Labor Parlamentaria

El señor CASTRO (Presidente).-

Esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, continuar con el debate del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno en relación con el acuerdo de asociación suscrito con SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga (CEI 65).

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Hago presente a sus señorías que el informe se encuentra rendido.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 30ª de la presente legislatura, en lunes 2 de junio de 2025. Documentos de la Cuenta N° 18.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señor Presidente, el acuerdo entre Soquimich y Codelco nunca debió firmarse. Codelco nunca debió hacer un acuerdo con la empresa del financiamiento ilegal de la política y del yerno del dictador.

Hoy se presenta ante esta Sala el informe de la comisión investigadora que examinó precisamente el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama. Y quiero ser claro: valoro el trabajo de la comisión, de la que me tocó ser parte, y este informe, el cual respaldo, contiene elementos relevantes y concluye en lo esencial que nunca debió suscribirse dicho acuerdo.

Retrocedamos un poco en el tiempo. Luego de ocho años, en febrero de 2023, se inició el juicio oral en contra de ocho de los ciento ochenta investigados por el financiamiento ilegal de la política por parte de SQM.

Yo fui uno de los querellantes en aquella causa, que hoy está ad portas de conocer la sentencia.

Esta causa destapó una de las tramas de corrupción y cohecho más brutales de nuestra historia reciente, una causa que aún mantiene en juicio al exsenador y exministro Pablo Longueira , símbolo de esa maquinaria que usó el poder empresarial para comprar voluntades, manipular la democracia y poner al Estado al servicio de los negocios.

¿Y qué hacemos hoy? Le entregamos el litio, ese mineral estratégico para el futuro de nuestro país, para la transición energética, para la soberanía nacional, a la misma empresa, a la misma red de poder que corrompió la política chilena por años.

¿Acaso se nos olvidó quién era Ponce Lerou , el mismo que se enriqueció al amparo de la dictadura y que usó SQM como caja pagadora de campañas, de favores y de operadores?

Esto no se trata solo de una mala señal; se trata de una oportunidad perdida. El gobierno tenía la posibilidad histórica de crear una empresa pública del litio, de luchar por ello y de sentar soberanía sobre un recurso que no solamente es estratégico, sino también vital para el futuro de nuestro modelo productivo, y en vez de eso se optó por una fórmula que perpetúa el extractivismo controlado por privados corruptos bajo el pretexto de la ventana de oportunidad.

Sí, es cierto, hay condiciones nuevas: se aumenta la participación del Estado, se incluyen compromisos con comunidades, se habla de una transición justa. Pero mientras el control efectivo del salar siga en manos de una empresa como SQM, con su historia, con sus vínculos, con sus pasivos ambientales y políticos, ese discurso se vuelve frágil. No basta con decir que hay más Estado cuando seguimos sometidos a la lógica del capital concentrado.

El informe que hoy entregamos recoge parte de estas tensiones.

Ahora le toca al país decidir si el futuro del litio será público, democrático y soberano o si seguiremos administrando las migajas que dejan las transnacionales.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, la relación comercial entre Codelco y Soquimich ha desnudado una de las grandes falencias que ha demostrado tener el manejo del litio en nuestro país, el que tampoco ha escapado de la ideología de este gobierno, dejando atrás principios de eficiencia y, por sobre todo, de estrategia respecto de un recurso tan importante para Chile.

En ese contexto, el litio constituye uno de los minerales de mayor cotización a nivel internacional. Representa para muchos el mineral del futuro, junto con el cobalto. La demanda de este insumo urge a las grandes potencias para hacer frente a su demanda, ya que es útil para la producción de las baterías destinadas a la energía a nivel global.

Como es sabido, Chile posee las reservas más grandes de este mineral a nivel mundial, lo que lo catapulta de un modo exuberante en los mercados internacionales, por lo que, al igual que el cobre en el pasado, en la actualidad, y, por cierto, en el futuro, el litio será el nuevo oro para nuestra sociedad.

En ese mismo contexto, y por lo anterior, para la explotación de este vital elemento se requieren políticas claras, precisas y de cara al país sobre su destino y administración.

El acuerdo alcanzado entre Codelco y Soquimich representa una relación que no solo mira el interés del país, sino, al parecer, también el de quienes integran este entramado de relación político-comercial.

Así las cosas, el Parlamento debe encender las alarmas y fiscalizar, ya que, al momento de la ejecución y puesta en marcha de la explotación del litio en el salar de Atacama, se debe dar lugar a las nuevas estructuras societarias que se comprometieron crear, esto es, Minera Tarar (Codelco) y SQM Salar (Soquimich).

Por lo mismo, existe un interés legítimo y, a mi juicio, un deber de pronunciarnos respecto a las consecuencias de estas vinculaciones societarias, puesto que la Fiscalía Nacional Económica, debido a sus potestades, no realiza un examen de conveniencia y oportunidad en la celebración de este tipo de acuerdos, aspecto que, en nuestra opinión, tiene que quedar instalado en las autoridades técnicas y políticas a las que corresponde velar por los intereses financieros y económicos del país.

Las conclusiones de la comisión investigadora son claras y, de una vez por todas, alguien debe responder de acuerdos ejecutados entre gallos y medianoche sin mayores regulaciones.

Por lo tanto, el llamado es al gobierno a dar un vuelco en esta relación puramente comercial, ampliando el espectro a la ciencia y la competencia que puede venir de Europa o Estados Unidos, socios comerciales confiables, que es lo que Chile requiere.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señor Presidente, esta comisión especial investigadora tuvo por objeto recabar antecedentes sobre el acuerdo Codelco-Soquimich y sobre la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga. Lamentablemente, tanto los integrantes de la Comisión de Minería y Energía como el resto de los diputados nos enteramos, a fines de 2023, de que había un acuerdo memorándum entre Codelco y la empresa Soquimich .

Los miembros de mi bancada y, mayoritariamente, quienes integramos la comisión especial investigadora estamos de acuerdo con la política nacional del litio, que el Presidente de la República anunció en la ciudad de Antofagasta el mismo año 2023; estamos de acuerdo porque lo que se anunció fue que Chile iba a tener una empresa nacional del litio, no que Codelco y Enami iban a estar a cargo de este proceso tan importante. Respecto de Enami, esta empresa en los últimos años se ha visto muy damnificada, porque la han endeudado, le han bajado su producción y, por ello, ha entregado menos recursos al erario nacional.

Nos dijeron que íbamos a tener un instituto nacional del litio, donde nuestros jóvenes se iban a capacitar para ser los futuros trabajadores de las empresas del área, y lo aplaudimos; pero nada de eso se ha concretado.

Estamos de acuerdo es en que, mediante los respectivos contratos, se tiene que ver beneficiado del país.

Como Estado no nos debemos sentar a negociar con una empresa que financió ilegalmente la política. Es vergonzoso que Soquimich no quiera pagar el impuesto específico a la minería. ¡Debe más de mil millones de dólares al Estado! Mientras tanto, otra empresa, que tiene un contrato bien parecido con Corfo, sí lo paga.

Existe un contrato, supuestamente, por la asesoría de la empresa Morgan Stanley , pero Codelco no le pide que analice el escenario internacional para saber qué sucederá en el futuro con el litio ni cuántas empresas querrían entrar en un proceso de licitación, sino que le pide antecedentes para entregar en forma directa, por treinta años, entre 2031 y 2060, el 50 por ciento de la producción a Soquimich.

Más encima, cuando, en la comisión especial investigadora, le preguntamos al presidente de Codelco cuánto se le había pagado a Morgan Stanley , nos dijo que no podía referirse a ello, porque había un acuerdo de confidencialidad. Por lo tanto, nadie en este país sabe cuánto dinero del Estado se le pagó a Morgan Stanley . La contralora ha sido bien clara en ese sentido.

Se sentaron a conversar con una empresa que inmediatamente los amenazó. ¿Qué les dijo? Que si no les daban el contrato, iban a dejar secas las piscinas y para el 2030 no habría producción de litio. ¡Negociaron con una pistola en el pecho!

En la comisión descubrimos que el contrato actual de Corfo con Soquimich establece que, a más tardar el año 2027, se debe iniciar un proceso de licitación, y con nueva tecnología, es decir, ya no con evaporación, sino con extracción directa del litio.

Si se llega a concretar este acuerdo, Chile va a dejar de percibir a lo menos 6.700 millones de dólares. ¡Son 6.700 millones de dólares que nos pueden servir para educación, salud, seguridad! Por eso, es una vergüenza lo que estamos viviendo.

Aparte de este negocio y del modus operandi de Codelco, tenemos el caso de la mina Salar Blanco, que Codelco compró a una empresa australiana en 236 millones de dólares. ¿Tiene algún activo esa empresa? ¡No tiene ni siquiera una pala ni una carretilla! Además, existe una demanda interpuesta por pueblos originarios ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Cuando les preguntamos a los ejecutivos de Codelco qué pasaba si se perdía esa demanda, se encogieron de hombros y dijeron: “Es una apuesta”. Es decir, estamos apostando 236 millones de dólares. Si los perdemos, pierde todo el país.

El litio es estratégico para el país, por lo que hago un llamado a todos los presentes a aprobar este informe, que fue aprobado en la comisión investigadora por diez votos a favor y una abstención. Nadie está de acuerdo con este contrato.

Quienes están de acuerdo con este contrato creen que el litio le pertenece a Ponce Lerou y a la familia Pinochet.

Debemos mirar hacia adelante. Yo saludo y agradezco a todos los integrantes de esta comisión, de diferentes partidos políticos, que aprobaron la propuesta de informe. Hemos actuado con mucha madurez, y eso se refleja en un informe muy responsable que, más allá de nuestras posturas políticas, tiene por objetivo el bien de nuestro país.

No podemos aceptar a una empresa que fue multada con 30 millones de dólares por Estados Unidos por actos de corrupción.

El país necesita claridad, necesita transparencia. Nosotros no queremos que, como muchos han dicho, la explotación del litio se la den a una empresa o a otra; lo que queremos es una licitación abierta, transparente, porque se trata de recursos que pertenecen a todos los chilenos y las chilenas.

Aquí nos estamos jugando algo muy importante: el futuro del país, el futuro de las nuevas generaciones. Más adelante, cuando nosotros ya no estemos, las generaciones futuras se van a preguntar por qué el año 2025 nos pusimos una venda en los ojos y dejamos que se firmara un contrato que recién empieza el año 2031. ¡Esto no se ha visto en ninguna parte!

Tengo confianza en que esta Sala va a estar con la conciencia tranquila si hacemos bien nuestro trabajo, cual es pedir al Presidente de la República que instruya a Codelco para que no se firme este contrato.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

No hay más diputados inscritos.

El diputado Alinco , quien no se encontraba inscrito, solicita hacer uso de la palabra en la discusión de este informe.

¿Habría acuerdo para autorizar su intervención?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, muchas gracias.

Yo catalogo al acuerdo Soquimich-Estado de Chile como antipatriota. No es posible que, a estas alturas de la historia, estemos regalando nuestras riquezas a empresas privadas.

Lo primero que tendría que haber hecho el gobierno -nuestro gobierno- era haber recuperado Soquimich para el Estado chileno; por el contrario, lo que hace es entregarle una de nuestras principales riquezas para enfrentar la nueva era.

Aquí hay una alta traición a la patria y al pueblo de Chile. Por eso, saludo la actitud y la votación de la comisión especial investigadora. A pesar de sus diferencias políticas e ideológicas, sus integrantes, en su mayoría, entendieron que hay que defender los intereses de Chile.

Por lo tanto, creo que debemos buscar una acción judicial, un mecanismo que permita que la Cámara de Diputadas y Diputados denuncie a estos traidores a Chile, quienes, con este negociado, perjudican la historia y los intereses de nuestro país.

Creo que deberíamos constituir una especie de comisión de expertos o consultar a expertos para determinar qué se puede hacer para recuperar el litio y Soquimich para todos los chilenos.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la Comisión Especial Investigadora en los siguientes términos:

El señor CASTRO (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre la gestión de las listas de espera en el sistema público de salud (CEI 63 y 64).

Para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Diputado informante de la comisión especial investigadora es el señor Tomás Lagomarsino .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 30ª de la presente legislatura, en lunes 2 de junio de 2025. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LAGOMARSINO (de pie).-

Señor Presidente, honorable Sala, en primer lugar, quiero señalar que me hago parte de la conmemoración que se acaba de realizar.

Honorables diputados y diputadas, procedo a rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno referidos a la gestión de las listas de espera y de la fiscalización y control de los registros de listas de espera GES y No GES desde el año 2022 a la fecha actual.

Trabajo de la comisión

La comisión fue creada el 18 de noviembre de 2024 por decisión aprobada por la unanimidad de la Cámara. Se constituyó el 7 de enero de 2025, eligió como Presidente al diputado Tomás Lagomarsino Guzmán , quien habla, y funcionó hasta el 19 de mayo pasado.

El trabajo fue arduo. En poco más de tres meses, la comisión celebró 29 sesiones, durante las cuales recibió 43 documentos y presentaciones, envió 84 oficios y celebró un total de 109 audiencias, las que no se podrán detallar debido a su extensión.

La lista de los documentos recibidos se encuentra entre las páginas 8 y 10 del informe, y la nómina de oficios enviados entre las páginas 11 y 12 del informe, cada uno con vínculos que permiten ver los documentos y la respuesta a los oficios.

Con posterioridad a la elaboración del informe, han seguido llegando respuestas a los oficios enviados por la comisión, las que han sido registradas en la página web de la Cámara, en la sección de la comisión.

En cuanto a las 109 audiencias, se encuentra un pequeño resumen entre las páginas 23 y 148 del informe, junto con un vínculo para acceder a su contenido completo.

La comisión tuvo un notorio despliegue territorial. Se constituyó en diversas regiones con la finalidad de conocer in situ la problemática investigada, hecho que destaco, pues demandó un esfuerzo organizativo adicional a la habitual carga de trabajo, por lo que desde ya hago un público reconocimiento al secretario de la comisión, abogado Leonardo Lueiza , y a su equipo.

Las visitas incluyeron ocho hospitales en siete regiones diferentes: Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani ; Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán , de Antofagasta; Hospital Carlos van Buren , de Valparaíso; Hospital Dr. Sótero del Río, de Puente Alto; Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, de Maipú ; Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena , de Temuco; Hospital Base San José , de Osorno, y Hospital Regional de Coyhaique.

Conclusiones

Luego de la información y antecedentes recopilados, y de haber tomado nota de las distintas propuestas de conclusiones formuladas por los integrantes de la comisión, junto con los respectivos debates y votaciones, la comisión concluyó que la situación de las listas de espera representa una de las manifestaciones más graves de desigualdad y de problemas estructurales del sistema de salud público chileno, afectando a quienes aguardan por una atención médica digna y oportuna, lo que repercute en la calidad de vida de la población, especialmente en los sectores más vulnerables, lo que, a su vez, erosiona el tejido social y la confianza en el Estado.

El Estado de Chile, particularmente el Ministerio de Salud y la Dirección de Presupuestos, desde hace muchos años perdieron el sentido de urgencia respecto de las listas de espera GES y No GES. Esta emergencia nacional debe reconocerse como una crisis y debe ser tratada como tal, lo que conlleva la necesidad de poner todos los esfuerzos y recursos para resolverla, con el objetivo de que todos los sectores lleguen a acuerdos contundentes y de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos y lograr una adecuada resolución.

Otras conclusiones adoptadas las hemos sistematizado en diez temas en los que se divide la investigación, y que fueron los siguientes.

1.En materia de responsabilidad legal del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Redes Asistenciales respecto de las listas de espera, la comisión concluyó que las funciones del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y de los servicios de salud están claramente incumplidas, lo que se evidencia tanto por los hallazgos recabados por la Contraloría General de la República como por los informes de listas de espera GES y No GES que entrega a la Cámara de Diputados en cumplimiento de la glosa 06 de la partida 16 de la ley de presupuestos para el sector público de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, que fueron analizadas.

Respecto del deber de información impuesto en la glosa 06 de la partida 16 de la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025, el Ministerio de Salud no había remitido el informe de listas de espera GES y No GES correspondiente al mes de marzo, el que recién fue enviado hace dos semanas a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, ni lo ha publicado en su sitio web, de modo que sigue en estado de incumplimiento de ese deber legal, además de no informar otras materias.

2.La comisión concluyó que existe un grave problema en los sistemas de registro de cada uno de los establecimientos de salud del país y de la plataforma del Ministerio de Salud denominada Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (Sigte), lo que se debe a que existe una gran diversidad de sistemas informáticos que no interoperan entre la atención primaria de salud, los hospitales autogestionados, los servicios de salud y el Ministerio de Salud. Ha faltado una política pública del Ministerio de Salud para armonizar…

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Le pido perdón, diputado, por interrumpirlo.

Solicito a los colegas que, por favor, mantengamos un poco de silencio para escuchar al diputado informante. Si quieren conversar, pueden salir un momento fuera de la Sala.

Puede continuar, diputado Lagomarsino .

El señor LAGOMARSINO (de pie).-

Señora Presidenta, continuo.

Ha faltado una política pública del Ministerio de Salud para armonizar y lograr que interoperen los sistemas de información de listas de espera en todo el país. Las listas de espera siempre van a existir, pues son una herramienta de gestión sanitaria que ordena la demanda según prioridad clínica y antigüedad. Además, son esperables en un modelo con puerta de entrada abierta, como ocurre en Chile con la atención primaria de salud. Sin embargo, más allá de ese principio, hoy se han alcanzado niveles altísimos y sin precedentes de atochamiento.

El informe de la Contraloría General de la República expone una crisis estructural en la gestión de listas de espera del sistema público de salud, que comprende directamente a los exsubsecretarios de redes asistenciales Fernando Araos y Osvaldo Salgado . A partir de múltiples auditorías, se constató la existencia de fallas graves, de adulteraciones de registros y de priorizaciones arbitrarias que vulneraban el derecho a la atención oportuna.

A la comisión le llamó la atención la existencia de casos de manipulación de egresos por fallecimiento, en que se dieron por muertos a pacientes vivos o se registraron egresos con fechas posteriores al fallecimiento, distorsionando artificialmente el registro de tiempos de espera.

Además, se evidenció la exclusión de millones de personas del sistema oficial de trazabilidad, tanto GES como No GES, y la proliferación de listas de espera paralelas en hospitales de diversas regiones, lo que generó graves distorsiones estadísticas y beneficios discrecionales a funcionarios. En varios hospitales se comprobó la realización de cirugías a pacientes vinculados por parentesco con funcionarios, quienes accedieron a un menor tiempo de espera para ingresar a pabellón en relación con el promedio general por especialidad, sin que se advirtiera alguna circunstancia que justificara tales situaciones, que fueron constatadas en los hospitales de Ovalle, Osorno , Ancud , Angol , Talca, La Florida y Padre Hurtado .

La Contraloría advierte que esta situación ha tenido efectos reales en la vida de los pacientes, al provocar muertes sin atención oportuna, erosionando la confianza pública en el sistema.

3. Transversalmente se reconoció un problema de gobernanza del sistema de salud chileno, dada la enorme fragmentación que existe al tener 29 servicios de salud en el país, lo que hace muy dificultosa su gestión, además de todas las administradoras de atención primaria de salud, que superan las doscientas.

Existen servicios de salud cuyas redes no son capaces de resolver patologías de nivel secundario, como los de Arica y Araucanía Norte, por lo que sus pacientes deben ser trasladados a establecimientos de otros servicios para resolver sus patologías, como los de Tarapacá y Araucanía Sur, en los casos respectivos, de manera que es inconveniente la existencia de dichos servicios de salud de forma independiente.

Otro problema estructural es el diseño hospitalocéntrico, debido a que no se ha fortalecido la atención primaria de salud, sobre todo en resolutividad.

Actualmente, el sistema exige que, para llegar al nivel secundario, todo paciente debe haber pasado por la atención primaria de salud. Sin embargo, sobre todo de la mano de la modalidad de libre elección, muchos pacientes obtienen un diagnóstico GES y no GES en el sector privado, y se les obliga a tener una consulta de morbilidad en APS para ser derivados al nivel secundario, lo cual provoca desperdicio de horas de morbilidad en atención primaria, y aumenta la burocracia en la búsqueda de soluciones a los problemas de salud de los pacientes.

La comisión también concluyó que el Fonasa ha sido un actor ausente en su responsabilidad de asegurar que los pacientes reciban las atenciones que requieren, actuando en la práctica como una mera caja pagadora.

4. Otra conclusión tiene que ver con la evolución de las listas de espera.

La comisión constató que existe un desbalance entre la oferta de consultas de especialidad y de intervención quirúrgica en el sector público de salud, y la demanda de pacientes que requieren dichas prestaciones de salud que pertenecen al Fonasa, lo que ha generado un incremento progresivo y sostenido en los volúmenes de personas en listas de espera en Chile, independientemente de que pueda ser medido también por promedio o mediana.

Es indiscutible que el número de personas del total de la población que está en listas de espera GES y no GES ha aumentado más de lo que ha crecido la población nacional, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas.

Luego de revisar cifras aportadas en distintas audiencias, la comisión concluyó que es posible que una buena gestión permita disminuir significativamente los casos de listas de espera, así como el promedio de los días de espera.

Por otro lado, evidenció que existen circunstancias que explican aumentos explosivos en las listas de espera. Analizando la relación entre gasto y eficiencia, la comisión concluyó que el nivel de gasto no se encuentra directamente relacionado con la posición de los servicios de salud en un ranking de listas de espera, por lo que, independientemente de las dificultades particulares que imperen en el territorio de cada servicio de salud, el factor gestión puede jugar un rol importante. Del mismo modo, contar con instrumentos que permitan medir dicha gestión puede contribuir de manera significativa a mejorar el sistema de salud pública en general, así como a reducir las listas de espera.

El subsecretario de Redes Asistenciales transparentó las metas del ministerio en materia de listas de espera no GES y de producción asistencial, que se traduce en millones de atenciones.

La comisión ha estimado que, claramente, el sector público no es capaz de responder por sí solo a la demanda asistencial creciente, por lo que es imposible pensar que las metas se alcanzarán sin la necesaria colaboración público-privada en el sistema de salud.

Por eso, se requiere la implementación de una política de compra estratégica de servicios a prestadores privados.

5.La investigación también abordó la atención primaria de salud.

La comisión concluyó que, para disminuir la derivación de pacientes a listas de espera del nivel secundario, es necesario que la atención primaria sea más resolutiva, lo que puede hacer el Ministerio de Salud mediante la modificación de actos administrativos, como en el caso del decreto que determina el aporte estatal a las municipalidades para su entidad administradora de salud municipal, y por esa vía incorporar nuevas prestaciones, exámenes de laboratorio e imagenológicos, así como la actualización periódica del arsenal farmacológico básico para cada una de las regiones.

Acerca de este tema, se formularán propuestas en cuanto a permitir que algunas prestaciones que hoy solo pueden entregar profesionales médicos puedan ser realizadas por otros profesionales. En salud visual, medidas aplicables a los profesionales de salud visual, y fomentar en áreas rurales la existencia de unidades móviles que incluyan especialistas, equipamiento, métodos de diagnóstico y personal de apoyo.

6.La comisión también indagó el tema de los especialistas, y concluyó que existe una brecha muy grande de tales profesionales en el sector público, que se agrava en la medida en que los establecimientos de salud se alejan de las tres grandes conurbaciones, que son Santiago , Valparaíso y Concepción.

La comisión constató que existen dos problemas en esta área: la capacidad de formación de las universidades y la capacidad de retención por parte de los establecimientos de salud.

La baja capacidad de formación de especialistas se debe a que hoy, para que un médico especialista egresado pueda inscribirse en el registro nacional de prestadores individuales de salud, el programa de formación de especialidades debe estar acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación, y esa entidad, para abrir nuevos cupos y mantener la acreditación, exige una cantidad muy alta de docentes que, además, deben ser especialistas.

A la vez, una de las principales dificultades que existen para tener más especialistas docentes es la imposibilidad de sobreponer un contrato asistencial a otro de naturaleza docente. Una dificultad adicional es la de los elevados cobros que realizan los establecimientos de salud para ser utilizados como campo docente asistencial.

Respecto de la retención de especialistas, la comisión estimó que se debe dotar a este proceso de mayor arraigo territorial, buscando que sean médicos de la zona quienes opten a los cupos de especialidad, asociados a una brecha para devolución en la misma zona.

En cuanto al período asistencial obligatorio, la comisión criticó la inexistencia de plazas por la vía de contrato regular para los especialistas que terminan su período asistencial obligatorio y desean quedarse trabajando en el lugar de destinación.

También concluyó que las renuncias de especialistas al período asistencial obligatorio han afectado a las listas de espera GES y no GES, que existe un déficit en el cobro de las garantías y que se deberían autorizar más traslados entre los servicios.

Respecto del cobro de las garantías, se estableció que solo se ha logrado cobrar una, de un total de 41 especialistas que renunciaron a su período asistencial obligatorio desde los años 2023 y 2024.

7. La comisión también analizó la situación financiera de los hospitales. Si bien reconoce que los recursos de la partida 16 del Ministerio de Salud en el presupuesto de la nación han crecido sostenida y progresivamente en los últimos años, concluyó lo siguiente:

a)El subtítulo 22, que es aquel con que se realizan compras de artículos médicos, insumos y servicios, no ha crecido en proporción al encarecimiento de los productos de salud; ni siquiera crece respecto del IPC, y este indicador en salud es más alto.

b)En 2024 no ha existido suplementación presupuestaria de los servicios de salud en el

tercer o cuarto trimestre, como se hacía habitualmente en años anteriores.

c)Las transferencias de recursos a los hospitales del país han sido muy fragmentadas, prácticamente a cuentagotas.

d)Los hospitales del país tienen una deuda vigente muy grande con proveedores. Veinte socios de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) han informado deudas del sector salud por 20.109.634.899 pesos en facturas de más de 60 días. Ello se debe en gran parte a que, en marzo de 2020, la Dirección de Presupuestos terminó con el pago automatizado a través de la Tesorería General de la República, y hasta el día de hoy no lo ha retomado.

8.Un tema importante fue el de los hospitales concesionados.

Dados los hallazgos constatados, tanto en el Hospital Regional de Antofagasta como en el Hospital El Carmen de Maipú, la comisión concluyó que los hospitales concesionados de primera generación están fuertemente cuestionados. Su fiscalización es dificultosa, y su evaluación semestral los sitúa en el rango de incumplimiento grave de las obligaciones de contrato. De hecho, se registran 148 multas cursadas a una de las empresas concesionarias, que alcanzan a 27.000 unidades de fomento.

El hecho de que el inspector fiscal dependa del Ministerio de Obras Públicas, y no del Ministerio de Salud, dificulta la operación de los hospitales concesionados. La situación se agrava en los casos de los hospitales que comparten el mismo inspector fiscal. El hospital de La Florida y el Hospital El Carmen, de Maipú, tienen el mismo inspector fiscal.

La comisión concluyó que los incumplimientos contractuales han afectado seriamente la operación de ambos establecimientos de salud y su capacidad de resolutividad de listas de espera GES y no GES, aun cuando la ministra de Obras Públicas, que compareció ante la comisión, haya defendido la política de hospitales concesionados, indicando que es una ventaja que contemplen recursos predefinidos para la mantención de la infraestructura y el equipamiento.

9.Finalmente, como mencioné, al inicio del trabajo de la comisión se realizaron visitas a ocho hospitales en siete regiones diferentes, de Arica a Aysén: Hospital Regional de Arica, Hospital Regional de Antofagasta, Hospital Carlos van Buren , de la comuna de Valparaíso; Hospital Dr. Sótero del Río, de la comuna de Puente Alto; Hospital El Carmen, de la comuna de Maipú; Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena , de la comuna de Temuco; Hospital Base San José , de la comuna de Osorno, y Hospital Regional de Coyhaique, cada uno de los cuales tiene un apartado especial en el informe de la comisión investigadora, para quienes quieran darle una lectura con mayor profundidad.

Obviamente, en este informe no se incluyen todas y cada una de las recomendaciones. No obstante, viene incluida en ellas la agilización y aprobación del proyecto de ley sobre GES automático, que hoy ha pasado a la Comisión de Hacienda. Esperamos que finalmente el Ejecutivo, como señala el mismo informe de la comisión investigadora, lo patrocine.

Las principales conclusiones respecto de cada uno de los referidos hospitales figuran en las páginas 176 a 184 del informe.

Por último, la comisión, por la unanimidad de los diputados presentes, acordó proponer a esta honorable Sala que remita copia de este informe al Presidente de la República, a la ministra de Salud, a la ministra de Obras Públicas, al ministro de Hacienda, a la Dirección de Presupuestos, a la Contraloría General de la República y al fiscal nacional del Ministerio Público.

Esta comisión investigadora celebró 29 sesiones, recibió 109 audiencias y sesionó en ocho hospitales en siete regiones de nuestro país. Agradezco a todos los que formaron parte de ella, y a la Sala por su consideración.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señora Presidenta, Chile vive una crisis de salud pública dramática. Una de sus manifestaciones más vergonzosas es el drama de las listas de espera, las que este gobierno tuvo su oportunidad para enfrentar y resolver, pero no lo hizo.

No obstante, a pesar del fracaso de este gobierno, este informe no puede quedar atrapado en el ciclo político. Debe trascender; debe convertirse en una hoja de ruta, ojalá obligatoria para el próximo gobierno, porque el Estado no puede seguir fallando más -reitero, no puede seguir fallando más-, porque lo que revela este informe no es solo una falla administrativa, sino algo mucho más grave: el síntoma de un Estado desordenado, descoordinado y, sobre todo, profundamente negligente.

No estamos hablando de estadísticas frías; estamos hablando de miles de chilenos, niños, adultos mayores, enfermos crónicos, que han sido postergados, invisibilizados y, en demasiados casos, abandonados por un sistema que prometió atención oportuna y digna, pero no cumplió.

Las conclusiones de la comisión investigadora son claras y categóricas. Se constató la ausencia total de una política pública coherente y coordinada a nivel nacional para enfrentar las listas de espera. No existe, hasta hoy, una directriz común entre el Ministerio de Salud y los 29 servicios de salud del país. Cada uno opera con su propio sistema, con criterios diversos, sin interoperabilidad, sin control cruzado, sin estándares comunes.

Da la impresión de que el Estado ha renunciado a su rol rector, ha abandonado la conducción y se ha limitado a administrar burocráticamente el deterioro. Estamos ante un sistema que, en vez de dar soluciones a los chilenos, da excusas. Se pudo verificar que el sistema central, el Sigte, no conversa ni se sincroniza con los registros locales de los hospitales y servicios. En otras palabras, el Ministerio de Salud no sabe con certeza cuántas personas esperan atención médica en Chile.

¿Puede un Estado cumplir su función más básica, resguardar el derecho a la salud, si ni siquiera conoce a quienes lo necesitan? ¿Puede hacerlo mientras sigue improvisando con un Sigte, ahora con un Sigte 2.0 y con los Sigte que van a venir? Como si una nueva plataforma resolviera lo que en realidad es falta de voluntad y gestión.

Además, el informe señala que la infraestructura hospitalaria está subutilizada, no por falta de necesidad, sino por falta de personal, trabas operativas o desidia. Hay pabellones quirúrgicos construidos y equipados, pero cerrados, mientras hay personas que mueren esperando una operación. Esto no es un accidente; es una decisión estructural.

Insisto: es el síntoma de una cultura institucional que ha puesto al aparato burocrático por sobre la dignidad de la persona humana.

Se comprobó, además, la grave falta de fiscalización y control sobre los hospitales concesionados, especialmente en Antofagasta y Maipú . En ellos no solo se incumplieron contratos, sino que también se toleró la inoperancia y se evitó sancionar a los responsables.

El Estado no puede ser fuerte con los débiles y débil con los poderosos; no puede exigir disciplina a los pacientes y, al mismo tiempo, perdonar la ineficiencia de las concesionarias. En este gobierno ha quedado demostrado que el modelo de concesiones no funciona con autoridades incompetentes.

También quedó claro que los mecanismos para comprar servicios y reducir las listas de espera han sido ineficientes, tardíos y opacos. Hay convenios sin evaluación, transferencias lentas y una total falta de seguimiento. No se trata de gastar más; se trata de gastar bien y de saber si lo gastado sirvió para algo.

Aquí no basta con tomar nota. Aquí se deberán asumir las responsabilidades políticas que el pueblo de Chile va a exigir. El derecho a la salud no consiste en que el Estado prometa que hará algo; consiste en que lo haga y que lo haga bien. Cuando no lo hace, esta Cámara de Diputados, que representa a los chilenos, debe exigir que se le rinda cuenta.

Un país se mide por cómo trata a sus enfermos. Un sistema político se mide por su capacidad de responder al sufrimiento. Un gobierno, cualquiera sea su color, debe ser juzgado ante todo por su humanidad o por su indiferencia.

Votaremos a favor este informe porque es una oportunidad, pero también es un espejo. Lo que hoy refleja este espejo es un rostro que no honra la dignidad de las personas ni la responsabilidad del poder. Que este informe no duerma en un cajón. Que no sea usado como excusa para más burocracia. Que sea una llamada de conciencia para quienes todavía creen que la política es de verdad y que está al servicio de la persona humana.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señora Presidenta, el informe que acabamos de escuchar es muy sólido y muy detallado.

Es una tarea país, no solo de esta administración, sino de muchas administraciones que han venido trabajando, el aumentar nuestra red de salud pública y privada en general.

Agradezco las intervenciones que ha habido hasta ahora porque en ellas se ha señalado que la salud tiene que ser una prioridad de Estado. La salud es una prioridad para las personas. Por eso es importante que exista un trabajo que trascienda las administraciones en cuanto a generar más certeza de quiénes son los pacientes que ingresan a la lista de atención; porque cabe aclarar que es una lista de pacientes en proceso de atención. Los pacientes no son los mismos en marzo, en junio o a fines de año. Cada día y cada hora va cambiando la gente que está en esa lista en proceso de atención. Por eso el concepto no es una lista; son pacientes en proceso de atención secundaria. Es posible graficarlo más sencillamente señalando que los tres millones de pacientes que a fines del año pasado estaban en esa lista no son los mismos que están hoy día.

En su mayoría, han sido renovados tres veces a lo largo de estos meses; pero hay algunas patologías y especialidades en que como país no lo hemos hecho bien, porque tenemos muy pocos especialistas en las redes asistenciales. De ahí que el informe de esta comisión especial investigadora también da cuenta de que debemos tener una estrategia especial y distinta respecto de estos -no repetir lo mismo que se ha intentado hasta ahora- para integrarlos a la red sanitaria.

Hemos tenido problemas con la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (Conacem), puesto que en ocasiones puede tardar hasta dos años para validar los títulos de especialidad de universidades extranjeras. A pesar de que Chile mantiene convenios con países del Mercosur y de Europa, les ponemos esa barrera a los médicos que quieren venir a trabajar a Chile. Nuestro país es un lugar donde quieren venir a desempeñarse muchos especialistas, de manera que hay que corregir ese problema.

Por otra parte, hace más de dos décadas se terminó con la posibilidad de que en los servicios de salud se pudiera adiestrar en práctica a especialistas; es decir, mediante la aprobación de un programa de cinco años podían ser certificados por los servicios de salud como especialistas. Cambiar aquello también sería un apoyo para aumentar la cantidad de especialistas per cápita en regiones.

Asimismo, obviamente, se necesita aumentar los cupos en las universidades, que es la dificultad más grande que hasta ahora hemos tenido, debido a los campos clínicos restringidos. No obstante, existen las soluciones que he mencionado.

Finalmente, tenemos la gestión de macrozonas. En el informe se menciona que en nuestro país hay veintinueve servicios de salud, lo que muchas veces genera dispersión de la gobernanza y, por tanto, de la gestión de los pacientes. De allí que es importante implementar una estrategia, que se desarrolló en algún momento, en materia de gestión de macrozonas, de cinco o seis regiones, lo que hacía más fácil el seguimiento y la resolución de problemas de listas de espera dentro de las macrozonas.

En consecuencia, tenemos una tarea larga en esta materia, que involucra muchas más administraciones y que va a pasar más allá de nosotros. El informe elaborado por la comisión está muy bien orientado, de manera que, por supuesto, lo voy a aprobar.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señora Presidenta, votaremos a favor el informe de la comisión especial investigadora de listas de espera. Se trata de un informe completo, que refleja el gran trabajo efectuado. La comisión sesionó en varios lugares del territorio nacional y sus conclusiones eran bastante previsibles: el Estado y el gobierno actual, que lo administra, les han fallado a nuestros enfermos, porque hoy la gente se está muriendo por no recibir atención oportuna. Se suspenden cirugías el mismo día en que están programadas y hay personas que han muerto mientras esperaban ser atendidas por un especialista o ser sometidas a una cirugía. Por eso, quiero reiterar que el Estado y el gobierno, que es su administrador actual, les han fallado a los enfermos.

En esta comisión especial investigadora detectamos claros actos de corrupción, que han sido certificados por la Contraloría General de la República, debido a gente que se ha saltado la fila. Mientras hay personas que están esperando dos o tres años para ser sometidas a una cirugía, familiares, parientes o amigos de funcionarios de determinados hospitales no esperan; ellos son atendidos rápidamente. Por eso, la Contraloría incluso remitió los antecedentes al Ministerio Público.

Merecen especial atención los enfermos de cáncer. El cáncer no espera, pero en muchas regiones, como la de La Araucanía, que represento, hay una ausencia absoluta en esta materia. Las quimioterapias para los enfermos de cáncer, que se deben hacer cada veintiún días, en mi región se están haciendo cada dos meses o tres meses; es decir, esas quimioterapias no funcionan, y las personas, simplemente, se están muriendo. ¿Qué se ha hecho al respecto? Bien poco.

Por eso este informe también concluye que en el caso de mi región se debe pedir la renuncia al director del Servicio de Salud Araucanía Sur. Esa proposición fue aprobada transversalmente y por la unanimidad de los integrantes de la comisión, porque se ha fallado gravemente con los enfermos de cáncer, especialmente con los de la Región de La Araucanía.

Por último, quiero decir que existen listas paralelas, de manera que no se sabe cuántos pacientes están esperando, y hay cirugías que se suspenden el mismo día por razones administrativas. Sí, se suspenden por temas administrativos, mientras las personas siguen muriendo.

Por eso, votaremos a favor este informe.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señora Presidenta, quiero aprovechar mi intervención para felicitar a mi colega el doctor Lagomarsino .

Concuerdo plenamente con lo que dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra respecto de la corrupción que hay en relación con las listas de espera, puesto que se beneficia a parientes de funcionarios de los servicios de salud. Eso es una vergüenza; debieran instruirse sumarios contra esos funcionarios, quienes debieran ser sancionados con la destitución de sus cargos. Los que nos dedicamos a salud debemos tener una vocación de entrega, una fraternidad a toda prueba con nuestros pacientes. Lo señalo, porque lo que está pasando con las listas de espera va más allá de lo económico. Siempre trabajé en hospitales públicos y tuvimos carencia de recursos, sobre todo durante el período de la dictadura militar, pero siempre predominó nuestro aspecto humano por sobre las carencias.

Hago votos por que se apruebe el informe de esta comisión especial investigadora, y reitero mis felicitaciones al doctor Lagomarsino y a los que la integraron.

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señora Presidenta, voy a votar a favor este informe, porque la principal función del Estado, luego de la seguridad, es la salud. No obstante, en varias regiones de Chile hay gente que está muriendo por falta de salud.

Qué lamentable es que se deba hacer un informe en este Congreso Nacional para que el Ministerio de Salud reaccione y haga la gestión que está mandatado a hacer. Este año se redujo en 16.000 millones de pesos el presupuesto en salud. Al respecto, no puedo evitar hacer el símil con el costo que significó la elección primaria recientemente terminada, de casi 30.000 millones de pesos. Esa es la prioridad que el sistema político le da a nuestro país: primero, los partidos, para que decidan quién va a representar a un sector político en las elecciones presidenciales, y luego viene la salud de los chilenos. ¡Qué lamentable, señora Presidenta!

Pero vayamos al tema que nos ocupa.

Nuestro hospital de Arica está situado en el ranking como de los mejores hospitales en relación con las listas de espera. Se trata de datos falseados; hay intervención engañosa de la información. ¿Sabe por qué, señora Presidenta? Porque el Ministerio de Salud no ha sido capaz de calcular qué porcentaje de la población de Arica va a buscar salud a Tacna.

Cuando le preguntamos al Minsal si va a haber algún estudio que determine ese porcentaje, nos señalaron que no tenían nada en mente. Y cuando les preguntamos a los técnicos del Ministerio de Salud cuáles son las principales especialidades que aumentan las listas de espera, nos dijeron que odontología, oftalmología -los lentes-, dermatología -la piel- y las relacionadas con la salud mental. Esas son justamente las especialidades que los ariqueños van a buscar a Tacna y que el Ministerio de Salud no considera en sus tabulaciones de listas de espera.

Desde esta tribuna, por su intermedio, señora Presidenta, pido al Ministerio de Salud que calcule el porcentaje de chilenos que van a buscar salud a otro país. No estoy hablando de chilenos con dinero, sino de aquellos que son beneficiarios del sistema público, pero que tienen que ir a atenderse a la salud privada de otro país.

Por otro lado, para hablar de políticas públicas, nuestra salud tiene que ser derivada a otro centro, al hospital regional de Antofagasta; pero resulta que nuestros pacientes tienen que ser derivados por tierra, porque no hay vuelos interregionales. A los pocos kilómetros de salir de Arica tenemos un cerro que se está derrumbando; hace cinco meses no tenemos solución a ese problema. Eso es inconcebible, y se tiene que tomar en cuenta también. No puede el Ministerio de Salud considerar una política pública de derivación a una ciudad que está a 800 kilómetros de distancia, a 12 horas en bus, con un sistema de aduana entremedio que impide que los pasajeros se queden en los buses; se tienen que bajar para ser controlados.

Finalmente, cabe recordar que este Congreso Nacional aprobó en 2022 el Plan Arica 100, que contempla grandes obras de infraestructura en nuestra ciudad.

La comisión interministerial asociada a dicho plan comenzó a funcionar en el palacio de La Moneda hace dos o tres semanas. El 11 de julio inicia su acción en Arica. Sería incomprensible que esta comisión no considerase la construcción de un nuevo hospital clínico docente hecho y derecho, con todos los servicios clínicos, incluyendo oncología, y con todas las especialidades médicas, para lo cual ya le hemos entregado al Ministerio de Salud un plan estratégico formador de especialistas ajustado a las necesidades de las zonas extremas.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano .

La señorita SERRANO (doña Daniela) .-

Señora Presidenta, la situación de las listas de espera constituye una de las manifestaciones más graves de desigualdad y de los problemas estructurales del sistema de salud en Chile, lo que afecta directamente a quienes esperan una atención médica digna y oportuna.

Se trata, sin duda, de un problema de carácter nacional que desde hace mucho tiempo exigía una mirada particular y que se diese curso a acciones concretas dentro de un asunto más general, que es una discusión que se debe abordar con amplitud y no tan solo respecto de lo que constituyen las listas de espera propiamente tales, sino también del fortalecimiento de la salud pública.

La comisión especial investigadora, cuyo informe estamos revisando, tuvo por objeto reunir antecedentes relativos a la gestión de las listas de espera. A través de veintinueve sesiones celebradas en distintas regiones del país se constató un desbalance estructural entre la oferta pública de consultas de especialidad y de intervenciones quirúrgicas y la creciente demanda de pacientes adscritos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), situación que ha generado un incremento progresivo y sostenido del número de personas en listas de espera en Chile.

En el marco de su labor investigadora, la comisión realizó una visita inspectiva al Hospital Dr. Sótero del Río, donde manifestó su preocupación por situaciones relacionadas con el egreso administrativo de pacientes desde las listas de espera. Se constató que dicho recinto hospitalario presenta un colapso estructural histórico derivado de una sobredemanda crónica que se intensifica en períodos de emergencia sanitaria y de una planta profesional insuficiente.

Me quiero detener en este punto, porque en esta Sala mucho se ha hablado de que el gran problema de las listas de espera responde al mal comportamiento que tendrían algunos funcionarios de la salud pública. Sin embargo, en el desarrollo de esta comisión investigadora quedó muy claro que el problema es estructural y que no depende solamente de los funcionarios. De hecho, es todo lo contrario. Muchas veces por el mal actuar de algunos funcionarios se mete a todos en el mismo saco y se van escondiendo bajo la alfombra los problemas estructurales que tenemos en salud pública.

Por otro lado, tuve el placer de acompañar a la comisión investigadora en la sesión realizada en el Hospital Dr. Sótero del Río, donde se habló cómo debíamos prepararnos para este invierno. En ese sentido, también resulta evidente abordar la necesidad de fortalecer la infraestructura que vamos a tener en este invierno que estamos atravesando, aumentar la capacidad resolutiva y optimizar la gestión de las listas de espera GES y No GES.

Si bien se reconoce que los recursos asignados en la partida 16 Ministerio de Salud han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos ejercicios presupuestarios, lamentablemente, esto no es suficiente, y se advierte que hay una situación crítica respecto al subtítulo 22, destinado a la adquisición de artículos médicos, insumos, servicios.

Por eso estamos hablando de las grandes falencias que se mantienen no solo en materia de infraestructura, sino también de insumos médicos, ya que los recursos asociados al subtítulo en cuestión no han ido creciendo de forma proporcional al alza sostenida de los costos de los productos, algo que también dificulta la labor médica.

Esta comisión y su informe no pretenden esconder los problemas bajo la alfombra, como es lo que durante tanto tiempo se nos dijo en este Congreso. Incluso hay quienes intentan utilizar la problemática de salud apuntando principalmente a los trabajadores y trabajadoras, como si ellos fueran el gran problema de la salud pública hoy día.

Además, me gustaría señalar que en este hemiciclo algunos diputados han hablado de la grasa pública, de que acá se quieren aumentar los presupuestos, de la burocracia, pero ellos fueron los primeros en decir que no estaban de acuerdo con los hospitales concesionados, porque en este informe se señaló que el sistema concesionario no funciona.

Entonces, los llamo a ser coherentes. Ya que evidenciaron aquello, creo que también es importante que al menos empiecen a contribuir en el debate y dejen de decir que todo lo público es una grasa del Estado, lo que incluso menoscaba la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud.

En ese sentido, siendo una de las representantes del distrito N° 12, donde también tenemos mucha complejidad en materia de salud, como ocurre en comunas como Puente Alto, La Pintana y La Florida, puedo decir que uno de los hospitales que mejor funcionan a nivel nacional -también es uno de los centros de mayor complejidad- es justamente uno de la salud pública, el Hospital Dr. Sótero del Río, en contraste, por ejemplo, con el hospital concesionado de La Florida.

Creo que es momento de tomar las conclusiones de esta comisión investigadora y no quedarnos solo en la denuncia, sino en llevar a cabo una transformación estructural y una reforma larga a la salud.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señora Presidenta, en la materia que nos convoca hoy, que es la crisis en las listas de espera de nuestro sistema asistencial, parece que el gobierno, más que ofrecer soluciones, incurre día a día en hacer más pesada la mochila con indefiniciones por falta de una gestión eficiente, con corrupción y muchas veces con carencia de sentido para resolver un tema sensible para nuestra población: entregar a los chilenos y chilenas condiciones mínimas de atención en los centros de salud pública establecidos a lo largo del país.

La sola declaración de la contralora en la comisión es clarificadora: muchas personas fueron egresadas del sistema de listas de espera por fallecimiento, en circunstancias de que estaban vivas. Se detectó falta de eficacia y control en la gestión de los hospitales. Además, se concluyó que se registraron egresos de pacientes por inasistencias de un solo día, entre otros graves problemas de gestión que los chilenos no tenemos la responsabilidad de cargar.

De vez en cuando es bueno recordar algunas disposiciones de nuestra Constitución Política del Estado, que el gobierno debiera internalizar, como aquella que dice que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, o bien la que expresa que es deber del Estado dar protección a la población, o aquella que señala que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Entonces, ¿en qué quedamos? Sabemos que existen problemas estructurales, como el envejecimiento poblacional, que complejiza la situación médica de los pacientes, o la falta de una ficha clínica electrónica, pero, al mismo tiempo, no debemos olvidar que el Estado, particularmente la Administración pública, se encuentra establecido para sortear con eficiencia y eficacia estos inconvenientes; que se requieren profesionales idóneos que no pidan licencias truchas ni que se ausenten indebidamente de sus puestos de trabajo. Requerimos un Estado que esté presente y pensando en las personas, como lo manda la Constitución.

Tales elementos, una vez más, no son observados por las autoridades, ineficiencia e incompetencia que los chilenos no tenemos por qué tolerar.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señora Presidenta, estimados colegas, este gobierno ha sido incapaz de disminuir las listas de espera, incumpliendo así una promesa que fue la consigna de un programa de gobierno que fracasó rotundamente, dejando a miles de personas a la espera de ser atendidas y en la agonía por una intervención quirúrgica.

Este problema se acentúa aún más en las zonas más extremas de nuestro país, como son el archipiélago de Chiloé, la provincia de Palena y distintos territorios de la Región de Los Lagos, donde sus habitantes deben viajar cientos de kilómetros para poder atenderse.

Sumar a estos esfuerzos la excesiva espera para acceder a los servicios de salud me parece del todo atentatorio contra el derecho a la protección de la salud, el cual, claramente, no está siendo garantizado por este gobierno.

El argumento no puede ser la falta de recursos, pues, como quedó demostrado hace unas semanas con el fraude de las licencias médicas, el problema no es el déficit presupuestario, sino el mal manejo de los recursos y la falta de fiscalización que los órganos de la administración pública debieron haber realizado.

Seré enfático en señalar que este gobierno, además de ser un fracaso en seguridad y en economía, ha demostrado ser también un fracaso en salud.

Llama la atención que, entre los hospitales considerados en esta comisión especial investigadora, no estuviera los hospitales de Puerto Montt, de Castro, de Ancud y de Quellón.

No han podido satisfacer las necesidades de las personas que prometieron proteger. Por eso, considero que las autoridades a cargo deben responder políticamente y poner sus cargos a disposición. Es lo que corresponde hacer a quienes son gobierno.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, esta comisión investigadora actuó con mucho rigor, pudo desplegarse por distintas regiones del país y de su informe se extraen conclusiones que, a mi juicio, es preciso plantear con pertinencia, para no caer en fundamentaciones un tanto afiebradas, que más bien buscan hacer un punto político sobre algo que tiene profundas raíces.

Hay, a lo menos, cinco puntos relevantes para abordar la situación de las listas de espera siempre habrá listas de espera-, y, por lo tanto, más bien debemos enfocarnos en el tiempo que debe esperar una persona para acceder a una determinada atención.

En primer lugar, se requiere fortalecer la atención primaria con telemedicina y con redes integradas.

En segundo término, se deben promover incentivos para la redistribución de médicos especialistas en regiones, algo que se ha planteado en ocasiones anteriores, y que responde a factores distintos a lo meramente hospitalario. Tiene que ver con condiciones de vida, educativas, de vivienda, que hagan atractivo a los distintos especialistas el llegar a determinados territorios en que hoy, en definitiva, no están presentes.

En tercer lugar, una mayor optimización de la gestión de las listas de espera y el uso de la capacidad ociosa. Esto significa implementar un sistema centralizado y transparente de gestión de listas de espera que permita redistribuir pacientes a hospitales con menor demanda o, incluso, derivarlos a la red privada cuando el sistema público no tenga la capacidad de dar una respuesta oportuna.

Además, se debe maximizar el uso de pabellones quirúrgicos en horarios extendidos y en los fines de semana, con financiamiento especial para cirugías prioritarias de alta demanda.

Asimismo, hay que avanzar en incentivos económicos y laborales que sean atractivos, en infraestructura, en condiciones de trabajo adecuadas y en programas de formación y desarrollo profesional en las regiones, que es una cuestión muy importante. Se debe potenciar la formación de especialistas en universidades regionales y hospitales locales, asegurando que los médicos realicen sus especializaciones y subespecializaciones en el territorio en que se necesitan.

Del mismo modo, se pueden establecer programas de capacitación continua, pasantías y redes de colaboración con hospitales de mayor complejidad, lo que evitaría el aislamiento profesional y permitiría que los especialistas mantuvieran actualizados sus conocimientos.

Estas medidas, junto con el fortalecimiento de la red de mediana y baja complejidad, son relevantes, por ejemplo, en regiones como Los Lagos, porque en la capital regional, Puerto Montt , solo contamos con un hospital de alta complejidad, que atiende la demanda de toda la región y, además, de las regiones del sur austral, siendo además un centro de referencia en materias como neurología y cardiología.

Por ello, se requiere una red de mediana complejidad mucho más robusta que permita descomprimir los grandes hospitales de nuestro país, lo cual contribuirá a disminuir los tiempos de espera.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, a propósito de las afiebradas declaraciones, a veces los afiebrados no se dan cuenta cuando deliran, y cuando hay delirio, muchas veces hay que pedir disculpas por la fiebre.

En primer lugar, quiero agradecer sus palabras, señor Presidente, porque hoy es un día especial para mi familia. Hago extensivo el agradecimiento a todos los trabajadores de la salud, en particular a los de la salud pública y, especialmente, del Hospital San Juan de Dios .

¿Por qué decidí intervenir a pesar del poco tiempo del que dispongo? Simplemente lo hago para agradecer al diputado Lagomarsino , quien presidió esta comisión investigadora, y en la cual estuve reemplazando a un colega en la visita a Arica. El hospital de Arica también espera, y el plan Arica 100 es, sin duda, un gran proyecto.

Me gustaría relevar la labor de esta comisión especial investigadora, porque habla de una nueva arquitectura sanitaria, porque propone, porque contempla y porque, además, es transversal.

A todos los diputados que fueron parte de esta comisión, vaya mi reconocimiento, muchos de los cuales actúan con criterio y madurez, como la diputada Daniela Serrano . Me sumo a sus palabras.

Aprovecho los ocho segundos que me restan para hacer un reconocimiento a quienes sí trabajan, por su esfuerzo para superar una crisis que viene desde mucho antes de que asumiera este gobierno.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, quizá una de las conclusiones más importantes que arroja este informe de la comisión especial investigadora sobre las listas de espera en el sistema público es la falta angustiante de médicos generales y de médicos especialistas, sobre todo en las regiones más extremas o aisladas del país.

Para nadie es un misterio que existe una salud para pobres y otra para ricos. Sin embargo, poco se habla de que también existe una salud para la Región Metropolitana y otra para las regiones más apartadas, como la Región de Los Lagos, a la cual represento.

No podemos limitarnos únicamente a denunciar la falta de médicos, problemática que escapa a este gobierno y escapa al Estado, pues se trata de una situación que se arrastra desde hace muchos años.

Yo prefiero colocarme rojo una vez que amarillo muchas veces. Prefiero ir a la causa del problema, al tema de fondo, que es que el Estado no ha sido capaz de enfrentar con éxito la labor gremial de los médicos, quienes no han querido, por ningún lado, ser regulados y que no miran la salud como algo público, sino como un fin absolutamente privado.

Por eso, hemos levantado con fuerza una reforma constitucional para garantizar la existencia de médicos especialistas en cada una de las regiones del país.

¿Por qué lo hicimos? Porque entendemos que, tal como un delincuente que es detenido en una comuna pequeña tiene derecho a contar con un abogado al día siguiente de cometido el delito, con la misma fuerza una familia de ese mismo lugar tiene derecho a acceder a un médico. Entendemos que el derecho a la salud es tanto o más importante que el derecho a la defensa jurídica.

Mientras no establezcamos como garantía constitucional el derecho a tener salud digna en todas y cada una de las regiones, no avanzaremos en solucionar el problema de fondo, que es la falta de médicos en nuestro país.

Si bien seguimos creciendo en infraestructura hospitalaria y seguimos mejorando los Cesfam, la gente entiende que, mientras no cambie la situación de falta de médicos, la salud seguirá siendo un servicio absolutamente inequitativo en nuestro país.

No podemos olvidar que los médicos especialistas en Chile se encuentran en 50 por ciento en la Región Metropolitana; un 25 por ciento se ubica en las regiones de Valparaíso y del

Biobío . El resto se distribuye, como “Dios” manda, en las distintas regiones.

En Puerto Montt y en Chiloé, dependemos de que a un santiaguino le baje la onda de ir a vivir a Chiloé, le baje la onda jipi y pueda ir a prestar sus servicios como médico especialista. Ahí se ve la verdadera falta del Estado en la planificación de un tema que debe ser de salud pública, y que no dependa solo de la buena voluntad de los médicos que deciden voluntariamente asentarse en localidades aisladas.

Al mismo tiempo, hemos presentado un proyecto de ley que considero necesario y muy sensible para la gente: los médicos deben estar en el Fonasa. No puede ser algo voluntario, como ocurre hoy en día. Los médicos deben estar donde está el 85 por ciento de la población, es decir, en el Fonasa.

En consecuencia, mientras no avancemos en estos temas de fondo, no solucionaremos este problema que afecta a cientos de familias en el país.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, considero que este es uno de los temas más importantes que hemos abordado en la Cámara de Diputados en relación con la salud. Valoro el trabajo realizado por la comisión investigadora, especialmente al ver la gran necesidad que tiene la Región de La Araucanía, la cual represento.

Quiero comentar que tenemos una gran cantidad de pacientes en lista de espera para ser atendidos por médicos especialistas en consultas y cirugías en las comunas de Lonquimay, Curacautín y otras del sector. Quiero hacer hincapié especialmente en la comuna de Lonquimay, la que hoy soporta temperaturas de menos 15 grados bajo cero. Imagínense la calidad de vida de esas personas, muchas de las cuales esperan por una cirugía o atenderse con un especialista. Hay pacientes que en algunas oportunidades deben trasladarse desde Lonquimay hasta Victoria o Temuco, con todo lo que significan 3, 4 y hasta 5 horas de viaje. Lamentablemente, no siempre son atendidos, porque se suspenden las cirugías. Eso no lo podemos aceptar.

En lo personal, votaré a favor el informe de la comisión, pero siempre haciendo hincapié en que el gobierno y el Estado de Chile deben preocuparse por las comunas más pequeñas, donde lo que más necesita la gente es recuperar la salud.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Estimados diputados, les recuerdo que cada diputado puede intervenir por el lapso de dos minutos. De esa manera podremos votar hoy los dos informes de las comisiones investigadoras.

Tiene la palabra el diputado Tomás Lagomarsino .

El señor LAGOMARSINO.-

Señor Presidente, ya nos hemos explayado mucho respecto del estado actual de las listas de espera. De hecho, en el contexto de la comisión investigadora, desarrollamos una página web que busca fiscalizar el manejo de las listas de espera de este y cualquier próximo Ministerio de Salud, disponible en www.listaesperasalud.cl. Allí se puede ver cada una de las listas de espera, con sus indicadores por región a nivel nacional y en cada servicio de salud.

En esa página se consignan 2.728.211 consultas de especialidad en listas de espera, así como 421.535 cirugías en lista de espera y 76.951 garantías explícitas en salud retrasadas. Pero no nos tenemos que quedar en el diagnóstico, sino que debemos avanzar a la etapa más importante, cual es la de resolución.

Hubo muchos hallazgos respecto del mal manejo de la lista de espera. Más de una docena de informes de la Contraloría General de la República pormenorizan todo aquello. Respecto de eso, en la comisión investigadora propusimos la anonimización de los pacientes al momento de ser priorizados en una lista de espera, para que no imperen otros criterios.

Se plantearon otros puntos importantes, como la necesidad de que este Congreso Nacional despache el proyecto de ley que permite activar automáticamente el segundo y tercer prestador, así como un proyecto de ley que ingresamos recientemente con otro diputado, que busca asegurar que los médicos especialistas formados con recursos del Estado cumplan con un periodo asistencial obligatorio, estableciendo que no se les otorgará el título de especialista si no cumplen ese compromiso ni se puedan registrar ante la Superintendencia de Salud. De hecho, de los 41 especialistas que revisamos y que no cumplieron con el período asistencial de dos años, solo uno ha pagado la garantía equivalente al total de los gastos originados con motivo de la ejecución del programa.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, la crisis de las listas de espera en el sistema público de salud es una de las más duras realidades y desigualdades que vive nuestro país. Esa realidad la viven a diario vecinas y vecinos de comunas del sector sur de Santiago, como El Bosque, Pedro Aguirre Cerda , San Ramón , La Cisterna y Lo Espejo. No hablamos solo de cifras, sino de personas que esperan meses, incluso años, por una consulta, una cirugía o un examen; personas que ven cómo día a día se deteriora aún más su salud. Es por eso que se requieren respuestas que sean oportunas y urgentes, porque sin duda las familias viven esa realidad con dolor.

Esta emergencia sanitaria exige medidas urgentes. Por tal razón, queremos aprovechar esta comisión investigadora para solicitar al gobierno que avance con urgencia en la reposición del Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo, que también atiende a la comuna de El Bosque.

Asimismo, llevamos más de 10 años esperando la construcción del nuevo Hospital Barros Luco , en la comuna de San Miguel, que atiende a más de un millón de personas de toda la zona sur de Santiago y de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

En ese sentido, vemos que el gobierno ha actuado con ese sentido de urgencia al poner los recursos para el estudio y construcción de un nuevo hospital para la comuna de La Cisterna, zona sur poniente de Santiago. Es en este tipo de decisiones donde se pone en juego la posibilidad de llegar de modo oportuno a las emergencias que viven las familias chilenas.

Vamos a aprobar el informe y las recomendaciones de la comisión investigadora. Esperamos que el gobierno tome decisiones con sentido de urgencia por la salud pública y por las familias chilenas.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero reivindicar el rol de fiscalización que tiene esta Cámara y el Congreso Nacional. Si hay algo que todo Chile sabe es que hay listas de espera. Asimismo, todo Chile ha constatado que las listas de espera disminuyen en algunas partes, pero, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, en otras, como acá en Valparaíso, solo aumentan. El problema es estructural.

Quiero comenzar agradeciendo a la comisión y a quien instó a que se constituyera y que la presidió: me refiero al diputado Tomás Lagomarsino .

Uno de los aspectos que más valoro de esta comisión es el trabajo publicado por el diputado Lagomarsino en la página www.listaesperasalud.cl, único espacio que nos permite tener control respecto del estado de las listas de espera, ya sea en cuanto a intervenciones quirúrgicas como en lo relativo a nuevas consultas de especialidades. Tenemos 216.195 personas que esperan una consulta especializada en nuestra Región de Valparaíso, en cualquiera de los tres servicios de salud, y 37.398 que esperan una intervención quirúrgica. No son números; son familias que empiezan a enfermar por falta de atención oportuna.

Por eso, los invito este 4 de julio a trabajar en sus distritos por el acceso a una salud digna y la defensa de la salud pública…

El señor CASTRO (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, hablo hoy con la voz de miles de habitantes de la Región de Los Lagos que esperan en silencio, sufriendo en listas interminables, porque su salud se deteriora.

Las listas de espera no son un problema administrativo, sino una emergencia humanitaria. En mi región esta crisis se agrava por la dispersión geográfica, la falta de especialistas y la precariedad de nuestra red hospitalaria.

El Estado lleva años perdiendo el sentido de urgencia. Fueron necesarios informes de Contraloría, interpelaciones y esta comisión investigadora para que el Ministerio de Salud y la Dirección de Presupuestos reaccionaran; sin embargo, en Los Lagos, el Hospital de Puerto Montt colapsa con listas de espera quirúrgicas que superan los dos años en traumatología, y en Puerto Varas, pacientes viajan horas para asistir a una simple consulta y muchos ni siquiera logran ingresar al sistema.

Se habla de un aumento de la demanda, pero ¿dónde está el refuerzo de la oferta? Y no solo es la pandemia. El envejecimiento en nuestra región es superior al promedio nacional. La mortalidad exige más especialistas, pero en Osorno y Puerto Varas faltan neurólogos, oftalmólogos y oncólogos. El presupuesto para insumos médicos -subtítulo 22 de la partida Ministerio de Salud de la ley de presupuestos- no se ajusta a la inflación sanitaria. ¿Resultado? Quirófano cerrado en el Hospital de Castro por falta de materiales.

La Dirección de Presupuestos exige gestionar mejor con recursos insuficientes, pero cuando el Servicio de Salud de Los Lagos recibe un marco presupuestario inferior al suplemento del año anterior, ¿cómo se puede planificar una cirugía o contratar especialistas?

Esto no es una mala gestión, sino abandono financiero disfrazado de autoridad. Declarar las listas de espera con una emergencia nacional es imperativo.

Colegas, los osorninos no son un número en el informe; son pescadores que no pueden operarse de la columna, adultos mayores que pierden la vista esperando un oftalmólogo, niños cuyo cáncer avanza en la fila.

Este informe debe ser el punto de inflexión. No vamos a aceptar más dilaciones.

¡Basta de diagnósticos! ¡Necesitamos acciones!

Por Los Lagos , por Chile, la salud no puede esperar.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, la diputada Danisa Astudillo .

La señora ASTUDILLO (doña Danisa).-

Señor Presidente, el informe de la comisión investigadora confirma algo que en regiones como la de Tarapacá vivimos cada día: que las listas de espera no son solo una falla administrativa, sino una expresión brutal de desigualdad. El informe documenta registros adulterados, médicos sin acreditación, tratos preferenciales; pero ¿de qué sirve todo esto en el papel si en mi región muchas veces no hay a quién esperar? En la Región de Tarapacá existen especialidades que no cuentan con ningún médico, ni en el sistema público ni en el privado, y, aunque celebramos la construcción de un centro oncológico tras más de veinte años de lucha, hoy solo contamos con un oncólogo en la red pública regional. ¿Cómo va a funcionar ese centro si no tenemos los especialistas que lo sostengan? ¿Cómo va a acceder nuestra gente a un tratamiento complejo si ni siquiera hay atención básica cerca?

La verdad es esta: en mi región, si no tienes plata para viajar, te mueres. Esto no es una exageración; es lo que viven las familias en Alto Hospicio, en Pozo Almonte, en la Pampa del Tamarugal y en cada rincón donde el Estado llega tarde o simplemente no llega.

Esto no es responsabilidad de un solo gobierno, sino un problema estructural que arrastramos desde hace décadas. No obstante, es nuestra responsabilidad cambiarlo ahora.

Necesitamos inversión con criterio regional, medidas extraordinarias para las regiones extremas y una política nacional que entienda que la salud no puede seguir dependiendo del lugar en que uno nace. Mientras no actuemos con decisión, seguiremos administrando el abandono. Yo no vine a ocupar un lugar en el Congreso Nacional para eso, sino para defender a mi región, y mientras pueda hablar a través de este micrófono lo voy a seguir haciendo, porque Tarapacá también es Chile, y su gente no puede seguir muriendo mientras espera lo que nunca debió faltarle: salud, dignidad y un Estado presente.

He dicho.

El señor CASTRO (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la Comisión Especial Investigadora en los siguientes términos: