cómo robustecemos las capacidades técnicas; cómo generamos también un cambio cultural en la Administración Pública, en los municipios, para que no se crea que postergar una decisión es bueno o no. En este sentido, que Chile sea conocido como uno de los países que más permisos exigen no es la mejor forma de defender nuestro prestigio.

Creo que hay muchas cosas que hacer para delante: patrimonio cultural, Consejo de Monumentos Nacionales, institucionalidad ambiental, concesiones marítimas. Hay que abordarlas a la mayor velocidad porque son parte de un todo.

Pero no me cabe duda de que este paso es importante.

Y haciéndome cargo de lo que señaló el primer senador oficialista que hizo uso de la palabra, creo que es cierto. Costaba imaginar que en este Gobierno pudiera hacerse algo así. Pienso que cuando uno se tropieza con las piedras es importante enmendar el camino. Y bienvenidos los que enmiendan el camino.

He dicho, Presidente .

El señor DE URRESTI.-

Gracias, Presidente.

Honorable Sala, hemos escuchado distintas opiniones a propósito de un proyecto largo y extenso.

Yo valoro la discusión, valoro los aportes que se han realizado y valoro que lo abordemos.

Pero tengo preocupación.

He militado siempre en el ambientalismo, he bregado siempre por respetar a rajatabla el principio de no regresión y el principio preventivo, que son normas fundamentales de nuestra Ley Marco de Cambio Climático. Y creo que este proyecto, bajo el noble pretexto de agilizar la tramitación de permisos, pone en riesgo principios fundamentales del derecho público, del derecho ambiental y de la propia institucionalidad sectorial del Estado.

Lo que aquí se está proponiendo, y en muchos casos aprobando en bloque, es una desregulación sistémica, que puede parecer una técnica neutra o sin consecuencias, pero que a mediano y largo plazo tendrá efectos profundos, negativos, especialmente en materias ambiental, sanitaria y territorial.

Quiero dejarlos consignados porque la historia de la ley se registra.

Y deseo ser enfático: no estamos votando simples normas de procedimiento, por lo que es importante seguir el debate en detalle. Estamos votando si queremos un país que renuncie a su capacidad de prevenir conflictos socioambientales, de fiscalizar de forma efectiva y de proteger bienes comunes esenciales como el agua, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y nuestros bosques nativos.

Este Senado no puede aprobar una ley, sin una discusión profunda, que permita ejecutar proyectos sin autorización previa del Estado, como lo hace el artículo 139º bis del Código de Aguas, simplemente mediante una declaración jurada firmada por un privado. Esa es una vulneración del principio de no regresión.

Esto no es modernización administrativa; esto es abdicar del deber estatal de resguardo del interés general, cosa que hemos denunciado.

Si el Estado no revisa previamente un proyecto que va a intervenir un cauce, un borde costero, un bosque nativo, entonces, ¿para qué existe la institucionalidad sectorial?

Hoy se pide que votemos por técnicas habilitantes alternativas -reitero: técnicas habilitantes alternativas-, como el aviso o la declaración jurada, que eximen de autorizaciones a actividades que pueden generar impactos acumulativos e irreversibles. Y todo esto ocurre mientras seguimos teniendo una Administración Pública con capacidades de fiscalización limitadas.

Esta es una receta que puede conducir al abuso y no a la eficacia.

Se nos presenta también la posibilidad del silencio administrativo positivo -y en esto le pido al ministro tomar atención- en materias donde hay bienes jurídicos colectivos involucrados.

¿Vamos a permitir que, por no haber resuelto a tiempo una solicitud, se aprueben tácitamente proyectos que podrían afectar la salud, el medioambiente o los derechos de comunidades locales?

Lo repito con fuerza: la omisión del Estado nunca puede ser equivalente a una autorización legal. Pero eso es lo que estamos consignando en esta legislación.

Y por eso quiero señalar con total convicción que pediremos la votación separada de los artículos que presentan retrocesos graves en protección ambiental y social:

-El artículo 105, que busca rebajar plazos en áreas protegidas bajo la supervisión del SBAP.

-Los artículos 113 y 114, que permiten que actividades de pesca y acuicultura se instalen en bienes nacionales de uso público sin autorización previa.

-El artículo 119, que debilita los controles sobre el bosque nativo, facilitando intervenciones sin tenencia formal ni control técnico efectivo.

-Y el artículo 85º del Código de Aguas, que atenta contra el principio de precaución y gestión sostenible del recurso hídrico.

Señor Presidente , estimados colegas, legislar también es anticipar; es evitar que lo que hoy parece menor o tecnocrático se convierta mañana en el origen de un conflicto territorial, en una catástrofe ambiental o en la vulneración de derechos fundamentales.

Por eso pido que pongamos atención y que hagamos la discusión detallada respecto de cada una de estas materias.

Soy el principal impulsor de destrabar proyectos, pero creo que la denominación "permisología" es una derrota cultural de quienes militamos en el progresismo y en la izquierda.

Lo que nosotros necesitamos es un Estado más eficiente, un Estado que realice sus funciones, que cumpla los plazos y que dé certeza jurídica para los grandes proyectos.

Planes estratégicos, como las desaladoras. ¡Claro que el país debiera tener un plan nacional para avanzar en esos proyectos, con visión y focalizados!, pero no pasando de contrabando normas relacionadas con la piscicultura, donde aún tenemos instaladas, señor ministro -por su intermedio, Presidente -, concesiones acuícolas en áreas protegidas y en parques nacionales.

Ese no es el estándar, y tampoco se trata acá.

Me hubiera gustado que se abordaran temas de fondo, donde podemos tener grandes consensos.

Por ejemplo, lo relativo al Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Tenemos que tramitarlo a través de una ley especial, una legislación que significa largo tiempo, cuando perfectamente podríamos haber hecho modificaciones?

Hoy día vemos las mayores paralizaciones producto de esta situación.

El hospital de La Unión -lo cito solo como un ejemplo-, lleva años detenido. ¡Consejo de Monumentos Nacionales!

La línea 7 del Metro: 73 mil millones de pesos -¡73 mil millones!-, por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Por eso, vamos a pedir la votación separada de cada uno de los artículos mencionados.

Debemos entender que el principio preventivo es un elemento fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.

El señor EDWARDS.-

Gracias, Presidente.

Escuché con atención al senador que me antecedió. Yo tenía pensado decir otra cosa, pero con esto deberé cambiar un poco.

El proyecto no contempla una desregulación de absolutamente nada. ¡Nada! El estándar regulatorio se mantiene completo, en contra de lo que me hubiese gustado a mí, para ser franco. ¡Pero acá no hay ninguna desregulación! No sé de qué se está hablando.

Hay cosas que este proyecto es y cosas que este proyecto no es.

¿Qué es este proyecto?

Por una parte, incorpora la tramitación paralela y no secuencial.

Es la tramitación del mismo permiso, no hay ninguna baja del estándar regulatorio. ¡En nada! Simplemente se pueden hacer a la vez. Punto.

¿Eso implica una reducción de tiempo? ¡Claro!, porque si tengo que solicitar dos permisos y la tramitación de cada uno se demora siete meses, bueno, en vez de catorce meses, probablemente puedo sacar ambos en siete meses, es decir, el tiempo se reduce a la mitad.

Tramitación paralela. No baja el estándar regulatorio.

Por otro lado, hay un fortalecimiento -lo que hizo la Comisión- de las técnicas habilitantes alternativas.

Efectivamente, se mencionó el artículo 139º bis, que está en la página 319 del comparado. ¿Pero qué dice allí? ¿Qué es una declaración jurada? Para algo que tiene bajo riesgo, algo chiquitito, algo donde en realidad no necesitas que vaya una persona del Estado a revisarlo, tú puedes hacer una declaración que diga que cumples con la normativa. No hay rebaja de estándar regulatorio, cumples con la normativa y puedes avanzar. ¡Y después puedes ser fiscalizado! Y si mentiste, entregaste datos falsos u omitiste algo esencial, se te revoca el permiso y puedes terminar en la cárcel.

¡No hay un cambio de estándar regulatorio!

Ahí está, por ejemplo, la declaración jurada. ¿Qué va a permitir la declaración jurada y por qué es tan importante? Hará posible que los órganos sectoriales no se preocupen de las cosas chicas y que puedan dedicarse a las cosas que requieren mayor análisis.

Por lo tanto, ese atasco de gran cantidad de trabajo que hace que todo se atrase a niveles de 300, 400 o 500 por ciento en promedio -por ejemplo, lo que pasa en la DGA- no ocurrirá, porque las cosas chicas no requerirán profesionales que revisen, pero sí podrán ir a fiscalizar.

Por eso creo que las técnicas habilitantes alternativas, que son los avisos y las declaraciones juradas, son unas de las modernizaciones más importantes, que no afectan, en este caso, el estándar regulatorio.

A mí me hubiera encantado que se hubiese hecho algo con el Sistema de Evaluación Ambiental, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque se respetó que eso se viera en la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, el proyecto no tiene nada ambiental. Yo, de verdad, lo quiero decir: a mí me hubiera gustado incorporarlo, pero simplemente no está.

¿Qué sí hicimos?

Por ejemplo, la fijación de principios como la estandarización. ¿Quién puede estar en contra de que se estandaricen las cosas? O sea, si usted va a pedir un permiso para instalar un restaurante, que ese trámite sea igual en La Serena o en Coquimbo. Eso no cambia, simplemente, se estandariza, se conoce previamente. Uno sabe con exactitud qué es necesario solicitar para abrir un restaurante. Y si quiere abrir tres restaurantes, podrá hacer el mismo trámite para llevar adelante proyectos similares. Eso es la estandarización.

A la vez, se incorpora la simplificación. ¿Para qué vamos a hacer las cosas más complejas si se pueden hacer más simples?

Se consideran la proporcionalidad, el costo-efectividad y que el proceso sea previsible. Obvio, porque lo que se necesita para una inversión es que las cosas sean previsibles.

Se consagra un régimen de estabilidad regulatoria. ¡Estabilidad regulatoria! ¡No es que se baje el estándar! No hay una rebaja, simplemente se le dice: "Cuando usted toma la decisión de inversión, esas son las reglas del juego. Entonces, una vez que usted tenga la resolución de calificación ambiental, se le van a respetar las reglas del juego de cuando usted partió". O sea, cuando entregó el estudio de impacto ambiental o la declaración de impacto ambiental, esas son las reglas del juego que le corresponden. Esto es clave para que haya más inversión. Pero acá no hay una diferencia regulatoria.

Se hace mención a los silencios. En la Comisión de Economía nosotros ni siquiera redujimos los plazos. Y, efectivamente, la mitad de los silencios van a ser silencios negativos y la otra mitad, silencios positivos. Pero eso tampoco rebaja el estándar regulatorio; simplemente está diciendo: "Oiga, ¿sabe qué más?, necesitamos que haya un tiempo de respuesta del Estado más o menos conocido para hacer una inversión".

También está, por cierto, lo que se propone respecto de Súper, en el sentido de que se instala una ventanilla única en que se obliga a todos los organismos del Estado a interoperar. Es un gran avance porque toda la información va a estar contenida en este sistema.

Por lo tanto, se avanza en muchas cosas.

Me hubiese gustado también avanzar en el Consejo de Monumentos Nacionales; me hubiese gustado también avanzar respecto a qué pasa con los organismos jurisdiccionales. Pero no se puede hacer todo en un proyecto de ley.

Eso no está contenido en la normativa y, en consecuencia, quedará para otras iniciativas.

Pero lo que sí logramos es un avance en cuanto a los permisos sectoriales, pero sin reducir el estándar regulatorio; sin tocar la parte ambiental; sin ni siquiera modificar lo que hace el Consejo de Monumentos Nacionales durante la tramitación ambiental; y sin tocar los organismos jurisdiccionales respecto de estos juicios eternos, que hacen que muchos no quieran invertir en Chile porque sienten que se podría judicializar el proyecto y terminar en mucho tiempo más, con lo que la inversión deja de ser atractiva. Chile está perdiendo una cantidad de inversión muy grande por ello.

Por último, Presidente , llevamos una década estancados. Y si usted le pregunta a cualquier persona que esté pensando en invertir en Chile, le va a señalar que el problema número uno es la permisología, porque los permisos están completamente inorgánicos, se escaparon de control. Y con este proyecto por lo menos se da un marco para que se racionalicen, sin tocar absolutamente nada del estándar regulatorio.

Entonces, yo hago un llamado a que por lo menos ese argumento no sea considerado para efectos de las votaciones.

Muchas gracias.

El señor GALILEA.-

Muchas gracias, Presidente.

Este proyecto es muy bueno para nuestro país.

Quiero felicitar tanto al ministro de Economía , que se encuentra presente, como a los senadores que han participado en la Comisión de Economía y en la Comisión de Hacienda, por los esfuerzos en sacar adelante una iniciativa de esta importancia.

Hace no tantos años, probablemente, hubiera sido imposible un proyecto así. ¡Imposible! Y sacarlo adelante es reflejo de una madurez de todos los sectores políticos para que efectivamente podamos avanzar.

Recuerdo hace seis años, siete años, cuando respecto de un pequeño esfuerzo, relativo a las pertinencias, ¡las pertinencias!, en las declaraciones de impacto ambiental o en los estudios de impacto ambiental, fue imposible avanzar, ¡imposible de avanzar! ¿Por qué? Porque no existían consensos, particularmente de quienes entonces eran oposición y ahora son Gobierno, de lo relevante de este tema.

Por lo tanto, quiero partir haciendo ese reconocimiento de que por fin Chile encontró la madurez y un punto de vista común, una evaluación común, de lo importante que es avanzar en eficiencia del Estado. Le llamamos "permisología", pero en realidad estamos hablando de "eficiencia del Estado".

Que hoy día vayamos a tener la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dependiente del Ministerio de Economía, que velará por que el aparato estatal funcione, es un paso adelante; es subir el estándar a los empeños de Gobiernos anteriores respecto de esto, pero que no tenían rango legal. Ahora, pasan a ser de rango legal.

Aquí, y me hago eco de lo que señalaba el senador Edwards , no hay ninguna baja de estándar regulatorio -¡ninguna baja de estándar regulatorio!-. El estándar regulatorio es exactamente el mismo de siempre.

El que exista el valor del silencio administrativo, si no contesta un servicio, ¿es bajar el estándar regulatorio? En ningún caso.

¿Qué se debe hacer cuando un servicio lisa y llanamente no contesta; se le vuelve a insistir y no contesta? ¿Nos quedamos inmóviles? Lo lógico es que eso tenga un efecto jurídico. Y esto le da el efecto jurídico que corresponde de acuerdo con la ley general.

Cuando se permiten trámites paralelos, ¿hay disminución de estándar regulatorio? No hay ninguna baja de estándar regulatorio. Simplemente se ahorra tiempo y se permite que los titulares de proyectos avancen simultáneamente en un montón de autorizaciones en las que demorarían años y años.

Llegamos a un consenso respecto de que los jefes de servicio tengan responsabilidad y, eventualmente, sean sancionados con una parte de su remuneración -creo que hasta el 20 por ciento- si no cumplen con los plazos establecidos en la ley. Esto también pone un estándar de eficiencia muy distinto para el Estado.

Para todos quienes hoy día tratan de que se aprueben sus proyectos es demasiado notorio que al funcionario público ni le va ni le viene que algo resulte o no, que se apruebe en tres meses o en tres años. Y lo que busca esta iniciativa es lograr que haya una mínima coherencia, un mínimo de empatía entre lo que hace el funcionario público y lo que trata de hacer el empresario, el emprendedor, que pide autorizaciones al Estado.

Por eso, tengo gran expectativa, Presidente, de que este proyecto, junto al que modifica buenos aspectos del trámite ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental, cambie efectivamente para bien lo que son las autorizaciones en Chile.

Un importante tema de encuentro entre este proyecto y el de tramitación ambiental se refiere a que todos los PAS (permisos ambientales sectoriales) deberán estar establecidos al momento de dictarse la resolución de calificación ambiental favorable.

Es un avance gigantesco que la resolución de calificación ambiental (RCA) de los permisos ambientales contenga todos los permisos ambientales sectoriales y que no haya que, después de todo el trámite ambiental, perseguir permisos que fueron ya evaluados ambientalmente, y, por supuesto, la prohibición de pedir antecedentes adicionales.

Así es que...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).

Presidente , treinta segundos, para terminar.

Solo quiero finalizar estas palabras ratificando lo que muchos han dicho: este es un paso muy muy importante. Vale la pena este proyecto. No hay que mirar fantasmas donde no existen. Esto no disminuye regulaciones ni estándares ambientales. Lo único que busca, en palabras muy simples, es que haya un mínimo de empatía desde el sector público hacia el sector privado a la hora de emprender.

El señor MACAYA.-

Gracias, Presidente.

Creo no equivocarme cuando digo que este proyecto probablemente va a tener un gran impacto económico y será el más significativo en un área donde, debo reconocer, se ha criticado muy fuertemente el manejo económico por parte de la oposición hacia el Gobierno. Quizá dejando de lado la reforma de pensiones, que es un cambio estructural y que aborda otra temática social muy relevante, me parece que será la gran iniciativa económica que va a ser aprobada durante el actual Gobierno.

Por eso, quiero partir felicitando los cambios de posiciones iniciales, un poco en la línea que se hablaba recién, de ver fantasmas donde no los había, y poner el eje en la posibilidad de reactivar nuestra actividad económica modificando el tema de los permisos.

Hoy Chile está estancado en una trampa que hemos construido nosotros mismos, la cual ha enmarañado el sistema con burocracia, con trámites y con desconfianza institucional. Hablamos de una trampa que ha impedido a nuestro país avanzar a la velocidad que lo estaba haciendo, con capacidad para generar proyectos de inversión, impulsar crecimiento económico y, por cierto, generar empleo.

Esa trampa se ha denominado "permisología", y este proyecto, mediante cinco grandes ejes, va a permitir agilizar la inversión y el empleo.

Hay un reciente estudio académico de la Universidad San Sebastián que establece que el 2024 Chile dejó de ejecutar proyectos por más de 2.200 millones, simplemente porque no fuimos capaces de aprobarlos a tiempo, lo cual significó 100.000 empleos menos -y es un dato objetivo-, en un país donde miles de familias necesitan estabilidad, ingresos y oportunidades.

No se trata de sacrificar el medioambiente, y en esto hay que ser bien tajantes -y reitero que no hay que ver fantasmas porque acá todos queremos que nuestro medioambiente sea protegido-, sino que debemos propender a que un proyecto no se demore días, meses, años en ser evaluado simplemente, como ocurre hoy, por los distintos estudios sectoriales que son requeridos, los cuales ahora se simplifican en ventanillas únicas, porque hay papeles que no debieran ser requeridos por distintas entidades del Estado, y algunos documentos serán solicitados solamente una vez.

La permisología ha restado competitividad a Chile en el escenario global, mientras otros países han avanzado en agilizar sus procesos. En tiempos de inteligencia artificial hay ejemplos evidentes de que se pueden evaluar grandes cantidades de datos y los funcionarios asociados a la evaluación de los antecedentes de proyectos tienen mejor tecnología a su disposición.

Y no podemos exigir productividad a nuestras empresas, que paguen impuestos, que generen empleo, si el Estado no está funcionando con la agilidad y coordinación necesarias. Cada mes que un proyecto se retrasa perdemos inversión, innovación y la oportunidad de competir en el mundo globalizado de hoy día, donde los capitales son móviles y se trasladan hacia otros lugares.

Este proyecto afecta directamente la calidad de vida de las personas, y por eso quiero ser tan tajante en decir que, cuando una iniciativa habitacional se retrasa o se demora por trabas administrativas, hay familias que siguen esperando, hay viviendas que suben de valor, y el sueño de la casa propia se esfuma; cuando una planta de tratamientos no se aprueba a tiempo, hay comunidades enteras que siguen conviviendo con la contaminación.

¡Vaya paradoja y contradicción evidente!

La permisología no es un problema simplemente técnico y economicista, sino un problema social que golpea al ciudadano común. No necesitamos más permisos, y hay que decirlo, sino que requerimos mejores instituciones, y que el Estado, en tiempos de inteligencia artificial, de tecnología, sea capaz de resolver más rápido. No se trata de cuántos permisos existen, sino de cómo se coordinan y cómo se fiscalizan dichos permisos.

Hoy los proyectos están enfrentando demasiadas ventanillas, dictámenes contradictorios unos con otros y decisiones políticas que no aportan a la certeza jurídica. Chile tiene administrativamente una oficina que es más discrecional, menos transparente, y que está más, probablemente, sujeta a los embates del lobby, de la desregulación. Es mucho más transparente contar con una institucionalidad precisa y menos discrecional para la autoridad de turno.

Por eso, reformar este sistema no significa desproteger el medioambiente, no significa aprobar por aprobar, sino modernizar y confiar en los servicios técnicos que pueda proporcionar el Estado. Regular mejor es gobernar con justicia. La permisología actual genera desigualdad de acceso al desarrollo. Las personas que pueden pagar las asesorías lo hacen, quienes no pueden simplemente se quedan rezagados. Esta reforma es un acto de equidad con el emprendimiento, con las regiones, con quienes hoy no tienen cómo navegar en un sistema que fue diseñado solo para aquellos que poseen los recursos. Aprobar esta reforma es un acto de responsabilidad, de desarrollo sostenible y de futuro.

Yo tengo la convicción profunda...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... de que Chile no puede seguir perdiendo oportunidades por miedo a simplificar, y no debemos confundir el control, que es necesario; la fiscalización, que es necesaria, con parálisis. Es posible tener un Estado riguroso, un Estado protector del medioambiente, pero que sea ágil y eficiente.

Hoy, más que una reforma, tenemos la oportunidad de destrabar el crecimiento y construir un nuevo trato entre el Estado, los ciudadanos y el desarrollo. Es hora de actuar con decisión, y por eso aprobamos este proyecto y felicitamos los cambios de posiciones históricas que muchas veces han manifestado miembros del propio gabinete del Ejecutivo que en este caso actuaron con una convicción que estimo necesario aplaudir.

Gracias, Presidente.

He dicho.

La señora PROVOSTE.-

Muchas gracias, Presidente.

Lamento que no esté acá el ministro , pero quiero señalar que este proyecto llegó al Senado hace ya ocho meses y ha generado un intenso debate en las Comisiones de Economía y de Hacienda. Sin embargo, subsisten aprensiones entre quienes queremos un adecuado equilibrio entre el rol de la evaluación técnica de los organismos públicos y los proyectos de inversión que desarrollan tanto el sector privado como el sector público.

He escuchado con atención las intervenciones de mis colegas y no dejo de sorprenderme que solo atribuyan al tema de los permisos el estancamiento económico. Si queremos hacer un análisis serio, a mí me parece que aquí los elementos centrales son de educación, de formación técnica y también de inversión del Estado, ninguno de ellos presente en esta discusión.

Lo que queremos colocar de manifiesto es que estamos muy convencidos de que no es posible debilitar el rol evaluador de las entidades públicas, y tampoco que aquí se hagan caricaturas respecto de que son precisamente obstáculos o barreras insalvables sus exigencias, y se argumente que lo relevante son las inversiones, y que incluso debieran rebajarse ciertos estándares de evaluación y algunas exigencias orientadas a proteger a las comunidades.

Me parece que el desafío como país es tener un sistema equilibrado en materia de protección del medioambiente y de las comunidades, que sea armónico con un país que diversifica sus inversiones, que promueve la transición energética en todo el aparato productivo y que genera empleos de mayor calidad.

No resulta razonable impulsar atajos o querer saltarse la fila, ni menos argumentar las necesidades de "motosierras" en materia de rebajar estándares de evaluación de los proyectos de inversión.

Me preocupa que la disminución de plazos para los organismos públicos no venga acompañada de un reforzamiento de profesionales y expertos evaluadores en esos servicios.

Se disminuyen los tiempos de respuesta. Pero del informe financiero del proyecto y de las indicaciones presentadas se observa que este no irroga mayor gasto fiscal, y se agrega que su implementación será con cargo a los recursos y dotación vigente de los órganos sectoriales involucrados, y a los recursos adicionales considerados para la implementación de la oficina que se crea en el Ministerio de Economía.

Presidente , hemos solicitado votación separada de los artículos 29 al 39 porque lo que hace este proyecto de ley es externalizar el apoyo técnico. Y realmente es muy complejo, dado que esta externalización abre riesgos importantes: la pérdida de control público sobre decisiones sensibles, conflicto de intereses, captura regulatoria si las entidades contratadas tienen vínculos con los sectores regulados. Además, la calidad del soporte técnico puede no ser homogénea, y no existen criterios claros sobre la idoneidad, independencia o transparencia.

Por eso, se requiere un marco de habilitación más estricto y mecanismos de fiscalización del trabajo controlado.

Ahora, la falta de recursos adicionales para disminuir los tiempos de respuesta genera preocupación, porque así se va a debilitar la institucionalidad pública de permisos sectoriales.

Hay servicios altamente técnicos que deberán ser reforzados en paralelo para que puedan cumplir su rol en el sistema de permisos, como la Dirección General de Aguas y Sernageomín, por ejemplo. Pero esto no se realiza.

Asimismo, especialmente relevante es fortalecer a los organismos públicos en las regiones con profesionales que puedan desarrollar la evaluación técnica de tal manera que la evaluación y los permisos en regiones, y no en la región Metropolitana, producto de la debilidad regional de los servicios públicos, se puedan fortalecer.

También hay servicios que requieren un refuerzo de sus capacidades profesionales, opción que lamentablemente no toma este proyecto de ley a pesar de haber insistido hace meses en ello.

Le pido un minuto, Presidente .

Por otro lado, esta iniciativa crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales en el Ministerio de Economía, que se basa en la Oficina de Grandes Proyectos, creada en el año 2018 en la Administración del ex Presidente Piñera . Y al respecto quisiera insistir en mis críticas planteadas desde aquella fecha, ya que es una instancia que debe limitarse al máximo para que no sea una oficina de lobby, ni resulte capturada por intermediadores, como ocurrió en el caso del Grupo Patio, que está siendo investigado por la Fiscalía.

Ahora bien, planteamos en el debate que se debe limitar a la Oficina en su relación con los organismos sectoriales y reforzar las normas de probidad y de transparencia para sus directivos. El Gobierno recogió parte de nuestras aprensiones sobre los límites de la referida oficina respecto a las atribuciones que corresponden exclusivamente a los órganos sectoriales. Y se refuerzan normas de probidad y sanciones penales, como es lo relativo a la modificación de la ley N° 20.880, para aplicar los más altos estándares en la declaración de intereses.

Por otra parte, tenemos fuertes dudas relacionadas con la creación de un registro de evaluadores, ya que se externalizan funciones que son propias de los organismos públicos; pero esto solo se regula vía reglamentaria. Dicho registro ha sido promovido por la Sofofa y por la CEP. Sin embargo, en el país falta un mercado de profesionales y entidades técnicas idóneas, con expertise en las diversas materias sobre permisos sectoriales.

Cabe señalar que, si existe alguna externalización, debe ser establecida siempre por una ley, nunca por un reglamento.

Presidente , creo que en muchos aspectos este proyecto es un retroceso. No tengo ninguna duda. Solo para mencionar, respecto de la externalización, parte de la evaluación requiere revisión y tener en consideración un conjunto de materias, sobre lo cual hemos pedido votación separada para rechazar este retroceso en virtud de los avances que hemos tenido, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también de protección a nuestras comunidades.

He dicho, señor Presidente.

El señor SANHUEZA.-

Muchas gracias, señor Presidente .

Nuestro país enfrenta un desafío económico histórico: estancamiento económico, alza de precios, alta cifra de desempleo y miles de familias chilenas que no logran llegar a fin de mes.

Los intentos de reformas en los últimos años, en conjunto con un contexto nacional marcado por la inestabilidad política, social y económica, han incrementado la incertidumbre de manera significativa, alejando gradualmente a los inversionistas y también las oportunidades.

Así, proveedores, consumidores, trabajadores y emprendedores han debido adaptarse a un escenario donde el riesgo de pérdida, al parecer, supera las posibilidades de crecimiento.

Las decisiones legislativas, aunque motivadas por objetivos loables, pareciera que no han considerado sus efectos prácticos para evitar paralizar la inversión, el empleo y la confianza.

Ahora bien, el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales constituye un excelente punto de partida para poder dar lugar a la tan esperada reforma a la burocracia estatal.

Mediante esta iniciativa, se vienen a fortalecer herramientas de gran importancia creadas en la Administración del Presidente Piñera, como son la plataforma Súper , que recién mencionaba la senadora Provoste , la cual actuará como ventanilla única para la tramitación de permisos y autorizaciones sectoriales; como también la Oficina GPS, ahora Grandes Proyectos, que incorporaría nuevas funciones y atribuciones en orden a poder participar como un músculo efectivo que logre hacer la diferencia y por fin reducir los tiempos de tramitación.

Sin perjuicio de que, en mi opinión, este proyecto es enormemente positivo, por lo que le daré mi voto a favor, creo importante tener presente lo siguiente, señor Presidente.

Para poder hablar de una verdadera agilización de las tramitaciones, es importante tomar todos los proyectos de ley en su conjunto con la misma importancia. Esto es, el de patrimonio cultural, que modifica la estructura del Consejo de Monumentos Nacionales; el de reforma a la institucionalidad ambiental; el de Servicio de Evaluación Ambiental; el de reforma a las concesiones marítimas. Lo anterior, porque tratarlos como estancos completamente ajenos puede darnos visiones parcializadas del problema.

Durante la tramitación de esta iniciativa, debo destacar la disposición que hubo por parte del Ejecutivo de poder llegar a diferentes consensos en los diversos artículos que contiene.

Sin duda, se mantiene el estándar existente. Y eso es algo que hay que dejar absolutamente claro, porque he escuchado distintas exposiciones que hablan de que aquí se estarían bajando los estándares. Estos se mantienen completamente. Diferente es que en aquellas cosas donde existe la posibilidad de que haya una declaración jurada, esta se pueda dar. Pero eso no quita la responsabilidad ni disminuye la rigurosidad que establece la ley.

El poder tramitar en paralelo es un beneficio para el que está tramitando la documentación. En ningún momento se dice que cambia la regulación, sino que se permite que dos trámites que se pueden hacer en diferentes oficinas puedan circular en paralelo, para que no ocurra lo que sucede hoy: en que se le pide a un emprendedor que lleve un documento de otra oficina para poder iniciar el trámite. Esta propuesta obviamente que disminuye los tiempos.

Hay situaciones, Presidente , como las que han expresado quienes me antecedieron en la palabra y que tienen que ver, por ejemplo, con aquella vinculada al Grupo Patio. Y precisamente lo que hace este proyecto es permitir que tengamos reguladas esas situaciones, de manera que no haya arbitrariedad. Ahora, disminuir la arbitrariedad creo que es un paso importante, porque cuando tenemos las reglas claras se les permite a todos participar con la misma posibilidad para avanzar.

En definitiva, estimo que este es un proyecto urgente para el país. Lo han dicho desde todos los sectores. De hecho, es una iniciativa del Presidente Boric que también tomó y consideró diferentes testimonios que tuvimos por parte de quienes expusieron. Y existió la posibilidad de poder mejorar, enriquecer y finalmente sacar un proyecto en el que, como bien lo dijo quien fuera presidente de la Comisión de Economía, el senador Rojo Edwards , la mayoría de su articulado está aprobado en forma unánime.

Así que la invitación es a que podamos avanzar en esto. Pero también quiero decirle al Gobierno que es absolutamente necesario avanzar en las otras iniciativas, para poder tener una estructura que permita agilizar los proyectos de inversión en nuestro país.

Gracias, Presidente .

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidente.

Saludo al ministro que se encuentra con nosotros en la sala.

Quisiera plantear que es imposible no coincidir en la necesidad de poder siempre, y sobre todo para la micro, pequeña y mediana empresa, reducir los tiempos de autorizaciones y de permisos. Yo creo que en eso nadie está en contra.

Sí me hubiera gustado a lo mejor que este proyecto de ley pudiera haber separado grandes proyectos de la realidad de la mipyme, para no generar más suspicacias, para poder hacer un debate más descarnado, considerando a lo mejor la pertinencia para cada una de las realidades regionales y comunales.

Creo también relevante plantear tres o cuatro temas que me parecen importantes y, asimismo, sugerirle al Ejecutivo -por su intermedio, Presidente -, a través del ministro aquí presente, que les siga dando vuelta.

Primero, me parece muy preocupante que el silencio administrativo se transforme en una autorización positiva.

Yo sé que alguien me va a decir: "Pero, mira, entremedio, en el camino, siempre se puede fiscalizar y, por ende, retirar los permisos tal cual como ocurre hoy día con las técnicas que existen".

Sin embargo, el proyecto podría haber considerado recursos económicos destinados a recursos humanos, no solo plata, para aumentar las capacidades fiscalizadoras de los distintos sectores y del propio Ministerio de Economía, de modo que esos silencios administrativos no fueran fiscalizados después de mucho tiempo, cuando se pudiera haber incurrido ya en algún daño para la comunidad o en algo que provocara una situación perjudicial.

Lo segundo que también me parece importante -se ha mencionado acá y espero que se concrete- es que las técnicas habilitantes alternativas no rebajen los estándares de responsabilidad con los entornos, el medioambiente y las comunidades.

Y lo tercero que quiero plantear es que me parece significativo que este proyecto vaya más allá de lo que señala el Estatuto Administrativo en materia de responsabilidad de los funcionarios por dar o no respuesta a los permisos en un tiempo pertinente, como se establece por ley.

Yo quisiera advertir sobre esto, primero, porque me parece que, si fiscalizamos solo a los funcionarios y no a la institucionalidad completa, estamos cortando el hilo por lo más delgado, y, segundo, porque si la responsabilidad recae en los jefes de servicios, supongo que debiera haber debidos procesos. Me parece complejo que esas sanciones no estén consideradas en otros ámbitos. Desde esa perspectiva, me gustaría contar con mayor claridad para mejor resolver.

Por último, Presidente , solo quiero plantear que considero importantísimo avanzar en estos temas.

Me llama la atención que aquí se ha tratado de generar caricaturas, para decir que quienes levantan alertas están en contra de la inversión o no quieren que Chile crezca, como si todo lo relacionado con este proyecto de ley tuviera que ver con la gran inversión extranjera en el país.

Lo señalé al principio: esta iniciativa debería beneficiar en general a las mipymes. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que los temas relacionados con las fiscalizaciones no son un detalle, ¡no son un detalle!

No solo hay que tener una articulación y una coordinación, desde el punto de vista de los permisos, en los distintos sectores del Estado central; también habrá que hacer un trabajo muy pertinente, ¡muy pertinente!, con todos y cada uno de los municipios en materia de autorizaciones y patentes, así como de otros permisos que se requieran.

Gracias, Presidente .

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Sin lugar a dudas, este es un proyecto que Chile pide a gritos. Claramente, si hay algo que debemos hacer es volver a redistribuir el poder para facilitarles a los emprendedores, a las empresas y a los inversionistas que tengan certeza jurídica.

Hace cinco años me tocó comenzar a trabajar en estos temas; tiempo después, conversando con el ministro de Economía , aquí presente, le manifesté, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la importancia de tomar el problema de los permisos sectoriales como una bandera de lucha.

En el fondo, esta es una bandera de libertad y de certeza para los emprendedores. Es una bandera que nos permite reivindicar algo de lo cual Chile se ha sentido siempre muy orgulloso: ser un país serio, que da certezas. Porque la seriedad también significa que el Estado le puede decir con rapidez y agilidad a cualquier inversionista si va o no su proyecto. Y no que estemos paralizados en ese ámbito simplemente por ineficiencia.

Por eso, debemos aprobar esta iniciativa y ojalá con mucha celeridad.

Espero que este sea el primer paso en una agenda constante y permanente de todos los gobiernos para ir mejorando el Estado, no solamente para disminuir la cantidad de ministerios, lo que me parece urgente -ojalá en vez de veinticuatro haya catorce-, sino también para que tengamos un Estado cada vez más eficiente, que permita que cada peso que se toma de los bolsillos de los contribuyentes y se le entrega al mundo político sea un peso que tenga una rentabilidad social muy alta.

Eso significa una reforma estructural y permanente al Estado.

Creo que este proyecto va en esa dirección.

El ministro sabe, porque lo conversamos, que había un aspecto que me habría encantado que se hubiera incluido en el proyecto de ley, pero desgraciadamente no se pudo: la permisología respecto del mundo gastronómico.

Pero, bueno, el compromiso del ministro es seguir ayudando con otras iniciativas para que sea considerado. Es lo que debemos ir construyendo con un consenso transversal.

Así como en materia de relaciones internacionales existe un consenso transversal y muchas veces mantenemos una mirada de Estado -no damos peleas chicas-, porque las relaciones internacionales a todos nos unen, bueno, ¡este proyecto nos tiene que unir!

Al final, todos los que estamos acá trabajamos en política. Por eso, cuando hacemos que la política les haga más fácil la vida a los ciudadanos, la prestigiamos. ¡Y cuando no lo hacemos, estamos mal!

Eso es lo que busca este proyecto.

En el pasado nos fuimos al otro extremo, porque nos enamoramos tanto del rol del Estado y del rol de la política que muchas veces no nos dimos cuenta de que estábamos empezando a vulnerar los derechos básicos de los emprendedores, los inversionistas, que requieren tener certeza jurídica.

Con el proyecto de ley buscamos un equilibrio. Por eso, considero que avanza en la dirección correcta.

Ojalá este sea un primer paso de una agenda permanente en todos los gobiernos, para ir simplificando el Estado.

Recuerdo que, en los años noventa, cuando se intentó modernizar el Servicio de Impuestos Internos, muchos decían: "Pero, ¿cómo vamos a hacerlo más fácil?". Hoy día el Servicio de Impuestos Internos, que debe mejorar varias cosas, permite que mucha gente ni siquiera necesite tener un contador, porque simplemente con su RUT y apretando un botón puede pagar sus impuestos.

¡La simplificación y la modernización del Estado son claves!

Ministro , el otro paso que debemos dar no es solamente la revisión de los permisos -sé que no tiene que ver solo con usted, sino probablemente más con el Ministerio de Hacienda-, sino cómo hacemos que los servicios públicos no dependan tanto del gobierno de turno.

En los países modernos existen solo los ministerios más políticos. Los servicios públicos deberían ser completamente meritocráticos; deberían ser lugares en que, además de regirse por el Código del Trabajo, el ingreso o salida no dependiera del gobierno de turno.

Hoy día, desgraciadamente, cada vez que cambia un gobierno, cambian miles de funcionarios, porque, en el fondo, se considera su orientación política al momento de contratarlos. Y creo que eso atenta contra la excelencia del Estado.

El mejor ejemplo es lo que ocurre en los hospitales, donde cada vez que cambia el gobierno cambian los directores. ¿Qué culpa tienen los enfermos de que haya un nuevo gobierno? ¡Deberíamos tener designados en esos cargos a los mejores médicos, los mejores gestores de hospitales, que efectivamente aseguren que la salud pública, como todos los servicios públicos, sea de excelencia! No se debe considerar al Estado un botín de campaña, donde cada vez que gana uno se queda con todas las pegas; gana el otro y pasa lo mismo.

Votaré a favor de este proyecto, Presidente.

Espero que sea el inicio de una agenda que recién comienza y que ojalá no termine hasta que efectivamente les devolvamos el Estado a los ciudadanos.

Gracias, Presidente .

El señor SANDOVAL.-

Gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo al ministro Grau , quien nos acompaña en el día de hoy.

Durante varias décadas el país se consolidó como un destino atractivo para inversionistas, lo que permitió que nuestra economía creciera con tasas significativas durante un par de décadas. Algunos la recuerdan como la época gloriosa de los "treinta años".

Sin embargo, a partir de 2014, el sistema regulatorio ha experimentado tal grado de expansión y complejidades que prácticamente ha contribuido de manera decisiva al estancamiento económico prolongado, con tasas de crecimiento que hoy día apenas superan el 2 por ciento.

Este es un tema que lo escuchamos a diario en prácticamente todas las candidaturas presidenciales. Se transforma en una cuestión relevante de tratar, analizar, para ver cómo perfeccionamos esta situación.

El establecer un equilibrio regulatorio eficiente y eficaz de lo que significa el ámbito de la protección ambiental y el desarrollo económico está ligado no solo con un tema económico, sino también con el bienestar, el empleo, el desarrollo que tanto necesitamos como país.

Hace pocos días, la empresa Colliers señalaba, por ejemplo, que para proyectos habitacionales un trámite normal de aprobaciones de diferentes ámbitos regulatorios superaba los 1.900 días. ¡Casi cinco años para llevar adelante un proyecto de construcción inmobiliario que hoy día está en la necesidad de tantas familias a lo largo del país!

Una situación que podemos plantear como ejemplo de esto mismo: cómo a veces determinadas normas se utilizan con propósitos que, más que propiciar un mejoramiento, terminan por obstaculizar.

Solo en la región de Aysén hubo dos peticiones de espacios marítimos costeros de pueblos originarios, con un grupo acotado de personas -esto incluso fue objeto de discusiones posteriores sobre quién poseía la verdadera representatividad-, en que solicitaban todo el litoral de la región de Aysén. ¡Todo el litoral! Estamos hablando de más de un millón y medio de hectáreas de territorio marítimo. Y ahí uno radica las discusiones respecto de todas las entidades que participan, como la Conadi con los informes pertinentes relativo al uso consuetudinario, frente al enorme cuestionamiento de la real capacidad que tenían esos pueblos de haber ejercido efectivamente este reconocimiento.

En este mismo minuto tenemos trescientas familias en Puerto Aysén paradas por el problema de estar en un terreno que tiene características de humedal. Desgraciadamente, la ley de humedales, que aprobamos nosotros mismos acá, establece la prohibición de drenaje de estos lugares. Bueno, en Aysén, Puyuhuapi o Puerto Cisnes, uno entierra una pala, Presidente , y lo único que sale después es humedad. Estamos con napas freáticas muy superficiales y eso, evidentemente, ¿qué está postergando en este minuto? La posibilidad de que trescientas familias tengan una solución habitacional.

Otro ejemplo: en Villa Aysén, ochenta viviendas se hundieron, Presidente. La humedad, los hongos... hubo que generar todo un esfuerzo adicional del Estado en pagar arriendos para que esas familias pudieran salir de ese lugar, reconstruir casas y recuperar las pocas que se podían utilizar.

En esa línea, este proyecto contiene una serie de elementos que son absolutamente positivos, que destraban la burocracia institucional derivada del exceso de estas autorizaciones.

Entre las innovaciones más importantes es destacable la plataforma Súper , que es este sistema unificado de permisos sectoriales como ventanilla única, que debería contribuir de manera sustantiva a reducir y agilizar los proyectos estratégicos para el desarrollo.

En ese mismo sentido, consideramos necesario, para lograr una verdadera agilización de los trámites, tomar todos los proyectos que en este minuto están en el Congreso, porque son varios.

Aquí el senador Sanhueza señalaba algunos: la ley de patrimonio cultural que modifica la estructura del Consejo de Monumentos Nacionales.

Nos pasó que en un hospital en Chile Chico -le pido un minuto para que no se me corte el micrófono, por favor, porque no voy a hablar mucho tiempo más- encontraron un basurero con algunos desechos orgánicos, huesos particularmente, que paralizó el recinto durante meses. ¿Y sabe lo que era? Era el lugar donde el mismo hospital botaba los desechos de las jeringas y diferentes residuos orgánicos. No tenía vinculación con elementos históricos de ninguna naturaleza.

También está la ley, por ejemplo, que proyecta la reforma de la institucionalidad ambiental, absolutamente necesaria, o la reforma de las concesiones marítimas, a la que también hacía mención el senador Sanhueza .

Creemos que evidentemente, frente a la disyuntiva en la cual nos encontramos, es absolutamente necesario agilizar, optimizar.

Recién veíamos, a propósito, un autoveto que el Gobierno presentaba a un proyecto precisamente de proinversión. Dentro de ello, entre las tantas cosas que modificaba, precisamente la ley de humedales, que aplaudimos en su desarrollo, pero que evidentemente genera otros efectos colaterales.

O para qué decir el proyecto sobre la subdivisión de los predios rurales, Presidente, hoy día entrampado. Hay decenas de solicitudes. Separamos los loteos irregulares, ilegales, que evidentemente cuestionamos, de aquellos que quieren hacer un programa distinto respecto al uso.

Por eso, las normas no deben transformarse en camisas de fuerza que, en definitiva, terminan por impedir el desarrollo.

Obviamente, Presidente , que vamos a votar a favor de este proyecto.

Muchas gracias.

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidente.

Solo quiero hacer uso de la palabra brevemente para reconocer el esfuerzo realizado por la Comisión de Economía de este Senado en tratar de buscar una fórmula para que la plataforma que se eligió, Súper , tenga certezas jurídicas. Y esto, curiosamente, se llama "interoperabilidad".

Pero ¿qué quiero reconocer? El acuerdo al que se llegó con el Gobierno para que este tema no se manejara durante la tramitación del proceso de simplificación de todos los trámites, sino que se hiciera con un proyecto aparte sobre un sistema de gobernanza de datos.

Este proyecto permite que diecisiete ministerios con 38 organismos sectoriales se pongan de acuerdo para que en una misma plataforma se pueda conocer toda la tramitación de estos permisos. Esto va a permitir levantar el mapa: dónde están, qué está pasando, cuánto se está demorando. El proyecto, entonces, simplifica, porque uno va a poder ver qué trámites son necesarios y qué trámites probablemente no lo son.

Aquí aparece el nuevo concepto de un petit comité, un grupo de ministerios que van a estar viendo con énfasis sectorial, dependiendo del ministerio involucrado, cómo hacer esto más sencillo aún.

También estandariza al tener el mismo requisito en todas las regiones y comunas del país y no la discrecionalidad en virtud de la cual hoy, como no está definida, cada uno podría pedir lo que quisiera.

Esta simplificación y estandarización se ven incluso mejoradas con la tramitación en paralelo.

Yo quiero aquí, señor Presidente , dado que está presente el ministro de Economía , reconocer ese esfuerzo para llevar adelante el concepto que él usó en un minuto: "la programación en paralelo".

Trabajar en paralelo significa que podemos hacer al mismo tiempo varias actividades y esto de por sí disminuye tiempo.

Esto se hizo con la ANEF, señor Presidente . Y es bien importante porque este proyecto no viene a sacar a las personas del trabajo. Al contrario, a aquellos funcionarios que están trabajando, que lo hacen muy bien, que tienen una carga laboral gigantesca, se les va a simplificar su función, y queremos que sea así, para que fluya y de buena forma.

En tal sentido, quiero usar esta tribuna para felicitar al nuevo presidente de la ANEF , electo por tercera vez, José Pérez Debelli . Él, como controlador aéreo y de ese gremio, entendió muy bien la importancia de contar con un sistema de control capaz de llevar adelante esta modernización.

La plataforma de interoperabilidad Súper va a poner esos elementos a disposición.

¿Qué tenemos que hacer ahora? Y aquí deseo agradecer a la ministra secretaria general de la Presidencia por haber ingresado ayer el proyecto del sistema de gobernanza de datos.

Eso va a ayudar realmente al Estado a simplificar, estandarizar y también controlar.

Fíjese, señor Presidente, que hasta el tema de las licencias médicas, que ha sido tan popular, lo resuelven proyectos de esta naturaleza.

El Estado avanza, se fortalece, mejora. Es un gran acuerdo político. Y quiero reconocer el trabajo de los ministerios y los compromisos políticos cumplidos. Eso da satisfacción en el empleo público, entender que es factible alcanzar acuerdos importantes.

Este es un gran acuerdo y, por eso, voto a favor.

Muchas gracias, señor Presidente.

He dicho.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Saludo a los ministros presentes en la sala, de Economía y de la Segprés.

Yo creo que la ciudadanía tiene claro que hay prioridades que no solo son urgentes, sino que son éticamente impostergables en materias de seguridad, de salud pública y de reactivación económica. Son tareas prioritarias para el administrador del Estado, para el Gobierno.

Porque en el caso de la reactivación económica no se trata solo de fomentar la inversión privada, sino que es imprescindible agilizar las respuestas que se dan desde el Estado a servicios que son, además de necesarios, estratégicos y urgentes, como la construcción de hospitales y de obras públicas críticas, como algunos puertos o caletas, o sencillamente la inversión física que se está haciendo en algunos ministerios sectoriales.

Hoy día la ciudadanía en general no aguanta más postergaciones de anuncios que se hacen sobre obras que son tremendamente necesarias en cada una de las regiones, o cuando el mundo privado también efectúa anuncios de lo que quiere hacer y finalmente se estrellan contra una burocracia que ya pasa el límite de lo absurdo.

Porque esta burocracia extrema no solamente unilateraliza el poder y lo utiliza detrás del escritorio: "Yo aquí tengo poder y postergo las cosas que quiero y las hago cuando quiero". Ello, pese a que hay una ley de silencio administrativo, hay plazos para responder, pero finalmente la cuestión demora años.

Estamos viendo esto, por ejemplo, en el caso del Serviu de la región de Los Ríos, donde se tardan ocho, quince meses en revisar un proyecto de conjunto habitacional, le hacen observaciones, el contratista las entrega rápidamente, pero resulta que las toma otro revisor al que se le ocurre otras cosas, se demora otro año en responderlas, y suma y sigue.

Aquí los colegas han señalado una larga lista de lo que pasa en cada una de las regiones, y vemos cómo el esfuerzo que realiza cualquier gobierno, el que sea, el actual también, se estrella contra las mismas instituciones que son administradas por el Gobierno.

Y qué decir de aquella gente que quiere invertir y poner en riesgo su dinero y que choca contra lo mismo, el poder de decisión y el abuso, sin ninguna empatía respecto de la consecuencia que trae esa postergación y sin las ganas de que las cosas salgan rápido y bien.

¿Qué ocurre en este caso, señor Presidente , estimados ministros? Que estas postergaciones no son gratuitas, porque los proyectos y los presupuestos quedan obsoletos, ya que el sistema dice que pasado un tiempo hay que volver a reevaluar, a rehacer, a gastar cientos de millones en nuevos proyectos para actualizar la tecnología o el tipo de solución, o lo que fuere. Ello significa volver a realizar más estudios y estudios, lo que encarece obras y desmotiva a la gente que está disponible para invertir.

Señor Presidente, a mi juicio, este es un buen proyecto que hay que aprobar ahora, ¡ya!

Si bien no es completo y no nos da el gusto en todas sus materias, es un buen proyecto.

Hoy podemos intentar generar el día de los campeones mundiales de la extrema burocracia, y ahí seguro que ganan medalla de oro el Consejo de Monumentos Nacionales y el SEA en todas las regiones de Chile, porque caen en el absurdo. Todos entendemos que la preservación, el cuidado ambiental tiene que ser una prioridad nacional. Lo mismo la preservación de los sitios arqueológicos. Pero cuando encontramos cualquier cosita, lo cual significa años de paralización de obras como hospitales u otros proyectos estratégicos, la verdad es que entramos en un absurdo que nadie entiende.

Entonces, necesitamos reestructurar las instituciones, hacerlas más ágiles, más empáticas.

Solo así podremos ir saliendo de una situación compleja.

Así que este primer paso hay que apoyarlo con fuerza. Yo espero que rápidamente, aprobado este proyecto, lo pongamos en práctica en toda su plenitud.

Muchas gracias, Presidente .

Felicitaciones a la ministra de la Segprés y al ministro de Economía , que están aquí.

El señor PROHENS.-

Gracias, Presidente.

Valoro todo el esfuerzo que se ha hecho por despachar esta iniciativa, tratando de reducir el tiempo de los permisos para sacar obras adelante.

Pero hay algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con aquellas obras que son de interés público y del Estado: por ejemplo, cuando se licita una línea de transmisión que recorre todo Chile.

Siempre me he preguntado por qué el privado que se gana la licitación de la construcción tiene que hacer los estudios de impacto ambiental, negociar con las comunidades indígenas o de las diversas localidades, con los alcaldes, con los gobiernos regionales, cuando esa tarea, desde mi punto de vista, debiera ser hecha por el Estado, porque se trata de una obra de interés.

¡Qué mejor que el Estado pueda negociar con todas aquellas entidades que son públicas, o con las comunidades! No así el privado, que pidan lo que le pidan, lo entrega, total va con cargo a la obra, y finalmente a la tarifa.

Creo que en eso el Estado falla mucho.

En todo el borde costero pasa exactamente lo mismo: cualquiera determina dónde quiere hacer un puerto, pero no hay una estructura, un estudio del Estado de Chile para decir cuáles son las mejores zonas para hacerlo.

Y eso se dilata, porque si el Estado se anticipara en todas estas materias, sería mucho más fácil la construcción de aquello.

Ahí también debemos tener una mirada. Estoy hablando de obras que son de interés público, no de un proyecto minero particular, sino de las que benefician a todos los chilenos.

Esa visión no la veo en este proyecto, Presidente.

Creo que es algo, ministro -por intermedio de la Mesa-, que hay que ir visualizando en el tiempo.

Nos pasa muchas veces en mi región que los servicios piden al privado estudios de un insecto o de lo que sea, que no conocen, para tener antecedentes de algo que ellos no tienen. Ese también es un asunto que va entrabando, porque le dicen: "Ya, necesito este estudio por dos años". No lo tiene el Estado, y el privado debe esperar dos años para poder entregar ese estudio y sacar adelante el proyecto.

Entonces, echo de menos que se refuerce esto. A lo mejor habría que incorporarlo en otra instancia. Pero, insisto, respecto de aquellas obras que son de interés del país son estudios que debe hacer el propio Estado y entregarlos a quien lo licite para su ejecución, pero no para estar negociando ni con comunidades, ni con municipios, ni con gobiernos regionales, ni con nada por el estilo, porque no es parte de la labor del privado cuando es una obra estatal.

Quería hacer esa acotación, Presidente , porque creo con eso se evitarían también muchos conflictos, y el Estado tendría la obligación de planificar las inversiones mirando hacia delante y no cuando tengamos el problema de la falta de la obra.

Gracias, Presidente .

--Se aprueba el proyecto en general y en particular en todas las normas que no han sido objeto de solicitudes de votación separada (39 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el constitucional exigido.

quorum

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Órdenes, Pascual, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Rementería, De Urresti, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor DE URRESTI.-

Gracias, Presidente.

El proyecto señala: "4. Aviso: técnica habilitante alternativa correspondiente al acto mediante el cual la persona titular informa al órgano sectorial competente la construcción, instalación, habilitación, funcionamiento, desarrollo, suspensión, cierre o cese de un proyecto o actividad regulada, y que por sus características, corresponde a aquellos que no requieren ser sometidos a autorización.".

Creemos que hay que votar en contra, porque, como lo argumentamos anteriormente, este mecanismo puede derivar en una desregulación encubierta al permitir que ciertos proyectos se ejecuten sin la evaluación técnica previa ni acto administrativo expreso.

La notificación sin verificación abre la puerta para que se desarrollen actividades con impactos acumulativos o sin análisis contextual en un escenario de limitada capacidad fiscalizadora del Estado, porque en esto hay que entender que mantenemos una escasa capacidad fiscalizadora estatal.

Esta herramienta es regresiva desde el punto de vista ambiental y derechos colectivos.

Por lo mismo, lo que argumentamos en su momento fue que este tipo de técnicas afectarán el principio de no regresión ambiental que hemos dicho, y que informa todo nuestro ordenamiento a partir de la Ley Marco de Cambio Climático.

Por eso solicitamos votación separada de esta norma, a fin de votarla en contra por lo que señalé.

(Rumores).

El número 4 se encuentra en la página 22 del comparado.

El señor EDWARDS.-

Presidente, primero quería ver lo siguiente sobre estas votaciones separadas.

Respecto de los números 4, 6, 18 del artículo 5, así como de los artículos 82, 85 y 89, básicamente es lo mismo: una intención de no aprobar, dentro del proyecto y también en las leyes que se modifican, lo relativo a los avisos y declaraciones juradas, que son técnicas habilitantes alternativas.

Entonces, propongo que votemos todas esas normas en paquete para economía...

(La senadora Provoste niega con un movimiento de cabeza).

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

La senadora Provoste dice que no.

El señor EDWARDS.-

Bueno.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Entonces, ¿va a argumente ahora?

El señor EDWARDS.-

Sí, Presidente .

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Antes, para que nos ordenemos.

¿El senador De Urresti dice que va votar en contra del referido numeral y usted va a argumentar a favor?

El señor EDWARDS.-

Sí, yo voy a argumentar a favor.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Muy bien.

El señor EDWARDS.-

Presidente, el aviso y la declaración jurada son parte importante de este proyecto.

Entre otras cosas, el aviso -es lo que estamos viendo ahora en el artículo 5, número 4- es un mecanismo que libera de carga administrativa innecesaria para actividades de impacto muy menor, promoviendo la eficiencia sin relajar el estándar normativo, ya que el control se traslada a una fase de fiscalización ex post. No hay ningún cambio, en este caso, en estándar normativo.

Esto, en conjunto con la declaración jurada, son las llamadas "técnicas habilitantes alternativas". A mi juicio, son parte importante y quizá lo más relevante y novedoso de este proyecto. Ello permitirá que en inversiones, sean grandes o pequeñas, cuando se tenga que hacer algo muy pequeño -tanto en el aviso como en la declaración jurada- y cuando exista muy bajo riesgo, simplemente se pueda declarar que están cumpliendo con la norma en el caso de la declaración jurada, o avisar, para poder empezar, sin tener que esperar a que vaya un profesional del sector público y entregue el permiso.

Esto, además -si no me corrige el ministro -, viene del proyecto original y no fue modificado en el Senado; y se aprobó de forma unánime en las comisiones de la Cámara de Diputados en que fue tratado y también en la sala.

Así que mi recomendación es que se mantenga lo que está redactado en el artículo 5, número 4.

--Se aprueba el numeral 4 del artículo 5 del proyecto (23 votos a favor, 5 votos en contra y 1 abstención).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Rincón y los señores Cruz-Coke, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Campillai y Provoste y los señores De Rementería, De Urresti y Espinoza.

Se abstuvo la señora Pascual.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se encuentran inscritos siete pareos.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Queda aprobada la norma.

La señora PROVOSTE.-

Presidente , yo voy a argumentar en contra de este numeral, porque lo que hace es establecer que una persona puede iniciar actividades mediante la presentación de una simple declaración jurada. Esto transfiere el control desde el Estado hacia el administrado, lo que es problemático en sectores donde los impactos de las actividades pueden ser significativos.

Solo quiero ilustrar una de las cincuenta declaraciones juradas que se van a permitir con este proyecto de ley: la que tiene relación, por ejemplo, con el plan de manejo de residuos peligrosos. Entonces, aquí va a bastar que el titular diga "Yo declaro que esto no es problemático" para que efectivamente pueda iniciar actividades y poner en riesgo a toda una comunidad.

Por lo tanto, la debilidad estructural en fiscalización sumada a la inexistencia de evaluación ex ante puede tener graves consecuencias medioambientales para las personas, para los territorios. Se diluye, además, el principio de la legalidad al confiar en la autorregulación sin medios efectivos de verificación temprana.

Quiero decir esto: aquí hay cincuenta declaraciones juradas que se van a permitir; entre ellas, todo lo que dice relación con plan de manejo de residuos peligrosos.

Por eso, Presidente , voto en contra.

La señora RINCÓN.-

Presidente , creo que hay que partir de la siguiente premisa: aquí no se está exceptuando de cumplir la normativa, sino simplemente estableciendo que el titular de un proyecto tiene que, vía declaración jurada, señalar que cumple con los requisitos para llevar adelante una actividad.

Si llega a mentir, las sanciones son severas.

Entonces, entendamos que aquí no estamos obviando ni saltándonos la norma: simplemente estamos tratando de agilizar los procedimientos por la vía de responsabilizar a quien impulsa el proyecto.

Creo que es sano y prudente hacer presente que nadie está obviando que se cumpla con la ley.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

El senador De Urresti pidió la palabra, ¿o no?

(Rumores).

La señora RINCÓN.-

¡Era uno y uno!

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

¡Ah, era uno y uno! Verdad.

¡Perdón, perdón!

(Rumores).

En votación.

(Durante la votación).

El señor DE URRESTI.-

Presidente.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Perdón, Presidente,...

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En votación.

(Rumores).

El señor DE URRESTI.-

... yo no he escuchado en ningún momento que hayamos establecido que es uno y uno; si nos ponemos de acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente para ello.

Pero también...

La señora RINCÓN .-

Siempre es así.

(Rumores).

El señor DE URRESTI.-

No, no siempre. Uno pacta eso precisamente si quiere tener ordenada la votación de un proyecto.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Es cierto, no nos hemos puesto de acuerdo en eso.

El señor DE URRESTI.-

Podemos acordar uno y uno. Yo siempre me he acogido al , pero...

fair play

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para que sea uno y uno?

El señor DE URRESTI.-

Espéreme un poquito, Presidente.

El señor OSSANDÓN (Presidente).-

Sí, tiene la palabra.

El señor DE URRESTI.-

Presidente, tenemos un principio reglamentario en el sentido de que cada uno puede argumentar su indicación, y en este caso, la solicitud de votación separada.

Yo simplemente lo que digo es que si nos ponemos de acuerdo en ello, perfecto. Pero aquí, en este numeral, senadora Rincón, por su intermedio, Presidente,...

(Rumores).

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Termine nomás, senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

... se afecta claramente el principio de legalidad.

Cuando se establece esto y con ello se baja el estándar a la declaración jurada, para esos cincuenta casos que mencionó la senadora Provoste , en particular para el plan de manejo de residuos peligrosos, da una alternativa, ¡pero viola el principio de legalidad!

Ministro , esto se lo dije antes y se lo reitero ahora, para quede en la historia de la ley, porque va a ser recurrible.

La buena intención -y partí señalándolo- de este proyecto nos va a llevar a la posibilidad de recurrir, vía protección y otros recursos de tutela, para efectos de señalar que se está violando el principio de legalidad.

Lo digo para la historia de la ley, para que no nos hagamos falsas esperanzas, y no vulneremos, en aras de un buen propósito, lo que estamos haciendo.

Yo voy a votar en contra.

Y no tengo ningún problema, ningún inconveniente, si hay acuerdo, en que hable uno y uno, pero entendiendo que para eso hay que ponerse de acuerdo.

--Se aprueba el numeral 6 del artículo 5 (22 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Rincón y los señores Cruz-Coke, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Campillai y Provoste y los señores De Rementería y De Urresti.

Se abstuvieron la señora Pascual y el señor Núñez.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se encuentran inscritos siete pareos.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Aprobada la norma.

La señora PROVOSTE.-

El numeral 8 del artículo 5, correspondiente a iniciativa estratégica, permite a los órganos competentes acelerar procedimientos, establecer beneficios normativos, reducir plazos, efectuar priorizaciones.

¿Por qué, Presidente , nosotros queremos invitar a votar en contra de este numeral? Primero, porque el concepto de estratégica puede ser manipulado para privilegiar a grandes inversiones privadas, con alto poder económico.

Lo decía la senadora Pascual en su intervención. En esta iniciativa no se distingue respecto de apoyos para las pymes, sino que, particularmente, se establece un concepto global, general, estratégico, precisamente para que este pueda ser manipulado en detrimento de una evaluación técnica que sea más rigurosa.

Esto debilita el principio de igualdad ante la ley; puede llevar a priorizar proyectos con intereses económicos por sobre los derechos de las comunidades y del medioambiente, y además introduce sesgos arbitrarios en la priorización.

Por eso, anuncio mi voto en contra.

--Se aprueba el numeral 8 del artículo 5 (22 votos a favor y 3 en contra).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Pascual y Rincón y los señores Cruz-Coke, De Rementería, Edwards, Gahona, Galilea, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Campillai y Provoste y el señor De Urresti.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Aprobada la norma.

El señor DE URRESTI.-

Presidente , antes de fundamentar a propósito de esta votación, no puedo dejar de hacer una referencia a las iniciativas de inversión estratégica, porque escuché acá algunos comentarios que no se condicen con la realidad.

En la década anterior, durante gobiernos democráticos, nuestros y también de signo contrario, hubo una estrategia llamada "fast track" o "caravana de la muerte", un concepto fatídico muy doloroso. Un equipo, conformado principalmente por el Ministerio de Economía, enviado desde el nivel central y con la anuencia de la Presidencia , recorría Chile habilitando y apurando proyectos en distintos lugares. Llegaba a la zona un equipo de intervención, y así se hacía.

Los que eran diputados el 2007 pueden acordarse de que hubo una comisión investigadora a propósito de esto. Se aprobaron proyectos que no cumplían los estándares pero que, por una decisión seudopresidencial o por la premura económica del momento -malos índices de crecimiento-, se avanzaban generando situaciones de estropicio ambiental brutales. La historia se encarga de mostrarlos. ¡Y ahí están!

Lo señalé en mi intervención. Yo no tengo ningún inconveniente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un plan nacional de desaladoras. Creo que Chile lo merece, a propósito del cambio climático, del agotamiento de las aguas, principalmente para sectores poblacionales, para la industria. ¡No cabe duda! Pero tenemos que hacerlo mediante una discusión particular sobre la materia.

Si Chile necesita desaladoras, hagamos un programa, hagamos una inversión estratégica al respecto. Pero no podemos actuar "a la carta", para que cada uno tome iniciativa, so pretexto de un hospital, por ejemplo, como escuchaba por ahí. Las construcciones de hospitales generalmente se terminan cayendo porque el Consejo de Monumentos pide más antecedentes o a veces quiebra la empresa. Este numeral no va a permitir eso.

Lo quería señalar para la historia de la ley porque a veces se dicen cosas que no son realidad.

El número 18 del artículo 5, sobre técnicas habilitantes alternativas, dispone como instrumentos el aviso y la declaración jurada, los cuales permiten iniciar proyectos sin necesidad de la dictación de un acto administrativo, ¡sin necesidad de la dictación de un acto administrativo!

El uso generalizado de esta norma va a debilitar el principio de control previo y de tutela efectiva de bienes públicos al permitir que algunas actividades se habiliten por medios informales y sin resolución. Se reduce la trazabilidad jurídica, se impide la participación ciudadana anticipada y se dificulta la fiscalización oportuna. Además, puede ser usada para evitar procesos ambientales más exigentes o de otro orden.

Acá, ministro , perdóneme que disienta de lo que usted señala. No obstante que acá no se hace referencia a normas ambientales, por esta vía perfectamente se pueden eludir.

Nosotros queremos que los proyectos avancen, pero con certeza jurídica, no con fast track ni con facilitación, porque ninguna de estas normas impide que, tarde o temprano, se judicialicen, vía protección o u otros recursos. El tiempo que se gane con estas técnicas habilitantes alternativas perfectamente puede perderse y los proyectos terminar detenidos por la judicialización de los mismos. Eso no se va a impedir porque no hay una norma que lo regule.

Creo que las técnicas habilitantes alternativas no son la solución adecuada.

Y termino con las inversiones estratégicas.

No tengo ningún problema y estoy disponible, en materia de puertos, de desaladoras, de cualquier iniciativa estratégica para el país, pero tenemos que discutirlas en el Parlamento, entre todos, no a través de una oficina que puede estar sujeta a mucha presión, como la que comentaba recién: una oficina de grandes proyectos que recorría el país para, saltándose la normativa o forzando a las autoridades, darles viabilidad.

Lo digo para que también quede en la historia de la ley: comisión investigadora de la Cámara de Diputados, año 2007.

Voto en contra.

El señor EDWARDS.-

Presidente, con respecto a las iniciativas de inversión estratégica, eso es exactamente lo que se quiere evitar.

Acá se definen criterios objetivos para que un comité, con representantes de varios ministerios, pueda hacer una priorización una vez al año. Y son criterios que todos van a conocer desde antes; por ejemplo, en materia de generación de empleo o, incluso, en temas de descarbonización.

Por lo tanto, lo que se busca con las iniciativas estratégicas y lo que se buscó en la discusión fue exactamente que no se deje esto al azar. Y yo creo que hay que tener cierta flexibilidad. Por ejemplo, si una ciudad se está quedando sin agua potable o se prevé que se quedará sin ella en un par de años, bueno, habrá que apurar el proceso de generación de una desaladora. Y lo mismo con cualquier otro proyecto que sea urgente para la sociedad.

Así que yo por lo menos creo que este punto está bien resuelto en el proyecto.

En cuanto a las técnicas habilitantes alternativas, que son dos (el aviso y la declaración jurada), van a descomprimir a la Administración sin perder el control ni tampoco la trazabilidad; mejoran los tiempos de tramitación y la confianza en la fiscalización.

Ahora, si una persona hace una declaración jurada y omite información esencial, no solamente va a perder el permiso que obtuvo a través de la declaración jurada, sino que puede terminar en la cárcel, con penas de presidio menor en su grado mínimo a medio.

Entonces, la verdad es que esto da más fuerza para que el Estado, si alguien utiliza mal este instrumento, pueda hacer pagar a la persona por lo que hizo.

También se reducen los trámites en proyectos de baja complejidad. Y a propósito de esto quiero decir lo siguiente. Este es una iniciativa propyme, porque una gran cantidad de permisos de este tipo no van a necesitar autorización, sino solo una declaración jurada.

Una de las materias que hacen propyme a este proyecto de ley es precisamente la incorporación de la declaración jurada y el aviso.

--Se aprueba el numeral 18 del artículo 5 (24 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Rincón y los señores Cruz-Coke, De Rementería, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Campillai y Provoste y el señor De Urresti.

Se abstuvieron la señora Pascual y el señor Núñez.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

En la Secretaría se encuentran inscritos siete pareos.

El señor OSSANDÓN ( Presidente ).-

Aprobada la norma.

--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.